Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19911205 - Número de Diario 15
(L55A1P1oN015F19911205.xml)Núm. Diario: 15ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Rigoberto Ochoa Zaragoza
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D.F., 5,6 y 7 de diciembre de 1991 No. 15
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría Informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Hidalgo para informar sobre la clausura de los trabajos de la Comisión Permanente del Estado. De enterado.
Del Congreso del Estado de Zacatecas para informar sobre la Integración de su Mesa Directiva. De enterado.
SOLICITUD DE LICENCIA
De la diputada Marlene Catalina Herrera Díaz. Se llama al suplente.
COMUNICACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
Se designa comisión para asistir a la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
Párrafo Tercero:
Hildebrando Gaytán Márquez para hablar en contra.
Salvador Valencia Carmona para hablar en pro.
Martín Tavira Uriostegui para rectificar hechos.
Rigoberto Arriaga Ruiz para hablar en contra.
Jorge Oceguera Galván presenta una propuesta.
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara para hablar en contra
Rafael González Pimienta para hablar en pro
Miguel Ángel León Corrales para hablar en contra
José Merino Castrejón para hablar en pro.
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis para hablar en contra.
Jesús Medina Lozano para hablar en pro.
Se someten a consideración de la asamblea las modificaciones propuestas.
Fracción IV:
Francisco Hernández Juárez para hablar en contra.
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Patricia Alina Terrazas Allen presenta proposición.
Juan de Dios Castro Lozano en base al reglamento.
José Antonio Aguilar Bodegas
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez para hablar en contra
Tomás González de Luna presenta proposición.
Abundio Ramírez Vázquez presenta proposición.
Fidel Herrera Beltrán para hablar en pro.
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Se pospone la votación de las proposiciones hechas hasta el día de mañana.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA (I)
LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
Comunicación de Minuta proyecto de Ley Federal, para prevenir y sancionar la tortura. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
CÓDIGO PENAL CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES, FEDERAL Y PARA EL DISTRITO FEDERAL
Comunicación de minuta proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materiade fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
RECESO
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL (II)
Propuestas:
De la diputada Patricia Alina Terrazas Allen.
Toman la palabra los diputados:
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Héctor Ramírez Cuéllar
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Jesús Octavio Falomir Hernández
Tomás González de Luna
José Camilo Valenzuela
Rosa Albina Garavito Elías
Héctor Ramírez Cuéllar
Juan de Dios Castro Lozano
Manuel Muñoz Rocha
Miguel Ángel Yunes Linares
Jorge Alfonso Calderón Salazar para contestar alusiones personales
Juan Gualberto Campos Vega
Francisco Gamboa Herrera
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Oscar Pimentel González
Martín Tavira Urióstegui
Eberto Croda Rodríguez
Julián Luzanilla Contreras
Fernando Estrada Sámano
José Camilo Valenzuela
Jesús Octavio Falomir Hernández para contestar alusiones personales.
José Camilo Valenzuela para contestar alusiones personales.
Manuel Garza González
Evangelina Corona Cadena para rectificar hechos.
Carlos González Durán para rectificar hechos.
Continua la votación de las propuestas presentadas.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA (II)
SOLICITUD DE PERMISO PRESIDENCIAL
Con proyecto de decreto pro el que se concede permiso al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL (III)
Francisco VI primer párrafo:
Martha Patricia Ruiz Anchondo presenta proposición.
Florencio Salazar Adame
Se desecha la proposición de la diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo.
Fracción VII:
Héctor Ramírez Cuéllar para hablar en contra.
Luis Carlos Rentería Torres
Teódulo Martínez Vergara
Manuel Terrazas Guerrero
José Feliciano Moo y Can
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
Romeo Flores Leal
Javier Centeno Ávila
Juan José Castro Justo
José Camilo Valenzuela
Sin discusión se aprueba.
ACUERDO DE PRACTICA PARLAMENTARIA
Sobre el artículo 27 constitucional continúan el debate los diputados: Juan Carlos Alva Calderón para hablar en pro
Hildebrando Gaytán Márquez para rectificar hechos.
Luis Alberto Rejón Peraza
Juan Gualberto Campo Vega
Jorge Oceguera Galván
Lydia Madero García en base al reglamento.
Juan Jacinto García
Guillermo Jorge González Díaz
Héctor Morquecho Rivera para rectificar hechos
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Martín Tavira Urióstegui
Carlos González Durán para rectificar hechos.
José María Téllez Rincón para rectificar hechos.
Oscar Garzón Gárate
Rigoberto Arriaga Ruiz
José de Jesús Berrospe Díaz
Samuel Fernández Ávila
Jorge ZermeñoInfante
Jorge Tovar Montañez para rectificar hechos
Joel Guerrero Juárez
Benjamín Ávila Guzmán
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo para rectificar hechos.
Rosa Albina Garavito Elías
DemetrioHernández Pérez
Celestino Tobanche Alonso
Rafael Sergio Vera Cervantes
Eloí Vasquez López
Juan de Dios Castro Lozano
Amador Rodríguez Lozano
Juan de Dios Castro Lozano
Pedro Ojeda Paullada
Juan Hernández Mercado
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para rectificar hechos.
Pedro Ojeda Paullada para contestar alusiones personales.
Carlos González Durán
Salvador Valencia Carmona
Efraín ZuñigaGaleana
Se someten a votación las proposiciones presentadas
Fracción X:
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez para hablar en contra. Presenta proposición
José Guadalupe Enríquez Magaña para hablar en pro.
Eloí Vazquez López para rectificar hechos.
José Merino Castrejón para rectificar hechos.
Se somete a votación la proposición del diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.
Fracción XI:
Rosa Albina Garavito Elías presenta propuesta.
Gabriel Jiménez Remus para rectificar hechos
Juan José Rodríguez Prats para rectificar hechos.
Rosa Albina Garavito Elías para rectificar hechos.
Cecilia Guadalupe Soto González para rectificar hechos.
René Juvenal Bejarano Martínez para rectificar hechos.
Raymundo Cárdenas Hernández para rectificar Hechos.
Francisco Dorantes Gutiérrez para rectificar Hechos.
Miguel González Avelar para rectificar hechos.
Tomás González de Luna para rectificar hechos.
Felipe Rodríguez Grimaldo
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Carlos González Durán para rectificar hechos.
José Escobedo Domínguez
Se someten a votación las propuestas presentada.
fracción XV:
Gustavo Nabor Ojeda Delgado presenta proposición
Juan Manuel Hueso presenta proposiciones. Se somete a votación.
Servando Antonio Hernández Camacho presenta proposición. Se desecha.
Miguel Ángel León Corrales presenta propuesta. Se desecha.
Jorge Montesinos Melgar presenta proposición. Se acepta.
Rogelio Appel Chacón presenta propuesta. Se acepta.
Arturo de la Garza González presenta proposición. Se acepta.
Demetrio Santiago Torres presenta proposición. Se desecha.
José Eulogio Bonilla Robles presenta proposición. Se acepta.
Para la discusión de la fracción XVI no se registraron oradores.
Fracción XVII:
Bernardo Gutiérrez Ochoa presenta proposición. Se acepta.
Jorge Modesto Moscoso Pedrero presenta propuesta. Se desecha.
Eberto Croda Rodríguez presenta propuesta. Se desecha.
En la discusión de los artículos transitorios toman la palabra los diputados:
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz presenta proposición. Se acepta.
Juan de Dios Castro Lozano presenta proposición. Se acepta.
Jorge Modesto Moscoso Pedrero presenta proposición. Se desecha.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 27 constitucional.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ CAMILO VALENZUELA
ASISTENCIA
El Presidente: -Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum estatutario.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: -Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 420 diputados, razón por la cual hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 18.25 horas): -Se abre la sesión.
Se pide a los diputados que tomen su asiento para proceder con el orden del día
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
Primer Período Ordinario de Sesiones. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
5 de diciembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los Estados de Hidalgo y Zacatecas.
Comunicación de la diputada Marlene Catalina Herrera Díaz.
Designación de la comisión que asistirá al Senado de la República el 6 de diciembre, a las comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores.
Dictamen a discusión.
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, discusión y votación del proyecto de decreto en lo particular.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: -En virtud de que en esta ocasión las actas no fueron entregadas a los diputados, pido a la Secretaría se dé lectura al acta de la sesión anterior.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: -Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Felipe Calderón Hinojosa
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con diecisiete minutos y con una asistencia de cuatrocientos treinta y siete diputados registrados, el Presidente declara abierta la sesión.
Desde sus respectivas curules, los diputados Alejandro Encinas y Rosa Albina Gravioto solicitan que se dé lectura al acta de la sesión anterior y el diputado Benjamín Avila Guzmán propone una moción de orden.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al acta de la sesión anterior, y al terminar, se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien hace comentarios respecto de hechos ocurridos en la sesión anterior y plasmados en el acta. Contesta además una interpelación del diputado Miguel Angel Yunes Linares.
Hace uso de la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien después de contestar a sendas interpelaciones de los diputados Rodríguez Lozano y Yunes Linares, propone el reemplazo del Presidente de la mesa directiva.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría recoge la votación económica respecto del acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos.
Para expresar sus opiniones respecto de la proposición del diputado Cárdenas Hernández, hacen uso de la palabra los diputados José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; José Antonio González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, en contra y contesta a una interpelación del diputado Bejardo Martínez; José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales y para rectificar hechos y contestar alusiones personales, los diputados Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Miguel Angel Yunez Linares, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta interpelaciones de los diputados Garavito Elías y Vásquez López; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática y José Camilo Valenzuela, del mismo partido.
Continúan en el debate sobre la proposición del diputado Cárdenas Hernández los diputados Rigoberto Ochoa Zaragoza, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales; Miguel Angel Yunes Linares, del mismo partido, para rectificar hechos y contestar una interpelación del diputado Martín del Campo; José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Miguel González Avelar del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; y Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática, en pro de la proposición; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y contestar una interpelación del diputado Salazar Adame; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos y, en le mismo sentido, el diputado René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Suficientemente discutida la proposición, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva y la asamblea desecha la proposición por trescientos veintinueve votos.
La Secretaría da cuenta con tres minutas del Senado de la República, con proyectos de decreto por los que se adiciona un cuarto párrafo al artículo cuarto de la ley que aprueba la adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su ejecución; por el que se establecen las características de la moneda de plata conmemorativa del Vigésimo aniversario del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y que establece las características de las monedas conmemorativas del quinientos aniversario del Encuentro de Dos Culturas. Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se da lectura a varios oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite los informes de labores de la secretarías de Gobernación, de Comercio y Fomento Industrial, de la Contraloría General de la Federación, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Pesca, de Programación y Presupuesto y de Relaciones Exteriores, correspondientes al período comprendido mil novecientos noventa, mil novecientos noventa y uno. Se turnan a las comisiones correspondientes.
Se da lectura a un acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, en el que se establecen las bases para votar diferentes documentos de la cartera. La asamblea lo aprueba en votación económica.
Se someten a discusión dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Mira Yasinovsky y Jesús Hernández Ojeda, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Venezuela y los Estados Unidos de América, respectivamente. En sendas votaciones económicas se aprueban y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Un dictamen de la misma comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Manuel de la Peña Stettner, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en Guadalajara, Jalisco. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se somete a discusión un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Arturo Meneses Pantoja, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Tailandia, en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, quien en los términos del artículo ciento siete del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que
se retiren algunas expresiones del texto de una de sus anteriores intervenciones.
El Presidente informa que el siguiente punto del orden del día es la segunda lectura y discusión del dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Desde su curul, el diputado Roberto Madrazo Pintado solicita que se dispense la segunda lectura, lo que la asamblea aprueba en votación económica.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista, quien propone una moción suspensiva al dictamen.
Se da lectura al artículo ciento diez del reglamento y en votación económica la asamblea acepta a discusión la proposición.
Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los diputados René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional, en contra y acepta una interpelación del diputado Becerra González; Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y contestar a una interpelación del diputado Rodríguez Prats.
Continúan en el debate sobre la proposición del diputado Tovar Montañez, rectificando hechos o contestando alusiones personales, los diputados Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista; Tomás González de Luna, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Cardenas García, del Partido Popular Socialista; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en pro de la proposición; Miguel Angel Yunez Linares, del Partido Revolucionario Institucional; José María Téllez Rincón, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos González Durán, del mismo partido y Rigoberto Arriaga Ruiz, del Partido Popular Socialista, a favor de la proposición.
Suficientemente discutida la proposición, en votación económica la asamblea la desecha.
Desde su curul, el diputado Amador Rodríguez Lozano pide que un miembro de las comisiones dictaminadoras fundamente el dictamen y, para ello, sube a la tribuna el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta sendas interpelaciones de los diputados Alaniz Alaniz y Rico Arzate.
Para fundamentar los votos de sus partidos en la discusión en lo general del dictamen, hacen uso de la palabra los diputados Hugo Andrés Araujo de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta interpelaciones de los diputados Alvarez Garín y Becerra González; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta voto particular de su partido en contra; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional: Romeo Flores Leal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, quien presenta voto particular de su partido, en contra.
El Presidente ordena que los votos particulares se agreguen al expediente y se publiquen íntegros en el Diario de los Debates.
Para discutir el dictamen en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Alejandro Encinas Rodríguez del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Rodolfo Toxtle Tlamani, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien presenta un voto particular firmado por él y tres miembros más de su mismo partido mismo que se agrega al expediente y se ordena su publicación íntegra en el Diario de los Debates; Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, en contra e Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro.
El Presidente informa que es de su conocimiento que los coordinadores de los grupos parlamentarios han llegado al acuerdo de reducir el tiempo de los oradores en tribuna a diez minutos y la asamblea aprueba que se continúe la discusión conforme lo acordado.
Desde su curul el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo informa que su partido, el Popular Socialista, no ha hecho ningún compromiso al respecto.
Continúa la discusión en lo general y hacen uso de la palabra los diputados José Camilo
Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional, en pro; Jorge Torres Castillo, del Parido de la Revolución Democrática, en contra.
Desde su curul el diputado Bejarano Martínez, propone una moción de orden respecto del acuerdo del que informó la Presidencia y el Presidente hace aclaraciones.
Continúa el debate haciendo uso de la palabra los diputado Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional, en pro;
Presidencia del diputado Adolfo Kunz y Bolaños
Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, en contra; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, para razonar su voto en pro;
Presidencia del diputado Felipe Calderón Hinojosa
Continúa el debate sobre las reformas al artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hacen uso de la palabra los diputados Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Gonzalo Cedillo Valdés, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en pro; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, en contra; Agustín Basave Benítez, del Partido
Revolucionario Institucional, en pro;
Presidencia del diputado José Camilo Valenzuela
Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Ramón López Tirado y Jorge Moscoso Pedrero, del mismo partido, en contra;
Presidencia del diputado Felipe Calderón Hinojosa
Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, en contra; José Ramos González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro y Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
Desde su curul, el diputado Rafael Fernández Tomás, hace algunos comentarios respecto de la hora en la que se lleva a cabo este debate y continúan en el uso de la palabra los diputados Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Jesús González Gortázar, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta a interpelaciones de los diputados Calderón Salazar y Garavito Elías; Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Jorge Calderón Salazar, del mismo partido, para rectificar hechos; Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, en contra.
Para continuar expresando sus opiniones respecto del dictamen a discusión, hace uso de la palabra los diputados Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; José María Téllez Rincón, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos; Raúl Alvarez García, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional de Reconstrucción Nacional, en pro; Arquímedes García Castro, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Melquiades Morales Flores, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro.
Para continuar con el debate, se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, en contra quien se excede en el tiempo reglamentario y el Presidente ordena que termine su intervención y deje la tribuna.
Para rectificar hechos respecto de al actuación del diputado Becerra González hace uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional.
El Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Rosa Albina Garavito Elías, del mismo partido, para rectificar hechos y René Bejarano Martínez, también del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
El Presidente da lectura al registro del tiempo de tribuna de los oradores y, posteriormente, para continuar con el debate del dictamen a discusión, concede el uso de la palabra a los
diputados Rafael Fernández Tomás, del Partido del Frente Cardenista, de Reconstrucción Nacional, en pro, quien contesta a una interpelación de la diputada Garavito Elías; Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Rufino Rodríguez Cabrera, del mismo partido, en contra ; Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional en pro; Javier Zenteno Avila, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra; Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Jorge Calderón Salazar, del mismo partido, también para rectificar hechos; René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Cesáreo Morales García, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y después de algunas aclaraciones respecto del trámite que debe seguirse, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y siete votos.
El Presidente pide a la Secretaría que el registro de nombres de la votación, que desde su curul solicitó el diputado Becerra González, sea preparado por la Secretaría a fin de dar cuenta con ello en su oportunidad.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión a las nueve horas con cuarenta y un minutos del día cinco de diciembre de mil novecientos noventa y uno, citando para la que tendrá lugar hoy mismo a las diecisiete horas.
El Presidente: -¿Hay algún diputado que desee hacer alguna observación al acta?
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: -No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse.
Los que están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
COMUNICACIONES
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D.F.
Con toda atención, nos permitimos el honor de comunicar a ustedes que la Comisión Permanente de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso Constitucional del estado de Hidalgo, en sesión celebrada el día de hoy, clausuró los trabajos de dicha comisión; lo anterior se les comunica para los efectos procedentes.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarles las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 24 de septiembre de 1991. - El oficial mayor del honorable Congreso Constitucional del Estado, licenciado Rodolfo Mirando Enríquez.
Trámite: -De enterado.
La misma Secretaria:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México, D.F.
La honorable LIII Legislatura del estado, en sesión de esta fecha y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, eligió la directiva que fungirá durante el segundo mes del tercer año de su ejercicio constitucional, comprendido del 15 del presente al 15 de noviembre próximo, quedando integrada de la forma siguiente:
Diputados: Presidente, José Antonio Mier Hernández; vicepresidente, Lidia Méndez Rangel; secretarios; José Antonio García Leyva, Armando Cruz Palomino y Ernesto Tiscareño González.
Lo que hacemos de su conocimiento, aprovechando la oportunidad para reiterar a ustedes, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección
Zacatecas, Zacatecas, a 17 de octubre de 1991. - Secretarios diputados: José Antonio García Leyva y Armando Cruz Palomino.
Trámite: -De enterado.
SOLICITUD DE LICENCIA
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
«Ciudadano diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza. - Presidente de la mesa directiva de la LV Legislatura.- Presente.
Me dirijo a la mesa directiva de esta Legislatura para hacer de su conocimiento que el ciudadano gobernador del estado de Chiapas, me ha propuesto colaborar como oficial mayor del gobierno de ese mismo estado. Por esa razón y con fundamento en el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito expresar mi respetuosa solicitud, a efecto de que se consulte al pleno, y en su caso, se me conceda licencia previa para cesar en mis funciones representativas como diputada federal por el VI distrito del estado de Chiapas, mientras dure la nueva ocupación.
Mucho agradeceré a la mesa directiva que usted preside, se sirva dar el trámite correspondiente a esta solicitud.
Atentamente.
Diputada Marlene Catalina Herrera Díaz.»
El Presidente: - En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La secretaria A. Irma Piñeiro Arias: - Está a discusión el siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Único: Se concede licencia previa a la diputada Marlene Catalina Herrera Díaz, para cesar en sus funciones como diputada federal por el VI distrito del estado de Chiapas, para estar en posibilidades de aceptar el cargo de Oficial Mayor del gobierno de su estado, a partir de esta fecha, durante el tiempo que dure el encargo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta a esta asamblea si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado, llámese al suplente.
El Presidente: - Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Alberto Alejandro Révora González, diputado suplente, electo por el VI distrito por el estado de Chiapas.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, para entrar a funciones como diputado, a los siguientes diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Blanca Ruth Esponda Espinoza, Jorge Moscoso Pedrero y Cuauhtémoc López Sánchez.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: -Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente: - Ciudadano Alberto Alejandro Révora González. ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Alberto Alejandro Révora González: - ¡Sí, protesto!
El Presidente: - Si así no lo hicierais, la nación os lo demande. (Aplausos)
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES
El Presidente: - Se designa en comisión para que asista el Senado de la República el 6 de diciembre, a la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, a los siguientes diputados: José Antonio González Hernández, Gabriel Jiménez Remus, Rodolfo Becerril Strafforn, Ricardo Valero, Rafael Fernández Tomás, Samuel Moreno Santillán, Cuahutémoc Amezcua Dromundo y Luis Dantón Rodríguez.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL*
El Presidente: Diputadas y diputados, está a discusión en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
*Este dictamen fue publicado en el diario No. 13, del día 3 de diciembre de 1991.
Se nos ha hecho llegar por parte de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, una lista de participantes y de fracciones.
Los señores diputados tienen la palabra para anotarse.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Señores diputados, se han registrado para intervenir los siguientes diputados:
Párrafo tercero, Hildebrando Gaytán Márquez y Rigoberto Arriaga Ruiz.
Fracción IV, Francisco Hernández Juárez y Juan Campos Vega.
Fracción VI, Héctor Morquecho Rivera y Jorge Tovar Montañez.
Fracción VII, Héctor Ramírez Cuéllar y Martín Tavira Urióstegui.
Fracción X, Hildebrando Gaytán Márquez y Juan Campos Vega.
Fracción XI, Jorge Tovar Montañez y Rigoberto Arriaga Ruiz.
Fracción XII, Francisco Hernández Juárez y Héctor Ramírez C.
Fracción XIII, Héctor Morquecho Rivera y Jorge Tovar Montañez.
Fracción XV, Juan Cárdenas García.
Fracción XVI, Roberto Arriaga Ruiz.
Fracción XVIII, Héctor Morquecho Rivera.
Esta lista que tenemos anotada, corresponde a la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
Salvo su mejor opinión, señor Presidente, sería conveniente ordenar el grupo de oradores, partiendo del párrafo tercero, con la participación de todos y cada uno de quienes se han anotado para intervenir de las diferentes fracciones parlamentarias.
Si ustedes no disponen otra determinación.
El Presidente: - Permítame, señor Secretario. Hay registrados oradores para el párrafo tercero y para las fracciones vamos a proceder a abrir y ordenar la lista, para el párrafo tercero.
Lea por favor los oradores que están anotados y pregunte a los diputados, quiénes en lo particular con nombre se van a registrar para ese debate.
Proceda, por favor.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Para la discusión del párrafo tercero, los siguientes diputados: Hildebrando Gaytán Márquez, en contra; Rigoberto Arriaga Ruiz, en contra; Salvador Valencia Carmona, en pro; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en contra; Manuel Terrazas, Jorge Ocegara, propuesta de adhesión; Miguel León, en contra, Rafael González, en pro y José Merino Castrejon, en pro.
El Presidente: - Proceda por favor a leer el párrafo tercero, para ilustrar a los diputados y posteriormente proceder al debate.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Párrafo Tercero.
"La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer de los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad."
Cumplido, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Hildebrando Gaytán.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Con su permiso señor Presidente; señoras y señores diputados:
En este párrafo tercero del artículo 27, la incitativa que envió el Ejecutivo derogó la parte alusiva a que "se dictaran medidas para crear nuevos centros de población agrícola y también el que se dote con ampliación de tierra a los núcleos de población".
El Partido Popular Socialista no está de acuerdo con estas supresiones que dan por concluido el reparto agrario y viene a presentar una adición en ese sentido.
Antes de dar lectura a esta adición, queremos expresar a esta asamblea y a los medios de información, que el Partido Popular Socialista ve, como lo hizo del conocimiento de la Cámara en todas las intervenciones de sus miembros el día de ayer, ve con mucho interés y preocupación este trabajo alrededor de las reformas al párrafo tercero. Lo vemos y los estamos tratando con mucha seriedad. Es peligroso que este asunto que cala en la organización económica y social de México y que conforme al contenido de la iniciativa está marcando un nuevo ritmo para el país. Decía, es peligroso que este tema lo viéramos con frivolidad.
No podemos aceptar que se considere al ejido como un mito que hubiese estado presente en la vida de México y que hoy se echa abajo, se descubre en su escencia y se ve que esta institución careciera de la importancia que en realidad tiene y ha tenido par el país.
No es posible tratar como mitos, como organizaciones fantasmas a aquellas que han servido para guiar el desarrollo de la población y el desarrollo económico del país. Hemos dicho que el ejido es la institución que con las características que tiene en el artículo 27, es la carta de presentación de México ante el mundo para la organización y la explotación de la tierra.
Señalábamos ayer que si el ejido no ha aportado los alimentos que requiere el pueblo, no es por la ineficiencia de la organización o de los campesinos, sino porque el Estado ha faltado en los últimos años a su obligación de dotarlas del crédito y la asistencia técnica necesaria para que cumpla esta institución con sus funciones.
El ejido, con ese carácter de tierras en usufructo, da una solución no para unos cuantos años, no para una época determinada al país; pesamos que es una solución definitiva y de largo alcance, por lo que en su momento esta Cámara debe volver a tratar acerca de la importancia de que las tierras queden en usufructo para los campesinos y se cierre el paso a que se les entreguen en propiedad privada.
Para nosotros, lo señalamos con toda sinceridad, esperamos que al tratarse en lo particular estas fracciones, esperamos que se tomen en cuenta las propuestas para que el decreto de reformas no quede en la forma en que fue aprobado en lo general, hoy en la mañana.
Con toda sinceridad podemos reconocer que si para el Ejecutivo la aprobación del decreto, así en los términos en que lo envió, este día puede constituir un día de fiesta, un día de alegría para el Ejecutivo; para el Partido Popular Socialista, si no hay cambios sustanciales, para nosotros este día pasará a la historia como los días aciagos que registran la historia de nuestro país. ¿De los días aciagos de los más negros de nuestra historia, porque se está calando, se está modificando en un rumbo que es el que nos puede dar soberanía e independencia y se está transitando hacia un camino que basado en el capitalismo clásico, donde ya no hay fronteras de distinción con el imperialismo para entrar como iguales, México irá por la pendiente del necolonialismo.!
Creemos que hay tiempo para la reflexión de todos los señores diputados y que sigamos viendo estos problemas de la patria con mucho cuidado. Hay que detener el irracionalismo y la sicosis de que hay que hacer cambios en nuestro país, sin meditar en qué sentido deben ser estos cambios y sin tomar en cuenta que hay aspectos que son fundamentales y que no deben cambiar.
Esto lo digo no sólo por el artículo 27, sino por lo que se menciona que se puedan hacer modificaciones en otros preceptos constitucionales.
Detengamos esa sicosis que nos hace perder la memoria histórica, que nos hace olvidarnos de que hay toda una línea histórica de los constructores del México independiente, para no trastocar la personalidad de nuestra nación y para no arrojarla, como ha querido el imperialismo, en una situación indefensa que nos subordine por el resto de la existencia de este país.
Lo que ha sido la defensa de México, lo hemos dicho, en otros, ha sido el nacionalismo, el amor a la patria, el interés por cuidar no solamente los recursos en cuanto a la explotación de los mexicanos, sino en cuanto a que estos recursos se exploten de tal manera que beneficien al pueblo y se haga una distribución justa de la riqueza.
Por eso, si hoy tomamos medidas en las que le cerremos al pueblo la oportunidad de acceder a una situación en la que pueda desarrollarse, que pueda tener trabajo en el caso de los campesinos que no tienen tierra, va a ser muy grave.
Señores diputados: la entrega de la tierra fue la bandera de al Revolución Mexicana; se ha entregado, es cierto, una gran parte de las tierras de cultivo a los solicitantes y el Partido Popular Socialista, se pregunta: ¿a pesar de que, en efecto, se ha hecho esta entrega de la tierra en forma masiva, procede ahora a dar por clausurado el reparto agrario y retirarle al Estado la obligación de entregar tierra y a los campesinos el derecho a adquirirla?, éste es un asunto de principio, más allá de la categoría de que si se ha entregado mucha tierra y exista poca por entregar, porque todos los oradores han reconocido que aún hay tierras afectables; es decir, que más allá de las disposiciones, de las limitaciones a la propiedad privada, a la pequeña propiedad privada y sus diferentes límites en tierras de riego o de temporal etcétera, existe acaparamiento, que hay excedentes.
Y en el mismo decreto se acepta que se tienen que tomar disposiciones respecto de los excedentes. Todos estamos de acuerdo en que hay acaparamiento de tierras y que se da la situación de que se podrá dar este acaparamiento en el futuro. Pues el criterio del Partido Popular Socialista es que si bien no en la etapa de reparto masivo, sí se mantenga en el artículo 27 la esencia del reparto agrario, reconociendo al Estado su obligación de entregar excedentes afectables y a los solicitantes de recibirlos, de acuerdo con la esencia de la reforma agraria.
En este sentido, es una adición al párrafo tercero, que presentamos cumpliendo lo que dispone el Reglamento y voy a permitirme dar lectura:
"Con fundamento en los artículos 58,59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista propone que al párrafo tercero del artículo 27 del proyecto de decreto, en la parte final se le adicione el siguiente texto:
Párrafo tercero. "La Nación...", todo el texto como aparece en el párrafo tercero y adiciona al final... el Estado repartirá a los grupos solicitantes las tierras de las superficies afectables, de conformidad con la ley."
Ruego, señor Presidente, a la Secretaría, que se dé el trámite respectivo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - A continuación, el diputado Valencia Carmona hará uso de la tribuna.
El diputado Salvador Valencia Carmona: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Es esta supresión del párrafo tercero de una gran importancia para la historia y el futuro del país.
Debo decirles que de las reformas que propone la iniciativa presidencial, dos son a mi juicio las modificaciones centrales o torales de la iniciativa: una el reparto agrario y otra la de las sociedades mercantiles y voy a explicar por qué.
La razón se encuentra en la entraña misma de los debates del Constituyente, porque estas dos modificaciones estuvieron precisamente presentes en la redacción original del artículo 27.
Es cierto que el artículo 27 ha tenido una trayectoria larga y accidentada, tiene nada menos de 12 veces en que se han operado modificaciones por decretos correspondientes, entre 15 a 20 enmiendas formales de acuerdo con el punto de vista que se tome en cuenta y ha dado lugar a más de 20 leyes orgánicas y reglamentarias que están en vigor.
Qué importante ha sido indudablemente para la historia del país el artículo 27. Por eso precisamente cuando se le toca, cuando se le pretende modificar, hay criterios tan encontrados y tan diversos y qué bueno que así sea, entre mejor estudiemos, entre mejor debatamos este artículo, creo que podremos cumplir con orgullo nuestra tarea de legisladores.
Sin embargo, en este punto preciso, voy a permitirme hablar en pro de la modificación, porque no estoy de acuerdo con el compañero del Partido Popular Socialista que hizo uso de la palabra, pese a que respete y entienda sus ideas, porque creo que esta supresión del párrafo tercero es la que pueda plantear una verdadera revolución agraria para el país.
Diría en primer lugar que esta fracción que pretendemos suprimir, ya produjo sus efectos.
Efectivamente, se ha dado de tierra a muchos campesinos. Tenemos en el país más de 105 millones de hectáreas repartidas, que representan más de la mitad del territorio nacional, o sea
que esta reforma agraria que ha operado en México, no ha sido una reforma aparente, ha sido una reforma que es orgullo de los mexicanos y que ha sido estudiada, examinada e incluso imitadas por muchos pueblos del mundo.
Tenemos gran respeto y confianza en el ejido. Yo creo que las reformas no lo van a sepultar y lo harán más vigoroso. Creo que los 2 millones 600 mil ejidatarios que trabajan en 26 mil ejidos, las 400 comunidades indígenas y el número creciente de pequeños propietarios, van a trabajar y van a trabajar bien para el futuro de esta patria. Pero hay que reconocer también que la dotación masiva produjo ya sus efectos, varios compañeros de los partidos de oposición incluso aquí lo han reconocido. Por tanto, no puede subsistir ya una norma que está previniendo repartos colectivos de tierra.
Segunda razón: el reparto agrario debe ser real y no aparente. Me ha tocado escuchar en las consultas públicas que se hicieron por esta Cámara y no sólo en las consultas públicas en las diversas ocasiones en que he tenido la oportunidad de conversar, de cambiar impresiones con muchas personas dedicadas al trabajo del campo, como se quejaban y se quejaron también en la consulta pública, de que se estaban repartiendo en los últimos años sólo papeles, se repartían letras y se repartían esperanzas y eso no es consecuente con un Estado que quiere ser veraz.
Bien dijo una persona que ocupó durante largo tiempo el Departamento Agrario y lo hizo bien, Aguirre Palancares, que no nos podemos quedar plantados en el pensamiento de 1915 y el señor sabía de lo que estaba hablando. Quien de ahí no se mueva corre el peligro de quedarse congelado en el tiempo, tiene que tener una mente en transformación. Por eso creo que si el reparto masivo terminó, si no podemos hacer un reparto real sino sólo de letras, no vale la pena tener una mentira constitucional en la Carta Magna.
En tercer lugar, el país requiere de seguridad jurídica, valor muy importante para el derecho, se dice fácil, que difícil es conseguir tranquilidad en el campo. Y estamos obligados, los legisladores, los miembros del Poder Ejecutivo, los del Poder Judicial a lograr tranquilidad en el campo, a no invadir, a no violentar, abogar sin paz y sin descanso por una patria diferente y mejor.
Por otro lado, las reformas agrarias y los repartos de tierra no son eternos. En ningún país del mundo donde se han operado las reformas agrarias han tardado tanto como en México. Echenle un vistazo a toda la legislación comparada y se darán cuenta que en la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en China, en Taiwan, en Corea, en Japón, en Perú, en todos los países que han operado reformas agrarias y repartos pasivos, han sido generalmente breves. No se puede estar constantemente repartiendo la tierra si queremos actuar con verdad, si no queremos engañar.
Por último diría que el hecho de que la fracción mayoritaria piense que hay que hablar en pro de la supresión de este párrafo, no implica en modo alguno que estemos a favor del latifundio, o que estemos a favor de que el ejido se privatice. Aquí sí coincidimos con los compañeros del Partido Popular Socialista; aquí sí coincidimos en que es necesario prever en la ley que aquellas propiedades que excedan del límite normal de la pequeña propiedad, sean vigiladas y fraccionadas. Coincidimos con el punto de vista del compañero del Partido Popular Socialista que hizo uso de la palabra antes que yo, en que es necesario preverlo en la Constitución , pero éste, compañero, no es el lugar. Tenemos si usted lee el proyecto que presentó la Comisión, previsto precisamente en la fracción XVII, un mecanismo muy claro que habla de las excelencias y cadencias, por eso creemos que este párrafo que ya cumplió su misión histórica y la cumplió bien, debe suprimirse para lograr que el campo del país trabaje sin descanso y trabaje bien para todos los mexicanos y para esta patria grande. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente: - Para hechos pidió la palabra el diputado Martín Tavira.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente,; señoras y señores diputados.
La seguridad jurídica siempre la han invocado los violadores de la ley y los que tiene miedo de enfrentarse a los reclamos de la clase trabajadora.
Siempre los patrones han alegado seguridad jurídica. Hace tiempo la Confederación Patronal de la República Mexicana presentó el famoso marco teórico, para modificar el artículo 123. Sin tapujo alguno, los teóricos de la Confederación Patronal de la República Mexicana hablaban de plano de regresar las relaciones obrero - patronales a la legislación civil, arrasar con las conquistas de la clase obrera y los terratenientes siempre alegaron seguridad jurídica para poder invertir en el campo.
El que está dentro de la ley no tiene temor; tienen temor generalmente quienes están violando el artículo 27.
¿No creen ustedes señores diputados, que constituye una gran injusticia que se cancele el reparto de la tierra cuando hay excedencias, cuando hay propiedades simuladas, como se ha denunciado en el transcurso de tantos años? ¿No creen ustedes señoras y señores diputados, que en lugar de que se del plazo dos años para que venda el propietario sus excedencias o se ponga en pública amoneda, esas tierras de excedencia se repartan entre los campesinos pobres, como lo que hizo la Revolución, como lo que hizo Morelos? ¿No creen ustedes que es una gran injusticia parar en seco la entrega de la tierra a los núcleos campesinos que la han reclamado por años para justificar posesiones ilegales? ¡No creen ustedes, señoras y señores diputados, que los terratenientes que durante largos años han violado la ley, se han burlado de las resoluciones presidenciales, debieran ser castigados de esta manera e implantar una justicia realmente en favor de la población pobre del campo! ¡Yo no me explico cómo se puede defender una posición absolutamente injusta y contrarrevolucionaria! No es posible, señoras y señores diputados, que nosotros estamos de acuerdo con estas modificaciones, cuando ellas constituye de por sí una negociación rotunda al proceso revolucionario de México y en las demandas de antes, durante y después de la Revolución de los núcleos campesinos. Muchas gracias
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rigoberto Arriaga, del Partido Popular Socialista.
El diputado Rigoberto Arriaga Ruiz: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Antes de hacer algunas consideraciones sobre el tema que nos ocupa, le agradecería al señor Presidente dé instrucciones a la Secretaría para que dé lectura a la parte de la fracción III del artículo 27, que se agrega.
El Presidente: - Proceda la Secretaría.
La secretaria A. Irma Piñeiro Arias: - "Propiedad agrícola en explotación, para la creación de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas que le sean indispensables para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación."
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias a la Secretaría.
El diputado Rigoberto Arriaga Ruiz: - Queremos, con absoluta honestidad política, reconocer que el reparto masivo de las tierras en este país ha concluido. Veinte años atrás se encontraban propiedades de 20 ó 30 mil hectáreas de tierras a nombre de una persona. Con la lucha de los campesinos, con sus movilizaciones constantes, fue posible que teóricamente. Y estos ejidos, estos 600 mil ejidatarios, también en teoría, existen no como una concesión graciosa de los gobiernos en turno; la existencia de estos ejidos y de estos 600 mil ejidatarios son producto de sus constantes movilizaciones, de sus constantes exigencias para que el gobierno les entregara la tierra a que tienen derecho.
Ahora se pretende con este decreto que en lo general esta Legislatura aprobó hoy en la mañana, se pretende cerrar el camino legal para que los campesinos mexicanos que no tienen un pedazo de tierra, la soliciten.
Quiero expresar a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, a los señores diputados aquí presentes que representan los pequeños propietarios, lo siguiente: y lo hago con absoluta honestidad política.
Los miembros del Partido Popular Socialista, somos respetuosos ¡óigase bien!, somos respetuosos de la auténtica pequeña propiedad en explotación. Pero por otra parte expresamos que los miembros del Partido Popular Socialista seguiremos insistiendo para que esos acaparamientos de tierra que existen fundamentalmente en los distritos de riego, esas tierras se entreguen a los campesinos.
Los que venimos del noroeste del país, de las zonas de riego, sabemos muy bien de la existencia del latifundio familiar. Sabemos muy bien de la existencia de ese acaparamiento en los distritos de riego. Sabemos muy bien de la existencia de miles de hectáreas amparadas por certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera que han vencido o están por vencer.
Quisiéramos preguntarle a la Secretaría de la Reforma Agraria, ¿qué va a hacer con esos
cientos de miles de hectáreas de tierras de agostadero que los certificados de inafectabilidad han vencido? Consideramos nosotros, señores diputados, honestamente, que antes de concluir el reparto agrario en México, el gobierno debe realizar una profunda investigación para que de una vez por todas se termine con el acaparamiento de las tierras en este país.
Lo que decía el compañero Martín Tavira: siempre los terratenientes piden seguridad. ¿Por qué piden seguridad? ¿Por qué piden certidumbre si están dentro de la Ley? Piden certidumbre y piden garantía aquéllos que no están dentro de la ley.
De suprimir en este momento como se pretende, el reparto de las tierras, en México y ayer el que habla lo expresó, esos millones de campesinos que no podrán ser absorbidos en nuevas fuentes de trabajo en las ciudades, pueden tomar actitudes muy serias y peligrosas, porque cuando una familia campesina, cuando un jefe de familia no tiene lo necesario para alimentar a sus hijos, ese jefe de familia puede tomar actitudes serias y peligrosas.
Más de dos millones de campesinos sin tierra en este país. Si se termina con el reparto de las tierras en este país, esos dos millones de campesinos sin tierra, señores diputados, mañana o pasado van a tomar actitudes peligrosas; esos millones de campesinos hambrientos, mañana o pasado, en una determinación energética que tomen, no le va a hacer caso ni al Partido Acción Nacional, ni al Frente Cardenista ni al Partido Popular Socialista. Esos dos millones de hambrientos, pueden llevarnos a situaciones peligrosas que nosotros no deseamos.
Por eso la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, ha propuesto a esta soberanía que se agregue un punto más a este párrafo tercero a efecto de que el reparto de las tierras continúe en este país. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Valencia Carmona... Tiene la palabra el diputado Jorge Oceguera.
El diputado Jorge Oceguera Galván: - Buenas tardes. Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Traemos una propuesta de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, al párrafo tercero, a su adición, que eleva, o para dar rango constitucional a la soberanía alimentaria.
Desde luego, un diagnóstico también es una perspectiva, una toma de posición un punto de vista, por eso a las razones del Ejecutivo quisiéramos añadir otras, verdaderos problemas derivados de más de 70 años de política rural.
Dentro de las realidades del campo se encuentra la descapitalización, la producción insuficiente, la productividad inadecuada, la incertidumbre jurídica y el inaceptable nivel de vida de la mayoría de productores rurales. Eso es indiscutible.
Sin embargo, los problemas de la producción y los ingresos, no son todos. Hay que insistir en la soberanía alimentaria. Un país no puede garantizar la alimentación en la evolución de su balanza comercial agrícola, es decir, no puede considerar la producción de granos básicos, como un elemento condicional de la oferta alimentaria, sujeta más bien, a la evolución de las ventajas comparativas que a la seguridad nacional.
La producción de alimentos es más que una consideración económica, una condición de soberanía nacional. Junto a la defensa del territorio, la independencia política, la vigilancia de las leyes y el manejo del equivalente en general.
Es tan indispensable asegurar la producción suficiente de alimentos, como defender el territorio a las decisiones políticas. Por eso nuestro partido ha considerado que en la reconstrucción de la nación, la soberanía alimentaria debe ser entendida como un asunto de seguridad y soberanía nacional.
No se puede dejar a la evolución de las cuentas externas la alimentación del pueblo mexicano. En la iniciativa si bien se menciona el problema no se destaca de manera autónoma, por eso sentimos que es una insuficiencia de diagnóstico y en consecuencia, una limitación en la propuesta que es preciso remediar.
Creemos que un rezago importante del desarrollo rural, debe ser el de la soberanía alimentaria, éste debe ser incluido en nuestra Carta Magna.
Primero. Dentro de las modalidades que la nación impone a la propiedad privada.
Segundo. Para lograr el desarrollo equilibrado del país.
Tercero. Para promover el desarrollo rural integral.
Para fundamentar nuestra propuesta, nos interesa llamar la atención respecto del comportamiento de algunos de los más importantes indicadores de la crisis estructural del campo y ejemplificar mediante una síntesis estadística, la naturaleza misma de una particular crisis que antecede a la general muestra económica, que ha subsistido a pesar de los avances conseguidos en los últimos dos años, en materia de recuperación productiva.
Si tomamos como referencia a 1965, lapso en que se marcan límites al desarrollo agropecuario respecto a 1990, encontramos una caída brusca a su participación en el producto nacional.
En efecto después de un cuarto de siglo la contribución del sector agropecuario al producto interno bruto, cayó del 13.7% en 1965, al 7.5% en 1990; es decir, el sector que apoyó el proceso substitutivo de importaciones de los años cincuenta y de parte de los sesenta fue perdiendo cada vez más importancia la economía nacional, durante el lapso señalado disminuyó su participación en el producto nacional aproximadamente en un 50%.
Durante la década anterior, la caída del producto interno bruto agropecuario, se mostró más bruscamente, así, por ejemplo, se dio una disminución del producto agropecuario, del sector privado de 3.3%, de 1981 a 1989. En caso de la intervención del sector público en el mismo lapso, refleja una baja más grave del 75%.
En la evolución de los datos, la superficie cosechada se ilustra más, categóricamente el desastre del sector agrícola, comparando las superficies cosechadas de los principales productos agrícolas nacionales de 1965 a 1991, encontramos los siguientes resultados.
Los únicos dos productos que muestran elevación sustancial son: soya, 11 veces, sorgo 3.3 veces. La superficie cosechada de trigo manifiesta un incremento relativamente modesto del 14.2%. La mayoría de las superficies de los principales productos agrícolas, indican comportamientos negativos: arroz, menos 38%; frijol, menos 1%; maíz, menos 6%; ajonjolí, menos 66%; semilla de algodón, menos 68%.
La evolución negativa de la mayor parte de la superficie cosechada de los principales productos agrícolas, así se quiere sus pequeños crecimientos indican a nuestro parecer varios problemas.
Limitaciones de tierra aprovechables para el cultivo agrícola que expresa problemas para la ampliación de la frontera agrícola:
Bajos rendimientos productivos, altos costos, bajas tasas de ganancia, procesos de desinversión.
El aumento de las importaciones agrícolas ha venido reflejando, en gran medida, el problema de la crisis estructural en el agro. La desatención de la inversión estatal y privada para cometer estrategias de desarrollo productivo en el campo propiciaron la elevación desmesurada de las compras del exterior de productos agrícolas claves.
En 1965 a 1991 se incrementaron sustancialmente, es decir, el número de veces las importaciones: arroz, 7.5% ó 7.5 veces; frijol, 719 veces; maíz, 339 veces; trigo, 26; soya, 310 veces; semilla de algodón 79.5 veces y de sorgo, 83 veces.
Lo anterior fundamenta nuestra propuesta de modificación al dictamen de las comisiones unidas correspondientes.
Queremos dejar muy claro que nuestra aceptación de soberanía alimentaria va más allá de los resultados inmediatos de las cuentas comerciales con el exterior, atiende a razones de cultura, historia, desde luego, a visiones estratégicas.
Deben calcularse en una valoración prospectiva de largo plazo los costos y los beneficios de la soberanía alimentaria. No se trata de continuar subsidiando a la ineficiencia, premiando a los caciques rurales y a su mando de la corrupción.
Una situación observada en diversos espacios económicos y distintos momentos históricos de la Reforma Agraria, que fue previa a la crisis de los años pasados y que llegó a sus límites con la crisis misma, porque ahora se trataría de promover la autosuficiencia alimentaria con mayores recursos públicos y mayor participación privada.
Aquí importaría diseñar estrategias de productividad definidas en el nuevo marco legal y de los contextos de globalización de la economía internacional.
Si los campesinos se asocian con propósitos bien definidos de producción, beneficio y acumulación de recursos al margen de corporaciones caciquiles de todo tipo, se podrá avanzar hacia
los objetivos de una sociedad rural, verdaderamente justa. Pero aquí es muy importante que el Estado defina explícitamente como una de sus obligaciones sustantivas el propósito de avanzar hacia la soberanía económica de desarrollo rural.
Apoyándose en los anteriores considerados, presentamos las siguientes propuestas complementarias a la iniciativa del Ejecutivo Federal:
Artículo 27. Tercer párrafo del proyecto. "La Nación tendrá en todo su tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de la conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural; para alcanzar la soberanía alimentaria y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad puede sufrir en perjuicio de la sociedad. Se declara de utilidad pública la producción de alimentos básicos. La ley establecerá las instituciones y los instrumentos necesarios para dotar a la nación de seguridad alimentaria y garantizar a los mexicanos niveles más dignos de nutrición." Gracias, por su atención.
Presidencia del diputado Martín Tavira Urióstegui
El Presidente: En el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Le solicitaríamos a la Presidencia si puede hacer guardar el desorden que existe en la sala.
(Desorden.)
El Presidente: - Diputados: Llamamos la atención muy respetuosamente a todos ustedes, para que guarden la debida atención y poder desarrollar con normalidad los trabajos de esta asamblea.
Continué, señor diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Con el permiso de la presidencia.
Compañeras diputadas, compañeros diputados: El día de ayer el Partido de la Revolución Democrática estuvo cerca de 24 horas debatiendo con muchos argumentos nuestra oposición a la reforma al 27 constitucional.
Hoy nosotros subimos a la tribuna para oponernos a las reformas en lo particular, al párrafo tercero. Sobre esto habría elementos que el día de ayer muchos compañeros argumentaron, por los cuales nos opusimos y nos seguimos oponiendo a esta reforma. Como la supresión de líneas dentro del tercer párrafo, que dan fin al reparto agrario, entre otras tantas cosas, así como en este párrafo se empiezan con las adiciones que se le hacen en la propuesta de reforma a sentar las bases para hacer del negocio de las industrias agropecuariales, turísticas, etcétera e involucrar el ejido.
Nosotros, fundamentalmente el día de hoy, estamos tratando y trataremos de desarrollar lo que también en este párrafo se dice y se sostiene en el propio proceso de la reforma que se propone, cuando dice que "En consecuencia se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer",etcétera.
Nosotros sentimos que en la propuesta de reforma no hay ningún planteamiento que nos lleve a este hecho. Y sí, sin embargo, si esta reforma pasa el día de hoy en lo particular, se verán afectados los asentamientos humanos y el medio ambiente del conjunto de nuestra patria.
Por eso, con el propósito de darle cuerpo e inyectarle sangre a la crítica, exponemos a continuación algunos elementos generales que caracterizan el modelo de desarrollo predominante en nuestro país.
A nuestro juicio sobresalen dos características básicas: es económicamente centralizador y políticamente autoritario. Estos rasgos son el resultado de la necesidad de garantizar la rentabilidad y la producción del capital, que ha crecido y se ha desarrollado a costa de quebrar añejos equilibrios regionales y de profundizar las
desigualdades entre campo y ciudad y entre agricultura e industria, generando dramáticas polaridades entre la gran producción agropecuaria industrial y los pequeños productores rurales y manufactureros que ensanchan la brecha entre los diferentes componentes de la sociedad. Ello es más grave aún, si consideramos que además se ha puesto en peligro áreas decisivas del circuito reproductivo global, al degradar las fuerzas productivas, hombres, capacidades sociales y recursos naturales, en condiciones tales que a corto o mediano plazos pueden llevarnos a situaciones catastróficas, como las que hoy ya vive en el Distrito Federal.
Ante el avance de la revolución electrónica, la robótica y la biogenética, el taylorismo y el fordismo resultan obsoletos e inoperantes, aunado a ello se han agotado importantes áreas naturales de reproducción, que coadyuvan a la posibilidad de una catástrofe ecológica. Además, el uso de tecnologías, como la nuclear, ha significado un alto costo económico, político y ecológico, a ello deben agregarse los enormes "rendimientos de crecientes", provocados por el gigantesco agrícola, industrial y de servicios en las grandes urbes, dando lugar a nocivos efectos en el medio ambiente y en las condiciones de reproducción de la vida en las ciudades.
Existe, por último, un desgaste crucial de las formas tradicionales de organización de los trabajadores del campo y la ciudad, frente a las nuevas condiciones de desarrollo tecnológico y de la competencia internacional, menifiesto crudamente en las crisis de sus representaciones corporativas.
En México las vías escogidas para la reestructuración del capital tienen que ver con la incapacidad para transitar a la globalización del capital, sobre la base de instalar una planta exportadora industrial, dinámica, diversificada e intensiva y el cambio general de las relaciones de poder tuvo que ver con la aparición de una nueva fuerza hegemónica en el bloque dominante, representada por la fracción monopólico financiera y que ha significado un cambio en la naturaleza de la intervención del Estado, expresada en una ruptura con el "populismo" y la instauración de un proyecto neoliberal más o menos ortodoxo. Dicho proyecto o modelo pugna porque el conjunto de las relaciones económicas, sociales y políticas se privaticen de tal modo que el sector social no sólo se empobrezca hasta lo indecible sino que incluso desaparezca para siempre o en mejor de los casos, quede representado por unas cuantas entidades de reducido peso, en el marco global de poder, en un esquema, en que la autonomía y la democracia sean un cascarón sin contenido o una formalidad manipulable.
Los programas gubernamentales destinados a "erradicar la pobreza", sobre todo extrema, son en realidad políticas compensatorias que dividen la caridad de la participación social, protagónica en las estrategias de desarrollo y tienen como objetivo inmediato "moderar" los déficits sociales, de tal modo que no se conviertan en movimientos populares incontrolables.
El modelo de desarrollo predominante ha generado mecanismos económicos, políticos, culturales e ideológicos, para impulsar prioritariamente un crecimiento industrial urbano, salvaje y amorfo, considerado como el símbolo más depurado de una modernidad que se ha construido a costa de arrasar el sector rural y de todos los espacios sociales y naturales giren en torno a éste, a través de una especialización llevada hasta sus extremos, que vuelve dependientes a los individuos y se contrapone a toda diversidad y pluralidad, de tal modo que las propuestas alternativas son autoritariamente desechadas siempre que atentan y socavan los intereses hegemónicos prevalecientes que privilegian la eficiencia productiva, desdeñan los criterios ecológicos y rechazan las políticas sociales.
Es esta perspectiva de México en la lógica de la reinserción al mercado mundial que convertirá al territorio en el albergue de miles de empresas maquiladoras alrededor de las cuales se fortalecerán los conglomerados urbanos. En nuestro país como en casi todos los demás, la mayoría de la población habita ya en los espacios urbanos estableciendo relaciones productivas de consumo e intercambio cuyo soporte esencial son los recursos naturales, de los espacios rurales. Además los urbanos son espacios organizados desigualmente en donde la mayoría de la población tiene todas las carencias de los sectores pobres y marginados y la tendencia predominante prevalece en el sentido de modernizar la agricultura siguiendo el patrón de los granjeros norteamericanos transformando la propiedad social en privada, habremos entonces de atestiguar significativos desplazamientos sociales y; por lo tanto una presión adicional al sector urbano que impactará no sólo la cuestión social, las relaciones solidarias y los valores de las identidades populares sino también a la demanda de servicios sociales y públicos, así como a las condiciones naturales de por sí críticas; si además consideramos la preeminencia de parir como conejos empresas maquiladoras el desequilibrio y la
desigualdad campo - ciudad tenderán a extremarse y el soporte último del edificio serán unos recursos naturales que al parecer los doctorados en Harvard consideran infinitos y de suyo renovables.
En el caso de la agricultura los elementos fundamentales además de los ya mencionados y particulares del deterioro productivo y ambiental son los siguientes: la estrategia de la revolución verde ha significado un enorme gasto de energía y un continuo deterioro del suelo, erosión y la vulnerabilidad de las especies bajo cultivo debido a su simplificación y mínima variabilidad genética. El crecimiento de la producción ganadera especializada y extensiva relativamente improductiva y con un gran impacto en la desforestación ha sido posible a costa de la reducción de la producción agrícola para el alimento humano y de otros cultivos. El ha significado a su vez una drástica transformación de los ciclos hidrológicos por cierto la totalidad de las cuentas hidrológicas del país tienen algún grado de contaminación y hay casos en que la situación es grave.
La producción de madera adolece de deficiencias en cuanto a las características biológicas y la dinámica poblacional produciendo bajos rendimientos y favoreciendo el crecimiento de latifoliadas a costa de los pinos, los sistemas no maderables carecen de técnica y legislación apropiadas dando lugar a un mal manejo del recurso, todo ello es ecológicamente ineficiente y amenaza con la extinción de numerosos recursos.
El Proceso "de especialización" como estrategia de conversión de la economía campesina a la que se le asigna la función de producir granos básicos, maíz y frijol, es también causa de deterioro productivo y ecológico.
El uso irracional y la falta de controles de base de los sistemas productivos, causan extremada centralización de poderes económicos y procesos productivos, con altos niveles de improductividad y con efectos altamente depredadores y contaminantes.
La generalización de la pobreza, la perspectiva de un futuro signado por la dictadura de las leyes del mercado, que significa la ausencia de alternativas materiales y espirituales convincentes y la destrucción de la naturaleza, ponen al desnudo en el tapete de la discusión la cuestión de la política, de la toma de decisiones, en concreto, de la democracia. Ello es Así porque está visto que no es por la vía del autoritarismo, de la exclusión, como la crisis global o suprema podrá resolverse.
La sociedad civil organizada, sus actores sociales y los individuos mismos, adquieren cada día más conciencia en el sentido de que la posibilidad de un futuro viable, en donde se recupere la armonía entre las necesidades humanas y la naturaleza, pasa obligadamente por una modificación radical de la relación democrática, en donde la diversidad sea consonante con la pluralidad.
En un momento dado, hasta este momento de nuestra exposición se pretendía partir de una lógica distinta a la que a continuación expondremos. Ello es así porque consideramos que la iniciativa presidencial de reformar el artículo 27 de la Constitución, ofrece una ocasión idónea para abordar el debate en torno a las alternativas, al modelo de desarrollo vigente, partiendo de algo concreto, vivo y palpitante, que ha impactado y seguramente modificará sustancialmente el futuro de nuestro país.
Es importante decir que existe un consenso en cuanto a señalar que el sector primario nacional es altamente ineficiente productiva y ecológicamente hablando. Por tanto, existe consenso en la necesidad de modificarlo, pues están en juego la autosuficiencia alimentaria, la base de las materias primas para la industria, los recursos naturales, que serán el sustento de las generaciones futuras y, por tanto, la independencia y la soberanía nacional.
Sin embargo, las opiniones se dividen cuando se abordan las causas y las posibles soluciones a la crisis productivo - ecológica del sector primario.
Sin pretender reducir y encuadrar la polémica, podría decirse que las corrientes de opinión al respecto se despliegan en dos campos: el de quienes opinan que la reforma obedece a un reclamo nacional, consensado en un cierto sentido y que es en esa lógica se han adoptado métodos democráticos para impulsar la reforma y los cambios. Según este consenso, la causa principal de la crisis del sector primario es la existencia de la propiedad minifundista, léase pequeña propiedad, ejido y comunidad.
Por tanto, para solucionar la crisis y en apego a estricta lógica, primero debe frenarse el reparto agrario y en seguida promover la reactivación sectorial, vía a la inversión de capital privado, incluida la adquisición de tierra productiva.
Por último, el Estado debe retirarse sustancialmente de las actividades del sector primario, para que la oferta y demanda regulen libremente su desarrollo.
Hay quienes por el contrario pensamos que esta argumentación de consenso no existe y que por ello se utilizan métodos autoritarios y presidencialistas para introducir reformas y cambios. Nuestra corriente de opinión piensa que el desastre agrícola fue inducido para obligar los cambios en un sentido de privatización de las relaciones productivas en el sector primario, de acuerdo a los modelos aplicados en los países desarrollados, lo cual equivale a profundizar la lógica de los desequilibrios productivos, regionales y sectoriales, las desigualdades sociales y la depredación ecológica.
Ello significa también convertir en asalariados rurales e industriales, baratos y/o en desempleados y subempelados, a millones de campesinos solicitantes de tierras avecindados y trabajadores agrícolas que buscarán hacer válidas sus esperanzas de vida, emigrando a la ilusión de las ciudades extranjeras o nacionales.
Además, opinaremos que la iniciativa presidencial, pasó por alto los criterios de producción ecológica.
Por último, afirman que las transformaciones que promueve la reforma del 27 constitucional, obedecen a un lógica impuesta por el Tratado de Libre Comercio, de acuerdo con los intereses del gobierno de los Estados Unidos.
Así pues, detrás de la iniciativa de reforma al 27 están a debate las causas, alternativas y la cuestión de la democracia en torno a la transformación del sector primario.
Es de suyo productiva y ecológicamente ineficiente el minifundismo, es la solución para la crisis del sector la modernización con sustento y en la primacía de la privatización de las relaciones productivas, no es posible demostrar que los modelos de desarrollo capitalista sean de suyo más eficientes, productiva y ecológicamente hablando, que los que se sustentan en una lógica de desarrollo con primacía social.
Lo que al parecer no deja lugar a dudas es, a juicio de ciertos analistas y de algunos líderes agrarios, que no es posible hablar de una transformación real del sector ni resolver la crisis agrícola, si antes no se establece un marco de democracia política para consensar los cambios. De tal manera que se procese un cambio radical de la relación Estado - sociedad a través de la figura reforma democrática del Estado, que permita avanzar sus propuestas y contrastarlas con otras.
Yo suplicaría a la Presidencia si puede guardar el orden.
El Presidente: - Queremos llamar la atención de los diputados recordándoles que estamos en un debate de suma trascendencia y pidiéndoles que por favor se sirvan guardar la compostura para que este debate tenga el mejor desarrollo posible. Continué el orador.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Por otro lado, ya señalamos que de prevalecer la tendencia de modernizar la agricultura, trasformando la propiedad social es esencialmente privada, seríamos testigos de significativos desplazamientos hacia las áreas urbanas.
Dijimos también que existe la tendencia a multiplicar las empresas maquiladoras, precisamente utilizando parte y sólo aparte, de la fuerza de trabajo barata, cuyo excedente se incrementará con tales desplazamientos. Ambos elementos, además de generar mayores desequilibrios sectoriales, entre el campo y la ciudad y más derroche de recursos naturales, provocarán un impacto sensible en las ciudades pequeñas, medianas y grandes, cuyas condiciones generales son ahora de por sí críticas.
Que se sepa, el modelo de desarrollo vigente, no plantea soluciones sustanciales a este respecto, en el sentido de modificar la concepción industrialista y de mega - ciudades. Sólo plantea el reacomodo del país hacia el capital financiero, especialmente el de Monterrey, ¿Será coincidencia?
La bandera y proyecto económico de Salinas, el tratado de libre comercio, es algo más que cambiar el modo de producción, es cambiar toda nuestra cotidianidad y cultura. El urbano, afectará, entre otras cosas, la vivienda, el medio ambiente y el propio espacio urbano y si no, que le pregunten a Camacho Solís sobre los proyectos del Centro Histórico.
La reforma al 27 constitucional nos depara, no tan sólo cambios a la Ley de la Reforma Agraria, a la Ley de Fomento Agropecuario, a la Ley de Crédito Rural, a la Ley de distritos de Riego, al Banco Nacional de Crédito Rural, entre otras, sino también cambiará las leyes de turismo, como ya que alguien de aquí lo anunció, cambiará las
leyes de Asentamientos Humanos, de Vivienda, de Bienes Nacionales, de la comisión para la regularización de la tenencia de la tierra, los organismos de vivienda , la Ley de Servicios y Banca, etcétera. pero además no tan sólo cambiará las leyes sino las estrategias del gobierno en las instituciones.
Por ejemplo, ya están privatizando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y ya están desapareciendo Fondo Nacional de Habitación Popular. También se incorporarán nuevos procesos productivos, nueva tecnología, por ejemplo en la vivienda, etcétera.
Por eso nosotros y nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática votará en lo particular en contra de esta reforma al tercer párrafo del artículo 27 constitucional y sin embargo, como queremos tentar la voluntad política del partido en el poder, nosotros vamos a dejar una propuesta en la Secretaría.
El partido de la Revolución Democrática, en base a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, propone la adición al texto vigente del párrafo tercero del artículo 3o. constitucional, en su parte final que ha sido redactado por el investigador universitario Armando Bartra: "en caso de no localizarse tierras susceptibles de ser afectadas, tendrán derecho a que se les dote de empleo remunerativo mediante la creación o ampliación de empresas asociativas de carácter ejidal".
Nosotros sabemos, porque estamos escuchando y viendo que aquí es un diálogo de sordos, que aquí nadie escucha porque ya traen consignas de parte del ejecutivo, nosotros sabemos que esta reforma va a afectar al pueblo de México. Sin embargo, la pregunta es: ¿existen entonces otras alternativas para un nuevo modelo de desarrollo que permita mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo? Y nosotros decimos que la respuesta es que relativamente sí, cuando consideramos que al menos algunos intelectuales, ciudadanos y activistas del movimiento urbano popular y ecologista, empiezan a pronunciarse por cuestiones tales como la democratización de la ciudad, como condición necesaria para que cualquier propuesta de reforma urbana y de planeación integral, sea realmente posible.
Además se ha anticipado la propuesta de ruralizar la ciudad, en sentido de abrir y crear espacios para que los pobladores improductivos se vuelvan productores de sus propios satisfactores básicos, con lo cual se reintegrarían e incorporarían a su contacto con la naturaleza trastocando así y de raíz los actuales valores individualistas.
La iniciativa ciudadana y la autogestión urbana al seno de los movimientos populares, han demostrado que la inventiva individual y colectiva, es una riqueza inagotable que podría y coadyuvar esencialmente a acuñar nuevos conceptos, ideas, diseños y prácticas para recuperar y después transformar la ciudad, sin menoscabo del desarrollo tecnológico industrial, siempre y cuando también sea alternativo y sin entrar en contradicción entre los derechos ciudadanos a una vida digna entre los cuales se incluye el derecho a un ambiente sano.
Habrá quienes quienes piensen aquí que nosotros estamos soñando y quizá así sea. Sin embargo, vale la pena preguntarse si el tiempo futuro es tan finito como para cancelar la posibilidad de que así no sea. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Rafael González Pimienta, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rafael González Pimienta: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea:
La iniciativa enviada por el Presidente de la República, en su párrafo tercero fue ampliamente revisada en comisiones y debatida, por eso este párrafo sufrió ninguna modificación en su contenido.
En lo que hace al reparto agrario de la tierra, en lo que hace a puntualizar la derogación de las fracciones que se refieren a todo el procedimiento de instauración de expedientes y del procedimiento para la dotación de tierras, se ha insistido mucho, se debatió bastante en el seno de las comisiones y el día de ayer nuestro partido precisaba con mucha claridad cómo el fenómeno del reparto masivo de la tierra ha sido un instrumento para buscar justicia en el campo a los solicitantes de tierra, pero también ha dejado muy claro nuestro partido que este proceso no puede y no debe seguir en forma indefinida. No debe seguir en forma indefinida porque el reparto masivo de la tierra, desde hace varios años no se ha podido llevar adelante; el reparto masivo de la tierra desde hace varios años es una figura que cada día da más trabajo encontrar las tierras afectables.
Quienes de algún modo, ligados a organizaciones campesinas, a grupos solicitantes de tierras,
hemos tenido que luchar al lado de los propios solicitantes, podemos darnos cuenta de cómo este proceso es cada día más difícil. Podemos precisar que prácticamente a lo que se ha concretado la autoridad agraria en los últimos años, ha sido a dictaminar algunos expedientes, pero fundamentalmente a ejecutar resoluciones presidenciales de años y regímenes anteriores.
Este proceso, por eso en la iniciativa se amarra con el rezago agrario; por eso nuestro partido se pronuncia porque el rezado agrario sea el compromiso para sacar adelante los expedientes que se encuentran instaurados en las diversas instancias de la acción agraria.
Existen muchas resoluciones presidenciales que no han sido ejecutadas por tener amparos concedidos por la corte a los particulares; existen muchas resoluciones presidenciales que no han sido ejecutados por ser materialmente imposible ejecutarlas. Por eso, nosotros pensamos que en la medida que el rezago agrario sea un programa claro, que dé cara a las organizaciones campesinas que de cara a los grupos solicitantes, se establezca con compromisos puntuales para su desahogo, en esa medida nosotros estaremos llevándole mayores beneficios a esa gente que tiene muchos años esperando, esperando que le hagan justicia con el reparto de tierra.
La iniciativa, pues, plantea que el reparto de tierra seguirá para culminar con el rezago agrario y sí plantea con mucha precisión que lo que termina en este momento, de aprobarse la iniciativa, es la instauración de nuevos expedientes para no hacer crecer esta carga que genera falsas expectativas en los hombres del campo.
Existen en este momento más de 800 resoluciones presidenciales que no se han podido ejercitar; existen más de 5 mil expedientes que tienen que llegar a una resolución definitiva, ya sea positiva o negativa por la autoridad competente; existen expedientes instaurados en las comisiones agrarias mixtas y en el Cuerpo Consultivo Agrario. Hay acciones de dotación, ampliación de tierras, de nuevos centros de población, de incorporación de tierras al régimen ejidal, de restitución de tierras, y de confirmación de bienes comunales; existen también miles de expedientes producto de todo el historial agrario que tienen dictamen negativo.
Y he aquí un punto importante para que revisemos, compañeros, en lo que la Acción agraria debe ser en el rezago agrario. La práctica de la autoridad agraria, durante muchos años era sacar sólo los dictámenes positivos y algunos ni siquiera ejecutarlos. La práctica era que los expedientes negativos los mandaban al archivo, y desde 1984, la práctica agraria fue que los expedientes negativos por la vía de dotación, se revertían inmediatamente a nuevos centros de población.
Por eso, esta carga de los 21 mil ó 20 mil ó 26 mil expedientes, de los que cada quien los maneja según el número que quiere expresar, son prácticamente expedientes muertos, expedientes en archivo. Aquí, lo importante de este trabajo del rezago agrario, porque mucha gente que encontraba una resolución negativa buscaba por otro grupo reacomodarse en algunos de los derechos vacantes, en algunos núcleos, o buscaban incorporarse en otro grupo solicitante, en terrenos que tenían mayor posibilidad de afectar.
Por eso este rezago agrario, para nosotros como partido, para nosotros como organización, la Confederación Nacional Campesina, que está ligada a la lucha por la tierra, a la lucha de los solicitantes, es tan importante desahogar. Por eso, nosotros creemos que es importante el que el rezago agrario culmine con estos expedientes y culmine con una serie de acciones que le den certidumbre a los hombres del campo.
El rezago agrario contemplará seguramente además de esta acción dotatoria, la expedición de certificados de derechos agrarios. Habrá que revisar los expedientes de ejecución de todas y cada una de las resoluciones presidenciales. Habrá que realizar la elaboración y aprobación de planos definitivos y entregar la carpeta básica a cada una de las comunidades y a cada uno de los ejidos, que es la demanda permanente de las autoridades ejidales.
Además, en el rezago agrario habrá de entrar algo que en el ámbito de la tenencia de la tierra rural, aparte de la pequeña propiedad, del ejido y de la comunidad, existen posesionarios de terrenos nacionales y que en muchos casos, en la mayoría de los casos, guardan una identidad absoluta con los minifundistas ejidatarios o con los minifundistas pequeños propietarios.
Habrá pues que regularizar dentro del rezago agrario, todas estas posesiones que se encuentren dentro de la ley. De la misma manera, en el rezago agrario tiene que quedar completamente regularizada la totalidad de las colonias agropecuarias existentes en el país. En el rezago agrario tendrá que quedar algo que es fundamental, concluido y que es altamente prioritario para cumplir con las disposiciones que esta iniciativa tendrá y es la de poner al día los derechos sucesorios
de más de 3 millones de ejidatarios y comuneros legalmente reconocidos.
Es importante, compañeros, entender este problema en todo lo que ha implicado la historia de la lucha por la tierra. Es importante, compañeros, precisar un dato, simplemente para ilustrar el por qué el rezago ha ido acumulando toda esta necesidad.
El rezago agrario empezó en el gobierno de Venustiano Carranza. El presidente Carranza publicó 326 resoluciones presidenciales y ejecutó en su gobierno sólo 188. De allá empieza el problema del rezago agrario y allá empiezan muchas de las angustias, muchos de los peregrinares de los compañeros que buscan un pedazo de tierra para resolver su problema; gente que seguramente las organizaciones en las que militan habrán de estar atentos a que sus expedientes culminen en la instancia que la ley reglamentaria prevea en su momento; gente que de no obtener el acceso a la tierra porque del monto de los expedientes debemos imaginar que si hablamos de otro tanto de los ejidos insaturados, si tenemos más de la mitad del terreno del país en manos de ejidos y comunidades, lo menos que podemos pensar es que habrá expedientes negativos, expedientes positivos.
Pero habrá, compañeros, seguramente, acción de las organizaciones políticas de las organizaciones que han expresado su preocupación por ayudar a cada uno de estos grupos solicitantes, como lo hace la organización nuestra, para encontrar, junto con los gobiernos locales, municipales y de la República, soluciones a cada uno de ellos.
Por eso, nuestro partido, compañeros, habrá de votar en favor del dictamen en sus términos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra en contra, el diputado Miguel León, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Compañeras diputadas; compañeros diputados:
Ayer en la discusión en lo general, más de 20 diputados de mi partido, incluido yo, tocamos con claridad cuál era nuestra posición con respecto al fin del reparto agrario.
Otros compañeros van a subir a hablar de este asunto.
Yo quiero tocar un tema que considero que ha sido tocado muy poco en esta discusión afortunadamente ya un compañero de mi partido lo inició y es el tema ecológico, que está claramente incluido en el párrafo tercero del artículo 27.
A fin de controlar los efectos ambientales negativos que la introducción de nuevos modelos tecnificados pueden ocasionar en el desarrollo productivo del campo, es necesario reconocer que la producción rural requiere una nueva racionalidad ambiental.
No puede suponerse aquí que el proyecto de reformas, que la iniciativa que ayer se votó, que la compactación de superficies, el crecimiento de las inversiones, la transferencia y generación de tecnología o la asociación entre campesinos y los dueños del dinero, vayan a evitar los daños ecológicos que hoy existen en el medio rural.
Nadie puede negar aquí estos daños. Una innumerable cantidad de ríos en este parís, se encuentran contaminados; una enorme cantidad de bosques y selvas se encuentran depredados, la tierra erosionada crece día con día, mes con mes, año con año, en este país.
Y tampoco nadie puede negar que la tecnología que ha llegado vía importación, fundamentalmente de Estados Unidos, ha creado una enorme cantidad de problemas ecológicos en el campo mexicano.
Todos sabemos que una considerable cantidad de fungicidas e insecticidas que allá están prohibidos, en nuestras parcelas se usan de manera cotidiana; todos sabremos que las agroindustrias ubicadas junto a los ríos de nuestro país han generado una enorme contaminación de éstos.
Todos tenemos claro que las maquiladoras que se han instalado en nuestra frontera norte, no han tenido el más mínimo respeto hacia nuestro medio ambiente. Nosotros reconocemos que el reparto de tierras de mala calidad ha inducido un deterioro de superficies que no son las más aptas para el cultivo, el pastoreo, o la extracción forestal. Aquí quisiera decir dos cosas.
Primero. El Estado mexicano año tras año, ha preferido ampliar la frontera agrícola sobre la base de desmontes, para dar tierras a campesinos, a afectar de manera directa tierras de buena calidad en manos de grandes latifundistas.
Segundo. Todavía en la cuenta pública de 1990, bajo el programa de Solidaridad, en una gran
cantidad de rincones de este país, este programa subsidió desmontes para hacer crecer nuestra frontera agrícola. Esta forma de reparto en los últimos años sobre la base de tierras de mala calidad, ha creado deterioro de superficies; sin embargo éste y otros fenómenos nos han dependido tanto de las formas de propiedad, como del modelo de desarrollo con que se realiza la producción rural en este país aquí quisiera ser muy claro con una tesis que ya manejé el día de ayer. Son los ejidos y las comunidades de México, las que de manera clara y precisa muestran un respeto hacia el medio ambiente y acostumbran medidas de tipo económico y productivo, que toman en cuenta, de manera clara, no inducir el deterior del medio ambiente.
La experiencia nos dice que el ejido y la comunidad no son depredadoras, pongo a manera de ejemplo, que en una gran cantidad de ingenios azucareros de este país, fueron precisamente las asociaciones ejidales las que introdujeron la norma de utilizar el control biológico para sus cultivos.
Es cierto que en este párrafo, tercero viene incluido el asunto del respeto al medio ambiente, pero en este párrafo tercero se plantea un crecimiento sostenido que nosotros consideramos insuficiente; planteamos que de manera clara en el propio Artículo 27, debe de quedar establecido que en la ley reglamentaria que esta Cámara habrá de discutir, se definan claramente las formas de producción que especifique en forma concreta y precisa ese respeto hacia el medio ambiente.
En la iniciativa que ayer aprobó en lo general, se plantea solamente el problema del desarrollo y a nombre del desarrollo en este país, un número muy grande de recursos naturales muy preciados, que incluso son únicos en el planeta, han sido depredados.
Por eso nosotros creemos que se debe de introducir, aparte del concepto de desarrollo, también el concepto de la "Conservación" como dos conceptos íntimamente ligados e inseparables.
Hoy la conservación sólo se intenta y esto lo quiero dejar bien claro, sólo se intenta en las pequeñas zonas que han sido convertidos en áreas protegidas en este país, pero fuera de ellas la depredación el deterioro del medio ambiente son cuestiones cotidianas.
Se me puede decir aquí que si en el párrafo tercero ya está contenido en cierta medida la cuestión ecológica, no es necesario que especifiquemos que tiene que ser incluida también en la ley reglamentaria. Pero, compañeros, esta parte del párrafo tercero que incluye la cuestión ecológica ya estaba contenida ahí desde hace muchos años y no sirvió, no funcionó de ninguna manera para evitar ese deterioro.
Por eso, nosotros planteamos que a este párrafo tercero se le adicione otro párrafo que diga claramente que en la ley reglamentaria, que con respecto al artículo 27 esta Cámara habrá de discutir, quede especificado en forma precisa ese respeto al medio ambiente.
Mi propuesta concreta es que en el párrafo tercero, después de donde dice:".. Las demás actividades económicas en el medio rural...", se incorpore:"...las leyes reglamentarias indicarán las formas adecuadas para el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo a un ordenamiento territorial que permita el desarrollo sustentado de los mismo". Esa es mi propuesta, compañeros. La entrego a la Secretaría. Es todo y muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Merino Castrejón, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
El diputado José Merino Castrejón: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna a solicitar el apoyo para que en los términos en que las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Reforma Agraria, hemos presentado el dictamen correspondiente a las reformas al artículo 27 constitucional, quede tal cual el párrafo tercero, porque después de haber sido analizado y estudiado profundamente en las comisiones, nos damos cuenta que es un párrafo fundamental contenido en el 27 constitucional; párrafo fundamental que habla desde el derecho que tiene la nación de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. En él menciona la organización del trabajo colectivo de los ejidos y las comunidades, habla de la relación urbana y rural, habla de la ecología habla fundamentalmente de la tendencia de la relación en las actividades productivas.
En él se establece claramente que termina el reparto agrario y esta parte ha sido uno de los motivos de discusión fundamentales, que el día de ayer muchas horas se argumentó para que no quedara en los términos en que en este párrafo se esta señalando.
Han hablado de los partidos de oposición los compañeros Jorge Oceguera, martín Tavira,
Rigoberto Arriaga, el compañero Miguel León y han expresado distintos argumentos. Todos ellos hablan de que va a haber...
El Presidente: - Señor diputado, permítame por favor. Permítame compañero diputado.
Una vez más la Presidencia quiere llamar la atención a los compañeros diputados, porque el ambiente que está imperando en esa sala es impropio del debate que estamos llevando acabo y resulta realmente frustrante que los compañeros oradores contemplen que casi nadie les pone atención a lo que están exponiendo.
La presidencia ruega a todos los compañeros diputados tratar de tomar sus asientos y de tomar la actitud que se requiere para el buen desarrollo del debate y aquellos que tengan asuntos que tratar, por favor les solicitamos muy atentamente se sirvan tratarlos fuera de este salón de sesiones para que impere el ambiente indispensable para debatir y atender razones. Gracias.
Adelante, diputado.
El diputado José Merino Castrejón: - Gracias, señor presidente.
Comentaba que los oradores que me antecedieron, de los partidos de oposición, hablan de que se va a presentar descapitalización, Que Hubo insuficiencia en el diagnóstico y que va a haber incertidumbre jurídica y deterioro en las condiciones de vida.
Nosotros consideramos que se ha hecho un diagnóstico suficiente y que además las condiciones no es porque se vayan a dar todas estas razones expuestas, sino porque se dan ya a partir de que se presenta la crisis en el campo. Seguramente las condiciones de 1910, de 1915 y 1917 ya no son las mismas que las de 1991. Que somos ahora una población que ha crecido en ocho veces y que ahora la sociedad rural que lo era en su inmensa mayoría a principios de siglo, lo es urbana en nuestros días.
Que las condiciones en las que se desarrolló el campo, fueron condiciones en que a partir de la dotación de la tierra y del trabajo de ella se fueron transfiriendo todo tipo de recursos del sector primario al sector industrial y al sector terciario de la economía. Que de esta misma manera nunca regresaron estos recursos al campo y por lo tanto hoy está descapitalizado; no se va a descapitalizar. Hoy ha trasladado todo tipo de recursos, incluyendo los recursos humanos, al descampesinizar a gran parte de su población para convertirla en grupos marginados de las ciudades.
Esto es lo que se pretende revertir con una tendencia en la cual, si seguimos con las mismas condiciones, si no le ponemos ya en freno a esta crisis, no estaremos afrontando con verticalidad y con honestidad lo que es nuestra responsabilidad histórica.
Ayer se argumentaron, en aspectos generales, todas estas razones sobre la crisis, sobre el desarrollo del campo mexicano. Pero ahora, al entrar en detalle y en este párrafo tercero del 17 constitucional, donde se habla sobre la organización para la producción, el desarrollo y donde se habla de que termina el reparto agrario, porque se suprime la dotación, es donde queremos nosotros insistir en que ya es posible mantener una expectativa que solamente ha pausterizado al campo y ha dado como consecuencia lo que también señalaban los oradores que me antecedieron, las condiciones de deterioro ecológico en las ciudades, las condiciones de trasferencia de una sociedad rural a una sociedad urbana, las condiciones en las cuales quien se descampesiniza no regresa al campo, pero sí en la tendencia de encontrar un salario fijo, se ha quedado como grupo marginado de las ciudades.
Ahora se pretende revertir, ahora con estas medidas pretendemos que se recapitalice el campo, que retome su función el medio rural y que en el término más amplio del medio rural se desarrolle con todas las actividades que brinda la tierra a través de sus posibilidades reales.
En el reparto agrario y en la historia del reparto agrario se han repartido las tierras aptas para las actividades agropecuarias y forestales, pero también se han repartido tierras que incluso en las propias resoluciones presidenciales se han marcado con el nombre de tierras de mal país, en donde no sirven para actividades agropecuarias y solamente es un cumplimiento de una obligación, porque está en la ley, pero que no tiene un sentido real desde el punto de vista de reactivación de la economía.
Si esto fuera solamente, como se ha señalado aquí, una tendencia a la privatización o a suprimir la propiedad social, no tendría ningún sentido si no fuera parte, como lo es, de una estrategia de reactivación del sector rural; esto significa que no solamente se da la opción en libertad, en autonomía y democráticamente, para que los hombres del campo decidan su propio destino en organización y en producción, sino también se implementa conjuntamente todo un programa
de apoyo, para que esto pueda realmente realizarse en los términos que están considerados en la programación del desarrollo rural del país.
Creemos que con las condiciones en que se han plasmado y discutido ampliamente el día de ayer y esta mañana, que con el texto que contiene este párrafo tercero, si con esta base encontramos el equilibrio en la relación del medio rural, y el medio urbano si encontramos las formas de organización y desarrollo del campo, si con ello preservamos la ecología y el medio ambiente, sin con ello terminamos definitivamente con la expectativa del reparto agrario, habremos dado un avance fundamental en la vida del país y habremos sentado las bases que nos permitan entrar a una nueva etapa de relaciones de intercambio entre el sector primario, el sector industrial y el sector de servicios, para ya no seguir transfiriendo todos los recursos del campo a la ciudad, todos los recursos del sector agropecuario y forestal a la industria, e incluso a los servicios, hasta llegar a trasladar su población rural a una población marginal urbana, que creyendo que obtendría su empleo seguro en la industria, fue a dar los servicios, desde los más formales, hasta los más informales, como hoy nos encontramos en todas las calles de las principales ciudades del país.
Esto es lo que se pretende revertir, esto es lo que pretendemos ya detener y cuando hablamos de la crisis es porque hablamos de una crisis que no se está provocando, como aquí se ha manifestado, sino de una crisis que se dio desde mediados de los años sesenta y aunque se le hayan inyectado recursos a la economía campesina, no ha podido ésta restituirse, en la medida en que guarda las mismas tendencias y el mismo esquema de deterioro.
En esas condiciones combatimos en 1915 y 1917 al latifundio, hoy tenemos que combatir al minifundio, hoy tenemos que reorganizarnos en unidades productivas realmente consolidadas, con capacidad de producción y de organización para la producción del campo. De otra manera, seguiremos manejando la utopía de que estamos entre una propiedad privada y una propiedad social, a ver cuál tiene mejores condiciones de desarrollo en un esquema de un sistema económico en el cual no tenemos más que ser realistas, fríos y concretos; detengamos expectativas que ya no tienen sentido, démosle sentido al proyecto de los propios campesinos de México que no tienen ninguna deuda de que hacer; sencillamente tenemos que crear las condiciones para que opten con autonomía por las distintas formas de asociación y de organización. Pero sobre todos no demos más expectativas de reparto agrario y de un reparto, que en el vertiginoso crecimiento de la población, hos ha dado solamente el minifundio, en donde no podemos sembrar, en donde no podemos invertir y en donde no podemos fincar esperanzas de desarrollo del país.
Estas son las razones por las cuales pedimos el apoyo de todos los diputados de esta Legislatura para que este párrafo en estos términos sea el sustento fundamental para detener expectativas, ya no viables de reparto agrario; encontremos el equilibrio entre la vida urbana y la vida rural, encontremos el desarrollo a través de la organización de la propiedad privada, de la propiedad ejidal y comunal que aquí queda señalada, consignada y asignada a ellas como tres formas concretas de organización del campo, quedan muy claras sus funciones y su capacidad de organización productiva.
Estas son nuestras razones, si ha habido un análisis, si ha habido una profunda preocupación porque esto tenga una respuesta y si en este momento el Ejecutivo Federal está mandando esta iniciativa afrontando la crisis que desde los sesenta venimos arrastrando, tenemos que reconocer que más vale afrontarla hoy y no perpetuar más una crisis que nos podría traer consecuencias nefastas si no tenemos la sensatez para detenerla sencillamente en afanes populistas.
Hoy se está dando una respuesta con realismo, hoy se está siendo objetivo y se ha tenido el valor de afrontar algo de lo cual se sabía que habría muchas opiniones en contrario, pero que hay que afrontarlo porque una crisis no es buena o mala porque se presenta, sino cómo se resuelve. Si se prolonga, hace daño a la sociedad que la padece; si se afronta, de su solución depende en estos términos, del 27 constitucional, que comencemos a sentar las bases fundamentales del nuevo desarrollo del campo mexicano. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado. Tiene la palabra en contra, el diputado Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente, señoras y señores diputados: El tema del ejido en zonas urbanas es un tema que fue menospreciado de la consulta que se hizo aquí mismo durante las sesiones de la comisión, es un tema importante y tenemos una propuesta que quisiéramos hacer para que formara parte de lo que es el cuerpo de esta iniciativa.
"La fundación y expansión de las ciudades ha tenido por norma general la ocupación del suelo en propiedad social; en este ámbito la legislación agraria predominó sobre cualquier tipo de regulación urbana, en tanto la iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional aunque no incluye cambios relacionados directamente con la legislación en materia de asentamientos humanos, sí tendrá efectos trascendentales en esta dimensión. La ocupación y venta ilegal de los ejidos y áreas comunales es una constante del crecimiento de las ciudades. la falta de reservas territoriales para satisfacer la creciente demanda de suelo que la movilidad de la población genera, ha llevado a urbanizar las zonas de propiedad social colindante con el circuito urbano.
Es así que aparecen innumerables asentamientos irregulares en los lugares menos aptos para ser habitados, lo que se traduce en crecimientos anárquicos y desarticulados de las ciudades.
Desde los años cuarenta, se vive un acelerado proceso de urbanización ,que ha conseguido concentrar a la población en pocos puntos del territorio nacional, que provoca fuertes desequilibrios. La necesidad de regular estos desequilibrios y buscar un crecimiento racional para conseguir la integración equilibrada del sistema urbano nacional, llevó a legislar en materia de asentamientos humanos.
En el ámbito jurídico el régimen agrario constituye el obstáculo para la necesidad de suelo de la población urbana. Los ejidatarios que trafican con sus tierras, utilizan la protección jurídica que otorga una garantía social del régimen agrario, para obtener lucro a costa de las nuevas mayorías urbanas.
El régimen jurídico del ejido, que originalmente ha sido una forma de acceso a la tierra para las mayorías del campo, se ha convertido en una forma de exclusión para las mayorías surgidas en el proceso de urbanización. A pesar de ello, la urbanización irregular ha proporcionado a los sectores populares urbanos un medio de acceso al suelo.
La reforma al artículo 27 establece las condiciones necesarias para que la propiedad social de las zonas urbanas, turísticas y fronterizas, entren a un mercado legal del suelo. Es en estas zonas donde la expansión demográfica y económica ha dado al suelo carácter estratégico, por lo que se han desatado procesos graves de especulación. Frente a estos fenómenos se requiere de formas de regulación que permitan un óptimo aprovechamiento del espacio, ya que la privatización irrestricta de las tierras de los núcleos agrarios con potencial de desarrollo urbano, puede tener efectos negativos, que en los peores casos se traducen en una excesiva pulverización de propiedad o, en el otro extremo, la concentración de la misma.
La fundamentación legal que da la posibilidad de constituir reservas territoriales, podría ser la forma de hacer un tránsito más simple y transparente del uso agrario al urbano, sin que tengan que regularizarse zonas no aptas para el crecimiento y que originan muchos más problemas a las ciudades.
El propio artículo 27 cuando señala: "Se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de los centros de población", pudiera ser explícito en cuanto a la integración de reservas territoriales, de acuerdo a lo señalado en los planes de desarrollo urbano, a las atribuciones de las autoridades locales para intervenir en ese proceso.
Por esta razón proponemos la inclusión del siguiente párrafo: "Cuando la fundación o el crecimiento de un centro de población haga necesaria la ocupación de terrenos ejidales o comunales, los núcleos agrarios respectivos podrán beneficiarse de la incorporación de sus tierras a las reservas territoriales de dicho centro de población. Para tal efecto y con objeto de cumplir los fines establecidos en el párrafo tercero de este artículo en materia de asentamientos humanos y protección ideológica, los núcleos agrarios sólo podrán participar en la urbanización de sus tierras u otorgar a sus miembros el dominio sobre sus parcelas para que lo hagan en forma individual cuando exista un plan aprobado por las autoridades competentes, en el que se asegure la conservación de las tierras con valor ecológico, así como una oferta del suelo suficiente para satisfacer las necesidades del centro de población y, en particular, las relativas a la vivienda popular. hasta ahí la propuesta que dejamos en manos de la Secretaría para que sea tomada por la Presidencia en esta asamblea. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado.
Tiene la palabra a favor el diputado Jesús Medina Lozano.
El diputado Jesús Molina Lozano: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El suprimir la parte de este párrafo tercero se debe fundamentalmente a que éste ya había sido rebasado por una realidad social que ninguno de nosotros podemos negar.
La propuesta de dar por terminado el reparto agrario ha generado algunas reacciones encontradas y ha dado margen para que algunas voces hagan una descalificación general a las reformas al 27 constitucional. En varias regiones en donde persiste la asistencia de latifundios simulados, hablar del fin del reparto es una afrenta a los pobladores locales, sin embargo, la propuesta de reforma deja muy claro que el fin del reparto no significa que se elimina la disposición constitucional de fraccionar los predios que excedan a la pequeña propiedad.
El mismo proceso de la reforma puede convertirse, si se trabaja con cuidado, en la construcción de consensos y en un acicate para resolver justa, rápida y efectivamente los casos dudosos y en conflicto.
El fin del reparto masivo de tierras no cancela el reparto, se culmina porque aquí es muy preciso notar, que rezago no es necesariamente reparto de tierras, actualmente hay una serie de expedientes y una serie de problemas rezagados y todos los que hemos vivido, que vivimos, que nacimos, que vamos a morir en comunidad rural y en el ejido, hemos visto cómo se van repartiendo algunos ejidos sobre otros ejidos, ejidos sobre pequeña propiedad que genera conflictos serios y difíciles de resolver.
También hemos visto con profunda tristeza cómo se reparte a compañeros ilusionados el tener un pedazo de tierra laborable, como le llamamos los campesinos nosotros, la labor y se le reparte eriazo, tierra improductiva y que después de varios años, en algunos casos, en muy contados casos donde se les repartió eriazo y cerro, se encuentra previo esfuerzo y sacrificio de los compañeros campesinos, algunos recursos no renovables que le permiten llenar la ilusión. Todo esto lo conocemos perfectamente bien nosotros y también conocemos los problemas que se suscitan cuando se proporciona una dotación de tierra sobre un ejido ya dotado y también conocemos cuando se les ha repartido papel a los compañeros campesinos y en algunos casos 20, 25, 30, años esperando la tierra y cuando ésta se proporciona, se proporciona sobre algo que ya está dotado.
Es por eso que se hace necesario establecer son claridad en este párrafo, que no es la conclusión del reparto, sino que es la conclusión de un rezago que crea conflictos serios entre los campesinos.
Por ello nosotros consideramos que un reparto así no puede continuar, se reparte papeles, se reparten estadísticas, pero no tierra. La población ha crecido y sigue creciendo y la tierra es finita.
El fin del reparto masivo traerá también mayor certidumbre a la tenencia de la tierra y lógicamente que también permitirá establecer con claridad si verdaderamente muchos grupos de compañeros solicitantes de tierra son dueños efectivamente de lo que se les ha dotado.
A nosotros nos gustaría exponer a ustedes casos concretos sobre este grave problema. Algunos de ustedes habrán escuchado y habrán oído hablar de la Zona de Cevallos en la comarca lagunera y es aquí lo triste de esto, cuando los compañeros se ilusionan por obtener un pedazo de tierra y van a la conquista del desierto, como se ha hecho en muchas partes de la propia región y en muchas partes del semidesierto mexicano. Pasados 10 años enfrentamos la difícil realidad de que extraer el agua a 900 y mil metros de profundidad es casi imposible y que las tierras sin este líquido vital no produce más que desilusión y tristeza para los campesinos.
¿ Es esto un reparto de tierras? ¿Es esto justicia? No, por ello es necesario que establezcamos con claridad que tendrá que darse fin concreto a este problema.
Los campesinos agrupados en organizaciones tenemos que ser más propositivos y flexibles para encontrar una solución a este grave problema.
La afectación de la gran propiedad que aún exista y que se demuestre, deberá ser una posibilidad de reparto para los grupos de solicitantes. Dotar de tierra a todos los solicitantes que ahora existen, sería tener la necesidad de disponer de 1.5 más del terreno agrícola nacional, pero ya no hay más.
Consideramos, pues, que lo que se hace necesario en muchos de estos casos y con esta posibilidad de poder buscar solución a este serio problema, sería ver si en las tierras que va fueron dotadas se pueden encontrar recursos explotables que den una posibilidad de mejorar el nivel de vida de los compañeros campesinos y en muchos casos donde durante 15 ó 20 años hubo desilusion, ahora con la tenacidad y la terquedad de los campesinos hemos encontrado yacimientos de mármol, de bentonita, de ónix, de cantera,
materiales pétreos y que enfrentando al cacicazgo que tenía años explotando esto, los campesinos han podido encontrar mejor ahí, en la explotación de estos recursos una mejor manera de vivir y una posibilidad de obtener una economía más directa para ellos y su familia.
Sin embargo, no todo lo que fue dotado con problemas de rezago, con problemas de límites, con pleitos con los compañeros entre sí, tienen esta posibilidad
Yo preguntaría a ustedes, compañeros diputados, ¿es justo se reparta tierra pobre? ¿Es justo que se reparta cerro árido? ¿Es justo? que se reparta desierto y semidesierto? No es justo.
Por ello nosotros proponemos contundentemente que se dé agilidad, trámite rápido a la culminación del rezago que nos permita también determinar con claridad la situación real del reparto agrario.
Será posteriormente la situación de aclarar si existen excedentes o no para que éstos puedan determinarse para darle cumplimiento a necesidades de otros grupos a quienes les asiste el derecho legal y constitucional de aspirar por un pedazo de tierra, pero que éste será fértil, que ofrezca posibilidades de éxito y no desilusión, como ha sucedido en la mayoría de los casos hasta ahora. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, diputado. De acuerdo al reglamento, vamos a proceder a poner a consideración de la asamblea todas y cada una de las enmiendas que se plantearon en la discusión este párrafo, las cuales serán puestas a consideración una por una y leídas para ser votadas económicamente.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Hildebrando Gaytán Márquez, leyéndola previamente.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia se somete a consideración de la asamblea la propuesta de adición que presenta el Partido Popular Socialista que dice: " El Estado repartirá a los grupos solicitantes las tierras de la superficie afectables, de conformidad con la ley".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados...
El Presidente: - Permítame, permítame.
Favor de proceder primero a leer la propuesta de enmienda que hace el diputado Gaytán Márquez, por favor.
La secretaria A. Irma Piñeiro Arias: - Es ésta, señor Presidente, la que presenta la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, por conducto del diputado Hildebrando Gaytán Márquez y el diputado Rigoberto Arriaga Ruiz. Fue la primera propuesta que se presentó a esta Secretaría.
La repito, señor Presidente. La propuesta de adición es la siguiente:
" El Estado repartirá los grupos solicitantes de las tierras de las superficie afectables, de conformidad con la Ley ".
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Sólo una cosa brevísima, señor Presidente.
Tengo entendido que tendríamos, una vez que la Secretaría por instrucciones de usted da lectura a la propuesta, antes de preguntar en votación económica si se aprueba o se desecha, dar paso a la argumentación a favor y en contra que el propio reglamento establece.
El Presidente: - Queremos pedirle a la Secretaría que lea por un lado el artículo 58 del Reglamento.
La Secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
" Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley representadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes: Primero: se presentarán por escrito y firmadas por sus autores, al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas.
Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
Segundo. Hablarán uno sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición.
Tercero. Inmediatamente se preguntará a la Cámara, si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la Comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada."
El Presidente: - Ahora, por favor, la Secretaría proceda a leer el artículo 125 del Reglamento.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Artículo 125: Leída por primera vez una adición y oídos los fundamentos que quiere exponer su autor, se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión. Admitida se pasará a la comisión respectiva; en caso contrario se tendrán por desechada".
El Presidente: - Procede entonces a poner a votación si se admite o no a discusión y posteriormente, según lo considere la asamblea, procederemos de acuerdo a como se establece en lo relativo a la discusión.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a esta asamblea si es admitida en discusión la propuesta presentada por el Partido Popular Socialista.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría con la siguiente adición.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - La segunda propuesta presentada a esta Secretaría, fue del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y consiste en propuestas complementarias a la del proyecto.
"La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública; cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer en los términos de la Ley Reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, para alcanzar soberanía alimentaria y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
Se declara de utilidad pública la producción de alimentos básicos. La ley establecerá las instituciones y los instrumentos necesarios para dotar a la nación de seguridad alimentaria y garantizar a los mexicanos niveles dignos de nutrición."
El Presidente: - Proceda a tomar la votación.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Gracias. Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe con la que sigue.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Señor Presidente, tenemos en cartera tres propuestas más.
El Partido de la Revolución Democrática, en base a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponen la adición al texto vigente del párrafo III del artículo 27 constitucional que ha sido redactado por el investigador universitario Armando Bartra. Dice:
"En caso de no localizarse tierras susceptibles de ser afectadas, tendrán derecho a que se les dote de empleo remunerativo mediante la creación o ampliación de empresas asociativas de carácter ejidal.
Esta propuesta está firmada por el diputado: Manuel Huerta, del Partido de la Revolución Democrática.
En votación económica se pregunta a esta asamblea si se admite o se desecha la modificación
propuesta por el diputado Manuel Huerta, del Partido de la Revolución Democrática.
Los compañeros diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: -Procede la Secretaría a poner a consideración la siguiente adición.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Con relación a los recursos naturales párrafo tercero, después de; "...las demás actividades económicas en el medio rural". Se incorpora:
"Las leyes reglamentarias indicarán las formas adecuadas para el aprovechamiento de los recursos naturales, de acuerdo a un ordenamiento territorial que permite el desarrollo sustento de los mismos.
Es propuesta del diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.
Se pregunta a la asamblea en votación económica si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe con la siguiente proposición.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se propone la inclusión del siguiente párrafo al proyecto de ley:
"Cuando exista un plan aprobado por las autoridades competentes, en el que se asegure la conservación de las tierras con valor ecológico, así como una oferta de suelo suficiente para satisfacer las necesidades del centro de población y en particular las relativas a la vivienda popular".
Propuesta del diputado Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte. sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutido el párrafo tercero del artículo 27 constitucional.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, esta Secretaría pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el párrafo tercero del artículo 27 constitucional. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El presidente: - Se reserva para su votación nominal al final de todo el artículo en su conjunto.
Está a discusión la fracción IV del artículo 27 constitucional. Proceda la Secretaría a dar lectura a la fracción IV, para normar el criterio de la asamblea.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Dice así: "Las sociedades mercantiles, podrán ser propietarios de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto.
En ningún caso la sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión, que la equivalente a 25 veces los límites señalados por la fracción XV de ese artículo.
La ley reglamentaria regulará la estructura del capital y el número mínimo de socios de esas sociedades y establecerá los medios de registro y control necesarios, para que las tierras propiedad de la sociedad, se ajusten en relación con cada socio a los límites de la pequeña propiedad".
El Presidente: - Se han registrado para la discusión de la fracción IV, los siguientes oradores: Francisco Hernández Juárez, José Antonio Aguilar Bodegas, Patricia Terrazas, Jorge Calderón, Jesús Octavio Falomir, Tomás González de Luna, Juan Campos Vega, Julián Luzanilla, Juan Huesca Pérez, Miguel León. Manuel Muñoz, Juan de Dios Castro, Jorge Torres,
Francisco Javier Alvarado, Rosa Albina Garavito, Jesús Molina, Alejandro Encinas y Fidel Herrera Beltrán.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, en contra.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Mi partido, el Partido Popular Socialista, se manifiesta en contra de las reformas que se plantean en la fracción IV del artículo 27 constitucional, relacionados sobre las sociedades mercantiles por acciones, que se dice, podrán ser propietarios de terrenos rústicos.
Nosotros proponemos que se mantenga en su esencia el texto original aun vigente del párrafo del mencionado artículo 27, introduciendo cambios para mejorarlo.
Esta es la proposición y dice lo siguiente:
"Con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interinos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista presente la siguiente
PROPOSICIÓN
Única. Se sustituye la fracción IV del artículo 27 de la constitución del proyecto del decreto que lo reforma, para quedar como sigue:
Cuarto. "Las sociedades mercantiles por acciones no podrán adquirir, poseer, administrar fincas rústicas; las sociedades de esta clase que se constituyeren para explotar cualquier industria, fabril, minera, petrolera o para algún otro fin que no sea agrícola, podrán adquirir poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión que les señale la ley.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de diciembre de 1991.- Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputados: Francisco Hernández Juárez y Juan Campos Vega."
Dejo a la Secretaría la proposición.
¿Por qué esta propuesta, compañeros diputados? Consideramos, porque si se aprueban las reformas en los términos del dictamen se abrirían aún más las puertas para restablecer el neolatifundismo en México.
Recordemos que antes de 1910 eran precisamente organismos de esta naturaleza los que facilitaron creación de grandes latifundios, que causaron en México grandes injusticias, grandes miserias; grandes pobrezas. Fue necesario realizar una guerra, una revolución, la Revolución de 1910 en la que perdieron más de un millón de mexicanos la vida y precisamente su gran mayoría campesinos.
La Revolución de 1910 no solamente fue para derrotar a un dictador, para restablecer la democracia, no sólo fue para combatir la pobreza, no sólo fue para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, sino fundamentalmente para romper la estructura feudal de la tenencia de la tierra en nuestro país.
Todos sabemos los resultados, compañeros. Esta lucha fue larga y ha sido muy difícil de aplicarla en nuestro país. Desde la Constitución de 1917, la reforma agraria ha tenido muchos enemigos, muchos enemigos; muchos enemigos de fuera y dentro del país, de fuera y dentro del gobierno. Ha ido en zig zag; unos gobiernos lo han impulsado, porque entendieron la esencia de la Revolución y otros la han olvidado y otros a propósito han deseado que fracase.
La situación que ha imperado en el campo en gran medida obedece a la actitud de los que han estado en el poder. Los campesinos en cada elección, en cada tres años o seis años emiten sus votos con la esperanza de que llegue un gobierno que los entienda, que les resuelva sus problemas, que les dote de tierras, que les dé agua, que les dé crédito oportuno y barato; que les cree un sistema de comercialización para hacer a un lado a los agiotistas, a los grandes tiburones del comercio, que son los que se quedan con la mayor parte de los productos agropecuarios.
Siempre votan, repito, con una esperanza, porque muchos también candidatos a diputados, diputados federales, gobernadores; candidatos a gobernadores y presidentes de la República dan esperanza. Pero han pasado ya, como se ha dicho aquí, 73 años y la situación del campo todavía es lacerante, compañeros.
Muchos millones de hermanos del campo, sobre todo indígenas, carecen de tierra, carecen de los servicios más elementales para llevar una vida digna. Carecen de vivienda, carecen de carreteras, carecen de transportes, de escuelas para educar a sus hijos y mejorar las condiciones educativas y preparar los cuadros que desarrollen la agricultura en nuestra patria.
Son precisamente las sociedades mercantiles por acción, las que han contribuido en estas situación lacerante que ha vivido nuestro pueblo y que no ha permitido siquiera desarrollar las fuerzas productivas y muchos menos crear un mercado interno.
¿Cómo va a crearse un mercado interno, compatriotas, si los salarios que ganan los peones agrícolas no les alcanza ni siquiera para comer lo necesario, para llevar una dieta justa que recomiendan los médicos? ¿ Cómo van a estar contentos? ¿Cómo vamos a elevar el nivel de vida de nuestro pueblos, si todavía no se hace justicia en el campo?
¿Si aprobamos el dictamen como viene, compañeros qué va a pasar? Vamos a abrir las puertas para reconstruir el latifundismo en nuestro país. Nosotros sabemos que si eso ocurre, habrán más braceros, habrán más campesinos sin tierras, habrán más analfabetas, aumentará el número de peones agrícolas.
Ayer decía que si se pone en práctica esta reforma en su esencia, compatriotas, las condiciones de nuestro pueblo, el mapa de nuestra patria va a cambiar. Se verán por todos lados grandes concentraciones de tierras y el ejido y las tierras comunales cada día se reducirán.
No ignoramos y nadie puede afirmar en esta tribuna con seriedad que no se va a concentrar la tierra; la tierra va a concentrar, compañeros y precisamente en los polos de desarrollo, en los lugares estratégicos en los lugares estratégicos, ¡ya ha ocurrido en el pasado y está ocurriendo en el presente! Las mejores tierras están en manos de neolatifundistas, de extranjeros, de sociedades de esta naturaleza. Hay muchos ejemplos, compañeros y todo va encaminado por el mismo sentido, del neoliberalismo, la privatización del ejido, la privatización de la tierra, para dizque atraer los capitales y modernizar la agricultura.
Nosotros tenemos ya experiencia, los que vivimos en el campo, los que recorremos el país, los que estamos en contacto con los campesinos y los hemos escuchados con toda atención. Hay muchos ejemplos para ilustrar esta situación.
El Tecnológico de Monterrey ha creado 24 sucursales de ese instituto, precisamente en los lugares, en los polos de desarrollo en donde hay muchos recursos naturales. Ahora si aprobamos esta fracción IV, compañeros, esos organismos, esas sociedades mercantiles se van a apoderar de las mejores tierras. En el pasado así ha ocurrido; sólo para ilustrar a ustedes, compañeros, les voy a recordar un hecho.
En el gobierno del licenciado Echeverría, mi partido, el Partido Popular Socialista, denunciamos el acaparamiento de 108 mil hectáreas de tierra, ubicadas precisamente en un lugar estratégico, como lo estoy diciendo, de Jesús Carranza a Matías Romero está el río, parte del Río Coatzacoalcos y el Río del Corte, a los lados de este río estaban las 108 mil hectáreas de tierra acaparadas precisamente por una asociación de este tipo, pero en manos de extranjeros. Gracias al licenciado Echeverría, que entendió nuestra denuncia, esas tierras fueron recuperadas.
Pero, ¿por qué precisamente en esa región acapararon estas tierras? Porque nunca han cejado en su intención de hacer el canal de Tehuantepec, se estaban preparando compañeros y así va a ocurrir en el futuro.
No podemos tampoco olvidar cómo está la situación en las ciudades donde existen latifundios urbanos, es lacerante la situación, lacerante porque hay miles y miles de mexicanos que nacieron aquí y no tienen si siquiera tres o cuatro metros cuadrados para enterrarse, ni muchos menos ocho metros o cuatro metros donde pasar la noche, compañeros, miles y miles de mexicanos existen sin vivienda porque hay concentración de la tierra urbana, igual va a suceder en el campo, compatriotas. ¡Recuerden bien eso que les estoy denunciando, ustedes todos los días lo ven!
Hoy en la Prensa se anuncia que murieron veintitantos mexicanos de frío, ¿por qué murieron? Porque no tienen vivienda, esos son los efectos del acaparamiento de la tierras urbanas y que ha impedido que se construyan casas con fines sociales, compatriotas y lo mismo va a ocurrir en el campo, tal vez los campesinos no se mueran de frío, porque saben ya resistir, están curtidos pero se van a morir de hambre, compañeros.
Otro hecho importante que quiero señalar en estos mismos días: los Chimalapas ya están siendo recorridos por norteamericanos, están ya escudriñando las selvas, las mejores selvas que nos quedan en el sureste. Si se aprueba esta ley, compañeros, no va a tardar mucho tiempo que estos recursos tan ricos, tan enormes, estarán en manos de extranjeros y no en manos de chiapanecos y de oaxaqueños, que ahora los poseen.
Por eso, compatriotas, yo les hago un llamado revolucionario para que desistamos de crear estas asociaciones mercantiles por acciones y
aprobemos la proposición que yo les hago a nombre de mi partido. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente:
En realidad es un problema de discusión lingüística, voy a hablar en contra de la redacción actual de la fracción IV de la propuesta de reformas al artículo 27 constitucional y voy a hablar a favor de algunas modificaciones que están propuestas. Pregunto, antes de continuar, señor Presidente, lo cual es poco ortodoxo, si está así previsto, en el orden de oradores.
El Presidente: - Bien, puede hacer uso de la palabra, estaba anotado en contra, pero sí puede hacer la intervención como usted lo desea.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Esa bien, más allá de discusiones lingüísticas, voy a intervenir.
En ocasiones anteriores, tanto en intervenciones generales que presentamos a la consideración de esta soberanía relativo al problema global del artículo 27 constitucional, como en el aspecto específico ya de comentarios que hicimos sobre subsidios agrícolas y sobre otros puntos, alertamos a los legisladores de que la discusión sobre las sociedades mercantiles para el sector agropecuario, o mejor dicho la aprobación de que se constituyeran sociedades mercantiles para el sector agropecuario con facultades para ser propietarios de terrenos, tenía implicaciones esenciales que modificaban el modelo de desarrollo rural en nuestro país.
No se trata, por tanto, de una sola propuesta de efectos marginales, tiene implicaciones, podríamos llamar, con propiedad, estratégicas en nuestro modelo de desarrollo rural, a pesar de que discrepamos y lo dijimos con claridad, con el otorgamiento de facultades a las sociedades mercantiles para ser propietarios de terrenos rurales, hubo ya y lo asumimos como un hecho, una votación en lo general aprobatoria del proyecto de decreto elaborado por las comisiones unidas.
Considerando por tanto, el que este proyecto de decreto fue aprobado ya en lo general y pese a que nuestro partido expuso su cuestionamiento a dar facultades a las sociedades mercantiles para actuar en el sector agropecuario, una vez tomando en cuenta que este proyecto en lo general ya fue aprobado y omitiendo los argumentos que dimos anteriormente, quisiera referirme a algunas limitaciones que proponemos, de capital importancia para impedir que estas sociedades mercantiles sean el vehículo para una desnacionalización y para una desintegración de nuestra República. Un punto central es el siguiente:
Ha habido en numerosos oradores una reiterada mención, esto ha sido muy importante en oradores del Partido Revolucionario Institucional, de que hay que crear seguridad a inversionistas para el campo y además ha habido una mención respecto a economías de escala y a una necesaria revolución técnica.
Nuestro punto de vista aquí es el siguiente: hay dos concepciones sobre economía de escala, una, la defendida por las empresas transnacionales y las corporaciones gigantes como Unilever, Carhill, Continental Grane, Nestlé o Carnation, que han constituido en Estados Unidos y algunas veces en Brasil, ranchos gigantes incluso de 50, 60 mil, 100 mil hectáreas o más de 100 mil hectáreas, dedicadas a la explotación agrícola o explotación ganadera o de otro tipo.
En Texas, en Arizona y Nuevo México, en algunos estados del centro norte de los Estados Unidos, existen como modelo rural dominante este tipo de rancho de 50, 100 mil hectáreas o más y hay corrientes de pensamientos en agronomía que postulan que éste es la vía correcta para lo que ellos denominan economías de escala.
Por otra parte y en otro momento ya lo comentamos en discusión de comisiones unidas, particulares en la comparecencia del profesor Carlos Hank González, hay una escuela de pensamiento de la mayor importancia y que tiene que ver directamente con el debate en el que estamos y con la fracción IV que estamos discutiendo, que postula que es perfectamente viable y técnicamente más avanzado, desde el punto de vista de las modernas transformaciones biotecnológicas, que postula que la consideración de economías de escala debiera ser situada en un nivel sustancialmente distinto a este tipo de explotación agrícola gigante, que caracteriza al modelo del gigantismo tecnológico norteamericano y estima en explotaciones agropecuarias de dimensión mediana y voy a comentar a qué me refiero, es posible estructurar complejos agrícolas, pecuarios y agroindustriales eficientes, que ahorren energía, que tengan reciclaje de desechos orgánicos y que permitan altos niveles de inversión por hectárea, pero con
sistemas de alta rentabilidad y eficiencia, inscritos en esta revolución biotecnológica.
Y dado que aquí se ha postulado con insistencia que se trata de transformación con cara al siglo XXI nosotros creemos que es perfectamente viable, incluso en la lógica interna del proyecto de reformas ya aprobado en lo general e incluso en la lógica de dar seguridad a inversionistas para que actúen en el sector agropecuario, constituir como dimensión base o tipo de sociedades mercantiles por acciones en el sector agropecuario, entendiendo en una visión de cambio tecnológico, constituirlas sobre una dimensión distinta a las 2 mil 500 hectáreas de riego que se está estableciendo como tope.
Pensamos, conociendo la experiencia de sociedades de este tipo que actúan en la Comunidad Económica Europea, que 500 hectáreas de riego como dimensión tipo o como limitación máxima a la extensión de tierra de sociedades mercantiles, puede ser perfectamente, desde el punto de vista tecnológico y de inversión de capital, una base para consolidar empresas agrícolas de alta eficiencia y productividad, con niveles elevados de capitalización.
Evidentemente, si los vemos en comparación con los ranchos gigantes de Arizona, Texas o Nuevo México, si lo vemos en comparación con los que algunas universidades norteamericanas como de Iowa, por ejemplo, defienden de lo que son economías de escala, 500 parece una cifra muy pequeña que representaría ineficiencia, casi un minifundio empresarial; pero si lo vemos dentro de las consideraciones que en materia de eficiencia y de economía agrícola han hecho otras escuelas de pensamientos y si lo vemos, también en lo que han sido experiencias mexicanas de constitución de empresas agrícolas medianas eficientes, bajo la forma de asociación de pequeños propietarios, cosa que no estaba regulada por la ley pero que existe en Sinaloa y Sonora desde hace años un modesto servidor de ustedes, hijo de agricultores sinaloenses, conoce en este momento explotaciones agrícolas sinaloenses y sonorenses de dimensión mediana que aunque rebasan los términos establecidos por la redacción actual del artículo 27, conozco explotaciones agrícolas de 500 hectáreas bajo formas no reglamentadas de asociación de pequeños propietarios, de muy alta eficiencia, por ejemplo, en la exportación de hortalizas, en producción de hortalizas y legumbres para exportación, donde economías de escala en materia de uso de maquinarias de rentabilización de recursos financieros y de otros tipos, perfectamente, con esta dimensión de 500 hectáreas, pueden ser utilizadas de manera óptima en condiciones absolutamente favorables.
Y conozco otra experiencia, no sólo teóricamente, sino por análisis directo, la experiencia de explotaciones agrícolas empresariales trigueras la región central de Canadá, particularmente en Saskatchewan, en la región de Regina. En esa zona se han constituido desde hace años, empresas agrícolas mercantiles dedicadas a la producción triguera de altos rendimientos, donde la dimensión que algunos investigadores consideran óptima para esas explotaciones agrícolas es precisamente de ese orden, de 500 hectáreas de riego, obviamente medidas por los canadienses en otras equivalencias.
Y puede haber toda una discusión que por respeto al tiempo de los legisladores no quisiera extenderme, que muestra que incluso son criterios empresariales e incluso con criterios de lo que serían economía de escala y modificaciones de economía de escala, es perfectamente viable constituir sistemas agrícolas empresariales de alta eficiencia y productividad en ese tipo de extensiones agrícolas.
Sólo con una concepción muy al estilo de ese rancho gigante norteamericano podría defenderse un tope elevado como éste de 2 mil 500 hectáreas, pero, además, repito que hay otro elemento que no están tomando algunos de los legisladores y líderes campesinos que han pasado a defender este tope de 2 mil 500 hectáreas, que es de vital importancia en el debate, aunque no es jurídico, pero es un elemento económico de vital importancia, que son las tres economías de escala, que es un elemento fundamental.
Cuando hablamos de tres economías de escala, nos referimos a gastos adicionales en energéticos, a gastos adicionales en materia de administración y control y de sistema administrativo, que se origina cuando el gigantismo del modelo industrial o agrícola imperante está induciendo gastos que están desarticulando el sistema en su conjunto y crea, por tanto, una situación donde el crecimiento, más allá de ciertos límites |Óptimos del propio sistema empresarial, crea un efecto donde detrás de una apariencia de eficiencia, hay en realidad enormes ineficiencias.
No es casual que en algunos modernas explotaciones de algunos países europeos, algunas industriales y otras agroindustriales, esté impulsando un modelo absolutamente distinto, que es fraccionar explotaciones agrícolas en módulos autoadministración de dimensiones medianas,
como éste de 500 hectáreas, con su propio sistema agrícola gerencial específico.
Y la razón del fraccionamiento de explotaciones gigantes en estos sistemas autoadministrados, es precisamente para evitar las deseconomías de escala que implica el gigantismo tecnológico.
Quizá alguno de los legisladores les pueden parecer disquisiciones universitarias irrelevantes, pero se trata de la mayor importancia, porque la diferencia entre un latifundismo, neolatifundismo, es lo que estamos en este momento discutiendo, incluso si nos situamos en la lógica interna del proyecto de reformas en lo general que ya ha sido aplicado.
Otro punto de capital importancia; lo referente a la condición de los accionistas. Nosotros somos de la idea y lo sometemos respetuosamente a la consideración de todas las fracciones parlamentarias por este alto conducto que es dirigirnos a la soberanía de esta asamblea y escucharnos, dialogar por este medio.
Nosotros somos de la idea de que ya aunque existe una Ley de Inversión Extranjera y existe un reglamento de esta Ley de Inversiones Extranjeras, es tan tremendamente laxo este reglamento y esta ley y deja enormes lagunas en tanto campos, que es altamente conveniente y, con todo respeto, pedimos a todos ustedes reflexionar sobre este punto: incluir en la norma constitucional una cláusula de nacionalidad para los socios de estas sociedades mercantiles por acciones que se constituyan en el sector agropecuario. Por eso pensamos que las sociedades mercantiles del sector agropecuario debiera estipularse en el texto constitucional que se integren por accionistas de nacionalidad mexicana. Nos parece de vital importancia.
Y una cosa para quienes digan que esto va a impedir el acceso de capitales extranjeros; nosotros estamos por una inversión extranjera regulada y estableciendo prioridades por el propio Estado, pero nada impide a una sociedad mercantil de accionistas mexicanos, negociar a través de sistemas financieros que la banca conoce y algunos a través de otros medios directos, créditos internacionales para financiar proyectos de inversión del sector privado mexicano con inversionistas 100% particulares.
Nada lo impide, es decir es perfectamente posible que una sociedad mercantil por accionistas mexicanos, 100% mexicanos, ingrese en circuitos financieros nacionales e internacionales y reciba, vía sistemas como los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, redescontando créditos internacionales o con recepción de créditos internacionales directos, fondos internacionales para capitalización de empresas mercantiles del sector agropecuario. No es nada nuevo, ha sido hecho durante años por los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura para ciertos sectores y pueden crearse figuras legales financieras para que empresarios mexicanos del sector agropecuario, en unidades mediante como las que estoy proponiendo, reciban recursos internacionales que favorezcan sus sistemas de capitalización.
No es por tanto una precondición indispensable que haya accionistas extranjeros dentro de una sociedad mercantil para que se reciban recursos internacionales; no es una condición indispensable. Perfectamente una empresa 100% mexicana puede recibir recursos internacionales y fortalecer su capitalización sin que sea preciso la incorporación de accionistas extranjeros.
Finalmente, otro punto y otro espectro que omite la argumentación en detalle, la hice ayer, pero esta exclusión de ciudadanos extranjeros en las sociedades mercantiles tendría la gigantesca ventaja de mostrar en el texto constitucional la voluntad del legislador de impedir que empresas transnacionales, aprovechando la figura jurídica de sociedades mercantiles, se apropia de enormes extensiones de tierra.
No quisiera reiterar lo que dije ya el día de ayer respecto a empresas como Uniliver, Cardgil, International Greens, Carnation, Nestlé, Kraft o General Food, que tienen cifras de negocios de más de cinco , 10 mil ó 20 mil millones de dólares y que tienen por tanto capacidad para dominar distritos de riego enteros de este país, si se abren posibilidades legales para su dominio y que puede modificar esencialmente el modelo de desarrollo rural si no se establecen límites a esta inversión extranjera.
Y, finalmente, un aspecto que someto a la consideración... Señor Presidente, muy respetuosamente quisiera rogarle solicite a los presentes orden.
El Presidente: - Señores diputados, se les hace una moción de orden para que pongan atención al orador, para que continúen los trabajos legislativos. Les hacemos esta moción de orden para poder continuar en forma regular.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Muchas gracias, señor Presidente.
Finalmente, un problema; quienes hemos observado de manera atenta la evolución de los últimos años de los sistemas empresariales mexicanos, sabemos que en esta nación existen bases legales para la constitución de sociedades controladoras, comúnmente llamadas "holding".
Cuando hicimos afirmaciones el día de ayer, en el sentido de que podían constituirse sociedades controladoras con numerosas empresas agropecuarias, si se aprueba esta reforma, también en los aspectos de lo particular; cuando dijimos que podían constituirse por ejemplo un "holding" de 20 empresas que controlaran 50 mil hectáreas de riego, lo dijimos con conocimiento de causa, no por una mera afirmación propagandística; sabemos que hay facultades legales para constituir sociedades controladoras de sociedades mercantiles, entonces, donde cada sociedad mercantil mantiene su personalidad jurídica precisa, nodal, pero donde se crean figuras legales, válidas para crear sociedades controladoras.
Y la legislación mercantil faculta a estos empresarios para constituirlas. El problema es que en el sector agropecuario, construir este tipo de sociedades controladoras puede dar pie a un proceso de concentración de la tierra y del capital de proporciones extremas y lo que en el sector financiero ya existe de manera muy importante como constitución de mecanismos asociativos, lo que ha posibilitado por ejemplo, que el grupo Visa o el grupo Vitro, a través de mecanismos de sociedades controladoras, cree "holding" de un enorme peso en la economía mexicana.
En el sector agropecuario, este tipo de sociedades controladoras también puede modificar esencialmente el modelo de desarrollo rural y una sociedad controladora o un grupo pequeño de sociedades controladoras puede controlar todo el sistema de producción agrícola de los valles del Yaqui y mayo, del puerto, del valle de Culiacán, no es una especulación intelectual, es un proceso objetivo.
Por ello pensamos, finalmente, que es perfectamente posible y lo creemos conveniente, que se establezca en el texto constitucional que las sociedades mercantiles, dedicadas al sector agropecuario, debieran estar impedidas, impedidas para integrar sociedades controladoras o integrarse a estas sociedades controladoras. Alguien me dirá, esto va a disminuir su eficiencia. No yo ya argumenté que es perfectamente posible constituir empresas mercantiles del sector agropecuario donde en 500 hectáreas de riego obtengan extraordinarios índices de eficiencia y de productividad. Me apoyan experiencias internacionales y me apoyan experiencias mexicanas y en experiencia que conozco directamente como hijo de agricultores sinaloenses.
En este sentido, yo pienso que sería perfectamente conveniente que los señores legisladores reflexionaran sobre la propuesta que el Partido de la Revolución Democrática presenta a su atenta consideración, de establecer una limitación explícita a la integración de las sociedades mercantiles por acciones del sector agropecuario a sociedades controladoras. En nada bloqueamos la iniciativa del empresariado, en nada bloqueamos la capacidad de innovación de estos empresarios del sector agropecuario, pero sí creamos una limitación constitucional a la creación de enormes consorcios de empresas mercantiles agropecuarias que podrían, repito, dominar extensiones enteras del campo mexicano.
Un punto final que sometemos a su consideración, es el que creemos y escuchamos numerosas intervenciones de los legisladores de la mayoría, que ya hay interés en favorecer mecanismos asociativos del empresariado y del pequeño propietario. Si esto es así, si uno de los objetivos de este reconocimiento a las sociedades mercantiles por acciones para actuar en el campo es favorecer la asociación de capitales privados, creemos que no debiera dársela facultades a las sociedades mercantiles por acciones del sector agropecuario para apropiarse de tierras comunales o ejidales. Si la voluntad es que los pequeños propietarios ya existentes se asocien, bueno, pues que se diga claramente que la base territorial a la base de capitales agrícolas, que se fusionen en estas empresas, debiera ser la de las tierras de propiedad privada.
Por eso creemos que se debe establecer que las sociedades por acciones no deberán constituirse en tierras de origen ejidal y de origen comunal. Si ha sido voluntad explicada por numerosos legisladores, entre otros del Partido Revolucionario Institucional, el que la tierras ejidales sigan siendo tales y solamente se den proceso de reasignación de dominio dentro del ejido, si hay voluntad, como lo han dicho legisladores diversos, que no sean apropiadas por empresas mercantiles, las tierras ejidales y comunales, nosotros pensamos que es perfectamente posible establecer en el texto constitucional una prohibición explícita para que estas sociedades mercantiles por acciones se apropien de tierras ejidales y de tierras comunales.
Y si se quiere entonces mecanismos de eficiencia asociativa, perfectamente podría estimularse que
sean las tierras de propiedades privada las que se incorporen a estas empresas mercantiles y a estas sociedades por acciones.
Por lo anteriormente expuesto, nosotros pensamos que las sociedades mercantiles por acciones si tienen como tope máximo 500 hectáreas, si se establece la condición de que sean mexicanos sus socios, si se define que no podrán formar parte de sociedades controladoras y se define también que no podrán apropiarse de tierras de origen ejidal y comunal, se mantiene el espíritu de una propuesta que da facultades para la constitución de este tipo de empresas pero se crean limitaciones constitucionales de capital importancia para impedir un proceso de concentración acelerada de la tierra y la reconstitución de neolatifundios.
Por lo anterior, sometemos pues, respetuosamente a su consideración, esperando que esta alta tribuna sea base del diálogo.
Termino: sometemos respetuosamente a su consideración estas propuestas.
La diputada Luisa Urrecha Beltrán (desde su curul): - En primer lugar, quería preguntar si va a poner por separado los puntos para poder votar indistintamente en sus propuestas , porque algunas pueden ser aceptables y otras no.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Compañera diputada si usted estima pertinente, para fines de consenso, diálogo y votación, el que nuestra propuesta sea presentada en puntos distintos y votada de manera diferenciada, con mucho gusto nuestra fracción parlamentaria someta a la consideración esto.
La diputada Luisa Urrecha Beltrán (desde su curul): - Bien. Ahora, por lo que respecta al primer punto, considerando que en México ha bajado mucho el ahorro interno y que a lo mejor quienes tienen dinero, algunos no se interesarían en la actividad agrícola, si los que están en la actividad agrícola tuvieran necesidad de financiamiento, ¿cree usted que es más sano que se endroguen en dólares con el riesgo que pudiera haber un cambio en el problema cambiario de tipo de dólares, por una parte y, por otra parte, que es una actividad de alto riesgo, no es mejor poner en riesgo el capital extranjero que se pudiera conseguir para esa actividad, a tener que estar pagando intereses?
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Agradezco la pregunta.
Nuestro punto de vista es el siguiente: como principio pensamos que la economía mexicana en la dimensión que tiene actualmente, genera suficiente ahorro interno como para financiar con recursos propios un programa de expansión económica miltisectorial.
Estimaciones macroeconómicas que hemos realizado nos permiten suponer fundamentalmente que esta nación está generando ahorro interno por un nivel aproximado de 36 mil millones de dólares,36 mil millones de dólares.
El problema es que una parte sustancial de ese ahorro interno ha sido canalizado hacia especulación urbana inmobiliaria, hacia especulación es bolsa de valores que no constituye inversión productiva y generación de empleos por sí misma o hacia fuga de capitales bajo muy diversas modalidades o hacia adquisición de empresas que signifique una simple transferencia de propiedades, donde un sector se va de nuevo hacia el extranjero.
En estas condiciones, voy a tratar de responder puntualmente; ha habido lo que podríamos llamar una mala canalización del ahorro interno y uno de los paradigmas esenciales de la economía contemporánea no se está cumpliendo en México, que es la igualación de ahorro con inversión. Hay un alto nivel de ahorro, pero un bajo nivel de inversión interna y esta diferencial entre ahorro e inversión motiva que esté recurriéndose a un elevado nivel de inversión extranjera para compensar con inversión extranjera a aquel segmento del ahorro interno que no se convierte en inversión productiva dentro de la economía mexicana, sino se va al atesoramiento financiero sobre la agricultura.
Precisamente por este motivo y considerando que ya hoy la propia agricultura, particularmente la empresarial y la agroindustria está generando excedentes, pensamos que la fuente fundamental de financiamiento de las empresas mercantiles del sector agropecuario, en caso de constituirse una vez aprobada esta reforma, debieran ser internas de financiamiento, precisamente por lo que usted dice, por la inseguridad que implica para un inversionista mexicano endeudarse en dólares, cuando puede haber modificaciones abruptas del tipo de cambio que modifiquen todo el esquema financiero.
Sí, yo insistí esta tribuna en que incluso podría recurrirse al crédito externo, no es porque yo esté de acuerdo con el crédito externo, sino para mostrar a aquellos que defienden la inversión extranjera, que incluso bajo este mecanismo
puede haber una forma de acceso a inversión extranjera que no implique la participación de empresas transnacionales en estas sociedades mercantiles, pero evidentemente yo creo que la fuente esencial de financiamiento para nuestras empresas agrícolas, deben ser fuentes nacionales tanto lo que significaría la banca nacionalizada como fideicomisos, especializados para el financiamiento de la actividad agropecuaria, como los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura. Yo creo que debe darse nueva vida a instituciones como los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, pero multisectoriales y con un gran ámbito de acción y con tasas de interés preferenciales, diferenciadas para la expansión de actividades agrícolas.
Y no comparto la idea de que los inversionistas extranjeros debieran ser ellos los que formen aquí sus empresas para que ellos asuman el riesgo de la inversión dentro de México, porque en la práctica, esto ha significado en muchos países de América Latina y México, una forma de trasnacionalización agroalimentaria que ha implicado la pérdida de control nacional de procesos nodales de las cadenas productivas agroalimentarias y por ello es que, aunque hipotéticamente, podría decirse que ellos asumen un riesgo, en la práctica estaríamos ante un peligro de expansión transnacional, porque además, para terminar, porque observo que sólo me quedan 27segundos, señor Presidente y voy a terminar, porque además no son empresas extranjeras medianas y pequeñas el modelo fundamental de transferencia de capitales, de países como Estados Unidos y Europa, a la agricultura mexicana; transnacionales gigantes y eso modifica esencialmente el modelo de desarrollo rural en materia de transferencia de capitales.
No es igual un inversionistas mediano a consorcios transnacionales como Unilever y lo pongo como ejemplo, porque existe y porque ya compró una planta de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares que no tuvo ningún problema en desembolsar, en un día 70 millones de dólares y comprar de contado la planta de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares que está en Tultitlán. Este tipo de empresas modifica todo nuestro modelo de desarrollo rural.
El Presidente Presidente: - Señor diputado. Jorge Calderón: Su tiempo ha terminado, le solicitamos concluya usted su exposición.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Terminé, me extendí por una pregunta que me formularon, pero con mucho gusto concluyo mi intervención ¿Sería todo, muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Patricia Terrazas, del Partido Acción Nacional.
La diputada Patricia Alina Terrazas Allen: - Señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
Dice una sentencia bíblica que todo árbol se conoce por sus frutos. Y los mitos en el campo mexicano, han lastimado la dignidad del hombre trastocando su libertad y la justicia. Estos mitos han producido frutos de injusticia y corrupción, causas de la indignación social en la que se vive en el campo mexicano.
La irresponsabilidad y el abuso, han sido causas de la injusticia donde el sector productivo al que pertenezco, ha sido el soporte de los demás factores de la población.
El diputado Diego Heriberto Zavala Pérez. (desde su curul): - Señor Presidente: solicitamos atención a la oradora para que continúe con su exposición.
El Presidente: - Se les hace una moción de orden, señores legisladores. Estamos discutiendo uno de los artículos fundamentales de nuestra Carta Magna; les solicitamos escuchen con atención a la oradora para que continúe con su intervención.
La diputada Patricia Alina Terrazas Allen: - Esta injusticia, aunada a una planeación y de una política económica inadecuada e incongruente con los esfuerzos de los productores del campo, han sido el resultado de la ineficiencia de las institucionales del sector agropecuario y de los hombre que la dirigen. Dichas personas han jugado con el campesino y logrado su control político utilizando al ser humano como carne electorera y explotando así al hombre y no a la tierra.
Estas realidades han traído como consecuencia, la pérdida de la fe. El hombre del campo ya no cree en nada. Programas de gobierno van y vienen pero el campo y sus problemas son cada vez más graves.
En este momento histórico de reforma al artículo 27 de nuestra Constitución, no olvidemos que el cambio profundo e histórico lo están produciendo los campesinos de todo el país, que por medio de sus denuncias y de su lucha sobre todo en esta última década, han sabido manifestarse con valentía y dignidad.
Quedan en la historia de los archivos de Gobernación, las innumerables tomas de oficinas,
de bancos oficiales, los dramáticos ayunos, los bloqueos de carreteras, las marchas incansables y los sufrimientos en las cárceles.
Estos son los hechos que han obligado al gobierno a tomar las propuestas de Acción Nacional, para llevar al campo la justicia y la libertad.
Compañeros legisladores. El reclamo de nuestra conciencia como representantes de la nación, es rescatar para el hombre del campo la justicia y la libertad, recordemos que el al depositar la semilla en la tierra para obtener sus frutos, no lo hace para su exclusivo beneficio sino para el de toda la nación, prepara la tierra, la cultiva y al hacerlo eleva su condición humana.
Por eso yo exhorto a esta digna asamblea, a que eliminemos de este acto histórico nuestras diferencias, en el campo a todos nos necesitan en forma solidaria.
Desde 1940 Acción Nacional en su programa mínimo de acción política, estableció que para resolver el problema del campo mexicano se debe fomentar las relaciones de justicia, seguridad y armonía es preciso establecer normas legales y constitucionales que permitan la libre asociación de los agricultores.
Por eso consideramos de gran beneficio, sino se desvirtúan, que se promuevan las sociedades mecantiles - agrícolas, pues bien, si el sector oficial agropecuario nos falla en el cumplimiento de sus programas, nosotros los productores no podemos fallarnos a nosotros mismos.
También los hombres del campo debemos asociarnos con aquellos que cuentan con la visión y capacidad en otras áreas para poder alcanzar juntos el éxito; trabajar con habilidad, inteligencia y debidamente asesorados, incluso con la participación de los inversionistas extranjeros que se sometan a nuestra legislación, para así poder incursionar en un mundo moderno, cada vez más competido, con infraestructura y tecnología, para enfrentar los restos de la apertura comercial, para que estas sociedades respondan a las exigencias de los productores agrícolas, es nuestra responsabilidad vigilar, se prevean en la ley reglamentaria todos aquellos aspectos que los protejan.
Se requiere afianzar la seguridad para el pago oportuno y precios justos de nuestras cosechas y cuando se trate de comercializaciones en el extranjero, se debe de proteger a los agricultores en contra de los abusos.
Además se debe regular la inversión extranjera en el campo mexicano, porque al no hacerlo correremos riesgos graves, el propio inversionista extranjero prefiere reglas de juego claras.
Señor Presidente de la Cámara de Diputados: en nuestro carácter de diputados federales de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo establecido por el Artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos someter a la consideración de la honorable asamblea, por su atento conducto, la siguiente propuesta de adhesión y modificación al segundo párrafo que en la fracción IV del artículo 27 constitucional, así como la adición de un tercer párrafo a esta misma fracción, para quedar en los siguientes términos:
Cuarto, párrafo segundo: "En ningún caso las sociedades de esta clase, podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales, en mayor extensión que la respectiva equivalente a 25 veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo.
La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan con cada socio los límites de la pequeña propiedad.
En este caso, toda propiedad accionaria e individual, correspondiente a terrenos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades".
Párrafo tercero. "La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción.
Compañeros diputados, con mi pensamiento en la urgente reivindicación del campo mexicano, que no debe alimentar con suficiencia, agradezco su atención y su apoyo para la adición propuesta".
Señor Presidente, hago entrega a la Secretaría de esta propuesta de adición.
Nuestro compañero, licenciado Juan de Dios Castro, fundamentará algunos de estos agregados. Gracias. (Aplausos).
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Pido la palabra en los términos del 100.
El Presidente: - Se concede la palabra en los términos del artículo 100 de nuestro Reglamento, al diputado Juan de Dios Castro, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Desde que recibimos y tuvimos conocimiento del texto de la iniciativa presidencial, considero que una de las fracciones del artículo 27 que mayor preocupación causó a todos los grupos políticos del país y a todos los ciudadanos, fue precisamente esta fracción IV del artículo 27, que se refiere a las sociedades mercantiles.
Ciertamente en los términos en que se había planteado la iniciativa, quedaba abierta la posibilidad para que las sociedades mercantiles pudieran acumular enormes extensiones de tierras agrícolas.
Bien es cierto que va a haber una ley reglamentaria puede establecer en su articulado límites a la extensión territorial de esas sociedades. Pero era importante establecer un límite en el texto constitucional para evitar que la ley secundaria pudiera, en un momento dado, ser lo bastante flexible para que las sociedades mercantiles tuvieran la posibilidad de tener enormes extensiones de tierras agrícolas.
Se estableció el límite que ya conocen todos ustedes, los límites señalados en la fracción XV, que puede agradar a unos y no agradar a otros, pero tenía, era necesario establecer un límite en el texto constitucional.
Pero no era suficiente, señoras y señores y no era suficiente por la sencilla razón de que la sociedad mercantil tiene una personalidad jurídica distinta de sus socios. Y un socio, en un momento dado, podía formar parte de una de dos, de 10 ó de 20 y en un momento dado, a través de personas jurídicas diferentes, distintas, se podría también correr exactamente el mismo riesgo.
Es por eso señoras y señores, que mi compañera diputada ha planteado las adiciones a la fracción IV del artículo 27 en su párrafo segundo, que dice, por si se perdió..., se perdió de la fatiga, en la fatiga de este tipo de sesiones: "La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan, en relación con cada socio, los límites de la pequeña propiedad". hasta ahí el dictamen.
Ciertamente se establecía, en cuanto al número de socios, la limitante de no exceder los límites de la pequeña propiedad pero seguía abierta la posibilidad de que hubiera otro tipo de sociedades.
Por eso, por eso la adición a este. a este párrafo. Una adición que introduce un tipo de acciones, cuando dice: "En este caso toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo".
"Asimismo... "Este es un tema distinto, es el problema de la inversión extranjera, un problema que ya en este momento controla y regula la ley, la ley que regula la inversión extranjera en el país. Pero ciertamente era necesario que la Constitución ordenara, fuera imperativa, para que cuando se dicte la ley secundaria, necesariamente se establezcan las condiciones para regular la participación en dichas sociedades.
Por eso la adición: "Asimismo la ley señalará las condiciones para la participación extranjera de dichas sociedades".
Pero no basta con eso, señoras y señores y tendremos un debate muy complejo cuando se dicte la Ley de Reforma Agraria, si es que se le da el mismo nombre, código agrario, ley agraria, ley reglamentaria, como ustedes quieran llamarla El problema es que aunque se dice que las sociedades por acciones, sobre todo las anónimas; ya no son anónimas, por lo nominativo de los títulos - las acciones son nominativas -, por la existencia del registro; quien tenga idea de los medios de transferencia de este tipo de títulos de crédito - sería materia de otro debate -, se establece ciertamente una dificultad enorme para rastrear la transferencia de acciones.
Por eso, en el párrafo tercero, la adición: "La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción". Muchas gracias, señoras y señores. (Aplausos).
El Presidente: - Tiene la palabra, el diputado José Antonio Aguilar Bodegas.
El diputado José Antonio Aguilar Bodegas: - Señor Presidente; honorable asamblea:
En estos días que hemos discutido tan acaloradamente los términos de la reforma al artículo 27, resalta como uno de sus principales elementos el que uno de los objetivos básicos de esta reforma es reactivar económicamente al campo.
Aquí, distintos grupos parlamentarios han expresado, con una gran objetividad, el deterioro del sector agropecuario. Nosotros aceptamos y no negamos el deterioro general del sector agropecuario, pero también creemos que debe considerarse y reconocerse que tanto la economía en su concepto rural, como la economía, en particular, del sector agropecuario, ha tenido un repunte muy importante.
El sector agropecuario, que prácticamente permaneció en un estancamiento de 1980 a 1990, durante 1991 presenta cifras que nos permiten establecer que tendrá una tasa anualizada de crecimiento del 7%, una tasa que es mucho mayor que está registrando en este momento el crecimiento de la economía en su conjunto.
Reconocemos también que el sector más afectado por la crisis ha sido el sector agropecuario y reconocemos que la afectación del sector se debe a su falta de capitalización, a su dependencia extrema del financiamiento y a la reducción del gasto real de inversión del sector público.
Sabemos que es muy difícil compartir un criterio afín respecto a las causas de la crisis de las economía mexicana y, en particular, la del sector agropecuario. Para nosotros la causa fundamental de esta crisis fue el desequilibrio de las finanzas públicas. En 1982 el déficit del gasto público total fue del 17%, incrementando por la caída de los precios del petróleo y para 1991 sabemos ya que este déficit será del 1.3% del producto interno bruto.
Se ha planteado, por distintos grupos parlamentarios, en esta tribuna, que la reactivación del campo debe hacerse sólo con recursos públicos, pero nosotros creemos que el pasado nos ha dado lecciones muy drásticas a ese respecto. El pasado nos ha enseñado que la reactivación del sector agropecuario, dependiendo de recursos públicos de manera única, es una falacia. Sabemos que un mayor gasto público nos llevaría a la generación de inflación, sabemos también que esa inflación nos va a llevar a elevar las tasas reales de interés y sabemos que el campo mexicano tiene como su principal fuente de crecimiento el financiamiento; esto lo que haría es provocar de nueva cuenta una inflación que vendría a proporcionarnos un establecimiento en el crecimiento del sector público.
Nosotros consideramos que es necesario que el campo mexicano tenga recursos complementarios al gasto público y que los tenga, incluso, en mayor medida que los mismos recursos del financiamiento público.
Creemos que puede lograrse una reactivación en el campo que sea productiva y no inflacionaria. Creemos que podemos confiar en tener una reactivación en el campo que genere empleos y no que expulse masivamente a los trabajadores del campo. Creemos y queremos que la regeneración del campo sea una reactivación que aumente los ingresos reales y no que volvamos a caer en falacias de incrementar ingresos nominales, pero también precios nominales.
Creemos nosotros que la reforma posibilita la creación de las sociedades mercantiles en su operación en el campo y en su adquisición de tierra. Creemos, como aquí también se ha expresado por el diputado Juan de Dios Castro, que este aspecto es de los medulares de la reforma al artículo 27, porque estamos seguros de que las sociedades mercantiles en el campo pueden ser y son las figuras indicadas para atraer la inversión adicional que el campo requiere. Son figuras asociativas, flexibles, ágiles, que tienen una aplicación universal y son figuras asociativas que sin lugar a dudas pueden propiciar lo que hoy necesitamos en el campo de México, la asociación de ejidatarios y pequeños propietarios entre sí y la asociación de grupos capitalistas que deseen incorporarse a la actividad productiva a través de los productores en el campo o a través de acciones que ellos mismos pudieran llevar a cabo en forma directa.
Creemos que las sociedades mercantiles por acciones pueden ser una vía muy efectiva y muy rápida para tener la capitalización en el campo; creemos también que son las sociedades mercantiles vehículo para que podamos incorporar tecnología al campo para que incorporemos manejo de mercado y algo que es fundamentalmente necesario en la actividad agropecuaria mexicana: capacidad gerencial en el campo.
Sabemos que las sociedades mercantiles en el campo pueden tener riesgos, compartimos las preocupaciones que el diputado Calderón ha expresado aquí en la tribuna, no queremos sociedades mercantiles que puedan propiciar latifundios o que puedan propiciar acumulaciones de tierra o de capital simulados, pero creemos que las ventajas de las sociedades mercantiles son más que sus riesgos; creemos también que el anonimato que existe en la sociedad mercantil pero que no se da para efectos fiscales es una garantía para que podamos con seguridad combatir la posible integración de latifundios a raíz de la creación de una sociedad mercantil.
Creemos que las sociedades mercantiles pueden ser el gran instrumento que reactive el gran instrumento que reactive el gasto del campo e incorpore,
como ya expresó, tecnología e incorpore capital e incorpore manejo de mercados e incorpore capacidad gerencial. Estamos, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional totalmente de acuerdo con lo que aquí ha expresado el diputado Juan de Dios Castro en los términos de qué tipo de modificaciones habría que hacer al texto constitucional para que las sociedades mercantiles garanticen cumplir con ese texto y no que pudiera provocarse una desviación con la participación de las mismas en el campo.
Pero también queremos señalar otras cosas que aquí no se han dicho, creemos que todas las fracciones parlamentarias debemos reservarnos una participación sumamente responsable en la integración de las leyes reglamentarias. Hay cosas adicionales al riesgo que significa la acumulación de tierras en las sociedades mercantiles o en la participación de las sociedades tenedoras de acciones, controladoras o "holdings" o como se denominan. Sabemos, porque hemos estado analizando con un sentido muy crítico la reforma, la reforma, que la ganadería podría ser una actividad que en el enmarcamiento de las sociedades mercantiles por acciones presentaran riesgos muy grandes de acumulación de tierras; creemos que en las leyes reglamentarias debemos ver con una gran atención este aspecto y establecer que dentro de la Ley Reglamentaria se defina que la ganadería para tener participación, de sociedades mercantiles por acciones, deba ir implícita con un compromiso de reducir los índices de agostadero a través de inversiones de mejoramiento territorial y de innovaciones tecnológicas en el campo; de lo contrario en estados del norte de la República en donde los índices de agotadero son hasta de 40 y 50 hectáreas por cabeza de ganado, una sociedad mercantil llegaría a tener legalmente una acumulación de tierra muy distinta a su actividad productiva, que podría llegar a generar problemas muy serios, sociales y políticos, en cualquier entidad federativa.
Asimismo nos preocupa mucho lo que el diputado Calderón ha expresado, referente a la creación de sociedades de control de acciones o de sociedades en el campo, pero creemos que por la diversidad que el campo mexicano implica, creemos que por la especificidad que tendríamos que llevar a cabo en esa normatividad, es un tema que debe abordarse en la ley reglamentaria. Creemos que en un enunciamiento general, éste adolecería de una serie de precisiones que son necesarias.
Finalmente queremos referirnos a que también coincidimos en que la inversión extranjera o la posibilidad de la participación de la inversión extranjera en sociedades mercantiles en el campo, deben estar analizadas con una gran profundidad y deben llevarse en su reglamentación a las leyes reglamentarias, estableciendo con una gran claridad los términos de su participación y los límites o posibilidades de su adquisición de terrenos en la nación.
Finalmente queremos mencionar el por qué creemos que los enunciados en el texto constitucional no deben ser limitativos.
México es un mosaico de circunstancias y si en alguna parte de México se da esta diversidad, es en el campo.
Nosotros hemos tenido experiencias recientes, en las que se establece con una gran precisión que sociedades o inversionistas extranjeros y nacionales, no tienen propiamente la intención de adquirir tierra, lo que a ellos les interesa es asociarse en la producción, asociarse en lo que se llama comúnmente una agricultura por contrato.
Yo soy diputado por el estado de Chiapas, por el V distrito con cabecera en Tapachula, una región sumamente rica en recursos agropecuarios, con una gran tradición cafetalera, en producción de plátano, que son los principales sustentos de su economía. Actualmente tanto en el sector ejidal como en la pequeña propiedad se están dando ya importantes pasos con grupos inversionistas extranjeros, para poder tener asociaciones de capital para la producción, pero ellos abiertamente han expresado su no interés en tener participación en adquisición de la tierra.
Yo creo que éste es un tema que no podríamos generalizarlo a toda la República. Por ello consideramos, en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la diputación campesina, que este tipo de discusiones deben reservarse para las leyes reglamentarias. En ellas tendremos todo el espacio, o debemos tenerlo, para que con toda precisión establezcamos límites, mecanismos y en sí toda la integración de actividades que deben llevarse a cabo.
Finalmente y con el marco que les he expuesto, ratificamos nuestra similitud en criterios y análisis con lo que aquí se ha expresado por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, coincidimos con los términos en que propone la modificación al texto de la iniciativa y coincidimos también en que todos los demás aspectos deben ser analizados en la ley reglamentaria correspondiente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra en contra el diputado Alejandro Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Aprovechando la presencia en esta Cámara del doctor Luis Téllez, subsecretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que sin lugar a dudas habla muy bien eso de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y estar pendiente el Ejecutivo de la discusión de esta iniciativa, quisiera aprovechar presentar en concreto las propuestas de adición y de modificación que nuestro partido ha hecho a esta fracción IV del artículo 27 constitucional, a ver si aprovechamos la presencia del Ejecutivo o de un representante del Ejecutivo, pues pudiéramos encontrar un espacio para llegar a un acuerdo.
En primer lugar y atendiendo la sugerencia de los compañeros del Partido Acción Nacional, hemos dividido nuestra propuesta, en lugar de ir avanzando en la búsqueda de consenso, pero creo que en el ambiente priva una preocupación por la forma en que deben de implementarse las sociedades mercantiles. Más aún, nosotros estaríamos en la disposición de hacer un esfuerzo por encontrar una redacción común, para que las fracciones parlamentarias pudiéramos concretar una redacción definitiva de esta fracción IV.
Como lo planteó mi compañero Jorge Calderón, la idea de limitar en lo fundamental la superficie que pudieran concretar las sociedades mercantiles hasta cinco veces los límites permitidos en la pequeña propiedad, vale el sentido de promover y fomentar de manera efectiva el desarrollo, no solamente de inversiones, sino de tecnologías avanzadas que permitan la producción intensiva y frenen algunas actividades que, como es el caso de la ganadería extensiva, han depredado seriamente algunas de las regiones productivas del país.
Repito, la idea de limitar a sólo cinco veces la extensión de tierras que pueden concentrar las sociedades mercantiles, a nuestro juicio, es un elemento que puede promover y fomentar el desarrollo de tecnologías extensivas para incrementar la productividad y frenar el desarrollo de prácticas productivas que, como es el caso, de la ganadería extensiva, desarrollan el deterioro, muy importante, de zonas forestales, como es el caso de las selvas tropicales o de zonas de uso agrícola que, por problemas de la limitación que tiene el caso de las unidades ganaderas, provocan que se impidan la reconversión de la actividad ganadera a la actividad agrícola.
Creo que será un primer candidato que nos permitirá empezar en un nuevo diseño, no solamente de paquetes tecnológicos, sino desarrollo de áreas productivas regionales, aplicada a la vocación producida del suelo en cada una de las regiones del país.
Como también queremos avanzar en la aplicación de una serie de propuestas que reglamenten desde el mandato constitucional las sociedades mercantiles, toda vez de que a nuestro juicio la reforma deberá crear certidumbre en lo que debe establecerse en la Ley Reglamentaria. En ello coincidimos con el diputado Juan de Dios Castro, éste es uno de los temas nodales de la reforma y creemos que el legislador debe asumir un compromiso para crear una certidumbre, no solamente en torno a la Ley Reglamentaria, sino una certidumbre en torno al diseño del proyecto que se va a implementar en esta nueva etapa de la vida rural del país.
En ese sentido, nosotros creemos que gastos de equidad claramente son debilitados, no solamente los límites a la superficie que pueden concentrar.
Coincidimos con Acción Nacional en el sentido de que se debe de limitar la superficie que los socios, por acciones de estas sociedades, pueden concentrar en una sociedad o en más, que participan de diversas sociedades de este tipo.
Y coincidimos en el planteamiento de que en ningún caso, ninguno de los accionistas esté en una o en varias sociedades mercantiles, pueda exceder el límite establecido a la pequeña propiedad. Creo que sería muy importante que quedara plasmado en la iniciativa.
Pero también estamos en la idea de frenar al máximo la posibilidad de la concentración desmedida de la tierra y en ese sentido, hemos planteado una restricción a la concentración de tierras impidiendo establecimiento de consorcios, mejor conocidos en la legislación mexicana como controladoras de sociedades mercantiles, con lo cual creo que pudiera generarse un mecanismo que impidiera la concentración desmedida.
Y finalmente hemos reiterado de que las sociedades mercantiles no se establezcan en tierras que tengan origen ejidal y comunal, máxime cuando aún no se ha terminado con el rezago
agrario y máxime cuando existe una ley reglamentaria que permitiera definir cuál va a ser la reglamentación y la regulación a la que se va a someter el proceso de enajenación de las tierras ejidales.
Creo que estos cuatro candados garantizarían no solamente certidumbre, sino también la posibilidad de encontrar un consenso importante en esta Legislatura En ese sentido vamos a presentar en concreto las propuestas de modificar al párrafo segundo de la fracción IV, la cual a nuestro juicio debería quedar de la siguiente manera:
"Párrafo segundo. en ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la equivalente a cinco veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura del capital y el número mínimo de socios de estas sociedades y establecerá los medios de registro y control necesarios para que las tierras, propiedad de la sociedad, se ajusten en relación con cada socio a los límites de la pequeña propiedad".
Y la propuesta de adición de un párrafo tercero a esta fracción IV, que quedara de las siguiente manera:
"Las sociedades mercantiles se constituirán con accionistas de nacionalidad mexicana, ninguno de los cuales podrá exceder los límites establecidos en la fracción XV de este artículo, independientemente de que participen en otras sociedades similares las sociedades mercantiles estarán impedidas para integrar sociedades controladoras de sociedades mercantiles. En ningún caso las sociedades por acciones podrán constituirse en tierras de origen ejidal o comunal."
Dejamos la propuesta separada del articulado en la Secretaría y estamos en la disposición de escuchar propuestas que nos permitieran llegar a un consenso sobre el particular. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Tomás González de Luna, para una proposición.
El diputado Tomás González de Luna: - Voy a abreviar en mi intervención muchos de los aspectos a los cuales tenía interés para fundamentar el juicio o la opinión del Partido del Frente Cardenista en relación a este aspecto tan importante de la reforma, como es la introducción de las sociedades mercantiles.
En primer términos considero, en nombre del Partido del Frente Cardenista, que la introducción de las sociedades mercantiles por acciones, con el atributo de ser propietarias de terrenos rústicos, constituye un elemento fundamental de la iniciativa que el Ejecutivo envía al Congreso de la Unión.
El Presidente: - Compañero diputado, permítame un momento. Hay algunas señales de algunos de los diputados atrás, que dicen que no escuchan. Pedimos que suba su voz y, si el control puede, también mejorar el sonido. Continúe.
El diputado Tomás González de Luna: - Repito, que voy a abreviar muchos de los aspectos a los que iba a hacer referencia en mi intervención, en relación a esta introducción de las sociedades mercantiles en la fracción IV del artículo 27 constitucional, en la iniciativa que el ejecutivo ha enviado al Congreso de la Unión.
En primer término, en nombre del Partido del Frente Cardenista, queremos señalar que nos manifestamos en favor de la inclusión de estas sociedades mercantiles, por estimar que las características de México en la actualidad exigen nuevas normas en la regulación de la legislación constitucional y la legislación agraria respectiva, pero queremos destacar que tenemos la coincidencia por lo señalado por el Partido Acción Nacional en el sentido de que muchos de estos aspectos de la modificación, deben ir en el texto constitucional y no en la ley reglamentaria.
Sin duda que hay muchos aspectos de la modificación que implican el reconocimiento de una nueva circunstancia histórica en el país.
La inclusión o bien el desarrollo del mercado interno en el país, constituye un factor fundamental que está presente en la intención del Ejecutivo en la elaboración de esta iniciativa.
La dinamización de la vida económica del campo requiere, sin duda, incorporar a un sector importante de la población como son los campesinos a este mercado. No estamos hablando por supuesto de un libre mercado, sino simplemente del mercado.
Esta inclusión nos lleva a la siguiente consideración: nos encontramos sin duda los legisladores en México con la circunstancia de que la definición de lo que se entiende por "privado" y por "público", tiene una connotación distinta en el México de nuestros días y esta connotación distinta de lo que entendemos por lo "privado"
y lo "público", sin duda que nos debe de llevar a una consideración diferente a lo que existe en el México de nuestros días.
Por otra parte, independiente de esta referencia a este aspecto jurídico, como es que el texto sustancial de la iniciativa este presente en una deposición constitucional por otra parte suscribimos los elementos que señala la posición del Partido de la Revolución Democrática por lo que se refiere a los aspectos económicos que deben estar presentes en la reforma.
Sin duda las limitaciones que se deben establecer para impedir la concentración en pocas manos de la tierra, es un factor fundamental.
Todas esas consideraciones nos llevan a nosotros, al Partido del Frente Cardenista, a considerar lo siguiente:
La necesidad de que las diferentes fracciones de esta Cámara de Diputados, concluyan con un acuerdo de consenso que permita establecer normas y preceptos muy claros para este aspecto de la disposición del artículo 27 constitucional que, sin duda, constituye el elemento central de la iniciativa del Ejecutivo.
Por otra parte, consideramos que hay que tomar en cuenta que esta privatización de las relaciones sociales en el país y que hemos visto en el orden industrial, es un aspecto que se traslada sin duda al aspecto que es fundamental de la vida económica del país, como es la agricultura y el campo.
Y en esta circunstancia sin duda que habrá otras iniciativas que van a redondear todo el mosaico, todo el complejo de las modificaciones que el Ejecutivo plantea al Legislativo en este período de la vida del país.
Con objeto de no ser reiterativo, simplemente señalamos que estos dos aspectos uno en lo jurídico y otro en lo económico, los suscribimos como aspectos fundamentales de esta iniciativa y por parte del legislador, las consideraciones que consideremos centrales. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Abundio Ramírez, para una proposición.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El Partido del Frente Cardenista coincide en que todo tipo de minifundio en este momento histórico del país, no es productivo y que debe buscarse la manera de que el campo produzca.
También queremos manifestar que tenemos serias preocupaciones respecto a la posibilidad de que se dé la acumulación en unas cuantas manos, de parcelas y sea por la vía del rentismo, la compra enmascarada, etcétera.
Nos preocupa también que en la iniciativa no se precisan los límites que impidan el desarrollo del latifundismo o acumulación de tierras por grandes propietarios y caciques.
La exclusiva comercialización de tierras conduce a su concentración y esto de ninguna manera es igual a producción. La pura concentración de tierras no necesariamente, vuelvo a repetir, implica mayor producción, porque puede presentarse la situación paradójica de que el negocio sea comprar y vender tierras y no el de la producción.
La finalidad misma de la reforma propuesta se vería entonces en entredicho. Es por tanto indispensable regular la propiedad rural a partir de esta reforma constitucional, para que funcione productivamente. Este criterio debe abarcar todo tipo de explotación rural. Si establecemos en la Constitución tal disposición, la iniciativa del Ejecutivo sería mejorada, se cumpliría el propósito de dinamizar los factores de la producción y se cerraría el paso a las tendencias especulativas.
Por las anteriores razones el Partido del Frente Cardenista propone adicionar al texto propuesto en la fracción IV de este artículo que estamos discutiendo lo siguiente: "Las sociedades mercantiles no podrán tener como objeto social la compra venta de terrenos rústicos". Gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Fidel Herrera Beltrán, a favor.
El diputado Fidel Herrera Beltrán: - Señor Presidente; honorable asamblea:
Una breve reflexión muy merecida y muy coincidente en la preocupación histórica del Partido Popular Socialista, expresada en esta tribuna por el diputado Hernández Juárez, porque la historia enseña. De ella se recogen experiencias, con ella podemos enfrentar el presente, pero también diseñar el futuro.
Si las sociedades mercantiles de otra épocas significación despojo, ignominia, explotación, lo
que las sociedades mercantiles de fines de este siglo y de este milenio los mexicanos estamos planteando, tienen como propósito ser un instrumento justiciero que contribuyan a crear estas nuevas condiciones de organización del trabajo rural y a impulsar esas nuevas formas innovadoras, modernas, del trabajo en el campo mexicano.
Creemos que se abre aquí una nueva etapa, un compromiso para dirigentes, para todos los mexicanos y los partidos, en la organización, en la conducción de la nueva fuerza de trabajo, de los trabajadores agrícolas que como otras cosas, impulsados por estos mecanismos de asociación productiva, pueden abrir un espacio nuevo en la justa demanda de los mexicanos por acceder a niveles de vida más elevados.
Manuel Terrazas dijo aquí, cuando recordó los repartos de La Laguna, cómo la lucha por la tierra era también la lucha por el trabajo y esta iniciativa plantea, junto a la búsqueda de justicia y de libertad, el derecho a la tierra y el derecho al trabajo.
Nuestra fracción ha escuchado con detenimiento, con gran atención, las exposiciones del Partido de la Revolución Democrática, del diputado Calderón y del diputado Encinas.
Nuestras reflexiones las expuso aquí Aguilar Bodegas, compañero de la mayoría, también con toda claridad. Sólo una en cuanto a límite, podríamos agregar. Se trata, las 25 veces que se proponen en el texto modificado en el proyecto de dictamen, de la extensión máxima que podrían tener las sociedades mercantiles, en tierras diferentes, de calidades diferentes, con estadios de desarrollo tecnológico distinto.
Nosotros creemos que no se justifica tener la tentación de que la gran empresa o que esta empresa o que esta empresa pudiera tener esta deseconomía que se explicaba, porque estamos seguros de que la capacidad de organización y de trabajo de los mexicanos que quieren progreso, van a poder sacar adelante estos proyectos productivos.
Nuestra fracción quiere entonces, con el propósito de pedir a la Presidencia y a la asamblea, poder concluir el debate con relación a la fracción IV, aceptar la propuesta que signada por los diputados: Terrazas Allen, Cristina Hermosillo, Martínez Fourcans y expuesta con claridad por el diputado Juan de Dios Castro, complementa lo que son preocupaciones también de la diputación de la mayoría y al aceptarla, queremos pedir a la Presidencia, consulte a la asamblea si este punto puede quedar suficientemente debatido y proceder a reservarlo para su votación en conjunto, al final del debate.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, por favor.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si considera que está suficientemente...
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Para hechos, señor...
El Presidente: - Tiene la palabra, diputado.
El Presidente: - La información de la Presidencia es que de la lista de oradores se retiraron los oradores que estaban y se agotó la lista con el diputado Fidel Herrera. Es la información de la Presidencia.
Diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Estimados compañeros, seré muy breve, no les voy a quitar su tiempo.
Solamente presentar una sugerencia, solicitud o petición de que las distintas fracciones parlamentarias pudieran reconsiderar la pertinencia de en este momento votar el párrafo específico de la fracción IV. Hay un conjunto de argumentos, entiendo, por la última intervención, que hay un proceso de concertación algunas fracciones parlamentarias sobre un esquema de redacción; pueden disentir con algunas propuestas que hemos hecho, éste es otro problema.
Pero yo respetuosamente llamo a la consideración de todos ustedes y expreso un punto de vista del Partido de la Revolución Democrática, a que mucho ganaríamos si dedicáramos solamente una cuantas horas más a una reflexión razonada y a una concertación de los diferentes grupos parlamentarios, que nos permita definir de manera más precisa, los términos de las propuestas que vamos a votar en este pleno de nuestra Cámara. Muchas gracias.
El diputado Fernando Ortiz Arana (desde su curul): -Señor Presidente. Nosotros estamos de acuerdo en que la propuesta se diera mañana, como lo plantea el señor diputado Calderón.
El Presidente: - Sométalo la Secretaría a la asamblea, si está de acuerdo en que el día de mañana procedamos a poner a consideración las
enmiendas propuestas y la redacción final en que quedaría la fracción lV.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: -En votación económica, por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si acepta que se posponga para mañana la consideración de las propuestas hechas por las diferentes fracciones parlamentarias que subieron a esta tribuna a presentarlas
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...Aprobada, señor Presidente.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
El Presidente: - Esta Presidencia acaba de recibir dos oficios de la Cámara de Senadores. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con ellos antes de proceder a levantar esta sesión.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene minuta proyecto de Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 5 de diciembre de 1991.- Senadores secretarios: Antonio Melgar Aranda y Salvador Sánchez Vázquez.»
«MINUTA
PROYECTO DE LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura y se aplicará en todo el territorio nacional en materia de fuero federal y en el distrito Federal en materia de fuero común.
Artículo 2o. Los órganos dependientes del Ejecutivo Federal relacionados con la procuración de justicia llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procediéndose para:
I. La orientación y asistencia de la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de las garantías individuales de aquellas personas involucradas, en la comisión de algún ilícito penal.
II. La organización de cursos de capacitación de su personal para fomentar el respeto de los derechos humanos.
III. La profesionalización de sus cuerpos policiales.
IV. La profesionalización de los servidores públicos que participan en la custodia y tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención o prisión.
Artículo 3o. Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido.
No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencias únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentes a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.
Artículo 4o. A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días, multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta. Para los efectos de la determinación de los días multas se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal.
Artículo 5o. Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3o., instigue, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.
Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido.
Artículo 6o. No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.
Artículo 7o. En el momento en que lo solicite cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por perito médico legista; y en caso de falta de éste, o si lo requiere además, por un facultativo de su elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el primer párrafo del artículo 3o. , deberá comunicarlo a la autoridad competente.
La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor del detenido o reo, o un tercero.
Artículo 8o. Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba.
Artículo 9o. No tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante una autoridad policiaca; ni la rendida ante el ministerio público o autoridad judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del traductor.
Artículo 10. El responsable de alguno de los delitos previstos en la presente ley estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, en que hayan incurrido la víctima o sus familiares, como consecuencia del delito. Asimismo, estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los prejuicios causados a la víctima o a sus dependiente económico, en los siguientes casos:
I. Pérdida de la vida;
II. Alteración de la salud;
III. Perdida de la libertad;
IV. Pérdida de ingresos económicos;
V. Incapacidad laboral;
VI. Pérdida o el daño a la propiedad, y
VII. Menoscabo de la reputación.
Para fijar los montos correspondientes, el juez tomará en cuenta la magnitud del daño causado.
En los términos de la fracción VI del artículo 32 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, el Estado estará obligado subsidiariamente a la reparación del daño.
Artículo 11. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes. Para la determinación de los días multa se estará a la remisión que se hace en la parte final del artículo 4o. de este ordenamiento.
Artículo 12. En todo lo no previsto por esta ley, serán aplicables las disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de fueron común, y para toda la República en materia de fuero federal; el Código Federal de Procedimientos Penales; el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y la Ley Reglamentaria del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1986; pero deberá continuar aplicándose por los delitos cometidos durante su vigencia, a menos que el acusado manifieste su voluntad de acogerse a la presente ley.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, 5 de diciembre de 1991. - Senador Presidente Artemio Iglesias Miramontes; senadores secretarios: Antonio Melgar Aranda y Salvador Sánchez Vázquez.»
Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, 5 de diciembre de 1991.- El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
CÓDIGO PENAL Y CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES FEDERAL Y PARA EL DISTRITO FEDERAL
La secretaria situada A. Irma Piñeiro Arias:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 5 de diciembre de 1991.- Senadores secretarios: Antonio Melgar Aranda y Salvador Sánchez Vázquez.»
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículo 51 primer párrafo ; 55; 70; 90 fracciones I inciso A, VI, VII y VIII; 160 primer párrafo; 162 primer párrafo; 173 primer párrafo; 176; 178; 182; 185; 187; 194 fracción II párrafo segundo, tercero y cuarto; 226; 243; 247 primer párrafo; 248; 249 primer párrafo; 279; 280 primer párrafo; 282 primer párrafo; 289; 336; 336 - bis; 341; 380; 386 fracción I y 399 - bis; se adicionan los artículos 65 con un segundo párrafo; 74 con un segundo párrafo; 173 con un párrafo final y 282 con un párrafo final; y se derogan los artículos 171 fracción I; 177; 184; 186; 190; 255; 256; 306 y 400 fracción I tercer párrafo, del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, para quedar como sigue:
Artículo 51. Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente. Cuando se trate de punibilidad alternativa el juez podrá imponer, motivando su resolución, la sanción privativa de libertad cuando ello sea ineludible a los fines de justicia, prevención general y prevención especial.
...............................................................................
Artículo 55. Cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona o por su senilidad o su precario estado de salud, fuere notoriamente innecesaria e irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad, el juez, de oficio o a petición de parte motivando sus resolución, podrá prescindir de ella o substituirla por una medida de seguridad. En los casos de senilidad o precario estado de salud, el juez se apoyará siempre en dictámenes de peritos.
Artículo 65...................................................................
En aquellos delitos que tengan señalada pena alternativa, en todo caso se aplicará al reincidente la pena privativa de libertad.
Artículo 70. La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes:
I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cinco años;
II. Por tratamiento en libertad, si la presión no excede de cuatro años, o
III. Por multa, si la prisión no excede de tres años.
Para efectos de la sustitución se requerirá que el reo satisfaga los requisitos en la fracción I incisos B y C del artículo 90.
Artículo 74...................................................................
En todo caso en que proceda la sustitución o la conmutación de la pena, al hacerse el cálculo de la sanción sustitutiva se disminuirá además de lo establecido en el último párrafo del artículo 29 de este Código, el tiempo durante el cual el sentenciado sufrió prisión preventiva.
Artículo 90...................................................................
I..............................................................................
a) Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años;
b) a e)........................................................................
II a V.........................................................................
VI. En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los términos de este artículo, la obligación de aquél concluirá seis meses después de transcurrido el término a que se refiere la fracción VII, siempre que el delincuente no diere lugar a nuevo proceso o cuando en éste se pronuncie sentencia absolutoria. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, los expondrá al juez a fin de que éste, si los estima justos, prevenga al sentenciado que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la sanción si no lo verifica. En caso de muerte o insolvencia del fiador, estará obligado el sentenciado a poner el hecho en conocimiento del juez para el efecto y bajo el apercibimiento que se expresa en el párrafo que precede.
VII. Si durante el término de duración de la pena, contado desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito intencional que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que el reo será considerado como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este Código. Tratándose de delito imprudencial, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción suspendida;
VIII. Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el término a que se refiere la fracción VII, tanto si se trata de delito intencional como imprudencial, hasta que se dicte sentencia firme;
IX y X.........................................................................
Artículo 160. A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso.
...............................................................................
Artículo 162. Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso:
I a V..........................................................................
Artículo 171..................................................................
I. (Se deroga.)
II.............................................................................
Artículo 173. Se aplicarán de tres días a seis meses de prisión o de diez a treinta días multa:
I y II.........................................................................
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella.
Artículo 176. Al empleado de telégrafo, estación telefónica o estación inalámbrica que conscientemente dejare de transmitir un mensaje que se le entregue con ese objeto, o de comunicar al destinatario el que recibiere de otra oficina, si causare daño, se le impondrá de quince días a un año de prisión o de 30 a 180 días multa.
Artículo 177. (Se deroga.)
Artículo 178. Al que, sin causa legítima, rehusare prestar un servicio de interés público a que la ley le obligue o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le aplicará de quince días a un año de prisión o de 30 a 180 días multa.
Artículo 182. El que debiendo ser examinado en juicio, sin que le aprovechen las excepciones establecidas por este Código o por el de Procedimientos Penales, y agotados sus medios de apremio, se niegue a otorgar la protesta de ley o a declarar, pagará de 10 a 30 días de multa. En caso de reincidencia, se impondrá prisión de uno a seis meses o de 30 a 90 días multa.
Artículo 184. (Se deroga.)
Artículo 185 Cuando varias personas de común acuerdo procuren, con actos materiales, impedir
la ejecución de una obra o trabajos públicos mandados a hacer con los requisitos legales por autoridad competente, o con su autorización, serán castigadas con tres meses a un año de prisión, si sólo se hiciere una simple oposición material sin violencia a las personas. Habiéndola, podrá extenderse la pena dos años de prisión.
Artículo 186. (Se deroga.)
Artículo 187. Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad pública se le aplicará de tres meses a tres años de prisión o de 30 a 90 días multa. En caso de reincidencia se impondrá siempre pena privativa de libertad.
Artículo 190. (Se deroga.)
Artículo 194 .................................................................
I..............................................................................
II. Si la cantidad excede de la fijada conforme al inicio anterior, pero no de la requerida para satisfacer las necesidades del adicto o habitual durante un término máximo de tres días, la sanción aplicable será la prisión de dos meses a dos años o de 60 a 270 días multa.
III a IV ......................................................................
Se impondrá prisión de seis meses a tres años o de 180 a 360 días multa al que no siendo adicto a cualquiera de las sustancias comprendidas en el artículo 193, adquiera o posea alguna de éstas por una sola vez, para su uso personal y en cantidad que no exceda de la destinada para su propio e inmediato consumo.
Si alguno de los sujetos que se encuentran comprendidos en los casos a que se refieren los incisos I y II del primer párrafo de este artículo, o en el párrafo anterior, suministra, además gratuitamente, a un tercero, cualquiera de las sustancias indicadas, para uso personal de éste último y en cantidad que no exceda de la necesaria para su consumo personal e inmediato, será sancionado con prisión de dos a seis años, o de 180 a 360 días multa, siempre que su conducta no se encuentre comprendida en la fracción IV del artículo 197.
La simple posesión de cannabis o mariguana, cuando tanto por la cantidad como por las demás circunstancias de ejecución del hecho, no pueda considerarse que está destinada a realizar alguno de los delitos a que se refieren los delitos a que se refieren los artículos 197 y 198 de este Código, se sancionará con prisión de dos a ocho años o de 180 a 360 días multa.
...............................................................................
Artículo 226. Al que para hacer efectivo un derecho o pretendido derecho que deba ejercitar, empleare violencia, se le aplicará prisión de tres meses a un año o de 30 a 90 día multa. En estos casos sólo se procederá por querella de la parte ofendida.
Artículo 243. El delito de falsificación de documentos públicos o privados se castigará con prisión de seis meses a tres años o de 180 a 360 días multa.
Artículo 247. Se impondrá de dos meses a dos años de prisión o de 60 a 270 días multa:
I a V....................................................................
Artículo 248. El testigo, perito o intérprete que retracte espontáneamente sus falsas declaraciones rendidas ante cualquier autoridad administrativa o ante la judicial antes de que se pronuncie sentencia en la instancia en que las diere, sólo pagará de 30 a 180 días multa, pero si faltare a la verdad al retractar sus declaraciones, se le aplicará la sanción que corresponda con arreglo a lo prevenido en este capítulo, considerándolo como reincidente.
Artículo 249. Se castigará con prisión de tres días a seis meses o de 30 a 180 días multa:
I a III.....................................................
Artículo 255. (Se deroga.)
Artículo 256. (Se deroga.)
Artículo 279. Se impondrá hasta cinco años de prisión o de 180 a 360 días multa al que, estando unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado nulo, contraiga otro matrimonio con las formalidades legales.
Artículo 280. Se impondrá prisión de tres días a dos años de 30 a 90 días multa:
I a III.......................................................
Artículo 282. Se aplicará sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días multa:
I y II....................................................
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella.
Artículo 289. Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar menos de quince días, se les impondrán
de tres días a cuatro meses de prisión o de 10 a 30 días multa. Si tardare en sanar más de quince días se les impondrán de cuatro meses a dos años de prisión o de 60 a 270 días multa.
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella.
Artículo 306. (Se deroga.)
Artículo 336. Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de un mes a cinco años de prisión o de 180 a 360 días multa; privación de los derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.
Artículo 336 - bis. Al que intencionalmente se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de seis meses a tres años o de 30 a 90 días multa. El juez resolverá la aplicación del producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste.
Artículo 341. El automovilista, motorista, conductor de un vehículo cualquiera, ciclista o jinete que deje en estado de abandono, sin prestarle o facilitarle asistencia, a persona a quien atropelló por imprudencia o accidente, será castigado con la pena de uno o dos meses de prisión o de 30 a 90 días multa.
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella.
Artículo 380. Al que se le imputare el hecho de haber tomado una cosa ajena sin consentimiento del dueño o legítimo poseedor y acredite haberla tomado con carácter temporal y no para apropiársela o venderla, se le aplicarán de uno a seis meses de prisión o de 30 a 90 días multa, siempre que justifique no haberse negado a devolverla, si se le requirió a ello. Además, pagará al ofendido, como reparación del daño, el doble del alquiler, arrendamiento o intereses de la cosa usada.
Artículo 386............................................................
1. Con prisión de tres días a seis meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de 10 veces el salario;
II y III.......................................................................
Artículo 399 - bis. Se perseguirán por querella los delitos previstos en los artículos 380 y 382 a 399, salvo el artículo 390 y los casos a que se refieren los dos últimos párrafos del artículo 395.
Artículo 400..................................................................
I..............................................................................
(Se deroga.)
II a V.........................................................................
Artículo segundo. Se reforman los artículos. 399 en su tercer párrafo, 404, 405, 406, 407, 408. 412 en sus fracciones I y II, 413 en su primer párrafo, 418 en sus fracciones I y II y 537 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 399..................................................................
I a IV.........................................................................
Para los efectos del párrafo anterior, no procederá la libertad provisional cuando se trate de los delitos previstos en los siguientes artículos del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia de fuero federal: 60, 123, 124, 125, 127, 128, 132 a 136, 139, 140, 145. 146, 147, 149 - bis, 168, 170, 197, 198, 223, 265. 266, 266 - bis, 302, 307, 315 - bis, 320, 323, 324, 325, 326, 366, y 370 segundo y tercer párrafos cuando se realice en cualesquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372, 381 fracciones VIII, IX y X y 381 - bis.
...............................................................................
Artículo 404. La caución consistente en depósito en efectivo, se hará por el inculpado o por terceras personas en la institución de crédito autorizado para ello. El certificado correspondiente se depositará en la caja de valores del tribunal, asentándose constancia de ello en autos.
Cuando por razón de la hora o por ser día inhábil no pueda constituirse el depósito directamente en la institución mencionada, el tribunal recibirá la cantidad exhibida y la mandará depositar en aquella el primer día hábil.
Cuando el inculpado no tenga recursos económicos suficientes para efectuar de una sola exhibición el depósito en efectivo, el juez podrá autorizarlo para que lo efectúe en parcialidades de conformidad con las siguientes reglas:
1. Que el inculpado tenga cuando menos un año de residir en forma efectiva en el lugar que se
siga el proceso, y demuestre estar desempeñando empleo, profesión u ocupación lícitos que le provean medios de subsistencia;
II. Que el inculpado tenga fiador personal que, a juicio del juez, sea solvente e idóneo y dicho fiador proteste hacerse cargo de las exhibiciones no efectuadas por el inculpado. El juez podrá eximir de esta obligación para lo cual deberá motivar su resolución;
III. El mundo de la primera exhibición no podrá ser inferior al 15% del monto total de la caución fijada, y deberá efectuarse antes de que se obtenga la libertad provisional, y
IV. El inculpado deberá obligarse a efectuar las exhibiciones por los montos y en los plazos que le fije el juez.
Artículo 405. Cuando la garantía consista en hipoteca, el inmueble no deberá tener gravamen alguno y su valor fiscal no deberá ser menor que la suma fijada como caución más la cantidad que el juez estime necesaria para cubrir los gastos destinados a hacer efectiva la garantía en los términos del artículo 414 de este Código.
Cuando la garantía consista en prenda su valor de mercado será, cuando menos, de dos veces el monto de la suma fijada como caución. En este caso el tribunal expedirá el certificado de depósito correspondiente.
Artículo 406. Cuando se ofrezca como garantía fianza personal por cantidad que no exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, quedará bajo la responsabilidad del tribunal la apreciación que haga de la solvencia e idoneidad del fiador.
Artículo 407. Cuando la fianza exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, se regirá por lo dispuesto en los artículos 2851 a 2855 del Código Civil, con la salvedad de que, tratándose de instituciones legalmente constituidas y autorizadas para ello, no será necesario que éstas tengan bienes raíces inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
Artículo 408. Los bienes inmuebles de los fiadores deben tener un valor fiscal no menor que la suma fijada como caución, más la cantidad que el juez estime necesaria para cubrir los gastos destinados a hacer efectiva la garantía en los términos del artículo 414 de este Código.
Artículo 412. Cuando el inculpado haya garantizado por sí mismo su libertad con depósito, hipoteca o prenda, aquella se le revocará en los casos siguientes:
I. Cuando desobedeciere, sin causa justa y comprobada, las órdenes legítimas del tribunal que conozca de su asunto, o no efectúe las exhibiciones dentro de los plazos fijados por el tribunal, en caso de habérsele autorizado o efectuar el depósito en parcialidades:
II. Cuando fuere sentenciado por un nuevo delito internacional que merezca pena de prisión, antes de que el expediente en que se le concedió la libertad esté concluido por sentencia ejecutoria;
III a VII......................................................................
Artículo 413. Cuando un tercero haya garantizado la libertad del inculpado por medio de depósito en efectivo, de fianza, de prenda o de hipoteca, aquella se revocará:
I a IV............................................................
Artículo 418..................................................
I. Que se trate de delitos cuya pena máxima no exceda de tres años de prisión. Tratándose de personas de escasos recursos, el juez podrá conceder este beneficio cuando la pena privativa la libertad no exceda de cuatro años.
II. Que el inculpado no haya sido condenado por delito intencional.
III a VI.......................................................................
Artículo 537. Al formular conclusiones el agente del ministerio público o el defensor, si estima procedente la condena condicional, lo indicarán así para el caso en que el tribunal imponga una pena privativa de libertad que no exceda de cuatro años.
Artículo tercero. Se reforman los artículos 552 en sus fracciones V y VI, 556 párrafo final, 562, 563, 564, 568 en su párrafo inicial y fracciones I y II y 569 en su párrafo inicial del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 552..................................................................
I a IV.........................................................................
V. Que el inculpado no haya sido condenado por delito intencional, y
VI. Que se trate de delitos cuya pena máxima no exceda de tres años de prisión. Tratándose
de personas de escasos recursos, el juez podrá conceder este beneficio cuando la pena privativa de libertad no exceda de cuatro años.
Artículo 556...................................................................
I a IV.........................................................................
Para los efectos del párrafo anterior, no procederá la libertad provisional cuando se trate de los delitos previstos en los siguientes artículos del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal: 60, 139, 140, 168, 170, 223, 265, 266, 266 - bis, 287, 302, 307, 315 - bis, 320, 323, 324, 325, 326, 366 y 370 segundo y tercer párrafos cuando se realice en cualesquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372, 381 fracciones VIII, IX y X y 381 - bis.
Artículo 562. La caución podrá consistir:
I. En depósito en efectivo, hecho por el reo o por terceras personas, en la institución de crédito autorizada para ello. El certificado que en estos casos se expida, se depositará en la caja de valores del tribunal o juzgado, tomándose razón de ello en autos. Cuando por razón de la hora o por ser día inhábil, no pueda constituirse el depósito directamente en la institución mencionada, el juez recibirá la cantidad exhibida y la mandará depositar en la misma el primer día hábil.
Cuando el inculpado no tenga recursos económicos suficientes para efectuar en una sólo exhibición el depósito en efectivo, el juez podrá autorizarlo para que lo efectúe en parcialidades, de conformidad con las siguientes reglas:
a) Que el inculpado tenga cuando menos un año de residir en forma efectiva en el Distrito Federal o en su zona conurbada, y demuestre estar desempeñando empleo, profesión u ocupación lícitos que le provean medios de subsistencia;
b) Que el inculpado tenga fiador personal que, a juicio del juez, sea solvente e idóneo y dicho fiador proteste hacerse cargo de las exhibiciones no efectuadas por el inculpado. El juez podrá exhimir de esta obligación, para lo cual deberá motivar su resolución;
c) El monto de la primera exhibición no podrá ser inferior al quince por ciento del monto total de la caución fijada, y deberá efectuarse antes de que se obtenga la libertad provisional;
d) El inculpado deberá obligarse a efectuar las exhibiciones por los montos y en los plazos que le fije el juez;
II. En hipoteca otorgada por el reo o terceras personas, sobre inmuebles cuyo valor fiscal no sea menor que el monto de la caución más la cantidad necesaria para cubrir los gastos destinados a hacer efectiva la garantía en los términos del artículo 570 del presente Código:
III. En prenda, en cuyo caso el bien mueble deberá tener un valor de mercado de cuando menos dos veces el monto de la suma fijada como caución, y
IV. En fianza personal bastante, que podrá constituirse en el expediente.
Artículo 563. Cuando la fianza personal exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, el fiador deberá comprobar que tiene bienes raíces, inscritos en el Registro Público de la Propiedad, cuyo valor no sea menor que el monto de la caución, más la cantidad necesaria para cubrir los gastos destinados a hacer efectiva la garantía en los términos del artículo 570. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando se trate de afianzadoras legalmente constituidas y autorizadas.
Artículo 564. Cuando se ofrezcan como garantía, fianza personal que exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal o hipoteca, se deberá presentar certificado de libertad de gravámenes expedido por el encargado del Registro Público de la Propiedad, que comprenda un término de diez años, y constancia de estar al corriente en el pago de las contribuciones respectivas, para que el juez califique la solvencia.
Artículo 568. Cuando el inculpado haya garantizado su libertad con depósito, hipoteca o prenda, aquella se le revocará en los casos siguientes:
I. Cuando desobedeciere, sin causa justa y comprobada, las órdenes legítimas del tribunal que conozca de su asunto, o no efectúe las exhibiciones dentro de los plazos fijados por el tribunal, en caso de habérsele autorizado a efectuar el depósito en parcialidades;
II. Cuando fuere sentenciado por un nuevo delito intencional que merezca pena privativa de libertad, antes de que la causa en que se le concedió la libertad esté concluida por sentencia ejecutoria;
III a VIII.....................................................................
Artículo 569. Cuando un tercero haya garantizado la libertad del acusado por medio del
depósito en efectivo, de fianza personal, de prenda o de hipoteca, aquella se revocará:
I a IV.........................................................................
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. No será exigible el requisito de querella incorporado con motivo de las reformas a los artículos 173, 282, 341, y 399 - bis del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, en los procedimientos ya instaurados o resueltos al día en que entre en vigor el presente decreto.
Tercero. Para los efectos de los artículos 405 del Código Federal de Procedimientos Penales y 562 fracción III del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, los jueces y tribunales deberán empezar a aceptar la caución consistente en garantía prendaria, una vez que su cuente con los mecanismos administrativos que se hicieron necesarios.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, 5 de diciembre de 1991. - Senadores:Artemio Iglesias Miramontes, Presidente; senador secretarios: Antonio Melgar Aranda y Salvador Sánchez Vázquez.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Justicia.
RECESO
El Presidente (a las 23.50 horas): - Esta Presidencia por acuerdos de los coordinadores de los grupos parlamentarios, declara un receso en la sesión y los convoca para mañana a las 10.00 de la mañana, para continuar con el orden del día.
Receso.
(A las 11.31 horas): - Se reanuda la sesión.
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL (II)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite..., estamos discutiendo las propuestas de la fracción IV del artículo 27.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta pro la diputada Patricia Terrazas.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por la diputada Patricia Terrezas, del Partido Acción Nacional.
El Presidente: - Sí, vamos a pedir a la Secretaría que dé lectura a cada una de las propuestas, en atención al receso que hubo.
Entonces, vamos a pedir a la Secretaría... Sí, compañero Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Mire usted, quiero pasar a hablar para hechos. Sí, ¿me prestan el micrófono? ¿No hay?
El Presidente: - No, no, es que no es para hechos. Para hechos es cuando hay un debate, ¿no?
Si hay alguna aclaración en este momento, con todo gusto lo escuchamos. Que le pasen el micrófono, por favor... ¿No hay micrófono?
Entonces suba al micrófono de la tribuna, por favor.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Seré Breve, compañeros. Sólo para una cuestión de procedimientos, dos cuestiones de procedimientos.
Una, aunque se decretó el receso, aunque se decretó el receso y, por tanto, continuamos en la misma sesión, percibimos y lo sometemos a su respetuosa consideración, señor Presidente y a la consideración de todos los diputados presentes....
Decía, aunque se decretó un receso percibimos y lo sometemos tanto a la consideración de la Presidencia, como de la consideración de los diputados presentes cierto desorden y lo decimos con todo respeto. El desorden natural de la instalación, de la continuación de nuestra asamblea y entraremos a votación y a presentación, primero a presentación y después a votación, de propuestas de reformas constitucionales de la mayor importancia.
Por lo anterior, serían deseables dos opciones: o se esperan cinco minutos el inicio formal o en reincido formal de esta sesión, esperando que
se estabilice nuestra situación dentro de la asamblea, o se leen las propuestas y se establecen un mecanismo adecuado para que la votación de cada propuesta sea ordenada, respetuosa y, lo que es más importante, consciente. Es decir, lo que apelo a los diputados aquí presentes y pido respetuosamente a la asamblea que determine el procedimiento pertinente para esto, es que la votación que realicemos en los próximos minutos sea ordenada, pero lo que es más importante, que sepamos exactamente lo que estamos votando, con plena conciencia y responsabilidad, lo cual requiere: precisión, orden y, sobre todo, claridad en lo términos del debate y las decisiones que estamos dando. Muchas gracias, señores diputados. Gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, compañero. Hago una aclaración: no es necesario establecer ningún procedimiento, toda vez que está previsto en el artículo 124 y 125 del Reglamento.
En cuanto a la necesidad de leer las propuestas, esta Presidencia ya había instruido a la Secretaría de que lo hiciera, porque efectivamente toda vez que hubo un receso es difícil retener lo que se propuso.
Entonces voy a solicitar a la Secretaría de lectura a la propuesta de la diputada Patricia Terrazas.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - La propuesta de la diputada Patricia Terrazas, del Partido Acción Nacional, es una adición y dice:
«Párrafo segundo. En ningún caso las sociedades de esta clase, podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que las respectivas, equivalente a 25 veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras, propiedad de la sociedad, no excedan en relación con cada socio las límites de la pequeña propiedad. En ese caso, toda propiedad accionaria e individual correspondiente a terrenos rústicos será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades.
Párrafo tercero. La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción.
Firman. Salón de sesiones del recinto alterno de la Cámara, México, Distrito Federal, 5 de diciembre de 1991, firman la diputada Patricia Terrazas Allen y diputada Cristina Hermosillo Ramírez, diputado Victor Manuel Martínez Fourcans y diputado Juan de Dios Castro Lozano.»
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea a si admite la modificación.....
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar (desde su curul): - ¡Señor Presidente!
El Presidente: - Compañeros Ramírez Cuéllar, estamos en los términos del 124 y 125, se procede de inmediato a la votación.
El diputado Héctor Ramírez Cuellar (desde su curul): - ¡Para hechos!
El Presidente: - Los hechos es cuando hay discusión, lo sabe usted bien.
Mire, le voy a conceder la palabra para que no se piense que tengo interés en que no hable, pero en los términos del Reglamento esto debería pasar el inmediato a votación.
Tiene usted la palabra, compañero.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señores diputados: Cuando se trata de un asunto de esta naturaleza, el Reglamento de la Cámara es secundario.
Señores diputados: la propuesta que ha presentado el Partido Acción Nacional no da ninguna garantía de que las sociedades mercantiles no puedan acaparar grandes superficies de tierra.
La única disposición que contiene es que no serán acumulables. Pero en el caso de los fraccionamientos simulados o familiares, en donde el padre de familia, la esposa, las hijas, los hijos, tienen a su nombre propiedades, se va a poder permitir que entren a una o a varias sociedades mercantiles.
Por lo tanto, la preocupación de muchos diputados de que cerráramos la posibilidad del neolatifundio, quedaría completamente abierta, dado que esta propuesta permite la presencia del capital extranjero y la manda a la ley reglamentaria.
Quiero hacer notar a ustedes que si se aprobara la propuesta del Partido Acción Nacional, que es concordante con la iniciativa presidencial. llegaríamos a estas magnitudes:
Dos mil 500 hectáreas de riego de humedad: 5 mil de agostadero, de buena calidad; 3 mil
750 de algodón; 7 mil 500 de cada de azúcar, plátano; 250 mil para la ganadería y según los índices de agostadero, en algunos estados del país estaríamos autorizando superficies hasta de medio millón de hectáreas y en materia de bosques estaríamos autorizando mínimas superficies de 20 mil hectáreas.
Hay que agregar, señores diputados, que cualquier mejora.....
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Señor Presidente.
El Presidente: - Si, perdón.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - ¿Quiere preguntarle al diputado Ramírez Cuéllar si admite una interpelación?
El Presidente: - ¿Admite usted una interpelación?
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - No, por que tengo nada más cinco minutos para intervenir.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - No cuentan.....
El Presidente: - Ya dijo que no.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - No, no.
El Presidente: - Gracias.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Si a ello agregamos que cualquier mejora que se introduzca a las zonas de cultivo permitirá mantener la tierra inafectable, ¿qué puede suceder en este neolatifundio ganadero? Que cualquier mejora en los sistemas de riego, en la infraestructura de esa superficie, no va a implicar afectar esas propiedades. Si por ejemplo el ganadero introduce otro tipo de ganado, se va a crear una gran concentración de la tierra, sobre todo en la agricultura, en la ganadería.
Quiero recordar a los señores diputados que cuando se introdujo este límite fue en el año de 1946, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán. En aquella época la ganadería era fundamentalmente extensiva, pero a estas alturas, con estas superficies, que pueden llegar posiblemente, en Durango, en Zacatecas, según los índices de agostadero, hasta a medio millón de hectáreas, a estas alturas, a estas alturas que la Cámara siga insistiendo en autorizar la agricultura extensiva, nos parece una enorme irresponsabilidad histórica, cuando la tendencia normal debiera ser avanzar hacia la ganadería intensiva y, por lo tanto, reducir las enormes superficies de la ganadería, que vamos a aprobar en un momento más.
Nosotros consideramos entonces, que la propuesta del Partido Acción Nacional deja totalmente abierta la puerta para que los certificados de inafectabilidad ganadera, para que las zonas ganaderas que los ejidatarios habían estado demandando, ahora sean legalizadas y estaríamos legalizando el latifundio ganadero en nuestro país y por eso hablamos y votamos en contra de la propuesta del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias.
Tienen la palabra el compañero Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Muy breve, señores diputados.
El único elemento novedoso que está presente en la propuesta del Partido Acción Nacional, es en el sentido de que los socios de las sociedades mercantiles podrán solamente tener una aportación de tierras, estas sociedades, no mayor a 100 hectáreas, entendiendo esto, su participación en diferentes sociedades mercantiles con un registro específico y hay dos voluntades de regular inversión extranjera en el agro y de regular lo relativo a estos aspectos de los socios.
Pero hay elementos que quedan en una extrema situación de indefinición, uno de ellos es el que se refiere y no un punto secundario, no lo argumentaré, lo hicimos ayer, a lo de las sociedades controladoras, llamadas también consorcios o "holdigs" de sociedades mercantiles, está ausente en esa propuesta y esto abre paso evidentemente a un mecanismo de concentración de la tierra vía constitución de "holdings", para usar una palabra del "espangles" que afectaría gravemente una situación de la tierra.
Nosotros propusimos ayer dos importantes aspectos, uno de ellos es únicamente socios mexicanos en las sociedades mercantiles y la prohibición explícita de constitución de "holdings", de sociedades mercantiles, para el sector agropecuario. Propusimos una cuestión más, que se refería a que el número de hectáreas en manos de las mercantiles fuera de 500; es decir, el equivalente a cinco pequeñas propiedades, a la extensión de cinco pequeñas propiedades.
De haber una voluntad de concertación, podía haberse buscado otra extensión, otra extensión
distinta, quizá si no se está de acuerdo con nuestra propuesta de 500 hectáreas podría pensarse en 1 mil hectáreas, por ejemplo y podría pensarse en una voluntad, en el sentido de decir: la ley reglamentaria fijará la participación de socios extranjeros en las sociedades mercantiles, buscando, por ejemplo, que sea mayoría de ciudadanos mexicanos; no dejarlo tan laxo como para decir: la ley reglamentaria regulará la inversión extranjera; al menos expresar la voluntad de que haya mayoría de socios mexicanos y si se quiere dejar posibilidad de constitución de sociedades controladores, al menos poner un candado legal antimonopólico, de alguna manera que exprese la voluntad de que no se constituyan consorcios que afecten la extensión de tierra en ciertas extensiones.
Sin embargo, para terminar, porque ésta es una intervención breve para hechos y me quiero ceñir al reglamento, el problema es que se está votando, en un solo párrafo, en redacciones específicas, puntos que tiene que ver con extensión maxima en sociedades mercantiles; en un solo párrafo, puntos que tienen qué ver con regulación de inversión extranjera sin poner ninguna especificación en materia de regulación de inversión extranjera; no se especifica nada respecto a la constitución de "holdings" o conglomerados, nada absolutamente y no hay tampoco precisiones en materia ganadera; no voy a extenderme en este asunto de los índices de agostadero, pero hay aquí una incongruencia esencial en la propuesta, aun cuando pudiera haber sido, no lo sé, condensada entre varias fracciones parlamentarias la propuesta del Partido Acción Nacional, lo desconozco, lo sabremos al momento de votar, pero hay incongruencias esenciales y nosotros sí llamaríamos a la reflexión; un procedimiento parlamentario sería el que se reconsiderara este "fast - track" a la hora de votar en este momento la propuesta panista y pudiéramos al menos votar diferenciados estos aspectos.
Ahora, si estas 10 horas no bastaron para una reflexión de sobre todo el partido mayoritario, la fracción mayoritaria...perdón...en esta Cámara de poner precisiones especificas en materia de inversión extranjera y de "holdigns", pues entonces el problema es bastante complejo, pero yo hago un llamado a todas las fracciones parlamentarias y lo digo a nombre del Partido de la Revolución Democrática, a que ya que se quiere poner un candado, al menos digamos que sea mayoría de ciudadanos de mexicanos, lo someto a su consideración y bueno, pues queda como una última reflexión antes de una votación que me parece extremadamente apresurada. Muchísimas gracias.
El Presidente: - Gracias, Tiene la palabra el diputado Falomir.
El diputado Jesús Octavio Falomir Hernández: - Con su permiso, señor Presidente.
He pedido el uso de la palabra para hechos por las inquietudes que se han mostrado respecto a la fracción IV de la reforma presidencial en el sentido de lo que se acaba de afirmar de que no es congruente con la historia, no es congruente con los objetivos que todos perseguimos, de justicia y libertad en el campo.
Respecto a esta fracción IV y las motivaciones que se han hecho en el sentido de que propicia el neolatifundismo, consideramos que no es posible esto, porque en la iniciativa aprobada en lo general por esta honorable Cámara de Diputados, es muy clara en el sentido de que la extensión será la necesaria para el cumplimiento de su objeto y en relación directa con el número de socios que la integran, estableciendo muy claramente también el tope máximo en cuanto a superficie que pudieran tener las sociedades que nos ocupan, hasta 25 tantos en lo que se refiere a la pequeña propiedad y así es conveniente citar lo que afirmó el investigador Arturo Warger, la supresión de la prohibición para la posesión de tierras por sociedades, por acciones, es congruente con los requerimientos de capital para la actividad agropecuaria, no fue la sociedad la que se cuestionó cuando se estableció esa prohibición, fue la posibilidad de servir para encubrimiento del latifundio, suprimiendo el anonimato, con limites en su extensión y con requisitos en su constitución evita el riesgo histórico para volver a lo que todos estamos combatiendo y que combate la reforma al establecer límites muy concretos en su extensión y en cuanto a su límite de socios.
Por lo tanto como está en la iniciativa presidencial es congruente con la misma reformas de perseguir precisamente esa libertad y esa capitalización del campo y por lo tanto como está viene siendo solamente una forma más de asociación en el campo.
Se ha dicho también que el límite es muy grande pero creemos que los que hemos tenido experiencia en el campo que esta superficie compañeros, esta economía de escala, como lo dijo el diputado Jorge Calderón, tiene muchos rangos y muchas medidas, pero también puede ser para una empresa que produzca miles de toneladas de pasta de tomate, por ejemplo y que la integren alrededor de 50 socios, puede ser una superficie no suficiente.
Creo que las condiciones del campo en cuanto a su topografía, en cuanto a su geografía, en cuanto a lo objetivos que persigue una empresa agrícola, puede ser cada una escoge su medida y tiene su medida respecto a lo que pueda trabajar en sus objetivos.
Los productos del campo son muy variados, él lo dijo, 500 hectáreas, podrían ser para la exportación de tomate o de productos hortícolas, pero hay que ser claro que la reforma establece un tope máximo, que se pudiera llegar de acuerdo a las condiciones de las empresas que está promoviendo la reforma para capitalizar el campo, pero también puede ser que estas empresas encuentren su límite en 500. en 400 y que éstas tengan una variedad de socios que impide muy claramente la acumulación, al latifundio disfrazado y propicia exclusivamente la capitalización del campo, la justicia, la libertad y sobre todo el imprimir capitales frescos a las empresas privadas, que estamos seguros, compañeros, va a trasformar el campo por la experiencia que tenemos en el mismo. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado González de Luna.
El diputado Tomás González de Luna: - Señor Presidente; compañeros diputados:
En mi intervención solamente yo quiero enfatizar que a mí me parece que llevar la propuesta únicamente por lo que se refiere al aspecto jurídico, como un elemento fundamental y único en la propuesta de Acción Nacional, constituye una limitación a la modificación que pudiéramos hacer a la iniciativa.
A mí me parece que la consideración de los aspectos económicos planteados por el Partido de la Revolución Democrática, son fundamentales en la modificación que nos estamos proponiendo.
Así también quiero insistir que lo que el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional señalaba en la sesión de ayer, era que se incluyeran los elemento en la modificación de la observación expuesta por Acción Nacional, por estimarnos prudentes estas observaciones.
Así también, el texto de las observaciones hechas por el Partido de la Revolución Democrática, lo cual permitía integrar un cuerpo que modificaría sustancialmente este aspecto de la iniciativa.
Ese era nuestro propósito en nuestra intervención y que considerábamos que de esa manera se reunía y se podía lograr el consenso de esta Cámara en este apartado tan importante de la reforma.
No entraré en detallar cada uno de los puntos de mi propuesta, puesto que mi propuesta está entregada y posteriormente entrará a votación, pero sí lo que quiero, es enfatizar cuya es el carácter de nuestra propuesta. Creemos que es importante reunir todos los aspectos, tanto jurídicos como económicos, para que la modificación sea sustancial y constitutiva una verdadera aportación de este órgano legislativo. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Camilo Valenzuela.
La lista la aclaro en qué orden está. Ya hicieron uso de la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, el diputado Jorge Calderón, el diputado Falomir, el diputado González de Luna; están anotados el diputado Camilo Valenzuela, la diputada Rosa Albina Garavito y el diputado Héctor Ramírez Cuéllar. Entonces, continúa en el uso de la palabra el diputado Camilo Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Compañeras y compañeros diputados; señor Presidente:
La discusión de la fracción IV que nos ocupa, es una de las más importantes dentro de la iniciativa de reformas al 27. Se trata y nadie lo discute, de abrirle mayores espacios al capital en el campo, tal como lo planteaba el diputado Falomir.
Lo que se trata también, es hasta dónde se van a atender, sólo y prioritariamente los reclamos del capital, para que éste se sienta satisfecho y pueda hacer lo que le convenga. Se trata de hasta dónde se van a establecer las prevenciones contra la conducta, los objetivos que mueven al capital y que es la de obtener ganancias.
Me parece que los límites que establece la iniciativa de reformas, son límites que deben ser revisados, porque es cosa de imaginar lo que serán en este país, propiedades de 20 mil hectáreas de bosques; es cosa de imaginar lo que serán en este país propiedades de 5 mil hectáreas de temporal de primera calidad. Eso es ya un latifundio.
Y sabemos que los problemas de asociación se resuelven, como han resuelto, para conservar propiedades que han violado las actuales
disposiciones legales, que se resuelven y no establecemos límites, a través de las disposiciones mercantiles.
Y las disposiciones mercantiles dejan el campo para que las asociaciones mercantiles se agrupen, como ellas lo consideren y convenga y de esta manera se van a conformar verdaderos emporios agrícolas en manos de unos cuantos grandes empresarios, con una serie de socios menores, que van a dominar grandes extensiones de tierra y van a dominar diversas actividades del agro. No sólo la producción de alimentos, no sólo la producción de granos, de oleaginosas, de hortalizas, sino también la producción de madera, la producción de forrajes, la producción del conjunto de los elementos centrales que componen la actividad agropecuaria.
Nos parece que dejar a la posibilidad de que limite la ley reglamentaria lo que debiéramos de limitar en la Constitución, es muy poca garantía de que en la ley reglamentaria se establezcan estas limitaciones.
Y es muy poca garantía, en primer lugar, porque hemos tenido experiencias en donde se nos crean expectativas de que adelante se va a limitar algo y cuando llega la hora las expectativas resultan incumplidas.
Y es poca garantía, porque para modificar una ley reglamentaria no se requieren las condiciones ni los procedimientos que se necesitan para modificar la Constitución de la República.
De esta manera, pensamos que si hay acuerdo en la trascendencia de los límites que hay que establecer a las asociaciones mercantiles y hay acuerdo en la necesidad de reglamentar las relaciones entre esas asociaciones mercantiles y no dejarlas a las leyes mercantiles que, por su propio carácter, dejan manos libres para el juego de los mercaderes a quienes norman, debiéramos de establecer con claridad los límites que estamos planteando, límites en relación a la cantidad de tierra que deben de poseer las asociaciones mercantiles, límites en relación a la asociación que puede darse entre esas sociedades mercantiles, límites en relación a la presencia de capital extranjero en esas asociaciones mercantiles, límites en relación a la tierra ejidal que puedan comprar o no las asociaciones mercantiles.
Pienso, compañeras y compañeros, que esta fracción IV tiene un rol determinante dentro del conjunto de la reforma y si no queremos dejar pasar lo que decimos que no se va a dar el latifundio, la concentración del conjunto de la actividad agropecuaria, si no queremos dejar esto a una hipotética ley reglamentaria que a la hora de la verdad nadie podemos asegurar aquí cómo va a quedar, pienso que desde hoy debe quedar claro en el marco constitucional, para evitar que la ley reglamentaria sea modificada en cualquier momento que este u otro gobierno lo considere, debiéramos de establecer con precisión todas estas característica limitantes, definitorias de los alcances de las asociaciones mercantiles y por lo tanto de su peso y de su rol en la actividad agropecuaria.
Todas las frases que digamos, compañeros y que hemos dicho, los discursos acerca de que no vamos a abrir el campo al extranjero ni a las grandes empresas capitalistas que dominan el agro internacional, llegó la hora de demostrar con precisiones concretas en esta fracción si esas expresiones tienen sustento. Ya no se trata de seguir parafraseando, se trata de precisar en la Constitución, en esta fracción IV las características, el peso, el rol que tendrán las asociaciones mercantiles.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Albina Garavito.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Fue aprobada hace aproximadamente 24 horas, como calificamos aquí, reaccionaria y conservadora reforma constitucional al artículo 27, ahora estamos a punto de votar esta fracción que está legalizando los latifundios.
Se abrió ayer un receso para ver la posibilidad, entre las distintas fracciones reglamentarias, de eliminar esta agresividad. Está pasando tal cual.
Congruente el Partido Acción Nacional con su proyecto, como debe de ser, defendieron una propuesta que deja intacto este latifundio. Para nosotros 2 mil 500 hectáreas, por supuesto que es un latifundio. La presencia de los llamados "holdings" y pido una disculpa por este anglicismo y la no regulación de la presencia de la inversión extranjera directa.
Se hará, se dice en la ley reglamentaria, pero como señalaba nuestro diputado Jorge Calderón, no hay ninguna vocación desde el artículo constitucional, para el menos restringir a que sea su presencia minoritaria. No nos queda más remedio que por lo menos hacer una reflexión, una vez más en esta tribuna, sobre las consecuencias que esto traerá.
Se que esta fracción mayoritaria priísta no tienen memoria histórica. De ahí el esfuerzo por
recordarles qué fue lo que significó la Revolución de 1910: En los hechos, señores de la mayoría, lo que la Revolución de 1910 significó para el desarrollo económico del país, fue eliminar las trabas de la oligarquía terrateniente para el desarrollo económico y social. De no haber sido por esta revolución social, de no haber sido por el levantamiento de la bandera zapatista de "Tierra y Libertad" y "Tierra para quien la trabaja", este país no habría podido desarrollarse como pudo hacerlo a lo largo de más de 50 años.
Las trabas a que esta propiedad imponía, no permitían ni el desarrollo industrial ni la liberación de mano de obra, mucho menos toda la posibilidad que se tuvo de desarrollar en términos productivos al campo. Fue gracias a que se arrebató de los terratenientes que fundamentaban el régimen porfirista, gracias a esta Revolución de 1910, que se pudo liberar la tierra y que se la puso al servicio del desarrollo de la nación y del cumplimiento de intereses sociales de la población.
He ahí otro ejemplo de cómo el interés privado, el interés que sustenta el propietario privado, muchas veces está en contra del interés nacional y el interés social. Tuvieron que ser los campesinos los que levantaran la bandera de esa posibilidad de desarrollo, de esa posibilidad que tuvimos como país. Ahora estamos en otra etapa.
Lo que está trabando un desarrollo sólido, estable, sostenido, justo, soberano, nacional y democrático, es la oligarquía financiera. La concentración del capital en grandes grupos financieros, es justamente la razón y la causa de que este país cada vez vaya más hacia un desarrollo concentrador, excluyente, antinacional y deteriorando nuestra soberanía.
Esa es la causa de que este gobierno, representando sus intereses, no haya sido capaz de renegociar la deuda externa en términos de defender las prioridades nacionales. Por defender los intereses de esta oligarquía financiera, nuestro país esa todavía sangrando el recurso financiero para el desarrollo.
El diputado priísta que recientemente vino a esta tribuna a defender esta reforma de esta fracción, nos está alegando que va a posibilitar la libertad y la capitalización del campo. Lo que esto, señores, está suponiendo, es que el país no tiene recursos financieros socialmente para capitalizar el campo. Lo hemos dicho en esta tribuna: el recurso financiero, el ahorro nacional no ha desaparecido, lo que ha sucedido es que se ha concentrado en muy pocas manos.
Lo que va a hacer esta reforma, que están ustedes a punto de votar a favor, será darle la posibilidad a este capital financiero, no sólo para que se siga concentrando en las casas de bolsa, no sólo para que siga sangrando el ahorro nacional y sangrando la capacidad de financiamiento para un desarrollo autosostenido, nacional, soberano y democrático, sino lo hará también en el campo. Está ampliando la capacidad de acumulación en manos del capital financiero.
Esto, repito, para el país traerá gravísima consecuencia. Darle la posibilidad al capital financiero para que no solamente tenga su ganancia expeculativa dentro de esa renta que está sacando en las casas de bolsa y que lo hará con la privatización bancaria, que lo está haciendo ya, le cargará el costo, óiganlo bien, señores, ¿cuál soberanía y cuál desarrollo social podremos tener cuando ahora, al precio de los productos básicos, al precio de las materias primas, al precio de estos bienes estratégicos y prioritarios para un desarrollo en el futuro, se le cargará no sólo la renta que alegábamos de la propiedad privada, se le va a cargar también el costo de la renta financiera?
Ese es el modelo que ustedes están asentando de ahora en adelante para el futuro. Con el pretexto de capitalizar el campo, lo que ustedes están haciendo es dándole un espacio más para este tipo de ganancia que sólo ve el interés absolutamente privado y mezquino y que no se puede conciliar con el interés nacional y social del desarrollo.
Aquí dejo mi reflexión, el tiempo se ha terminado, no podíamos dejar pasar por alto las consecuencias que esta reforma tendrá. De nuevo, será su responsabilidad.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Quiero invocar los artículos 100 y 103 de nuestro reglamento.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional que vino a esta tribuna, nos planteó que desaparecerá el anonimato en las sociedades mercantiles. Y tiene razón. Pero hay que considerar cómo han operado los fraccionamientos simulados y cómo se van a ocultar en las sociedades mercantiles. Los fraccionamientos simulados o familiares, consisten en que una familia, los capataces, los mayordomos, tienen cada uno
de ellos una determinada superficie. De tal manera, que cuando los campesinos solicitaban el fraccionamiento de ese acaparamiento, para la ley era difícil precisar el acaparamiento, porque estaban las tierras a nombre de varias personas. Pero lo que se ocultaba en el acaparamiento era que una sola persona, el jefe de familia acaparaba el usufructo de ese acaparamiento, aunque los derechos agrarios estuviesen a nombre de otras personas, uno de ellos era el que concentraba el usufructo de esa superficie.
Con la aprobación de las sociedades mercantiles, ¿qué va a suceder con estos fraccionamientos? Partiendo de la base de que son pequeñas propiedades, que un miembro que tenga derechos de pequeña propiedad, podrá formar parte de una sociedad mercantil y se le acumularán las superficies a esa persona. Pero como cada miembro de la familia tiene superficie a su nombre y ése es el problema del latifundio familiar, la esposa, los hijos y demás familiares, por razones legales, tendrán derecho a formar parte de otra o de otras sociedades mercantiles.
El anonimato jurídico que había en los fraccionamientos ilegales, que durante mucho tiempo estuvieron amparados ante la Suprema Corte de Justicia y que fue difícil descubrir por ese enredo jurídico que ocultaba estos acaparamientos, ahora se legaliza plenamente. Por eso ahora, serán nominativas las acciones, porque aquél lo que estaba subterráneo, aquél lo que estaba oculto, que era ilegal, ahora va a aparecer debidamente legalizado, sin ninguna posibilidad jurídica de afectarlo, porque cada miembro de la familia del propietario distribuyó las superficies a los miembros de esta familia.
Hemos pensado que las sociedades mercantiles son para la pequeña propiedad y así lo señala la fracción IV. Pero la fracción IV está ligada a la fracción VII, está ligada a la posibilidad de la venta de la parcela ejidal. De tal manera que no se establece ninguna garantía de que las sociedades mercantiles abandonen el campo de la propiedad privada y se vayan a instalar en el campo de la propiedad ejidal y de la propiedad social.
Si ya de por sí, es peligroso que estén en el campo de la propiedad privada, por muchas razones, más peligroso es aún, que las sociedades mercantiles se instalen en áreas de la zona ejidal y de la zona comunal; porque entonces estaremos formando neolatifundios, no solamente del área de la pequeña propiedad, sino en el área de la propiedad agrícola y ganadera.
Quiero recordar a los señores diputados, que en el mes de diciembre de 1946, el presidente Alemán, metió los límites de la pequeña propiedad, a ala Constitución, porque no aparecía en el texto original. Aunque muchos diputados de Querétaro y muchos dirigentes revolucionarios como Obregón y Calles eran partidarios de la pequeña propiedad. no aparecían los límites de ésta en la Constitución. Y fue hasta el año de 1946.
Leyendo nosotros la exposición de motivos de Alemán, para meter los límites de la pequeña propiedad, vemos que no hubo ningún fundamento de carácter técnico; las cantidades que se fijaron en 1946, fueron al capricho y fue una decisión más bien de orden político y correspondieron a otra época de la vida del país.
En la actualidad, ¿Qué sucede? Que por razones climatológicas, de calidad del suelo, los límites de la pequeña propiedad no debieran estar en la Constitución, sino debieran estar en una ley reglamentaria, como lo dijo el Constituyente de Querétaro; porque no es lo mismo la calidad del suelo de una región de nuestro país que de otra zona de nuestro país.
Y esto se ve muy claro con el latifundio de carácter ganadero. En los estados del norte de nuestro país hay grandes extensiones de superficie ganaderas, porque el coeficiente de agostadero, es a veces de 10 hectáreas por cabeza de ganado mayor y su equivalente en ganado menor, es de 20 y a veces hasta de 40 hectáreas, a veces es hasta de 40 hectáreas el coeficiente de agostadero.
Y cerca de los latifundios ganaderos, están los ejidos agrícolas, minifundistas con pequeñas superficies. De tal manera que tenía más derecho una vaca que un campesino. Fue la época de la agricultura extensiva.
Ahora los ejidos agrícolas que vivían apresionados por las extensiones ganaderas, y que pedían que se afectaran esas extensiones para fines de dotación, ya no tendrán ninguna posibilidad de crecer porque si antes había la posibilidad de descubrir que los latifundios ganaderos eran en gran medida zonas aptas para el cultivo y ésa era la lucha de los campesinos, ahora eso se acabó. Aunque un grupo de campesinos demuestre que un latifundio ganadero tiene aptitud para la agricultura y por lo tanto debe ser fraccionado, con la reforma que estamos estudiando, no habrá esa posibilidad.
De tal manera que queda muy claro que la mejora que se introduzca al latifundio ganadero, no
cambiará el régimen de superficie ganadera, aunque pudiera transformarse en zona ganadera o de agostadero, en zona de propiedad, en zona de producción agropecuaria.
¿Esto qué está implicando? Que muchas zonas ganaderas de nuestro país, en realidad ocultan terrenos aptos para la agricultura, porque los ganaderos le han introducido mejoras a sus tierras y ahora son, en algunas partes del norte del país, zonas aptas para la agricultura. Y con esta reforma estamos impidiendo, estamos impidiendo la transformación de las zonas ganaderas en zonas agrícolas.
Nosotros pensamos que la propuesta del diputado Encinas es la correcta, porque él plantea que las sociedades mercantiles no se implanten en las zonas de tipo ejidal. Porque las zonas de tipo ejidal van a producirse la venta de las parcelas. De tal manera que esta institución que el Presidente pensó para la pequeña propiedad, se va a extender a otras formas de propiedad. Ahora va a suceder que los ganaderos amparados van a poder comprar más superficies en el área ejidal y en el área comunal, lo que hoy no podían hacer.
Lo que va a suceder con esta iniciativa es que la propiedad privada ganadera, sobre todo, se va a ampliar, va a crecer en detrimento de las áreas ejidales y comunales, porque ahora se va a permitir la venta de la parcela.
Antes esto no sucedía porque el ejidatario no podía vender su parcela, o la vendía en forma ilegal. Pero ahora, señores de la mayoría, esto va a quedar plenamente legalizado. Y un latifundista ganadero va a poder comprar tierras para la ganadería, o para la agricultura, o para la agricultura de las zonas ejidales.
Por estas razones pensamos que la zona ejidal de nuestro país se va a achicar y va a crecer el latifundio ganadero de nuestro país.
Por eso nosotros, por esas razones y por las que ya esgrimimos en nuestra intervención anterior, vamos a votar en contra de la propuesta de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, en los términos del artículo cien, como coautor la propuesta, el diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Decía mi muy estimada compañera Rosa Albina Garavito, que Acción Nacional era congruente con su propuesta y calificó a la iniciativa como "conservadora y reaccionaria".
Bueno, yo no pude saber si los calificativos también se extendían a Acción Nacional, aunque por largos años, por largos años, desde la bancada de la mayoría, nos aplicaban este tipo de calificativos.
Señores, como venía la iniciativa, ¡y vamos a ver qué tan conservador y reaccionario es Acción Nacional!, como venía la iniciativa del Presidente de la República no tenía limitación alguna para la extensión de la tierra que podían tener las sociedades mercantiles.
Señores diputados, si Acción Nacional estuviera a favor del latifundio, estuviera a favor de la concentración en pocas manos de grandes extensiones de tierra, pues, señores, hubiéramos aceptado la iniciativa presidencial en los términos en que originalmente venía.
Pero, señores, hemos puesto varios "candados" a la iniciativa presidencial.
El primero, que fue recogido desde la comisión, desde la fecha en que se aprobó el dictamen, para establecer que las sociedades mercantiles no podían tener en propiedad una extensión mayor a 25 veces los límites de la pequeña propiedad. El Partido de la Revolución Democrática pone 10 veces. A lo mejor otro grupo dice 13 ó 15 ó 18 veces.
Como está la Constitución en este momento, alguien que tenga 500 hectáreas podría también ser calificado de latifundio.
La razón es, señoras y señores, que habría que combinar la extensión máxima que pudiera tener las sociedades mercantiles con la posibilidad de que no tuvieran límites en la extensión de esa sociedad. Nosotros estuvimos de acuerdo con esa cifra y, claro, se han puesto objeciones.
¿Cuál fue la razón de que el Constituyente del 1917 y no solamente en el Constituyente de 1917, nosotros, en el año de 1975 presentamos una iniciativa presidencial diciendo "que las sociedades mercantiles, ¡no pudieran tener la propiedad de tierras!".
Pues señores la razón de la prohibición consistía en que de acuerdo con la legislación mercantil las sociedades anónimas podían tener acciones nominativas al portador y en esas
condiciones se establecía con las acciones al portador, el anonimato de los socios que formaran parte de las sociedades mercantiles.
Esa fue la razón de la prohibición en la Constitución, más bien en la reforma constitucional de 1917 y ésa fue la razón de que también Acción Nacional en nuestra iniciativa de 1975 hubiéramos planteado exactamente lo mismo.
Pero no era suficiente, señoras y señores, el establecer el límite de 2 mil 500 hectáreas. No era suficiente y fue la razón de la adición. Ya las sociedades mercantiles tienen acciones nominativas. No desaparecen. No se supera totalmente el problema del anonimato; está atenuado.
En mi argumentación de ayer, dije que aunque las sociedades anónimas por acciones ya no tuvieran la posibilidad de tener acciones al portador, sino acciones nominativas y aunque la Ley de Sociedades Mercantiles tenga un dispositivo que exige el registro de las acciones nominativas y no sólo eso, ese dispositivo de la Ley de Sociedades Mercantiles exige además que "toda transferencia de las acciones nominativas no tendrá efecto si no consta en el texto del título y en el libro de registro del emisor".
Cuando yo planteo a mis alumnos derecho mercantil en la materia de títulos de créditos, este punto, les indico: no desaparece el anonimato total; está atenuado. Porque la transferencia de las acciones nominativas puede multiplicarse sin que conste en el libro de registro y el último tenedor, por vía judicial, si la sociedad emisora no lo reconoce, va a exigir su reconocimiento.
Por ese motivo establecimos la adición y ése fue otro "candado" en la adición de Acción Nacional: "La propia ley establecerá los medios de registro y control necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción".
No podíamos en un texto constitucional. Sería contrario a la técnica de la redacción del texto entrar en el detalle sobre los requisitos y formas como debiera realizarse ese control. Lo dejamos a la ley secundaria, ¡y por supuesto, vamos a tener aquí la posibilidad de discutir la ley secundaria!
Pero establecimos otro control: la posibilidad, la posibilidad de que un socio participe en más de una sociedad. Sí, en más de una sociedad, pero sin superar el límite de extensión de 100 hectáreas. ¿Tiene 100? Puede participar en 100 sociedades con una hectárea. ¿Participas en 2 sociedades? Con 50 y 50. Ese fue un límite, ése es un control.
Si Acción Nacional estuviera a favor del latifundio, señoras y señores, ¿habríamos planteado este tipo de controles al artículo 27?, controles en la Constitución.
La inversión extranjera. Bien, la iniciativa no traía ningún control. Queremos, porque somos conservadores, porque queremos volver a la época del latifundio de Porfirio Díaz, porque todavía identificados en la primera sesión de discusión algún diputado nos llamó fascistas, el calificativo de fascistas.
¿Queremos, señores, ser conservadores y proteger al latifundio? No ponemos pues la regulación de la inversión extranjera; ¡si la iniciativa no la trae! ¡Dejémosla como la planteó inicialmente el Presidente, pero tenemos una ley que regula la inversión extranjera; la regulación debe ser tan cuidadosa y compleja, porque introducimos en la visión acciones que representen tierra en los límites, la reforma de la inversión extranjera es tan compleja que nosotros determinamos que se deje a la ley reglamentaria y quiero decirles algo: la ley reglamentaria no limita el número de socios, la ley de inversión extranjera no reglamentaria de este artículo, limita el control en el 49% y el 51% y no me gusta.
Yo siento que en su momento, cuando se elaboren las modificaciones a la ley reglamentaria, tendrán que reducirse esos porcentajes, cuando sean acciones que representen bienes inmobiliarios y no me gusta, porque esta ley tiene un agregado para efectos turísticos, agregado planteado en la época de Miguel de la Madrid, que cuando la comisión gubernamental creada para ese efecto determine que es útil para la economía del país, podrá romperse ese control.
Entonces, yo siento, señores, que es tan complejo, que la cuestión de detalle no basta con la mayoría de socios, establecer el control de las partes sociales y el control de la sociedad en la ley reglamentaria. Si nosotros quisiéramos, la inversión extranjera no propondríamos que en la ley reglamentaria se pudiera establecer una regulación para este tipo de inversiones.
Señoras y señores, yo siento que estos candados que hemos puesto podrán decir que no son suficientes, podrán decirnos que nuestra visión es insuficiente; podrán decir que se requieren más controles, pero nunca, señores, podrán decir que la visión es reaccionaria. Nuestra visión acota, limita y controla la iniciativa original del Presidente. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Muñoz.
El diputado Manuel Muñoz Rocha: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Usamos esta tribuna para definir algunas posiciones sobre el tema y el análisis detallado de la fracción IV y particularmente en el aspecto tan discutido en las sociedades mercantiles. En obvio del tiempo y dado que ha habido una fuente documental muy importante respecto a los antecedentes que han conducido a la sociedad rural a una posición de descapitalización y la necesidad que tenemos como sociedad de un esfuerzo integral de recuperación del campo y aunque con diferentes criterios de los mismos, convergimos en que habremos de tener el mayor interés para apoyar esta superación.
Seguimos insistiendo en que la propuesta nace de un compromiso de combatir el minifundio y de luchar contra el latifundio; el avance tecnológico conduce a que haya directa vinculación con la escala de las unidades, la aplicación de tecnologías sólo es viable si se adoptan proyectos agrícolas que eficiente los medios técnicos, que incrementen la productividad del suelo y optimicen el trabajo humano y los avances organizativos.
La escasa presencia de tecnología afecta actualmente al suelo, lo deteriora y reduce o limita la productividad, no progresan por ello los procesos intermedios de comercialización y transformación, no podemos ver el paso de la historia sin incorporar tecnología innovadora en materia de producción, recolección, almacenaje, transporte, transformación y comercialización. El límite al que hemos referido la participación de las sociedades mercantiles es de 25 socios y quiero puntualizar, de 25 asociados diferentes personas físicas que se integran en un esfuerzo para cumplir estos objetivos mencionados de eficiencia, de aplicación tecnológica y no es un límite que se refiera a una persona, como aquí se ha pretendido decir, a un control unilateral y exclusivo de una sola persona; todos sabemos y estamos de acuerdo que las tierras por sus características agroclimatológicas, por su ubicación, tienen opciones y destinos diversos y creemos que éste es un límite razonable que debo puntualizar una vez más, es el máximo límite. ¿Por qué pensar que en todos los casos estaremos siempre en el límite máximo cuando las propias condiciones de microsistemas, las propias condiciones de las caraterísticas de la tierra, lo impiden en muchos de los casos?
Permitir la formación de sociedades mercantiles entonces, es un camino para coadyuvar a la capitalización del campo, pero no hemos tenido ni jamás he tenido la intención de ser una forma de acaparamiento o minifundio. La empresa moderna no basa su interés en el control directo de los factores de producción, en México empresas y hay ejemplos evidentes como Trasgo, Sanfandila, Pillgrim, han preferido asociarse con ejidatarios en La Laguna, en San Luis Potosí, en Jalisco, en Tamaulipas, en Coahuila, en Zacatecas y estas empresas han evidenciado que lo que requieren son insumos de calidad a precio competitivo. Hoy el control de éstas mismas se ha dado en la tecnología y en el apoyo del capital financiero. Estas son las áreas que deben llamar la atención en nuestro trabajo cuidadoso de la reglamentación, la tendencia actual en el desarrollo agropecuario internacional define que no son las propiedades físicas o los activos físicos fundamentalmente en este sector, sino el conocimiento tecnológico y el financiamiento, los nuevos instrumentos de la empresa moderna.
Por ello nos hemos pronunciado porque se den las sociedades y existan las controladoras, pero que las controladoras definan como límite máximo de su posesión, la misma que la de las sociedades, es decir, que se integren por diversas pequeñas sociedades, pero nunca mayores que el límite máximo previsto, que es el de las 2 mil 500 hectáreas.
Se señala que las propiedades rústicas aglutinan familias o representantes como prestanombres; hoy, con la transparencia que existe de las acciones y de su nominación, ya no habrá un ocultamiento ni un anonimato y habrá y hemos propuesto un eficiente control para que todas las tierras y todas las propiedades rústicas o rurales queden registradas de manera que sean acumulativas las propiedades a nombre de cada una de las personas. Así es como estamos seguros que se habrá de lograr la transparencia en la posesión.
Al permitir la formación de empresas, tenemos que reconocer que las necesidades de modernización y capitalización son enormes y la única vía, que es la inversión pública tradicional, no es suficiente; por eso abrimos otra vía, la de la inversión privada, en la confianza de que habrá de sumarse a la transformación del campo.
Quiero señalar también que la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, en su artículo 7o., el segundo párrafo dice textualmente: "Las sociedades extranjeras no podrán adquirir el dominio de las tierras y
aguas u obtener concesiones para la explotación de agua". Este es un candado muy claro y evidente contra la pretensión de acaparamiento de tierras y aguas, que aquí hemos viniendo insistiendo que debemos defender.
Está prevista además la inversión extranjera con la integración de fideicomisos en caso del acaparamiento de las tierras. En estos términos, la ley reglamentaria, la fracción I del artículo 27, señala que las sociedades mexicanas que tengan tierras podrán tener hasta el 50% de capital extranjero y, repito, del capital total controlado no sólo en una sociedad, sino del capital total acumulado en una sociedad controladora. De esta manera legitimamos y garantizamos nuestro deseo y nuestra posición de evitar y acabar definitivamente con el latifundio.
Estamos a favor de un ejido integrado, moderno y productivo y creemos que para lograrlo tendremos la concurrencia total de la sociedad mexicana y la comprensión y la atracción que en estos nuevos términos de la confianza y la seguridad, se otorgará para beneficio de los inversionistas, fundamentalmente nacionales.
Las formas de asociación en participación seguirán siendo atractivas, en los términos de la estructura de acumulación de tierra y capitales, tecnología, insumos y organización y por ello, con esta nueva presentación en la fracción IV de las formas de tenencia accionaria en su intervención en el campo, creemos que complementamos en forma definitiva las fuentes que habrán de propiciar la llegada, el advenimiento de los recursos necesarios para propiciar nuevamente el desarrollo que ya iniciamos y que se evidencia en los últimos dos años y muy particularmente en éste y que habrá de fortalecerse en el contexto de una participación social deseosa de ver a la familia campesina disfrutando de un mayor bienestar. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Angel Yunes.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Llama la atención el ver cómo somos algunos de los integrantes de esta Cámara, proclives al calificativo, muy afectos a emitirlos y muy sensibles cuando se reciben.
Se dijo aquí que la iniciativa se califica de reaccionaria y conservadora. Este calificativo nos cae, pues, al 88% de los diputados que estuvimos presentes en las sesiones del 4 y 5 de diciembre y que apoyamos esta iniciativa.
Sin embargo, es y seguirá siendo nuestro compromiso no entrarle a los calificativos , sino a las razones, a los argumentos. Quien califica se califica. Dejemos pues que sigan calificando en lugar de emitir razonamientos.
Se dijo también que la mayoría parlamentaria en esta Cámara no tiene memoria histórica, somos amnésicos, pues, en opinión de quien califica. Pues no, no sólo no somos amnésicos, tenemos memoria histórica, pero también tenemos visión del futuro, no vivimos congelados en la historia. Vemos el pasado, vemos el presente y vemos el futuro, por eso aprobamos la iniciativa.
Si no tuviéramos memoria histórica, probablemente hubiéramos negado nuestro voto aprobatorio a la iniciativa, hubiéramos permitido que, como dice un pensador norteamericano: "nos gobernarán los cementarios".
Nos gobernaran las opiniones de generaciones pasadas de mexicanos, valiosos, importantes, fundadores de esta República, pero muchas de las cuales tuvieron vigencia, positividad y fueron necesarias en su momento, pero ya no lo son y requieren por tanto modificarse.
No somos amnésicos, tenemos muy clara la visión del México que queremos y esa visión, por fortuna, en este caso, no es exclusiva del Partido Revolucionario Institucional, la compartimos y nos honra, con militantes de otras organizaciones políticas que tampoco son amnésicos, ni reaccionarios, ni conservadores. Al 88% no nos cae ese calificativo, al 88% no nos caen esos tres calificativos.
Pero vayamos a las razones: se dijo aquí que 2 mil 500 hectáreas es un latifundio; estoy totalmente de acuerdo, 2 mil 500 hectáreas de riego o de humedad de primera, claro que son un latifundio y yo diría que también lo son 500 hectáreas de riego o también lo son mil hectáreas de riego.
Lo que no se hizo, lo que falta por explicar, es una simple operación aritmética, es dividir 2 mil 500 hectáreas entre 25, que eso es lo que propone la iniciativa y lo que confirma el dictamen, al señalar que necesariamente los limites de la tenencia de la tierra de las sociedades mercantiles, se sujetarán a las limitaciones que cada socio tenga en materia de pequeña propiedad.
Pero, ¿por qué decía que 500 hectáreas ó 1000 hectáreas serían también un latifundio? Porque
el brillante compañero Jorge Calderón aquí vino y señaló el día de ayer y señaló el día de hoy que podría convenirse en que se establecieran como limitaciones 500 o hasta mil hectáreas, como dijo el día de hoy o sus equivalentes en tierras de otra calidad.
Pero Jorge Calderón no vino a proponer el latifundio; Jorge Calderón vino a reconocer algo que subyace en la incitativa: la iniciativa no propicia el latifundio, la iniciativa propicia la compactación de terrenos de propietarios diversos.
Yo no creo que Jorge Calderón hubiera venido a esta tribuna a oponerse a lo que todos nos oponemos: a oponerse a algo en lo que todos estamos de acuerdo, a algo que es unánime en esta Legislatura, que hubiera venido a oponerse Jorge Calderón a que surgieran, por la vía constitucional o a que impidiéramos, perdón, por la vía constitucional, el surgimiento de latifundios, claro que Calderón no estaría de acuerdo en que nuevos latifundios surgieran por ésta que se consideraría una ventana para el surgimiento de los mismo, yo así lo creo; él entiende perfectamente bien la iniciativa, por eso vino a decirnos aquí que 500 o mil hectáreas y nosotros decimos 2 mil 500, porque hay razones técnicas, económicas, políticas y jurídicas, pero no 2 mil 500 hectáreas propiedad de una sola persona; 2 mil 500 hectáreas propiedad de 25 personas, que ése es el equivalente que señala la iniciativa, es decir, 100 hectáreas de riego o de humedad de primera por cada uno de los socios de la sociedad mercantil.
Hay algo que es en mi concepto muy importante y que es necesario precisar. La iniciativa en ningún momento tiene como propósito el propiciar el latifundismo en el campo mexicano. De ninguna manera se pretende hacerlo.
Es muy claro el texto de la iniciativa, lo que sucede y lo sabemos todos, es que se señalaba en la iniciativa que las limitaciones al número de hectáreas, se señalarían en la ley reglamentaria, no se señalaban expresamente en el texto constitucional, pero sí señalaba en el texto constitucional el que estuvieran acotadas esas sociedades mercantiles al número de hectáreas que en concepto de pequeña propiedad pudiera aportar cada socio.
Se presentó la iniciativa. Las comisiones unidas la analizamos y escuchamos opiniones y nos hemos olvidado del dictamen, que es un dictamen valiosos, es un dictamen que ilustra. Voy a dar lectura a la parte relativa del dictamen y a los razonamientos que los diputados tuvimos en ese momento, tuvimos presente para acotar esta disposición de la iniciativa.
Se señala expresamente en el dictamen: "como resultado de las aportaciones recibidas de los partidos, líderes campesinos, intelectuales y académicos, se consideró pertinente incluir en la iniciativa, de manera expresa, el límite de superficie que puedan tener las sociedades mercantiles dedicadas a la actividad rural, para aplicar el mismo principio que informa a toda la materia agraria de impedir concentraciones excesivas perjudiciales al interés general". Ese fue el razonamiento de las comisiones, pero, ¿cuál fue el del presidente de la República, señalado en la iniciativa y señalado en su discurso del día 15 de noviembre, que fue del conocimiento de todos?
Señala expresamente el Presidente: "para combatir toda pretensión de constituir latifundios, la iniciativa mantiene los límites actuales a la pequeña propiedad, exige fijar límites de extensión de las sociedades que impidan concentraciones individuales de vastas extensiones. No regresará el latifundio encubierto en las sociedades por acciones, porque la ley reglamentará como requisito, que los socios aporten solamente la extensión que corresponde a la pequeña propiedad constitucional y no tendrá menos socios que los que sean necesarios para amparar pequeñas propiedades con sus límites actuales".
Y señala algo más: "los límites de la pequeña propiedad se mantienen y se remediarán los casos de excedentes injustificados. Por eso, en la reforma quedan firmes la restitución, la venta de excedentes y llegado el caso, la expropiación por causas de utilidad pública".
No hay pues, en la iniciativa, ninguna decisión ni aparente ni expresa de volver al latifundio. No se trata de ninguna manera de encubrir una intención. La intención es clara: mejorar eficiencia y productividad en el campo, incrementar los ingresos de los campesinos y permitir que nuestro país supere una mala situación, una difícil situación que el campo mexicano vive.
No, señores, no somos ni reaccionarios ni conservadores ni amnésicos; somos tan mexicanos como ustedes; queremos tanto a México como ustedes, pero tenemos visiones distintas, es lo único que nos diferencia.
El Presidente: - Vamos a dar la palabra al diputado Jorge Calderón, para alusiones personales.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Nuevamente expreso mi voluntad de ser conciso, al comentar algunas alusiones personales.
En la versión estenográfica del discurso que pronuncié el día de ayer está claramente expuesto nuestro punto de vista, y que es el propio también, de que estamos en desacuerdo con la formación de sociedades mercantiles por acciones dedicadas a las actividades agropecuarias. Esa es una posición nodal que reafirmamos, sobre un hecho en el cual discrepamos y votamos en contra, que es la aprobación en lo general del proyecto de dictamen de comisiones unidas y dada una realidad existente e ineludible que no podemos anular, así la cuestionaremos, es que nosotros presentamos a la consideración de esta soberanía ciertas precisiones en materia de regulación mínima de estas sociedades mercantiles que, aunque estamos en desacuerdo con ella y seguimos pensando que es una forma de neolatifundismo, al menos pensábamos que podía disminuirse el daño que se daba al campesinado mexicano con ciertas modificaciones que creíamos esenciales en materia de limitación del daño que causa el efecto neolatifundista de las sociedades mercantiles.
Por eso decíamos, no solamente hablábamos de 500 hectáreas como efecto de la limitación de los impactos negativos de estas sociedades; decíamos, no capital extranjero; decíamos no presencia de "holdings" en materia de constitución de conglomerados en el campo mexicano y decíamos algo que es de capital importancia en nuestra propuesta para limitar precisamente los efectos negativos: que en ningún caso las sociedades por acciones podrán constituirse con tierras de origen ejidal y comunal. De esta manera, excluyendo la facultad de las mercantiles para apoderarse de tierras comunales privatizadas, excluyendo la formación de "holdings" y excluyendo propietarios extranjeros, estábamos incorporando tres elementos adicionales a la extensión de 500 hectáreas y sólo estábamos facultando a pequeños propietarios para que entraran en mecanismos asociativos, Aun así pensamos que se trata de formas neolatifundarias, pero al menos mitigamos, suavizamos y limitamos los impactos negativos de esta incorrecta decisión que se tomó el día de ayer al aprobar la formación de sociedades mercantiles por acciones.
Por tal motivo, es que nuestro punto de vista va precisamente en la dirección de asumir que esa votación fue realizada, votamos en contra, pero que ante el impacto extremadamente desfavorable para nuestra nación de una decisión de este tipo y lo que es más importante, ante el peligro de que se reconstruyan experiencias como la de las nefastas compañías deslindadoras del porfiriato, dijimos, al menos pongamos límites que suavicen los impactos neolatifundarios. Y efectivamente, 500 hectáreas es un neolatifundio, pero solamente estamos planteando limitación de efectos de esta concentración neolatifundaria. Es por ello que lo sometimos a su consideración y habrá en otros diputados de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en posteriores intervenciones, precisiones y argumentaciones al respecto.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Como ha quedado expresado con toda claridad, el Partido Popular Socialista no comparte la participación de sociedades mercantiles por acciones en el campo.
Y en ese sentido el día de ayer a nombre de mi partido el compañero Francisco Hernández Juárez y un servidor suscribimos una proposición que presentamos a esta Presidencia y que deseamos sea retirada antes de someterla a consideración de la asamblea.
La razón por la cual la retiramos es que el día de ayer el diputado Encinas, del Partido de la Revolución Democrática, el día de hoy el diputado Calderón, han expresado un conjunto de opiniones que nosotros compartimos, que acaba de ratificar el compañero Calderón. Nos parece que en la propuesta que ellos presentan a la par de algunas cuestiones que podríamos llamar técnicas en cuanto al número de hectáreas, hay cuestiones de esencia que son cosas que compartimos desde el principio de esta discusión, que es la defensa de los terrenos ejidales y comunales y la no participación del capital extranjero en el campo mexicano. Eso demuestra además, que el Partido Popular Socialista está abierto a buscar coincidencias que sean fundamentales no para el Partido Popular Socialista, sino para el avance democrático de nuestro país y para la defensa de la integridad de nuestro territorio.
Una vez hecha esta precisión, quisiera hacer unos comentarios a la opinión de un diputado de Acción Nacional que me precedió en el uso de la palabra y que vino aquí a ratificar la posición de su partido para poner, según dice él una serie de candados a esta fracción IV y precisa las características de cada uno de estos candados.
Nada más que habría que considerar con la propuesta que existe, con las cuestiones que tiene la ley, de propiciar la participación del capital extranjero, de propiciar la privatización del ejido. Este señor diputado quiere poner candados en una puerta que no existe.
Lo que nosotros queremos es poner una puerta que impida precisamente la presencia del capital extranjero en el campo mexicano. Lo que queremos nosotros es poner un valladar para que no sea la iniciativa privada la que se apropie, tanto la nacional como la extranjera, se apropien de las mejores tierras de nuestro país, muchas de ellas en manos de ejidatarios y comuneros. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo y claro, se nos quiere presentar este tipo de propuestas, como si representaran a su vez un avance importante en la redacción de esta fracción.
Nosotros pensamos que si no se va a la esencia del problema, se pueden poner mil candados, pero el problema no se estará resolviendo de ninguna manera. Será si acaso, una postura demagógica para tratar de presentarse menos reaccionario que la propuesta que aquí se ha planteado por el Presidente de la República y por las comisiones dictaminadoras.
Y repito y recalco esto de reaccionario, porque el diputado Yunes se lamenta del uso de los calificativos en el debate y dice que quien califica se califica. Yo quisiera recordarle que en torno a estos temas, fue precisamente un secretario de Estado, el que empezó a calificar de reaccionarios, nuevos reaccionarios, a aquellos que se oponen a la política del gobierno. Yo espero que el licenciado Chirinos tome nota de la observación del diputado Yunes, yo creo que sería conveniente. Pero además, para concluir su postura de que no le gustan las calificaciones nos dijo, o sea nos calificó de que vivimos congelados en el pasado. Yo creo que hay que ver de calificativos a calificativos en los debates. Nosotros hemos dicho siempre, que es preferible el debate sustantivo y eso lo mantenemos. Que preferimos el debate de las ideas a las injurias y a los insultos y creo que eso eleva el debate de esta Cámara. Pero cuando nosotros le decimos a alguien reaccionario, no lo estamos ofendiendo ni insultando; lo estamos ubicando políticamente en el debate y creo que eso es legítimo aquí y en cualquier lugar del mundo. De la misma manera podemos nosotros decir: aquí hay gente progresista porque viene y plantea una cosa progresista y también lo estamos calificando. Yo creo que esto es necesario.
Ahora, estas cosas de ver quién va a ser más reaccionario, no las vamos a definir aquí; van a ser los resultados, lamentablemente van a ser los resultados de esas decisiones, las que van a evidenciar que la alianza de la derecha de dentro y de fuera del poder público, ha propiciado una legislación reaccionaria en materia agraria. Muchas gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia quiere instruir a la asamblea. En este momento estamos en la votación de la propuesta de la diputada Patricia Terrazas. Faltan la del diputado Jorge Calderón, la del diputado Alejandro Encinas, la del diputado Tomás González de Luna y la del diputado Abundio Ramírez.
En ésta están anotados: el diputado Francisco Gamboa, el diputado Alejandro Encinas, diputado Oscar Pimentel, el diputado Heberto Croda, el diputado Julián Lozanilla, el diputado Fernando Estrada Sámano, la diputada Rosa Albina Garavito y el diputado Manuel Garza González.
Tiene la palabra el diputado Francisco Gamboa.
El diputado Francisco Gamboa Herrera: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Hago uso de la tribuna en vista de que hemos escuchado algunos oradores que mencionan oponerse a la creación de las sociedades mercantiles en la cuestión forestal.
Yo quisiera mencionarles y dada la experiencia que hemos adquirido en esta rama, durante mucho tiempo, que el sector forestal en nuestro país, es uno de los sectores mayormente desprotegidos, ya que actualmente la falta de caminos, la falta de infraestructura caminera, ha ocasionado que los habitantes que radican en estas zonas forestales, se encuentren prácticamente incomunicados y en muchos casos, viven en la miseria.
Otro problema que afronta el sector forestal, es la descapitalización. Y esto provoca, lógico, mucha miseria en los bosques de nuestro país.
Para combatir estos factores, creo yo que una solución para ello, es compactar zonas. No es lo mismo hablar de la cuestión forestal que de la cuestión agrícola. Para la cuestión forestal, se requiere compactar zonas a efecto de minimizar los costos de producción.
Yo veo una alternativa para los pequeños propietarios: que se asocien en sociedades mercantiles, porque de lo contrario, los condenaríamos a que fueran únicamente rentistas de sus propios predios.
En lo que se refiere al sector social, al ejido y a las comunidades, ahí tenemos que algunos ejidos cuyo volumen es suficiente para el abastecimiento de materias primas para un aserradero, o una fábrica de cajas, trabajan de una forma eficiente por los propios campesinos. En otras ocasiones hemos tenido que compactar zonas también de ejidos y comunidades para que puedan industrializar sus productos; porque podemos hablar de un ejido que tiene 4 mil hectáreas, ó 10 mil, pero si su volumen es muy bajo, pues no es suficiente para la creación de una industria de este tipo. Sin embargo si los asociamos, entre ellos mismos, entre ejidatarios o comuneros, como ya está sucediendo en muchos ejidos de nuestro país, esto permite que la materia prima de todos estos ejidos, concurra a una industria propiedad de ellos mismos para satisfacer demandas de mano de obra entre los propios y con ello combatir, definitivamente el desempleo y la miseria que hay en esta zona.
Esta iniciativa que estamos discutiendo nos trae como consecuencia la tranquilidad en la tenencia de la tierra, tanto de ejidatarios, comuneros, como pequeños propietarios. Ahora, lo único que nos queda a nosotros, a los mexicanos, es tratar de organizarnos para la producción, a efecto de hacerle frente a todos los problemas que atraviesa este sector forestal.
Creo yo, pues, conveniente que estas modificaciones que se están haciendo al 27 constitucional son de gran trascendencia, porque en las diferentes áreas de la producción agropecuaria están plasmados sus principales problemas y creemos que vendrá a solucionar en definitivo lo que es la seguridad en la tenencia de la tierra; y esto nos traerá como consecuencia que haya mayores inversiones en el campo, tanto en la agricultura como en la rama forestal y otras actividades agropecuarias, requieren de seguridad y requieren de capital para que realmente podamos llevarles un beneficio directo a los habitantes del medio rural. Un beneficio directo a los habitantes del medio rural, es darles empleo, es darles seguridad en sus formas de tenencia de la tierra y; sobre todo, es contribuir con ellos para que vivan mejor y para que tengan una vida digna y puedan ofrecer un mejor futuro a sus hijos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente:
Interesante sin duda, la intervención del compañero Yunes en esta tribuna. Comparto su idea de que debían predominar los razonamientos y las ideas en este debate, en lugar de los "calificativos".
¡Qué lástima que Yunes no nos presentó ningún razonamiento y sí avanzó en los calificativos!
Y creo que vale la pena retomar el planteamiento de nuestro compañero del Partido Popular Socialista, porque efectivamente nosotros no empezamos con los "calificativos". Los empezó el Ejecutivo Federal en la presentación del Programa de los Diez Puntos, y los continuó el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana.
Ahí están los calificativos...; hemos tratado nosotros de presentar ideas, lamentablemente desde que presentamos ideas no hay respuestas congruentes y tampoco se atienden.
Y dice Yunes que tienen experiencia, tienen recuerdos, tienen memoria histórica, tienen conocimiento del presente, ¡pero ahora resulta que también premoniciones: son visionarios y que saben el futuro!
Yo creo que por ahí no es la discusión, pero eso quisiera entrar a la discusión de los argumentos, en serio, como los expresados aquí por el diputado Juan de Dios Castro Lozano.
En primer lugar, quiero señalar que es lamentable que el receso que hicimos el día de ayer, para tratar de encontrar una formulación distinta del tratamiento a sociedades mercantiles en la reforma constitucional, no haya prosperado. Nosotros, pese a que estábamos en contra y así nos pronunciamos desde el primer día del debate, de la conformación de este tipo de sociedades en el campo, anunciamos ayer nuestra disposición de encontrar un formulamiento que permitiera llegar a un concenso en esta Legislatura y lamentablemente no fue así.
Sin embargo, vamos a insistir y a hacer un esfuerzo más para tratar de encontrar alguna formulación. Y quisiera referirme a la intervención de nuestro compañero Juan de Dios Castro:
Nosotros no hemos calificado al Partido Acción Nacional de conservador y reaccionario. Tenemos un punto de vista sobre su proyecto y lo planteamos el día del debate en lo general, cuando varios compañeros de mi partido dijeron aquí que lo que se constataba con esta iniciativa, es que nuestro país el que está avanzando era el proyecto de la "derecha". Y la derecha no
en sentido peyorativo, sino la derecha como es la corriente política e ideológica en nuestro país, a la que hoy se va integrando cada vez más el Partido Revolucionario Institucional.
Creo que fue muy claro Juan de Dios Castro, dado que fue claro y expreso sus preocupaciones desde su punto de vista, desde el punto de vista del nacionalismo que profesa su partido. Y la verdad es que en esta nueva geografía política de la Cámara de Diputados, la intervención del Partido Acción Nacional los coloca a la izquierda del Partido Revolucionario Institucional.
Y si no, veamos el contenido de la fracción IV al 27 constitucional que contempla la iniciativa del Ejecutivo. Yo no estoy en el evento central en este proyecto: el de legalizar la ilegalidad en el campo, toda la argumentación de la diputación priísta para fundamentar la reforma al 27 constitucional, partió fundamentalmente del reconocimiento de que en nuestro campo existían prácticas ilegales y ante su inminencia y sin posibilidad de corrección, era mejor legalizarlas. Y veamos si no.
Decían: "no podemos engañarnos y decir que no existe un arrendamiento generalizado de parcelas ejidales". Existe el arrendamiento, no está permitido. Luego entonces legalicemos y regularemos su situación.
Decían: "no podemos engañarnos con la venta de tierras ejidales y comunales y mejor entremos a su reglamentación y permitamos la enajenación del ejido".
Decían también: "no podemos engañarnos con las inversiones de capital nacional extranjero en el campo, mejor en lugar de engañarnos acabemos con las simulaciones, reglamentémoslas y permitámoslas".
Decían: "no podemos engañarnos con la existencia de latifundios simulados". Hay que permitirlos, hay que crear sociedades mercantiles por acciones, para que hoy los familiares y los prestanombres de los latifundistas que simulan grandes extensiones de tierra hoy se conviertan no en familiares o prestanombres, sino en socios por acciones.
De nueva cuenta el problema de legalizar las prácticas ilegales que fueron fomentadas desde la burocracia gubernamental y por un mecanismo de deterioro profundo de la vida del campo mexicano.
Coincidimos con algunos planteamientos del Partido Acción Nacional, en cuanto a restricción a sociedades mercantiles. Y ayer mismo lo dijimos, Coincidimos en la necesidad de delimitar el número de hectáreas que los socios pueden tener en cada sociedad mercantil o participando en distintas sociedades no debían de exceder los límites de la pequeña propiedad. En eso coincidimos en lo fundamental.
Coincidimos en la necesidad de limitar el número de hectáreas que puede tener una sociedad mercantil, aunque no en el número exacto. Ellos decían: "hasta 25 veces". Nosotros dijimos hasta cinco veces. Dimos un argumento, Jorge Calderón y yo, el día de ayer, en el sentido de que ese tipo de sociedades si lo que buscan es capitalizar el campo, lo que hay que buscar es que donde se constituyan fomenten la introducción de paquetes tecnológicos novedosos, de inversión de capital intensiva que permita efectivamente un desarrollo distinto y de escalas distintas, fundadas en la intensidad del capital y de la tecnología y no la concentración de tierras.
Esa fue nuestra propuesta, a pesar de que estábamos contra las sociedades mercantiles. Pero hemos insistido en tres "candados" más:
El problema de reservar las sociedades mercantiles exclusivamente a nacionales. ¿Por qué? ¿Por un simple capricho o porque concebimos nosotros que los alimentos básicos y la producción agropecuaria y forestal de nuestro país es de interés nacional y es fundamental para la soberanía nacional?
Es un planteamiento político, no es solamente un capricho, sino también una conciencia de que abrir a la inversión extranjera las sociedades mercantiles en la producción agropecuaria y forestal implica no solamente dejar en manos de los grandes inversionistas extranjeros la producción de los alimentos básicos del país, sino también abre la puerta a la posibilidad de que en fronteras, litorales y zonas conurbadas de las ciudades este tipo de sociedades mercantiles se constituyan y hagan verdaderos estragos, no solamente ya en la producción agropecuaria y forestal, sino en las áreas de la industria, particularmente de la pequeña industria y en los servicios, particularmente del turismo de nuestro país.
Por eso creemos que deben reservarse exclusivamente a nacionales.
Pero también hay la propuesta del Partido Acción Nacional, aunque plantea lo de las inversiones extranjeras y lo limita, lo envía a la ley reglamentaria, hay un planteamiento que nosotros creemos que debe considerarse: el
problema de impedir las corporaciones entre sociedades mercantiles, esas sociedades controladoras de esas sociedades mercantiles o "holdings" o "courts" como se conocen en la ley antimonopolítica de los Estados Unidos.
¿Y por qué nos preocupa también esto? Una cuestión elemental. Con la firma del Tratado de Libre Comercio, llevado el estrato nacional a los inversionistas extranjeros, esto quiere decir que va a tener los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas nacionales y con el actual reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras, que le da grandes facultades, facultades extraordinarias a la Comisión Nacional de la Inversión Extranjera, el no plantear este candado a nivel constitucional, deja no a la ley reglamentaria, sino a la discrecionalidad de la Comisión Nacional de la Inversión Extranjera, la regulación de la inversión extranjera en todo lo que se reserva a la producción agropecuaria y forestal. Eso es lo que nosotros estamos planteando regular desde la propia Constitución.
Esos son algunos más de los planteamientos. Y presentamos uno último, un candado y una garantía más para defender y proteger al sector social rural. Y decíamos ayer que las sociedades mercantiles no deberían constituirse en tierras de origen ejidal o comunal, para evitar que la especulación que se va a desatar con la enajenación de tierras ejidales, se convierta no solamente en un factor más de aceleración del deterioro de la vida del ejido, sino también para garantizar que el ejido tenga un espacio de respiro, para que con la nueva reforma pueda entrar a una nueva fase de capitalización y de integración política y productiva; esos son nuestros planteamientos.
Yo por eso creo que es lo que deberíamos discutir aquí, compañero Yunes y no venir a reiterar calificativos o no venir acá a tratar de hacer un examen de oposición, muy malo por cierto, porque sinceramente, si bien ya sabe usted dividir 2 mil 500 entre 25, no supo hacer bien sus cuentas, respecto a que no fue el 88% de los diputados los que aprobaron la iniciativa, fue el 88% de los presentes el día de la votación, pero representa apenas el 77%, la votación que aprobó esta reforma, de los 500 diputados que integramos esta Legislatura. Yo creo que los nuevos científicos deberían ser más precisos en sus análisis aritméticos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Señor Presidente, ¿le quiere preguntar al orador si acepta una interpelación?
El Presidente: - ¿Acepta usted, una interpelación?
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Con todo gusto.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Perdón, más que una interpelación es un comentario. Le agradezco eso de nuevo científico, ya no soy tan nuevo, ayer cumplí 39 años, científico tenemos uno aquí adelante y nos honra, el doctor Herrán.
No, yo no dije que el 88% de los 500 diputados, dije con toda precisión que el 88% de los presentes de la Cámara, que eso es y no otra cosa, lo que la Constitución señala, se requieren las dos terceras partes de los presentes y yo tuve todo el cuidado en decir que fue el 88% de los aquí presentes, no me equivoqué al hacer las cuentas. Gracias, Alejandro.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Le apruebo su examen de admisión y quiero decirle que efectivamente el científico reconocido es el prestigio en esta Legislatura, don José de la Herrán honra a esta Legislatura y es un honor compartir la Legislatura con él, con los científicos, no con todos, los nuevos científicos tienen otra características. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Pimentel.
El diputado Oscar Pimentel González: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En estos tiempos los mexicanos hemos tenido que reflexionar con toda seriedad, con toda honestidad y autocrítica, sobre los problemas fundamentales y los obstáculos a nuestro desarrollo, sobre el sentido de nuestro proyecto revolucionario y la eficacia de las estrategias y los instrumentos para llevarlo a cabo.
La crisis económica y el deterioro de los niveles de bienestar que se hicieron presentes en años recientes, nos han obligado a replantear el rumbo de las políticas que hasta hace poco tiempo considerábamos como soluciones a nuestros problemas.
Hemos tenido que reconocer también, que los cambios en el mundo y los procesos de la globalización de la economía nos plantean nuevos retos que no podemos enfrentar con propuestas convencionales.
La imperiosa necesidad de los campos ha despertado la imaginación y la creatividad para definirlos y sobre todo para tener la capacidad de conducirlos sin provocar fracturas sociales o políticas que pongan en riesgo los principios fundamentales de nuestro proyecto como nación. Ciertamente para los mexicanos, estos últimos años no han sido nada fáciles, el tránsito de un sistema proteccionista a un sistema abierto y de una generalizada participación estatal en la economía ha sido un proceso complejo y difícil; lo importante y lo valioso es que hemos definido con claridad el rumbo para aprovechar al máximo todos nuestros recursos disponibles y con ello impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar de los mexicanos.
Así lo demuestran los avances que hemos logrado en la racionalización de la participación del Estado en la economía, en la renegociación de la deuda, el saneamiento de las finanzas públicas, la apertura comercial, la desregulación y la promoción de la inversión y las exportaciones; lo que nos ha permitido también reducir de manera consistente la inflación, impulsar la recuperación del crecimiento, mejorar paulatinamente el empleo y atender las demandas de bienestar social más apremiantes de la población, pero tenemos aún frente a nosotros el reto de incrementar eficiencia y productividad, sólo podremos seguir adelante si profundizamos los cambios estructurales en todas las actividades que conforman la base de nuestra economía; de ahí la trascendencia y el apremio por el cambio en el ámbito rural de la sociedad mexicana; la modernización del país no es concebible sin la modernización del campo, la transformación integral de la vida rural es una demanda fundamental de los campesinos y preocupación también de toda la sociedad para alcanzar el propósito de la justicia social. Ha llegado la hora de reconocer con toda transparencia los problemas y proponer opciones para corregirlos; como en el resto de los sectores, la reserva principal que debe ponerse en juego es la propia iniciativa de la sociedad civil, abrir paso a la libertad económica y a la autonomía de los productores en el campo debe ser el propósito que sustente una reforma agraria contemporánea.
Por ello la importancia que tiene la propuesta de la iniciativa Presidencial para que se constituyan sociedades mercantiles en el campo mexicano y frente a esta propuesta y frente al conjunto de la iniciativa los priístas hemos sido muy claros desde el inicio, con ello no queremos que se reconstituya el latifundio y no sólo porque se trata de una posesión que crea inequidad y no sólo porque significa injusticia, sino porque el latifundio no es solamente una extensión de tierra, es un tipo de relación social que implica la servidumbre de muchos mexicanos, por eso pensamos que el latifundio debe quedarse efectivamente en el pasado y hemos decidido también con mucha claridad que no estamos de acuerdo en que las sociedades mercantiles sirvieran de vehículo para el control extranjero de la economía rural y menos del conjunto de nuestra economía; son dos planteamientos que en esta Cámara deben quedar muy claros, buscamos en cambio que las sociedades mercantiles sean instrumentos para captar el ahorro interno y externo, que son necesarios para poder capitalizar el campo y para ello, necesitamos crear condiciones que lo permitan y tenemos que reconocer que no estamos en condiciones de vacío jurídico, no podemos, como aquí se ha señalado, establecer todos los requisitos y todas las condiciones para constituir las sociedades mercantiles, existen reglamentos específicos y leyes específicas que en materia por ejemplo de inversión extranjera, establecen estos límites con toda claridad.
Respecto al tamaño de las sociedades mercantiles, hemos dicho también que estas sociedades no podrán tener más de 2 mil 500 hectáreas y esto queremos hacerlo extensivo también a las sociedades de sociedades, que no existan formas de asociación de sociedades mercantiles, que puedan efectivamente recrear grandes propiedades que rebasen este límite que ya hemos establecido.
Y estamos de acuerdo también en que para reforzar lo que sea necesario, en la ley reglamentaria se establezcan las condiciones para regular la participación de la inversión extranjera en estas sociedades mercantiles.
En la ley de promoción de las inversiones y que regula las inversiones extranjeras, en su artículo 7o. queda muy claro que las sociedades extranjeras no pueden adquirir el dominio de tierras y aguas u obtener concesiones para la explotación de aguas.
En la ley reglamentaria también del artículo 27, queda muy claro que el capital extranjero no puede poseer más allá del 50%.
Y también en la propiedad ley de inversiones extranjeras se establece como límite el 49% para la participación de los extranjeros.
Estas disposiciones que actualmente tienen vigencia, han probado su eficacia y deben mantener su vigencia.
Los priístas no pretendemos que se legalice lo ilegal y esto va también porque sabemos que la reforma al 27 constitucional no es solamente un problema de carácter jurídico, estamos proponiendo un proyecto para la transformación integral del campo de México, donde efectivamente adecuar el marco legal tiene una función muy importante, permitirá ampliar el espacio a la participación de la sociedad civil, dotará de mayores márgenes de autonomía y libertad económica a los productores rurales y, sobre todo, implica también una importante reforma del Estado en la sociedad mexicana. Esta reforma al 27 dará un nuevo perfil al Estado mexicano en el campo y ampliará también las posibilidades de seguir avanzando en la democracia en el medio rural.
Así pues, no podemos, al legislar sobre las sociedades mercantiles, dar marcha atrás en lo que ya hemos legislado en la propia Constitución y en sus propias leyes reglamentarias.
En la propia fracción I del artículo 27, que continúa vigente, se establece con mucha claridad la posibilidad de que extranjeros tengan el dominio de tierras en nuestro país y no podemos pues establecer un valladar por completo a la participación de inversionistas extranjeros. Nos interesa captar el ahorro y convertirlo, sí, en impulso a la capitalización del campo mexicano.
Reiteramos, pues, las propuestas que hemos hecho, para que en la ley secundaria, se regulen las características en que pueden participar los inversionistas extranjeros en estas sociedades y también lo relativo al tamaño de estas sociedades.
Ofrecer certidumbre jurídica en el campo y abrir nuevas alternativas para la inversión y la capitalización del medio rural a través de las sociedades mercantiles, estimular nuevas formas de organización de los ejidatarios con los pequeños propietarios y los particulares, renovar la relación de los productores con el Estado, bajo una nueva ética de corresponsabilidad y concertación, son más que meras modificaciones a la ley, tareas fundamentales en la agenda para modernizar la economía rural, elevar los niveles de bienestar y ampliar los espacios de la vida democrática en el campo.
Actuemos, pues, sin vacilaciones. Que sea la modificación al artículo 27 una de las vertientes, no la única, de la transformación integral del campo mexicano. Gracias.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente, deseo hacerle una pregunta al orador.
El Presidente: - El diputado Calderón desea hacerle una pregunta al orador.
El diputado Oscar Pimentel González: - Sí señor, con mucho gusto.
El Presidente: - Adelante.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su cururl): - Solamente preguntarle si por lo que usted acaba de decir habría disposición de usted y de su partido a expresar en el texto puntual de la fracción que estamos discutiendo la voluntad del Legislador de regulación en materia, no sólo de inversión extranjera, sino también de sociedades controladoras, esto que en mi caso se conocen como "holdings".
El diputado Oscar Pimentel González: - Lo que pensamos y creí expresarlo es que estamos de acuerdo en los principios, pensamos que es el planteamiento en el coincidimos, pero sabemos y queremos expresarlo, que eso está regulado en otras leyes, como la de Inversión Extranjera, que está regulado en el mismo artículo 27 en su fracción I, en la Ley Reglamentaria propia del artículo 27 y que sería imposible e innecesario que fijáramos con detalle todos los requisitos para este tipo de criterios que se pretenden establecer.
Estamos de acuerdo en que estos principios que usted se plantea, podamos llevarlos a la Ley Reglamentaria y en esa medida, mantenemos nuestra posición a la propuesta que aquí se ha hecho por la compañera diputada Patricia Terrazas
El Presidente: - Esta Presidencia concede la palabra al diputado Martín Tavira.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Yo no voy a abundar respecto de los peligros que puede acarrear la inversión extranjera, indiscriminada, sin topes, sin reglamentación alguna, porque ya otros compañeros diputados lo han hecho.
Recordemos que en 1965, en la XLVI Legislatura del Congreso de la Unión, Vicente Lombardo Toledano, en nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, presentó aquella famosa iniciativa para establecer un nuevo capítulo en la Constitución sobre la economía nacional y en esa iniciativa Lombardo establecía los campos en que podía invertir el Estado, la iniciativa privada nacional y los capitales extranjeros.
Nosotros consideramos que la inversión de los capitales extranjeros en el campo sería sumamente peligrosa para la soberanía nacional.
Pero a lo que yo me quería referir brevemente era a esto: dice el diputado que acaba de hacer uso de la palabra, que en la ley reglamentaria, en la ley secundaria, se van a poner las condiciones para la inversión extranjera en el campo.
Nosotros no estamos de acuerdo desde luego con la inversión extranjera en el campo, pero yo le preguntaría ¿por qué razón se va a poner eso en una ley secundaria?
Recordemos nosotros y lo hemos repetido muchas veces aquí, que los artículos 27 y 123 tienen muchos detalles, inclusive de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque son las garantías sociales que contiene la Constitución y esas garantías sociales no deben de ser derogadas o modificadas de una manera sencilla, como las leyes secundarias.
Repetimos una vez más lo que dijo el diputado Heriberto Jara en el Constituyente de Querétaro: "esta Constitución tiene que salirse de lo clásico, tiene que ser una constitución nueva que recoja los graves problemas nacionales, fundamentalmente los del campo y los de la clase obrera".
¿Por qué remitir el problema de las inversiones a una ley secundaria? La Constitución debería establecer normas, las líneas fundamentales de esta inversión en el campo, se requiere que a rango constitucional esté un asunto de tanta importancia, señoras y señores diputados y no dejar a una ley secundaria cuestión de tanta trascendencia. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Heberto Croda.
El diputado Heberto Croda Rodríguez: Señor Presidente, con su permiso; compañeros diputadas y diputados:
Acción Nacional se ha referido aquí para mencionar de que su propuesta requiere poner algunos candados para que la iniciativa salga adelante y de que se apruebe la tendencia acumulativa dentro de la participación en las sociedades mercantiles.
Yo diría que los candados que quiere poner Acción Nacional son candados abiertos y entregándole además la llave a cualquier socio que quiera ingresar a estas sociedades mercantiles.
Esta propuesta , a nuestro parecer, desde el punto de vista de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, trastoca el espíritu del Constituyente, abre la puerta, coincidimos con algunas otras posturas de algunas otras fracciones, para que efectivamente se dé acumulación de la tierra y de esa manera regresemos otra vez a los tiempos pasados, principalmente a los tiempos del porfiriato.
Consideramos que trastoca el espíritu del, Constituyentes, porque esta propuesta, al abrir las puertas a la acumulación a los terratenientes, volveríamos a generar en el campo inquietudes que no podrían llevar a nefastas consecuencias.
Por lo tanto, consideramos que la tendencia acumulativa que se propone en estos casos sociedades mercantiles, a nuestro parecer es nefasta, que provocaría un sinnúmero de fenómenos en el campo, trascendiendo a otros aspectos de la vida de la sociedad.
¿Quién garantizará si el control especulativo de las tierras en el caso de que una sociedad tenga derecho de tener acciones en una y en otra y en muchas más? Quién garantizará la justicia en el campo y en la equitativa distribución de la riqueza, en todas las gestiones en donde operan ese tipo de sociedades mercantiles?
Por otra parte, ¿quién detendrá los cacicazgos y los poderíos regionales, estatales y hasta nacionales, tanto en lo político como en lo económico de estas sociedades, que fundarían precisamente para controlar la vida integral de todas las regiones en donde éstas se pongan a funcionar?
Por ello, nuestra fracción parlamentaria considera que debemos efectivamente poner candados, pero candados cerrados y que la llave de los mismos se destruya para que nadie la pueda utilizar.
Alguien comentó aquí, me parece que un compañero del Partido Popular Socialista, de que hay que poner efectivamente puertas, puertas, puertas bien cerradas.
Por lo tanto, nos oponemos al regreso al pasado, dándole oportunidad a este tipo de sociedades mercantiles, para que quieran tener dentro de una sociedad activos, que tengan derecho en una de un número determinado de tierras y quieran tener derechos en otras sociedades. ¿Cómo es posible que quieran tener 10 hectáreas en un lado, 10 hectáreas en otro y así sucesivamente
hasta completar cien hectáreas de riego o sus equivalentes en otras clases de tierra, para de esta manera poner una cortina de humo, encubriendo el verdadero significado de lo que en el fondo se requiere?
¿Por qué no, a ejemplo podríamos decir, por qué no si una sociedad tiene interés en invertir en adquirir tierras en una región determinada del país? ¿Por qué no, si hay disponibles 500 hectáreas de riego en un lugar determinado, por qué no los socios que tengan interés en esas tierras, por qué no se constituyen en cinco socios y de esa manera dejan de andar buscando más tierras para conformar lo que ellos quieren, la acumulación hasta completar la pequeña propiedad?
Y así sucesivamente en sus equivalentes podríamos decir lo mismo, para evitarles la búsqueda en que ellos quieren.
Nuestro partido, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, propone que las sociedades mercantiles no puedan tener como objeto social la compra - venta de terrenos rústicos y de esa manera es lo que queremos impedir, que con la búsqueda que quieren hacer lo que proponen esta acción acumulativa, la verdadera intención es la especulación de la tierra y nosotros nos oponemos a que en el campo se den las inmobiliarias y se especule con las tierras, encubriéndose en la calidad de socios para ir de sociedad en sociedad, para después vender sus acciones o sus derechos.
También nuestra fracción parlamentaria ya lo ha expresado en diferentes ocasiones. Nos pronunciamos porque la inversión para el desarrollo en el campo, se reserve únicamente y exclusivamente a los capitales nacionales, a las sociedades mercantiles nacionales. Pero también con un carácter nacionalista. Muchas gracias.
El presidente: Tiene el uso de la palabra el diputado Julián Luzanilla.
El diputado Julián Lizanilla Contreras: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Yo provengo del estado de Sonora, de un estado del norte, el estado de Sonora, en donde se cultivan 650 hectáreas de riego, en donde tenemos dentro de esas 650 mil, una superficie ejidal o del sector social, de 335 mil hectáreas con 39 mil productores y una superficie de propiedad privada de 315 mil hectáreas, con 19 mil productores.
He pedido hacer uso de la voz en esta tribuna precisamente para apoyar la propuesta que en relación con las sociedades mercantiles ha formulado la iniciativa del Ejecutivo, misma que recoge y perfecciona el dictamen de la Comisión de Gobernación y Reforma Agraria y que ha sido precisada aquí de manera muy importante por la diputada Patricia Terrazas.
Se ha venido diciendo mucho que las sociedades mercantiles abrirán la puerta al latifundio. Yo estoy seguro que eso es falso. La limitante ya está impuesta en la propia reforma que hoy discutimos y se ha dicho que no será mayor la superficie que tenga una sociedad mercantil de más de 25 veces del límite de la pequeña propiedad.
Se dice que no se abre la puerta al latifundio y yo creo que no es cierto, porque ese candado es fundamental para que eso no sea así. Si eso fuera cierto, yo estuviera aquí rechazando la iniciativa. Ténganlo por seguro, porque así me lo exigen los compañeros míos de Sonora.
Yo soy dirigente de La Confederación Nacional Campesina en Sonora, surgí de un proceso de consulta a las bases y yo tengo que respetar la decisión mayoritaria de las bases que represento.
Se habla de que no se establezcan las sociedades mercantiles en el campo. Se habla de que si se establecen que sean no 2 mil 500 hectáreas, que sean 500, que sean 1 mil o que sean menos de 2 mil 500.
Yo quiero decirles los siguiente y ya se había señalado aquí: si se establece un tope menor a las 2 mil 500 hectáreas, yo creo que hay cultivos y regiones que si su óptimo punto de equilibrio en la economía de esta escala pudieran ser 500 hectáreas, hay otras en las que pudieran ser más, otras en las que pudieran ser menos. Pero no tenemos por qué jugar en la Constitución con las cuestiones climatológicas, de calidad del suelo y de naturaleza de los cultivos.
Por eso yo considero que es adecuado que prevalezcan esas 2 mil 500 hectáreas como tope máximo.
Se habla de la posibilidad de que haya empresas controladoras que vayan a ser la puerta esto para verdaderos latifundios. Tampoco estoy de acuerdo en eso.
Y por un razonamiento muy sencillo, si no estamos de acuerdo en que las sociedades tengan mucho o más de 2 mil hectáreas, mucho menos
estamos de acuerdo en que a través de empresas controladoras éstas se multipliquen.
Se habla también y se ha dicho aquí que la sociedad mercantil, si se establece, se ha dicho que habrá qué regular lo que una sociedad mercantil puede establecer o puede comprar de terreno ejidal. Yo creo que ése es un grave error, porque la sociedad mercantil no podrá comprar un solo centímetro de terreno ejidal, el terreno ejidal seguirá siendo imprescriptible, e inembargable.
Se ha dicho también, compañeras y compañeros, que esta reforma tiene como objetivo fundamental, legitimar prácticas ilegales. Yo no estoy tampoco de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que tiene un claro objetivo, un objetivo muy preciso de regular las relaciones que ahorita se vienen haciendo por debajo del agua y que eso perjudica gravemente a nuestros compañeros.
Hablemos nada más, por poner un ejemplo, hablemos de rentismo. Si supieran ustedes cómo no rentan parcelas, abusando de nuestros compañeros en muchas ocasiones. Les pagan la renta al precio que les de la gana, les pagan la renta a cuentagotas; les dan, además como estímulo, algún tequilita semanal para tenerlos controlados y seguirles rentando sus terrenos. Les dejan a veces, la tierra plagada y de pilón hasta el gorro de adeudos con los bancos.
Esa es la consecuencia, compañeros, de esas relaciones no estén reglamentadas y no estén reguladas por la ley.
Si como consecuencia de querer atacar ese problema social, legalizamos el rentismo, yo creo que no tenemos por qué asustarnos.
Se dice también que en última instancia, si se permite la sociedad mercantil, que se permita en la propiedad privada, pero en la propiedad ejidal.
Yo creo que quienes esto proponen, no saben lo que dicen. Yo creo que ésa sería una posición verdaderamente reaccionaria; una posición tendiente a negarle, a negarnos a los productores del sector social, hacer uso de nuestra libertad para procurar nuestro progreso.
Y están proponiendo, además, desmantelar los ejidos, demantener los ejidos, por una simple y sencilla razón: aquí se ha hablado y se acordó en términos generales que el terreno ejidal con ciertas condicionantes, la superficie ejidal puede ser la parcela ejidal, adquirirla el ejidatario en pleno dominio.
Si limitáramos la participación de las sociedades mercantiles en el sector ejidal, simple y sencillamente estuviéramos acabando con los ejidos, porque todo mundo se iría a procurar la adquisición en dominio de su parcela, para poder tener recursos, para poderlas trabajar, ¡y eso yo no lo permito, eso es inadmisible, compañeros!
El problema del campo ahorita, todos coincidimos en eso, es la descapitalización. Sabemos que los recursos no han sido los cuantiosos que nosotros quisiéramos, sabemos que los recursos fiscales han estado limitados y sabemos que los recursos financieros también lo han estado. Pero si ahorita nos proporcionaran dos, tres, cuatro o más cantidades de los recursos fiscales ahorita destinados y de los recursos financieros ahorita disponibles, no resolveríamos con mucho el problema de descapitalización del campo.
No podemos excluir la inversión de recursos públicos; por el contrario, tenemos que exigir cada día más. Pero eso no excluye la posibilidad que cuando sea negocio para los productores, no puedan atraer capitales de inversionistas privados, nacionales o extranjeros, con las regularizaciones que aquí ya se han establecido.
Igualmente sería un perjuicio para el sector ejidal si al regular la inversión en el campo se privilegiaria la inversión en la propiedad privada. Eso no debe ocurrir porque sería un duro golpe al sector ejidal y a quienes se quieren mantener como ejidatarios.
Que sepa aquí bien, la reforma no traerá como consecuencia inmediata la venta de parcelas o la venta de ejidos. Yo estoy seguro que eso no va a ocurrir, pero con las medidas que aquí se proponen sí ahorcarían a nuestros compañeros porque no tendrían acceso a las posibilidades de mayor desarrollo.
Se habla de que las sociedades mercantiles pueden ser también instrumento de simulación. Esos mismos compañeros y sin haber reformas constitucionales, están señalando ahorita que hay simulación y que hay latifundios simulados efectivamente yo no dudo de que pueda haberlos. Se habla de Sonora, se habla de Sinaloa y se habla de otros estados. Peros desafortunadamente para nosotros son simulados; es decir, con reforma y sin reforma hay simulación. La simulación no la podemos combatir con decretos constitucionales o con disposiciones legales únicamente. Habrá que buscar la forma imaginativa para combatirla y si es necesario alguna cuestión de carácter constitucional o legal, hay que plantearlo, pero sin que ello obstruya el acceso de los productores a financiamientos y a inversiones.
Yo creo, compañeros, que se han estado hablando aquí muchas cosas, quizá con una preparación filosófica, política, económica, muy importante. Se habla de científicos viejos y científicos nuevos, de filósofos viejos y de filósofos nuevos. Pero cuando nuestros compañeros quieren agrupar superficie de alguna manera para que les sea más redituable su actividad, no entiende de lo que dicen los científicos nuevos y los viejos; lo que quieren es que se les permita trabajar, que se les permita que en un lugar de que un tractorcito ande dando vueltas en cinco ó 10 hectáreas, puedan agruparse libremente para tener acceso a los avances tecnológicos, en una administración profesional de sus empresas y a una comercialización más adecuada.
Yo sí les pido pongan mucha atención en cuáles son las necesidades reales del campo y sobre eso tengamos que resolverlas. Yo pienso que tenemos que ser más prácticos, compañeros. Yo estoy de acuerdo...
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde su curul): - Quiero interpelar.
El Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación?
El diputado Julián Luzanilla Contreras: - Adelante.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde su curul): - Diputado Lozanilla: Tengo dos preguntas. En la primera parte de su exposición al plantear usted defender... Te voy a hablar de tu, Julián, mejor. Cuando defendiste el asunto de que sean las 2 mil 500 hectáreas, planteaste que no valía la pena poner en la Constitución cuestiones climatólogicas o características de las tierras. Sin embargo nuestra Constitución y precisamente en este artículo incluye cuestiones climatológicas y de tierra.
¿Quisiera preguntarle si tiene presente en este momento algún ejemplo de cultivo, cuya economía a escala sea favorable en una extensión tan grande como son 2 mil 500 hectáreas?
Y segunda pregunta. Hablaste sobre el rentismo. Planteaste que en este caso es muy benéfica la reforma porque va a quitar las desventajas en las que se encuentra ahorita los campesinos al tener que rentar de manera ilegal. ¿Te quiero preguntar si favorecerías la idea de limitar la capacidad de renta? Es decir, dado que es posible, es decir, yo en lo personal preveo que probablemente haya más rentas que compra de tierras. Por las condiciones actuales de agricultura es muy probable que los inversionistas prefieran no desembolsar capital para compra de tierras, sino para renta y en este caso si en la ley correspondiente no se pone algún límite podemos encontrar que una persona o una sociedad va a poder rentar grandes extensiones.
Esas son mis dos preguntas.
El diputado Julián Luzanilla Contreras: - Muy bien, diputada.
Respecto de la primera pregunta, yo quiero subrayar que pienso que la escala adecuada de 2 mil 500 hectáreas o un poco menos o un poco más, puede ser lo relativo a granos. Pero hago esta aclaración: yo nunca ni he sembrado ni he visto sembrar 2 mil 500 hectáreas de trigo y no tengo las bases técnicas o económicas, porque no soy técnico, y para ahorita dar la respuesta más adecuada.
Más que nada lo que quiero decir es que haya cierta libertad. Porque si aquí no ponemos de acuerdo o no se ponente de acuerdo los técnicos nuevos y los técnicos viejos, pues a lo mejor fijamos 5 mil o a lo mejor fijamos 500. Yo pienso que es conveniente esa superficie, sin que pueda fundamentarla desde el punto de vista técnico - científico.
En la segunda pregunta, definitivamente debe haber un límite al rentismo, porque si no por ahí se nos va el nuevo latifundismo. Si limitamos la pequeña propiedad, con mayor razón la renta de parcelas. Totalmente. Eso no debe ocurrir. Debe haber un limite preciso. Así como decimos tantas hectáreas puedes tener una propiedad en lo individual o en sociedad, así debe haber un límite al rentismo.
Compañeras y compañeros: en abono a la necesidad de la existencia de sociedades mercantiles, quiero yo comentarles lo siguiente: Supieran aquí, quienes no están de acuerdo en las sociedades, que yo tengo compañeros, por ejemplo en zonas de riego por bombeo, que es imposible que sigan sembrando soya o cualquier otro grano; supieran ustedes que estos compañeros tienen que irse a explotaciones ganaderas que requieren muchos recursos, a siembras de hortalizas, a siembras de frutales; supieran el monto de los recurso que requerimos para ello y supieran que no hay los recursos financieros para ello y que nuestros compañeros se están muriendo de hambre, porque no tiene qué sembrar, porque no pueden sembrar más bien, porque es irredituable y porque traen además, como
consecuencia de todo esto, un mundo de cartera vencida sobre sus espaldas. Supieran ustedes que hay caso de compañeros...
El Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación del compañero Calderón?
El diputado Julián Luzanilla Contreras: - Sí, adelante.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor diputado, ¿qué piensa usted del hecho de que en los últimos años se ha reducido, en términos reales, en un 70% la inversión pública para desarrollo rural?, ¿qué piensa usted del hecho de que el Estado haya cancelado los precios de garantía para los 10 principales cultivos y sólo los mantenga en maíz y en frijol?, ¿qué piensa usted del hecho de que los precios agrícolas hoy, en términos reales, son 40% más bajos y de quién cree que es la responsabilidad de que la gente se este muriendo de hambre en el campo?
El diputado Julián Luzanilla Contreras: Bien, diputado. Pues no tengo cifra precisa de cuánto se ha reducido la inversión pública, pero si se ha reducido en 70%, yo quisiera que hubiera incrementado en 70% o en 700%.
La segunda pregunta...es que habla muy rápido.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): -La segunda pregunta es relativo a la cancelación de los precios de garantía y de quién es la responsabilidad de la cancelación de los precios de garantía y la libre importación de granos a precios subsidiados.
El diputado Julián Luzanilla Contreras: - Bien. Mire diputado, yo pienso que, si por mi fuera, en este momento hubiera precios de garantía en todos los productos, en tanto alcanzábamos la competitividad suficiente para buscar los mejores precios en el mercado nacional y en el mercado internacional.
Yo pienso que los precios de garantías estuvieron de alguna manera sosteniendo una situación en el campo, si no muy favorable cuando menos para pasarla bien, pero pues de alguna manera podían darnos o más o menos de lo que nuestros productos valieran. Entonces pienso que el esquema de precios de garantía impidió por mucho tiempo el desarrollo del campo en el país; si ahorita me dice que si quiero que lo fijen, yo le digo que sí, porque no aguantamos, pero creo que tenemos que buscar otros esquemas, otros esquemas para ser más productivos, más competitivos y para ponerle nosotros, en un momento dado, nuestros precios a nuestras cosechas, no que nos los pongan. (Aplausos.)
No sé si estén contestadas las dos preguntas. ¿Sí? gracias.
Entonces les decía yo cómo supiera cuántos compañeros, muy poquitos por cierto, que logran asociarse en una zona de riesgo por bombeo, en sus cinco o 10 hectáreas con algún, no recuerdo cómo le llaman allá en el otro lado, pero para nosotros son coyotes, logran a veces obtener su papa, su calabaza, su tomate, su chile y les va bien, pero vieran ustedes cómo les va a los pobres cuando les dan un cheque de botador y no solamente le dan cheque de botador sino que el comercializador no paga los C.B.D que no sé que quieran decir, pero que se sacan en Hacienda y que él los trae después al ministerio público queriéndolos meter al bote, eso no es más que consecuencia de la falta de regulación legal de todas esas operaciones, por eso yo me inclino porque se regule, porque se establezca la sociedad mercantil, pero con todos los controles que sean necesario para que no vuelva el latifundio y para que no haya una relación desproporcionada o inequitativa en perjuicio de los que menos tienen, eso es lo que yo no quería decir, compañeros, por eso yo apoyo la propuesta de la iniciativa del dictamen que ha precisado Patricia Terrazas, pero no sin antes hacer las siguientes reflexiones:
Creo que cada momento, cada circunstancia histórica requiere una respuesta distinta, pienso que es esencia de un sistema democrático y plural buscar consensos sociales para resolver los problema que interesan a la nación y en esa búsqueda resultan coincidencias y resultan discrepancias. A lo largo de la historia diversas fuerzas políticas han coincidido con nosotros, no se han colgado de nuestras propuestas, mucho menos nosotros de las suyas, simple y llanamente la iniciativa que hoy discutimos es una propuesta a las medidas y exigencias actuales del país y de la sociedad rural. El partido Revolucionario Institucional tiene principios inamovibles; justicia, libertad, soberanía y democracia, con estrategia que el momento histórico aconseja, pero siempre en torno de estos principios fundamentales mi partido por muchos años ha marcado el rumbo de esta gran nación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Fernando Estrada Sámano.
El diputado Fernando Estrada Sámano: - Inicio, señoras y señores diputados, con un público
reconocimiento: la bondadosa y ciertamente plural distribuida entre los diversos partidos, actitud de la Presidencia que dejado fluir el debate de algunos oradores recientes por 14 minutos, por 8 minutos 30 segundos, por 23 minutos quitadas las interpelaciones, tal actitud me haría atreverme a esperar similar y ciertamente inmerecido tratamiento por lo que toca la tiempo de mi intervención. (Aplausos.)
Intentaré con todo, no amenazo a nadie, ser lo más breve que me sea dado. Por lo demás el llevar el tiempo a los oradores pudiera para algunos resultar una muy buena terapia, por ejemplo a las tres de la mañana en sesiones un tanto irracionales, porque lo ayuda a uno a conservarse despierto o por lo menos a saber cuanto tiempo se durmió.
Nos dan, señor Presidente, el beneficio de la duda, nos dicen que somos congruentes en Acción Nacional con nuestra propia historia nuestro proyecto, nuestra variada tradición intelectual, programática y política; pero tal reconocimiento no siempre es tan bienvenido como pudiera ser de pensarse, porque sucede que esa congruencia tiene que ver con la derecha más o menos civilizada, con tintes reaccionarios, conservadores y otras lindezas, e incluso se llega al novísimo descubrimiento del señor diputado Encinas, que ahora viene a saber que el partido Acción Nacional está a la izquierda del Partido Revolucionario Institucional, esto no es novedad alguna.
Me parece que dentro del debate público, dentro del desarrollo político de México, estas lecturas quizá un tanto perjudicadas o basadas en desconocimiento, estos descuentos mexicanos, son frecuentes en el debate político de nuestro país.
De manera tal que en alguna ocasión reciente, diputados de diversos partidos manifestaban sorpresa de que Acción Nacional se autodefina como partido laico, en el sentido respetuoso de la pluralidad religiosa y sociocultural de México y como no confesional. Esto lo ha hecho y dicho siempre Acción Nacional.
Sé que este desecuentro, sé que esta dificultad de comunicación y de proyección de imagen política, continuará en esta Legislatura, como es perfectamente natural y mi intervención intenta ahora contribuir a este conocimiento que, en términos del desarrollo democrático de México, me parece esencial y urgente entre las diversas conformaciones políticas del país.
En un documento antes citado, haré este intento, entre paréntesis, en tres pasos subsecuentes, el primero de los cuales se refiere al problema, al concepto y a las variedades de la propiedad.
En un documento recientemente citado en esta tribuna, señoras y señores diputados, en el modelo de sociedad y en la autodefinición que el Partido Acción Nacional hace de sí mismo, se lee lo siguiente: "porque en materia de sociedad, piedra de toque en los modelos contrapuestos de organización social, Acción Nacional quiere formas justas de apropiación que garanticen la libertad y el desarrollo de familias y personas, por eso mismo enfatiza la primacía del criterio del destino universal de los bienes materiales".
Es por ello en el concepto de Acción Nacional, la propiedad no es un concepto monista, sino que admite derivaciones y formas de concreción; esto es, maneras de apropiación de los bienes materiales, que es tan plural como su propia propuesta democrática de sociedad.
Para Acción Nacional, siendo congruente con su propia historia y tradición intelectual, es perfectamente natural pensar y afirmar la propiedad de ciertos bienes por parte del estado y así lo dice en sus principios de doctrina de 1939 y se compromete y exige la formación por parte del Estado de todas aquellas instituciones públicas que ayuden y fomenten la marcha y la adecuada, justa orientación de la economía nacional. Esto es perfectamente natural para Acción Nacional.
Y también por las mismas razones, firma y considera como perfectamente normal la propiedad social, por ejemplo, de organizaciones diversas, como las formaciones de trabajadores en los sindicatos o como el ejido, como parte del tejido social. De manera tal, que de ninguna manera se está contradiciendo sino que se quiere fortalecer, como dice el Programa de Acción Política de 1940, anoche aquí citado, fortalecerlo y fortalecer la independencia de esas instancias del tejido social por muy diversos que aquí se han también señalado en diversas intervenciones. Sólo exigimos que ese tipo de organizaciones sociales lo que complementa la proposición de Acción Nacional.
Para sindicatos, ejidos, organizaciones campesinas, organizaciones profesionales etcétera, exigimos la democracia interna de esas organizaciones y la autonomía externa con respecto a cualesquier estructura de poder político económico.
Y, tercero, se afirma también la posibilidad y el derecho de las formas de apropiación personal
o familiar o privada, si se quiere, como un medio, entre otros, de garantizar, como dice el texto, la libertad, la dignidad, el desarrollo de las personas, de las familias y de los grupos.
Y todas estas posibles, múltiples, formas de apropiación de los bienes materiales, bajo el criterio general y englobador del destino universal de los bienes materiales.
Cuando hablamos de esto incluso y para simbolizar estos desencuentros y ese mutuo desconocimiento entre las formaciones políticas, algunas personas creen que cuando hablamos del destino universal, como hasta comunistas, ya no de derecha, sino de izquierda, más o menos se expresa.
Segundo punto. Acción Nacional propone que ciertamente, la justicia y la libertad, son dos pilares fundamentales de la organización social y política de los grupos humanos y que no, en pocas ocasiones, nuestros desecuentros y las formas muy diversas en que se organizan las acciones y que llega incluso a suscitar esa organización el conflicto violento, muchas veces depende del acento, del énfasis que se ponga en uno estos dos pilares de libertad y de justicia.
Acción Nacional acentúa a la vez con la misma fuerza ambos valores sociales como metas a perseguir en México: La justicia y la libertad y creemos a la vez y así lo proponemos al pueblo de México, que el puente, el arco que puede unir estos dos grandes pilares, es precisamente la democracia.
Y sin la democracia, esos grandes objetivos de la sociedad mexicana, pueden ser alcanzados y es obvio que en la búsqueda de la democracia, coincidimos con otros mexicanos desde puntos de vista diversos.
Los cuatro candados que tan sólida y lúcidamente han alcanzado para nosotros el diputado Juan de Dios Castro, no están abiertos, son simplemente un intento más de acercar propósitos de libertad a las exigencias y las demandas de la justicia en el caso de los campesinos mexicanos.
Y ciertamente no están abiertos como dijera el señor diputado, representante de una conformación política, el Frente Cardenista, de prístina, calrísima definición ideológica, están cerrados.
El puente, el arco, que une estos dos grande pilares, es el proyecto democrático y hace años, como señalaba Castro Lozano también, ciertos calificativos se nos lanzaban de manera casi impune y un ejemplo de ello, es el debate cuya copia he de hacer llegar a algunos compañeros que pudieran estar interesados en él del 19 de febrero de 1971, respecto a la Ley de Reforma Agraria. Quién quiera ver un ejemplo de irracionalidad política en el debate de este país , puede leerlo en el Diario de los Debates de ese día. Ante la aducción de cifras y de datos estadísticos respecto del campo mexicano que daban los diputados de Acción Nacional en ese entonces, un diputado de la entonces mayoría respondón que simplemente a la gente de mentalidad revolucionaria, las cifras y los datos la realidad no les afectaban y ante esto se soltó el aplauso de la entonces mayoría.
Con esos criterios, el señor diputado Calderón que tiene la magnifica y costumbre de fundamentar su argumentos con cifras estadísticas, resultarían precisamente retrógrado, consevador, reaccionario y de derecha irredenta.
Tercer punto. Tengo y manifiesto públicamente, como lo he hecho en ocasiones diversas, respeto intelectual y político por colegas diversos del Partido de la Revolución Democrática y de otras conformaciones políticas. Me atrevería, por el mismo respeto, suplicarles que no esperemos que se parecieran a esa mayoría políticamente irracional en esos debates citados de 1971.
Se hace una ridícula caricatura de los oponentes políticos y en ese caso de Acción Nacional, definida en parte por un prisma ideológico que altera el conocimientos y la percepción de otro político. Me parece ridículo, además quizá de ofensivo para ambos hablar de panismo priísta. Me parece en el mejor de los casos cuestionable el hablar de la vuelta al pasado, del lenguaje de modelo y de pensamiento del Siglo XIX.
Yo me temería más bien, o por lo menos así me ha sucedido en estos días, que cierto tipo de lenguaje traen un fuerte eco del Siglo XIX, y me ha recordado con frecuencia una estancia larga como profesor e investigador huésped en Alemania, cuando los líderes de Alemania del Este hablaban de que el muro de Berlín que dividía a las dos alemanias trágicamente, era para defender a la Alemania del Este de los embates del imperialismo que querían invadirlos un día sí otro también y desde luego ademas para aguardar a quienes ellos habían educado dentro de las fronteras y detrás del muro y a quienes quisieran salirse; más de 200 de ellos fueron muertos en el mismo el la forma misma.
Sé perfectamente, con el mismo respeto, que mis colegas y amigos de otras formaciones políticas y del Partido de la República Democrática en concreto y muy en particular quienes vienen a formar ese partido de la gran tradición de pensamiento colectivo, no quieren tener como modelos ideales a los pobres Ulbrich y Honecker de Alemania del Este.
Hay otros por ahí, para quienes en 1848, ecos de Marx y Engels naturalmente, es la más desenfrenada de las modernidades y que simplemente no pueden sobrepasar ni en ese pensamiento ni esa época, ni mucho menos ese lenguaje. (Aplausos.)
Hay, por tanto, coincidencias y desacuerdos; coincidencias en veces en la búsqueda honesta y urgente de medidas concretas; viables, razonables en la marcha de la economía de este país y en este caso en la marcha de la economía agrícola y de la vida de los campesinos mexicanos.
Hay en otras ocasiones procesos electorales, por ejemplo, desacuerdos fundamentales en insalvables y acuerdos con otras formaciones políticas en diversas regiones del país.
Me atrevería, señoras y señores diputados, señor Presidente, a sugerir que acentuemos, que hagamos énfasis, con rigor intelectual, sin ingenuidad, con exigencia y responsabilidad política, que hagamos acento en las coincidencias, por el bien de México. Parte de la déficit tarea y esperaría que pudiéramos estar a la altura de esta tarea y a la altura del gran pueblo de México en Acción Nacional; parte de la difícil tarea es el cumplimiento de lo que consideramos como obligación para los políticos demócratas: la búsqueda honrada del compromiso democrático, del acuerdo entre quienes vemos y percibimos la realidad con visiones desde posiciones variadas y plurales, el compromiso que significa el intercambio de posiciones legítimo y públicamente comprobables.
Me atrevería, señoras y señores, a invitar a todos en este esfuerzo común. Señor Presidente, señoras y señores. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Camilo Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es curioso como en la discusión en torno a una fracción, viene aquí o venimos aquí diputados con muy distinta ubicación social, empresarios dirigentes agrarios, con muy distinto origen político y todos partimos de la idea, argumentamos que queremos mejorar la situación de los campesinos y que queremos mejorar la situación de la agricultura.
Me ha llamado la atención como el diputado Falomir, próspero empresario agrícola del norte de Sinaloa, coincide con el diputado de Sonora, Julián Luzanilla, en que hay que aprobar esta reforma porque es la reforma que va a abrirle el cauce a la agricultura mexicana; uno la ve desde el ángulo de los campesinos, que ha hecho algunas asociaciones por ahí con algunos empresarios para producir algo de hortalizas en ciertas partes de Sonora, cosa común también en el norte y que les ha ido bien y por lo tanto, dice, por ahí está la salvación.
Otro lo ve desde el ángulo de las empresas agrícolas y dice: necesitamos más posibilidades de contar, de compactar terrenos, para elevar la escala de producción. 2 mil 500 se me hacen pocas.
Y viene el diputados del Partido Acción Nacional, y preocupado por la incapacidad de la política agraria que hasta hoy se ha aplicado para resolver los problemas de los campesinos y de la agricultura, habla de que esta medida que se está planteando en la medida viable, la que es posible, la que puede significar mejoras y coincide también en esta idea.
Me parece que la situación actual de los ejidatarios, especialmente de los ejidos enclavados en las zonas más rentables, es un buen punto de partida para discutir la viabilidad de esta medida; para discutir los efectos que van a tener en esta zona donde nuestra agricultura es más productiva, en la relación de la agricultura mexicana con la situación de los campesinos, con la situación de la mayoría de la población rural.
Yo nací y crecí en el Valle del Fuerte, hijo de campesinos, obrero agrícola de muchos años. Y me tocó vivir la transición del Valle del Fuerte, de la agricultura de temporal a la agricultura de riego, a la agricultura intensiva.
Muchas ilusiones teníamos los campesino, los hijos de los campesinos en que con el paso de la agricultura de temporal a la agricultura intensiva, íbamos a obtener mejores condiciones de vida e íbamos a poder superar la limitaciones ancestrales que habíamos padecido. Y ciertamente al pasar de un cultivo a realizar dos cultivos.
y a empezar a desarrollar la aplicación de mayor tecnología, de mayores insumos, de fertilizantes, hubo una mejora en relación a la situación anterior. Pero esas mejoras que podíamos ubicar allá en esa zona más rentable hasta mediados de los setenta empezaron a desaparecer en la misma medida en que una política de agresión a los ingresos populares, empezó a imponerse en la conducción de este país.
Y los campesinos del noreste de México, de esa zona de mayor productividad de la agricultura mexicana, nos encontramos con menores posibilidades para defendernos de esa ofensiva.
En el tránsito de la agricultura de temporal a la agricultura intensiva, desaparecieron los instrumentos de trabajo tradicionales que tenían los campesinos y que por su misma sencillez, era posible que fueran propiedad de la mayoría de los campesinos.
Desaparecieron los tiros de mula, desaparecieron las carreteras, desaparecieron los arados, y cultivadoras manuales y entró la maquinaria. Y con la maquinaria los campesinos perdieron autonomía y pasaron a depender de quienes teniendo capital, podían comprar la maquinaria. Y a partir también del desarrollo de la agricultura intensiva, el problema de las semillas paso también alejarse de la posibilidad de control y de influencia de los campesinos. Y pasó a ser dominado por instituciones comerciales de investigación oficial y por canales de comercialización privada.
Los campesinos también pasaron cada vez más a perder el control sobre los que se debía de sembrar en su tierra. Y el que les refaccionaba determinaba, para qué refaccionaba, para qué con qué maquinaria se iba a trabajar y determinaba a dónde se iba a vender, quién iba a transportarlo y a los campesinos se les regresaba la cuenta final con los castigos que se volvieron práctica común de parte de las empresas agroindustriales que han flagelado de manera imisericorde los ingresos campesinos.
Cuando la política del régimen pasa de un política que intenta atender demandas sociales para mejorar las condiciones de vida de la población, a una política sujeta a los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y a una política de estímulo principal y de atención principal a las exigencias y demandas del capital, los campesino tenían muy poco control del proceso productivos agrícola sobre los ejidos. Y empezó el proceso de agudizamiento de la contención de los precios de garantía; y empezó el proceso de encaramiento del crédito por los altos intereses; y empezó el proceso de negar créditos a los campesinos porque no eran sujetos de crédito porque no garantizaban la recuperación; y empezó el proceso de deterioro de los ingresos campesinos por el encarecimiento de todos los insumos que se necesitaban para hacer producir la tierra y por el encaramiento de los artículo que se necesitaban básicos de consumo popular.
Durante el régimen de López Portillo, con el "boom" petrolero y ante el crecimiento de las importaciones agrícolas, se implementaron algunos programas como el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), que se orientó a reactivar algunos productos, entre otros, de frijol, el de maíz, el de los básicos, el de los granos. Y los ingresos campesinos mejoraron, mejoraron a pesar de esa situación de disminución de su influencia en el proceso productivo.
Y en Zacatecas, fue posible el desarrollo, el despegue de la producción frijolera, porque hubo créditos para ejidos que antes se consideraban improductivos, pero que teniendo créditos pudieron producir y pudieron convertirse en el primer productor de frijol en el país. Ahí estuvo una prueba concreta y palpable, de que cuando hay apoyo, incluso ejidos temporales como los de Zacatecas, se pueden convertir en productores de granos básicos, con cierto nivel de rendimiento...
El diputado Ovidio Pereyra García (desde su curul): - Señor Presidente, pregunte al orador si me acepta una interpelación.
El Presidente: - Diputado: ¿Acepta usted una interpelación?
El diputado José Camilo Valenzuela: - ¡Claro que sí!
El diputado Ovidio Pereyra García (desde su curul): - Señor diputado: Usted conoce, según ha dicho, muy bien los problemas del campo, porque viene de una zona agrícola del campo, porque viene de una zona agrícola y rica. Sabe usted que un tractor mediano equipado con implementos vales aproximadamente unos 250 millones de pesos, que una trilladora vale más o menos 300 millones de pesos, así, etcétera, refiriéndome a los implementos que se utilizan en la agricultura.
Quiero preguntarle, señor diputado: ¿Considera usted que un ejidatario en una zona rica como
la de usted, tienen capacidad para adquirirlas, para adquirir estos implementos? ¿No considera usted que uniéndose los campesinos financiera y jurídicamente como se pretende en esa iniciativa de reforma y en este dictamen, podrán bajar los costos de producción de los productos agrícolas? ¿Cree usted que el Banco Nacional de Crédito Rural o el gobierno tendrán todo el tiempo capacidad financiera para apoyar a los campesinos si no se unen? ¿No considera que con la reforma habrá más oportunidades de crédito para los campesinos y no solamente de Banco Nacional de Crédito Rural? Gracias señor diputado.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Tenía pensado en la exposición que estoy desarrollando , arriba al final de las preguntas que plantea el diputado, sonorense, también próspero empresario agrícola. Sin embargo podemos adelantarle en atención a su preocupación, que estoy de acuerdo en que los campesinos se asocien; yo soy asesor de la Alianza Campesina del Noreste, en Sinaloa, aunque no se lo he querido presumir a Hugo Andrés Araujo cuando me ha acusado de que estoy alejado de los campesinos. Y he luchado, desde joven por tratar de ayudar a la organización social, política y productiva de los campesinos. Y sé que es posible, pero también no sé que la viabilidad de los esfuerzos sociales de las clases populares, están en buena medida determinado por el rumbo global que impera en un país. El rol del Estado, como instrumento de organización económica, social y política, es fundamental. Y por eso los empresarios de nuestro país, los grandes empresarios de nuestro país y los grandes empresarios extranjeros, especialmente los estadounidenses, han luchado siempre por tratar de influir en ese gobierno, porque saben que sus políticas son factor determinante. Y logramos avances importantes en aquellos años en construir empresas, no sólo las organizaciones sociales, diríamos independientes, también las organizaciones oficiales; en Sinaloa surgieron las uniones de ejidos y se desarrollaron las agroindustrias de transformación de muy diversos productos, incluso pesqueros, en esos años en que la política de los gobiernos que imperaban en nuestro país, dedicaban cierta parte del gasto público y de sus políticas, a apoyar y promover la propiedad social y florecieron, ¿pero sabe usted que de esas agroindustrias y de esas industrias sociales pesqueras, casi han desaparecido todas, que han quebrado, que han estado siendo rematadas?
Este es el problema, no es un problema de que estemos en contra de la asociación de los campesinos, estamos a favor de la asociación de los campesinos; hemos trabajado en ello muchos años de nuestra vida y lo vamos a seguir haciendo y vamos a luchar cada minuto por ello. El problema; que hay un rumbo del país que está orientado a fortalecer la hegemonía del capital monopólico sobre la sociedad mexicana en su conjunto, con un peso cada vez más determinante de las transnacionales y que es poder económico determinante le cae muy bien las propiedades sociales ni las consquistas sociales de nuestro pueblo, no le caen bien los salarios remuneradores, por eso los ha tumbado desde 1976 hasta bajarlos alrededor del 40% del poder adquisitivo que tenían entonces.
Y esos tigres no son de papel, ésos son poderes que determinan el rumbo del país y que deciden la suerte de la economía global, incluyendo en éste caso el curso de la economía agrícola.
Por eso cuando este capital monopólico se convirtió en hegemónico sobre la política del gobierno y empezó a presionar para que se eliminaran las concesiones que el Estado cumplía para tratar de generar una redistribución del ingreso, que mitigara la agresión, la tendencia natural de ese capital monopólico, a concentrarse la riqueza, deteriorar salarios, a deteriorar precios de garantía , a deteriorar todos los indicadores de los que dependen las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos; por eso entonces el desarrollo de los esfuerzos organizativos y sociales de los ejidos, de las cooperativas, de los salarios, empezaron a empeorar y mientras ese rumbo global en el país continúe profundizándose como se está haciendo hoy, de manera mas intensa, más abierta y deshumanizada, todo lo que se abra, todo lo que se amplíe para que ese capital monopólico, dé pasos adelante, no puede acarrear mejoras para las grandes mayorías de nuestra patria.
Este es el problema real, nodal, que no podemos ignorar, atribuyéndoles a los grandes empresarios capitalistas, nacionales y extranjeros, una vocación de justicia social que yo no le veo por ningún lado, queriendo de esa manera convencer, ¿quién va a buscar nuestras clases populares y en este caso los campesinos ?, a que aprueben y apoyen esta reforma, porque con ellos se va a venir la prosperidad y la justicia que no les ha dado, que no les va a poder dar un rumbo que es el causante de su situación, decreciente expropiación del proceso productivo y de empeoramiento de sus condiciones de vida.
Este es el problema real, nodal, central, que sí queremos analizar las cosas como son, no se pueden dejar de lado.
Yo quiero insistir en que las asociaciones mercantiles que estamos creando, no son asociaciones humanitarias, es un figura bajo la cual se va a proteger, se van a organizar quienes desde hace muchos años han venido recibiendo el beneficio de la descapitalización de la agricultura mexicana, a através del precio de los productos agrícolas que no permiten resarcirse del acelerado proceso de elevación de los costos de producción.
Lo que estas asociaciones mercantiles van a hacer es el permitirle a los consorcios agroindustriales y comerciales que han venido beneficiándose de la descapitalización del campo, extender su manto hacia las zonas más productivas del país para, ciertamente, integrar el proceso productivo bajo su propiedad, bajo su hegemonía, bajo su dominio y, ciertamente, puede haber elevación de productividad.
Y puede haber elevación de la inversión que ellos hagan a la agricultura, pero de ahí a que vayan a mejorar las condiciones de vida de los asalariados y de los campesinos de México, hay una distancia gigantesca. Porque cada paso que se da en la concentración de la riqueza y esto va a ser una concentración de la riqueza en manos de esos consorcios agroindustriales, es una elevación del poder de estos actores sociales, cuya vocación insaciable por ganancia y cuya vocación depredadora del país está más que expresado en toda la historia nacional y, particularmente, en estos últimos 15 años.
Lo que estamos aprobando bajo una inocente reforma electoral..., reforma constitucional, es ampliar la manga a esos "tiburones" del capital que han venido apropiándose de los resortes principales del país y que hoy van a tratar de dominar de manera directa y a fondo la propiedad del suelo, especialmente del suelo más productivo.
Para concluir y retomando el hilo inicial de exposición, el proceso de expropiación de los campesinos..., el proceso productivo a los campesinos está hoy en un nivel en que el 80% de las tierras ejidales, de las zonas más productivas de nuestro país y en particular en Sinaloa, está siendo rentado.
En los últimos dos años la política del gobierno de retirarle créditos a los campesinos que no pagaron las carteras vencidas de soya, de trigo, de frijol y que no las pagaron porque los precios de esos productos se ha mantenido contenidos y, por otro lado, porque se abrió la frontera a la importación de productos de Estados Unidos subsidiados, esta política dejó a esos campesinos ante la única salida de vender sus tierras, a lo cual se habían resistido durante décadas, resistiendo incluso el proceso de empobrecimiento que la política del régimen había aplicado contra ellos desde mediados de los setenta. Se le fue cercando de tal manera y con esta retirada del Banco Nacional de Crédito Rural se les empujo a la disyuntiva de: "O no sembrar o rentar la tierra".
Y quiero decirles que hubo muchos ejidos en donde la mayoría de los campesinos decidieron no sembrar antes que rentar la tierra y están ahí de obreros agrícolas, trabajándoles a esos apóstoles de la justicia social de que habla el compañero Luzanilla, de Sonora y no han rentado sus tierras por un orgullo agrarista de ellos. Saben que si dan ese paso entran en una dinámica de no retorno. El campesino que renta la tierra no tiene posibilidades de recuperarla, porque el trabajo agrícola es inestable y porque se le acaba la renta y empieza a pedir prestado a cuenta de la siguiente renta, del siguiente ciclo y cae en una vertiente de donde no hay retorno.
Lo que esta reforma al 17, y en particular ésta y la otra, de la séptima, busca, es abrir, el quitar el obstáculo para que esos campesinos que están ya cercados por la política antiagraria, que han sido despojados de la posibilidad no sólo de seguir apareciendo como los refaccionados, sino que han sido empujados a rentar y a rentar hasta por bloque de 500 ó 1 mil hectáreas como lo exponía el otro día, esos campesinos no tienen posibilidades de asociarse para comprar la maquinaria de la que habla el compañero de Sonora.
Es más, empiezan a ser poco a poco desarraigados como campesinos porque van incluso, muchos de ellos, a darle todavía la vuelta a su parcela rentada y a tratar de pasar ahí alguno de los atardeceres hermosos del noroeste, viendo lo que sembró en renta - parcelas que ahí se da. Esa es la realidad que viven los campesinos.
Y a esa realidad no se le va a dar vueltas, compañeros, abriéndole la manga a las sociedades mercantiles para que puedan acceder a tener un mayor dominio, el dominio total sobre ese proceso productivo que se le ha venido expropiando a los campesinos, paso a paso, por una política implementada por este gobierno, llevada a cabo por los empresarios y ciertamente, muchos de ellos son socios de empresarios gringos, como lo mencionaba el compañero Luzanilla, aunque él no le ve esta otra cara a la moneda.
Por todo esto, compañeras y compañeros, si en esta legislatura dejamos pasar la fracción IV en los términos en que se está planteando y aquí es donde veo que los compañeros del Partido Acción Nacional no entienden, no entienden las consecuencias de esta reforma y pienso incluso que cuando hablan de que la ley reglamentaria se norme tal cual, incluso me parece que no asimilan experiencias políticas recientes, en donde hubo incluso promesa de Carta de Intención, en donde se iban a atender varias preocupaciones en el Código Federal Electoral y a la hora que llegamos ahí: no hubo tal preocupación, no hubo tales intenciones y por eso vivimos un proceso electoral como el del 18 de agosto.
Me parece que hoy, compañeras y compañeros, deben de establecer en el marco constitucional de manera clara, de manera definida, contundente, sin dar lugar a interpretaciones en la ley reglamentaria, las características de las asociaciones mercantiles. ¿Deben o no participar los extranjeros en las asociaciones mercantiles?
Yo creo que ahí no se vale, no se puede dejar la manga abierta, porque tenemos una política nacional de subordinación a los dictados del capital transnacional, especialmente el de Estados Unidos y es claro que "los tiburones de Estados Unidos se van a tragar no sólo a los campesinos, se van a tragar al grueso de los empresarios agrícolas que en Sinaloa y en otras zonas rentables tienen bastante de eso en la producción".
Y esto no es una cosa mía. En un foro donde ha estado De O'Haris ó O'connors, los dirigentes de la Asociación Agrícola de Sinaloa, hemos comentado esto. Y ellos tienen claro y por eso han exigido que la agricultura mexicana sea protegida ante el Tratado de Libre Comercio y además que se le den los subsidios que se le dan a la agricultura de Estados Unidos, para ponerla en condiciones de capitalizarse y poder estar en posibilidades de competir.
Me parece y esto queda claro en una anécdota que nos contaba un compañero dirigente agrario que fue a Estados Unidos. Que comentaba con un empresario agrícola estadounidense, que a su vez era legislador y éste le preguntaba al compañero dirigente campesino: "¿Cuántas toneladas de soya producen en Sinaloa?". "450 mil", le contestó. Y él se rió y le dijo: "Yo las produzco solo. Para qué tanto problema que arman ustedes".
Ese es el tamaño de los tiburones con los que nos vamos a enfrentar, a los que les estamos abriendo la manga. No son elementos endebles, son poderes, con una dimensión de posibilidades de compra, deavasallamiento, gigantescos, que no los podemos juzgar sólo a través de las dimensiones con las que nos movemos en nuestras regiones.
Por eso, compañeras y compañeros, el Partido de la Revolución Democrática insiste en que esta reforma no puede dejarse pasar y en particular yo insistiría a todas las diputadas y diputados que ha tenido una formación ligada a la propiedad social, ligada a la preocupación por la justicia social, a que no nos dejemos llevar por un estado de buena fe, porque después de esta reforma va a ser muy difícil el retroceso y porque la ley reglamentaria va a tener un marco tan amplio y tan vago, que va a poder pasar lo que ahí sea. Y estén seguros que cuando discutamos la ley reglamentaria nos van a decir que las cosas que ahí no definamos, en la política, en las medidas que va a aplicar el gobierno, ahí se tendrá el cuidado para que eso no pase y que ahí se asegurará que no suceda.
Pero, compañeras y compañeros, no se trata de palabras, se trata de tendencias políticas y sociales, consolidadas en la sociedad mexicana, que se afianzan en una correlación de fuerza social y que no se van a cambiar simplemente con promesas, se van a cambiar con medidas legislativas, con lucha social, con manifestaciones clara.
Yo quiero llamar a compañeros diputados como Luzanilla y otros compañeros diputados que sé han vivido y viven preocupados por la suerte de las clases populares y los sectores sociales, a que no nos dejemos llevar por los cantos de la sirena y a que actuemos con mucha responsabilidad, porque ésta que hoy estamos resolviendo, va a tener repercusiones que van a ir o a afirmar las tendencias de concentración, de incremento del poder de los grandes monopolios nacionales y extranjeros sobre la sociedad mexicana o tratar de establecerle límites a ese poder que no se detiene ante nada, ni ante los cuarenta y tantos de millones de mexicanos que ya no pueden consumir los alimentos mínimos para un desarrollo físico y mental sano. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para alusiones personales, el diputado Falomir.
El diputado Jesús Octavio Falomir Hernández: - Muchas gracias, señor Presidente:
Tomo la tribuna para alusiones personales, en razón de las alusiones que hizo nuestro amigo diputado Camilo Valenzuela.
En lo referente a próspero agricultor, pues yo le quiero decir que he trabajado 12 años la tierra y que soy hijo de un modesto topógrafo del norte de Sinaloa; que como él conozco la tierra directamente del surco y que por eso tengo la justificación, además como diputado federal y representante de la nación, de tomar esta tribuna.
Yo no dije que 2 mil 500 hectáreas se me hacían pocas, 2 mil 200 hectáreas, efectivamente son muchas, pero de ninguna manera la iniciativa del Presidente que envió a esta honorable Cámara de Diputados, establece eso. El hecho que estas 2 mil 500 hectáreas, como lo dijimos antes, sea dividido en la pluralidad que implica y en la diversidad de la integración de las personas en la sociedad mercantil, no quiere decir que sea acumulativa en una sola persona de 2 mil 500 hectáreas; efectivamente, 2 mil 500 hectáreas son muchas, compañeros, pero para una sociedad, como lo dije anteriormente, pueden ser muchas o pocas, para 100 personas, para 100 pequeños propietarios, por ejemplo, pueden ser pocas.
Dice también que este Congreso, que esta diversidad de diputados federales la integra un gran mosaico. Efectivamente, una de las riquezas precisamente políticas de nuestro partido, es precisamente que lo integran un gran mosaico de la sociedad, lo implican, lo integran empresarios, lo integran pequeños propietarios, lo integran campesinos y esto es precisamente la riqueza quizá de la integración de nuestro partido a nivel nacional.
También como Camilo, como el diputado Camilo Valenzuela, conocimos los años en que se establecieron precios de garantía altos, conocimos los grandes apoyos que Narics en la sociedad de interés colectivo que compraron aquellas grandes maquinarias, también en esos mismos años vimos la ruina de los tractores, vimos los cascajos de las maquinarias y vimos también la miseria y hemos visto la pobreza de la cual nuestro campo no ha sido posible salir.
Por eso al venir aquí a apoyar la iniciativa de la reforma del artículo 27 es precisamente con la intención de revertir ese minifundio, de revertir esa falta de inversión al campo, de revertir esa pobreza que todavía tenemos en el campo mexicano, el hecho que seamos agricultores pequeños propietarios y se lo digo con toda honestidad, diputados Camilo Valenzuela, no quiere decir que no nos interese el progreso y la superación de los campesinos que conforman nuestra nación; por eso consideramos que esta reforma de iniciativa de cambios al 27 revierte el minifundio, propicia la capitalización y por lo tanto revierte la pobreza que como él y yo, son los enemigos de la pobreza del pueblo de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Camilo Valenzuela, para alusiones.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Yo estoy convencido, compañeras y compañeros, que ciertamente hay muchos empresarios preocupados por la situación de México y preocupados por encontrar vías para resolver la difícil situación de México. Sin embargo, a veces pasa que priorizan tanto sus negocios y su perspectiva inmediata de corto plazo que no quieren ver las tendencias más globales que determinan la suerte del país, de las clases populares y de la mayoría de los pequeños y medianos empresarios de este país.
En 1981 un tractor equivalía a poco más de 84 toneladas y media de maíz, en 1988 equivalía a 152.7 toneladas de maíz y hoy debe de equivaler a mucho más, ¿cómo puede la agricultura mexicana y los campesinos en particular, por mucho que se asocie y por mucho que se amontonen y se revuelvan, cómo pueden resistir una tendencia de intercambio entre la agricultura, la industria, en este caso de maquinaria para no hablar de insumos y de todo tipo, cómo y de qué manera resistirlo? No hay manera y ciertamente que también muchos pequeños empresarios en Sinaloa han dejado de sembrar en ciclos pequeñas propiedades, en el caso de la soya, el que acaba de pasar, sucedió porque los precios de garantía no les permite recuperar ni sus inversiones y lo que han estado haciendo es acumular pérdidas y no se trata de que la pequeña propiedad sea minifundio, ni se trata de que esa tierra de riego de primera que se ha dejado sin sembrar, sea improductiva; se trata de que hay una política, ha habido una política hacia la agricultura mexicana que la ha ido arruinando, que le ha ido imponiendo términos de intercambio tanto por la vía de la maquinaria y de los insumos como por la vía de la comercialización y por la vía del crédito y por la vía de los impuestos de la política fiscal que la han estado desangrando y arruinando; y de nada vale que se aplique una medida o medidas aisladas, como el problema de darle una salida para descargar las carteras vencidas, si se deja activa una política que produce, que tiene una alta productividad de carteras vencidas, en dos años tenemos acumuladas de nueva cuenta carteras vencidas.
Lo que se tiene que ver es que este país, a partir de su sometimiento a la política del Fondo
Monetario Internacional, descontó los esfuerzos por desarrollar una industria nacional que produjera maquinaria, como desmontó otra serie de esfuerzos que costaron mucho a este país, para tratar de desarrollar capacidad de producción, de medios de producción y cierta autonomía tecnológica.
De lo que se trata es de entender que estas reformas que hoy pueden aparecer como muy buenas e intencionadas, forman parte de un rumbo en el que viene teniendo un peso cada vez más determinante, el gran capital monopólico nacional y extranjero y que toda concesión que le hagamos, todo lo que le ampliemos la autopista, va a ser para acelerar las tendencias que han traído la agricultura mexicana y que han traído la situación de la mayoría de los mexicanos y que han traído la situación de México a las condiciones que tenemos.
Y puede con esta reforma haber más inversión en el campo, es cierto y puede quizá crecer la producción agrícola de México y que ha crecido la producción de...ah, la economía mexicana ha estado creciendo en los últimos años, ¿ha detenido eso la caída de los ingresos salariales?, ¿ha detenido eso la caída, la agresión a las condiciones de vida de los campesinos?, ¿ha detenido eso? No, y cada paso que damos, compañeras y compañeros, en este rumbo, no va a detenerse esa tendencia; la brasilización de la sociedad mexicana en los últimos 10, 15 años, es lo que hemos visto y lo que tenemos que tratar de detener y de revertir en este país, no sólo los datos, no sólo las estadísticas que tanto encantan y que tanto nublan la visión de nuestros tecnócratas que nos gobiernan, tenemos que ver sus resultados sociales y tenemos que entender, además, que esos resultados sociales implican riesgos y no sólo riesgos políticos de los que hemos hablado, sino riesgos todavía más brutales.
Voy a concluir, compañero, espero que siempre estén vigilantes del tiempo, sobre todo de los tiempos que vivimos.
No, me refiero a este hecho: de las generaciones de niños que han nacido y crecido en este país, desde principio de los años ochenta para acá, cada día es mayor el porcentaje de niños con un subdesarrollo físico y mental y cada vez es mayor el porcentaje de esos niños que deambulan en las calles, esos son los pilares del futuro de nuestra nación.
Estas reformas que estamos aprobando no son reformas inocentes que no tienen que ver con esos fenómenos, son reformas que profundizan una tendencia en este país de concentración del poder económico y político, que ha demostrado que esas consecuencias brutalmente deshumanizadas, no le importan y que ciertamente puede reactivarse la inversión, puede haber una cierta reactivación de la agricultura mexicana y algunos campesinos aislados, como los que ha visto el compañero Luzanilla, podrán tener mejores condiciones, pero la solución de fondo, ligada a esta problemática social, está muy alejada de esta reforma.
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Manuel Garza González.
El diputado Manuel Garza González: - Con su permiso, señor Presidente:
Y como voy a ser breve no acepto interpelaciones.
Las reformas al 27 constitucional pretenden encontrar la salida, las vías a los problemas del campo mexicano de ahora, de fin de siglo, no de los años cincuentas de este siglo, ni de los ochenta, ni de los treinta, del último decenio. Queremos encontrar caminos para lograr asociar cabalmente lo que produce la tierra, el hombre, el recurso económico.
La exposición de motivos nos explica y nos dice qué condiciones tenemos en este momento en la tierra mexicana, qué nos pasa en el campo, qué sucede con nuestras asociaciones actuales, las condiciones en que se desempeña y la capacidad que ha sido posible desarrollar el campo para producir.
Ya nos dijo el compañero diputado sonorense Luzanilla con toda claridad, con toda certeza, porque él lo vive cotidianamente, las condiciones, las dificultades con que se vive.
Nosotros pensamos que debemos de lograr la organización, la asociación, la participación del hombre, de la tierra y el recurso económico, con justicia y en la libertad. Justicia para que obtengamos lo que nos corresponde a lo que nosotros invertimos en esfuerzo o en recurso. Libertad para que podamos trabajar, asociar, comprometernos con quienes y con cuantos queremos, porque así convenga a los intereses de quien participe en esta asociación.
Todos los ámbitos de trabajo, todos los ámbitos de inversión, tienen necesariamente una medida que optimiza el aprovechamiento de los recursos que participan en la producción, todos. Y pudieran no ser necesariamente las 2 mil
hectáreas que estamos proponiendo como límite, con suerte conviene más sembrar 1 mil 200, con suerte conviene más asociarse sólo entre fracciones de 500, porque me parece a mí un cinturoncito que nos imponemos a unas condiciones tan diversas en este país, en donde somos tantas naciones, que debiera quizá de haber flexibilidad.
No para que nos apabullen y nos avasalle el capital extranjero, no para que nos apabulle y nos avasalle tampoco el capital interno.
Yo creo que los hombres que quieren y desean trabajar la tierra allí están, los que la querían vender ya la vendieron, ya la dejaron, ya no están ahí. Y la tierra les ha dado a todos los que trabajan; a los que le platican, no; a los que le trabajan.
La productividad no la podemos nosotros confundir con producción, ¡hombre! Yo creo que debe de quedarnos muy claro que la productividad es la retribución máxima, óptima, que buscamos a nuestra inversión de trabajo; a nuestra inversión de recursos; a la inversión y la participación que tiene la tierra, el hombre y el trabajo.
No se puede, no debemos seguir sembrando cualquier cosa a cualquier precio y si hay cosecha buscar haber quién se la vendemos, haber quién la quiere comprar.
Tenemos que buscar esa gran sombrilla protectora de la comercialización que garantice que lo que vamos a producir tiene cliente y que los que nos ofrecen por nuestra cosecha es nuestro esfuerzo. Nos conviene y creemos que es suficiente para lo que nosotros hemos decidido invertir y que se hace justicia a nuestro esfuerzo.
Nosotros tenemos que producir para crecer, señores. Si lo que producimos no paga sus costos de producción, no crecemos, nos seguimos hundiendo, no queremos y menos proponemos que renazca el latifundio; por supuesto que no, que el producto del trabajador, que el producto del esfuerzo del hombre que hace su esfuerzo en la tierra, debe de ganar lo que le corresponda, tenga justicia en su retribución.
Lo que se busca con nuestra propuestas son vías a la asociación.
Yo creo, compañeros, que a veces peleamos con un fantasma, a veces hacemos esfuerzos hacia donde no hay resistencia. Nos lanzamos contra el latifundio. El problema que nosotros enfrentamos, el problema que nos tiene atorados es el minifundismo, no es el latifundismo. Yo creo que el minifundio nunca fue una vía de reivindicación para los campesinos, por eso yo creo compañeros que no podemos tampoco pretender limitar la posibilidad de asociación y de participación en sociedades mercantiles a los compañeros ejidatarios; yo creo que les debemos dar la posibilidad de participar aportando su tierra y su esfuerzo a quienes tengan los recursos y el capital para poder hacer producir su tierra.
La amenaza que durante mucho tiempo se sintió sobre la propiedad privada, llegó a limitar y a paralizar la inversión en el campo. Un campo descapitalizado, decimos y yo creo que es una expresión elegante para no decir que las gentes del campo están quebradas y que los bancos que usualmente participaban en apoyo de los programas de producción, se han retirado y se han limitado en su participación.
Yo creo firmemente que en esto todos tenemos algo que aportar. Yo no puedo dejar de percibir las coincidencias que tenemos en los propósitos todas las fracciones parlamentarias que han expresado su verdad en esta tribuna.
Entiendo y es posible que las divergencias son por los caminos que escogemos para encontrar el mejoramiento y para encontrar el avance de nuestra patria y de los mexicanos en el campo fundamentalmente.
No proponemos, dije ya, que volvamos al latifundio. Acumulación no, pero compactación sí, para poder abatir los costos, para poder ser competitivos con nuestros productos.
Para capitalizar el campo requerimos de crear las condiciones que permitan al capital acudir a él en apoyo del hombre y la tierra que están en espera de ese recurso. En los términos de la expresión del compañero diputado sonorense que me antecedió en la palabra y de la diputada Terrazas, yo pido que apoyemos las reformas de la fracción IV y del artículo 27 constitucional. Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por la diputada Patricia Terrazas y apoyada por el diputado Juan de Dios Castro.
La diputada Evangelina Corona Cadena (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta al compañero que acaba de bajar de la tribuna.
El Presidente: - No aceptó interpelaciones, no le puede hacer la pregunta.
La diputada Evangelina Corona Cadena (desde su curul): - Entonces deme la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene la señora Evangelina Corona la palabra para hechos.
La diputada Evangelina Corona Cadena: - Señores diputados, señor Presidente:
Tal vez yo no sea muy ideóloga o ideática o visionaria, pero sí me preocupa en gran manera que aquí precisamente el compañero que acaba de bajar de la tribuna, manejara que se está haciendo justicia y que la propuesta y la iniciativa que el Presidente hizo llegar a esta Cámara, es su principal o es un punto primordial.
Me preocupa en gran manera que hablemos de justicia al campesino cuando se está proponiendo asociaciones mercantiles que ofrecen trabajos a los campesinos.
Yo quisiera preguntarles a todos si eso es justicia, que mientras a unos, que son los ricos, se les dé más apoyo, que mientras a ellos se les dé más posibilidades de enriquecerse, porque van a tener facilidad de comprar las parcelas de los pobres, que mientras a ellos se les dé esta oportunidad a los campesinos solamente se les ponga como trabajadores de ellos. Si eso es justicia y ésa es la justicia que quiere el Presidente, lamentablemente no la aceptamos de ninguna manera.
Nosotros en el ramo de la costura, y disculpen que maneje esto porque es donde me moví, donde nací políticamente, nosotros sabemos que los empresarios utilizan la represión y utilizan el hostigamiento para presionar a las trabajadores a que desistan de su trabajo. Y ése es el punto de vista que yo personalmente veo en el aspecto de la política que el Presidente está manifestando en esta iniciativa y en esta reforma.
Aquí no es el ramo de la costura, me lo van a decir y con toda razón, pero es el ramo del agrarismo, es el ramo de los trabajadores del campo, es el lugar fundamental en donde está sentada toda la política económica alimenticia, para nosotros también los que estamos aquí en el Distrito Federal y no sólo para los que estamos en el Distrito Federal sino para todas las ciudades. Y es más, hemos abarcado más allá donde han hecho llegar las exportaciones de nuestros productos mexicanos; y nos sentimos orgullosos de que alguien elogie esa política, esas aportaciones, esas que hacen del campo mexicano.
Pero, señores, ¿no es posible hablar de justicia mientras que a unos se les enaltece hasta arriba y a otros se les pone a lavar los pisos? Ese es el ejemplo en donde estamos cayendo, señores.
Estamos mirando y vuelvo a reiterar, estamos viendo que al rico le dan más y al pobre le quitan lo poquito que tiene. ¡Eso no es justicia, señores! He insisto que si ésa es la política del presidente Salinas de Gortari, no estamos de acuerdo con ello. (Aplausos.)
El diputado Carlos González Durán (desde su curul): - Señor Presidente, solicito la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene usted la palabra para hechos, compañeros.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea:
Los hechos a los que me quiero referir son la raíz histórica que dio destino al uso de la tierra en nuestra patria. Permitir a la inversión extranjero, permitir al espíritu de lucro apropiarse y adueñarse de las tierras mexicanas, de las tierras que la historia y la Revolución entregaron a los campesinos, es traicionar los principios y las valoraciones legislativas que siempre han informado a México y es entrar en contradicción con la definición que en 1917 se dio de la propiedad.
En su carácter de función social, es también renunciar al ideal histórico que ha mantenido la valoración legislativa de nuestras constituciones y es también contradecir el carácter esencial de la apropiación que corresponde al hombre para realizar una vida plenamente humana.
Durante el México indígena, había tres clases de propiedades: las tierras comunales, las tierras públicas, las tierras de los señores. Pero de los señores gobernantes que servían al carácter público y al carácter comunal.
Durante nuestra vida independiente, encontramos que nuestra Constitución se definió nuestra misma Constitución, como aquí lo expresó un compañero del Partido Popular Socialista, como una organización económica para la justicia social. La Constitución como marco jurídico - político - económico, que sumó a las garantías individuales las garantías sociales, las actividades productivas comerciales y financieras de la nación.
Los principios económicos sociales de la Constitución como el cimiento de la vida política, económica y social de México, para el beneficio del
pueblo mexicano. Las instituciones se crearon para garantizar el respeto de ese proyecto nacional y popular y el desmantelamiento de esa convivencia conforme al horizonte revolucionario y libertario, significa una desviación de esas raíces. Ese proyecto nacional y libertario debe mantenerse y perfeccionarse, pero no dársele la espalda. De lo que se trata es de entender pues que nuestra Constitución se definió como un programa de transformación social y económica para bienestar del pueblo y el problema es éste: arreglamos el Tratado del Libre Comercio al carácter de la Constitución o arreglamos la Constitución al carácter del Tratado de Libre Comercio.
De lo que entra en cuestión es de conservar el dominio preeminente de la nación sobre el territorio y sus recursos y la utilización de éstos para el interés social y público que debe ser preferente al interés privado. Se trata de un dominio que se definió en nuestra Constitución como imprescriptible, en un dominio que se definió como inalienable. No se podrá utilizar por los particulares o sociedades este patrimonio, sino que los extranjeros, quedó establecido, solamente tienen limitados accesos.
Frente a las costas y a las fronteras, la prohibición es absoluta. En el interior se les permite a los extranjeros la propiedad urbana siempre y cuando hagan una renuncia a solicitar la protección de sus países y de considerarse como nacionales para esos fines y además, conforme a las leyes mexicanas, se trata de que las reglas sean siempre de concesiones controladas.
Pues bien, me quería referir a lo siguiente y con eso voy a terminar: el hombre para realizarse como un ser en el mundo, requiere de la apropiación del mundo. Pero hay un modo de apropiación, la apropiación definida en la Constitución, que es la apropiación con función social y la apropiación egoísta de lucro. Un modo es apropiarme del mundo considerando que el mundo es de todos y de cada uno de nosotros y otra cosa muy diferente es considerar que el mundo me pertenece a mí, oligarca y que los demás se rasquen con sus uñas.
El derecho al suelo tanto urbano como rural, es una condición esencial para la realización de la libertad humana. Por lo tanto, permitir al lucro extranjero adueñarse del territorio nacional, es contradecir, evidentemente, las tradiciones que desde Hidalgo existen, porque Hidalgo y Morelos señalaron que para que México tuviera una voluntad propia y fuera dueño de su voz, la tierra mexicana debería de ser repartida, porque en las legislaciones de colonización se señalo también esa exigencia, de que la tierra mexicana estuviera en manos nacionales y porque todos los proyectos y planes que alentaron la Revolución Mexicana, señalaron también esa exigencia de rescatar los derechos de igualdad de las clases suprimidas, siervas u humilladas para que disfrutaran de ese derecho.
Entonces lo que ahora se va a votar en seguida, es, conservamos de acuerdo con esta tradición legislativa la soberanía, los valores sociales y morales, no simplemente económicas, que integran el patrimonio nacional, o subordinamos ese patrimonio a la infiltración del capital foráneo, para que el capital foráneo, apropiado de bienes económicos, tenga también político para interferir nuestra soberanía, conservar los derechos y el sector social, como el sector principal en el campo, no es solamente para hacer justicia los campesinos, es también para conservar la soberanía nacional y es también para conservar la mexicanidad de nuestra convivencia.
Por estas razones, entiendo que nosotros rechazamos que se permita a las compañías extranjeras, adueñarse y enajenar nuestro patrimonio y nuestro suelo, a destinos extraños de dominación. Es todo, compañeros.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por la diputada Patricia Terrazas y apoyada por el diputado Juan de Dios Castro.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por la diputada Patricia Terrazas, del Partido Acción Nacional.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada, señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - Continúe la Secretaría dando lectura a la propuesta presentada por el diputado Jorge Calderón.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Propuesta de modificación al párrafo segundo de la fracción IV para quedar como sigue:
"En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales, en mayor extensión que la equivalente a cinco veces
los límites señalados en la fracción XV de este artículo.
La Ley Reglamentaria regulará la estructura del capital y el número mínimo de socios de estas sociedades y establecerá los medios de registro y control necesarios para que las tierras, propiedad de la sociedad, se ajusten en relación con cada socio, a los límites de la pequeña propiedad."
Propuesta de adición a un párrafo tercero de la fracción IV para quedar como sigue:
"Las sociedades mercantiles se constituirán con los las accionistas de nacionalidad mexicana, ninguno de los cuales podrá exceder los límites establecidos en la fracción XV de este artículo, independientemente de que participen en otras sociedades similares. Las sociedades mercantiles estarán impedidas para integrar sociedades controladas de sociedades mercantiles. En ningún caso las sociedades por acciones, podrán constituirse en tierras de origen ejidal o comunal."
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado Jorge Alfonso Calderón.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Jorge Calderón.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se pregunta a la asamblea en votación económica.
Los que estén porque se admita la modificación propuesta por el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Jorge Calderón, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Sírvase la Secretaría dar lectura a la propuesta presentada por el diputado Alejandro Encinas.
La secretaría diputada A. Irma Piñeiro Arias: - No hay ninguna propuesta por... fueron leídas, señor Presidente.
El Presidente: - Sírvase la Secretaría a dar lectura a la propuesta presentada por el diputado Tomás González de Luna.
La secretaría diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Propuesta del diputado Tomás González de Luna, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en relación a la iniciativa de la modificación al artículo 27 fracción IV.
"Primero. Se concede a las referidas sociedades mercantiles por acciones, el atributo de ser propietarios de terrenos rústicos.
Segundo. La regulación de esas sociedades mercantiles en sus aspectos fundamentales, debe formar parte del texto constitucional.
Tercero. Las sociedades mercantiles se constituirán con accionistas de nacionalidad mexicana.
Cuarto. Los límites de la extensión de la propiedad, son establecidos por la fracción XV de este artículo.
Quinto. La ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dicha sociedad".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si admite la modificación propuesta por el diputado Tomás González de Luna.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea, si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Tomás González de Luna, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta presentada por el diputado Abundio Ramírez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Propuesta del diputado Abundio Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática:
"Las sociedades mercantiles no podrán tener como objeto social, la compra - venta de terrenos rústicos."
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite la modificación propuesta por el diputado Abundio Ramírez.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la
asamblea, si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Abundio Ramírez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutida la fracción IV del artículo 27 constitucional.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea, si está suficientemente discutida la fracción IV del artículo 27 constitucional.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA (II)
SOLICITUD DE PERMISO PRESIDENCIAL
El Presidente: - Esta Presidencia ha recibido un comunicado de la honorable Cámara de Senadores. Ruego la aceptación de la asamblea para hacerlo de su conocimiento.
Por tal motivo, solicito a la Secretaría dar cuenta con él.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional los días 12, 13 y 14 de diciembre de 1991, a fin de que efectúe una visita de trabajo a los Estados Unidos de América.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 6 de diciembre de 1991. - Secretarios senadores: Antonio Melgar Aranda y Salvador Sánchez Vázquez.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional los días 12, 13 y 14 de diciembre de 1991, a fin de que efectúe una visita de trabajo a los Estados Unidos de América.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 6 de diciembre de 1991. - Presidente, senador Artemio Iglesias Miramontes; secretario senadores: Antonio Melgar Aranda y Salvador Sánchez Vázquez.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. - México Distrito Federal, a 6 de diciembre de 1991.- El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL (III)
El Presidente: - Está a discusión la fracción VI, primer párrafo.
Se han registrado los siguientes oradores: Patricia Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Florencio Salazar Adame, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Voy a referirme a la reforma al artículo 27 constitucional, a hacer algunas consideraciones sobre el problema del suelo y del suelo urbano, que también está contemplado por este artículo.
La reforma al artículo 27 constitucional, aprobada ya en lo general por este Congreso, apela a la idea de la improductividad campesina como un factor casual de la misma.
Si ésta fue la medida para impulsar esta reforma, nos llama la atención que se haya dejado intocada la improductividad de las propiedades del suelo urbano ocioso, sector que consideramos verdaderamente parasitario.
Demandas reiteradas por el movimiento social en las ciudades, ha sido la de que debe utilizarse el mecanismo de la expropiación de la propiedad sujeta a la especulación como punto de partida para generar una reforma urbana en favor del interés público y de la sociedad.
Los intereses de la especulación se mueven sin rostro, pero mantienen un gran poder que se impone sobre el interés público y las modalidades que requiere la nación.
Resolver el problema del suelo en las ciudades y democratizar su propiedad, constituye la base central para realizar una política en favor de sus habitantes.
Consideramos que las ciudades son un derecho de todos los que las habitamos y, por lo tanto, deben existir mecanismos legales y jurídicos que garanticen la realización de este derecho.
El suelo en las ciudades puede y debe estar a favor de las familias mexicanas; sin embargo, hasta hoy no se ha manifestado voluntad política por parte del gobierno para que esto sea una realidad.
Voy a dar unos datos acerca de esta situación, de esta problemática, particularmente en lo que se vive aquí en el Distrito Federal.
En el Distrito Federal, según datos de la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, existen 1 millón 400 mil predios. De este millón 400 mil predios, el 9% son baldíos y ociosos. Esto significa un total de 126 mil predios sin construir. Tomando de base un área promedio de 300 metros cuadrados por promedio baldío, nos da un área de 25 millones 200 mil metros cuadrados de superficie. Lo que equivale a una reserva de sueldo de 2 mil 520 hectáreas de superficie intraurbana.
En esta superficie, teniendo una densidad de H - 8, es decir, de 800 habitantes por hectárea, podrán construirse 504 mil viviendas en beneficio de 2 millones de habitantes.
El valor de rescate de este suelo, tomando como valor promedio por metro cuadrado, es la cantidad de 150 millones de pesos. Cada predio tendrían un costo de 45 millones, cuyo costo final por los 126 mil predios, sería de 5.6 billones de pesos. Este sería el costo para la ciudad, a fin de atender la demanda de vivienda mediante el control y oferta de suelo por parte del Estado a la sociedad
Recordemos que sólo para el Distrito Federal el déficit de la vivienda asciende a 1.7 millones. Mientras que a nivel nacional es de 6.6.
La elevación del valor del suelo, derivado de la recatastración, constituye un avance importante a favor de expropiación de suelo, ya que en base a esto y con fundamento en el artículo 27 constitucional los propietarios podrían ser indemnizados a un valor real.
Si ya existen en el Distrito Federal 2 mil 520 hectáreas de suelo sujeto a especulación, inaccesible para grandes sectores de la población, la escasa oferta de suelo que tenían los sectores populares, por ejemplo, para resolver el problema de la vivienda en el mercado informal va a desaparecer.
Ahora se formaliza con las reformas al 27 constitucional la venta de la propiedad social circundante en las ciudades y se liberará el mercado especulativo de suelo. La periferia de la ciudad se encuentra rodeada aun por ejidos y propiedad comunal. Sobre este suelo se generará una nueva concentración de tierras en favor de inmobiliarias que especularán con éste.
Con esta modalidad se afectará a las ciudades la incorporación en sociedades mercantiles conectadas a la realidad urbana, si no impedimos de manera explícita la Constitución, esta situación va a ser un hecho.
Hasta hoy la lógica monetarista en la política urbana que el gobierno ha aplicado en este sexenio sobre el suelo urbano, ha sido vender el suelo al mejor postor sin atender las demandas crecientes de la población mayoritaria, por ejemplo, el caso de la vivienda.
Para que el suelo urbano no quede al libre juego de la oferta y la demanda, y se atiendan verdaderamente las necesidades de los mexicanos,
es necesario establecer restricciones de su manejo para atender a la población que lo demanda.
Siendo el artículo 27 el que regula el problema del suelo nacional, no solo el rural sino también el urbano, sometemos a su discusión y aprobación la siguiente propuesta de adición al párrafo sexto, con el fin de buscar soluciones a fondo sobre el problema de la vivienda en México. Se propone una adición a la fracción VI del artículo 27. El texto de la fracción VI, dice así:
"Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos".
La adición que propondremos, inmediatamente después, tendría que decir:
"Y para garantizar el derecho de los individuos a gozar de una vivienda digan".
Además de estas medidas, deben adoptarse otras, además de esta adición. Esta la voy a proponer cuando se discuta la fracción XVII de este mismo artículo constitucional y que se trata para impedir la especulación con el suelo urbano.
Dejo por escrito mi propuesta. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Florencio Salazar Adame.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Florencio Salazar Adame.
El diputado Enrique Rico Alzate (desde su curul): - Señor Presidente, le pediría de favor si puede constatar si hay quórum en la sesión, con base en el artículo 106, por favor, del Reglamento interno.
El Presidente: - Bien. Con base en el artículo 112, considerando que la asistencia es dudosa, sírvanse la Secretaría pasar lista de asistencia, en los términos que solicita el compañero diputado.
(Lista de asistencia).
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de a Presidencia, se pasará lista de asistencia a las señoras legisladoras y señores legisladores.
Señor Presidente, hay una asistencia de 344 diputados. Hay quórum. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Florencio Salazar Adame.
El diputado Florencio Salazar Adame: - Con su permiso, Presidente; diputados:
Escuchamos con atención la propuesta formulada por la diputada Patricia Ruiz y compartimos con ella la preocupación de que los asentamientos humanos se constituyan justamente en el espacio a que tenemos derecho todos los hombres y las mujeres, para vivir con dignidad y con decoro. Sin embargo, el artículo 27 constitucional tiene un espíritu fundamentalmente agropecuario y de lo que trata es justamente de reformar ciertos usos para contribuir a que haya un pleno desarrollo con los hombres del campo.
La fracción VI, que es la que se está sometiendo a consideración de esta asamblea, establece parcialmente su modificación en la iniciativa y en el dictamen, porque obedece a que la tercera fracción del mismo artículo 27 ya establece la prohibición y condiciones en que las instituciones que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca a los asociados o a cualquier otro tipo u objeto lícito, puedan adquirir los bienes indispensables para lograrlo.
Además, se sustenta en la reforma de la fracción IV, que posibilita a las sociedades mercantiles para ser propietarias de terrenos en la extensión necesaria para el cumplimiento de su objeto y determina que las condiciones de esta propiedad estarán reguladas en forma particular por las leyes reglamentarias. Asimismo, a que la fracción V ya regula puntualmente la capacidad de los bancos para tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas y las condiciones en la que podrán hacerlo.
Por todo esto, la derogación parcial y el nuevo texto de la fracción IV, se adecúa al contenido de las fracciones III, IV y V, para no contraponerse y provocar con ello una posible aberración jurídica, en el sentido de que los textos que continúan vigentes y aquello que pudieran ser modificados, se contradijeran abiertamente.
Pero ciertamente aquí toca la diputada Ruiz un asunto que mucho nos ha preocupado a quienes hemos tenido la experiencia de administrar un ayuntamiento. Los nuevos asentamientos humanos, instalados fuera de los planes de desarrollo urbano, que desbordan las manchas urbanas, con predios baratos que adquieren quienes requieren de un plazo de tierra, pero con servicios
municipales sumamente caros, que frecuentemente impiden que se atienda la responsabilidad del municipio de otorgar los servicios a sus conciudadanos.
Nos parece que estas reformas precisamente van a acabar con la especulación de la tierra ejidal, que se da hasta la fecha actual y que son frecuentemente la causa de que se construyan cacicazgos en manos de sedicentes, algunos por supuesto, sedicentes líderes ejidales y campesinos, que se apropian de las parcelas dedicadas al cultivo para construir o para propiciar que se construyan fraccionamientos de precarismo urbano.
Yo creo que debemos de estar muy atentos a la ley reglamentaria, para que especifiquemos en ella las condiciones en que debemos de cuidar que esto siga ocurriendo. Pero, por otra parte, debemos remitimos al artículo 115 constitucional, que en su fracción V ya prevé precisamente y otorga facultades a los municipios, a los ayuntamientos, para que puedan tener reservas territoriales, regularizar la tenencia de la tierra, organizar sus planes urbanos y de esta manera procurar que el crecimiento de las ciudades sea armónico, como dijimos al principio, buscando la dignidad y el decoro de todos sus habitantes.
Pienso, diputados, que la propuesta de la diputada Ruiz no cabe dentro del espíritu del artículo 27, pero que sí debemos considerarlo en la ley reglamentaria y que debemos, en todo caso, de propugnar por la justa y adecuada aplicación del artículo 115 constitucional, en su fracción V, que precisamente prevé lo que se refiere al crecimiento y al desarrollo de los asentamientos humanos en áreas urbanas. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte a la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por la diputada Patricia Ruiz Anchondo.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia se da a conocer la propuesta presentada por la diputada Patricia Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática y que es una adición al párrafo sexto del artículo 27 constitucional y para garantizar el derecho de los individuos de tener una vivienda digna.
Está firmada por ella, Patricia Ruiz Anchondo.
Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por la diputada Patricia Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el párrafo primero de la fracción VI del artículo 27 constitucional.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutido el párrafo primero de la fracción VI del artículo 27 constitucional.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto.
Antes de seguir con la discusión del párrafo siguiente, esta Presidencia ha recibido la solicitud de varios diputados y voy a pedir a la Secretaría si quiere leer la del diputado Salvador Juan Tejeda que nos lo hace por escrito.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Existe un acuerdo parlamentario aprobado por el pleno que prohibe fumar en esta sala. En los últimos días este acuerdo se ha violado de manera persistente tanto como por visitantes. Le agradecería mucho que haciendo uso de sus facultades, fuera tan gentil de hacer un señalamiento a esta asamblea, por elemental seguridad, pero también por respeto a la salud de los que no fuman. Muchas gracias. Firma el diputado Salvador Juan Tejeda". (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias. Está a discusión la fracción VII del artículo 27 constitucional.
Se han registrado previamente los siguientes oradores: por el Partido Popular Socialista, Héctor Ramírez Cuéllar; por el Partido Revolucionario Institucional, Juan Carlos Rentería; por el Partido del Frente Cardenista de
Reconstrucción Nacional, Manuel Terrazas; por el Partido Revolucionario Institucional, José Feliciano Moo Can; del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Romeo Flores Leal y Javier Centeno Avila; del Partido Revolucionario Institucional Juan José Castro Justo; del Partido de la Revolución Democrática, Camilo Valenzuela; del Partido Revolucionario Institucional, Juan Carlos Alva Calderón; por el Partido Acción Nacional, Luis Rejón Pereza; por el Partido Revolucionario Institucional Guillermo González Díaz; por el Partido de la Revolución Democrática, Gilberto Rincón Gallardo; por el Partido Popular Socialista, Martín Tavira Urióstegui; por el Partido Revolucionario Institucional, Oscar Garzón Gárate; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, José de Jesús Berrospe Díaz; por el Partido Revolucionario Institucional, Samuel Fernández Avila; por el Partido de la Revolución Democrática, Jorge Torres Castillo; por el Partido Acción Nacional, Lydia Madero García; por el Partido Revolucionario Institucional, Joel Guerrero Juárez; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Demetrio Hernández Pérez; por el Partido de la Revolución Democrática, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; por el Partido Revolucionario Institucional, Celestino Tobanche Alonso; por el Partido Acción Nacional, Jorge Zermeño Infante; por el Partido de la Revolución Democrática, Eloy Vásquez López; por el Partido Revolucionario Institucional, Sergio Vera Cervantes; por el Partido Acción Nacional, Juan de Dios Castro Lozano; por el Partido Revolucionario Institucional, Amador Rodríguez Lozano; por el Partido de la Revolución Democrática, Juan Hernández Mercado; por el Partido Revolucionario Institucional, Angel Heladio Aguirre Rivero; por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Martín del Campos y Enrique Rico y por el Partido Revolucionario Institucional, Efraín Zúñiga Galeana.
Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, para hablar en contra.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Durante nuestra intervención en lo general, hicimos acopio ante ustedes de una serie de antecedentes históricos, jurídicos y de la propia Constitución de 1917, que nos permitieron llegar a la conclusión de que las tierras de los ejidos nunca se consideraron tierras de propiedad privada, sino que desde la época prehispánica hasta el día de hoy, dentro de unos minutos, siempre se consideraron tierras de uso común. Esa fue la característica fundamental de las tierras de los pueblos, a través de la historia de México.
También hicimos notar ante el pleno de esta Cámara de Diputados, que el ejido no llegó a México producto de una copia extralógica de otras realidades, que tampoco fue producto de la Revolución mexicana, sino que la Revolución mexicana consideró la existencia del ejido, aunque en el texto original no apareció la palabra.
Quisiera referirme a que no hay ningún antecedente jurídico en el debate de 1917, que considere a las tierras ejidales propiedad privada. Don Andrés Molina Enríquez, que fue uno de los hombres que inspiró la Constitución, en su obra "Los Grandes Problemas Nacionales", cuyas ideas se plasmaron en la Constitución de 1917, distinguió claramente entre la propiedad privada directa y la llamada propiedad privada restringida de los pueblos y de las comunidades.
Tanto en el dictamen del artículo 27 como en la discusión, esa tesis central de Molina Enríquez, prevaleció de la manera que aunque no apareció en la Constitución la palabra ejido, se confundió con la palabra poblado, que sí aparece en el texto constitucional.
Los padres de nuestra Carta Magna usaron, en términos equivalentes, el término ejido con el término poblado, el poblado era el ejido. Posiblemente en el Congreso de Querétaro una gran parte de los diputados no aceptaron incluir la palabra ejido, porque eran partidarios de la pequeña propiedad y eso quizá contribuyó a que no apareciera en el texto constitucional; sin embargo, la Constitución establece muy claramente que las tierras de uso común de los poblados, se otorgan a estos en usufructo permanente o, en todo caso, siguiendo aquí a Molina Enríquez, en propiedad privada restringida.
En nuestra intervención en lo general, hicimos notar que en todos los planes revolucionarios que precedieron a la Constitución, también se insistió en el carácter de usufructo permanente entregado a los poblados, llámese ejidos, comunidades y demás, prácticamente ningún caudillo revolucionario, ni siquiera el general Villa, planteó la propiedad privada directa en ese tipo de formas de producción.
El general Villa, como los otros caudillos, Obregón, Calles, eran partidarios de la pequeña propiedad, pero no tomaban en cuenta en esta definición, la propiedad de ejidos y comunidades, que siempre la consideraron de usufructo. Y así
aparece muy claramente en el pensamiento agrario del general Emiliano Zapata.
De tal que la propuesta de la iniciativa del Presidente para transformar el carácter jurídico, político y social, de las tierras ejidales, es un salto en el aire, en el campo de nuestra legislación, ya que como lo he señalado no hay ningún antecedente al respecto que permita introducir la figura de la propiedad privada en las zonas de la parcela ejidal.
Quisiera señalar que en la primera Ley del Patrimonio Parcelario de diciembre de 1925, decreta por lo general Calles, que fue la primera legislación concreta sobre el ejido, es cuando ya aparece la figura del ejido parcelado. El general Calles, era partidario del ejido parcelado, porque él, consideraba que los ejidatarios podían ser, con educación o preparación técnica, después pequeños propietarios. Consideraba al ejido como una escuela para después generar pequeños propietarios, sin embargo, pensamiento que también compartió el general Alvaro Obregón.
Sin embargo, tanto el general Calles como el general Obregón, repartieron en los años veinte una gran cantidad de tierras a los ejidos y a los poblados, aunque no eran partidarios del ejido, todas las dotaciones de estos dirigentes de la revolución, o gran parte de ellas, mejor dicho, fueron a dar a la Constitución, a la ampliación de zonas ejidales y de zonas de la comunidad indígena. ¿Por qué fue esta situación?
Porque aunque la Constitución de 1917 no reconoció la existencia jurídica del ejido como tal, estaba en la realidad socioeconómica, estaba vigente desde la época prehispánica. Había sobrevivido la encomienda de la época de la conquista, había sobrevivido los avatares en el México independiente, había sobrevivido a la Ley de Desamortización que le quitó tierras a las comunidades indígenas y había sobrevivido a las compañías deslindadoras.
Esta larga trayectoria del ejido, desde la sociedad prehispánica hasta el México anterior a la revolución era una realidad, si bien golpeada, si bien lesionada, en la historia de México estaba como una realidad de los pueblos, estaba como una realidad natural y esto lo tuvieron que reconocer hasta aquellos que en la revolución eran partidarios de la pequeña propiedad agrícola como los generales que ya he señalado.
A partir de la Ley del Patrimonio Parcelario de 1925, viene una pugna entre dos líneas en materia de tierras ejidales. Por un lado la línea del ejido parcelado, pero por el otro la línea del ejido colectivo que fue la línea que siguió el general Lázaro Cárdenas.
Durante muchos años, durante los años veinte y treinta, ésa fue la gran pelea, la pelea entre los que querían parcelar el ejido, entregar una parcela a cada campesino y los que querían que la tierra del ejido fuera de explotación colectiva, y el general Cárdenas fue partidario de la explotación colectiva de los ejidos.
Sin embargo, a partir del año de 1956, una gran parte de los ejidos colectivos que se crearon durante el gobierno revolucionario de Cárdenas, fueron golpeados, fueron minados y fueron destruidos a partir del gobierno del presidente Miguel Alemán hasta nuestros días y prevaleció a partir del gobierno de Alemán el ejido parcelado por encima del ejido colectivo y hoy estamos llegando a la culminación de ese proceso histórico y de ese proceso de carácter jurídico, en que prevalece la concepción del ejido parcelado, pero además prevalece la figura de la propiedad privada en el seno de las tierras ejidales.
El presidente Salinas de Gortari rompe con toda la tradición jurídica, histórica, porque ni siquiera en las leyes ejidales de los años veinte se planteó la posibilidad de que los ejidatarios pudiesen poner en venta sus parcelas a alguien de fuera del ejido.
Quiero señalar que en las leyes parcelarias y en el propio código agrario, apareció siempre la necesidad de que la parcela ejidal fuera patrimonio del ejido en primer lugar, en segundo lugar que fuera patrimonio de la familia ejidal y que pudiesen transmitirse los derechos parcelarios de padres a hijos, pero siempre la legislación hasta el día de hoy, dentro de unas horas, siempre la legislación evitó que la parcela ejidal saliera del núcleo ejidal especialmente.
Cuando el Presidente de la República nos está planteando que el ejidatario tenga el dominio directo de la parcela, está introduciendo el concepto románico de la propiedad. El concepto clásico de la propiedad señala que el hombre dispone de la cosa libremente, dispone del objeto para hacer de él lo que considere conveniente. Es el carácter romántico de la propiedad, que el Constituyente de 1917 nunca aceptó y que ninguna ley agraria ha aceptado y que ahora se introduce en la fracción VII.
¿Cuál es el problema de fondo en la fracción VII? Que siendo la tierra ejidal de usufructo
permanente, patrimonio del ejido y explotación común del ejido, se introduce una figura diferente que es el régimen de la propiedad privada, al otorgarse el dominio directo de la parcela.
No cabe duda que la Constitución nos señaló tres formas de propiedad: la propiedad ejidal, la propiedad comunal y la pequeña propiedad. Y le dio a estas tres formas de propiedad su rango, su definición y sus propias características, le dio parte de la agricultura mexicana a estas tres formas de la propiedad, y le dio un tratamiento diferente. Pues ahora sucede que ya la propiedad privada invade la zona que había sido de la propiedad ejidal y de la propiedad comunal, y tiende a crecer, la propiedad privada, en detrimento de la propiedad social.
Desde el punto de vista económico, no es lo mismo el mecanismo privado que el mecanismo de la propiedad social, tienen valores, tienen formas muy diferentes entre sí. No es lo mismo un pequeño propietario que un ejidatario. Las modalidades de estas formas de propiedad son muy diferentes.
De tal manera que nos enfrentamos nosotros con que se trata de que los ejidatarios vendan sus parcelas, porque al darle libertad para que lo hagan, en el marco de la política económica actual, ni modo que sea para colectivizar el ejido. Evidentemente que la política económica general no van en esa dirección. Cuando se habla de entregar el dominio directo a la parcela, se habla evidentemente de invitar al ejidatario para que la venda o la rente a un propietario privado o a una persona ajena al ejido.
Quiero señalar a ustedes que el 26% de la superficie total de cada ejido está parcela; que de los 20 millones de hectáreas, 17 millones son de temporal y sólo 3 millones son de riego; que el promedio nacional de superficie dedicada a la agricultura por ejidatario, es de seis hectáreas; de los 95 millones de kilómetros que tiene la superficie ejidal, 25 están parcelados y se concentra la mayoría de la parcelación, el 42%, en Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y Veracruz; que el promedio de la parcela ejidal es de seis hectáreas.
Esto quiere decir que el ejido colectivo prácticamente ha desaparecido o tiende a desaparecer y que sólo lo vemos en su máximo esplendor productivo en las zonas del noroeste de nuestro país, pero la tendencia ha sido la de ir destruyendo el ejido colectivo para ir insistiendo en el ejido parcelado.
Hace unos minutos, cuando se aprobó la fracción IV, el diputado Encinas insistió mucho en que esta entidad sólo fuese para régimen de la pequeña propiedad, previendo precisamente que al otorgar el dominio directo de la parcela, zonas de propiedad ejidal iban a pasar al control de las sociedades mercantiles y efectivamente eso es así, porque si el ejidatario va a vender, va a rentar su parcela a alguien fuera del ejido, que no sea ejidatario, que no sea jornalero, que no sea habitante del ejido, o sea, alguien de fuera del ejido, pues de fuera del ejido solamente existe el propietario particular fundamentalmente.
De tal manera que cuando el Presidente nos habla de entregar el dominio directo a los ejidatarios, están planteando que la parcela ejidal salga del ejido y se incorpore al núcleo de la propiedad privada.
La fracción VII establece los límites por medio de los cuales el ejidatario podrá transmitir su parcela a un familiar, pero deja abierta la puerta para que la parcela salga del núcleo ejidal y sea llevada al mercado libre de la tierra. ¿Qué quiere decir esto del mercado libre de la tierra?, que los ejidos estarán sujetos a la oferta y a la demanda. De tal manera que el capital privado seleccionará las alternativas más adecuadas una vez liberada la parcela del núcleo ejidal.
Para la propiedad privada puede ser interesante la compra de la parcela, especialmente en aquellos ejidos de alta productividad; en aquellos ejidos urbanos, en ejidos turísticos, en ejidos que tienen recursos naturales. Pero también puede optar por la otra alternativa, puede optar por la renta de la parcela ejidal e incluso puede optar por la renta de un ejido o de muchos ejidos completos.
Nadie puede decir con precisión, cuál será el comportamiento del mercado de la tierra ejidal, a partir de que aprueben ustedes esta reforma. Lo que puede apuntarse hoy en día, puede ser tendencias, pueden ser fenómenos generales, pero sólo la realidad concreta nos va a decir qué va a suceder con este mercado libre de la tierra.
Quiero recordar a los señores diputados, que la disposición del Presidente de la República, que van a aprobar ustedes y el Partido Acción Nacional, tiene un parecido en su contenido, a la Ley Lerdo o Ley Comonfort, del año de 1856, que fue la ley que desamortizó los bienes de la Iglesia y de las comunidades indígenas.
La argumentación de la Ley Lerdo es similar a la del Presidente Salinas de Gortari. La Ley
Lerdo planteaba que como estaba estructurada la comunidad indígena, claro, la propiedad de la Iglesia, ésta no tenía movimiento, había que darle movimiento a una forma de propiedad que los liberales consideraban cerrada. En el fondo, Salinas se quedó en el pensamiento liberal, cuando plantea que la propiedad ejidal es una propiedad cerrada y que hay que abrirla.
¿Qué sucedió con la Ley Lerdo en el año de 1856?, que gran parte de las propiedades de la iglesia se vendieron a laicos ligados a la propia Iglesia. Pero una gran cantidad de tierras de la comunidad indígena, al ser llevadas al mercado, con la imprevisión de los liberales del siglo pasado, fueron acumuladas, fueron compradas, fueron concentradas por el nuevo latifundismo que emergía y que tuvo su esplendor en la época del porfiriato. Es decir, la Ley Lerdo generó un mercado libre de la tierra, con las consecuencias que ya conocemos, en la historia de México. Entonces se podrá observar un gran paralelismo entre la Ley Lerdo y la propuesta del Presidente de la República.
El Presidente, parte de puras falsedades. El Presidente, dice, que el hecho de que ejidatario no pueda disponer de su parcela, lo arrojó al ejido, no le dio libertad al ejidatario y quedando en dominio directo, le da libertad al ejidatario.
Realmente lo que más preocupa a los ejidatarios, no es el régimen de la propiedad de su ejido. Lo que le causa inseguridad al ejidatario, no es tanto que no pueda vender, que no pueda rentar su parcela. Lo que le causa inseguridad, son que no hay precios de garantía adecuados para sus productos, que el crédito no llega en forma oportuna y barata, que no tiene maquinaria, que no tiene riego. Son preocupaciones derivadas, no de la forma de propiedad de las tierras ejidales, como incluso diputados del Partido Revolucionario Institucional lo han afirmado, sino se deben a decisiones de la política económica agrícola en general.
Y a mayor abundamiento, cuando un ejido ha dispuesto de tierras de buena calidad, de agua, de riego, de crédito, de maquinaria, como ocurre en los ejidos de Sonora y Sinaloa, el ejido ha sido tan productivo o más que la propiedad privada. De tal manera que tampoco la productividad es un atributo exclusivo de la propiedad privada; que el ejido con todas las condiciones que ya he señalado, es tan productivo o más, como el régimen de la propiedad privada y esto el Presidente no lo reconoce al plantear la posibilidad de abrir el ejido al mercado libre de la tierra.
Nosotros queremos hacer una propuesta en esta fracción VII.
Primero. "Considerando el respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan, en el aprovechamiento de sus recursos productivos, la ley regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela..."
Hasta ahí no tenemos ninguna objeción que hacer, porque hasta ahí va la iniciativa del Presidente en la línea de la tradición jurídica de nuestro país.
"Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí..."
En este punto, no tenemos tampoco ninguna objeción porque tanto el usufructo ejidal como la comunidad agraria, son formas de tenencia esencialmente iguales, iguales en términos jurídicos, iguales en términos económicos y en términos sociales. Por eso la asociación natural del ejidatario, es el comunero, porque la forma de propiedad conjunta, es más o menos la misma.
Proponemos que también se plantee aquí "la asociación de los ejidatarios con el Estado, a efecto de poder crear empresas agroindustriales" y con esto, prácticamente legalizamos todas las formas de asociación hasta hoy conocidas.
Quiero señalar a ustedes que ésta propiamente no es una novedad en la realidad económica. Lo que estamos haciendo es simplemente sancionando algo que ya existe; estas formas de asociación ya tiene años de existir entre ejidatarios y comuneros, entre ejidatarios con el Estado.
Pero en donde sí discrepamos, es en la última parte de la fracción VI al referirse al uso, al dominio directo de la parcela, porque ahí este párrafo del artículo 27 sufre una contradicción, al introducir una noción diferente a la que venía planteándose con anterioridad.
Muchas gracias y dejo a la Secretaría la propuesta del Partido Popular Socialista.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Luis Carlos Rentería, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Luis Carlos Rentería Torres: - Con su venia, señor Presidente; compañeros diputadas y diputados:
Quiero suplicar de entrada, tengan la bondad en perdonar las limitantes que pueda ocasionar, en que un servidor sea la primera vez que está en una tribuna Legislativa.
Su servidor es un ejidatario en el noreste de Chihuahua y al igual que el compañero González Gortázar, me siento orgulloso de pertenecer al campo, aunque no le pudiera parecer al compañero del Partido de la Revolución Democrática, diputado Martín del Campo.
Quiero, si me permite, señor Presidente, aceptar exclusivamente dos interpelaciones, si es que esto sucediera, partiendo de que la agenda, efectivamente, de oradores está cargada, siento que en respeto a esta soberanía y también considerando que hay preguntas de buena fe y preguntas de mala fe, dejaría yo exclusivamente dos opciones para quien quisiera, como dicen los campesinos, lanzar sus cuatros, los afinara en esas dos oportunidades.
Nadie puede ostentarse como poseedor de la verdad absoluta, ésta es al final de cuentas la suma de las verdades relativas, que por supuesto de la misma manera que tienen un origen histórico, tienen un limitante en la historia.
El reconocimiento de esta idea trae, a mi juicio, como consecuencia, en aras de coherencia, dos actitudes: la primera es la aceptación de que el tener una realidad cambiante, se hace necesario revisar continuamente las normas que regulan nuestra vida, para hacerlas congruentes con las nuevas necesidades.
La segunda es que al no ser como los "monjes lamas", que todo lo que dicen es una verdad indiscutible, reconocemos la posibilidad de que alguien que no sea de nuestro partido pueda aportar algo que refleje las nuevas demandas, sea el partido que fuere; esto forma parte de nuestra concepción de pluralismo y este planteamiento no lo circunscribimos a los partidos sedicentes de izquierda, de ahí la riqueza de nuestra actitud.
Es una gravísima presunción asumir que sólo lo que provenga de la fracción parlamentaria propia, es progresista, porque esto ideologiza el debate y con ello cancela la necesaria apertura que exige todo análisis serio.
Hemos estado presenciando cómo se intenta descalificar a nuestro partido y a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, calificándolos de "panistas".
Como todo razonamiento, éste merece nuestra atención y voy a intentar razonarlo. Se dice que la iniciativa de ley pretende acabar con la propiedad social, y yo, hasta hoy, no he podido encontrar dónde la iniciativa plantea la erradicación de la propiedad social. Más bien lo que alcanzo a distinguir es un fuerte deseo de parte de algunos diputados porque la iniciativa contuviera el planteamiento de la supresión de la propiedad social.
¿Cuál es la diferencia? Mientras Acción Nacional por décadas ha venido planteando la privatización del ejido, nuestro partido plantea que sean los productores, las comunidades ejidales, las que decidan cuál es la forma que más se ajusta a sus requerimientos, a sus necesidades, y plantea también esquemas más abiertos para que los productores del campo se asocien.
Apostar en un marco de retórica y generalidades a que con esta iniciativa el ejido desaparece, o bien, como lo planteamos nosotros, que se consolida y se fortalece, nos puede llevar a un desgaste que mella la disponibilidad del riesgo. Y aquí sí quisiera intentar un punto de partida para el análisis conjunto.
Nosotros sentimos que todas las fracciones parlamentarias tiene algo que aportar y que es en el diálogo donde podemos avanzar en esto.
Se eleva a rango constitucional el ejido y con ello se rompe con la aliatoriedad que tuviera el tener una disposición de tipo reglamentario. Ya no estaría sujeto a la influencia sexenal, sino con ello quedaría establecido en el nivel más difícil de movilizar, que es el de la Constitución. Pero esto, la iniciativa, por sí misma, se ha dicho aquí, no resuelve los problemas del campo; nosotros la sentimos importante pero debe ir aparejada de otras medidas también muy importantes que son, como lo ha dicho nuestra organización, la Confederación Nacional Campesina, la necesaria modificación en el marco institucional.
Si nosotros logramos conjuntar la iniciativa con una reforma institucional que pueda cambiar el actual estado de cosas en el crédito que hace dependiente el ejidatario, económica, política y organizativamente, estaremos abriendo nuevos campos de libertad y de independencia para el campesino. Si esto lo enfilamos de tal forma que los productores tengan sus propias fuentes de financiamiento, vía unión de crédito, no dependerán de la institución para decidir qué, cómo y cuánto sembrar; ni cómo ni cuándo actuar, incluso, en la política interna del ejido.
Es evidente que en muchos de los ejidos y en el caso nuestro también se daban fenómenos de
ese tipo, a veces hasta la sucesión del comisariado ejidal se decidía por un gerente del Banco Nacional de Crédito Rural.
Y miren ustedes, en mi municipio hay una importante tradición autogestora. En mi municipio, primeramente, no aparecíamos en el mapa. Hubo que luchar, primero, en el terreno de la producción, para colocarnos como primeros abastecedores de semilla de soya en Sonora y Sinaloa, para que empezara a figurar el nombre de nuestro municipio.
Posteriormente llegamos a tener el primer lugar mundial en producción de fibras intermedias de tipo acala, por la resistencia de su fibra; exactamente de 92 presley hace dos años.
Después nos encontramos con que el servicio de inspección y certificación de semillas se encontraba en una ciudad donde no se producen semillas y la zona de mayor producción en su esfera de influencia era nuestro municipio y tampoco teníamos ese servicio ahí. La productora de semillas, la productora nacional también la tuvimos fuera del lugar donde más semillas se producían.
Esto ha hecho que nuestros productores hayan estado luchando por espacios y siento que se van consiguiendo.
Hoy, mi municipio aparece en el mapa; hoy por primera vez mi municipio, en toda su historia, tiene un diputado. Hoy en mi municipio hay gente que representa a los productores de bombeo en el estado y encabezó una lucha a nivel nacional como dirección durante 60 días.
Esto hace que los productores ejidatarios sientan la necesidad de que se les entregue en la mayoría de edad y sientan la necesidad de que puedan decidir, incluso, hasta qué van a hacer con su tierra y que puedan decir: "Esta tierra es de nosotros". Sin embargo, habría que decir los siguiente:
La iniciativa de ley ofrece un nuevo marco para que las organizaciones se fortalezcan en el contacto directo. Una vez que la dependencia no es directamente económica, hoy reunir a los agricultores que ya no tienen que ir por la anuencia del comisariado ejidal para obtener su crédito, significará que todas y cada una de las organizaciones visite a los elementos que componen la comunidad, si desean mantener su liderazgo. Lo visiten y tengan también que llevar propuestas productivas, que llevar proyectos que satisfagan y convenzan a la gente.
Eso necesariamente implica mayor trabajo, pero también mayor democracia.
Se dice que el ejidatario puede quedar indefenso a la hora de establecer convenios productivos, a la hora de la asociación, y créanme, soy un convencido de que el mejor defensor de los productores, son los propios productores.
Qué cierto: el proceso de formación no se da de la noche a la mañana y la conciencia efectivamente no se da en maceta. Una vez que el Banco Nacional de Crédito Rural liberó a los productores para que comercializaran su propio producto, efectivamente se dio el fenómeno inmediato de cada quien se separó y empezó a vender como mejor consideró conveniente. Al siguiente año, de manera natural, los productores volvieron a organizarse, pero ahora sí en tutela para la producción y eventos semejantes pasaron con el seguro; cuando teníamos a la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Sociedad Anónima, nuestros productores defendían un precio medio rural más alto, porque a fin de cuentas les pagaban un diferencial en kilos a como quedara el precio medio rural, luego cambia a la Aseguradora Agrícola Mexicana y considerando limitados a los productores cambian las reglas del juego y en lugar de pagar kilos a como estuviera el medio rural, paga el diferencial de a como se haya vendido la cosecha. Es interesante ver el resultado, los productores invirtieron también el proceso; esto demuestra que nuestros campesinos no son ningunos maneados.
La parcela individual generalmente es el resultado de la presión y del interés personal de los productores, aún en el seno del ejido y cuando el ejidatario ha tenido que asumir formas de producción colectiva, generalmente ha sido por la dependencia creada, para poder tener derecho al crédito de asamblea, pero no por decisión propia.
¿Qué sucede con la renta? Efectivamente, creo que habemos varios que desearíamos que no se rentara la tierra, el problema es que es una realidad y lo ha reconocido el Estado, no hay los recursos suficientes para resolver todas las demandas de financiamiento en el campo y también hay áreas que ni financiándolas va a ser posible levantar lo que ahí se siembre.
Luego entonces, ¿qué sucede al liberar a la gente, para que ésta legalmente pueda rentar su tierra? Necesariamente se van a encontrar con que hoy su renta tiene mayor valor y hoy se abre la expectativa de que con esa renta pueda reunir quizá el faltante que tenía para iniciar de nuevo en la producción.
La zona urbana realmente en los ejidos tiene poca o casi ninguna participación, el avecindado solicita su propio predio para fincar y luego pierde el contacto con el ejido y es que ahorita las zonas urbanas rebasan en cantidad el número que hay de ejidatarios en parcela. Y allí hay una limitante que vale la pena tomar en cuenta, ¿qué va a suceder con esa gente, por qué no integrarlas y por qué no buscar un nuevo marco en el que la reglamentaria pudiéramos retomar el contacto entre ejidatarios con tierra y con avecindados, a fin de cuentas ya son la mayoría en el campo? Esto compañeros, abre nuevos esquemas.
Y decía el compañero diputado Bejarano ¡no sabemos qué va a pasar después de esto! Yo quisiera decirle, pues nosotros tampoco somos adivinos, pero una cosa sí es segura, pasará lo que el ejidatario quiera que pase. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Teódulo Martínez Vergara, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Teódulo Martínez Vergara: - Con permiso, señor Presidente; honorable asamblea:
Hago uso de la tribuna en nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y en mi carácter se secretario general de la Central Campesina Cardenista hago una propuesta que los compañeros campesinos ejidatarios y comuneros nos encomendaron hablar en nombre de ellos en esta alta tribuna.
Para consagrar la existencia y los derechos de los ejidos y comunidades indígenas, la iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional propone elevarlos a rango constitucional. Con ello se garantiza su permanencia y se reconoce a los ejidatarios y comuneros el carácter de propietarios sociales con plenos derechos sobre la tierra y sus productos.
En tal virtud, si se les reconoce como las reformas de producción social, rural por excelencia, en el texto fundamental de nuestro sistema jurídico, proponemos que se puntualice también que tendrán personalidad jurídica para todos los efectos legales que se requieran.
Por lo anterior expuesto, proponemos la siguiente redacción para los párrafos primero y segundo de la fracción VII de este artículo.
"Fracción VII, párrafo primero. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población indígena y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas".
Del párrafo segundo de la fracción VII, "La ley protegerá en todo momento la integridad de las tierras y de los grupos indígenas".
Seguramente éste es uno de los temas a discutir que de alguna manera a nuestros compañeros ejidatarios y comuneros estarán seguros de que esta alta tribuna donde se hace uso de la palabra en nombre de nuestros representados consideramos que se abre la posibilidad de que en el campo existan mejores condiciones de vida. Seguramente los empobrecedores del campo, los que han abusado de la ignorancia de los campesinos, de los indígenas, tiene nombres y tienen apellidos; por eso nuestros compañeros campesinos confían en que las medidas adoptadas sean para beneficio de ellos y para garantizar su futuro mejor, mejores condiciones de vida y que dejen de ser los campesinos objeto de programas políticos o que dejen de ser simplemente instrumentos al servicio de grupos caciquiles que afectan enormemente la vida integral de los indígenas y de los campesinos en todo el país.
Por tal motivo, hacemos esta propuesta y esperamos que pronto nuestros compañeros del campo tengan una respuesta, tanto del Ejecutivo Federal como de esta alta tribuna, que representamos desde luego sus intereses que por muchos años han sido vejados, que por mucho tiempo han sido violados.
Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias y esperamos pronto una respuesta. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Terrazas, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero: - Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Una de las causas que han influido en gran medida para hacer más prolongada, difícil y aguda la crisis que ha venido padeciendo el movimiento agrario nacional, ha sido y es la falta de democracia en las organizaciones campesinas.
En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial sobre la reforma al artículo 27 constitucional, se dice que la reforma conforma una reforma agraria para nuestros días; la
construcción de un nuevo modo campesino, con más bienestar, libertad y justicia; la nueva relación entre el Estado y la sociedad, que está contenida en el proyecto. Por ello la reforma, se dice, para alcanzar su propósito y tener viabilidad y permanencia, se construye, por ello la reforma para alcanzar sus propósitos y tener viabilidad, repetimos, considera de mucha importancia la democracia.
Dice después: la modificación jurídica es principio y requisito esencial de la reforma, fuente de legalidad para todos los demás procesos que acompañan a esta propuesta. Debemos partir de la reforma al artículo 27, porque es ésta la norma básica que establece la dirección y los principios generales para que se traduzca en adecuaciones a la legislación en la materia.
La necesidad de la democracia cruza por todos los espacios de la reforma al artículo 27 constitucional; de manera particularmente significativa, por las normas constitucionales que tengan que ver con la organización ejidal y comunal.
Por eso nos parece indispensable que cobre fuerza constitucional una cuestión de primera importancia en lo que se refiere a la organización ejidal y comunal, punto que no estimamos de manera exagerada, al afirmar que de él depende la suerte del papel que van a ejercer y asumir la organización democrática y libre de los ejidos y de las comunidades. Nos referimos a la elección democrática de los órganos de dirección en los ejidos, en las comunidades.
El destino de las reformas que estamos discutiendo, las transformaciones y los retos que se contienen en el artículo 27 constitucional y sobre todo las perspectivas y el papel que jugarán el ejido y las comunidades, dependerán en gran medida en medidas decisivas del grado en que se garantice la democracia interna para elegir dirigentes y decidir líneas de acción y manejos internos.
La democracia, creemos pues, es condición esencial para el futuro que vayan a tener los ejidos y las comunidades.
Por eso estimamos indispensable, compañeras diputadas y compañeros diputados, que un sexto párrafo en los términos que se expresan en seguida, se incorpore a la fracción VII del artículo 27 constitucional, que quedaría en los siguientes términos:
"La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea."
Hasta aquí la adición que proponemos. Estamos muy seguros de que pudiéramos hacer más para introducir este elemento de la democracia como norma fundamental en las nuevas condiciones a que se van a enfrentar el ejido y las comunidades. Lo menos que podemos hacer es introducir este elemento democrático en la elección de los comisariados y de los directivos de las comunidades. Gracias, por su atención.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado José Feliciano Moo y Can.
El diputado José Feliciano Moo Can: - Con su venia señor Presidente; compañeros diputados:
Mucho se ha discutido sobre la historia de la sociedad rural en México, mucho se ha dicho pero es importante partir de un principio fundamental en el que las sociedades rurales, como las de todo el mundo, también la de México, con el conjunto de la sociedad mexicana, tiene su propia dinámica que tiene sus tiempos y sus momentos, en la que exige su transformación y sus cambios.
Por eso hoy para nosotros, los miembros del Partido Revolucionario Institucional, los que provenimos de una organización campesina, en donde existe un arraigo profundo en la tierra desde nuestros antepasados en las comunidades indígenas, es de trascendental importancia este proyecto de ley, esta iniciativa presidencial, en la que eleva a rango constitucional a la comunidad indígena.
La iniciativa representa una gran oportunidad para revertir el conjunto de imposiciones y trastocamientos que han sufrido las propias comunidades indígenas. A las tierras les fueron impuestas estructuras y dividieron a sus autoridades tradicionales y a los pueblos.
Por eso hoy esta iniciativa posibilita a estas comunidades a adoptar la estructura de organización y gobierno que se adecué a cada comunidad y a cada grupo indígena.
Reglamentar el uso de las tierras y recursos naturales, de acuerdo a su cultura y sus tradiciones.
Integrar diferentes núcleos comunales para dar cohesión a comunidades integrantes de un mismo grupo étnico.
El traspaso de ejido a comunidad indígena en aquellos núcleos en donde así lo decidan sus asambleas generales.
Para los pueblos indígenas de México, la iniciativa representa, sin lugar a dudas, más respeto para sus formas y tradiciones, así como mayor libertad para decidir libremente la reintegración de estas comunidades indígenas.
Mucho se ha hablado de los ejidos con una gran capacidad productiva; mucho se ha hablado de los ejidos del norte del país. También es importante reconocer la gran diversidad cultural y tradicional que tiene nuestro país, por eso es importante también hablar de nuestros ejidos del sur de México.
Y en el Sureste mexicano existe una sociedad dispuesta a integrarse a estos cambios, dispuestos a asumir su papel protagonista del desarrollo social de la comunidad rural. Ese desarrollo en el que muchos hemos menospreciado la capacidad, la responsabilidad, el arraigo y la lealtad de los campesinos hacia su historia y a su tierra, por eso me voy a permitir aquí, compañeros diputados, recordar experiencias desde mi infancia, cuando una región como la zona henequenera de Yucatán, al convivir y compartir con mis compañeros campesinos las vivencias y las experiencias del trabajo cotidiano en el trabajo arduo del cultivo del henequén, yo recuerdo cuando acudíamos a las superficies ejidales y nos encontrábamos con que en las superficies donde había recursos que se apoyaban con créditos, que se apoyaban con otras prestaciones no muy comunes en otros ejidos y nos encontrábamos que había ineficiencia, que las superficies no estaban trabajadas adecuadamente y por otro lado, dentro de esa misma superficie ejidal encontrábamos superficies aparceladas que tenían un mayor rendimiento y una mayor eficiencia. Y le preguntábamos a los compañeros: ¿por qué esta situación tan contrastante entre una y otra actividad? Y me decían: esa superficie que no tiene los rendimientos óptimos, es una superficie del banco, otros, es del gobierno y aquellas parcelas que tenían eficiencia y productividad y la que no recibía ningún apoyo y ningún crédito, decía el compañero ejidatario: ésa es mía.
Con esto nos demuestra que la iniciativa responde a una realidad y a un principio de libertad, que le permita al ejidatario recuperar su capacidad de decisión y su capacidad de promotor del desarrollo de su comunidad.
Por ello, es importante entender y reconocer que hay una mayoría de edad en los campesinos de México y que nos han demostrado y saben ellos que la tierra es su historia, que la tierra es su sangre y que la tierra es su vida y es su futuro. Eso, eso es lo que nos da garantía de que los principios que contempla la iniciativa de no latifundio, de la no reprivatización de la tierra, está garantizada en estos elementos sociales que son los campesinos de México.
Por ello, nosotros apoyamos las propuestas hechas por los compañeros del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Apoyamos el párrafo primero de esta fracción VII, donde se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población, ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
De igual manera, apoyamos la propuesta de los compañeros del Partido Popular Socialista, concretamente la que hizo el diputado Ramírez Cuéllar, en donde la sucesión con el Estado, ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí y con el Estado. El decía que no con terceros. Ahí nosotros apoyamos que sí con terceros y lo apoyamos porque es fundamental también darle otra posibilidad a las comunidades y a los ejidos.
Se habló de tierras del norte en donde no existe una gran rentabilidad, pero también hay que considerar a las tierras donde no hay esa rentabilidad por la pobreza misma de esas tierras, pero existe ahí una gran riqueza que es la creatividad y la capacidad de sus hombres. Por eso también tenemos que buscar otra posibilidad que le pueda permitir desarrollar proyectos productivos, como son, por ejemplo, en el Estado de Quintana Roo las asociaciones para la producción pecuaria, en donde se ha intensificado y se ha introducido la tecnología y hoy por hoy se están dando pruebas y muestras de que esto es viable y de que los campesinos también saben exigir igualdad y saben negociar en buenas condiciones cuando el Estado otorga los apoyos suficientes y necesarios.
Por eso también en nuestras comunidades, así también como en nuestros ejidos, existe una gran vocación democrática, una práctica cotidiana de la actividad democrática.
Por ello no todo es divergencia en esta gran sociedad mexicana, también hay convergencia y en
esta convergencia apoyamos la propuesta de la fracción VII al párrafo sexto de nuestros compañeros del Partido de la Revolución Democrática, donde dice: "la Asamblea General es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutara las resoluciones de la asamblea". Nuestro partido apoya esta propuesta para enriquecer no solamente la ley y la Constitución, para enriquecer a nuestras sociedades, para enriquecer a nuestros ejidos y nuestras comunidades del campo mexicano.
Compañeros diputados: no olvidemos, mucho se ha dicho aquí, de que la Revolución fue hecha por los campesinos, de que los cambios que hoy impulsamos es demanda por campesino y de que el futuro de una verdadera justicia social y libertad, tendrán la última palabra los campesinos de México. Muchas gracias.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul): - Señor Presidente.
El Presidente: - Sí, compañero Terrazas, dígame.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul): - La propuesta la hizo para rectificar un hecho, la propuesta la hizo el grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Rogaríamos hacer independientemente de que seguramente el origen no es tan importante como el sentido de la propuesta. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias. Tiene la palabra el diputado Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Salió, como era lógico en este debate sobre las reformas al artículo 27 constitucional, el tema de la derecha. Salió en momentos que internacionalmente hay confusión al respecto y que no queda claro ya en muchas ocasiones y en distintos países, a donde está ubicada efectivamente la derecha.
Derecha e izquierda no se dividen ni se reconocen por su religiosidad, por sus concepciones morales; no se dividen entres honestos y corruptos, entre egoístas o desprendidos, sino la derecha se defina por su conducta frente a la propiedad. Que ha sido el tema universal de discusión de siempre, el tema de la propiedad. Se le llamó que la propiedad es un robo por parte de los filósofos alemanes del siglo pasado. Y Ponciano Arriaga refiriéndose a la tierra decía que es el derecho del primer ocupante. Pero es muy importante que definamos a los que están con esta reforma y los que nos hemos pronunciado contra ella y que definamos en México al régimen político y a la oposición claramente por su conducta frente a la propiedad. Yo no digo que sea lo principal, pero es lo que define frente al derecho a apropiarse.
Me parecen muy inteligentes y certeros algunos o muchos de los conceptos que expuso aquí el diputado Juan de Dios, cuando hablaba de la importancia de decir quiénes están por limitar la propiedad. Aunque este margen todavía es muy ancho. No se trata cuando hablamos de esta reforma, de que digan como han dicho aquí algunos diputados, yo no creo que se vaya a vender, eso no va a pasar. No se va a rentar, no tiene por qué ser ésa la consecuencia.
Compañeros, de eso no hay la menor duda, se va a rentar y se va a vender, porque no depende de la voluntad de los campesinos o de la voluntad de los que tienen el dinero. Aquí sería bueno decir que la iniciativa presidencial y quienes la apoyan, se han definido por cambiar el lema de que la tierra es de quien la trabaja, por el de que la tierra es de quien tiene para hacerla producir.
Ese es el lema nuevo que ha optado la mayoría al aprobar esta reforma en lo general. Y es la sustitución. Y no se trata de decir que no se va a vender o no se va a rentar, porque hay leyes que rigen a los sistemas políticos y sociales.
El capitalismo se rige por leyes del mercado y de la producción. Y por eso el Partido de la Revolución Democrática aquí ha defendido históricamente lo que ha sido la batalla en México por limitar la propiedad
Podríamos decir que ha sido la batalla de toda la historia de México, de toda y de toda la vida.
Esa es la gran batalla social. Pero eso no se puede minimizar este asunto, para decir: no va a pasar esto y no va a pasar lo otro; porque aquí estamos librando la misma gran batalla de toda la historia.
Y ahora resultamos dogmáticos, los que defendemos esta lucha por limitar la propiedad. Pues hay que decirles a los que nos dicen dogmáticos,
que la Revolución mexicana se hizo grande porque logró, a fondo y de manera muy importante, histórica, limitar la propiedad, y fue el gran tema de la reforma y fue el gran tema de Morelos.
Por eso cuando aquí nos dicen irnos al derecho de apropiarse de manera abierta, amplia, inviolable, inextenso, nosotros llamamos a esto una reforma típica de la derecha. Por esa razón.
Y en esta fracción que discutimos, está exactamente el centro del problema, o uno de los problemas fundamentales. La Revolución mexicana no es un dogma, compañeros; fue esta gran batalla por limitar, y lo avanzado de la Constitución, está en los límites que le pone a esa propiedad. No somos nosotros quienes estamos interesados en entrar a un resquebrajadero para despojar a los propietarios; entendemos lo que son las necesidades de consenso y de conciliación social, pero estamos muy lejos del dogma, porque precisamente somos nosotros los que consideramos a la propiedad, como una categoría histórica, y si en algún tiempo fue legal y legítimo poseer hombres y mujeres, como eran los esclavos, la propiedad privada limitada se convierte hoy en un tiburón insaciable, y por eso defendemos la propiedad social en los hechos, no en la palabra, en los hechos, y por eso hay que poner lo negro sobre blanco; y por eso es nuestra apasionada defensa.
Quienes son dogmáticos, son aquellos que han ideologizado la privatización que hoy está en curso. Esos si son dogmáticos. Porque ideologizar la propiedad privada, es llevarla a la categoría de dogma y eso es típico de la derecha. Y por eso no es difícil decir que hoy Carlos Salinas de Gortari encabeza la derecha en este país, porque ésa es su bandera.
El artículo 27 de la Constitución planteaba en su versión original que los pueblos que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ella; las comunidades que de hecho y por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común la tierra, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren. Entretanto la ley determina la manera de hacer el repartimiento únicamente de las tierras, para dotar a los pueblos, se establecía que las tierras y aguas debían ser tomadas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad; por lo que era necesario proceder al fraccionamiento de las grandes propiedades de acuerdo a la extensión máxima que se fijara en cada estado y territorio.
La redacción propuesta para la fracción VII, en el sentido de que la ley definirá las formas en que los campesinos podrán asociarse entre sí o con terceros y otorgar el uso de sus tierras, trasmitir sus derechos parcelarios entre sí y fijará las condiciones conforme a las cuales el núcleo ejidal podrá otorgar el dominio sobre su parcela, esto crea una base para la mercantilización y la privatización encubierta del ejido.
Dar rango constitucional a disposiciones que facilitan la renta, la venta y la transferencia de tierras, independientemente de la voluntad y prácticamente autoriza la agricultura de contratos que ha sido una de las vías que han utilizado las empresas transnacionales, para controlar segmentos importantes de la producción agrícola y agroindustrial del país.
En los hechos se trata de una propuesta para adecuar el marco legal del sector rural a las exigencias formuladas por los representantes de los Estados Unidos en las negociaciones del Tratado Trilateral de Libre Comercio y de esta forma eliminar obstáculos a la penetración transnacional en la agricultura.
Que defendemos además las cosas como están, no defendemos de ninguna manera es estatismo ni el burocratismo ni el clientilismo ni el control ni el tomar a los ejidos como base de una transmisión de órdenes, de mando y de política, nada de eso tenemos qué defender, nada que tenga qué ver con el estatismo y es mentira que el gran dilema se "estatismo o privatización", falso, completamente falso.
Nosotros sabemos a los extremos a los que ha llegado el estatismo y también genera una clase social por los privilegios, no por su lugar frente a la producción, pero sí los privilegios; una clase social, una clase política como la que hay en México que se autoreproduce, independientemente de procesos democráticos y electorales, eso es lo que produce el estatismo y eso es lo que se ha producido en éste país y lo que sigue produciendo.
Y utilizar a las organizaciones sociales y a las instituciones sociales como fórmulas y métodos de control, somos portadores de una vieja demanda campesina, que ha sido liberar al ejido de las diversas formas de control estatal y a lo largo de décadas propició un corporativismo rural que ha sido fuente inagotable de rapiña y corrupción y campo fértil para la existencia y la reproducción del caciquismo.
Reiteramos la necesidad de cambiar aquellos preceptos jurídicos que impiden la autogestión
campesina y obstaculizan el desarrollo autónomo e integral de ejidatarios y ejidos. Sin embargo, las reformas propuestas contrariamente a lo expuesto en la exposición de motivos, no representa ningún avance en la liberación campesina y aumenta su inseguridad al mantenerse la discresionalidad, en precisión de sus derechos y facultades y deroga varios párrafos de las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV y la XVI.
Deja en total desventaja a cientos de miles de ejidatarios, ante un conjunto de empresas capitalistas agroindustriales y agrocomerciales y se mantiene al antidemocracia imperante, que es uno de los principales obstáculos para la modernización rural.
La fracción VII demuestra que es un reforma típica de la derecha. No es verdad que la preocupación central sea la productividad; puede aumentarse, es cierto. Nuestro compañero René Bejarano decía: "es posible que se aumente la productividad". Pero ése no es el problema. Hay otras vías para aumentar la productividad y que no nos digan porque se miente si nos dicen que "es la única forma de aumentar la productividad".
En los años cuarenta se vio la manera en que se aumentó la productividad en el campo y se apoyó directamente en la base social del campo que se había extendido por el ejido y por la conquista ejidal, que es a lo que ahora se le está poniendo la puntilla, precisamente con esta fracción VII.
Pero no es tiempo de lamentarse. Parece que es el tiempo de la derecha. Y me refiero a la derecha en sentido amplio, entendiendo también a una derecha culta y honesta. A heredero de Vasconcelos, con todo el respeto, pero que tiene un lugar por su concepción frente a la propiedad.
Hoy, efectivamente, sin ningún sentido peyorativo creo que le Partido Revolucionario Institucional, el gobierno principalmente, encabeza una derecha que en su sentido más amplio también integra el Partido Acción Nacional.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera preguntarle al orador si me acepta una interpelación?
El Presidente: - Diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Sí, sí se la acepto.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Muchas gracias, diputado Rincón Gallardo.
Diputado Rincón Gallardo, en este análisis de la derecha mexicana, en esta reubicación geométrica que usted hace de las posiciones políticas en la cual nos deja ubicados en una nueva derecha, mala por cierto, porque usted distingue entre la buena derecha y la mala derecha, yo quisiera preguntarle lo siguiente: dentro de esta ubicación novedosa que usted hace, ¿dónde quedan usted y su partido? Usted militante muy destacado y muy respetable del Partido Comunista Mexicano, de izquierda de siempre y su partido, que en alguna de sus fracciones se integra también con militantes de la izquierda. ¿Dónde quedan ubicados, según su nueva concepción de las posiciones políticas en este país? Muchas gracias.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor diputado Yunes, yo no he hablado de derecha buena y derecha mala. Precisamente estoy diciendo que no se trata de honestidad y corrupción de buenos y malos, sino de la concepción frente a la propiedad y lo dije con todo respeto a lo que implica la derecha en este país y mucha es respetable y forman parte también de nuestra historia.
No se trata de una nueva derecha tampoco, creo que es la del gobierno y la que encabeza el Estado, es la que se ha venido conformando en los últimos años, a través de las formaciones que desde el gobierno se han realizado en la asociación de capitales y hoy estamos viviendo una nueva capa de grandes capitalistas alentados directamente por el gobierno de Salinas, igual que el día de ayer lo vimos en el alemanismo cuando se creó una burguesía fuerte, directamente al calor del Estado. No es la única, pero es la más fuerte.
Yo no tengo ningún empacho en decir que nuestro partido pretende colocarse en el centro de izquierda de este país. Ningún empacho tengo en decirlo.
Creo que precisamente por sus concepciones frente a los desposeídos y frente a la propiedad, nuestro partido sabe que las conquistas y la lucha por imponerle limitaciones a la propiedad privada y darle un lugar no a la propiedad estatal, sino a la propiedad social, repito, tienen mucha importancia en nuestro partido.
Y cualquier partido que pretenda gobernar en este país, tiene que tomar en cuenta el centro
como parte fundamental para gobernar a todos, porque no pretendemos que en este país nuestro destruya a nadie. Pero somos indiscutiblemente herederos y parte de la izquierda nacional mexicana. Es todo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Romeo Flores Leal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Ramón Flores Leal: - Con su permiso, señor Presidente; señores diputados:
En México somos ya 82 millones de mexicanos, ya necesitamos una realidad en el campo, ya las posiciones políticas y las ideologías debemos de tenerlas para otro tiempo.
En esta situación actual en que cuando un candidato está en una comunidad ejidal y se sienta con ellos, en esas ocasiones es cuando muchos, aquellos presidentes que no han sido candidatos en otras ocasiones a puestos de elección popular, reconocen la miseria y los problemas que tiene el campo. Porque ponerse un paliacate un fin de semana, no es conocer el campo. Porque necesitamos estar concientes de que las decisiones deben de tomarlas el ejidatario y los personajes actores que participan en la producción del campo.
Por eso quiero, en esta fracción VII, en que se reconoce y protege la propiedad ejidal y comunal de la tierra, este reconocimiento constitucional que da definitividad a los derechos del ejidatario sobre su parcela, esta situación fue la que nos inclinó a que ya es hora de que el hombre del campo decida su destino.
Esta seguridad y esta libertad es la que nos va a conducir. Hay que tener fe para ello en que nuestros ejidatarios van a estar al pendiente si los atendemos.
Quiero también comentar que muchas actitudes, necesitamos cambiar las actitudes hacia el campo, porque esto más que ideas jurídicas, en mi opinión es esta actitud que vamos a tener y necesitamos tener en el campo. Porque tenemos problemas de crédito. Mientras que las tasas estén basadas en Certificados de la Tesorería es muy alto este interés y esto desalienta a la productividad en el campo.
También desgraciadamente se ha incurrido en vicios en que se tienen que otorgar comisiones clandestinas para el otorgamiento de estos créditos y así, también condicionados a materias primas de baja calidad para la obtención del crédito. sólo el 50% de los ejidos tienen acceso al crédito.
También podríamos mencionar el problema del seguro, ya que con la extinta Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Sociedad Anónima, caímos en extremos en que se liquidaban siniestros inexistentes y esto acarreó vicios y malas costumbres en el campo. Pero ahora con Aseguradora Agrícola Mexicana desgraciadamente en una irresponsabilidad en cumplir con sus obligaciones, ha hecho este desaliento que existe para cultivar la tierra.
Y también les podría decir el problema de precios, ya que nos mencionaba el Secretario de Agricultura que hay un subsidio de 100 dólares por tonelada. Queremos decir que los insumos en el campo han crecido más arriba del índice inflacionario, cada vez los márgenes que tiene el productor entre el precio de venta y los costos se va disminuyendo y esto ha provocado que haya una total incertidumbre en nuestro sector.
También quisiéramos, ya en la fracción VII está prevista la provisión de acciones de fomento necesarias para el nivel de vida de sus pobladores; en la iniciativa presidencial manifestaba: "Para elevar el nivel de vida de sus pobladores". Quisiéramos también mencionar que en esta exposición de motivos de este dictamen, las condiciones se necesitan para reactivar la producción y su crecimiento. Aquí queremos recalcar nuestra propuesta, de que con el restablecimiento de la banca mixta y de acuerdo con los objetivos del decreto de desincorporación bancaria, es de prioridad nacional el apoyo a las actividades agropecuarias.
Por eso, proponemos establecer porcentajes definidos, que la banca comercial tendrá como compromiso de apoyo a las actividades agropecuarias, que quedarán comprendidas en la legislación bancaria vigente.
Dentro de esta fracción, compañeros diputados, también se nos manifiesta el respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos. Quiero mencionarles que el día de ayer estuvieron unos compañeros ejidatarios a las puertas de este recinto, que la Productora Nacional de Semillas no les autoriza la siembra de trigo, que vence el día 15, de otras variedades que no sean las que ellos producen; necesitamos quitar estos vicios, en que no se deja al productor destinar las semillas que considere más aptas para su región y ya que Productora Nacional de Semillas exige el pago inmediato de este insumo, muchos
compañeros ejidatarios que tiene la facilidad de que los molinos de trigo les dan cierto financiamiento, no pueden aprovecharlo, porque hay este impedimento y hay miles de hectáreas en el norte del país que están ya preparadas y que no podrán quedar sembradas.
También quiero mencionar...
El Presidente: - Un momento, señor orador. Esta Presidencia solicita de los asistentes que guarden silencio. Gracias.
Puede usted continuar, diputado.
El diputado Romero Flores Leal: - En este cuarto párrafo de la fracción VII, se menciona que: "se establecerán procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí o con terceros y otorgar el uso de sus tierras y tratándose de ejidatarios, trasmitir sus derechos parcelarios entre sí". Aquí vamos a propones, ya que no es posible que los mismos habitantes o pobladores de un ejido no tengan la posibilidad inmediata de tener acceso a esta oportunidad y podríamos incluir, como es nuestra propuesta, "teniendo en todo caso el derecho al tanto los demás integrantes de ese mismo ejido"; consideraremos que es muy importante, ya que hay conflictos internos en los ejidos cuando llega gente que tiene otras ideas, otra forma de vida y esto provoca serios problemas en la comunidad.
Proseguiré: "...igualmente fijarán las condiciones conforme a las cuales el núcleo ejidal podrá otorgar al ejidatario el domino de su parcela". Aquí consideramos, ya que en nuestro partido fue un factor determinante que el ejidatario sea el que decida la forma en que va a regir su destino y aquí nuestra propuesta es: "...tendrá que contar con la aprobación de las dos terceras partes del total de ejidatarios con derechos a salvo".
Y ya que en la Ley Federal de la Reforma Agraria, en su artículo 340. Para fusionar o dividir un ejido existen las dos terceras partes como necesidad básica, esto es un antecedente claro, ya que es una decisión muy importante que va a a ser primordial para la vida futura del ejido, así como en el próximo párrafo manifiesta que la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la Ley Reglamentaria; desgraciadamente, señores diputados, en el pasado se ha incurrido en expropiaciones por causa de utilidad pública arbitrarias por los gobiernos de los estados, la federación y los municipios, ya que en la fracción VI les da esta facultad y desgraciadamente nos han comentado muchos ejidatarios que jamás se liquidan estos fondos, ya que a partir de que aparecen en el Diario Oficial hay el compromiso de liquidarse, entonces si consideramos que el la Ley Reglamentaria deberían de tomarse medidas al respecto.
Así como para terminar el último párrafo, para la administración de justicia agraria la propia ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, consideramos que el derecho agrario debe estar considerado como derecho social y por lo tanto esta honorable Cámara de Diputados debe, a partir de una propuesta del Ejecutivo, nombrar a los magistrados que tendrán una gran responsabilidad.
Señores diputados, dejamos a su consideración de acuerdo al artículo 124 estas adiciones a la fracción VII de reformas al artículo 27 constitucional. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Centeno Avila, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Javier Centeno Avila: - Primero, antes de comenzar mi exposición, quiero hacer una aclaración, después de la exposición que haré haremos una propuesta que es a título personal en convergencia con el Partido de la Revolución Democrática.
Coincido con el diputado Rincón Gallardo en que lo que está en discusión también en el campo mexicano es si sólo la propiedad privada es la única garantía para llevar bienestar y prosperidad al agro mexicano, o si es la propiedad social, aquella que tiene otra naturaleza y fines, la que es capaz de lograr estos objetivos, entonces existe una coincidencia con el orador que me antecedió.
Por otra parte yo pienso que aquí debemos de desterrar ya esquemas como aquellos de que la propiedad es un derecho natural, como aquellos y en eso coincido con el diputado Ramírez Cuéllar como aquellos en que la propiedad es el derecho a usar, disfrutar y disponer eso de que a criterio románico la propiedad, tenemos que abandonarlo. En México hubo una revolución que borró todos esos conceptos de propiedad y que precisamente hoy la reforma actual pretende revertir y por eso la consideramos una reforma regresiva.
Nosotros y me refiero a los diputados progresistas y democráticos, lo que defendemos es a la propiedad social, aquella que busca lograr cumplir intereses y fines sociales y colectivos, aquella
que se instituye para defensa de los trabajadores y no de los capitalistas. Nosotros consideramos a la propiedad como una relación social de producción, ésta debe utilizarse para cumplir objetivos y fines sociales y no únicamente para cumplir fines egoístas o particulares.
La reforma actual lo que propone es que el campo vuelva a tener no como motor de producción a la propiedad social y colectiva del ejido, sino como motor a la propiedad privada particular, por lo tanto están buscando que vuelva el afán de lucro y la ambición como el motor principal de la economía en el agro mexicano.
Para el proyecto neoliberal del actual régimen, el ejido es un obstáculo. Al privatizar los sectores sociales o colectivos de la sociedad, lo que hace es ir concretando el perfil de sociedad que pretende. El ejido es un dique para el desarrollo actual del capitalismo en México, que busca sólo el interés privado. Al aprobarse las reformas al artículo 27 constitucional, el Estado está renunciando una vez más a la rectoría económica y paso a paso se está convirtiendo de representante de los intereses generales y sociales, en el gestor de los negocios particulares. Los verdaderos ganadores de la capitalización del campo mexicano serán los grandes capitalistas y las transnacionales; no los campesinos.
La actual reforma constitucional va a borrar la garantía social del artículo 27, sólo queda pendiente para el desarrollo de este proyecto modernizador neoliberal, el que se reforme el artículo 3o. y el 123, para concluir su labor privatizadora. Estas iniciativas seguramente están por llegar a esta Cámara.
En nuestro concepto, el querer modernizar al campo con medidas privatizadoras inmediatas, aunadas al retiro paulatino de los subsidios, no hará sino llevar a este sector posiblemente a una bancarrota.
Como esta reforma neoliberal a la constitución ya fue aprobada en lo general, no nos queda a los diputados más que el espacio de proponer candados o modalidades, aunque la verdadera prueba para esta nueva Legislación la constituirá el confrontarse con la realidad. Serán los propios campesinos de México los que en sus ejidos y comunidades den la última palabra.
La propuesta que hacemos busca modificar la última parte del párrafo cuarto de la actual reforma constitucional, el cual sería sustituido por la siguiente redacción: se modifica el párrafo cuarto, para quedar en los siguientes términos:
"Considerando el respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convenga, el aprovechamiento de sus recursos productivos, la ley regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra, la de los ejidatarios sobre su parcela y establecerá los procedimientos por los cuales los ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí; el carácter inalienable, inembargable del ejido. La asamblea de los ejidatarios es la depositaria de las tierras ejidales. La ley regulará los derechos de los avecindados sobre las tierras de uso común."
Dejo esta propuesta por escrito para que sea tomada en consideración, para los efectos consecuentes.
Vuelvo a insistir: el debate es hoy, sí, el camino para mejorar y transformar al campo, son el fortalecimiento de la propiedad colectiva, de los intereses sociales o el regreso a la propiedad privada, cuyo único afán serán el lucro y la ambición desmedida. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan José Castro Justo, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Castro Justo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
He estado atento a todo el trabajo que se ha venido realizando en torno a las reformas del artículo 27 constitucional, no sólo en los trabajos de las audiencias públicas, que en el seno de la comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Reforma Agraria, se llevaron a cabo, no sólo con el interesante debate que se está llevando a cabo en los medios de comunicación nacional que, sin lugar a dudas, han venido a enriquecer nuestra información, para darnos elementos de juicio y así, con mayor responsabilidad, con mayor consistencia y con mayor fundamento a nuestra conciencia, participar en la Cámara de Diputados de los trabajos y en el debate de las reformas a este artículo constitucional.
No voy a hacer referencia a aspectos que ya han sido tratados por la postura de cada diputado en razón de su fracción partidista, sino solamente hacer algunos comentarios, sobre algunos de los aspectos de las reformas a este artículo que para mí tienen una singular importancia. Me refiero a lo que establece el proyecto de dictamen, en la fracción VII, en su párrafo segundo, sobre la protección de la integridad territorial de los
grupos indígenas, así como al párrafo quinto, el que hace referencia a la restitución de las tierras, bosques y aguas de los núcleos de población que se harán en los términos de la ley reglamentaria.
Tan hay memoria de los legisladores, tan hay memoria histórica en quien envía la iniciativa a esta honorable Cámara de Diputados, que reconoce dos realidades distintas: una cosa es el ejido y otra muy distinta la comunidad indígena. Como decía aquí algún diputado: no es igual la pequeña propiedad al ejido y yo diría: tampoco es igual la pequeña propiedad al ejido y tampoco el ejido a los bienes comunales o a las tierras de los pueblos indígenas.
La tierra para los pueblos indígenas no es sólo el poseer tierras en uso común. La tierra para los pueblos indígenas es en mucho su propia razón de ser. Muchas de sus costumbres, mucho de sus luchas están dados en torno precisamente a su patrimonio fundamental: la tierra.
Ya todos saben y aquí muchos lo han dicho, que estas tierras de los pueblos indígenas las poseían muchas veces desde antes de la Colonia. Que en la propia Colonia fueron reconocidas sus tierras a través de los títulos virreinales y otras tantas fueron reconocidas por la reforma agraria en todos estos años en que ésta se ha desarrollado.
Tiene, en consecuencia, para nosotros, una gran importancia que en el texto de las reformas, se haga el planteamiento de estos dos señalamientos: la preservación de la integridad de las tierras en los pueblos indígenas y la restitución de las tierras a los pueblos que las poseen y que sus trámites agrarios aún no han concluido.
Esto forma parte importante, a nuestro juicio, del rezago agrario que debe atacarse para poder quedar como aquí se está planteando.
Y nos inquieta mucho y estaremos atentos, seguramente como todos ustedes o como muchos de ustedes, a los trabajos que en su oportunidad habrán de llevarse a cabo para el análisis y aprobación de lo que habrá de ser la ley reglamentaria, en la que se toquen estos aspectos que se refieren a las tierras de los pueblos indígenas.
Quiero, en consecuencia, hacer referencia a las propuestas que trajo aquí el compañero Teódulo Martínez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en relación al párrafo primero; ya el compañero diputado José Feliciano Moo y Can hizo un señalamiento concreto del apoyo de la fracción del diputado de mi partido.
Yo quiero solamente concretizar fundamentalmente la redacción de la propuesta que él hace al segundo párrafo, que traigo a ustedes la propuesta concreta para que quede de la siguiente manera:
"La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas".
Dejo ésta por escrito a la Secretaría. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Ciudadano Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados:
Esta fracción que estamos discutiendo es el complemento a las fracciones en donde se decretó el fin del reparto agrario para darle protección a la tierra concentrada. En complemento de la fracción IV en donde se legaliza otra vía de concentración de la tierra hasta en 20 mil hectáreas de bosques y su rol, su papel, dentro de la iniciativa de reforma, es abrir desde adentro del ejido y de las comunidades, las condiciones, la vía, la autorización para que esa concentración de la tierra alcance también a concentrar la tierra que hoy es propiedad social.
¿En qué tiempo, con qué celeridad? Ese es un problema que se determinará por la situación económica - social y por la resistencia que opongan los ejidos y comunidades a las pretensiones del capital por terminar de expropiarles el proceso productivo que han logrado a lo largo de décadas de lucha social.
Partiendo de un ejido con un alto nivel de desintegración, por la eliminación de apoyos por parte del gobierno en sus muy diversas ramas, por el proceso de descapitalización de la agricultura, que afecta principalmente a la propiedad social, autorizar que las tierras ejidales puedan otorgarse en uso a terceros, esto supone, dejado en esos términos, que la tierra ejidal se podrá rentar, no por ciclos, sino por décadas.
Y el campesino que empieza a ser desarraigado a través de la renta de la tierra que se ha ejercido y el campesino que va a rentar su tierra por décadas, porque van a ser condiciones que le van a imponer los dueños del capital, en esas
décadas perderá todo contacto con el proceso productivo y los ejidos serán una mera fórmula que en la vida social ya no tendrán ninguna existencia, porque esos campesinos morirán o emigrarán o a ver de qué manera van a subsistir.
Igualmente abrir la posibilidad de que se puedan transmitir derechos parcelarios entre los campesinos, lleva a un proceso de concentración de la tierra y no hay límite a la cantidad de tierra que puede concentrar un campesino; pareciera que se parte de la idea de que los ejidos son sociedades equilibradas, como se parte de la idea de que las sociedades mercantiles establecen a su seno relaciones de poder justa y equilibrada y no que en las sociedades mercantiles se hegemoniza el que tiene más dinero y el que tiene más poder.
Como parte del proceso de desintegración de los ejidos que desde 1940 para acá se ha impulsado a través de la parcelación y posteriormente a través de la ruina de la mayoría de los campesinos, desde el seno del ejido ha venido emergiendo una figura social, un individuo social que sigue siendo dueño, ejidatario, pero que desarrolla un poder económico que le permite rentar tierras, ser dueño de maquinaria, ser intermediario para la distribución de crédito.
Esta posibilidad de otorgar, de trasmitir derechos parcelarios entre sí, generará una legalización de este proceso de concentración de la tierra ejidal en unos cuantos renta - parcelas, que de hecho en muchos de nuestros ejidos, como parte del socavamiento y del debilitamiento como instancia de vida social democrática a la que la ha conducido el corporativismo, estos rentaparcelas son factores de poder determinantes en la vida de cada ejido.
Se le abre pues la vía para que estos burgueses del campo, que se han venido constituyendo a partir del socavamiento del propio ejido, legalicen el poder y el control que ejercen sobre una gran parte del ejido.
De esta manera otorgar al ejidatario el domino sobre su parcela para que pueda venderla y no establecer tampoco ningún límite a la cantidad de tierra que puede comprar un individuo al seno del ejido, por mucho que le pongamos la condición de que las dos terceras partes de la asamblea ejidal sean las que otorguen la posibilidad de este dominio pleno, en ese ejido desintegrado que tenemos, en ese ejido sometido a una mayor presión de ruina y desintegración con estas reformas al artículo 27 y con la continuación de una política oficial de descapitalización de la agricultura mexicana, de apertura de la agricultura mexicana a la competencia de la agricultura de Estados Unidos, esas asambleas ejidales van a estar en manos de estos personales que se han venido convirtiendo en factor de poder central en la mayoría de nuestros ejidos.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, especialmente compañeras y compañeros diputados, realmente preocupados por el problema de la miseria, de la pobreza y de la justicia social, esta fracción VII del artículo 27, viene a rematar, desde el punto de vista de la apertura a las vías para que el capital avance en su domino sobre la agricultura, viene a rematar desde adentro de las comunidades indígenas y los ejidos, la posibilidad de que ese dominio se extienda y remate, culmine el proceso expropiatorio que del proceso productivo agrícola han venido sufriendo los campesinos y las comunidades indígenas de nuestro pueblo.
Creo que a menos que pensemos que sólo la propiedad privada y especialmente la gran propiedad privada puede traer modernidad, puede traer desarrollo, puede traer riqueza, puede traer equilibrio ecológico y todas estas cosas, creo que a menos que ésa sea la mentalidad, no podemos engañarnos acerca de las consecuencias reales que van a traer esta reforma.
Si es cierto de aquellos compañeros diputadas y diputados que plantean que esta reforma no busca la concentración de la tierra sino compactarla, ¿por qué abrir la posibilidad de que la tierra, propiedad de ejidos y comunidades pueda ser privatizada?
¿Quién dijo que la tierra ejidal y comunal no puede compactarse? ¿Quién dijo que la propiedad social no puede compactarse sin modificar el carácter de propiedad social? Nació el ejido y nació la comunidad bajo forma de compactación. Ha sido la política de parcelación, de debilitamiento de esa propiedad social y posteriormente de empobrecimiento y de asfixia en todos los terrenos la que ha llevado al minifundio, la que ha llevado a la parcelación y la que ha llevado a un proceso avanzado de desintegración como unidad social al ejido y a la comunidad rural.
Pienso, compañeras y compañeros, que si hemos de ser congruentes con discursos que por aquí han pasado para justificar esta reforma, si no se trata de concentrar la propiedad social, sino de mantener esta propiedad social y reducir las asociaciones mercantiles a la posibilidad de que se apropien y reagrupen la propiedad privada
en sus diversas formas que existen en el campos, debemos de rechazar esta modificación a la fracción VII del artículo 27. Si se aprueba esta fracción VII por parte de esta Cámara, por muchos discursos, por muchas justificaciones que se hagan quedará claramente descarnado el verdadero objetivo de esta reforma.
Acabar de rematar una propiedad social rural, que está ya muy empobrecida y muy desintegrada y abrirle, quitarle todas las limitantes y todos los obstáculos al gran capital, a los grandes consorcios financieros, industriales y comerciales, que han venido hoy siento factor de descapitalización y de empobrecimiento de la agricultura mexicana y quedará claro también, que esta posibilidad de concentración de la propiedad social de la tierra, no es sólo un problema para el capital nacional, sino que es también un problema que responde a los reclamos del capital transnacional y particularmente del Tratado de Libre Comercio.
Compañeras y compañeros diputados, creo que después de esta cláusula, con todo y que hay otra serie de problemas en las siguientes cláusulas, lo esencial de la reforma que el Ejecutivo nos ha mandado y que se pretende imponer al pueblo de México con un limitado debate cupular y con un debate a destajo en la Cámara de Diputados, como hemos estado trabajando, creo que después de esto lo central del golpe, está dado y creo que de la actitud de esta Cámara, habrá de verse qué objeto tiene continuar en este debate y qué espacios son en donde habrá que continuar la batalla en este país. Gracias.
El Presidente: - Quisiéramos informar al pleno, que los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias, han hecho llegar un documento que vamos a leer para que sea del conocimiento de esta plenaria:
Los coordinadores de los grupos partidistas acreditados en la LV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, ante usted comparecemos para exponer que el debate en lo particular de las reformas al artículo 27 constitucional que se vienen realizando durante las dos últimas sesiones, ha motivado un notable interés de los diputados por participar en el desarrollo del mismo. Por ello, se han inscrito en cada una de las fracciones reservadas, un número muy importante de diputados federales.
Con el propósito de darle mayor agilidad a los trabajos del debate y manteniendo la posibilidad de que todo aquel diputado federal que desee, pueda participar y exponer con toda libertad su punto de vista, es por lo que nos permitimos solicitar proponga en votación económica al pleno de la asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que durante la discusión en lo particular, que se viene llevando a cabo, del proyecto de reformas al artículo 27 constitucional, los señores diputados federales que hagan uso de la tribuna, tengan como límite máximo para sus intervenciones, 10 minutos.
Salón de Sesiones.
Y están en el documento contenidas las firmas de todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias.
Instruimos a la Secretaría para que vote este punto único de acuerdo de todas las fracciones parlamentarias de esta LV Legislatura.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia se pone a su consideración en votación económica la propuesta que ha leído el Presidente, donde se manifiesta que habrán de participar los oradores con un tiempo de 10 minutos en esta tribuna, en las propuestas que vengan a hacer en la discusión que está llevándose a cabo en esta asamblea.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada, señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra hasta por 10 minutos, el diputado Juan Carlos Alva Calderón, en pro, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Carlos Alva Calderón: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
En el texto del dictamen de la iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional, en la fracción VII, se plasman algunos derechos en beneficio de los ejidatarios; el derecho a asociarse libremente, el derecho para conceder a otros el usufructuo de su parcela, el derecho para trasmitir los derechos de su parcela a otros ejidatarios y el derecho para que el ejido pueda trasmitir al ejidatario, el dominio de su parcela.
De este último supuesto, quiero expresar aquí, algunos argumentos:
Se deriva una facultad de disponer de desincorporar del patrimonio del ejido la parcela, la superficie que en forma parcelada o como unidad de dotación, le corresponde a un ejidatario y que no opte por la fórmula de permanecer dentro del ejido.
Para algunos esta facultad entraña lo que aquí se ha llamado o señalado como privatización. La privatización significa que del patrimonio de la nación, el Estado desincorpora bienes que son de dominio público, de uso común y los destina o adjudica, al patrimonio privado de los particulares.
En el caso, el patrimonio de explotación que conforma el ejido, la superficie de dotación, las áreas comunes de explotación agrícola, los bosques altos, áreas de pastoreo, fundos comunes del ejido, recursos no renovables, la parcela escolar, la unidad agrícola e industrial para la mujer, el área o fundo en donde se asienta la comunidad. Todo ello, señores, es patrimonio del ejido.
Es la propiedad ejidal un conjunto de bienes que forman una unidad para que el ejido la disfrute en común o en forma parcelada.
Así, por resolución presidencial, esas superficies, ese patrimonio, se le entregó a los ejidos en todo el país.
El Ejecutivo Federal, en un sinnúmero de casos, por encontrar razones de utilidad pública que la representa la explotación agrícola del ejido, ha emitido decretos de expropiación que tiene como fin satisfacer mayores necesidades de utilidad e interés público.
El Ejecutivo ha cubierto con indemnizaciones a los propietarios por mandato constitucional y quienes lo reciben, las indemnizaciones son los núcleos ejidales, el ejido como propietario de esas superficies expropiadas. El ejido es propietario, ha sido propietario y seguirá en la Constitución, como propietario de los bienes que corresponden al ejido, como propiedad social.
¡No existe privatización cuando la propiedad que se trasmite no es de la nación! El ejido es una institución que ha creado la Revolución para entregar en propiedad al núcleo de población, tierras que requieren para vivir y satisfacer sus necesidades agrarias o en muchos casos, para restituir sus propiedades o posesiones que a ellos se les arrebataron o que por conflictos no habían podido ser entregadas. El ejido es pues, el propietario de las superficies que constituyen las unidades de dotación y ahora de aprobarse estas reformas, podrá, si lo estima conveniente y lo determina la asamblea de mayoría calificada, en pleno goce y disfrute de sus derechos adoptar un cambio en el régimen de propiedad, otorgando el dominio de la parcela al ejidatario que así lo desee.
Si el ejido es propietario de la superficie, el ejido podrá otorgar el dominio de la parcela al ejidatario que así lo desee. Esto es, a ningún campesino se le habrá de obligar a permanecer en un opción que no desee estar o a compartir con sus propios compañeros esa unidad.
Se reconoce en la iniciativa de reformas una realidad que ha prevalecido por muchos años en el campo, cuando un ejidatario no podía trabajar la parcela o no lo desea hacer, la entrega en la parcería o al tercio, la cede o la vende, de manera ilegal o al margen de la ley. Esta debe regular las conductas y no las conductas pasar por arriba de la ley.
Por las reformas ahora, los campesinos la podrán hacer legalmente, si es necesario que una viuda de ejidatario deje su actividad agrícola o que un ejidatario por no vivir en su comunidad tuviera que retirarse de su núcleo, ahora no sufrirá la arbitrariedad de ser privado de sus derechos de parcela, cuando haya imposibilidad material, física, social, para que el ejidatario trabaje la parcela, ahora podrá trasmitir libremente al interior de su ejido o al exterior, cuando así lo convenga a sus intereses.
Compañeros diputados. Por estas argumentaciones, creemos que el dictamen otorga una mayor libertad para los ejidatarios, para ejercer un derecho de asociarse y disponer. Para tener mayor autonomía los ejidatarios en la toma de decisiones, no implica un desemparo; se protege el ejido, el área común de la vida ejidal y las tierras de las comunidades indígenas.
No conviene, señores, mantener formas caducas e inapropiadas; esta iniciativa promueve asociación de ejidatarios y comuneros, no su subordinación; esta reforma es una respuesta a las demandas de nuestros compañeros campesinos, esta reforma da seguridad y certidumbre a los ejidatarios y comuneros; tendrán seguramente mayor presencia.
La reforma no traerá mecánicamente transformaciones rápidas en el medio rural; son parte de todo, de un todo, con un marco jurídico actualizado. Mediante la regulación estatal adecuada, la participación de los campesinos, los
organismos públicos, es posible llevar a buen término la modernización del campo de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Hildebrando Gaytán, del Partido Popular Socialista, para hechos.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Exactamente el tema de la discusión ha sido abordado, en que se pueda o no trasmitir como dominio a los ejidatarios sus parcelas; es decir, que se les entregue como propiedad. Vamos a hacer estas reflexiones.
La Revolución mexicana entregó la tierra a los campesinos para formar los ejidos bajo el carácter de usufructo, se las entregó para que las trabajaran y por eso vamos a señalar que se crearon dos entidades diferentes: la pequeña propiedad y los ejidos y claro, otras, las comunidades y otras, pero quiero aquí centrar en estas dos: la propiedad privada y los ejidos.
Si se crearon los ejidos, se les entregó en usufructo, fue para que la trabajaran, ése es el sentido del constituyente de 1917. Ahora se les quiere entregar en propiedad privada para que la vendan, se rompe con la esencia del constituyente. La tierra fue entregada para el trabajo no como mercancía, no como un producto que hoy lo pueda utilizar para una cosa u otra. Tuvo un único fin, un solo fin, el que la trabajara, no que la pudiera utilizar ni para renta ni para venderla.
Por eso esta propuesta está rompiendo con el constituyente, con la Revolución mexicana.
Por otra parte, se crearon y están hasta el presente dos formas bien organizadas, establecidas jurídicamente: la pequeña propiedad y los ejidos. No se trata de ver esto como un asunto para favorecer a dos, tres ejidatarios o en cuanto a personas, o en cuanto a que por unos años que hoy de crisis puedan producir más o mejor. En el fondo está romper el equilibrio que existe de ejidos y pequeña propiedad en la explotación de la tierra para hacer que prevalezca a partir de estas disposiciones como dominante en el campo la pequeña propiedad y se vayan achicando hasta su extinción los ejidos y no se venga a decir aquí como alguien dijo que lo que va a pasar con los ejidos va a se lo que los propios ejidatarios quieran. ¡Esa es una mentira!, porque una vez que entren en el terreno del mercado como propietarios al ser establecidos con esa categoría, se van a enfrentar a las leyes económicas y van a ser presionados por las propias disposiciones del crédito, hasta por las fuerzas sociales y por muchos funcionarios y este mismo gobierno que tiene esa tendencia de privatizar para poder ir en consonancia con la política económica que está en los Estados Unidos de América y este asunto lo estamos viendo con interés y pasión porque está calando para modificar a México en un sentido que va a perjudicar a los campesinos y a todo el pueblo en su conjunto, para concentrar la riqueza y para favorecer a los intereses extranjeros.
Se me terminó el tiempo. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Luis Rejón, del Partido Acción Nacional.
El diputado Luis Alberto Rejón Peraza: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos seguido con atención las intervenciones que algunos compañeros han efectuado en un marco de matices ideológicos, escuchando los planteamientos que se han emitido en el transcurso de las discusiones, en torno del dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La mayoría de éstos, han girado sobre el imperativo urgente que es el de fortalecer la vida comunitaria de los ejidos y de las comunidades. Es exigencia general que este fortalecimiento se dé en un ámbito en el que prevalezca la justicia, la libertad y la legalidad. Requisitos necesarios, entre otros, para incrementar el trabajo y la producción en el campo, en una situación de paz y seguridad. Los problemas campesinos y la productividad en el agro van ligados a la certidumbre en la tenencia de la tierra, como elemento fundamental para el desarrollo de la actividad agrícola.
Es urgente, en consecuencia, analizar razonadamente la situación que actualmente se viene dando. Eliminar los temores de los ejidatarios y comuneros de que estas reformas propuesta sean aprovechadas por caciques o terratenientes para despojarlos de sus parcelas y se conviertan, el día de mañana, en braceros en sus propias tierras.
Por lo que debemos ser gestores y partícipes de un cambio que garantice la salvaguarda de los derechos de los ejidatarios y comuneros y puedan asumir en forma libre y consciente sus
responsabilidades dentro de un marco jurídico que impida la manipulación y el control político. Con procedimientos claros en la ley, que garanticen el respeto y su voluntad para elegir la forma de explotación o de tenencia de la tierra que ellos mismo decidan y con respecto a lo aquí manifestado y en relación a los antecedentes expresados en el cuerpo del dictamen relativo a que en los puntos en que no se logró consenso, deben ser presentados al pleno de la Cámara, a fin de que sean recogidos como parte del dictamen. Por lo que pongo a consideración del pleno el siguiente planteamiento:
Quienes suscribieron el dictamen presentan las siguientes consideraciones referidas a la fracción VII, que a la letra dice: "Se establecen condiciones para facilitar la reactivación de la producción y su crecimiento. Se requieren seguridad y nuevas formas de asociación donde imperen equidad y certidumbre. Asimismo, la comisión dictaminadora manifiesta que la reforma a dicha fracción incluye disposiciones que protegen y fortalecen la vida comunitaria de los ejidos y comunidades y que en la misma se reconoce la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar y vínculos que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio".
Consideraciones que como vemos no se contemplan en el texto del párrafo a que nos referimos y venimos haciendo alusión. Por lo que en la parte final del párrafo cuarto, fracción VII, pedimos que se sustituya el término "fijarán las condiciones" y en su lugar se incluya el de "fijará los procedimientos". De esta forma se evita que pueda darse la exigencia de una condición que el ejidatario no pueda cumplir y en consecuencia se haga nugatorio el derecho que tiene de decidir con respecto a la forma de dominio sobre su parcela.
Con la propuesta que presentamos, una vez cumplido el procedimiento que la misma ley reglamentaria establezca, la asamblea ejidal otorgará sin excusa alguna al ejidatario el dominio total de su parcela, si así lo solicitase. Ya que en la misma propuesta pedimos que se sustituya el término "el núcleo ejidal podrá", por el término "la asamblea ejidal otorgará".
Asimismo pedimos que se adicione al mismo párrafo en su parte final el texto relativo para el caso de que el ejidatario decida enajenar su parcela, se respete el derecho de preferencia que la misma ley prevea, ya que de esta forma protegemos y fortalecemos la vida comunitaria en los ejidos.
Por tal motivo y para congruencia con lo expuesto en el párrafo mencionado y lo expresado en las consideraciones que para dicha fracción se mencionan, propongo la siguiente modificación y adición a la parte final del mismo, para quedar como sigue:
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración de la honorable Cámara, por su atento conducto, la siguiente propuesta de modificación y adición al IV párrafo que en el dictamen que se discute se propone en la fracción VII del artículo 27 constitucional, para quedar en los siguientes términos:
"Fracción VII. Considerando el respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, la ley regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí o con terceros y otorgar el uso de sus tierras y tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre sí. Igualmente, fijará los procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley."
Compañeros diputados, me corresponde en esta ocasión someter a la honorable consideración de ustedes una propuesta de modificación y adición al párrafo cuarto de la fracción VII del dictamen que hoy discutimos en lo particular. Tengan ustedes la certeza de que esta propuesta la hace mi partido, el Partido Acción Nacional, atendiendo al reclamo de justicia, tierra libertad, que por años vienen exigiendo nuestros campesinos.
Estoy seguro que estos reclamos y exigencias también ustedes han de haberlas escuchado, sólo que tampoco dudo que ésta será considerada por ustedes con el mismo ánimo que como nosotros la estamos presentando.
Ciudadano Presidente, hago una formal entrega de la propuesta escrita a la Secretaría, para todos los efectos conducentes. Mi compañera, diputada Lydia Madero García, fundamentará con más amplitud la propuesta sometida a
consideración de esta honorable Cámara. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, para hechos, en los términos del artículo 102 del Reglamento.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Voy a ser muy breve. Solamente quiero puntualizar que la propuesta que hiciera mi compañero, Héctor Ramírez Cuéllar, tiene dos aspectos fundamentales; una, que incluye que los ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, acota él, con el Estado o con terceros. Pero hay otra propuesta que va implícita en el documento que él entregó, al que no se ha hecho referencia y que mi compañero Hildebrando Gaytán ha venido a precisar a esta tribuna, que es el que se refiere al hecho de que en esta fracción VII del artículo 27 que para nosotros es el fundamental, se establece la posibilidad de que el núcleo ejidal puede otorgar al ejidatario el dominio sobre su parcela y con ello ponerla en el mercado lo cual redundaría en contra del ejido y en beneficio de los grandes propietarios.
No se ha tocado, no se ha dado respuesta a este planteamiento, no nos han dicho sí, ni no, pero se mantiene evidentemente la decisión, pero como ya nos hemos dado cuenta de que no son los planteamientos que pudiéramos hacer nosotros los que pudieran influir en modificaciones en este debate en lo particular de la ley, porque es evidente que la propuesta que nosotros tenemos, la que defiende el camino histórico de México, la que rescata la herencia política y biológica de la Revolución Mexicana, no es la que comparte la mayoría de esta Cámara ni los que enviaron la iniciativa ni los que hicieron el dictamen, eso está muy claro; pero ahora nos llama mucho la atención que venga un diputado de una fracción parlamentaria que hace un rato quería poner candados en puertas que no existían, a querer tumbar el marco de la puerta porque viene en este momento y nos dice: "No, no puede quedar al arbitrio de los ejidatarios, tiene que ser obligación constitucional que le respete su derecho al ejidatario y le entreguen su tierra como propiedad, no puede quedar, los ejidatarios siguen siendo para el Partido Acción Nacional menores de edad y los tienen que llevar por el camino de leyes reaccionarios a que entreguen el usufructo de su tierra a los empresarios privados a los cuales ellos han defendido siempre como lo siguen haciendo ahora."
No nos extraña entonces en el marco de este debate que se está realizando, que precisamente propuestas como la que acaba de hacer el diputado del Partido Acción Nacional sean precisamente las que la mayoría recoja y venga a aprobar en esta tribuna. Muchas gracias.
El Presidente: - A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Jorge Oceguera Galván: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Propuesta de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista, para adicional al párrafo tercero de la fracción VII en la iniciativa de decreto que reforma el artículo 27 constitucional. La reforma propuesta por el Ejecutivo Federal recompone objetivos constitucionales; deroga, modifica e incorpora algunas disposiciones o elementos de modo modelo regulador de las relaciones de propiedad. En realidad los modelos constitucionales de la justicia social están determinados históricamente, razón por la cual se adecúan a los problemas y las condiciones existentes.
Si en la propuesta de reforma se incluye la derogación del reparto agrario, esto sólo indica la terminación histórica de un modo de la justicia social, pero no la búsqueda primordial de la justicia del ejido.
La certidumbre jurídica es una condición indispensable para la capitalización del campo mediante la protección y fortalecimiento de la vida comunal y ejidal.
Nos parece acertada la tesis del Ejecutivo que sustenta la iniciativa de que el campo es el ámbito de la nación donde el cambio es más apremiante para el futuro del país y considera la necesidad de modificar el marco jurídico. Debe de enriquecerse la iniciativa presidencial para que se impida la reconstitución de la gran propiedad rural, para que se fortalezca el ejido y su comunidad. La mejoría de los campesinos debe ser el elemento central, deben ser los sujetos y no los objetos del cambio.
A la luz de los cambios propuestos, nos debe de interesar, además, los que se propiciarán al interior del ejido. Esto es muy importante considerarlo, porque si en la Constitución no se definen formas de protección del ejidatario individual y de su familia, se reproducirían viejas formas de caciquismo o se crearían otras nuevas.
Deben considerarse las bases conforme a las cuales el núcleo ejidal puede otorgar al ejidatario y a su familia el dominio de la parcela. A nuestro parecer es muy importante que en este proceso se incluya a la familia. La parcela ejidal debe ser considerada el eje integrador del patrimonio familiar. Con ello la iniciativa contribuye a elevar justicia social.
Consideramos, para que las modificaciones legales deban representar un paso adelante, deben alcanzarse los siguientes objetivos: fortalecer la economía de los productores rurales; impulsar el carácter productivo de la economía campesina; arraigar al campesino y a su familia a sus parcelas.
Por las razones expuestas, proponemos adicionar al párrafo tercero de la fracción VII el siguiente texto: "Igualmente fijará las condiciones y causales conforme a las cuales el núcleo ejidal podrá otorgar al ejidatario y a su familia el dominio sobre su parcela". Se agrega la palabra causales, con el fin de tomar en cuenta elementos doctrinarios de interés público que la Constitución establece para dar modalidades a la propiedad, con el fin de que sea reflejada y expresamente reglamentada en la ley correspondiente.
Creemos que esta iniciativa es consecuente con la ordenación constitucional, que establece dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos, para regular la fundación y conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
Paralelamente, se propone adicionar la palabra "y su familia", seguros de que el espíritu de este nuevo texto tiene la finalidad de dar protección y garantizar la reproducción del núcleo familiar, pero sobre todo debemos de dar certidumbre al ejidatario, dependientes y familia directa, sobre el dominio de su parcela.
Creemos que el fin último de esta iniciativa es garantizar la reproducción del tejido social rural.
Señoras y señores diputados: los invito a hacer una profunda reflexión en cuanto a esta adición que traigo, porque en México el ejido no significa únicamente un pedazo de tierra, México no es eso. Pienso que no estamos peleando y debatiendo el día de hoy el pedazo de tierra llamado ejido.
Para mí ese pedazo de tierra es importante, significa la causa integradora, familiar, que trae por ende la base social del campo mexicano. En consecuencia, esta responsabilidad, jurídica y legal, no debe de recaer en una sola persona, llamado ejidatario.
Los invito a que reflexionen sobre esta adición. Gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra en los términos del artículo 100, la compañera Lydia Madero, del Partido Acción Nacional.
La diputada Lydia Madero García: - Compañeras y compañeros diputados:
Hace más de 75 años que el ejido fue establecido en nuestra Constitución como una de las tres formas de tenencia de la tierra en México.
Desde ese tiempo, su desarrollo ha sido de gran interés para nuestro partido, no solamente porque más de un tercio de nuestra población tiene de alguna manera ligas con el mismo, ni tampoco por el hecho de que el 48% de la tierra cultivable en México está establecida como ejidos o comunidades agrícolas.
El principal objetivo del ejido fue en un principio el de restituir las tierras a sus originales dueños o a sus herederos y el de distribuir justamente la tierra, tenía una doble responsabilidad: como sistema social debía liberar al campesino de la explotación y como producir agrícola debía producir lo suficiente para alimentar a la nación.
Los ejidos también pretendían dar un entrenamiento democrático al campesino, establecer justicia social, abolir el latifundismo y unir al país desarrollando una nueva estructura económica y social.
Sin embargo, estos propósitos se vieron frustrados, salvo en cuanto a que si se extinguieron los latifundios, se produjo un proceso de burocratización, descapitalización y corrupción al interior del ejido, destruyendo los cimientos de la autoridad comunal.
Se sustituyeron antiguas y tradicionales formas de autogobierno por otra que las colocan en la base de un mecanismo vertical de dominación, en cuya cúspide se encuentran el gobierno y sus tentáculos hacia el campo.
Aun cuando se pueda afirmar que el reparto de la tierra ha cumplido de hecho con una función muy importante, una función social y puede ser considerado como uno de los factores responsables del mantenimiento de la paz social en México, el funcionamiento del ejido ha sido, la mayoría de los casos, en detrimento de la integridad y dignidad humana del campesino.
Ya en 1946 en la primera iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional a la Cámara de
Diputados, se estableció la necesidad y justificación de una profunda reforma agraria y de la urgencia vital que tenía la resolución del problema del campo en todos sus aspectos y se pedía dar, a los agricultores, el mismo tratamiento que la Constitución establece para todos los habitantes de la República.
Después de 75 años, dos de cada tres ejidos han llegado a ser sólo una forma de subsistencia precaria para el ejidatario y su familia, aislándole de la producción agrícola mexicana y sin cambios en las condiciones económicas y sociales del mismo. El poder del hacendado ha venido a ser sustituido por el control y el poder del gobierno. El paternalismo ha dañado seriamente su iniciativa e incentivo personal, así como la definición de su propio futuro, haciéndolo de fácil manejo para cualquier líder.
La corrupción de las agencias gubernamentales, la falta de interés del resto de la comunidad y el medio ambiente del ejidatario, lo han convertido en un ser que vive en injusta dependencia de un futuro casi predeterminado. El ejido está hecho para los más desamparados y debe de permanecer así para poder seguir perteneciendo al ejido. De esta manera se conviene esta definición en una profecía que se cumple por sí misma.
Yo personalmente, hace seis años cambien mi vocación a la política, precisamente porque estando trabajando en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en un proyecto de investigación y de difusión de tecnología agrícola, me di cuenta que de nada sirven todas las implementaciones de todos los programas de gobierno o de ayuda al campo, si no se libera primero al campesino y se le hace responsable de su propio trabajo, dejándoles que ellos mismos determinen las formas de llevar a cabo su trabajo y la producción del campo.
El Partido Acción Nacional propone específicamente, el reconocimiento pleno de la dignidad del ejidatario como persona y su libertad para definir su futuro como individuo y como parte autónoma de un grupo, de tal manera que si quiere conservar su parcela en forma colectiva o ser propietario de ella, pueda hacerlo independientemente de la voluntad y decisión de estructuras de poder político o económico, nacionales o extrajeras.
Sin embargo, de nada sirve la instrumentación de un nuevo marco jurídico que reconozca al campesino la libertad de definir su propio futuro, si no se establece un programa integral de transformación del medio rural, en donde se iguale al hombre del campo con el resto de los mexicanos, elevando la calidad de educación, infraestructura, créditos, fuentes de trabajo y opciones de asociación real, eliminado el burocratismo que actualmente ha frenado su desarrollo, por eso apoyo la iniciativa de mi compañero, el diputado Luis Rejón y respetuosamente solicito se acepten y adicionen los cambios por él presentados a esta Cámara. Por su atención, señoras y señores, muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García, para hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Aquí se han venido a plantear muchas cuestiones que aparentemente nos hacen coincidir en un objetivo esencial, el de que permanezca el ejido, sólo que discrepamos en la concepción de cómo debe de permanecer el ejido y éste es el problema central. Aquí acabamos de escuchar nuevamente la forma en que concibe la derecha de cómo debe permanecer el ejido; es decir, dándole, dicen, libertad al ejidatario a que decida por sí mismo el destino de su parcela. Es una concepción de la derecha, de dentro y de fuera del gobierno, y de dentro del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional. (Aplausos.)
Efectivamente, pueden aplaudir porque está el partido mayoritario recogiendo su concepción.
El Presidente: - Se prohiben los diálogos. Solicitamos a todos los compañeros legisladores respeto para el orador y están estrictamente prohibidos los diálogos. Adelante, señor diputado.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Y aquí es donde discrepamos porque las leyes económicas no están sujetas a la voluntad de los individuos; no se puede decir que el ejidatario empobrecido pueda decidir por sí mismo cuándo los inversionistas y sobre todo los inversionistas extranjeros vengan con el poder de su capital.
Ya en una anterior intervención explicaba que este problema es de índole económico.
En consecuencia, quiero llamar nuevamente a la responsabilidad de quienes pueden decidir el destino final de los ejidatarios.
Ahora está bastante interesada la derecha porque el gobierno anuncia canalizar recursos sin precedentes al campo y de eso se trata.
Yo quiero señalar: ¿por qué si se van a canalizar esos recursos no dejamos a que precisamente a que permanezca el ejido, eliminado de la iniciativa, que es lo que propone mi partido, la figura de traslación del dominio sobre la parcela para el ejidatario?, si van haber recursos que sean para apoyar, para organizar, para darle asistencia técnica, para darles fertilizantes a los ejidatarios y puedan ser productivos, porque no es cierto que el ejido sea improductivo por sí mismo.
Ha sido la acción de la derecha y la acción débil y claudicante de muchos gobiernos la que, abandonando su obligación constitucional de apoyar al campo, creó las condiciones para que se empobrecieran la mayoría de los ejidos. Por eso es éste el punto central, compañeros.
Si aceptamos la idea de darle libertad para que decida por sí mismo, en el afán de que utilice su propio criterio, estamos dejando a los ejidatarios en manos de los capitalistas que van a presionar sobre la necesidad, sobre la penuria, sobre la miseria de los ejidatarios, para imponerles la venta de la parcela. Si se vende aunque sea una porción o si un ejidatario vende su porción, empieza a pulverizarse el ejido y ése es el problema, compañeros.
Quiero, por último seguir enfatizando que éste es el problema esencial; eliminemos el término, la posibilidad de trasladar el dominio y todo lo demás lo podemos negociar.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Guillermo González Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Guillermo Jorge González Díaz: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Sería injusto pretender definir, expresar de una frase, el espíritu que encierra la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del artículo 27 constitucional. Sin embargo, habremos de coincidir que la forma de vida de nuestros campesinos no corresponde a la que se tiene en otros niveles que las sociedad ha alcanzado en el bienestar y en la cultura. Esto constituye evidentemente una desigualdad social que se intenta corregir. Corregir en el corto plazo, porque el campo es parte fundamental de nuestra historia.
El campesino ama, ha defendido, defiende y defenderá su parcela, porque en ella está su esencia, su raíz y porque de ella proviene y por ella fue a la Revolución Mexicana. De ahí la imperiosa necesidad de implementar una nueva estructura jurídica que reconozca y defina los derechos del ejidatario sobre su parcela, dotándolos en consecuencia, de seguridad en su tenencia y otorgándoles la libertad de decidir sobre su destino.
Así pues tenemos que admitir que la tierra tiene un imperativo que cumplir y éste es el económico y social y uno de los postulados de nuestro movimiento social, es el de que las familias del campo tuvieran un medio inmediato y permanente de vida, un patrimonio suficiente para que con su productos pudieran atender sus necesidades materiales y morales.
Hoy México tiene más de 80 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento del 3.5% y se calcula que se habrá de duplicar nuestra población, en 20 años más.
Agreguemos que cada mexicano come tres veces al día y que la tierra no crece y la población sigue creciendo. El urbanismo nos ha llevado a la macrocefalia del Distrito Federal y las grandes urbes como Monterrey, Guadalajara o Puebla y que la migración campo - ciudad es constante, que el abandono de la tierras es un serio problema económico, que la erosión destruye continuamente los suelos aprovechables y que la tierra sin agua es injusta, que es escasa la tierra aún por repartir y que los ejidos se han pulverizado y el crecimiento urbano es sobre los campos productivos.
Estamos a finales de la última década de este siglo, integrados por la comunicación electrónica con un marxismo en decadencia y aún latente el conflicto del Medio Oriente. Se ha puesto fin a los polos ideológicos de los últimos 46 años.
El hombre sigue avanzando en la exploración del universo en lo externo y en lo interno, el país tiene que afrontar su tasa de crecimiento demográfico, el urbanismo descontrolado, el deterioro ecológico de la capital, la inflación, la insuficiencia alimentaria, la baja productividad, el desempleo de casi 8 millones de mexicanos, el exceso de profesionistas y un Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos, en puerta.
Me voy a permitir citar una parte de un trabajo monográfico que un maestro experto en cuestiones agrarias realizó y dice; "Claro que la madre
tierra es el capital primigenio y hoy necesita de otro capital para trabajarse y un buen oficio en el agricultor.
Si ello no se conjunta, el cultivo de la tierra ya no es rentable; el agricultor no puede vivir de la agricultura y debe emigrar, pequeño propietario, ejidatario o comunero.
En Chihuahua, en el municipio de Cuauhtémoc, se ubican más de 100 colonias de menonitas, son grupos de colonizadores de ascendencia alemana, de cultura cerrada y un diablo difícil. Estos grupos de campesinos evolucionaron hacia la ganadería, a los productos lácteos, a la manufactura de muebles, de maquinaria agrícola, de relojería, de materiales de construcción y hoy que han ido transformando sus costumbres, viven en perfectas habitaciones, viajan mucho, utilizan automóviles y expenden su comercio de lácteos hasta el Distrito Federal.
Un día - refiere este estudio - un ejidatario de las Tinajas, del estado de Veracruz, me visitó y lo llevé a recorrer los campos de los menonitas y con su sentido de agricultor de toda la vida, palmó un puñado de tierra del ejido contiguo donde todo era desolación y luego un puño de la tierra de la colonia cubierta de verdes y con la simplicidad de campesino y ojos abiertos, me dijo: compadre, la tierra es la misma, y yo asentí con preocupación investigadora; es cierto, la fecunda tierra de los continentes de esta nave, es una sola, es un factor que poco varía según su ubicación en el planeta; lo que es esencialmente variable, somos los seres humanos que la habitamos y que la podemos cultivar.
En ocasiones, aquí termina la cita, no hemos querido admitir, a pesar del tiempo transcurrido y hemos insistido con sicología urbana, en seguir tratando a la población del campo como si fueran menores de edad, pretendiendo creer que les resolvemos sus problemas, olvidando que el regalo no educa.
La historia de la humanidad es la de la lucha de los hombres por alcanzar a la libertad de pensar y de actuar. No olvidemos entonces que el paternalismo atrasa la armonía del desarrollo social."
Por eso el texto de la iniciativa precisamente encierra ese espíritu de respetar ese derecho a la libertad, a la voluntad de los ejidatarios, al expresar el respeto a la voluntad de ellos y comuneros, para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos.
Tenemos pues una población cada día más urbana y menos productiva en lo primario; que queden en el campo verdaderamente los campesinos, que se acelere el reparto de lo poco que queda pendiente por entregar, que se recojan las tierras ociosas y que la tierra sea de quien mejor la trabaje.
La iniciativa que hoy analizamos, introduce los cambios necesarios para liberar la potencialidad del campo en México, abriendo la oportunidad para que vigorosamente concurran a la tarea del campo, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, inversionistas, banca, gobierno federal, estatal y municipal.
La modesta experiencia que se deriva de nuestra tarea municipal en el municipio de Veracruz, nos señala la voluntad indeclinable del campesino por buscar y alcanzar la superación personal en la medida en que dispone de los apoyos correspondientes.
No culpemos a los hombres del campo de su atraso socioeconómico y cultural, si no les hemos dado la oportunidad de ser actores en la inacabable escena de México; no les exijamos que produzcan intensamente si no han podido ellos conocer otra forma que la tradicional de cultivar la tierra.
Compañeros diputados: en el curso de estas reuniones, hemos escuchado con interés, con atención, con respeto, todos los planteamientos que las distintas corrientes políticas han venido a expresar aquí. Indiscutiblemente que en todos ellos se encierra su verdad, que la han venido a defender con dignidad, con encomio, pero sobre todas las cosas, buscando un objetivo común que a todos los legisladores nos mueve, de que los resultados de la revisión de estas tareas legislativas busquen precisamente acabar con ese rezago social que durante muchos años ha venido flagelando al campo mexicano.
Todos estamos conscientes de la trascendencia histórica de la reforma al 27 constitucional, que nos ha enviado el presidente Salinas de Gortari y que en la hora actual nos convoca a todos los mexicanos sin excepción, a la eficiencia y a la productividad, un momento trascendental en que fuera de la retórica y las definiciones políticas, debemos buscar los resultados para el bien de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Héctor Morquecho Rivera, para hechos.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Mi partido ha estado insistiendo en una cuestión que la diputación del Partido Revolucionario Institucional no ha querido observar, que no ha querido tomar en cuenta, en virtud de que se trata de una cuestión muy fundamental.
Aquí han venido varios diputados del Partido Revolucionario Institucional, los de Acción Nacional han coincidido en esta temática, desde luego con fines coincidentes y se han gastado mucha saliva y muchas palabras, pero no se ha entrado al meollo del asunto.
Se ha dicho y es una cuestión definitivamente en la que todos los partidos coincidimos, en el diagnóstico de la problemática; es decir, en lo grave de la situación; la pobreza, la desigualdad, que la tierra no crece, que crece la población, que hay una serie de graves problemas, de atrasos en el campo, repito, cuestión en las que todos coincidimos, pero no estamos coincidiendo en la manera, en la forma, en el cómo se debe resolver esa problemática.
Sin duda, el gobierno ha llevado muy bien su trazo, para poner de rodillas a la economía de los campesinos de nuestro país, eso es indudable. Es indudable también que esa estrategia del gobierno tiene orígenes en sus compromisos que ha adoptado o que ha tenido con la banca internacional, con las empresas del imperialismo y con los propósitos definitivamente de poner de rodillas a nuestra nación frente al extranjero.
Entonces, con este marco, con estos propósitos, se entiende la razón por la cual se trata de dar en propiedad, en dominio; en propiedad a los ejidatarios, la tierra, su parcela. Ese es el asunto fundamental, compañeros diputados.
No sé por qué razón no se definen, no asumen una actitud de frente, de cara a la verdad de lo que hoy nos ocupa; porque así como algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional han dicho que tienen interés, desde el punto de vista del lenguaje es muy fácil hablar; hablan de proteger la integridad territorial de los pueblos indígenas, de restituir tierras, bosques y aguas a los núcleos de población, fortalecer el ejido, desarrollar el ejido. Pero están, simple y sencillamente contradiciéndose, porque están otorgando la facultad, la prioridad, el dominio de los ejidatarios sobre sus parcelas para que éstos la puedan atender simple y sencillamente y eso traerá como consecuencia nuevos problemas y, definitivamente, más atraso del que hoy tenemos en el campo. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Manuel Huerta, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Con el permiso de la Presidencia:
Y sobre todo por lo que un compañero diputado de Veracruz vino a decir aquí, aquí nosotros, nadie culpa ni juzga a los campesinos por falta de productividad en el campo. La pobreza y las condiciones de vida de los campesinos son responsabilidad de la política agraria que se ha aplicado en este país por parte del partido oficial, que es el que está gobernando y en Veracruz, esto lo hemos observado en todos estos años; hemos observado en todos estos años; hemos observado los cacicazgos que han permitido el control corporativo de las masas campesinas y el compañero diputado que me antecedió aquí, del estado de Veracruz, justamente debe de conocer profundamente esto, porque conoce y ha oído hablar de los "Toribios Gargallo, de las Picudas" y de todas las bandas que controlan el campo de la región del puerto de Veracruz.
La migración campo - ciudad y toda la política urbana no es anárquica, como él también lo dio a entender, sino también es producto de la acumulación de capital que impulsa el gobierno, protegiendo en lo general a todos los capitalistas y, fundamentalmente, en el caso de la ciudad, a los capitalistas inmobiliarios.
En síntesis: toda la política económica nacional de la cual se quejó de sus resultados este diputado, que ha provocado mayor desempleo, menor capacidad de compra del salario, recortes al gasto social y, en síntesis, una mayor pobreza a nuestro pueblo, tiene un responsable y últimamente este responsable es Carlos Salinas de Gortari.
También otro diputado veracruzano, ya dejó claro a estas alturas del debate, con la interpelación que el hizo al compañero Gilberto Rincón Gallardo, ya se puso a cada quien en su lugar. Con su silencio él otorgó, ya sabemos dónde está la derecha y quién es una derecha vergonzante también.
Nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática ha estado desde hace varios días debatiendo con mucha pasión las reformas al artículo 27 constitucional y nos hemos opuesto, porque consideramos que esta reforma que se pretende instrumentar y consumar el día de hoy, va a afectar al conjunto del pueblo mexicano.
Y nosotros nos seguimos oponiendo en lo particular a la reforma, a las adiciones a la fracción VII, porque sabemos que esto también va a coadyuvar a lograr este resultado que estamos previendo.
Nosotros particularmente nos vamos a referir al párrafo cuarto de la fracción VII y vamos a referirnos a él porque sentimos que con la propuesta de reforma se va a trastocar no tan sólo las comunidades rurales, sino va a haber graves efectos también en el conjunto de las ciudades y es algo que aquí no se ha discutido mucho, que ayer estuvimos inclusive haciendo propuestas y sintiendo también la propia insensibilidad de la mayoría priísta que aquí tiene la capacidad y que está empecinada en lograr esta propuesta de reforma a la Constitución.
Y nosotros decimos y nos preguntamos en los diferentes tipos de concentración urbana del país, llámese las metrópolis, ciudades medias o en ciudades rurales, ¿cuál va a ser el impacto de esta reforma al 27 constitucional? ¿Cuál va a ser el impacto del cambio de propiedad ejidal a urbana, en los usos del suelo, en los precios del suelo?
Nosotros nos preguntamos: al liberarse la tierra ejidal y comunal, ¿qué pasará con las reservas urbanas territoriales y con las reservas ecológicas? Y nosotros vemos que va a haber tres implicaciones fundamentales:
Una en el ámbito específicamente rural; otra en el ámbito del borde urbano rural y otra en la propia mancha urbana, en los centros urbanos.
Para nosotros es claro que con la liberación del ejido a propiedad privada, al permitirle el acceso al ejido al libre mercado y por lo tanto también llevada en los litigios al derecho civil la problemática ejidal, convirtiendo al ejido en una tendencia a ser vendible, rentable, embargable, heredable y con todas las condiciones para la plena traslación de dominio, al convertir el ejido en una sociedad anónima o en una sociedad anónima de responsabilidad limitada, nosotros no creemos que con eso se vayan a satisfacer los supuestos objetivos con los cuales se plantea esta reforma que nos dicen: incrementar el área productiva, actuar a través de tener procesos de cultivo con alta tecnología y de esta manera lograr mayor productividad por hectárea; lograr la autosuficiencia alimentaria; lograr excedentes para la exportación que nos permitan lograr mayores divisas y poder transferir estas utilidades agroindustriales a otras áreas de nuestra economía.
Nosotros decimos y hemos sostenido que esta pretensión de reforma al 27 constitucional no va a lograr esos objetivos y además no era la única vía para lograr esto.
Nosotros hemos sostenido que no se necesita lograr la reforma al 27 constitucional y que si el gobierno hubiese querido reactivar el campo, hubiese habido otros mecanismos, pero nosotros decidimos que venimos a hablar aquí de las implicaciones que esta reforma va a provocar en los procesos urbanos y decíamos: ¿cuál es la perspectiva en el área rural de los campesinos y de los inversionistas, a partir del día en que se dé esta reforma y que como hoy varios periódicos ya nos anuncian, no a partir de la reforma, sino desde hace bastante tiempo esto ya se viene consumando? ¿Qué pasará con los campesinos?
Una posibilidad es que éstos se queden como están las cosas, por lo tanto, las tendencias no se modificarían, pero aquí nadie ha hablado de eso; aquí todos hemos hablado que algo va a pasar a partir de esta reforma.
El campesino va a vender la tierra y como el dinero se lo va a gastar, va a quedar asalariado en su lugar de origen, como una posibilidad y por lo tanto tampoco se modificaría la tendencia, solamente se proletarizaría el campesino, pero seguramente con el dinero que obtenga y se lo va a gastar y éste es un fenómeno que no nada más se da en los ejidos; se da en las propias ciudades, en las colonias populares y en los procesos de expulsión de los colonos, seguro que estos campesinos van a emigrar a las ciudades medias y a las grandes ciudades.
Puede suceder que el campesino venda la tierra y no se gaste el dinero; lo invierte en la industria o en los servicios. Pero es evidente que se irá a otro poblado y lo invertirá en otro sector y muy difícilmente se va a quedar en su lugar de origen y también irá a incrementar los procesos de emigración a las ciudades medias y a las grandes ciudades.
Otra posibilidad es que no venda el ejidatario, como aquí nos ha querido decir y solamente se asocie y esto sabemos que no va a ocurrir, porque sabemos que en las leyes del mercado, en las leyes del capital, el pez grande se come al pez pequeño.
Puede suceder que el campesino arriende la tierra y se quede en su lugar; difícil situación que se presente. Puede hipotecar su tierra y sabemos que a cualquier mala cosecha, en cualquier catástrofe se pierde y se va del lugar y sigue funcionando este proceso de migración a las ciudades medias, que fundamentalmente es parte de la política económica de este régimen, con todas las inversiones que se están planteando
en los centros de desarrollo urbano. En el caso concreto de Veracruz conocemos un proyecto económico para el Estado, del actual gobierno, a tratar de incrementar en siete zonas proyectos de manufacturas, siete zonas urbanas de Estado. Pero si esto ocurre con el campesino, que fundamentalmente va a emigrar a las ciudades medias y a las grandes ciudades, ¿qué ocurre con los inversionistas? Los inversionistas van a ir a los lugares donde la tierra tenga mayor productividad, donde la productividad agrícola sea mejor o de a tiro se irán a invertir, que es la tendencia fundamental que observamos, al borde urbano y van a sembrar casas y ésa va a ser la tendencia central y nosotros no conocemos ningún programa de gobierno que busque como objetivo el lograr que el campesino...
El Presidente: - Señor diputado, ¿me permite?, su tiempo ha terminado; le solicitamos que se prepare para concluir.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - ¿Perdón?
El Presidente: - Su tiempo ha terminado, le pedimos que se prepare para concluir.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - ¡Tengo media hora! ¡estoy interviniendo!
El Presidente: - No, hay un acuerdo parlamentario, no sé si quiera...
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Pero, ¿por qué?, si no estoy para hechos, estoy en mi intervención de 30 minutos.
El Presidente: - Hay un acuerdo parlamentario de las diversas fracciones, hasta por 10 minutos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Bueno, nosotros fundamentalmente venimos aquí a sostener y a oponernos a un discurso que Carlos Salinas de Gortari anunció el 14 de noviembre, donde él decía que el ejido se va a conservar y nosotros sabemos que esto no va a ocurrir; por fortuna el día de ayer ya abundamos sobre esto y nosotros venimos a proponer una modificación al párrafo cuarto, para que quede en los siguientes términos, que dice:
"Considerando el respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan, el aprovechamiento de sus recursos productivos, la ley regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra, la de los ejidatarios sobre su parcela y establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, manteniendo el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible del ejido. La asamblea de los ejidatarios es la depositaria de las tierras ejidales, la ley regulará los derechos de los avecindados sobre las tierras de uso común."
A estas alturas sentimos que solamente con este tipo de adiciones a la reforma que se propone, podremos contener un poco las tendencias centrales que en las ciudades vamos a observar a raíz de esta reforma a la Constitución y aquí, una vez más, vamos a ver la voluntad política de la mayoría de esta Cámara, a ver si acepta este tipo de propuestas o si siguen siendo un apéndice del Poder Ejecutivo.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Martín Tavira, del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; honorable asamblea:
Lo digo con la mayor humildad, sin falsa modestia, pero mi capacidad no me permite entender tesis como el destino universal de los bienes materiales. Hilvanaré más bien mi breve exposición sobre la filosofía del artículo 27 constitucional, producto máximo de la Revolución Mexicana.
La sabiduría de los pueblos, señoras y señores diputados, se expresa, se manifiesta en sus revoluciones y en las revoluciones surgen los genios que transforman con sus pueblos a la sociedad es el caso de Morelos, como dijo el historiador hondureño Rafael Heliodoro Valle, el genio político más grande de América Latina, el que dio el camino de la Revolución Popular Mexicana y claro, la Revolución Mexicana dio muchos genios políticos también, algunos de esos nombres están en este recinto, pero cuando yo oigo a algunos diputados hablar de la armonía social que debe imperar en México, yo digo: qué lejos están estos diputados de Manlio Fabio Altamirano, de Francisco J. Mújica y de tantos otros pro - hombres que hicieron la revolución, que produjeron las ideas más valiosas, más importantes de ese movimiento social.
La Revolución mexicana abrió un camino del cual no nos debiéramos apartar, ese camino fue construido, como todos sabemos, con la sangre, el esfuerzo de tantos mexicanos muertos en la independencia, en la reforma y en el movimiento social de 1910.
Aquí se ha dicho que hay que darle libertad a los campesinos; sí, claro, hay que darles libertad, yo diría que hay que dar las palancas necesarias y con esas palancas el campesino ejidatario podrá mover el mundo económico, el mundo político y el mundo cultural. Lo que pasa es que no se le han dado esas palancas.
Cuando hablamos de libertad hay que insistir una vez más, hay que hablar en concreto de esa categoría; en concreto señoras y señores, ¿que es libertad de contratarse por el patrón? ¿Libertad de decidir su salario y la jornada de trabajo? La Constitución no le da libertad ni al patrón, ni le da esa supuesta libertad absoluta al obrero, libertad al campesino, libertad al campesino frente a las ambiciones de los terratenientes y de los capitalistas; la libertad sólo es posible cuando el hombre tiene la posibilidad real de conquistar sus derechos, de elevar sus condiciones de vida y libertad; para un pueblo es lograr su autodeterminación, su independencia total, su soberanía. Esas son las libertades concretas; lo demás son palabras vanas, palabras, teorías que se las lleva el viento, que se las ha llevado el viento siempre, señoras y señores diputados; los diputados de Querétaro, los constituyentes, tuvieron una gran sabiduría porque sin copiar del extranjero modos o ideas extralógicamente, los diputados de aquél cuerpo histórico supieron dar el rumbo a nuestro pueblo.
Entre los grandes pensamientos que produjo aquella asamblea está precisamente el de considerar que la originalmente propietaria de los bienes que están dentro del territorio nacional es la propia nación, ¿por qué? Porque ésta era una forma de preservar justamente la independencia del país de recoger aquella experiencia amarga del dominio de los extranjeros sobre el subsuelo y sobre la tierra de nuestro país, porque los diputados tenían a la vista la experiencia del robo de las compañías extranjeras que cometieron contra nuestro pueblo; saquearon su petróleo, saquearon sus minas, saquearon sus divisas. Frente a esa realidad nuestro pueblo se rebeló y sus dignos representantes pudieron recoger ese clamor y plasmarlo en el artículo 27 constitucional.
Aparentemente, señoras y señores diputados, es una reforma, es un avance, porque reconoce, eleva a rango constitucional al ejido, a la comunidad, pero de nada sirve ese reconocimiento, esa elevación a rango constitucional de la pequeña, mejor dicho del ejido y de la comunidad.
Implícitamente estaba ya en la Constitución, implícitamente. Por eso había aquellas discusiones, muchas veces interesadas, de los que hablaban de que el núcleo ejidal era el propietario y hace unos días aquí se repitió esa idea de que la propiedad pertenece al núcleo ejidal. Eso no es verdad, ¿qué clase de propiedad, cuando los ejidatarios no pueden vender, cuando la parcela no se puede embargar, cuando los ejidatarios no tienen esa libertad entre comillas, para vender o enajenar su parcela? Propiedad restringida, como decían algunos autores.
Pero el hecho es que de acuerdo con la Constitución y no se necesita teorizar mucho, ver las cosas objetivamente, el campesino ejidatario posee, si se permite decir así, el usufructo de la tierra. Eso es justamente. Por desgracia ha habido, claro, claudicaciones, traiciones a la reforma agraria y muchas veces la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio interpretaciones torcidas al artículo 27 y al Código Agrario, en su tiempo, interpretaciones malévolas porque no entendían el sentido profundamente humanista de ese dispositivo constitucional.
Recordamos cómo en los años sesenta durante la presidencia de Guzmán Neyra, la Suprema Corte de Justicia dictó jurisprudencia totalmente contraria al espíritu de la Constitución, del artículo 27. Cómo trataron de destruir la concepción filosófica por una concepción civilista, cómo resolvieron precisamente que cuando los dueños de latifundios tuvieran cinco años poseyendo sus propiedades, no podían ser afectados por resoluciones presidenciales, tesis absurdas completamente, porque no se puede de ninguna manera interpretar el artículo 27 de la Constitución a la luz del Código Civil; es un nuevo derecho que se sale justamente de las normas clásicas.
Yo recordaba no sé si ayer o esta mañana, que los patrones mexicanos, los miembros de las asociaciones capitalistas, han querido modificar radicalmente la legislación del trabajo, alegando precisamente que debemos volver a los principios fundamentales del derecho; es decir, romper toda la tradición jurídica que creó la revolución y volver a aquellas normas clásicas del derecho romano, que heredó nuestro país en el siglo pasado, cuando conquistó su independencia. Eso no puede ser, señoras y señores diputados.
En realidad hay un fondo ideológico y doctrinario en todo esto, se trata de tergiversar, quizá el término no es el apropiado o no es el más apropiado, se trata de echar hacia abajo, por la borda, todo el catálogo de categorías jurídicas, políticas, sociológicas, que creó el movimiento social. Cada revolución transforma profundamente un país, desde abajo y hacia arriba, transforma las ideas,
transforma los conceptos y eso es lo que ocurrió con la Revolución Mexicana, como lo dijeron los propios constituyentes en aquella histórica asamblea de 1917.
Compañeros diputados, estamos, permítanme que lo diga con las palabras de Francisco J. Mújica en un momento importantísimo, solemne, para la vida del país, estamos por decidir el rumbo de la patria. Cuando se discutió el artículo 3o. así lo dijo Francisco J. Mújica. La gran trascendencia que tenía la educación y la gran trascendencia que tiene esta vía revolucionaria creada por nuestro movimiento social.
Tenemos que decidir, compañeros, porque en un renglón perdido de esta reforma, se trata de destruir el ejido. Alguien descuidado podría decir: no pasa nada, el ejido se conserva y hasta ingenuamente se dice; se ha puesto un candado porque se necesitan las dos terceras partes del número que compone la asamblea general de ejidatarios, autoridad máxima del ejido, pero éste no es un candado.
Libertad al campesino para disponer de su tierra, cuando el campesino tenga hambre, cuando tenga absoluta necesidad, cuando surjan las trapacerías de los capitalistas ambiciosos, muchos de ellos antipatriotas que arrastran bajo sus pies inmensos pecados por haber sembrado el dolor de la gente pobre de México y de otros países del mundo. Eso es justamente lo que no queremos.
Queremos que la revolución se mantenga viva, que esa revolución de los pobres y para los pobres, esa revolución para los campesinos que eran parias y para los obreros explotados en las fábricas, en las ergástulas de aquel tiempo. Eso queremos que sea nuestro país, cuya tierra está en manos de las mayorías campesinas que deben ser las usufructuarias únicas y no los magnates extranjeros, porque la propiedad de la tierra va a poner en peligro la integridad territorial.
El usufructo de los campesinos, señoras y señores diputados, fue un escudo para evitar, justamente, que el país se desmembrara. ¡qué genio el de los Constituyentes de 1917, de poner que 50 kilómetros en las playas y 100 en las fronteras, los extranjeros no deben poseer tierras! y ese mandato fue violado, señoras y señores diputados. Todavía hace algunos sexenios los campesinos salían... sí, yo sé el tiempo, el tiempo de sus tiempos, el tiempo de mi tiempo, el tiempo de las fuerzas revolucionarias.
Señoras y señores diputados: ése es el genio de los revolucionarios para preservar la integridad territorial; ¿cómo se va a preservar? Manteniendo ese escudo. ¿Cómo se va a poner en peligro la integridad territorial? Entregando en propiedad para que el campesino por su necesidad la pueda entregar a los capitalistas, muchos de ellos, prestanombres.
Seamos patriotas, seamos dignos del pasado, de la historia, de la historia gloriosa de nuestra patria, de nuestro pueblo. Muchas gracias.
El Presidente: - Compañeros colegisladores, el tiempo acordado por las fracciones parlamentarias y avalado por la plenaria es de 10 minutos; les solicitamos se ajusten. Nosotros buscamos ser flexibles para darles oportunidad de que puedan concluir con todos sus argumentos, pero sí les solicitamos que procuren todos ajustarse al tiempo convenido. Dar flexibilidad, pero también comprendan que hay una gran lista de oradores. Vamos en el número 14 de 32 oradores.
Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática y José María Téllez Rincón, para hechos. Adelante, señor diputado.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea:
Derecha e izquierda se refieren a este problema, al problema de la lucha por la vida. Si en la lucha por la vida que es el trabajo, la organización del proceso productivo y el rendimiento del trabajo, se organiza para beneficio de las minorías, eso es derecha; si el trabajo se organiza para que los rendimientos del mismo sean en beneficio de las mayorías, eso es izquierda.
Pero hay otro problema, que es el problema de la autodeterminación, de la vida a vivir ganada con esa lucha. Si se permite que la vida se viva como una creación, eso es izquierda; si la vida se vive como una imposición, eso es derecha, distinguiendo democracia de autoritarismo.
Justicia social quiere decir no dar más a quien más merece, sino dar más a quien menos tiene, con paridad e igualación, suprimiendo ventajas y privilegios.
El ejido se instituyó con un concepto solidario. El ejido forma un territorio que pertenece a una comunidad, cuyos titulares son el conjunto de los miembros del ejido. El conjunto de los miembros del ejido tiene derecho cada uno de ellos, a una parcela para trabajarla, pero todo en conjunto tienen una serie de derechos que son de carácter colectivo, como la parcela escolar, como
la parcela dedicada al trabajo de las mujeres, como el poblado, como los bienes que son de uso común; quiere decir que si se autoriza a los ejidatarios a que sean titulares privados de sus parcelas y las puedan vender, se está desmembrando el ejido.
Por otra parte, hay que distinguir el apoyo del paternalismo. El paternalismo e impedir que los ejidatarios tomen las decisiones que a ellos incumbe, pero el apoyo es la obligación que el gobierno tiene de aportar el conjunto de los insumos que requiere el trabajo en el campo.
Por último, hay que distinguir entre propiedad privada, que es producto del trabajo individual, de la propiedad privativa, de la propiedad social y de la propiedad pública. La propiedad social es una propiedad que sirve en su función social a una comunidad integrada por individuos, por familias y por una unidad que se llama colectiva, que se da ese derecho, para que sirva de generación en generación. Se está asesinando al ejido al autorizarsele su desmembramiento.
Por otra parte, se habla por último, en esta reforma, de hacer una justicia agraria, pero esa justicia agraria no se señala con el carácter esencial que debe tener toda justicia y que es que sea imparcial e independiente.
Se necesita que los tribunales agrarios sean designados aquí, en la Cámara de Diputados, sin intervención del Poder Ejecutivo, para que se represente un órgano judicial auténticamente independiente.
Por lo tanto, concluyo, la reforma es de derecha, la reforma es un atentado de destrucción al ejido. Si queremos conservar el ejido, debemos reconocer que cuando fue creado el ejido, se creó como una propiedad imprescriptible, para que dure generación en generación, como inalienable, para que los bienes sirvan a la comunidad, a las familias de una manera permanente, para que se fortalezca el bienestar colectivo y por último, que no es enajenable. No se puede enajenar el ejido. Si se autoriza la enajenación del ejido, se destruye el ejido. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Reyes Rincón, para hechos.
El diputado José María Téllez Rincón: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nos hemos llevado bastante tiempo y no vemos el deseo de que haya consenso entre nosotros; no veo por ningún lado que pueda haber puntos de acuerdo con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se han hecho propuestas tan simplistas como la que hace un momento propuso el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, de agregar una palabra, que no sea el ejidatario sino su familia las que sean dueños de ese pedazo de tierra que tanto se trata de proteger. Una cosa tan simplista que no tiene mayor problema que proteger a la familia del ejidatario. Ni en eso hemos oído consenso.
Hemos visto a los ejidatarios como en la cantina, a través de un volado, han perdido su tierra. Si queremos proteger esto, cuando menos protejamos a la familia de los ejidatarios, pero que se vea la disposición de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Comisión de la Reforma Agraria, que tome nota de esto, porque parecemos aquí merolicos, lo decía el otro día y lo tengo que repetir, venir a hablar, hablar, hablar, hablar, aquí nos podemos pasar veintitantas, 23 horas, o nos podemos pasar más horas.
Yo sí quisiera pedirles que tuviéramos más seriedad para legislar, compañeros, porque esto no es legislar; legislar es buscar el consenso precisamente de todos ustedes para llegar a las conclusiones finales y darle realmente protección al campesino. No hay aquí uno que no lo quiera. Yo no sé de alguien que no quiera esto. De tal manera que cuando menos en esos pequeños puntos, vámonos poniendo de acuerdo, compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Garzón Gárate, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Oscar Garzón Gárate: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Soy ejidatario de un ejido del Valle de Mexicali, el Ejido Jesús González Ortega, desde 1962.
Las asociaciones de ejidatarios y comuneros, entre sí o con terceros, hará atractiva la inversión en la agricultura; la introducción de nuevas técnicas permitirá que el campesino obtenga lo necesario para su consumo, produzca alimentos, materias primas y hasta bienes para la industrialización.
Por muchos años los campesinos hemos sido víctimas del excesivo paternalismo, sin que éstos puedan desarrollar ampliamente su capacidad productiva; aunado a eso, la crisis económica
por la que atraviesa el campo, sobre todo en la última década, que lo ha llevado a una tremenda descapitalización, con lo que hemos observado que en los últimos años se encuentran muchas tierras ociosas que carecen de crédito, por lo que se necesita que esas tierras se incorporen nuevamente a la producción. Pero, ¿qué es lo que falta para volverlas a poner en cultivo, si tenemos la voluntad y la tenacidad para el trabajo de los campesinos?
Falta que tanto el capital oficial como el privado puedan participar en el campo; para eso se requiere que el campesino tenga dominio pleno de su parcela, que le permita libertad para poder asociarse entre sí o con terceros, ya sea éste el Estado o los particulares y así poder desarrollar una actividad que pueda ser redituable para que se pueda recuperar económicamente nuestro campo.
En la actualidad existen ejemplos de asociación que se han dado entre ejidatarios y empresarios. Cito como ejemplo el Valle de San Quintín, en mi estado, Baja California, en donde ejidatarios asociados con empresarios han desarrollado empresas que se dedican a la producción de hortalizas para el mercado nacional y para la exportación, generando miles de empleos al año, que dan ocupación a muchos trabajadores agrícolas de diversos estados de la República, que llegan a ese lugar acompañados de sus familias.
Es por eso que como campesino, como parte integrante del sector agrario y como representante popular, considero que el párrafo séptimo que se propone, está adecuado para que nuestros compañeros puedan trabajar con mayor tranquilidad en beneficio de ellos y de sus familias.
Vivimos tiempos nuevos. Es ahora el momento para que nuestro campo pueda desarrollar una agricultura intensiva y más tecnificada. Lo podemos lograr, tenemos la tierra, tenemos los recursos, pero sobre todo tenemos la voluntad y la perseverancia, la decisión para el trabajo de nuestros compañeros, los campesinos de México.
Llegó el momento de incorporar decididamente al campo a la modernización nacionalista y popular de México. Es un reclamo de los ejidatarios, los indígenas, los pequeños propietarios y la sociedad en su conjunto. No podemos defraudarlos. Hemos de darles respuesta como legisladores, es nuestro deber y de él hemos de dar cuenta ante la nación. Nuestro nacionalismo no puede quedar atado a formas de asociación o de producción determinada. Está vinculado con fines superiores, soberanía, justicia, democracia y libertad.
Por ello la mayor autonomía de los ejidatarios en la toma de decisiones, no implica el desamparo; se protege al ejido en el área común de la vida ejidal y a la tierra de las comunidades indígenas.
No conviene al interés general mantener las formas caducas e inapropiadas que propician injusticia e inhiben la productividad agrícola. Se promueven la asociación de los ejidatarios y comuneros, no subordinación. Se da libertad a los campesinos para determinar su futuro y productividad para dar contenido a la justicia social. Muchas gracias.
El Presidente: - El compañero diputado Arriaga Ruiz, nos solicita la palabra para hechos.
El diputado Rigoberto Arriaga Ruiz: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, venimos a demandar a la mayoría priísta, para que nos conteste sobre la petición que hemos venido haciendo y que se encierra dicha petición en 109 palabras, sobresaliendo siete. Estas son: Igualmente fijarán las condiciones conforme a las cuales el núcleo ejidal podrá otorgar el ejidatario el dominio sobre su parcela.
Exigimos a la mayoría de esta Cámara, se nos conteste esta exigencia de los compañeros del Partido de la Revolución Democrática y de los compañeros de mi partido. De quedar estas 109 palabras en ese tercer párrafo del artículo 27 de nuestra Constitución, señores del Partido Acción Nacional, indiscutiblemente ustedes estarán a unos cuantos minutos de lograr un viejo anhelo: destruir el ejido en este país. Esa ha sido una de las viejas demandas de ustedes. Están a punto de lograrlo. Lo van a lograr, señores del Partido Acción Nacional. Van a llevar a la miseria a los ejidatarios, van a condenar a la miseria a los hijos de los ejidatarios.
Señoras y señores diputados del Partido Acción Nacional: esperamos, honestamente, una respuesta de ustedes a esta cuestión medular. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado José de Jesús Berrospe, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
La fracción parlamentaria del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ha expuesto la relevancia del proyecto de la reforma constitucional en materia agraria.
La principal razón que argumentamos para dar nuestro voto a favor, se debe a las expectativas favorables que abre para mejorar las condiciones del campesino mexicano; para quien fue el sujeto principal del cambio revolucionario y ha sostenido en la precariedad y desventaja, la paz de la República.
El Estado está obligado a preservar los derechos del campesino, a incorporarlos a una vida productiva, a hacerlos partícipes de las ventajas reales de la reforma. Esto a la luz de una nueva concepción de la vida rural.
Hemos dicho que la iniciativa brinda la oportunidad de enriquecerla; asumimos el compromiso con responsabilidad.
Proponemos en el sexto párrafo de la fracción VII, criterios para normar la integración de los tribunales agrarios, así como la creación de la procuraduría federal agraria.
Deben considerarse algunos elementos históricos, así como algunos razonamientos que permitan precisar el carácter de los tribunales agrarios:
Primero. En el gobierno del presidente López Portillo, se elaboraron proyectos para crear los tribunales agrarios. No canalizaron en las iniciativas formales, pero sí constituye un antecedente histórico.
Segundo. La nueva justicia agraria debe acreditar en sus supuestos normativos, disposiciones que aseguren la inviolabilidad de los derechos sociales de los campesinos.
En la actualidad la justicia agraria se ubica en instancias administrativas, existiendo una lamentable confusión en el derecho procesal en esta materia.
Curiosamente su funcionamiento tutelar ha sido insatisfactorio. Predomina el burocratismo y su carácter protector es un mito.
Con la creación de los tribunales agrarios, se introducen transformaciones importantes para el derecho agrario mexicano. No simplemente se transfieren funciones al Poder Judicial de la Federación, se cambian además, estructuras administrativas agrarias y se intenta modificar elementos básicos del derecho procesal en materia agraria.
La fuerza del Ejecutivo en materia de impartición de justicia agraria, se suprime y se trasladan sus facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A nuestro parecer, aquí se presentan, entre otras cuestiones, cambios sustanciales en materia de impartición de justicia agraria; el traslado de atribuciones al Poder Judicial no es lo que nos preocupa, pero sí nos gustaría definir la naturaleza social del derecho agrario, esto tiene la mayor relevancia para definir las nuevas peculiaridades del derecho procesal agrario.
Las nuevas relaciones y modalidades que se desprenderán del artículo 27, significan riesgos indudables, nuevas formas y caminos legales, disfrute de nuevas oportunidades que la mayor parte de la gente del campo no conoce ni comprende.
No están en aptitudes de consultar ni de pagar servicios profesionales, para la defensa jurídica de sus derechos, mucho menos como contestatarios para exigir el cumplimiento de las múltiples obligaciones que se ha impuesto el propio Ejecutivo en favor de estos sujetos.
Es necesario un órgano descentralizado del Ejecutivo Federal, con rango constitucional, con facultades de convocatoria o excitativa de conciliación entre partes, de gestión, de defensoría y de procuración; será la mejor evidencia del sentido social que se imprime al nuevo orden en el campo y del reconocimiento a la trayectoria social de la Revolución Mexicana.
Las reformas derogan la categoría de suprema autoridad agraria del Presidente de la República; como jefe directo de la Procuraduría Federal Agraria, seguiría siendo el responsable del cumplimiento y del respeto a los derechos sociales agrarios.
En función de la naturaleza autónoma de los tribunales agrarios y la plena jurisdicción que se les atribuye, debe incorporarse en la Constitución la facultad expresa para el Presidente la proposición de los magistrados agrarios y de aprobación o veto de la Cámara de Diputados.
Por las anteriores consideraciones, nuestro partido propone la siguiente adición al párrafo sexto
de la fracción VII: "El Presidente de la República propondrá los Magistrados de los Tribunales Agrarios a la Cámara de Diputados, la cual aprobará o vetará el nombramiento de los mismos".
Asimismo, proponemos la creación de la Procuraduría Federal Agraria, como instrumentos permanentes, autónomo, con funciones de gestión, asesoría, defensa gratuita y obligatoria para los ejidatarios y comuneros en ejercicio de sus derechos agrarios y en la exigencia del cumplimiento de la obligaciones a cargo de las autoridades agrarias.
Por tal razón, se propone adicionar un párrafo séptimo a la fracción VII, que establece lo siguiente: "Se creará la Procuraduría Federal Agraria, como instancia que resuelva sobre las demandas de los campesinos que no hayan sido resueltas a satisfacción por los tribunales agrarios".
Por lo tanto, compañeros diputados, nuestro partido hace estas dos propuestas concretas. Creemos que con la creación de los tribunales agrarios, tenemos una gran seguridad para los campesinos, pero que no quedaría completa sin la creación de esta Procuraduría.
Por lo tanto, hago entrega a la Secretaría de estas propuestas, para que quede constancia de lo que nuestro partido propone. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado, Samuel Fernández Avila, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Samuel Fernández Avila: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados.
Su servidor es originario de la zona norte del estado de Jalisco, lugar donde se asienta una de las etnias más importantes de México: los huicholes.
Los huicholes, como los demás pueblos indígenas de México, como las demás 56 etnias, han tenido un viejo anhelo. ¿Cuál es el viejo anhelo de las comunidades indígenas mexicanas? Ese viejo anhelo es precisamente el reconocimiento de la integridad de su territorio.
Sabemos que el 80% de las comunidades indígenas de México tienen problemas agrarios, problemas de límites, problemas de posesión. Pero también, compañeros diputados, tienen problemas de salud. Sabemos que el 60% de los hijos de las etnias, no llegan ni siquiera a los 4 ó 5 años de vida. Tenemos problemas de educación, ¿por qué? Porque de cada indígena que ingresa a la escuela primaria, de cada 5, uno es el que termina dicha educación.
Nos da mucho gusto que el señor Presidente de la República haya elevado esta iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución, ¿por qué? Porque si aprobamos nosotros esa ley, a partir de que tenga vigencia se tendrá que reconocer personalidad jurídica a todas las comunidades y pueblos huicholes de México.
Es de todos conocido, compañeros diputados, que el día 7 de diciembre de 1990, el señor presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, presentó ante la Cámara de Diputados iniciativa que adiciona el artículo 4o. de la Constitución con la finalidad de elevar a rango constitucional los derechos de los pueblos indígenas, la protección de sus lenguas, de su cultura, sus usos, costumbres, recursos y formas de organización social.
Sentimos que de aprobarse esta iniciativa a los pueblos indígenas de México les estaremos abonando parte de las viejas deudas que tiene el pueblo mexicano con ellos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Zermeño, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Zermeño Infante: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Se ha dicho aquí que es un viejo anhelo de Acción Nacional la desaparición del ejido y no hay nada más falso en esta afirmación que la que vino a hacer hace unos momentos un diputado del Partido Popular Socialista.
Acción Nacional reconoce las tres formas de tenencia de la tierra que establecen nuestras leyes. Acción Nacional no está en contra ni del ejido ni de los ejidatarios; en contra estamos de la demagogia que se ha llevado a efecto desde hace 76 años, como una bandera política, como una forma de manipulación de los campesinos, manteniéndolos en minoría de edad permanente, como una forma de tenencia de la tierra en la cual no se le permite al ejidatario decidir su propio destino.
Y pensamos que a más de 76 años, ya es hora de que sean los propios ejidatarios los que decidan con libertad, sin manipulación, sin demagogia, cuál debe ser la forma de explotación de
la tierra, cuál debe ser la forma que ellos desean si quieren convertirse realmente en propietarios. (Aplausos.)
Porque ciertamente el grito de "Tierra y Libertad" por el que más de un millón de mexicanos perdieron la vida, no fue para recibir la tierra prestada; fue para recibir la tierra a la que tenían derecho los campesinos de México que demandaban esto. Pero no para recibir pedazos de tierra que no han servido ni siquiera para mantener en forma digna una familia.
Y para nadie es desconocido que en muchas ocasiones se han repartido tierras improductivas, partes desérticas, partes de pantanos, tierras inclusive en el mar, a veces repartos solamente hechos en el papel y que existen actualmente más de dos millones de ejidatarios, de campesinos, con derechos a salvo.
Señores, esto no se vale. No es posible que una reforma agraria pretenda perpetuarse solamente porque existe un deseo ideológico de pretender que ésta es una conquista revolucionaria. Si esto fuera así no estarían miserablemente tantos millones de mexicanos padeciendo de un campo improductivo y de una forma de tenencia de la tierra que los ata.
Acción Nacional quiere liberarlos. Acción Nacional quiere que se destrabe este proceso burocrático para que sean ellos, en libertad, los que decidan la forma de tenencia de la tierra.
Y ciertamente en esta nueva iniciativa se les permite a los propios ejidatarios decidir por ellos mismos. Cuando se dice: "Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí o con terceros..." En la palabra "podrán" creo que está claro que deja la decisión a los propios ejidatarios, para que sean ellos mismos los que decidan su destino, y no como ha venido sucediendo.
Creo que éste es un debate cargado de ideología, cargado de diagnósticos, de apreciaciones subjetivas, muchas veces dogmáticas, en las que se pronostica un comportamiento seguro de lo que los ejidatarios van a hacer. Prácticamente se da por hecho que los ejidatarios van a vender sus parcelas.
Alguien dijo que en México la Revolución Mexicana entregó la tierra solamente en usufructo y que ahora se pretende entregarla para que la vendan. Se da por hecho que ése va a ser el comportamiento de los ejidatarios.
Señores: yo creo que ya es hora de que dejemos a los campesinos que decidan por ellos mismos.
También aquí se ha venido a afirmar que algunos tenemos, suponemos, una concepción liberal manchesteriana muy pasada de moda, aquella que señalaba el derecho romaro del jus fruendi, utendi y abutendi del uso, del disfrute, del abuso y de la disposición y no es ésa la postura ni de mi partido y creo que ya es una postura pasada de moda.
Pensamos que la propiedad privada tiene una hipoteca social; pensamos que la propiedad privada es un derecho al que tiene cualquier persona, un derecho al que tiene. Pero este derecho debe estar sujeto a una función social y debe estar subordinado al bien común.
El día que fijamos la postura nuestra frente a esta iniciativa de ley, el diputado Diego Fernández de Cevallos señaló lo siguiente: "Queremos y exigimos que se igualan sus derechos al ejidatario con el pequeño propietario, porque no hay razón moral y política o económica que permita al pequeño propietario tener superficies que le son vedadas al ejidatario". "Esa propuesta para nosotros es de primer nivel, como exigencia de justicia". Esto vino a señalar el diputado Diego Fernández de Cevallos.
Congruentes con esta postura de Acción Nacional, queremos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento Interior del Congreso, proponer a la consideración de ustedes la adición de un V párrafo al texto del artículo 27 constitucional, en su fracción VII, para quedar en los siguientes términos:
"En todo caso la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario no excederá los límites señalados en la fracción XV". Esto lo proponemos congruentes con nuestra postura de que queremos que se igualen los derechos de los ejidatarios a los derechos de los pequeños propietarios. Pensamos que tienen derecho también al tener hasta 100 hectáreas y fijarle también este límite, porque no sería correcto que por las condiciones que privaran en los ejidos, algún cacique, alguien que tuviera más influencia o más poder, llegara a acaparar tierra y no se le fijara también este límite. Pensamos que debe tener también la posibilidad de igualarse en los límites al pequeño propietario.
Finalmente, compañeros diputados, yo quisiera hacer una última reflexión. A veces algunos y lo digo con todo respeto, pretenden
convencernos a base de repetirnos una y otra y otra y otra vez los mismos argumentos. Yo creo que como legisladores y con el tiempo que hemos tenido para revisar con responsabilidad esta importante iniciativa de ley, creo que tendremos que hacer a un lado la pasión y pensar en lo que realmente México necesita. Creo que debemos buscar los argumentos que convenzan, buscar, analizar con seriedad esta importante iniciativa.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde su curul): - Señor Presidente, quiero hacer una interpelación al orador.
El Presidente: - Diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Jorge Zermeño Infante: - Sí, cómo no.
El Presidente: - Adelante.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde su curul): - Compañero diputado: Usted planteó ahorita un límite para el caso de que un ejidatario compre a sus colegas, un límite máximo de 100 hectáreas, para que no sobrepase la pequeña propiedad. Quisiera preguntarle si ha contemplado su fracción un límite inferior, en términos de que, es decir, es posible que esta propiedad, por ejemplo, de 100 hectáreas, represente el 80% del ejido, de la propiedad parcelada y que en ese sentido, aun cuando se le puso el límite para que no exceda la pequeña propiedad, sí le otorga el carácter de cacique, dado que tiene una gran mayoría de la propiedad parcelada. Le pregunto ¿si se ha contemplado un límite inferior, en términos, por ejemplo, de un porcentaje de la propiedad parcelada, que no cree ese problema? Muchas gracias.
El diputado Jorge Zermeño Infante: - Con mucho gusto. Mire, yo creo que los límites que se han fijado en la Constitución desde hace muchos años, de alguna manera son arbitrarios, porque no es lo mismo a veces 100 hectáreas de riego y humedad con agua rodada que 100 hectáreas, regadas, digamos por algún pozo. Creo que hay pues en todo esto una serie de cuestiones que se ocurrieron con algunos aspectos técnicos para fijar los límites a la propiedad privada. La ley señala que deben tener los ejidatarios cuando menos 10 hectáreas, pensamos que 10 hectáreas de riego o su equivalente sería pues un límite inferior razonable para que pudiera un ejidatario poder vivir, poder sostener a una familia. La realidad es que en muchos lugares en los cuales inclusive se presume como repartos históricos en México y le pongo el caso de la comarca lagunera, donde el promedio de hectáreas a que tiene derecho cada ejidatario no llega a cuatro hectáreas y de las cuales no puede ni siquiera trabajar dos hectáreas. Esto, compañera diputada, obviamente no sirve ni siquiera para sostener a una familia de jefe que vive en el campo.
Yo creo que el gran problema de México es precisamente éste, el minifundio, pensamos pues que debe corregirse, que debe establecerse la posibilidad de que los ejidatarios puedan asociarse, rentar, vender la parcela, prestarla inclusive para que el campo pueda producir para beneficio de ellos, en primer lugar y por supuesto para beneficio del pueblo de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado del Partido Popular Socialista, para hechos.
El diputado Jorge Tovar Montañez: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
No debe caber la menor duda de que el Partido Popular Socialista desde sus más remotos orígenes, antes de llevar el nombre que ahora tiene y por la herencia lombardista siempre ha propuesto las medidas más avanzadas para hacer efectivos los objetivos y los principios de la Revolución Mexicana. Nadie que haya abrevado un poco en la historia de este partido, puede negar que efectivamente hay y ha habido todo un programa, sí, de avanzada y del campo que en el terreno agrario para, de veras, modernizar la agricultura nacional y convertirla en una fuerza de transformación, de desarrollo y de justicia social.
Hoy mismo en estos días nuestro partido ha ratificado y ha presentado nuevos planteamientos que de tomarse en cuenta representaría la modernización real, el progreso real y la justicia real para el campo mexicano, particularmente para el ejido, sin perder la esencia que la historia de México y nuestra Revolución nos han marcado.
Ya los partidos casi todos hemos fijado nuestra posición y particularmente en torno a la fracción VII y la parte medular que es la que nosotros hemos señalado como la mayor aberración en contra de los principios de la revolución mexicana pretendiendo entregar "en propiedad" la tierra ejidal a los campesinos. Particularmente interesa que el Partido Acción Nacional haya fijado meridianamente, hay que reconocerlo su
posición, pero ante la intervención y planteamiento de nuestro partido y especialmente en la propuesta que hizo nuestro compañero Ramírez Cuéllar en nombre de mi partido, falta una definición, la definición del Partido Revolucionario Institucional. Ha habido muchos compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional que han venido a esta tribuna, pero hemos estado esperando inútilmente la definición del Partido Revolucionario Institucional. No sabemos cuál es su postura en torno a nuestra petición, a nuestro planteamiento, cuando hemos dicho que debe suprimirse la parte final del párrafo V de la fracción VII de la iniciativa de ley y también cuando hemos propuesto que los ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí y con el Estado.
Ya es el momento, compañeros y compañeras diputados, que pongamos sobre la mesa todos nuestra posición. Nosotros llamamos a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional a que terminemos de fijar posiciones, porque así lo exige el problema tan trascendente que estamos tratando. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Joel Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Joel Guerrero Juárez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros y compañeras:
El campo mexicano ha padecido problemas estructurales, entre los que destacan la inseguridad en la tenencia de la tierra, la incongruencia entre las políticas agropecuarias y el desequilibrio entre el sector primero y los demás sectores.
Por otro lado, el desarrollo rural en México se ha caracterizado por tener una política agraria sostenida, manteniendo el reparto agrario desde 1915 hasta nuestros días. No obstante esto, dicha política no genera por sí misma la transformación económica y social del sector agropecuario hacia mejores niveles de vida, ni tampoco propicia la optimización de los recursos para obtener una mayor producción en el campo, objetivo primordial en este momento, que ya pasa a ser y a formar parte de la conciencia nacional.
Queda claro que en nuestra realidad el reparto agrario masivo no puede continuar. Al no existir tierras qué repartir, es necesario implementar nuevas formas de producción y rentabilidad para las gentes del campo.
La decisión de elevar a rango constitucional la propiedad ejidal y comunal, radica en que quedarán debidamente protegidos por nuestra Carta Magna y dejarán de ser sólo formas de tenencia de la tierra, con derechos limitados de uso y con la reforma, el ejido y la comunidad serán de ejidatarios y comuneros, otorgándoles el dominio sobre sus recursos y la libertad de administrarlos.
Las modificaciones constitucionales que se proponen en la iniciativa, definen un perfil actualizado y dinámico para la propiedad social, que evita la privatización de ejidos o comunidades o de su desaparición.
Para apoyar la modificación de la fracción VII, es importante partir de un análisis del aspecto social en el desarrollo agropecuario, entre otros y acotarlo, tomando en cuenta las dos corrientes que destacan en este proceso, por un lado el crecimiento urbano industrial y por otro, la subordinación del sector rural.
El crecimiento industrial que se ha dado en nuestro país, subordinó las demás actividades productivas y de servicios. Es justo reconocer que en este camino se lograron avances significativos en el bienestar social.
El medio rural aportó durante este proceso, gran parte de sus excedentes en mano de obra a la ciudad. Por otro lado, se dio pie a que un estrato mayoritario de productores permaneciera al margen de la modernización y se les preservara la producción de granos básicos con baja rentabilidad reduciendo en forma crónica sus posibilidades materiales de producción y, en consecuencia, padeciendo un deterioro constante en sus condiciones económicas y sociales.
Existe un elemento que, en estas circunstancias, el sector rural ha jugado un papel importante: el minifundio, que por lo general se asocia con una agricultura pobre de subsistencia, basada principalmente en la siembra de país para el autoconsumo, incluso en deterioro de los ecosistemas.
El problema del minifundio no se agota en la desequilibrada distribución de la tierra sino en el subempleo y la desocupación manifiesta en el campo. Los campesinos durante largos meses no tienen que hacer y los sectores no agrícolas de la economía no han podido absorber con suficiente rapidez la creciente inmigración de la población rural.
En las zonas de alta densidad de población donde el minifundismo está más acentuado, la cantidad
de tierras de labor es limitada, por lo que no es posible pensar en ampliar el tamaño de las parcelas o pequeñas propiedades sin reducir la magnitud de la población agrícola.
Se requiere, pues, de un proceso de cambio, que permita la reagrupación de los productores y la organización de los campesinos en el ejido y la comunidad.
La fracción VII del 27 constitucional, propicia la libertad de asociación y la libre toma de decisiones, lo que tendrá que superar esa gastada y mala experiencia de que el núcleo agrario es el que se tiene que adecuar a las condiciones administrativas y burocráticas de operación institucional que muchas veces cuando se da alguna organización, ésta queda como una instancia formal sin que sus miembros desempeñen un papel o una participación importante y efectiva en esta organización.
Proteger la integridad territorial de los pueblos indígenas, fortaleciendo la vida comunitaria, tanto en las comunidades como en los ejidos, favorece nuestra integración, cultura, historia y práctica social.
Aquí tenemos que pensar en que la ley reglamentaria debe ser clara y precisa para favorecer, sobre todo, a la población marginada, que ya constituye el 17% de la población rural.
Y el gobierno tendrá o deberá ser responsable de vigilar la mejor distribución del ingreso para que en nuestras comunidades se eleve el nivel de bienestar social.
Quiero decirles que esta participación la hice con el objeto de finalizar y concluir, yo represento el IV Distrito del estado de Hidalgo, la huasteca hidalguense, en donde hace doce años, de propiedad privada se convierte a propiedad social, 150 mil hectáreas.
Después de esa experiencia incluso la reforma agraria dotó, vía ejidal, aún en contra de la voluntad de los campesinos que querían ser comuneros, algunos, a un gran número de campesinos. Vino una serie de apoyos del gobierno, de los diferentes programas, hubo un intento de desarrollo acuícola, un intento de desarrollo agropecuario en maíz y frijol; un intento de ganadería y los campesinos decían: no, la vocación es café, caña, es cítricos. Sin embargo los apoyos se seguían dando.
¿Y cuál es la experiencia? Sigue habiendo un gran índice de marginación, un gran índice de abandono, un importante número de gentes vive en extrema pobreza, lo que quiere decir que los apoyos institucionales son importantes pero no lo son todo, por eso estoy convencido plenamente de que la propuesta de iniciativa de dar libertad y dejar a los campesinos que ellos decidan su propio destino, es muy importante.
Otro ejemplo que me tocó vivir personalmente. El caso del Valle del Mezquital también en Hidalgo, lugar de tierra pobre, árida, donde se repartieron páramos y desde el reparto agrario de 1936 se ha mantenido la pobreza. Un día el ejido Bominzá para ser exactos, decidió cambiar de forma de vida y decidió cambiar la votación de la tierra y decidió hacerlo violando y buscando la forma de cómo burlar los lineamientos de reforma agraria, porque no permitían que cambiara su vocación, que se organizaran y se asociaran con empresas como Cruz Azul. Hubo que hacer todo eso contra la ley, para poder los ejidatarios convertirse en un grupo asociado y explotar sus calizas.
Hoy, por fortuna, hay una gran experiencia y han caminado, a 15 años, como empresarios. Son ejidatarios que viven bien. Ellos se adelantaron a la propuesta constitucional que hoy estamos haciendo. Hay una experiencia, la vivimos ahí.
Esto es importante, por eso estoy convencido, mi partido, el Partido Revolucionario Institucional está convencido de que las modificaciones son para bien y vamos a dejar hacerlo a los campesinos, porque la van a hacer. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional... ¿No está?
Tiene la palabra el diputado Benjamín Avila, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Benjamín Avila Guzmán: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Larga ha sido la tarea en el análisis que nos viene ocupando, por eso quisiéramos afirmar que en el diálogo se pueden encontrar coincidencias para mejorar.
Hemos encontrado coincidencias y divergencias, pero precisamente una de esas coincidencias se expresa de alguna manera en que algo debe hacerse y ya, en el campo mexicano. En el qué debemos hacer, en el cómo habría que hacerlo
está la variable en la opinión de esta asamblea y en la opinión pública.
Con las propuestas en esta fase del proceso legislativo, se habrá de enriquecer el dictamen que habremos de votar. Habremos de votar en el uso de un derecho sin calificativos y que es de nuestra personal responsabilidad, por eso afirmamos que la coincidencia es posible con buena fe. Esto también es signo de deseo de que la discusión civilizada esté al servicio de los intereses superiores del país, ya que la situación del campo mexicano no está desvinculada de manera alguna de los demás sectores de la población de nuestra patria, es decir, debe considerarse de interés nacional el que se encuentre un camino viable al agro, por el significado y la incidencia que esta actividad tiene en todos los órdenes de relación de nuestros conciudadanos.
Con estas breves consideraciones, traigo una propuesta que recoge de alguna manera algunas coincidencias con oradores de otros partidos. A nombre del mío, del Partido Revolucionario Institucional y de mis compañeros, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente propuesta de modificación a la fracción VII del párrafo cuarto que nos ocupa. Literalmente la propuesta es la siguiente:
"La ley, con respecto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros, para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse enttre sí, con el estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras. Y tratándose de ejidatarios, trasmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población. Igualmente fijará los requisitos y procedimientos, conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley."
Aquí termina la propuesta que estamos formulando.
Las coincidencias en algunos aspectos pueden ser posibles, lo afirmamos: lograr la unanimidad en todo podría ser sospechoso, en un asunto de trascendencia como el que hoy nos ocupa.
Quizá ni esta propuesta y como está visto, ni el dictamen satisfagan a algunos, respetamos profundamente su derecho a disentir, sería ideal que en lo que se refiere a esta fracción y a este párrafo, se diera el acercamiento y la convergencia total. Por otra parte, nosotros creemos de buena fe que este proyecto adecuado a los tiempos actuales, tiempos actuales pero con vista en el porvenir.
Ya algún compañero en esta tribuna lo dijo: no somos adivinos o pitonisos para saber exactamente lo que ocurrirá en el futuro, en un mundo cambiante e imprevisible a veces.
Aceptamos el riesgo de equivocarnos, porque sólo el que habla se equivoca; porque sólo el que camina puede tropezarse pero no aceptamos responsabilidad anticipada en un pecado, acerca del cual los hechos aún no acreditan que lo hemos cometido.
Dejamos al futuro el derecho a demostrarnos o a desmentirnos. Dejamos a los campesinos que nos reprochen en el porvenir, si no acertamos hoy en nuestra visión, pero hoy, por lo menos, los miembros de esta asamblea que pertenecemos al partido Revolucionario Institucional, nos la jugamos con el campo de México, nos la jugamos con los campesinos y nos la jugamos con México.
Tenemos que recordar que el orden jurídico forma parte de un gran mundo normativo: el mundo del deber ser y que este orden está compuesto por reglas cambiantes y variables en el tiempo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Señor Presidente, ¿podría preguntar al orador si acepta una interpelación?
El Presidente: - ¿Acepta usted, compañero, una interpelación?
El diputado Benjamín Avila Guzmán: - Señor Presidente, se trata de una propuesta nada más. No la considero.
El Presidente: - No acepta.
El diputado Benjamín Avila Guzmán: - Este mundo normativo es cambiante, es variable en el tiempo y en el espacio; lo que ayer fue bueno, puede no serlo hoy, puede no serlo mañana.
Las normas jurídicas están siempre en esta posibilidad. Cambiar para adecuar las relaciones de los seres humanos.
Con esta propuesta concreta que hemos formulado, creo que se conjugan ideas que nos
ayudarán, repito, a mejorar el dictamen que hoy nos ocupa.
Invitamos respetuosamente a los diputados de las demás fracciones parlamentarias que coincidan con estas propuestas que de alguna manera ya se han esbozado, para que la apoyen.
Dejo a la Secretaría el documento que contiene esta propuesta suscrita por algunos de los compañeros diputados pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Pase usted, compañero, tiene el uso de la palabra.
Compañero Hernández, le ruego me disculpe, pero pidieron la palabra para hechos.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Esta mañana mi compañero de partido, Héctor Ramírez Cuéllar, trajo a esa tribuna una proposición que contenía dos aspectos: uno, el de la inclusión específica y expresa del Estado como entidad con la cual pudieran asociarse los ejidatarios y comuneros.
Una segunda y ésta es la más importante de todas las que mi partido se ha reservado para discutir en lo particular, la de suprimir las dos últimas líneas del párrafo cuarto de la propia fracción VII.
Poco después de la intervención del compañero Ramírez Cuéllar, alguno de los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, vino a esta tribuna en nombre de las comisiones unidas a declarar que aceptaban la inclusión específica del Estado. Sin embargo, después de una larga lista de oradores, no ha habido una respuesta específica con relación a la otra proposición, la de las dos últimas líneas del párrafo cuarto de la propia fracción VII.
Entendemos por esa larga omisión, por ese prolongado silencio y por la intervención del orador del partido oficial que me antecedió, que la respuesta de la mayoría es el rechazo.
La fracción VII, a juicio del Partido Popular Socialista, es definitoria de la iniciativa y del dictamen en su conjunto.
A diferencia de los panegiristas de la iniciativa presidencial, que la consideran "modernizadora", nosotros la hemos valorado como un documento que ve al pasado, que trata de retrotraer la vida del país en siete décadas y esta valoración no parte de dogmas ni de juicios emocionales; se fundamenta, sobre todo, en esa expresión de la que no nos han querido dar respuesta específica a lo largo de todo este día: otorgar al ejidatario el dominio de su parcela. Suprimir esa expresión fue nuestra demanda. Esta es la parte medular de todo el documento; todo lo demás podría examinarse, podría discutirse.
El grupo gobernante dice que pretende que se incremente la producción y la productividad en el campo, que se capitalice, que se modernice. En todo esto coincide el grupo gobernante con lo que el Partido Popular Socialista ha venido proponiendo e impulsando desde hace largo tiempo.
Lo irreconciliable, la diferencia irreconciliable entre la concepción del grupo gobernante y la que sustenta el Partido Popular Socialista en torno de este asunto, está precisamente en esa expresión: "otorgar al ejidatario el dominio sobre su parcela".
El Partido Popular Socialista afirma que para destrabar las fuerzas productivas en el campo, en modo alguno se requiere atentar contra la forma social de la tenencia de la tierra, que es precisamente la forma moderna, innovadora, surgida de la Revolución Mexicana de 1910, sino que se puede y se debe hacer sobre la base del respeto irrestricto y del impulso al usufructo ejidal y comunal.
Esto es un asunto de la mayor trascendencia. Por eso hemos debatido aquí con gran dedicación, movidos por los intereses más elevados, que son, sin duda, los intereses superiores del pueblo de México.
Es verdad que en nuestro régimen representativo, como aquí se ha dicho varias veces, la Constitución asigna a los diputados, el alto rango de representantes del pueblo y de la nación.
Sin embargo, hay que considerar que la coincidencia plena entre los intereses y concepciones de los representantes y de los representados, no es una cuestión mecánica; los representantes populares lo son en verdad, sólo cuando poseen sensibilidad política y mantienen firmes y permanentes vínculos con las masas populares, cuando interpretan fielmente sus anhelos y sus aspiraciones. No siempre es así, con frecuencia
se da el caso en los países cuyas sociedades coexisten en ellas clases sociales antagónicas que en el parlamento o en el Poder Legislativo predominen los intereses de la clase dominante o del grupo hegemónico, aunque éste sea numéricamente breve. Cuando esto ocurre, el parlamento o el Poder Legislativo a menudo toma decisiones de carácter contrario a los intereses de las mayorías.
Sin embargo, cuando se da una contradicción de este carácter, entre la correlación de fuerzas imperantes en el ámbito nacional y la que opera en el seno del Legislativo, más temprano que tarde, esa contradicción se resuelve en función de la correlación de fuerzas a nivel nacional. Esto es, en función de los intereses de las masas del pueblo. Este es precisamente el caso.
Aquí ha sido votado en lo general un dictamen aprobatorio de la iniciativa presidencial y no hay voluntad para enmendar ese hierro, lo que podría haberse hecho si el grupo mayoritario de las comisiones unidas hubiese considerado aceptable nuestra proposición.
Sin embargo, hay cerrazón por parte de la mayoría y eso nos coloca frente a una evidente contradicción entre la correlación de fuerzas que se da en el escenario nacional y la que se da aquí en la Cámara; corresponderá resolver esa contradicción dejando que las masas se enteren de manera suficiente y adecuada, se organicen y se expresen y a eso vamos a contribuir nosotros sin ningún ánimo sectario.
Esta contrarreforma impuesta hoy aquí por la derecha, por esa derecha que le preocupa tanto el tiempo, el miserable tiempo que no quieren dedicar a examinar un problema de esta magnitud, por esa derecha de dentro y fuera del gobierno, bien representada por ciertos gritones que no tienen capacidad para venir a debatir a la tribuna; esta contrarreforma impuesta hoy aquí por la derecha, de dentro del gobierno y de fuera del gobierno, estamos seguros será inoperante en la práctica y en fecha no lejana este asunto habrá de volver a ser ventilado aquí para enmendar lo que hoy se decida en contra de los intereses de la nación y del pueblo.
Cada quién, eso es evidente, cada quién habrá de asumir su responsabilidad, nosotros los del Partido Popular Socialista no convalidaremos esa decisión con nuestra presencia.
No tiene ningún sentido, compañeras y compañeros diputados, no tiene ningún sentido seguir discutiendo aquí sobre este asunto, sería una simple pérdida de tiempo, de ese miserable tiempo que tanto les preocupa a algunos diputados, más preocupados por irse a cenar que por debatir.
Sería una simple pérdida de tiempo y lo decimos con todo respeto y con cordialidad, sin ánimo de molestar a ninguna fracción parlamentaria ni a diputado alguno en lo personal, ni siquiera a los que sólo saben gritar y cobrar sus dietas.
Sería un error querer reducir un problema de este carácter a esa dimensión tan pequeña, a partir de este momento, compañeras y compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias, el Partido Popular Socialista traslada el debate al escenario al que ustedes han obligado, al que en estas condiciones le compete, al escenario de la plaza pública, al de los ejidos y las comunidades, al de las universidades y centros de cultura superior.
Estamos seguros que hoy como siempre, el pueblo será quien diga la última palabra. ¡Viva México! (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Rosa Albina Garavito.
En lo que sube quiero hacer un comentario: Aquí es como en el fútbol, el único reloj que cuenta es el del árbitro.
(Desorden.)
La diputada Rosa Albina Garabito Elías: - Le pedimos a los compañeros del Partido Popular Socialista que hagan favor de esperar un minuto, mientras hago mi intervención, muy respetuosamente, para que escuchen por favor.
No queremos dejar pasar desapercibida la actitud congruente; la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto, da un saludo fraternal a los compañeros del Partido Popular Socialista; los felicita por la defensa que han hecho de los valores nacionales y sociales que se levantaron en la Revolución Mexicana.
Han hecho ustedes, compañeros, una defensa excelente en esta tribuna, llena de congruencia, llena de argumentación, no nos cabe más que darles un saludo fraternal a celebrar que hayamos coincidido a lo largo de todo este debate en los argumentos fundamentales por la defensa de una nación soberana, democrática y justa. Saludos, compañeros.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Demetrio Hernández Pérez, del
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Estoy aquí no sólo para dejar constancia de mi reflexión y mi propuesta en el Diario de los Debates. Pretendo motivar su atención hacia un punto de vista que considero importantísimo.
El hombre es el dueño del mundo y su objetivo, dominar la naturaleza, según el pensamiento occidental. El hombre es parte del mundo y su objetivo, vivir en armonía con la naturaleza, con profundo respeto al equilibrio natural. Este es el legado de América y de México.
Estos dos puntos de vista, se confrontan y se desarrollan dialécticamente dando por resultado una realidad concreta que podemos constatar cotidianamente en todos los niveles y en todos los aspectos del interactuar social, en el pasado y en el presente.
Desde el embate con las armas y la religión contra los pueblos indígenas hasta la forma sofisticada de la modernidad capitalista. Después, los indígenas, otrora dueños de este inmenso territorio, han sido relegados, marginados a las zonas más agrestes e inhóspitas del país.
Pero están ahí, algunos, con sus costumbres ancestrales, su lengua y su propia forma de organización en más de 100 grupos étnicos perfectamente diferenciados.
En la época de la colonia, a pesar de considerarlos seres inferiores, el virrey le reconoció la posesión y el usufructo de algunos territorios. Actualmente más de 400 comunidades conservan la posesión y usufructo comunal de la tierra. Después de la Revolución Mexicana les dotó, mejor dicho, les reconoció el usufructo de la tierra en forma de ejido para incorporarlos a la vida nacional por conducto de la reforma agraria.
Ahora, el gobierno de la República y la sociedad mexicana reconocen su marginación, su atraso y su precaria situación en que viven por falta de servicios. Pero también les reconoce, como parte de este país, con independencia cultural, orgánica y política.
Por respeto a su integridad y dignidad cultural, económica y política y por la necesidad histórica de su desarrollo e independencia a la vida productiva de la nación, por su importante participación en la producción y productividad del país, por ética y dignidad humana, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional propone la adición de un párrafo a la fracción VII del artículo 27 constitucional, para establecer, claramente, el derecho de los ejidos indígenas a recuperar voluntariamente el régimen de propiedad comunal, acorde con sus costumbres, tradiciones e intereses y es el siguiente:
"La ley establecerá los procedimientos simples y expeditos mediante los cuales los ejidos indígenas recuperen la condición de comunidades y mediante los cuales propietarios asociados adopten voluntariamente el régimen ejidal."
En este párrafo se incluye a los propietarios y quiero explicar por qué. El problema del campo no es sólo de los indígenas y de los campesinos, sino también de los pequeños propietarios que significan un alto porcentaje del minifundio nacional. Lo integramos, porque sus condiciones económicas no les posibilitan integrar una asociación mercantil. Porque significa la posibilidad de constituirse en ejido para la compactación de tierras. Para que facilite la consecución de créditos oportunos y baratos. La implementación de tecnología que baje los costos de producción y mejore la comercialización de sus productos.
Además, porque los objetivos de la reforma al 27 constitucional son la justicia y la libertad, que alientan una mayor participación creativa de productores y para que se beneficien con equidad de su trabajo. Dándoles certidumbre en la tenencia de la tierra, la producción y productividad de los propietarios. Para revertir el creciente minifundio y fomentar asociaciones productivas estables, con mejores mecanismos de inversión y capitalización.
Elevar a rango constitucional al ejido y comunidad. Dar certidumbre jurídica reconoce libertad, dignidad y capacidad para decidir a ejidatarios y comuneros. Para decidir las formas y vínculos de producción que más se ajusten a sus intereses y condiciones. Por ende, esta posibilidad se puede extender a los propietarios.
Lo anteriormente expuesto no es suficiente, si consideramos que muchos ejidos y comunidades tienen apenas 1 mil hectáreas o menos. En la mayoría de los casos son tierras de temporal, agostadero, selva o bosque, siendo casi imposible la rentabilidad de mejor tecnología.
Si la propuesta de reformas al artículo 27 constitucional, reitero, es elevar la producción y la
productividad, es necesario el acrecentamiento de la base territorial del ejido y comunidades a través de la adquisición preferencial en igualdad de circunstancias con particulares o asociaciones mercantiles de predios rústicos enajenables, circundantes al ejido o comunidad.
Lo fundamento, además en el principio de propiedad social, reconocido y apoyado por el régimen constitucional por la voluntariedad y capacidad económica que puedan desarrollar los ejidos y comunidades, así como en la posibilidad de crear nuevos ejidos en predios afectables por la vía de la expropiación.
La propuesta concreta de adición de otro párrafo a la fracción VII del artículo 27 constitucional, que comprende esto último, es la siguiente:
"Se declara de interés público el acrecentamiento de la base territorial de los ejidos y comunidades. En consecuencia, en igualdad de circunstancias, tendrán preferencia en adquisición de los predios rústicos enajenables por el estado y sus dependencias."
Dejo a la Secretaría una copia de la propuesta para lo procedente. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Celestino Tobanche.
El diputado Celestino Tobanche Alonso: - Señor presidente; compañeros diputados:
Venir a esta tribuna implica responsabilidad y me dirigiré a ustedes en forma responsable y con respeto.
La reforma al artículo 27 constitucional, los apoyos y el esfuerzo de los productores aspiran y pretenden elevar la producción, productividad y calidad en nuestros productos primarios y secundarios; con la creatividad de los hombres y mujeres del campo habremos de lograrlo.
Por décadas a los campesinos se les ha tratado con indiferencia, se intervino en las decisiones que correspondían única y exclusivamente a ellos. Hoy tenemos la oportunidad de elegir qué es lo que más nos conviene y nos dan la oportunidad de safarnos de ataduras impuestas por extraños al ejido y la comunidad.
En el sector social afirmamos que tenemos capacidad para organizarnos, que existe potencial y recursos materiales y humanos, los que debemos de poner a funcionar e iniciar una nueva relación de corresponsabilidad con todos los que deseen el bienestar de los campesinos.
El eje estratégico de la modernización, crear las condiciones favorables para que los productores cuenten con plena libertad para asociarse y desplegar prácticas económicas que les permitan alcanzar la autogestión.
La modernización de los agentes económicos tiene uno de sus principales sustentos en la multitud de nuevas formas organizativas y nuevas prácticas económicas que han madurado a lo largo de los últimos 20 años en las diversas regiones del país. Son estos avances organizativos que se expresan en la multiplicación de organizaciones de nivel superior y de aparatos económicos en manos de los propios productores, los que conforman las posibilidades reales para que los campesinos tomen el control sobre su proceso productivo, lo diversifiquen y lo consoliden.
La modernización y la participación social requieren necesariamente abordar la problemática del ejido. El ejido contemporáneo frente a las adversas condiciones económicas, no sólo ha procurado mantener productivas sus tierras, sino que ha realizado avances muy notables, con crédito y sin él.
La modernización del ejido demanda del Estado una clara política; en este contexto el objetivo central es consolidar un ejido con plena libertad para organizarse con propiedad efectiva de los medios de producción y por tanto con autonomía para decidir sobre sí mismo. Aquí ya se ha definido qué es el ejido y la comunidad indígena, también aquí se ha dicho qué es un ejidatario, qué es un ejido y el ejido está dividido en una área parcelada de riego o de temporal, a veces de las dos clases.
También tiene tierras de agostadero o bosque y en algunos casos zonas turísticas y hay explotación común; también escuchamos que existe un solar que es un lote de terreno en la zona urbana ejidal y eso nos lleva a reflexionar sobre lo que es un terreno de agostadero que se explota en común. Yo vengo de las zonas semidesérticas del país donde existen esa clase de explotaciones de uso común y la ley nos dice y nos dice la iniciativa, que los ejidos que se exploten en común y si así lo desea, así pueden permanecer y que también el solar se respetará y que el que desee enajenar su parcela cuando adquiera la propiedad plena o el pleno dominio, puede hacerlo.
Yo entiendo que de adquirir la propiedad plena un ejidatario, tiene todo el derecho de adquirirla y, por lo tanto si están de acuerdo las dos terceras partes de inmediato por naturaleza el ejidatario empezará a aplicarle los recursos que tenga y tratará de hacerla más productiva y también pienso en la tierra que sigue siendo ejidal, donde no se adquiere la propiedad plena y que sigue siendo explotada por todos los ejidatarios, pero esa propiedad para poderla traspasar entre sí creo que debe de quedar reglamentada, creo que debe de quedar regularizada y ahí mi partido se permite presentar una propuesta de adición a la fracción VII, al párrafo 5o. y vamos a leerla para que ustedes la conozcan. "Dentro de un mismo núcleo de población ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales; en todo caso la titularidad de tierras en favor de un sólo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV".
Voy a hacer entrega a la Secretaría de esta propuesta para que le dé los trámites correspondientes. Esa sería mi intervención y muchísimas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Eloy Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática... ¿No se encuentra?...
Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Vera, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rafael Sergio Vera Cervantes: - Señor Presidente, compañeros diputados:
Vengo ante ustedes a hacer algunos planteamientos, con palabras sencillas, porque quienes por mucho tiempo hemos caminado en esos difíciles caminos de la lucha social por los campesinos, no podemos hablar más que a través del lenguaje que ellos nos enseñaron.
Aquí hemos escuchado excelentes exposiciones y hemos aprendido de todos.
Hoy México vive momentos de definición, de decisiones y aquí venimos a abordar esos importantes temas.
Un país que no produce lo que come, es un país donde peligra su soberanía.
El campo mexicano y en muchas ocasiones aquí se ha expresado, está empobrecido. Por eso nosotros vemos en esta ley que hoy estamos analizando y debatiendo, que propone uno de los caminos valientes para hacer producir esta tierra, para hacer producir los alimentos para los mexicanos.
Pero hemos escuchado también y hemos observado algunos temores. Tal parece que se piensa cuando se aborda la posibilidad de que cuando el ejidatario tenga que trasmitir sus derechos parcelarios a otro ejidatario o tenga que asociarse con terceros, tal parece que ahí se centran todos los temores de algunos compañeros.
Yo quiero referirles algunos hechos:
Vengo del estado de Oaxaca, uno de los estados más pobres de este país; sin embargo, ahí las organizaciones de los productores y los campesinos, han puesto en marcha su imaginación para hacer producir la tierra estéril. Ahí hace poco los productores de piña cultivaban 100 hectáreas; hoy cultivan 3 mil 500 hectáreas.
Hasta hace poco había una empacadora que procesaba la piña, que quebró en manos de la Comisión del Papaloapan, en manos de Agricultura, en manos del Banco Nacional de Crédito Rural y sin embargo, cuando los campesinos se organizaron, ejidatarios y pequeños propietarios pusieron en marcha, después de una amplia capacitación, pusieron en marcha esa procesadora y hoy ese grupo de mexicanos está produciendo y exporta a Corea, a Alemania, a España y a tres países más y los créditos que solicitó, los está pagando puntualmente.
Ahí está la demostración de que cuando hay trabajo, cuando hay acción creativa de los campesinos, éstos levantan cualquier empresa; allá no tenemos la asociación con los empresarios. Hace poco, en la región de la sierra, llegó un empresario ofreciendo a los dueños de los bosques, a los indígenas, una coordinación para explotar los bosques, instalar aserraderos y sacar el producto de los bosques.
Se reunieron los indígenas, discutieron el asunto, analizaron las propuestas y el Consejo de Ancianos presidido por el hombre más sabio del pueblo decidió que no había que hacer el negocio del aserradero con el empresario, las condiciones no eran favorables para el pueblo.
Pero se levantó de la asamblea un compañero y propuso que se pasara a votación la decisión. El viejo patriarca, lleno de sabiduría y lleno de inteligencia, dijo: no, porque si lo pasamos a votación, el trabajar con el empresario o no trabajar, de acuerdo a sus condiciones, nos vamos a dividir, unos van a votar a favor y otros van a votar en contra; hagamos conciencia con los
compañeros, platiquemos con ellos y volvamos a reunirnos con el empresario.
Así lo hicieron, hicieron conciencia, llegaron a un acuerdo, hicieron propuestas y hoy, en esa región escabrosa hay un aserradero que está produciendo bien para los indígenas de la sierra. Los indígenas son sabios, no es fácil engañarlos; aquel que proponía la votación, sin duda, tenía acuerdo ya, eso dicen, con el empresario por estafa y sin duda ya había ido a las grandes ciudades a contaminarse un poco de corrupción. No lo dejaron tomar la decisión, la tomó el pueblo, la tomaron los indígenas.
Por eso no hay que tener temores para asociarnos; lo que necesita el campo mexicano son inversiones. Lo que necesita es capital, lo que necesita es trabajo, lo que necesitamos es hacer producir la tierra. pero en esto tenemos que ir todos, no sólo ejidatarios. El campo mexicano está trabajado por ejidatarios, por comuneros, por pequeños propietarios que también son minifundistas y hay ejidatarios que han comprado pequeñas propiedades y hay comuneros que también son ejidatarios y hay pequeños propietarios que a pesar de ser estéril su tierra no la han vendido.
Sin embargo, hay ejidatarios que vendieron su tierra, hay ejidatarios que rentan su tierra, ésa es una realidad, una lacerante realidad del campo mexicano. Por eso esta ley tiene que reconocer esos hechos y esas acciones, por eso esta ley propone el reconocimiento de una realidad ¿y cómo?, ¿y a cómo vendieron su tierra los ejidatarios? La vendieron a precio irrisorio. ¿Por qué? Porque les quedaba una esperanza y a muchos de ellos conocemos; por una parte vendieron la tierra y por otra se anotaron en el grupo peticionario de nuevos ejidos. Ahí está la trampa y ahí está lo que no debe suceder.
Si hay realidad de que la tierra se renta, tenemos que reconocerla. La ley solamente no está promoviendo la venta de la tierra; la ley reglamentará la medianería, la renta, inclusive la venta para otros ejidatarios, por eso nos parece una ley avanzada.
El campo mexicano necesita crédito, necesita tractores, necesita fertilizantes, necesita riegos, necesita pozos; de otra manera estaremos atorados en el círculo de la simulación y del engaño. No puede seguir el campo mexicano importando 10 millones de toneladas de básicos de otros países, por eso hoy venimos a ratificar y a proponer el apoyo a esta ley que es visionaria, esta ley que libera a los campesinos. Por mucho tiempo decidieron otras instituciones lo que el ejidatario tenía que hacer; por mucho tiempo otras instituciones decidieron qué tenía que sembrar y el banco decidió cuánto tenía que darle por cada hectárea y el banco decidio cuánto tenía que entregarle de fertilizante y ahí se volvió el cuello de botella de la producción agrícola de nuestro país.
Seamos valientes y con valentía, con razones, con visión, abordemos el problema de la producción en el campo, por eso hoy venimos a decir que aquí estamos para analizar, para discutir y para apoyar esta visionaria ley. Hemos venido a debatir, por eso lamentamos que haya quienes le den la espalda a la discusión y al debate. Aquí hemos venido a responder por quienes nos eligieron, por los campesinos, por la clase media, por todos los que votaron por nosotros.
Señores diputados: hoy México vive momentos de definiciones y aquí tenemos que definir la lucha del campo y cómo hacer producir para que los hijos de los mexicanos tengan alimento oportuno y para que los mexicanos, los hombres, los jóvenes y las mujeres, tengan un futuro halagüeño y de seguridad. Muchas gracias. (Aplausos.)
A nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, me permito hacer esta propuesta:
Fracción VII. párrafo tercero. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.
Me permito entregársela, señor Secretario. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Eloy Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Eloy Vásquez López: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señoras y señores:
El asunto central que nos ocupa es la distinción que establece esta fracción, en relación con lo que son las áreas de uso común, lo que es el núcleo de población y lo que son las tierras de cultivo.
Es evidente, por el análisis estadístico, que la inmensa mayoría de los ejidos en nuestro país, en sus áreas cultivables se encuentran parceladas. Pero aún más, existen ejidos en donde las dimensiones de las parcelas son muy pequeñas y justamente en estados como el estado de Oaxaca, prácticamente el 70% de los ejidos o comunidades tienen parcelas menores de cinco hectáreas.
Una gran cantidad de ejidos y comunidades, si dejamos abierta la posibilidad de que se trasladen las parcelas entre ejidatarios, o aún más, de ejidatarios a particulares, pueden ser acumuladas en unas cuantas manos. Por eso nosotros nos oponemos, nos opusimos a la aprobación de esta iniciativa.
En la primera parte, es cierto, se reconoce constitucionalmente la existencia del ejido y de la comunidad y se establece la división que mencioné anteriormente, que se le da garantías al núcleo de población existente para que permanezca. Sin embargo, en una interpretación que puede haber, pudiera suceder que las tierras ejidales quedaran en manos de particulares.
Por eso coincidimos con quienes se han planteado que se reduzcan al 5% del total de las tierras parceladas o de labor, el máximo de tierras que puede acumular un ejidatario.
Señores, el ejido forma parte de la comunidad, que por lo menos en las zonas rurales de los estados del sur, es el asiento de una cultura que no solamente es indígena, también es mestiza en buena parte de las poblaciones de esas localidades.
Esa cultura que se caracteriza por la existencia de la asamblea comunitaria o ejidal, por la existencia de sistemas de cargos, por la existencia de sistemas de prestación de servicio comunitario sea éste obligatorio o voluntario y que en Oaxaca denominamos como tekio. Todos estos elementos que han dado fortaleza y unidad al desarrollo de la comunidad, están en riesgo en la medida en que se legitime la tendencia inversa que consiste en el establecimiento legal de los cacicazgos que por cierto también son una realidad en las zonas rurales de estos estados y principalmente en Oaxaca y también por cierto, tienen esos cacicazgos formas de legitimación política y relaciones de poder regional que a veces llegan a tener más fuerza que los propios partidos políticos y aquí ha hablado un dirigente de un partido político de Oaxaca antes que yo y no me dejará mentir que en ocasiones su central se ha visto rebasada en la práctica por las acciones de cacicazgos regionales que incluso llegan a agruparse al calor de siglas de centrales oficiales.
A esto hay que ponerle un límite, porque si bien es cierto que la iniciativa está pensada en función sobre todo de los ejidos productivos del norte y hay experiencias en el norte de Oaxaca también, como las que aquí se mencionaron, en donde la asociación de los ejidatarios con las empresas, en una empresa con el capital y con los pequeños propietarios, han sacado adelante la producción, lo cierto es que si no establecemos, límites es probable que en la asociación mercantil y en el manejo mercantil de la tierra ejidal y comunal, podamos asistir a un desmesurado crecimiento que puede redundar en la reimplantación de las haciendas.
Y no hay que olvidar que el ejemplo más claro de las haciendas del porfirismo estuvo asentado por ejemplo en Valle Nacional y ahí están los trabajos de John Kennet Turner, para poder ilustrarlos.
Hemos pensado entonces en presentar una propuesta que consiste en lo siguiente:
"Señor Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados por su atento conducto, la siguiente propuesta de adición de un texto diferente que quedaría como párrafo quinto de la fracción VII del dictamen que se discute en torno al artículo 27 constitucional, pasando los que en el dictamen se presentan como quinto y sexto a ser respectivamente, los párrafos sexto y séptimo de la referida fracción VII.
El texto del párrafo quinto que se propone es el siguiente: fracción VII. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de tierras de labor. Atentamente. Salón de sesiones del Recinto Alterno de la honorable Cámara de Diputados. México, Distrito Federal, a 6 de diciembre de 1991."
La propuesta entonces, plantea que para calcular la cantidad de tierra de la que puede ser titular un ejidatario como máximo, se tomen en consideración exclusivamente las tierras de labor y no la totalidad de tierras que en un momento dado tenga el núcleo de población. En general hay una coincidencia, se ha apreciado aquí, con
las propuestas de Acción Nacional y con algunas propuestas que ha hecho el Partido Revolucionario Institucional, aunque las ópticas son diametralmente opuestas y desde luego, nosotros no deseamos y es probable que expresemos la voluntad de una gran cantidad de ejidatarios, que los ejidos se reduzcan únicamente a 20 ejidatarios.
Nosotros, por lo menos los oaxaqueños, deseamos que siga habiendo ejidos grandes numerosos y que en todo caso, como se dijo aquí ya por el orador que me antecede, que lo que el ejido y sobre todo el oaxaqueño requiere, es una política de fomento que significa lo que hemos venido peleando los del Partido de la Revolución Democrática: subsidios suficientes para poder competir; maquinaria, crédito equipo, capacitación, recursos para la investigación; todo eso que se requiere en el campo, sobre todo en las tierras temporaleras, en donde los campesinos pasan las penurias que ya se han mencionado en varias intervenciones de los sureños. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Después de un largo debate y dada la hora, me toca, me corresponde y me he registrado para ello, tratar lo relativo a uno de los párrafos de la fracción VII del dictamen.
Ese párrafo se refiere a algo que es básico para el campesinado mexicano: el gravísimo problema de la justicia.
En la Revolución Mexicana, alguien le preguntó a Madero que el pueblo tenía necesidad de pan. Madero contestó que lo que el pueblo ansiaba y tenía necesidad, era necesidad de justicia, de libertad.
Y la justicia agraria es uno de los gravísimos problemas que ha confrontado el problema del campo en el país. Basta saber el tiempo que llevan arrumbados en los gabinetes de los organismos de la Reforma Agraria, los grandes problemas de miles, de miles de campesinos mexicanos que todavía están esperando resoluciones.
Y por supuesto que la iniciativa resuelve el problema. La iniciativa prevé la solución del problema y establece en la fracción VII, la posibilidad de que la Ley Reglamentaria, instituya tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, no dice cuales, nada más dice que instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, van a crearse tribunales agrarios, la Ley Orgánica va a establecer Tribunales agrarios con una organización especial quizá, porque la iniciativa no lo dice, una ley que establecerá el número de tribunales necesarios para atender las controversias que en materia agraria se susciten.
Bueno, pues mi planteamiento es que estos tribunales sean precisamente los del Poder Judicial Federal, primero por la autonomía. A mí no me convencen los tribunales donde los magistrados y jueces son propuestos por el Presidente de la República y sean aprobados por la Cámara de Diputados y por el Senado; al final van a ser los que determina el Presidente de la República, de entre los propuestos por él, como pasó en materia electoral y ya vemos los resultados. (Aplausos.)
Y además de la independencia ya tenemos toda una estructura en el Poder Judicial Federal y tenemos dos instancias, tenemos los juzgados de distrito y tenemos los tribunales unitarios de circuito, tribunales unitarios en materia de apelación y además, por supuesto, la doble función de los tribunales federales, para justicia ordinaria y en materia de amparo también y ya tenemos en el Poder Judicial Federal la especialización, tenemos tribunales perfectamente especializados en materia agraria, contamos con toda la infraestructura necesaria para que a la aprobación de las reformas, puedan perfectamente entrar en funcionamiento los tribunales federales.
Y además, señores, a mí me agrada la propuesta de un compañero del Frente Cardenista, la creación de la Procuraduría para la defensa de los campesinos, complementando el Poder Judicial con la Procuraduría y además si en la legislación secundaria se establece la suplencia en la deficiencia de la queja, como ya existe en materia de amparo y como ya existe en materia laboral, tendríamos además la inmediatez en la impartición de la justicia. ¿Cuándo va a llevar a cabo la aprobación de la Ley Orgánica, de estos tribunales autónomos que dice que la ley va a instituir?, ya el Poder Judicial ya lo tenemos.
A mí lo que me preocupa con estos tribunales autónomos, es que a las comisiones agrarias mixtas le quiten el rótulo, comisiones agrarias mixtas y le pongan el rótulo de Juzgado Primero en Materia Agraria, con el mismo personal, los mismos vicios, la misma corrupción.
¿Saben ustedes, los que han estado en las delegaciones agrarias, lo que sufre el campesino mexicano? ¿Saben ustedes con qué facilidad en los cuerpos consultivos agrarios, se cambian los dictámenes? A mi me consta, dictámenes formulados en favor de ejidatarios en materia de dotación de tierra, favorable, por una llamada del centro de un día para otro, se ponen en la madrugada a trabajar los abogados, para cambiar los dictámenes en sentido contrario. Van a estar, señores, dependientes del Ejecutivo, no vamos a tener lo que dice la Constitución, de tribunales autónomos como dice la Constitución en el proyecto que se presenta, tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción.
¿Que tiene fallas el Poder Judicial Federal? ¡Sí, sí las tiene! Hay fallas en el Poder Judicial Federal, pero las fallas serán menores que las que vamos a encontrar en los tribunales agrarios que van a estar al control absoluto de la autoridad central del Poder Ejecutivo, aunque la Constitución diga que estarán dotados de autonomía y plena jurisdicción.
Por ese motivo y para no agotarlos en más argumentación, establezco una sencilla modificación a este párrafo:
Cuando dice:"...la propia ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción...", yo propongo que diga:"...para estos efectos y, en general, para la administración de la justicia agraria, la Ley Orgánica de la Ley Judicial Federal creará las competencias respectivas".
Dejo por escrito la propuesta. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Había solicitado el uso de la palabra con el propósito de proponerles a ustedes una modificación a esta fracción VII, en el párrafo que se refiere a los tribunales agrarios. La haré; sin embargo, creo que es conveniente compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a los comentarios que recién acaba de hacer el diputado Juan de Dios Castro.
Sus comentarios, atinados, expertos, como siempre, mientras lo oía me recordaron un viejo debate que existe en la teoría constitucional de la corriente judicialista, a la que definitivamente el diputado Juan de Dios Castro se afilia y una corriente nueva que ha impulsado la creación de tribunales administrativos autónomos y dotados de plena jurisdicción.
Este es un debate no muy viejo por cierto en la doctrina mexicana; sin embargo, existen antecedentes importantes y corrientes y posiciones en ambos sentidos, bien fundados en los dos casos, que no voy a cansarles a ustedes con ellos, pero sí voy a hacer algunas reflexiones.
En nuestro país es reciente prácticamente la experiencia de los tribunales administrativos. Hay ciertamente dos experiencias del siglo pasado: una en 1853 y otra en 1865, donde se constituyeron, a semejanza del Consejo de Estado Francés, que es el primer tribunal administrativo del mundo, los consejos de estado, pero que prácticamente no tuvieron funciones.
La experiencia más importante en los tribunales administrativos, se encuentra en 1936, cuando el general Lázaro Cárdenas, a través de una decisión que por cierto fue muy criticada en la doctrina porque con base en las facultades extraordinarias que tenía para legislar en la emergencia, creó también este Tribunal Fiscal de la Federación y que fue atacado por mucho tiempo por anticonstitucional.
Pero fue la primera experiencia importante de un tribunal administrativo y a pesar de las críticas, no solamente las referidas a la inconstitucionalidad, sino a pesar de las críticas que se hicieron a este tribunal. Este tribunal hoy es uno de los tribunales más exitosos que tenemos en materia administrativa.
En 1968 se constitucionalizan los tribunales administrativos y han sido un éxito. Sin embargo, los tribunales en México no funcionan, como funcionan en Francia, en Italia o en España, por ejemplo, sino que aquí hay una función de carácter híbrida, porque finalmente tienen una facultad delegada...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Señor Presidente: ¿me permite apuntarle y preguntarle al orador si acepta una interpelación?
El Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación?
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con mucho gusto.
El Presidente: - Sí, la acepta.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Y que me descuenten el tiempo.
El Presidente: - No hay problema de tiempo.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Señor diputado: es muy interesante lo que usted propone y lo que usted cita acerca de la primera experiencia de tribunales administrativos en la época de Lázaro Cárdenas.
Quiero hacerle una pregunta: ¿usted cree que en la época de Lázaro Cárdenas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto tribunal del país, gozó de autonomía? Gracias.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Mire, siempre que se analiza la época del general Cárdenas, es una época que tiene una serie de complejidades históricas, que tiene una etapa muy rica de los movimientos sociales campesinos y que por supuesto ha sido uno de los puntos que se han criticado por la doctrina acerca de la independencia de la Suprema Corte y yo creo que sí la tuvo; que sí la tuvo.
Pero no viene al caso el comentario, diputado Juan de Dios Castro, sino lo que estamos aquí hablando es de la experiencia de los tribunales administrativos en México y cómo, a pesar de las críticas de aquellos que eran proclives al sistema judicialista, este tribunal ha funcionado y ha funcionado muy bien y en 1968, decía, se constitucionaliza, pero se constitucionaliza dejando, finalmente, al Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia, la posibilidad que a través del juicio de amparo casi la resolución que tenga el tribunal administrativo.
Esto lo digo porque yo vengo a apoyar la propuesta como está considerada en el dictamen que estamos discutiendo, porque veo ventajas muy importantes por el hecho de que sea un tribunal de carácter administrativo.
Hay muchos elementos que me permiten justificar el porqué debe mantenerse como un tribunal administrativo. Voy a empezar con el que yo considero que es el más importante.
Hablamos de la desigualdad en el campo; hablamos de que en el campo hay todavía pobreza extrema; hablamos de que hay campesinos, sobre todo campesinos indígenas, que no saben el español, que tienen muchos problemas a la hora de la administración de justicia, problemas que reconocemos y que hemos reconocido y que incluso, por cierto, la legislatura pasada aprobó una reforma con el propósito de que hubiera intérpretes de la lengua de estos indígenas, con el propósito de evitar que les fueran vulnerados sus derechos humanos.
Estos problemas del campo, que van a tardar mucho tiempo para que se puedan equilibrar, para que pueda haber condiciones mejores de igualdad para todos, son la principal base para mantener los tribunales como tribunales administrativos. Porque si nosotros incorporáramos los tribunales al Poder Judicial, se tendrían que tener todas las reglas del procedimiento que está establecido para el Poder Judicial Federal.
Y aquí hay un aspecto importante que tenemos que tener presente. Decía Piero Calamandrei, uno de los más importantes procesalistas italianos, que el proceso debe de conformarse con las exigencias de su objeto. Es decir, que es el espíritu que se adapta al cuerpo y aquí no podemos olvidar que el derecho agrario es derecho social, es un derecho que tiene como propósito fundamental equilibrar las desigualdades que existen entre los distintos actores, en este caso los campesinos. Por lo mismo, el tribunal o los tribunales agrarios deben ser tribunales con un procedimiento distinto al de Poder Judicial Federal; debe ser más flexible, debe de ser más sencillo, debe de ser más ágil, debe de establecer una serie de principios que la doctrina de derecho procesal conoce muy bien, debe establecer el principio inquisitorio; es decir, el impulso de oficio y que debe tener como propósito que el juez conozca la verdad material; debe de haber ausencia de formalismo, debe de haber una protección especial para los débiles, debe de existir lo que Couture llama la igualdad por compensación, o lo que Calamandrei decía: "hay que dar preferencia a la equidad sobre la pura legalidad". Por esa razón, por esa fundamental razón, se debe de mantener a los tribunales agrarios en el ámbito distinto al del Poder Judicial Federal.
La propuesta que yo traigo a consideración, es modificar la fracción VII, con el propósito de trasladar los aspectos relacionados...
El diputado Tomás González de Luna (desde su curul): - Señor Presidente, ¿me permite hacerle una interpelación al compañero?
El Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación?
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con mucho gusto.
El Presidente: - Puede usted hacerla.
El diputado Tomás González de Luna (desde su curul): - Mi pregunta es que ¿si usted está abogando por un tribunal con una característica semejante a los tribunales laborales?
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Así es, con características similares a los tribunales laborales; tendríamos que ver las características en la ley reglamentaria, ése será un punto que tendremos que ver. Yo quiero decirle que yo soy de los que se adhieren a la corriente de que incluso la sala laboral de la Suprema Corte de Justicia debería de transformarse en lo que se conoce como la sala social, para que el amparo agrario no lo vea como en estos momentos lo ve la sala administrativa, sino que se debería de conformar una sala de carácter social, donde se viera lo laboral y lo agrario.
Decía entonces, que la propuesta es mover de la fracción VII los puntos referentes a los tribunales administrativos e incorporarlos a lo que actualmente es la fracción XIX, porque ahí se encuentran en estos momentos los párrafos que se refieren a la justicia agraria. Creo que desde la técnica jurídica, serio más adecuado que este párrafo que se refiere a la justicia y a los tribunales agrarios, se encuentre en la fracción XIX.
Propongo además una adición que va también en consonancia con una de las preocupaciones de don Juan de Dios Castro, en el sentido de que no le cambiemos nada más a las comisiones agrarias mixtas el rótulo, sino que efectivamente creemos tribunales agrarios independientes, autónomos, imparciales. Esa es una preocupación que nosotros también compartimos con usted, diputado Juan de Dios Castro. No creemos que ésta sea una medida de simulación. Nosotros pensamos que para poder darle un impulso importante a la reforma agraria, la justicia agraria debe de funcionar, porque uno de los aspectos importantes y capitales en el campo es precisamente la certeza y la seguridad jurídica; la certeza y la seguridad jurídica que deben de contar todos los actores agrarios, los ejidatarios, los pequeños propietarios y ahora también los capitalistas que van a intervenir en el campo.
Y por eso, nosotros creemos que esto sí debe de avanzarse y por eso, como creemos que uno de los aspectos importantes de la autonomía y de la independencia es el procedimiento de designación de los jueces, estamos proponiendo una visión con el propósito de que los magistrados que integren estos tribunales sean propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.
Yo creo y aquí fíjense ustedes en la propuesta, no es que los nombre el Ejecutivo Federal, como actualmente sucede en el caso de los miembros del Poder Judicial Federal, los ministros de la Corte o los miembros del Tribunal Fiscal de la Federación, donde los nombra el Presidente y los ratifica el Senado. Aquí la propuesta es que los proponga el Presidente y sea el que los designe el Senado; esto nos llevará a que en la ley reglamentaria tengamos que ver cuáles son las formas de designación y yo no creo, como decía aquí don Juan de Dios Castro, que fracasó el sistema de designación de los funcionarios de magistrados Electorales, yo creo que se hizo un excelente ejercicio que permitió un consenso y un análisis muy exhaustivo de los magistrados electorales y eso fue precisamente porque se siguió un procedimiento similar donde presentaba una lista amplia y finalmente era la cámara la que decidía de esta lista amplia.
Yo no digo que ése sea el procedimiento que se va a hacer, digo que el procedimiento en el campo electoral funcionó porque incluso ustedes recordarán que se requiere las dos terceras partes y que tuvimos que votar juntos en esa propuesta. Entonces yo creo que esta propuesta va a incidir en la autonomía, la autonomía y la independencia de un miembro del Poder Judicial material o formalmente no consiste en que esté fuera o no de la órbita del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, porque, además, la autonomía no es la autonomía con relación al Poder Judicial, sino también es en relación al Poder Ejecutivo y hay muchos aspectos que la doctrina ha analizado referentes a cómo poder aumentar la independencia y la objetividad de los jueces y no está de ninguna manera relacionada con el vínculo que tenga ese tribunal con otro órgano del Estado, si no es por una serie de garantías que se llaman las garantías jurisdiccionales del juzgador.
En ese sentido, me voy a permitir leer la propuesta de cómo quedaría la fracción XIX: "Con base en nuestra Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos
de poblaciones, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra, de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y en general para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente". Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene usted la palabra, señor diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Cuando hice la interpelación al señor diputado Amador que cuál era su opinión sobre si la Suprema Corte de Justicia, el más alto tribunal del país, había sido o no independiente en la época del General Lázaro Cárdenas, porque fue el ejemplo que él dio del primer experimento de tribunales administrativos, pues, señores, recientemente hay una obra editada: "Homenaje a Manuel Herrera y Lazo" de la Escuela Libre de Derecho y hay un estudio acerca de las perspectivas del Poder Judicial Federal y en ese estudio, Diputado Amador, escrito por un ministro de la Corte, Mariano Azuela Huitrón, hace la afirmación categórica en ese período en el que usted dudó antes de contestar sí o no, de si la Corte era o no independiente, manifiesta que no hubo en las últimas décadas, un período en que la Corte hubiera gozado de menos independencia precisamente que en esa época.
Imagínese los tribunales administrativos por el Poder Ejecutivo, dice usted, nombrados, propuestos por el Presidente con autorización del Senado; bueno, pues el Senado les va a aprobar, ¿quién tiene mayoría en el Senado?, ustedes y quien propone el Presidente de la República, ¿serán realmente autónomos esos magistrados propuestos por el Presidente? Yo diría que entre más lejos del Ejecutivo, mejor.
Pero hay algo más, señor diputado, usted dice que en los tribunales electorales, la experiencia demostró que habían funcionado muy bien y tiene usted razón, los tribunales electorales funcionaron muy bien en beneficio de ustedes.
Más todavía, tribunales electorales con disparidad de criterios, que sería otra de las ventajas de que fueran tribunales de la Federación los que manejaran los asuntos agrarios.
El Presidente: - Diputado, ¿acepta una interpelación?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Como no, con todo gusto.
El Presidente: - Acepta.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Yo quisiera preguntarle al diputado Juan de Dios Castro, quién estuvo pendiente, si tuvo información de su partido cuando se discutió este procedimiento y cuando aprobó el nombramiento de los magistrados, porque aprovecho para hacer una aclaración, yo no dije que funcionó muy bien el tribunal y ahí están las actas; yo dije que funcionó muy bien el procedimiento de designación y afirmé: funcionó tan bien y entonces ustedes votaron con nosotros, eso fue lo que yo dije.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Fue la decisión de los tribunales electorales un acierto o no, ciertamente mi partido apoyó esa reforma constitucional, esa reforma constitucional que creaba a los tribunales federales electorales con designación del Poder Ejecutivo y con las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, pero usted no la está proponiendo así; usted está proponiendo que sea el Senado, no la Cámara de Diputados y dígame si en el Senado existe la misma representación que en la Cámara de Diputados, un senador de oposición por parte de Acción Nacional, un senador de oposición por parte del Partido de la Revolución Democrática, dos, perdón; dos, tres senadores y todos los demás del Partido Revolucionario Institucional.
Señores, no vamos entrar en el proceso electoral si ganaron o no, no, nos meteríamos de nuevo en un debate del Colegio Electoral que distraería el tema de este debate. El tema de este debate es que estoy planteando que sea el Poder Judicial Federal y mal que bien el Poder Judicial Federal tiene una unificación de criterios; los tribunales federales en materia electoral, vimos en el Colegio Electoral las resoluciones de una sala distinta a la otra, señores, por una razón: porque no tenían jurisprudencia en esa materia.
Además, otra ventaja del Poder Judicial Federal es la carrera judicial, los jueces saben de una organización tal que permite la carrera judicial en el Poder Judicial Federal. Y otra más, señores, que garantiza la independencia de este poder: la inamovilidad judicial.
El señor diputado Amador, al entrar en este tema hablaba de que se requería... Las que usted quiera, señor.
El Presidente: - Acepta.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello (desde su curul): - ¿Conoce usted en qué renglón de la administración del Poder Judicial se registra el mayor rezago en los tribunales colegiados?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - En todos los renglones se refleja rezago.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello (desde su curul): - Pero particularmente en el agrario, señor diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Sí señor, por eso mi modificación dice "no basta con Poder Judicial Federal", señor, no escuchó bien la modificación que propongo; la modificación dice: "creará las competencias respectivas" y crear las competencias respectivas, implica, señor diputado, incrementar el número de juzgados de distrito en materia agraria que sean necesarios para poder atender los expedientes en esta materia. Implica incremento de presupuesto para el Poder Judicial, implica jueces nombrados dentro del Poder Judicial, formados en el Poder Judicial, con inamovilidad, con independencia de criterio, con jurisprudencia, lejos, muy lejos del Ejecutivo.
Y ciertamente, señor diputado, usted quiso plantearme, cuando hablé yo de los tribunales electorales, una disyuntiva: si su partido aprobó la reforma tiene que ser buena. Sí, sí es buena, la reforma es buena, señor diputado, cuando presupone algo, la democracia, la mejor ley del mundo en un régimen antidemocrático que no funciona. Magistrados propuestos por el Ejecutivo, con una mayoría que vota por las decisiones del Ejecutivo, no funciona aunque la ley sea buena.
¿Qué pasó con los organismos del Instituto Federal Electoral? Pues sencillamente todos los funcionarios priístas que antes manejaban la elección, ahora la manejaron en los organismos del Instituto Federal Electoral con sueldo.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
El Presidente: - Una interpelación.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - La acepto.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Señor diputado, usted está criticando la propuesta, bueno, otras muchas cosas más, pero está criticando la propuesta del nombramiento que yo estoy haciendo, dice que el Poder Judicial Federal es independiente, etcétera etcétera, quiere decirme, ¿cómo se nombran o se designan los ministros de la Corte, por favor?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Sí señor, con todo gusto. Dije, señor diputado, que la disposición de la ley es buena cuando se presupone un régimen democrático. Los ministros de la Corte los propone el Ejecutivo, usted lo sabe bien y va a decirme: aquí también los propone el Ejecutivo y con aprobación de una de las partes del Poder Legislativo; dice: aquí también, nada más que con una enorme diferencia.
El Poder Ejecutivo tiene vinculación directa con los nombramientos de los ministros, es una reforma que debe hacerse a la Constitución para mejorar la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, se me ocurre, que no se permitiera que alguien que llega a ministro de la Corte pudiera ocupar después cargos políticos, porque el mayor anhelo de un jurista se vería satisfecho con formar parte del tribunal más alto de la nación.
Pero lo que ocurre en el Poder Judicial, señor diputado, es que normalmente con los nombramientos de jueces no interviene el Poder Ejecutivo y aquí los magistrados que usted propone de los tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, estarían estrechamente vinculados con el Ejecutivo. Además, en el Poder Judicial Federal, con todas sus fallas, existe un sistema de vigilancia y visitas que reduce con mucho la actuación indebida de muchos jueces de distrito.
No abundo más por razones del tiempo que ya se agotó, pero la propuesta que nosotros mantenemos no impide, como decía el señor diputado, la existencia de procedimientos especiales que puede establecer la ley secundaria y lo que usted señaló, lo señalé yo también, la necesidad de que la suplencia de la queja opere también en la ley secundaria pero en los tribunales del Poder Judicial Federal. Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, el señor diputado Pedro Ojeda Paullada.
El diputado Pedro Ojeda Paullada: - Señores diputados, indudablemente que llegar a merecer la calidad de juez, ya no digo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es uno de los más altos honores que puede tener un hombre, porque juzgar es algo que trasciende, es algo que sólo porque la sociedad necesita alguien que ocupe ese papel, puede encargarse a un ser humano, sin que se dude si éste tendrá la aptitud para poder impartir justicia.
Pero toda vez que resulta absolutamente necesario que toda sociedad tenga juez, debe presuponerse también que la sociedad debe estar en capacidad de organizarse y de tener tribunales capaces de impartir justicia.
Cuando se decía aquí que hubo una experiencia positiva que arrancó desde 1936, en donde en la época en que era presidente de la República el general Lázaro Cárdenas y a quien desde luego se le debe el mérito de haber oído voces de juristas muy significativos que ocupan un lugar destacado en la historia de este país, para formar el Tribunal Fiscal de la Federación y cuando sabemos que se hablaba de la defensa del particular frente a la administración y que para ello se hizo ni más ni menos que un tribunal cercano a la propia administración, pareció eso algo absurdo para algunos; hoy la historia nos dice que es uno de los aciertos de los cuales estamos orgullosos, y claro está que ese juicio público merece el apoyo no sólo del foro nacional, muy ampliamente representado aquí a través de algunos diputados, sino también a nivel nacional.
Si eso es cierto y si se ha dicho aquí que tenemos alguna conciencia de un derecho social que nosotros fuimos capaces de crear, no veo por qué el talento político de los mexicanos no pueda permitir ahora que exista un tribunal autónomo para el derecho social agrario. Quien presuponga que no seremos capaces de ello, tiene una idea muy pesimista de las capacidades de nuestro país. Aun cuando hayan existido múltiples fracasos, si así se les quiere llamar, de instituciones que no han dado todo lo que podría aspirarse de ellas, pero resulta inaceptable pensar a estas alturas, que hoy ya no podemos hablar de nuestra capacidad de organizarnos bien, sobre bases honorables, para impartir justicia social.
El análisis sobre Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el Poder Judicial Federal, no se ha hecho aquí, pero sí valdría apuntar que desde luego todos sabemos que los tribunales federales generalmente se ocupan de la aplicación de leyes federales, pero fundamentalmente de nuestro juicio de amparo, orgullo nacional y que si bien hay tribunales federales en materia penal, son pocas las materias administrativas que se ventilan en los tribunales federales permanentemente y lo saben bien los señores abogados aquí presentes. Por lo tanto, no parece desde luego lo mejor, nutrir o llevar a la Corte este tipo de tribunales de plena jurisdicción, que tendría que analizar el asunto complejo y que dejaría además viva toda la fuerza del Poder Judicial Federal, a través precisamente de nuestro juicio de amparo.
Decir que no podrá ser honorable un juez porque es propuesto su nombramiento por el Ejecutivo, decir que el sistema de nombramientos del Poder Judicial Federal garantiza todo lo garantizable, son cuestiones muy delicadas que recientemente y de manera informal, con algún distinguido diputado aquí presente comentábamos en ocasión del inicio de las sesiones de esta legislatura.
No cabe duda que tenemos que proclamar que si México tiene capacidad como país, puede declarar en la constitución que tiene capacidad de crear un tribunal autónomo para fijar el derecho social a nivel federal. Si no fuera así, pobre México. Muchas Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juan Hernández Mercado: - Compañeras y compañeros diputados:
Se está argumentando en estos momentos sobre la administración de justicia y es importante tomar en consideración de qué manera el proyecto que se ha presentado por las comisiones conjuntas aborde el problema del Estado y de la impartición de justicia.
Encontramos, en esa parte de las consideraciones, que se retoma de alguna manera al Constituyente de 1917 y se afirma: Nuestra norma fundamental consagra la propiedad de la tierra y la regulación de ésta, como instrumentos que han de permitir un mejor logro de los fines superiores del Estado: libertades, democracia, justicia y soberanía.
Aquí debe de puntualizarse que son claros los fines de un estado, en la misma proporción en que éste, no sólo enuncio, reconoce los errores cometidos y la realidad existente.
Pero estos fines se vuelven oscuros, se vuelven dolosos, en la medida en que se oculta o se deforma esa misma realidad.
Encontramos grandes consideraciones, se reconocen las situaciones de extrema pobreza, se plantea el hecho de la incapacidad del Poder Ejecutivo para desahogar los litigios y las solicitudes agrarias, por medio de la Secretaría de la Reforma Agraria, los consejos consultivos y de las comisiones agrarias mixtas. Ahí demostró la inoperabilidad de la dependencia de la administración de justicia agraria, unida directamente al Ejecutivo. Ahí está probada su total incapacidad.
El rezago agrario, las resoluciones a veces tergiversadas intencionalmente, han demostrado el nivel de corrupción en que ha caído el Poder Ejecutivo y ahí reconocen esas consideraciones su plena incapacidad en ese ramo de administración.
Si éstos fuesen los únicos problemas que enfrenta el agro, sería franca y sería honesta en esas consideraciones y habría claridad en estos fines que se mencionan del Estado. Pero se han soslayado los problemas que tienen igual importancia, como son, dentro del campo, el alto índice de mortalidad que existe en esa área, la desnutrición que padece la mayor parte de los campesinos de nuestra patria, el analfabetismo, la deserción escolar, las tendencias migratorias; consecuencia del bracerismo, la baja escolaridad y la precariedad de los servicios públicos y de asistencia médica y el no poco frecuente problema social del alcoholismo, tan extendido en el área rural.
Esta omisión hace que los fines del Estado se vuelvan turbios, demasiado turbios. ¿Por qué no abordan eso? ¿Por qué no se abordó en esas consideraciones?
Se está planteando hacer una reforma económica al campo, pero los problemas que están atrás de esa situación económica están aquí: esa desnutrición, ese bajo analfabetismo, perdón, ese analfabetismo existe, son un freno para cualquier intento de reforma. No puede haber un cambio económico ni una reforma económica en tanto no se resuelvan los problemas atávicos de nuestra sociedad y ahí todavía presente si hay problema de la antidemocracia que impera en las comunidades; no hay mecanismos democráticos realmente funcionales, hay corporativismo, reconocido y manejado por el partido de Estado.
Cuando ya en forma específica del considerando, se plantea el nuevo orden jurídico para la potencialidad en el campo, los fines del Estado ya no son solamente turbios, alcanzan niveles de genocidio tolerado, al decir: Las reformas que se proponen al artículo 27 constitucional no traerán mecánicamente transformaciones súbitas en la agricultura mexicana; pero lo más grave es afirmar: ni el mejoramiento inmediato del nivel de vida de los pobladores de la zonas rurales. ¿Cuántas décadas van a esperar?, ¿cuántos años de explotación tendrán que padecer los campesinos para que realmente les lleguen las mejoras económicas?
Si no mal recuerdo, ha habido opiniones, sectores de estudiosos de la economía que han planteado una mejoría económica en diez años y serían los optimistas. Pero los pesimistas la plantean en 20 años. En esas dos décadas el costo social de mortalidad ¿quién lo paga? ¿el partido en el poder?, ¿el partido corporativista?, ¿el Ejecutivo que en tres años se retirará y buscará quien lo suceda en el poder con las mismas tácticas y las mismas tendencias y que tratará de imponerse por encima de la voluntad social, por encima de la sociedad civil? ¿Van a seguir los campesinos haciendo resistencia pacífica, resistencia a todas las formas de penetración y deterioro cultural que hasta hoy han padecido?
Yo creo que es descarado afirmar que ni el mejoramiento inmediato del nivel de vida de los pobladores de las zonas rurales se van a dar inmediatamente. Ni tan siquiera se puntualiza un tiempo. Es aquí donde sin cortapisa alguna, de ninguna especie, el Estado mexicano actual se declara fiel constructor e intérprete del modo neoliberal producto de las fuerzas e intereses ajenos a nuestras necesidades y realidad.
El Estado mexicano neoliberal es genocida en el momento en que acepta de modo natural y como espectador, la miseria, la desnutrición, los niveles de mortalidad en el campesino, el reconocer y validar esta nueva etapa de acumulación capitalista en el agro mexicano, así lo demuestra. Más no todo es apocalíptico, 60 años de partido de estado, dan experiencia, primero se institucionaliza la miseria rural y luego se inventa el Programa Nacional de Solidaridad, a fin de que el pobre consuma migajas de su propia riqueza.
Que quede claro que una reforma como la actual, aprobada por una mayoría calificada, no resuelve de manera inmediata ni mediata el problema del agro, queda de por medio el caciquismo, la corrupción, el corporativismo, el analfabetismo, la alta mortalidad, la baja escolaridad, la antidemocracia en las comunidades.
Con esta iniciativa se replantea algo importante: la esfera del deber ser, ¿Cómo debe ser la conducta del hombre? Lamentablemente en la práctica cotidiana, los vicios, la corrupción y las ambiciones no se destierran por decreto y esto debe entenderse o por una reforma constitucional, recordemos nada más que en el Constituyente de 1917 se plantea la reforma agraria y no se consigue sino hasta 1934, 17 años después. Es el retrato que existe, son las costumbres y los vicios que actualmente pueden repetirse y tal vez de manera amplificada.
Hoy la iniciativa de decreto y su considerando, hablan de justicia en el sentido amplio y en el
sentido estricto. En ese último la creación de tribunales agrarios y con relación a éstos, el Partido de la Revolución Democrática somete a su consideración la siguiente propuesta: "Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento Interior del Congreso General, por conducto de esta honorable Cámara de Diputados, se hace una propuesta de adición al último párrafo de la fracción VII del artículo 27 en estos términos. Para estos efectos en general, para la administración de justicia agraria, la propia ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, cuyos magistrados serán propuestos y elegidos por la Cámara de Diputados por un voto de las dos terceras partes, lo cual fácilmente podría realizar ahorita el partido de Estado.
Esperaría que esto realmente no ocurriera. Respetándose en todos los procedimientos de estas instancias la suplencia de la queja. Se ha dicho aquí que los campesinos son muy listos, que son muy inteligentes. Y el analfabetismo ¿dónde está. Esa es una limitante, esa suplencia de la quejas debe estar presente y debe facultarse para que todas las instancias haya una tutela, una tutela porque ellos podrán sobrevivir. Bueno eso sí creo que sean listos porque tienen que sobrevivir, la necesidad los tiene que hacer así, pero para el manejo jurídico y los tecnisismos, ahí sí hay problemas y eso debe rescatarse, la suplencia de la queja en todas las instancias y en todo tipo de nivel en que se presente.
Esta adición no sólo le da un nuevo perfil a magistrados en materia agraria. También abre una nueva forma de relación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en materia de administración de justicia.
Asimismo con respecto a la Ley Reglamentaria deberían de contemplarse más que como tribunales, como salas regionales.
¿Van a ser tribunales al estilo que existe para la legislación laboral? Deben ser más bien salas, salas establecidas por regiones.
Aquí ya el Partido del Frente Cardenista mencionaba una procuraduría del campesino. Debe ser, y aquí hay de alguna manera una coincidencia, una procuraduría social del campesino, pero como una instancia previa de conciliación con facultades resolutivas sobre la problemática agraria, sea de límites, sea de propiedad, de coacción, de explotación o renta. Esta procuraduría resultaría benéfica tanto para hacer un primer análisis del problema expuesto, así como para su posterior canalización y seguimiento en la instancia superior.
El que se dé una justicia pronta y expedita en materia agraria, así como su concreción a corto plazo, está en poder de esta soberanía.
Esperamos que en el debate de la ley reglamentaria, prive un debate de razón y no la sombra del Ejecutivo o los intereses particulares por encima de la realidad del campo. Gracias.
El Presidente: - Para hechos tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Gracias, señor Presidente.
Proponer que las controversias se resuelvan por conducto del Poder Judicial, el poder establecido en la Constitución precisamente con ese objeto; proponer que los tribunales dependan de un sistema integral de impartición de justicia que no por tener en unas materias o en otras más o menos atributos sociales, no es desconfiar de la capacidad de los mexicanos; por el contrario, es confiar a tal grado en la capacidad de abogados y de jueces en México, que son capaces de tener una autonomía tal respecto del Ejecutivo, que conforme al Constituyente, integran un poder propio.
El problema de no creer en la capacidad de los mexicanos, no es de parte de quien propone que los tribunales agrarios dependan del Poder Judicial; ahí sí no sólo con autonomía, sino con plena y constitucional separación del Poder Ejecutivo. El problema viene, más bien, de quienes no confían en esa capacidad de resolver controversias de los mexicanos y prefieren mantener los tribunales al amparo y tutela del Ejecutivo. En contradicción, además, con el principio y la orientación del sistema de separación de poderes.
Que lo diga un abogado abordando en torno de las proyecciones a futuro del derecho, aceptables; que lo diga alguien que ignore que la Suprema Corte conoce de derecho agrario, que tiene una sala especial, es explicable. Pero que se sostenga en esta tribuna que lo correcto en un sistema como el nuestro sea desconfiar del Poder Judicial para responsabilizarse, porque se dijo aquí carecería de los elementos para conocer en su esencia el derecho social agrario, es lamentable. Que lo diga alguien que ha sido Procurador de la República, el abogado de la nación, ahí sí, ¡pobre México! (Aplausos.)
El Presidente: - Para alusiones , tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Ojeda Paullada.
El diputado Pedro Ojeda Paullada: - El respeto que le debemos tener todos los mexicanos a la Suprema Corte Justicia de la Nación, debe estar más allá de toda duda; sin embargo no han faltado a veces críticas injustificadas a este poder.
Todos sabemos que una de las cuestiones que nos enorgullecen, es el Poder Judicial Federal. Desgraciadamente, muchas veces de manera injusta se le critica, a veces en esta misma tribuna se ha hablado realmente en términos oprobiosos a cerca del propio poder y creo que lo que yo dije hace un momento, estaba perfectamente claro, que implicaba y que también expresamente se mencionó, nuestro respeto, no sólo mi respeto al Poder Judicial de la Federación, sino más allá de eso, mi admiración para todo aquel que ejerza la honrosísima y difícil tarea de ser juez y esto aplica también para los jueces de paz, para los jueces de primera instancia, para los jueces de todos los estados de la República, para los jueces de todos los niveles de la administración de justicia.
Y por lo tanto, como se demostraría claramente con sólo leer la transcripción de lo que dije, nada podía autorizar a nadie, decir que yo consideraría incapaz, técnicamente y orgánicamente, al Poder Judicial Federal, para organizarse de la manera que el propio tribunal quisiera establecer, porque también saben ustedes que cuando se ha cambiado la ley orgánica, a pesar de que es una función legislativa, eso se ha hecho invariablemente con una participación muy intensa y generalmente con una iniciativa en la que ha colaborado ampliamente el Poder Judicial Federal, que siempre ha merecido el respeto del Ejecutivo en esta materia.
O sea, que no vayamos a tratar de confundir a nadie con la explicación que hemos dado, en el sentido de que el Poder Judicial Federal tiene a su cargo fundamentalmente juicios federales de carácter penal, muy pocos juicios federales en donde solamente actúan particulares, como actor y demandado y el juicio de amparo.
En el caso de los tribunales agrarios, actuarían ejidatarios de derecho social, como la Constitución nos dice, lo entiendan unos de una manera o de otra, comunidades que también son de derecho social, como lo entiende la Constitución, y particulares quienes, como se dice muchas veces, son la trilogía que la revolución dio para la tenencia y explotación de la tierra, o sea, pequeños propietarios, comuneros y ejidatarios.
Entonces, tengan clara la perspectiva de que habrán unos tribunales en donde no van a contender la administración y el Ejecutivo, por un lado y por el otro quién sabe quién, sino que actuarán las partes, que van a ser lo que dice ese proyecto del párrafo séptimo que pasaría a otro lugar; en donde son los problemas que existan entre comunidades, comunidades con ejidos, ejidos con comunidades, comunidades y ejidos con pequeños propietarios y esa materia, así como alguien vino a decir que merece ser juzgada socialmente, sí hay doctrina, sí hay jurisprudencia y hay concepciones concretas de cómo se deben resolver, incluyendo las referencias que vengan al caso, precisamente de la Ley de Amparo, con respecto a la suplencia de la queja que la propia Suprema Corte de Justicia ejerce en materia agraria y otras cuestiones más que deberíamos de conocer todos y que, desde luego, no debemos confundir y menos revolver una cuestión con otra.
El hecho de que aquí tuviéramos unos tribunales autónomos, como dice este documento y habría que analizar lo que significa autónomo, no dice dependiente, dice autónomo, en donde se analice profesionalmente, ése, el sentido social que la materia implica para decir el derecho y de ahí ante las posibilidades de error de cualquier tribunal, ya sea el Tribunal de la Corte, de los que están en el Poder Judicial Federal, ya sea cualquier tribunal del mundo podrá acudir a esa honrosa Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto a sus juzgados de distrito, como a sus tribunales colegiados unitarios o a la propia Suprema Corte.
No faltará algún maestro de derecho que recuerde que hemos cometido, según él, muchos errores; primero, al crear los colegiados en 1951, cuando muchos se espantaron y luego, ante el rezago cada vez mayor e inmanejable, se tuvo que considerar, según aquellas personas, como un mal necesario y ahora tenemos muchísimos tribunales colegiados. Pero todavía hay quien dice que hay muchas pequeñas supremas cortes y que ya se destrozó quién sabe cuál principio.
Pero a esa Corte, a la que yo respeto y admiro, aunque tenga tantos colegiados y tantos problemas y posibilidades de jurisprudencias contrarias, todo ese problema, que no es fácil de resolver, no tiene por qué relacionarse con esto que estamos tratando como algo muy concreto, que yo diría muy sencillo si tenemos claridad en los planteamientos. Entonces no revolvamos. No vamos pues a emplear ningún sofisma ni ganar una discusión circunstancial. Vamos a preguntarnos si se puede o no organizar en este país un tribunal autónomo, capaz de manejar la materia agraria o no. Sí si se puede hacer, hagámoslo y ya. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Carlos González Durán (desde su curul): - Señor Presidente, ¿podría concedérseme la palabra para hechos?
El Presidente: - ¡Ah, perdón! Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos González.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea:
Quisiera contribuir a este debate con algunas reflexiones:
La primera. ¿Qué es ser juez? Ser juez es ser representante de la sociedad para aplicar el derecho vigente a un caso concreto.
Ser juez no quiere decir "resolver un caso caprichosamente ni por azar". Ser juez quiere decir: "aplicar la ley aplicable y de la manera que es aplicable".
¿El derecho se aplica solo? ¡No! Para aplicar el derecho se necesitan jueces.
¿Pero cómo puede un juez dictar sentencia? Un juez puede dictar sentencia por diversos motivos: si vende la sentencia y es un juez corrupto, es por soborno. Si es un juez que carece de integridad y es servil, entonces dicta la sentencia por consigna.
El Presidente: - Señor diputado, un momento, por favor.
Solicito atentamente a los asistentes guardar silencio durante el debate, creo que el tema lo amerita.
El diputado Carlos González Durán: - Si es un juez que carece de acuciosidad, entonces dicta la sentencia por haraganería.
Si es un juez que no tiene conocimientos, le da al caso la solución de otro caso por un tosco parecido. Si es un juez que tiene interés en el asunto y no se excusa, puede dictar la sentencia por odio con la "ley del embudo": a los amigos manga ancha, a los enemigos manga angosta.
La única condición que permite a un juez ser verdadero juez, es cuando dicta la sentencia con fuerza de convicción normativa.
La interpretación del derecho es como la interpretación musical; la calidad del derecho depende de la calidad del hombre, tanto en los legisladores como en los jueces.
Lo que puede permitir a un juez mejores condiciones para realizar íntegramente su independencia, es que su puesto no se lo deba al Poder Ejecutivo. Si su puesto se lo debe al Poder Ejecutivo, tenemos que repetir aquella frase de Luis Cabrera: "En México hay tres poderes distintos, pero un solo Dios verdadero". (Aplausos.)
Para garantizar la independencia del juez, se requiere que su designación sea por concurso de méritos. Ese expediente de los concursos de méritos podrían llevarse a cabo por la Comisión de Justicia de esta honorable Cámara. El nombramiento de este Tribunal de Derecho Social, que debe ser un tribunal de hombres íntegros, no debe depender del Poder Ejecutivo y en eso coincido con las propuestas de los compañeros del Partido Acción Nacional.
Considero, para terminar, que el Poder Judicial de la Federación es quien debe incorporar a su estructura judicial estos tribunales y los debe integrar, porque tiene un funcionamiento de desarrollo jurisprudencial y la jurisprudencia en la aplicación del derecho realiza muchas funciones positivas.
La aclaración de conceptos equívocos, la actualización para resolver los nuevos problemas, atender las nuevas valoraciones y un tribunal que no tenga criterios judiciales que le aclaren los problemas que se suscitan en la aplicación del derecho, es un tribunal proclive a la arbitrariedad. También acepto que estos tribunales deberían estar integrados dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación.
Y por último, este derecho social sí debe tener un capítulo característico de su procedimiento y en esto doy la razón al compañero del Partido Revolucionario Institucional que habló acerca de que los principios del derecho procesal en materia agraria, deben ser de un procedimiento sencillo, ágil, que tenga elasticidad, que sea un procedimiento que no sea tan técnico, que sea más acercado a la mentalidad del pueblo mexicano y que permitiera este procedimiento conservar y llevar en todos sus niveles el principio de suplencia de la queja; principio de suplencia de la queja que rescataría la oficiosidad del juez para hacer justicia, más allá de formulismos legales.
Entonces yo creo que la reflexión que se hace, si se hace para resolver los problemas, podría recoger algunos criterios de los distinguidos
abogados que aquí han participado. Pero sí entiendo que lo básico y principal sería que las designaciones de estos elevados funcionarios se hicieran aquí, que es una asamblea plural, a través de una comisión que también sea plural y que se requiriera un porcentaje de votación de las dos terceras partes de los presentes. Gracias por escucharme. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Salvador Valencia Carmona.
El diputado Salvador Valencia Carmona: - Expresaba, compañeros diputados y señor Presidente, con su venia, en el Constituyente de 1917, Jara, cuando se discutía precisamente el artículo 123, de donde nace un tribunal administrativo que ha trabajado bien, que quién podía dictar la pauta de las constituciones y del derecho, que cuántos capítulos, que cuántas letras, que qué extensión debía tener una Constitución; lo propio sucede con los tribunales.
Y vengo a hablar porque esta proposición de un tribunal autónomo con plena jurisdicción me parece una propuesta excelente. Para quien no tenga memoria histórica, lo invito a que lea cómo por 1910 Juan Sarabia, con una gran perspicacia, hablaba de tribunales de equidad para resolver las cuestiones agrarias y cómo en el propio Plan de Ayala, con una gran visión, la gente que hizo la revolución habló de tribunales especializados en materia agraria; esta proposición del día de hoy no es ningún invento, tiene su raíz en la Constitución de 1917, que es orgullo nuestro.
A veces somos dados los mexicanos a ofrendar otra vez sacrificios y honras en los altares, pero nos olvidamos que hay instituciones jurídicas de una gran veneravilidad, de una gran altura y creo que la proposición que hace mi partido es una proposición correcta, que la iniciativa presidencial viene bien también en ese sentido. Es cierto, hay que cambiar de lugar esos tribunales que están mal colocados en la fracción VII, su lugar propio es la fracción XIX, que era una nueva programática, que estaba esperando precisamente esta reforma, estaba como un buen deseo la justicia agraria; ahora esperamos que sea realidad.
Quiero decirles que no sólo en el Plan de Ayala, en la perspicacia de Sarabia, en la Constitución de 1917, que nos dio derecho social, sino en toda la trayectoria histórica del derecho mexicano, enraiza esta proposición que hacemos.
Se habló aquí de la época de Lázaro Cárdenas y de la independencia o no de la Suprema Corte, pero no se dijo del cobijo que dio Cárdenas a los hombres que hicieron la ley de justicia fiscal en 1936, a los hombres que fundaron el Tribunal Fiscal de la Federación, Carrillo Flores y otros talentos jurídicos, algunos después destacados panistas y ese Tribunal Fiscal de la Federación, lo saben ustedes señores abogados, señores diputados, es un orgullo para el país, es un ejemplo de cómo estando dentro del Poder Ejecutivo se puede trabajar con independencia y con autonomía.
Hoy, México tiene una gran experiencia en materia de tribunales administrativos, está el Tribunal Fiscal de la Federación, los tribunales contenciosos administrativos, los tribunales laborales y seguramente vamos a aprobar los tribunales agrarios, ¿por qué los tribunales agrarios requieren por su propia naturaleza de características muy especiales, de características muy singulares?; dice Aniceto Alcalá Zamora y dice bien, que en materia agraria se requieren tres condiciones muy especiales para que funcionen bien los tribunales agrarios: que tengan un sector de litigios preciso, que lo tiene la iniciativa; que haya jueces especializados, que lo está proponiendo la iniciativa y que haya un procedimiento especial, que también lo está sugiriendo la iniciativa.
Con esos principios que aquí se señalaron y que son ciertos, antes que sean dispositivos ser de oficio, suplir la queja en beneficio de los campesinos, simplificar las formas, acelerar los trámites; creo que todo eso debe recogerse por esta proposición que estamos haciendo los miembros de la mayoría, pero independientemente de que esta proposición tiene todos los antecedentes históricos jurisprudenciales, teóricos, independientemente de eso, el juicio no desaparece, queda ahí porque no se está reformando el juicio de amparo, va a haber jurisprudencia, va a seguir estando la Corte vigilando, como custodia que es de la Constitución; entonces creo yo que en la historia jurídica del país hay elementos más que suficientes para pensar en que un tribunal agrario en este país va a funcionar bien, pero no quisiera dejar la tribuna sin antes señalar lo siguiente:
Decía y decía bien don Pedro Ojeda, quien no sólo honra a la diputación Priísta por haber sido procurador, nos honra por lo que es, por lo que opina, porque como gran mexicano con su experiencia la vierte con los priístas y los panistas y con todos los partidos... (Aplausos.)
... Sí quiero señalar a los compañeros de todas las fracciones que esta iniciativa y que este
dictamen concuerda perfectamente con nuestra tradición jurídica y constitucional y administrativa, que cuando voten por él voten con orgullo, porque creo que si ese tribunal agrario en sus distintas composiciones escogemos y meditamos bien en cómo seleccionar a sus jueces, pueden también encontrarse mexicanos de excepción, porque los hay y muchos; por eso quiero yo expresar desde esta tribuna que creo que debemos meditar bien en la solución a tomar, pero sin tener un ápice de vacilación les diría que esta proposición que fue objeto de un cuidadoso dictamen es, desde el punto de vista del derecho público, una proposición pensada, ponderada e inteligente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Efraín Zúñiga Galeana
El diputado Efraín Zúñiga Galeana: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Estoy convencido que la Revolución Mexicana seguirá viva, que estos debates enriquecen el camino de la Revolución Mexicana, porque han sido debates importantes en que se han revelado muchas cosas que quizá los mexicanos desconocían. Estoy también convencido de que el ejido continuará siendo un instrumento de lucha, de redención y de liberación campesina.
Nos hemos esforzado todos los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, por ir creando un nuevo orden jurídico en el campo, que va a servir para instrumentar su renovación, su transformación y para reactivar la vida económica de los campesinos.
Yo creo que a partir de este momento, todos estaremos obligados, fundamentalmente los diputados que formamos parte de la dirigencia campesina, no solamente de mi partido, sino de los otros partidos que también aquí participan, digo que todos los dirigentes del sector agrario estamos obligados a ser más esforzados, más limpios y que estos debates nos enseñan a ser más intransigentes en la defensa de los campesinos, porque estos debates han revelado la tragedia, la angustia y la desesperación que viven los campesinos de México.
Quiero aquí, preocupado por algunas cosas que se han venido diciendo, afirmar que mi partido ha dado siempre la batalla social por los ejidos. Históricamente siempre hemos defendido la propiedad social. Fueron los nuestros los que convirtieron los fusiles en expedientes agrarios, las ligas agrarias surgieron para impulsar el reparto de la tierra. Desde que en Jalapa, en la histórica Jalapa, se constituyó la primera liga agraria, los nuestros han estado pendientes de la propiedad social.
Tejeda, Ursulo Galván, Carolino Anaya, José Cardel, Almanza, Isauro Acosta, fueron nuestros primeros líderes, ellos vivieron y murieron por la tierra, porque fueron líderes auténticos de los campesinos.
Después surgieron el Partido Nacional Agrarista, de Soto y Gama, la Confederación Campesina Mexicana, de Graciano Sánchez y la propia Liga Nacional Campesina del propio Ursulo Galván, hasta que surgió, en 1938, la Confederación Nacional Campesina, un instrumento de lucha que sirvió para impulsar el reparto de la tierra y fue en esa década de los años treinta, de los años cuarenta, cuando más tierra se repartió y cuando más expedientes agrarios se resolvieron.
Hemos reconocido aquí en estos debates que hay pobreza en el campo y que tenemos que cambiar, cambiar nuestra conducta política y cambiar también nuestro orden jurídico, porque no podemos permitir que los campesinos queden atrapados en la miseria; tenemos que luchar por ellos, hablar por ellos y si venimos a esta LV Legislatura, tenemos que cumplir un compromiso con ellos y no guardar silencio para que esa LV Legislatura no se convierta en una legislatura del silencio que oculte la verdad y los problemas que a nosotros nos preocupan.
Nosotros sabemos, todos, que el atraso lo causó una reforma agraria que se estancó en el tiempo, que nosotros mismos, en el Partido Revolucionario Institucional, nos negábamos a aceptar que el solo reparto de la tierra era insuficiente.
Y ahora enriquecidos y nutridos ideológicamente con lo que aquí hemos escuchado de todos ustedes, magníficos mexicanos, sabemos perfectamente bien que en todos los niveles tenemos que luchar por la libertad y por la justicia campesina.
En lo personal me siento muy satisfecho de formar parte de esta legislatura y considero que las cosas que aquí se han dicho y las cosas que aquí se habrán de incorporar con el voto de ustedes a esta reforma al 27, como son, la personalidad jurídica de ejido, la integridad territorial de los grupos indígenas, la protección a los asentamientos humanos o el respeto al derecho de preferencia o los límites en la posesión ejidal, son cosas importantes.
Hubiera sido triste que esta LV Legislatura se convirtiera solamente en una legislatura que pasivamente observara la dinámica de una iniciativa. Se ha enriquecido la iniciativa y yo creo que ha cumplido históricamente este legislatura con su responsabilidad de analizar estas cosas, con conciencia y con una conducta revolucionaria. Me parece que esta legislatura cumplió con su deber.
Hubiera sido lamentable que hubiera habido cerrazón en mi propio partido y se hubieran negado a corregir esta iniciativa. Que no le hubiéramos corregido ni una coma hubiera sido lamentable. Pero esta iniciativa, con el esfuerzo de todos ustedes ha quedado enriquecida.
Me manifiesto en favor de la proposición del Partido del Frente Cardenista que ha venido aquí también a aportar la idea de que se constituya un órgano para procurar la justicia a los campesinos.
Hemos ordenado el marco jurídico, pero en el futuro tenemos que luchar porque esta reforma constitucional sea vigente, que no sea letra muerta en la Constitución y que en verdad transforme las realidades del campo de México.
Por eso, un grupo de diputados de la Confederación Nacional Campesina, del Partido Revolucionario Institucional, deja aquí una proposición, para que se adicione a esta iniciativa, no en esta fracción VII, sino que se traslade a la fracción XIX, donde se habla de la justicia agraria y se incorpore con una redacción que diga literalmente: La ley establecerá un órgano para la procuración de la justicia agraria.
Le dejo en manos de la Secretaría y, finalmente, quiero reconocer, aquí, que un líder de mi partido, Pedro Ojeda Paullada, a quien he conocido en su actuación administrativa y política, tiene muchos amigos aquí y fuera de aquí y que a pasar de su tránsito por diversos cargos administrativos: en la Secretaría del Trabajo o la Secretaría de Pesca o en la Procuraduría de Justicia, sigue siendo para nosotros, en el Partido Revolucionario Institucional, un guía moral y un mexicano limpio. (Aplausos.)
El Presidente: - Ciudadanos diputados, con esta intervención se ha agotado la lista de oradores.
Voy a dar lectura de las proposiciones que tenemos registradas y que serán sometidas a votación, dado que teniendo registradas 20 pudiera haber alguna omisión, estoy hablando de proposiciones para no estar repitiendo las frases:
Primera, diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista; diputado Téodulo Martínez Vergara, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado Romeo Flores Leal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado Javier Centeno Avila, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado José Castro Justo, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Rejón Peraza, del Partido Acción Nacional; diputado Jorge Oceguera Gaytán, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática; diputado José de Jesús Berrospe Díaz, del Frente Cardenista; diputado Jorge Cermeño Infante, del Partido Acción Nacional; diputado Benjamín Avila Guzmán del Partido Revolucionario Institucional; diputado Demetrio Hernández Pérez, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado Celestino Tovanche, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Sergio Vera, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Eloy Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Juan de Dios Castro, del Partido Acción Nacional; diputado Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Juan Hernández, del Partido de la Revolución Democrática y diputado Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional.
Si existe alguna omisión, para incluirlo en la lista... Bien. Vamos a ir leyendo cada proposición y a votar. Vamos a leer la proposición del diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, por favor.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Proposición del diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, a la fracción VII y dice así: "Considerando el respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convenga en el aprovechamiento de sus recursos productivos, la ley regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros o de la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras y tratándose de ejidatarios transmitir sus derechos parcelarios entre sí".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta presentada por el diputado Teódulo Martínez Vergara, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Son dos párrafos. El primero: "Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas".
El Presidente: - Me pidieron que esta propuesta se votara en dos partes. Podemos volver a leer la primera, se va a votar primero y después leemos la segunda.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Primer párrafo: "Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Teódulo Martínez Vergara.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El presidente: - Lea por favor la Secretaría la segunda parte de la propuesta.
El Secretario diputado Juan Hernández Mercado: - "La ley protegerá en todo momento la integridad de las tierras de los grupos indígenas".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Teódulo Martínez Vergara.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se deseche la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo.... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Se solicita a la Secretaría dé lectura a la propuesta presentada por el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Adición al párrafo sexto: "La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Manuel Terrazas Guerrero.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo....
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo.... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el diputado Romeo Flores Leal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - "La ley reconoce y protege la propiedad ejidal y comunal de la tierra. La ley protegerá la integridad territorial de los pueblos indígenas y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores, teniendo en todo caso el derecho al tanto los demás integrantes del mismo ejido. El núcleo ejidal sólo podrá otorgar al ejidatario el dominio de su parcela con el voto aprobatorio de las dos terceras partes del total de ejidatarios, con sus derechos a salvo y consultando en una asamblea ejidal; las demás condiciones serán fijadas por la ley". Y la última: "Las cuales estarán integradas por magistrados elegidos por la Cámara de Diputados, dentro de los términos propuestos por el titular del Poder Ejecutivo Federal".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Romero Flores Leal.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta presentada por el diputado Javier Centeno Avila, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Se modifica el párrafo cuarto, para quedar en los siguientes términos: "Considerando el respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan, el aprovechamiento de sus recursos productivos, la ley regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra, la de los ejidatarios sobre su parcela y establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, manteniendo el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible del ejido. La asamblea de los ejidatarios es la depositaria de las tierras ejidales. La ley regulará los derechos de los avecindados sobre las tierras de uso común".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Javier Centeno Avila.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el diputado José Castro Justo.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Párrafo segundo. "La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas". La adición es "de las tierras".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado José Castro Justo, del Partido Revolucionario Institucional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche., sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el diputado Luis Alberto Rejón Peraza, del Partido Acción Nacional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Adición a la fracción VII: "Considerando el respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, la ley regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela.
Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí o con terrenos y otorgar el uso de sus tierras y, tratándose de ejidatarios, trasmitir sus derechos parcelarios entre sí. Igualmente, la adición fijará los procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal, adición, otorgará al ejidatario el dominio de su parcela". Adición: "En caso de enajenación de parcela, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Luis Alberto Rejón Peraza.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el diputado Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Adición al párrafo cuarto de la fracción VII. "Igualmente se fijarán las condiciones, se adiciona, y causales, conforme a las cuales el núcleo ejidal podrá otorgar al ejidatario, se adiciona, su familia, el dominio sobre su parcela".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Jorge Oceguera Galván.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Se modifica el párrafo cuarto para quedar en los siguientes términos. En la última parte debe decir así: "Los ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí. Se adiciona: manteniendo el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible del ejido. La asamblea de los ejidatarios es la depositaria de las tierras ejidales. La ley regulará los derechos de los avecindados sobre las tierras de uso común".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el diputado José de Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - "El Presidente de la República, propondrá a los magistrados de los tribunales agrarios a la Cámara de Diputados, la cual aprobará o vetará el nombramiento de los mismos y se creará la Procuraduría Federal Agraria, como instancia que resuelva sobre las demandas de los campesinos que no hayan sido resueltas a satisfacción por los tribunales agrarios".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado José de Jesús Berrospe Díaz.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el diputado Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Adición al texto del párrafo quinto: "En todo caso la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario, no excederá los límites señalados en la fracción V".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Jorge Zermeño Infante.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el diputado Benjamín Avila Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Son adiciones al párrafo cuarto de la fracción VII: "Los ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí con el Estado".
Esa es la adición.
"...O con terceros y otorgarán el uso de sus tierras y tratándose de ejidatarios, admitir sus derechos
parcelarios entre..." Adición: "Los miembros del núcleo de población". "Igualmente fijaran los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela ..." Adición: "...En caso de enajenación de parcelas, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Benjamín Avila Guzmán.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Dé lectura la Secretaría a la propuesta presentada por el diputado Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - "Se declara de interés público al acrecentamiento de la base territorial de los ejidos y comunidades, en consecuencia, en igualdad de circunstancia. Tendrán preferencia en adquisición de los predios rústicos enajenables por el Estado y sus dependencias".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Demetrio Hernández Pérez.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el diputado Celestino Tobanche, del Partido Revolucionario Institucional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Adición a la fracción VII, párrafo quinto: "Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de las tierras en favor de un solo ejidatario, deberá ajustarse a los límites señalados por la fracción XV".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Celestino Tobanche.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura de la propuesta presentada por el diputado Sergio Vera, del Partido Revolucionario Institucional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - A la fracción VII, párrafo tercero: Se adiciona la ley. "Considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá", se adiciona, "tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la previsión de acciones de fomento necesarias para", se adiciona, "elevar el nivel de vida de sus pobladores".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Sergio Vera.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura de la proposición presentada por el diputado Eloy Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Texto del párrafo quinto que se propone:
"Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra
que la equivalente al 5% del total de tierra de labor".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite la modificación propuesta por el diputado Eloy Vásquez.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el diputado Juan de Dios Castro, del Partido Acción Nacional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Adición a la última parte del último párrafo de la fracción VII: "La Ley Orgánica del Poder Judicial quedará a las competencias respectivas".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite la modificación propuesta por el diputado Juan de Dios Castro.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si admite o se desecha la modificación propuesta...
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - "Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades, para estos efectos y en general, para la administración de justicia agraria la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, se adiciona, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de ésa por la Comisión Permanente.
El diputado José Antonio González Fernández (desde su curul): - Esta parte de la propuesta de modificación de Amador Rodríguez, pasaría como párrafo segundo en la fracción XIX y se suprimiera de la fracción VII. Entonces para la votación pediríamos que con esta aclaración se sometiera a la votación.
El Presidente: - En los términos de la aclaración hecha, consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite la modificación propuesta por el diputado Amador Rodríguez Lozano.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura de la proposición presentada por el diputado Juan Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Adición a la última parte del último párrafo de la fracción VII: "Cuyos magistrados serán propuestos y elegidos en la Cámara de Diputados por voto de las dos terceras partes de los presentes, respetándose en todos los procedimientos de esas instancias la suplencia de la queja".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite la modificación propuesta por el diputado Juan Hernández.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura de la propuesta presentada por el diputado Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Se propone adicionar la fracción XIX del artículo 27 constitucional en los siguientes términos: "La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite la modificación propuesta por el diputado Efraín Zúñiga Galeana.
El diputado Antonio González Fernández (desde su curul): - En efecto, se propone que este párrafo pase a la fracción XIX, pero como párrafo tercero.
El Presidente: - En los términos de la aclaración, consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite la modificación propuesta por el diputado Efraín Zúñiga Galeana.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo ...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Se han agotado las proposiciones. Consulte la Secretaría a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutida la fracción VII del artículo 27 constitucional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si está suficientemente discutida la fracción VII.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo ... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto.
Está a discusión la fracción X.
Se abre el registro de oradores.
Tenemos registrados para hablar en contra, al diputado Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática y para hablar en pro, al diputado José Guadalupe Enríquez Magaña, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Encinas.
Silencio, por favor.
(Desorden.)
Compañeros, solicitamos atentamente guardar silencio para que el compañero pueda hacer su intervención en relación a la fracción X.
Compañero Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ya a esta altura del debate, donde se ha dado finiquito a la reforma agraria, al reparto de tierra y después del planchazo permanente de que hemos sido objeto, vamos a tratar de insistir en una serie de propuestas que consideramos forman parte de las omisiones que la iniciativa no consideró sobre la reforma al 27 constitucional.
Particularmente en el caso de esta fracción X del artículo 27, en lo que se refiere a los núcleos de población, ya que toda vez que la reforma ha derogado no solamente el articulado del total de la fracción X en adelante, hasta la XIII, no se queda con claridad....
El Presidente: - Compañero, un momento, por favor. No estamos logrando el orden debido.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - No se da claridad que la situación que van a guardar los núcleos de población y de hecho se crea una situación de indefensión a aquellos núcleos de población que careciendo de ejido o que no pueden lograr sustitución en sus tierras por falta de títulos, quedan en una situación de indefensión que no sabe con precisión cuál es el resultado que tendrán estos asentamientos en zonas rurales, tanto en núcleos de población, como los que pudieran ser los centros de población ejidal.
En ese sentido, quisiera someter a su consideración la siguiente propuesta de fracción X, toda vez que fue derogada en el dictamen y creo que pudiera quedar integrada de la siguiente manera:
Fracción X. "Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restitución por falta de títulos por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieran sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas suficientes para constituirlos conforme a las
necesidades de su población hasta en tanto subsistan propiedades que rebasen el límite legal, o bien de los terrenos nacionales o de propiedad de los gobiernos federales y estatales y demás terrenos susceptibles de ser repartidos. En caso de no encontrar dichas tierras y aguas en las cercanías de los pueblos interesados, se constituirán nuevos centros de población ejidal".
Como ustedes observan en esta propuesta, toda vez que ya se ha concluido el reparto agrario, aunque nosotros sostenemos que si bien el reparto masivo tenía limitaciones, existen todavía tierras susceptibles de ser repartidas, que aunque ya se ha reformado la posibilidad de que se enajenen las tierras ejidales, solicitamos que consideremos en estas previsiones de simplificación de reparto y de enajenación de los ejidos, pudiera darse garantía para la creación de nuevos centros de población o en su defecto de centros de población de carácter ejidal para evitar que, pueblos hasta ahora no reconocidos, que los hay, particularmente en las comunidades indígenas y en las zonas ejidales, en zonas reprimidas, puedan encontrar un espacio de asentamiento.
Dejo la propuesta aquí en la Secretaría. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado José Guadalupe Enríquez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Guadalupe Enríquez Magaña: - Con permiso señor Presidente.
Señores diputados: La iniciativa que se discute propone efectivamente la derogación de la fracción X del artículo 27 constitucional, por considerar que ha llegado a su término la entrega masiva de tierras, al no existir suficientes para los campesinos solicitantes.
La reforma agraria, señores diputados, es todo un proceso, cuya primera etapa contempla la entrega de las tierras a los campesinos. La iniciativa que analizamos, en su artículo 2o. transitorio establece que continuará aplicándose la legislación reglamentaria. Y el transitorio cuatro, que las autoridades agrarias continuarán desahogando los asuntos pendientes. Lo que significa que deben entregarse las tierras afectables a los solicitantes que tienen formuladas peticiones, indiscutiblemente que tienen derecho a que se resuelvan sus expedientes, de acuerdo con los textos agrarios vigentes el día de hoy.
Vivimos en un régimen jurídico, donde la norma debe ser regla obligatoria de conducta. Pero todo mundo sabe que a la gente del campo le gusta que le hablen claro, que le digan la verdad. Y no es justo que sigamos alentando falsas esperanzas, iniciando nuevos expedientes, a sabiendas de que ya existen en muchos, casos, sobre las mismas tierras, varias resoluciones negativas.
La propia iniciativa establece los procedimientos, los mecanismos, que deberán seguirse para posteriormente se sigan entregando los excedentes de la pequeña propiedad.
Todos sabemos que los dictámenes negativos del cuerpo consultivo agrario, derivados fundamentalmente de que no se encuentran tierras afectables, ya son tan numerosos como todas las dotaciones realizadas desde el año de 1917.
Es tiempo, pues, pienso, de organizarnos en el campo, de incrementar la productividad, de fortalecer la segunda etapa del proceso agrario volviendo los ojos al campo todos los sectores productivos del país, regresando algo de lo mucho que hemos recibido de los campesinos.
Yo también creo que es fundamental conocer la realidad del campo para saber cómo transformarla y cómo fortalecerla.
El campesino mexicano, el productor del campo, porque en México las tres formas de tenencia de la tierra somos producto del movimiento social de 1910, y así lo sentimos todos. Los campesinos y los productores del campo, conocemos nuestro país, sabemos que tenemos un proyecto nacional plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que destaca un artículo 27 que nos protege a quienes nos dedicamos a hacer producir la tierra y nos alienta para hacer también nuestras inversiones, en la medida de nuestras capacidades. Pero también sabemos que en el proceso de la reforma agraria hemos llegado a la etapa, repito, de fortalecer la producción, de consolidar la obra resultante del reparto agrario, de implementar, de dedicarnos a nuevos cultivos, más rentables, donde pudiéramos abatir inclusive nuestros costos de producción, organizándonos todos, a fin de lograr por este camino una mejor vida para todos los que vivimos en el campo.
Por lo tanto, quisiera expresar que habiendo escuchado la propuesta que formula el señor diputado Encinas, estimo que es mejor hablarles con la verdad a los campesinos, decirles a los solicitantes de tierras que tengan confianza en su gobierno revolucionario, que ahora, a través del Ejecutivo, ha enviado a esta honorable Cámara una iniciativa con el propósito de fortalecer
el campo y, sobre todo, decirles que hablándoles al campo con la verdad, estoy seguro que los animaremos para que sigan organizándose y se sigan fortaleciendo, por lo tanto, solicito primero, que se deseche la iniciativa formulada por el señor diputado Encinas y segundo, que se apruebe el proyecto de iniciativa formulada por las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria y que es motivo del presente debate. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Señor diputado. ¿acepta usted una interpelación?
El diputado José Guadalupe Enríquez Magaña: - Con mucho gusto.
El Presidente: - Bien. Proceda usted diputado.
El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul): - Señor diputado, ¿sabe usted en qué consiste la propuesta que hizo el diputado Alejandro Encinas?, lo ha escuchado usted con atención y me puede usted explicar ¿qué relación tiene eso que propone el diputado Encinas con una dotación ejidal?
El diputado José Guadalupe Enríquez Magaña: - Yo quiero decirle, lo escuché con mucha atención al señor diputado Encinas. Quiero decirle que soy originario y vivo en el ejido de Valle de Santiago, me hice con el esfuerzo de un ejidatario, Antonio Enríquez Arroyo, gracias a él, su esfuerzo, al apoyo que me dio el ejido de Valle de Santiago, pude ir a la Universidad de Guanajuato y ser actualmente profesionista. Le dejo a usted que considere si piensa que con ese hecho importantísimo en la vida, puedo estar o no enterado de lo que es el ejido en México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Eloy Vásquez.
El diputado Eloy Vásquez López: - Señor Presidente, muchas gracias. Quiero solicitarle, señor Presidente que si lo tiene a bien instruya a la Secretaría para que dé lectura a la propuesta del diputado Alejandro Encinas.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta del diputado Alejandro Encinas.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Por instrucciones de la Presidencia se da lectura a la propuesta por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, "Fracción X. Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieran sido enajenados, serán dotados con tierra y aguas suficientes para construirlos conforme a las necesidades de su población, hasta en tanto subsistan propiedades que rebasen el límite legal o bien de los terrenos nacionales o de propiedad de los gobiernos federales y estatales y demás terrenos susceptibles de ser repartidos. En caso de no encontrar dichas tierras y aguas, en las cercanías de los pueblos interesados se constituirán nuevos centros de población ejidal".
El diputado Eloy Vásquez López: - Precisamente de lo que se trata es de esas poblaciones sobre todo de la zona rural a las que nos referíamos el día de ayer cuando hablábamos que en los diferentes censos de población que se han realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática existen localidades que aparecen y desaparecen en las zonas rurales justamente porque hay una población emigrante de las zonas rurales, esa población que va siendo expulsada justamente por las condiciones de vida y porque son sobre todo campesinos sin tierra o jornaleros que buscan establecer nuevos centros de población.
Se está refiriendo la iniciativa no a que en primera instancia se luche o se creen ejidos simplemente está atendiendo en una condición humanitaria, a esos centros de población que ya existen y que se va a crear muchos más a medida que se vaya expropiando y privatizando la parte ejidal de las tierras y tendrá que disponerse de alguna forma en donde van a vivir esas personas porque si no van a venir a afinarse al Distrito Federal o van a ir a afinarse a las zonas del norte del país o en el extranjero y de cualquier manera serán poblaciones migrantes que andarán por todos lados del país.
Nosotros tenemos que ser muy responsables porque es un fenómeno que no podemos controlar, no existen las bases todavía para que se le pueda decir a un mexicano y creo que sería imposible hacerlo, porque constitucionalmente está prohibido, que podamos nosotros decirle: no te muevas del lugar de donde naciste, la gente va y establece pequeñas localidades, unas más grandes, otras más pequeñas, algunas son de 100, otras son de hasta 500 habitantes pero necesariamente tiene que dejarse abierta la posibilidad de que esas poblaciones pequeñas, esos núcleos que se van creando, tengan las condiciones
humanas de vida y ésa es la preocupación central que existe en esta propuesta que ha hecho el diputado Encinas, no está diciendo aquí que se van a hacer dotaciones ejidales, se trata de nuevos núcleos de población cuyas características se protegen ya en lo que ustedes acaban de aprobar en la fracción VII pero esta fracción se refiere únicamente a los núcleos de población ya existentes y localizaciones en tanto que ésta se refiere a los nuevos centros de población que ya se están creando pero que no se encuentran suficientemente detectados o determinados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática o por las instancias de los asentamientos humanos en esté país y que se están creando, seguirán creciendo y que nos van a propiciar problemas en el campo que pueden llegar a ser incluso dramático, si la ley les niega la posibilidad de que tengan una atención y esto es lo que está proponiendo el diputado Encinas; en ningún momento se está planteando que vayamos a los pueblos con los campesinos y les digamos: vengan, vamos a solicitar una dotación. No, eso no es lo que estamos proponiendo, nadie vino a decir eso, por eso no estamos engañando a nadie.
Es más, la gente no sólo no se va engañada, sino que se va de su pueblo por la cruda verdad que encuentra en su pueblo y porque piensa que yéndose dentro de la zona rural a otro lugar, va a encontrar mejores perspectivas.
Entonces, se trata de un fenómeno real que ya existe y se está presentando la vía para resolverlo, no se trata de engañar a nadie, no estamos estimulando aquí ningún tipo de clientelismo, como pudiera pensarse desde una visión prejuiciada que seguramente puede ser que parta de la experiencia.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos, el compañero del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Merino Castrejón: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Ante la propuesta del diputado Encinas, queremos comentar que esta fracción no puede quedar vigente, en virtud de que se le ha dado ya definitividad a los derechos de los ejidatarios y han quedado muy claros los derechos agrarios y que ha quedado claro también que hay la obligación de que se haga del fraccionamiento del excedente y que a un año se rematen las tierras en lugar de la afectación y de la dotación y que en el caso de los asentamientos que se comenta que se pueden crear con el traslado de estos núcleos de población, ya sea individual o masivamente, están previstos dos mecanismos muy claramente: un mecanismo preventivo, que es a través de las reservas territoriales en las distintas ciudades, poblaciones del país y, la otra, la que es la regularización de la tenencia de la tierra, donde se asientan sin estar en condiciones previas de adquisición y que esto puede ser en la propiedad social o en la propiedad privada.
Ante ello, si están previstas las condiciones del traslado en el caso de asentamientos irregulares, no tiene ningún sentido prevenir algo que ya está de manera preventiva, a través de las reservas territoriales y de maniobra correctiva a través de las distintas formas de regularización territorial.
Y en el caso concreto de la afectación, ésta quedó definitivamente sustituida con el fraccionamiento de excedentes y con su remate a un año. Muchas gracias.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta presentada por el diputado Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Propuesta por el señor diputado Encinas:
"Fracción X. Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas suficientes para construirlos, conforme a las necesidades de su población, hasta en tanto subsistan propiedades que rebasen el límite legal, o bien de los terrenos nacionales o de propiedad de los gobiernos federal y estatal y demás terrenos susceptibles de ser repartidos.
En caso de no encontrar dichas tierras y aguas, en las cercanías de los pueblos interesados, se constituirán nuevos centros de población ejidal."
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Alejandro Encinas.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la propuesta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la fracción X del artículo 27 constitucional.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si está suficientemente discutida la fracción X del artículo 27 constitucional.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto.
Está a discusión la fracción XI. Se han registrado para hablar, por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Rosa Albina Garavito; por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Felipe Rodríguez Grimaldi; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge Calderón y por el Partido Revolucionario Institucional, José Escobedo.
Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Albina Garavito.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - A nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, traigo a esta tribuna una propuesta muy especial, muy especial, porque sabemos, tenemos la plena seguridad de que el grupo mayoritario de esta Cámara la aceptará con muchísimo gusto.
Estamos convencidos de que esta vocación a rechazar cualquier enmienda a la iniciativa que todavía da oportunidad para eliminar la agresividad contra los derechos sociales de los productores del campo, pudiera haberse debido, pues a la falta de imaginación de nuestro partido o de otros partidos para poder convencer a esa mayoría que no dudamos que tiene una voluntad concertadora para, por primera vez, podernos poner todos de pie, cuando esta propuesta se ponga a consideración.
La voy a leer y ustedes me van a dar la razón; tenemos la plena seguridad. Miren, lo que estamos proponiendo es que en lugar de derogar la fracción XI del artículo 27, sea restituida por una nueva fracción. La propuesta dice así:
"Todo mexicano tiene derecho a una alimentación suficiente y adecuada. El Estado procurará los recursos y establecerá políticas que permitan garantizar la dieta básica de la población. Para alcanzar este objetivo, las asociaciones de productores rurales que participen en la producción de básicos gozarán del régimen preferencial que establezca la ley reglamentaria."
La leí con mucha parsimonia, estoy segura de que lo han escuchado todos bien, pero ahora quiero detenerme en cada una de las propuestas, por oración.
Estoy plenamente segura y así lo están también mis compañeros de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, de que no hay diputado en esta Cámara, no hay representante de la nación que se pueda oponer, sea cual sea el proyecto de partido que tenga, sea cual sea la visión del mundo, a que todo mexicano tenga derecho a una alimentación suficiente y adecuada y si no, desde este momento yo les pediría que usaran el derecho de interpelación para ponerlo en duda. Si no es así, yo lo daría por admitido. El que calla, otorga. Entonces, establecemos que todo mexicano tiene derecho a una alimentación suficiente y adecuada, ¿están todos de acuerdo? Muy bien.
Otra parte de la propuesta, enseguida dice: "El Estado procurará los recursos y establecerá políticas que permitan garantizar la dieta básica de la población". Alguno de ustedes ya empezará a dudar, empezarán a pensar: nos quieren meter de contrabando ese viejo estatismo.
Pido por favor al Presidente que llame la atención al que haga cualquier tipo de expresión que no pueda ser respaldada por el reglamento. Acabo de escuchar una.
El Presidente: - Sí, compañeros. Yo no sé si se está entendiendo la trascendencia histórica del artículo que aquí estamos discutiendo. La responsabilidad que tenemos como diputados nos obliga a manejarlo con la mayor seriedad, no es esto un centro de espectáculos deportivos, les solicito, en los términos del compromiso que tenemos, que mantengamos la discusión en un nivel de altura y de seriedad. Gracias. Prosiga usted, compañera.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Gracias, señor Presidente. Continúo entonces mi argumentación y repito la frase que ahora estamos discutiendo: "El Estado procurará los recursos y establecerá políticas que permitan garantizar la dieta básica de la población".
Damos por hecho que esta honorable Cámara aceptó que todo mexicano tiene derecho a una alimentación suficiente y adecuada. Pero concedo el beneficio de la duda, decía, de que más de uno de ustedes puedan poner reparos a por qué el Estado procurará los recursos y si acaso esta obligación de que el Estado procure los recursos y establezca las políticas que permitan garantizar la dieta básica de la población, no sea una manera de inhibir la iniciativa de la sociedad, de avasallar a la sociedad, de aplastar a la sociedad, de esterilizar la iniciativa privada, de ofender la dignidad humana.
Bueno, si ésa fuera la razón, no tengan miedo de que el proyecto del Partido de la Revolución Democrática está convocando a ese viejo y chocante estatismo que tanto daño ha hecho a este país, sobre todo porque ha sido expresión de un régimen de partido de Estado. No, mi partido no está por eso, mi partido no está por ese viejo estatismo; ese estatismo, expresión excelente del corporativismo y del clientelismo, no; mi partido está por un proyecto moderno, por un proyecto que dé hacia el año 2000, por un proyecto que confía en que en una sociedad plural y compleja, a través de la democracia se pueden conciliar intereses nacionales, intereses sociales e intereses individuales.
Mi partido está por una real y auténtica democracia, por eso, en esta fracción estamos proponiendo el respeto por el derecho humano y también social de que todo mexicano pueda garantizar una necesidad básica, una necesidad que más del 60% de la población no puede garantizar en este momento. En este momento el 60% de la población económicamente activa en México recibe dos salarios mínimos, ¿saben ustedes lo que eso significa en la vida cotidiana de la familia que depende de esos trabajadores, de ese conglomerado, de la población económicamente activa que percibe dos salarios mínimos? ¡Imagínense ustedes! En el mejor de los casos significa que pueden satisfacer el 60% del costo de una canasta básica, el 60%. No les estoy hablando del estrato que no recibe ingresos, esos trabajadores, familiares sin remuneración de los que nos habla el censo; no les estoy hablando de los trabajadores que reciben un salario mínimo. Eso significa que pueden satisfacer apenas el 30% de sus necesidades mínimas.
Quizá para ustedes sea un poco difícil imaginarlo. Ojalá el dato les mueva algo en la imaginación: 30% el que recibe salario mínimo; el que tiene el privilegio de recibir dos salarios mínimos, apenas le alcanza para el 60%. Me imagino que ustedes estarán como nosotros, preocupados por esta situación, por eso yo estoy segura que cuando la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática viene aquí y propone elevar a rango constitucional la obligación del Estado para procurar esos recursos y establecer esas políticas, no lo rechazará, estoy plena y absolutamente segura.
Y vuelvo a preguntar a esta asamblea si alguien se opone a esta política, a esta propuesta, con este sentido y con este contenido y a través de estos medios pido a esta honorable asamblea sea pedida al Presidente el derecho de interpelación para hacérmelo saber.
Muchas gracias, el que calla, otorga. Están de acuerdo entonces en que el Estado procurará los recursos y establecerá políticas que permite, sobre todo, estoy segura, porque gracias a esa absoluta mayoría, más que mayoría que tienen en la Cámara, pues ustedes ya garantizaron que el capital financiero entre el sector agropecuario, tenga acciones de acuerdo al número de hectáreas que posean y que esos poseedores se vean después obligados a contratar empréstitos, como nos narra hoy La Jornada, a propósito de un proyecto en el estado de Veracruz, para que esos pequeños propietarios o ejidatarios a lo que aspiren en el horizonte sea a firmar un empréstito, cuando ponen la tierra para, en todo caso, percibir un ingreso muy pero muy lejano al fabuloso ingreso millonario de, en este caso la transnacional que nos narra la reportera de La Jornada. Y para quien no lo haya leído, creo que todos tendrán interés en ello; háganlo, por favor.
Pido al Presidente si me concede tres minutos para terminar la idea.
El Presidente: - Se le concede el tiempo, compañera.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Sobre todo, repito, cuando ustedes ya garantizaron que una gran parcela del excedente social se va a quedar en manos de esa oligarquía financiera, va a poder potenciar su ganancia especulativa y financiera en la explotación de las propiedades rústicas, no veo yo y estoy segura que ustedes comparten, ¿por qué no?, yo diría incluso en el espíritu de solidaridad, el modelo que ustedes están ya avalando, lo que va a hacer es por un lado seguir generando la extrema riqueza y por otro lado seguir generando la extrema pobreza. Ya está ese escenario; ya lo legalizaron ustedes, bueno, entonces de acuerdo espíritu solidario, al espíritu de solidaridad, que significa en esa filosofía solidarizarse, hacer suyos los
problemas de los pobres, sin resolverlos, sin erradicarlos, bueno, estarán de acuerdo que una pequeña parcela de la riqueza social, el Estado la destine a políticas que fomenten y que permitan garantizar la dieta básica de la población.
Estamos simplemente defendiendo un derecho humano. Pero además estamos proponiendo, que para alcanzar ese objetivo las asociaciones de productores rurales que participen den la producción de básicos, gozarán del régimen preferencial que establezca la ley reglamentaria.
La propuesta de mi partido es totalmente lógica, una vez definida por esta honorable asamblea, que se eleve a rango constitucional la prioridad de que todo mexicano pueda garantizar su dieta básica, siendo consecuentes con ello, tendrá entonces que promover.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - ¿Acepta la oradora una interpelación?
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - ¡Con mucho gusto!
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Diputada, para que no se quede con las ganas de la interpelación.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Perdón, pero quizá por como se ubicó el micrófono, no lo alcancé a escuchar.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Para que no se quede con las ganas de la interpelación.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - ¿Para qué?
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Para que no se quede con las ganas me voy a permitir hacerle una.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Gracias. Muy amable.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - ¿Está usted de acuerdo en que para que haya salud debe haber buena alimentación? Para que una persona esté sana, debe alimentarse bien. ¿Es así o no es así?
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Me encanta coincidir con usted en esta ocasión.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Muchas gracias por la coincidencia.
Está usted enterada de que en el artículo 4o. de la Constitución, se señala con toda precisión lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud", luego entonces si una persona tiene protegido el derecho a la salud en el artículo 4o. de la Constitución, se presupone también, que tiene garantizado el derecho a la alimentación. Pero aún más diputada y no veo por qué le provoque tanta risa la interpelación. Aún más, el artículo 27 y el artículo 25 de nuestra Constitución, señalan la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones de vida más justa y una mejor distribución de la riqueza y del ingreso nacional. Luego entonces, las familias mexicanas beneficiadas con esta mejor distribución de la riqueza y del ingreso, obviamente tendrán por esta vía garantizado el derecho a la alimentación, que es como usted sabe, son una manifestación, son una declaración a la Constitución.
Pero la interpelación iría en el sentido original. ¿Si está garantizado el derecho a la salud y si usted coincide conmigo y le da mucho gusto coincidir en que para que haya salud debe haber alimentación, está cubierta su inquietud diputada? Muchas gracias.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Le dije que por primera vez estoy encantada de haber coincidido con usted, en que una persona saludable necesariamente tiene que ser una persona sana. Por desgracia diputado Yunes, esa feliz coincidencia entre usted y yo, no coincide con la evidencia de la realidad, porque resulta que no solamente es el caso, de que el 60% de la población económicamente activa perciba ingresos que apenas le permiten la satisfacción del 60% de sus necesidades, sino que además a pesar de estar garantizado el derecho a la salud en el artículo 4o. constitucional, a pesar de estar garantizado, resulta que tenemos elevados índices de desnutrición, elevados índices de morbilidad y que esto se debe a que en los últimos nueve años, el gasto social, justamente el no cumplimiento ni de ese artículo ni de esa obligación constitucional, de parte del Estado, ni tampoco el cumplimiento del artículo 25 constitucional, que efectivamente, como usted dice, eleva a rango constitucional la obligación de que el Estado sea rector del desarrollo nacional y que en ese desarrollo nacional uno de los objetivos sea el de la distribución de la riqueza nacional, como además todavía se hace en este artículo 27. Pero le repito: por desgracia, esas felices coincidencias entre usted y yo, son totalmente discrepantes con la amarga realidad que vive, no digo ya el 60% de la población sino el 80% de la población que vive en condiciones
que no le garantizan esa situación de salud. Así que hasta ahí queda nuestra feliz coincidencia.
Y yo a lo que aspiro es a que en alguna ocasión, este trabajo legislativo en el cual todos aspiramos a que sea en beneficio de la nación, efectivamente se traduzca en beneficio de la nación.
No es el caso por ahora y como es el caso por ahora, mi partido, como está dando la lucha en este espacio parlamentario, seguirá haciendo propuestas que recuerden, no sólo a los legisladores, sino al Ejecutivo, la obligación que el Estado tiene de no confundir el interés particular con el interés nacional y el interés social. Ese es el problema, esa es la terrible discrepancia que existe entre el articulado de la Constitución, entre la obligación del Estado y la política que se sigue.
Por eso, para tratar de cerrar esa brecha, pues mi partido intenta, a través de estas propuestas, con las cuales, repito, estamos seguros de que todos ustedes, gracias a su conciencia social de mexicanos, estarán de acuerdo.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul) - ¿Me acepta una interpelación?
El Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación, diputada?
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Con mucho gusto.
El Presidente: - Proceda, diputado.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Diputada, si usted señala que a pesar de que se consigna el derecho constitucional a la salud, éste en la realidad todavía no existe en el porcentaje deseable; entonces, ¿cómo piensa usted que pueda resolverse el problema de la alimentación con una simple declaración constitucional? ¿Usted cree que ésa sea la solución al problema? ¿Cree usted realmente que el problema se resuelva declarando en la Constitución que todos los mexicanos tenemos derecho a alimentarnos debidamente? Con su propio argumento, diputada, si el 4o. no ha resuelto el problema de la salud, ¿con una declaración más se va a resolver el problema de la alimentación?
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Con mucho gusto. Si yo pensara que el trabajo legislativo es totalmente ocioso, que no es un espacio de lucha política, que no es un espacio para cambiar las leyes; si no es un espacio que convoque a la conciencia, repito, a la conciencia nacional y a la conciencia social, si yo estuviera porque las leyes no se cumplieran, pues estoy segura, ¿verdad?, de que no tendría por qué estar ocupando aquí uno de esos "honorables asientos". ¡No! Yo creo que tenemos todos la obligación de pensar en el país que queremos; de aspirar a un mejor país y que esa aspiración de ese mejor país, de ese mejor proyecto nacional, pueda plasmarse en nuevas leyes y estoy segura que fue eso lo que a ustedes les animó.
Reduciendo al absurdo su interpelación, yo le pediría, ¿verdad?, que en este momento todos aquí siendo congruentes con que las leyes no cuentan para nada, con que ninguno aspiramos a que las leyes se cumplan, pues yo les pediría que nos retiráramos en este momento, que fuésemos congruentes. (Aplausos.)
No creo que sea eso lo que usted me quiere decir, diputado Yunes; no creo que sea eso; yo estoy segura que usted es un legislador congruente con el proyecto de su partido, que usted ha dado esta lucha brillante por la reforma al 27 constitucional, porque quiere que ese país al que usted aspira, se refleje en el marco jurídico que corresponde y que no sea ociosa esa cristalización en el marco jurídico. O sea, usted está aquí para hacer leyes y para reformarlas, pero además con la vocación, la esperanza y la convocatoria al Estado y los ciudadanos, para que esas leyes se cumplan.
Estará usted de acuerdo conmigo y en esto ya llevaríamos entonces dos felices coincidencias.
Entonces, por todas estas coincidencias y por todos estos otorgamientos que en silencio han dado ustedes a la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, para convertir en lo que aquí proponemos la fracción XI, pues no me queda más que congratularme, porque estoy segura que dentro de pocos minutos todos nos pondremos de pie para aprobar la propuesta que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática ha sometido a la consideración de esta honorable asamblea. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional, para hechos.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Me veo obligado a estar aquí ahora en esta tribuna, ante la expresión de nuestra compañera diputada Garavito en dos sentidos.
Primero. Cuando se establece que el que calla otorga y bueno, pues, y vengo a hablar a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, porque me parece en el fondo una imputación grave, porque no conoce el significado de nuestro silencio.
Pero otra imputación más grave que es la simple interpretación del silencio, será el que nos hiciera aparecer no solamente ante el resto de nuestros compañeros sino ante la opinión pública nacional, que ante una proposición de la naturaleza que hace usted, apareciéramos como insolidarios o como gente egoísta que no pusiéramos por encima el valor que entraña su proposición.
Ante ello, pues, me veo en la necesidad de advertirle, diputada, que en términos generales, vemos con simpatía el sentido de su proposición; pero lo que no nos puede llamar a simpatía de su proposición es un problema de caracter constitucional técnico, porque ningún partido, por más buena intención o buena fe o buena voluntad, pueda modificar la Constitución en el artículo que quiera.
Yo no veo por qué en el artículo 27, aun cuando sea garantía, tenga usted que meter el derecho a la alimentación del pueblo de México. Yo creo que en el artículo 4o., eventualmente podríamos coincidir, que ése fuera el numeral de la Constitución donde se plantara, porque tiene más relación el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación, que el artículo 27, que se refiere concretamente al problema agrario.
Es decir, lo que yo quiero sostener, diputada Garavito, que su interpretación respecto a nuestro silencio sobre este punto en manera alguna se deben interpretar como que estamos en contra al derecho a la alimentación del pueblo de México. Pero sí queremos que eventualmente, si usted lo propone como una adición al artículo 4o. constitucional, como garantía individual, nosotros compartiremos con usted dicha iniciativa de reforma constitucional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Con su permiso, señor Presidente:
Indudablemente la propuesta de que el pueblo de México sea alimentado adecuadamente, es algo que mi partido ha consignado de sus documentos fundamentales y que el señor presidente Carlos Salinas de Gortari, ha incorporado en su programa de gobierno, como una proclama, como un objetivo, como un proyecto de gobierno.
Ahora bien, ¿qué significa tratar de convertirlo en norma jurídica? Hace algunos años, cuando concluía la reforma política en 1977, Jesús Reyes Heroles dijo algo que me parece sumamente importante: "Por razones, decía Jesús Reyes Heroles, que no viene al caso analizar, el derecho mexicano se ha deteriorado en su prestigio, se ha deteriorado en su observancia".
¿Cuáles son las razones por las que se ha deteriorado el derecho mexicano en su observancia?
Yo pienso que dentro de la familia de los derechos humanos hay tres grupos: los derechos llamados "políticos y civiles", que el Estado puede garantizar y el Estado mexicano los garantiza mediante el juicio de amparo. No se puede violar la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho de tránsito, la garantía de audiencia, el derecho de petición, consignados en los primeros artículos de la Constitución. Por eso se llaman "derechos subjetivos públicos, garantizados por el juicio de amparo".
Segundo grupo de derechos humanos: los derechos del trabajo y los derechos sociales. ¿Y qué dicen en relación a los derechos sociales? Que desafortunadamente muchas veces se convierten en proclama, muchas veces se elevan a rango constitucional, pero no se instrumentan en observancia hasta en el último detalle y aquí viene el desprestigio, el deterioro, la brecha entre norma jurídica y conductas diarias, que es muchas veces lo que ocasiona el desprestigio del derecho.
Una norma jurídica no debe sujetarse a posibilidades, a condiciones; encierra un deber ser, proteger un valor jurídico. Por lo tanto, debe ser acatado por todos, no simplemente como un buen deseo o refugio de una aspiración. Una norma jurídica tiene que partir de un supuesto de hecho, o sea, que la norma jurídica se va a cumplir.
Bien lo dice un filósofo del derecho, Gurvitch, dice: "el fenómeno jurídico es extremadamente complejo por su estructura antinómica. En efecto, en él se encuentran antonomías y eteronomías. Elementos ideales y elementos reales; los valores éticos, los criterios axiológicos y los supuestos de hechos. Estabilidad e inestabilidad; orden y creación; contrición y convicción; necesidades
sociales e ideales sociales; experiencia e interpretación. En fin, ideas lógicas y valores morales".
Ihering, todavía va más allá: "El derecho está para eso, para que se realice. La realización es la vida y la verdad misma del derecho. Es el derecho mismo; lo que no pasa en la realidad, lo que está simplemente en la ley, en el papel, es solamente un derecho aparente, palabras vacías y, por el contrario, lo que se realiza es derecho y aunque no se encuentre en la ley y el pueblo y la ciencia no se hayan dado cuenta de ello".
Con estos dos autores, lo que pretende reafirmar es la idea y el compromiso moral que nos ha llevado a analizar esta reforma jurídica y otras más que el Ejecutivo nos remitirá al Congreso de la Unión, porque se pretende cerrar la brecha entre lo que la norma señala como el deber ser, como un proyecto de futuro, como un instrumento de cambio, como una inconformidad ante una realidad que agobia y algo que debemos superar para aproximarnos al valor de que está inspirando el derecho, que son los valores en nuestro caso que vienen de nuestro gran movimiento social.
Consignar una norma por satisfacer una presión, consignar una norma por simplemente tratar de salir a decir que ya está el derecho a la alimentación, cuando sabemos que en la práctica no va a poder instrumentarse hasta sus últimas consecuencias, lo único que está haciendo es abrir esa brecha entre norma jurídica y conducta de gobernantes y gobernados que entre más amplia sea es precisamente el grado de legitimidad que tiene un sistema político.
Debemos aspirar a cerrar esta brecha, a cerrar la norma jurídica y la realidad. En la medida en que identifiquemos a México por nuestra Constitución, en la medida en que veamos que esta norma jurídica, en la medida en que veamos que a través de la lectura de nuestra Constitución encontramos al México que aspiramos, en esa medida estamos fortaleciendo la legitimidad del Estado mexicano y fortaleciendo la legitimidad de nuestro movimiento social.
¡Eso es a lo que aspira Carlos Salinas de Gortari! ¡Cerrar la brecha, hacer un derecho como instrumento de cambio; no como refugio de populismo, no como refugio de aspiraciones, no como garlitos para ir a engañar, para ir a convocar, para ir a exacerbar. (Aplausos.) Para ir a exacerbar la voluntad del ciudadano mexicano!
Porque no entiendo cómo aquí se exige una legalidad del Estado mexicano, se exige la observancia de la norma; pero a su vez se propone algo, que de antemano se sabe, porque no está el supuesto de hecho, porque no está ni en las bases ni en la realidad mexicana la posibilidad de su observancia, repito, se propone algo que haría caer al Estado en una contradicción y en una mentira.
El derecho muchas veces tiene la misma cualidad de la hierba mala: su tendencia hasta la exuberancia; de vez en vez hay que darle su podada. ¡Creo que a eso hemos venido aquí: a podar el derecho con un sentido de justicia y un sentido de llevar la norma hasta sus últimas consecuencias! ¡No sigamos con promesas falsas, con simplemente actitudes irresponsables que sólo provocan ilegitimidad y agitación social! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, la diputada Rosa Albina Garavito.
Un comentario, si me permite, diputada.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Sí con mucho gusto.
El presidente: - Esta Presidencia está procurando mencionar la interpelación cuando el orador termina de exponer una idea; de otra manera estaríamos recortando el debate. Este es el criterio que estamos siguiendo, por eso a veces tardamos un poco en llamar la atención del orador.
Puede usted proseguir, compañera.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Bien, como el ánimo que me hizo subir por primera vez, hace unos momentos, a esta tribuna, era realmente un ánimo concertador, pues quiero continuar.
Entonces congruente con ese objetivo voy a desoír la confesión de parte del no cumplimiento de una obligación ya establecida constitucionalmente en varios artículos, por ejemplo en el 25, que nos acaba de hacer mención el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. No voy a hacer referencia a eso. No, me gusta mucho más la posición con la cual vino mi estimado compañero diputado Jiménez Remus.
Yo pienso que si hubiéramos tenido el tiempo que siempre solicitamos para discutir, como personas civilizadas, con ideas, contrapuestas, sí,
pero como servidores de la nación, pues nos habríamos dado la oportunidad de en un ambiente relajado, tranquilo, sin ninguna prisa, ninguna otra más que la de cumplir con nuestra responsabilidad de legisladores, la de escucharnos, la de comportarnos como seres racionales y civilizados, pues habríamos tenido oportunidad de llegar a muchos acuerdos.
Yo lamento que haya sido así; pero apenas se abre una línea, la tomo. El diputado Jiménez Remus inicia la observación y creo que tiene razón, que nuestra propuesta está mal hecha, porque no se puede legislar, no se puede elaborar este tipo de propuestas en cualquier capítulo de la Constitución. Yo confieso que está apresurada la propuesta del Partido de la Revolución Democrática cuando dice: "Todo mexicano tiene derecho a una alimentación suficiente y adecuada" y que eso sea justamente en el artículo 27.
Yo confieso que fue apresuramiento de nuestra parte, porque para nosotros en el razonamiento aparece como una premisa para lo cual queremos arribar después. Entonces no tengo ningún empacho. No tenemos ningún orgullo mal entendido de venir a reconocer errores.
Ese fue un error. Pero si solamente fuese ese el error, si nos concediéramos que es una premisa, que no estamos pretendiendo elevarla a rango constitucional y entonces aceptaremos las modificaciones necesarias en la redacción; me gustaría preguntarle al diputado Jiménez Remus, si estaría de acuerdo su fracción en que sí quedara establecido, porque sí corresponde por el objeto que trata, el que las asociaciones de productores rurales que participen en la producción de básicos, gocen el régimen preferencial que establezca la ley reglamentaria. Esa es mi propuesta. Gracias.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus (desde su curul): - Si usted me permite, desde mi curul, puedo contestarle a la diputada Garavito y por su conducto a su grupo parlamentario, que sí aceptamos su propuesta. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias.
Tiene la palabra, para hechos la diputada Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: - Señor Presidente, con su venia.
Bien, compañeras y compañeros diputados, yo vengo con un ánimo diferente al de la compañera Rosa Albina, yo sí vengo con ánimo de contestarle al diputado Rodríguez Prats.
Me ha impresionado vivamente la pasión con la que ha defendido su tesis y ojalá que fuera congruente en otras votaciones, cuando este Poder Legislativo está en posibilidad de acercar a la realidad la norma jurídica. Me refiero, en específico, a que de la argumentación del diputado Rodríguez Prats, se desprende que no ha habido otro camino para hacer las cosas que el ha emprendido el actual gobierno; es decir, él reconoce, se queja amargamente y lamenta que de hecho existe una brecha entre la norma jurídica que establece nuestra Constitución, los derechos que otorga al pueblo etcétera y la realidad que vive el pueblo de México.
Plantea insensato que se eleve a norma constitucional el derecho a la alimentación, porque no existen las bases reales para poder garantizar ese derecho. Pero no existen porque su gobierno, de su partido, ha seguido una política económica y agropecuaria totalmente errónea. (Aplausos.)
Y con 27 ó sin 27, si se aprueba el presupuesto superavitario que vino a presentar aquí el señor doctor Ernesto Zedillo, no se va a resolver el problema del campo y ahora que se ha puesto tan de moda en este debate acabar mitos, derribar tabúes, sería muy bueno que se acabaran, con el mito y el tabú de que un presupuesto deficitario pero se genera inflación es una política de gastos errónea, es un pago a la deuda insensato y la entrega que se está haciendo a la economía, a la política de rapiña de la banca internacional. (Aplausos.)
Quisiera apropiarme de un comentario que escuché en la bancada vecina la mía, para plantear que como consecuencia lógica a lo establecido tan vehementemente por el diputado Rodríguez Prats, había que plantear simplemente entonces que se estableciera en la Constitución, en el artículo 4o., que entonces el pueblo mexicano no tiene derecho a comer bien, para que se cerrara la brecha entre la norma y los hechos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias.
Tiene la palabra, para hechos, el diputado René Bejarano, del Partido Revolución Democrática.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Con su permiso señor Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados:
Nuestro más destacado interpelador, el campeón de la interpelación, el diputado Yunes, nos conmovió tratando de convencernos de que si ya está consagrado el derecho a la salud; ¿para qué hace falta consagrar el derecho a la alimentación?, pero claro, para estar sano hay que comer bien, pero no necesariamente no es suficiente, comer bien para estar sano; es una conducción necesaria, pero no suficiente, porque la salud es un problema mucho más amplio, pero no es ése el tema y nuestro compañero Rodríguez Prats nos convence de que quienes por ejemplo consagraron o presentaron la iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la vivienda, por ejemplo, pues lo hicieron con ánimo de exacerbar, de crear garlitos, espero que recuerde quién presentó esto, porque la brecha entre la norma y la realidad, en el caso del derecho a la vivienda, no sólo se disminuye, se está ampliando y el déficit de vivienda en este país es cada vez mayor, porque el número de viviendas que se construyen no es suficiente para las necesidades que se van creando y entonces podría convenir con nosotros en ese absurdo argumento que plantea que en consecuencia para acabar con esa situación pues hay que quitar de la Constitución el derecho a la vivienda, porque la brecha se está ampliando, porque el derecho se desprestigia, como dijo, porque se pierde legitimidad, así lo dijo y claro, no sólo se desprestigia el derecho; también los gobernantes (aplausos) y ustedes han perdido legitimidad, desde luego que sí, pero entonces pues hay que ir quitando los derechos sociales en donde la brecha se está haciendo más grande, el salario ya no es remunerador, es al revés, el salario real disminuye, pues, convenza a los compañeros diputados cetemistas de su tesis tan brillantemente defendida aquí y vamos a eliminarlo para que sea consecuente, puede traer un fichero de citas de Reyes Heroles, o de autores diversos, podría ser muy interesante escuchar la argumentación, pero no creo que los convenza, no creo, ¿por qué?, porque los derechos sociales son irrenunciables y aunque un gobierno no haya cumplido o haya hecho demagogia con los derechos sociales, o ya había violado la ley con los derechos sociales, esto no quita la necesidad de que éstos estén consagrados; precisamente para que un buen gobierno desarrolle una política, para que esos derechos sociales, para que el gobierno representante de la sociedad cumpla con esa obligación y no que un gobierno incapaz de cumplir pretenda que ya no se consagre en la Constitución un derecho que es irrenunciable y que entonces por reducción al absurdo y otros más que no se cumplen como el derecho de huelga, como el derecho a la información, como el derecho al sufragio efectivo y otros tantos más; entonces señores legisladores presenten ustedes su renuncia y dedíquense a otra labor que les pueda redituar un poco más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Sigue en el uso de la palabra, para hechos, el diputado Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En esta sesión histórica, se nos ha venido a decir que hoy estamos podando la Constitución para que se acerque más el derecho mexicano a la realidad.
Yo quisiera preguntarle, si en cuanto al régimen político se refiere, el diputado Rodríguez Prats nos hará alguna propuesta de modificación constitucional, seguramente justificadísima, con citas de los más destacados juristas de México o políticos, incluso hasta de algunos héroes tal vez, para cambiar la Constitución, para acelerar a la realidad, darle una podadita y que pudiera decir: "En este país el Presidente de la República nombra a su sucesor; en este país el Presidente de la República será el presidente del partido oficial; en este país...
No hay mociones, señor Presidente.
El Presidente: - Compañero diputado, el orador está haciendo referencia a lo que mencionó un orador de su partido, creo que está dentro del tema.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Tal vez el diputado Rodríguez Prats nos ayudará a resolver el problema del federalismo y nos dirá que el Presidente de la República designará a los gobernadores de los estados, o los removerá, como el caso de Yucatán.
Podríamos ajustar la Constitución a la realidad de este país, para decir que el partido oficial podrá tener acceso a todas las arcas públicas, dentro de campañas electorales o fuera de ellas.
También podría decirnos el licenciado Rodríguez Prats, tan preocupado por dar la Constitución para acercarla a la realidad, de que el Presidente de la República jugará el papel de Supremo Tribunal de Elector, cuando las cosas se pongan calientes.
Tendríamos que aceptar en la Constitución que estará prohibido tocar con el pétalo de una rosa,
los presupuestos de egresos y de ingresos, o las leyes de ingresos que envíe al Congreso de la Unión el Presidente de la República.
Y así podríamos hacer todo un listado de lo que existe en este país, en cuanto al régimen político se refiere y de lo que está escrito en la Constitución. Ojalá se preocupe más de ello, señor Rodríguez Prats.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Francisco Dorantes, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Señor Presidente, con su venia; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Respetuosamente digo: no desconozco el derecho constitucional, modestamente, pero el señor licenciado y diputado Prats me dejo perplejo. Tal parece que su cátedra en derecho constitucional iba dirigida a licenciados ya recibidos en derecho, que estaban esperando recibir su doctorado.
Al pueblo de México no se le puede alimentar con oratoria; al pueblo de México se le debe alimentar con hechos.
Desde niño escuché siempre: vamos a acabar con los acaparadores, vamos a acabar con los intermediarios y todavía estoy esperando, a la edad que tengo, de que se elimine esa plaga del sistema social, de la organización social injusta que tenemos.
El pueblo de México, lo ha dicho la organización Mundial de la Salud, pierde peso porque no recibe las calorías necesarias para sobrevivir o para vivir. Un pueblo bien alimentado, si es cierto, tendrá salud, pero necesariamente tendrá que ser un pueblo bien alimentado el que esté sano, porque las enfermedades no solamente las provocan las desnutriciones. Seamos veraces, seamos serios en lo que se refiere a estos problemas del pueblo de México.
Un trabajador, lo digo, para los señores capitalistas, Roberto Owen lo demostró durante la revolución industrial, que un trabajador bien alimentado que recibe prestaciones económicas producirá más. Si al pueblo de México se le escatima la alimentación, que es uno de los más inalineables derechos, entonces se estará siendo poco práctica para recibir mejores utilidades.
Hace unos días en la junta de gobernadores y diputados, en la que concurrió el señor diputado Pedro Ojeda Paullada, mencionó la necesidad o la conveniencia de implementar medidas coercitivas para aquellos que van a ahora a adecentar el beneficio del campo y de la producción, para que se apliquen sanciones para quien especule en contra de los intereses de la organización social que estamos conformando en esta modernidad.
Es necesario que se apliquen sanciones a aquella gente que como los acaparadores y los intermediarios, que nunca se hizo nada en contra de ellos. El periódico de Socorro Díaz. El Día, hace ya años, publicó antes de que se inaugurara la Central de Abastos, dijo que esta central de abastos era propiedad de nueve gobernadores. ¿acaso esa influencia impidió que se sancionara o se impidiera que los especuladores medraran y explotaran por un lado a los campesinos y por el otro lado al pueblo consumidor? ¿qué se hizo para eliminar esta plaga?
Una interrelación económica entre los campesinos y los obreros, que nunca fue lo suficientemente combatida, ahora, yo les pregunto a todos ustedes, señores diputados: ¿se va a hacer algo en contra de las sociedades mercantiles exportan los productos al campo que irán necesariamente a producirse para el pueblo de México?
Yo creo que nadie ignora que en Guerrero, en Oaxaca y en muchas partes de la República, la mejor fruta, los mejores frutos se van para el extranjero. ¿No es el momento de hacer una proposición para que quedara escrita en la Constitución?
Pero sí estoy de acuerdo y quiero dejar debidamente que por mi parte, como pueblo, como representante popular, estoy de acuerdo con las expresiones y la proposición de Garavito. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel González Avelar: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Hoy por la mañana, si no recuerdo mal, un compañero miembro de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, hizo una proposición muy al hilo y muy en el sentido de la que ha hecho hace unos minutos en esta tribuna nuestra ilustrada y brillante compañera Rosa Albina
Garavito. Bienvenida sea pues esa propuesta también de la compañera Garavito y bienvenida la de Oceguera y la de ella a una tradición que mi partido ha sostenido desde hace muchos decenios.
Esta tradición del Partido de la Revolución Mexicana, hoy del Partido Revolucionario Institucional, ha consistido en hacer de la Constitución, no sólo un espejo puntual de lo que ocurre en el país, sino también y tal vez sobre todo, una dirección una brújula que ha guiado infaliblemente a las mayorías del pueblo de México durante estos últimos decenios de la vida de nuestro país.
Así ocurrió, en efecto, con algunas instituciones que tempranamente quedaron consagradas por el propio constituyente de 1917, como el derecho a la vivienda, cuya realización práctica hubo de deferirse durante muchos años, hasta que la Ley del Trabajo de 1970, la intuyó como una obligación del trabajador, en condiciones tales que tanto trabajadores como patrones resolvieron crear una institución que, si bien no ha cubierto como quisiéramos todos las necesidades de habitación en el país, ha podido, sin embargo, crear un número de habitaciones que hoy, por lo menos no existirían, de no haberse creado por el consenso del gobierno y los trabajadores y los patrones esa institución.
Y así ocurrió también con el Instituto Mexicano del Seguro Social y todo su régimen de seguridad social para los trabajadores, que habiéndose esbozado de una manera clara desde el Constituyente, vio demorar su nacimiento hasta los principios de los años cuarentas, en 1943 y así una serie de derechos que, permítanme decirlo, gobiernos apoyados por nuestros partidos, fueron desarrollando en el curso del tiempo.
Nuestra Constitución ha sido pues una constitución paradigmática y no nos extraña de ninguna manera, ni nos preocupa mucho menos de ninguna manera, una iniciativa, una proposición que tienda a enriquecer el caudal de los derechos sociales que contiene nuestra Constitución Política. En buena hora y bienvenida cualquier iniciativa naturalmente en ese sentido.
Ahora, sí debo decir también que nuestra condición de legisladores no excluye una cierta dosis de realismo para aquilatar y valorar, en tal y cuales momentos, la oportunidad o la posibilidad de determinadas instituciones. Ni siquiera me refiero, dicho sea de paso, a ésta, pero la verdad es que hay algunos derechos, por lo menos así lo pienso yo, o algunas actividades como el deporte; se dice, lo he escuchado a menudo, que debe elevarse al rango constitucional. Yo pienso, con perdón de mis queridos compañeros de partido que han pugnado por esto, yo pienso que el deporte debe elevarse sobre todo al rango de la práctica, más que al rango constitucional, de tal manera que, o bien si alguien se propusiera, expidamos ahora un decreto que contenga solamente un precepto que diga: artículo primero; se declara la felicidad del pueblo mexicano.
Artículo transitorio: Este decreto comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sería una disposición que claramente carecería de las posibilidades que también estamos obligados a conseguir y a garantizarle al pueblo a la hora de nuestras decisiones.
No en vano en algunos parlamentos, no en todos, en algunos, toda proposición suele ir acompañada de un proyecto presupuestal, para indicar de dónde han de tomarse los recursos necesarios para hacer viable. No es nuestro caso y en cierto modo, ¿qué buen que no lo sea!, porque esas decisiones, que alguna vez fueron puestas en la Constitución, probablemente en una época en que todavía ni siquiera en el horizonte era clara la posibilidad de hacerlo, con el tiempo, con la lucha de los mexicanos, con la buena voluntad de todos fueron adquiriendo consistencia, corporeidad, y acabaron siendo derechos casi tangibles que ahora tenemos en buena hora.
Yo, como fracción, como representante o vocero modesto de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, pues recibimos con la mayor simpatía la iniciativa, la proposición, la sugerencia la idea, el compromiso que nos plantea aquí la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática.
Entendemos y compartimos en esto la idea de nuestros amigos del Partido Acción Nacional, de que no es ciertamente en el artículo que discutimos, donde esto debiera quedar incluido, sino seguramente en ese otro precepto que ha ido recogiendo todas estas decisiones sociales fundamentales del pueblo de México.
Yo los invito a que, al unirse a la mayoría en un proyecto de esa naturaleza, lo hagan verdaderamente viable y una cosa adicional, pequeña, que no puede evitar decirla, sobre aquello de "el que calla otorga", hemos venido por eso para no callar y para no otorgar y porque ese precepto fue y tuvo vigencia y validez únicamente en el derecho canónico en épocas oscuras de las que no quiero acordarme. Muchas gracias.
El Presidente: - ¿Compañero González Avelar, acepta una interpelación?
El diputado Miguel González Avelar: - A sus órdenes.
La diputada Rosa Albino Garavito Elías (desde su curul): Es una pregunta, licenciado. Decía que me da mucho gusto escuchar una serie de afirmaciones de su parte en torno al espíritu del derecho, a las características que tuvo el Constituyente de 1917, que muchas veces por supuesto bien pude servir y sirvió de horizonte de un proyecto de nación. Me da mucho gusto y en este esfuerzo, ya que no estamos dando el tiempo, en este esfuerzo de concentración, no me quedó claro, licenciado González Avelar, si una vez aceptado, como lo hicimos, gracias a la prolijidad jurídica del licenciado Jiménez Remus, de eliminar de nuestra propuesta el elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, y dejar simplemente, se lo voy a leer, si me permite, la propuesta en este sentido: "Las asociaciones de productores rurales que participen en la producción de básicos, gozarán del régimen preferencial que establezca la ley reglamentaria". Mi pregunta es, ¿si ustedes, como fracción priísta, con esta modificación, estarían de acuerdo en la propuesta que hacemos? Gracias.
El diputado Miguel González Avelar: - Gracias a usted, diputada. Yo pienso sinceramente que la exposición de motivos de la iniciativa que estamos ahora discutiendo, tiene ya de suyo una explicación y un compromiso bastante expreso sobre este problema de alimentación. Entiendo que usted lo ha dividido en dos partes, pero tal vez se le olvidó hace unos minutos.
Si me permiten, les recordaría que la iniciativa que discutimos en una exposición dice justamente: "... si queremos alimentar adecuadamente a las mayorías de nuestra población, es menester incrementar drásticamente la productividad agrícola". Ahí está alojada la idea, digamos la relación de medio a fin, que haría posible el proyecto general.
En cuanto al proyecto específico, me permito comunicarle que con mucho gusto seré el conducto para consultar este asunto, como lo haría cualquier diputado de su fracción parlamentaria con usted, con el coordinador de la fracción parlamentaria nuestra. En lo personal yo le diré a él que no creo necesaria la adición que usted propone, que me parece que está sobradamente cumplida la intención en todo el texto de la disposición. Pero le ofrezco ser el vocero de esa preocupación de usted con el coordinador de mi partido.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos el diputado Tomás González de Luna, del Partido del Frente Cardernista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Tomás González De Luna: - A nombre de mi partido y en lo personal, yo quisiera hacer algunas consideraciones en atención a las referencias que se han estado escuchando en todo este proceso, con objeto de modificar o aprobar la iniciativa del Ejecutivo en relación al artículo 27 constitucional.
A mí me parece que la iniciativa misma se mueve en contexto de incongruencia y que la defensa de la misma iniciativa incurre necesariamente en esa incongruencia, porque yo creo que hay un elemento fundamental que debe ser reconocido por los miembros de esta Cámara.
La transformación que tiene el país que o sufre el país, nos lleva a incorporarnos a una serie de nociones filosóficas, políticas y sociales que van más allá del contenido propio del texto constitucional.
Y en ese sentido considero que la única forma de que la bancada del partido mayoritario y los que asumamos la tesis o nos adhiramos a las proposiciones de ese partido mayoritario, necesariamente debemos tener congruencia y hacer una declaración fundamental que sirva como un sustrato que permita la defensa de las posiciones que se sostienen.
Señalaba yo que en la expresión, en los puntos de vista que sostienen, yo sostengo que existe una incongruencia en las posiciones que se sostienen. Prácticamente podemos decir que los puntos de vista que se confrontan en el análisis del proyecto de reforma por parte de un sector de esta Cámara de Diputados y por otro sector, aun cuando éste sea mayoritario, son dos puntos de vista muy alejados, son puntos de vista que responden a otros criterios.
Hablar y reconocer que la Constitución es un documento híbrido, es un documento que resulta de un proceso revolucionario, de un proceso social, de un proceso social triunfante, en el cual se incorporan como artículos fundamentales, el artículo 3o., el 27 el 123, etcétera. Esto dio a nuestro texto constitucional una dimensión y unas características distintas, unas características particulares.
Hoy, en el desarrollo del capitalismo en el mundo y en particular el desarrollo del capitalismo en México, lleva a la necesidad de modificar sustancialmente ese texto constitucional.
Y el hecho de que se haga una modificación de ese texto constitucional, significa la necesidad de adecuar las disposiciones jurídicas vigentes, a esa transformación, a este proceso por el cual transita nuestro país.
Creo que la bancada del partido mayoritario necesariamente tiene que partir de lo siguiente: que está dejando de lado todos aquellos aspectos fundamentales del derecho social, cuyas expresiones en nuestro texto constitucional, son el artículo 3o., el 27 y el 123 y que las modificaciones que se hagan de esta serie de regulaciones jurídicas, necesariamente lleva a incorporarse a un derecho con otras características: la regulación de esta realidad económica del país. Esto obliga a esta serie de transformaciones, de ahí que yo sostengo lo siguiente:
Las afirmaciones y los juicio, las propuestas de los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, tienen la característica de estar asentadas en el desarrollo de un derecho con grandes características sociales y, por el otro lado, encontramos nosotros la expresión de otro punto de vista que sitúa fundamentalmente en la exaltación de derechos individuales: el derecho de la libertad, etcétera.
En esos términos creo que es importante reconocer en qué campo, en qué posición filosófica, política, social, se está sosteniendo y sostener esas posiciones filosóficas, políticas y sociales, conlleva a adoptar un punto de vista en la modificación de este texto constitucional. Creo que esto es lo que nosotros debemos reconocer que está presente en esta discusión.
Por otra parte, nosotros sabemos que una consideración social o socializante, conllevó por mucho tiempo a disminuir la importancia de la separación entre derecho formal y derecho real. Distinción, disminución que trajo sus consecuencias, no solamente en el ámbito teórico, sino también en el ámbito político y bien en las sociedades que caminaron en ese sentido. Yo considero lo siguiente:
La necesidad de tener congruencia y claridad por los que se refiere a las posiciones en las que se está situando cada uno de los que en un momento determinado participamos en esta disputa, acerca de qué rumbo debe tener la nación, nos debe llevar, repito, a tener una congruencia de nuestras posiciones, de nuestra posición ideológica y política.
Desconocer y considerar que en este momento las ideologías no existen o que las concepciones filosóficas han quedado borradas, sería, creo, un absurdo.
Yo convoco a todos los miembros de esta Cámara de Diputados, a que tengamos congruencia en las posiciones que tenemos, para que en un momento dado podamos formular juicios que sean claros con respecto a qué es lo que queremos.
Creo que no debe haber temor y debemos declararlo, que estamos borrando el artículo 27 constitucional, con las características que tenía y estamos introduciendo un artículo 27 constitucional con otras características; estamos entrando a una fase de un capitalismo salvaje en el país y de todos estos aspectos seremos responsables de una u otra manera. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Rodríguez Grimaldo, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Felipe Rodríguez Grimaldo: - Con su permiso, señor Presidente:
Para mi participación en lo referente a la fracción XI, voy a iniciar mi participación con la lectura de esta fracción:
"Para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo y de las leyes reglamentarias que se expida, se crea:
a) Una dependencia directa del Ejecutivo Federal, encargada de la aplicación de las leyes agrarias y de su ejecución.
b) Un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas que serán designadas por el Presidente de la República y que tendrán las funciones que las leyes orgánicas reglamentarias le fijen.
c) Una comisión mixta compuesta de representantes iguales de la Federación, de los gobiernos locales y de un representante de los campesinos, cuya designación se hará en los términos que prevenga la ley reglamentaria respectiva, que funcionará en cada estado y en el Distrito Federal, con las atribuciones que las mismas leyes orgánicas y reglamentarias determinan.
d) Comités particulares ejecutivos para cada uno de los núcleos de población que tramiten expedientes agrarios.
e) Comisariados ejidales para cada uno de los núcleos de población que posean ejidos".
En cuanto a esta fracción, como se ha comentado, se deroga en base a que está ya estipulado en
los transitorios del decreto, para que, como lo estipula esta iniciativa, después de terminar con el rezago agrario, después de terminar con el desahogo de los expedientes, el compromiso que se tiene con los campesinos pueda esto derogarse y entrar en función de los tribunales agrarios.
Por esto vemos la importancia, la necesidad de esta derogación, porque mucho se ha hablado de la gran burocracia que pesa sobre los campesinos y que hoy, con este compromiso ante la iniciativa de terminar con el rezago agrario, habrán de seguir vigentes hasta en tanto no se cumpla con esta situación.
Esto es mi participación y esto es lo que justifica la derogación de esta fracción XI para con este compromiso. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente, respetuosamente le agradezco la atención de haberme concedido el uso de la palabra, pero tengo entendido que había una intervención para hechos de nuestro diputado Carlos González Durán.
Me someto a los que la Presidencia establezca.
El Presidente: - Lo tengo anotando a él también.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - ¿Entonces, me pide que haga mi intervención en este momento?
El Presidente: - Si es tan amable.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Gracias. Con su permiso, señor Presidente:
Quisiera referirme brevemente a algunos aspectos relacionados con nuestra propuesta de por qué pensamos que es de vital importancia que en el propio texto del 27 constitucional se establezca que las asociaciones de productores rurales que participen en la producción de granos básicos, gozarán del régimen preferencial que establezca la ley reglamentaria.
Quisiera hacer la precisión de que en su momento y siguiendo los procedimientos parlamentarios, nuestra fracción presentará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para seguir el trámite específico, la propuesta de que el derecho a la alimentación sea incluida como un derecho social del pueblo mexicano en el artículo 4o., constitucional, en su momento buscaremos los mecanismos de discusión y concertación para arribar a este objetivo.
Pero quisiera referirme muy brevemente a por qué pensamos de vital importancia este aspecto del régimen presidencial de los productores de granos básicos.
Un elemento que hemos comentado en varias ocasiones, pero pareciera que no se asume la magnitud de lo que esta en juego cuando hablamos de básicos y de apertura comercial, es que una declaración jurídica constitucional de defensa del ejido y la comunidad, una declaración jurídica y constitucional de defensa de las comunidades indígenas, se convierte en un postulado legal válido, desde el punto de vista constitucional, pero si se establece un mecanismo de libre importación de granos básicos proveniente de Estados Unidos y si el Estado mexicano aplica de la facultad autónoma de establecer subsidios compensatorios a las importaciones de granos básicos, se aplica como ese nefasto documento del Banco Mundial del 29 de mayo, establece de la facultad de tener una política autónoma de fomento y desarrollo rural, si no existe una política de mediano y largo plazo de protección a los productores del campo, particularmente a los productores de grano básico, resulta y esto no es un problema de matriz es un problema de la mayor importancia que la base misma de existencia del ejido y la comunidad se erosiona porque no hay forma en que un productor de maíz, trigo, frijol y arroz, sorgo, soya y cártamo, podrá ser competitivo con importaciones provenientes de los Estados Unidos, en donde el trigo se vende en Estados Unidos al doble de lo que son sus precios de exportación y en donde existen y esto lo hemos repetido pero no se asumen en la magnitud que tiene como erosión y desmantelamiento de estructuras ejidales, donde los Estados Unidos tienen más de 50 mil millones de dólares anuales de subsidios agrícolas frente a un escenario mexicano de apenas 2 mil millones de dólares.
No es un problema menor, no es una discusión estadística ociosa y tiene que ver directamente con la propuesta que estamos presentando, por que estamos pidiendo a esta soberanía que exprese el espíritu de este constituyente permanente, exprese la voluntad establecida en un texto constitucional de este constituyente permanente, para que la producción de granos básicos goce de un trato preferencial. Presentando, porque estamos pidiendo a esta soberanía que exprese Alguien me dirá que los subsidios sería regresar
al populismo y alguien me dirá que el regreso a un régimen preferencial crea una economía ficción.
El problema de fondo y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, porque está en juego dos millones de productores de granos básicos en México, es que los productores de granos de la Comunidad Económica Europea viven en una economía ficción y los productores de granos de los Estados Unidos viven en una economía ficción. Y si no existe una voluntad explícita del gobierno mexicano de una protección a los productores de granos básicos, a través de las políticas fiscales arancelarias de gasto público y de régimen preferencial que se establezca, en los hechos, más allá de debates jurídicos y constitucionales de una extraordinaria riqueza, en los hechos la base misma de existencia de las comunidades ejidales y de las comunidades propiamente dichas en producción de granos bá - sicos se erosiona. Ese es el problema de fondo. Por eso cuando nosotros presentamos a la consideración de esta soberanía lo relativo al régimen preferencial de producción de granos básicos, lo hacemos además con fundamento en análisis de tendencias que nos preocupan de manera muy severa. Pese a declaraciones triunfalistas los anexos del informe muestran que en los 10 granos principales la producción baja un 8%. Y las tendencias son que estamos importando entre 8 y 10 millones de toneladas. Y esto significa hombres y tierras ociosos y significa niveles de precio de inversión y de crédito sustancialmente más bajos que los que había hace 10 años.
Por tanto y esto lo digo porque hubo abundantes intervenciones de diputados del Partido Revolucionario Institucional defendiendo el ejido y la comunidad. Las escuchamos. Estamos aquí para dialogar y escucharnos unos a otros. Esto significa que en los hechos si no se establece un mecanismo de protección y de régimen preferencial para productores de granos básicos. Discursos, declaraciones e ideas que se lancen al viento dirigidas al ejido y la comunidad, van a carecer de base económica, van a carecer de contenido, van a ser postulados constitucionales legítimos y válidos, porque desde la Constitución de Apatzingán hay una voluntad de este pueblo para establecer su constitución, las grandes transformaciones, pero no tendrá una base económica de sustentación.
No hay forma de competir con Estados Unidos y Canadá en granos básicos, a menos que se establezcan subsidios compensatorios. y esto implica y lo decimos por observaciones que aquí se nos dijeron, una política de gasto público que en vez de congelar esos 18 billones en la reabsorción de la deuda interna, lo destine al fomento del desarrollo rural, al bienestar social, a la pesca y otros sectores. y esto implica decir sí a los subsidios selectivos, preciso, porque sabemos que la expansión económica va a permitir aumentar recaudación fiscal y recupera esos subsidios con recaudación fiscal acrecentada.
No estamos aquí ante una supervivencia populista, sino ante una actitud de absoluto pragmatismo en la supervivencia de nuestro sistema agrícola. No estamos presentando una política económica en detalle, sólo una voluntad señor Presidente, le ruego.
El Presidente: - Se solicita guardar silencio, por favor.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Gracias, señor Presidente.
Sólo estamos expresando una voluntad del constituyente permanente para que la producción de granos básicos goce, repito a ustedes, de un régimen preferencial.
Nos preocupa particularmente que en la década de los ochentas, de 1983 a 1987 por ejemplo la producción per capita de granos básicos baja en más de 11%, según estadística de la Secretaría de Agricultura. Pero lo peor es que el consumo baja en un 33% entre el año de 1983 y el año de 1988. Y esto significa algo que lo hemos dicho pero que no se está midiendo en su verdadera magnitud: si cada mexicano consumiera la misma cantidad de granos básicos que consumía en 1980, en vez de estar importando entre 8 y 10 millones de toneladas de granos básicos, que es la tercera parte de nuestras necesidades, estaríamos importando casi la mitad.
Y es por ello que lo está en juego, cuando postulamos la voluntad de proteger a los productores de granos básicos con aquellas medidas de política flexible que se requiera, es precisamente la supervivencia. en términos económicos, ya no sólo jurídicos del ejido y la comunidad, porque los principales productores de granos básicos de esta nación, particularmente de maíz y frijol, son precisamente el ejido y la comunidad. Y por ello es de capital importancia expresar esta voluntad, ya será labor del movimiento social del movimiento campesino y de la soberanía de esta Cámara, establecer asignaciones presupuestarias para lograr este objetivo de la protección de granos básicos, bajo medidas y políticas flexibles, ese es otro escenario, se puede hacer perfectamente.
Pero sí creemos de capital importancia que una oferta creciente de granos básicos permite fortalecer el ingreso de los productores del campo, crear posibilidad para un bienestar campesino y desarrollo rural y permitir que los habitantes de las grandes ciudades tengan un abasto oportuno y a precios adecuados de esos productos agrícolas.
Por ello, pensamos que es de vital importancia presentar una voluntad de este Constituyente permanente, en términos de que la producción de granos básicos gozará de un tratamiento preferencial, en beneficio de millones de productores del campo mexicano. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos el diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor presidente; honorable asamblea:
La proposición que ha hecho la compañera coordinadora de mi partido, tiene el mérito de ponernos enfrente de la desviación que el régimen tiene en torno a la política social.
Nuestra Constitución orienta al gobierno primordialmente a realizar una política social, esa política social es de educación, de salubridad, de vivienda, de seguridad social, de medios y vías de comunicación y de fomento al trabajo y de su dignificación. Los derechos humanos son estos: civiles, económicos, políticos, sociales y culturales.
Si un niño se sienta a la mesa en su casa y su mamá le pregunta: A ver, Arturito, ¿qué quieres sopa o sopita?, ¡no mamá!, ¡yo quiero sopita!, cuando el niño se coma la sopita, su mamá no le dijo: ¡págamela porque está muy cara!; en la familia la alimentación se da porque se necesita y generosamente se practican los satisfactores, pero en la sociedad los satisfactores son mercancías. Pero es el caso que en la política social hay una política de asistencia social y hay una política que se llama "justicia social"; para aclarar esto, voy a poner este ejemplo:
Supongamos que se invita a todos los miembros de esta honorable parlamento a participar en una carrera, la carrera es pedestre, hay que salir de las puertas de esta unidad hasta el zócalo de la capital. Pero algunos no quieren empezar la carrera desde el sitio de salida, sino que van tomando ventaja y se colocan en posiciones más cercanas al zócalo. Cuando la carrera termina, resulta que unos llegaron a la meta y otros no llegaron a la meta, otros se quedaron en posiciones intermedias y algunos en unas cuantas cuadras, por no estar acostumbrados al ejercicio físico quedaron muy rezagos.
Si decimos: ¿Es la alimentación una necesidad humana imprescindible para la subsistencia del ser humano?, sí lo es. Si decimos en una norma: Todos los mexicanos deben de tener este nivel de alimentación, todos deben comer lo mismo, todos deben vestir lo mismo, todos deben habitar de la misma manera, llegaríamos a una norma que se llamaría vicio igualitarista; el igualitarismo dice: "todos iguales en todo" pero como somos personas humanas y por lo tanto somos seres individuales, lo que uno necesita para comer no lo necesita otro y cada uno tiene en gustos, sus peculiaridades propias, por lo tanto como norma jurídica la norma jurídica tiene una lógica, una estructura y dice así: "dado el supuesto de esta convivencia, debe ser esta prestación de alguien obligado frente a alguien facultado o si es la no prestación debe ser la sanción a cargo de un funcionario público por la pretensión de la sociedad".
El problema de la alimentación no es el problema de la salud, el problema de la salud es un problema que requiere equilibrio orgánico, equilibrio mental, condiciones de convivencia de respeto, requiere aspectos espirituales, la salud es distinta del problema de la alimentación, pero nosotros como legisladores qué podemos hacer ante tan grave problema por el cual la convivencia nacional tiene 40 millones de pobres y 17 millones de hambrientos, pues refiriéndome al ejemplo diría lo siguiente: La justicia social significa que aquellos que no alcanzaron el respeto de su dignidad sean apoyados para que alcancen el respeto de su dignidad. Si en lugar del zócalo decimos llegar a la meta quiere decir que todos comen, que todos visten, que todos tienen educación, que todos tienen habitación, entonces la norma jurídica de justicia social significaría, los que se rezagaron hay que ayudarlos para que lleguen a la meta y esta lucha en la alimentación no debe permitir ventajas ni privilegios; quiere decir que los derechos humanos garantizan la dignidad del ser humano pero si nuestro proyecto nacional es solamente un proyecto de rentabilidad, es sólo un proyecto de valores económicos la cuestión es la siguiente; si todo lo queremos convertir en mercancía, no solamente los espacios urbanos sino los espacios rurales, todo lo queremos convertir en mercancía, en rendimiento, en ganancia, ¿dónde queda la dignidad humana?, no hay espacio para la dignidad humana.
Entonces de lo que se trata es de señalar un derecho y de señalara un medio que satisfaga ese derecho, necesita efectivamente además de ser justo y necesario ese derecho, necesita ser viable porque si no es viable resulta ilusorio e imaginario y el derecho no es una recomendación ilusoria ni imaginaria, el derecho tiene que garantizar su efectividad porque el derecho piensa algo que se ha de realizar cumpliéndose el deber o cuando se infringe el deber.
Por lo tanto las consideraciones pertinentes para acoger el sentido de justicia de proposición que nos fue hecha debería ser en este sentido; tenemos 17 millones de hambrientos y tenemos una producción de alimentos que es muy deficiente por lo tanto vamos, como gobierno, como estado, como pensamiento deseable y normativo de la convivencia, a apoyar la producción de alimentos.
Es pertinente la moción que ha hecho la compañera, para el efecto de que dentro de la producción de alimentos, se apoye, se subsidie la forma necesaria o se den estímulos a las unidades productivas de alimentos, para que incrementen su producción.
Pero no solamente eso, queda otro problema. La presente administración ha levantado la bandera de la solidaridad. Pues una verdadera solidaridad supone no dar a los necesitados los satisfactores en forma de vicio paternalista.
Qué es lo que conviene al pueblo mexicano, darle sus satisfactores en la boca, gratuitamente, para inhibir su iniciativa y su responsabilidad en la lucha por la vida, o darles educación, darles trabajo, fomentar la solidaridad productiva para que incrementen sus capacidades de ganancia, de medios y de niveles de vida.
Por lo tanto, la solidaridad significa lo siguiente; nosotros no podemos aislarnos de la necesidad de los hambrientos y de la necesidad de los pobres; nosotros dentro del valor de la justicia social, debemos propiciar una política que atienda esos niveles rezagados y marginados de nuestra población y la forma de atender esos niveles puede hacerse en dos direcciones: para aquellos niveles donde los daños son urgentes de reparación, debe transitar la asistencia pública, pero para aquellos otros niveles donde lo que debe transitar es el fomento de la educación, del trabajo y de la solidaridad de organismos o empresas productivas, entonces fomentar este camino.
Termino. Aquí se nos ha dicho que hay que reconocer el derecho a una alimentación a niveles satisfactorios, porque se daña la subsistencia del pueblo mexicano y eso es un sangrante y real problema que debe de tener una respuesta de una política social y esa política social debe hacer efectivo y eficaz ese derecho a la alimentación. Ciertamente en al Constitución hay un conjunto de derechos que se están haciendo ilusorios, como el salario remunerador, como la vivienda, como la salud, etcétera.
Entonces, creo que la proposición de nuestro partido tiene el mérito de hacernos ver que la política gubernamental, de acuerdo a los postulados de la Revolución Mexicana, deben transitar no solamente por los valores de la redituabilidad, sino también por los valores de la dignidad humana, porque si todo lo queremos convertir en mercancía, no habrá espacio para los respetos de los derechos humanos. Muchas gracias, por escucharme.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Escobedo, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Escobedo Domínguez: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Para abordar el tema que corresponde, vengo a rescatar y a compartir el ánimo concertador de la compañera Rosa Albina Garavito y la preocupación por una política autónoma de producción agropecuaria del compañero diputado Jorge Calderón y para ello, ruego a ustedes se acepten las reflexiones y consideraciones con las que deseo acercarme, usando la razón y el entendimiento para que analicemos en este debate algunas de las interpretaciones de la gente que componemos este honorable Cuerpo Colegiado.
Qué bueno que existan distinguidos abogados, qué bueno que existan distinguidos economistas, así también existimos productores, técnicos en producción de alimentos, que tenemos una interpretación y que asumimos la responsabilidad de cumplir con esa interpretación el papel que se nos ha encomendado como legisladores.
Estamos de acuerdo con el maestro González Avelar, el cuerpo de la iniciativa, su esencia, contiene todos los fundamentos y todas las partes que definen en sí misma las bases fundamentales para que un programa de alimentación se venga a atender.
Y no solamente esta necesidad básica tan importante sino también aspectos tan importantes como educación, salud, vivienda, etcétera, y el empleo mismo que sin ser una necesidad básica
en sí misma viene a ser un envolvente de todas que, también, la iniciativa la viene a comprender.
Y la entendemos que en esta iniciativa se presentan tres oportunidades para los productores, para los campesinos de México, ante tres exigencias del Estado, éstas se sintetizan en que, al culminar el rezago agrario, el reparto y el rezago agrario, viene a obtenerse los dictámenes favorables o desfavorables, que vendrán a dar una definitividad en la posesión a los ejidatarios y comuneros, o bien, a desengañarlos de que su situación es negativa y con ello, también, a solucionar un problema.
Y por otra parte será la que habrán de inyectarse recursos concretos, que vengan a respaldar esa política alimenticia.
Pero sobre todo conviene interpretar los que somos productores y técnicos en producción de alimentos a la vez, entendemos que la iniciativa establece los fundamentos, establece las bases para que se inicie una política autónoma de producción, de acuerdo, no es en si misma un programa concreto que venga a definir qué debe hacerse para el caso de cada producción, de cada sistema productivo.
Y una parte muy importante, quizá la más importante de todas, para eso la señalamos, es que se viene a dar la liberación del campesino, una liberación en el sentido de que, concretamente, en el ejido, éste dejará de ser de alguna forma una parte del Estado, para ser un órgano de representación productiva. El ejido considerado a la luz de la iniciativa se viene a liberalizar en el sentido de que la gente que lo compone, entienda que debe de asumir la responsabilidad de producir.
En pocos países del mundo como el nuestro se entiende y se exige que el Estado deba ser el absoluto responsable en la producción de alimentos. Tenemos en México, los productores y los técnicos y todos los que se dediquen a estos ramos la obligación primaria de orientar esta producción.
El Estado, al formular esta iniciativa, el Presidente de la República, está formulando y está reconociendo que existen contradicciones y contrastes en lo económico, en lo social y en lo cultural. Se reconoce también que no se ha marchado al ritmo de otros sectores de la economía del país y se ha valorado la importancia del desarrollo del campo frente al desarrollo de la economía mundial.
Y, si bien, el reparto agrario, ha sido sin duda un proceso social de extraordinaria vitalidad que dio prosperidad y justicia a los campesinos y contribuyó a nuestra identidad nacional, no es posible que se inercia, tanto en lo que corresponde al reparto agrario, como lo que corresponde a esa intervención del Estado en todo lo que se refiere a la vida productiva, llamémosles ejidatarios y en muchos aspectos también del pequeño propietario.
Hay que reconocerlo también, que la sociedad rural ha contribuido a alimentar a esta nación, aún dentro de estas contradicciones, aún dentro de estas intranquilidades que ahora reconocemos vienen a subsanarse, porque se viene a dar las bases para que el productor se le imprima la responsabilidad de asumir su papel en primer lugar.
La credibilidad de la nación se viene a fortalecer porque ve la sinceridad de la iniciativa, cuando en el texto se establece el fin del reparto agrario, cuando se establece también de otra forma que el rezago habrá de culminar y hablamos de estos aspectos también porque inicialmente, aunque el tema fue reorientado de otra forma, corresponde a la fracción XI.
Más allá de la repartición de aquellas tierras que cada vez vinieron siendo más improductivas y que me permito compartir la inquietud del compañero Alejandro Encinas en cierta forma, de la necesidad de distribuir nuevos centros de población, compañeros, una de la causas más importantes de pobreza y una de las causas más importantes del escaso bienestar de las familias rurales, es precisamente esa gran dispersión de esos nuevos centros de población ejidal, que se fueron a establecer ahí, en algún erial, donde existía las posibilidades de establecer, sí, un grupo de familias, pero sin servicios mínimos, sin escuelas, sin agua potable, sin electrificación, sin vida digna.
Por esos compañeros, estos aspectos son situaciones que al quedar superadas, vienen a generarnos obligaciones nuevas, en donde concretamente y en forma complementaria y esto lo comento porque en días pasados se señalaba aquí, que los 10 puntos que presentó el señor Presidente el día 14 de este mes, no tenían ninguna relación con esta iniciativa. Consideramos que viene a ser respaldada porque precisamente se viene a atender esa gran demanda de empleo de la gran cantidad de campesinos que tenemos con derechos a salvo.
Es importante compañeros, señalar que en México tenemos un número importante de subsidios
que se ha considerado que son mínimos, que no existe o que son injustos, fundamentalmente porque nos ha arropado la incercia del paternalismo.
Consideramos que el Estado debe ser el responsable de pagar todos los insumos que el productor tiene. Reconocemos que en este aspecto el Estado ha venido cumpliendo también de alguna forma, fundamentando en el artículo 25 constitucional. Este aspecto compañeros, de la culminación del rezago del reparto agrario y de la eliminación de los cuerpos que conforman los que señala la fracción XI, viene a liberar a los campesinos, porque fundamentalmente liberan del ánimo de la desesperanza a los solicitantes de tierra, que basados en su futuro, en una norma vigente, sí, pero rebasada por la realidad, terminan con el expediente de satisfacer sus solicitudes por medio del uso de recursos públicos que nunca serían suficientes para atender así las múltiples demandas existentes y otras necesidades nacionales más.
Se da la liberación de la dependencia institucional que todo lo regula y todo lo controla desde esa absurda asunción de a la función tutelar, de aquellos cuerpos consultivos agrarios que por sus procedimientos mixtos administrativos jurisdiccional, derivados de la necesidad de una inmediata ejecución, vinieron acumulando sendos expedientes, tal vez por un exceso de burocracia en administrativo o por escasa autonomía en los jurisdiccional o de plano por no aceptar esta realidad que hoy se reconoce.
Se libera también de comisiones mixtas que cubrieron ya hace tiempo su función histórica.
Se terminan los comités particulares ejecutivos, que venían siendo el desgaste directo de las energías de los campesinos y punto de aliento de una esperanza cada vez menos viable, cuando no cuerpo de enlace con estafadores o practicantes de la demagogia.
En síntesis, se libera de la inseguridad jurídica, propiciada por la multiplicidad de factores y de agentes que hacían hasta ahora su condición de productor.
Con todo, se refuerza el principio de seguridad jurídica y se refuerza la responsabilidad de cumplir de parte de los productores en el compromiso de producir alimentos. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Bien, vamos a pasar a la votación de las dos propuestas, de la Diputada Rosa Albina Garavito y, la segunda, del diputado Felipe Rodríguez Grimaldi.
Proceda la Secretaría a dar lectura de la propuesta presentada por la diputada Rosa Albina Garavito, del Partido de la Revolución Democrática.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Se propone un texto en la fracción XI, fracción que se deroga en el decreto de dictamen, en los siguientes términos: "Las asociaciones de productores rurales que participen en la producción de básico, gozarán del régimen preferencial que establezca la Ley Reglamentaria". Está firmada por la diputada Rosa Albina Garavito, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por la diputada Rosa Albina Garavito.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si es de aprobarse o desecharse la propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Bien, es la única propuesta. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la fracción XI del artículo 27 constitucional.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si ésta suficientemente discutida la fracción XI.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto. Pasamos a la fracción XII y toda vez que no hay inscritos oradores, solicitamos a la Secretaría que consulte a la asamblea si la fracción XII se encuentra suficientemente discutida.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si está la fracción propuesta suficientemente discutida.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto.
Pasamos a la fracción XIII y está en el mismo caso, no hay inscritos oradores. Consulte la Secretaria a la asamblea si la fracción XIII se encuentra suficientemente discutida.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se pregunta a la asamblea si la fracción XIII está suficientemente discutida. En votación económica,
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto. Está a discusión la fracción XIV y tampoco tenemos registrados oradores. Consulte la Secretaría a la asamblea si la fracción XIV se encuentra suficientemente discutida.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se pregunta a la asamblea si la fracción XIV está suficientemente discutida.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto.
Está a discusión la fracción XV.
Se abre el registro de oradores y tenemos registrados el diputado Nabor Ojeda, para hacer una proposición; el diputado Juan Manuel Huezo, para hacer una proposición; el diputado Servando Hernández, para hacer una proposición; el diputado Miguel León, con el mismo objeto; el diputado Nabor Ojeda, en los mismos términos; el diputado Jorge Montesinos, también para hacer una proposición; el diputado Rogelio Appel Chacón, también para una proposición; diputado Arturo de la Garza, para hacer una proposición; el diputado Demetrio Santiago, para hacer una proposición y el diputado José Bonilla.
Esta Presidencia quisiera consultar a la asamblea en los siguientes términos: toda vez que con excepción de un orador, todos los demás van a hacer proposiciones, para no repetir ir votando cada una al momento que se ha hecho. Solicito a la Secretaría consulta a la asamblea, si acepta este mecanismo para esta propuesta.
La propuesta la repito: con excepción del diputado José Bonilla, que en este caso hablaría en primer término, estamos planteando la posibilidad de que cada proposición se vaya votando al momento, para no tener que repetirlas al final. Estos son los términos de la propuesta.
Consulte la Secretaría.
la secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si es de aceptarse la propuesta hecha por la Presidencia.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Bien. En este caso vamos a conceder la palabra en primer término a los compañeros que no van a hacer proposiciones.
Tiene la palabra el diputado José Bonilla, del Partido Revolucionario Institucional.
En el orden de registro rectificamos, tiene la palabra el diputado Nabor Ojeda, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Gustavo Nabor Ojeda Delgado: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Es evidente que este debate está haciendo historia y la responsabilidad como legisladores es enorme.
La fracción de mi partido, específicamente la diputación campesina, plantea la necesidad de acotar en la misma dentro de la historia que se ha hecho del agrarismo en México y que muchos de los que aquí estamos de alguna forma tenemos la responsabilidad por la sangre que corre en nuestras venas, de establecer dentro
del texto de la fracción XV del artículo 27 constitucional, que señale con claridad, que el latifundio en México no volverá a existir y eso lo hacemos para tranquilidad de todos nosotros, de la responsabilidad que tenemos ante los campesinos que nos trajeron al Congreso y queremos señalar que los diputados campesinos planteamos a esta honorable asamblea.
Solicitamos que se definan antes que la característica de la pequeña propiedad que en México, que en los Estados Unidos Mexicanos, ya no habrá latifundios. Muchas gracias.
El Presidente - Para hacer una proposición, tiene la palabra el diputado Juan Manuel Huezo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Juan Manuel Huezo Pelayo: - Gracias. Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Vengo ante esta honorable tribuna a presentar y proponer a su distinguida consideración, cuatro propuesta de modificación a la fracción XV del artículo 27 constitucional.
La primera propuesta. Nuestro partido propone se agregue un párrafo en la fracción XV del artículo 27 constitucional, que establezca lo siguiente:
"En los Estados Unidos Mexicanos quedarán prohibidos los latifundios."
La segunda propuesta, en el párrafo segundo, proponemos quede de la siguiente forma:
"Se considerará pequeña propiedad agrícola la que no exceda, por individuo, de 100 hectáreas de riego o humedad de primera, o sus equivalentes en otras clases de tierra."
La tercera propuesta, solicitamos sea modificado el texto del párrafo quinto de la misma fracción XV, para que quede de la siguiente manera:
"Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda de la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo a la capacidad forrajera de los terrenos y al desarrollo de la tecnología para incrementarla. En ningún caso la pequeña propiedad ganadera excederá de 2 mil 500 hectáreas."
Y la cuarta propuesta que presento a nombre de mi Partido del Frente Cardenista, es, sea modificado el párrafo sexto de la fracción XV para quedar de la siguiente manera:
"Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras, ejecutadas por los dueños poseedores de una pequeña propiedad, se mejore la calidad de las tierra, aunque se cambie el uso de las mismas, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, siempre y cuando las superficies que cambien de uso, no rebasen los límites establecidos en esta fracción."
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, tiene memoria histórica y no olvida que una de las causas fundamentales de la Revolución Mexicana, fue la excesiva concentración de tierras como consecuencias de un proceso de acaparamiento y despojo que se inicia en la Colonia y que alcanzó su clímax durante el porfiriato.
¿Cómo no recordar las grandes haciendas porfirianas cuyas extensiones descomunales y el boato de los propietarios contrastaban insultantemente a las magras posesiones y a la pobreza extrema de la gran mayoría de los habitantes del campo?
¿Cómo no va a hacerlo, si aún el espectro del valle nacional se revela como testimonio de la paz porfiriana, cimentada en la protección de la opulencia y de la injusticia?
¿Cómo no reclamar el clamor revolucionario, porque esta situación se modificara de raíz, para dar paso a México más equitativo, en el que la propiedad territorial tuviera límites legales precisos y respetados?
¿Cómo no recordar el sacrificio de cientos de miles de mexicanos, que dieron su vida en aras de la reivindicación agraria de este país, que ya no estaban dispuestos, a tolerar que la tierra, nuestra tierra, perteneciera a una pequeña minoría de privilegiados?
¿Cómo no recordar la gesta del presidente agrarista, del divisionario de Jiquilpan, el general Lázaro Cárdenas, quien con mano firme y visión reivindicadora asestó un golpe de muerte al latifundismo? Si el pasado no fuera el sustento del presente, la historia no tendría sentido en la construcción de las naciones; la historia nos revela los caminos erróneos para evitar que sean transitorios nuevamente y nos señala las rutas para multiplicar los aciertos.
La historia de México es la crónica de las luchas de nuestro pueblo contra la opresión, entre cuyas formas tiene un lugar especial el latifundismo.
Por eso asumimos el proyecto histórico del cardenismo y a semejanza del general Cárdenas, nos reiteramos como luchadores incansables contra el latifundio y contra cualesquiera otra forma de injusticia y de explotación.
Mi partido tiene una constante, siempre ha postulado vehementemente la necesidad de establecer límites precisos a la pequeña propiedad ganadera. la legislación vigente, lo sabemos, da lugar a interpretaciones administrativas, causísticas, que en muchos casos propician la violación de los límites legales de la pequeña propiedad.
No obstante estar de acuerdo en lo general con la iniciativa de reformas al artículo 27, mi partido no acepta se dejen en su condición actual de indefinición, los límites territoriales de la pequeña propiedad, porque eso significa en el contexto de la reforma, que se posibilite la concentración de tierras y latifundios de tierras y los latifundios vuelvan a arraigarse en el campo mexicano.
Si se aprueba la iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional en los términos propuestos por el Ejecutivo Federal, en el párrafo decimoquinto, se den grandes concentraciones de tierra de uso ganadero, ya que como lo hemos denunciado repetidamente, empleados desleales y corruptos de la comisión técnica, para determinar los coeficientes de agostadero, en complicidad abierta con lo propietarios, manipulan la fijación de éstos, asignándoles valores más bajos de los que en realidad tienen.
Como ellos se propicia que los ganaderos detenten en muchos casos. superficies mayores a las que legalmente tienen derecho. Nuestro partido considera absolutamente indispensable, que se fije un límite máximo de 2 mil 500 hectáreas a la pequeña propiedad ganadera, para evitar que el delicado tema de fijar el límite quede el arbitrio de funcionarios administrativos, que se han ganado una merecida fama de corruptos y arbitrarios.
En consecuencia, el cardenismo propone que sea adicionado al párrafo quinto de la fracción XV, lo anterior propuesto.
En relación a la cuarta propuesta del peso del dictamen, estamos excluyendo lo siguiente: aun cuando en virtud de la mejora obtenida se rebajen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que la ley fije y estamos adicionando nuestra propuesta siempre y cuando las superficies mejoradas que cambiaron de uso, no rebasen los límites establecidos en esta fracción.
Los motivos en que apoyamos nuestra propuesta son lo siguientes: estamos de acuerdo en que el desarrollo productivo del país requiere de una ampliación de la frontera agrícola, nos interesa que se produzca más alimentos para ser menos dependientes del exterior; creemos que en el campo debe de impulsarse todo tipo de inversión, incluyendo la privada; nos interesa que se mejoren las tierras, sería absurdo que nos opusiéramos esto.
Pero consideramos que los cambios de uso de la tierra no deben generar una reproducción de latifundio. La ley, en particular nuestra Carta Magna, debe de impedir nuevas formas de concentración de la tierra. Por ninguna razón deben de rebasarse los topes de la pequeña propiedad establecidos en los párrafos primero, segundo y tercero de dicha fracción. Es más, estamos seguros de que la verdadera pequeña propiedad no le interesa que se reproduzca el latifundio; debe de existir coherencia al interior del texto constitucional.
La propuesta de los cardenistas en este rubro, no es una improvisación, sino e el resultado de una observación acuciosa de la historia. Estamos conscientes de que la productividad alcanza su máxima expresión cuando se ubica en el justo medio ante la concentración extrema y la pulverización de la propiedad; pero sobre todo, creemos que el mal mayor está en extrema concentración.
Para evitarla, la ley es el instrumento fundamental. La reforma al artículo 27 tiene que ir de una vez al fondo de este problema. Sino se cierra el resquicio que aún existe para la proliferación de nuevos latifundios, la resolución sucumbirá en su propósito de suprimirlos. Gracias.
El Presidente: Toda vez que son cuatro propuestas, vamos a votar por una y vamos a solicitar a la Secretaría le dé lectura a la primera propuesta.
Compañero Huezo, si quisiera permanecer aquí por si hay alguna aclaración.
La primera propuesta, por favor.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: -"En los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los latifundios". Es la propuesta que presenta el diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, a nombre de su fracción parlamentaria.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Juan Manuel Huezo.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde su curul): - Señor Presidente, perdón. Pero tengo entendido que no fueron propuestas, sino una consideración.
El Presidente: - Son propuestas. Son cuatro propuestas específicamente señaladas, compañeras.
Consulte la Secretaría a la asamblea sise admite la modificación propuesta por el diputado Juan Manuel Huezo.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Por favor, dé lectura a la segunda proposición presentada.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Propuesta que presenta el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para que sea modificado el texto del segundo párrafo de la fracción XV del artículo 27 constitucional, para quedar de la siguiente manera:
"Se considerará pequeña propiedad agrícola a la que no exceda por individuo de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierra,"
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Juan Manuel Huezo.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Se solicita a la Secretaría dé lectura a la tercer propuesta.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: -"Se considerará pequeña propiedad ganadera, la que no exceda de la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor a su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo a la capacidad forrajera de los terrenos y al desarrollo de tecnología para incrementarla. En ningún caso la pequeña propiedad ganadera excederá de 2 mil 500 hectáreas."
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Juan Manuel Huezo.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada señor Presidente.
El Presidente: - Sírvase la Secretaría dar lectura a la cuarta propuesta presentada.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por dueños o poseedores de una pequeña propiedad, se mejore la calidad de las tierras aunque se cambie el uso de las mismas, seguirá siendo como pequeña propiedad, siempre y cuando las superficies que cambien de uso no rebasen los límites establecidos en esta fracción."
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea sise admite la modificación propuesta por el diputado Juan Manuel Huezo.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Servando Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho: - Con su venia. señor Presidente; compañeros diputados:
El último párrafo del texto que propone el dictamen para la fracción XV, da pie abiertamente a legalizar el latifundio simulado. Me refiero específicamente al cambio que introduce la iniciativa del Ejecutivo y respeta el dictamen cuando plantea que "aunque se cambie el uso de la tierra, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad."
En la práctica esto quiere decir que aquel propietario ganadero que a través de mejoras o inversiones dedique, por ejemplo, 500 hectáreas a la siembra del algodón, seguirá respetándose su propiedad como pequeña.
Así, este cambio propuesto por el Ejecutivo permite la existencia de dos tipos de pequeños propietarios: el legal, que se limita a las 100 hectáreas de riego o su equivalente y el de excepción, que puede poseer y explotar agrícolamente miles de hectáreas, siempre y cuando haya invertido para lograr una transformación en sus terrenos ganaderos.
Esto constituye una transgresión a la ley y como esta iniciativa ha dado por terminado el reparto agrario, legitima el latifundio simulado, especialmente aquel que a pesar de tener vocación agrícola se explota como terreno ganadero para protegerlo del reparto.
Se podrá argumentar que esta violación al espíritu de la ley es necesaria para incentivar la inversión y las mejoras a los terrenos ganaderos, pero esta excepción a los límites establecidos constitucionalmente a la propiedad, pone en entredicho, incluso, el concepto de pequeña propiedad. Piensen ustedes el tamaño de la injusticia que significará que, por ejemplo, una sociedad mercantil de 25 socios, comprara un rancho con un índice de agostadero de dos cabezas de ganado por hectáreas, lo que permitiría a cada socio mil hectáreas y que decidiera invertir y mejorar estas tierras y convertir algunas miles de hectáreas al uso agrícola. ¿En qué papel quedaría el pequeño propietario?, ¿en qué papel quedaría, incluso, la sociedad mercantil que invirtió en una propiedad agrícola? Por ello, proponemos una nueva redacción a ese párrafo, que respeta puntualmente los criterios de pequeña propiedad establecidos por la Constitución.
Por otra parte, las reformas introducidas en el párrafo cuarto, a través de la existencia de las sociedades mercantiles, da una salida a quienes mediante inversiones y mejoras, aumentan la productividad de sus tierras y darle el uso agrícola. La redacción que propone mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, es la siguiente:
"Cuando en la pequeña propiedad agrícola o forestal, se ejecuten por los dueños o poseedores, obras de riego, drenaje o cualquier otra que mejoren la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aun cuando en virtud de la mejoría obtenida se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley. Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras, ejecutadas por los dueños de una pequeña propiedad ganadera, se mejore la calidad de sus tierras y se cambie el uso de las mismas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción, que corresponden a la calidad que hubieran tenido antes de la mejora". Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Servando Hernández.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Cuando en la pequeña propiedad agrícola o forestal, se ejecuten por los dueños o poseedores, obras de riego, drenaje o cualquier otra que mejoren la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aun cuando en virtud de la mejoría obtenida se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley. Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras, ejecutadas por los dueños de una pequeña propiedad ganadera, se mejore la calidad de sus tierras y se cambie el uso de las misma, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción, que corresponden a la calidad que hubieran tenido antes de la mejora".
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): Antes de la votación, de manera muy respetuosa quisiera solicitarle, si ha lugar, señor Presidente, al estimado diputado del Partido Auténtico de la Revolución mexicana, ¿en qué puntos específicos, respecto al proyecto de decreto de las comisiones unidas, se modifica con esta propuesta este proyecto de decreto? Si hay lugar, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Servando Hernández.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho (desde su curul): - En el último párrafo.
El Presidente: Tienen el texto a la vista.
Bien. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Servando Hernández.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel León, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Subo a la tribuna para llamar la atención sobre una preocupación de nuestro partido, en el sentido de las repercusiones que las equivalencias que están planteadas en esta fracción XV, pueden tener sobre los bosques de nuestro país.
Creo que no es necesario hablar aquí acerca de la importancia de los bosques, sin embargo, me voy a permitir dar algunas cifras. De acuerdo con los datos del Inventario Nacional Forestal, en México existen 143 millones de hectáreas forestales, de las cuales sólo son hoy superficie arbolada 40.5 millones de hectáreas, a su vez, de las cuales 27.3 millones son hectáreas de bosques y 13.2 millones son de selva y habría que recalcar que ya existen áreas forestales perturbadas por el orden de 17.2 millones de hectáreas.
Ahora bien, del total de territorio nacional, el 60% de éste se encuentra deforestado y el 75% se encuentra erosionado y sólo un 17% es superficie con bosque o selva y el problema más grave consiste en que la deforestación crece en este país en una cantidad anual que yo quisiera llamar la atención aquí sobre ellas, porque me parece que es un asunto muy grave; repito, en nuestro país la deforestación crece anualmente entre 700 mil y 1 millón de hectáreas.
Y otro grave problema es que estos datos que, como yo decía hace rato, correspondiente al Inventario Nacional Forestal, no están tomando en cuenta la tala clandestina, lo cual significa que el problema es más grave aún y no se toma en cuenta la tala clandestina, porque ese tipo de tala no se puede cuantificar, por que tanto ella como sus productos son manejados por supuesto clandestinamente.
La cuestión es que la manera o el modelo de explotación forestal que existe en nuestro país, en la práctica no toma en cuenta los fines de la naturaleza, se arremete contra ella, se vulnera su equilibrio, lo cual reduce de manera constante y en forma grave, el potencial biológico de los bosques y conduce a un proceso de degradación que puede llevar a un colapso a las futuras generaciones.
Aquí yo quisiera plantear algo que considero que esta legislatura debe de tomar muy en cuenta, a pesar de la hora, a pesar del cansancio; con los datos que yo planteaba, del ritmo de forestación anual que existe en este país, si ese ritmo continúa, en 60 años, en un lapso de 60 años, nuestro país quedará sin zonas boscosas.
Ahora bien, compañeros, de las zonas boscosas existentes, el 75% pertenece a ejidos y comunidades y si quisiéramos ir más allá, tendríamos que plantear que de ese 75% que pertenece a comunidades indígenas y la verdad es que en este país, los campesinos, dueños de ese 75% de los bosques nacionales, quienes deberán de ser los primeros en usufructuar el recurso, sin organización, sin apoyo técnico y sin posibilidades de comercialización, han sido reducidos a simples receptores de un pago ridículo por derechos de monte, en ocasiones ni a eso y generalmente les ha tocado el papel de trabajar para las empresas particulares privadas taladoras, como trabajadores asalariados.
Está claro que se ha ido exterminando la masa boscosa sobre la base de concesiones que fundamentalmente comunidades indígenas han cedido en favor de compañías de explotación forestal. Nadie puede ignorar que no ah sido estas compañías las que han depredado los bosques de este país.
El cuestionamiento que yo hago aquí es el siguiente: el contenido de esta fracción, las equivalencias, así como vienen, agravan o resuelven el problema de la creciente, preocupante, alarmante diría yo, deforestación. Con esa ley, una sociedad mercantil puede explotar hasta 20
mil hectáreas de bosque. Se me puede decir que las compañías taladoras durante varias décadas venían explotando cantidades similares o superiores a estas 20 mil hectáreas y de lo que se trata ahora es de legalizar una situación que era ilegal. Ese argumento se ha manejado por la mayoría en otros casos de esta ley.
Pero compañeros, en este país, en la situación que enfrentan los bosques, la explotación legal o ilegal en esas cantidades conduce exactamente a lo mismo, al decrecimiento de nuestra zona boscosa y si antes de esta ley, ya aprobada en lo general, la explotación de tales dimensiones ya se daba, con esta ley quedan abiertas las puertas de par en par para que las explotaciones forestales se den en este país, incluso en mayores dimensiones. Se va a intensificar pues la explotación forestal.
¿Qué o quién va a evitar que continúe la depredación irracional de los. bosques? Se me puede decir aquí que para que una explotación forestal sea rentable, necesita cantidades de explotación sobre las 20 mil hectáreas o superiores y que sobre la base de que esa explotación sea rentable, las compañías madereras pueden intentar sistemas de explotación que garanticen la reforestación.
Pero eso es un decir, compañeros, la verdad es que durante varias decenas de años, en México las compañías forestales han venido explotando los bosques, sobre la base de concesiones, en cantidades que van incluso arriba de la 20 mil hectáreas y el 70% de los bosques que han sido explotados por esas compañías, no han sido regenerados en los más mínimo y han pasado a ser esa parte de nuestro país, esa parte boscosa de nuestro país que hoy es zona perturbada.
Por eso yo quiero hacer dos propuestas para esta fracción XV del artículo 27. En la primera propongo lo siguiente: que para los efectos de la equivalencia, se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de bosque o agostadero de buena calidad y por ocho de monte o agostaderos en terreno árido.
El cambio que yo introduzco es que la equivalencia se reduzca de ocho hectáreas de bosque, a cuatro hectáreas de bosque.
En este país existe la irracionalidad y así viene planteado en la ley que se aprobó en lo general, de comparar, de equipar una hectárea de riego por ocho hectáreas de bosque, o bien una hectárea de bosque equiparla con una hectárea de agostadero en terreno árido. Compañeros, una hectárea de bosque puede ser tan rica como una hectárea de riego y si nosotros entráramos a la discusión en términos de lo que significa un bosque, en términos biológicos, en términos de lo que ahí existe en flora y en fauna, en términos de que en los bosques de nuestro país hay especies endémicas de flora y fauna que no existen en otro lado del mundo, en términos de que gran parte de la flora y fauna de nuestro país ni siquiera ha sido inventariada, plantear aquí que una hectárea de bosque es equiparable a una hectárea de agostadero en terreno árido, es una falta de respeto a la naturaleza, es un atentado al sentido común, es una equiparación que no le tiene el más mínimo respeto a los bosques de nuestro país.
Se me podrá decir: bueno, tú estás comparando ahora con tu propuesta, las bajas a cuatro hectáreas, a la mitad simplemente reduces. La verdad es que aquí estoy ya se aprobó en lo general; nosotros dimos la discusión muy en claro en contra de este artículo en lo general.
Y lo único que yo vengo a plantear aquí es, ponerle un candado mínimo a esta posibilidad, de que las zonas boscosas de nuestro país se vean arremetidas en los próximos años a una sobreexplotación que solamente de palabra aquí se podría garantizar que no va a significar depredación. Por eso yo argumento que reduzca de ocho a cuatro la equivalencia.
Y mi segunda propuesta es en el sentido de que no se permita por ningún motivo que las zonas boscosas sufran un cambio de uso; por eso propongo, como un añadido, perdón:
No podrá modificarse el uso del suelo de las tierras de bosque salvo en los casos previstos por la ley.
Esas son mis dos propuestas, las pongo a su consideración. Gracias.
El Presidente: - Vamos a pedir a la Secretaría que como son dos propuestas... Una pregunta.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde su curul): - No he leído la ley reglamentaria al respecto, a lo mejor es algo que ya está contestado por la ley , pero cuando usted plantea que no deben de hacerse cambios de uso en el caso del terreno boscoso, ¿qué pasaría, en el caso de que se desee explotarlo turísticamente, lo cual no significa afectarlo en términos de los árboles? Es decir, no para la explotación de la silvicultura, de la explotación forestal, sino para
el caso de explotación turística, que podría ser un cambio de uso.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Bueno, en el caso de la explotación turística de los bosques, eso se da en los términos de los proyectos de educación ambiental, que van ligados principalmente a las áreas protegidas. En ese sentido, las áreas protegidas entran en otro marco de la ley, diferentes a las zonas boscosas, que no son áreas protegidas y es en este tipo de áreas en las que actualmente se practica el turismo, incluso se le plantea como un turismo de tipo ecológico.
Pero habría que plantear aquí que a pesar de que en este país el gobierno plantea a los cuatro vientos que es muy respetuoso de la cuestión ecológica, solamente el 0.8% de las zonas boscosas son áreas protegidas, en alguna de sus múltiples formas, pero es una cantidad ridícula en términos del tamaño de nuestra zona boscosa. No sé si se lo contesté.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura de la primera propuesta.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se propone una modificación al segundo párrafo de la fracción XV del artículo 27 constitucional:
"Fracción XV. Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de bosque o de agostadero, de buena calidad y por ocho de monte o agostadero en terreno árido.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Miguel León.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo....
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la segunda propuesta presentada.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se propone a adicionar un párrafo a la fracción XV del artículo 27, en los siguientes términos:
"No podrá modificarse el uso de las tierras boscosas, salvo en los casos previstos por la ley".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Miguel León.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Montesinos, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Montesinos Melgar: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Mi partido, el Revolucionario Institucional, para ser congruente con los otros párrafos que se modifican y sin alterar la fracción XV en su párrafo quinto, a través de mi conducto propone lo siguiente:
"Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor, o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos." Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite modificación propuesta por el diputado Jorge Montesinos.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo ... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Rogelio Appel Chacón, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rogelio Appel Chacón: - Con su permiso, señor Presidente; buenos días, compañeros diputados:
Por respeto a esta asamblea vamos a hacer una notificación rápida y una propuesta a la fracción XV, párrafo sexto que propone nuestro partido.
"Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad, se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley." Muchas gracias. La dejo aquí.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Rogelio Appel Chacón.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Arturo de la Garza González: - Señoras y señores diputados:
Me voy a permitir proponer una adición al párrafo séptimo de la fracción XV:
"Cuando dentro de una pequeña propiedad ganaderas realicen decoras en sus tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos segundos y terceros de esta fracción, que correspondan a la calidad que hubieran tenido dichas tierras antes de la mejora."
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Arturo de la Garza.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Demetrio Santiago Torres, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Demetrio Santiago Torres: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Propuesta de modificación al párrafo quinto de la fracción XV del proyecto de decreto que reforma el artículo 27 constitucional.
Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, no podrá haber reforma integral sin un sólido proyecto nacional de protección ecológica.
Para que el presente proyecto de decreto impulse a la reforma integral, nuestra fracción parlamentaria considera que éste es el momento para expresar las preocupaciones ecológicas de los ciudadanos y convertirlas en ley.
En México existe una deforestación de 370 mil hectáreas anuales y según estadísticas de organismos internacionales, ocupa el deshonroso cuarto lugar de deforestación en el planeta. Revertir dicha tendencia es una obligación de todos, en especial nuestra, porque en nuestra calidad de Constituyente Permanente, podemos establecer mandatos precisos para la protección del ambiente.
Una iniciativa visionaria en materia agraria, no debe ignorar todo el arsenal de tecnologías innovadoras, que por cierto existen en nuestro país; que los costos en consecuencia no serían tan altos y que los beneficios ecológicos repercutirían favorablemente a diversos aspectos del desarrollo nacional. Tal visión debe de ser parte de una estrategia de crecimiento por parte del Estado.
Recientemente la comunidad científica del país, se ha pronunciado, junto con los sectores reconocidos del ecologismo internacional, respecto a la gravedad de nuestros problemas. Asimismo, 17 rectores universitarios se pronunciaron el pasado 2 de diciembre porque se haga una adecuada reglamentación en los usos del suelo, en lo que corresponde a las selvas tropicales, a fin de preservarlos como la riqueza ecológica de todos los mexicanos y las futuras generaciones.
Esta recomendación de las comunidades universitarias del país, a través de sus rectores, nos fue presentado a los diputados de la nación de esta honorable LV Legislatura.
No está en cuestionamiento las bondades de la iniciativa del Ejecutivo, en lo referente a la necesidad de ampliar la frontera agrícola; razones de soberanía alimentaria y de superación del nivel de vida lo exigen. Tampoco está en cuestionamiento el poner límites a los esfuerzos de inversionistas privados para mejorar sus tierras y darles un sentido más agrícola.
Lo que está en duda es que se permita a personas que, amparándose en imprecisiones de la ley, destruyan las selvas tropicales. Además nos interesa preservar un patrimonio milenario.
Apoyándonos en las anteriores consideraciones, proponemos a ustedes la siguiente propuesta:
Fracción XV, modificar el párrafo quinto del siguiente modo: "Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otra ejecutada por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad, se mejore la calidad de las tierras, aunque se cambie el uso de las mismas, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aun cuando en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fija la ley. A excepción de que modifique el uso de suelo, de selva tropical a uso agrícola o ganadero. Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Demetrio Santiago.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado José Bonilla, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Eulogio Bonilla Robles: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Entendemos la lógica prisa que existe por retirarnos después de estas arduas tareas legislativas. Estamos a punto de concluir este debate que, está por demás decirlo, tiene gran trascendencia para el destino del país.
En estos debates ha sido maravilloso que ha campeado la cordialidad, el entendimiento.
En obsequio de su tiempo les diremos a ustedes que estimamos hacer una adición al párrafo cuarto de la fracción XV del artículo 27 constitucional. Esta adición la estimamos conveniente porque deja fuera de esta fracción a los agaves y a los nopales. Quizá este párrafo viene casi como estaba en su versión original y posiblemente en aquella ocasión no había alcanzado la importancia que tienen hoy estos cultivos y aunque podría entenderse que el nopal de tuna estaría equiparado a los frutales, estimamos conveniente que debe precisarse con toda claridad su inclusión a fin de evitar malas interpretaciones.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente, ¿acepta el orador una interpelación?
El Presidente: - Señor orador, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado José Eulogio Bonilla Robles: - No la acepto.
Debemos de recordar, señores diputados, que la mayor parte del territorio nacional es árido y en alto porcentaje francamente desértico. Las siembras de agave, nopal de tuna forrajero de verdura, son de las pocas posibilidades que tenemos para mejorar las condiciones de vida de los campesinos que habitan la zona del Altiplano y del norte del país.
A mayor abundamiento, hay agaves como el tequilam weber, que requiere hasta de 10 años para ser cosechado, demandando fuertes inversiones y respaldo de moderna tecnología. Para hacer productivo este tipo de plantaciones, estimamos que logrará capitalizar el campo y ser una materia prima de alimentos y productos nacionales y como consecuencia asume categoría de cultivos de interés público.
Por lo anterior proponemos adicionar agaves y nopales a los cultivos especiales que fija el párrafo cuarto de la fracción XV. Nuestra propuesta específica es que el texto de esta fracción quede de la siguiente manera: "Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad la superficie que no exceda por individuo de 150 hectáreas cuando
las tierras se dediquen al cultivo de algodón, se reciben riego, y de 300 cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales".
Queda a la consideración de esta asamblea si es aceptada esta adición.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si de admite la modificación propuesta por el diputado José Bonilla.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si de admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: Habiendo concluido la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la fracción XV del artículo 27 constitucional.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutida la fracción XV del artículo 27 constitucional.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto.
Está a discusión la fracción XVI y en ésta, al igual que en la XII, XIII y XIV, no hay oradores. Se va a votar en los términos de la propuesta como las anteriores y consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la fracción XVI.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutida la fracción XVI.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto.
Está a discusión la fracción XVII. Se han registrado los siguientes oradores: por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Bernardo Gutiérrez; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge Moscoso; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Estanislao Pérez; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Eberto Croda.
Tiene la palabra el diputado Bernardo Gutiérrez.
El diputado Bernardo Gutiérrez Ochoa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo ante esta tribuna con la representación de la fracción cenecista de mi partido, el Revolucionario Institucional, a hacer una propuesta a la fracción XVII para que quede de la siguiente manera:
Párrafo primero:
"El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este artículo."
Párrafo segundo de la misma fracción XVII:
"El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda; en igualdad de condiciones se respetará el derecho de preferencia que prevé la ley reglamentaria".
Párrafo tercero de la misma fracción XVII:
"Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno."
Dejo esto a la soberanía de esta legislatura. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite la modificación propuesta por el diputado Bernardo Gutiérrez.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica, se pregunta si se admiten o se desechan las modificaciones propuestas.
Los que estén porque se acepten, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se desechen, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptadas, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Moscoso, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente. Quisiera hacer una respetuosa petición a usted y a todos los compañeros diputados que están en esta sesión. A que en atención a la trascendental importancia de lo que aquí se está votando y pese al enorme cansancio que todos tenemos, hagamos un esfuerzo para terminar esta sesión de manera ordenada. Muchas gracias.
El Presidente: - Estoy de acuerdo con usted, compañero. Invito a todos los señores diputados a mantener el orden, entendemos el cansancio.
El diputado Jorge Moscoso Pedrero: - Compañeros diputados:
Me toca intervenir en el momento en el cual todos los legisladores quisiéramos ya retirarnos; no digan que no, porque se aplaude para pedir que no haya rollo.
La fracción XVII del artículo 27 constitucional, está planteando que el excedente de las tierras que tengan en posesión los propietarios, deberá ser fraccionado y conforme se acaba de aprobar, establece un plazo de un año a los propietarios para que realicen este fraccionamiento y de no hacerlo, se establece su venta en pública almoneda.
En ese sentido, es importante que nosotros podamos tener la paciencia suficiente para ver si es correcta esta proposición. En primer lugar, al establecerse la exigencia de que se fraccionen propiedades, se está reconociendo que existen propietarios que tienen en posesión terrenos que exhiben los límites de la pequeña propiedad.
Por lo tanto, conforme a lo que se está aprobando, aparte de que se permite este fraccionamiento que se está reconociendo y que es ilegal, se está dejando a los propietarios, que aparte de que ilegalmente han ocupado una posesión, puedan vender y obtener una ganancia.
En ese sentido, nosotros consideramos que es necesario establecer con claridad no un premio ni un beneficio a aquellos que ilegalmente se han posesionado de las tierras en el país y que las han fraccionado en forma ilegal en los términos que el propio artículo que estamos discutiendo lo establece.
Por ello queremos hacer una proposición. Anteriormente se ha aprobado que en México quedan prohibidos los latifundios. En ese sentido, queremos proponer lo siguiente:
Propuesta de modificaciones y adiciones a la fracción XVII del artículo 27 constitucional:
Se modifica la fracción XVII para quedar en los siguientes términos:
"XVII. En los Estados Unidos Mexicanos han quedado prohibidos los latifundios, lo acabamos de aprobar; por ello, ninguna persona podrá poseer o tener en propiedad privada predios rústicos en una extensión mayor a la establecida en la fracción IV y XV del presente artículo." Se refiere a los límites de la pequeña propiedad y a los límites establecidos para la sociedades mercantiles.
La violación a esta disposición será sancionada con la pérdida del excedente, en beneficio de la nación. Aquellos que tengan un excedente que han disfrutado en forma ilegal, no pueden ser premiados, ese excedente debe ser puesto a disposición de la nación. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán las leyes para evitar la formación de latifundios y para llevar a cabo el fraccionamiento de las extensiones que excedan los límites permitidos de acuerdo con las siguientes bases:
a) Los dueños o poseedores de esos predios deberán fraccionarlos y entregar los excedentes a la autoridad correspondiente en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la fecha de la notificación correspondiente. Hasta ahí, parece que vamos de acuerdo.
Sin embargo, quienes no lo hicieren, serán sujetos a responsabilidad penal. Los que no cumplan voluntariamente podrán reclamar únicamente indemnización a cargo del gobierno federal. Se establecerá un procedimiento para que la autoridad fraccione y ocupe temporalmente el excedente, a fin de garantizar el derecho de
reclamación de los propietarios. El afectado procedimiento podrá acudir únicamente ante los tribunales agrarios para su defensa. La resolución que se dicte será definitiva e inapelable.
b) Los núcleos de población solicitantes de tierra, los ejidos y comunidades, tendrán derecho a que se les otorgue el aprovechamiento temporal de las tierras ocupadas, en los términos de la ley correspondiente."
Estamos estableciendo ya un plazo de un año para que aquellos propietarios que tengan en su posesión excedentes mayores a lo que establecen los límites que establece la pequeña propiedad, dice la propuesta que se acaba de aprobar, se pongan en venta o en pública almoneda.
Nosotros estamos planteando que esos terrenos se pongan a la disposición de la nación y que esos terrenos se entreguen a grupos solicitantes para abatir el rezago agrario en forma temporal, hasta en tanto el tribunal agrario que se está constituyendo resuelva en definitiva.
Si la resolución dictada por el tribunal agrario fuera contraria al quejoso, los excedentes pasarán al dominio de la nación para satisfacer las necesidades de tierra agrícola de los núcleos de población inmediatos, o para la creación de nuevos centros de población ejidal.
Esta propuesta está planteada sobre dos bases principales. En primer lugar, ya se señalo con anterioridad, se votó y se aprobó evitar la creación de latifundios. Pero, en segundo lugar, garantizar que los terrenos excedentes que sobrepasan los límites que la ley establece para la pequeña propiedad, no sean puestos a la venta en pública almoneda, sino que esos predios sean entregados a los grupos agrarios solicitantes para satisfacer sus necesidades.
No concebimos ni nos podemos explicar que la iniciativa esté planteando el reconocimiento del fraccionamiento, que llame al propietario a fraccionar. Fraccionamiento que en los términos de la ley es ilegal y que aparte de ser ilegal le permita al propietario venderlo y obtener una ganancia y venderlo en pública almoneda, sin que se garantice que este mecanismo pueda servir para satisfacer las necesidades agrarias de los grupos solicitantes.
Dejo pues a la reflexión de ustedes, si es posible reflexionar a eta hora y en este momento, la propuesta que hace el Partido de la Revolución Democrática. Gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Jorge Moscoso.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlos poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Estanislao Pérez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Estanislao Pérez Hernández (desde su curul): Declino mi intervención. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Heberto Croda, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Heberto Croda Rodríguez: - Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputadas y diputados:
Estaba a punto de declinar mi intervención , debido a que dos puntos de los que iba a proponer ya fueron propuestos por el Partido Revolucionario Institucional y votados a favor; por lo tanto, solamente voy a hacer una sola propuesta.
De cara al Siglo XXI vengo a esta alta tribuna de la nación, con plena confianza en el porvenir de los campesinos y de México, para intentar defender la presente modificación al inciso a, y la adición de los incisos c, y d, de la fracción XVII que en este caso nos ocupa.
Somos dialécticos y por eso estamos con el cambio. Será responsabilidad nuestra influir para que estos cambios sean orientados en beneficio de las masas campesinas y en general de todo el pueblo.
Para obviar el tiempo, voy a dejar a la Secretaría mi argumentación y solamente voy a pasar a dar lectura concretamente a la propuesta.
En virtud de que dos puntos de los que tenía por plantear ya fueron, como dije anteriormente, aprobados por la fracción mayoritaria del Partido Revolucionario Institucional, solamente voy a proponer la adición de un párrafo, inciso c, que dice lo siguiente:
"Se establece la acción pública para la denuncia de latifundios excedentes, fraccionamientos simulados y propiedades dedicadas al cultivo de enervantes."
Esta es la propuesta concretamente de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista, de lo cual pedimos se someta a su consideración. Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si de admite la modificación propuesta por el diputado Heberto Croda.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica, se pregunta si de admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Toda vez que se ha agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la fracción XVII del artículo 27 constitucional.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si está suficientemente discutida la fracción XVII del artículo 27 constitucional.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente: - Están a discusión los artículos transitorios que se tratarán en forma conjunta. Están inscritos como oradores, el diputado Joaquín Hendricks Díaz, del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Juan de Dios Castro, del Partido Acción Nacional.
Tiene la palabra el diputado Joaquín Hendricks Díaz.
El diputado Joaquín Ernesto Hendricks Díaz: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Algunos tratadistas del derecho han afirmado que generalmente la norma jurídica se mantiene a la Zaga de la realidad social. Con las reformas al artículo 27 constitucional, en México no sólo se adecúa a la norma, a la realidad, sino que trasciende a ella y nos permite visualizar un futuro promisorio para el campo mexicano.
Con gran satisfacción hemos escuchado las múltiples y no menos valiosas intervenciones de los compañeros diputados, representantes de las distintas fracciones partidistas y también, con satisfacción nos damos cuenta que aún desde perspectivas diferentes. que derivan de nuestras ideologías, coincidimos en nuestra preocupación por proporcionar a los hombres del campo, en el ejercicio de la muy alta responsabilidad que nos confiere nuestro código político, los instrumentos jurídicos más apropiados para la eficaz defensa de sus derechos, instrumentos que conforme a las mejores tradiciones de los movimientos agrarios de México, preservan lo valioso que hemos conquistado en las luchas del pasado, pero que sirven de base para la lucha actual y futura del campesino por su libertad, dignidad y bienestar.
Más satisfactorio todavía es comprobar una vez más la firmeza de nuestras convicciones, la tenaz defensa de nuestras posiciones y es que ser minoría en este órgano colegiado no es sinónimo de oposición por sistema, así lo demuestran las valiosas aportaciones a la iniciativa que hemos analizado, provenientes de las seis fuerzas políticas aquí representadas. Hay calidad, hay madurez, hay sensibilidad, serenidad y, sobre todo, profundidad en los argumentos que en esta tribuna se han esgrimido.
La asamblea ha tenido, en consecuencia, la histórica responsabilidad de valorar esas aportaciones y decidir sobre su incorporación a la iniciativa, que los priístas hemos considerado como impulsoras, dinamizadoras de los principios que inspiraron a la Revolución Mexicana y quizá, más aún, la interpretación más fiel de ellos. La reacción en su apoyo por parte de los hombres del campo, de intelectuales y especialistas en la materia, así nos lo han hecho sentir. Nos da idea que esta propuesta valiente y visionaria en verdad ha sacudido la conciencia nacional y despertado las expectativas del pueblo de México.
No obstante, también estamos convencidos de que ser mayoría en la Cámara de Diputados implica también mayor responsabilidad; en este sentido la búsqueda de consenso ha sido, es y será siempre nuestro objetivo permanente, pues
sólo de esta manera nuestras decisiones reflejarán el sentimiento plural de los mexicanos.
Con estas reflexiones, compañeros diputados, yo quiero proponer a ustedes hacer un ajuste en los artículos transitorios de esta importante reforma al artículo 27 constitucional.
La derogación del artículo tercero transitorio, en virtud de que su contenido ha sido incorporado al cuerpo al cuerpo mismo del artículo 27 constitucional.
En cuanto al artículo cuarto de la iniciativa, pasa a ser el artículo tercero y en su párrafo primero se le adiciona una frase, quedando en consecuencia el artículo de la siguiente manera:
"La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones agrarias mixtas las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentran actualmente en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas. Creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamentan dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente decreto."
Este es el contenido de la propuesta que hago a esta honorable asamblea. (Aplausos.)
Hoy es un día memorable para la LV Legislatura y para la sociedad mexicana. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Joaquín Hendricks Díaz.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado. - En votación económica, se pregunta si se admite o se desechan las modificaciones presentadas a los artículos transitorios por el compañero diputado orador.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Aceptado, señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: La propuesta es muy sencilla. Para evitar que haya una contradicción inicial entre este transitorio con el artículo 14, como venía el proyecto original, lo único que hago es que se agregue un párrafo que diga:
"Los expedientes de los asuntos arriba mencionados sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior."
Dejo la propuesta en la Secretaría. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Juan de Dios Castro.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Moscoso, del Partido de la Revolución Democrática.
(Desorden.)
Por favor, compañeros, estamos por terminar un acto trascendente.
El diputado Jorge Modesto Moscoso Pedrero: - Bueno, creo que ya no se preocupen porque probablemente en unos minutos se van.
Estamos cerrando la aprobación del artículo 27 constitucional. Hemos oído en el transcurso de esta discusión el compromiso de diversos diputados de la Central Nacional Campesina, de luchar porque se haga efectiva la lucha por acabar con el rezago en materia agraria, pero hasta estos momentos esta Cámara, todos los legisladores no hemos establecido ningún compromiso sobre el destino de 4 millones de mexicanos que están solicitando tierra. Hemos dejado hasta estos momentos totalmente en el aire el destino de estos mexicanos, únicamente se ha planteado que sus expedientes vayan al tribunal, únicamente.
La única propuesta derivada del Ejecutivo es que unos cuantos días se nos presentará un programa para abatir el rezago agrario, pero nosotros o ustedes, que han acordado que en este país los núcleos solicitantes, los pueblos, ya no tendrán acceso a la tierra, ningún compromiso se está estableciendo por ustedes ni por este cuerpo legislativo. El destino de 4 millones de mexicanos solicitantes de tierra, queda al libre albedrío de un proyecto o un programa que presentará el Secretario de la Reforma Agraria.
Esta Cámara ha modificado la Constitución en su artículo 27 ha eliminado el derecho de los pueblos a poseer tierra. Es importante, es importante porque los pueblos que solicitan tierras no van a quedar contentos porque nosotros en esta Cámara, o más bien ustedes, hayan aprobado la cancelación del derecho para obtenerla.
Este espacio puede generar una situación difícil en el país, puede generar una situación de violencia en aquellos lugares en los cuales los campesinos tienen perfectamente detectados el acaparamiento de las tierra, tienen perfectamente detectados los latifundios y los cacicazgos a los cuales se han enfrentado durante muchos años.
Por ello, nosotros llamamos a esta Cámara para que también asuma un compromiso para vigilar, para actuar junto con la Secretaría de la Reforma Agraria en relación al programa que se nos ha informado habrá de presentarse en los próximos días para abatir el rezago agrario.
Ya hemos dicho, ayer, en esta tribuna, que sí hay latifundios en México. Ya hemos dicho que muchos políticos y funcionarios públicos tienen terrenos y propiedades más allá de los límites que establece la ley. Hemos dicho que esos excedentes deben afectarse en favor de los grupos solicitantes.
Por ello y para que la responsabilidad de los legisladores garantice el derecho de 4 millones de campesinos que hasta este momento no tienen otra alternativa de sobrevivencia, proponemos que a los artículos transitorios, se agregue una fracción en los términos siguientes:
"El Congreso de la Unión y la Secretaría de la Reforma Agraria deberán garantizar que el desahogo de los expedientes agrarios se realice en beneficio de los solicitantes de tierra, cuyos expedientes hayan sido instalados antes de la publicación de la presente ley."
Quiere decir esto que el Congreso de la Unión habrá en forma conjunta con el Poder Ejecutivo, a través de la Reforma Agraria, de vigilar y de actuar para que los excedentes de tierra que hay en este país se entreguen a los grupos solicitantes. Es lo mínimo que esta Cámara puede hacer para garantizar el derecho de millones de mexicanos que aún tenían, hasta antes de esta aprobación, la esperanza de tener un pedazo de tierra para trabajar.
Dejo a la consideración de ustedes esta propuesta del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la adición propuesta por el diputado Jorge Moscoso.
La secretaria diputado A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la adición propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: Habiéndose agotado la lista de oradores, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo particular de los artículos transitorios y de las fracciones anteriormente discutidas en un solo acto.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo particular de esta fracción y de las anteriormente discutidas en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente se emitieron 343 votos en pro, 24 en contra y seis abstenciones.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez (desde su curul): - Quiero dejar asentado que según la contabilidad de nuestro partido se emitieron 301 votos a favor. Todos están acostumbrados a hacer mal las cuentas. Que quede claro que según la contabilidad de nuestro partido esos votos no son los que aquí se dieron y si dudan, que se vuelva a votar.
El Presidente: Le hago un comentario compañero, en lo cual yo no intervine. Estuve viendo
que están llevando el cómputo por dos vías y la compararon.
Aprobado en lo general y en lo particular por 343 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
El Presidente: - Continúe la Secretaría con el orden del día.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a leer el orden del día para la próxima sesión.
«Primer Período Ordinario de Sesiones. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
9 de diciembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional los días 12, 13 y 14 de diciembre de 1991, a fin de efectuar visita de trabajo a los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1992.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
De la Comisión del Distrito Federal con proyecto de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1992.
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 5.33 horas del día 7 de diciembre): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 9 de diciembre a las 10.00 horas.