Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19911211 - Número de Diario 18
(L55A1P1oN018F19911211.xml)Núm. Diario: 18ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Rigoberto Ochoa Zaragoza
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDIO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñado y Lora
AÑO I México, D.F., 11 y 12 de diciembre de 1991 No. 18
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Punto de acuerdo presentado por el diputado Amador Rodríguez Lozano referente a los hechos ocurridos en el municipio de Talixcoyan, Veracruz.
Intervienen los diputados:
Adolfo Alonso Kunz y Bolaños para rectificar hechos.
Víctor Martín Orduña Muñoz
Adolfo Alfonso Kunz y Bolaños para contestar alusiones personales.
Héctor Ramírez Cuéllar
Guillermo González Díaz
Domingo Alberto Martínez Reséndiz
Luisa Alvarez Cervantes para rectificar hechos.
Gonzalo Altamirano Dimas
Amador Rodríguez Lozano
Jesús Humberto Zazueta Aguilar
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (I)
ARTICULO 102 CONSTITUCIONAL
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona dicho artículo.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (I) DEL ESTADO DE COAHUILA
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales en el V Distrito Federal Electoral del Estado de Coahuila. Sin discusión se aprueba.
MISCELÁNEA FISCAL
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.
Para su discusión en lo general toman la palabra los diputados: Enrique Jacob Rocha a nombre de la Comisión.
Juan Campos Vega
Servando Antonio Hernández Camacho
Tomás González de Luna
Jorge Calderón Salazar
Fauzi Hamdan Amad
RECESO
Juan Ramiro Robledo Ruíz
Lucas Adrián del Arenal Pérez
Arturo Torres del Valle
Roberto Soto Prieto
Daniel de la Garza Gutiérrez
Everardo Javier Garduño Pérez
Gilberto Zapata Frayre
Alfredo Castillo Colmenares
Jorge Flores Solano
Alfredo Lujambio Rafols
Jorge Flores Solano
Se aprueba en lo general.
Para discutir los artículos 1o. y 2o. de Código Fiscal reservados toman la palabra los diputados:
Fauzi Hamdan Amad presenta proposición.
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Roberto Soto Prieto presenta proposición.
Francisco José Dávila Rodríguez presenta proposición.
Se da lectura a las propuestas presentadas y se someten a votación.
Para discutir el artículo 2o. y 3o. de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones fiscales toman la palabra los diputados:
Arturo Torres del Valle presenta proposición sobre el artículo 2o.
Ovidio Pereyra García para hablar en pro.
Alfredo Lujambio Rafols
Se desecha la proposición del diputado Arturo Torres del Valle.
Para la discusión de los artículos 4o. y 5o., de la Ley Aduanera 8o., 46, 48, 106 y 107:
José Raúl Hernández Avila
Atalo Sandoval García
Javier Garduño Pérez
Atalo Sandoval García
Se someten a votación las proposiciones presentadas.
Para la discusión de los artículos 6o., 7o. y 8o. del decreto de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones fiscales, toman la palabra: Jorge Flores Solano presenta proposición.
Liliana Flores Benavides
Héctor Morquecho Rivera presenta propuesta.
Arturo Torres del Valle presenta proposición.
Se someten a votación las proposiciones presentadas.
Luis Beauregard Rivas presenta proposición relativa a la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de vehículos.
Se someten a votación las propuestas relativas a la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de vehículos.
Toman la palabra, en relación al artículo 33, los diputados:
José María Téllez Rincón para rectificar hechos.
Juan Ramiro Robledo Ruíz a nombre de la comisión.
José María Téllez Rincón para rectificar hechos.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones fiscales. Se turna al Senado para sus efectos constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (II)
CÓDIGO PENAL
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero
común y para toda la República en materia de fuero Federal del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código de procedimientos penales para el Distrito Federal.
RECESO
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (II)
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal de 1990.
Para discutir el dictamen en lo general toman la palabra los diputados: Salvador Robles Quintero para fundamentar el dictamen.
Laura Alicia Garza Galindo
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Demetrio Hernández Pérez
Enrique Rico Arzate
José Luis Durán
Enrique Sada Fernández
Alfredo Lujambio Rafols para hablar en contra.
Jorge Calderón Salazar para hablar en contra.
Fernando Lugo Hernández para hablar en contra.
María de la Luz Julieta Guevara Bautista para rectificar hechos.
Raymundo Cárdenas Hernández para rectificar hechos.
José María Téllez Rincón para rectificar hechos.
José Antonio González Curi para rectificar hechos.
Alfredo Lujambio Rafols
Arturo Torres del Valle
Rodolfo Becerril Straffon para hablar en pro.
Alfredo Lujambio Rafols para rectificar hechos.
Demetrio Hernández Pérez para rectificar hechos.
Jorge Alfonso Calderón Salazar para rectificar hechos.
Enrique Rico Arzate
Raymundo Cárdenas Hernández presenta proposición.
Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba para rectificar hechos.
Se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
De la Comisión del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1990.
En la discusión en lo general participan los diputados:
Héctor Ramírez Cuellar
Jorge Oceguera Galván
Francisco Javier Saucedo Pérez
Gonzalo Altamirano Dimas
Amado Treviño Abatte
Aprobado el dictamen en lo general y en lo particular, pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
ASISTENCIA
El Presidente ( a las 11.45 horas): - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para verificar la existencia del quórum estatutario.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 345 diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente: - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Primer Período Ordinario de Sesiones.- Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
11 de diciembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Lectura de un acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
De las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales en el V distrito electoral federal del estado de Coahuila.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas disposiciones Fiscales (Miscelánea).
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1990.
De la Comisión del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1990.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - Pido a los señores diputados que ocupen sus lugares y en virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día diez de diciembre de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Martín Tavira Urióstegui
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos del día diez de diciembre de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de cuatrocientos seis diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, en virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios han recibido copias del acta de la sesión anterior, la asamblea dispensa la lectura y posteriormente la aprueba en sus términos en votación económica.
Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Dantón Rodríguez Jaime, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa de reformas a los artículos tercero, quinto, veinticuatro, veintisiete y ciento treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de educación pública en lo que concierne al artículo tercero constitucional.
Para rectificar hechos respecto de esta iniciativa, solicitan y se les concede el uso de la palabra a los diputados Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática; Octaviano Alaniz Alaniz, del mismo partido; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista y Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Presidencia del diputado Felipe Calderón Hinojosa
Se concede el uso de la palabra al diputado Humberto Zazueta Aguilar, del Partido de la revolución Democrática, quien presenta iniciativa que reforma los artículos ciento ocho, ciento diez, ciento once, ciento trece y ciento quince, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.
Presidencia del diputado Martín Tavira Urióstegui
Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Sube a la tribuna la diputada Evangelina Corona Cadena, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley general del Instituto Mexicano del Seguro Social y para expresar sus opiniones al respecto, se concede el uso de la palabra a los diputados: Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; Juan Huesca Pérez, del Partido Acción Nacional; Laura Pavón Jaramillo del Partido Revolucionario Institucional; Rafael Morgan Alvarez, del Partido Acción Nacional; José Miguel Castro Carrillo, del Partido Revolucionario Institucional; Tomás Correa Ayala, del Partido Del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Javier Centeno Avila, del mismo partido y Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
A las quince horas con veintiocho minutos, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara solicita que se verifique el quórum y el Presidente ordena que se pase lista de asistencia. A las quince horas con treinta y un minutos, el Presidente informa que conforme al reglamento, tiene la potestad de decidir respecto del quórum, por lo que declara que lo hay.
Se turna la iniciativa de la Diputada Corona Cadena a las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.
Solicita y se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, quien a nombre de un grupo de jubilados y pensionados del estado de México, presenta iniciativa de nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las mismas comisiones que la anterior.
Presidencia del diputado Felipe Calderón Hinojosa
Para rectificar hechos respecto de la iniciativa presentada, hacen uso de la palabra, los diputados Trinidad Reyes Arcaraz, del Partido Revolucionario Institucional y Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática.
Para denunciar lo que llamó violación a los derechos humanos o ciudadanos en el estado de Tabasco, hace uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita respuesta a la denuncia de ayer sobre la presunta violación del fuero constitucional de un diputado federal.
Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura a un documento que cumplimenta el acuerdo del Presidente de la Cámara de Diputados al respecto. Para rectificar hechos hace uso de la palabra el diputado Miguel Vázquez Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática.
Hace uso de la palabra el diputado Julio César García Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia hechos relacionados con problemas laborales de algunos trabajadores del Instituto Federal Electoral.
Se turna a la Comisión de Infamación, Gestoría y Quejas.
Para rectificar hechos, hace uso de la palabra el diputado Amador Monroy Estrada, del Partido Revolucionario Institucional, quien informa sobre los trabajos realizados por la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, respecto de la denuncia presentada.
La Secretaría da lectura a una minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia de fuero federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
En sucesivas votaciones económicas se dispensa la primera lectura a los dictámenes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa; de la Comisión del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley que Reforma, Adiciona y Deroga, Diversas Disposiciones Fiscales (Miscelánea). Son de primera lectura.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y uno, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la asamblea dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la comisión fundamenta el dictamen e inmediatamente después, suben a la tribuna los diputados: Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista; Cecilia Soto González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional y Blanca Ruth Esponda Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional, para fundamentar los votos de sus respectivos partidos.
La asamblea considera que el dictamen ha sido suficientemente discutido en lo general y se reservan los artículos primero, segundo, cuarto, noveno, décimo y décimo primero, así como el segundo transitorio, para ser discutidos en lo particular.
La Secretaría recoge la votación en lo general de los artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria por doscientos setenta y nueve votos
. Para discutir los artículos reservados, hacen uso de la palabra, los diputados Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, quien hace una proposición; Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional, quien hace dos proposiciones;
Presidencia del diputado Martín Tavira Urióstegui
Enrique Jacob Rocha, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
A solicitud del diputado Calderón Hinojosa, el Presidente pide a la Secretaría que dé lectura a la fracción octava del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Continúan en el debate los diputados Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional, para rectificar Hechos; Tomás Yarrington Ruvalcaba, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Raúl Alvarez García, del Partido de la Revolución Democrática, Alvarez García, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y hace una proposición; Jorge Flores Solano, del Partido revolucionario Institucional, por la comisión y contesta, una Interpelación de Diputado Alvarez Garín; Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional; Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional y Julio César García Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
En sucesivas votaciones económicas se desechan las proposiciones presentadas y la asamblea considera suficientemente discutidos los artículos reservados, por lo que, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos noventa y un votos.
El Presidente hace la declaratoria formal y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Para continuar con el orden del día, la asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen de la
Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercito fiscal de mil novecientos noventa y dos.
A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, en contra; Adolfo Kunz y Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista y de Reconstrucción Nacional, en contra; Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional, en contra y hace una proposición; Alfonso Rivera Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Guillermo Flores Velasco, del partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
La asamblea considera suficientemente discutido este dictamen en lo general y reserva para su discusión en lo particular, los artículos primero y cuarto, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y de los artículos no impugnados que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y un votos.
A discusión en lo particular los artículos reservados, hacen uso de la palabra los diputados: Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace sendas proposiciones; Alejandro Nieto Enríquez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro de ambos artículos; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Manuel Monarres Valenzuela, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hacer una proposición.
Suficientemente discutidos los artículos reservados, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos noventa y ocho votos. El Presidente hace la declaratoria respectiva y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Como en los dos dictámenes anteriores, se dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Quinardo Meléndres Montijo, del Partido Acción Nacional, en pro; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, para fundamentar su voto en contra; Luis Alberto Beuregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Héctor Pérez Plazola, del Partido Acción Nacional, en pro y hace una proposición.
Suficientemente discutido en lo general, se concede el uso de la palabra a la diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone la adición de un artículo y, para rectificar hechos, los diputados Alberto López Vargas, del Partido Revolucionario Institucional; Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática y Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta a una interpelación del diputado Pérez Plazola.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, no sin antes, en votación económica, desechar la proposición del diputado Pérez Plazola y la adición de la diputada Flores Benavides. Terminado el cómputo de la votación nominal, la Secretaría informa que se emitieron trescientos setenta y cinco votos en pro y el Presidente hace la declaratoria respectiva. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Por instrucciones de la Presidencia se da lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de convocatoria para elecciones de diputados federales en el quinto distrito del estado de Coahuila. Es de primera lectura.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a la primera hora con treinta y cinco minutos del día once de diciembre de mil novecientos noventa y uno, citando para la que tendrá lugar hoy mismo a las once horas.»
El Presidente: - Ruego a la Secretaría ponga a consideración de la asamblea el acta y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Está a consideración de la asamblea el acta. ¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma?...
No habiendo quien haga observaciones, se consulta a la asamblea, con votación económica, si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El Presidente: - Tiene la palabra, el diputado Amador Rodríguez Lozano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, para dar lectura al acuerdo de dicha comisión.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Voy a dar lectura de un punto de acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, quien en su última sesión, por unanimidad, así lo acordaron.
«Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura, después de analizar el informe remitido a esta comisión por el doctor Jorge Carpizo, en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en respuesta al acuerdo del pleno de esta honorable Cámara, de fecha 26 de noviembre del año en curso, por medio del cual esta comisión le solicitó informes sobre los avances de la investigación que estaba realizando ese organismo respecto de los hechos efectuados en el ejido Llano de Víbora, del municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, hemos decidido aprobar el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Esta comisión reconoce la valiosa intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la rapidez y seriedad de sus actuaciones.
Segundo. Se reconoce a la Secretaría de la Defensa Nacional su decisión de solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el propósito de que resaltara la verdad en los lamentables sucesos acaecidos el 7 de noviembre del año en curso en Tlalixcoyan, Veracruz, así como su inmediato acatamiento a las recomendaciones emitidas por ésta.
Asímismo, destacamos la alta misión del Ejército nacional como garante de las instituciones.
Tercero. Se reconoce también la disposición de la Procuraduría General de la República para acatar las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por cuanto a los mecanismos de colaboración de autoridades nacionales, con autoridad de otros países en la lucha contra el narcotráfico, envíesele un atento recordatorio al ciudadano Procurador General de la República, a fin de que, en el ámbito de su competencia, informe lo procedente.
Cuarta. La Comisión de Derechos Humanos de esta honorable Cámara, estará atenta a las investigaciones cuya realización fueron materia de las públicas recomendaciones.
Quinta. Infórmese al pleno de la honorable Cámara de Diputados.»
Así lo acordó la Comisión de Derechos Humanos por unanimidad de sus miembros asistentes. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz, el diputado Víctor Orduña y el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, en ese orden, para rectificar hechos.
El diputado Adolfo Alonso Kunz y Bolaños: - Con su venia, señor Presidente:
Los hechos de Veracruz han traído a colación un problema bastante serio, que no tiene que ver si hubo errores de comunicación o de procedimiento, si hubo un enfrentamiento, incluso si hubo complicidad de algún tipo con los narcotraficantes.
Mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, no afirmó el punto de acuerdo, porque consideramos que no estamos yendo al fondo del problema, se le está dando una tramitación formal. Nosotros no dudamos de la integridad del Ejército mexicano, pensamos incluso que dentro del mismo se tomarán o se han tomado ya las medidas correctivas necesarias para resolver cualquier problema interno. Tenemos plena confianza en el Ejército mexicano.
Pero nosotros pensamos que la intervención de la Comisión de Derechos Humanos no está entrando al fondo del problema. A nivel internacional se ha discutido sobre la validez de que los militares intervengan en este tipo de problemas que realmente corresponde a la policía.
Existe un informe de la Comisión Interamericana sobre la política contra el narcotráfico, en cuya redacción participó un distinguido mexicano y
distinguido priísta, el licenciado Hugo B. Margáin y en una de sus recomendaciones que tengo aquí, que voy a leer textualmente, en un punto que se refiere "cancelar o reducir programas que son ineficaces o contraproducentes", habla en este sentido: "La Comisión recomienda que el gobierno estadounidense, - luego dice- , detenga los esfuerzos de persuadir o coartar a los gobiernos latinoamericanos para que usen las fuerzas militares contra los procesadores, traficantes y sembradores. La militarización tiende a aumentar la violencia y el abuso de los derechos humanos y con el tiempo, puede poner en peligro la estabilidad del gobierno civil en democracias frágiles".
Aquí ya hay un consenso de lo que se sabe que tiene como consecuencias la intervención del Ejército en un problema de carácter meramente policial.
Lo que no nos comenta el doctor Carpizo ni se ha discutido, es con qué fundamento se está violando el artículo 129 constitucional que expresamente señala que en tiempos de paz el Ejército no podrá participar en ningún tipo de actividad de esta naturaleza.
Estamos aceptando una violación de carácter constitucional y la estamos dando ya por aprobada . Quisiéramos saber el aspecto de fondo en este problema y que es, no por qué interviene el Ejército contra los narcotraficantes; de esto podemos tener muchas explicaciones. La pregunta es: ¿por qué se viola en forma tan clara una disposición constitucional, como es la utilización del Ejército en labores que corresponden a la policía y sencillamente eso no se toma en cuenta; se analiza el problema, se especula si había o no había complicidad , se menciona que fue un error, se habla de las medidas que se han tomado en el seno de la Procuraduría o de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se le da muchas vueltas, se le agradece al señor Procurador de Derechos Humanos su rápida intervención, sus informes, etcétera.
Pero el punto de fondo por el cual no pudimos firmar este acuerdo, es que estamos soslayando, estamos dando por aceptada una violación a un artículo constitucional que expresamente señala, si lo quieren leer, el 129, los que no se acuerden de él, señala la prohibición al Ejército de participar en labores ajenas a sus funciones. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Víctor Orduña, por la comisión
. El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: - Con sus autorización, señor Presidente.
Como miembro de la comisión y por haber suscrito también el punto de acuerdo al que se ha dado lectura en esta tribuna, he solicitado el uso de la palabra para razonar nuestro voto.
Debemos decir que no es posible abordar el candente tema del narcotráfico en nuestro país, sin ocuparnos de los graves daños que a la comunidad le ocasiona. Sin referirnos también al auge en el mundo, que hoy es fenómeno al que México no es ajeno.
El negocio de la droga, sin lugar a dudas, parece ser uno de los más productivos y lucrativos que existen; las utilidades que generan por sus operaciones, se dice, constituyen una de las mayores fuerzas económicas mundiales.
Las informaciones periodísticas sobre narcotráfico que estremecieron a México, a raíz de los secuestros y asesinatos del agente antinarcóticos de la Agencia Federal contra el Narcotráfico, Enrique Camarena y del piloto Mario Zavala, nos permitieron asomarnos a los extraños y misteriosos ámbitos del negocio de la droga con sus ganancias inauditas, con su riqueza ilimitada y corruptora y su infinita red de complicidades.
Pero entonces tan sólo no fue dada a conocer la punta de la hebra de ese delicado asunto.
Desafortunadamente en nuestros días, continúan ocultas las verdaderas estructuras y la cúpula ejecutiva de la mayor y más próspera de las empresas del orbe. Pujante organización que funciona como un super estado y para la cual trabajan personas de primer nivel en las diferentes élites sociales.
Ese contumaz poder económico y esa eficaz administración que caracterizan al tráfico de drogas, ha dado por resultado que en la mayoría de los países la drogadicción llegue a niveles jamás alcanzados.
Por otro lado, en México ha ocasionado ya problemas severos, problemas serios a los que no debemos ni podemos ser ajenos los legisladores mexicanos. Debemos mencionar aquí que el hecho sucedido en Veracruz, indudablemente que atrajo la atención y la indignación de la comunidad nacional, porque en un incidente de persecución de delincuentes a éstos desafortunadamente no les pasó nada ni pudieron ser
aprendidos. Las causas pudiera haber sido la negligencia, la incapacidad o no quisiera suponer alguna otra.
Por haberse involucrado dos dependencias, dos dependencias de primer nivel, dos dependencias que tienen a su cargo; una cuidar la seguridad nacional y la otra la persecución de los delitos, resulta importante redefinir cuáles son las competencias de estas dos dependencias, para que no vuelvan a acontecer en México acontecimientos parecidos a los suscitados.
Creemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tal vez contrario a lo que piense Adolfo Kunz, actuó en forma rápida y en forma objetiva. Ahora corresponde a los tribunales militares y corresponde a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal deslindar responsabilidad. Nadie ha puesto en duda la valiosa intervención del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, pero también, creo que para salvaguardar esa buena imagen del Ejército es necesario que no importando las personas que lo componen, sea investigada para que las instituciones estén ajenas a cualquier sospecha o duda.
Es necesario por otro lado, como lo dice una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la redefinición interna de los procedimientos entre la Procuraduría General de la República y el Ejército mexicano. En esta redefinición de competencias no se debe olvidar nunca y bajo ninguna circunstancia que si bien es cierto que estamos profundamente preocupados en esta lucha contra el narcotráfico, también lo es que como legisladores y como ciudadanos estamos profundamente interesados en que se respete la Constitución, las leyes y los derechos humanos.
Por ello, en esta redefinición de competencias no debe olvidarse para ninguna de estas dos instituciones y es una recomendación pública que me permitiría emitir como legislador, sea respetado estrictamente el artículo 21 Constitucional que establece que la persecución de los delitos incumbe única y exclusivamente al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo el mando y autoridad del Ministerio Público.
Para comprender con toda claridad lo dicho, es necesario recalcar que la función persecutoria, como su nombre lo indica, estriba en perseguir los delitos, es decir, buscar, investigar, presentar pruebas que acrediten la responsabilidad de alguien. Esta investigación que realice el Ministerio Público a través de la Policía Judicial, está sujeta a principios de legalidad, que tampoco deben olvidarse en la investigación y persecución de ningún delito.
Señores legisladores: el delito de narcotráfico es un delito conocido en nuestra legislación como delitos contra la salud. Debe ser investigado por el Ministerio Público. Pero en esta investigación creemos que no debe haber confrontaciones de competencia, ni descoordinaciones de actividades de una dependencia y otra, sino todo lo contrario; deberá establecerse un acuerdo nacional entre la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y el Ejército mexicano, con el propósito de que el Ejército pudiera coadyuvar a las tareas que realiza la Procuraduría General de la República en esta actividades.
Es sin duda alguna lamentablemente el caso que estamos comentando, pero también son lamentables aquellos casos en que sabemos de la muerte de narcotraficantes o presuntos narcotraficantes y no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Por ello, estamos profundamente interesados en que en este caso se llegue hasta sus últimas consecuencias, no importando la personalidad, característica, grado o jerarquía de aquellos que se hubieren visto involucrados en este ilícito y estaremos pendientes como legisladores a los 30 días que da como recomendación o como plazo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en su caso se acaten sus recomendaciones.
Pero por otro lado, seguiremos insistiendo ante la Procuraduría General de la República, para que nos sea proporcionada toda la información relativa a los agentes de la Agencia Federal Contra al Narcotráfico y podemos juntos, Procuraduría de Justicia de la República y legisladores, establecer procedimientos que garanticen la libertad, que garanticen la seguridad jurídica, pero sobre todo, señores, que garantice la protección y tutela de los derechos humanos en esta lucha contra el narcotráfico y que nos den la certeza a nosotros, para que nosotros podamos transmitirla a los ciudadanos, de que no volverán a suscitarse este tipo de incidentes, que dejen decirles, tan solo con leer el informe que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es para irritarse y sentir rabia de los procedimientos que se llevan a cabo en su persecución.
Por ello, venimos a razonar nuestro voto y pedimos también insistir en la formación que se ha solicitado a la Procuraduría General de la República y adelantar un poco; en su oportunidad tener una entrevista con el Procurador General de la República, en la que podamos juntos
discutir los procedimientos que se están llevando a cabo en esta lucha contra el narcotráfico y no volvamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, un acontecimiento de esta naturaleza o permitimos, por otro lado, que se creen superestructuras dentro de la Procuraduría General de la República, como lo fue en su caso aquella superprocuraduría, llamada de lucha contra el narcotráfico, que de funestas consecuencias resultó también para muchos mexicanos. Gracias por su atención. (Aplausos.)
El diputado Adolfo Alfonso Kunz y Bolaños (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra en términos del artículo 102, para alusiones personales.
El Presidente: - Si me permite, le voy a conceder la palabra al diputado Ramírez Cuéllar.
Le voy a conceder la palabra, en términos del artículo 107, diputado Kunz y Bolaños.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz y Bolaños: - Señor Presidente:
Hago uso de la palabra para alusiones personales, toda vez que parece que no fui lo suficientemente claro en mi exposición, No vine aquí a hacer un juicio de valoración sobre la Comisión de Derechos Humanos; lo que dije fue que estamos soslayando el problema de fondo, estamos dando por supuesto y por aceptada una violación a la Constitución y me voy a permitir leer el artículo 129 para que esto sea más claro:
"Artículo 129. En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortaleza y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión o en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones estableciere para la estación de tropas..."
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Señor Presidente. ¿quisiera preguntarle al orador si acepta una interpelación?, por favor.
El Presidente: - Diputado Kunz, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Adolfo Alonso Kunz y Bolaños: - Sí, acepto.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): El diputado Kunz, como es abogado y creo yo que es buen abogado, sabe muy bien que una ley no se interpreta solamente leyendo un artículo, sino que siempre hay que leer varios artículos para poder sacar una interpretación. El nos está leyendo en estos momentos un artículo de la Constitución que efectivamente dice lo que él ha afirmado que dice; pero si él sabe que el artículo 89, donde están las facultades del Presidente de la República, hay una fracción VI donde se establece con precisión que una de sus facultades es precisamente la utilización de las fuerzas armadas con motivo de seguridad interior y si él sabe que el gobierno de la República ha atacado este problema tan lacerante del narcotráfico desde tres perspectivas, desde la perspectiva de la seguridad interior, desde la perspectiva de la salud de los mexicanos y desde la perspectiva de la cooperación internacional. Muchas gracias.
El diputado Adolfo Alonso Kunz y Bolaños: - Las tres perspectivas que usted señala, compañero, tienen lógica, pero no creo que estemos en el supuesto que usted menciona y en todo caso las facultades del Presidente son concretas y precisas y no cabe en este caso una interpretación, porque entonces toda la Constitución la interpretaríamos cada quien como quisiera. El artículo 129 es imperativo, dice: "En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". Creo que el artículo es extraordinariamente claro, cualquier acuerdo, cualquier punto de acuerdo que se tome en esta Cámara, no puede dejar de considerar las implicaciones constitucionales que tenga. Podemos aceptar y ya lo dije, la honorabilidad y responsabilidad del Ejército mexicano; no tenemos la menor duda al respecto, podemos aceptar la capacidad y la competencia de la Procuraduría General de la República, tampoco tenemos ninguna duda ni tenemos ninguna duda que uno y otro organismo van a tomar las medidas correctivas; podemos incluso aceptar hasta el incumplimiento de las leyes, que hace falta una Comisión de Derechos Humanos, hasta eso se los puedo llegar a aceptar en este momento, aunque no estoy muy convencido. Pero lo que yo no puedo aceptar es que tomemos aquí un acuerdo que lleva implícita la violación a una disposición constitucional...
Escucho, si el Presidente autoriza su interpelación.
El Presidente: - Adelante, diputado Amador.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Diputado Kunz, ha quedado muy
claro de mi interpelación número uno, que el Ejército participa en la lucha contra el narcotráfico de manera legal en el marco constitucional mexicano y no solamente eso, sino que merece el reconocimiento y el aplauso de todos los mexicanos. Segundo, que usted no me contestó mi interpelación; tercero, que yo nunca dije que las facultades del Presidente fueran abstractas e imprecisas
. Yo creo que manipulando las respuestas no vamos a llegar a ningún lado. Las facultades del Presidente son muy precisas, como preciso es el artículo 129. El aspecto es bastante claro, el Ejército nacional no está actuando de acuerdo a la Constitución, porque entonces no entendería cuál es el alcance del artículo 129 constitucional. Hay una prohibición expresa, yo puedo entender que se justifica su actuación, estoy consciente de eso, creo que llega un momento que se requiere de la fuerza del Ejército para poder resolver un problema, pero para esto habría que hacer alguna declaración formal en este sentido y en este momento ninguno de los que estamos aquí conocemos que haya habido alguna declaración en este sentido y hay indudablemente una violación a un texto que no admite interpretación, hay que leerlo tal cual está escrito gramaticalmente. Muchas gracias. el Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente, compañeros diputados:
Quiero intervenir como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, señor Presidente.
El asunto que nos está convocando en este debate, del cual la Comisión de Derechos Humanos presentó un informe de 102 páginas, tiene algunas implicaciones graves y delicadas que deseamos comentar ante usted.
En primer lugar, el informe de la comisión nos señala que hay 634 pistas clandestinas en nuestro país, que están vigiladas por el Ejército mexicano, lo que nos hace llegar a la conclusión de que nuestro territorio es un punto de tránsito de grandes cargamentos de cocaína, procedente sobre todo de Colombia, del llamado Cartel de Medellín.
La pista de "La Víbora", en Tlalixcoyan, Veracruz, era tan sólo una de las pistas, de las múltiples pistas que hay en nuestro país y que nos están demostrando cómo se distribuye la droga a nivel internacional usando a nuestro país principalmente, ya que los cargamentos de cocaína van desde luego al primer centro consumidor, que son desde luego los Estados Unidos de América.
Toda la operación del avión colombiano con un cargamento de cocaína, fue filmada desde que entró a territorio nacional hasta que se produjo el aterrizaje en la pista ya señalada, desde que penetró por la península de Baja California, por el estado de Chiapas, hasta Veracruz, se rastreó este aparato, se filmó y se grabó en un avión de la Procuraduría General de la República, en la que iban en calidad de entrenadores agentes de la Dirección General de Aduanas de los Estados Unidos de América.
En el informe de la comisión se declara incompetente para dar a conocer los motivos y las razones por las cuales personal norteamericano viajaba en este avión de la Procuraduría General de la República y también la comisión se declara incompetente para informar de la actividad que los agentes de la Agencia Federal Contra el Narcotráfico realizaron en todo este operativo, afirmando la Comisión que están en México en virtud de acuerdos internacionales; pero nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son estos acuerdos internacionales?, ¿en qué consisten?, ¿cuántos agentes de la Agencia Federal Contra el Narcotráfico operan en México?, ¿cuántos elementos de la Dirección de Aduanas Trabajan en la lucha conjunta contra el narcotráfico?, ¿en base a qué criterios están operando? y ¿por qué participaron en un operativo que sólo incumbía a las autoridades mexicanas?
El hecho de que este incidente haya sido filmado por una agencia del gobierno norteamericano, también nos está indicando lo peligroso que es para la soberanía nacional y para la seguridad de nuestro país, que personal de la Agencia Federal Contra el Narcotráfico, de la Dirección de Aduanas de los Estados Unidos realice estas acciones en territorio mexicano con el pretexto de combatir el narcotráfico.
Debemos recordar a los señores diputados que esta información fue entregada por la Embajada de los Estados Unidos, en México, lo que nos está revelando la gran información que esta entidad tiene o debe tener sobre asuntos que solamente competen a las autoridades mexicanos, al gobierno mexicano y a las entidades responsables del combate al narcotráfico.
El informe de la comisión señala una gran falta de coordinación entre el Ejército y la
Procuraduría General de la República. Esta falta de coordinación se da desde el momento que el avión colombiano penetra a territorio mexicano hasta que se producen los hechos sangrientos del día 7 de noviembre.
Una falta de coordinación que no puede ser admitida, que no puede ser tolerada, porque la lucha contra el narcotráfico, coordinado, de todas las dependencias del Gobierno Federal y en forma señalada del Ejército Nacional y de la Procuraduría General de la República.
Pero lamentablemente el informe de la comisión señala que los elementos de la zona militar de Veracruz se excedieron en el ejercito de sus funciones y de la falta de coordinación pasamos a un hecho más grave aún, que fue la realización de acciones en donde se involucran elementos del Ejército Nacional, sobre todo el comandante de la zona y otros elementos.
De acuerdo con los datos publicados por la comisión, el comandante Morán Acevedo, recibió tres llamadas indicándole claramente que los elementos que perseguían al avión colombiano eran elementos de la Policía Judicial Federal y de la Procuraduría General de la República y pidiéndole que cesara el ataque militar. Hubo tres llamadas que desoyó el comandante Morán Acevedo y que en lugar de parar el fuego contra los agentes de la Policía Judicial siguió disparando hasta prácticamente masacrar a los siete agentes de la Policía Judicial Federal.
El informe, entonces, le da al Ejército una gran responsabilidad en estos hechos, porque la autoridad militar, no solamente no respetó a los agentes judiciales , sino que los asesinó realmente, no obstante que sabía que pertenecían a otra entidad del gobierno de nuestro país.
Así queremos señalar que para el Partido Popular Socialista no es conveniente que haya conflictos, que haya enfrentamientos, que haya rencillas entre el Ejército y la Procuraduría. Esto lo señalamos como un hecho lamentable que no debiera suceder porque los choques, los enfrentamientos entre el Ejército y la Procuraduría sólo benefician al narcotráfico, sólo benefician a los que usan a nuestro país como plataforma para enviar la droga a los Estados Unidos
. Nosotros hacemos votos porque todos los motivos de fricción, de hostigamiento que pudiera haber entre Ejército Nacional y Procuraduría, se diluyan, se hagan a un lado y se realice la coordinación que señala la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.
También queremos señalar que cuando hablamos del Ejército, con el respeto con lo que lo estamos haciendo, no podemos de ninguna manera dejar de señalar los excesos en que incurren elementos del propio Ejército nacional. Sería un favor flaco no señalar que este fenómeno se ha dado en este caso y que, a nuestro modo de ver, debe ser evitado en el futuro.
En esta ocasión queremos reiterar a la Cámara de Diputados, para que a través de la Comisión de Derechos Humanos, esperemos el resultado de las acciones, que esté realizando la Procuraduría y el Ejército en la persecución de estos delitos, puesto que ya hay elementos detenidos, algunos casos compete a los tribunales de lo militar y en otros casos compete a los tribunales de lo civil.
Pero también queremos pedir, por este conducto, a la Procuraduría General de la República, que nos informe de la presencia de los agentes de la Agencia Federal contra el Narcotráfico en nuestro país, porque es uno de los puntos que nos aclara el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Nosotros pensamos que tratándose de la lucha contra el narcotráfico, sí puede haber convenios internacionales y de hecho los hay entre muchos países, pero que la lucha contra el narcotráfico debe descansar en la autoridad en las autoridades y en las dependencias nacionales de cada país.
No podemos aceptar que en aras de la lucha contra el narcotráfico, se vulnere la soberanía nacional, como ha sucedido en Colombia, en Bolivia, en donde los agentes de la Agencia Federal Contra el Narcotráfico prácticamente intervienen en asuntos de esos países y que tratándose de esta lucha, la colaboración internacional debe darse en el marco de respeto a la soberanía de cada uno de los países que combaten este flagelo.
Por eso reiteremos que se informe a la Cámara de Diputados de estos convenios internacionales, para conocer el grado de intervención de estos agentes, su actividad en México, en qué ciudades operan y sus principales actividades, y de esta manera podrá saber la Cámara de Diputados el alcance que tiene la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado González, para rectificar hechos
.
El diputado Guillermo Jorge González Díaz: - Señor Presidente, compañeros diputados:
Evidentemente que causó un gran escozor en la opinión pública nacional los hechos ocurridos el pasado 7 de noviembre el Llano de la Víbora, del municipio de Tlalixcoyan, en el estado de Veracruz. Hechos que sin lugar a dudas se vieron involucradas dos instituciones de gran prestigio y respetabilidad, como es el Ejército mexicano y la Procuraduría General de la República.
De los comentarios que se han vertido en esta tribuna, quisiera hacer algunas precisiones, principalmente a los alcances del artículo 89, específicamente en su fracción VI. Dice el artículo 89 de la Constitución General de la República: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes..."
La fracción IV se refiere a nombrar con aprobación del Senador, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y a los empleados superiores de Hacienda.
La fracción V se refiere a nombrar a los demás oficiales de Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, son arreglo a las leyes.
Y la fracción VI dice: "Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea, del ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación". Repito, para la seguridad interior.
Tomando en cuenta que el Gobierno de la República ha declarado una lucha sin cuartel en su combate al narcotráfico, es evidente de que estamos hablando en esta lucha, en este combate contra el narcotráfico, de seguridad nacional. El Presidente de la República en consecuencia, es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
En otro orden de ideas, quisiera referirme de que aquí se ha hablado, se destacado de una falta de integración o de coordinación de estas dos dependencias que evidentemente se trata de una confusión lamentable. Sin embargo, debemos de ver también y analizar el otro aspecto, los otros resultados, las actitudes de coordinación que ha habido entre estas dos dependencias y las otras policías estatales que se dedican también al combate al narcotráfico.
Por ello quiero referirme a que en este momento se encuentran empeñados en la campaña permanente contra el narcotráfico, tan solo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, más de 22 mil 500 elementos; que del 1o. de diciembre de 1988 a noviembre de este año, se han logrado destruir cerca de 270 mil plantíos de mariguana en más de 20 mil hectáreas; que se han destruido cerca de 228 mil plantíos de amapola en 17 mil hectáreas; que se han destruido cerca de 1 mil 350 pistas clandestinas; que se han asegurado e incinerado en consecuencia, alrededor de 400 mil kilogramos de mariguana; que se han asegurado y se han incinerado, más de 1 mil 188 kilogramos de semilla de amapola. Y así podríamos referirnos a cantidades verdaderamente sorprendentes en materia de mariguana, de goma de opio, de cocaína, de heroína, de morfina; que se han asegurado cerca de 35 naves aéreas que se han decomisado más de 1 mil 500 vehículos terrestres; que se han decomisado cerca de 15 mil armas de fuego; que se han aprehendido a cerca de 4 mil 623 presuntos narcotraficantes nacionales y 44 narcotraficantes extranjeros; que en esta lucha en contra del narcotráfico han ocurrido cerca de 282 enfrentamientos con estas bandas criminales, que se han tenido lamentablemente, alrededor de 80 bajas de militares que han muerto en el cumplimiento de su deber, y que en estos últimos tres años se han localizado más de 3 mil 89 pistas clandestinas, de las cuales se han destruido 1 mil 349.
Por lo tanto queremos referirnos a un dato verdaderamente elocuente, escuchamos en ocasión del Tercer Informe de Gobierno que rindió a esta Soberanía el Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, de que se han decomisado en estos tres años de esta administración pública federal, alrededor de 122 toneladas de cocaína pura.
Todo esto evidentemente que es el resultado de la concertación, del trabajo de equipo de las organizaciones que combaten el narcotráfico en nuestro país y que lamentablemente, como consecuencia de estos hechos que lamentamos todos los mexicanos, siete jóvenes mexicanos, elementos de la policía Judicial Federal, perdieron la vida.
Para finalizar, me quiero referir en forma muy sucinta a las recomendaciones que hace unos días emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo referente al caso que nos ocupa. Y precisamente en estas recomendaciones tanto en la Secretaría de la Defensa Nacional, como la Procuraduría General de la República, dentro del término concedido, aceptaron acatas las recomendaciones. No hay absolutamente
ninguna objeción por parte de la Secretaría de la Defensa, ni mucho menos por parte de la Procuraduría General de la República, para acatar las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y únicamente me refiero de que en su última, en la novena recomendación la comisión dice que de conformidad con el acuerdo 1/91 del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicito a ustedes que en la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación en su caso, no sea notificado dentro del término de 15 días naturales, contados a partir de su notificación. Igualmente solicito a ustedes que en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta comisión dentro de los 30 días naturales siguientes a esta notificación. La falta de presentación de estas pruebas, dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada, quedando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en libertad de hacer pública esta circunstancia.
Consecuentemente, está corriendo el término, las dependencias están tomando cartas en el asunto y quiero expresarles, para terminar, que la fracción parlamentaria de nuestro Partido, está reconocida del esfuerzo, del trabajo que estas dos corporaciones tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, como la Procuraduría General de la República, vienen realizando en su lucha permanente y sin cuartel contra el narcotráfico; que lamentamos los hechos ocurridos pero que de ninguna manera se va a permitir o vamos a admitir que aquellos que resultaren responsables de cualquier ilícito, sean, queden esos hechos impunes. Por lo tanto, muchas gracias.
El Presidente: - Diputado, tiene usted pendiente una interpelación del diputado De León.
El diputado Hiram Luis de León Rodríguez (desde su curul): - Señor licenciado Bolaños: Nos ha llamado la atención sobre la interpretación del artículo 129 constitucional. Usted por su parte, sostiene que es legítima la actividad del ejército por las facultades presidenciales basándose en que se trata de mantener el orden interno del País. Mi pregunta es: evidentemente el narcotráfico es un delito bastante frecuente; el homicidio y el robo lo son más. Conforme su criterio, el Presidente para garantizar el orden interno, ¿puede llamar el Ejército para prever los homicidios y los robos? ¿No es eso colocarnos en una interpretación incorrecta del dispositivo? Ese dispositivo en mi concepto, tiene su razón de ser respecto de rebeliones, motines, etcétera, más no respecto de delitos en especifico. Conforme su criterio de su partido, ¿puede el Presidente pedir la intervención del Ejército para reprimir el homicidio, para reprimir las violaciones y el robo? ¿No es eso colocarnos en un militarismo probable, posible y que como abogados debemos rechazar?
El diputado Guillermo Jorge González Díaz: - Yo contestaría su pregunta con una reflexión general a esta soberanía, ¿si es o no una prioridad la seguridad nacional el combate al narcotráfico?
Yo creo que todos conocemos las consecuencias de esta peste que está azotando a todos los países de la tierra; yo creo que no debemos reparar en los medios para continuar en forma persistente y contumaz, en nuestra lucha para desbaratar y aniquilar a todas las bandas criminales.
Por lo tanto, en la misma forma como el Ejército mexicano coadyuva en estas tareas de combate al narcotráfico, también asiste a la población civil en casos de desastre.
Por lo tanto, espero dejar contestadas su pregunta, compañero diputado.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Martínez Reséndiz.
El diputado Domingo Alberto Martínez Reséndiz: - Señor Presidente; señores diputados:
Referirnos a los problemas de los derechos humanos y referirnos a los problemas del narcotráfico, es una cuestión que aveces rebasa totalmente nuestra capacidad de asombro y nuestra capacidad de indignación.
Todos los días podemos leer en la Prensa, que se incautaron tantas toneladas de cocaína, tantas toneladas de mariguana, que si se detuvieron tantos narcotraficantes... y ya no nos llama la atención, ya nos parece algo normal, como aquí alguna vez se calificaron las elecciones a los procesos electorales; ya son cuestiones que definitivamente tal parece que pasan a formar parte de nuestra vida cotidiana.
Sin embargo hoy que nos enfrentamos a este hecho que algunos compañeros diputados han calificado de lamentable, que sucedió en Llano de la Víbora, municipio de Tlalixcoyan, estado de Veracruz, el 7 de noviembre, realmente es una cuestión que debe procurarnos yo creo en dos sentidos.
El primero de ellos, cómo por una lamentable confusión, el Ejercito y la Procuraduría General de la República sostiene un enfrentamiento en la cual hay muertos, hay bajas, dicen ellos y resulta que los narcotraficantes se van tranquilamente y nadie sabe qué sucede con ellos; pero sin embargo estas dos corporaciones se enfrentan.
De ahí tenemos el primer hecho, que hay dos comunicados de prensa, los cuales tienen contradicciones de manera bastante obvia, en las cuales trata de justificarse este hecho.
Por otro lado, nos quedan dos dudas: ¿qué hace el Ejército ahí y qué hace la Agencia Federal contra el narcotráfico? Porque actualmente tenemos información por parte de los medios periodísticos y hay revistas que se han abocado a realizar una serie de entrevistas y a recabar informaciones, porque es la única información de que disponemos, en la cual se habla de la participación de agentes de la Agencia Federal contra el Narcotráfico.
Pero llama la atención el hecho de que el narcotráfico, como tema para ser tratado, tiene qué necesariamente tocar las puertas de otro fenómeno presente en la vida cotidiana de este país, la corrupción señores. No podría haber narcotráfico sino es con cierto margen de tolerancia. ¿Por qué decimos eso? Algunos diputados hoy nos han informado que hay 636 pistas clandestinas, las cuales se usan cotidianamente, sólo hasta que hay ciertos hechos que llevan a desencadenar la violencia o que afectan algunos intereses, es cuando salen a la opinión pública.
Yo creo que el que al artículo 129 no quiera interpretarse de la manera más correcta, en el sentido que efectivamente, el Presidente tiene facultades expresas para hacer uso del Ejército, siempre y cuando sea en situaciones excepcionales, que podría ser la sonada, la guerra; pero también dice que tiene qué tener la anuencia del Congreso.
Yo no sé si realmente aquí lo que se pretenda es, efectivamente, darle una guerra al narcotráfico, pero tal parece que aquí lo que se pretende, fundamentalmente, es justificar el exceso de facultades presidenciales, ya lo vimos en el caso de Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", donde también se utilizó el Ejército para poder llevarse a este señor a la cárcel, después de haberlo tolerado durante tantos años.
Pero, definitivamente, señores diputados, este problema de la corrupción, este problema del narcotráfico, porque están íntimamente ligados, es una cuestión que nunca se ha podido, o por lo menos desde que la Prensa lo maneja cotidianamente, nunca nadie, ninguna autoridad, ninguna entidad del poder público en México, ha tratado de poner los puntos sobre las íes.
Siempre se trata de dejar de lado el asunto, siempre se trata de dejarse que esto ya no se vuelva a tratar; de tal suerte que cada vez que sucede una cuestión de esa naturaleza hay recomendaciones, hay cuestiones que nos llevan a pensar si es correcto o incorrecto lo que se está haciendo, pero definitivamente el problema sigue latente.
No se trata, hasta ahora, de tomar medidas que traten o que busquen la manera de solucionar de fondo esto. Y no se puede solucionar porque hasta ahora, también, a través de la Prensa, tenemos que hay datos, nombres incluso de altos funcionarios del gobierno que están relacionados o supuestamente relacionados, cosa que tampoco nunca se ha desmentido.
Actualmente la Prensa sigue en esta discusión. Hoy estamos enterados también por la Prensa, acerca de la intervención de los agentes de la Agencia Federal contra el Narcotráfico. Se nos dice que es con base a una serie de acuerdos o una serie de convenios que nosotros no conocemos y que de alguna manera nosotros tendríamos que considerar para poder entrar en una discusión de esta naturaleza.
Realmente creo que sí es necesario señalar, señores diputados, que esos problemas, cuando tratemos de abordarlos de una manera concreta, de una manera definitiva, no pongamos tantas trabas, sino que busquemos la interpretación correcta, busquemos los elementos que nos permitan dilucidar qué es lo que está pasando con esos fenómenos que, definitivamente, yo sí asocio entre narcotráfico y corrupción, no hay de otra.
Por esos motivos, quiero leer un punto de acuerdo que estamos presentando ante este pleno:
"Ante los graves hechos de Tlalixcoyan, Veracruz, demandamos a esta soberanía la presencia del Secretario de la Defensa Nacional, general Manuel Rivello y y el Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, a fin de que seamos informados adecuadamente de cuál es la situación que guardan actualmente estos hechos.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Rosa Albina Garavito Elías; el miembro de la Comisión de Derechos
Humanos, Víctor Orduña Muñoz; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Adolfo Kunz y Bolaños y por el Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo".
Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tengo registrados para rectificar hechos, a la diputada Alvarez, que tiene el uso de la palabra. Posteriormente el diputado Altamirano y una vez desahogadas las intervenciones, procederemos a dar trámite a esta proposición.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes: - Con su permiso, señor Presidente:
Quisiéramos nosotros abordar este asunto, en virtud de que prácticamente se ha abordado el problema del narcotráfico en nuestro país, a partir de un punto de acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara.
Nosotros quisiéramos señalar algunas consideraciones: el problema del narcotráfico en nuestro país, tiene repercusiones muy serias en el terreno económico. Podemos hablar del narcotráfico como un problema social pero además, podemos hablar del narcotráfico en nuestro país, como un problema también político.
El narcotráfico no se puede abordar si no lo abordamos en toda su dimensión y en todas las esferas que afectan los diferentes renglones de la vida de nuestro país.
El combate del narcotráfico ha venido dándose solamente en el terreno, podríamos decirlo nosotros, enfocando un lado del combate, utilizando en varios momentos para combatirlo, la represión.
Efectivamente podemos hablar de que ha habido avances, de que se han acabado o se han destruido sembradíos de drogas, que se han destruido pistas de aterrizaje clandestinas, pero el problema del narcotráfico en nuestro país todavía subsiste, todavía se da y se da en grandes dimensiones.
Abordarlo de una sola forma no es abordarlo, para nosotros, correctamente. Acabar con el narcotráfico es sumamente difícil, en virtud de que del lado de nuestro país, en el norte, tenemos a los principales consumidores de drogas; me refiero a la población de los Estados Unidos de América. Por más esfuerzos que se brinden en nuestro país, mientras exista el consumo de drogas en Estados Unidos, lo que podamos hacer en contra del narcotráfico, desde este punto de vista es sumamente difícil.
El combate contra el narcotráfico o el problema del narcotráfico tiene dos problemas, desde nuestro punto de vista, que afectan las relaciones en nuestro país, el problema de la seguridad interior, pero también el problema de la soberanía nacional y hay un problema más: el de mantener y consolidar el respeto a los derechos humanos.
Desde este punto de vista, nosotros deberíamos pensar seriamente, los diputados y la sociedad en su conjunto, acerca de la posibilidad de estudiar profundamente el problema del narcotráfico y, ¿por qué no?, entrar a un proceso de discusión en el seno de la Cámara y un proceso de discusión pública.
Hay quienes piensan que una de las formas de resolver el problema del narcotráfico es legalizar el consumo de las drogas en nuestro país; hay quien piensa eso. Hay quienes piensan de otra forma, pero el hecho es que existe este problema y que necesitamos abordarlo en su magnitud y en la seriedad que requiere.
Aceptar, como inicialmente dijimos, que es un problema de orden social y podríamos añadirle que posiblemente sea hasta un problema con aspectos de cultura de nuestro país.
Es un problema social porque en nuestro país, producto de la crisis y del hambre, muchos de nuestros campesinos compañeros siembran la droga y no lo podemos desconocer, ¿y qué alternativa se le da a esta gente involucrada en las drogas, cuando se involucran en ellas por problemas de carácter económico?
Tocarlo desde este ángulo, desde nuestro punto de vista, requiere no solamente del reconocimiento de los avances, del reconocimiento del esfuerzo de Ejército nacional y del reconocimiento del esfuerzo de la Procuraduría y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino requiere también enfocarlo desde el punto de vista en el marco de la reforma de Estado.
Si ahorita se inician o ya se inició con el 27 constitucional una profunda reforma en el campo, para modernizar las relaciones de producción en el campo, si en esta Cámara se está discutiendo también, reformas constitucionales para modernizar las relaciones del Estado y de la Iglesia, ¿por qué no ir pensando acerca de modernizar el combate en contra del narcotráfico, no solamente desde el aspecto puro de la represión, sino ver y analizar qué otras esferas de la vida nacional pueden también incidir en el combate contra el narcotráfico, que involucre a la sociedad
en su conjunto y en particular a la sociedad organizada?
Nosotros pensamos que discutir en este momento por un solo lado, si es correcto o no, dentro de las facultades constitucionales que se le otorgan al Presidente en cuanto al ejército en contra del combate con el narcotráfico, sigue siendo enfocar el problema desde un solo punto de vista. Necesitamos involucrar a la sociedad en su conjunto y nosotros mismos para modernizar áreas de reforma de las diferentes legislaciones en su conjunto, para ver este problema de más fondo, de más peso y no por encima.
Analizarlo, como lo habíamos dicho desde un principio, desde sus cuatro aspectos fundamentales: como un problema social, un problema político, un problema económico y un problema con aspectos también de índole cultural.
Es necesario, como de decía uno de los compañeros que subieron a la tribuna, en el marco de la defensa de la soberanía nacional, reclamar cuántos agentes de la Agencia Federal contra el Narcotráfico están en el país, que vulneran, desde nuestro punto de vista, la soberanía nacional, poniendo como pretexto la lucha contra el narcotráfico.
A veces parece ser que el narcotráfico en nuestro país es como el Ave Fénix: destruimos algo y reviven de sus cenizas, ¿nos será porque todavía no lo abordamos en su conjunto, con la globalidad que se requiere, con la profundidad que se requiere? Y desde el punto de vista como un problema nacional, pero también como un problema internacional? Gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado Gonzalo Altamirano Dimas. por cinco minutos.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas:- Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El tema del narcotráfico no solamente es u problema de salud pública, sino también, como se ha mencionado en esta tribuna, se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional.
Es cierto que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son un paso fundamental, son un paso inimaginable en otros tiempos, en la lucha contra la delincuencia, contra la impunidad. Hay que reconocer la decisión, la decisión, la firmeza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para aborda un tema en el que se estaban tocando instituciones y situaciones sensibles ante la opinión pública. Esas recomendaciones de la comisión Nacional de Derechos Humanos, de ninguna manera pueden interpretarse como una agresión o afectación a institución alguna, como en el caso concreto del Ejército.
Creo y nosotros coincidimos con esa afirmación, con ese juicio, que no está en entredicho el Ejército, ni están en entredicho las instituciones que están involucradas en esta situación, Lo que está en juego es el combate contra la impunidad y contra los fueros mal entendidos, ésa es la perspectiva de esas acciones que se están emprendiendo y así debemos de considerarlas.
Lo que nos llama la atención es que, ¿por qué desde el principio no se tomaron las acciones que debieron de haberse tomado? Por qué se trato de echar tierra al asunto? ¿Por qué hubo dos comunicados en los que quisieron dejar una información totalmente falseada ante la opinión pública, diciendo que los hechos se concretaban a simples confusiones entre elementos del Ejército de la Policía Judicial? ¿Por qué no se tuvo la voluntad política desde el principio para enfrentar los hechos como ahora se está haciendo? ¿Por qué tuvieron que ser en esta ocasión informaciones o videos proporcionados por el gobierno norteamericano, para que las autoridades mexicanas, en su más alto nivel, se decidieran a actuar?
En el pasado reciente tuvo que ser un editorial del Wall Street Journal para que se tomaran acciones políticas importantes, que estaban reconociendo irregularidades en un proceso electoral y ahora, son precisamente esas acciones o esas presiones las que determinan una investigación que ya se está encomendando hacia la obtención de la verdad; eso es lo que nos llama la atención y esos hechos nosotros los condenamos.
También, que no se clarifique y no se hable por su nombre, con la verdad, el desarrollo de los acontecimientos que se han derivado de estas acciones, ¿por qué las renuncias en la Procuraduría General de la República? Simplemente se toman con la simpleza con que se han dado y no se explican cuáles son las causas que funcionarios de alto y de inferiores niveles hayan tenido que renunciar.
Nosotros creemos que esta representación nacional de la Cámara de Diputados, tendrá que seguir muy de cerca estas investigaciones que se están realizando y que se castigue a los responsables
con todo el rigor de la ley y de acuerdo a las disposiciones que a cada fuero comprendan, pero que de ninguna manera prive la impunidad y ninguno de los responsables no vaya a ser tocado por la ley. A nosotros nos preocupa eso y vamos a seguir muy de cerca esas investigaciones.
Finalmente, como lo dijo mi compañero Víctor Orduña, es conveniente establecer y deslindar los campos de acción de la Policía Judicial Federal y del Ejército mexicano, Que de hecho, como ya se ha dicho también aquí en esta tribuna, están claramente definidos en nuestra Constitución. El artículo 21 le da competencia al Ministerio Público y a la Policía Judicial para perseguir los delitos y, como ya se dijo también, el artículo 129 habla de que en tiempos de paz, el Ejército solamente podrá tener funciones relacionadas con la disciplina militar.
Es cierto que hay convenios entre la Procuraduría y el Ejército, pero hay que revisarlos, la situación de los militares en Tlalixcoyan, Veracruz fue irregular, porque de hecho se trataba de una investigación que le competía a la Policía Judicial Federal; a esos hechos tenemos que abocarnos, a definir con claridad los campos de acción entre el Ejército y la policía y también velar porque la impunidad no prive en esta investigación que se está realizando a raíz de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (Aplausos.)
El Presidente: - En los términos del artículo 58 de nuestro reglamento, consulte la Secretaría si hay oradores en pro o en contra de la proposición presentada por diversos diputados.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si hay oradores en pro y en contra de la propuesta...
El Presidente: - No habiendo otros diputados registrados como oradores, tiene el uso de la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quiero primeramente rechazar de manera enfática y categórica que la vocación del gobierno y de la sociedad mexicana por atacar la impunidad por atacar a los que transgreden la ley y afectan y atacan a la sociedad, se a producto de una presión interna, A mí en lo personal me indigna que se haga una conclusión de esa naturaleza; hay una voluntad del gobierno y de todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados de atacar la impunidad, por eso estamos, incluso, conociendo en estos momentos de iniciativas de reformas constitucionales y de ley, que tienen el propósito de atacar frontalmente la impunidad, cueste lo que cueste. En México no existen fueros, en México todo mundo, desde el más alto mandatario de la república, hasta el mas modesto mexicano, están sujetos a la ley.
Creo y reconozco el interés legítimo de todas las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados porque se esclarezcan los hechos de Llano de la Víbora. Nosotros compartimos ese interés, así lo expresamos en esta tribuna el 26 de noviembre, cuando todos los partidos políticos representados en la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, presentamos a la consideración de este pleno un punto de acuerdo que tenía como propósito fundamental precisamente eso, que la Comisión de Derechos Humanos conociera de este asunto y que solicitara a las autoridades respectivas la información suficiente, a efecto de que este pleno estuviera enterado de los hechos.
Este pleno así lo acordó, por unanimidad de todos los presentes se acordó que la comisión de Derechos Humanos solicitara a las autoridades respectivas la información sobre los sucesos de Llano de Víbora. Así lo hicimos y con base precisamente en esa información, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos nos envió el informe respectivo, informe que la Comisión de Derechos Humanos reconocemos que es un informe objetivo, que es un informe veraz, que es un informe valiente. Pero uno de los puntos fundamentales de ese informe es sus recomendaciones, recomendaciones que han sido acatadas de manera inmediata por las entidades involucradas, por el Secretario de la Defensa, al día siguiente y por el Procurador General de la República.
Por esa razón, compañeros, tenemos que considerar que está en trámite precisamente la investigación que recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la investigación está incluso desde el momento mismo en que se sucedieron los hechos, pero la recomendación de la Comisión Nacional fue muy enfática.
Ya mi compañero González Díaz había comentado el punto, pero creo que es importante para los efectos de la propuesta que estamos discutiendo. La recomendación 9a. dice: "De conformidad con el acuerdo número 1/91 del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
solicito a ustedes es decir al Secretario de la Defensa y al Procurador General de la República, que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, en su caso, nos sea notificado dentro del término de 15 días naturales contados a partir de su notificación."
El día siguiente de la notificación, las dos entidades aceptaron la recomendación.
"Segundo. Igualmente, solicito a ustedes que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta comisión dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación. La falta de presentación de estas pruebas, dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada, quedando la Comisión Nacional de Derechos Humanos en libertad de hacer pública esta circunstancia."
Como ustedes ven, hay una recomendación en el sentido de que toda vez que las dos entidades ya acordaron aceptar la recomendación pública de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, les fue fijado un plazo de 30 días que está corriendo, para que ellos presenten pruebas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que las ocho recomendaciones, muchas de las cuales aquí ya fueron comentadas por los compañeros y que son muy específicas y que son muy precisas en personas, en circunstancias y en hechos, se cumplan y que se presenten estas pruebas a la comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado un trabajo muy objetivo y muy importante.
Yo creo, compañeros y lo creo de veras, que tenemos que dar esta oportunidad de que las instituciones realicen las investigaciones correspondientes y que en 30 días informen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por eso fue que en el punto de acuerdo que tomó la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, en su última sesión, fue precisamente de que la comisión estuviera atenta a las investigaciones. A nosotros como a todos los demás partidos nos interesa que estos hechos queden perfectamente claros, que se castigue a los culpables si los hay, pero lo que no podemos bajo ninguna circunstancia, es prejuzgar; tenemos que atenernos a los hechos. Como nos dijo en su comparecencia el doctor Carpizo: "La única verdad es la verdad que existe en el expediente", dejemos pues que esa verdad que esta en el expediente que se está conformando, que esa investigación sea primeramente presentada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y después de ésta a la sociedad.
Creo que, además, así lo acordamos nosotros, que le dimos a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara la responsabilidad de estar pendiente de la investigación.
Por esa razón, creo que debemos de rechazar esta propuesta. No porque no estemos interesados en que se esclarezca, sino porque hay un trámite que debemos dejar que se agote.
Pero, además compañeros y por último, quiero destacar y reconocer por parte de la fracción priísta, la destacada actuación del Ejército nacional. El Ejército nacional no puede estar en duda, porque presuntamente alguno de sus miembros se encuentre involucrado en un hecho como el que hemos comentado aquí.
La tradición histórica del Ejército, su entrega en los hechos históricos de la patria, su carácter popular, su carácter de leal a las instituciones republicanas, merecen el reconocimiento de todos nosotros. Eso no debe de estar en tela de juicio; es un hecho irrefutable que tenemos que reconocer todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Zazueta, por cinco minutos.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar - Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas; compañeros diputados:
Creo que la propuesta que estamos haciendo como Partido de la Revolución Democrática y los otros compañeros de las otras fracciones parlamentarias, no entra en contradicción con el punto de acuerdo que ha presentado la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
Se puede seguir corriendo el proceso, se pueden seguir corriendo las investigaciones y todos los procedimientos necesarios, pero creo que sería saludable y ésa es la propuesta esencialmente, sería saludable que pudieran comparecer aquí los responsables de estas dos dependencias, para ayudar a que nosotros tengamos más elementos.
No es un problema de duda, pero también queremos aclarar que nosotros no hacemos votos de fe para ninguna autoridad y eso no implica faltarle el respeto a ninguna de las instancias gubernamentales.
Pero en este sentido nosotros creemos que es importante que pudiera asistir los
representantes de estas dos comisiones y que no entran en contradicción, de ninguna manera, con el punto de acuerdo que se está presentando.
Por esta razón nosotros pensamos que debe solicitarse la comparecencia de estas dos personas.
El Presidente: - En los términos de la fracción III del artículo 58, consulte la Secretaría a la Cámara si admite o no a discusión la proposición presentada.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se consulta a esta asamblea si se admite o no a discusión la propuesta presentada.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (I)
ARTICULO 102 CONSTITUCIONAL
El Presidente: - Continúe la Secretaría con el siguiente asunto del orden del día, es la primera siguiente lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ruego a la Secretaría dé lectura.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
«DICTAMEN A LA INICIATIVA QUE ADICIONA
EL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Honorable asamblea: A las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se divida en dos apartados: uno A, para recoger el actual contenido de dicho artículo y uno B para establecer la creación de organismos protectores de derechos humanos, presentada por el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas comisiones con fundamento en los artículos 72, 73, fracción XXX, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis y estudio de la presente bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
La iniciativa que adiciona al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por el Ejecutivo Federal en el uso de las facultades que le otorga el artículo 71, fracción I de la Constitución Política, fue presentada ante le pleno de esta honorable Cámara de Diputados el pasado 18 de noviembre de 1991.
La Presidencia de la mesa directiva conforme al reglamento, turnó la iniciativa materia del presente dictamen a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados.
Al analizar la iniciativa mencionada y la exposición de motivos que la acompaña, el día 26 de noviembre del año en curso, los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de esta honorable Cámara de Diputados, aprobaron un acuerdo de prácticas parlamentarias a fin de que compareciera el ciudadano doctor Jorge Carpizo Mc Gregor, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante ambas comisiones legislativas, a efecto de explicar la iniciativa de adición al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La comparecencia se celebró el pasado 27 de noviembre a las 9.00 horas, en el Salón Verde del Recinto Alterno de esta honorable Cámara de Diputados, en donde participaron los ciudadanos diputados pertenecientes a los partidos políticos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Popular Socialista. Con base en lo anterior, la citada comparecencia enriqueció el conocimiento de las comisiones en lo referente a la iniciativa que se dictamina.
La iniciativa que remite el Ejecutivo Federal a esta soberanía, que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional la protección que brinda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expresa una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad de
reforzar el estado de derecho y de que todos los actos del gobierno se ajusten a la Constitución General de la República y a las leyes que de ella emanan.
Con base en los argumentos que se exponen como antecedentes y motivos de la propuesta presidencial, el objetivo principal buscado y los razonamientos que perfilan al organismo y los alcances de su actuación contenidos en la adición al texto constitucional mencionado, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Derechos Humanos son competentes para conocer, analizar, deliberar y concluir sobre los asuntos legislativos de las competencias propias, y dictaminar en los términos del presente documento atendiendo a las siguientes:
CONSIDERACIONES
La vida y la libertad son los valores supremos del hombre. Corresponde al Estado y a la sociedad salvaguardarlos. El Estado con leyes y con respeto a la esfera personal de libertad de cada individuo. La sociedad al vigilar que ninguna autoridad vulnere las garantías individuales y al exigir el pleno reconocimiento de los derechos ciudadanos. El propósito de dar rango constitucional a las instituciones de protección a los derechos humanos, responde a la necesidad de combatir la impunidad, el abuso la arbitrariedad, la prepotencia y los excesos para perfeccionar así la convivencia social. Nadie por encima de la ley, todos dentro de la ley.
El estado de derecho
La ley funda el Estado: limita y regula su poder. La norma es el marco de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Ella conduce los cambios sociales que han de permitir la satisfacción de las aspiraciones de todos los mexicanos.
El estado de derecho sólo se configura a plenitud si sus instrumentos legales son adecuados para ordenar la realidad social. Este orden ha de alcanzarse sin mengua de libertades, por lo que debe garantizar el cabal respeto a las garantías individuales, preservar los derechos sociales, auspiciar el ejercicio sin cortapisas de las libertades ciudadanas e impedir en todo caso y en todas las circunstancias, la inmunidad para los violadores del orden jurídico, castigando todas las conductas antisociales.
Los valores fundamentales de todo Estado moderno
Vivimos tiempos complejos, en ellos las relaciones sociales entre gobierno y sociedad se tornan todavía más complejas. Por otra parte, los procesos educativos que habrán de incidir en la sedimentación y evolución de cultura se encuentran actualmente en franco proceso de desarrollo.
Ninguna parte del mundo tiene lo que podría llamarse la sociedad ideal o perfecta; por el contrario, se puede afirmar que existen estados que presentan mejores características para transitar hacia un óptimo equilibrio y es justamente en aquellos estados en donde la rápida y certera resolución de muchos de los problemas que le afectan, son los factores que dan certidumbre en las instituciones del Estado.
El mundo vive hoy lo que puede llamarse la "cultura de los derechos humanos", ello demuestra la universalización del hombre; el ideal de respeto a sus derechos se afianza con mayor vigor. La sociedad, cada vez más abierta, evoluciona en su moral y en su conducta ética. Las distancias entre los núcleos sociales se han estrechado y, cada día que pasa, no hay mucha diferencia entre los derechos de unos grupos y los derechos de otros, de esta forma, se reafirman con fuerza los perfiles de identidad nacional.
El Estado ha debido reformarse y el gobierno tiende a ser más respetuoso en su relación con la sociedad, sobre todo en aquellos espacios en donde por burocratismo o gigantismo del aparato llegan a surgir ínsulas de poder ilegítimo.
En México, el orden jurídico tiene como columna vertebral la idea primigenia de la dignidad del hombre. De ella se derivan dos conceptos esenciales para la convivencia social: protección de los derechos humanos y justicia en la relación social. Esos conceptos están a la base de nuestro régimen jurídico, político y social. El primero, una mejor y más adecuada defensa de los derechos humanos, motivó la creación, el 5 de junio de 1990, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo objeto es acrecentar la fe a la sociedad en sus instituciones y con ello preservar certidumbre de libertad.
El antecedente universal del "ombudsman"
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se estructuró tomando como modelo la tradición escandinava del "ombudsman", palabra de origen sueco que define una vieja institución que tiene como objeto fundamental investigar irregularidades en perjuicio de los gobernados; que emite recomendaciones públicas, no correctivos. Esta institución ha adquirido prestigio internacional y se ha establecido en muchas naciones como
una instancia defensora del pueblo. Actualmente el "ombudsman", existe en más de 40 naciones de las más diversas tradiciones jurídicas y culturales, muchas de ellas desarrolladas y otras en vías de desarrollo y, en todas, los frutos rendidos han sido muy halagüeños.
Suecia, Noruega, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Alemania, España, Portugal, Australia, Nueva Zelanda y Canadá entre otras, contemplan constitucionalmente, en diversos términos, sistemas jurídicos precisos, con el objeto de proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a los actos de la administración pública. Han configurado así la institución del "ombudsman", no como substitutiva de los órganos encargados de la procuración e impartición de la justicia, sino como órganos auxiliares que prevén o coadyuvan a corregir desviaciones cometidas y que por ello colaboran con los primeros en la finalidad de lograr justicia más pronta y expedita.
Sustentada en un reclamo popular, se creó en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual no suple ni sustituye a ningún tribunal, procuraduría, ni a recurso procesal alguno; su actividad y naturaleza le permite contribuir en la impartición de justicia sin alternar el orden jurídico.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos protege los derechos humanos de los gobernadores frente a las autoridades, a través de un procedimiento flexible y breve; investiga las quejas que se le presentan y trata de alcanzar una solución rápida, mediante una recomendación autónoma, no obligatoria, para las autoridades correspondientes, que al conocerse, logra el apoyo de la opinión pública y le confiere una eficacia inusual.
Las actuaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos difieren de órganos formales de impartición de justicia, ya que en ellas no se sigue un procedimiento formal y rígido, cuyas etapas concluyen luego del desahogo de diversos pasos y requisitos procesales, que de no observarse afectan medularmente la resolución de la "litis". La Comisión Nacional de Derechos Humanos contempla la solución del conflicto planteado a través de la investigación puntual de los hechos y actos denunciados, de la cual se desprenden o una recomendación a la autoridad responsable, para corregir la violación cometida o un documento de no responsabilidad, cuando la queja presentada fuere infundada. Las recomendaciones carecen de fuerza coercitiva, no vinculan ni obligan a la autoridad a la cual se dirige y en ello radica la característica fundamental de la institución, ya que si su conclusión fuese imperativa, conformaría un órgano distinto y diverso al "ombudsman". La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como su actuar lo ha demostrado, es un órgano más al alcance de la sociedad, que colabora eficazmente en la protección de los derechos de más valía del hombre frente al ejercicio de la autoridad.
Los fines del "ombudsman" y el juicio de garantías, no son incompatibles ni se contraponen. Ciertamente son diversos sus procedimientos y alcances: la fuerza de las recomendaciones que emite el primero, se sustenta en su difusión hacia la opinión pública, la que inclina a la autoridad a subsanar la falta, so pena del señalamiento social. La sentencia del juicio de amparo, por su parte, obliga al funcionario responsable, al grado de que si no se cumple puede ser destituido del cargo por el pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación; estas diferencias no imposibilitan que ambas instituciones cumplan con la responsabilidad que tienen encomendada: preservar las garantías y derechos de los gobernados. De esta manera se enriquece el orden jurídico y se satisface una necesidad social. La Comisión Nacional de Derechos Humanos resulta ser una nueva conciencia ciudadana con la que todos los mexicanos estamos comprometidos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
En el mundo de hoy surgen frecuentes roces entre el gobierno y el individuo. Este último, en innumerables ocasiones, no ocurre a los tribunales porque los procedimientos llegan a ser lentos y costosos. Por ello nacen órganos auxiliares de la justicia, flexibles, con procedimientos rápidos y muy simples y que operan como controles externos de los distintos órganos de gobierno. Con esa orientación se estableció en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como una figura novedosa y con ricos antecedentes en nuestra propia tradición jurídica. Basta mencionar las procuradurías de pobres inspiradas en la filosofía de Ponciano Arriaga, en estados como Guanajuato y San Luis Potosí, instauradas en 1847, Así, al crearse la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existían en la historia de México algunos antecedentes que, si bien no podrían catalogarse precisamente como "ombudsman", apuntaban ya el espíritu social que, ahora con una idea más clara de su naturaleza y alcances, armonizados con la realidad actual y el orden jurídico positivo, constituyen la esencia de la iniciativa que se dictamina.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos surge en el ámbito de la nueva cultura de los mexicanos alentada por los valores de las libertades, la justicia y la democracia. Es una exigencia de respeto absoluto a las garantías individuales y de perfeccionamiento del estado de derecho en una sociedad cada vez más compleja. Es una cultura inspirada por los anhelos de expansión de libertades y los nuevos problemas de la convivencia social a los que hay que dar respuestas.
Una innovación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue la creación de un consejo compuesto por 10 ciudadanos de probado prestigio en la sociedad civil, de las más variadas profesiones e ideologías, que se han distinguido por su independencia de criterio, su solvencia moral y su decidida participación en estas tareas, en forma honoraria. La existencia del consejo es una de las causas principales del éxito que ha tenido hasta ahora la Comisión de Derechos Humanos.
Su estatuto constitucional, competencia y alcances propuestos
La Comisión Nacional de Derechos Humanos responde a las demandas de una nueva generación de mexicanos. Su institucionalidad, estructura y procedimientos, son susceptibles de perfeccionamiento para que cumpla mejor con sus propósitos. De su bondad, experiencia probada y resultados expuestos, derivan las razones de la iniciativa de estatuir organismos de esta naturaleza, al más alto nivel normativo y asegurar su permanencia, su definición jurídica y la reglamentación de sus funciones, que deberán ser decididas y otorgadas por el Congreso de la Unión.
La sociedad reconoce que las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos son total y absolutamente autónomas. Su independencia, objetividad y libertad para emitir sus pronunciamientos ha puesto a salvo de toda duda su apego a la ley, puesto que su función es precisamente la de proteger los derechos humanos de los gobernados frente a las autoridades.
Para descentralizar su funcionamiento, la iniciativa propone el establecimiento de organismos de protección a los Derechos Humanos en todas las entidades federativas, para que cada uno de ellos, dentro de su ámbito de competencia territorial y personal, funcione con absoluta independencia y autonomía, dejando a la institución de carácter nacional, como instancia de inconformidad contra las recomendaciones y acuerdos de los órganos locales.
Vemos con satisfacción esta propuesta, pues serán los estados de la República quienes atendiendo en primera instancia a la problemática surgida en su jurisdicción, instituirán los organismos adecuados para resolverla; reconocemos en ella el ánimo de coadyuvar en el engrandecimiento de la cultura ciudadana, aún en los sitios más distantes el territorio nacional.
Estamos ciertos de que al crearse los organismos estatales en donde todavía no existan tales pronto se habrán de ver los resultados, pero sobre todo, sabemos que la violación de los derechos humanos, en ocasiones encubiertos por las distancias, en un corto plazo deberán desterrarse.
De la misma manera, como la institución sueca del "ombudsman" fue adaptada a nuestra idiosincrasia, cada estado de la República, a su vez, tratará de adecuar a sus particulares características locales el organismo defensor de los derechos humanos que instituya.
El proyecto de decreto que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excluye del conocimiento y competencia del organismo de protección de los derechos humanos, las materias electoral, laboral y jurisdiccional, Estas exclusiones concretas tienen especial razón de ser, ya que están relacionadas con la naturaleza del "ombudsman" y con la preservación de la eficacia de sus recomendaciones.
Debe quedar exceptuada la competencia electoral porque resulta altamente conveniente que este tipo de instituciones se mantengan al margen del debate político, pues de no ser así, de intervenir en ese ámbito, correrían el riesgo de involucrarse en la controversia que por su índole tiene la orientación y el contenido propio de las corrientes y agrupaciones políticas actuantes en la sociedad, con la consiguiente contaminación en el conflicto. Ello provocaría finalmente la discusión sobre la autoridad moral de las instituciones que nos ocupan, que es por sí misma el fundamento propio de su eficacia. No es casual que ningún "ombudsman" del mundo intervenga en esta materia, pues, de hacerlo, muy poco podría aportar y sí pondría en grave riesgo el alcance de su opinión.
La iniciativa excluye, también, la atención de peticiones relativas o conflictos de naturaleza laboral en los que no intervienen una autoridad o un servidor público, es decir, en los que ningún poder estatal viola derechos humanos, entendiendo que cuando el patrón en el Estado, está actuando no como Estado, sino como patrón.
Intervenir en lo laboral, significaría que la Comisión de Derechos Humanos, institución diversa a los órganos jurisdicciones, revisara asuntos de fondo cuyo conocimiento es atribución exclusiva de los tribunales respectivos y que, por tanto, invadiría funciones conferidas a los órganos laborales.
Finalmente, se exceptúan las materias que tienen que ver con el análisis propiamente jurisdiccional. Debemos tener en cuenta que el Constituyente plasmó la separación de poderes como una de las mejores garantías en la defensa de la libertad, la dignidad y la seguridad jurídica de los individuos. De lo contrario se desquiciaría el orden normativo, pilar de la democracia que protege las funciones del poder judicial; por tanto, no es posible ni conveniente que un organismo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenga capacidad para intervenir en asuntos jurisdiccionales de fondo, porque la tarea de juzgar ha de protegerse de interferencias a fin de que los jueces que conocen mejor que nadie los expedientes, puedan emitir las sentencias con estricto apego a las leyes y absoluta independencia.
Tal exclusión es saludable además, porque contribuye a reforzar la seguridad jurídica, al existir una última instancia en las manos del Poder Judicial, cuya resolución sea definitiva y otorgue a la sentencia el valor de cosa juzgada; es decir, la verdad legal. Esta es una de las bases del principio de seguridad jurídica. Consecuentemente el "ombudsman" no puede pronunciar una resolución donde deba dictarse una sentencia y ni siguiera opinar sobre aspectos que se van a resolver jurisdiccionalmente de fondo.
Limitar en estos rubros las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos, es saludable para el régimen democrático, de no ser así, en lugar de enriquecer el orden jurídico, propiciaría su desorden y anarquía. Las ideas enunciadas en este dictamen son las que respaldan los principios contenidos en el apartado B del artículo 102 constitucional que se propone, el cual sustenta el establecimiento de órganos autónomos de protección de los derechos humanos y exceptúa su reglamentación que no tiene lugar en el ámbito de la Constitución Federal, sino en las respectivas leyes que al efecto se tendrán que expedir.
Estas comisiones unidas han tomado en cuenta que existen estados en donde las legislaturas locales están por renovarse y, en algunos otros casos, dichas legislaturas apenas estarán recién electas; por lo tanto, consideramos que el plazo de un año, a partir de la vigencia de esta ley, es un lapso razonable para que dichos congresos locales, analicen y debatan acerca de los responsables y las características que habrán de tener sus organismos defensores de los derechos humanos. Es por ello que consideramos debe adicionarse el artículo transitorio segundo con el párrafo siguiente:
"Las legislaturas de los estados dispondrán de un año a partir de la publicación de este decreto para establecer los organismos de protección de los derechos humanos."
Por otro lado, estas comisiones unidas consideran necesario hacer una precisión técnica jurídica en el transitorio segundo, toda vez que la iniciativa maneja de manera indistinta los conceptos de entidad federativa y de estados, por tal razón, y tomando en consideración que la adición del inciso B, que con claridad se refiere a las legislaturas de los estados, se unifica en el transitorio este término sustituyendo "entidad federativa" por la de "estados".
CONCLUSIÓN
Estatuir al más alto nivel normativo, la existencia y permanencia de una institución de tan elevados fines, que impulse la vida democrática y se responsabilice de la preservación, respeto y defensa de los derechos humanos, resulta ser un paso trascendental hacia nuevos estadios de impartición de justicia y convivencia social.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 64 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, las comisiones que suscriben se permiten someter a la consideración de este honorable de este pleno el siguiente
DECRETO QUE ADICIONA
EL ARTÍCULO 102 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. El artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pasa a ser del apartado A del propio artículo y se adiciona a éste un apartado B para quedar como sigue:
"Artículo 102.
A. La Ley organizará el Ministerio Público de la Federación
..............................................................................
. B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa proveniente de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Formularán recomendaciones públicas autónomas, y no obligatorias para las autoridades respectivas.
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.
El organismo que establezca el Congreso de la Unión conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes de los estados.
TRANSITORIOS
Artículo 1o. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 2o. En tanto se establecen los organismos de protección de los derechos humanos en los estados en los términos del presente decreto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá seguir conociendo de las quejas que deban ser de competencia local.
Los estados que ya cuenten con dicho organismo, recibirán las quejas aún no resueltas que hayan sido presentadas ante la Comisión Nacional en un término de 30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Las legislaturas de los estados dispondrán de un año a partir de la publicación de este decreto para establecer los organismos de protección de los derechos humanos.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, México, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 1991.»
Trámite: - Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (I)
*DEL ESTADO DE COAHUILA
El Presidente: - Continúe la Secretaría con el siguiente asunto del orden del Día.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
El Presidente: - En virtud de que a este decreto se le ha dado lectura el día de ayer y se está procediendo a su reparto entre los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa el trámite de segunda lectura.
La secretaria Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta a la asamblea sise dispensa la segunda lectura a este dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Dispensada la lectura, señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores...
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 397 votos a favor.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que convoca lo particular el proyecto de decreto que convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales en el V distrito electoral federal de estado de Coahuila en sus términos por 397 votos.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se turna al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
*Este Dictamen fue publicado en el Diario No. 17 del día 10 de diciembre de 1991.
MISCELÁNEA FISCAL
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día, señores diputados, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, conocido como Miscelánea Fiscal.
En atención a lo voluminoso de este dictamen y sobre todo que ya ha sido impreso y distribuido entre los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa...Se dispensa la lectura, señor Presidente.
El Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general, Se abre el Registro de Oradores y advierto que se han hecho llegar a esta Presidencia los nombres de los siguientes diputados para hablar en torno, en lo general, de la ley que se presenta a consideración de la asamblea.
Por el Partido Popular Socialista, el diputado Juan Campos Vega; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Servando Hernández Camacho; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Tomás González de Luna; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge Calderón; por el Partido Acción Nacional, el diputado Fauzi Hamdan Amad y por el Partido Revolucionario Institucional el diputado Juan Ramiro Robledo.
Se han registrado también el diputado Arturo Torres y el diputado Daniel de la Garza, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Socorro Velázquez Hernández (desde su curul): - Señor Presidente, en los términos de 108, le pido a usted que autorice a un miembro de la Comisión de Hacienda que fundamente el dictamen que presenta la propia comisión, para ser discutido en esta asamblea.
*Este Dictamen fue publicado en el Diario No. 17 del día 10 de diciembre de 1991.
El Presidente: - En los términos solicitados diputado, ¿propone usted a algún diputado en lo particular?
El diputado Angel Aceves Saucedo: - Proponemos al diputado Enrique Jacob Rocha, para fundamentar el dictamen, por la comisión.
El Presidente: - A nombre de la comisión dictaminadora, se concede el uso de la palabra al diputado Jocob, en los términos del artículo 108 del Reglamento.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Señor Presidente; señores diputados:
La discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, no puede abstraerse del contexto general de la política económica y como resultado de ésta, del desempeño de algunas variables macroeconómicas.
Por tercer año consecutivo la economía, medida por el producto interno bruto, presenta un crecimiento superior al de la población, lo que se ha traducido en un aumento en los niveles de empleo, que se ha visto reflejado en el aumento del número de asegurados permanentes del Seguro Social. Pero además este crecimiento presenta una dinámica diferente a la de años atrás, pues está sustentado en el crecimiento de la inversión y de las exportaciones no petroleras, situación que contribuye al proceso de ampliación del potencial de crecimiento de la economía y la eliminación de rigideces en la infraestructura.
Esta situación ha venido aparejada con un favorable aumento de las expectativas sobre el futuro de México, producto de una política económica internamente congruente. La rentabilidad de la inversión es alta, por lo que ha aumentado de manera muy significativa, tanto en su componente interno como externo.
Todo esto se ha logrado en un marco de mayor competitividad, pues en ese sentido ha operado la vertiente de la modernización de la economía.
Las actividades económicas se desregulan, se dan reglas claras para la inversión, al tiempo que se promueve e impulsa la pequeña industria.
La inflación ha cedido de manera importante, producto de una política económica congruente, en donde el desempeño de las finanzas públicas ha jugado un papel central; sin embargo, se ha
observado una rigidez en la disminución de los precios que nos sitúa en un aparente piso inflacionario en el rango del 15%, razón que obliga a llevar a cabo un esfuerzo adicional para abatir más la inflación y alcanzar crecimientos anuales de precios del orden de un dígito.
En un marco de apertura de la economía al exterior, es necesario situar la inflación en niveles similares a la de los países con los que sostenemos nuestros principales intercambios comerciales.
Pero además, se decía, la disciplina fiscal ha sido fundamental y efectivamente, al tiempo que se fortalecen los ingresos presupuestales, el tamaño relativo del gasto presupuestal disminuye como proporción del tamaño de la economía. Sin embargo esto no significa que el Estado desatienda sus responsabilidades sociales; por el contrario, en estos últimos tres años, a la par que disminuye el gasto presupuestal como proporción del producto, el gasto en desarrollo social ha presentado incrementos reales significativos.
Por el lado de los ingresos éstos han tenido un desempeño muy adecuado, pues al interior de ellos ha operado un cambio cualitativo de consideración. La reforma fiscal que ha llevado a cabo el Ejecutivo Federal, ha permitido en los años recientes bajar tasas impositivas, situando a nuestro sistema fiscal como altamente competitivo.
Se a ampliado la base gravable, se ha incrementado significativamente el número de contribuyentes. Además, se ha combatido eficientemente a la evasión y la elusión fiscal, lo que ha traído resultados satisfactorios en el comportamiento de los ingresos públicos.
Como lo mencionó en su comparecencia el Secretario de Hacienda, la reforma fiscal arroja resultados tangibles. La equidad fiscal ha mejorado notablemente, la composición del impuesto sobre la renta avanza cualitativamente, pues el ingreso proveniente del factor capital ha crecido de manera importante, contra una disminución relativa del proveniente del factor trabajo.
En suma, la composición de la recaudación ha cambiado y ahora los ingresos públicos dependen cada vez más de fuentes estables y seguras.
La iniciativa que hoy es materia de discusión, se enmarca precisamente en los objetivos de la política de ingresos públicos que lleva a cabo el Ejecutivo Federal, y busca avanzar en el logro de una distribución más equitativa de la carga fiscal, mediante reducciones en las tasas impositivas, al tiempo que se amplía la base gravable.
Las deliberaciones alrededor de esta iniciativa que produjeron el dictamen que se discute en esta plenaria, inician con la comparecencia del Secretario de Hacienda en el mes de noviembre. Asimismo, incorpora el intercambio de puntos de vista sobre el paquete fiscal productivo de varias reuniones en conferencia con la comisión homóloga de la Colegisladora. Pero además, con una gran apertura y disposición, miembros de la Comisión de Hacienda con la participación de diputados de distintos partidos políticos, recibieron a grupos representativos de los diferentes sectores de la sociedad, cuyas opiniones en torno a la iniciativa, fueron tomadas en cuenta para enriquecer el dictamen.
Por su importancia, destacan en el dictamen varios aspectos, muchos de ellos producto de las intensas deliberaciones en el seno de la comisión. A continuación daré cuenta de algunas de ellas.
En materia de Código Fiscal de la Federación, consideramos positiva la ampliación de la fecha de pago y entero de contribuciones periódicas, pues facilitará el cumplimiento de sus responsabilidades al contribuyente.
En el dictamen se propone suprimir el tipo de cambio publicado por la Secretaría de Hacienda, para que sea la publicación del Banco de México, la que sirva de referencia para fijar el tipo de cambio. Esto en el contexto de la reciente abrogación del decreto de control de cambios.
Asimismo se propone ampliar de cinco a 10 años la obligación de conservar la contabilidad en base a las modificaciones relativas a la caducidad de las facultades de la autoridad, proponiéndose una disposición transitoria para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
De igual forma se propone ajustar los límites previstos para ubicarse en los supuestos por los que se obliga a los contribuyentes a dictaminar sus estados financieros.
El dictamen propone a esta asamblea que el límite de las facultades de las autoridades, se restrinja a la de determinar contribuciones e imponer sanciones e incluye la propuesta de eliminar los supuestos contemplados en la iniciativa para referir el plazo de caducidad a 10 años y en su lugar se realice dicho supuesto si el contribuyente no mantiene su contabilidad en el plazo de 10 años.
Por otro lado se propone eliminar el supuesto de suspensión de la caducidad por el ejercicio de las facultades de comprobación de la fracción II del artículo 42, para que únicamente se suspenda con motivo de visitas domiciliarias y revisión de dictámenes.
Como producto de la discusión en el seno de la comisión, se establece el que la suspensión deje de tener efectos si en un plazo de seis meses no se levanta un acto parcial o final en sustitución de la propuesta del Ejecutivo referida al inicio del levantamiento de dichas actas.
Asimismo propone ampliar el plazo de uno a tres meses, de presentado el dictamen, para que el pago del contribuyente ejecutado, en ese período se siga considerando espontáneo. En el dictamen se propone precisar el texto enviado por el Ejecutivo para señalar que en el caso de erogaciones de un contribuyente superiores a los ingresos declarados, para su determinación se debe seguir el procedimiento y los medios de inconformidad previstos en el actual artículo 75 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se suprime por improcedente la fracción V de las disposiciones transitorias a este delito.
En materia del impuesto sobre la renta, se propone una mecánica de acreditamiento del impuesto pagado anticipadamente en los casos de deducción inmediata de activos fijos. Asimismo, producto de la deliberación de la Comisión de Hacienda, nos se considera adecuada la propuesta de sustituir el término deuda, por el de pasivo y se propone se considera como deudas, a las reservas que sean o hayan sido deducibles para efectos de este impuesto.
De igual manera, en materia de contrato de obra, no se consideró adecuada la propuesta del Ejecutivo, proponiéndose en su lugar que los anticipos que se perciban por los contratistas, se consideren ingresos acumulables en la fecha en que se autoricen las estimaciones, permitiendo disminuir de dichos ingresos los anticipos acumulados con anterioridad que se amorticen contra la estimación o avance.
Con base en las propuestas que se presentaron, se consideró conveniente autorizar la deducción de automóviles a las personas físicas que presten servicios independientes, siempre que se trate de automóviles utilitarios.
Para tal efecto se define que una flotilla puede constituirse por uno o varios automóviles y asimismo se fija un límite máximo de deducción en 60 millones, proponiendo a su vez que los automóviles de las categorías B y C, definidas en la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en ningún caso serán deducibles.
Es de resaltarse que no se haya considerado adecuada la propuesta contenida en la iniciativa de limitar la deducción de inversiones en comedores.
El dictamen propone modificar las tarifas de personas físicas con la finalidad de otorgar una mayor progresividad al impuesto, así como permitir una cabal aplicación y permitir la operación plena del subsidio a las personas que reciban hasta cinco salarios mínimos del 50% del impuesto en los términos que aquí expresó en su comparecencia el Secretario de Hacienda.
En cuanto al impuesto al activo, las deliberaciones en el seno de la comisión determinaron que no se considerara conveniente la propuesta del ejecutivo de gravar con este impuesto a las empresas de factoraje financiero, proponiendo en su lugar los casos en que las deudas de los contribuyentes dejaran de ser deducibles de este impuesto cuando los créditos correspondientes se cedan a una empresa de factoraje.
En cuanto al impuesto especial sobre producción y servicios, destaca la propuesta de gravar las gasolinas y el diesel a tasas de 60% y 20%, respectivamente, al tiempo que se suprime el gravamen al resto de los petrolíferos, sin que ello implique un aumento a los precios de dichos combustibles.
Se propone para los contribuyentes de este impuesto, que cualquier exportación esté sujeta a la tasa del 0% y no sólo a la enajenación, no sólo a la enajenación a empresas de comercio exterior, como lo contempla la iniciativa, condicionándose a que se exporte a países que no se considera paraísos fiscales.
En cuanto al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, como producto de la participación de los miembros de la Comisión de Hacienda, no se consideró adecuada la propuesta del Ejecutivo de gravar con este impuesto a los vehículos de más de 10 años, proponiendo en esta ley, una tasa de 0% para dichos vehículos, estableciendo que dicha fuente impositiva recaiga en las entidades federativas.
Asimismo se consideró inapropiado el monto de la sanción contemplada en la iniciativa para el caso de que las entidades federativas documenten vehículos de tenencia ilegal, que sean detectados por la Secretaría de Hacienda; por lo que se propone reducir el porcentaje de sanción de 10% a 1%.
En cuanto a la Ley de Coordinación Fiscal se suprimió el destino específico del ingreso derivado del incentivo de recaudación fiscal por tenencia, toda vez que esta fuente impositiva se propone quede en las entidades federativas. El 100% de la recaudación irá a sus arcas.
Finalmente en cuanto a la Ley Federativa de Derechos, se elimina de la iniciativa la derogación del artículo 14-B, relativo al destino especifico para la Secretaría de Gobernación de los derechos por los servicios migratorios extraordinarios. Se incluye el servicio de inspección y vigilancia que prestan las comisiones Nacional Bancaria y de Seguro y Fianzas, a las controladoras de grupos financieros.
Por su parte se actualizan los derechos por los servicios que proporcionan a la Comisión Nacional de Valores y se incluye el Servicio de Inspección y Vigilancia que presenta esa comisión a las empresas controladoras de grupos financieros.
Con relación a los derechos por los servicios que presta la Comisión Nacional del Agua y por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales y de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, se hacen algunas presiones de tipo técnico y se actualizan sus cuotas.
Respecto a los derechos de hidrocarburos, a cargo de Petróleos Mexicanos, se divide la tasa actual de 40.7% en dos tasas, para gravar la extracción de hidrocarburos con la tasa del 40.7% cuando se destina a la exportación o al autoconsumo de Petróleos Mexicanos con una tasa del 39.7% cuando los hidrocarburos se destinan al consumo nacional.
Por lo antes expuesto, solicito de esta asamblea, su voto en favor del dictamen en los términos que fuera presentado por la Comisión. Gracias.
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en contra.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El Partido Popular Socialista, por mi conducto, desea expresar algunos comentarios sobre determinados aspectos del dictamen que hoy nos presenta la comisión de Hacienda y Crédito público, que se refiere a la ley que deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones de carácter fiscal, conocida comúnmente como miscelánea.
En torno a esta cuestión, mi partido ha sostenido siempre que la política fiscal aplicada por el gobierno, no de ahora, desde siempre; no se apega a lo establecido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de que contribuyamos de manera proporcional y equitativa, tanto a los gastos de la Federación, como de los estados y municipios.
Nosotros consideramos que esto no se cumple, porque en la práctica siempre ha recaído el peso de los impuestos, en mayor medida entre el pueblo trabajador y no en el capital, que obtiene grandes utilidades y que por cierto, durante los últimos años, ha obtenido extraordinarias ganancias.
Hemos dicho también que nosotros consideramos que impuestos de carácter indirecto, como el impuesto al valor agregado, el IVA, son muy injustos, porque gravan en la misma proporción a los trabajadores de escasos recursos, que son la mayoría de nuestra población y también en la misma proporción a los dueños de las empresas, a los elementos que conforman la llamada iniciativa privada de México.
Y hemos propuesto al igual que otros grupos parlamentarios, que este tipo de impuestos debe desaparecer, que el eje fundamental de la política en la materia del Gobierno Federal, debe estar en función del impuesto sobre la renta, tanto en lo que se refiere a gravar a las personas físicas, como a las personas morales.
Por eso, aunque a alguien le pudiera parecer contradictorio, nosotros decimos que los ingresos de la Federación son insuficientes para atender los grandes reclamos sociales, pero a la vez consideramos necesario derogar el impuesto al valor agregado. Los recursos que no obtuviera la Federación por este rubro, tendrían que obtenerlos por el gravamen que se estableciera a las ganancias de las empresas, de acuerdo con el monto de su capital y de las propias ganancias.
Este impuesto en 1978, representaba aproximadamente el 52.7% de lo que se captaba por impuesto sobre la renta, ya el año que transcurre representó el 73% de este rubro y para 1992 a pesar de que se ha reducido en un 5% todavía va a representar el 63% de lo que se capta por impuesto sobre la renta, porque ustedes sabrán que en este rubro también ha habido importantes reducciones que lo han llevado a una tasa del 35%
Sin embargo, a pesar de que nosotros en lo general estamos en contra de la política impositiva y, por tanto, votaremos en contra de este proyecto, queremos aprovechar la ocasión para comentar algunas cuestiones que nos parecen importantes.
Hace algunos años, en este régimen, se les restituyó a los empresarios el privilegio del poder deducir el costo de sus vehículos, de los vehículos que adquieran para los fines de la empresa. Sin embargo, ha habido un conjunto de abusos que yo quisiera señalar, aunque sea brevemente es esta ocasión.
Era evidente que esto se había hecho con el afán de darle este tipo de privilegios en la adquisición de vehículos vinculados directamente a la labor realizada por la empresa y los empresarios empezaron a utilizar en forma deshonesta este elemento incluido en el impuesto sobre la renta. Dieron como incentivos salariales a sus empleados de alto rango; en lugar de pagarles, un salario elevado, les decían: te vamos a pagar un poco menos, pero te vamos a entregar un vehículo y de esta manera evitaban pago de impuestos por la vía del salario y también se ahorraban cierta cantidad en la adquisición de estos vehículos; o sea, que esto lo hacían a cargo del fisco, a cargo de los contribuyentes.
Pero no se limitó solamente a sus empleados, sino que se fue extendiendo esta práctica y las esposas de esos empleados de alta confianza, los hijos de esos empleados, en fin, un sinnúmero de personas ajenas a la empresa empezaron a gozar de este privilegio a cargo del fisco mexicano.
Pero lo que es más grave aún ha habido empresas que han adquirido este tipo de vehículos y se los han vendido a sus trabajadores, se los han vendido al precio del mercado y les cobran intereses; entonces un vehículo adquirido, de manera privilegiada, a cargo del fisco mexicano, les sirve para hacer otro negocio más también marcado por la deshonestidad.
Por eso nosotros consideramos que las reformas los artículos 25 y 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que precisan un poco todos estos mecanismo, sin que nosotros estemos de acuerdo en que se dé este tipo de privilegios, pensamos que son positivas, porque evitan este tipo de abusos de los empresarios mexicanos.
Otro aspecto que quisiera comentar, es el que se refiere a este impuesto para los vehículos que tienen más de 10 años de antigüedad, que se propuso se estableciera aquí en la Ley de Impuesto Sobre Uso y Tenencia de Vehículos y que después, aparentemente fue suprimido. captar por este impuesto, que va a ser aplicado a alrededor de 7 millones de vehículos en el país, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, será entregado a las entidades federativas. Hoy algunos comentarios de la Prensa plantean que afortunadamente este tipo de impuesto ha desaparecido, sin embargo, esto no es verdad.
Las modificaciones al artículo 5o. fracción V y, XVI de esta ley, lo que han hecho es que han gravado con tasa cero a este tipo de vehículos de 10 años de antigüedad o más y en párrafo adicional al artículo 16 han establecido la posibilidad de que sean las entidades federativas quienes graven este aspecto y prueba de que así va a ser, yo quisiera recordar que anoche, en la madrugada, cuando discutíamos la Ley de Ingresos del Distrito Federal, en el artículo 1o. se adicionó un punto 6, que es el impuesto local sobre tenencia o uso de vehículos, que representa la cantidad de 28 mil 298 millones de pesos y que claro se reduce en la fracción VIII, que se refiere a la participación en impuestos federales.
Quiere esto decir que antes que nosotros aprobáramos aquí esta modificación, ya se aprobó en la Ley de Ingreso del Distrito Federal.
Yo no sé en cuántas otras entidades federativas se haya hecho, pero estoy seguro de que se va a intentar, porque hubo una "gran alegría" de los gobiernos de los estados porque iban a recibir un monto importante de recursos
. Entonces no hay tal degradación, no hay tal beneficio a ese sector de reducidos ingresos, por que quien tiene un vehículo de 10 años de antigüedad o más no es la gente económicamente poderosa, sino sectores de trabajadores van a pagar este impuesto, nada más que va a ser por la vía de las leyes locales, de las leyes de ingresos de los estados.
Otro aspecto es el que se refiere al subsidio que se va a otorgar a los trabajadores de menores ingresos. Como todos sabemos, el trabajador que tiene salario mínimo o menos está exento y durante muchos años mi partido y otros partidos hemos pedido que otros sectores de trabajadores, de dos salarios mínimos o dos y medio salarios mínimos pudieran también ser exentados de este impuesto sobre la renta. Poco se ha logrado, pero se ha ido avanzando paulatinamente en esta situación.
El año pasado, se logró un subsidio del 40% para los que ganaran hasta cuatro salarios mínimo. Hoy se nos propone que haya un subsidio desde el 50% a aquellos que tienen un salario de hasta cinco veces el salario mínimo en el país, dependiendo de las diversas regiones económicas.
En principio, éste es un aspecto que podríamos calificar de positivo, con ciertas reservas, porque habría que analizar con más detalle los mecanismos para fijar la tarifa y las deducciones para ver si en realidad, en la práctica, hay un descuento real para estos trabajadores.
Yo quisiera resaltar, con estos comentarios, que a nosotros nos llama poderosamente la atención que "con bombo y platillo" en la firma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económica en su sexta etapa, se anuncie la disminución del 5% del impuesto al valor agregado y ahora se estén incluyendo otros mecanismos que van a servir para recuperar parte de esos que dejará de captar la Federación y que de todas maneras va a ser a costa de los trabajadores de menores ingresos de nuestro país, a costa de los sectores desprotegidos de nuestra sociedad.
Por estas razones, nosotros consideramos que esta Miscelánea Fiscal está lógicamente enmarcada en la tónica general de la política económica del gobierno, que ha sido durante los últimos años y particularmente durante este régimen, una política que ha servido para favorecer los intereses de la minoría, que se ha enriquecido a costa de la miseria de nuestro pueblo.
Nosotros, los miembros del Partido Popular Socialista, consideramos que es urgente cambiar a fondo la política fiscal, consideramos como decía al principio, que sean los impuestos directos del jefe fundamental de la captación por esta vía, que desaparezcan los impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado y que se desgraven los salarios de los trabajadores de menores recursos.
A nuestro juicio, solo de esta manera, como una reforma fiscal que verdaderamente vaya al fondo del problema, que grave más a aquello que obtienen altas ganancias, que grave poco a los sectores de medianos ingresos y que desgrave definitivamente a los sectores que tienen los más bajos ingresos de nuestro país, se podrá cumplir con ese principio de equidad y proporcionalidad que establece nuestra Constitución.
Por estas razones, compañeras y compañeros diputados, el Partido Popular Socialista votará en contra de este proyecto de dictamen que hoy se nos propone. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene le uso de la palabra el diputado Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A pesar de los cambios radicales que se hicieron por la Comisión de Hacienda para esta Miscelánea Fiscal, sobre todo donde se trastoca la incertidumbre, la indefinición, la indefensión, considerando que la Miscelánea Fiscal que se presenta hoy en el Congreso de la Unión y que modifica las disposiciones diversas de leyes fiscales, tiene un problema de origen: viola la promesa formal realizada el año pasado, en el sentido de que ya no habría modificaciones fiscales de fondo.
El argumento con el que se ha definido la persistencia de la miscelánea es que los contribuyentes realizan cambios que conducen a alusiones en el pago de los impuestos. Si bien este argumento es cierto, lo que no es verdad es que la miscelánea sí sea simplemente una respuesta a las acciones de los contribuyentes, en realidad contiene una multitud de disposiciones que poco o nada tiene qué ver con lo que hicieron los contribuyentes en el año anterior.
La inestabilidad fiscal genera un marco de incertidumbre entre las empresas y las personas físicas, dificulta la toma de decisiones en materias de inversión, debido a que surge la duda respecto a si las decisiones tomadas no serán afectadas por la nueva Miscelánea Fiscal de 1993. Un empresario no puede hacer la adquisición de un activo fijo y saber cuáles serán las disposiciones fiscales vigentes durante la vida de dicho activo, pues es probable que cambien el año siguiente. Una persona física no puede definir el período por el que se debe conservar la documentación relativa a sus trámites fiscales, pues quizá el próximo año se entienda el plazo elegido por las autoridades.
Más alla de la conveniencia o inconveniencia de las modificaciones específicas, los cambios de nueve leyes y de centenas de disposiciones concretas, es mucho más que una simple respuesta las actitudes elusivas de los contribuyentes.
En términos de las modificaciones específicas, aunque existe algunos cambios positivos, el conjunto de la miscelánea tiene una premisa que
resulta cuestionable, al menos en el código fiscal de la federación: la tendencia de los contribuyentes a convertirse en evasores.
Los ajustes a la legislación tributaria, como en el Código Fiscal y a la Ley Aduanera que se hicieron, sin embargo siento que las propuestas de reforma al Código Fiscal de la Federación apuntan el modo casi general a proveer a la Secretaría de Hacienda, de herramientas adicionales para fiscalizar y perseguir a los contribuyentes, sobre la base de que por naturaleza tienden a convertirse en evasores.
Si bien es cierto que existe una nueva evasión fiscal en México, la complicación de las leyes tributarias conduce a acrecentar una desigualdad esencial entre los contribuyentes, los que tienen para pagar costosos asesores contables, quienes rápidamente encuentran la forma de pagar menos y quienes cuentan con un solo contador, poco calificado o ni siquiera con él, pagan por lo que evade.
Entre las herramientas que la Secretaría de Hacienda se pretende dar con la Miscelánea Fiscal, se encuentra la ampliación del límite de los recargos que deben de pagar los contribuyentes a un plazo de 10 años, en lugar de cinco fijados anteriormente.
Dos argumentos se presentan para sustentar esta medida; el primero indica que las tasas reales en los recargos han bajado, por lo cual el contribuyente paga menos y el segundo indica que se harán deducibles los recargos y pues ninguno de los dos argumentos puede sostenerse; el primero implica que los contribuyentes deben resarcir de algún modo los recargos que deje de pagar el contribuyente; si esto es así, entonces, ¿para qué la revisión de las tasas de recargó?; el segundo simplemente corrige el hecho de que al no poder hacerse deducibles los recargos se pagaba el impuesto sobre impuesto, lo que atenta la más esencial filosofía tributaria.
La ampliación a 10 años del plazo de pago para recargos es una medida totalmente unilateral y prosecutoria de las autoridades; ilustra la incertidumbre que causa la modificación frecuente de disposiciones, pues si los archivos de documentación fiscal se hubieren diseñado sobre la base de reglas anteriores, existiría hoy el riesgo de tener faltas fiscales por basarse en normas anteriores aprobadas.
Otra de las medidas a las que esta filosofía se expresa es la propuesta para que sean sólo instituciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda, las puedan elaborar facturas válidas fiscalmente; además de los problemas logísticos que este hecho trae consigo, se establece la posibilidad de corrupción en el otorgamiento de las concesiones; resulta mucho más apropiado una esquema como el que se sigue ahora, en cuando a fijar las características de las facturas exclusivamente. En su afán fiscalizador las autoridades pierden de vista las estructuras económicas en que nos encontramos y se exige a cualquier contribuyente, aunque viva en el punto más alejado del país, que tenga facturas; además las imprentas autorizadas deberán presentar a la Secretaría de Hacienda en medios magnéticos una relación detallada de sus clientes.
La autoridad fiscal parece más bien preocupada en establecer reglas para que sea más probable que el contribuyente caiga en incumplimiento, que buscar la simplificación de la tributación y con ello inducir al pago de impuestos.
Un siguiente punto que debe de rechazarse es el de sancionar a los usuarios del sistema bancario que no proporcionen a los bancos los datos solicitados. De nuevo en su afán nuevamente de prosecutorio la Secretaría de Hacienda se olvida de que ya no es dueña de los bancos comerciales, que ya están parcialmente privatizados y se entromete en su relación con su clientela. Son los bancos los que en su caso tendrían el derecho de establecer sanciones sobre la clientela que no se apegue a sus políticas, no la autoridad fiscal. La autoridad fiscal no puede inmiscuirse en políticas internas de las empresas, a menos que reconozca su propósito de crear un esquema autoritario de controles a través de que se justifique toda intromisión en nombre del cumplimiento tributario.
Una de las modificaciones que deben cuestionarse con más fuerza es la atribución de las autoridades para la determinación presuntiva de los activos del contribuyente o incluso de sus ingresos brutos, la autoridad define incluso los métodos a través de los cuales se harán los consiguientes presunciones.
Ejemplo de esta filosofía que permea al Código Fiscal, se encuentran las reformas propuestas en los artículos 81 al 84, en las que se establecen multas para los errores cometidos en la presentación de documentos fiscales.
De ser éste el caso, también deberían exigir reembolsos en los casos en que se presentasen errores por parte de la misma Secretaría de Hacienda.
El Secretario de Hacienda ha señalado en reiteradas ocasiones que para tener tasas fiscales de
primer mundo, es necesario tener también cumplimiento de primer mundo. Bajo esa misma lógica, puede señalarse que con el mismo rigor que se fiscaliza al contribuyente, la autoridad debiera ser fiscalizada, fiscalizada por la misma ciudadanía, en el ejercicio del gasto. Sin embargo no es así, la autoridad tiene un solo control interno, más bien de carácter administrativo y sólo entrega resultados un año después en la cuenta pública.
La más elemental equidad fiscal implicaría que en la medida que la autoridad se da instrumentos de inspección y sanción para los contribuyentes, en esa misma medida deberían de diseñar los instrumentos de vigilancia del gasto publico. Al no darse las cosas así, en la realidad se crea una situación de absoluta iniquidad, en la cual se propone un esquema de vigilancia al estilo de "Los Intocables", mientras que sólo hay un esquema de vigilancia del gasto del tercer mundo. Ese mismo hecho desalienta al contribuyente al cumplimiento...
El Presidente: -Señor diputado, si acepta una interpelación.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho: -No acepto interpelaciones.
Ese mismo hecho desalienta al contribuyente al cumplimiento al no observar la reciprocidad.
Sería necesario que el espíritu de la miscelánea en su conjunto, fuera el buscar simplificar realmente los mecanismos de tributación, en cambio de la filosofía que indica que todos somos evasores mientras no se demuestre lo contrario.
Tendría más impacto en la recaudación efectiva una aplicación más cuidadosa y productiva de los ingresos públicos, que convenciera al causante del buen uso de los recursos que entregara al erario, que medidas punitivas y persecutorias como la que contiene esta Miscelánea.
Por lo antes expuesto, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana votará en contra en lo general de estas disposiciones. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Tomás González de Luna, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Tomás González de Luna: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Por mi conducto, la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, emite su opinión respecto a la iniciativa de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales para 1992.
Dentro de los lineamientos de la política económica de los últimos años, sobre todo desde la adopción del actual modelo de reforma estatal, se ha venido dando prioridad tanto al incremento de los ingresos fiscales como a una contención del gasto.
El panorama internacional, en particular el problema de la deuda externa, impuso desde el sexenio pasado nuevas condiciones a la política fiscal. Es de todos sabido que desde la administración pública anterior, se han observado disminuciones de los flujos crediticios externos hacia nuestro país, que financien el gasto estatal.
En dicho contexto es como deben ubicarse tanto el endeudamiento interno, la carga tributaria y los mecanismos fundamentales para el financiamiento del gasto en los últimos tiempos.
Así, la discusión tanto de la Ley de Ingreso como de las diversas disposiciones que reforman las leyes fiscales de carácter federal han adquirido una connotación distinta respecto a los años previos a la crisis y a la política de ajustes.
Anteriormente se debatía en el Legislativo quiénes serían los beneficiarios de los subsidios por concepto de las obligaciones fiscales, las denominadas extensiones; ahora se resuelve el otro destino para los causantes fiscales; es decir, que verdaderamente paguen y eleven el pago de sus diversas obligaciones fiscales.
Creemos que los tiempos han cambiado para la política fiscal; antes bajo el esquema de la protección industrial se subsidiaba; hoy, ente la férrea limitación del financiamiento externo, se busca obtener en el interior los recursos para financiar el gasto público.
En esta situación el Ejecutivo contempla para 1992 los siguientes objetivos de política económica: inflación de un sólo dígito; recuperación gradual de crecimiento; mejoramiento productivo del nivel de vida y continuar con la modernización, etcétera.
Creemos que la política tributaria ha producido resultados positivos, el número de contribuyentes se ha ampliado de manera importante al mostrar un crecimiento cercano al 90% de 1988 a 1991.
Además, los ingresos tributarios han evolucionado satisfactoriamente, de significar el 8.4% del producto interno bruto en promedio para los años 1982 a 1987 y el 9.2% en 1988. En 1991 se buscará el equivalente al 10.8% del producto. En términos reales el crecimiento sostenido de la recaudación tributaria registra un incremento de 31.6% de 1988 a 1991.
En este contexto la política de ingresos para 1992 que se somete a la aprobación de esta Cámara de Diputados, busca los siguientes objetivos:
Impulsar el crecimiento económico, sano y sostenido y fortalecer los ingresos públicos.
Seguir avanzando en un sistema fiscal más justo, eficiente y equitativo, con tasas impositivas más reducidas.
Apoyar el cambio estructural mediante el impulso a la inversión, a las generación de empleos y a la modernización de la infraestructura productiva.
Promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales con medidas administrativas que permitan e induzcan el pago adecuado y oportuno de las contribuciones.
El diseño de la estrategia toma en cuenta las modificaciones encaminadas a lograr una estructura impositiva más equitativa y eficiente, como las encaminadas a uniformar la tasa del impuesto al valor agregado.
En los últimos años se ha venido presentando un importante cambio en la composición de los ingresos estatales, observando y valorando, tanto las tendencias observadas de 1986 a 1991 de los ingresos fiscales de la Federación, como de la estimación propuesta por el Ejecutivo Federal para 1992.
Apoyamos esta situación porque estas medidas impiden o tienden a concentrarse en su mayoría en los sectores con mayores niveles de ingresos.
Toda esta evolución de los impuestos, descontando el efecto de la inflación, nos indica los límites a los que ha venido acercándose la política fiscal.
A pesar de los grandes esfuerzos en materia tributaria, así como de las inexorables contradicciones que conllevan las políticas impositivas, cada vez resulta más complicado mantener altas tendencias de captación.
Estas es una situación que debería ser seriamente meditada por las autoridades hacendarías y materia de preocupación para este cuerpo legislativo.
Si comparamos la evolución de los grandes agregados económicos con el comportamiento de los principales impuestos, refleja, podemos observar, limitaciones de las políticas tributaria.
Por ello es conveniente meditar sobre las presiones que ejercen los grandes poderíos económicos que aprovechándose de las legítimas demandas de los grupos más desfavorecidos, mañosamente se convierte en directores de un frente común para evadir y eludir sus obligaciones fiscales.
Pero una responsabilidad grande de todo esto se debe a la escasa propaganda de las autoridades hacendarías para elevar la cultura tributaria y sobre todo a la indefinición para llevar a cabo una verdadera reforma fiscal de contenido progresivo que haga efectivo el principio de: que pague más quien más tiene.
La propia inseguridad política de la política económica para gravar a los grandes capitales especulativos y las medidas limitadas para apoyar la productividad, muestran las aristas de las contradicciones y vacilaciones de la política tributaria.
La fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, considera que para abatir la pobreza es indispensable una reforma fiscal que centre sus puntos en los elementos siguientes:
La intención de dar mayor permanencia y claridad a las disposiciones que regulan las contribuciones, elementos de simplificación tanto en los textos legales para su mejor interpretación, como en lo relativo a facilitar a los contribuyentes la determinación de sus cargos fiscales y realización de trámites.
Al interior de las disposiciones fiscales, la certidumbre de garantizar los principios de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad consagrados por nuestro Constitución.
Que la política fiscal sea un incentivo a la inversión, que motive el crecimiento de la planta productiva y no las inversiones especulativas que conllevan bajo riesgos y además gozan de tratos preferenciales fiscalmente, como son los valores gubernamentales, valores de renta fija, acciones bursátiles entre otros.
Debe orientarse a la ampliación de la base gravable de contribuyentes y detener el crecimiento de la economía subterránea en beneficio de los ingresos fiscales, sin incrementar la carga de los contribuyentes.
Estímulos fiscales para el desarrollo de tecnologías de punta y promover una investigación.
Medidas que contribuyan a una desgravación mayor y permanente de los más bajos ingresos.
Una política firme que combate la evasión y elusión fiscal;
Una política fiscal que contribuya a regular los mercados financieros especulativos y los vincule a la esfera productiva.
Apoyamos resueltamente las reformas a la Miscelánea Fiscal para 1992, dictaminada por la Comisión de Hacienda, pero consideramos que esta cámara debe distinguirse entre las justas demandas del verdadero causante menor y las de singulado. A nuestro parecer los poderosos grupos económicos se han venido escudando en los causantes menores para reclamar más privilegios económicos.
La modernización económica sólo podrá marchar si se combate con energía y decididamente la evasión y el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Con su sistema fiscal atrasado no podría el país encargar los desafíos de la competencia productiva, sobre todo si está en puerta la eventual firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá.
Dentro de los avances que contiene el dictamen de la Miscelánea Fiscal y que constituye cambios relevantes, son la disminución del impuesto al valor agregado del 15% al 10% al subsidio al impuesto de las personas físicas que permite reducir a la mitad el impuesto de quienes tienen ingresos anuales inferiores a cinco salarios mínimos.
Se establece para las empresas la deducción de la participación de los trabajadores en las utilidades de los ingresos de las empresas, para fines del impuesto sobre la renta, si aquélla excede el monto de los gastos no deducibles.
Se propone una reducción de los recargos, reduciendo la tasa anual de 18% al 12%; se elimina la deducción de los vehículos que no sean flotillas destinadas directamente al acarreo de bienes o la prestación de servicios.
Se limita a un salario mínimo por trabajador la deducción por gastos de comedores, siempre que estén a disposición de todos los trabajadores Limita la deducibilidad de los gastos de alimentación y viáticos en el extranjero. En este contexto la política fiscal debe seguir trabajando para dar mayor permanencia y claridad a las disposiciones que regulan las contribuciones. Sin embargo y como señaláremos anteriormente, hay razones suficientes que permiten afirmar que la política fiscal que hoy se propone a esta soberanía, tiende a un régimen impositivo más sano y más justo, por lo que el Partido del Frente Cardenista votará a favor del dictamen.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Señor Presidente, con su venia:
El Partido de la Revolución Democrática desea presentar a la consideración de esta soberanía algunas reflexiones sobre la Miscelánea Fiscal para 1992, que están contenidas en esta iniciativa.
Un elemento que hemos expuesto en reuniones de comisiones particularmente, y que en otro momento buscaremos fundamentar cuando los tiempos y los ritmos de discusión de la Cámara de Diputados lo permita, no tengamos la premura de esta avalancha de reformas constitucionales que, simultáneamente con la discusión de ingresos y egresos, nos ha absorbido. Pero repito a ustedes, un elemento que en su momento llamaremos a la reflexión serena con propuestas especificas, tiene que ver con la relación entre ingreso y gasto público. Me refiero a los siguientes problemas: el tipo de discusión y la forma como desde hace muchos años se discute en Cámara de Diputados lo que es motivo precisamente de la reunión de hoy, es que una comisión especifica, en este caso la comisión de Hacienda, recibe una iniciativa de Ley de Ingresos y dictamina sobre ella y presenta una propuesta que se discute, así como también recibe esta misma Comisión de Hacienda una iniciativa en materia de lo que comúnmente se denomina Miscelánea Fiscal y hay todo un paquete de discusión compleja, diversa, al respecto.
Por otra lado, la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, recibe como tarea especifica un examen de la estructura del gasto público y entonces se nos pide a los que integramos esta comisión la discusión específica del Presupuesto de Egresos y hay un documento puente, podríamos decirlo, que son los Criterios
Generales de Política Económica, que combina elementos macroeconómicos de ambos escenarios.
Pero yo quisiera llamar la atención a esta Cámara, lo hicimos ya en reunión de comisiones, de lo siguiente: el Poder Ejecutivo Federal tiene un organismo de una enorme fuerza, aunque muchas veces la opinión pública no la percibe, que es lo que anteriormente se llamaba la Comisión de Gasto-Financiamiento, que ha tenido diferentes nombres, pero que es un organismo clave para establecer un vínculo macroeconómico, fundamental, precisamente entre la estructura de ingresos públicos y la estructura de gasto público.
Y aunque nosotros no estamos precisamente en la facultad de ejercicio de ingreso y de gasto, sino la facultad del Legislativo es la de normatividad y la del establecimiento de leyes, nosotros hemos expuesto y lo ratificamos en esta alta tribuna, porque no se trata de una discusión de matices o de detalles, que resultaría de la mayor importancia hacer una reforma casi diría yo radical en materia del esquema de discusión para la formulación de los presupuestos de ingresos y gastos, vinculando la formulación del Presupuesto de Ingresos con la formulación del Presupuesto de Egresos, a través de mecanismos que permitan, flexibles, no tenemos una propuesta específica, pero sí mecanismo flexibles que permitan vincular ambos elementos, de tipo de los que existen en el Poder Ejecutivo Federal en la Comisión de Gasto-Financiamiento, que es de hecho una relación clave entre la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Programación y Presupuesto.
Otro punto que también resulta de la mayor importancia, es el que tiene que ver con el presupuesto que estamos aquí discutiendo en la relación entre el presupuesto, la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal y los objetos de política económica definidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Quisiera determinar en este punto porque me parece de vital importancia. La Constitución establece de manera precisa la rectoría económica del Estado y establece normas para un Sistema Nacional de Planeación. Existe desde hace varios años ya una formulación especifica del Plan Nacional de Desarrollo y hay informes que se presentan en torno al avance de este plan, a la soberanía del Poder Legislativo. Pero con mucha frecuencia dentro de un esquema típicamente formalista, no se establece un nexo preciso, un nexo orgánico un vínculo en materia de planeación económica entre las medidas particulares de política económica en materia de ingresos y de estructura de impuesto y lo que son los objetivos específicos en materia de cumplimiento de metas de Plan Nacional de Desarrollo y tampoco se establece un nexo orgánico específico, entre ese Plan Nacional de Desarrollo y la estructura de egresos públicos, así como tampoco hay una evaluación precisa de impactos regionales y de impactos sectoriales.
Y una visión adecuada de lo que es una estructura de ingreso público, particularmente lo que se refiere a estructura de impuestos, tiene que ver con impactos extremadamente importantes que deben ser evaluados en sectores, regiones y áreas económicas determinadas.
Hay una percepción quizá porque es éste la percepción dominante desde hace muchos años, de ver los problemas de Miscelánea Fiscal básicamente como aspectos que tienen que ver con estructura de impuestos y discusiones puntuales de impuestos, que es un poco la materia, pero como que se desliga los impactos de esta estructura fiscal específica en sectores y en regiones específicas y se desliga también de la política de fomento económico. No hay una estimación ni macroeconómica ni sectorial, ni regional entre estos niveles de la política impositiva.
Y finalmente, no existe una vinculación particular de esta política de ingresos con una política de crecimiento económico. Se afirma, el discurso del licenciado Aspe fue muy general en este sentido, lo mismo el criterio general de política económica, se afirma, con una política fiscal de este tipo y con un nivel de ingresos de 267 billones, obtendremos un superávit fiscal de tal nivel que nos permitirá sostener los niveles de crecimiento económico a un nivel del 4% etcétera.
Pero en materia de análisis económico, no hay un nexo orgánico, no se dice qué impacto va a tener la estructura impositiva en el sector industrial. Para las políticas de fomento industrial no se evalúan los impactos que tendrán para el sector agropecuario los niveles de impuestos a este sector agropecuario o los impactos negativos que pueden tener para este sector, los impuestos que se van a cobrar en esta área. No hay lo que podríamos llamar una metodología que vincule impactos regionales y sectoriales en materia de ingreso y de gasto de manera especifica y no hay un vínculo entre esas formulaciones en materia de miscelánea fiscal y sus impactos económicos.
Es mucho más, por ahí yo, de lo que estamos discutiendo en este momento y lo que requeríamos en otra situación distinta a esta dinámica.
tan precipitada en la que hoy estamos, es tiempo y calma para reflexionar sobre impacto económicos de los impuestos que estamos en vías de aprobar. Pero hay un más que tiene que ver también con aspectos metodológicos.
Otros parlamentos del mundo, tiene oficinas técnicas de apoyo a los cuerpos legislativos que dictaminan ingresos y gastos de una extraordinaria complejidad y se dotan de estos equipos técnicos, para analizar a lo largo de 12 meses, sistemas de impuesto y sistemas de gasto. Así sean los economistas, contadores y otros expertos que participan en las comisiones de Hacienda, personal extraordinariamente capacitado, en los tiempos de discusión que se da habitualmente a estos problemas en la Comisión de Hacienda y con los equipos técnicos de apoyo, es materialmente imposible tener al menos la capacidad de una análisis crítico y un cuestionamiento técnico suficientemente sólido frente a la avalancha de leyes que viene de la Secretaría de Hacienda.
A lo que me refiero es a lo siguiente: más allá del punto de vista que tenga tal o cual partido respecto a la Miscelánea Fiscal, o más allá del punto de vista que tenga tal o cual partido o fracción parlamentaria respecto a Ley de Ingresos o respecto al Presupuesto de Egresos, esta Cámara debiera tener cuerpos técnicos especializados autónomos de la línea de tal o cual partido, que pudieran dotar a los equipos de legisladores, de análisis complejos, precisamente de los puntos que no son estudiados en estos dictámenes. ¡ Qué impacto va a tener el nivel general de imposición fiscal para sectores industriales, para sectores agropecuarios, para sectores financieros?, ¡En qué nivel estamos, por ejemplo, de la fiscalidad en materia de comercio exterior?, ¡Qué modificaciones tendrían que pensarse desde ahora en materia de ingresos por comercio exterior si llegara a aprobarse en 1993 el Tratado de Libre Comercio que prevé una desgravación radical de los últimos aranceles, todavía existentes?, ¿cómo y desde ahora estudiarlo de manera autónoma, el Congreso, van a ser cubiertos los ingresos que actualmente provienen de los aranceles que aún se siguen cobrando? ¿Qué tipo de estructuras de ingresos deben de ser fortalecidas para que el porcentaje de recursos que se obtienen por impuesto sobre la renta respecto al producto interno bruto, se incremente sustancialmente? ¡Cómo modificar esa dependencia de casi 8% del producto interno bruto que se tiene en materia de ingreso provenientes del sector petrolero y otras evoluciones o aspectos técnicos que no pueden ser objeto de un diputado con su calculadora haciendo precipitadamente cálculos de tal o cual magnitud? Requiere de equipos técnicos y gente técnica y apolítica que trabaje 12 meses con estudios específicos para que en el momento en que llegue la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal o del Presupuesto de Egresos, se tengan esos datos y esa base de datos ese cuerpo técnico de análisis que permita a las diferentes fracciones parlamentarias tener un juicio fundado y poder entonces ahí sí establecer una relación de equilibrio entre cuerpos técnicos especializados del Poder Legislativo con cuerpos técnicos especializados del Poder Ejecutivo Federal y entonces entrar en un debate complejo, de nivel, sobre parámetros y evoluciones complejas de sistemas económicos.
No es, pues adecuado, sobre todo para una nación de la complejidad económica que es la nuestra y precisamente por lo que tanto se ha hablado aquí que es la interdependencia y la globalización en la cual estamos, no es conveniente y lo decimos con toda claridad y franqueza, seguir con un esquema, yo diría arcaico, de trabajo casi artesanal por las comisiones técnicas de diputados en materia económica, en condiciones en que la vida contemporánea exige una enorme complejidad y equipos de asesores.
En este sentido es que también pensamos que mucho podría avanzarse en los próximos meses si esta Cámara hiciera sugerencias fundadas a la próxima Ley de Ingresos, así como a la próxima Miscelánea Fiscal en materia de transparencia, claridad, sencillez y simplificación de los procedimientos para captación de impuestos.
Otro punto que no está en la Miscelánea Fiscal, porque ya fue votado, pero que sigue siendo motivo de preocupación para muchos de nosotros, es el que se refiere a las modificaciones ya efectuadas a la ley del impuesto al valor agregado. Esto ya es un hecho que se está cobrando el impuesto al valor agregado sobre el agua, sobre los derechos de agua, se está cobrando el impuesto al valor agregado sobre intereses de tarjeta de crédito; se incrementó el impuesto al valor agregado en las zonas fronterizas y se modificó la estructura de recaudación fiscal de este mismo impuesto al valor agregado, no es materia de discusión en esta Miscelánea Fiscal pero sería muy pertinente que con la posibilidad de evaluar impactos en los próximos meses, pudiera esta Cámara dentro de unos 10 y 11 meses, hacer una evaluación de qué impacto han tenido estas reformas del impuesto al valor agregado en diferentes regiones del país.
No quisiera extenderme sobre este punto, pero sí señalar de que los, métodos artesanales de trabajo, la precipitación y la forma inadecuada
como se está laborando, son, repito a ustedes, inconvenientes para la magnitud de los trabajos técnicos que tiene por delante ésta y diríamos las próximas legislaturas.
Entrando en materia, refiriéndome ya a puntos concretos, hay elementos que tienen que ver con la globalidad de esta Miscelánea Fiscal, que resulta preocupantes.
En términos macroeconómicos y respecto al producto interno bruto, hay una estimación del Gobierno Federal, en el sentido de que los ingresos tributarios serán para el año 1992 el 10%, el 10.3% del producto interno bruto, cifra que nos puede parecer elevada con un 5.2% proveniente del impuesto sobre la renta, pero que resulta preocupante que del 26% total del producto interno bruto que será objeto de ingreso presupuestal, haya un alto nivel de ingresos, el 8% del producto interno bruto que proviene de ingresos petroleros y sea sólo un 10% el que proviene de ingresos tributarios.
Aparentemente 267 billones de pesos resulte una cifra importante, pero aquí quisiéramos de nuevo destacar un elemento de esta incongruencia, al no tener una evacuación de conjunto entre ingreso y gasto.
Nosotros hemos sostenido en diversas intervenciones, que el gasto público tiene un efecto multiplicador y que aplicando inversión pública en núcleos nodales de los sectores agrícolas, industriales y de servicios, se puede generar un crecimiento agregado del producto interno bruto, que permita incrementar en ciclos sucesivos la recaudación fiscal; no es una discusión secundaria, es una discusión nodal. Esto tiene que ver particularmente y lo discutiremos en su momento, con la aplicación del superávit fiscal que nosotros no estamos de acuerdo en que se utilice para absorber deuda pública y creemos que debe ser utilizado para desarrollo rural, bienestar social y para impactos económicos globales.
Pero eso lo decimos, porque una política correcta de gasto público, permite un incremento del producto interno bruto que repercute en una recaudación fiscal expansiva y me refiero aquí a lo siguiente: si entre 1982 y 1988, en vez de seguirse una política restrictiva del gasto público, se hubiera seguido una política de moderada expansión del gasto público, podíamos quizá haber arribado a un crecimiento equilibrado de nuestro producto interno bruto del orden de un 4% global acumulado y si el producto interno bruto hubiera crecido entre 1981 y 1991 en un 4% acumulable, tendríamos en este momento un producto interno bruto 32% más alto del que tenemos
Únicamente aplicando el mismo porcentaje que hoy tenemos, el porcentaje del 10% del producto interno bruto como ingreso tributables, significaría que la recaudación fiscal sobre un producto interno bruto más elevado del que disponemos en este momento, sería sustancialmente mayor a la que tenemos en la actualidad. Baste destacar este elemento como una muestra de que aún tenemos un largo camino que recorrer, para una metodología alternativa de formulación de los presupuestos de ingresos y de gastos público.
Otro problema que preocupa, es el que se refiere a la concentración del ingreso y a la política fiscal, como mecanismo de corrección de este gasto público. Nosotros hemos sostenido en ocasiones anteriores, de que en solamente ocho años, la participación de los asalariados en el producto interno bruto bajó en un 12.71%, lo cual, en términos globales, a precios corrientes significaría que para 1992 la pérdida estimada de ingresos de los asalariados, respecto a su participación en el producto interno bruto, sería del orden de 124 billones.
Numerosos autores, como Caldori y Kelenqui, en estudios clásicos sobre políticas fiscales, han hecho reiteradas menciones teóricas conceptuales, en el sentido de que la política fiscal, particularmente la política impositiva, debe ser un mecanismo de corrección de desigualdades en los ingresos.
En nuestro país en cambio, en vez de que la política de impuestos permita al menos absorber una parte de esa pérdida real de ingresos de los grupos de trabajadores mayoritarios para convertirle en ingresos estatales que se revierta en gasto y bienestar social, encontramos que el gasto del Programa Nacional de Solidaridad apenas representa el 5.5% de esa pérdida de ingreso de los sectores asalariados.
En estas condiciones, estamos ante una estructura fiscal que sigue siendo un fundamentalmente regresiva, por ello es que ya de manera particular, el Partido de la Revolución Democrática sostiene la necesidad en lo que se refiere específicamente a la Ley del Impuesto sobre la Renta, de que se dé una reforma radical a los artículos 80 y al artículo 141, así como que se requiere derogar el artículo 80-A y el artículo 141-A y pensamos que esta reforma es importante porque atañe a la suerte de casi el 60% de la población trabajadora de México.
Como todos sabemos, hay en México un proceso de pérdida de poder adquisitivo del salario. El salario actual, el salario mínimo actual, es apenas el 38% del salario que teníamos hace 10 años. En estas condiciones, creemos de fundamental importancia la desgravación completa de todos los trabajadores que reciben hasta 2.1 salarios mínimos y creo que esto sería una medida de política económica fundamental para corregir, así sea parcialmente, la tremenda pérdida de su poder adquisitivo que han sufrido estos trabajadores.
Pero otro elemento que nos parece también de vital importancia, es modificar la estructura de ingresos fiscales con motivo de la fiscalidad a los trabajadores que reciben hasta cinco salarios mínimos. Pensamos que debe hacer una progresión desde cero hasta 7.5% para estos trabajadores que perciben hasta seis salarios mínimos. Esto lo entregamos ya en su momento a la Comisión de Hacienda, lo entregaremos nuevamente a está Secretaría para su análisis en el pleno, pero pensamos que esto que les puede parecer a algunos señores diputados aspectos de detalle, la desgravación radical de 2.1 salario mínimos y la desgravación parcial a un nivel mucho mayor de lo propuesto en la iniciativa, a quienes perciben hasta seis salarios mínimos, sería una saludable medida para fortalecer el ingreso de los trabajadores.
Por otro lado, creemos que deben explorarse medidas fiscales para que las utilidades obtenidas en bolsa de valores, a través de la especulación de títulos bursátiles, pudiera al menos parcialmente ser gravada, de manera que posibilitara ingresos adicionales gubernamentales, fundamentalmente para compensar el deterioro de los niveles de vida de grandes sectores de la población.
Y, por último, nosotros creemos y éste es quizá el aspecto nodal de lo que sería una reforma fiscal de nuevo tipo, es que debe modificarse radicalmente en los próximos años la relación de egresos entre lo que percibe la Federación y lo que perciben los estados y municipios. No puede mantenerse en un México que se acerca al siglo XXI, una situación de ingresos fiscales que tiene que ver evidentemente también con gasto público, donde la aplastante mayoría de los ingresos corresponden precisamente a la Federación en detrimento de los estados y municipios.
La vida de la República, la salud de la República, la base misma de existencia de nuestra nación, como Estados Unidos Mexicanos, requiere esfuerzos concertados a lo largo de varios años para modificar de manera radical la estructura de ingresos.
La fortaleza de un estado de la Federación no puede apoyarse únicamente en frases jurídicas, requiere una estructura de ingresos que posibilite estados de la Federación fuertes, con capacidad impositiva, autónoma y con posibilidad de instrumentar grandes proyectos de desarrollo económico basados en ingresos estables y sólidos que provengan de fuentes fiscales seguras y equitativas.
Mientras se mantenga el esquema actual, donde una situación de antidemocracia y de injusticia en materia fiscal se unen poderes aparentemente discrecionales en materia de transferencia de recursos de la Federación a los estados, esto es extremadamente negativo para la fuerza y fortaleza de los diferentes estados de la Federación. Creo que aquí se requiere una revisión profunda del conjunto de su estructura fiscal.
En otras palabras, se requiere salir de la racionalidad con la que hemos discutido en los últimos años los presupuestos específicos de ingresos y egresos que aquí discutimos, situarnos en otra racionalidad, en otro esquema conceptual, en un nivel distinto de análisis de políticas económicas y de políticas de ingreso y gasto; jugar en todos los aspectos el poder y peso de estados y municipios de la Federación; alterar conceptos y esquemas conceptuales y crear un sistema fiscal completamente nuevo, con un peso fundamental en estados y municipios, que permita renovar la vida de la República.
En la medida de que en el dictamen que estamos en este momento discutiendo peca o pesa lo que podríamos llamar "un conservadurismo fiscal", una inercia fiscal de lo que ha sido hasta la fecha la dinámica de las misceláneas de años anteriores y considerando que sigue siendo un sistema globalmente inequitativo a nivel regional y federal e inequitativo desde el punto de vista social, es por ello que el Partido de la Revolución Democrática vota en contra en lo general de esta Miscelánea Fiscal. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Esta es una continuación de mi intervención del día de ayer, congruente precisamente en que la
Miscelánea Fiscal es la instrumentación en concreto de la Ley de Ingresos de la Federación.
Igualmente quisiera dejar constancia que mi intervención es una parte de la que a su vez dos compañeros de mi partido integrarán un todo respecto a la Miscelánea Fiscal. Yo hablaré básicamente en lo general de la Miscelánea Fiscal, sin perjuicio de que en el momento procesal legislativo hagamos la reserva a diversos preceptos del dictamen correspondiente.
Decía ayer que la Miscelánea Fiscal adolece fundamentalmente de cuatro vicios, no de ahora, sino que a arrastrándose de tiempo atrás. Esos cuatro vicios son los siguientes: indefinición e incertidumbre, inseguridad jurídica, transferencia contribuyente de las obligaciones originarias de fiscalización de la autoridad hacendaria y complejidad en el sistema tributario.
Y analizando como vías de ejemplo cada uno de estos vicios, me referiré destacando algunos aspectos sobresalientes de ellos:
Indefinición del sistema tributario mexicano. Equivalente al sistema penal de que la norma que defina la conducta ilícita debe ser precisa y detallada, igualmente en materia fiscal, la conducta del hecho generador del crédito fiscal debe ser preciso, concreto, claro, nítido. Sin embargo, muchas de las disposiciones fiscales dejan abierta la configuración del hecho generador del crédito fiscal y, más grave aún, que se le dé facultades a la autoridad administradora, Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este caso, para que mediante reglas de carácter general, integre requisitos, condiciones adicionales de deducción o de cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes ajenos o más allá de los que la ley señala de manera concreta.
Esta indefinición solamente en esos dos aspectos haría suficiente, como en algunas ejecutorias lo han declarado los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa, de la inconstitucionalidad de muchos de sus preceptos. No es posible que la función legislativa se delegue en la autoridad administrativa en materia impositiva y menos aún que sea en la autoridad administrativa secundaria, ni siquiera el Presidente de la República desarrolla o detalla en forma reglamentaria muchos de esos preceptos.
Ya lo apuntaban algunos de los diputados, porque es del dominio público, después de la ley y el reglamento, los señores contadores, los abogados, los empresarios, en general en contribuyente, está atento a las misceláneas llamadas fiscales, que mediante resoluciones generales emite la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, para este año ya llevamos más de 15, que muchas de estas resoluciones van más allá de la ley o la contradicen o la complementa, cuando debiera estar definida en la propia ley, falta de precisión, concreción, claridad en la ley tributaria, crea incertidumbre y, obviamente provoca que la autoridad administrativa, mediante normatividad interna, defina criterios y esos criterios provoquen confusión, dudas y si no coincide el contribuyente esos criterios, con esa normatividad interna, con esas resoluciones derivadas de la práctica administrativa, de la experiencia, pues pueden resultar acontecimientos castatipificadores de la conducta ilícita a la que me voy a referir en concreto en cuanto a los delitos fiscales.
Esa indefinición está vinculada estrechamente con la indefensión del contribuyente, si la norma es ambigua, es general y confusa, obviamente, lo que provoca es que el contribuyente se encuentre en un estado de indefensión y la mecánica de reformas del Código Fiscal de la Federación, de 1967 a la fecha ha sufrido tantas, pero tantas adecuaciones y modificaciones, que día con día, como ahora, se han cerrado las expectativas de defensa del contribuyente.
Antes por lo menos se tenía la certeza que contra un crédito fiscal se impugnaba y se iba al Tribunal Fiscal de la Federación y había un tope máximo de recargos; se garantizaba el interés fiscal, se podía, con cierto riesgo, ejercer, ejercer las acciones de defensa, pero si ahora nos mandamos a 10 años los recargos, actualización de éstos y del impuesto, con la respectiva garantía fiscal, pues prefiere el contribuyente cortar por los sano, pagar y ahora, aunque ya está en resolución que se pueda pagar sin autorización de Hacienda en 36 mensualidades, pues está coartando los medios de defensa particular.
Todavía a través de técnicas del propio código fiscal se estimula cuando el particular que tiene la elección de ir directamente ante el Tribunal Fiscal o en recursos de revocación, ante la administración, si interpone el recurso, la mecánica es distinta de ajuste de recargos que cuando se va directamente al Tribunal Fiscal. Como que se provoca: te estimulo contribuyente si optas mejor por venir primero en recursos de revocación ante mí, en lugar de optar e ir directamente ante el Tribunal Fiscal.
Todos estos mecanismos que año con año se han ido creando, es precisamente crear un estado de indefensión, máxime que las circunstancias
mismas del contribuyente y lo pesado de la carga, ya no por que ahí sea la evasión pura o simple, por favor, no estamos en esa hipótesis; se trata de las hipótesis razonadas y razonables del contribuyente que naturalmente resiste el pago más gravoso de aquél que le pueda corresponder mediante una estrategia, a pagar menos; esto es evidente, sea con el nombre que reciba, elusión o estrategia, pero la legítima; además, pues, ¿quién diablos realmente en el mundo paga sus impuestos con una sonrisa? Por favor, el socio más grave es el Estado, no por el beneficio de educación cívica que se tenga en muchos países, simplemente hay una resistencia natural al sacrificio de pago impositivo, por tres razones básicas:
Uno. No se ve el beneficio inmediato indirecto en el sujeto que lo paga, se diluye en la gran masa recaudadora.
Dos. Muchas veces el recaudo no va a los destinos específicos y concretos que se espera de los contribuyentes.
Tres. La deficiencia e insuficiencia de servicios públicos provoca enojo, provoca mayor resistencia, consecuentemente haya una actitud de mayor irritabilidad en el contribuyente, de manera que el contribuyente que tiene opciones de pagar menos dentro del marco de la ley, no estoy hablando de fraude a la ley, entendamos, ni evasión, por favor, evidentemente que lo trata de hacer. Si alguien prefiere el arrendamiento puro, por decir, en coches, el arrendamiento financiero por efectos fiscales, pues no se le va a poder atribuir en nuevo tipo penal del 109, fracción IV que está desde el año pasado, un tipo abierto total, pero hasta eso ya es posible de que se ejerzan inclusive acciones de índole penal; errores de carácter técnico en organizaciones sofisticadas corporativas, a pesar de que el supuesto hipotético de la defraudación implica la conducta dolosa, el ánimo de defraudar, de engañar mediante maquinaciones y ardides, aún así puede formalmente quedar tipificada la conducta ilícita.
A esto agreguemos que cada día, como tercera categoría de los elementos sustantivos de la legislación tributaria, está que se cierra más y más los medios de deducción, se condicionan mucho más, todo esto por abuso de algunos o porque el instrumento adecuado de fiscalización no es suficiente. Se parte prácticamente, y digámoslo con sinceridad, del supuesto hipotético contrario del contribuyente; la mala fe de nosotros, no de la buena fe. Por eso tantas desconfianzas en todo lo que se hace y para pruebas está el establecimiento donde se deben comprar las facturas a que hacía alusión ni antecesor.
De manera que aún con establecimientos en que se nos va a obligar a comprar las facturas, aunque sean generales, aunque mínimo de requisitos se establezcan, ya está configurado un sistema monopólico, la capacidad generadora de facturas a empresas grandes, va a estar sujeto a que puedan ser distribuidas. Desconfianza, desconfianza.
Si ha sido recaudatoria en estos últimos tres años la acción del fisco, es innegable, merece aplauso, sí, pero como Schopenahauer decía: "No se llegue de un extremo al otro, el péndulo ha girado del extremo opuesto al otro extremo", y ahora se apunta una actitud diametralmente de territorismo, territorismo que se expresa en la angustia, y así lo planteábamos desde la comparecencia del señor Secretario de Hacienda, no en uno ni en otro, vean ustedes los desplegados de periódicos todos los días de agrupaciones, asociaciones, cámaras, en que están ya asfixiados de tanto cambio, de tanta regulación, de tantas normas administrativas; la carga administrativa para las pequeñas y medianas industrias es tal que ahora con el Tratado de Libre Comercio están empezando a cerrar.
Lleven el registro de todos los sistemas contables básicos, la carga es alta definitivamente en el costo de operación de las empresas.
Por qué no un sistema y simplificado, por qué esta maraña de normas de difícil apreciación, supuestamente para alcanzar los principios de proporcionalidad que no se alcanzan, definitivamente en muchos aspectos. La razón es que se usa una técnica distinta que seguramente mi compañero el Diputado Daniel de la Garza hará alusión con más detalle.
Pudiera haber un sistema tributario con unas cuantas normas, nada más y pudiera alguien ahorita, a lo mejor por intuición o por visión óptica interna, estar sonriendo de lo que estoy diciendo y no es así, Alemania tiene la posibilidad de dos sistemas, Inglaterra lo tiene en el sistema éste que llamamos de entrada y salida, el simplificado, que funciona en Inglaterra, pero ellos tienen un sistema inverso de derecha a izquierda, no sabemos cual es la entrada y cuál es la salida, pero llévenlo a un sistema mexicano, no ha funcionado. El sistema simplificado, simplificado reza el título, para personas físicas empresariales, es tan sofisticado o más que el de las sociedades, con la diferencia: menor infraestructura, menor capacidad económica y la imposibilidad de llevar los controles y registros adecuados para todos esos ajustes, adecuaciones, componentes, deducciones,
depreciaciones, imposible. Errores de esa naturaleza pueden provocar hasta, inclusive, graves consecuencias de efectos tributarios en el causante.
Estas y otras consideraciones también crean incertidumbre e inseguridad Simplifiquemos las cosas, hagámoslas más sencillas.
Todo esto quizá saldrá sobrando si no fuera, por lo que ya mencionaba de la acción recaudatoria y persecutoria del Estado, casi inquisitorial, en muchos aspectos en materia fiscal por los delitos fiscales.
No voy a entrar a la técnica de la dogmática jurídico- penal en este momento, porque rebasa mi capacidad y hay voces más preciadas y capaces para ello. Pero definitivamente los tipos penales de escritos, son tipos abiertos, que le pueden caber todo.
Bueno, en algunas conferencias, los grandes penalistas mexicanos, no saben ni siquiera cómo definirlas, enmarcarlos, darles un marco jurídico serio. Hay una confusión y perplejidad en esto que, pues lo mismo, por lo abierto del tipo, haya el peligro de que cualquiera pueda caer en supuesto hipotético de la descripción de la conducta.
Obviamente la penalidad es en muchos casos para que no se alcance la libertad bajo fianza, el término medio aritmético rebasa los cinco años.
El reproche de la conducta que hace le Estado al particular en el vil valor de la conducta en materia fiscal, no responde a una axiología clara y contundente comparado con otros bienes jurídicamente tutelados que debieran tener mayor actitud de reproche del Estado que en relación con los delitos fiscales.
Y hablemos claramente, seamos honestos y auténticos, ¿a quién le remuerde así la conciencia cuando podía introducirse subrepticiamente un producto de contrabando? ¿Le impedía dormir acaso? ¿Así como le quitara el sueño honestamente? No.
Entendamos la razón del Estado, que es la razón decimonónica, porque la estructura en que como está concebida actualmente. Entendemos la actitud que debe adoptar el contribuyente en cumplir con sus obligaciones por los efectos macroeconómicos.
Es más, en algunas reuniones de derechos humanos en París, se hablaba y equiparaba a la deuda civil, que nadie podría ser precisamente privado de la libertad por deudas civiles, equiparaba la deuda civil a la deuda proveniente en materia tributaria.
No, creo que llegaban allá a un extremo. Pero, quién sabe, porque la comunidad europea está en un avance en materia de derechos humanos, allí, si, sin procedentes.
A la mejor dentro de una década, esto que estoy diciendo, se dirá: pues ciertamente sí, Nos falta educación, naturalmente, superación, definitivamente; conciencia de nuestras obligaciones y de colaboración en materia también. Pero que no se abuse del otro lado, que no se exprima.
Pero aún así se ha hablado de que somos competitivos en el ámbito internacional en materia tributaria, no es así, En primer lugar, si lo comparamos con Estados Unidos, allá tienen un régimen auténticamente federal en materia tributaria y no hay coordinaciones fiscales de participaciones como nosotros.
A lo mejor del estado de Nueva York tenga 33% equivalente en materia de empresas, pero a lo mejor del Estado de Texas ande en 38% a 39%, arriba del nuestro, pero en personas físicas cualquier estado, allá, la persona física paga menos impuestos que nosotros, los directos e indirectos. Estoy hablando de los dos y perdón, no sólo los personales sino los reales, las cuatro grandes categorías impositivas.
Consecuentemente por eso decía ayer, con beneplácito parcialmente, que la Comisión de Hacienda dio un vuelco muy alto, sinceramente, en relación con la iniciativa. Cambió muchos aspectos la iniciativa atenuó los efectos negativos de la iniciativa en muchos aspectos, sin lugar a dudas; hubo también, como lo apuntaba el diputado Jacob, una gran colaboración de las autoridades hacendarías, en que por las mismas circunstancias se percataron de muchos aspectos que había que corregir, rectificar, enderezar y subsanar totalmente.
¡Qué bueno que haya esa apertura! ¡qué bueno que haya esa colaboración! Pero es insuficiente todavía; esa insuficiencia deriva de la complejidad del sistema tributario y ojalá que estemos, como lo apuntaba el diputado Calderón, en que desde enero empecemos a trabajar aquí, con asesoría técnica, porque nos agarran pero doblados de manos, aquí a rajatablas, leyendo y viendo otros asuntos y no podemos desmenuzar, con la serenidad que requiere un análisis de esto,
ni con los antecedentes prácticos de operación para ver. Nosotros argumentamos algo en contra de un precepto de propuesta y nos viene el contra - argumento, claro: no señores, es que no se han fijado pasa esto y esto. ¡Ah!, perdón.
Entonces, a veces hasta el ridículo hace uno; está como un alumno en la escuela, en lugar de estar invertido el proceso, en lugar de decir: así se hace porque mire, esto y esto son los datos, consecuentemente ésa es la labor que debiéramos nosotros alimentar y provocar para, vuelvo a repetirlo en serio, dignificar esta Cámara, porque aprobar por aprobar, o enmendar por enmendar; rechazar por rechazar por sistema o no, no vale, no es cultura política, no se crece.
Esos cabildeos en que sí y no, para los que hemos sido apolíticos, no sabemos, confundan, honestamente confunde. Viene uno con una mira, con objetivo de trabajo y se encuentra con sorpresas. Es triste, en serio, que sabiendo las deficiencias de muchas cosas no se corrijan, por razones política si entendemos por política filosofía que se adopta para alcanzar un objetivo, habrá política económica, educativa, financiera, etcétera. Si entendemos por política el camino para alcanzar el poder y mantenerse en él, esos ya son otros devenires que no pueden desvincularse de los otros aspectos de valoración, de estructura para beneficio del pueblo y de la comunidad en general.
Definitivamente se está empezando vislumbrar a esta Legislatura, y así se le está empezando a calificar, como la Constituyente de 1991. Que no queda nada más en Constituyente de 1991. Ojalá pudiera precisamente hacer honor a ese nombre durante estos tres años que nos faltan, trabajando arduamente para estos propósitos. Un ejemplo, la materia tributaria que es un reclamo general.
Hay instrumentos de simplificación; podemos eliminar la indefinición y la indefensión y podemos hacer un régimen tributario más justo, más equitativo y pronunciado. No aumentamos más gravámenes. Por razones técnicas y ese lo sé, me consta, no quiero poner ejemplos, se cambia una palabra y el efecto dice; es ajuste técnico con efectos obviamente de aumento de la base gravable. A veces ni se percata uno, ni se da cuenta uno. De repente alguien lo soñó, lo intuyó porque lo leyó y lo asimilo y surge, ¡hay, caray!, éste es el efecto de esta disposición. Siempre va con un propósito, consecuentemente la estructura legislativa que se propone como Miscelánea por la comisión, ha hecho un gran avance, reitero, pero hay que mejorarlo definitivamente.
El grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional se va a reservar, naturalmente, algunos de los preceptos del dictamen y de la propia iniciativa que fueron ratificados y que no se lograron adecuar, modificar, ajustar o derogar durante la escuela de los trabajos del seno de la comisión, pero aún así, es loable esos avances, esas pequeñas adecuaciones que por lo menos inspiran y motivan para seguir trabajando sin limitación de tiempo y sin escatimar esfuerzo alguno. Muchas gracias.
RECESO
El Presidente:- Con el máximo de atención y dado que este punto es fundamental, está Presidencia decreta u receso de una hora para después continuar con nuestros trabajos.
Receso.
Presidencia del diputado Javier Centeno Avila
El Presidente (a las 15.43 horas):- Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional. Les solicitamos a todos los legisladores que tomen sus lugares, la sesión se reanuda. Hacemos una moción de orden para que se pueda escuchar al orador en este punto tan importante. Solicitamos de todos ustedes el orden y la compostura debidas para continuar los trabajos de esta Legislatura. Adelante, señor orador.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:- Muchas gracias, señor Presidente; diputados de México.
La función fiscal es una tarea insustituible e inherente al Estado mexicano y como a él a cualquier otro Estado organizado con leyes y con principios jurídicos. Para ello el Estado tiene que ocupar una serie de actividades, tendientes a recaudar por una parte, para gastar lo que se necesita por otra, la contribución de un lado para el ejercicio del gasto social, por otra parte.
Cada año, porque así lo marcan nuestros principios constitucionales, el titular del Ejecutivo en México, viene a proponer a la representación de la nación una cantidad de ingreso, el mayor posible, para satisfacer las necesidades del país en toda la materia del gasto público.
Cada año la Cámara de Diputados, de una manera exclusiva, prueba las contribuciones que el
Ejecutivo propone y que la Cámara considera que son adecuadas al alcance de las posibilidades reales económicas del país. Es una ley de vigencia anual.
Esta ley, que es realmente el Presupuesto de Ingresos, está catalogada, clasificada por los diferentes rubros de percepción fiscales todos, tributarios, es decir, buscando la contribución, la cooperación obligada de los mexicanos, otros. Pero no es posible que con una Ley de Ingresos se pueda ocurrir, a determinar, a medir, a liquidar, a exigir, a exigir legalmente la contribución. En muchos casos, en la mayoría de los casos, afortunadamente en este país los mexicanos son dignos de su condición de nacionales y contribuyen de la manera que les corresponde espontáneamente.
El sistema fiscal, el sistema tributario del país requiere de una serie de disposiciones legales más que complementen y que den cuerpo a toda la actividad del fisco. Estás son las leyes complementarias que están vigentes en México y que cada vez, por la dinámica de las relaciones sociales y económicas de ser adecuadas, actualizadas, puntualizadas, corregidas, en atención no sólo al comportamiento de los contribuyentes, porque en la mayor parte de los casos en que se busca controlar la actitud de los contribuyentes, son pocos, repito, en la mayor parte de los casos, está buscando implementar los mejores mecanismos y medios para lograr una más eficaz y rápida recaudación.
Todas estas leyes que establecen los diferentes modos y formas de cobrar por los diferentes tipos de contribuciones que todo el sistema fiscal mexicano ha establecido, a los que tienen capital, a los que perciben ingresos, a los que realizan operaciones a los que venden hacia afuera del país, a los que compran de afuera del país, a través de esas leyes se afinan las bases fijas, las bases flexibles, las cuotas, los porcentajes, las hipótesis de los hechos que se gravan, el objeto, pues, del tributo, los procedimientos para cobrarlo, las maneras de defenderse por parte de los contribuyentes las formas y los tramites que el fisco tiene para exigir, de una manera imperiosa esas contribuciones.
Todas estas leyes están ahora involucradas en esta iniciativa que propone una serie de reformas y de adiciones y de modificaciones, lo que como aquí se ha llamado en la jerga del lenguaje popular de los mexicanos, se llama la Miscelánea Fiscal, es una necesidad imperiosa que sea adecuada a la nueva política, a la vigente política que propone el Ejecutivo y que aprobó la Cámara para el año 1992, adecuarla, para conseguir con este instrumento tributario la consecución de esos criterios de economía política y poder entonces conseguir los grandes presupuestos de la restauración económica del país, que desaparezca el déficit en el presupuesto, que se controle la disparidad en los precios y los ingresos, es decir, la inflación, que los gravámenes sean cada vez mas justos, que el capital pague más, que se revalore el trabajo pagando menos, en fin, que de esa manera se contribuya al mejoramiento económico de la mayor parte de la población de México.
Por eso y por la otra razón, por el comportamiento de los contribuyentes, por la necesidad del fisco, de tener esos medios apropiados y eficaces para pedir la contribución y como un instrumento para inducir la mejor política económica del país, es que es necesario acompañar a la aprobación del Presupuesto de Ingresos del Gobierno Federal, una serie de adecuaciones a las leyes secundarias complementarias de carácter fiscal; en eso estamos ahora.
El Ejecutivo ocurre a esta soberanía popular para proponer la modificación a esa leyes especiales: al código que establece los procedimientos por medio de los cuales el fisco cobra y los causantes se defienden; al código que establece la definición de conceptos, la certidumbre para la justicia tributaria, los recursos, que los hay, variados y a disposición de los contribuyentes, las instancias contenciosas fiscales con categoría jurisdicción; y al final, en el reducto de todo el sistema de justicia mexicana, hacia el más alto tribunal de interpretación legal que en la Suprema Corte y que embona con toda esta codificación de leyes procesales. Pero a esta parte importante, propone el Ejecutivo una modificación, pero a las leyes que se fijan en los principales impuestos, ya muy simplificados en este país, también; las anteriores que aprobamos, discutimos y aprobamos hace poco menos de un mes, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, están ahí ya como parte de este paquete discutidas y analizadas unos días antes; la ley que establece el impuesto que grava la renta, también los derechos, las contraprestaciones fiscales por los servicios que se reciban de la diferentes entidades de la Administración Pública; el otro impuesto especial que grava el consumo de los vinos y de los energéticos; la ley que grava las transacciones que salen y entran del país, la aduanera; todas éstas, repito, requiere y de eso se trata ahora y se podrán discutir algunos puntos en lo particular, pero se trata de aceptar como una necesidad política y legal, de que se adecúen, se actualice todo un paquete de reformas, para
que el Presupuesto de Ingresos y la política de recaudación pueda tener una más eficaz y ágil consecución. Ese es el planteamiento de una discusión en lo general, de una iniciativa como ésta, en donde se modifican varias leyes, o se adicionan.
El Ejecutivo, aparejadamente con eso, aquí alguien vino a decir y acertadamente, que la política tributaria es uno de los instrumentos de la política económica, acertadamente, una parte de toda la política económica, el Ejecutivo complementariamente o quizá originariamente, preparando las nuevas condiciones para abordar los problemas económicos de 1992, pactó con..., atestiguó y formó parte de ese compromiso con los sectores sociales más representativos e importantes del país. Ahí, esa sexta fase del pacto de consolidación económica para apoyar el crecimiento del país, ¡ahí se tomaron medidas muy importantes!, tendientes a mejorar el ingreso de los trabajadores, fundamentalmente a bajar uno de los impuestos más generales, más directos y más generales, como fue el impuesto al valor agregado, pero ahí también se apuntaron diferentes cambios para conseguir que el impuesto a las personas físicas, el impuesto que grava el ingreso por trabajar que vienen de trabajar, sea adecuado, para favorecer a los que tienen menos cuota de participación social en este país.
Una de las cuestiones que se inducen en esta reforma es muy positiva, todo mundo la ha aplaudido, de todos los partidos y de cualquier signo, el subsidio hasta por un 50% en el monto que impartirán cinco salarios mínimos en los ingresos con que se grava el impuesto sobre producto del trabajo. Pero éste es nada más un empleo.
Yo creo que podemos dividir en dos grandes tipos las reformas que se están proponiendo en esta iniciativa de miscelánea, llamémosla, repetidamente así.
De todos los ejemplos que ustedes hayan leído, escuchado y analizado, de los que empiezan a debatir, de los que ya se comentaron y consideraron mucho en la Comisión de Hacienda y en todos los recintos de esta Cámara y en todo el espacio de opinión nacional, me parece que todos se pueden agrupar en dos grandes capítulos de modificaciones:
Uno tendiente a corregir los regímenes tributarios de los diferentes tipos de contribuyentes, de las empresas, de las personas físicas que dependen o no de otra, y de los terceros que también quedan obligados desde hace mucho tiempo y en todas las legislaciones fiscales del mundo, con obligaciones de hacer, con prestaciones de hacer para coadyuvar a la función fiscal, por una parte.
Por otra, una serie de medidas de control para la mejor fiscalización y con esto, para la mejor recaudación.
Así, en lo primero y de ello se encargó mi compañero del partido, el diputado Jacob, de puntualizar de una manera pormenorizada aquí con ustedes, así en lo primero, se redujeron deducciones, ciertamente, pero también se proporcionaron muchos otros conceptos para deducirse en el ingreso de los causantes de los contribuyentes que al final de cuentas repercutirá en su base, en la base que les queda para contribuir al fisco federal y al fisco de los estados y los municipios; están los ejemplos a la vista, en el caso del impuesto sobre la renta de los automóviles para las personas físicas o trabajadores independientes, aun para las empresas hay una modificación conseguida por el trabajo de los diputados, del que quiero hacer una mención más adelante, con un resultado francamente extraordinario, que es digno de registrar, primero, en la atención de todos y, segundo, en las notas y en las inscripciones oficiales que lleva el trabajo legislativo de esta Cámara.
También se aumentaron algunas tasas, pero se disminuyeron otras; la de los recargos, por ejemplo. Alguien vino con razón a decir que se había aumentado el plazo para que siguieran corriendo los recargos, es cierto, pero se bajó la tasa. Al mismo tiempo, se aumentó el plazo para que sigan corriendo los intereses y se redujo la tasa cuando el fisco es el que le debe al causante por no devolverle a tiempo un pago indebido, por ejemplo.
Se ampliaron plazos para cumplir las obligaciones fiscales. Todo esto contribuye a un esquema más simple, más justo de recaudación. Hay mecanismos para acreditar el impuesto sobre la renta, entre tanto el acreditamiento de pérdidas.
También se cambia la base de la contribución en impuestos especiales, no la tarifa, no se modifican los elementos principales de los impuestos. Uno de ellos en algún lado se aumenta y en otro se disminuye. El objetivo es, se busca hacer más justo el sistema tributario del país, el objetivo es que más contribuyentes haya, que más mexicanos paguen un poco menos. Así se consigue más ingreso sano, para el gasto del país, así se consigue más equidad, más proporcionalidad.
Así como se busca readecuar, así como se busca mejorar los diferentes sistemas de contribuciones, modificando el régimen, repito, de tributación de cada uno de los diferentes contribuyentes, así es necesario ir encontrando mecanismos legales que permitan acciones administrativas a la hacienda, al fisco, para ir corrigiendo conductas que se presentan cada año y a las cuales, las cuales están esperando las modificaciones a la ley para estar buscando, como también se comentó hace rato, la manera de eludirlas. Hay necesidad de encontrar más sistemas de control, pero es la única por la cual se proponen las modificaciones, insisto mucho en esto.
Por eso se redefinen conceptos para su cabal aplicación, como el nuevo concepto de derecho o el que distingue las escisiones y las fusiones cuando se consideran enajenaciones para causar impuestos o cuando no, se amplían facultades de verificación del fisco, ciertamente.
Se crean sistemas de contabilidad, se admiten los electrónicos, se introduce de nueva cuenta, se reintroduce el sistema aquel de identificar la venta o la introducción de una mercancía extranjera, por un papel sellado, cancelado exteriormente, un marbete, de eso estoy hablando; se introducen muchos elementos de control de cambio, pero éstos son, la verdad, dirigidos a los menos, pero la regla tiene que ser general, abstracta e impersonal, aunque una persona o muy pocas sean las que estén violando una disposición fiscal, la modificación tiene que tener las mismas características de cualquier norma legislativa y así yo creo que éstas van dirigidas a la menor parte de los contribuyentes, porque la mayor parte cumple, cumple bien y cumpla espontáneamente.
Yo creo que no podemos hablar de terrorismo fiscal, porque nunca ni la ley ni los diputados al aprobar una ley fiscal ni el Ejecutivo al proponer una modificación ni la autoridad administrativa de Hacienda al estarla aplicando, nunca están buscando que un causante, que un contribuyente se coloque en el estado de infracción o en la hipótesis de un delito fiscal, al contrario, lo que se busca es que no se coloquen ahí, lo que busca con este supuesto jurídico, de establecer una causa de infracción, de elevar una conducta a caso de infracción o de considerar una u otra conducta más grave, más antisocial y llevarla al rango del delito, lo que se busca a veces, no a veces primordialmente, es disuadir esa práctica.
Hay la teoría penalista que considera que la pena no necesariamente disuade, pero en muchos casos sí, y yo creo que la ejemplaridad de unos cuantos, de muy pocos a veces, de uno solo, en materia de contribución que tiene un bien jurídico tutelado, superior al de cualquier otro, que es el interés de la nación por recaudar lo necesario para volver a gastar en lo que se necesita, justifica perfectamente que haya este tipo de conductas previstas como delitos.
No es que se esté aterrorizando a nadie, es que se está advirtiendo, para que nadie caiga en el ejemplo que se busca que no haya. Yo creo que ésta es la intención verdadera en esta parte de las iniciativas de reformas, miscelánea, que se está buscando, cuando se ocupa la propuesta y las consideraciones de la Cámara de Diputados, de puntualizar en el capítulo de infracciones y delitos del Código Fiscal, las adecuaciones y los tipos como quedaron y si ustedes conocen, porque tienen a la vista el dictamen de la Comisión de Hacienda.
Y como esto muchas otras cosas, en general, adecuaciones al régimen de los contribuyentes, para tratar de hacerlo más justo, subiendo en un lado y bajando en otro y control necesario para los que no son contribuyentes y deberían de serlo.
Y de aquí una conclusión. ¡Cuál es el proceso legislativo que llevamos? ¿En qué parte estamos? El Ejecutivo, por facultad y por necesidad constitucional, por necesidad jurídica y de política económica, le pide al Legislativo, le propone al Legislativo una serie de cambios, lo recibimos, se turnó a una comisión de dictamen a la que corresponde a la de Hacienda y verdaderamente ha sido digno de anotación, decía yo, y creo que a todos los diputados nos debe interesar mucho este punto, porque si no es el más trascendente puesto que estamos hablando de la vigencia de un año de estas leyes, sí es el que más repercusión inmediata tiene y en nuestros distritos y en nuestros estados, de lo primero que no van a preguntar los electores y toda la gente y sectores conectados con cada uno de nosotros, ¡es del por qué de las razones que hubo y de cuáles son los resultados de estas modificaciones fiscales, porque esto afecta a todo?, otras reformas muy importantes de política de Estado que encierran una gran transformación de ideas políticas en nuestro país, que las hemos analizado y las vamos a seguir analizando y que las hemos votado y las vamos a votar, repito, quizá son más trascendentes, más importantes; pero eso tiene una repercusión inmediata, creo que a todos nos debe interesar mucho estar al tanto de los contenidos de este dictamen y de cómo, sobre todo esto es muy importante, porque enaltece la función
de los diputados, ¿cómo los diputados de la Comisión de Hacienda y no nada más los del la Comisión de Hacienda, sino muchos otros representativos de sectores y agrupaciones, de medios, de organizaciones políticas, representativos de sus territorios, vinieron ante este órgano de dictamen, este órgano intermedio de la Cámara de Diputados, del dictamen, a proponer una serie, a plantear una serie de preocupaciones, inquietudes, a proponer cambios.
La directiva y los diputados miembros de esta Comisión de Hacienda, hicieron eco de estas inquietudes y francamente en una labor de gran responsabilidad representativa, se abocaron no solamente a analizarlas, hay más de 30 peticiones por escrito recibidas en la Comisión de Hacienda, de sectores y de ciudadanos mexicanos, muchas más peticiones de los diputados de esta Cámara, se abocaron a analizarlas, a estudiarlas, a pedir la reconsideración y el contraste de opiniones con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que son los asesores del Ejecutivo en esta propuesta. Salieron incluso afuera al interior del Estado a entrevistarse con los sectores, con cámaras, con organismos de contribuyentes y bueno, el resultado es que singularmente y me parece que como nunca antes sucedido ahora hay una serie de adecuaciones y de cambios a la iniciativa original que se recibió en esta Cámara y para bien de la justicia de los contribuyentes y para mejoría del sistema fiscal mexicano.
Yo creo que, en buena medida, todos los mexicanos en su calidad de contribuyentes obligados a las necesidades del gasto del país, deberán a esta Cámara de Diputados estos arreglos que en mucho benefician, en mucho atemperan algunos gravámenes que se habían propuesto más arriba de lo que definitivamente me parece que hoy, singularmente, repito la palabra excepcionalmente, la Cámara de Diputados ha asumido una gran responsabilidad de representantes populares.
Yo quiero dejar constancia, quiero imbuir, influir en el ánimo de los señores diputados de que en esta ocasión, independientemente de que pueda quedar sujeto a discusión cualquier otro de los aspectos particulares, en esta ocasión más que nunca, está justificada una modificación de todas estas disposiciones a las diferentes leyes fiscales que complementan el principal instrumento de ingresos del gobierno de la nación, que es el Presupuesto de Ingresos.
Quiero pedir por todas estas consideraciones y razones a mis compañeros, diputados que al momento de votar consideren, reflexionen que es necesario arreglar, actualizar, modernizar las disposiciones administrativas que dan facultades del fisco, que dan medios de defensa a los particulares, es necesario hacerlo ahora y votar en lo general aprobando el dictamen que queda a su consideración por parte de la Comisión de Hacienda muchas gracias por escucharme. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Adrián del Arenal.
El diputado Lucas Adrían del Arenal Pérez:- Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a hacer una exposición respecto de cuál es el impacto que tienen las reformas fiscales que, año con año, impactan dentro del sector privado, principalmente sobre el sector comercio y servicio.
Se dice que han bajado las tasas impositivas, que ha aumentado la base de contribuyentes, que se han hecho grandes logros respecto a las modificaciones fiscales que cada año se llevan a cabo.
Eso es cierto. Pero lo que ha pasado, en realidad, es que han probado una mayor complejidad para la interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales.
Quiero dejar sentado que he participado en los últimos tres años en coordinación entre Cámara de Comercio, Cámara de Restauranteros, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el estado de Hidalgo, para dar difusión a las reformas fiscales en los primeros meses de cada uno de estos años. Pero dadas las condiciones culturales que privan en nuestro país, como es el nivel de la escolaridad que se califica en nuestro país, un promedio de cuarto de primaria, se dan los casos de que hay muchísimos contribuyentes en nuestro país, que desgraciadamente por las condiciones sociales que tiene nuestro país no saben ni siquiera leer.
Eso impide que puedan aplicar las disposiciones fiscales. La lejanía que tienen dentro de sus centros de trabajo con las oficinas de Hacienda, con las cámaras que representan al sector comercio, al sector servicio, es imposible muchas veces.
Las condiciones económicas de esos propios contribuyentes también son cada día más difíciles. Las reformas fiscales, en los últimos tiempos,
básicamente han servido para fortalecer las finanzas públicas, como lo hemos visto. Pero desgraciadamente a quienes son los aportadores de los ingresos para el erario público, cada día son más deficientes sus condiciones económicas.
Quien empezó..., uno de los compañeros diputados que empezaron a hacer su exposición en el aspecto general de la Miscelánea Fiscal, el compañero del Partido Popular Socialista, básicamente de refería a los grandes empresarios y es cierto, las disposiciones fiscales están básicamente diseñadas para aquellos medianos y grandes empresarios.
Pero yo les quiero comprobar ahora, con una encuesta que se ha realizado, que desgraciadamente la base de contribuyentes en nuestro país es mucho mas representativa en cuando a los que son pequeños empresarios y quiero decir al compañero del Partido Popular Socialista que los empresarios no son aquellos de grandísimos almacenes; es empresario el señor que tiene el puesto de periódicos al salir aquí de la Cámara. El es un empresario, porque emprende por su cuenta, porque lucha por él mismo y muchas veces no saca de utilidad en un día ni siquiera el salario mínimo.
Esta encuesta, está sobre 1 mil 586 pequeños comercios y les quiero decir, creo que lo dije, hay alrededor de 2 millones de comerciantes y prestadores de servicio. Entre ellos encontramos a los vendedores de comida, a los "talacheros", a refaccionarías, en fin.
De eso se tomó una muestra de 1 mil 586 pequeños comercios o prestadores de servicio, en 63 poblaciones del país. De los cuales 1 mil 284 se localizan en 32 ciudades y 302 en 31 poblaciones rurales.
Seleccionados en forma aleatoria, por etapas, municipios, zonas, colonias, barrios y rancherías. La confiabilidad es del 95%. Visitados del 31 de octubre pasado al 21 de noviembre.
CONCLUSIONES GENERALES
1. El 81% de los entrevistados manifestó tener menos de 10 años con este negocio.
2 El 53% no está afiliado a cámara o a asociación de su gremio.
3. El 97% afirma que no es propietario o socio de algún otro negocio.
4. El 48% no ha recibido consejo o asesoría sobre el tema de los impuestos, en los últimos dos años.
5. De los que han recibido consejo o asesoría, el 70% la ha recibido de un contador.
6. El 35% de los entrevistados se informa de las nuevas disposiciones fiscales relacionadas con sus obligaciones en periodos de seis meses a un año y un 22% en forma variable.
7. El 43% se informa de estas nuevas disposiciones a través de un contador.
8. El 40% de las respuestas a la pregunta, ¡cada cuánto tiempo paga sus impuestos?, no coinciden con los periodos que les corresponden para pagarlos.
9. el 44% afirma que paga sus impuestos en los bancos.
10. El 45% manifiesta que no ha cambiado el régimen fiscal de su negocio en los dos últimos años y el 4% no lo sabe.
Por este porcentaje que acabo de leer veremos que eso del régimen simplificado e implementado del año pasado, definitivamente hay muchos que están fuera de la ley.
11. De los que afirman que sí cambió su régimen fiscal, el 30% explica algunas características del cambio, pero no le define con un término específico.
12. El 43% respondió que no lleva un "cuaderno de gastos y ventas" o de "ingresos y egresos".
13. El 47% afirma que no lleva personalmente las cuentas del negocio.
14. De los que no llevan personalmente las cuentas del negocio, el 93% dice que las lleva un contador o despacho de contadores.
Me faltan dos hojas. Señor Presidente, quiero pedir si me permite terminar.
15. El 30% dice que no hay contadores o técnicos que presten sus servicios a los negocios como el suyo, en la zona donde se encuentra su negocio y el 18% respondió que no lo sabe.
Sabemos que hay incapacidad técnica en muchos lugares para dar soporte de asesoría.
16. El 43% respondió que cada tres meses cambian las tablas que indican lo que le correspondió de impuestos. El 14% cada seis meses y el 30% cada año. No saben.
18. De los resultados obtenidos se concluye que existe una considerable falta de información y una notable contradicción en las respuestas.
Ante este panorama, es necesario darnos a la tarea, como legisladores a diseñar una fiscal que vaya de acuerdo con el nivel cultural, social económico de la realidad de los contribuyentes de nuestro país. Como representantes del pueblo evitemos incertidumbre e inseguridad jurídica a nuestros representados. Muchas gracias (Aplausos.)
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul): - Señor Presidente, deseo hacer una interpelación al orador.
El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez: - Con todo gusto.
El Presidente: - Adelante.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul): - Viendo la veracidad de su encuesta, señor diputado, ¿quisiera decirnos de qué nivel de ingresos fueron los resultantes de sus... qué nivel de ingresos tienen sus encuestados
? El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez: - Hasta 300 millones de pesos.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul): - ¿Hasta 300 millones de pesos? Quiere decir que hay un buen negocio ahí, entonces.
El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez: - Perdón, estoy diciendo hasta 300 millones de pesos, pero de esos que tienen un ingreso hasta 300 millones de pesos, la gran mayoría no tienen ingresos si quiera de 500 millones de pesos anuales.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul): - ¿Entonces estarán desgravados en la mayor parte?
El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez: - Permítame, hay unos que están desgravados, pero de todas maneras tienen que estar registrados en le Registro Federal de Contribuyentes, llevar sus libros de ingresos y egresos, llevar una contabilidad y no saben leer ni escribir, señor. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional.
El diputado Arturo Torres del Valle: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Subo a esta tribuna a tener un discurso diferente, a hablar de diferente manera como lo he hecho en las dos ocasiones anteriores; en las dos ocasiones anteriores he sido técnico y me he referido a los artículos de la Constitución y a artículos específicos de las leyes. En esta ocasión no vengo a hablar así. Al hablar de la Miscelánea Fiscal voy a hacerlo desde un punto de vista diferente; ya varios compañeros míos han tocado puntos específicos, artículos, aspectos y consideraciones, el que yo lo haga así, pienso que sería repetitivo.
Yo vengo mas bien a situar, en la posición que debemos tener los diputados al estar legislando, qué es lo que debemos de tener en mente, para que al hacer los cambios fiscales éstos sean en beneficio del pueblo y no en su perjuicio. ¡Que bueno sería que recordáramos, recordásemos todos que somos representantes del pueblo!, ¡qué bueno que recordásemos todos la riqueza que produce este país es producida por el pueblo mexicano!, ¡qué bueno que recordásemos todos que la soberanía reside en el pueblo y que a veces parece que reside en las autoridades!
Por eso, quiero, en lugar de comentar aspectos técnicos y cada artículo de la miscelánea, y cada ley que conforman la miscelánea que son muchos y que tan sólo de este dictamen son 225 páginas y que dudo que alguno de ustedes lo hay podido leer completo; si alguno pudo, ¡qué bueno!, del día de ayer que se les entregó a hoy; pues quiero, reconociendo el gran trabajo de la comisión, de mis compañeros de las diferentes fracciones, quiero manifestarles que lo que verdaderamente sería revolucionario y útil para el pueblo, es que se cambiara la manera de legislar en este país para el aspecto fiscal. (Aplausos.)
Si cada año vamos a estar estudiando este legado de documentos, si cada año vamos a estar tratando de evitar los impuestos que quiere aumentar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vamos a estar en la misma zozobra, se los apuesto, señores, el siguiente año y el siguiente y el siguiente y las demás legislaturas que vengan detrás de nosotros. Los empresarios están descontentos de que cada año cambien las leyes y no solamente cambian cada año porque recuerden ustedes que Hacienda puede hacer los cambios cuando y como quiera, por medio de las resoluciones y se dan casos de que no es vigente ahorita en dos y tres meses sencillamente dicen: señores, las reglas del juego son diferentes y ahí ningún
diputado puede hacer nada al respecto. Eso, señores, también lo quiero señalar para que tomemos conciencia y responsabilidad la Cámara de Diputados y exijamos a nuestro nivel y en donde cabe, que en este país se legisle como debe de hacerse en materia fiscal y en otras materias.
En lo relativo a materia fiscal, si solamente está legislado el Ejecutivo y sometiendo a nosotros para una revisión somera y para una legitimación de los diferentes artículos de las leyes en materia fiscal, pues no se va a hacer correctamente, porque ahí va a privar ante todo el criterio recaudatorio, cuando lo que debe de privar es el bienestar del pueblo, la justicia que el gobierno tenga lo que necesita pero que no quite de más al pueblo. Para que se pueda legislar en esta materia es necesario que intervenga una comisión de la Cámara de Diputados, los verdaderamente técnicos en esta materia que se conjunten, junto con la Secretaría de Hacienda, desde luego sí es importante el criterio recaudatorio, pero no es el principal ni menos debe ser el único.
También deberá de abrirse esta gestión para que profesionales como son los abogados y los contadores públicos tengan injerencia así como los empresarios, también los trabajadores y todos aquellos que son causantes del impuesto sobre la renta, por poner un ejemplo o de los demás impuestos, pudieran tener voz y llevar a cabo una reforma fiscal que haga una ley simple y sencilla, porque recuerden ustedes que cuando vino a esta alta tribuna don Pedro Aspe, al preguntársele sobre el sentido de un artículo, dijo que él también había tenido dificultad en entenderlo y es que a veces creemos que se requiere ser el titular de la Secretaría de Hacienda, el Secretario, para poder entender un artículo.
Todas estas situaciones están en manos de esta Cámara, hagamos frente con responsabilidad, no debemos dejar únicamente a terceras instancias a que ellos nos presenten algo, hacer una revisión somera, tratar de trabajar unos cuantos días, hacer el mayor número de sugestiones que se pueda, las que puedan pasar por el filtro de la mayoría, pasarán; las que no puedan, serán desechadas y otra vez y otra vez en un ciclo. Es necesario, señores, que pensemos la manera, vamos a enriquecernos, somos muchos, piensan más dos que uno y desde luego pensarán mucho mejor 500 personas que uno, pero si vamos estar en un Tratado de Libre Comercio en el cual las leyes fiscales de los otros países son mucho más simples, en las cuales no se requiere tanto requisito así, vamos a decir facturas que tengan prenumerado, el domicilio, el Registro Federal de Causantes, el de la Cámara de Comercio si es comerciante o en las diferentes cámaras y una serie de requisitos cuando allá lo único que piden es el cheque expedido y al tener el cheque pueden ver quién lo expidió y quién lo cobró. Con esto se simplifica la documentación y el trabajo de oficina.
Para poder hacer frente a esos países necesitamos ser tan modernos como ellos. Si estamos en un país con leyes fiscales obsoletas, con impuestos indirectos en un mayor número de los que tienen los otros países, no vamos a competir con éxito, independientemente del esfuerzo que puedan hacer nuestros empresarios y nuestros comerciantes.
Por eso, señores, les conmino a que pensemos con responsabilidad, a que abramos la manera de como se están haciendo las leyes fiscales en este país, de que invitemos a la sociedad y a las personas directamente implicadas y afectados en este proceso, para poder tener las leyes que México requiere y que lleven el bienestar a nuestro pueblo, no a nuestro gobierno ya está solucionando sus problemas ya tiene un superávit de 7 millones de pesos y todavía así se le autorizaron 6 billones de pesos más para un crédito que pudiera necesitar, pero el pueblo no y la mayoría no está aquí representada en un grupo de 300 y tantos diputados; la gran mayoría, señores está fuera, son 80 millones de mexicanos y la mayoría de ellos pobres y todavía teniendo que pagar una carga fiscal que en otros países no se cobra. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Soto Prieto, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Roberto Soto Prieto: - con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea:
Con la reforma fiscal que se ha llevado a cabo en los últimos tres años, hemos avanzado en la recuperación económica y social; se han cubierto renglones del gasto social; se han eliminado ineficiencias y subsidios que contribuyen a la deformación del perfil económico. La estabilidad política y social, así como el respeto internacional por México, son en buena medida consecuencia de una política exitosa, que tiene uno de sus pilares centrales en el gasto. Los contribuyentes grandes y pequeños saben que sus aportaciones de impuestos tiene un destino que está contribuyendo a la recuperación y a la confianza.
En la reforma fiscal se proponen ajustes, limitaciones, controles, etcétera, todos encaminados a mejorar la recaudación.
En nuestro sistema tributario actualmente. Hay una integración total de impuestos de la sociedad y del accionista, lo que quiere decir que en las empresas, una sola vez se grava. Se han hecho desgravaciones fuertes, tanto al trabajador como a las empresas. Recuerden ustedes que hace muy pocos años nuestra tasa era de 42%, actualmente es del 35%. En el aspecto de trabajadores ha habido una desgravación considerable.
Desde luego yo quiero manifestarles a ustedes que estuve escuchando con mucho interés las exposiciones que hicieron los oradores anteriores y desde luego alguno me llamó mucho la atención, porque hablaba de que el sistema tributario sí había avanzado. Efectivamente ha avanzado y bastante, pero que había un gran terrorismo fiscal, con lo cual el que habla no está de acuerdo y yo me voy a permitir hacerles un análisis del por qué no estoy de acuerdo.
Cuando un negocio, nace, ya bien sea persona física o moral, en las leyes vigentes, por ejemplo, los artículos 14 y 27 del Código Fiscal, a que debe de inscribirse. Ahí nos está dando la primera pauta de qué es lo que debemos hacer.
Cuando empiezan a operar los negocios, ya bien sea, persona física o moral, hay un artículo en la Ley de Impuestos sobre la Renta, muy extenso por cierto, que es el número 58 y ahí nos dice cuáles son las obligaciones del contribuyente.
Desde luego pienso que estas obligaciones con muy claras, pero si hubiera dudas en nuestra legislación y específicamente en el artículo 34 del Código Fiscal, nos dice a nosotros que las autoridades tienen la obligación de toda consulta concreta contestarla, pero concretas. Esto quiere decir que si hay alguna falla o hay alguna duda del contribuyente, puede consultarlo en forma directa.
Pero vamos nosotros a pensar que hay algunas cosas o algunas dudas que no queremos hacer la solicitud a la Secretaría de Hacienda. En el artículo 35 del Código Fiscal se dan criterios y, entre paréntesis, ahorita vamos a hablar de esas famosas reglas que hicieron referencia.
Estos criterios son con objeto de aclarar algunas redacciones que estén poco claras o que no haya sido interpretados por el contribuyente. Luego hay otra serie de artículos que son las atribuciones donde nos están diciendo que la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de vigilar y de comprobar y en los artículos 44, 45, 46 y 47 del Código Fiscal de la Federación, ahí nos dice a nosotros qué es la forma en que comprueba la Secretaría de Hacienda cualquier duda que tengan.
También los artículos 55, 59 y 62, facultan a la Secretaría de Hacienda para hacer comprobaciones y los especifica con toda claridad qué es lo que va a hacer la Secretaría de Hacienda y hasta dónde tiene facultades para hacerlo.
Pero hay un artículo que es el perdón fiscal, que está a punto de determinarse, si mal no recuerdo en un año o dos años más se termina y es un artículo que declarando el último ejercicio correctamente, los demás se borraban.
Yo creo que también hay otra serie de artículos en el Código Fiscal, que son las sanciones, del 64 al 88.
Y por si fuera poco y hay algún exceso, hay los recursos de renovación en el artículo 125 en el Código Fiscal de la Federación.
Resumiendo, si hay obligaciones para el contribuyente, si hay dificultades de comprobación, si la autoridad tiene un capítulo de sanciones y tiene un artículo para perdonar a los que se equivoquen consciente o inconscientemente. Yo desde luego creo que no hay terrorismo fiscal, sin embargo, ¿por qué nació el 108 famoso y el 109?
Estos dos artículos si mal no recuerdo, si mi memoria no me es infiel, nacieron en 1983, por que ante la Secretaria de Hacienda, en el artículo 71 y 72, ahí manejaba la defraudación fiscal, pero la manejaba ligeramente. Sin embargo, en 1983 puso estos artículos ya en forma específica.
¿Qué fue lo que paso? Que durante siete u ocho años el contribuyente, algunos contribuyentes, no todos porque afortunadamente, si no sería catastrófico, algunos contribuyentes estuvieron metiéndole muchos goles a la Secretaría de Hacienda. Esa es la verdad de las cosas, por eso el año pasado, cuando se hizo la reforma de la fracción IV y V del 109, se armó una revolución, se armó gran escándalo. ¿Por qué? Porque definitivamente se taparon los conductos por donde se podría hacer planeaciones, las planeaciones fiscales que les llamaban y yo recuerdo que aquí el señor secretario de hacienda nos platicó que había habido algunos casos de
fracturas apócrifas, pero el que habla, como la profesión no la hemos abandonado afortunadamente, observamos que algunos contribuyentes habían abusado de las deducciones, que algunos contribuyentes habían abusado de una figura que fue muy socorrida hasta hace un año o año y medio cuando más, año y medio había una figura que se llamaba el contrato de asociación en participación del artículo 8o., hubo grandes abusos con esto y la Secretaría de Hacienda abrió los ojos y dijo: vamos nosotros a reformar estas dos cláusulas e incorporó dos fracciones en el 109 de la fracción IV, que era la simulación y el otro que era también la fracción V, que cuando había contribuyentes que dejaban de pagar por más de seis meses, había gente, ahí dijo: vamos a cerrar eso.
¿Por qué? Porque hubo contribuyentes y esto no lo dijo aquí en tribuna pero se los digo yo a ustedes. porque creo que hemos conocido algunos casos de contribuyentes que decían: vamos a dejar pasar el tiempo y luego nos apegamos al artículo 73 por un año y lo demás que venga es ganancia. Por eso también tapó esa salida del artículo 63 y dijo: ahora va a ser abierto totalmente, los recargos van a ser abiertos, ya no va a hacer esa salida.
Esto se los platico, porque por todos estos aspectos, yo considero que no hay terrorismo fiscal, que la defraudación fiscal sí existía y la Secretaría de Hacienda quiso tapar esos agujeros donde se le estaba yendo la recaudación.
Yo creo que la Secretaría de Hacienda ha estado abriendo los ojos cada día y tiene gente muy experta que ha estado manejando estos aspectos y desde luego ha estado tapando todas esas salidas que tenía el contribuyente y que desde luego era muy legítimo que las aprovecharan, pero desde luego esto iba a perjuicio de la base de la recaudación, la base gravable que tiene un contribuyente y de esta manera no podía desgravarse.
Yo creo que, aquí también se dijo, que los contribuyentes había veces que pagaban algunas cantidades y que realmente estos contribuyentes pagaban las cantidades a medias, pero yo sí pienso que efectivamente algunos contribuyentes han pagado cantidades menores y esto perjudica en una recaudación, en un sistema fiscal organizado perjudica, porque nosotros no vamos a poder desgravar más.
La Secretaría de Hacienda quiere desgravar más, el sistema tributario necesita desgravarse más. Pero es necesario que cuando haya un compromiso de presupuesto de gastos que se pueda cumplir. Por eso yo sí pienso que nosotros debemos apoyar esta iniciativa, porque esta iniciativa creo que es uno de los pasos más firmes. Que todavía hay algunos puntos que debemos de precisar o de aclarar, estoy totalmente de acuerdo. Nuestro partido ha estado trabajando muy activamente y ha estado proponiendo nuestro presidente de la Comisión de Hacienda y ha estado trabajando con las autoridades fiscales, porque efectivamente queremos que sea más sencilla la ley. Pero esto no es fácil hacerlo.
Queremos que el día de mañana se incorporen esas reglas al reglamento o a la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿por qué? Porque sería muy saludable y sería muy saludable porque de esa manera tendríamos en un solo volumen todos los aspectos relativos al impuesto sobre la renta en un solo tomo.
Señores, yo quiero pedirles a ustedes que nos den el apoyo para que esta reforma fiscal que está proponiendo al ejecutivo, sea aprobada en lo general, porque creo que en esta forma beneficiará considerablemente y ayudará al desarrollo de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Daniel de la Garza, del Partido Acción Nacional.
El diputado Daniel de la Garza Gutiérrez: - Señor Presidente, muy distinguidas diputadas; compañeros diputados:
La Miscelánea Fiscal fue dictaminada, ya nos la señalaba Arturo Torres, es un amplio y voluminoso dictamen por la Comisión de Hacienda, dicha comisión entre otras cosas señala que considera que con la aprobación de dicha miscelánea y las modificaciones hechas por la Comisión Fiscal, se va a apoyar un cambio estructural, dice textualmente, en que se encuentra inmersa nuestra economía.
Con todo respeto, yo siento que el cambio estructural es realmente negativo para nuestra economía. Obviamente positivo para efectos recaudatorios, porque la Miscelánea Fiscal, como aquí se dice, tiene fines recaudatorios, persecutorios y en consecuencia, sus efectos son regresivos.
Habla el dictamen de la Comisión de Hacienda que con dichas reformas se van a simplificar concretamente las disposiciones del impuesto sobre la renta.
Si hacemos, señoras y señores diputados, un análisis sereno, tranquilo, objetivo, reposado, de
nuestro sistema fiscal y nos vamos a los viejos y nuevos principios de Adam Smith, plasmados a fines del Siglo XVIII en su obra "La Riqueza de las Naciones", no tenemos que ahondar mucho para llegar a la conclusión que nuestro sistema fiscal se aleja de esos viejos y nuevos principios. Nuestra legislación fiscal no es sencilla como lo pretendía Adam Smith, no tiene certeza y adicionalmente carece de equidad.
Nuestro sistema fiscal no es sencillo y déjenme darles dos pruebas al canto: ¿saben ustedes cuántas declaraciones en el año presenta un contribuyente? Un contribuyente presenta en el año 110 declaraciones, prácticamente una declaración cada tercer día y no es un número que esté sacado del sombrero de copa del mago, es un número que está fundamentado por un ensayo hecho por un ex presidente de la Academia de Derecho Fiscal. Son, señoras y señores diputados, 46 declaraciones que se presentan por concepto de impuesto sobre la renta; 13 declaraciones que se presentan por concepto del impuesto al valor agregado; 13 declaraciones que se presentan por el impuesto al activo; 12 declaraciones que se presentan para pagar el 1% sobre renumeraciones; 13 declaraciones que se presentan para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y 13 declaraciones que se presentan para efectos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 110 declaraciones en el año.
Como ven, nuestro sistema fiscal no es sencillo. No hay certeza en nuestro sistema fiscal, que es otra característica básica para que en un sistema tributario sea justo, equitativo, promueva realmente el desarrollo económico de un país, decía que nuestro sistema no tiene certeza y si bien el sistema tributario no es todo el elemento básico para el desarrollo económico de un país, sí es un elemento muy importante.
Y en los últimos cinco años, de 1986 a1990, las diversas legislaturas han hecho modificaciones por esta suma: 3 mil 269 modificaciones. Debo advertir que entre esas 3 mil 269 modificaciones, están también las disposiciones o las reglas de carácter general que emite la Secretaría de Hacienda y de nuevo no es una cifra sacada del aire, ¿en qué campos han habido estas modificaciones?
A nivel de leyes ha habido 1 mil 711 modificaciones; a nivel de reglamentos, ha habido 366 modificaciones; a nivel de disposiciones administrativas, ha habido 1 mil 192 modificaciones. De estas 3 mil 269 modificaciones, se llevan el primero y segundo lugar, modificaciones al impuesto sobre la renta por 517 modificaciones y modificaciones a derechos federales por 566. Certeza en nuestro sistema fiscal no tenemos. Y adicionalmente a esta falta de seguridad jurídica de nuestro sistema tributario, tenemos también un concepto que desde hace años adoptó nuestro sistema tributario a raíz del fenómeno inflacionario que hemos venido padeciendo de más de dos dígitos y se estableció en nuestra legislación del impuesto sobre la renta, los ingresos imputables. Los ingresos imputables no le permiten al causante saber sobre qué base va a pagar sus impuestos, particularmente el impuesto sobre la renta, porque es en determinados periodos, donde, independientemente de sus ingresos reales, tendrá que, de acuerdo con el fenómeno inflacionario, determinar este ingreso ajustado por el fenómeno inflacionario.
Ya la Suprema Corte en varios casos, dos de ellos, ha declarado inconstitucional este aspecto de la determinación de ingresos por efectos inflacionarios, porque no puedo pagar un impuesto sobre un ingreso que no he tenido. Entonces, nuestro sistema fiscal no tiene esta característica básica de la certeza.
Coincidió con los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, que de 1982 a 1991, la aportación de los trabajadores al ingreso tributario ha disminuido; disminuido del 41.7% al 26.9%.
Pero contrario a lo que sucede en otros países, el bienestar de los trabajadores no obstante el perfeccionamiento o el aumento en los ingresos tributarios, no se ha logrado; hasta la saciedad se ha comprobado en esta tribuna cómo la parte más afectada en esta reestructuración económica que estamos teniendo, han sido los trabajadores cuyos sueldos reales han bajado y que en mi última o penúltima intervención lo señalé.
El subsidio que tanta alharaca se ha hecho, no es suficiente, señores; no es posible que al trabajador no se le permita deducir sus cargas por su familia, si al trabajador se le permitiera deducir sus cargas familiares, no necesitaría el subsidio y no pagaría impuestos. Todos sabemos que las familias mexicanas son numerosas; cómo es posible que en equidad fiscal no considerar en realidad el ingreso real de un trabajador, quien tiene más dependientes debe pagar menos, eso es obvio y ahí necesitamos perfeccionar nuestro sistema tributario.
En este ensayo que hizo el licenciado Iván Rueda, es un estudio, es un ensayo serio, crítico a nuestro sistema tributario. Señala que en materia fiscal hay siete pecados capitales, los voy a enunciar y en particular me voy a referir a dos de ellos y de nuevo yo los invito, les regalé un ejemplar
de estos al presidente de la Comisión de Hacienda para hacer un análisis objetivo, serio.
Dice Rueda que nuestro sistema fiscal es unilateral, que nuestro sistema fiscal es complejo, que nuestro sistema fiscal es injusto, que nuestro sistema fiscal es opresivo, que nuestro sistema fiscal, y aquí ya se mencionó y se aprobó en esta tribuna, no le da los medios adecuados de defensa al causante, que nuestro sistema fiscal es incongruente, que nuestro sistema fiscal padece de un gran burocratismo.
Déjenme referirme a dos de estos siete pecados capitales, déjenme referirme a la unilateralidad. Tengo en mi mano un trabajo de un fiscalista, del licenciado Francisco Plancarte y leo los tres primeros párrafos de este trabajo que se llama "Sistema Fiscal, 10 años".
"La característica principal, dice Plancarte, de la evolución en los últimos 10 años de la materia fiscal, la podría yo resumir en dos puntos principales, con la cauda de consecuencias que cada uno de ellos arrastra.
Primero. Alejamiento de los principios que rige nuestra materia, concretamente los principios constitucionales.
Segundo. Complejidad en las disposiciones fiscales, por el prurito aparente de tener las leyes fiscales más sofisticadas del mundo.
En cuanto al primer, remarca Plancarte, es evidente que cada día las autoridades fiscales son el verdadero legislador en materia fiscal; toman menos en cuenta las disposiciones constitucionales que las rigen."
En este sentido y esto es algo que se comenta en los sectores interesados en materia fiscal, tradicionalmente la Secretaría de Hacienda y el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, envía sus iniciativas y unas iniciativas un poco como lo del lobo, agresivas y conforme va avanzando el tiempo se conocen inicialmente las iniciativas conforme va avanzando el tiempo, los organismos profesionales, los organismos empresariales, los mismos diputados de la Comisión de Hacienda y tenemos que reconocer que la comisión de Hacienda ha hecho un trabajo intenso, me consta tanto por mis comisionados, como por los comisionados del partido Revolucionario Institucional, pues logran ciertos avances, pero se reconoce que hay una especie de maquiavelismo en este envío de las iniciativas; "hay te mando 100 y me quedo con 40 no con 60, pues ya tuve ganancia" y, esto, repito, sin desconocer el arduo trabajo de los integrantes de la Comisión de Hacienda.
Pero aquí se hablaba de que en esta ocasión se hicieron modificaciones, el año pasado o el antepasado la Comisión de Hacienda hizo ciento y pico de modificaciones, pero, como lo señaló el diputado Fauzi Hamdan, de hecho estamos ante un nuevo sistema fiscal que no se perfecciona, que se deteriora, se deteriora porque, como decía al principio, va a resultar más recaudatorio,, más persecutorio.
Las finanzas públicas, déjenme filosofar un poco, todavía tengo tiempo, señala un prestigiado economista de feliz memoria que tiene un libro denominado "Finanzas Públicas" Schultz Dalton y que fue ministro de Hacienda en la Gran Bretaña y aquí textualmente leo: "Las Finanzas Públicas son de esos temas que caen en la línea fronteriza entre la economía y la política".
Y aquí nuestro diputado Fauzi señalaba que a nadie nos gusta pagar impuestos. Los que en alguna o en otra forma estamos involucrados en cuestiones fiscales, nos gusta mucho ahondar en las disposiciones, en lo reglamentos, etcétera, pero ciertamente a la hora de que nos llega a la bolsa, pues no lo hacemos con gusto.
Y el mismo Dalton señala que para juzgar un sistema tributario hay que ver en dónde y cómo se aplican los impuestos, cosa que también reiteraba Fauzi. Pero no podemos, independientemente de que su hay corrupción, un causante se ve desalentado a pagar sus impuestos, también si no hay respeto a sus derechos políticos, el revanchismo, el instrumento que tiene a mano el causante para defenderse de esa violación a sus derechos políticos y para tratar de corregir con su propia mano los problemas de corrupción, es evadir los impuestos y no estoy diciendo que esto esté bien hecho, pero esto es un fenómeno no tan sólo en México, es un fenómeno mundial. Hay desaliento en el pago de mis obligaciones, cuando mis derechos básicos, como son los derechos políticos no me son respetados.
Yo creo, señoras y señores diputados, que nosotros tenemos la obligación, como Poder Legislativo, de promulgar leyes que simplifiquen nuestro sistema tributario.
Jorge Calderón, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana señalo que había, perdón, del Partido de la Revolución Democrática, perdón; Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática señalo que había que tener, lo dijo textualmente, "tiempo y calma", que era
importante que esta Cámara se allegara de técnicos que estudiaran con profundidad nuestra problemática tributaria para realmente ser propositivos y no meros comentaristas.
Yo creo que sentaríamos un estupendo precedente si nos dedicáramos y esto quizá lo pueda hacer la propia Comisión de Hacienda o a través de alguna subcomisión especial de la propia Secretaría de Hacienda, yo creo que esta Cámara tendría una gran trascendencia y significación si nos pusiéramos a trabajar, por ejemplo, en una reforma integral del impuesto sobre la renta; si nos pusiéramos a trabajar verdaderamente en lo que se denomina el federalismo de los impuestos, yo ya lo señalaba la vez pasada, el poder central se lleva la parte del león.
Necesitamos realmente federalizar los impuestos que la misma equidad y proporcionalidad que estamos pidiendo o que pide la Constitución al mexicano en el pago de sus contribuciones, que esa misma equidad y proporcionalidad exista entre las distintas entidades o niveles de gobierno.
Hubo un organismo hace tres años, que se denominó la Comisión Mixta Fiscal y aquí, siendo congruente con lo que anticipó Fauzi, quiero hacer un resumen de los trabajos de dicha comisión, deben de estar todos los antecedentes en los archivos de la Secretaría de Hacienda, porque precisamente en ese entonces se planteó el problema de la obsolescencia de nuestro sistema tributario y hoy plantearía lo complicado, lo incierto de nuestro sistema tributario.
Y esa comisión fiscal tuvo a su alcance diversos estudios, la asesoría de gente de carácter internacional, conocedores en materia fiscal y hubo una propuesta que a mí me impresionó y que la dejo en manos del pleno de esta Cámara: el sistema del impuesto sobre la renta en Israel.
En general los impuestos y es un poco técnica la explicación, sobre todo en un país que ha sufrido una inflación, tiene un problema que en la técnica fiscal se llama rezago y por eso, con toda técnica, se han estado en las diversas modificaciones, ahora como la inflación va a disminuir se aceleran los pagos de los contribuyentes. Anteriormente pagábamos los anticipos o los pagos provisionales cada tres meses, ahora los tenemos que pagar cada mes, ahora se está ampliando el plazo hasta el día 17, para resolver este problema del rezago.
Está el problema de que el sistema tributario debe ser neutral a la inflación y que a la vez el sistema tributario sea simple.
En Israel su impuesto sobre utilidades es muy simple y aquí se habló o lo habló nuestro compañero de bancada, Del Arenal, que hay muchos mexicanos que no tienen el grado de cultura para poder cumplir con un sistema fiscal sofisticado. Israel lo tiene muy simple: venta menos compra y menos sueldos y todo tipo de compras y el pago del impuesto sobre la renta se hace mensualmente.
¿Con este sistema qué logró? Logró incentivar la inversión: entre más compre y más invierta, menos pago. Logró incentivar el empleo: entre más sueldos pague, menos pago y se termina el período fiscal cada mes.
Yo quiero apelar a los señores coordinadores parlamentarios de las distintas bancadas, haciéndome eco de la propuesta que el diputado Calderón, del Partido de la Revolución Democrática hizo, de que integremos una comisión fiscal. El habló nada más de técnicos. Yo digo una comisión fiscal que puede emanar de la misma Comisión de Hacienda, dedicada exclusivamente al estudio de nuestro sistema tributario y que dentro del menor tiempo posible, cumpliendo nuestra misión de legisladores, en lugar de esperar del Poder Ejecutivo la Miscelánea Fiscal, seamos capaces, cuando menos en los impuestos fundamentales como es el impuesto al valor agregado, como es el impuesto sobre la renta, de hacer propuestas que conduzcan a mejorar nuestro sistema fiscal.
Yo termino también sugiriendo al Poder Ejecutivo, la necesidad de renovar su personal en la Subsecretaría de Ingresos. Es un personal intachable técnicamente, pero conforme prevalecen en sus puestos se prejuician, ven detrás de cada contribuyente no a un mexicano, sino a un delincuente y entonces, año tras año, en aras, como señalaba Plancarte, de tener un sistema demasiado sofisticado, lo estamos complicando y lejos de provocar la confianza del pueblo mexicano, provocamos su desconfianza y sinceramente lo incentivamos a la evasión. Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El Presidente: - Señor diputado De la Garza ¿tiene usted una interpelación?
El diputado Javier Garduño Pérez (desde su curul): - Ya se acabó el tiempo, prefiero otra ocasión.
El diputado Daniel de la Garza Gutiérrez: - Muy bien, señor. Gracias.
El Presidente: - Correcto.
Tiene la palabra el diputado Javier Garduño, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Everardo Javier Garduño Pérez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Venimos a esta tribuna a apoyar el dictamen que ha hecho la Comisión de Hacienda para la ley que deroga, adiciona y modifica diversas leyes fiscales, conocida como miscelánea y aquí han venido a esta alta tribuna, compañeros diputados de todos los partidos, a expresar sus muy respetables puntos de vista, sus críticas y sus proposiciones, muy respetables todas ellas y las hemos escuchado con toda atención, para poder, desde luego, transigir en algunas de ellas y en otras, pues definitivamente dejar que más adelante podamos discutir más a fondo.
En términos generales, hemos escuchado que el dictamen de esta ley es un dictamen que en realidad está tratando exclusivamente de analizar, de ver, de estudiar, las iniciativas del Ejecutivo Federal, cada una de las disposiciones específicas y que estas iniciativas nos fueron entregadas en la Comisión de Hacienda desde el día 15 de noviembre y que nos hemos reunido reiterativamente en la Comisión de Hacienda, para conocer, primero, de los avances del dictamen, el dictamen preliminar, hasta llegar a este dictamen que hoy estamos debatiendo.
Y si, en todas esas reuniones hemos expresado, tanto compañeros de mi partido, el Revolucionario Institucional, como de otros partidos, lo complejo que es la materia fiscal y no solamente en nuestro país, estimadas y estimados compañeros diputados, sino la materia fiscal es una materia compleja y una materia que merece el análisis, como lo expresaba Calderón, un análisis técnico, para medir puntualmente los impactos que tiene cada una de las leyes en los diferentes sectores de la producción o sectores sociales donde afecta cada uno de los impuestos; hacer también ese análisis por regiones, en fin, en eso estamos completamente de acuerdo y, es más, tan estamos de acuerdo que la propia Comisión estableció específicamente en el primer día en que nos instalamos, estableció precisamente que cada uno de nosotros optáramos por estudiar o analizar una ley o un grupo de leyes, para especializarnos, para analizar a fondo una de la materia fiscal.
Entonces, esa idea de Calderón no solamente es bien recibida por la comisión sino que la comisión se ha anticipado precisamente invitando a cada uno de los diputados que integramos esa comisión, en qué materia queremos estudiar y profundizar. Así que la comisión está ya organizada en ese sentido y lo que debemos hacer es, desde ya, ponernos a estudiar, compañeras y compañeros diputados, cada una de las leyes fiscales, para profundizar y establecer, proponer, enriquecer y mejorar el sistema fiscal mexicano, porque estamos de acuerdo, no está de ninguna manera, no es un sistema perfecto, por supuesto que no, por supuesto que adolece de muchas cosas y por supuesto que lo hemos denunciado y lo hemos comentado en esta tribuna y además también en la Comisión de Hacienda. Pero eso son nada más intenciones que venimos y decimos en esta tribuna, venimos a decir a esta tribuna.
Nosotros los priístas, los invitamos a todos nuestros compañeros diputados de otras fracciones parlamentarias, que seamos más permanentes en nuestro trabajo de Comisión Técnica y trabajar precisamente en lo que nosotros queremos, porque pues nos sirve para enriquecer nuestra propia preparación profesional o simplemente porque ése es nuestro deseo, de irnos a estudiar el impuesto sobre la renta y otra gente que estudie el impuesto al valor agregado y así la coordinación fiscal, qué sé yo, todo lo complejo y lo amplio que es la materia fiscal. Yo creo que estamos en el mejor camino, compañeros y ésta es una exhortación muy respetuosa que hago a esta honorable asamblea, para que verdaderamente estudiemos lo que aprobamos aquí en la Cámara de Diputados anualmente y ver cómo evoluciona y estar al pendiente de que la comisión está trabajando con el Ejecutivo y estemos solicitando información y comparecencias para que nos venga aquí a explicar la aparición de reglas que modifiquen administrativamente nuestro sistema fiscal.
Por otra parte yo sí quisiera centrarme en el análisis del dictamen de esta Miscelánea Fiscal, para decirles a todos ustedes, miembros de esta honorable asamblea, que la presente modificación a diversas leyes fiscales, adiciones y derogaciones, tienen un sentido, un sentido que se puede dividir en tres grandes aspectos; el primero es actualizar las leyes fiscales, hay un gran número de artículos vigentes que ya no sirven, que ya no tienen que ver con la realidad que está viviendo nuestro país y que muchas modificaciones que se van haciendo en otros menesteres de la vida nacional, van también repercutiendo en las leyes fiscales que de alguna manera pues se ven afectadas porque las leyes fiscales, sus fuentes de gravamen en la riqueza y es el trabajo, de
ahí que todo lo que cambie en los sistemas de producción de nuestro país, todo lo que cambie la relación laboral de nuestro país, todo debe también actualizarse en las leyes fiscales. Este es uno de los puntos que existen o están orientando la modificación que hoy estamos analizando y debatiendo en este día.
Deciamos que un objetivo o uno de los puntos del gran objetivo es la actualización de nuestras leyes fiscales, otro es el modificar de acuerdo a los programas económicos que se presentan para el futuro de nuestro país, hay que modificar también las leyes fiscales para estar en condiciones de basar el programa económico que está siguiendo nuestro país en un sistema cuyo objetivo básico y está en el documento de principios económicos para 1992, el reducir, abatir la inflación. También nuestras leyes fiscales tienen que corregirse, para cumplir con esos principios, con esas metas del programa económico de gobierno para 1992.
Y otro tercer punto importante que ha ocasionado modificaciones que presenta el Ejecutivo, es precisamente el correspondiente a todas aquellas lagunas que tienen las leyes fiscales y que son aprovechables o aprovechadas, mejor dicho, por expertos de la ingeniería fiscal para eludir los impuestos.
Entonces también hay modificaciones para detener, para tapar por así decirlo y perdón por la expresión, las elusiones que se han generado durante el transcurso del año que va concluir y que han sido detectados por el Ejecutivo y que se menciona la iniciativa y que hay también que modificar.
En este dictamen y en los considerandos de la iniciativa, está perfectamente determinado en qué artículo se está actualizando, en qué artículo se está deteniendo la elusión y en qué otros artículos es necesario para estar congruente con el programa económico para 1992.
Hemos tenido un mes para estudiar concretamente este paquete fiscal, e insistimos que es el análisis exclusivamente de estos cambios, es un análisis de corto plazo. Sí es necesario y estamos de acuerdo, insisto, lo volvemos a mencionar, estamos de acuerdo en que la Comisión de Hacienda debe de ampliar su análisis, ver los impactos económicos por sectores, por regiones del país; hay que analizar también la complejidad del sistema fiscal mexicano y hay que hacer mucho trabajo en esta comisión.
Yo creo que si de inmediato nos reunimos en la Comisión de Hacienda para organizar este trabajo y vemos la necesidad de contar con técnicos, asesores y hacer un programa para que a partir de la aprobación de esta Miscelánea Fiscal por esta Cámara y por la Cámara de Senadores, podamos desde luego estar en condiciones de analizar lo que hemos autorizado, lo que vayamos a autorizar el día de hoy y también darle su seguimiento y armar nuestro programa de trabajo, para que el año que entra, cuando analicemos el programa fiscal para 1993, tengamos más elementos, se enriquezca ese análisis y y tengamos una más amplia satisfacción de poder lograr la interpretación de nuestros contribuyentes.
Yo sí quisiera dejar presente en esta tribuna que el Partido Político Institucional de ninguna manera se siente culpable por autorizar, aprobar esta iniciativa del Ejecutivo que, por otra parte, como ya se dijo también, ha sido modificada sustancialmente; la Comisión de Hacienda, con mayoría priísta, ha modificado definitivamente la iniciativa en forma sustancial y eso nos debe llenar de orgullo, compañeros, nos debe de llenar de una gran satisfacción, porque estamos defendiendo cabalmente, honestamente, los intereses de los ciudadanos que hoy por hoy nos trajeron a esta tribuna a representarlos y los estamos representando con honradez y con un gran orgullo, con una gran satisfacción de estar cumpliendo con ellos, como ellos lo desean y como ellos nos lo han encargado.
Y con esa gran satisfacción de estar cumpliendo con nuestro deber, vamos a seguir adelante en esta Comisión de Hacienda, para perfeccionar nuestro análisis , para profundizar el análisis y para poder enriquecer y participar más intensamente en un sistema fiscal justo, equitativo y que verdaderamente impulse el desarrollo económico de este país, insisto, con justicia. Muchas gracias.
El Presidente: - Para hechos, el diputado Zapata, del Partido Acción Nacional.
El Diputado Gilberto Zapata Frayre: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Me he tomado la atribución para subir a esta tribuna con la finalidad de recordar el sentido que nos indica el artículo 31 constitucional, en donde a los mexicanos se nos establece como obligación el contribuir con los gastos públicos, pero establece dos principios fundamentales que deben de ser, la de proporcionalidad y la equidad.
Ciertamente que ha sufrido modificaciones la Miscelánea Fiscal enviada por el Ejecutivo para
el período 1992, sin embargo, no son suficientes, ya que esta Miscelánea Fiscal tiene repercusiones múltiples en diferentes sectores de la sociedad. Los diferentes sectores de la sociedad, tanto de empresarios, pequeños comerciantes, profesionistas, se ven impedidos para desarrollarse de una manera más integral sobre el reto que nos presenta en estos momentos, en esta época, la competitividad con el Tratado del Libre Comercio y debemos de sentar bases claras para que se siente la confianza de la productividad, de la competitividad y para que de esa manera los mexicanos seamos más competitivos y podamos contribuir, de una manera con mayor confianza, sin complejos, a hacerle frente a los retos que nos tiene preparados el destino en un futuro inmediato.
Por esa razón pensamos que no debemos de castigar demasiados a la sociedad, ya que en los diferentes ámbitos, tanto en el federal como en el estatal y municipal, la sociedad frecuentemente se ve agredida con el incremento irracional de los cobros de la luz, del teléfono, de los diferentes servicios
. Por esta razón es importante que tengamos el sentido común que la Miscelánea Fiscal siente las bases para que sean unas contribuciones justas para los mexicanos de las diferentes áreas productivas. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Castillo Colmenares, del Partido Acción Nacional.
El diputado Alfredo Castillo Colmenares: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El artículo 165 del Reglamento Interior del Congreso, establece que para la formulación de leyes éstas deben ser redactadas con precisión y claridad. Sin embargo, la constante modificación de disposiciones fiscales concedidas y redactadas por los asesores fiscales en la secretaría de hacienda, lo que menos tienen es precisión y claridad. Es indiscutible que todo impuesto debe provenir del Poder Legislativo, con lo cual se cumple uno de los presupuestos de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar.
Tres principios debemos tomar en cuenta al legislar en materia tribuna: el principio de proporcionalidad, de equidad y de legalidad. El principio de proporcionalidad que consiste en que cada quien contribuya a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica; el principio de equidad, que radica en la igualdad de todos los sujetos pasivos de un mismo impuesto ante una idéntica ley tributaria; es decir, que estando encajonados en la misma hipótesis de causación de impuesto, se rija por las mismas deducciones, los mismos plazos de pago etcétera, o sea, que el impacto del tributo sea el mismo para todos los comprendidos en la misma situación y el principio de legalidad que consiste en que la carga tributaria de los gobernados esté expresamente determinada en una ley, de tal manera que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para que se cobren impuestos a título particular o imprevisibles; es decir, el contribuyente debe conocer en forma cierta y clara, cómo va a contribuir a los gastos del Estado.
Debemos de recordar que de acuerdo al artículo 5o., del Código Fiscal, las disposiciones fiscales son de aplicación estricta; o sea, que no se admite la analogía en materia fiscal.
Bajo estos parámetros de la Constitución en el artículo 31 fracción IV y el artículo 5o., del Código Fiscal, pasemos a analizar someramente la ley que deroga, reforma, complica, adiciona y hace ininteligible diversas disposiciones fiscales para 1992. (Aplausos.)
Señores diputados, si nos situamos al borde del abismo, es innegable que en materia fiscal hemos dado un paso adelante.
La reforma fiscal de 1992 sigue adoleciendo de los mismos vicios que las anteriores. La mayor parte de sus disposiciones están redactadas en un lenguaje oscuro, complejo, enredado y de difícil comprensión. El Secretario de Hacienda, en su reciente comparecencia, nos decía que algunas disposiciones de carácter fiscal él las asimiló después de tres años de leer y releer los textos fiscales. ¿Qué podemos esperar nosotros, simples contribuyentes que después de algún tiempo que comprendemos lo que quisimos decir con estas disposiciones, de repente nos cambian con circulares, reglamentos, que constituyen una auténtica maraña legislativa? Es normal que el próximo 28 de febrero salga la circular miscelánea, que dé el último toque a estas disposiciones.
Si antes la incertidumbre del causante era anual, ahora es cotidiana, vive un continuo terror.
La Secretaría de Hacienda, en un franco abuso de facultades discrecionales que da el artículo
33 fracción VII del Código Fiscal, emite continuamente resoluciones. En este año ya vamos entre la 16a. resoluciones que apareció el 12 de noviembre, que modifica, deroga y complica las disposiciones fiscales.
Hay enfado también del contribuyente al estar esperando la publicación del índice nacional de precios al consumidor, que emite el Banco de México, para estar en condiciones de pagar impuestos. Todo esto provoca extrañeza y malestar. Voy a dar algunos ejemplos.
En las últimas misceláneas fiscales, incluso en la actual, se habla de un concepto llamado factor de actualización; dicho concepto se introdujo en las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en 1987, cuya finalidad es determinar los valores actuales de bienes o cantidades que no tienen reconocida la inflación desde la fecha en que se adquirieron o determinaron, hasta aquélla en que se desea conocer su valor.
La fracción II del artículo 7o. de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, nos indica la forma de obtener dicho factor. La disposición a la letra dice: "Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un período, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del período, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho período. ¡Como ven, tan claro como el lodo!
Por otra parte, el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, en materia de recargos introduce una redacción de difícil comprensión. Dicho numeral dice. "Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones actualizadas la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el período de actualización de la contribución de que se trate". Además de lo enredado de este artículo, puede ser inconstitucional, pues implica una doble indemnización: por un lado, la actualización y, por otro lado, recargos sobre una suma ya corregida en la actualización.
A mayor abundamiento, esta disposición provocará sin duda que los cálculos en pagos extemporáneos se conviertan en operaciones matemáticamente muy complicadas.
Lo ideal es quitar distorsiones técnicas en las leyes que en vez de ayudar a los particulares, los perjudica. al legislador qué le costaba decir: "...los recargos para el año de 1992, serán del 4%, del 5% ó el 6%...", según como calculen la inflación. Pero que nos meta a estas operaciones matemáticas complicadas. Una ley oscura en su redacción anula el principio de legalidad, que consagra el artículo 31, fracción IV de la Constitución.
En el Código Fiscal, además hay algunas cuestiones que, aunque a algunos diputados no les guste, sí son terrorismo fiscal. El diputado Roberto Soto decía que no es terrorismo fiscal, sino que es que a la Secretaría de Hacienda le han metido muchos goles los contribuyentes, pero también la Secretaría de Hacienda ha metido demasiados goles al pueblo de México, que ya le perforó prácticamente la portería.
¡Digan o no si hay terrorismo fiscal! El artículo 55: "Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos. Serán sancionados con las mismas penas de defraudación fiscal; es decir, de tres a seis años o de tres años a nueve años..." agrega el dictamen"... a las personas físicas que perciban dividendos, honorarios o que presten un servicio personal independiente, cuando realicen en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no comprueben a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos".
Adicionan al artículo 59 una fracción más, donde dice:"...para la comprobación de los ingresos o del valor de los actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que los depósitos en cuentas bancarias del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos por los que se deban pagar contribuciones." Esta es una de las fracciones que ya existían en el anterior Código Fiscal y agregaron una fracción más.
Pero ha de haber habido remordimiento de conciencia de las autoridades fiscales, y le agregaron al artículo 33, fracción I, inciso A, una disposición que dice:" Las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán, y dice, explicar las disposiciones fiscales, utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado de tecnicismos".
Esto es, señores, lo que pedimos precisamente que haya en las leyes fiscales; pero no, hacen las leyes enredadas y luego las van a explicar en un lenguaje llano y alejado de tecnicismos.
Hay otras cuestiones. En la cuestión de documentación, amplían el plazo y ahora los particulares 10 años vamos a tener que guardar documentos fiscales porque así lo requiere la Secretaría de Hacienda, en lugar de los cinco años anteriores.
Ante esta situación, entre el fisco y el contribuyente, la situación, pues, como ven, no es cordial: las acusaciones y los recelos son mutuos, frecuentes, es excesiva la carga administrativa para las empresas, hay fiscalizaciones exageradas.
Las autoridades se fundan para hacer estas reformas, en omisiones de algunos contribuyentes para implantar reformas cada vez más agudas. Los medios de defensa han ido disminuyendo. Acción Nacional ha pedido que en los casos de defraudación fiscal se otorgue a los defraudadores libertad caucional, independientemente del monto de lo defraudado, siempre y cuando garanticen el crédito fiscal.
Los dueños de defensa como decía, han ido disminuyendo y prácticamente es nugatoria la justicia en materia fiscal, por una serie de disposiciones que impiden de hecho, acudir a los tribunales. Pero Hacienda no ha ido al fondo del problema, dice que porque hay mucha evasión fiscal y yo les pregunto, señores diputados, ¿por qué hay evasión fiscal?, simplemente porque los impuestos el gobierno no los canaliza como es debido; el pueblo de México tiene memoria histórica, recuerda cómo anteriores expresidentes han canalizado sus impuestos. Recuerda los fideicomisos que creaba Luis Echeverría, con nuestros impuestos. Recuerda el populismo de este ex presidente y la frivolidad de López Portillo también, cuando llevaban a la sinfónica a Europa. Ahí se canalizaban nuestros impuestos. Recuerda el pueblo de México los casos de Flores Tapia, de tantos otros que fueron procesados por enriquecimiento inexplicable. Más que adecuaciones en materia fiscal, el pueblo pide adecuaciones en la Ley de Responsabilidades, adecuaciones en el Código Penal, que severamente castiguen el peculado, la concusión, el cohecho, el enriquecimiento inexplicable y no aumenten a los defraudadores y al contribuyente, penas severas que deberían ser más para los gobernantes que descuidan el destino que se debe dar a los impuestos.
Ante esta situación, Acción Nacional también se pronuncia en contra de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, goce de demasiadas facultades discrecionales, que permiten que sea esta Secretaría prácticamente la que esté legislando y tome medidas que afectan a toda la ciudadanía. Este año la Secretaría de Hacienda asestó un duro golpe a miles de productores del sector primario, exportadores y a otros contribuyentes de tasa cero, cuando sorpresivamente suprimió la facilidad de compensar el impuesto al valor agregado que resulte a su favor, contra el pago de otros impuestos federales.
En efecto, conforme a la regla nueve de la resolución administrativa, publicada el 15 de marzo de 1991, el impuesto al valor agregado pendiente de devolver podía compensarse contra otras contribuciones, llámase impuesto sobre la renta, impuesto al activo o impuesto sobre remuneraciones. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda, de motu propio, anuló dicha disposición el 17 de junio de este año, a través de la sexta resolución modificatoria; cambio el sentido de la regla, de tal suerte que ya no existe normatividad para compensar cargos de impuestos al valor agregado contra otras contribuciones. Estas sorpresivas modificaciones de la Secretaría de Hacienda, causan trastornos a los contribuyentes. Debemos legislar para que este Congreso retome sus funciones y limite el exceso de facultades de la Secretaría de Hacienda que ahora con apoyo en el artículo 33, fracción I, inciso G, sigue usurpando funciones de este Congreso.
De tal manera podemos concluir que ante el asedio de la Secretaría de Hacienda, el aumento en las penas, lo enredado y complejo de las disposiciones, ya no queda más remedio que se cree una Procuraduría de Defensa del Contribuyente; que se reforme el Código Penal y Ley de Responsabilidades; que se limiten las facultades discrecionales de la Secretaría de Hacienda que este Congreso elabore leyes claras, accesibles, sencillas, de tal manera que los contribuyentes puedan cabal y oportunamente cumplir con sus impuestos y colaborar y participar en el desarrollo de México. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Flores Solano, por el Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge René Flores Solano:- Señor Presidente, con su venia; compañeros diputados:
Realmente resulta interesante escuchar a todos nuestros compañeros en un propósito de explicación de nuestro sistema impositivo. No, no es sencillo, no puede ser sencillo en un país que cada vez se hace más complejo, en el que cada vez las operaciones de comercio adquieren matices y particularidad que no estaban comprendidos en nuestras prácticas tradicionales de comercio.
Resulta sencillo pues, considerar que algunos de nuestros compañeros tratan de buscar la simplicidad de las leyes, que no es lo mismo que simplificación, que algunos compañeros tratan de mejorar nuestro sistema fiscal desapareciendo impuestos, que no es la solución; que algunos de nosotros, vemos en los impuestos, el remedio para todos los males de la sociedad, queremos que los impuestos corrijan las injusticias sociales que se generan por otras causas criticamos también los impuestos porque pueden ser causa de generación de esas injusticias sociales.
Criticamos al Estado porque promete no hacer cambios ya a las leyes fiscales, pero cuando esos cambios son favorables, yo no he oído aplausos a las tantas modificaciones que en este paquete, provocado por nuevas condiciones económicas que se generan a raíz de la firma de un sexto Pacto de Solidaridad, que trastocan para dar un cambio estructural a nuestra economía y aprovechando estas circunstancias que nos han sido explicada, para hacerlo en el seno de los impuestos.
Pocos son los cambios que en su conjunto, no solamente en esta Miscelánea ha introducido el Ejecutivo a raíz de buscar cómo resolver un problema de un gran rezago en materia de energéticos, compensando ese esfuerzo de los mexicanos que tendrán que hacer los que consumen gasolinas y energéticos, con una reducción drástica al impuesto al valor agregado, que beneficiará a la mayoría de la población y aprovechando al mismo tiempo para ajustar. Eso es lo que es; ésta no es una reforma fiscal, sino es un ajuste a nuestras disposiciones para aprovechar y corregir algunas desviaciones que se han generado dentro de la aplicación de las leyes fiscales, de la conducta de los particulares y para darle al Ejecutivo mejores armas para combatir la evasión fiscal.
Podríamos decir que no existe el terrorismo fiscal, pero qué bueno que estén aterrorizados todos los evasores de impuestos en este país, qué bueno que estén aterrorizados, porque gracias al dinero que han hecho quitándole, no al fisco, quitándole al pueblo de México el dinero que le corresponde, fortunas que han sacado de este país tenemos carencias tan graves en escuelas, en salubridad y en la infraestructura que requiere este país.
Cómo podría registrarse un incremento en términos reales de la recaudación en una época durante estos tres años en que ha habido reducción de cargas fiscales, desaparición de impuestos, si no es con esa fortaleza del fisco contra el que evade.
Durante años la iniciativa privada se queja de la gran competencia que le hace la evasión fiscal y ahora venimos a defender al evasor fiscal, porque le estamos dando instrumento a la autoridad para combatirlo.
Mencionaba yo estas adecuaciones a nuestro sistema impositivo, que en su conjunto hemos analizado aquí, corrigen estas desviaciones. Veamos si no:
Nos hemos quejado de la manera en que el fisco trata de recuperar del dinero, ahora mismo aquí en tribuna, hablábamos que pudiera ser inconstitucional el hecho de que por una parte cobráramos actualizaciones y por otra recargos, albardas o de aparejos, no nos equivoquemos; la inflación es un fenómeno que no teníamos, que no tenía cabida en nuestras leyes fiscales, tanto dinero en ingresos, tanto dinero de gastos, tal es la diferencia tal es la utilidad y se acabó sí, nada más que ahora con la inflación el peso que ganamos en enero no es el mismo del peso del impuesto que pagamos en diciembre; por tal razón es necesario que tengamos en cuenta el costo del dinero, ésta es la actualización; lo que está haciendo el fisco solamente es recuperar el valor del peso que no cobró en el momento en que se generó la obligación, los recargos, cualquier comerciante establece en contratos de compra- venta una mora,. intereses en mora si la obligación es cumplir en tiempo. Esos son los recargos.
Aparte, existen las asociaciones correspondientes para el daño que se les hace a la nación. Se nos ha invitado a una reflexión serena por un compañero del Partido de la Revolución Democrática, en donde hizo reflexiones profundas, yo creo que valiosas, al trabajo de los legisladores, sólo que yo quisiera hacerle algunas precisiones.
Parecería que en este país no hay planeación, al menos no hay una planeación directa e integral como existe en los países de economía planificada, parecería que no hay vinculación entre el ingreso y el gasto, parecería que no hay un análisis serio del efecto de los impuestos en sus diferentes vertientes, regiones y sectores, como señalo; pero nuestras instituciones, por un lado la Secretaría de la Presidencia, por otro la Secretaría de Hacienda, tiene direcciones que se encargan de analizar la repercusión del gasto o no gasto, del impuesto o no recursos que obtengamos de los diferentes contribuyentes, claro, aquí se nos presenta solamente una parte en donde se señalan los motivos por los cuales se modifican las diferentes disposiciones fiscales.
Tal vez desearíamos un diálogo mayor con las autoridades para conocer estos estudios, para tener una conciencia mucho más precisa y algo que nosotros estamos dispuestos a tener, lo hemos buscado desde el principio y ahora mismo en la mañana había funcionarios aquí para la consulta de cualquiera de los partidos, no son asesores de la Comisión de Hacienda, son funcionarios de este gobierno, son miembros del Ejecutivo y buscamos una relación de mayor coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Hablamos aquí de la defensa de los intereses de las entidades, mencionábamos que cambiar las reglas del centralismo o del gasto, como si cambiando las proporciones en una ley, cambiáramos este país.
Los procesos se han dado, son graduales, nuestro país ha luchado desde su federalismo por una coherencia tanto desde el punto de vista de las entidades, como de los particulares, ahí están las convenciones fiscales nacionales, origen de alguno de nuestros impuestos generales, para armonizar, se dice, se dijo, todos los grandes vicios que tenían los impuestos dispersos en la producción y al comercio de las entidades, para darle una coherencia a la nación que requería su actividad económica, creciente y floreciente y que hubiera un mejor trato fiscal, a años ya de la coordinación con las entidades que es una propuesta de concertación que tiene nuestra constitución y que se genera en algunos de nuestros impuestos a raíz de 1927, como la posibilidad de que el Estado se coordine, sobre todo a raíz de reconocer que a algunos tributos tienen derecho los estados a tener participaciones, porque se generan de actividades que solamente son exclusivos de ellos; muchos de estos impuestos ya no aparecen ahora en esta nueva Ley de Coordinación Fiscal que perfiló nuestro sistema impositivo, que armonizó, que no es lo mismo que igualó nuestro sistema en toda la República; los beneficios han sido importantes para los estados.
De principio, a la entrada de la coordinación de esta nueva época, en 1973, los municipios, sin más trámite que participar con el Estado en la firma del convenio, duplicaron su recaudación por participaciones. De un nivel del 11% de participaciones en 1973, hace unos cuantos años apenas, 11% de los ingresos federales, estamos hablando en este momento de un cercano 20%, una quinta parte de los ingresos federales en participaciones, no hay estado que haya entrado al convenio de participaciones para perder dinero.
Mi estado, el estado de México, cuando se coordinó con la Federación, tenía un presupuesto de ingresos de 252 millones en impuesto al comercio de la industria, ese año terminó con 1 mil 50 millones.
Así pues que no podemos trastocar nada más por cambiar una ley por un estilo, por una forma, si no es con este acuerdo concertado que poco a poco han hecho los estados y la Federación y como señaló aquí no solamente es del lado del ingresos, hay que ver la concertación del lado del gasto. Tenemos que armonizar el gasto federal porque hay muchos estados que reciben más que otros, así como también tenemos muchas otras que hacer en materia de federalismo, que ésa es nuestra estructura de gobierno y ésa es la que debemos tender a perfeccionar. ¡A eso está abocado el Ejecutivo!
Se nos menciona que cada año modificamos las leyes y proponemos cambios... Sí es cierto, ya mencionaba yo aquí algunas razones. Debemos por eso, seriamente, dedicarnos a estudiar nuestro sistema impositivo para hacer propuestas que conlleven, junto al Ejecutivo, en un mejor sistema fiscal.
No, no está usurpando el Ejecutivo, como alguien dijo, las facultades de este gobierno cuando propone las leyes fiscales. Seguramente nos hemos dormido, que es otra cosa. Pero nosotros igual, como el Legislativo, tenemos la facultad de iniciar las leyes, como las tiene también el Ejecutivo.
Mencionábamos algunos aspectos de que nuestro sistema no tiene certeza, carece de equidad y complejidad. No, no quisiera entrar en disquisiones de esa naturaleza. Sólo quisiera yo decirles si algunos de ustedes entienden el Código Penal. Vamos a suponer que sea claro y sencillo, que ya lo hemos leído y que cada vez cometemos una falta, ¿qué nos autodefendemos nosotros...? ¡Pues igual pasa con los impuestos!, las leyes fiscales son para cumplirse y cada vez que cometemos una falta, pues necesitamos un abogado que nos defienda y necesitamos algún contador que nos lleve, en algunos casos por la complejidad, para hacerlo.
Aquí mencionábamos una encuesta que, indudablemente, yo la presumo cierta, nada que hay que tomar en cuenta que el sistema se ha simplificado. No al grado que quisiéramos, sino a un grado en el cual requerimos una conducta fiscal, un conocimiento fiscal para cumplir con ellos, pero ya no es el que teníamos en la ley, ni el sistema fácil de evasión de que "fijame una cuota y ai", la llevamos, sino hay la obligación de que el que se dedica a actividades empresariales, lleve un sistema sencillo, que es que
pague conforme las salidas y los retiros que hace de su negocio.
Esa es la esencia de ese sistema. ¡No, no es sencillo! Yo lo entiendo, pero otros no tienen esta capacidad de análisis, porque no tienen tiempo o porque su negocio está fundamentalmente en generar la riqueza para su familia y para este país.
No podríamos tener nosotros un lenguaje sencillo, insisto, porque las leyes no las defendemos nosotros ante los tribunales, ante la Suprema Corte, si llegamos a ese sentido, o en un recurso de revocación ante la propia autoridad. No tenemos esa posibilidad, porque tenemos que tener un lenguaje técnico para nuestra defensa, por eso este lenguaje es técnico, no es un lenguaje sencillo indudablemente, pero buscaremos, junto con ustedes, que sea menos complejo.
Yo quisiera, pues, por todas estas razones, invitar a mis compañeros a la reflexión, al trabajo, al esfuerzo que tenemos que hacer dentro de la Comisión de Hacienda, para el análisis de lo fiscal, para el análisis de las leyes fiscales, que, como en este caso, insisto, no es una reforma fiscal ni vino a engañarnos el Ejecutivo, sino son simplemente adecuaciones a la estructura del sistema, como lo hemos visto en la comisión, en donde con toda amplitud con los partidos estuvimos dialogando, analizando sus propuestas y no solamente de ellos, sino de todos los contribuyentes que se acercaron a esta Cámara a exponernos sus puntos de vista, en donde nos convencieron y los convencimos. Una propuesta de los compañeros del Partido de la Revolución democrática fue circulada, como fue circulada toda la documentación que recibimos entre los compañeros de las comisiones, mencionan algunas sugerencias para corregir algunos defectos, señala, de la estructura tributaria en materia de personas físicas y de la exención hasta 2.1 veces el salario mínimo y luego presenta una tarifa.
Yo creo que sí es seria mi invitación a reflexionar, porque esa tarifa que se propone tiene efectos de una mayor carga fiscal que la que está con tenida en la iniciativa que corregimos, presentada por el Ejecutivo.
De ahí que yo creo que es sano que nosotros analicemos, con todo el período que nos queda por delante, después de aprobar esta iniciativa de ley que está a su consideración. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Agotado el turno de los oradores registrados...
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul): - ¡Para hechos, señor Presidente!
El Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Alfredo Lujambio.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Señor Presidente; Señores diputados:
Solicité la palabra para hechos, porque escuché en el orador que me antecedió en el uso de la palabra, algunas afirmaciones que considero que no pueden dejarse pasar desapercibidas.
Entre las afirmaciones que dijo, que hay algunos que no han defraudado al fisco, sino al pueblo de México y que se han llevado sus fortunas para el extranjero. Indudablemente que sí, sí hay algunos que han sacado sus fortunas, que las estuvieron sacando durante muchos años, que estuvieron traicionando al pueblo de México. Pero puedo asegurarle al orador que me precedió, que la gran mayoría de estos personajes que sacaron su dinero del país pertenecen al mundo de la política oficial y que son funcionarios y ex funcionarios, de los cuales...
(Aplausos).
De los cuales, recordemos todos, en la época del presidente De la Madrid, se formó una comisión que haría la investigación sobre los capitales que habían salido del país y que se daría un informe público al pueblo de México sobre estos capitales, sobre los nombres de estos personajes. ¿Dónde está ese informe, señores diputados? ¿Cuándo se presentó ese informe que prometió Miguel de la Madrid?
¡Jamás! ¿Por qué? Porque había muchos nombres muy conocidos de este mundo de la política, de este mundo de los funcionarios y de las grandes fortunas que se han hecho en México, de los cuales ahí están los testimonios todavía, como el Partenón, como "La Colina del Perro", como la Mansión de Forest Hill o allá en Connecticut, creo que estoy en un error, en Connecticut. Recordemos aquella gran mansión de la que dio cuenta una revista, la revista Proceso, si no mal recuerdo. Que nos hablaba de una mansión, con una gran muralla... que llamaba la atención de los vecinos.
Estoy hablando del tema de los que han sacado el dinero de los que mencionó el diputado que me precedió y que esa mansión salió fotografiada en muchos periódicos y se le atribuye la propiedad al profesor Carlos Hank González, actualmente Secretario de Agricultura.
Así es de que vámonos entiendo y vamos diciendo las cosas como son.
Decía también el orador que venimos a defender a los evasores fiscales. Yo creo que no es justa esa afirmación. Yo creo que nadie, ninguno de los oradores de la oposición han tomado una actitud ni han dicho nada que tienda a defender a los evasores fiscales. Todos estamos de acuerdo en que quienes ganan y quienes tienen ingresos tienen que pagar impuestos. Creo que eso está fuera de discusión.
Si lo que se está discutiendo, señores diputados, es que estos mecanismos fiscales que se han creado a lo largo de los años, que han resultado sumamente injustos, sumamente complicados, sumamente enredados, impiden en muchas ocasiones el cumplimiento de los mismos ordenamientos por su mismo grado de dificultad y hemos visto también como las medidas económicas del gobierno, de las que tanto aquí en esta tribuna se ha hablado, de los avances económicos. Sin embargo, estas medidas económicas, estas políticas económicas, han venido alentando el desempleo, la falta de inversión, han provocado la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y han provocado un nuevo problema que hasta este momento poco se ha mencionado, o no recuerdo haberlo oído en esta tribuna, que es la economía subterránea. Hemos visto cómo nuestras ciudades, en todo el país, se han venido plagando de personas que por no encontrar un empleo bien remunerado o aun teniéndolo, porque su salario no les permite atender las necesidades de su familia, tienen que salirse allá, a las calles, a las plazas, para tener un puesto, para vender alguna mercancía los domingos y poder complejar su gasto familiar. Esto es el efecto de esas medidas económicas que tanto se han alabado, esa economía subterránea, en la que hay millones de ciudadanos en este momento viviendo dentro de esa economía subterránea.
Por último, mencionaba también el orador que la Ley de Coordinación Fiscal ha beneficiado mucho a los estados de la República y que inclusive, en el estado del que él es originario, se han incrementado mucho los ingresos. Yo desafío al orador a que hagamos un estudio a fondo para determinar los ingresos que habrían tenido las finanzas de los estados, tanto del que él como el del mío y el de todos los estados de la República, si no hubiéramos tenido el esquema de coordinación fiscal que tiene sujetos a los estados en calidad de esclavos del gobierno federal. Los estados de la República habrían podido tener ingresos muchísimo mayores que los que tienen actualmente con este esquema de coordinación fiscal. Así es que la coordinación fiscal es falso que represente, como está en este momento planteada, un beneficio para los estados; es un esquema de supeditación, de control y de empobrecimiento, que hace que los estados tengan, inclusive, el 90% ó a 95% de sus ingresos provenientes de las participaciones federales, sólo un 5% ó un 10% de ingresos propios. ¿Es eso la soberanía de los estados?, ¿es eso el esquema republicano que menciona nuestra Constitución?, ¿no viola el artículo 73, que habla de que los estados deben de tener lo suficiente para proveer a su vida política?
¡No, señores!, el sistema de coordinación fiscal tendríamos que discutirlo y revisarlo en serio y a fondo, si queremos que nuestros estados verdaderamente se desarrollen, si queremos que este país sea un país verdaderamente republicano y democrático. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Flores Solano, para Hechos.
El diputado Jorge René Flores Solano: - Con todo respeto y con su venia compañeros:
Yo aquí mencioné que no estamos para defender a los defraudadores y a los que sacaron el dinero de este país, no que alguien viene a defender actitudes, yo dije, hablé siempre en plural, porque estaba invitando a los oradores, a mis compañeros, al trabajo serio que debemos de desempeñar.
No quisiera armar una polémica, que no es el caso, ni el objeto y que esto ha estado suficientemente discutido y ha sido sido mencionado y profusamente en nuestro país. Solamente pido a la asamblea que sometamos a votación en lo general, muy respetuosamente, el tema que estamos analizando, que es el de la Miscelánea Fiscal, que yo quise poner en su justa proposición de, ¿a quién afecta?, ¿es realmente, estamos hablando de un incremento de carga fiscal o una readecuación de carga fiscal?, como es lo que yo pretendí hacer claro para todos ustedes. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. (Aplausos.)
La secretaría diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Señor Presidente no es debate en relación con la ley antes de la votación. Un pedimento para que después de la votación se me expida certificación del sentido de voto de los señores diputados de los municipios de la Comarca Lagunera, Gómez Palacio, Lerdo, Torreón y San Pedro, en caso de que estén presentes. Para evitar el problema de entresacar de la lista quiénes son, paso a la Secretaría los nombres para que en su momento puedan identificarlos Gracias.
El diputado Daniel de la Garza Gutiérrez (desde su curul): - Señor Presidente, también solicito del estado de Nuevo León, paso la lista a la Secretaría de los nombres correspondientes.
El Presidente: - Yo pediría a la Secretaría y a los diputados solicitantes que independientemente de dar trámite a esa petición se tome nota o se tome la debida atención en el momento de producirse el voto nominal que uno de los efectos que produce precisamente es personalizarlo, de otra manera llegaríamos al extremo de tener la certificación de cada estado.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar (desde su curul): - Señor Presidente, si me permite igualmente la misma petición pero por el estado de Coahuila.
El Presidente: - Diputado con todo respeto la petición puede desahogarse, usted puede certificarlo por usted mismo y la Secretaría tendrá constancia en el momento de la votación nominal de cada diputado porque de otra manera caeríamos en el absurdo...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Que quede la certificación de acuerdo con lo que marca el 147, señor Presidente.
El Presidente: - Efectivamente el artículo 147 regula el procedimiento por el cual se lleva a cabo la votación nominal. Suplico a la Secretaría que certifique los términos solicitados y que es completamente compatible con el procedimiento de votación nominal.
La secretaría diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se va a proceder a recoger la votación nominal y en lo general y...
El Presidente: - Un segundo nada más señorita secretaria. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va reservar algún artículo para discutirlo en lo particular especificando el artículo del decreto y la ley que se desea impugnar. Esta Presidencia informa en adelanto a esta reserva que se ha hecho llegar a esta Presidencia, la reserva para su discusión de los siguientes artículos; de los artículos 1o., y 2o., del decreto del artículo 2o., fracción VI, el artículo 115 inciso C, para una adición; el artículo 29, 2o., párrafo una propuesta de derogación; y el inciso 6, de disposiciones transitorias, todas del Código Fiscal de la Federación por el diputado Fauzi Hamdan. También se reserva el artículo 29 del mismo Código Fiscal por el diputado Francisco José Dávila para una proposición.
Del artículo 3o., del decreto, el artículo 2o., de la Ley de Coordinación Fiscal está reservado por el diputado Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional; de los artículos 4o. y 5o., del decreto se reservaron el artículo 46, fracción XV por el diputado Raúl Hernández Avila, del Partido Acción Nacional para una adición y los artículos 8o., 48, 106 y 107 por el diputado Carlos Sandoval, todos estos de la Ley Aduanera.
De los artículos 6o., 7o. y 8o., del decreto relativos a la Ley del Impuesto sobre la Renta está reservado el artículo 46, fracción II, por el diputado Fauzi Hamdan, los artículos 80, 80- A, 141 y 141- A por la diputada Liliana Flores Benavides teniéndose registrada también una proposición del diputado Jorge Calderón en torno a los mismos artículos. El artículo 6o., por el diputado Héctor Morquecho, el artículo 16, fracción I, inciso C, para derogación por el diputado Fauzi Hamdan, los artículos 19- A, 57- H, 57- L, 57- LL, 112- B y 124 por el diputado Arturo Flores del Valle, del Partido Acción Nacional.
De los artículos 13, 14 y 15 del decreto, se reservó el artículo 13 de este decreto por el diputado Héctor Morquecho, que se refiere a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos y se registró para una adición el diputado Raúl Hernández Avila.
Se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún otro artículo adicional a los ya relacionados. Bien, proceda entonces... ¡Dígame, diputado!
El diputado Benjamín Avila Guzmán (desde su curul): - Señor Presidente, nada más deseo hacer una observación al indebido acuerdo que
usted ha tomado, respecto de la certificación que han solicitado algunos diputados.
Recuerdo a usted que no puede hacer absolutamente nada que no esté previsto en la ley como su obligación o su facultad y en este caso, la ley no se está en el supuesto en que usted debe expedir esa certificación. Sabemos por qué se hace...
El Presidente: - Diputado...
El diputado Benjamín Avila Guzmán (desde su curul): - Permítame. Quiero que se asiente...
El Presidente: - Precise su emoción, diputado.
El diputado Benjamín Avila Guzmán ( desde su curul): - Sí, que se asiente mi protesta enérgica por el acuerdo que usted está dictando, porque da la casualidad y el hecho de que la votación siendo nominal no es secreta, señor. Entonces es improcedente. Que se asiente esta protesta.
El Presidente: - Proceda la Secretaría, para aclaración del diputado que está haciendo la moción, para su conocimiento dé lectura a la fracción IV, a la fracción III, al artículo 147, por favor, relativo a la votación nominal.
El diputado Benjamín Avila Guzmán ( desde su curul): - Me está quitando la palabra, señor Presidente. Además me está quitando usted la palabra. Que se asiente también en el acta, por favor.
El Presidente: - Que se asiente todo lo que solicite el diputado. (Aplausos.)
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Artículo 147, fracción IV. Los secretarios o presecretarios harán en seguida la computación de los votos y leerán desde las tribunas cada uno de los nombres de los que hubiesen aprobado y otro de los que reprobaren, después dirán el número total de cada lista y publicarán la votación.
El Presidente: - Diputado, en atención a la moción que usted acaba de presentar, debo decirle que por práctica parlamentaria y en obvio de tiempo se hace este registro de la votación nominal y en obvio de tiempo se suprime generalmente la lectura de los diputados que votan en un sentido o en otro. Si su moción es que esta Presidencia se apegue al reglamento, esta Presidencia tenderá que ordenar que se lean los nombres de todos los diputados, en el sentido que votaron, ¿le pregunto, que si insiste usted en su moción o la retira?
Correcto. Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
Por favor proceda la Secretaría a recoger la votación nominal. Voy a suplicar a la secretaría que al recoger el voto, reitere o repita el nombre y el sentido del voto de cada diputado, para efectos de que la Oficialía Mayor pueda en lo subsecuente y mientras se desarrolla la discusión en lo particular, tener el registro o la lista a que se refiere el artículo 147.
Proceda la secretaría a hacer el cómputo de votos y resérvese la lectura a que se refiere esta fracción IV para el final de la discusión y votación de esta ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y limítese a realizar el cómputo.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se emitieron 269 votos en pro, 94 en contra y una abstención.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 269 votos.
Se abre el registro de oradores para los artículos 1o. y 2o., del decreto de Ley que reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones fiscales relativas al Código Fiscal.
Están reservados los artículos 2o., fracción VI, 115 inciso C, artículos 29 y el inciso VI de disposiciones transitorias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra Fauzi Hamdan para hablar en torno a estos artículos.
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Con su anuencia, señor Presidente:
Yo quisiera antes que nada hacer un señalamiento que no va con mi manera de ser ni mis convicciones. Es rarísimo que me sucede como lo que me aconteció ahora en que fui el único diputado de los presentes que me abstuve de votar. Y lo hice para que no se repita la secuela de los hechos que aparecen en la versión estenográfica de la cual doy cuenta y ojalá los que hubiesen estado presentes lo tengan en su memoria.
Porque definitivamente no se trata de no acotar el desarrollo del proceso de perfeccionamiento
legislativo, que ésa es nuestra función, en última instancia, sino simplemente hacer constar, como lo hice hace dos horas, las circunstancias que obedecieron en relación a la iniciativa del Ejecutivo y las que motivaron los cambios introducidos por la Comisión de Hacienda y Crédito Público que como dictamen fue presentado a la consideración de esta honorable asamblea.
Por ello me siento honestamente muy mal, porque no soy una persona que no me defina, de manera clara, o estoy o no estoy, o soy o no soy, no hay indefinición. Pero las circunstancias y quizá es la primera vez en toda mi vida que me conducen a realizar una acto, una acto de abstención.
Entrando en lo particular, los artículos sobre los cuales hicimos la reserva algunos diputados básicamente del Partido Acción Nacional y lo que concierne a los míos, no voy a entrar a una exposición de motivos simplemente por lo largo de esta sesión. El primero, al que ya había hecho mención cuando interviene en la Ley de Ingresos de la Federación y lo dije que en este momento haría congruentemente la sugerencia, es elevar en la categoría de derechos, en la definición del Código Fiscal de la Federación, la contraprestación, los derechos por la prestación de servicios exclusivos del Estado, concretamente me estoy refiriendo a los servicios de suministro de energía eléctrica.
Para ello se propone, en consecuencia, la modificación a la fracción VI del artículo 2o., del Código Fiscal de la Federación, para que quede redactado en los siguientes términos:
"VI. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley para el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como para recibir servicios que preste el Estado y sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u organismos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no están previstas en la Ley Federal de Derechos.
También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados para prestar servicios exclusivos del Estado."
Hasta aquí, como se encuentra actualmente la redacción. La adición es la siguiente:
"Igualmente tendrán el carácter de derechos los servicios que presenten los organismos públicos descentralizados cuando se trate de actividades exclusivas del Estado".
También congruente con la proposición del Partido de Acción Nacional y no obstante los argumentos en contra que se han vertido sobre el particular y sin llegar a las posiciones de las cuales se aclararon algunas posturas, para evitar estar subordinado a una prisión preventiva en una presunta culpabilidad, sin que haya sentencia y alcanzar los logros de los derechos humanos de los cuales formamos parte en los tratados respectivos, se propone la siguiente adición al capítulo segundo del Código Fiscal de la Federación, en donde se tipifican todos los delitos fiscales, el cual quedaría redactados en los siguientes términos, bajo el numeral 115- C:
"Tratándose de los delitos fiscales, sea cual fuere la pena establecida en este capítulo, el procesado tendrá siempre el derecho de libertad caucional, siempre y cuando garantice el interés fiscal ante el juez que conozca de la causa penal en cualesquiera de las formas previstas en el artículo 141 de este Código".
Igualmente y también lo apuntábamos desde los trabajos en el seno de la comisión y volvimos a reiterarlo aquí varios diputados, resulta nefasto que se establezca la obligación de adquirir y comprar las facturas a establecimientos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, volveríamos al famoso papel oficial, por ello lisa y llanamente se propone eliminar del dictamen el párrafo segundo del artículo 29 de la iniciativa del Ejecutivo Federal.
Congruente con la adición de la fracción II del artículo 2o., del código fiscal en cuanto a la modificación a los derechos y atento a los tiempos legislativos que no podrían tener lugar ahora, puesto que ya se aprobó, se está aprobando en estos momentos la Ley Federal de Derechos, se propone que la adición al fracción VI del artículo 2o., entre en vigor a partir del 1o., de enero de 1993; se tendría el tiempo suficiente para que se incorporara en la Ley Federal de Derechos el capítulo respectivo, entre otros, para regular por ley la tarifa correspondiente a la contraprestación por los servicios de suministro de energía eléctrica.
Como se trata de una ley que adiciona, modifica y reforma diversas disposiciones fiscales dentro de cuyo capitulado se encuentran diversos ordenamientos jurídicos y salvo que la Presidencia resuelva u ordene lo contrario, me permitiría para concluir mi intervención, también dar lectura a la propuesta correspondiente de
modificación a las disposiciones atinentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El Presidente: - Decida, diputado, está reservado el capítulo relativo al impuesto sobre la renta. Si usted desea hacer las observaciones de una vez acerca de este capítulo, es su voluntad.
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Muchas gracias, señor Presidente.
Entrego y doy cuenta a la Secretaría de las propuestas que se hacen al Código Fiscal de la Federación.
En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta, quisiera hacer una aclaración que valga la pena para que tengan los mejores elementos de juicio.
Se trata concretamente de la deducción de automóviles que, como venía en la iniciativa, estaba prácticamente eliminada esa deducción. Se hicieron propuestas de diversos sectores, agrupaciones y de algunos miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Finalmente se había establecido en el proyecto de dictamen, una cantidad tope de 60 millones como automóviles utilitarios. Vino una contrapropuesta nuestra equivalente a 5 mil salarios diarios, que saldría más o menos como en 60 y tantos millones de pesos. Sin darnos cuenta nos estábamos metiendo un autogol, porque el hecho de mandar los salarios mínimos, no tiene la posibilidad de actualización en los términos del artículo 7- C de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Rectificamos esa postura y ésta es la que precisamente estamos proponiendo en función del dictamen que ya fue presentado y nada más modificando el primer párrafo. Consecuentemente, el artículo 46, fracción II, primer párrafo, se propone que quede redactado en los siguientes Términos:
"Las inversiones en automóviles, sólo serán deducibles hasta por el momento de 60 millones de pesos, siempre que sean automóviles utilitarios". Y sigue el segundo párrafo:
Ahorita el dictamen habla de 12 veces el salario mínimo elevado al año, que sale más o menos 56 millones 400 mil pesos aproximadamente. Estamos hablando de un diferencial de 3 millones y pico.
Si hemos estado aduciendo aquí de hacer el mejor esfuerzo de no estar modificando las leyes cada año en materia tributaria o al menos modificar los pocos artículos que fueren necesarios de ajuste mínimo, pues creo que debiéramos regresar a la cantidad para que tenga el ajuste natural en los términos del Código Fiscal de la Federación.
Entrego, en consecuencia, a la Secretaría y que dé cuenta de la propuesta de modificación al primer párrafo de la fracción II del artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ramiro Robledo, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: - Señor Presidente, yo me inscribí para hablar a favor de que se sostenga el dictamen por lo que respecta a la modificación del artículo 2o., tanto de la iniciativa como del propio dictamen del código fiscal. En pro del dictamen.
Compañeros diputados: en la terminología dada por la academia y por la teoría del derecho tributario, de 10 años atrás, se establecían simplemente cuatro clases de gravámenes: los impuestos, las tasas o derechos, los productos y los aprovechamientos. El impuesto era algo así, impuesto como tal, se quisiera o no, por el solo hecho de encuadrarse en una hipótesis que establecía la ley; ganar dinero, vender una cosa, tener un bien, etcétera. Y se justificaba, era a cambio de recibir todos los servicios públicos que el Estado puede dar de una manera indivisible, la seguridad nacional, los servicios de la burocracia, la educación gratuita, etcétera.
Me acuerdo que decía la teoría y lo recogía así el Código Fiscal de la Federación: son tasas o derechos aquellos gravámenes que se pagan en contraprestación por un servicio público que se requiere y se demanda particularmente al Estado. Ir a solicitar el registro de un embargo, ir a solicitar el registro de un acto de estado civil, etcétera.
Son productos todos los que recibe el Estado, decía la teoría y el antiguo Código Fiscal de la Federación, por actividades que sean de carácter privado. Si el Estado había empezado a intervenir en muchos renglones de la economía a sustituir parcialmente actividades de la iniciativa particular y tenía un comercio, una industria, una fábrica o cualquier otra cosa por el estilo, lo que vendiera o lo que obtuviera por esa actividad era un producto y ésa era una definición clara. Y era aprovechamiento todo lo demás por exclusión:
una herencia, una donación, una multa, los gastos de ejecución; cualquier otra cosa.
Después fueron surgiendo en la dinámica del derecho público, del derecho fiscal, que es una de las disciplinas que cambian mucho la evolución de la sociedad y las relaciones económicas, obliga a estar revisando constantemente las leyes fiscales como quizá después de la legislación electoral, los últimos 10 años, sea la que más cambios ha tenido por razones de una inercia, creo yo, muy positiva, evolutiva de la sociedad mexicana y de toda su estructura social y económica.
Después de eso, los organismos descentralizados que sustituyeron fundamentalmente a los patrones de una obligación que el Constituyente de 1917 les dejó, que fue la de brindar casa- habitación y salud a los trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el seguro social y otros organismos con esas funciones creados por el Estado exprofesamente para cumplir con aquel mandato constitucional, naturalmente que empezaron a pedir contraprestaciones. Había una discusión de carácter teórico como la que pudiéramos enfrascarnos ahora para discutir la bondad o la inadecuada propuesta de un cambio en la definición del concepto de derecho como propone el orador que habló antes aquí.
Y bien simplemente se discutía si eran derechos o si eran impuestos o cualquiera de las dos cosas.
De una manera práctica y sencilla, la legislación positiva, el legislador los antecesores de nosotros en esta Cámara fueron resolviéndolo empezando a denominarles de una manera más identificada, en un lenguaje más sencillo, más al alcance de todo mundo, en este caso de los contribuyentes y simplemente se le creó una figura y su nombre a esas aportaciones, a esas contribuciones que se hacen a cambio de recibir un servicio que le toca originalmente a los patrones, ejemplificando en el Seguro Social y en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que ahora lo ha necesitado otra vez organismos descentralizados.
El concepto de productos sigue conservándose como era antes, simplemente un ingreso por actividades de derecho privado, pero los aprovechamientos, tan vaga definición, tan imprecisa, tan extensa, de comprender todos los ingresos por exclusión, se ha sufrido adecuaciones y precisiones y ahora ahí se comprenden los ingresos que tienen ciertos organismos descentralizados o empresas paraestatales, parte del capital, parte del Estado como sabemos, o creados exprofesamente por ley o por decreto del Ejecutivo los descentralizados y que venden productos o venden servicios o realizan actividades por las cuales simplemente establecen una tarifa a la que han llamado la doctrina y la ley, precio público. Y así como la comisión federal ahora o como la Compañía de Luz y Fuerza cuando servía, o cualquier otra empresa de esta naturaleza que ciertamente se ocupaban de explotar y brindar servicios, cuya generación, distribución, comercialización le corresponde originalmente a la nación, así como ellos venden un servicio como un precio público, así otras entidades lo hacen igual.
En el actual código, tratando de simplificar lo que quiero decir, en el actual código se define la segunda de las figuras tributarias, la del derecho, como las contribuciones.
Si me permite el señor Presidente, leer el texto del actual Código.
El Presidente: - Por favor, proceda la Secretaría a dar lectura al texto legal que pide el diputado.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: - Estamos hablando del Código vigente en este momento. El Artículo 2o., en su fracción IV, no es la VI como se dijo aquí hace un momento, creo que por un error, es la IV.
La secretaría diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Artículo 2o. Fracción IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados.
También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen..."
Servido, señor Presidente.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: - Muchas gracias, señor Presidente y señora secretaria.
Este es el texto actual: "Son derechos las contribuciones que establece la ley por usar o aprovecharse de los bienes del dominio público de la nación: la riqueza del subsuelo, las aguas, el espacio, etcétera, así como por recibir servicios.
que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presenten por organismos descentralizados. Hasta ahí el concepto. Los que presta directamente, centralizadamente, el Estado son derechos.
La ley excepciona por conveniencia, por facilidad de conceptos, excepciona aquellos servicios que presten los organismos descentralizados; ésos no los considera derechos, los denomina de otra manera, los denomina simplemente aprovechamientos, en el artículo 3o., es una denominación pragmática que ha hecho la ley para facilidad de consulta y para clasificación y estudio de toda la estructura tributaria.
Lo que se ha propuesto aquí, es que el precio que se cobra por el servicio público, que se ministra de la energía eléctrica, también se considere un derecho, simplemente es una concepción de denominaciones diferentes.
La ley considera derecho la carga que el impone a esos organismos descentralizados por dedicarse a prestar servicios públicos que le corresponden de manera exclusiva al Estado. Lo que queda a cargo de la Comisión Federal de Electricidad o de otra entidad por el estilo, equivalente, que se ocupe de ese cargo que le corresponde al Estado y que lo hace porque ha sido creada exprofesamente para eso, son derechos. El servicio que venda, la cosa que venda, el bien que brinde, simplemente la ley la denomina de otra manera: aprovechamientos.
No creo que modificando el concepto, aparte de entretenernos en disquisiciones de carácter teórico y académico, no creo que por diferenciar y llamar de otra manera a los mismos gravámenes, vayamos a conseguir una mejoría en el texto del código fiscal.
Yo creo que la adición que se hace ahora, no altera para nada los conceptos ni sus denominaciones, simplemente introduce una figura de excepción más al equivalente de los organismos descentralizados cuando ahora los equipara también a los organismos desconcentrados. Cuando ellos brinden un servicio que no esté considerado por la Ley de Derechos como derechos, no serán derechos.
Parece que no es tan simple técnicamente el punto que estamos discutiendo, pero en resumen, lo que quiero decir y es la posición de mi partido al respecto, la propuesta de cambiar de denominación a los conceptos de ingreso, conceptos diferentes que entran al Estado, no creo que signifique otra cosa más que variable de nombre, al final de cuentas los ingresos son los mismos, sus características técnicas jurídicas son las mismas y se suman para formar el mismo total global de ingresos para el presupuesto de la Federación de 1992. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Soto Prieto.
El diputado Roberto Soto Prieto: - Señor Presidente, son dos artículos que vengo a proponer, el artículo 14, fracción VIII del Código Fiscal de la Federación.
Señores miembros de esta honorable asamblea. Después de revisar con todo detalle el dictamen que en esta ocasión nos ocupa, que puso a consideración de este pleno la Comisión de Hacienda, considero conveniente que dicho dictamen carece de la total claridad y precisión que las leyes fiscales deben tener, dado que son de interpretación estricta.
Por ello creo conveniente completar las disposiciones que se pusieron a consideración de esta honorable asamblea, en relación al tratamiento fiscal que deben de tener los contratos de factoraje financiero, así como las empresas que prestan el servicio de factoraje financiero.
Por lo anterior, propongo a esta honorable asamblea, que en virtud de las adecuaciones al artículo 32- C del Código Fiscal de la Federación, en el que se reconocen diferentes efectos a diferentes contratos de factoraje financiero, se adiciona una fracción VIII al artículo 14 del citado código, a fin de que no se considere como enajenación para efectos fiscales, la cesión de derechos por factoraje financiero, cuando se trate de factoraje con mandato de cobranza o con cobranza delegada o se trate de créditos a cargo de las personas físicas sino hasta el momento en que se cobren los créditos correspondientes. El Texto de la fracción que ahora propongo es el siguiente:
"Artículo 14. Fracción VIII: La transmisión de derechos de crédito, relacionados a proveeduría de bienes de servicios de ambos, a través de un contrato de factoraje financiero, en el momento de la celebración de dicho contrato, excepto cuando se transmitan a través de factoraje con mandato de cobranza delegada, así como en el caso de transmisión de derechos de crédito a cargo de personas físicas, en los que se considerará que existe enajenación hasta el momento en que se cobren los créditos correspondientes.
"
El otro artículo, señor Presidente, es el artículo 14- A escisión. Dice así: "al inicio de los trabajos de esta Legislatura, se acercaron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, funcionarios de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, comentando con nosotros que existía un proyecto de iniciativa de reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la que se definiría el concepto de escisión y se pondría a consideración de esta Legislatura en el presente período de sesiones; sin embargo, dicha iniciativa no fue presentada".
Por ello y en virtud de que se considera conveniente la existencia de una definición de la escisión de sociedades para efectos fiscales, me permito proponer que dicha definición sea la que se contiene en la iniciativa presidencial al Código Fiscal de la Federación, por lo que pongo a la consideración que se adicione un artículo 15- A a dicho ordenamiento para quedar como sigue:
"Artículo 15- A. Se entiende por escisión de sociedades, la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital de una sociedad residente en el país, a la cual se le denominará escidente y a otras y otras sociedades residentes en el país, que se crean expresamente para ello, denominadas escindidas.
La escisión a que se refiere este artículo, podrá realizarse en los siguientes términos:
a) Cuando el escindente transmite una parte de su pasivo y capital a una o varias escindidas sin que se extinga, o
b) Cuando la escindente transmite la totalidad de su activo, pasivo y capital a dos o más escindidas extinguiéndose la primera."
Señor Presidente, hago entrega de estos documentos a la Secretaría. Muchas gracias.
El Presidente: - Correcto, diputado Soto.
En uso de la palabra el diputado Francisco José Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer una proposición.
El diputado Francisco José Dávila Rodríguez: - Señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros diputados:
En estos días todas las fracciones parlamentarias hemos sido partícipes de un intenso proceso de trabajo, de discusión y serena reflexión sobre las diversas medidas que carácter fiscal para el año próximo.
De una u otra manera todos los diputados hemos recibido comentarios y observaciones de diversos grupos sociales que han propuesto ajustar algunas de las medidas fiscales a situaciones específicas o de plano replantearlas para reducir posibles efectos.
Conforme a las normas de diálogo y concertación, premisa fundamental de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados y la flexibilidad de la propia Secretaría para ajustar el sistema tributario a la realidad económica y social del país, se está avanzando en el diseño de un sistema impositivo que sea cada vez más preciso en aras de la justicia social, acorde a la cambiante realidad propiciada por la modernización integral de nuestro país.
Un sistema tributario efectivo es aquel que lleva implícito en sí las directrices que precisen las cartas fiscales dentro de un marco de equidad y claridad para que en su ejercicio sea fácil el operativo. Se debe considerar que la condición cualitativa es perfectible en función de ciertas modificaciones.
Por este motivo, me permito comentar que la iniciativa de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, reconocemos la profundidad de los cambios y el espíritu de equidad en el pago de los impuestos que contiene la misma, de acuerdo con el marco de desregularización de las actividades económicas.
En dicha iniciativa el Código Fiscal de la Federación establece en el artículo 29- B, que el transporte de mercancías por territorio nacional sus propietarios o poseedores deberán acompañarlas con la documentación necesaria para amparar sus efectos fiscales de conformidad con las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es importante destacar que esta redacción no precisa a qué documentos se refiere ni delimita las responsabilidades fiscales de transportistas y usuarios. Esta modificación amplía esta obligación que era únicamente para mercancías de importación y ahora se amplía a todas las que se transportan por el país.
Considero que el sector de transporte debe coadyuvar a dar transparencias a las responsabilidades de quienes participan en el embarque, propiedad y traslado de las mercancías, ya que los porteadores transportamos, entre otros, bienes
debidamente embalados y los usuarios propietarios de las mercancías dicen lo que éstos contienen y nos los entregan para su acarreo sin posibilidad alguna de constatar lo dicho por el embarcador.
La propuesta de adición del artículo 29- B, antes 29- A, al Código Fiscal de la Federación, ha producción confusión y abre la posibilidad de revisiones indiscriminadas y de irregularidades de las prácticas e inspecciones a las mismas carreteras, limitando el libre tránsito de las mismas y complicando los embarques de las mercancías, particularmente los productos del campo y perecederos.
Por la importancia de este artículo y por la consecuencia que puede tener para los autotransportistas el no cumplir adecuadamente con la obligación que plantea este precepto y con la finalidad de clarificar responsabilidades y flexibilizar la aplicación del mismo, proponemos a esta soberanía se modifique el texto del artículo en mención en los términos siguientes:
"Artículo 29- B. En el transporte de mercancías por el territorio nacional sus propietarios o poseedores deberán acompañarlas, según sea el caso, con el pedimento de importación y la nota de remisión, de envío, de embarque o despacho, además de la carta de porte.
Dicha documentación deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 29- A.
Los propietarios de las mercancías deberán proporcionar a quienes la transportan la documentación con que deben acompañarlas, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
No se tendrá tal obligación en los casos de mercancías o bienes de uso personal o menaje de casa.
La verificación del cumplimiento de la obligación a que se refiere este artículo sólo podrá efectuarse por las autoridades competentes, de conformidad con las leyes fiscales federales."
Esta propuesta me permito hacerla llegar a la Presidencia de esta honorable asamblea, por conducto de la Secretaría. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - En los términos de los artículo 124 y 125 del Reglamento, solicito a la Secretaría someta a la consideración de la asamblea las propuestas de modificaciones, adiciones o supresiones presentadas en la asamblea, relativas a los artículo 1o. y 2o. del decreto, relacionados con el Código Fiscal de la Federación.
En consecuencia, solicito que dé lectura, una por una, a las proposiciones hechas y las someta a la consideración de la asamblea.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Es la propuesta que presenta el diputado Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional.
Código Fiscal de la Federación y se propone que la fracción VI del artículo 2o. quede redactada en los siguientes términos:
"Derechos son las contribuciones establecidas en ley para el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no están previstas en la Ley Federal de Derecho.
También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados, por prestar servicios exclusivos del Estado.
Igualmente tendrán el carácter de derechos los servicios que presten los organismos públicos descentralizados, cuando se trate de actividades exclusivas del Estado."
Se solicita se adicione un artículo en el capítulo segundo, que quedaría bajo el numeral 115- C...
El Presidente: - Señorita secretaria, ¿me permite un segundo?
Esta proposición, por favor sométala a la consideración de la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se consulta a la asamblea si se somete a discusión la propuesta que hace el partido Acción Nacional, de la fracción VI del artículo 2o. quede redactada de la manera que ya fue leída por esta Secretaría.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No se acepta la discusión, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda en los mismos términos con la siguiente proposición relativa al artículo 115 inciso C, diputada.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se solicita se adicione un artículo en el capítulo segundo, que quedaría bajo el numeral 115- C, redactado en los siguientes términos:
"115- C. Tratándose de los delitos fiscales, sea cual fuere la pena establecida en ese capítulo, el procesado tendrá siempre el derecho de libertad caucional siempre y cuando garantice el interés fiscal ante el juez que conozca de la causa penal, en cualesquiera de las formas previstas en el artículo 141 de este Código."
El Presidente: - Por favor sométala a la consideración de la asamblea si es de admitirse a discusión o se desecha.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, se somete a consideración de la asamblea si ha de someterse a discusión la propuesta del Partido Acción Nacional relativa al artículo 115- C.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No se acepta, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría en los mismos términos con la siguiente proposición, relacionada con la derogación del segundo párrafo del artículo 69, del propio Diputado Hamdan.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se propone adicionar bajo el numeral sexto de disoluciones transitorias lo siguiente...
El Presidente: Perdone la Secretaria. ¿Quisiera verificar la proposición de que se trata? ¿Si la proposición que acaba de ser desechada es la relativa al artículo 115- C?
La Secretaria Diputada A. Irma Piñeiro Arias: Es 115- C, señor Presidente.
El Presidente: - Es correcto. También hay una relativa el artículo 29, en que se propone su derogación.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arías: - Si señor, hay una.
El Presidente: - Si puede someterla entonces.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se propone la eliminación del segundo párrafo del artículo 29 de la iniciativa del Ejecutivo Federal.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión o se desecha esa proposición.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta...
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - No.
El Presidente: - La proposición es que se suprima o se derogue el segundo párrafo del artículo 29. En consecuencia, no tiene redacción. ¿No sé, diputado Yunes, si desea que se lea el segundo párrafo del artículo 29?
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Sí, por favor.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a leer el segundo párrafo del artículo 29 del Código Fiscal, en los términos que viene en el dictamen.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Artículo 29, párrafo segundo. Los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser impresos en los establecimientos que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que cumplan con los requisitos que al efecto se establezcan, mediante reglas de carácter general. Las personas que tengan establecimientos a que se refiere este párrafo, deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa a sus clientes, a través de los medios magnéticos, en los términos que fije dicha dependencia, mediante disposiciones de carácter general."
Y la propuesta es que se elimine el segundo párrafo del artículo 29 de la iniciativa del Ejecutivo Federal.
El Presidente: - Gracias, señorita secretaria.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la proposición del diputado Hamdan, en el sentido de que se derogue este segundo párrafo que acaba de ser leído.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No se acepta, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría con la siguiente proposición, relativa al inciso sexto transitorio.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Inciso sexto transitorio. Deberá adicionar bajo el numeral sexto de discusiones transitorias, lo siguiente: El segundo párrafo del artículo 2o., fracción VI. Entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1993."
El Presidente: - Proceda la Secretaría a someterla a consideración de la asamblea.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No se acepta, señor Presidente.
El Presidente: - Resérvese la propuesta relativa al artículo 46, segundo, del impuesto sobre la renta, al momento en que se discuta este capítulo y proceda en seguida con las proposiciones presentadas por el diputado Soto, del Partido Revolucionario Institucional.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Propuesta de reforma al artículo 14, fracción VIII. La transmisión de derechos de crédito, relacionados a proveeduría de bienes de servicios de ambos, a través de un contrato de factoraje financiero en el momento de la celebración de dicho contrato, excepto cuando se trasmitan a través de factoraje, con mandato de cobranza o con cobranza delegada, así como en el caso de transmisión de derechos de crédito a cargo de personas físicas, en los que se considerará que existe enajenación hasta el momento en que se cubren los créditos correspondientes."
El Presidente: - Proceda la Secretaría a someterla a consideración de la asamblea, esta adición.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta la propuesta que reforma el artículo 14, fracción VIII, presentada por el Partido Revolucionario Institucional.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Inclúyase en el dictamen.
Proceda la Secretaría con la propuesta del diputado Soto, relativa al artículo 15- A, del Código Fiscal de la Federación.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Articulo 15- A. Se entiende por escisión de sociedades, la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital de una sociedad residente en el país, a la cual se le denominará "escindente", a otra u otras sociedades de residentes en el país que se crean expresamente para ello, denominarlas "escindidas"; la escisión a que se refiere este artículo podrá realizarse en los siguientes términos:
a) Cuando al escindente trasmite una parte de su activo, pasivo y capital a una o varias escindidas, sin que se extinga, o
b) Cuando el escindente trasmita la totalidad de su activo, pasivo y capital a dos o más escindidas, extinguidas la primera.
El Presidente: - Gracias, diputada Secretaria. Por favor, someta a la consideración de la asamblea si se admite a discusión e inclusión en el dictamen, la proposición a que se ha dado lectura.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se acepta la propuesta presentada por el Partido Revolucionario Institucional por conducto del diputado Roberto Soto
. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a someter a consideración de la asamblea, la proposición presentada por el diputado José Dávila.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Artículo 29- B. En el transporte de mercancías por el territorio nacional, sus propietarios o poseedores deberán acompañarla, según sea el caso, con el pedimento de importación, la nota de remisión, de envío de embarque o despacho,
ademas de la carta de porte. Dicha documentación deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 29 - A. Los propietarios de las mercancías deberán proporcionar a quienes las transporten, la documentación con que deberán acompañarlas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
No se tendrá tal obligación en los casos de mercancías o bienes para uso personal o menaje de casa. La verificación del cumplimiento de la obligación a que se refiere este artículo, sólo podrá efectuarse por las autoridades competentes, de conformidad con las leyes fiscales federales." El Presidente: - Proceda la Secretaría a someter a consideración de la asamblea esa proporción.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta la propuesta presentada por el diputado Francisco Dávila Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvase manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si los artículos 1o. y 2o. de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones fiscales se encuentran suficientemente discutidos.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se consulta a la asamblea si los artículos 1o. y 2o. del Código Fiscal propuestos, se encuentran suficientemente discutidos.
El Presidente: - Se aclara: de la Ley que Modifica, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales. La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Los diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvase manifestarlo... Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación nominal en conjunto con los demás artículos impugnados.
Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 3o. de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales relativas a la Ley de Coordinación Fiscal.
Está reservado el artículo 2o. por el diputado Arturo Torres, del Partido Acción Nacional y se han registrado en pro del dictamen, el diputado Ovidio Pereyra, en relación al mismo.
No habiendo más oradores registrados, proceda el diputado Arturo Torres a hacer uso de la palabra.
El diputado Arturo Torres del Valle: - Compañeras y compañeros legisladores:
La materia que es de tratarse, la Ley de Coordinación Fiscal Federal, creo que es de sumo interés para todos los diputados, ya que ésta es la ley secundaria que regula las participaciones que tendrán las entidades federativas y parte de estas participaciones los municipios, a través del reparto que ordenan las propias leyes locales.
En la Ley de Coordinación Fiscal Federal, en su artículo número segundo que me voy a permitir pedir a la Secretaría sea tan amable de leer, encontramos el siguiente párrafo:
El Presidente: - Proceda la Secretaría en los términos solicitados y ruego a los señores diputados guardar orden y silencio para continuar con la discusión.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "El fondo general de participaciones se constituirá con el 18.51% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en su ejercicio. La recaudación federal participable será la que obtenga la federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre hidrocarburos y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.
No se incluirá en la recaudación federal participable, los impuestos adicionales del 3% sobre el impuesto general de exportación de petróleo, de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y del 2% en las demás exportaciones, ni tampoco los derechos adicionales o extraordinarios sobre los hidrocarburos.
Tampoco se...
El Presidente: - Diputada, un momento por favor. Voy a pedir a los diputados guarden silencio, porque no se alcanza a escuchar debidamente la lectura de la Secretaría y le suplico
también la lectura clara de la disposición que se citó, por favor.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Tampoco se incluirá en la recaudación federal participable, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, de aquellas entidades que hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa en materia de este impuesto".
Servido, señor Presidente.
El diputado Arturo Torres del Valle: - En relación a este artículo que, a mí juicio, va en contra de la Constitución, porque en el artículo 73, fracción XXIX, podemos leer lo siguiente: ¡Es tan amable, señor Presidente, de pedir a la Secretaría?
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución, en el numeral que solicita el diputado. la secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Para establecer contribuciones sobre el comercio exterior, sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27.
Tercero. Sobre instituciones de crédito, sociedades de seguros. Cuarto. Sobre servicios públicos concesionados explicados directamente por la federación y
Quinto. Especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo; cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal y producción y consumo de cerveza, las entidades federativas participarán en el rendimiento de esas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine".
Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.
El diputado Arturo Torres del Valle: - Como ustedes se han dado cuenta, compañeros, por un lado tenemos en el artículo 2o., de la Ley de Coordinación Fiscal, un párrafo que dice; "No se incluirán en la recaudación federal participar de los impuestos adicionales de 3% sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y el 2% de las demás exportaciones".
Sin embargo, en el subinciso C del inciso 5 de la fracción XXIX, está dicho que serán los especiales sobre gasolina y productos derivados del petróleo, y posteriormente, en el párrafo al final que regula este subinciso, dice; las entidades federativas participarán en el rendimiento, motivo por el cual pienso y lo hago reconocido de ustedes a esta soberanía para que tomen la decisión correspondiente, a que este tercer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal Federal quede derogado.
Hago entrega de la petición de la Secretaría y les doy las gracias por su atención.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Ovidio Pereyra, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Ovidio Pereyra García: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En la iniciativa que envía el ciudadano Presidente de la República para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones fiscales, señala que las entidades federativas que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que se encuentren coordinadas con la federación al impuesto sobre adquisición de inmuebles y que hubieren celebrado con la misma convenios de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, donde se estipule la obligación de llevar un registro estatal vehicular, recibirán como incentivo el 100% de la recaudación que se obtenga por concepto de este último impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la Legislatura respectiva.
En esta iniciativa también se dice, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, que la entidad y los municipios deberán destinar cuando menos un 40% del incentivo mencionado en el párrafo anterior, a la ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la red carretera federal, estatal y municipal. Esto es a lo que se refiere la iniciativa en el artículo 2o. que es en lo particular a lo que nos estamos refiriendo.
Reunida la Comisión de Hacienda y en consideración a las apreciaciones de los miembros de la misma, los señores diputados, que algunos
de ellos, a la vez hicieron consideración a las propuestas de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, se dictaminó que considera acertada la propuesta del Ejecutivo de que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, reciban un incentivo del 100% por la recaudación del impuesto antes citado, se refiere al impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, siempre que asuman compromisos específicos al celebrar el convenio de colaboración administrativa respecto de este impuesto y en el que se establezca la obligación de llevar un registro estatal vehicular, en la medida en que el Registro Federal de Vehículos ya desapareció.
Por otro lado, la comisión suscribe que no considera conveniente la aprobación de la propuesta de adicionar un último párrafo al artículo 2o. de la ley que se comenta, relativa a que las entidades y municipios destinen el 40% de sus incentivos por concepto de la recaudación del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos a la ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la red carretera, toda vez que se sostiene que el uso de los recursos fiscales no debe tener destino específico y que éstos deben dedicarse a cubrir las necesidades prioritarias de las comunidades.
Sin embargo, en la medida en que se mantiene el deseo de otorgar mejores servicios a la comunidad, se recomienda por esta comisión dictaminadora a las entidades, que evalúen el dar como destino prioritario a los recursos adicionales a los que tendrán acceso por las modificaciones a la ley de referencia, el mantenimiento y ampliación de la red vial de sus localidades.
Por lo anterior tampoco resulta procedente la modificación al artículo 15 propuesta por el Ejecutivo, pero que en el dictamen de la comisión ya no se incluye.
Quiero hacer la aclaración de que en la Comisión de Hacienda se tomaron en cuenta las observaciones de las diversas entidades o personas que hicieron llegar a través de escritos o a través de los diputados y el eliminar estos párrafos del artículo 2o. este párrafo, el último y esta artículo 15 refleja la flexibilidad que existe de reformar, dentro de la comisión, medidas que no podríamos decir que afectan a los contribuyentes, dado que las entidades federativas y los municipios participan de este incentivo del |00% de la recaudación.
El dictamen abarcaría, es decir, la reforma quedaría nada más en el artículo 2o. de la forma siguiente, en el último párrafo.:
"Las entidades federativas que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que se encuentren coordinadas con la Federación en el impuesto sobre adquisición de inmuebles y que hubieran celebrado con la misma, convenios de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, donde se estipule la obligación de llevar un registro estatal vehicular, recibirán como incentivo el 100% de la recaudación que se obtenga por concepto de este último impuesto, del que corresponderá cuando menos al 20% a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determina la Legislatura respectiva."
Quiero señalar que las entidades ya tienen firmado un convenio de colaboración administrativa con varios anexos. Existe, está en vigencia el anexo número 7 que es el que regula la forma en que las entidades administrarán este impuesto, el impuesto sobre uso y tenencia de vehículos y en ese anexo se establecen las obligaciones que tendrá la entidad de llevar un registro de vehículos, la fiscalización de los vehículos de procedencia extranjera y todos los que estén afectados al impuesto sobre tenencia y uso de vehículos de manera general.
Pero deseo agregar en este momento que la política económica y fiscal que ha seguido el actual régimen, se ha dicho aquí reiteradamente de que ha sido positiva y yo también considero que así es. Ha habido una serie de factores o consideraciones que se ha dicho en ese sentido y yo deseo agregar, considerando el tema de la Ley de Coordinación Fiscal, que esa política económica y fiscal ha beneficiado a los estados y a los municipios.
Ha habido más recursos desde que se estableció la ley en 1980, se estableció en 1979, o me parece que en 1978, pero con vigencia a partir de 1980. Para este año se espera en el Presupuesto de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación, que las participaciones, estímulos y pagos por recaudación, estará en el orden de 30.90 billones de pesos, que es el 3.15% del producto interno bruto.
En 1991 las participaciones, estímulos, que esa política económica y los y pagos por recaudación eran de 27.10 billones de pesos, con una equivalencia en 3.21%
En 1992 la relación que había de participaciones y estímulos con la recaudación era de 20.6%, en 1992 será, perdón, de 20.6%; en 1991 era de 20.5%.
Quiero señalar en esta tribuna a esta honorable asamblea, que si se hubiera seguido con el sistema anterior de coordinación fiscal, que era muy débil o muy pequeño, hubiera habido en la actualidad duplicidad y a veces en tres ocasiones se podrían gravar a los contribuyentes, lo cual implica un desorden en las tasas de los impuestos, en los procedimientos y en la forma en que se acudían al contribuyente para que aportara sus contribuciones para el gasto municipal, estatal y federal.
Por otro lado, habría por parte de los estados a los municipios, no una colaboración muy clara y contundente, porque también los estados tenían una presión social o presión de hacer obras o presión de atender demandas de la comunidad, los recursos no les alcanzaban.
Los estados no daban las participaciones suficientes a los municipios, cuando las leyes estatales fiscales gravaban actividades o actos de distinta naturaleza, pero que los municipios no podrían gravar.
Por otro lado los municipios al gravar las actividades o actos, regularmente tienen una presión muy fuerte de instituciones o grupos que les impiden aplicar cabalmente las leyes fiscales.
Yo considero que de ahí fue la decisión de la Federación de establecer la ley de coordinación fiscal a la vez que implementaba la Ley del Impuesto al valor Agregado, en cuya ley de coordinación fiscal concurrían los impuestos federales, los estatales y los municipales, la mayoría de ellos en donde se fijaban tasas, una sola tasa u objetivos comunes en la ley.
Yo he oído aquí argumentos del diputado Fauzi, en donde ha dicho que hay déficits enormes en las entidades federativas. He oído aquí, no en esta discusión, pero en la de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, al diputado De la Garza, decir pues que los gobernadores se la llevan en la ciudad de México, gestionando participaciones.
He oído en esta tribuna al diputado Jorge Calderón, de que opina que se debe cambiar la relación de lo que perciben loe estados y los municipios, que haya fuentes seguras y confiables de ingresos para las entidades y los municipios, y que el actual sistema es extremadamente negativo para estados y municipios.
Hay conservadurismo fiscal. Pues miren, oí también al diputado, desconozco su nombre y al señor que está en seguida de usted también, de que retaba a técnicos para saber si era cierto que el incremento de las recaudaciones fiscales de las entidades y de los municipios había subido en la proporción en la que mi compañero Jorge Flores, había dicho.
Yo les voy a perdonar que me... les ruego me permitan decirles que yo fui tesorero municipal de Navojoa, Sonora de los años 1976 a 1979 y le aseguro a usted y a ustedes, señores, que era una verdadera angustia reunir la nómina de los trabajadores. Ya no digamos enfrentarse al problema del alumbrado público, la recolección de basura, la reparación de calles, el comprar dompe siquiera para que en las colonias populares, en donde no existe pavimento, se pudiera entrar o que las personas pudieran salir a sus empleos o a sus actividades.
Debo decirle que era verdaderamente problemático para una administración municipal, enfrentarse a las organizaciones para resolver sus problemas y que era muy fácil para las organizaciones, que debía contribuir con los impuestos, presionar a la administración municipal, para que se les redujeran los impuestos, las tasas, se les condonaran recargos.
Y pienso que la Ley de Coordinación Fiscal vino a salvar esta situación de pobreza en la que estaban los municipios. Debo decirles también y me perdonan ustedes, compañeros diputados, que en 1979 tuve la fortuna de entrar de ser designado tesorero general del estado de Sonora y a 15 días de haber estado en el puesto se aprobó la Ley de Coordinación Fiscal, en donde año con año, los ingresos se duplicaban. No tengo aquí los elementos para decirle a usted de cuanto era el incremento exacto ni cuáles eran las cantidades, pero le aseguro que durante cuatro años seguidos, tuvimos 100% aproximadamente de incremento, de los que hemos estimado, de la recaudación fiscal.
Pero de eso, venía el 20% para los ayuntamientos y los ayuntamientos ni siquiera estaban preparados administrativamente para usar los recursos y algunos de ellos aumentaron su gasto corriente, en lugar de usar la totalidad de los incrementos en gastos de inversión.
Algún diputado dijo aquí que era muy difícil gastar, bueno, de repente, puede ser momentáneamente difícil, pero luego siguieron adelante. Pero fue una bonanza, pero es una realidad lo que le estoy diciendo; fue una experiencia personal.
Después tuve la suerte de ser, de trabajar en la Comisión Permanente de Funcionarios
Fiscales, en donde ya se veía la presión por la modificación de los factores por cada entidad, pero ése es un procedimiento difícil que se siguió; algunos tuvieron la experiencia para hacerlo, para lograr buenos factores; otros no tuvieron experiencia y he aquí que con todo respeto yo le diría al compañero De la Garza que depende mucho también de la productividad y de la eficiencia que se lleve en la administración tributaria. Pero esa administración tributaria, ¿qué implica?, recaudación, ampliación de la base, fiscalización y tengo entendido que en Nuevo León, en algún tiempo, no tuvo fiscalización.
Luego entonces no se podía haber un incremento del factor de participaciones, aunque es lento, porque la federación, de acuerdo con las reglas establecidas en las leyes aprobadas, garantiza regularmente, las participaciones que tuvieron las entidades en los años anteriores. De ahí que en la Ley de Coordinación Fiscal, se vayan estableciendo reservas de contingencia y se vayan estableciendo mecanismos para que no se lastime a aquellas entidades que en su inicio no tuvieron un factor fuerte o que no han tenido la oportunidad de riqueza en sus entidades...
El diputado Jorge Zermeño Infante (desde su curul): - Señor Presidente: ¿Me permite hacer una interpelación?
El Presidente: - ¿Acepta una interpelación?
El diputado Ovidio Pereyra García: - Terminando.
El Presidente: - Prosiga, entonces.
El diputado Ovidio Pereyra García: - Aquí se ha dicho que los presupuestos en las entidades federativas son deficitarios. Yo creo que ninguna entidad federativa tiene presupuestos deficitarios. Quizá últimamente, pero en 11 años que tiene la Ley de Coordinación Fiscal, regularmente el gasto de inversión puede variar de 50% al 60%, aunque a medida que han pasado los años, se ha ido reduciendo. Claro, condiciones económicas, aumento de la población, algunos otros factores, o quizá exceso de administración. Pero yo no veo que ninguna entidad federativa renuncie al Convenio de Coordinación Administrativa que se tenía establecido y hay una razón sencilla: siempre les ha convenido.
Por otro lado, considero que las entidades federativas al igual que la Federación consideran también ellos, que es difícil gravar al contribuyente en dos o en tres ocasiones, o que es difícil también tener una estructura administrativa grande o que sencillamente hacer más fácil la administración tributaria.
Estas consideraciones que yo hago del sistema nacional de coordinación fiscal, son derivados de una experiencia personal y por supuesto, también del análisis de los convenios y de la ley.
Yo por esa razón ahora y para concluir, deseo someter a esa honorable Cámara de Diputados, el dictamen para su aprobación el dictamen que la Comisión de Hacienda y Crédito Público ha prestado y que ha sido aprobado en lo general, pero en lo relativo al artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal.
Lo remito para su aprobación. Muchas gracias.
El diputado Jorge Zermeño Infante (desde su curul): - Señor diputado. Usted habla casi de una situación paradisiaca en todas las entidades federativas; aparentemente y así lo señala, en ninguna entidad federativa se dan presupuestos deficitarios.
A partir de que entró en vigor la Ley de Coordinación Fiscal, según usted, todos los estados de la República están muy contentos porque reciben más participaciones de las que recibían antes.
En este artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en el que se recomienda que del 100% de lo que recibían vía participaciones por el pago de tenencias y uso de vehículos, se recomienda que se destine cuando menos el 40% para el mantenimiento de carreteras, yo creo que hay muchas ciudades de la República que difícilmente tienen presupuesto para siquiera mantener el pavimento de las ciudades.
La mayor parte de las carreteras son federales; yo quisiera preguntarle: ¿Si ya la Federación dejará en manos de los estados el mantenimiento de las carreteras?
Y quisiera hacerle esta pregunta concretamente: ¿cuánto es lo que se recauda en las entidades federativas y Cuánto es lo que se regresa la Federación vía participaciones? Si es cierto esto, tengo entendido que alrededor de un 80% viene a la Federación y más o menos un 20% se le regresa a las entidades federativas.
Quisiera que me precisara, ¿cuánto es lo que la Federación le regresa a las entidades?
El diputado Ovidio Pereyra García: - Mire, señor diputado. Yo considero que los ingresos
federales crecen, han crecido y siguen creciendo en una forma más dinámica que en las entidades y que en los municipios, porque son más los elementos que tiene la Federación, sencillamente considere usted a Petróleos Mexicanos, de cuyos impuestos no los tienen ni los estados ni los municipios, porque hay cierta materia que es exclusiva de la Federación, el gravamen de algunos artículos y siempre será mayor la participación, o sea, la recaudación de ingresos federales.
Si se hubieran quedado los impuestos como estaban antes, a nivel local y a nivel municipal, no hubieran seguido el mismo ritmo, se hubieran quedado más estáticos, inclusive algunos estados se manejaban a través de cuotas y en lugar de porcentajes en algunas actividades que eran gravadas con impuestos o contribuciones y año con año se tenían que estar negociando las cuotas por las que se cobraban impuestos, en especial me estoy refiriendo a impuestos agropecuarios y algunos otros.
Entonces era más difícil para los estados estar sosteniendo la presión del aumento de la cuotas que necesitaban para los ingresos que eran necesarios para sus gastos. Entonces automáticamente se iba regulando el crecimiento, no en la medida en que la Federación puede hacerlo.
Que no todos están contentos, pues es claro porque es un pastel en el cual todos participan y para eso están establecidos mecanismos que regulan los distintos factores de participaciones a los diferentes estados y ese cambio de factores o cambio de procedimientos, tienen que ser sometidos a la consideración de la reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, en donde es obvio que unos estados quieren y otros no quieren.
Me pregunta usted que si el mantenimiento de las carretera se los va a pasar la Federación a los estados, pues eso no le puedo contestar. No lo sé. Pero estoy de acuerdo con usted en que hay entidades en que en algunos municipios no haya carreteras, pero el objetivo que ya soborno , o sea, que ya no lo considera la comisión y que no se está sometiendo la consideración de esta cámara de diputados, nada más se recomienda, no es obligatoria y cada estado lo puede destinar de acuerdo a los fines que persiga o necesidades que tenga.
En cuanto a que si en la restauración hay algún equilibrio entre esta restauración que tiene cada estado con las participaciones, pues yo le diría que no, porque entonces el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León se llevarían..., o Tabasco, los que tienen algunos estados, impuestos muy fuertes en producción y servicios, se les tendrían que devolver un porcentaje mayor.
Entonces está regulado de acuerdo con un sistema que se establece en la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se combinan el número de habitantes, las recaudaciones anteriores, el esfuerzo administrativo y hay compensaciones a través de un fondo de fomento municipal y algunas reservas de contingencia. Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Alfredo Lujambio.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Señor Presidente; honorables diputados:
Qué bueno que nos hizo la aclaración el diputado que me antecede en el uso de la palabra de que fue tesorero municipal allá en su municipio del estado de Sonora, no entendí, no presté mucha atención. Parece que sí.
Un servidor de ustedes también tuvo un honor similar de ser tesorero en la ciudad de San Luis Potosí, aunque no venimos aquí a hablar de nuestro curriculum vitae, pero sí nos permite al menos quizá establecer algo constructivo de todo esto. Algo constructivo que es ponernos a platicar de algo que le interesa mucho al pueblo de México, que es la vida municipal, que es la suficiencia de los recursos en los municipios y que es el trato que sentimos claramente injusto, claramente inequitativo en este esquema que persiste de los convenios de coordinación fiscal del llamado sistema Coordinación Fiscal. Porque si deveras se quiere entrar a un proceso serio, de análisis, de cómo estamos distribuyendo en nuestro país el ingreso fiscal de la administración pública dentro de los tres niveles de gobierno, pues creo que tendríamos que voltear la cara para analizar cómo se encuentran los distintos municipios de la República, los 2 mil 400 municipios, en relación a su presupuesto per capita.
Porque esto quizá nos permitiría establecer puntos de referencia concretos sobre los cuales conversar, sobre los cuales debatir.
Y tengo aquí a la mano, un recorte, una hoja de un periódico local de San Luis Potosí, de fecha reciente, en el que el ayuntamiento público, como lo suelen hacer los ayuntamientos de Acción Nacional en todas partes donde gobierna, un estado mensual de sus finanzas públicas, en donde prestan los ingresos del mes, este se
refiere al informe financiero hasta el mes de octubre del presente año, que fue publicado dentro del mes de noviembre, los ingresos acumulados del año. Y luego lo correspondiente en la parte del egreso.
En la parte inferior el ayuntamiento de San Luis Potosí presenta cómo se distribuye el gasto en los diferentes renglones de la administración municipal en cada departamento y en los principales conceptos de gasto, tanto de gasto corriente como de gasto de inversión.
Entonces aquí podemos realmente conocer una Cuenta Pública, una Cuenta Pública que es entendible para cualquier persona, aunque no sea un experto en finanzas públicas y vemos que en el presente año el municipio de la capital del estado de San Luis Potosí llevaba recibidas participaciones federales, hasta el mes de octubre acumulado, de 20 mil 940 millones de pesos. Algo así como 2 mil millones mensuales en promedio. Y los ingresos totales de ese ayuntamiento, hasta esa fecha, eran de 54 mil 563 millones de pesos.
Yo quisiera entonces señalar que si hay interés serio del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos sentemos a hablar en serio y a fondo, entre nosotros primero y con las autoridades hacendarias para revisar este esquema, porque si vamos al presupuesto per capita, que es lo que nos daría ya un elemento de comparación decisivo y determinante, el municipio de la capital, este municipio que tomo de ejemplo, tiene un presupuesto per capita, tomando en cuenta que San Luis Potosí, tiene aproximadamente 800 mil habitantes, de algo así como 80 mil 0 90 mil pesos anuales.
El municipio de referencia, por algo así como 8 mil pesos al mes, tiene que darles a todos los habitantes de la capital los servicios de agua, de drenaje, de alumbrado, de seguridad pública, de tránsito municipal, de plazas y mercados, de obras públicas etcétera, etcétera, etcétera. Por 8 mil pesos mensuales tiene que brindar estos servicios.
Hagamos una comparación, señores diputados, con los presupuestos municipales de la República y con el presupuesto del Departamento del Distrito Federal que precisamente está por ser aprobado en fechas próxima, que es de 13 billones de pesos y encontraremos una desproporción verdaderamente injustificable en la forma en que se distribuye el presupuesto por habitante; en el Distrito Federal tendríamos un presupuesto de aproximadamente, si son, estamos hablando de 13 billones de población de 8 millones de habitantes, estaríamos hablando de algo así como 1 millón 500 mil pesos o 1 millón 600 mil pesos anuales, para servicios y obras públicas., contra un presupuesto de 80 ó 90 mil pesos en este municipio de provincia.
Entonces, señor diputado, no lo veo para ahora, no sé a dónde está, pero qué bueno que usted lo mencionó, ojalá que podamos establecer ese diálogo que permita hacer justicia a los municipios de la República, que permita hacer justicia a los estados, cuya dependencia de las participaciones es todavía más fuerte que la de los mismos municipios; en el estado de San Luis Potosí, el 90% de las participaciones, ya termino, el 90% de los ingresos del gobierno del estado, señores diputados, el 90% son participaciones federales y podría asegurar que todos los estados se encuentran en una situación mucho muy parecido. ¿Es esto hablar de soberanía de los estados?, ¿es esto hablar de federalismo?, eso está a la consideración de ustedes. Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos.)
El Presidente: - Agotado el turno de oradores en torno al artículo 3o. del decreto, voy a pedir a la Secretaría que dé lectura al párrafo tercero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que se propone se derogue, de acuerdo con la proposición del diputado Arturo Torres del Valle.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Párrafo tercero del artículo 2o. No se incluirán en la recaudación federal participable, los impuestos adicionales del 3% sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y del 2% en las demás exportaciones, ni tampoco los derechos adicionales o extraordinarios sobre los hidrocarburos".
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión la proposición del diputado Arturo Torres del Valle, en el sentido de derogar el párrafo tercero que acaba de ser leído.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta o se rechaza la propuesta presentada por el diputado Arturo Torres.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo 3o. de la Ley de Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales está suficientemente discutido.
La diputada secretaria Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutido el artículo 3o. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación nominal en conjunto, con los otros artículos impugnados.
Se abre el registro de oradores respecto de los artículos reservados 4o. y 5o. del decreto de Miscelánea Fiscal e informo a esta asamblea que han sido reservados el artículo 46, fracción XV, por el diputado Raúl Hernández y los artículos 8o., 48, 106 y 107 por el diputado Carlos Sandoval.
Se abre el registro de oradores e informo también que además de los diputados que han apartado estos artículos, se ha registrado para hablar en pro del dictamen el diputado Javier Garduño.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente.
El Presidente: - Sí, diputado, ¿dígame?
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Quisiera hacer una consulta, en el sentido de si ha lugar la discusión del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, particularmente de la fracción III del punto "G" de este artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Si ha lugar, desearía inscribirme en la lista de oradores.
El Presidente: - Diputado, lamento decirle que están suficientemente discutidos los artículos 1o. y 2o. de la Ley que estamos discutiendo y relativos al Código Fiscal de la Federación.
Una vez concluido el proceso legislativo en el cual estamos discutiendo, podrá hacerse uso del derecho que tiene cualquier diputado, pero por la vía de iniciativa, pero por el momento está suficientemente discutido y desgraciadamente no ha lugar a entrar nuevamente a la discusión de este artículo.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - ¿En qué momento entonces, señor Presidente, procedería? ¿Al término de esta sesión?
El Presidente: - Soló procedería al término de la sesión si se presenta una iniciativa de reformas de ley en los términos legislativos ordinarios o al Término de la sesión o en una sesión subsecuente.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Y finalmente ¿en qué momento de esta sesión se pudo considerar que se aprobaron en paquete todos estos artículos?
El Presidente: - Se están reservando para su votación los artículos reservados, ya sea aprobados los artículos no reservados y la votación en general de la ley y al final de la discusión de los artículos reservados se procederá en votación nominal a votar los mismos y podrá hacer cada diputado en lo individual separación expresa de los artículos que así lo considere en los artículos reservados.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática...
Si no se encuentra en este momento, tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Hernández, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Raúl Hernández Avila: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En sesiones anteriores en esta misma tribuna se ha hablado de la contaminación y una de las razones que se argüían para elevar el precio de las gasolinas fue precisamente el de disminuir o el de fomentar el desuso de ellas.
En relación con esto mi partido, Acción Nacional, quiere hacer algunas consideraciones para proponer dos iniciativas y quiero en este momento, señor Presidente, solicitarle ya que se hizo la reserva de dos artículos, uno sobre la Ley de Impuestos sobre Tenencia o uso de Vehículos y el otro en relación con la Ley de Aduanas, que se me permita abordarlos en este momento.
El Presidente: - Estamos en discusión de los artículos 4o. y 5o. del decreto, que son referentes a la Ley Aduanera y posteriormente se hará la discusión de los artículos 13, 14 y 15 del decreto que se refieren a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; ahora bien, si usted, diputado, desea tratar ambas propuestas en una sola vez, está en su derecho.
El diputado José Raúl Hernández Avila: - Muchas gracias, señor Presidente. Todos sabemos que la contaminación en esta ciudad se encuentra fuera de cualquier límite razonable, la calidad del aire está obligando a las autoridades del Departamento del Distrito Federal a proponer medidas de contingencia paliativas para reducir parcialmente el incremento de la contaminación en el aire. Este fenómeno no es privativo únicamente de esta ciudad; se manifiesta ya desgraciadamente en un buen número de nuestras ciudades más pobladas y aquellas que tienen mayor tránsito vehicular.
En el caso del Distrito Federal, las emisiones de los vehículos de combustión interna constituyen el 76% de las partículas contaminantes arrojadas a la atmósfera; por otro lado existen ya actualmente automotores conocidos como vehículos Emisión Cero, cuya introducción masiva aún no ha sido promovida por las autoridades competentes federales y capitalinas, ya que no se les han otorgado las licencias necesarias.
El Partido Acción Nacional considera que la introducción de estos vehículos conllevaría a una reducción sustancial de la contaminación del aire y dicho sea de paso, también de los niveles de ruido en esta ciudad.
Cabe aclarar que un vehículo impulsado por una batería eléctrica, si lo comparamos con aquellos de combustión interna, tiene una reducción del 99% en la emisión de hidrocarburos y monóxido de carbono, 88% en el óxido de hidrógeno y 25% en el bióxido de azufre. También por su mismo sistema de impulsión, prácticamente no producen ruido.
Un beneficio práctico para el poseedor de un vehículo de esta naturaleza, es el que debería estar exento de cumplir con las verificaciones establecidas por el Departamento del Distrito Federal para los autos de gasolina y también debería estar exento de la restricción del programa "Hoy no Circula". Por tanto, Acción Nacional considera conveniente que para estimular la introducción masiva de estos vehículos, se considere como exentos en el pago de diversos impuestos.
También es oportuno decir que existen en otros países subsidios directos para la fabricación de los mismos y también en algunas legislaciones ya se contempla la obligatoriedad de que exista venta de estos automóviles, en una determinada proporción que permita, gradualmente, el reemplazo de los vehículos de combustión interna.
Si se comienza pronto con la importación de estos vehículos, estamos ciertos que en un período corto de tiempo, que pensamos podría ser máximo de tres años, podemos contar con la tecnología que pueda fabricar dichos automóviles, sobre todo si se proporcionan también estímulos fiscales para la producción.
No tengamos miedo en que afectemos a la industria automotriz. Consideramos que dichas empresas, las automotrices establecidas en nuestro país, cuentan con la capacidad de inversión y tecnología para ofrecer nuevas alternativas.
Como legisladores, compañeras y compañeros de esta legislatura, no podemos concretarnos a adecuar la legislación a nuestras costumbres; debemos ir más allá, ser visionarios y tratar de conducir mediante las propuestas legislativas de todos los partidos políticos representados en esta honorable Cámara, los cambios que sean necesarios para la búsqueda y consecución de un ambiente más limpio y por lo tanto contribuir a la búsqueda y a la consecución del bien común.
En virtud de lo anteriormente expuesto, mi partido, Acción Nacional, quiere hacer entrega a esta Secretaría, la solicitud de dos adiciones, una al artículo 1o. en un segundo párrafo, del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, para quedar como sigue:
"Los vehículos emisión cero están exentos de ese impuesto. Para los efectos de este artículo, se consideran vehículos emisión cero a los que no sean impulsados por combustión interna."
Y con relación al artículo 46 de la Ley de Aduanas, adicionar una nueva fracción que quedaría bajo el numeral 15, como sigue:
"Los vehículos de emisión cero, esto es, refiriéndose a aquellos que estarían exentos de los aranceles de importación. Continúo, para efectos de esta fracción se consideran vehículos de
emisión cero a los que no sean impulsados con motores de combustión interna.
" Hago pues entrega a la Secretaría de ambas propuestas y por su atención, compañeros legisladores, muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Atalo Sandoval García.
El diputado Atalo Sandoval García: - Señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
A partir de las 13.00 horas del día de hoy, empezamos a discutir lo que popularmente se conoce como Miscelánea Fiscal. Por todos nosotros es conocido que esta Miscelánea contiene nueve leyes o códigos que en esta noche tendremos que discutir, modificar y aprobar, en su caso.
Esto indudablemente, desde mi punto de vista muy personal, es sin temor a equivocarme, una tortura a la que el Ejecutivo Federal somete a este Poder Legislativo.
Creo que los diputados debemos de ser conscientes de que definitivamente no es posible discutir, analizar y aprobar esta serie de códigos que, de alguna manera, van a surtir sus efectos en todos los ciudadanos mexicanos.
En virtud de ello, mi partido, el de la Revolución Democrática, hace esta propuesta de modificación al dictamen de la Comisión de Hacienda en su parte referida a la Ley Aduanera.
Si bien alguna de las modificaciones que se proponen en la Iniciativa podrían hacer más eficiente el trámite y frenar la corrupción imperante en las aduanas, otra de las modificaciones, limitan las atribuciones del gobierno en la materia, reduciendo con ello su margen de acción frente al extranjero.
No es admisible la reforma al artículo 8o, en su segundo, tercero y cuarto párrafos:
1o. Con la reforma a este artículo, se suprime el carácter de servicio público al manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior.
2o. Por lo anterior, el mecanismo general de autorización a los particulares para la prestación de este servicio, deja de ser de licitación pública.
3o. El pago de este servicio pasa de regirse por tarifas, para tratarse de un servicio público a fijarse "por acuerdo entre las partes".
En primer término, para darle agilidad al manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior, la ley actual ya contempla la posibilidad de que los particulares presten este servicio. No es necesario sacar de la esfera de derecho público esta función y sin embargo mantenerlo como tal permite al Ejecutivo garantizar que los particulares que presten este servicio sean quienes estén en mejores condiciones de hacerlo, pues la autorización mediante licitación pública, es el mecanismo más conveniente y menos discrecional para ello. En todo caso, si lo que se busca es mayor eficiencia, habrá que hacer más prontas las licitaciones.
En segundo término, sólo las grandes empresas tienen posibilidades de invertir en la infraestructura necesaria. Es predecible la monopolización de estos servicios en manos de los almacenadores de los grandes grupos financieros. Sin existir regulación estatal en lo que hace al pago de este servicio y proponer que las cuotas se fijen de acuerdo entre las partes, posibilita que los usuarios de estos servicios queden a merced de los monopolios en lo que respecta al pago de cuotas.
No es admisible la derogación del penúltimo y último párrafo del artículo 48. Argumento: el titular del Ejecutivo está promoviendo el cambio de normas que deberían realizarse atendiendo a las necesidades nacionales y, en última instancia, ser consecuencia de los términos en que se firme el eventual Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, al contrario de lo sucedido en Canadá, que una vez firmado el Tratado de Libre Comercio, procedió a modificar sus leyes, el Ejecutivo, previa su firma, ha promovido las reformas de diversas leyes. Estas reformas y particularmente las reformas a este artículo y al 106 de esta ley, constituyen una clara concesión anticipada a nuestro principal socio comercial.
No es admisible que si Estados Unidos ha mantenido una política proteccionista, incluso frente a Canadá, a pesar de haber firmado el Tratado de Libre Comercio, que el gobierno mexicano modifique sus leyes favorecidas a quienes no tienen mínimamente reciprocidad.
Derogar los citados párrafos de este artículo, elimina la posibilidad que el gobierno mexicano proteja, como actualmente se establece, a la industria y a la economía nacional frente a importaciones que la perjudiquen, mediante las modificaciones a los precios oficiales que actualmente constituyen la base mínima para la aplicación del impuesto general de importación.
Asimismo la reforma al artículo 106 y 107, realmente deroga la actual disposición, artículo 107,
primer párrafo, que establece los límites a la importación, a las zonas libres de mercancías, sin el pago de impuestos, cuando sean similares a la producción nacional que concurran a la misma.
Reciente muestra de la actitud proteccionista del vecino país del norte, es la declaración de Karla Hills: "en tiempos de crecimiento económico es muy difícil para el Congreso o inclusive para el pueblo de los Estados Unidos, entusiasmarse acerca de la liberación del comercio".
No son admisibles las reformas a los artículos 106 y 107. La propuesta de la iniciativa en este particular, rebasa las facultades del Ejecutivo; se pretende que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tengan la facultad de desgravar mercancías, siendo que ello es facultad del Congreso, según lo establece el artículo 73 constitucional, fracción XXIX, párrafo primero.
Voy a permitir, señores diputados, dar lectura al artículo 73, con su fracción y su párrafo citado, para establecer esta comparación que hacíamos anteriormente.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad (fracción XXIX) para establecer contribuciones (párrafo primero) sobre el comercio exterior.
Con esta derogación que el Ejecutivo está haciendo, o con estas modificaciones que el Ejecutivo está haciendo a los artículos 106 y 107 de la Ley de Aduanas, efectivamente el Ejecutivo pretende hacer nugatoria una facultad exclusiva del Congreso y particularmente de esta Cámara de Diputados.
Ante esta situación, el Ejecutivo violenta el artículo 73, como ya se expresó en su lectura. No conforme con ello, el ejecutivo violenta el artículo 49 constitucional, cuando este artículo a la letra nos dice:
"El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona."
Al modificar el artículo 106 y 107, el Ejecutivo por medio de leyes reglamentarias, faculta desgravar a las secretarías, antes citadas, en relación a esta materia.
Es por ello que me permito entregar a la Secretaría esta propuesta, en el sentido de que no se modifique ni se deroguen los artículos de la Ley de Aduanas que aquí mencionamos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Garduño, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Javier Everardo Garduño Pérez: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea:
Quisiera iniciar el apoyo al dictamen de la Comisión de Hacienda, respecto al capítulo de Ley Aduanera, con la propuesta del compañero diputado de Acción Nacional, para manifestarle en nombre de mi fracción parlamentaria, el Partido Revolucionario Institucional, nuestra complacencia por esta propuesta que ustedes nos hacen, de Acción Nacional.
Qué lástima que no fue posible que se presentara en comisiones, creo que hubiéramos quedado mejor, que aquí en la asamblea. Pero aceptamos desde luego, es una magnífica idea y nosotros quisiéramos proponer sin embargo, llegar al mismo fin que ustedes nos están proponiendo, pero utilizando otro instrumento.
La propuesta de nosotros es no incluir en la Ley Aduanera a nivel de franquicio, sino redactar una fracción arancelaria concreta, para vehículos con emisión cero y con una tasa gravable cero. Lo cambiamos de franquicia y como la técnica fiscal, aduanera, en estos casos creo que lo aconseja, sería incorporarlo en tarifas del impuesto general de importación, con tasa cero.
Si Acción Nacional está de acuerdo, en lo mismo si llegamos al mismo objetivo, es diferente procedimiento, si ustedes están de acuerdo, sería simplemente que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados eleve una solicitud para la creación de fracción arancelaria a la Comisión de Aranceles, a la Comisión Intersecretarial de Aranceles de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de esa manera se puede destacar la tasa cero para vehículos con emisión cero.
Si están de acuerdo, así redactaríamos el acuerdo de esta propuesta que coincide totalmente con el Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
Pasaríamos a, con todo respeto, pues manifestarnos en contra de la propuesta que está presentando el Partido de la Revolución Democrática, en la inteligencia que me declaro aquí que no entendí muy bien la propuesta, habría que leerla,
pero voy a hacer el intento para ver si le entendí y si la puedo leer, con mucho gusto.
Dice que no se reformen los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 8o. que se refiere a la cuestión de almacenaje y que ahora se está cambiando a prestar los servicios privados. Bueno, aquí lo que se trata de hacer es de que no solamente sigue siendo un servicio público o el almacenaje aduanero, sino que también esta prestación del servicio de almacenaje, pueda ser también por particulares y vamos a hablar aquí rápidamente cuál es el objetivo del Ejecutivo en materia aduanera.
En materia aduanera lo que se está dando en todo el mundo, en la aduana moderna podríamos decir, es una aduana en donde el despacho aduanero es automático, es momentáneo, no requiere de bodegas; un despacho aduanero con bodegas, es un despacho lento, que obstaculiza el libre tránsito de mercancías.
Entonces en todo el mundo las aduanas se están orientando hacia la eliminación de bodegas y que las bodegas en todo caso, vayan a costa de los importadores o los exportadores.
En estas condiciones, el gobierno trata de ya no construir más bodegas y en su lugar o en todo caso, escuelas u hospitales, qué sé yo. Pero bodegas, no es la orientación de una aduana moderna que debe de tramitarse rápidamente el despacho aduanal. Pero en los casos en que esto no sea posible, hay recintos fiscalizados que se convierten en bodegas, que le pagan al fisco el 3% de los ingresos brutos y que es un derecho que le sirve al gobierno para recaudar.
Pero además, en este sistema de servicio privado, vamos a decir, de almacenaje, bueno, pues de está también incorporando que tengan, deben de tener una serie de condiciones estas bodegas, con circuito cerrado, computarizado, que tengan conexión con el sistema computarizado de aduanas etcétera, etcétera, para garantizar el control de esas mercancías.
Nosotros sentimos que ésa es una modificación que va orientada precisamente para agilizar el despacho aduanero, no para privatizar un servicio que, insisto, no debe ser un sistema aduanero.
Aduanas debe dedicarse a despachar mercancías y no almacenarlas; ahí se cometen, como ustedes saben, muchos problemas, muchas irregularidades. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con esta propuesta, con todo respeto; ya expliqué cuál es la razón y cuál es la orientación que se está planeando en esta propuesta.
Incluso en esta propuesta la comisión...
El diputado Juan Enrique Caballero Peraza (desde su curul): - Señor Presidente: Pregunte al orador si acepta una interpelación.
El Presidente: - ¿Acepta una interpelación, compañero?
El diputado Javier Everardo Garduño Pérez: - Con mucho gusto.
El Presidente: - Adelante, diputado.
El diputado Juan Enrique Caballero Peraza (desde su curul): - Señor diputado: Nos es grato ver que pese a la hora y al cansancio de todos, compañeros de su partido y usted mismo están receptivos para propuestas del grupo parlamentario de Acción Nacional. Mi pregunta es la siguiente: usted recoge, en nombre de su partido, la propuesta de Acción Nacional en cuanto a lo arancelario, de los vehículos emisión cero. Nuestra propuesta fue en dos sentidos: una, la que usted ya mencionó y, otra la que reforma la fracción I de la Ley de Impuestos sobre Tenencia y Uso Vehículos, donde también sugerimos la adición de que quede exento del pago de tenencia. Mi pregunta es si usted, en representación de su partido, estarían dispuestos también a recoger esta propuesta que ya está clara y que podría aprobarse en ese momento.
El diputado Javier Everardo Garduño Pérez: - Tiene usted razón, compañero, que ya a estas horas el cansancio ya no nos permite captar bien las cosas. Yo le entendí al señor Presidente que dejó al señor diputado, de su partido, hacer la propuesta y tocar al mismo tiempo uso y tenencia y aduanas, en su momento, en el momento en el momento en que está ya organizado el debate. Yo nada más me refiero a la Ley Aduanera; mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional, cuando toquen uso y tenencia, ellos también harán una propuesta concreta.
Entonces estábamos en el 48; que se eliminen, que no se eliminen algunos párrafos, ¿verdad? El 48, la base gravable del impuesto general de importación, viene en el capítulo de base gravable y del impuesto general de importación. No se están eliminando, que yo sepa y aquí tengo la ley anterior; lo único que se está incluyendo es de que como excepción a lo dispuesto en el
párrafo primero, la Secretaría de Comercio escuchando a la Hacienda y Crédito Público y en los términos de la legislación, Hacienda podrá fijar y modificar los precios oficiales de las mercancías de importación.
Lo que pase es de que no venía en la iniciativa ese párrafo, pero precisamente en el dictamen de la comisión, se creyó conveniente, como usted lo plantean ahora, que sí debería de quedarse y así viene el dictamen, viene incluido ese párrafo en donde la Secretaría de Hacienda, oyendo la opinión de Comercio, puede fijar los precios oficiales de mercancías de importación.
Pero ustedes saben que este sistema ya se esa totalmente eliminando, el de los precios oficiales, por esta nueva base gravable que es una metodología del Consejo de Cooperación Aduanero, de Bruselas, pero éste nada más va a regir, incluso hasta 1993, porque para 1993 de acuerdo con nuestra adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, tendremos que cambiar también la base gravable y ahora se ira a otra base que es el valor normal del GATT que es otro sistema, un poco complicado, que ya nos tocará en su momento discutirlo. Pero lo que quiero dejar muy claro, es de que no se eliminan estos párrafos, quedan exactamente el penúltimo y el último; el penúltimo es el que acabo de leer, que es: "Como excepción a los dispuestos en el párrafo primero etcétera, etcétera."
Y el último dice: "En los términos del párrafo anterior, los precios oficiales se fijarán o modificarán sólo tratándose de importaciones que puedan ocasionar perjuicios a la industria o a la economía nacional y constituir la base mínima para la aplicación del impuesto federal de importación." O sea, quedan incluidos en el dictamen; entonces yo creo que ahí ya no tenemos problema.
Después nos vamos al 106y 107, que es que el título quinto se compacta entre lo que era antes y ahora se compacta en zona libre y zona fronteriza o franjas fronterizas, mejor dicho; es desarrollo portuario, zonas libres y franjas fronterizas.
Entonces la modificación del 106 no lleva ninguna jiribilla, es lo que ya se tenía y es de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previa opinión de la Secretaría de Hacienda, determinará por medio de disposiciones de carácter general las garantías que estarán en total o parcialmente desgravadas con los impuestos al comercio exterior, en zonas libres y en las franjas fronterizas. O sea, que aquí tienen facultades la Secretaría de Hacienda para gravar y desgravar, según sea el caso, exclusivamente en zonas libres y franjas fronterizas, está delimitado, no es en todo el país y esto será con base en el 131 constitucional, esto es la facultad que tiene el Ejecutivo y que ya lo veíamos el día de ayer, para modificar durante un año fiscal los aranceles y nos va dando cuentas trimestrales en el informe de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y que se acumula anualmente y en un transitorio de la Ley de Ingresos aprobamos todas las modificaciones que se dieron durante el año.
Entonces no sé si les parezca cómo lo dejó ya redactado en el 106 en su primer párrafo, la comisión; si me lo permiten, se los vuelvo a leer, si no tienen inconveniente, dice: "La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías que estarán total o parcialmente desgravadas con los impuestos al comercio exterior en las zonas libres y franjas fronterizas" Nada más, no es en todo el país, nada más en zonas libres y franjas fronterizas.
Yo creo que con eso se resuelve 100% la duda que se tenía en el 107, en realidad no tenemos ningún cambio, aquí dice que no se modifique el 107, no se modifica. Dice: "la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá puntos de revisión...", así se modifica, no se elimina, se pone:"...se establecerán puntos de revisión en los lugares que se fijen" y la modificación fue cerca de los límites de las zonas libres y de las franjas fronterizas, porque en la iniciativa venía "libre", o sea, no decía..., "la Secretaría de Hacienda establecerá los puntos de revisión...", ¿en dónde? ¿En todo el país? ¡No es posible!
Entonces, son: "...los puntos de revisión cerca de los límites, de las zonas libres y de las franjas fronterizas". Esto es, a la salida de esas zonas libres y de esas franjas fronterizas a su internación al país, ahí es donde se hará la revisión que, pues comúnmente se conoce como el "22", el "28", son los kilómetros donde se ponen las garitas para poder despachar las mercancías que entraron previamente a las zonas libres y a las franjas fronterizas y que, posteriormente se reimportan al interior del país. Es lo que también viene una modificación a la Ley Aduanera, en donde que ver con la "reexpedición".
Así que en estos términos, compañeras y compañeros, para ya no cansarlos más, simplemente les queremos decir a nuestros amigos del Partido d la Revolución Democrática, que si están satisfechos con esta explicación que nos hemos
propuesto ofrecerles, si ustedes están de acuerdo, pues no le damos entrada a esta propuesta, o como ustedes digan. O si me quiere interpelar, con mucho gusto. ¿No? ¡Muy bien! Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra Atalo Sandoval, para rectificar hechos.
El diputado Atalo Sandoval García: - Con su permiso, señor Presidente: En primer lugar, quiero agradecer la sinceridad del señor diputado que me antecedió, cuando afirma que no entendió bien la propuesta, pero que, sin embargo, su partido o él votarán en contra.
Yo creo que efectivamente, dado el sinnúmero de documentos que han rolado, yo reconozco que, efectivamente, en el 48 sí se coincide; pero creo que el artículo 29 constitucional es muy claro en este sentido. El Congreso tiene efectivamente facultad y es el único que tiene facultad en legislar en materia de comercio exterior, como se establece pues en este artículo constitucional. Por eso mi partido sigue sosteniendo en el caso de los artículos 106 y 107, la propuesta que estamos haciendo y sigue sosteniendo, pues, que el Ejecutivo Federal se está extralimitando al usurpar funciones que no le corresponden y entregarlas a dos dependencias del Ejecutivo Federal. Muchas gracias.
El Presidente: - Se va a proceder a desahogar las proposiciones presentadas.
Pregunto primero al diputado Atalo Sandoval, si de lo que acaba de exponer se excluye de su exposición lo referente al artículo 48
El diputado Atalo Sandoval García (desde su curul): - Sí
El Presidente: - Correcto. Entonces proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición del diputado Sandoval, con excepción de lo referente al artículo
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - El diputado Atalo Sandoval García, del Partido de la Revolución Democrática, propone que no se reformen ni deroguen los siguientes artículos de la Ley Aduanera:
"Artículo 8o. Que no se reformen el párrafo segundo, tercero y cuarto."
"Artículo 106. Que no se modifique".
El Presidente: - Proceda la Secretaría a someter a consideración de la asamblea si se admite o desecha esta proposición.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucción de la Presidencia, se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Consultaría al proponente, al diputado Hernández Avila... ¿Se encuentra en el salón de sesiones?...
Bueno, como no está en el salón de sesiones y no habiendo un desistimiento formal de su proposición, proceda a darle lectura la Secretaría y sométala a la consideración de la asamblea.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - El diputado Raúl Hernández Avila, del Partido Acción Nacional, propone adicionar con una fracción el artículo 46 de la Ley de Aduanas, que quedaría bajo el numeral XV, como sigue:
"Los vehículos de emisión cero para efectos de esta fracción, se consideran vehículos de emisión cero a los que no sean impulsados por motores de combustión interna."
El Presidente: - Gracias, ciudadana secretaria. Bien, consulte la Secretaría a la asamblea si los artículos 4o. y 5o. del decreto de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - ¿No se va a votar ésta?
El Presidente: - ¿Hay otra proposición?
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Sí.
El Presidente: - Perdón. Someta a la consideración de la asamblea, perdone usted, la propuesta del diputado Hernández Avila.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Aria: - En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por
el diputado Raúl Hernández Avila, del Partido Acción Nacional.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Bien. Consulte la Secretaría a la asamblea si los artículos 4o. y 5o. de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas disposiciones Fiscales y relativos a la Ley Aduanera, se encuentra suficientemente discutidos.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si los artículos 4o. y 5o. de la Ley Aduanera se encuentra suficientemente discutidos.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlos...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Bien. Se reserva para su votación nominal en conjunto, con los demás artículos impugnados.
Se abre el registro de oradores para la discusión de los artículos 6o., 7o. y 8o. del decreto de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales y relativa a las diversas modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Esta Presidencia recuerda a la Secretaría que ha quedado presentada una proposición del diputado Fauzi Hamdan, relativa al artículo 46, fracción II, de esta Ley del Impuesto Sobre la Renta e informa que están registrados para hacer uso de la palabra, los siguientes diputados: la diputada Liliana Flores Benavides, el diputado Héctor Morquecho, el diputado Arturo Torres del Valle y el diputado Roberto Soto Prieto, Y también hago del conocimiento de la asamblea que hay otra proposición presentada por el diputado Jorge Calderón.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra, perdón, ciertamente se habían registrado para hablar acerca de la proposición, el diputado Fauzi Hamdan y el diputado Jorge Flores Solano.
El diputado Jorge René Flores Solano (desde su curul): - Por la comisión también.
El Presidente: - Por la comisión.
En virtud de que es la primera proposición, diputado, tiene usted el uso de la palabra.
El diputado Jorge René Solano: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeros: Agradezco la gentileza de su responsabilidad para continuar con nuestro proceso en torno de esta ley.
Yo quisiera recoger la proposición que el Partido Acción Nacional presentó en relación a la fracción II del artículo 46 del impuesto de la renta, referente a modificar el dictamen, para que en vez de "veces salarios mínimos", regresemos a la propuesta original del Ejecutivo, de que se mencione, en relación con los vehículos, el tope de 60 millones.
Pero también quisiera yo que consideráramos una modificación a este artículo 46, en relación al texto que se contiene, en donde habíamos considerado la conveniencia de precisar los requisitos que debiera de tener la identificación de los vehículos, porque consideramos que no es completa y que dejaríamos a las personas físicas con actividad empresarial que no tienen logotipo, sin una precisión reglamentaria que les permitiera hacer uso de esta deducción. Nosotros pretendemos que sustituyendo, en el caso del logotipo, por una leyenda que diga: "vehículo utilitario" y que tuviera otros requisitos, en ese espacio podría quedar este artículo 46 como sigue:
"Artículo 46, fracción II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de 60 millones de pesos, siempre que sean automóviles utilitarios".
Hasta aquí la propuesta de nuestro compañero del Partido Acción Nacional; agregaríamos el siguiente párrafo:
"Para efectos de esta fracción, son automóviles utilitarios, aquellos vehículos que se destinen exclusivamente al transporte de bienes o prestación y servicio relacionados con actividades del contribuyente que no se encuentren asignados a persona en particular, que permanezcan fuera del horario de labores en el lugar específicamente designado para tal efecto, debiendo tener todas las unidades un mismo color distintivo y ostentar en ambas puertas delanteras el emblema o logotipo del contribuyente no cuente con emblema o logotipo, el total del espacio asignado al mismo
deberá de ocuparlo con la leyenda: "automóvil utilitario", el emblema, logotipo y leyenda que lo sustituya deberá de ocupar un espacio mínimo de 40 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho y abajo de dicho espacio deberá inscribirse la leyenda: "propiedad de..." seguido del nombre y denominación o razón social del contribuyente que lo deduzca, con letras cuya altura mínima sea de 10 centímetros. El emblema, logotipo y leyendas deberán ser de un color distinto y contrastante al color del automóvil".
También quisiera proponer a esta asamblea, concordantemente con lo anterior, que debe de modificarse el dictamen que aquí se analiza, para eliminar la aceptación de la reforma propuesta al primer párrafo del artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que propuso el Ejecutivo, ya que dicha iniciativa no contempla el supuesto de autos parcialmente deducibles, por lo que al fijarse en el artículo 46 este límite de 60 millones, por la posibilidad de deducir los autos de categoría "A", esta sustitución nos permitiría restablecer las posibilidades de deducciones parciales.
Por lo anterior, proponemos que se elimine la reforma al primer párrafo del artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta contenida en la iniciativa sometida a esta Cámara, quedando dicho párrafo como se contiene en el actual texto en vigor.
Y quisiera también, con la venia de ustedes, como hemos comentado no es sencillo este ejercicio legislativo, que hay algunas modificaciones que no aceptamos al texto del Ejecutivo, que requiere por lo mismo tocar otros que me permitiría explicarles a continuación.
La iniciativa presidencial de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales fue objeto de un análisis exhaustivo por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y fruto de ese estudio y de las aportaciones de los diputados miembros de la comisión, así como planteamientos ejecutados por diversos sectores de contribuyentes, se hicieron modificaciones tanto de forma como de fondo al texto del Ejecutivo, que es necesario que continuáramos esa corrección para no trastocar el sentido de las propuestas que no aceptamos.
Así decía yo, que sin embargo subsisten algunas referencias equivocadas, las cuales es pertinente precisar para que la ley tenga mayor claridad. En la iniciativa presidencial se propuso el cambio del término "deuda" por el de "pasivo", misma que la comisión no consideró conveniente efectuar conservándose en consecuencia la terminología de deudas que establece la actual ley en vigor. Por tal motivo, es conveniente ser congruentes con dicha decisión y conservar en la ley referencia a deudas, asimismo existen otras precisiones de referencias, razón por la cual propongo a este honorable pleno los cambios a los artículos 74, 114 - K, 80 - a, 141 - A de la fracción I del artículo 7o. de las disposiciones transitorias del impuesto sobre la renta.
Y aclaro, por lo que se refiere al primer párrafo del artículo 74 se propone a esta asamblea modificarlo con objeto de eliminar del texto la referencia a los pasivos. Por tal motivo y para ser congruentes con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el primer párrafo del referido artículo deberá de quedar en los siguientes términos:
"Artículo 74. Están obligados al pago del impuesto establecido en este título, las personas físicas residente en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes o en crédito, en servicios, en los casos que señale esta ley o en cualquier otro tipo. La ganancia inflacionaria es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas; también están obligadas al pago del impuesto las personas físicas residentes en el extranjero que radiquen en actividades empresariales, ofrecen servicios personales independientes en el país a través del establecimiento permanente o base fija por los ingresos atribuibles a esos..."
Por lo que se refiere al artículo 119 - K existen dentro de su primer párrafo errores en las referencias toda vez que se hace mención a las salidas remitiéndonos al artículos 119 - B debiendo ser al 119 - E; por tal motivo se propone aclarar dicha disposición en los siguientes términos:
"Artículo 114 - K. Los contribuyentes a que se refiere esta sección efectuarán pagos provisionales trimestrales a cuenta del impuesto anual, a más tardar en la fecha que le corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 - L de esta ley, mediante la declaración que se presentará en la oficinas autorizadas; el pago provisional se determinará restando la totalidad de las entradas a que se refiere el artículo 119 - B correspondientes al período comprendido desde el inicio del año calendario hasta el último día del trimestre a que se refiere el pago y las salidas determinadas en los términos del artículo 119 - E de la ley correspondientes al mismo período y aplicando el resultado la tarifa determinada conforme al siguiente párrafo, contra el impuesto a pagar podrán acreditar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad...", termina la referencia.
En relación al artículo 80 - A y 141 - A dentro de las modificaciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se observa: una reestructuración en las tarifas del subsidio fiscal tanto la del pago provisional como la del subsidio del ejercicio; que nosotros cuidamos que las modificaciones que el Ejecutivo introduzca sean las que efectivamente se refirió el señor Secretario de Hacienda a que el subsidio sería del 50% sobre la carga fiscal del contribuyente, por esa razón ajustamos esas tarifas pero es importante que en el rubro del subsidio se sustituya el rubro del porciento de subsidio sobre la cuota fija por el de "una cuota de subsidio específica"; sin embargo al actualizar las tablas del subsidio, se actualizan las columnas del límite superior y el inferior y se omite actualizar la cuota del subsidio, en perjuicio de los contribuyentes.
Es por ello que someto a consideración de este pleno, la propuesta de reformar el segundo párrafo posterior a la tabla contenida en el artículo 80, último párrafo de dicho artículo, así como reformar el segundo párrafo posterior a la tabla contenida en el artículo 141, en los términos que a continuación me permito exponer.
Artículo 80. Las cantidades establecidas en las columnas correspondientes al límite inferior y superior y cuota de subsidio de cada renglón de la tabla, se actualizarán trimestralmente en los términos del artículo 7o. - C de esta ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga las operaciones aritméticas en este párrafo y publicará la tabla actualizada en el Diario Oficial de la Federación... Tratándose de pagos provisionales trimestrales, la tabla que utilizará para calcular el subsidio será la contenida en este artículo, elevada al trimestre. Asimismo, tratándose de pagos provisionales que efectúen las personas físicas con actividades empresariales, la tabla que se utilizará para calcular el subsidio, será la contenida en este artículo, elevada al período al que corresponda el pago provisional o el ajuste, según sea el caso.
La tabla se determinará sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota de subsidio de cada renglón de la misma, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del trimestre o del período de que se trate y que correspondan al mismo renglón. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará las operaciones aritméticas previstas en esta párrafo para calcular la tabla aplicable y la publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 141 - A. ...Los contribuyentes podrán actualizar la tabla contenida en este artículo, sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota de subsidio de cada renglón de la tabla, que en los términos del artículo 80 - A de esta ley resulte para cada uno de los 12 meses del año y que correspondan al mismo renglón. El resultado de las mismas será la tabla actualizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el mes de enero del año siguiente a aquél en el que se determine la tabla, hará las operaciones aritméticas previstas en este párrafo y la publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Por último, en relación al artículo 7o. de disposiciones transitorias de la fracción I, tenemos la finalidad de analizar debidamente la congruencia de la reforma fiscal en su conjunto que hemos sometido a su consideración. Por ello, si en la Ley del Impuesto Sobre la Renta se están modificación diferentes cantidades contenidas en los preceptos y esto se hace para actualizarlas en base a los índices de aumentos de precios, no tendría caso que a esas cantidades se les aplicara la actualización trimestral correspondiente el primer trimestre del próximo año, por lo que sometemos a esta asamblea una propuesta de disposición transitoria, para no llevar a cabo en perjuicio de los contribuyentes esta actualización.
Así, en la medida en que en las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se omitió eliminar la fracción I de artículo 7o. de la Ley, propongo sustituir el texto de la fracción I del artículo 7o. de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, para que quede en los siguientes términos:
Artículo 7o. ...Las cantidades en moneda nacional a que se refiere el artículo 7o. - C de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que deberían actualizarse en el último trimestre de 1991, en los términos de dicho artículo y que se modifican por lo dispuesto en el artículo 6o. de esta ley, no se actualizarán en el mes de enero de 1962 y para lo efectos de la actualización correspondiente al segundo trimestre, considerarán como mes anterior a aquél en que se efectúe la última actualización, el de diciembre de 1991.
Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, señor Presidente. Dejo aquí en manos de la Secretaría el texto íntegro de las modificaciones, para los efectos que haya lugar. Gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado. Pido a la Secretaría que verifiquen si los artículos a los que acaba de hacer referencia el diputado Jorge
Flores, distintos al 46, fracción II, que ya estaba reservado, fueron reservados en su oportunidad, de otra manera se entenderá que los artículos estaban votados.
Sólo me estoy refiriendo al momento procesal en el que estamos. Se hizo una reserva de artículos en lo particular, entre los cuales estaba el 46 fracción II, pero en lo que a mi entender respecta, no estaban reservados ni el 20 ni el 74, ni el 119, ni el 140, ni el 80, ni el 141. El 141 si estaba reservado, tiene razón y el 80, también.
Entonces, pido a la Secretaría que verifique si esa reserva estuvo hecha en su oportunidad y mientras tanto tiene el uso de la palabra la diputada Liliana Benavides, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Liliana Flores Benavides: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El Partido de la Revolución Democrática ha sostenido que la estructura impositiva del país no ha tenido el grado de progresividad que se requiere, sobre todo si se atiende a la grave y creciente desigualdad que la distribución de la riqueza prevalece.
1. El impuesto sobre la renta que debería ser el impuesto redistributivo por excelencia, perdió grados de progresividad en los años recientes, al conjuntarse los siguientes fenómenos:
a) El deterioro de la capacidad adquisitiva real del salario mínimo y de los salarios en general, provocados por el efecto combinado de la inflación y de la política de contención de los ingresos de los trabajadores, abajo de los índices de crecimiento de los precios al consumidor.
b) El mantenimiento de la unidad de salario mínimo como referencia para la exención del pago del impuesto sobre la renta de los trabajadores con niveles de ingreso más bajos.
La situación descrita provocó que en términos reales importantes segmentos de trabajadores con ingresos nominales o iguales o aún superiores al salario mínimo vigente hasta 2.3 veces el salario mínimo paguen el impuesto de la renta, no obstante percibir ingresos reales inferiores o equivalentes a un salario mínimo de 1982.
Esta situación es contraria al espíritu del impuesto sobre la renta y ha provocado un deterioro adicional a los ya castigados ingresos de los trabajadores, por esa razón se propone la exención total de impuestos sobre la renta para aquellos ingresos mensuales hasta por 2.1 salarios mínimos, modificándose la estructura de las tarifas y los rangos de ingreso contenidos en los artículos 80 y 141 de la ley.
2. Por otro lado, las modificaciones incorporadas a la estructura de las tarifas del impuesto sobre la renta para persona físicas que prestan servicios subordinadas, tendió a provocar una subida muy rápida de la tarifa, concentrándose la mayor pendiente de la curva de ascenso de las tarifas marginales, entre los ingresos nominales superiores a uno y seis salarios mínimos.
La situación descrita comenzó a modificarse tímidamente con los subsidios fiscales aprobados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para el año fiscal de 1991, pero su efecto es todavía insuficiente para corregir la alta gravación a los niveles bajos y medios de asalariados y empleados.
Por esta razón se propone considerar la posibilidad la estructura de las tarifas y los rangos de ingreso en los artículos 80 y 141 de la ley, en la forma en que puede observarse en los cuadros que vamos a exponer más adelante.
Con esta modificaciones el impuesto sobre la renta ganaría en progresividad, ajustándose de mejor manera a los objetivos que le corresponde cubrir en una sociedad con una alta desigualdad social, como es la mexicana, al reducir la carga fiscal para ingresos bajos y medios pero sin aumentar en forma significativa la carga fiscal relativa a los ingresos más altos.
3. Es una opinión generalizada en la población la de que el sistema tributario mexicano es bastante complejo y difícil de manejar para los causantes. Con el objeto de contribuir a su simplificación, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone la modificación de los artículos 80 y 141 de la ley que se comenta y la derogación del artículo 80 - a y 141 - A.
Para alcanzar estos objetivos, se propone simplificar la fórmula del cálculo del impuesto, haciéndola directa al aplicar la tasa que corresponda a cada nivel de ingresos, sin necesidad de calcular el pago combinado una cuota fija con tasa marginal.
Se propone eliminar la cuota fija y mantener una tasa que se aplique directamente al nivel del ingreso del causante.
Igualmente se propone derogar el artículo 80 - A que se incluye en la iniciativa, por considerar que el efecto que se busca es similar, pero mucho más simple. Si sencillamente se modifican las tasas correspondientes en los artículos 80 y 141 de la ley.
Por todo lo anterior, proponemos que los artículos mencionados queden de la siguiente manera:
En el artículo 80, proponemos que se establezca una tabla que dice: Límite inferior y límite superior y por ciento para aplicarse para los ingresos mensuales. Yo aquí tengo una tabla, pero yo considero que no es conveniente por la hora y por el cansancio leerles toda la tabla, pero en todo caso, sí explicarles cuál es el sentido de la tabla.
Nosotros estamos proponiendo que de 0.1 a 2.1 salarios no se aplique ninguna tarifa. De dos salarios a cuatros, se grave con un 5%; de 4.23 a 6.3 un 75% y así sucesivamente.
¿En esencia qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo que la curva de gravación ascienda más suavemente, lo que implica gravar menos a los salarios bajos y bajos medios y por otro lado que aquellos salarios que sean de 0 a 2.1 salarios, no sean gravados.
Proponemos por lo tanto también, que el artículo 80 - A se derogue, porque como ustedes saben, en ese artículo se establecen subsidios. Nosotros, con la propuesta que tenemos de la tabla anterior, ahí estamos bajando las tarifas, pero a pesar de que estamos bajando las tarifas, esta baja en las tarifas en una especie de subsidio mayor que la que se propone en el artículo 80 - A.
En el caso del artículo es exactamente el mismo sentido, nada más que esto es para los ingresos anuales. Por lo tanto proponemos una tabla similar y también proponemos que el artículo 141 - A, donde se establecen subsidios para aplicarse a los ingresos anuales, sea derogado. Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor Presidente; deseo en una sola intervención tratar dos, tres reflexiones sobre la Ley del Impuesto Sobre la Renta, lo que se refiere al artículo 13 y sobre impuestos sobre tenencia y uso de vehículos. Quisiera saber si se me concede de esa manera, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Compañeras y compañeros diputados: Dentro de las cuestiones que el Partido Popular Socialista le ha llamado la estación y se ha permitido precisar, es lo referente a lo que ha propuesto el Ejecutivo en el sentido de no gravar o gravar hasta el 50% cinco salarios mínimos.
Esta iniciativa en este sentido ya el Partido Popular Socialista la ha valorado como positiva, en un sentido relativo, pero en nuestra opinión no es suficiente y por esa razón quiero ratificar de esta manera que iremos a votar en contra de esta propuesta, por ese lado.
Y por el lado de una preocupación que no ha surgido y en este caso pediría...Quería referirme a una tabla que quisiera que la comisión diese una respuesta, en virtud de que, repito, me estoy refiriendo en el caso del impuesto sobre la renta, a lo que significa la reducción del gravamen que estoy señalando.
Resulta que en la tabla que tengo en mis manos y que circuló por la Comisión de Hacienda, para el año de 1991, diciembre de 1990 y enero de 1991, un ingreso mensual por la cantidad de 739 mil 200 pesos, tenía una tarifa de 28 mil 262 pesos; el subsidio era de 17 mil 200.94, teniendo que pagar la persona en este caso sujeta a esto, tendría que pagar 10 mil 968 pesos. Ahora, como se plantea para el año de 1992, tendríamos una tarifa de 41 mil 795 pesos; luego el subsidio sería de 19 mil 817, pagando la persona sujeta a esto la cantidad de 21 mil 977 pesos. Quiere decir que el importe, es decir, la diferencia es de 11 mil nueve pesos.
Entonces la duda que estamos planteando a la comisión en este sentido, es sobre que se está pagando más, a pesar de que hay una reducción en este gravamen. Esto constituye sin duda una contradicción.
El otro aspecto que queremos dejar asentado aquí, es el hecho de que se reculó, se dio marcha atrás a la iniciativa del Ejecutivo, para que no fueran deducibles de impuestos la adquisición de vehículos, conforme a lo que marca la propia iniciativa del Ejecutivo, conforme al criterio, a los debates, a las opiniones, que se dieron en este sentido y que además, como saben muchos, éste es en verdad un cuento muy viejo. Un cuento
muy viejo en el que esta maniobra se ha utilizado para no cubrir el pago justo correspondiente de los impuestos que deben cubrir única y principalmente las clases patronales, las empresas grandes que tienen capacidad de hacer este tipo de maniobras.
Entonces ahora se dio un retroceso, se dio un reacomodo, una renegociación mediante una serie de presiones y llegamos a un punto en que la intención del Ejecutivo no fructificó, no logró su propósito aun cuando sí se cuando sí se logró una parte ciertamente, repito, positiva. Pero como no avanzó en el sentido que nosotros por la experiencia que tenemos hubiésemos deseado que avanzara, es que vamos a votar en contra.
Ese es el otro aspecto que quería dejar asentado en esta cuestión.
Y el tercer punto, compañeras y compañeros diputados, es para una propuesta: La propuesta es sobre un asunto que ya también algunos compañeros diputados han hecho referencia, es con relación a lo que establece en el cuerpo del dictamen compañeros diputados, en el artículo 16 de esta Ley del Impuesto Sobre tenencia, porque es otro aspecto que también se presentó sujeto a muchas presiones. Lo relativo a que habrían de cobrárseles impuestos a los vehículos de 10 años hacia atrás. Se manejó que estos recursos serían para los gobiernos de las entidades federativas, que esa captación sería para aplicárselos a los ingresos de los gobiernos estatales y que los propios gobiernos estatales plantearon a Hacienda, a la Secretaría de Hacienda, que se diera esa medida.
Entonces, como ustedes saben, resulta que hubo unos cambios, la Comisión de Hacienda hizo los cambios, dejó a un lado al Poder Ejecutivo Federal que fuera el que implementara esta medida de captación y simplemente lo trasladó a que fueran los gobiernos de los Estados los que ejercieran de esa manera esa política de ingreso.
Puede decirse como no han dicho últimamente aquí en la tribuna, que somos contradictorios los del Partido Socialista en el sentido de que queremos un presupuesto de ingresos amplio, para ejercer egresos amplios también y que al propio tiempo estamos demandando que se derogue el impuesto al valor agregado, que se reduzcan una serie de impuestos, gravámenes, en fin.
Quiero decir con esto, lo siguiente: No estamos en contra de que los gobiernos estatales incrementen sus ingresos de manera sana, positiva, democrática, popular y en favor de nuestro pueblo. No estamos en contra de que incrementen los ingresos los gobiernos estatales.
Y claro, al trasladar la comisión la responsabilidad a los gobiernos estatales sobre este gravamen, se mantiene precisamente la actitud injusta, la política injusta de que como quiera y de todas maneras se graven a esos vehículos: motocicletas viejas, carros viejos, en fin, de todo tipo, con el fin de que los gobiernos estatales incrementen sus ingresos.
Entonces nosotros sostenemos que definitivamente eso es completamente negativo, porque se va a afectar a las fuentes de escasos recursos, a la gente de trabajo, a la gente que hace el esfuerzo por resolver sus problemas con grandes dificultades, en tanto que se dejan intactas las grandes fortunas, las grandes ganancias, los elevados ingresos de las empresas monopólicas, de tal suerte, como ustedes saben, que prevalecen, perviven en municipios pobres, sin recursos, para obras y servicios públicos fundamentales, en tanto que las empresas enclavadas ahí mismo, siguen teniendo un ritmo ascendente de progreso en su propio beneficio.
Es ahí en esa parte donde el Partido Popular Socialista plantea que debe recaer la política fiscal para captar ingresos sanos, para que los que más ganan, paguen más impuestos y al pueblo ya se le deje descansar y se le dé una oportunidad de poder resolver sus problemas.
Entonces lo que ha establecido la Comisión de Hacienda, es agregarle al artículo 16 del cuerpo del dictamen, una frase que es precisamente la que permite que se dé esa medida que he estado señalando.
Por esa razón voy a dejar aquí en la Secretaría la propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista. Se propone que se elimine el párrafo del artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, que está inscrito en el presente dictamen que esté a discusión y que a la letra dice:
"Lo dispuesto por este artículo, no se aplicará a los vehículos a que se refiere la fracción V del artículo 5o. de esta ley." Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diciembre de 1991. Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Héctor Morquecho Rivera. Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional.
El diputado Arturo Torres del Valle: - Compañeras y compañeros diputados:
Por fin se ha dado el caso, después de tanto tiempo de estarlo solicitando, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya concedido la deducibilidad de la participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas.
Desgraciadamente ha condicionado esta deducibilidad a que no sea total. Como ustedes saben y ya tuvieron tiempo de leer la Miscelánea Fiscal, los salarios mínimos, no la parte de salarios mínimos que se pagan, hacen que en esa proporción no sea deducible la participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas, por parte de la empresa, así como los gastos de previsión social.
Y aquí me hago la pregunta: ¿por qué se va castigar a las empresas que tienen el deseo de mejorar la vida de sus trabajadores y de coadyuvarlos en materia educativa, en deporte y en alimentación? ¿Cómo es posible que se estén dificultando las relaciones obrero - patronales, quitándole la deducibilidad a esa proporción que pagan a sus obreros y a sus trabajadores?
Por otro lado, también debemos de pensar de que las empresas que han dado estos beneficios sociales a sus trabajadores, lo han hecho a través de una negociación, una negociación sana, a través del tiempo, entre los representantes de los trabajadores y la empresa.
¿Por qué, repito, si se analiza esta cuestión, van a estar en desventaja las empresas que han sido sensibles a las necesidades de sus trabajadores y las que no dan ninguna participación sí van a poder deducir el 100% de las participaciones en las utilidades a los trabajadores?
Es materia de reflexión que las leyes, si algo no nos parece, si algo no fue justo, para eso está honorable soberanía, para corregir antes de que se cometa un error.
Las empresas que pagan salarios mínimos, pues yo creo que son cada día las menos, afortunadamente , la mayor parte de las empresas, sobre todo donde hay mayor desarrollo económico, ya es muy raro que paguen salarios mínimos a sus trabajadores; la mayor parte pagan alguna cantidad, en algunos casos el doble o más de los salarios mínimos y es muy bueno y es muy justo. Pero las empresas que están teniendo problemas económicos que son las que pagan menos, si a caso empezarán a recuperarse económicamente y a tener participaciones, tendrían el problema de que no las pueden deducir.
Por otro lado, también vamos atendiendo a lo que es la justicia fiscal. La justicia fiscal implica que para yo poder deducir un gasto, para alguien es acumulable y viceversa, yo acumularé lo que otra persona puede deducir. En el pasado teníamos este injusto caso de las participaciones, en la que los trabajadores les acumulaban de sus ingresos y les cobraban impuesto sobre la renta o sobre producto de trabajo, por esta ganancia que le daban o que repartían las empresas, mientras que las empresas no podían deducirlo. Ahora sí lo pueden hacer, pero como les digo, limitado en estos casos.
Desgraciadamente aquí las empresas que son las que pagan la participación, es a las que no se les deja deducir la totalidad y esto también tiene un perjuicio para los trabajadores, los patrones defienden muchas veces y buscan no pagar la participación, precisamente con el pretexto de que no es deducible y los que están aquí, los compañeros que son representantes de los trabajadores, me podrán dar la razón de lo que cuesta que las empresas paguen a sus trabajadores la participación, precisamente por la injusta situación fiscal en que se encuentra.
Para poder corregir esta situación para la justicia fiscal más elemental y que las empresas paguen a sus trabajadores y éstos perciban un mayor ingreso y nuestra vida vaya mejorando, desde luego, vaya acortando las diferencias en lo que cabe, entre los que todo tienen y los que apenas pueden sobrevivir, el Partido Acción Nacional propone a esta soberanía la siguiente que voy a leer:
Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
Con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a esta soberanía la siguiente propuesta:
Unico. Que se regrese a comisión para el efecto, se adicionen y ajusten diversos preceptos de Ley del Impuesto Sobre la Renta, donde se toca lo relativo a la deducción de la participación a los trabajadores en las utilidades de la empresa, con
el propósito de que dicha deducción sea total, sin limitación alguna.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 11 de diciembre de 1991. - Por el grupo parlamentario de Acción Nacional Arturo Torres del Valle, servidor de ustedes. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - El diputado Fauzi Hamdan había reservado el artículo 16 para una supresión, sin embargo ya presentó la propuesta al 46 fracción II.
Bien, vamos a desahogar las diversas proposiciones presentadas, con relación a los artículos 6o., 7o. y 8o. del decreto que nos ocupa.
El Presidente: - Vamos a desahogar las diversas proposiciones presentadas, con relación a los artículos 6o., 7o. y 8o. del decreto que nos ocupa.
En primer término, voy a pedir a la Secretaría que si bien es cierto la propuesta del diputado Jorge Flores incorpora la propuesta del diputado Fauzi Hamdan, relativa al artículo 46, fracción II, primer párrafo, voy a pedir a la Secretaría que, en primer término, someta a la consideración esa proposición y en seguida haremos a proposición complementaria.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición del diputado Fauzi Hamdan, recogida por la proposición del diputado Jorge Flores.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - El diputado Fauzi Hamdan, del Partido Acción Nacional, propone que el artículo 16, fracción I, inciso C, se mantenga como actualmente se encuentra y, en consecuencia, se elimine el nuevo texto que aparece en la iniciativa del Ejecutivo Federal.
El Presidente: - Perdón, ¿estaba presentada esa propuesta?
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Sí.
El Presidente: - Correcto.
Entonces una propuesta distinta a la que se había presentado originalmente.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Hay otra.
El Presidente: - Son dos, correcto.
Entonces, en obvio de tiempo y dado que ya dio lectura a la proposición, someta a la consideración de la asamblea la proposición relativa al artículo 16, fracción I, inciso c, que no es la recogida por la propuesta del diputado Jorge Flores.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea...
El diputado Fernando Ortiz Arana (desde su curul): - Señor Presidente, que den lectura a la propuesta, por favor.
El Presidente: - Un momento, por favor.
Sí. Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición del diputado Fauzi Hamdan, relativa al artículo 16, fracción I, inciso c.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Propone que el artículo 16, fracción I, inciso c, se mantenga como actualmente se encuentra y, en consecuencia , se elimine el nuevo texto que aparece en la iniciativa del Ejecutivo Federal.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a someterlo a la consideración de la asamblea.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - En segundo término, voy a someter a la consideración de la asamblea...someta a la consideración de la asamblea la proposición presentada por el diputado Héctor Morquecho, del Partido Popular Socialista.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, en voz del diputado Héctor Morquecho.
Se propone se elimine un párrafo del artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que está inscrito en el presente dictamen, que está a discusión y que a la letra dice; "Lo dispuesto por este artículo no se aplicará a los vehículos a que se refiere la fracción V, del artículo 5o. de esta ley".
El Presidente: - Proceda la Secretaría a someter esta proposición a consideración de la asamblea.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Bien Pregunto a la diputada Liliana Flores Benavides y al diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, si la proposición de la diputada Flores Benavides sustituye la proposición hecha por el diputado Jorge Calderón y presentada anteriormente. ¿Así es?
La diputada Liliana Flores Benavides (desde su curul): - Si.
El Presidente: - Correcto.
En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta de la diputada Liliana Flores Benavides, para efecto de someterla posteriormente a consideración de la asamblea.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - La diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática, propone la exención total del impuesto sobre la renta, para aquellos ingresos mensuales hasta por 2.11 salarios mínimos, modificándose la estructura de las tarifas y los rangos de ingresos contenidas en los artículos 180 y 141 de la ley en comento.
El Presidente: - Someta a la consideración de la asamblea si es de admitirse o se desecha la proposición presentada por la diputada Flores Benavides.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura al primer párrafo de la fracción II del artículo 46, en la propuesta del diputado Flores Benavides, que recoge la propuesta del diputado Fauzi Hamdan...Flores Solano, perdón. Perdone usted.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Señor Presidente, esta Secretaría le informa que tenemos dos propuestas más de la diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente: - Correcto. Entonces proceda en primer término con las de la diputada Flores Benavides.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - La diputada Liliana Flores, del Partido de la Revolución Democrática, propone que es una opinión generalizada en la población la de que el sistema tributario mexicano es bastante complejo y bastante difícil de manejar para los causantes. Con objeto de contribuir a su modificación, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hace la siguiente propuesta:
"Modificación a los artículos 80 y 141 de la ley que se comenta y la derogación del artículo 80 - A y 141 - A. Para alcanzar esos objetivos se propone simplificar la fórmula del cálculo del impuesto, haciéndole directa, al aplicar la tasa que corresponda a cada nivel de ingresos, sin necesidad de calcular el pago combinando una cuota fija con una tasa marginal. Se propone eliminar la cuota fija y mantener una tasa que se aplique directamente al nivel de ingresos del causante."
El Presidente: - Proceda a someter a la consideración de la asamblea.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaria con la siguiente proposición.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - La diputada Liliana Flores, del Partido de la Revolución Democrática, propone:
"Considerar la posibilidad de modificar la estructura de las tarifas y los rangos de ingresos en los artículos 80 y 141 de la ley, en la forma en que puede observarse en los cuadros correspondientes expuestos más adelante. Con estas modificaciones el impuesto sobre la renta ganaría en progresividad, ajustándose de mejor manera a los objetivos que le corresponde cumplir en una sociedad con alta desigualdad social, como es la mexicana, al reducir la carga fiscal para ingresos bajos y medios, pero sin aumentar en forma significativa la carga fiscal relativa a los ingresos más altos."
El Presidente: - Proceda la Secretaría a ponerla a consideración de la asamblea.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura y someter a la consideración de la asamblea la proposición presentada por el diputado Arturo Torres del Valle, en relación con los artículos 19 - B, 57 - H, 57 - L, 57 - LL, 112 - B y 124.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - La propuesta que recibió esta Secretaría es la siguiente:
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a esta soberanía la siguiente propuesta:
"Único. Que se regrese a comisión, para efecto de que se adicionen y ajusten diversos preceptos de la Ley del Impulso Sobre la Renta, donde se toca lo relativo a la deducción de participación a los trabajadores en las utilidades de la empresa, con el propósito que dicha deducción sea total, sin limitación alguna"
Propuesta del diputado Arturo Torres del Valle, a nombre del Partido Acción Nacional, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda a someterla a consideración de la asamblea.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Bien. Proceda la Secretaría a dar lectura a la primera proposición del diputado Fauzi Hamdan.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - El diputado Fauzi Hamdan, del Partido Acción Nacional, propone que el artículo 46, en su fracción II, primer párrafo, quede redactado como sigue:
"Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de 60 millones de pesos, siempre que sean automóviles utilitarios."
El Presidente: - Correcto. Proceda la Secretaría a ponerla a la consideración de la asamblea.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta...
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el diputado Jorge Flores Solano.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - EL diputado Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, propone que los párrafos primero y segundo de la fracción II del artículo 46 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se reforme en los siguientes términos:
"Artículo 46, párrafo segundo. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de 60 millones de pesos, siempre que sean automóviles utilitarios. Para efectos de esta fracción, son automóviles utilitarios aquellos vehículos que se destinen exclusivamente al transporte de bienes o prestación de servicios relacionados con la actividad del contribuyente, que no se encuentre asignados a una persona en particular, que permanezcan fuera del horario de labores en el lugar específicamente designado
para tal efecto, debiendo tener todas las unidades un mismo color distintivo y ostentar en ambas puertas delanteras el emblema o logotipo del contribuyente y, en caso de que el contribuyente no cuente con un emblema o logotipo, el total del espacio asignado al mismo se deberá ocupar con la leyenda: "automóvil utilitario"; el emblema, logotipo o leyenda que lo sustituya, deberá ocupar un espacio mínimo de 40 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho y abajo de dicho espacio deberá inscribirse la leyenda: "propiedad de..." seguido del nombre, denominación o razón social..."
El Presidente: - Un momento, diputada.
Suplico a los señores diputados guardar silencio y poner atención al tratamiento de esta proposición, porque implica varios artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Prosiga, ciudadana.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "...Seguido del nombre, denominación o razón social del contribuyente que lo deduzca, con letras cuya altura mínima sea de 10 centímetros; el emblema, logotipo o leyenda, deberán ser de un color distinto y contrastante al color del automóvil".
El Presidente: - Bien. En virtud de que ya ha quedado aprobado el primer párrafo, proceda a someter a la consideración de la asamblea el segundo párrafo de la fracción II del artículo 46, en los términos en que se acaba de dar lectura.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Prosiga la Secretaría.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Nadie votó en contra, señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - Prosiga la Secretará.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - El diputado Jorge Flores, del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de este honorable pleno, la propuesta de reformar el segundo párrafo posterior a la tabla contenida en el artículo 80 - A y el último párrafo de dicho artículo, así como reformar el segundo párrafo posterior a la tabla contenida en el artículo 141 - A, en los términos que a continuación expone:
"Artículo 80 - A. Las cantidades establecidas en las columnas correspondientes a límite inferior, límite superior y cuota de subsidio de cada renglón de la tabla, se actualizarán trimestralmente, en los términos del artículo 7o. - C de esta ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará las operaciones aritméticas previstas en este párrafo y publicará la tabla actualizada en el Diario Oficial de la Federación.
Tratándose de pagos provisionales trimestrales, la tabla que se utilizará para calcular el subsidio será la contenida en este artículo elevada al trimestre. Asimismo, tratándose de los pagos provisionales que efectúen las personas físicas con actividades empresariales, la tabla que se utilizará para calcular el subsidio será la contenida en este artículo elevada al período al que corresponda el pago provisional o el ajuste, según sea el caso
. La tabla se determinará sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota de subsidio de cada renglón de la misma, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del trimestre o del período de que se traten y que correspondan al mismo renglón. La Secretaría de Hacienda realizará las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tabla aplicable y la publicará en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente: - Estos artículos que habían sido reservados, el 80, 80 - A, 141 y 141 - A, proceda entonces a conocer sobre la proposición que se hace al respecto de esos artículos. En consecuencia, someta a la consideración de la asamblea la proposición en los términos en que se ha dado lectura.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Aria: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada, sector Presidente.
El diputado Jorge Flores, del Partido Revolucionario Institucional, propone modificar el párrafo segundo del artículo 141 - A, para quedar como sigue:
"Los contribuyentes podrán actualizar la tabla contenida en este artículo sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferir, límite superior y término y cuota de subsidio de cada renglón de la tabla, que en los términos del artículo 80 - A de esta ley resulte para cada uno de los 12 meses del año y que correspondan al mismo renglón. El resultado de la suma será la tabla actualizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes de enero del año siguiente a aquél por el que se determine la tabla, hará las operaciones aritméticas previstas en ese párrafo y las publicará en el Diario Oficial de la Federación."
El Presidente: - Proceda la Secretaría a ponerlo a consideración de la asamblea.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Bien, En la proposición del diputado Flores Solano se hicieron dos proposiciones, una relativa al artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otra relativa al artículo 119 - k de la misma ley.
Esta Presidencia hace el señalamiento de que tales artículos no habían sido reservados y en consecuencia habían sido votados; sin embargo, la modificación al artículo 20 que en un momento pediré a la Secretaría que lea la proposición en su fundamentación es una consecuencia de la modificación al artículo 46, fracción II, dado que se refiere a deducibilidades parciales y el artículo 119 - k se refiere a una modificación en la transcripción porque el reenvío del artículo lo hace a un artículo equivocado. De tal manera que... sí, diputado.
El diputado Jorge René Flores Solano (desde su curul): - También leí en el artículo 74 una modificación para que cambiáramos el término "pasivo" por el de "deuda"; está ahí en la Secretaría la lectura que hice de esto y, por último, también lo correspondiente al artículo 7o., en relación a disposiciones transitorias en su fracción I, que es para que no se calcule actualización en el primer trimestre. Dejo, si quiere usted entregarlo nuevamente a la Secretaría.
El Presidente: - Esta Presidencia leyó hace un momento una de las proposiciones presentadas y en las mismas... Primero vamos a dar trámite a los artículos a que me he referido.
En consideración a que los artículo 20 y 119 - K, especialmente el 20, tienen referencia a modificaciones aprobadas hace un momento, pregunte la Secretaría a la asamblea si considera como de urgente y obvia resolución entrar a discusión de la proposición de los artículos 20 y 119 - K y en el momento en que se dé trámite, procederíamos a dar trámite a la siguiente proposición. En consecuencia, pregunte la Secretaría, con fundamento en el artículo 59, si es de darse curso a las proposiciones de modificaciones a los artículo 20 y 119 - K, por ser de obvia y urgente resolución.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa... Se considera de urgente resolución, señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia, ponga a consideración de la asamblea, dé lectura primero y ponga a consideración de la asamblea la proposición que se hace al artículo 20 y al artículo 119 - K de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Propuesta del diputado Jorge Flores, del Partido Revolucionario Institucional, respecto al artículo 20.
Concordantemente con lo anterior, quiero señalar que debe modificarse el dictamen que aquí se analiza, para eliminar la aceptación de la reforma propuesta al primer párrafo...
El Presidente: - Diputada, le rogaría que leyera un poco más despacio.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - ...Al primer párrafo del artículo 20 de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta, que propuso el Ejecutivo, ya que dicha iniciativa no contempla el supuesto de autos parcialmente deducibles, por lo que al fijarse en el artículo 46 antes comentado la posibilidad de deducir autos de la categoría A con un límite de 60 millones, debe preestablecerse la posibilidad de deducciones parciales.
Por lo anterior, propongo se elimine la reforma al primer párrafo del artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contenida en la iniciativa sometida a esa Cámara, quedando dicho párrafo como se contiene en el actual texto en vigor.
El Presidente: - Bien. Pido a la Secretaría que ponga a consideración de la asamblea la modificación relativa al artículo 20, en los términos a los que se ha dado lectura.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Bien. Proceda a dar lectura a la proposición en relación al artículo 119 - K.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por lo que se refiere al artículo 119 - K, existen dentro de su primer párrafo errores en las referencias, toda vez que se hace mención a las salidas, remitiéndonos al artículo 119 - B, debiendo ser la remisión al artículo 119 - E. Por tal motivo, se propone aclarar dicha disposición para que el primer párrafo del artículo 119 - K, quede en los siguientes términos:
Los contribuyentes a que se refiere esta sección, efectuarán pagos provisionales trimestrales a cuenta del impuesto anual, a más tardar en la fecha que les corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 - L de esta ley, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas.
El pago provisional se determinará restando de la totalidad de las entradas a que se refiere el artículo 119 - D, correspondiente al período comprendido desde el inicio del año de calendario, hasta el último día del trimestre a que se refiere el pago.
Las salidas determinadas en los términos del artículo 119 - E de la ley, correspondientes al mismo período y aplicándole al resultado la tarifa determinada conforme al siguiente párrafo:
Contra el impuesto a pagar, podrán acreditar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a someter a la consideración de la asamblea el artículo 119 - K, en los términos en que se le ha dado lectura.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si admite o se desecha la modificación propuesta al artículo 119 - K.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Mencionaba hace un momento el diputado Jorge Flores Solano que había dado lectura a otras proposiciones.
¿Quiere hacer uso de la palabra para presentarlas formalmente o fundarlas?
El diputado Jorge René Flores Solano (desde su curul): - Ya las fundé, señor Presidente, simplemente pediría que fuera de urgente la resolución del pleno del 124 y 125 y el 59 y 60, era la modificación al artículo 74 y la modificación a las disposiciones transitorias, el artículo 7o, fracción I, sustituido por la redacción que propuse.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a las proposiciones a que ha hecho referencia en su intervención el diputado Jorge Flores y que ha reiterado en este momento y acto seguido pondremos a consideración de la asamblea si son de considerarse de urgente y obvia resolución.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Las propuestas son en relación al artículo 7o., de disposiciones transitorias fracción I. Como Poder Legislativo tenemos la finalidad de analizar debidamente la congruencia de la reforma fiscal que en su conjunto se somete a nuestra consideración, por ello, si en la Ley del Impuesto Sobre la Renta se están modificando cantidades contenidas en sus preceptos y eso se hace para
actualizarlas en base a los índices de aumentos de precios, no tendría caso que a esas cantidades se les aplicará la actualización trimestral correspondiente al primer trimestre del próximo año, por lo que somete a esta honorable asamblea una propuesta de disposición transitoria para no llevar a cabo esta actualización.
Así, en la medida en que en las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se omitió eliminar la facción I del artículo 7o. de la ley, propongo sustituir el texto de la fracción I del artículo 7o. de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, para que quede en los siguientes términos:
Artículo 7o., fracción I. 1. Las cantidades en moneda nacional a que se refiere el artículo 7o. - C de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que debían actualizarse por el último trimestre de 1991 en los términos de dicho artículo que se modifican por lo dispuesto en el artículo 6o., de esta ley, no se actualizarán en el mes de enero de 1992 y para efectos de la actualización correspondiente al segundo trimestre considerarán como mes anterior aquél en que se efectúe la última actualización el de diciembre de 1991.
El Presidente: - A esta Presidencia no le resulta tan obvia la resolución, pero probablemente sí urgente. Entonces somete a la consideración de la asamblea si la proposición que se hace es de urgente resolución en los términos del artículo 59.
La secretaría diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a poner a consideración de la asamblea esa modificación.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Pregunto a la Secretaría si hay proposiciones por desahogar antes de poner a votación el dictamen.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Ya no hay propuestas por desahogar, señor Presidente. Tenemos pendiente en artículo 74, propuesta por el diputado Jorge Flores, del Partido Revolucionario Institucional.
Artículo 74. Están obligados al pago del impuesto establecido en este título, las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios, en los casos que señala esta ley, o de cualquier otro tipo. La ganancia inflacionaria es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. También están obligadas al pago del impuesto las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país, a través de un establecimiento permanente o base fija por los ingresos atribuibles a éstos.
El Presidente: - En los términos que ha solicitado el diputado Flores, pregunte la Secretaria a la asamblea si la proposición ha de considerarse como de urgente y obvia resolución.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la modificación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa...
El Presidente: - Momento, diputada. Suplico repita esta votación, en virtud de que debe ser clara la mayoría calificada que se requiere para este trámite.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la modificación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se considera de urgente resolución, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a poner a consideración de la asamblea la proposición a la cual se le ha dado entrada.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si están suficientemente discutidos los artículos reservados de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a los que se refieren los artículos 6o., 7o y 8o. del proyecto de decreto referente a la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales.
El diputado José María Téllez Rincón (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera que tuviera la bondad de hacerme una aclaración, porque en el artículo 33 fracción III del Código Fiscal, me parece a mí que hemos cometido un error. Como no estoy cierto de esto, sí quisiera manifestarlo ante usted.
El Presidente: - Diputado, como habíamos dicho hace un momento, los artículos referentes al Código Fiscal ya se habían considerado como suficientemente discutidos, sin embargo, en atención que acaba de hacerse, le ruego que nos permita terminar con la discusión del proyecto y entonces, si usted tiene alguna proposición, vamos a darle el trámite que se le ha dado a las proposiciones presentadas a nombre de la comisión hace un momento.
El diputado José María Téllez Rincón (desde su curul): - Muchas gracias.
El Presidente: - Proceda la Secretaría con la consulta solicitada.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si están suficientemente discutidos los artículos reservados sobre la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como el 6o., 7o. y 8o. del proyecto de decreto de la Ley que Adiciona y deroga Diversas Disposiciones Fiscales.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se considera de urgente resolución, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a poner a consideración de la asamblea la proposición a la cual se le ha dado entrada.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si están suficientemente discutidos los artículos reservados de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a los que se refieren los artículos 6o., 7o y 8o. del proyecto de decreto referente a la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales.
El diputado José María Téllez Rincón (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera que tuviera la bondad de hacerme una aclaración, porque en el artículo 33 fracción III del Código Fiscal, me parece a mí que hemos cometido un error. Como no estoy cierto de esto, sí quisiera manifestarlo ante usted.
El Presidente: - Diputado, como habíamos dicho hace un momento, los artículos referentes al Código Fiscal ya se habían considerado como suficientemente discutidos, sin embargo, en atención al trámite que acaba de hacerse, le ruego que nos permita terminar con la discusión del proyecto y entonces, si usted tiene alguna proposición, vamos a darle el trámite que se le ha dado a las proposiciones presentadas a nombre de la comisión hace un momento.
El diputado José María Téllez Rincón (desde su curul): - Muchas gracias.
El Presidente: - Proceda la Secretaría con la consulta solicitada.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si están suficientemente discutidos los artículos reservados sobre la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como el 6o., 7o. y 8o. del proyecto de decreto de la Ley que Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Resérvese para su votación nominal, junto con los demás artículos reservados. Se abre el registro de oradores, respecto de los artículos 13, 14 y 15 del decreto, en virtud de que han sido reservados y hay una proposición acerca del artículo 1o., párrafo segundo de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y que en esta Presidencia está registrado también el diputado Héctor Morquecho. ¿No sé si haya ya desahogado su proposición en su anterior intervención? Bien. Se abre el registro de oradores.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hacer una propuesta.
El Presidente: - Proceda el diputado Beauregard a hacer su proposición y recuerdo a la asamblea que hay dos proposiciones pendientes de resolverse.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas: - Con su permiso, señor Presidente; señores diputados:
En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a proponer a ustedes una modificación a la fracción IV del artículo 5o. de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Esta propuesta es una precisión, dentro de este impuesto que comentamos, para eliminar una iniquidad, esta iniquidad se deriva de la forma de cómo puede interpretarse la determinación de la base sobre la que se paga el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, cuando los camiones del sector transportista son modelos de años anteriores a aquél por el cual se está pagando el impuesto.
Es así, señores diputados, que me permito, a nombre de la mayoría, proponer al pleno que se adicione un segundo párrafo a esa fracción IV de ese artículo 5o. de la ley que hemos hecho mención, con objeto de precisar la base del puesto
para los camiones de carga y pasajeros, ya que con esta propuesta que se define, se puede considerar el valor total del vehículo.
Siendo así que proponemos la siguiente modificación: Artículo 5o., fracción IV. El valor total del vehículo al que se refiere el párrafo anterior, será el precio promedio de enajenación de cada modelo de vehículo de que se trate, mismo que se determinará al 1o., de enero del año siguiente al del año del modelo, dividiendo el importe total de las ventas de cada modelo de vehículo, del fabricante o sus distribuidores autorizados al consumidor, que se hubieren efectuado en el año modelo al que corresponda el vehículo, adicionado con el impuesto sobre automóviles nuevos y el impuesto al valor agregado, entre el total de unidades vendidas de dicha versión en el período mencionado.
La Secretaría de hacienda y Crédito Público, dará a conocer a más tardar el 1o. de febrero de cada año, el precio de enajenación a que se refiere este párrafo. Hacemos entrega, señor Presidente, a la Secretaría de la propuesta en los términos del artículo referido.
La otra modificación, señores diputados, se refiere al artículo 16 - A de esta misma ley sobre tenencia o uso de vehículos, en le sentido de que cuando se practique embargo precautorio por parte de las autoridades competentes y los vehículos estén documentados por las entidades federativas, el descuento del incentivo, que establece este artículo en comento, sea a partir de más de 10 vehículos embargados cuando éstos sean documentados por las autoridades de las entidades.
Es por eso, que proponemos que se reforme el primer párrafo del artículo 16 - A de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:
"Artículo 16 - A. Cuando las entidades federativas celebren convenio de colaboración administrativa en materia de este impuesto, así como de registro y control estatal vehicular y como consecuencia de ello se embarguen precautoriamente vehículos por tenencia ilegal en el país de los mismos, participarán en una tercera parte del producto de su enajenación.
En el caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, practique embargo precautorio de más de 10 vehículos en las circunstancias anteriores, que estén documentados por las autoridades de duchas entidades, se les hará un descuento en sus incentivos por cada vehículo adicional al décimo embargado, por un monto equivalente al 1% de la recaudación promedio mensual del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del año inmediato anterior a aquél en que el incumplimiento sea descubierto por parte de la Secretaría."
Estas son las propuestas que hacemos; les pido a los señores diputados el voto aprobatorio en virtud de sus bondades para los efectos fiscales que aquí hemos comentado y dejo la propuesta a la Secretaría. Muchas gracias.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a las proposiciones que se encuentran presentadas y pendientes de resolver, relativas a la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, una del diputado Raúl Hernández Avila y otra del diputado Héctor Morquecho.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - El diputado Raúl Hernández Avila, del Partido Acción Nacional, propone una adición al artículo 1o., en un segundo párrafo, que diga:
"Los vehículos emisión cero, están exentos de este impuesto para los efectos de este artículo. Se consideran vehículos emisión cero a los que no sean impulsados por combustión interna."
El Presidente: - Proceda la Secretaría a poner a consideración de la asamblea si es de admitirse la proposición.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición del diputado Héctor Morquecho.
la propuesta del diputado Beauregard, del Partido Revolucionario Institucional. ..La propuesta del diputado Morquecho, por favor.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - No tenemos esa propuesta. Ya fue votada en la anterior...
El Presidente: - No fue votada la relativa a este capítulo. De todos modos proceda a dar lectura a la siguiente proposición y a verificar... el diputado Morquecho hizo dos proposiciones en su turno y fue votada una proposición, la relativa al capítulo anterior. De tal manera que proceda a dar lectura a la proposición del diputado del partido Revolucionario Institucional, en tanto se certifica la existencia de la anterior propuesta.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Propuesta del diputado Beauregard, del Partido Revolucionario Institucional. Propone a esta asamblea que se adicione un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 5o. de la ley en comento, con objeto de precisar la base del impuesto para los camiones de carga y pasajeros, ya que con esta propuesta se define que se debe considerar como valor total del vehículo.
Por lo antes señalada propongo el siguiente texto dentro del artículo 5o. fracción IV:
"El valor toral del vehículo a que se refiere el párrafo anterior, sea el precio promedio de enajenación de cada modelo de vehículo de que se trate, mismo que se determinará al 1o. de enero del año siguiente al del año modelo, dividiendo el importe total de las ventas de cada modelo de vehículo del fabricante o sus distribuidores autorizados al consumidor, que se hubieren efectuado en el año modelo al que corresponda el vehículo, adicionado con el impuesto sobre automóviles nuevos y el impuesto al valor agregado, entre el total de unidades vendidas de dicha versión en el período mencionado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer a más tardar el 1o. de febrero de cada año el precio de la enajenación a que se refiere este párrafo."
El Presidente: - ¿Que artículo es el que proponen se modifique, ciudadana diputada?
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - El artículo 5o. fracción IV.
El Presidente: - Esta artículo 5o. fracción IV no se encuentra en los artículos reservados. Sin embargo por estar dentro del capítulo de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con fundamento en los artículos 124, 59 y 60 de nuestro reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea si es de considerarse la proposición como de urgente resolución.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en los artículos 59 y 60, si es de considerarse de urgente resolución la propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente resolución, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a poner a consideración de la asamblea si se admite o desecha la modificación propuesta.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta al artículo 5o.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche...Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda con la siguiente proposición.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Propuesta del Partido Revolucionario Institucional, por el diputado Beauregard.
Esta propuesta consiste en modificar el párrafo primero del artículo 16 - A de esta ley, en el sentido de que cuando se practique embargo precautorio por parte de las autoridades competentes y los vehículos estén documentados por las entidades federativas, el descuento del incentivo que establece el artículo en comento sea a partir de más de 10 vehículos embargados cuando éstos sean documentados por las autoridades de las entidades.
Por lo anterior, propongo que se reforme el primer párrafo del artículo 16 - A de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos para quedar como sigue:
"Artículo 16 - A. Cuando las entidades federativas celebren convenios de colaboración administrativa en materia de este impuesto, así como de registro y control estatal vehicular y como consecuencia de ello se embarguen precautoriamente vehículos por tenencia ilegal en el país de los mismos, participarán en una tercera parte del producto de su enajenación. En el caso de que la Secretaría de hacienda y Crédito Público practique embargo precautorio de más de 10
vehículos en las circunstancias anteriores que estén documentados por las autoridades de dichas entidades, se les hará un descuento en sus incentivos por cada vehículo adicional al décimo embargado, por un monto equivalente al 1% de la recaudación promedio mensual del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del año inmediato anterior a aquél en que el incumplimiento sea descubierto por parte de la Secretaría."
El Presidente: - En atención a que el artículo 16 había sido reservado por el diputado Héctor Morquecho, se abre el registro de oradores en torno a esta proposición.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea, si es de admitirse la proposición presentada.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si están suficientemente discutidos los artículos de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, relacionadas con el impuesto de tenencia y uso de vehículos.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta si están suficientemente discutidos los artículos reservados dentro del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Resérvese para su votación en lo particular con los demás artículos reservados.
Tiene la palabra el diputado José María Téllez Rincón, para hechos.
El diputado José María Téllez Rincón: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Me parece a mí que habiendo sido ya votado el artículo 33, fracción III, siquiera deberíamos de saber cómo lo votamos y por qué lo votamos.
Aquí ustedes, esta noche, han votado porque se cree un Instituto Nacional de Capacitación Fiscal, esto es lo que han votado esta noche, compañeras y compañeros diputados; me parece a mí que esta ley no faculta a nosotros para crear este instituto que ha sido votado y que yo pido que cuando menos aquí se aclare por la Comisión de Hacienda, ¿cómo se va a regir?, qué va a hacer?, aunque nos dan aquí lineamientos generales de esto, debemos de ser cuidadosos para legislar; porque el hecho de votar ya ha pasado desapercibido para todos, esta situación creo que tenemos obligación, cuando menos, de que la Comisión de hacienda en este momento nos aclare, antes de pasar ya a la votación final de este artículo. Muchas gracias.
El Presidente - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, por la comisión.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Yo creo que no debe tener esa preocupación nuestro compañero diputado que acaba de interrogar a la Comisión de Hacienda, las razones por las cuales se incluyó en el dictamen la aceptación de la propuesta del Ejecutivo para, en el artículo 33, crear, darle vida jurídica, a un Instituto Técnico de Difusión y Capacitación sobre aspectos relacionados con todas las relaciones tributarias hacia los contribuyentes.
Las razones son éstas: En el texto del artículo 33 del Código Fiscal, actualmente existen esas funciones de asesoría, de despacho de consultar, de asistencia de publicación de material que pueda servir para el mejor cumplimiento de las obligaciones de todo tipo de los contribuyentes, asignadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Prácticamente esas mismas funciones, no prácticamente, esas mismas funciones y otras que ordenan ahora capacitar técnicamente al personal de Hacienda y establecer una oficina que despache las consultas y resuelva los planteamientos que, sobre aspectos particulares, presenten los contribuyentes, son las que se le entregan ahora a un órgano administrativo con carácter descentralizado, autónomo, cuya constitución perfilada aquí, en el mismo nuevo artículo 33, está precisa, sus órganos de gobierno,
una junta de gobierno, su director general, las relaciones de los empleados de ese instituto y el instituto cómo se manejarán, lo dice la misma propuesta que ya se aprobó, que ya se votó, el apartado "B" del artículo 123 y hasta en la forma en que puede subsistir económicamente ese instituto.
Así son funciones a las que se les ha dado cuerpo orgánico en esta modificación al artículo 33. ¿Qué fundamento tienen legal y constitucional? El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados unidos, establece que la administración pública sería centralizada, a la que depende directamente el Ejecutivo, que es el titular, la persona, el titular de ese Poder; y la paraestatal, a través de diferentes formas, una de ellas es la descentralizada que tiene autonomía orgánica técnica, financiera como este instituto.
Las razones por las que se crean organismos paraestatales, generalmente son para dar un mejor servicio, para especializarnos en una función. Esto es una de ellas: asistencia, difusión, facilidades, despacho y consultoría para los contribuyentes.
El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley distribuirá entre los secretarios del despacho las diferentes funciones y atribuciones de administración pública. Y otra es la Orgánica de la Administración Pública. Y otra ley la de la Entidades Paraestatales también hace lo propio con los organismos que pertenecen al sector paraestatal.
Creo que ahí mismo se especifica en estas dos leyes que un organismo paraestatal se crea por decreto por decreto del Ejecutivo o por disposición de la Ley. No hay mayor observancia de la Constitución que crear por conducto de una ley, como el Código Fiscal, un organismo paraestatal con funciones técnicas.
Me parece que hemos usado una ley adecuada, el Código Fiscal, que es un código orgánico y procedimental, también ha creado otro tipo de organismos, como el Tribunal fiscal está creado por este Código Fiscal, ahora uno administrativo de asistencia. hemos usado la ley adecuada para dar cumplimiento cabalmente a una discusión constitucional, que es la que se refiere el artículo 90, como he citado. Muchas gracias, señor Presidente.
El diputado José María Téllez Rincón (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El presidente: - Tiene la palabra, para cinco minutos, para rectificar hechos. El diputado José María Téllez Rincón: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
"Artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación."
¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo aquí? Nosotros estamos aprobando de esta ley, que nada tiene que ver con esto, estamos creando un organismo y aquí si se da esta situación, podremos meter en cualquier ley el organismo que nosotros queramos, de la forma que nosotros... ehhh...se les pegue la gana planteárnoslo aquí. Eso no es posible, compañeros. No puede ser eso.
Yo sigo sosteniendo y sí pediría a los juristas que están aquí en la sala, hablen de esto, porque estamos sentando un precedente que si se vota esto, como pasó para todos sin conocimiento, en un momento nos encontraremos que hemos aprobado nosotros institutos o lo que quieran nombrar ahí y que no nos demos cuenta de ello.
Yo pido que se aclare esto con mucha claridad, para que no haya duda en nosotros. Gracias.
El Presidente: - Bien. Debo hacer dos advertencias. Una, que el tema, no es el tema a discusión y no existe proposición alguna. Y la otra es ciertamente en atención a la inquietud del diputado Téllez Rincón.
El fundamento constitucional tanto en el 90, 91, 73 y 74 para crear organismos por medio de ley es el adecuado.
Si en algo...es decir, la opinión personal de un servidor, es que a mí me preocupa más cuando se crean organismos, no a través de una ley, sino de un decreto del Ejecutivo. Eso es lo realmente grave. Pero el órgano competente para crearlos y regularlos es el Congreso.
De cualquier manera, como se advierte desde este comentario, sería materia de una discusión distinta de la que actualmente nos ocupa.
En razón a que es otro tema, en razón a la hora, a que ciertamente se ha acordado por la asamblea que ha quedado suficientemente discutido el capítulo relativo a reformas al Código Fiscal y las diversas disposiciones de esta Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, que han quedado suficientemente discutidos sus artículos, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo particular de los artículos reservados, en uno solo acto.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos y reservados, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Señor Presidente, sea tan gentil de rogar a la asamblea guardar silencio, para poder escuchar con atención.
El Presidente: - En los términos solicitados por la diputada secretaria, se solicita a los señores diputados guardar silencio y tomar asiento para poder proceder a continuar con la votación nominal. (Aplausos.)
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Señor Presidente, se emitieron 263 votos a favor y 81 en contra.
El Presidente: - Aprobados los artículos reservados y discutidos por 263 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales. (Aplausos.)
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Túrnese al Senado para sus efectos constitucionales. (Aplausos)
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (II)
CÓDIGO PENAL
El Presidente: - Está registrado en el orden del día, la primera lectura relativa al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se distribuyó entre los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la primera lectura.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... poniéndose de pie Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
«Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la Comisión de Justicia, le fue turnado para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que remitió el Senado de la República a esta Cámara de Diputados, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 72, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Está comisión que suscribe, con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
DICTAMEN
I. Fundamento constitucional
El artículo 73, fracción XXI establece como facultad del Congreso de la Unión el definir los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que deben imponerse. De igual forma, la fracción VI del mismo numeral de la Constitución General de la República otorga al Congreso de la Unión la potestad, de legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, facultades que se ejercen a efecto de dar plena vigencia
a los principios de seguridad jurídica y legalidad que reconoce nuestro código fundamental.
II. Conferencia de comisiones inter - cámaras
Por acuerdo parlamentario celebrado entre la Cámara de Senadores y de Diputados de la LV Legislatura, se realizaron cinco reuniones conjuntas de comisiones en donde participaron diputados y senadores miembros de los diferentes partidos políticos, a efecto de conocer e intercambiar opiniones respecto de la iniciativa de decreto que nos ocupa y que fuera remitida al Senado de la República como cámara de origen por el titular del Ejecutivo Federal. Procedimiento que permitió apreciar el proyecto a estudio en su conjunto y se logró además establecer criterios para reflejar en el dictamen las adecuaciones que resultaron de las consultas entre comisiones, además contar con la presencia de servidores públicos que expusieron sus opiniones y los alcances de la iniciativa.
Una vez instaladas formalmente las comisiones designadas para establecer la metodología de los trabajos de conferencia, se procedió a la calendarización de reuniones de estudio y trabajo, cuyo objetivo fue el de analizar los textos de la iniciativa. Para tal efecto fueron elaborados estudios comparativos que permitieron formular juicios ágiles y establecer una confrontación de la reforma propuesta por el titular del Poder Ejecutivo de la Unión, en relación con disposiciones de otros ordenamientos jurídicos para auxiliarnos en la reflexión.
La concepción de la integridad del proyecto a estudio y el intercambio de criterios conjuntos, de puntos de vista y reflexiones, permitieron a los miembros de las comisiones proponer las adecuaciones más pertinentes para la presentación.
III. Consideraciones generales
En nuestra Carta Magna se consagran postulados políticos fundamentales. Dentro de ellos se significa la seguridad jurídica para el presunto responsables de ilícitos penales, así como la organización del sistema penal "sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente".
Revisar y actualizar las disposiciones en materia de procuración y administración de justicia son modificaciones encaminadas a una mejor rehabilitación de quien ha delinquido. Los cambios y transformaciones de nuestra sociedad nos comprometen seriamente a realizar adecuaciones a la legislación penal orientadas a considerar medidas alternativas a la pena privativa de la libertad.
En 1990 se aprobaron diversas reformas que permitieron obtener beneficios adicionales a los procesados y con este antecedente se considera adecuado precisar las penalidades, así como el mejoramiento sustancial en el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales en todo proceso penal.
Proponemos de esta manera, otorgar atribuciones al juzgador para la aplicación de penas alternativas, ya que como lo dice bien la iniciativa "la privación de la libertad, además de afectar uno de los bienes más preciados del hombre, suele dejar secuelas imborrables".
la modernización integral del país requiere eliminar anacronismos legales que en su tiempo fueron figuras delictivas que se justificaron, pero que ahora se consideran susceptibles de mejor forma por otras ramas del derecho. IV. Análisis de las reformas propuestas
Código Penal
a) Artículo 51.
Se propone, por una parte ampliar la figura de la pena alternativa a un mayor número de tipos penales y por la otra establecer una regla de aplicación para dichas sanciones que fije una opción preferencial por la sanción pecuniaria, dejando la aplicación de la pena alternativa de libertad para aquellos casos en que se justifique en función a los fines de justicia y prevención que persigue la pena. Con lo anterior se busca fomentar el ejercicio de medidas alternativas a la prisión, para conseguir los fines a que está obligado el Estado en materia de readaptación.
Con base en los diversos puntos de vista que se formularon en las reuniones de trabajo, se consideró oportuno modificar la redacción del artículo para definir con mayor claridad la disyuntiva que se plantea de conformidad con el principio de legalidad que se contiene en el artículo 16 constitucional se propuso que el juez motive su resolución, de conformidad con lo señalado el artículo quedaría como sigue:
"Teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente. Cuando se trate de punibilidad alternativa el juez podría imponer, motivando su resolución, la
sanción privativa de libertad cuando ello sea ineludible a los fines de justicia, prevención general y prevención especial."
b) Artículo 55.
En la iniciativa se propone complementar este precepto que describe las consecuencias sufridas por el sujeto activo del delito, a fin de exceptuarlo de la imposición con la posibilidad de extender este tratamiento especial a personas seniles o de precario estado de salud.
De los trabajos en comisiones surgió la conveniencia de señalar específicamente en el tacto del artículo la obligación que tiene el juez de motivar su resolución; así como de invariablemente precisar que en los casos de senilidad y precario estado de salud, el juez fundamentará su criterio en dictámenes de perito.
Así el texto de esta disposición queda como sigue:
"Cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona o por su senilidad o precario estado de salud, fuere notoriamente innecesaria e irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad, el juez, de oficio o a petición de parte, motivando su resolución podrá prescindir de ella o sustituirla por una medida de seguridad. En los casos de senilidad o precario estado de salud, el juez se apoyará siempre en dictámenes de peritos."
Además en el texto de la iniciativa se propone la posibilidad de prescindir de la pena privativa o restrictiva de libertad, así como de suspender motivadamente su ejecución, sujeto a razones de primodelincuencia. Se estimó que la remisión de la pena implícita en el texto a consideración, encuadraba dentro de la figura de suspensión motivada de ejecución de las penas a que se refiere la fracción I del artículo 90 del Código Penal, cuyos supuestos consideran de manera óptima los intereses de la sociedad y del Estado en la persecución de los delitos.
c) Artículo 65.
Del análisis de la reforma propuesta al artículo 51 de este ordenamiento se consideró conveniente, que para los casos de reincidencia, se suprimiera el carácter alternativo de la pena para quedar sólo la de prisión.
"En aquellos delitos que tengan señalada pena alternativa, en todo caso se aplicará al reincidente la pena privativa de libertad."
d) Artículos 70 y 74.
En virtud de que los propósitos de esta iniciativa son en favor de la readaptación social como eje de nuestro sistema penal, se aceptó en sus términos la propuesta de reforma al primero de estos preceptos, a fin de establecer un nuevo régimen de sustitución de la pena de prisión por las de multa, tratamiento en libertad y trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando ésta no exceda de tres, cuatro o cinco años respectivamente.
Por lo que se refiere al artículo 74 del Código Penal, se estimó correcta y oportuna la propuesta de adicionarlo con un segundo párrafo para establecer que en los casos de sustitución o conmutación de pena, se descontarán no sólo las jornadas de trabajo prestado a la comunidad sino el tiempo en que el sentenciado estuvo sujeto a prisión preventiva.
Estas previsiones corresponden al espíritu y a la letra de nuestra ley fundamental.
e) Artículo 90.
En este artículo se propone hacer acequibles los beneficios de la condena condicional a un mayor número de individuos, mediante la elevación a cuatro años, hoy de dos años, el límite máximo de la condena a pena privativa de libertad.
Además, se incluyen modificaciones a sus fracciones VI, VII y VIII en vigor, para adecuarlas a la nueva estructura de dicho artículo.
f) Artículos 173, 282, 341 y 399 - Bis.
En los tipos delictivos, correspondientes a la violación de correspondencia, amenazas y abandono de atropellado, y toda vez que los bienes jurídicos tutelados son a una esfera de afectación donde el ilícito se comete en perjuicio de un individuo, sin que exista un daño directo a la sociedad, se propone establecer en los preceptos señalados que éstos se perseguirán únicamente mediante querella.
Las comisiones de las cámaras que concurrieron a los trabajos de conferencia también consideraron oportuno proponer la modificación del primer párrafo del artículo 173, a fin de señalar la posibilidad de la pena alternativa de prisión o multa para el delito de violación de correspondencia y actualizar la sanción pecuniaria de "cinco a cincuenta pesos" por el de "diez a treinta
días de multa", quedando la parte relativa de este precepto como sigue:
"Se aplicará de tres días a seis meses de prisión o de diez a treinta días de multa:
I y II........................................................................
Por lo que respecta al artículo 399 - Bis, relativo a las normas establecidas para la persecución por querella de los delitos comprendidos en el Título Vigesimosegundo del ordenamiento jurídico denominado "delitos en contra de las personas en su patrimonio" por razones de técnica jurídica se estima prudente la reforma propuesta a fin de citar los artículos que contienen las conductas ilícitas cuya persecución requiere de querella de la parte agraviada. A su vez, se estimó pertinente excluir de este supuesto el caso del artículo 390, por la propia naturaleza del tipo.
Conforme a lo expuesto, este artículo quedaría como sigue:
"Artículo 399 - Bis............................................................
Se perseguirán por querella los delitos previstos en las artículos 380 y 382 a 399, salvo el artículo 390 y los casos a que se refieren los dos últimos párrafos del artículo 395.
g) Artículos 160, 162, 176, 182, 185, 187, 190, 194 fracción II párrafos segundo, tercero y cuarto, 226, 243, 247, 249, 279, 280, 282, 289, 336, 336 - Bis 341, 380 y 386 fracción I.
De conformidad con una de las propuestas fundamentales de la iniciativa que nos ocupa y con objeto de establecer la posibilidad de que el juez imponga alternativamente la pena privativa de libertad o la de sanción pecuniaria cuando ello no sea contrario a los fines de justicia, prevención general y prevención especial en la iniciativa de preferencia, se propone señalar específicamente el carácter alternativo de las sanciones para los siguientes delitos: portación, fabricación, importación, acopio y venta de armas o de instrumentos que puedan ser utilizados para agredir; no transmisión o entrega de mensajes telegráficos, telefónicos o de estaciones inalámbricas; rehusar sin causa la prestación de un servicio de interés público; sin negarse a rendir la protesta de ley o declarar en juicio; oposición colectiva a que se ejecute una obra o trabajo públicos; quebrantamiento de sellos; ultrajes a instituciones públicas; adquisición o posesión de estupefacientes y psicotrópicos que se adquieran o posean para consumo personal, así como su posesión por una sola vez para su uso personal, suministro a un tercero para el mismo fin o simple posesión de mariguana; ejercicio indebido del propio derecho; falsificación de documentos públicos o privados; ocultamiento de nombre, del domicilio o atribución de título o nombre sin derecho; bigamia; violación de disposición sobre inhumación o exhumación; amenazas, lesiones leves; abandono injustificado de hijos o cónyugue; elusión de las obligaciones alimentarias colocándose en estado de insolvencia; abandono de atropellado; apoderamiento de cosa ajena sin ánimo de apropiación y fraude con valor inferior a diez veces el salario mínimo.
Como se puede apreciar, se trata de delitos considerados como conductas relativamente menos graves, que hizo necesario ampliar la esfera de actuación y valoración del caso concreto que debe hacer el juzgador para la imposición de la pena que considere conveniente, mediante la aplicación de los criterios que los artículos 51 reformado y 52 del Código Penal señalan como normas genéricas.
En los tipos antes mencionados se revisa exclusivamente el concepto acumulativo de pena privativa de la libertad y sanción pecuniaria para hacerlas alternativas, salvo en lo dispuesto en los artículos 176 y 182 del propio Código Penal. En el artículo, relativo a la negativa dolosa de transmitir o entregar un mensaje telegráfico o telefónico recibido en una estación inalámbrica, se propone configurar el delito de "daño" que hoy se contiene en el artículo 177 del Código Penal. Actualmente, el artículo 177 precisa únicamente el tipo como delito de "peligro" por lo que en las comisiones que trabajaron en conferencia, se consideró la conveniencia de despenalizar esta conducta, para llevarla a la esfera de la justicia civil y administrativa el tipo de delito de "daño" que comprende el actual artículo 177, quedando la redacción del precepto que nos ocupa como sigue:
"El empleado de Telégrafo, estación telefónica o inalámbrica que conscientemente dejare de trasmitir un mensaje que se le entregue con ese objeto, o de comunicar al destinatario el que recibiera de otra oficina, si causare daño se le impondrá una pena de quince días a un año de prisión o de 30 a 80 días multa."
Además, se consideró pertinente al revisar el tipo contenido en el artículo 182 del ordenamiento que nos ocupa, precisar la clase de éste, a fin de que el delito de negativa a otorgar protesta de ley o a declarar en juicio se configura
únicamente cuando ya han sido agotados los medios de apremio para compeler al sujeto activo a rendir la protesta de ley o a formular la declaración judicial correspondiente, por lo que, el artículo en cuestión quedaría como sigue:
"El que debiendo ser examinado en juicio, sin que le aproveche las excepciones establecidas en este código o el de Procedimientos Penales y agotados sus medios de apremio, se niegue a otorgar la protesta de ley o a declarar, pagará de 10 a 30 días multa. En caso de reincidencia, se impondrá prisión de uno a seis meses o de 30 a 90 días multa."
h) Artículos 231 y 232.
En la iniciativa, se propone además, establecimiento de la pena de prisión o de multa para los delitos que pueden cometer los abogados, patronos o litigantes en el ejercicio de su profesión. Al reflexionar sobre la gravedad de estas conductas y la posibilidad en el primero de los tipos mencionados de que la multa fuera alternativa no de la pena privativa de libertad, sino de la suspensión del ejercicio de la profesión, se juzgó conveniente mantener su redacción vigente para que las sanciones a esas conductas delictivas sean en el primer caso la suspensión y multa y en el segundo la suspensión, la multa y la privación de la libertad.
i) Artículos 171 fracción I, 184, 186, 255, 256 y 306.
Dentro del espíritu que anima la propuesta legislativa que se analiza, se encuentra el propósito de despenalizar algunas conductas, toda vez que su descripción como acreedoras de pena no sólo corresponde a otra época, sino que constituye conducta cuya gravedad no amerita el tratamiento penal.
Por esas razones, se solicita la derogación de los hasta ahora delitos de violación de los reglamentos de tránsito; actuación individual para impedir la ejecución de una obra o trabajo público; vagancia y malvivencia; mendicidad y disparo de arma de fuego.
Este último delito merece de conformidad con la actual descripción que hace el Código Penal, una mención adicional, ya que conlleva a que esta figura delictiva se subsuma fatalmente en los delitos de lesiones, homicidio o tentativa de que resulta un tipo superfluo. También amerita comentario particular la propuesta de derogación del artículo 186 vinculado al impedimento colectivo de una obra o trabajo públicos, cuya penalidad se mantiene en la de privación de la libertad, de tal suerte que el derogarse el artículo 186 no le será acumulativa la sanción pecuniaria.
Código Federal de Procedimiento Penales
Con al propósito de beneficiar a los infractores de escasos ingresos, las reformas tiene la finalidad de facilitar la obtención de la libertad condicional mediante varias exhibiciones de las cantidades que el juzgador determine, hasta cubrir el importe total de la caución. Igualmente, se introduce la novedosa figura de la prenda para garantizar el pago de la fianza, así como que el valor del inmueble tenga un valor fiscal mayor a la cantidad caucionada, incluido los gastos que se deban hacer, según se establece en los artículos 404, 405, 406, 408, 412 y 413.,
En el artículo 399, se incluye en el segundo párrafo de su fracción IV entre otros artículos al artículo 223, ya que por tratarse de un delito (peculado) cometido por un servidor público en que obtiene un lucro es conveniente evitar que tenga derechos a la libertad provisional bajo caución.
Por lo que se refiere al artículo 412, se modificó la redacción de la fracción II relativa a las causas de revocación provisional, señalado que, para su revocación se requerirá sentencia ejecutoriada por nuevo delito, distinto de aquel por el cual goza el beneficio de libertad provisional, a fin de que, sea criterio de resolución firme y no el de mero procuramiento, el que dé causa a la pérdida de dicho elemento.
En el artículo 418, fracción I, se aumenta el plazo de la libertad bajo protesta de dos a tres años y se alarga más este plazo para las persona de escasos recursos a cuatro años, con lo que el espíritu de la iniciativa beneficiará a los infractores que tengan penas reducidas y en especial a las personas de escasos recursos se hace concreto con esta iniciativa; igualmente, se reforma su fracción II, haciéndola más coherente ya que alguna persona pudo haber transgredido la ley imprudencialmente y de acuerdo al texto vigente no tendría derecho a la libertad bajo protesta, pero de conformidad a lo prescrito, el proyecto que propone ya tendría posibilidad de acogerse a este beneficio, tomando en consideración la muy baja peligrosidad del reo.
Por último, en el artículo 537 se aumenta el término para que proceda la condena condicional de dos a cuatro años, teniendo en consideración que los delitos castigados con bajas penas de prisión no constituyen un peligro especialmente grave para la sociedad y sí, es más conveniente
que los sentenciados que cometan estas infracciones se reintegren a su seno, con lo que evitaría su contaminación social en la prisión.
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal
Igualmente que en el Código Federal de Procedimientos Penales, se establece la novedosa forma de cumplir con el pago de fianza o caución por medio de parcialidades, así como actualizar el monto de las garantías en salarios mínimos y de incluir la figura de la prenda; en estos artículos que se analizan se suprimen anacronismos como incluir al Banco de México como institución receptora de cauciones y de fijar el valor fiscal de los inmuebles, en lugar del catastral, reduciendo con estas reformas los requisitos para que el sentenciado obtenga su libertad, gracias a las reformas propuestas a los artículos 562, 563, 564, 568 y 569.
En los artículo 552 y 568 se suprime la prohibición que tenía el primodelincuente por la del que tendrá el que cometa un delito intencional, con lo que se beneficiará a las personas que cometan delitos imprudenciales que deben ser considerados como infractores de muy baja peligrosidad. En la fracción VI del artículo 552 se aumenta el término para obtener la libertad protestatoria de dos a tres años, lo que beneficiará aún más a las personas de escasos recursos, las que tendrán derecho a este beneficio cuando la pena privativa de la libertad no exceda de cuatro años.
Por último, en el artículo 556, como en el Código Federal de Procedimientos Penales, se agrega al peculado como delito por el cual no se puede obtener la libertad provisional bajo caución, considerando la peligrosidad y el daño que el reo ha causado a la sociedad.
Por lo anterior, la comisión dictaminadora que suscribe, se permite solicitar de ustedes la aprobación siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO
FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículos 51 del párrafo; 55; 70; 90 fracciones I inciso a, VI, VII y VIII; 160 primer párrafo; 162 primer párrafo; 173 primer párrafo; 176; 178; 182; 185; 187; 194 fracción II y párrafos segundo, tercero y cuarto; 226; 243; 247 primer párrafo; 248; 249 primer párrafo; 279; 280 primer párrafo; 282 primer párrafo; 289; 336; 336 - Bis; 341; 380; 386 fracción I y 399 - Bis; se adicionan los artículos 65 con un segundo párrafo; 74 con un segundo párrafo; 173 con un párrafo final y 282 con un párrafo final; y se derogan los artículos 171 fracción I; 177; 184; 186; 190; 255; 256; 306 y 400 fracción I tercer párrafo, del Código Penal par el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
Artículo 51. Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente. Cuando se trate de punibilidad alternativa el juez podrá imponer, motivando su resolución, la sanción privativa de libertar cuando ello sea ineludible a los fines de justicia, prevención general y prevención especial.
Artículo 55. Cuando por haber sufrido el sujeto activo de consecuencias graves en su persona o por su senilidad o su precario estado de salud, fuere notoriamente innecesaria e irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad, el juez, de oficio o a petición de parte motivando a su resolución, podrá prescindir de ella o substituirla por una medida de seguridad. En los casos de senilidad o precario estado de salud, el juez se apoyará siempre en dictámenes de peritos.
Artículo 65..................................................................
En aquellos delitos que tengan señalada pena alternativa, en todo caso se aplicará al reincidente la pena privativa de libertad.
Artículo 70. La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes:
I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cinco años;
II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de cuatro años o,
III. Por multa, si la prisión no excede de tres años.
Para efectos de la sustitución se requerirá que el reo satisfaga los requisitos señalados en la fracción I inciso b, y c), del artículo 90.
Artículo 74..................................................................
En todo caso en que proceda la sustitución o la conmutación de la pena, al hacerse el cálculo de la sanción sustitutiva se disminuirá además de lo establecido en el último párrafo del artículo 29 de este código, el tiempo durante el cual el sentenciado sufrió prisión preventiva.
Artículo 90..................................................................
I.............................................................................
a) Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años;
b) a e).......................................................................
II a V........................................................................
VI. En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los términos de este artículo, la obligación de aquél concluirá seis meses después de transcurrido el término a que se refiere la fracción VII, siempre que el delincuente no diere lugar a nuevo proceso o cuando éste se pronuncie sentencia absolutoria. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, los expondrá al juez a fin de que éste, si los estima justos, prevenga al sentenciado que presente nuevo fijador dentro del plazo que prudentemente deberá fijarse, apercibido de que se hará efectiva la sanción si no lo verifica. En caso de muerte o insolvencia del fiador, estará obligado el sentenciado a poner el hecho en conocimiento del juez para el efecto y bajo el apercibimiento que se expresa en el párrafo que precede.
VII. Si durante el término de duración de la pena, contado desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito intencional que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que el reo será considerado como residente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este código. Tratándose de delito imprudencial, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción suspendida.
VIII. Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el término a que se refiere la fracción VII, tanto si se trata de delito intencional como imprudencial, hasta que se dicte sentencia firme;
IX y X.........................................................................
Artículo 160. A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso. Artículo 162. Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso:
I a V..........................................................................
Artículo 171..................................................................
I. (Se deroga).
II.............................................................................
Artículo 173. Se aplicarán de tres días a seis meses de prisión o de diez a treinta días multa:
I y II.........................................................................
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella. Artículo 176. Al empleado de telégrafo, estación telefónica o estación inalámbrica que conscientemente dejare de transmitir un mensaje que se le entregue con ese objeto, o de comunicar al destinatario el que recibiere de otra oficina, si causare daño se le impondrá de quince días a un año de prisión o de 30 a 180 días multa.
Artículo 177. (Se deroga).
Artículo 178. Al que, sin causa legítima, rehusarse prestar un servicio de interés público a que la ley le obligue, o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le aplicará de quince días a un año de prisión o de 30 a 180 días multa.
Artículo 182. El que debiendo ser examinado en juicio, sin que le aprovechen las excepciones establecidas por este código o por el de Procedimientos Penales, y agotados sus medios de apremio, se niegue a otorgar la protesta de ley o a declarar, pagará de 10 a 30 días multa. En caso de reincidencia, se impondrá prisión de uno a seis meses o de 30 a 90 días multa.
Artículo 184. (Se deroga).
Artículo 185. Cuando varias personas de común acuerdo procuren, con actos materiales, impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos mandados a hacer con los requisitos legales por autoridad competente, o con su autorización, serán castigadas con tres meses a un año de prisión, si sólo se hiciere una simple oposición material sin violencia a las personas. Habiéndola, podrá extenderse la pena hasta dos años de prisión.
Artículo 186. (Se deroga).
Artículo 187. Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad pública se le aplicará de tres meses a tres años de prisión o d 30 a 90 días multa. En caso de reincidencia se impondrá siempre pena privativa de libertad.
Artículo 190. (Se deroga).
Artículo 194..................................................................
I..............................................................................
II. Si la cantidad excede de la fijada conforme al inciso anterior, pero no de la requerida para satisfacer las necesidades del adicto o habitual durante un término máximo de tres días, la sanción aplicable será la prisión de dos meses a dos años o de 60 a 270 días multa.
III............................................................................
IV.............................................................................
Se impondrá prisión de seis meses a tres años de 180 a 360 días multa al que no siendo adicto a cualquiera de las sustancias comprendidas en el artículo 193, adquiera o posea alguna de éstas por una sola vez, para su uso personal y en cantidad que no exceda de la destinada para su propio e inmediato consumo.
Si alguno de los sujetos que se encuentran comprendidos en los casos a que se refrieren los incisos I y II del primer párrafo de este artículo, o en el párrafo anterior, suministra, además gratuitamente, a un tercero, cualquiera de las sustancias indicadas, para uso personal de este último y en cantidad que no exceda de la necesaria para su consumo personal e inmediato, será sancionado con prisión de dos a seis años o de 180 a 360 días multa, siempre que su conducta no se encuentre comprendida en la fracción IV del artículo 197.
La simple posesión de cannabis o mariguana, cuando tanto por la cantidad como por las demás circunstancias de ejecución del hecho, no pueda considerarse que está destinada a realizar alguno de los delitos a que se refieren los artículos 197 y 198 de este código, se sancionará con prisión de dos a ocho años o de 180 a 360 días multa.
Artículo 226. Al que para hacer efectivo un derecho que deba ejercitar, emplearse violencia, se le aplicará prisión de tres meses a un año o de 30 a 90 días multa. En estos casos solo se procederá por querella de la parte ofendida.
Artículo 243. El delito de falsificación de documentos públicos o privados se castigará con prisión de seis meses a tres años o de 180 a 360 días multa.
Artículo 247. Se impondrá de dos meses a dos años de prisión o de 60 a 270 días multa.
I a V..........................................................................
Artículo 248. El testigo, perito o intérprete que retracte espontáneamente sus falsas declaraciones rendidas ante cualquier autoridad administrativa o ante la judicial antes de que se pronuncie sentencia en la instancia en que las diere, sólo pagará de 30 a 180 días multa, pero si faltare a la verdad al retractar sus declaraciones, se le aplicará la sanción que corresponda con arreglo a lo prevenido en este capítulo, considerándolo como reincidente. Artículo 249. Se castigará con prisión de tres días a seis meses o de 30 días a 100 días multa:
I a III........................................................................
Artículo 255. (Se deroga).
Artículo 256. (Se deroga).
Artículo 279. Se impondrá hasta cinco años de prisión o de 180 a 360 días multa al que, estando unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado nula, contraiga otro matrimonio con las formalidades legales.
Artículo 280. Se impondrá prisión de tres días a dos años o de 30 a 90 días multa.
I a III........................................................................
Artículo 282. Se aplicará sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días multa:
I y II........................................................................
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella.
Artículo 289. Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar menos de quince días, se le impondrán de tres días a cuatro meses de prisión o de 10 a 30 días multa. Si tardare en sanar más de quince días se le impondrán de cuatro meses a dos años de prisión o de 60 a 270 días multa.
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella.
Artículo 306. (Se deroga).
Artículo 336. Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyugue, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de un mes a cinco años de prisión o de 180 a 360 días multa; privación de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.
Artículo 336 - Bis. Al que intencionalmente se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de seis meses a tres años o de 30 a 90 días multa. El juez resolverá la aplicación del producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste.
Artículo 341. El automovilista, motorista, conductor de un vehículo cualquiera, ciclista o jinete que deje en estado de abandono, sin prestarle o facilitarle asistencia, a persona a quien atropelló por imprudencia o accidente, será castigado con la pena de uno o dos meses de prisión o de 30 a 90 días multa.
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella.
Artículo 380. Al que se le imputare el hecho de haber tomado una cosa ajena sin consentimiento del dueño o legítimo poseedor y acredite haberla tomado con el carácter temporal y no para apropiársela o venderla, se le aplicarán de uno a seis meses de prisión o de 30 a 90 días multa, siempre que justifique no haberse negado a devolverla, si se le requirió a ello.
Además, pagará al ofendido, como reparación del daño, el doble del alquiler, arrendamiento o intereses de la cosa usada.
Artículo 386..................................................................
I. Con prisión de tres días a seis meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario; II y III.......................................................................
Artículo 399 - Bis..............................................................
Se perseguirán por querella los delitos previstos en los artículos 380 y 382 a 399, salvo en el artículo 390 y los casos a que se refieren los dos últimos párrafos del artículo 395.
Artículo 400..................................................................
I..............................................................................
(Se deroga).
II a V.........................................................................
Artículo segundo. Se reforman los artículos 399 en su tercer párrafo, 404, 405, 406, 407, 408, 412 en sus fracciones I y II, 413 en su primer párrafo, 418 en sus fracciones I y II y 537 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 399..................................................................
I a IV.........................................................................
Para los efectos del párrafo anterior, no procederá la libertad provisional cuando se trate de los delitos previstos en los siguientes artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Federal; 60, 123, 124, 125, 127, 128; 132 a 136, 139, 140, 145, 146, 147, 149 - Bis, 168, 170, 197, 198, 223, 265, 266, 266 - Bis, 302, 307, 315 - Bis, 320, 323, 324, 325, 326, 366 y 370 segundo y tercer párrafos cuando se realice en cualesquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372, 381 fracciones VIII, IX y X y 381 - Bis.
Artículo 404. La caución consistente en depósito en efectivo, se hará por el inculpado o por terceras personas en la institución de crédito autorizada para ello. El certificado correspondiente se depositará en la caja de valores del tribunal, asentándose constancia de ellos en autos. Cuando por razón de la hora o por ser día inhábil no pueda constituirse el depósito directamente en la institución mencionada, el tribunal recibirá
la cantidad exhibida y la mandará depositar en aquélla el primer día hábil. Cuando el inculpado no tenga recursos económicos suficientes para efectuar de una sola exhibición el depósito en efectivo, el juez podrá autorizarlo para que lo efectúe en parcialidades, de conformidad con las siguientes reglas:
I. Que el inculpado tenga cuando menos un año de residir en forma efectiva en lugar en que se siga el proceso, y demuestre estar desempeñando empleo, profesión u ocupación lícitos que le provean medios de subsistencia;
II. Que el inculpado tenga fiador personal, que a juicio del juez, sea solvente e idóneo y dicho fiador proteste hacerse cargo de las exhibiciones no efectuadas por el inculpado. El juez podrá eximir de esta obligación, para lo cual deberá motivar su resolución;
III. El monto de la primera exhibición no podrá ser inferior al quince por ciento del monto total de la caución fijada, y deberá efectuarse antes de que se obtenga la libertad provisional; y
IV. El inculpado deberá obligarse a efectuar las exhibiciones por los montos y en los plazos que le fije el juez.
Artículo 405. Cuando la garantía consista en hipoteca, el inmueble no deberá tener gravamen alguno y su valor fiscal no deberá o ser menor que la suma fijada como caución más la cantidad que el juez estime necesaria para cubrir los gastos destinados a hacer efectiva la garantía en los términos del artículo 414 de este código.
Cuando la garantía consista en prenda su valor de mercado será, cuando menos, de dos veces el monto de la suma fijada como caución. En este caso el tribunal expedirá el certificado de depósito correspondiente.
Artículo 406. Cuando se ofrezca como garantía fianza personal por cantidad que no exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, quedará bajo la responsabilidad del tribunal la apreciación que haga de la solvencia e idoneidad del fiador.
Artículo 407. Cuando la fianza exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, se regirá por lo dispuesto en los artículos 2851 a 2855 del Código Civil, con la salvedad de que, tratándose de instituciones legalmente constituidas y autorizadas para ello, no será necesario que éstas tengan bienes raíces inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
Artículo 408. Los bienes inmuebles de los fiadores deben tener en valor fiscal no menor que la suma fijada como caución, más la cantidad que el juez estime necesaria para cubrir los gastos destinados a hacer efectiva la garantía en los términos del artículo 414 de este código.
Artículo 412. Cuando el inculpado haya garantizado por sí mismo su libertad con depósito, hipoteca o prenda, aquélla se le revocará en los casos siguientes:
I. Cuando desobedeciere, sin causa justa y comprobada, las órdenes legítimas del tribunal que conozca de su asunto, o no efectúe las exhibiciones dentro de los plazos fijados por el tribunal, en caso de habérsele autorizado a efectuar el depósito en parcialidades;
II. Cuando fuere sentenciado por un nuevo delito intencional que merezca pena de prisión, antes de que el expediente en que se le concedió la libertad esté concluido por sentencia ejecutoria;
III a VII......................................................................
Artículo 413. Cuando un tercero haya garantizado la libertad del inculpado por medio de depósito en efectivo, de fianza, de prenda o de hipoteca, aquélla se revocará:
I a IV.........................................................................
Artículo 418..................................................................
I. Que se trate de delitos cuya pena máxima no exceda de tres años de prisión. Tratándose de personas de escasos recursos, el juez podrá conceder este beneficio cuando la pena privativa de libertad no exceda de cuatro años.
II. Que el inculpado no haya sido condenado por delito intencional.
III a VI.......................................................................
Artículo 537. Al formular conclusiones el agente del Ministerio Público o el defensor, si estiman procedente la condena condicional, lo indicarán así para el caso en que el tribunal imponga una pena privativa de libertad que no exceda de cuatro años.
Artículo tercero. Se reforman los artículos 552 en sus fracciones V y VI, 556 párrafo final, 562, 563, 564, 568 en su párrafo inicial y fracciones
I y II, y 569 en su párrafo inicial del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 552..................................................................
I a IV.........................................................................
V. Que el inculpado no haya sido condenado por delito intencional; y
VI. Que se trate de delitos cuya pena máxima no exceda de tres años de prisión. Tratándose de personas de escasos recursos, el juez podrá conceder este beneficio cuando la pena privativa de libertad no exceda de cuatro años.
Artículo 556..................................................................
I a IV.........................................................................
Para los efectos del párrafo anterior, no procederá la libertad provisional cuando se trate de los delitos previstos en los siguientes artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Federal: 60, 139, 140, 168, 170, 223, 265, 266, 266 - Bis, 287, 302, 307, 315 - Bis 320 323, 324, 325, 326, 366 y 370 segundo y tercer párrafos cuando se realice en cualesquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372, 381 fracciones VIII, IX y X y 381 - Bis.
Artículo 562. La caución podrá consistir:
I. En depósito en efectivo, hecho por el reo o por terceras personas, en la institución de crédito autorizada para ello. El certificado o que en estos casos se expida, se depositará en la caja de valores del tribunal o juzgado, tomándose razón de ello en autos. Cuando por razón de la hora o por ser día inhábil, no pueda constituirse el depósito directamente en la institución mencionada, el juez recibirá la cantidad exhibida y la mandará depositar en la misma el primer día hábil.
Cuando el inculpado no tenga recursos económicos suficientes para efectuar en una sola exhibición el depósito en efectivo, el juez podrá autorizarlo para que lo efectúe en parcialidades, de conformidad con las siguientes reglas:
a) Que el inculpado tenga cuando menos un año de residir en forma efectiva en el Distrito Federal o en su zona conurbada, y demuestre estar desempeñando empleo, profesión u ocupación lícitos que le provean medios de subsistencia;
b) Que el inculpado tenga fiador personal que, a juicio del juez, sea solvente e idóneo y dicho fiador proteste hacerse cargo de las exhibiciones no efectuadas por el inculpado. El juez podrá eximir esta obligación, para lo cual deberá motivar su resolución;
c) El monto de la primera exhibición no podrá ser inferior al quince por ciento del monto total de la caución fijada, y deberá efectuarse antes de que se obtenga la libertad provisional;
d) El inculpado deberá obligarse a efectuar las exhibiciones por los montos y en los plazos que le fije el juez;
II. En hipoteca otorgada por el reo o terceras personas, sobre inmuebles cuyo valor fiscal no sea menor que el monto de la caución más la cantidad necesaria par cubrir los gastos destinados a hacer efectiva la garantía en los términos del artículo 570 del presente código;
III. En prenda, en cuyo caso el bien mueble deberá tener de mercado de cuando menos dos veces el monto de la suma fijada como caución; y
IV. En fianza personal bátante, que podrá constituirse en el expediente.
Artículo 563. Cuando la fianza personal exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, el fiador deberá comprobar que tiene bienes raíces, inscritos en el Registro Público de la Propiedad, cuyo valor no sea menor que el monto de la caución, más la cantidad necesaria para cubrir los gastos destinados a hacer efectiva la garantía en los términos del artículo 570. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando se trate de afianzadores legalmente constituidas y autorizadas.
Artículo 564. Cuando se ofrezcan como garantía, fianza personal que exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal o hipoteca, de deberá presentar certificado de libertad de gravámenes expedido por el encargado del Registro Público de la Propiedad, que comprenda un término de diez años, y constancia de estar al corriente en el pago de las contribuciones respectivas, para que el juez califique la solvencia.
Artículo 568. Cuando el inculpado haya garantizado su libertad con depósito, hipoteca o prenda, aquélla se le revocará en los casos siguientes:
I. Cuando desobedeciere, sin causa justa y comprobada, las órdenes legítimas del tribunal que conozca de su asunto, o no efectúe las exhibiciones dentro de los plazos fijados por el tribunal, en caso de habérsele autorizado a efectuar el depósito en parcialidades;
II. Cuando fuere sentenciado por un nuevo delito intencional que merezca pena privativa de libertad, antes de que la causa en que se le concedió la libertad esté concluida por sentencia ejecutoria;
III y IV.......................................................................
Artículo 569. Cuando un tercero haya garantizado la libertad del acusado por medio del depósito en efectivo, de fianza personal, de prenda o de hipoteca, aquélla se revocará;
I a IV.........................................................................
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto estará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. No será exigible el requisito de querella incorporado con motivo de las reformas a los artículos 173, 282, 341 y 399 - Bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, en los procedimientos ya instaurados o resueltos al día en que entre el vigor el presente decreto.
Tercero. Para los efectos de los artículos 405 del Código Federal de Procedimientos Penales y 562 fracción III del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, los jueces tribunales deberán empezar a aceptar la caución consistente en garantía prendaria, una vez que se cuente con los mecanismos administrativos que se hicieron necesarios.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 11 de diciembre de 1991. - Comisión de Justicia, diputados: Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, Presidente; secretarios: Juan José Castillo Mota, y Jaime Ignacio Muñoz Domínguez, José Octaviano Alaniz Alaniz, Juan Carlos Alva Calderón, Gabriela Irma Avelar Villegas, Félix Bautista Matías, Emilio Becerra González, Mariano Carreón Girón, Juan José Castro Justo, Sara Cruz Olvera, Juan de Dios Castro Lozano, José Manuel Correa Reseña, José Alberto Cortés García, Pedro de León Sánchez, Arsenio Duarte Murrieta, José Guadalupe Enríquez Magaña, Samuel Fernández Avila, Guillermo Jorge González Díaz, Carlos González Durán, José Guadarrama Márquez, Claudio Olvera López, Fauzi Hamdan Amad, Heli Herrera Hernández, Sergio Jáuregui Robles, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Francisco Felipe Laris Iturbide, Ricardo López Mateos, Cuauhutémoc López Sánchez Cuello, Jesús Madrazo Martínez de Escobar, Jorge Mendoza Alvarez, Jorge Modesto Pedrero, Miguel Angel Murillo Aispuro, Jesús Núñez Regalado, Victor Marín Orduña Muñoz, Guillermo Pacheco Pulido, Jesús Ramírez Guerrero, Luis Cuauhutémoc Riojas Guajardo, Alfonso Rivera Domínguez, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Othón Salazar Ramírez, José Salinas Navarro, Jaime Serrano Cedillo, José Alfredo Torres Martínez, Jorge Uscanga Escobar, Rogelio Villarreal Garza, Diego Heriberto Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Alberto Alejandro Rébora González, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Juan Hernández Mercado y Rafael Cañedo Benítez.»
Trámite: - Primera lectura.
RECESO
El Presidente (a las 01.00 horas): - Con fundamento en el artículo 34, inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General, 21 fracción I y 109 del Reglamento Interior, suspende la sesión y se cita para su continuación a las 12.00 horas del día de hoy, 12 de diciembre de 1991.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (II)
* CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
El Presidente (a las 13.07 horas): - Se reanuda la sesión. El siguiente punto de orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1990.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
* Este dictamen fue publicado en Diario No. 17 del día 10 de diciembre de 1991.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la, lectura al dictamen, Señor Presidente.
El Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general. Se abre el registro de oradores.
Previamente se han inscrito ante esta Presidencia los siguientes diputados: por el Partido Revolucionario Institucional, la diputada Laura Alicia Garza Galindo; por el Popular Socialista, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; Por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Tomás González de Luna: por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Enrique Rico; por el Partido Acción Nacional, José Luis Durán Reveles; por el mismo partido, el diputado José Luis Durán Reveles... ¡ah!, perdón ya lo dije, el diputado Arturo Torres del Valle; por el mismo partido, el diputado Alfredo Lujambio y el diputado Fernando Lugo y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Enrique Sada Fernández.
En los términos del 108, se concede la palabra al diputado Salvador Robles Quintero, para que fundamente el dictamen.
El día de hoy esta representación nacional conoce en segunda lectura y para su discusión, en dictamen de la revisión de la Cuenta Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1990.
Esta Cámara, de conformidad con la fracción IV del artículo 74 de la Constitución, turne la facultad exclusiva de analizar la cuenta pública del año anterior.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal es el documento sintetizador del origen del ingreso y del que rinde anualmente el Poder Ejecutivo Federal a esta honorable Cámara de Diputados, para mostrar los resultados de la gestión financiera de las entidades públicas y los alcances de la acción estatal en el desarrollo económico y social del país.
El propio texto constitucional establece el objeto de dicho análisis. Se trata, en primera instancia, de conocer los resultados de la gestión financiera y comprobar si el ejercicio presupuestal de las dependencias y entidades del sector público federal, se han ajustado a los criterios señalados en el derecho de presupuesto correspondiente y a los demás ordenamientos legales que rigen la acción del Ejecutivo Federal en esta materia.
Asimismo, se trata de revisar el cumplimiento de las metas contenidas en los diversos programas. Esta facultad de revisión, se corresponde con una obligación de fiscalización por parte de esta representación nacional sobre la aplicación de los recursos públicos, recursos que son de la nación.
Debe destacarse que esta labor constituye parte de un proceso que no culmina hoy, sino que habrá de continuarse en las tareas que el órgano técnico de esta Cámara, la Contaduría Mayor de Hacienda, habrá de realizar conforme a las atribuciones del propio artículo 74 constitucional y de la Ley Orgánica de dicho organismo.
En este contexto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, contó con una gran participación de las diversas fracciones parlamentarias que integran esta Cámara. Ahí se demostró una vez más que estamos inmersos en una etapa de intenso pluralismo y debate maduro, con base en un diálogo respetuoso y permanente de todas las corrientes ideológicas.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública procedió a realizar tres tipos de análisis. El primero se refiere a la revisión del grado de cumplimiento de los ordenamientos legales que rigen el ejercicio presupuestal; el segundo, relativo al análisis de la gestión financiera y el tercero, referente al estudio de cumplimiento de metas y ejercicio del gasto y de los principales programas incluidos en el presupuesto.
Por acuerdo de los integrantes de la propia comisión, se estableció como método de trabajo la integración de grupos pluripartidistas que procedieron al análisis de todos y cada uno de los diversos sectores en que se encuentra agrupada la información de la cuenta pública.
Así, se conformaron cinco grupos de trabajo y se llevaron a cabo una serie de reuniones del pleno de la comisión con servidores públicos del Poder Ejecutivo, en las cuales se amplió la información sobre las diversas áreas de análisis; ahí se estableció un diálogo franco y abierto con los diputados de todas las fracciones parlamentarias, que sirvió para despejar dudas e intercambiar puntos de vista al respecto. Ningún diputado que solicitó información se quedó sin la respuesta adecuada; estuvieron a disposición de
todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, todos los documentos e informaciones complementarias que se pudo solicitar dentro de las normales restricciones de tiempo que todos hemos tenido.
Finalmente, se procedió a integrar las aportaciones y resultados de cada grupo de trabajo en un anteproyecto de dictamen que fue distribuido profusamente a todos los miembros de la comisión y sometido a consideración de las diversas fracciones parlamentarias, quienes responsablemente presentaron observaciones, con las que finalmente se integró el proyecto de dictamen que se somete a esta representación para su discusión y, en su caso, aprobación.
El ciclo anual de la gestión económica del Ejecutivo se inicia con la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos y se cierra con la revisión de las correspondientes cuentas públicas Federal y del Departamento de Distrito Federal.
Los actos que se realiza esta Cámara para dar inicio y término a cada ciclo de cada año, son por ello determinaciones de la mayor trascendencia, en cuya discusión y análisis concurren todas las fracciones parlamentarias y es ahí, en esta discusión, donde se refleja el proyecto de país que cada fracción parlamentaria desea someter a la opinión de esta representación nacional y a la propia opinión pública.
Este ciclo se termina cuando se ha cumplido con la alta responsabilidad de revisar la Cuenta Pública Federal y del Distrito Federal. El juicio sobre esta Cuenta Pública Federal, permite recoger experiencias para renovar cada año la búsqueda del desarrollo económico y de la justicia social, propósitos que nos unen en lo esencial a los mexicanos de todas las tendencias políticas aquí representadas.
Finalmente, permítame concluir con una reflexión. Hace tres años se inició en México una gran tarea de cambio y de recuperación. Los esfuerzos que se han realizado, los que están en cursos y los que tendrán que seguirse realizando, tiene una finalidad esencial: el engrandecimiento de nuestra patria y el mejor servicio al pueblo mexicano. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Pido disculpas a la asamblea, pero de acuerdo con el orden presentado está primero la diputada Laura Alicia Garza Galindo.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea:
Hago uso de esta tribuna para expresar la posición de la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, respecto al dictamen de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1990 en su visión macroeconómica.
Quisiera que me permitiera antes de entrar en materia, formular un reconocimiento al interés y a la altura de los debates que en materia de desarrollo económico y social nacional se han sostenido entre las diferentes fracciones parlamentarias representadas en el trabajo de análisis y discusión en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y que no cabe duda se mantendrá en el mismo nivel en este pleno.
El carácter plural de la sociedad nacional que caracteriza a nuestra vida democrática en la base a partir de la cual los priístas participamos en el análisis de los grandes temas que preocupan y ocupan a nuestros con ciudadanos, porque estamos ciertos de que sólo a través del diálogo, fundamentado en la objetividad y en el respeto, podremos sentar las bases para alcanzar un México mejor y sobre todo más justo.
Reconocemos que de acuerdo a la diversidad ideológica que prevalece en México, existen diferencias en la apreciación y en las perspectivas, así como diversas, múltiples propuestas de solución para resolver los grandes retos nacionales.
Estamos seguros, desde mi partido, de que por encima de las diferencias, a todos nos anima como objetivo final, el mejorar las condiciones de bienestar y justicia social de nuestros compatriotas, fortalecerlos en lo democrático y mantenernos como una nación soberana y digna de respeto en el contexto internacional.
Considero obligado para entrar al tema, recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, contempla como objetivos nacionales la de soberanía y la promoción de los intereses de México en el mundo, la ampliación de la vida democrática, la recuperación económica con estabilidad de precios y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. Es en este marco que se establecieron los criterios generales de política económica que sustentaron la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuestos de la Federación para 1990, en
donde destacan como objetivos fundamentales, consolidar y fortalecer los avances en la estabilidad de precios, reafirmar la recuperación gradual del crecimiento económico sostenido, ampliar los recursos dirigidos a la inversión y elevar el nivel de bienestar social.
Con la base en la información analizada y como se consiga en el dictamen respectivo, se concluye que durante 1990 se avanzó en el crecimiento gradual y sostenido de la economía nacional, sustentando en tres líneas básicas: estabilización, inversión y modernización.
Así, el producto interno bruto registró un crecimiento del 3.9% respecto a 1989, siendo por segundo año consecutivo mayor al crecimiento de la población. La inversión mantuvo su proceso de expansión, basada en gran medida en el fortalecimiento del ahorro externo y en la reducción de transferencias al exterior.
Esta expansión aunada a una reducción de requerimientos de financiamiento del sector público, permitió que el saldo real del apoyo financiero destinado al sector privado, a través de la banca múltiple, aumentara en 27.5% respecto a 1989, lo que relacionado a la baja en las tasas de interés registradas en el ejercicio, la de Certificados de la Tesorería de 10 puntos y el costo porcentual promedio en casi 11 puntos, abrió más sólidas expectativas a la inversión productiva.
Adicionalmente el ahorro del sector público se incrementó para representar el 1.9% del producto interno bruto en 1990, cuando este indicador representaba en 1989 el menos 1.3%. En tanto que el ahorro real pasó de 2.5% a 7.3% entre los años que comparativamente se analizan.
La balanza comercial, incluidos los ingresos netos de maquiladoras, alcanzó un superávit de 610 millones de pesos, como consecuencia de la ampliación de los flujos comerciales, el repunte de los precios internacionales del petróleo, provocados por el conflicto en el Golfo Pérsico y el dinamismo de las exportaciones no petroleras.
Otro factor determinante para avanzar en la estabilización y recuperación de la economía nacional, fue la renegociación de la deuda externa. Durante 1990 se concluyó este proceso con la firma del acuerdo definitivo de reestructuración de la deuda externa del sector público con la banca comercial internacional.
A este respecto, me permito comentar que en este contexto se precisaron las tres opciones, sobre las que finalmente se pronunciaron los más de 500 bancos comerciales acreedores: reducción del saldo, baja en los intereses o aportación de recursos frescos.
Con la firma del Acuerdo de Reestructuración de la Deuda Externa, en febrero de 1990, el 43% de la deuda elegible se orientó a la disminución de intereses y el resto se estableció derivaría en aportaciones de dinero nuevo.
La renegociación de la deuda cumplió con los requisitos establecidos. Se han abatido las transferencias de recursos al exterior; el valor económico de la deuda histórica se redujo en más de 20 mil millones de dólares , con lo que disminuyó la relación entre lo que se debe y lo que se produce en el país.
Considero de interés destacar, que el carácter multianual de la renegociación de la deuda eliminó la incertidumbre que propiciaban las negociaciones periódicas.
Por lo que se refiere a la deuda interna, se procuró, mediante la disciplina en las finanzas públicas y el control de las principales variables financieras, reducir los requerimientos del sector y a la vez configurar una estructura de vencimiento relativamente uniforme y con mayores plazos para la amortización de los títulos públicos emitidos
En 1990 el plazo promedio de vencimiento fue de 267 días, que se compara favorablemente con el vigente en diciembre de 1989, que fue de 187 días, lo que permitió un financiamiento público más adecuado y contribuyo a la estabilización del mercado financiero nacional.
Por otra parte, en cumplimiento del Programa de Saneamiento Financiero de la Entidades Públicas, el gobierno federal asumió pasivos por 10.5 billones de pesos, lo cual no implicó endeudamiento adicional, sino una reclasificación de saldos al interior de la deuda.
Por tanto, la participación de la deuda pública bruta en el producto interno bruto, disminuyó 4.4 puntos porcentuales al ubicarse en 57.6%.
No obstante la evolución experimentada por la economía nacional y de la confianza de los agentes económicos, en 1990 hubo necesidad de ajustar e rezago de los productos petrolíferos y de las tarifas de la energía eléctrica, así como los precios de ciertos bienes básicos, como la tortilla, el maíz y el frijol, entre otros,
para evitar su desabasto, su desvalorización en términos reales o el aumento indiscriminado de subsidios gubernamentales.
Por tanto, la inflación de diciembre de 1989 a diciembre de 1990, registró un crecimiento superior al estimado en su inicio.
Por su misma naturaleza, el incremento inflacionario no influyó de manera significativa en las demás variables macroeconómicas, que en general evolucionaron conforme a las metas establecidas en los Criterios Generales de Política Económica.
Los ajustes de precios, si bien afectaron negativamente al índice inflacionario, sólo generaron repunte transitorios y fueron asimilados en pocos meses por los diferente agentes productivos, por lo que no se generaron tendencias inflacionarias permanentes.
Los avances obtenidos en el campo financiero, apoyados en el continuo saneamiento de las finanzas públicas, la renegociación de la deuda externa y el anuncio del establecimiento del régimen mixto de propiedad de la banca comercial, generaron en los ahorradores confianza en la economía del país, acrecentando el retorno de capitales nacionales que emigraron con motivo de la crisis y alentando en mayor medida, el desarrollo de proyectos de inversión.
Tal situación, aunada a una política de mejoramiento de recaudación fiscal y cambios en la administración tributaria basada en la reducción de las tasas impositivas y ampliación de la base gravable, permitió un crecimiento real del 2.3% en los ingresos del gobierno federal respecto a 1989. Bajo las premisas fundamentales de adecuar el gasto público al nivel de ingresos, preferenciar la inversión y racionalizar las erogaciones corrientes, el gasto programable total ejercido en 1990, ascendió a 117.1 billones de pesos.
Este nivel de gasto se orientó prioritariamente a la atención de las demandas más sentidas de la población, Así, los sectores prioritarios: desarrollo rural, bienestar social y abasto, representaron en conjunto, el 49.3%; el sector energético, el 27.1% y los otros sectores el 23.6%.
La nueva orientación del gasto y la estrategia de participación de los diversos sectores de la economía nacional en el desarrollo de infraestructura básica, permitieron atender las grandes demandas sociales para ampliar la cobertura en diversos servicios: salud, agua potable, vivienda, abasto, caminos, desarrollo de áreas de cultivo, mejoramiento del medio ambiente, procuración de justicia y como prioridad fundamental, el combate a la pobreza extrema.
Compañeros diputados: se ha hablado ya en muchas ocasiones en esta tribuna sobre la década de los ochenta, como una década perdida, resultante de una lacerante crisis mundial, la cual muchos países hasta hoy no han logrado superar.
Nuestro país, sin caer por supuesto en excesos triunfalistas, ha sorteado con firmeza los embates de un entorno internacional sumamente competido, incierto y en varios aspectos, desfavorable.
Mi partido está consciente de los retos que implica superar una realidad con carencias, pero también dimensiona en su propia magnitud, las posibilidades para superarla. Sabemos que ha sido difícil para la sociedad en su conjunto el obtener los logros alcanzados, por lo que debemos considerarlos para beneficio de todos los mexicanos.
Los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio fiscal de 1990, refleja, sin duda, que se avanzó en diferentes vertientes de la actividad económica y social de la nación, pero reconoce también que todavía existen retos por superar.
No podemos admitir que se regateen los logros; pero resultaría por nuestra parte inmaduro, pensar que hemos llegado al final del camino trazado. Tenemos claro que debemos continuar por el mismo.
Por lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, considera que se cumplieron satisfactoriamente los objetivos y estrategias establecidos en los Criterios Generales de Política Económica para 1990 y que el dictamen que ha emitido la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, refleja una evaluación positiva en términos normativos, programáticos y presupuestales, del ejercicio fiscal a que se hace referencia.
El dictamen contiene una serie de recomendaciones que formula la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a la Contaduría Mayor de Hacienda, para que se profundice en una serie de acciones que fortalezcan el desempeño de los ejecutores del gasto y consoliden el papel de esta soberanía en el seguimiento y control del mismo.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública ha recogido en el trabajo de comisión la propuesta de los grupos parlamentarios relativa a la necesidad de revisar acuciosamente tiempos y mecanismos para el análisis más oportuno de la Cuenta Pública, recomendación que compartimos y hacemos nuestra.
Quisiera me permitieran señalar por último que el análisis de la Cuenta Pública de 1990, mi fracción parlamentaria lo sitúa no como un hecho aislado, sino como la etapa de un proceso, como la continuación y el precedente de los ejercicios anuales, de los programas operativos en el corto plazo y en donde sólo para fines de evaluación, fiscalización y control, se divide el avance para la consecución del proyecto nacional al que la mayoría aspiramos, Muchas gracias. (Aplausos.)
EL Presidente: - Gracias, diputada.
Es su turno, compañero diputado Cuauhtémoc Amezcua; tiene usted la palabra.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Expresaré a continuación las razones por las cuales la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista considera que no es de aprobarse el dictamen referente a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1990, ni el proyecto de decreto respectivo.
Las tres líneas básicas que sustentan el crecimiento gradual y sostenido de la economía, nos dice el dictamen, son la estabilización, la inversión y la modernización.
La estrategia de estabilización tiene como elemento clave el llamado Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, nos sigue diciendo el dictamen.
Dicho pacto, se dice de él, es un mecanismo de concertación entre los distintos factores de la economía; sin embargo, visto en su práctica cotidiana, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico no es lo que se dice. En vez de un mecanismo de concertación, más bien actúa como instrumento de imposición, de decisiones tomadas a nivel de cúpula.
Nunca se ha conocido mecanismo alguno por el cual se consulte a los obreros sobre si están dispuestos a que su salario real se reduzca durante un determinado período y se vuelva a reducir una vez más en cada ocasión en que se renueva el pacto. Tampoco se ha conocido mecanismo alguno de consulta a los campesinos que permita recoger su opinión en torno a decisiones que han venido estrechando, de manera creciente, su participación en la economía nacional y condenándolos de manera masiva a la miseria.
¿Quien sabe si a los comerciantes, a los industriales se les consulte o no? Por lo que se observa, tal vez un pequeño grupo: el conformando por los magnates del comercio y de la industria sí tenga oportunidad de expresar su opinión, pero es evidente que las decenas de miles de empresarios medianos, pequeños y micro, para nada son tomados en consideración al respecto. Carece por tanto de sustento la afirmación de que se trata de un mecanismo de concertación.
¿Qué es entonces el pacto? Un mecanismo de imposición; un pequeño número de personas se arrojan la representación de prácticamente todos los mexicanos, sin pedirles siquiera su opinión. Es un mecanismo profundamente antidemocrático, que atropella los derechos de la gran mayoría. Seis u ocho personas se toman el atrevimiento de resolver, en nombre de 80 millones, sobre cuestiones fundamentales.
Pero el pacto es además otra cosa, es un instrumento que vulnera el orden jurídico constitucional, es un instrumento por el cual importantes decisiones en materia de política económica, que tienen honda repercusión en lo político y en lo social, se toman al margen de los Poderes de la Unión.
El Poder Legislativo no es tomado en cuenta; la Cámara de Senadores no es consultada. Tampoco es tema que se discuta en esta honorable Cámara de Diputados, que es por excelencia la representación del pueblo y de la nación mexicana. Más aún, ni siquiera el Poder Ejecutivo es el que, por lo menos formalmente asume estas responsabilidades; el Presidente de la República firma ciertamente en cada ocasión en que el pacto se renueve, pero lo hace solamente a título de testigo de honor.
Y con frecuencia estos pactos atropellan al Poder Legislativo sus derechos y sus funciones, como ocurrió hace apenas unas semanas, cuando se suscribió la más reciente versión de dicho pacto, en el que ese pequeño grupo "corporativo" decidió modificar una ley, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, asumiendo funciones legislativas, en desdoro de nuestra calidad y función, compañeras y compañeros diputados.
¿Cómo es posible que aceptemos, compañeras y compañeros de todos los partidos, inclusive
y muy especialmente los que forman filas en el partido del gobierno, cómo es posible, me pregunto y les pregunto, que aceptemos sumisamente tamaña arbitrariedad?
Es oportuno recordar que hace apenas seis semanas protestamos de manera solemne, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Cómo podemos aprobar un dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, donde se nos dice: "que una de las tres líneas básicas de la política económica vigente es la estabilización y que ésta tiene como elemento clave el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico", que como vemos atropella al Congreso, a esta honorable y respetable Cámara de Diputados y vulnera el orden jurídico constitucional?
A juicio del Partido Popular Socialista esto no puede ser aceptado y por esta sola razón, si no hubiera otras, rechazamos con energía este dictamen y votamos en su contra. ¡Pero no es la única razón, hay varias otras que expongo a ustedes a continuación!
La inversión fija bruta aumenta en 13.4% en términos reales respecto al año anterior, se nos dice en el dictamen de referencia. Este es un dato que habla del comportamiento general de la economía y que es un dato positivo; hay que reconocerlo así. Sin embargo, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista considera necesario llamar la atención de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, sobre lo injusto y peligroso que resulta el que el aumento de la inversión fija bruta se edifique sobre la base del creciente sacrificio de los intereses de las mayorías.
Se trata de crear las condiciones más atractivas para la inversión, se nos dice y, para eso, pregunto ¿es estrictamente indispensable reducir una y otra vez el salario mínimo real? ¿Es necesario reducir una y otra vez la capacidad de compra de los salarios, no solamente de los mínimos? ¿Es que acaso resulta imposible encontrar fórmulas para que crezca la inversión fija bruta en términos adecuados, sin que sea a costa del sacrificio de nuestro pueblo?
El dinamismo de la actividad económica permitió que el empleo mantuviera su tendencia ascendente, se nos dice en el dictamen que estamos discutiendo. Para sustentar esta afirmación, el grupo mayoritario de la comisión dictaminadora recurre al indicador del porcentaje de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, esta fuente, que es de la mayor predilección por parte del grupo gobernante para dar sustento a sus cifras sobre desempleo y que no es, bien vistas las cosas, pertinente, sino que se utiliza para tratar de enmascarar la realidad.
¿Dónde quedan, a juicio de quienes nos hablan de tasas de desempleo de 2.8% o de 3.6%, dónde quedan, les pregunto, los millones de mexicanos condenados a una difícil subsistencia en el ámbito de la mal llamada economía informal? ¿Cuántos millones hay de compatriotas que se ven obligados a comprar y vender en la vía pública toda clase de cuestiones y que han invadido prácticamente la ciudad de México y todas las ciudades del país?, ¿cuántos son?, ¿10 millones?, ¿12 millones?, ¿15 millones?, ¿qué porcentaje representan con relación a la población económicamente activa?, ¿son el 20%?, ¿el 30%?, ¿el 45%, tal vez?, ¿qué porcentaje representan con relación a la población total del país?, ¿son el 10%?, ¿el 15%?, ¿el 20%?, ¿por qué razones que no fueran las estrictamente económicas, el grupo gobernante no incluye a este considerable conjunto de compatriotas en las estadísticas sobre desempleo y subempleo?, ¿acaso se les puede considerar como mexicanos que gozan de pleno empleo?, ¿es esto técnicamente aceptable?, ¿es aceptable desde el punto de vista social?, ¿les parece a ustedes, compañeras y compañeros diputados de todos los partidos, que sea moralmente aceptable considerar que tienen resuelto adecuadamente el problema de la fuente de empleo los limpiadores de parabrisas, los vendedores de chicles, los tragafuegos, los jóvenes que se disfrazan de payasitos y que ejercen la mendicidad en las esquinas de esta ciudad capital y de prácticamente todas las ciudades del país?
Y todavía hay más razones para votar en contra del dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1990 y para condenar en su conjunto la política económica que lleva adelante el actual gobierno.
Dice textualmente, en cuanto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su reglamento, dice así el dictamen:"...sus preceptos se cumplieron en términos generales". ¿Por qué razón sus preceptos se cumplieron sólo en términos generales?, ¿por qué no son...?, es que algunas entidades, reconoce el dictamen, no han difundido la normatividad en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles.
"La racionalización de estructuras orgánicas y la desincorporación de empresas públicas, sigue diciendo el dictamen, ha conducido a que durante el año de 1990 se concluyeran 139 procesos, de los cuales 42 correspondieron a liquidación, 15 a extinción, siete a fusión, una transferencia a los gobiernos de los estados, 61 a venta a los sectores social y privado y 13 dejaron de considerarse como tales". La política económica del anterior y del actual gobierno han considerado como uno de sus factores fundamentales el de la privatización de las empresas del Estado.
El partido Popular Socialista ha sido partidario, tal y como lo postulara su fundador e ideólogo, Vicente Lombardo Toledano, del camino de las nacionalizaciones, que conduce a la conquista de la independencia plena, económica y política del país, pero no sólo a eso , sino que además sienta las bases para avanzar en su momento hacia formas nuevas de organización social y política de carácter superior.
Por el contrario, la corriente neoliberal exige que la economía de los países dependientes, sólo la economía de los países dependientes, porque no exige lo mismo a las metrópolis imperialistas, que la economía de los países dependientes se liberalice del todo, que quede sujeta a las fuerzas del mercado, fuerzas que en la época en que hoy vivimos, de una enorme concentración y centralización económica en manos de unos pocos supermonopolios transnacionales, quedan del todo supeditadas a los intereses manipulatorios de dichos monopolios.
Así, al demandar que el Estado no intervenga, lo que persiguen en realidad es convertir al mercado nacional en todos sus aspectos, en campo de coto de los monopolios transnacionales y conducir al país a la pérdida de su independencia y soberanía, además de condenar a la población a una creciente explotación, según hemos visto.
Dice el dictamen: Los programas sustantivos del sector desarrollo social, buscaron ampliar y mejorar la calidad de los servicios de educación, salud y asistencia social, vigilar el cumplimiento de la legislación laboral, facilitar el mejoramiento y la adquisición de vivienda y nos da cifras el dictamen que hablan de un incremento en el gasto ejercido por el sector, lo cual es positivo. Sin embargo, el hecho es que aún estamos por debajo, muy por debajo del porcentaje mínimo que la Organización de las Naciones Unidas recomienda se dedique específicamente a la rama educativa y que en un país como el nuestro, urgido de desarrollar su capacidad productiva al máximo, resulta verdaderamente inadmisible esta situación.
Es difícil comprender las razones por las cuales el grupo en el gobierno se resiste tercamente a conceder a este asunto la elevada importancia que debe tener y consecuentemente, destinar los recursos que amerita.
En este mismo asunto, el dictamen dice que las actividades del subsector se orientaron a elevar la calidad del sistema educativo y la escolaridad de la población. Al efecto, sigue diciendo el dictamen, se formuló y diseño un nuevo plan de estudios, cuya fase de prueba operativa se aplicó en los grados de preescolar, primero y tercero de primaria y primero de secundaria, en 335 escuelas de todo el país.
Compañeras y Compañeros: preocupa profundamente al Partido Popular Socialista que los nuevos planes de estudios a los que hace referencia al texto anterior, hayan sido planes no consultados con los maestros, planes con contenido curricular en extremo deficiente, planes que significaron en la práctica un grave retroceso y, según lo empiezan a admitir, por hoy todavía con dificultad, las autoridades educacionales del país, resultaron un verdadero fracaso, el grado de que la Secretaría de Educación Pública se vio en la necesidad de elaborar otro proyecto educativo, por medio del Consejo Nacional Técnico de la Educación.
Compañeras y compañeros diputados: es verdaderamente grave que en un asunto tan delicado y tan importante para el país, se recurra a la improvisación, a la espontaneidad y no se consulte a quienes tienen el conocimiento adecuado y a la vez el compromiso que se deriva de su convivencia diaria con los padres de familia y los educandos, que son los maestros mismos, que no se consulte a su organización sindical, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que por seguir esa conducta de palos de ciego, se cometan errores costosos en términos monetarios y más costosos aún en términos del tiempo y de la oportunidad para el avance estratégico en la formación adecuada de las nuevas generaciones de mexicanos.
Sigue diciendo el dictamen: En apoyo a este proceso, el de la aplicación de la prueba operativa del nuevo plan de estudios, se promovió la actualización de la planta docente y la modernización de las instituciones magisteriales. Y, compañeras y compañeros diputados, nos preocupa el hecho de que en la realidad no ha habido tal actualización de la planta docente ni tampoco
la modernización de las instituciones magisteriales de las que se habla. Sería muy conveniente verificar el dato específico y la fuente de información.
Se impulsaron programas de divulgación, de ciencia y tecnología, a fin de incrementar la matrícula en carreras tecnológicas, nos dice el dictamen, pero añade que, sin embargo, se presentó una disminución del 13% en la demanda. ¿Podemos considerar esto como un ejemplo de la eficiencia de la política modernizadora de moda? ¿Cómo podemos explicarnos que se dediquen recursos extras, que se impulsen los programas de divulgación, con el propósito de incrementar la matrícula en las carreras tecnológicas, cuestión que tanto necesitamos y que los resultados vengan a ser contraproducentes? ¿Qué debemos hacer frente a este tipo de paradoja?
Por lo que se refiere al subsector desarrollo urbano y ecología, el dictamen nos dice: Que se ejerció un gasto que fue inferior en 27.9% al de 1989 y también inferior en 7.5% al presupuesto original.
Y, compañeras y compañeros diputados, esto también nos parece altamente censurable.
Nos explican que la reducción se debe principalmente al menor monto de las transferencias otorgadas al Sistema de Transporte Urbano del Departamento del Distrito Federal, al Fondo de la Vivienda. Pero nosotros, reflexionamos, que en renglones tan sensibles, donde hay tal multiplicidad de necesidades y de urgencias, como es el ámbito de lo ecológico y el adecuado desarrollo urbano con orientación social, no debiera suprimirse un centavo, sino lo que se ahorra en algunos aspectos específicos, debiera de haberse canalizado de inmediato a otros varios, de necesaria y urgente atención.
Más razones para votar en contra del dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1990 y para censurar en su conjunto la política económica vigente, ¿qué les parece a ustedes, compañeras y compañeros diputados, el asunto del Programa Nacional de Solidaridad, con toda su carga de populismo, de demagogia y paternalismo, sin duda, objetivamente vistas las cosas, mucho mayor en realidad que la propaganda gubernamental dice: existía antes de la implantación del neoliberalismo y que critica en extremo el nuevo grupo en el poder?
¿Y su manipulación inadecuada de recursos, que correspondería manejar de manera directa sobre todo a los gobiernos municipales y a otras instancias de gobierno, con su exagerada y chocante campaña de publicidad en torno a un solo individuo, al que se presenta como el gran dispensador de favores y otorgador de dones y recursos, los que desde luego no salen de su bolsillo, al Presidente de la República?
Pero de este tema, compañeras y compañeros diputados, que merece atención especial y extensa, ya nos ocuparemos con la debida amplitud en otro momento. Otra razón para rechazar el dictamen de la Cuenta de Hacienda Pública Federal y la política gubernamental en su conjunto, es el de la política de la deuda.
El dictamen da cuenta de que en 1989 fue el ejercicio en el cual se concluyó el proceso de renegociación con la comunidad financiera internacional, proceso al cual, tanto nuestro gobierno como las principales instituciones financieras del imperialismo rodearon de una gran publicidad, queriendo presentarlo como el ejemplo que debieran seguir todos los demás países que cayeron en la trampa de la deuda externa y sin embargo, compañeras y compañeros diputados, salta a la vista un dato paradójico: a pesar de que es negociación "brillante" y de que ese año fue clave en dicha negociación, el cuadro número 13 anexo al dictamen nos informa que la deuda externa tuvo una variación neta del 20.9% de incremento con relación al saldo de 1989, al que se debe añadir el aumento del 19.2% por lo que hace a la deuda interna.
Más aún, el cuadro nueve del mismo anexo que se refiere a la clasificación administrativa de la inversión presupuestal pública, nos da cuenta de que la inversión pública se redujo considerablemente en un área tan sensible como la que corresponde atender a la Secretaría de Salud, dado que lo ejercido fue de un 24.1% menos que lo del año anterior y de un 41.6% menos que lo presupuestado para 1990, lo que en verdad nos parece muy grave.
En el dictamen se nos habla en términos elogiosos de que hay un superávit financiero, crecimiento económico y disminución de la inflación y al respecto nos preocupa solamente un hecho: que ninguno de estos indicadores económicos repercute a favor de la población de menores recursos, toda vez que los pobres son cada vez más pobres y la riqueza se concentra cada vez más en menos individuos. El salario mínimo promedio en 1978 fue de 120 pesos diarios; para que el ingreso actual tuviera la misma capacidad de compra de aquel tiempo, debería estar en 32 mil 466
pesos 24 centavos diarios, pero la realidad es que ya con el aumento más reciente, el del 10 de noviembre, se situó en un promedio de tan sólo 12 mil 99 pesos con 81 centavos; el rezago que se observa es de 20 mil 356 pesos con 41 centavos, nos dice el economista Adolfo Alvarez en un sólido y bien documentado estudio recientemente realizado.
Compañeras y compañeros diputados, por todas estas razones, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, votará en contra del dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1990 que discutimos hoy y apela además a la conciencia de todos los diputados que militan en el campo vinculado al pueblo, a las fuerzas populares, democrático y progresista, a reflexionar en torno a la necesidad objetiva y urgente de modificar a raíz la política económica que se viene aplicando, política económica de oropel, pero a todas luces contraria a los intereses de la nación y del pueblo mexicano. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Tomás González de Luna, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El señor diputado Demetrio Hernández Pérez, en vez de Tomás González de Luna.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: - Con su permiso, señor Presidente. Para la fracción parlamentaria del Partido Cardenista de Reconstrucción Nacional, el examen de la Cuenta Pública representa la posibilidad de darle seguimiento al ejercicio gubernamental, no sólo en lo que se refiere al destino del presupuesto aprobado por esta legislatura, sino también en lo referente al cumplimiento de metas y programas, a la orientación del gasto y a las posibilidades que brindan un tipo particular de capacitación fiscal.
En este sentido, el examen de la Cuenta Pública impone, como atribución legislativa, el afinar criterios de revisión y seguimiento del ejercicio gubernamental. Específicamente, el dictamen que presenta la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en su parte argumentativa, nos parece que constituye un resumen del documento de resultados generales de la Cuenta Pública, con la característica que únicamente resaltan los resultados favorables, obtenidos por el gobierno federal y no refleja los problemas que tuvo la administración pública en el ejercicio fiscal de 1990, así como el incumplimiento de metas que se dieron en algunos sectores de la economía.
Esto nos parece que es una omisión que limita un análisis serio y profundo de la situación económica y financiera que guarda la administración pública, al no corresponder la argumentación con las recomendaciones que se hacen en el dictamen.
Ante estas razones, es necesario que marquemos nuestras coincidencias y nuestras diferencias que tenemos con el dictamen y que consideramos que podrían ser de utilidad para el examen de la Cuenta Pública en los ejercicios fiscales subsecuentes.
Ciertamente, según cifras que presenta la Secretaría de Programación y Presupuesto, la mayoría de los indicadores económicos presentaron una mejoría; de hecho el panorama económico ha dejado atrás la incertidumbre y los momentos de crisis sufridos en el período 1982 - 1988 y empieza a caminar en un sendero diferente. Así observamos que la actividad económica registró un crecimiento del 3.9%, el cual es mayor al registrado por el incremento en la población.
Todos los sectores, incluso el agropecuario y el forestal, que revirtió tendencia, tuvieron un crecimiento generalizado. Se dio una importante reactivación de la inversión pública, fundamentalmente en el desarrollo de sectores, de los sectores rural y social. Un saldo positivo en la cuenta de capital por más de 8 mil millones de dólares, un superávit en la balanza comercial de 610 millones de dólares, entre otros aspectos positivos.
No obstante, consideramos que la mayoría de estos indicadores macroeconómicos, no se tradujeron en 1990 en una mejoría de los indicadores sociales; el salario continuó soportando topes, deteriorándose aún más el poder adquisitivo. La generación de empleo fue insuficiente y generalmente se dio en zonas urbanas.
Ante la carencia de remuneraciones que les permitiera vivir dignamente, una parte importante de los trabajadores se trasladaron al sector informal de la economía. Los índices de desnutrición siguieron siendo elevados. Persistió la marginación en el medio rural y ante todo, el gasto fue insuficiente para superar los rezagos y desequilibrios sectoriales acumulados y exacerbados en los tiempos de la crisis económica.
Otro aspecto es que en 1990, pese a que el nivel de inflación tuvo en ciertos niveles considerados como bajos, se resintió un repunte de los índices
pasando del 19.7%, registrado en 1989, al 29.9%, lo que nos demostró que aún y con la firma de los pactos de Estabilidad y Crecimiento Económico, los precios de los productos no pudieron ser controlados mediante la concertación de los sectores, debido fundamentalmente, a que estas concertaciones han sido más que de consenso, decisiones cupulares que no controlan a todos los industriales y comerciantes.
Respecto a la política de ingresos, consideramos que una economía como la nuestra es imprescindible su aplicación adecuada, ya que en base a ésta se obtiene una parte importante de los recursos que se destinan para cubrir el gasto público.
De lo adecuado o inadecuado de esta política, depende necesariamente el monto de recursos que se puedan obtener. Hay que recordar que es en 1990, en donde se presentan cambios importantes de la política fiscal, con la aprobación de la llamada Miscelánea Fiscal, con la cual además de quitar algunas actividades de las bases especiales de tributación, se incorporaron al régimen fiscal, otras que eran consideradas como causantes menores.
Así se aprobó en esta Cámara de Diputados, que se gravaran las actividades agropecuarias, a las asociaciones civiles, al comercio ambulante, taxistas, artistas, cooperativas y otras más.
Con estas medidas es lógico que en la Cuenta de la Hacienda Pública se reporte un incremento en los ingresos del sector público, de 4.2% real. Lo cual consideramos que de acuerdo a la magnitud de los cambios en la política fiscal, este incremento no corresponde a la ampliación de la base tributaria, sino más bien a un incremento en los ingresos petroleros y al aumento de tarifas en el sector paraestatal.
En materia de política de gasto, en 1990 nuestra fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, emitió su voto considerando que por primera vez en muchas décadas, se modifica su estructura y que un incremento del gasto programable respondía a una reducción del servicio de la deuda pública.
No obstante, se consideró en su momento que este gasto, primordialmente el dirigido a los sectores social y de desarrollo rural, era insuficiente para cubrir las necesidades apremiantes de la población y mucho más, para aspirar a ir superando los rezagos acumulados en estos sectores.
Al analizar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, nos encontramos que el gasto en 1990 se había excedido en 8.2%, situación que para nosotros sería satisfactorio si ese excedente se hubiera canalizado el gasto programable, particularmente a la inversión pública.
No obstante, vemos que el gasto programable sólo aumentó en 5.7% respecto al presupuesto original y en contrapartida el gasto no programable en el cual se contempla el pago del servicio de la deuda pública, se incrementó en 11.8%, impactando fundamentalmente en el costo financiero de la deuda, el cual se excedió en 10.8%.
Precisamente uno de los objetivos del Presidente de la República señalados en su toma de posesión, en cuanto de la deuda externa, fue el de reducir la transferencia de recursos al exterior.
Para lograr éste y otros objetivos, el gobierno federal se involucró con los organismos y banca comercial internacional en un proceso de negociaciones que se concretó a principios de 1990 y que como resultado trajo consigo una reducción de 7 mil 202 millones de dólares, de acuerdo a las cifras de la Cuenta Pública y que se recoge en el dictamen aquí propuesto.
Dentro de esta negociación logró un mejoramiento en la estructura de pagos que daría paso a reducir la transferencia de recursos al exterior. No obstante los intereses externos, rebasaron en 7.2% lo previsto en el presupuesto autorizado, sin que en la Cuenta Pública se expliquen las causas de este excedente.
Respecto a la deuda interna, que según la Cuenta Pública se orientó a reforzar la efectividad de la estrategia económica, en términos nominales tuvo un incremento de 19.2%, lo cual realmente implica un desendeudamiento, tomando en consideración el índice inflacionario de 29.9% presentado en ese año. Sin embargo, observamos que en 1990 se continuó utilizando el endeudamiento interno como una de las formas predilectas para cubrir el déficit presupuestal.
En este aspecto, en la Cuenta Pública se muestra un sobreejercicio del gasto de 12% en el pago del servicio de la deuda interna, pese a que los intereses pagados a 28 días, en ese año, declinaron significativamente. Esto significa que este sobregiro se debió a una mayor colocación de valores gubernamentales en el mercado financiero y, por ende, un mayor monto en el pago de intereses.
En cuanto a la observancia de los preceptos legales en el dictamen, se señala que la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara detectó
anomalías e irregularidades en el cumplimiento de la normatividad emitida en diferentes leyes, lo cual, aunque en algunos casos no sea trascendente, consideramos conveniente que se aplique la ley conforme a derecho y que se observe lo estipulado en el decreto de Egresos de la Federación para 1990.
En relación a las recomendaciones efectuadas por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, consideramos que se debe de recomendar al Ejecutivo Federal que en la Cuenta Pública se marquen no sólo los aspectos positivos, sino también aquéllos en que se tuvieron problemas para el cumplimiento de metas y aquellos que provocaron algunos indicadores no fueran favorables; lo cual, por un lado, mejoraría la información que el Ejecutivo Federal presentara en esta Cámara y, por otro, daría elementos suficientes a los miembros de la Comisión y a los diputados en general para realizar un análisis más profundo y realista de la Cuenta Pública.
Finalmente, como consideramos que pese a los problemas suscitados se ha avanzado en la modificación de la estructura presupuestal mediante una mayor inversión y gasto social, nuestra fracción emitirá su voto favorable al dictamen presentado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Esto no significa que nuestro partido, el Partido del Frente Cardenista, no señale los errores y que acepte los avances. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Rico, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Enrique Rico Arzate: - Con su permiso, señor Presidente.
A continuación haré la exposición de motivos del voto particular del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo al dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1990.
En opinión del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al año fiscal de 1990, ha presentado un nivel de profundidad inferior a las revisiones anteriores, transcurriendo con cierto grado de desorganización y apresuramiento, que ha disminuido a la Cámara de Diputados las posibilidades de cumplir a cabalidad sus responsabilidades en la materia.
La tardía iniciación de los trabajos de revisión de la Cuenta Pública de 1990 forzó también a la concentración de las sesiones en un espacio de tiempo inusualmente corto y dentro del período ordinario noviembre - diciembre, lo que contribuyó al demérito de las posibilidades de evaluación de los resultados de la gestión gubernamental.
El dictamen que presenta la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en cumplimiento de la normatividad respectiva, sobre el balance del ejercicio fiscal de 1990, no refleja mayores elementos de análisis al documento que al efecto presentó ante esta soberanía el Ejecutivo Federal, a pesar de que se realizaron varias sesiones para su examen.
Desde nuestro punto de vista, muchos de estos elementos de juicio no se manifiestan en el documento. En honor a la objetividad, este grupo parlamentario considera que tanto los logros como las insuficiencias arrojadas en dicho año, deben ser tratadas de igual manera.
En referencia al resultado de las finanzas públicas, empezaremos por señalar que son varios los porcentajes asentados en el dictamen que no coinciden con los establecidos para 1990 en los Criterios Generales de Política Económica de 1992. Dicha situación dificulta valorar a ciencia cierta el comportamiento de los tres balances que ilustran la situación financiera del sector público, como porcentaje del producto interno bruto.
Sin embargo, puede decirse que por su tendencia el déficit público ha disminuido efectivamente.
En la política de ingresos indudablemente que 1990 representa un parteaguas en el manejo de la política de ingresos. Las reformas fiscales repercutieron en un cambio de la estructura de la carga fiscal; aunque el propósito era depender menos de los ingresos petroleros, el favorable comportamiento del precio internacional de los hidrocarburos resultó ser una de las principales causas del incremento de los ingresos públicos.
La dinámica de la política de ingresos es atribuible, en primera instancia, al desenvolvimiento de los ingresos petroleros, que por factores exógenos a la economía nacional presentaron un crecimiento real del 5.2%, respecto a lo alcanzado en 1989.
Uno de los objetivos de ampliar el número de contribuyentes, si bien permitió fortalecer el
avance en el saneamiento de las finanzas públicas, por el crecimiento de los ingresos tributarios, afectó a ciertos grupos de la población, por los mecanismos de restricción del régimen de causantes menores y por la eliminación de las bases especiales de tributación.
La política de gasto tiene como resultados generales de la Cuenta Pública Federal de 1990, se señala que en el ejercicio de gasto priorizó, en primer lugar, las metas de estabilización, el monto del gasto público quedó constreñido por esta decisión de política económica. El gasto no programable continuó contribuyendo una parte importante del gasto total, 44%, siendo su principal componente: los intereses de la deuda.
El análisis demuestra que la política económica fue devastadora contra los niveles de vida de la población y contra el gasto social durante la década pasada; que el incremento del gasto en 1990, que se da en el contexto de una política económica general que continúa golpeando las condiciones de vida de la población, no fue suficiente para revertir esta situación.
La política referente a la deuda pública, en cuanto se refiere a la renegociación de la deuda externa del sector público con la banca acreedora internacional, por un saldo elegible de 48 mil 868 millones de dólares, ha modificado la situación en que se encontraba este gravísimo problema de la nación. Esta renegociación de 1990, alcanzó, efectivamente, quitas de capital y una ligera reducción en la tasa de interés, cuyo efecto global no es insignificante, pero sí insuficiente para que la nación pudiera recobrar su crecimiento independiente y reconstruir su soberanía.
El efecto combinado de la reducción del principal y de la baja de la tasa de interés, en el monto de interés que se debe pagar, es apenas de 1 mil 700 millones de dólares en promedio anual. Por esta razón, la economía mexicana debió hacer frente a pagos por cerca de 9 mil millones de dólares en este año, a pesar de la renegociación.
La banca acreedora internacional obtuvo, en cambio, un gran éxito al conseguir que a un costo realmente modesto se le garantizara el pago del principal y de 18 meses de interés; esto se logró con la integración de los fondos de garantía que se financiaron con recursos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Exibank de Japón y con recursos de las reservas internacionales del Banco de México, todo por algo más de 7 mil millones de dólares.
A diferencia de lo que señala el tomo de los resultados generales de la Cuenta Pública de 1990, en la página 146, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática afirma que estos fondos sólo son virtualmente activos de la nación, desde que no pueden ser utilizados ni por el gobierno, ni por ningún nacional, en un lapso de 30 años y de que el fondo que garantiza el pago principal de 3 mil 412 millones de dólares, va a ser irremediablemente utilizado para saldar el principal de la cantidad renegociada en el año 2019, por lo que sus rendimientos, al igual que su principal, ya están comprometidos de antemano para saldar el adeudo que garantizan; esto es claro si se considera que la nación no va a disponer de ninguna otra fuente de financiamiento para este año, para obtener los recursos necesarios para saldar el adeudo.
Por otro lado, el Ejecutivo no informa ni de las cláusulas de seguridad, ni de la cláusula de recuperación negociadas por el gobierno con los banqueros. El Ejecutivo tampoco informa respecto a la alta condicionalidad que se ha introducido en la renegociación de los créditos sobre los compromisos adquiridos por el gobierno de México, respecto a política de apertura comercial de privatización, de política fiscal etcétera.
En el análisis sectorial y en cuanto se refiere al Programa Nacional de Solidaridad, durante 1990 este programa ejerció un presupuesto de 3.6 billones de pesos, lo cual, en términos reales, pesos de 1980, representa la tercera parte de lo presupuestado para el mismo ramo de desarrollo regional e inferior a los montos asignados en 1981 y 1982.
Es claro que esa asignación de recursos es lastimosamente insuficiente para erradicar de la faz de México la pobreza extrema.
Si a manera de ejercicio indicativo se repartieron los recursos presupuestales totales destinados al Programa Nacional de Solidaridad , entre el número de pobres extremos de 17 millones, al año le correspondería a cada pobre la cantidad de 215 mil 705 pesos y por cada día , 520 pesos.
Lo cierto es que los presupuestales al Programa Nacional de Solidaridad se han aprobado y se han ejercido, sin respetar la formulación de programas objetivos y metas, como establece la normatividad vigente.
Otros aspecto criticable es la necesidad de participar personalmente en autodotación de lo que deberían ser servicios públicos, lo cual no es una
virtud, sino un grave problema. Aquí cabe preguntar: ¿por qué los servicios públicos de los más necesitados, han de ser entregados como supuesta muestra de solidaridad y no como una obligación estatal y social?
En lo que se refiere a educación, cada nación se está viendo obligada a responder de una y otra forma a los profundos cambios que vive el mundo, no sólo en materia económica y política, sino en la transformación de las distintas filosofías que rigen el pensamiento del hombre contemporáneo.
Ante la globalización de los mercados y las ideas, el gobierno mexicano ha tenido como respuesta a la modernización del país y como parte esencial de ésta, la modernización educativa.
La severa crisis de la década pasada hizo polvo al sector educativo, agudizando los rezagos y remarcando las iniquidades. Con todo lo anterior, el país empieza a crecer bajo otro modelo de desarrollo, que implica una acelerada renovación de los procesos de trabajo, con objeto de adaptar al hombre a la tecnología y no al revés. Sin embargo, existe una gran carencia de recursos humanos calificados, que deben ser producto de la educación. Lo peor es que el encargado de la formación de estos recursos, el magisterio, es otro elemento más del conflicto, ya que su penosa condición económico - laboral, lo ha orillado a realizar otro tipo de actividades, en algunos casos drásticos, para exigir el mejoramiento de su nivel de vida.
En lo que se refiere a la investigación, hay que seguir otro tipo de estrategias, de tal manera que ésta, la investigación mexicana, pueda enfrentar los retos que implica el desarrollo tecnológico de hoy en día.
Debe de guardarse también el papel de desempeño de las actividades culturales, ya que se requiere una mayor información al respecto, para conocer el cómo acercar la cultura a capas más amplias de la población.
Su balance presupuestal en términos reales a los programas sustantivos en promedio anual, han incrementado sus recursos en 22% respecto del año más agudo de la crisis que fue en 1986, en tanto que el gasto total lo hizo solamente en 2.3%.
En el sector salud, cuando se habla de bienestar social y en especial de salud y se hacen comparaciones con los niveles que este sector guarda en los países más avanzados; resaltan las enormes desigualdades y rezagos existentes en la salud de los mexicanos. Más aún, si estas comparaciones se dan entre las distintas regiones y niveles de ingreso de la población hacia el interior del país, la dificultad que existe para separar el estado de salud de la población de las carencias de agua potable, alimentación y vivienda principalmente, hacen difícil la ubicación del problema en términos cualitativos.
Aun con los avances en materia de vacunación, la atención previa debe priorizarse. Aún más, ya que no se puede concebir que frente a a los rezagos
existentes su gasto disminuya respecto a lo originalmente programado, mientras que programas no sustantivos se hayan visto tan enormemente favorecidos en sus asignaciones.
Como se señala en el documento de los ingresos reales en materia de salud, se han incrementado significativamente pero con respecto al producto interno bruto que en 1990 significó el 3.3%, estuvo a menos de la mitad de lo recomendado internacionalmente.
En el sector de desarrollo urbano y ecología. Este sector se considera como uno de los sectores con menos asignaciones presupuestales recibidas, aun cuando sus funciones son básicas y vitales para la población mexicana, por lo que debería considerársele como un sector prioritario. No sólo se le asignan montos reducidos, sino que además disminuyen, año con año, en términos reales.
Así, en 1990 ejerció un gasto de 1 billón 288 mil cien millones de pesos, cifra inferior en 27.9% real con respecto al año anterior y menor en 7.5% respecto al presupuesto original.
La vivienda no se ha cubierto aún en esta necesidad. Existe un déficit de 6.6 millones de viviendas, por lo que ha sido imposible impedir que aumentara el número de mexicanos sin vivienda propia. Es decir, 30 millones de mexicanos carecen de vivienda digna. La falta de servicios para el existente aumentó también. Asimismo no se ha mejorado la proporción de la población que vive en condiciones muy deficientes.
Otro problema que se ha agravado en los últimos años, es el ecológico y el de la contaminación ambiental.
En varios programas se realizaron más acciones de las aprobadas en materia ecológica y aún se emplearon para este fin créditos del Banco Mundial. Sin embargo, los resultados muestran muy poco avance.
En referencia al desarrollo rural, he sabido que desde hace varios años México vive una crisis agrícola - alimentaria, especialmente en la producción de granos básicos, resultado de la política neoliberal instrumentada por la administración pasada y actual.
Al realizar un análisis de la Cuenta Pública de 1990 en este rubro, encontramos que su objetivo, entre otros, plantea el nivel y bienestar de los productores del campo y sus familias.
Imprimir competitividad al sector agropecuario - forestal. Asegurar el abasto y la soberanía alimentaria en este renglón, alentar el potencial exportador, impulsar el desarrollo de temas propicios para la inversión, tanto nacional como extranjera, estimular el desarrollo y diversificación del medio rural.
En el documento de la Cuenta Pública, en el tomo correspondiente, en la página cinco, se plantean acciones específicas del subsector agrícola que se relacionan con la intensificación de servicios, de asistencia en áreas de riego.
Esto demuestra que el gasto público de desarrollo rural, ha desatendido a las zonas más marginadas, dejándolas al amparo de un programa que no ha podido resolver los problemas del desarrollo rural integral y, a nuestro juicio, deberá haber una fuerte inversión pública para sacar al campo, de donde se encuentra hundido.
En cuanto a la conservación de los recursos nacionales, se plantea disminuir los índices de los ecosistemas y mejorar el nivel de vida de los habitantes de las zonas forestales. Esto es evidente que ambos aspectos van ligados.
En el sector de energía, minas e industria paraestatal. En los objetivos declarados de la política económica del correspondiente al sector de energía, minas e industria paraestatal y su comparación con los resultados obtenidos en el ejercicio presupuestal de 1990, existe de manera evidente un incumplimiento de éstos.
Desde luego, los Criterios Generales de Gasto Público aplicados por el régimen salinista, no solamente no los compartimos, sino que discrepamos radicalmente de ellos, en especial, con las restricciones al gasto social y la inversión y mucho menos respecto a la excesiva obsesión en el cumplimiento en el pago de servicio de la deuda.
En términos generales se puede afirmar que el desempeño de las empresas públicas del sector respecto a los objetivos declarados, es más que objetable y seguramente se podrían conseguir mejores resultados con cambios sencillos, que no se hacen ni se editan, por la simple razón que atentan contra los intereses establecidos.
La participación democrática de los trabajadores en la conducción de las empresas públicas, es un elemento dinamizador que genera altos niveles de producción.
En México se pueden conseguir resultados excepcionales en el desempeño económico de las empresas, a las cuales se les debe de liberar del despilfarro y la corrupción que alcanza niveles escandalosos. La participación y control de las empresas por parte de los trabajadores, sería un mecanismo de verdadera revisión y análisis de la Cuenta Pública.
En general puede decirse que no se dan indicadores para juzgar la productividad de las empresas y para el caso de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los datos no son concluyentes; en algunos indicadores mejoran y en otros no.
Compañeras y compañeros diputados, por todo lo anterior y en tanto la Cuenta Pública Federal sintetiza el ejercicio de la política de ingresos y gasto en el período considerado, síntesis que se expresa en precariedad de la política de estabilización en condiciones más que lesivas para el bienestar social, y en un impulso a la inversión privada que desprotege al sector social, además que soslaya la obligación constitucional que el Estado tiene de ser garantía de un desarrollo nacional con reparto equitativo de la riqueza, nuestro partido, el de la Revolución democrática, manifiesta su voto en contra de los resultados de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 1990.
Ciudadano Presidente, con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta al pleno de la Cámara, su voto particular en contra. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado.
Se concede la palabra al diputado José Luis Durán, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Luis Durán Reveles: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
La Cuenta Pública se supone es un informe del Ejecutivo a una de las cámaras del Congreso, respecto de la gestión financiera del gobierno para señalar el grado en que se cumplieron los programas, los objetivos, las metas incluidas en el presupuesto. Es, en resumen, dar cuentas a la presentación del pueblo del desarrollo durante un año del programa de gobierno.
El informe sobre la actividad financiera del Estado, refleja sin duda la naturaleza de la misma; si ésta fue participativa y auténticamente democrática, la Cuenta Pública será su reflejo, pero si no lo es, como así lo consideramos, la Cuenta Pública, bajo el principio de que nadie puede dar lo que no tiene.
En su actividad el Estado deberá armonizar necesidades humanas y promover el acceso a bienes y servicios del producto social, lo que a la larga solamente es verdaderamente posible en la democracia, que al menos garantiza que las necesidades humanas tengan canales eficientes de expresión.
Ahora bien, para el año de 1990, el Ejecutivo planteó cuatro objetivos fundamentales de su política económica. En primer lugar estableció la necesidad de consolidar y fortalecer los avances en la estabilización de precios y a este objetivo le puso una meta concreta que durante 1990 fue de 15.3%. Cabe destacar que esta tasa resulta aún mayor que la prevista por el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, que establece que hacia fin de la presente administración el aumento en el nivel general de los precios, deberá ser similar al de las principales contrapartes comerciales en el exterior, que en promedio, hoy por hoy de 4% ó 5%. Por ello, haber supuesto una meta del 15% no resultó una cifra extraordinaria ni demasiado ambiciosa, pero la realidad se encargó testarudamente de decir que sí lo fue. En efecto, las cifras oficiales que la oposición no elabora, ni mucho menos inventa, sino las formula el Banco de México y ahora hasta en el Diario Oficial se publican para que no quede lugar a dudas que son oficiales, indican que durante 1990 la inflación resultó de casi el 30%, es decir, prácticamente el doble de la optimista previsión oficial a finales de 1989.
El incumplimiento del objetivo relativo a la inflación, de ninguna manera es una cuestión menuda. En palabras del Secretario de Hacienda, se trata de un impuesto oculto e injusto que se hace recaer sobre la sociedad, con especial peso en los que menos tienen, que son los más.
En otras palabras, es tan severo el efecto inflacionario que tiene a ser más injusta la distribución del ingreso en México ya de por sí harto inequitativa.
Como segundo objetivo de su política económica para 1990, el gobierno estableció la necesidad de, cito textualmente, "reafirmar la recuperación gradual del crecimiento económico sostenido. En esta materia, la meta consistió en procurar un crecimiento real del producto interno bruto durante el año de orden del 3.5%". De acuerdo a las cifras, siempre oficiales, se reconoce que el producto interno bruto se incrementó por encima del pronóstico inicial, pues en lugar del 3.5%, resultó del 3.9%.
Al respecto bien vale la pena señalar que a esta meta, cumplida en exceso, se debió que la inflación fuera el doble de la prevista. Sin embargo, para otro tipo de efectos, el crecimiento de 1990 se ha utilizado por segunda ocasión como punto de referencia para establecer el inicio del crecimiento por encima del aumento de la población, después de un largo período de franco estancamiento, período durante el cual el crecimiento económico promedio fue del 0% anual.
A la luz de lo ocurrido, claramente se advierte que los resultados en las metas tenían que ser necesariamente encontrados, pues no es posible al mismo tiempo, como el propio titular del Ejecutivo lo ha sostenido en diversas ocasiones, aspirar a tasas altas de crecimiento económico, aunque en nuestro caso resulten más bien modestas, pues entre la previsión y el resultado andamos entre un 3% y un 4% y aspirar al mismo tiempo a continuar el camino hacia la estabilización que, como ya se dijo, tiene como meta arribar al orden del 4% ó 5% anual.
Como tercer objetivo de la política económica para el año que nos ocupa, el gobierno se propuso, cito, ampliar los recursos dirigidos a la inversión. Desde nuestra óptica éste es un objetivo saludable y lo es por varias razones: en primer lugar, porque durante largos años la crisis del gasto de inversión, y en especial el de inversión pública, sufrió clara desatención. Preocupa por ello los cuellos de botella que la economía habrá de enfrentar en el futuro cercano, particularmente en los renglones que, por ser considerados sectores estratégicos, mantienen aún el estado, como son energía eléctrica, gasolina y petroquímica básica.
Desde hace algún tiempo la opinión pública del país ha venido siendo informada, tanto por funcionarios del sector eléctrico como por líderes sindicales del ramo, que hacia finales del sexenio
o a principios del próximo, la capacidad instalada en materia de energía eléctrica, resultará notoriamente inferior a la demanda nacional, por lo que es previsible la presentación de restricciones en el servicio o apagones. Conviene recordar además que el retraso en este tipo de inversiones jamás se recupera por ser de lenta maduración.
Para ejemplificar lo dicho, en lo referente a subestaciones de transformación, según datos contenidos en la cuenta de 1990, se redujo la inversión en este renglón en un 32.8%.
En el caso de la gasolina y demás derivados del petróleo, la situación es francamente desconcertante. Ocurre que el Presidente en su último informe y una semana después el director de Petróleos Mexicanos informaron que el 11% de la gasolina que se consume, es de importación. No cabe duda que en esta materia se ha descuidado la inversión en refinerías, que si el Estado no atiende, nadie más puede hacerlo por la restricción constitucional.
De tal manera que la solución a este problema se encuentra en la importación. Y nos encontramos así en la gran paradoja; de ser un país montado sobre un mar de petróleo y uno de los grandes exportadores de crudo y al mismo tiempo importadores de volúmenes nada despreciables de gasolina.
Además que la inversión pública no ha aumentado, al menos con el dinamismo que el objetivo para 1990 pretendía y que adicionalmente reclama el propio crecimiento de la economía.
Nos preocupa que ello no haya sido posible en la medida que, puesta a escoger entre el gasto de inversión y el gasto corriente, la decisión oficial se ha inclinado por recortar lo más que ha podido el primero y prácticamente nada el segundo.
A pesar de ser público que el gasto gubernamental persisten como en los años trágicos, pocos dispendios insultantes y derroches que mucho irritan a la población.
Con datos de la Cuenta Pública, que la Cuenta Pública pone en nuestras manos en esta materia, podemos decir lo siguiente:
Para 1990, señoras y señores diputados, si ustedes tienen la curiosidad de buscar el librito verde denominado "Criterios Generales de Política Económica 1990", encontrarán que se tenía prevista una inversión física por parte del gobierno federal, equivalente al 1.5 del producto interno bruto y transcurrido el ejercicio resultó ser de sólo .72 del producto interno bruto.
Dicho en otras palabras, el gobierno federal y sus organismos y empresas, destinaron a la inversión total, 27 millones de pesos, cifra inferior en más de 5 billones a la prevista proyectada en su comprobante del producto interno bruto.
Y nos preguntamos: ¿Se cumplió de esta manera el objetivo de ampliar los recursos dirigidos a la inversión, que fue uno de los objetivos fundamentales del gobierno para 1990?
Finalmente, como cuarto y último objetivo de la política oficial en materia económica diseñada para aplicarse en 1990, estuvo en elevar el bienestar social; el objetivo en el que nadie puede estar en desacuerdo. Pero, ¿qué ocurrió? La información disponible proveniente de diversos centros de investigación, indican que durante el año de 1990, continuó en descenso en el poder adquisitivo del salario. Por supuesto, no es el primer año que esto ocurre, es ya un largo período en el cual la inmensa mayoría del pueblo de México sufre impotente, la merma de su poder de compra.
Al respecto los datos más optimistas señala, como lo dijo el Presidente de la República en su último informe, que ha sido hasta el presente año, pero no en 1990, en que se ha detenido la caída del salario y eso en ciertas actividades manufactureras, no en el conjunto de la economía.
Tenemos, pues, que a pesar de las expectativas gubernamentales el objetivo sencillamente no se cumplió, puesto que ni se elevó el bienestar social y ni siquiera se detuvo el descenso en la capacidad de compra de los asalariados.
Claro está que no faltará quien sostenga que este objetivo fue cumplido a través del Programa Nacional de Solidaridad.
Sin embargo, señores diputados y al margen de la forma en que se ha manipulado este programa con propósitos de clientismo político, para apuntalar al partido oficial.
Atengámonos a la frialdad de los números: En 1990 el gobierno federal canalizó 2 mil 672 billones de pesos, bajo el optimista supuesto oficial de que sólo la mitad de la población sobrevive en condiciones de pobreza, es decir, 40 millones de mexicanos de los que 17 subsisten en extrema
pobreza, resultara que el gobierno repartió, a través del Programa Nacional de solidaridad 182 pesos diarios a cada uno de estos mexicanos.
Visto de otra forma, estos 182 pesos diarios, equivalente apenas al 1.8 del salario mínimo de aquel año. A la luz de está cifra nadie podrá argumentar en serio que mediante el programa nacional de solidaridad sus proyectos, aún en el supuesto de que se hubieran manejado con eficiencia y sin criterio partidistas, pueden afirmarse que verdaderamente contribuyó, como rezaba el cuarto objetivo fundamental de la política oficial, a elevar el de bienestar social.
Este ejercicio pone de manifiesto que el programa nacional de solidaridad, guste o no, es sólo un paliativo a la pobreza extrema. Tan es así que su defecto redistribuidor significa apenas en 1990 la tercera parte de lo que, por efectos de la inflación, perdió en este año el poder adquisitivo del salario.
Por ello, para Acción Nacional resulta inadmisible que el Programa Nacional de Solidaridad y programas similares se intenten publicitar como una serie de caritativa concesión, discrecionalmente generosa, máxime cuando la situación lacerante por la que atraviesan nuestros conciudadanos ha sido provocada en gran parte por quienes dirigen y hoy se elevan como generosos protectores.
Eso es lo que nos hace recordar los famosos versos del negrito poeta que con su ingenio singular dijo en la colonia de un benefactor similar; "El señor don Juan de Roberts, de caridad sin igual, hizo este santo hospital, pero antes hizo a los pobres".
Para nosotros la mayoría de los objetivos rectores del gobierno para 1990 no fueron cumplidos; se trata de objetivos fijados por el propio gobierno no por nosotros y cada uno de éstos les fue señalada una meta concreta. Porque los objetivos de lograr una estabilidad de precios, la ampliación de la inversión pública y mejores niveles de bienestar social no fueron cumplidos, nuestro voto será en contra de la Cuenta Pública de 1990. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Sada Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul): - Quiero preguntar a la Presidencia.
Con todo respeto, señor Presidente, quiero preguntar a la Presidencia, puesto que no lo anuncia usted, si el orador en turno está inscrito para hablar en pro o en contra. Porque esto no quedó aclarado, por favor.
El Presidente: - Con mucho gusto Enrique Sada Fernández del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
El diputado Enrique Sada Fernández: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Es innegable que el esfuerzo concertado de sociedad y gobierno han permitido avanzar en la recuperación económica, con estabilidad de precios.
Los resultados del ejercicio presupuestal de 1990, fueron alentadores y reafirman las tendencias favorables que comenzaron a manifestarse a partir del año anterior y corresponden a una estrategia de desarrollo económico y social plasmada en el Plan Nacional del Desarrollo 1989 - 1994.
Por tal razón, el análisis de la Cuenta de Hacienda Pública Federal correspondiente a 1990, no puede localizarse en forma aislada bajo una visión a corto plazo, sino de manera integral enmarcada en un proceso de consolidación de largo aliento.
En este contexto es en el que se desarrollan las acciones correspondientes al ejercicio que hoy nos ocupa, caracterizado por el avance en la generación de condiciones necesarias para la estabilidad de precios, la recuperación gradual de la economía, la disminución de la transferencia de recursos al exterior, el fortalecimiento del ahorro nacional y el establecimiento de un mayor clima de confianza y certidumbre. Todo, como producto de la congruencia económica, la perseverancia en el manejo disciplinado de las finanzas públicas y la profundización de la modernización del aparato productivo.
También es conveniente citar que estos logros no reflejan por sí mismos el cambio y la modernización del país, si no se traducen en el mejoramiento del nivel de vida de la población. Reflejados en haberse disminuido la tasa de desempleo en las principales ciudades del país, haber ampliado la oferta de alimentos básicos, continuar la expansión de la actividad productiva y avanzar en la ampliación de infraestructura social y productiva.
La nueva orientación del gasto es muestra palpable de los cambios que conlleva la búsqueda de un México más solido y más justo. Del gasto programable total, el 49% correspondió a la atención de los sectores prioritarios, desarrollo rural, desarrollo social y abasto.
Ante esta realidad, los priístas consideramos que los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal que hoy tratamos en esta honorable tribuna, son satisfactorios y reflejan que la conducción política, económica y social del país es acorde con las aspiraciones de la nación y responde al compromiso del Presidente de la República, en su discurso de toma de posesión.
Vale la pena hacer algunas precisiones, para satisfacer planteamientos de quienes me han antecedido en el uso de la palabra.
En cuanto a inflación, efectivamente el dictamen nos indica en su página tres, "que el índice nacional de precios al consumidor creció durante el año de 1990 29.9% siendo éste superior respecto a la previsión original". La corrección de diferentes precios que se encontraban rezagados y una mayor inflación externa influyeron en este resultado.
Por su misma naturaleza, el incremento inflacionario no influyó de manera significativa en las demás variables macroeconómicas que en general evolucionaron conforme a las metas establecidas en los Criterios Generales de Política Económica.
Los ajustes de precios, si bien afectaron negativamente el índice inflacionario, sólo generaron repuntes transitorios y fueron asimilados en pocos meses por los diferentes sectores productivos, por lo cual no negaron tendencias inflacionarias permanentes.
El efecto que la inflación tuvo sobre el gasto gubernamental durante el ejercicio de 1990, el sector público presupuestario obtuvo un déficit presupuestal en términos nominales de casi 10 billones, inferior al presupuestado inicialmente. Esta situación obedeció fundamentalmente a los mayores ingresos ordinarios que se obtuvieron tanto los organismos y empresas, como el gobierno federal.
Por su parte, en términos reales el gasto neto fue inferior en 6.3%, en tanto que en términos nominales superó en 10.4% a lo autorizado inicialmente.
De lo anterior, puede concluirse que la mayor inflación registrada, respecto a la meta inicial, no impacto negativamente al gasto presupuestal, ni al déficit presupuestario, ello fue resultado de la disciplina en la ejecución del gasto público y de los mayores ingresos registrados en el ejercicio, debido a un mayor nivel que mostró la actividad económica nacional, así como de las reformas fiscales y de los ajustes a los precios y tarifas.
Otro punto tratado por diversos compañeros, ha sido algo sobre ejercicio del gasto. Sobre esto quisiéramos comentar que de acuerdo con el artículo 13, fracción II del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, esta honorable Cámara de Diputados aprobó que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto autoriza erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos prioritarios y estratégicos del gobierno federal, con cargo a los excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestales de las entidades paraestatales a las que se refiere el mismo decreto.
Durante el ejercicio de 1990 los ingresos del sector público se vieron favorecidos por un precio de exportación del crudo superior al estimado, un ritmo de actividad económica mayor a la prevista y un favorable impacto de las reformas fiscales. Los recursos adicionales fueron superiores en 17.5% a los estimados en la Ley de Ingresos de la Federación, lo que permitió ampliar el nivel del gasto en 8.2% y cumplir con la meta del déficit fiscal. En efecto, aun con el sobre ejercicio del gasto registrado en 1990, el déficit fiscal fue inferior en 10 billones de pesos originalmente programado, lo cual refleja que se dio un uso racional y disciplinado a los ingresos públicos adicionales.
Fue mencionada también en dos de las participaciones anteriores, comentarios acerca del gasto programable. A esto quisiéramos comentar que el gasto total neto devengado del sector público presupuestal, disminuyó en un 3.8% en términos reales, respecto al año anterior; su relación respecto al producto interno bruto bajó de 33.5% de 1989 a 31% en 1990. El gasto programable aumentó su participación en el total de 51% en 1989 a 56.4% en 1990; en este resultado fue determinante la contracción del gasto no programable, que registró un nivel inferior de 14.5% real, al de 1989, lo que significó una reducción de 2.9 puntos porcentuales, en relación al producto, proporción similar a la meta establecida.
Con respecto a los gastos de inversión, con respecto al gasto corriente y para no hacer muy cansada mi intervención, yo nada más quisiera
hacer y subrayar que la inversión física directa durante este ejercicio se constituyó, durante el año de 1990, en el renglón de mayor dinamismo, al alcanzar una tasa de crecimiento real del 34.3%, el 97.1% de dicha inversión, se dirigió a los sectores de desarrollo social, desarrollo rural, comunicaciones y transportes, justicia y seguridad. El gasto corriente en cambio, se incrementó en sólo 7.3% respecto a 1989.
Con respecto al deterioro del salario real en 1990, quisiera yo comentar que, efectivamente, la estrategia del gobierno se marco bajo un amplio esfuerzo de concertación entre los diferentes sectores productivos. Por ello, el gobierno, los obreros, los campesinos y los empresarios, suscribieron el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, buscando el bienestar común y haciendo a un lado los intereses particulares.
Es ya conocido el esfuerzo realizado por la clase trabajadora en apoyo de la concertación, pero también debemos reconocer que de no enfrentar sociedad y Gobierno con tesón y perseverancia, el fenómeno inflacionario, sería precisamente los perceptores de menores ingresos quienes más padecerían. La mayor actividad económica observada en 1989 y en 1990, incidió en el incremento de la masa salarial real, a través del crecimiento del empleo y el aumento de los salarios en algunos sectores de la economía, como el de las manufacturas. La encuesta industrial mensual, reflejó que las remuneraciones reales en el sector manufacturero continuaron creciendo al alcanzar niveles que fueron 3.2% mayores en promedio a los de 1989. Complementariamente se tomaron diferentes medidas para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, entre las que destacan: los subsidios a los precios de los productos básicos como la tortilla y la leche, así como los apoyos a actividades prioritarias como la agricultura, la construcción de vivienda y la modernización en la micro, pequeña y mediana empresa, el mayor control en los preciso que constituyen la canasta básica, la reducción de las tasas marginales del impuesto a las personas físicas, etcétera.
En cuanto a la deuda, yo nada más quisiera recordar que de acuerdo con la banca comercial, consistió básicamente en presentar un menú de tres opciones para renegociar la deuda, que ya fueron mencionadas por mis compañeros y que como beneficios directos se tiene, como resultado de los diversos acuerdos de los acreedores con México, el saldo nominal de la deuda externa disminuyó en 7 mil millones de dólares, como resultado de la reducción principal; adicionalmente, 22 mil 500 millones de dólares de deuda devengarán una tasa fija de 6.25% anual, lo que en términos económicos, tomando como referencia el promedio en los últimos 20 años de la tasa líbor, representa una disminución equivalente del principal de 7 mil 200 millones de dólares.
Si del saldo nominal excluimos también los créditos para la conformación de garantías, en virtud de que constituyen un activo propiedad de la nación, la disminución del saldo de la deuda, en términos económicos producto de la renegociación, es de aproximadamente 20 mil millones de dólares.
Hay otro punto que ha sido tratado también por mis compañeros con respecto al incumplimiento de los preceptos legales y algo que también hemos oído con respecto a las entidades de control presupuestal indirecto.
Con respecto al primer punto, yo quisiera comentar que, efectivamente, dentro de los tomos que nos ha proporcionado la Contaduría Mayor de Hacienda, se dice que en relación al incumplimiento relativo a preceptos legales, cabe decir que en el tomo II, Capítulo IX del informes previo sobre la revisión de Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se encuentran efectivamente consignados datos en donde se llega a mencionar que hay algunos organismos o empresas que no han cumplido con sus obligaciones.
Esto efectivamente no sólo la Contaduría Mayor de Hacienda, sino nosotros mismos somos los que debemos darle a la Contaduría Mayor de Hacienda las prioridades sobre las auditorías que se deberán de practicar durante los años subsecuentes, basados básicamente en los resultados que se han tenido de esta Cuenta Pública.
Por otro lado, con respecto a las entidades de control presupuestal indirecto, yo quisiera mencionarles a todos mis compañeros, que los resultados de las mismas se cuenta y se encuentran dentro de la Contaduría Mayor de Hacienda y que cualquiera de estas entidades pueden ser sujetas a revisión, es más, los diputados podemos fijar los criterios de revisión que se tengan con respecto a cada una de estas entidades que son llamadas de control presupuestal indirecto
. Por último, en cuanto a los gastos relativos al Programa Nacional de Solidaridad, que se mencionaron que eran aproximadamente 520 pesos diarios en promedio, yo quisiera nada más recordar que el Programa Nacional de Solidaridad es sólo una parte del programa social, de la política social del gobierno federal, que en total,
si consideramos esto, se incrementaría de manera muy sustancial. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado. Se concede la palabra, en contra, al diputado Alfredo Lujambio, del Partido Acción Nacional.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Señor Presidente; estimables compañeros diputados:
Vengo a debatir a esta tribuna sobre asuntos de materia económica, concretamente, el día de ayer estábamos analizando, debatiendo, discutiendo sobre la Miscelánea Fiscal, sobre leyes de ingresos, en los próximos días tendremos que discutir y aprobar o rechazar, tal vez, ¿por qué no admitir esa posibilidad? el Presupuesto de Egresos.
Y este tema de la Cuenta Pública, que estamos analizando el día de hoy y debatiendo, se refiere a algo que es agua pasada; en decir, estamos hablando hoy, 12 de diciembre de 1991, de las cuentas, de la rendición de cuentas que el Ejecutivo constitucionalmente debe presentar a esta soberanía cada año.
Y me tomé la libertad de pedirle a algún compañero que me ayudara a subir aquí a la tribuna, algunos de los tomos, algunos de los libros que forman la información pertinente a la Cuenta Pública de 1990.
No están todos, aquí tengo, de no pobres dimensiones, que forman parte de este documento o al menos complementan a la Cuenta Pública como elementos de juicio, para que ustedes, señores diputados, normen su criterio y puedan resolver, pero con conciencia, con conocimiento, con responsabilidad, si se puede y si es procedente aprobar el dictamen que es materia de este debate.
Esta Cuenta Pública de 1990 está formada por cinco tomos, son éstos verdes que tengo por aquí; hay otros de color azul plomo con blanco, que es el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda; hay otros que no los tengo completos, que son éstos, que son los dictámenes de los auditores externos a los estados financieros.
Entonces, yo me preguntaba, cuando supe que tenía que participar por encargo de mi partido, Acción Nacional, en esta discusión, cuál sería un enfoque correcto para tratar de presentar ante ustedes, pues alguna opinión fundamentada, razonada, basada en algo que se ha apegado a la lógica, al sentido común, a la sensatez, pero sobre todo a la responsabilidad que tenemos constitucionalmente.
Y me preguntaba, Cuenta Pública, ¿qué es? Esta documentación que se tiene aquí, ¿ es una cuenta?, ¿es pública? ¿Qué espera un ciudadano promedio, cuándo saber o entender cuando se le habla de cuentas; qué esperamos nosotros, como diputados, el poder evaluar un documento de esta complejidad, si usamos la palabra pública?
Y pensamos que en realidad sería difícil que una persona de preparación promedio, a un profesionista, pudiese realmente en pocos días, en 30 días, en 28 días escasos, pues, ¡hombre! siquiera darle lectura a la introducción de estos libros.
Yo quise traerlos porque presumo, puedo estar en un error, que la mayoría de ustedes, la gran mayoría de ustedes no conoce estos libros, ni siquiera por fuera. Yo tampoco los conozco, no he podido, no he tenido tiempo de estudiarlos, pues son muchos, en páginas son miles, en millones en cifras; son millones de cifras que se tienen que analizar.
Y luego participo la comisión de la que tengo el honor de formar parte, la Comisión de Programación y Presupuesto, en una serie de actividades que se han mencionado aquí por otros oradores en la tribuna, en la que habían sido invitados algunos distinguidos funcionarios de la administración federal, para que nos rindieran algún informe sobre la Cuenta Pública y vinieron oficiales mayores y vinieron subsecretarios y nosotros, los miembros de la comisión, con gran interés y con gran respeto los recibimos, los escuchamos, tuvimos la oportunidad de hacerles inclusive algunas preguntas, pero, señores diputados, lamento decirles que, en mi muy modesta opinión, esas comparecencias no sirven absolutamente de nada para los efectos que nos interesan a nosotros como diputados y al pueblo de México, que es, ¿realmente los recursos fueron utilizados con eficacia en 1990? ¿Los recursos que con tantos sacrificios paga el pueblo, fueron utilizados con eficiencia? Y algo más que está en la mente de todos ustedes, ¿esos 200 billones de pesos que manejó el Poder Ejecutivo, fueron manejados con toda probidad? ¿Fueron manejados con integridad por todos los funcionarios que intervinieron en el manejo, en la asignación de esos recursos, en los pagos físicos y concretos a los contratistas, a los proveedores, a los empleados públicos? Esa es la pregunta que quizá más nos inquiete a muchos de nosotros, la probidad, porque si se parte de la base de que hay probidad
en el manejo de los fondos públicos, creo que ya vamos de gane, porque si hay probidad, va a haber por sí solo eficacia y eficiencia.
Entonces, continuando con esta serie de reflexiones, yo quería, a manera de comentario, decirles que en esas reuniones de la comisión me tocó participar, y en una de ellas, en la que se encontraba el señor subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, don Francisco Gil Díaz, me tomé la libertad de solicitarle alguna información que como miembro de la comisión consideraba yo pertinente y de importancia y que no aparece en ninguna de estas miles de páginas y libros; me tomé la libertad de solicitarle que fuera tan amable de hacerle llegar a la comisión un documento donde informara, en relación al ejercicio de 1990, cuáles fueron las recaudaciones que tuvo la subsecretaría a su cargo durante ese mismo ejercicio, pero clasificadas por estados de la República, por estados y dentro de cada estado por cada una de las fuentes tributarias, de los distintos tipos de impuestos.
De esto hace tres semanas aproximadamente, no podría precisar la fecha de esta reunión. El señor subsecretario ofreció que la haría llegar a la comisión y hoy en día todavía es el momento en que un servidor de ustedes no puede ver ese documento, ni tampoco, entiendo que a ningún otro miembro de la comisión se le ha hecho llegar esta información que considerábamos muy interesante y muy importante para formarnos algunos criterios.
De tal manera que, señores diputados, ¡qué difícil es realmente analizar la Cuenta Pública y formarse criterios en una forma o con una intención de verdadera objetividad! y, sobre todo, no de crítica a ultranza.
Nosotros quisiéramos encontrar elementos que nos permitan, con fundamento y frente al pueblo de México, reconocer lo positivo, reconocer lo constructivo, reconocer lo que hay de bueno, pero también estamos obligados, creo que moralmente, políticamente y posiblemente constitucionalmente, a darnos cuenta de lo que esté mal, a denunciarlo y aplicar, en su caso, las leyes que procedan en esta materia tan importante, que es el manejo de los impuestos.
Así es que ya les apunto a ustedes que la Cuenta Pública, para mi entender, no es cuenta; no es cuenta por una razón, señores, a menos que se le quiera llamar en masculino "cuento", quién sabe, pero cuentas no es, porque una cuenta tiene que tener algunas características precisas, que son: claridad, oportunidad, exactitud, veracidad, para que podamos realmente reconocer algo significativo en esta presentación de cuentas.
Y qué difícil es sacar de aquí datos significativos. Y qué inoportuna es la cuenta pública, señores, porque estamos en diciembre 12. Esto se refiere al período enero - diciembre de 1990. Quiere decir que el Ejecutivo presenta sus cuentas, de acuerdo a la Constitución, en junio 10, si mal no recuerdo, o junio 15 de cada año, ya estamos hablando de más de seis meses, pero viene a ser puesta a la consideración de esta soberanía 11 meses y medio después.
Es decir, una característica esencial de toda presentación de cuentas, es que se nos presenten cuentas oportunamente, claramente, comprensiblemente, porque, yo les preguntaría a cualquiera de ustedes, si hacen un encargo, si le dan a alguna persona una cantidad de dinero, 100 mil pesos, y le pide que vaya a hacer algunas compras o algunos pagos, si les gustaría que esa persona, cuando venga a entregarles resultados de sus pagos, con los comprobantes correspondientes, pues viniera a presentarles la cuenta tres semanas después o un mes o dos meses; no. Es lógico que esperamos una rendición de cuentas oportuna, porque en la medida que sea oportuna la rendición de cuentas, nos permite, nos permite actuar en consecuencia.
Pero me dirán ustedes: bueno, pues es que el Ejecutivo está cumpliendo con sus términos de ley que están establecidos en la Constitución y, sobre este particular de calendario o de oportunidad, les quiero rogar que me permitan leer algunas partes de la Constitución y de otra ley muy pertinente al caso que nos ocupa, que es la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Dice la Constitución, en su artículo 74, fracciones II, III y IV, a las que voy a dar lectura:
"II. Vigilar - está hablando la Constitución de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados - , vigilar por medio de una comisión de su seno, el exacto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor."
Fíjense, "vigilar", aquí el Constituyente...
La diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul): - Señor Presidente, ¿pudiera hacer una interpelación al orador?
El Presidente: - ¿Acepta usted, señor diputado, una interpelación?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Con todo gusto, cuando termine de expresar algunas ideas, para no perder cierto hilo de mi argumentación. Con todo gusto.
Decía yo que dice la Constitución en su fracción II, del artículo 74, "vigilar por medio de una comisión de su seno, el exacto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor". Es decir, ahí no hay interpretación, nos pide que seamos vigilantes; la Constitución no nos dice revisen o estén pendientes o estén atentos, es decir, hay que ejercer una vigilancia, con todo lo que entraña esa palabra.
La III fracción del propio artículo dice:
"Dentro de esas facultades, nombrar a los jefes y demás empleados de esa oficina". Se refiere a la Contaduría Mayor de Hacienda.
La cuarta dice, la parte final del primer párrafo de esta fracción IV, dice: "Revisar la Cuenta Pública del año anterior".
Y en el quinto párrafo, o sea, cuando está estableciendo las facultades de la Cámara de Diputados, fíjense, qué curioso dice la Constitución, nos dice revisar y aprobar, dice: "revisar, así lo expresa la Constitución, la Cuenta Pública del año anterior.
Y en el párrafo quinto dice la Constitución:
"La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto:
a) - El inciso es de un servidor, no hace incisos la Constitución - Conocer los resultados de la gestión financiera.
b) Comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto,
y c) El cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas."
Continúa la Constitución en esta materia y dice algo muy interesante:
"Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieren discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo a la ley."
Continúa la propia Constitución:
"La Cuenta Pública del año anterior, debe ser presentada a la Cámara de Diputados dentro de los 10 primeros días del mes de junio."
Y en la V fracción dice algo fuerte, dice la Constitución:
"Declarar si ha lugar o no a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del 111 constitucional."
Ahora, permítanme mencionar ya brevemente esta parte de lecturas sobre las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que son pertinentes a lo que estamos tratando de establecer, que dice el artículo 3o., de este ordenamiento:
"Elaborar y rendir - en su fracción II - a la Comisión de Presupuesto y Cuenta en la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, el informe previo dentro de los 10 primeros días del mes de noviembre siguiente a la presentación de la Cuenta Pública del gobierno federal."
Es decir, que apenas es 10 de noviembre, se recibe este documento que se llama: Informe Previo; no es informe de resultados, no es informe definitivo, es un informe preliminar.
Más adelante el propio artículo 3o., en su fracción " inciso b, establece:
"Rendirá a la Cámara de Diputados el informe - es muy importante - sobre el resultado de la revisión de la Cuenta Pública, el cual remitirá por conducto de la Comisión de Vigilancia en los 10 primeros días del mes de septiembre del año siguiente al de su recepción."
Entonces aquí tenemos un problema, señores diputados, que quería yo llamar la atención, si ustedes me lo permiten, que es un problema muy serio de calendario.
En junio 10, resumiendo los ordenamientos que acabo de mencionar, vamos a verlos ya reflejados en el calendario, en junio 10 el Poder Ejecutivo presenta la Cuenta Pública ante la Comisión de Programación y Presupuesto para que ésta emita un dictamen.
En noviembre 10, la Contaduría Mayor de Hacienda está obligada a presentar el informe previo ante la Comisión de Vigilancia, en esta ocasión, no ante la Comisión de Programación y Presupuesto, sino ante la Comisión de Vigilancia.
de la cual también tengo el honor de formar parte. ¿Para qué función o con qué objeto? Pues la Comisión de Vigilancia sirve como una especie de enlace, porque lo recibe, este informe, y nos lo hace llegar a la Comisión de Programación y Presupuesto.
Y entonces en diciembre 12, el paso siguiente dentro de esta cronología, el día de hoy, la Comisión de Programación y Presupuesto, ya después de estos estudios que se realizaron, estas comparecencias, que con todo respeto se ha dicho, no nos aportaron casi nada para el efecto que nos interesa en Acción Nacional, el día de hoy, 12 de diciembre, cuando recibimos esto el 10, en un mes tenemos que haber leído estos tres tomos, que es el Informe Previo. Me gustaría saber, para felicitarlo de todo corazón, de algún diputado que pudiese haber leído estos tres documentos.
Hoy tenemos que dar nuestro..., es decir, rinde el dictamen la Comisión de Programación y Presupuesto ante el pleno de la Cámara y tendremos que dar pues un resultado de este dictamen; es decir, aprobarlo o rechazarlo o abstenernos a lo que corresponda, o tal vez, tal vez lo que sería más sensato sería posponer su discusión y aprobación.
¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que el día 10 de septiembre de 1992, dentro de nueve meses ó 10, no sé, la Contaduría Mayor de Hacienda, en los términos de la Constitución, presentará su informe de resultados ante esta Cámara de Diputados. ¿Y saben ustedes, señores diputados, para que? Este informe de resultados de la cuenta de 1990, de 1990, nos lo van a entregar el informe de resultados en septiembre 10 de 1992, para el archivo.
Así está en este momento la parte jurídica que maneja calendario y que estoy de acuerdo con las leyes, así están, no estoy diciendo que haya incumplimiento en los términos de ninguna de las dependencias. Simplemente estoy diciendo que de estos hechos se desprenderían algunas consideraciones que les rogaría me permitan decirles o alguna especie de conclusión.
Es imposible humanamente, técnicamente hablando, razonablemente hablando, que esta Cámara pueda, en este término de tiempo y cuando todavía no se ha recibido el informe de resultados, poder emitir una opinión y votar el dictamen en cualquier sentido. Menos aún si se toma en cuenta toda esta avalancha de iniciativas que hemos estado recibiendo y en la que nos encontramos inmersos, sepultados, en leyes, en todo este trabajo que hemos estado tratando de desarrollar y ésa sería una pequeña reflexión: creo que humana y técnicamente y sensatamente hablando, amigos y compañeros diputados, es imposible verdaderamente que tengamos la certeza, la certeza racional y moral de que debemos de aprobar esta Cuenta Pública de 1990, hablando honradamente.
Otro elemento que podría yo apuntar, por el cual no podemos aprobar en este momento, es que la Comisión de Vigilancia no ha rendido ningún informe a la Comisión de Programación y Presupuesto en el que dictamine o al pleno de esta Cámara, de que la Contaduría Mayor de Hacienda ha cumplido con exactitud, como lo señala la Constitución, lo acabamos de leer; es decir, no sabemos cuál es la capacidad y cuál es la actitud de la Contaduría Mayor de Hacienda para ser verdaderamente el órgano fiscalizador de esta Cámara. Porque aceptamos que ninguno de nosotros, señores diputados, podemos meternos a revisar cada uno de estos libros, papel por papel y cifra por cifra. Es obvio que no podemos hacerlo. Pero para eso se cuenta con un órgano que está establecido en la Constitución, que se llama Contaduría Mayor de Hacienda, y que se llama Contaduría Mayor de Hacienda, y que necesitaríamos saber si este órgano verdaderamente está calificado, es idóneo, tiene los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos técnicos suficientes para poder hacer en primera instancia este informe, previo, y luego el informe de resultados, que va a ser casi dos años después y si tiene aptitud la Contaduría Mayor de Hacienda para revisar estos dictámenes de los auditores externos y darnos una opinión técnica y bien fundamentada a esta Cámara de Diputados.
Y tuve..., me tomé la libertad de hacerle una visita social al señor Contador Mayor de Hacienda, hace algunos días, para saludarlo y tomar algunos datos, porque no sabía yo cuántos empleados trabajan en la Contaduría Mayor de Hacienda y me interesaba saberlo. ¿Cuántos empleados? ¿Qué instalaciones tiene? ¿Con qué equipos cuenta? ¿Con qué recursos cuenta la Contaduría Mayor de Hacienda?
Me hizo el favor de recibirme el señor contador Castillo, con toda amabilidad, junto con otro de sus colaboradores, el ingeniero Wett, cosa que agradecí y agradezco la atención con que se me recibió y me informaron, hice la pregunta ¿cuántos empleados tiene la Contaduría Mayor de Hacienda?, y me hablaron de una cifra de aproximadamente 700 personas.
Las oficinas de esta dependencia tan importante de nosotros, Cámara de Diputados, posiblemente
algunos de ustedes no las conozcan, están allá en Avenida Coyoacán y es interesante que pudiéramos algunos veces visitarlas, como miembros o aun sin serlo de la propia comisión correspondiente.
Pero ¿saben ustedes, señores? 700 personas que forman esta oficina de fiscalización, la Contaduría Mayor de Hacienda. Son cerca de 200 personas que están dedicadas a labores de tipo administrativo: secretarias, personal de intendencia y otro tipo de labores y aproximadamente 500 personas son las que están propiamente en trabajo operativo; o sea, son las personas que verdaderamente tienen la aptitud, la capacidad profesional, para ir y hacer el trabajo que está establecido en nuestras disposiciones, en la Constitución y en la propia Ley Orgánica de la Contaduría Mayor. O sea, 500 personas.
Y yo quisiera que analizáramos y quizá el tiempo no nos lo va a permitir ahora, pero 500 personas, por muy competentes, por muy bien intencionadas, por mucha buena voluntad que tengan, por mucha calificación profesional que tengan, pueden, pueden hacer el trabajo de auditoria que está establecido en la Constitución, en la propia ley orgánica, pueden fiscalizar todas las dependencias del gobierno federal y las paraestatales.
Y señores sinceramente, sinceramente si nos atenemos a los estándares de lo que significan las cargas de trabajo en una labor de auditoría responsable, llegamos o llego yo a la conclusión de que necesitaríamos reforzar en una forma muy racional, pero casi casi de manera permanente, los recursos y los elementos con que puede contar la Contaduría Mayor para cumplir cabalmente con las funciones que tiene encomendadas.
Desde luego que la Contaduría Mayor de Hacienda tan está limitada en sus recursos, que presenta este informe previo. Cuando recibe la Cuenta Pública en junio 10, la Contaduría Mayor de Hacienda se tiene que poner a trabajar pues a marchas forzadas, de junio 10 a noviembre 11 ó 15, para poder rendir este informe.
Pero la Contaduría Mayor nos dice: "¡Cuidado. Este es un informe preliminar. Todavía no he podido deslindar responsabilidades!"
Así es de que, señores diputados: "¡aguas!" Porque yo, Contaduría Mayor, les podré dar a ustedes un informe ya definitivo, en el cual habría deslindado eventuales responsabilidades, desde tipo penal, hasta septiembre de 1992.
Así es de que...
El Presidente: - Señor diputado: Disculpe, se ha terminado su tiempo.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Estoy a punto de terminar, señor Presidente y ...
El diputado Isaías Alvaro Rodríguez Vivas (desde su curul): - Señor
Presidente, ¿me permite una interpelación?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Sí, voy a aceptarlas, ya termino, nada más una o dos ideas muy breves.
Señores diputados, no tenemos elementos de juicio sólidos para poder emitir una opinión sobre la Cuenta Pública, hasta que no nos entregue la Contaduría Mayor el informe de resultados tendríamos bases, porque de otra manera si aprobamos ahora, si el informe de resultados deslinda responsabilidades para alguno o algunos o muchos funcionarios públicos, quedaríamos nosotros como un órgano, pues si no cómplice, al menos solapador de aquellos eventuales delitos que se hubiesen detectado en ese informe de resultados.
Así es de que, pues yo les hago un llamado a que con base en esta consideración, de que no tenemos un informe definitivo, que no será hasta septiembre de 1992, no puede esta Cámara de Diputados, en conciencia, dar todavía una opinión fundamentada, firme, sólida, sobre el resultado de la gestión financiera de 1990. Esta Cámara de Diputados no puede tampoco evaluar estos informes de auditores, señores, que son muy interesantes.
Con esto entonces, quisiera yo pedirles que no nos obliguen a la fracción del Partido Acción Nacional, a votar en contra. Quisiéramos que ustedes tomen en consideración que no se puede emitir una opinión fundamentada y estoy a la disposición para contestar las preguntas que consideren pertinentes.
El Presidente: - Diputado Garza Galindo.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul): - Gracias, señor Presidente.
Pues estuve a punto de declinar el hacerle una interpelación, porque usted nunca entró al fondo del tema, diputado. Yo lo que quisiera preguntarle a usted, es ¿si participó usted o no en las reuniones de comisión? Tenemos registro de que participó usted activamente en cinco de las siete reuniones que hicimos.
Yo también quisiera saber si ¿entiende usted que éste es un proceso de análisis de la Cuenta Pública? y finalmente, ¿qué opina usted de la Cuenta Pública?, porque sólo habló usted de un proceso administrativo que todos conocemos y que usted afirma que así es. Nos preguntamos, entonces, ¿cómo es posible que su fracción, a través del compañero que lo antecedió en el uso de la palabra, haya expresado una opinión fundada?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Sí, como no, compañera diputada. Me pregunta usted que ¿cuál es la opinión en relación a la Cuenta Pública? Desgraciadamente esta materia, como he tratado de demostrar, es tan amplia, que el tiempo de que se dispone para la tribuna no permite muchas veces abordar todo lo que uno quisiera abordar en tribuna. Sin embargo, como miembro de la comisión, me reservo mi derecho de volver a solicitar el uso de la palabra en un próximo turno, si lo considero necesario.
Pero tratando de contestar la pregunta que usted me hace, sobre la opinión, pues hemos visto y analizado algunos de los datos macros de la Cuenta Pública y le puedo decir que hay dos o tres, nada más, datos que puedo apuntar en este momento, por vías de tratar de ser breve, sobre números de la Cuenta Pública. Fíjense ustedes el gasto total, el gasto neto devengado fue de 207 billones en 1990, de los cuales se divide en dos grandes ramas este gasto neto devengado: lo que se llama el gasto programable y lo que se llama el gasto no programable; habría que, entonces, entrar a precisar cuál es la diferencia entre uno y otro, pero son dos ramas de esta cifra total de 207 billones. Dentro del gasto no programable hay una partida de 90.4 billones en 1990, de los cuales se divide en dos grandes ramas este gasto neto devengado: lo que se llama el gasto programable y lo que se llama el gasto no programable; habría que, entonces, entrar a precisar cuál es la diferencia entre uno y otro, pero son dos ramas de esta cifra total de 207 billones.
Dentro del gasto no programable hay una partida de 90.4 billones de pesos, que representa algo así como el 45% del total de lo gastado en 1990 y de estos 90.4 billones de pesos, nada más para intereses y comisiones y gastos de la deuda, se destinaron 69.28 billones de pesos; 69.28 billones de pesos, que representan más de la tercera parte del total del gasto neto devengado en 1990, ¡más de la tercera parte! En transferencias, transferencias a paraestatales sujetas de control o fuera del control presupuestal, se están destinando 27.38 billones de pesos, en números redondos, cosa que ahí hay un elemento que, de esos 27.38 billones de pesos, dos terceras partes se canalizaron a transferencias, a entidades paraestatales no sujetas de control presupuestal y sólo una tercera parte de estos 27 billones fueron dedicados a las paraestatales de control directo.
Tratando ya de resumir la respuesta a la diputada Laura Alicia, yo diría que nosotros no podemos aprobar una cuenta pública y mi opinión es ésa, en la que el 33.33% del gasto total, se destinó a pagar costos y gastos financieros y en la que, ojo, porque estas proporciones no vienen en los libritos, estas proporciones las tiene uno que sacar ya por su lado, comparado con lo que se gastó en educación en 1990, la deuda pública representa, el servicio de la deuda, no el servicio, los gastos y costos, es decir, intereses y comisiones de la deuda, representan 5.26 veces lo que se gastó en educación; representan también 4.46 veces la deuda, 4 y media veces prácticamente lo que gastamos en salud en 1990 y representa 4 y media veces también lo que se entregó de participaciones a los estados y municipios.
Con este esquema, con estas proporciones entre lo que se gasta, cómo se gastan nuestros recursos y cómo idealmente quisiéramos los mexicanos que se gastaran, nosotros no podríamos aprobar de ninguna manera esta deuda, porque sentimos que aun cuando hay avances en materia económica que reconocemos, compañeros diputados, Acción Nacional reconoce avances en materia económica, que ha habido una reducción en la inflación, que hay un esfuerzo por reducir el gasto público, sobre todo el gasto corriente, que se está incrementando el producto interno bruto. Nosotros hemos reconocido y alentamos esos avances en materia económica, pero de ninguna manera estamos satisfechos con esos avances, porque refiriéndonos a la Cuenta Pública, la forma como estamos distribuyendo nuestros recursos, señores diputados, no puede ser satisfactoria para nosotros, de ninguna manera.
Es el caso del gasto de una familia en la que de acuerdo a los limitados ingresos mensual, la familia tiene que asignar qué va a dedicar a alimentación, qué va a dedicar a vestido, qué va a dedicar a las necesidades básicas de la familia y por allá al final irá apuntando lo que va a dedicar a diversiones, a paseos, a irse de vacaciones, si es que le alcanza el dinero y esa prioridad con que se maneja el dinero en la economía familiar, esa actitud cuidadosa, austera, de un padre, de una madre de familia para hacer rendir el gasto y utilizarlo en aquello que satisface mejor las necesidades de la familia, quisiéramos verla en los señores funcionarios de las dependencias federales, esa actitud de asignación de recursos a aquellas áreas, a aquellas actividades que verdaderamente van a beneficiar más a la gran familia que formamos los mexicanos.
Queda contestada, al menos intenté hacerlo, diputada, su pregunta. Si hay alguna otra pregunta, con todo gusto.
El Presidente: - Si, diputado, acepta usted la interpelación, ¿verdad? Tiene la palabra.
El diputado Isaías Alvaro Rodríguez Vivas (desde su curul): - A mí más bien me ha parecido que usted se llevó los 30 minutos, compañero diputado, para no dar una opinión de la Cuenta Pública. ¿No le parece a usted que habiendo tenido a su disposición esos documentos que obviamente si usted quiere leer todos es muy difícil, pero que tuvo a su disposición el banco de datos del Palacio Legislativo, no se le hace irresponsable la intervención de su compañero diputado al haber formulado una opinión de algo que su fracción no ha leído y de usted mismo al haber reconocido antes que no había leído los documentos y en este momento formula usted algunas opiniones, aunque con un criterio doméstico, del carácter de resultados de la Cuenta Pública?
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Muchas gracias, agradezco sinceramente estas preguntas, porque me dan opción a poder desarrollar lo que me faltó en mis treinta minutos.
El Presidente: - Le rogamos al diputado que nos ayude a agilizar este debate.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Trato simplemente de atender pues las preguntas que se me están formulando y con todo gusto contestaré las preguntas y todas las que pueda yo contestar.
Miren, hay algunas partes en este informe previo, pues yo traté de leer, no sé si el señor diputado que me hizo la pregunta tuvo oportunidad de leerlo completo. Miren, hay algunas partes de este informe previo que son muy interesantes y que yo aprecio como esfuerzo de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Por ejemplo, dice aquí, en la página 15, tengo marcados algunos párrafos, la Contaduría Mayor de Hacienda. Esta concepción de los cambios y adecuaciones al informe previo, devienen de su característica primordial de constituir el primer eslabón de la fiscalización sobre el ejercicio de 1990, primer eslabón, dice la Contaduría Mayor de Hacienda.
Con la retroalimentación proveniente de los debates, es decir, entiendo que ahorita se encuentran por aquí algunos representantes de la Contaduría Mayor de Hacienda, tomando nota de algunas de estas intervenciones. Dice, con la retroalimentación proveniente de los debates de las sesiones de la honorable Cámara de Diputados y de las consideraciones, recomendaciones e instrucciones del dictamen correspondiente, quedarán perfiladas en definitiva las auditorías y revisiones específicas.
Con las recomendaciones que aquí hagamos ellos van a hacer auditorías, así como las investigaciones especiales que permitan corroborar las situaciones preliminares que se apuntan en los resultados de dichas auditorías. Retrosituaciones preliminares, o éstas, perdón, de este otro libro y se generarán las conclusiones y recomendaciones que constituirán el informe de resultados.
Esta es la fase final, nos dice la Contaduría Mayor de Hacienda, de la fiscalización sobre la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1990. Luego entonces es claro que no tenemos la fiscalización completa y que se intenta que sea ese dictamen ahora aprobado cuando no hemos dado el tiempo suficiente a la Contaduría Mayor para que nos informe.
Señores, pues los que aprueben, cada quien su responsabilidad, cada quien su conciencia.
Y viene más adelante lo que la Contaduría Mayor dice un poquito más adelante y que también es materia y nos da luz sobre el tema.
Considerando que los impedimentos encontrados por este órgano técnico, constituyen limitantes en la evaluación especialmente para la determinación de la suficiencia, la eficacia y la eficiencia, se mencionan a continuación las más importantes. Ahí les voy.
Carencia de metas de resultados sectoriales en términos cuantitativos. Falta de vinculación entre las metas intermedias y las metas de resultados con las metas e inversión y metas de operación. Dificultad en ciertos casos para asociar el gasto con metas originales, modificadas y alcanzadas.
En otros casos, omisión o imprecisión de las explicaciones sobre las caudas de variaciones registradas en el cumplimiento de metas y ejercicio de los recursos. Variaciones, fíjense, porque lo dice con mucho tacto, con mucha diplomacia, variaciones registradas en el cumplimiento de metas y ejercicio de los recursos y de igual forma en algunos más, insuficiencia u omisión de información sobre los avances físico - financieros de proyectos de inversión.
Continúa un poquito más adelante y dice: el origen de esta característica de las auditorías de sistemas, es el desfasamiento en el tiempo con respecto a la Cuenta Pública revisada, nos
lo está advirtiendo la Contaduría Mayor de Hacienda, nos está diciendo: señores, es que estoy muy desfasado, estoy revisando las cosas pero que ya pasaron, ya es historia. Ahorita lo que interesa es la Miscelánea Fiscal, el Presupuesto de 1992, lo que viene; ya lo de 1990 ya se quedó atrás.
Pero la Contaduría Mayor de Hacienda cumple cabalmente con su responsabilidad, y nos dice: el origen de esta característica de las auditorías de sistemas, el desfasamiento en el tiempo con respecto a la Cuenta Pública revisada, es debido primordialmente a la dificultad, incluso a la imposibilidad para revisar sistemas, métodos y procedimientos en uso a más de un año de distancia.
Más claro no canta un gallo. La imposibilidad para revisar sistemas, métodos y procedimientos en uso a más de un año de distancia, continúa, adicionalmente debe considerarse que las recomendaciones basadas en los resultados de una revisión tan desfasada, vuelve a repetirlo, ya no serían aplicables en gran medida, mientras que las formuladas con respecto a sistemas, probablemente aún en uso o recientemente superados, permiten el mejoramiento de este segmento operacional de la administración pública.
Aquí nos dice la Contaduría Mayor: yo no puedo actuar y hacer correcciones en los sistemas que usan las dependencias, a un año de distancia; o no puedo al menos, nos dice, con la eficacia debida. Ya cuando ya pasó, ya a lo mejor ya se cambiaron titulares, ya pasaron quién sabe cuántas cosas.
Y podría seguir, señor diputado, pero traté de contestar su pregunta y tendría muchas observaciones que hacer aquí de este librito que se llama dictámenes de los auditores externos, que si ustedes, señores diputados, están de acuerdo y me conceden otros minutitos, le damos a este asunto o si no pediré el uso de la palabra para mi segunda oportunidad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Muchas gracias.
Diputadas y diputados, esta mesa quiere hacer un exhorto muy comedido a los oradores que restan, que se sujeten a los tiempos a efecto de que la asamblea siga con interés los debates.
Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón, en contra, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente.
El Partido de la Revolución Democrática hizo ya, en ocasión anterior en esta sesión, una presentación de sus opiniones en torno al dictamen de Cuenta Pública. La intervención del diputado Enrique Rico, fue precisamente para presentar el voto particular en contra del dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Público Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1990. Entregamos ya a la Secretaría un documento de más de 40 páginas, donde presentamos nuestra opinión sobre el dictamen de Cuenta Pública, tanto en lo que se refiere a la visión general de la política económica y los resultados del año 1990, como a un análisis sectorial.
Sin embargo, de entrada, quisiera destacar que pese a que nuestro partido ha entregado ya a la Secretaría y por tanto a la consideración de esta soberanía su voto particular en contra, donde fundamenta sus opiniones, consideramos que las circunstancias en las cuales se ha dado la discusión y análisis del dictamen de Cuenta Pública, no han sido las óptimas desde muchos puntos de vista.
En primer término, el análisis de esta Cuenta Pública, ha tenido que realizarse en un plazo extremadamente breve; estamos hablando a grosso modo de un mes y 10 días, a partir del inicio de las funciones de esta legislatura, con comisiones que se regularizó su funcionamiento apenas en la segunda y tercera semanas del mes de noviembre, en virtud precisamente de que se iniciaban las actividades de la LV Legislatura y bajo la presión, cosa que no es secundaría, bajo la presión de un intenso trabajo legislativo en áreas que tiene que ver, como son las reformas constitucionales o la propuesta de reformas constitucionales del artículo 27 y dos propuestas que actualmente estamos discutiendo o que se ha iniciado sus consideraciones, me refiero a la del 102 y la del 130.
Unido a la discusión de Ley de Ingresos, unido a la discusión de Miscelánea Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación y a la complejidad técnica a la que ayer aludíamos que tienen estos campos de discusión en diferentes áreas, evidentemente, aunque ha existido voluntad en muchos de los diputados de esta legislatura para analizar en detalle un conjunto de documentos relativos a Cuenta Pública, las circunstancias, insistimos, no han sido las óptimas para un análisis preciso y puntual de esta Cuenta Pública.
Ojalá y ésta es una voluntad política del Partido de la Revolución Democrática, que la hemos expuesto en comisiones, en varias ocasiones, ojalá
que existan condiciones el próximo año para que podamos hacer un análisis oportuno, puntual y preciso de cuenta pública, desde mediados del año 1992, para permitir un diagnóstico global y sectorial de los resultados de la Cuenta Pública. Pero además hay un elemento que sí quisiera destacar y que me parece de mayor importancia: Quienes hemos participado en análisis económico a lo largo de los años, sabemos que importa el análisis estadístico y sabemos que los resultados de auditorías son útiles en materia del estudio de una determinada área económica, sector económico, empresas paraestatales o secretaría de Estado. Pero sabemos también la enorme utilidad que tiene la investigación directa de campo; es decir, la visita fiscal a instalaciones o el estudio específico de empresas de áreas de desarrollo rural o de resultados de administración pública con testimonios directos de quienes han sido afectados o están involucrados en este proceso. Lo cual significaría lo siguiente: Significaría reflexionar de la enorme pertinencia que tendría un método que permita a legisladores hacer análisis de resultados de la administración pública federal, no sólo con base en análisis de libros, documentos y estadísticas, sino con base en trabajo de campo y visitas a instalaciones, sobre todo cuando sean de la magnitud e importancia suficiente para permitir una evaluación precisa de los resultados del gasto público y permitiría algo que es fundamental: Verificar si esta obra pública cuya documentación está presentada en los libros y textos respectivos, se corresponde con algo que está efectivamente realizado, o si tal o cual obra que ha sido declarada terminada o inaugurada, efectivamente corresponde a algo que está en vías de realización.
Basta señalar aquí el asombro que un servidor de ustedes tuvo a finales del gobierno del licenciado Miguel de la Madrid, cuando una obra de riego que fue el proyecto en Elota - Piaxtla, que es una gran presa sobre el Río Elota, que un servidor de ustedes estuvo pendiente de su construcción a lo largo de varios años y cuando por testimonio personal sabía yo perfectamente que esa obra no estaba terminada y aún faltaban un conjunto de estructuras del canal principal, de canales derribadores secundarios y muchos aspectos más, el asombro, repito, fue que en los últimos días del gobierno del licenciado Miguel de la Madrid, fue declarada terminada esa obra, fue inaugurada oficialmente cuando todos los habitantes de la Cruz de Elota, que así se llama el poblado, capital del municipio más cercano, sabían exactamente y un servidor de ustedes lo sabía no estaba terminada en diciembre de 1991, porque siguen todavía realizándose obras complementarias y obras secundarias para estructurar el distrito de riego del proyecto Elota - Piaxtla.
Podríamos poner muchos otros ejemplos, pongo éste porque es un proyecto que he seguido de manera precisa y puntual en su instrumentación, aplicación, y desarrollo.
Pero también importa esta reflexión para obras que se declaran realizadas en tal o cual período, pero fueron realizadas en periodos previos. He recibido de líderes campesinos y de organizaciones de productores, en comentarios que hemos hecho sobre cuenta pública y obras de riego que están descritas en Cuenta Pública, observaciones que sólo pueden ser corroboradas con investigación específica, evidentemente, de que tales o cuales obras descritas en Cuenta Pública fueron realizadas parcialmente o totalmente en periodos anteriores.
No puedo en este momento hacer una intervención fundada sobre este aspecto más que en términos de referencias indirectas. Pero habrá momentos y tiempos en que en recesos legislativos, cuando no tengamos tareas en esta soberanía, en el pleno de la Cámara de Diputados, puedan realizarse actividades específicas con una participación multipartidaria que permita la verificación, repito a ustedes, no solamente en términos de análisis estadístico, contable y con los tiempos que debemos darnos, sino también permita una revisión sobre todo de aquellas obras de mayor envergadura en distintas áreas y diferentes sectores.
Dicho lo anterior, sin embargo, debo destacar que aunque no estamos discutiendo esto en posiciones óptimas para la división de poderes y para la salud de la República, es de vital importancia darle, en éste y en próximos tiempos, un peso sólido al examen de Cuenta Pública, porque en los resultados económicos del ejercicio de ingresos y gastos públicos, donde la facultad de fiscalización y control del Poder Legislativo, puede tener mayor solidez, sobre todo con una preocupación central, más allá de un simple interés de fiscalización y control abstracto. Lo que nos debiera importar en términos realistas , es la corrección de aquellas políticas que pudieran estar equivocadas o apartándose de los lineamientos aprobados por el Congreso de la Unión en materia de ingreso y gasto.
Es decir, importa la revisión y lo decimos como partido de oposición, que es el Partido de la
Revolución Democrática, no sólo para una estéril confrontación de ideas; importa la revisión del dictamen de Cuenta Pública para poder corregir aquello que deba corregirse, para poder modificar aquello que deba modificarse y para instrumentar cambios de política económica y en política de ingresos y gastos que favorezcan la salud de la economía y el bienestar social.
Y en aquellos casos en que se incurra en violaciones a la ley, se proceda de manera responsable y serena a hacer las correcciones y aplicaciones legales que sean de la competencia de la sugerencia que este Congreso presente a los órganos correspondientes.
Por tanto, es una facultad que debe ser fortalecida y revalorada en sus justos términos. Entrando propiamente en algunos análisis específicos, un elemento que quisiéramos destacar a ustedes, lo hemos comentado ya en ocasiones previas y ha sido motivo de discusiones en pleno y en comisiones, es el hecho de que aunque el producto interno bruto en 1990 crece en un 3.9%, hecho que evidentemente muestra que tenemos un crecimiento positivo del producto respecto a la situación de los años anteriores, creció más, por tanto, el producto que el crecimiento demográfico, no nos parece satisfactorio este crecimiento del producto, porque se inscribe dentro de una tendencia que durante los años ochenta fue globalmente recesiva y apenas inicia en 1989 y 1990 un proceso de recuperación.
Hemos sostenido ya que si tomamos como punto de referencia y comparación el nivel de producto interno bruto en 1981, tenemos que el producto interno bruto en el año 1990 es apenas 2.47% más alto que el nivel que tenía en 1981. Lo cual significa que si bien en términos estadísticos tenemos crecimientos positivos del producto en 1990 y 1991 y seguramente, damos este beneficio de la duda, lo tendremos en 1992, estamos ante un proceso donde apenas estamos recuperando los niveles reales de producción que teníamos al inicio de los años ochenta y decimos con claridad que no tenemos ninguna nostalgia de los ochenta, ni tenemos ningún interés en regresar a ese año. Lo usamos en términos de un indicador comparativo estadístico para mostrar que aún no es momento de cantar victoria en lo que será el inicio de una onda larga de crecimiento económico.
Y pensamos también que no es momento de cantar victoria, porque globalmente el nivel de gasto público ejercido en 1990 es sustancialmente inferior al que teníamos al inicio de los años ochenta. En términos generales podemos decir que el nivel de gastos programado que se ejerce en 1990 es inferior al gasto programable que se ejerce en 1980. Mientras que en 1980 el gasto programable representó casi el 26% del producto interno bruto, en 1990 el gasto programable represento apenas el 17.5% del producto interno bruto y un elemento que nos parece preocupante, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, de esto ya se ha hablado previamente a nuestra intervención, es que los intereses que están incorporados precisamente dentro del gasto neto del sector público presupuestal y que forma parte del gasto no programable, los intereses alrededor de 69 billones de pesos pagados de intereses de la deuda pública en el año 1990, representan una cifra muy elevada del producto interno bruto, que fue el 10.4%.
Evidentemente hay en el año 1991 una tendencia a su disminución y es previsible que disminuya un poco más en el año 1992. Pero si nos ceñimos a un análisis estricto, interno, del año 1990, no podemos congratularnos desde ningún punto de vista de un nivel de pago de interés de deuda pública externa del orden de 69 billones.
Otro aspecto en el que evidentemente no podemos presentar una visión tan optimista como la que algunos documentos gubernamentales desearían presentar, en el que se refiere al nivel de gasto público en materia de desarrollo rural, si apenas es para el año 1990 el 32% del nivel de gasto en desarrollo rural per capita que teníamos para el año 1980. O en el caso del gasto para desarrollo social, encontramos que en el año 1990 el gasto en desarrollo social es apenas el 81% del gasto en desarrollo social que teníamos en 1980.
Hay pues una caída en términos reales de la inversión pública en desarrollo rural, una caída del orden del 62%, a grosso modo y hay una caída de un orden del 4% en términos reales del gasto en desarrollo social, respecto a 1980.
En estas condiciones, aunque en términos aparentes, tenemos un comportamiento muy dinámico de la inversión pública en este año 1990. Estamos aún en un momento, en un año en donde ciertos rubros nodales no se están recuperando los niveles de inversión pública.
Pero un elemento que resulta preocupante es un perfil de gasto programable, que se inicia en el año 1989 y que pareciera constituir el eje de los próximos años. Me refiero al siguiente perfil, respecto al...como porcentaje del producto interno bruto.
En 1989 el gasto programable represento el 17% del producto interno bruto, 173%. En 1990 el 17.5%. En 1991 el 17.6% y en 1992 el 17.6%.
El perfil pareciera en estabilizar la participación del gasto público sobre estos niveles y este parámetro del 17,17 y medio, que para la magnitud de las necesidades de inversión que tiene esta nación y para la magnitud también de las necesidades de gasto de desarrollo social, nos parece absolutamente insuficiente.
Otro punto más que ha sido motivo de intervenciones nuestras en varias reuniones de comisiones y en tribuna, es que el déficit de la balanza en cuenta corriente del año 1990, nos parece ya signo de alarma de un escenario macroeconómico que no resulta conveniente para nuestro país y que no solamente se mantiene en el año 1992, sino se profundiza.
Contrariamente a la afirmación que aparece en el dictamen de Cuenta Pública sobre déficit de cuenta corriente que sitúa este déficit en 5 mil 254 millones de dólares, tenemos que el déficit es de 6 mil 349. En su momento hicimos una pregunta a subsecretarios de Programación y Presupuesto sobre este punto y comentaron, en esa reunión de comisiones que tuvimos al respecto, que el déficit debiera ser situado sobre el que viene en el texto Criterios Generales de Política Económica.
Y también comentamos y lo decimos en esta alta tribuna, que la tendencia que ya se consolida en 1990 a cubrir con superávit de balanza de capital el déficit en cuenta corriente, que ha sido considerado como un proceso normal de ajuste macroeconómico, es una tendencia que al Partido de la Revolución Democrática preocupan particularmente: Depender de recursos que se destinan fundamentalmente a inversiones en cartera en bolsa de valores, como medio para tener superávit en balanza de capitales, que cubre el déficit en cuenta corriente, nos parece altamente riesgosos, sobre todo en un perfil de mediano y de largo plazo y además nos parece riesgoso que sea minoritaria la inversión extranjera directa que va, precisamente, hacia instalaciones productivas y en cambio sea descansando fundamentalmente en inversión en cartera gran parte de este superávit en cuenta corriente.
Evidentemente este año, el año 1990, al igual que el 1991, hay un crecimiento económico, pero es un crecimiento precario que no puede ser sostenido en el largo plazo.
Y antes, o adelantándome, mejor dicho, a un elemento que seguramente aparece en la polémica al respecto, nuestro punto de vista no es buscan en el largo y mediano plazos ni superávits duraderos en cuentas corrientes, ni déficits en cuenta corriente. Creo que debemos buscar como medida macroeconómica de política económica, en equilibrio en cuenta corriente y un equilibrio en cuenta de capitales, para tener nuestras finanzas internacionales en una situación adecuada en un perfil de largo plazo.
Otro punto particularmente preocupante, es la evolución de las importaciones. Tuvimos ese año un precario superávit en materia de importaciones de solamente 600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque después de varios años de una contracción de las compras de bienes de capital e insumos y de una política de apertura comercial que favorece la importación de mercancías, se dispara prácticamente esta importación de mercancías, acelerando una tendencia hacia el desequilibrio que se apunta en el año 1990 y que adquiere características mucho más claras en 1991, cuando no solamente tenemos un déficit en cuenta corriente, sino también tenemos un déficit de la propia balanza comercial.
Otro aspecto y aquí quisiera referirme particularmente al dictamen de la Hacienda Pública, es el que se refiere a la venta de paraestatales. Se presenta como positiva la conclusión de 139 procesos de desincorporación de empresas públicas: 42 se liquidan, 15 se extinguen, siete se fusionan y 61 se venden.
En este sentido y lo comentaremos posteriormente, nos parece contrario al interés nacional, mostrar que resulta en sí mismo positivo todo proceso de desincorporación y venta de empresas públicas. Nuestro punto de vista ha sido que empresas de importancia económica, fundamental para esta nación, debe mantener el Estado bajo la condición de empresas estatales y que debe fortalecerse el sector social, buscando que las transferencias sean fundamentalmente hacia este sector social y hacia un sector de medianos y pequeños empresarios, no monopólicas, hay en aquellas empresas que no resulten de interés prioritario para la nación, el mantenerlas en manos del Estado.
Evidentemente no estamos de acuerdo en que resulte por sí o intrínsecamente un elemento positivo esta venta de empresas públicas.
Otro punto que se presenta en el dictamen y que está tomando de elementos que aparecen en la Cuenta de la Hacienda Pública como positivo, es el hecho de que la ley para promover
la inversión nacional y regular la inversión extranjera, simplifica procedimientos amplía rango de actividades al capital extranjero y definen criterios del tratamiento que se dará a inversión foránea en bolsa de valores; se defiende la apertura comercial y se defiende la supresión de 11 mil 605 fracciones arancelarias de importación.
En este sentido, nuestro partido, desde hace ya varios años, ha cuestionado esta desregulación de la inversión extranjera, creemos que lo que debe hacerse es fortalecer los mecanismos regulatorios de la inversión extranjera, para canalizarlos adecuadamente hacia áreas prioritarias pensamos que el Reglamento anticonstitucional, que da tratamientos preferenciales a inversión foránea en mercado de valores sí pensamos también que la apertura comercial no ha sido conveniente para nuestro país con la forma, rítmica y tiempos.
El elemento de referencia que hemos establecido varias veces, para que no se nos acuse de proteccionistas autárticos, es que mantengamos ciertos criterios esenciales que en materia de protección arancelaria definimos en nuestro protocolo de ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, criterios que no han sido respetados, porque los ritmos de apertura comercial han sido mucho más rápidos de los mismos que establece el propio Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
Quisiéramos, finalmente, antes de hacer algunas consideraciones últimas, referirnos a un aspecto particular del proceso de desincorporación y es el que se refiere a la desincorporación de 36 ingenios, que aparece en la página 35 del dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, en donde se habla como positiva esta desincorporación de 36 ingenios y se dice que disminuyó la capacidad comercializadora de Azúcar, Sociedad anónima.
Nuestro punto de vista, nuestro partido lo ha dicho en varias ocasiones, es que no se cumplió el objetivo de transferir los ingenios azucareros prioritariamente al sector social; es decir, a los productores agrícolas y a los propios trabajadores de la industria azucarera,. Fueron empresas y consorcios vinculados a núcleos refresqueros transnacionales, particularmente los dos grandes consorcios monopólicos mundiales, que son la Pepsi - Cola y la Coca Cola, quienes por medio de "holdings" y empresas en donde no aparece de manera directa su razón social pero en donde su capital participa de manera importante, adquirieron un gran número de estos ingenios azucareros para poder tener un abasto seguro de azúcar para su fabricación de refrescos. Evidentemente esto representa un paso adelante en la dinámica de transnacionalización de la industria alimentaria mexicana. Ya de por sí resulta preocupante que antes de estas privatizaciones, el 20% de la industria alimentaria mexicana estaba en manos transnacionales; transferir gran parte de estos ingenios privatizados a empresas transnacionales, no contribuye al fortalecimiento de la solidez de nuestro desarrollo rural, autónomo, soberano e independiente.
Un punto final es el que se refiere a la renegociación de la deuda externa. De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre de 1991, Tenemos una información consolidada de que para fines de 1990 la deuda externa total, pública y privada de nuestro país a fines del año 1990 era de 93 mil 599 millones de dólares.
Sobre este total, deuda externa estamos entonces en una situación en hay un alto porcentaje de esta deuda que sigue siendo deuda pública. En el propio dictamen de Cuenta, Pública que estamos examinando, se destaca un nivel de deuda externa del orden de 77 mil millones de dólares y este nivel de 77 mil millones de dólares y este nivel de 77 mil millones de dólares, se estima que debe ser considerado ligeramente inferior si se incorpora, mejor dicho si se quita de este nivel global de deuda aquella parte de bonos del gobierno mexicano que están en instituciones financieras internacionales garantizando el pago de intereses de un sector de la deuda externa renegociada en febrero de 1990.
El problema de fondo que yo quisiera destacar a ustedes, más allá de una discusión técnica sobre deuda externa, para lo cual no dispongo del tiempo para analizarla en detalle, es que según este informe de deuda pública del segundo trimestre del año 1991, en el año 1990 cubrimos un servicio de la deuda externa por 9 mil 19 millones de dólares, lo cual sitúa el servicio de la deuda en un nivel muy elevado todavía; pasamos quizá de una situación de sobreendeudamiento y de incapacidad para cubrir de manera regular un servicio que podría haberse acercado hacia los 11 o 12 mil millones de dólares anuales a un servicio que la nación puede con su infraestructura cubrir, del orden de 9 mil millones de dólares; pero aún sigue siendo, señoras diputadas, señores diputados, aún sigue siendo un nivel muy alto de pago de servicio de deuda que afecta de distintas formas a esta República. Por un lado, no es la totalidad de la deuda pública externa la que fue renegociada; fue una parte de la deuda pública externa la que fue renegociada; un
segmento de esta deuda tuvo una reducción del principal del 38% cuando en esos momentos en los mercados secundarios de la deuda mexicana se estaba cotizando a un valor nominal menor al 50%; a otra parte de la deuda externa se estableció una tasa fija de 6.25%, cuando había y a una tendencia en los mercados mundiales a una disminución del nivel medio de la tasa de interés pagada y otra parte cedió capital adicional, pero contrariamente a lo aquí expuesto, estimamos que los resultados de esta renegociación fueron insatisfactorios para la nación y se sitúan en un nivel global a la renegociación política que obtuvieron posteriormente en Egipto y Polonia, en términos de condiciones de una renegociación global de la deuda.
Por lo expuesto, pensamos que la verdadera reestructuración económica a través de una política nacionalista y popular de gasto público y de ingreso público, aún está por realizarse. Tenemos una tarea gigantesca los mexicanos en los próximos años, de modificación esencial de política de ingresos y gasto, que permitirá un crecimiento con soberanía, democracia y justicia, un aumento del ingreso y del empleo y un fortalecimiento del conjunto de la infraestructura económica de la nación.
Por las consideraciones expuestas y con todo respeto a esta soberanía, es por lo que el Partido de la Revolución Democrática emitió en este análisis preliminar de cuenta pública, un voto particular en contra. Muchas gracias, señores diputados.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Lugo, del Partido Acción Nacional, en contra.
El diputado Fernando Lugo Hernández: - Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea:
No es fácil abordar desde esta tribuna de la nación, una discusión de fondo que por su relevancia y delicadeza y según la óptica con que se vea, puede ser positiva o negativa para la nación.
Conocer si lo gastado o lo ahorrado por el gobierno federal se apegó al presupuesto autorizado, a la normatividad aplicable, si se dio cumplimento a los objetivos, a las metas y a los programas, son fundamentalmente el foco de atención de esta intervención.
Se citan en el dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1990, en el párrafo correspondiente al sector social, que el gasto ejercido por éste fue del orden de 44 billones, 83.8 mil millones de pesos, cifra superior en 12% respecto del 1989 y en un 5% respecto al presupuesto original.
En este sentido es conveniente considerar que para este sector se observa de manera global un desfasamiento notorio que refleja que en la aplicación del gasto hubo fallas que escaparon a los controles internos de la administración pública. Y como consecuencia de eso mismo se refleja un presupuesto ejercido superior a lo estimado para el año que se cuestiona.
También llama la atención en este dictamen, que en las conclusiones que nos presentan no se consideren explicaciones o comentarios con relación a este desfasamiento.
Por otra parte, al analizar al detalle este sector, el ramo educación, en el cual se señalan en su conjunto erogaciones que fueron del orden de 18 billones 379.8 mil millones de pesos, equivalentes al 98% de un presupuesto original. En este también se observa de manera más particular y específica, el desequilibrio, con respecto al gasto del presupuesto original y el ejercido.
Aunque en apariencia en este ramo hubo error o recursos que no se utilizaron, la realidad es que en el desmembramiento de los componentes de este sector se observan también desequilibrios, desfasamiento, que no lograron controlarse satisfactoriamente.
Es preocupante encontrar en el análisis efectuado a este sector que hubo un margen significativo, diferencias entre las metas que se propusieron y las que al final del año se alcanzaron.
En el documento de resultados generales, mencionan las metas que se propuso el sector educación para el año de 1990. A este respecto, se observa, que no obstante el esfuerzo realizado por el gobierno de la República, hubo niveles educativos que quedaron rezagados en el cumplimiento de estas metas. Tenemos por ejemplo preescolar rural, donde la meta original que se fijó en 39 mil 800 alumnos, en cuanto a la meta alcanzada se ubicó en 36 mil 491 alumnos, lo que significa una variación de menos 8.3% que no se cumplió.
Con relación a preescolar general, la meta fijada fue del orden de 1 millón 953 mil 200 alumnos, mientras que la meta alcanzada fue de 1 millón 820 mil 821 alumnos, existiendo en consecuencia.
una variación de menos 6.8% que tampoco se realizó.
Se detectó también que en educación media superior, es de 2 mil 990 alumnos que se estimó, sólo fueron atendidos 1 mil 377, existiendo en consecuencia variación no alcanzada de menos 53.9%.
También se aprecia que en la educación media terminal tecnológica, la meta fijada original fue de 253 mil 400 alumnos, mientras que las metas alcanzadas fueron del orden de 196 mil 708, significando esto una variación de menos 22.4% que tampoco se alcanzó.
En educación para los adultos, se observa que las metas originales fueron muy ambiciosas, sin embargo en cuanto a las metas alcanzadas se encuentra que existe una variación de menos 18.5%, de menos 10.4% y de menos 12.7%, muy por abajo de lo estimado.
En consecuencia, en el dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se menciona que las actividades de este subsector se orientaron a elevar la calidad del sistema educativo y la escolaridad de la población. Se menciona que se formuló y diseñó un nuevo plan de estudios, cuya fase de prueba operativa se aplicó en los grados preescolar, primero y tercero de primaria y primero de secundaria, en 336 escuelas de todo el país entre otros aspectos.
No obstante esta orientación, cuya cifras se citan en el dictamen comparadas con los indicadores que se consideraron para el caso, se observó que las metas propuestas no lograron la eficacia, la eficiencia que se previeron en el presupuesto original.
En cuanto al sector salud y seguridad social, se cita en el dictamen que el gasto fue del orden de 21 billones 460.9 mil millones de pesos, monto superior en 14% con respecto de 1989 y de un 9.5% con respecto al presupuesto original. A este respecto, la intención, según sigue citando el dictamen, el gasto se orientó a mejorar la calidad y cobertura de los servicios. Sin embargo al revisar las metas que en esta materia se fijaron los organismos de seguridad social, se encuentran incongruencias entre las metas propuestas y las metas alcanzadas, dentro de las que descuellan las acciones encaminadas al control de las enfermedades transmisibles donde figura en el área de salud que de 11 millones 169 mil consultas que se previeron sólo fueron atendidas 7 millones 859 mil, lo que significó dos cosas; o bien que no hubo capacidad para atender la demanda o bien que no hubo enfermos que atender.
En cuanto a la planificación familiar, se encontró en los documentos de análisis, que en el área de salud de 3 millones 269 mil consultas, sólo se alcanzó 2 millones 835 mil, existiendo una variación de menos 13.3% a lo esperado.
Asimismo se observa que esta misma institución, de la meta propuesta en cuanto a otros servicios, de 868 mil consultas sólo alcanzó a atender 536 mil, siendo esto una variación de 38.2% a lo programado.
En cuanto a alimentación complementaria, esta misma institución previó 3 millones 299 mil raciones y la meta alcanzada sólo fue de 1 millón 941 mil, es decir, un menos 41.2% no se alcanzó.
Llama también la atención en este sector el presupuesto ejercicio en cuanto al rubro solidaridad y desarrollo regional, que asciende a la cantidad de 2 billones 662.4 mil millones de pesos, que comparado con el presupuesto original, que fue del orden de 2 billones, se observa que hubo un incremento adicional del orden de 662.4%. Este desfasamiento estoy seguro que fue positivo, en cuanto a que se tradujo en obras y apoyos a la población necesitada.
Sin embargo, aquí es momento de plantear un interrogante: ¿Por qué el gobierno federal ejerció este monto con un incremento sustancial o lo proyectado? ¿No será acaso porque en el año siguiente habrían elecciones?
Cita también el dictamen de referencia que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología efectuó 34 estudios y proyectos para sistema de agua potable y alcantarillado; menciona también, en materia de vivienda, que las acciones estuvieron encaminadas a reducir el déficit habitacional.
No obstante estas buenas intenciones, se observa, como lo menciona el mismo dictamen, que en cuanto a la terminación de vivienda hubo una variación de menos 3.6%. También en este subsector se encuentra que en la aplicación del gasto autorizado, tuvo que hacer frente a los desequilibrios internos que escaparon a las previsiones consideradas para el año que se menciona.
En consecuencia y por todo lo anteriormente expuesto y considerando que en el dictamen de referencia no se encuentra la explicación y justificación a los desequilibrios encontrados, por estas razones, entre otras, se propone, con
fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, adicionar el artículo 2o. del dictamen con el siguiente inciso: Inciso M. La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, analizará a fondo la documentación recibida para verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas autorizados al gobierno federal y comparar que las dependencias, perdón y comprobar que las dependencias de la administración pública central y los organismos paraestatales, se apegaron a la programación autorizada, así como para determinar en forma oportuna las desviaciones y variaciones en la aplicación del gasto autorizado.
Salón de sesiones del recinto alterno de la Cámara de Diputados, a 12 de diciembre de 1991.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Alfredo Lujambio, el diputado Fernando Lugo Hernández, el diputado Alberto Miguel Martínez Mireles. Muchas gracias.
La diputada María de la Luz Julieta Guevara Bautista (desde su curul): - Para hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos, en los términos del 102.
La diputada María de la Luz Julieta Guevara Bautista: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado con mucha atención a nuestros compañeros que han hecho uso de la palabra y coincidimos en algunos puntos con ellos.
Sabemos que el análisis de la Cuenta Pública no es algo fácil, sabemos que es un proceso complejo. Estamos de acuerdo con lo que señalaba el compañero Calderón, acerca de que este análisis de la Cuenta Pública de este período de sesiones de la LV Legislatura, tiene características especiales, porque nosotros apenas empezamos a trabajar como legislatura, en noviembre de este año y en estas fechas tenemos que entregar este dictamen sobre la Cuenta Pública.
Esto no quiere decir que los tiempos y los procedimientos fijados por la ley, no hayan sido cubiertos u obedecidos. ¡Se han cumplido textualmente!
Entendemos también que nuestro compañero diputado Lujambio, del Partido Acción Nacional, no haya tenido tiempo para revisar, empezar a conocer todo ese procedimiento señalado por la Constitución y las leyes reglamentarias y no le haya dado tiempo de llegar al análisis de la Cuenta Pública, propiamente de lo que hoy nos ocupamos.
En lo que yo no estaría de acuerdo con el diputado Lujambio, es el sarcasmo con el que le llama a Cuenta Pública: "Cuento", porque no creo que sea válido que por ignorar una materia se le aplique un calificativo al que no se tiene derecho. (Aplausos.)
Yo pediría que en eso tuviéramos más seriedad. Yo también creo que el diputado Lujambio ha hecho un gran esfuerzo, es una gente que... algún día conversé con él y me dijo que estaba interesado, que ésta era una función muy importante de la Cámara de Diputados. No solamente es la función importante aprobar el presupuesto; también lo es ver cómo se llevó a cabo su ejercicio y en eso creo que hay buena intención. Me dio la impresión, sinceramente, de que había habido un poco de desesperación por no haberle dado tiempo de hacer el análisis y entonces tratar de cubrir con eso, con ese sarcasmo, la falta de estudio y de comprensión de un documento.
El diputado se planteaba con justa razón si realmente cada uno de nosotros podía haber leído todos los tomos que aquí él mostró y que como pueden ver es mucha la cantidad de hojas que hay que revisar. Bueno, yo creo que no se trabaja así; yo creo que al menos la fracción de mi partido nos dividimos el trabajo entre un grupo de compañeros, a mí tengo que decir que me tocó la parte del desarrollo social que es del que me voy a ocupar en un mismo minuto y a la vez invité a otro conjunto de compañeros y nos dividimos cada una de las partes del desarrollo social y así lo investigamos. Compañeros con experiencia, como también los existe en la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con experiencia legislativa, suelen trasmitirles a sus compañeros de partido para que no uno tenga que hacerlo si es la primera vez que está en la Cámara, desde la consulta a la Constitución hasta las demás leyes, para investigar por cuenta propia cuál es el procedimiento, algunos compañeros de nosotros suelen ilustrarnos de cuál es, para ahorrarnos ese tiempo.
Creo, que son formas diferentes de organizar el trabajo y que, repito, quizá pues lo único con lo que no.., respeto mucho al diputado Lujambio y sus opiniones, solamente que no puede estar de acuerdo en que se actué por falta de conocimiento, repito, con ese sarcasmo en el que se llamó, "cuento" a la Cuenta Pública.
Rapidísimamente y al compañero Fernando Lugo, quisiera decirle que dentro de esa dificultad que existe para analizar la Cuenta Pública, no solamente es cuestión de ver las metas que no se cumplieron en los cuadros estadísticos. Creo que, como decía el compañero, no solamente se trata del análisis de la estadística , sino de esa interpretación que debe hacerse de los datos estadísticos. Si el compañero Lugo revisó, después de los cuadros estadísticos, se daría cuenta que viene una parte donde se explican las variaciones que se tuvieron en el presupuesto, tanto en los recursos que se utilizaron y que no se apegaron a lo presupuestado, como en la no consecución de las metas o haber sobrepasado las metas. Todas ésas se les llaman variaciones y están explicadas en otra parte de la Cuenta Pública.
Y así el compañero, por ejemplo, hacía con justa razón, porque solamente vio los cuadros estadísticos, decía: El presupuesto se amplió en varios billones de pesos para el sector social, es cierto. Pero compañeros, la explicación está dada en las variaciones.
Se dice que el aumento básicamente en el presupuesto de desarrollo social se debió a los aumentos salariales. Todos sabemos...
El Presidente: - Compañera diputada, muy respetuosamente le indico que en los términos del 102, se ha terminado su tiempo.
La diputada María de la Luz Julieta Guevara Bautista: - Gracias. No quiero romper con las normas que se ha fijado este mismo Congreso, pero sí pedirle, respetuosamente, a mi compañero Fernando Lugo, que hizo el esfuerzo de revisar todos estos cuadros estadísticos, que leyera las variaciones que se señalan en el mismo texto de la Cuenta Pública. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Gracias, señor Presidente: ciudadanos diputados; estimadas compañeras diputadas:
El tema que nos ocupa nos permite también traer hasta esta tribuna y a esta sala, el debate sobre reforma del Estado en este ámbito.
Hemos estado aquí ocupados en darle expresión legislativa al proyecto de reforma del Estado que tiene como eje vertebrador de su acción el Poder Ejecutivo actual.
La reforma al artículo 27 constitucional es parte de la columna vertebral de ese proyecto de reforma estatal. Pero en lo que corresponde a la labor fiscalizadora que este Congreso debe efectuar, en lo que corresponde a la relación entre este poder y el Poder Ejecutivo, en lo que corresponde al papel que debe jugar el pluralismo de la sociedad mexicana en las tareas fiscalizadoras, no tenemos una sola iniciativa modernizadora y ese solo hecho debería llevarnos a cuestionar la validez de todo argumento que se esgrima para votar a favor de la Cuenta Pública.
A estas alturas del desarrollo de la sociedad mexicana, de los regímenes políticos en el mundo y de la democracia en el mundo, yo creo que es vergonzoso el hecho de que el ámbito de las contadurías y de las comisiones de vigilancia, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, siga siendo coto cerrado para el manejo sólo de la mayoría.
Yo creo, compañeros, que la forma en cómo se elaboran, cómo se verifican todos los elementos de las cuentas públicas, pone en serias dudas el contenido de este tipo de documentos.
El hecho de que sea el propio Ejecutivo el que en la mayor parte de las contadurías mayores de Hacienda de los congresos de los estados, haga sentir su influencia, poniendo en muchas de las ocasiones a sus propios amigos para que sean los que revisen las cuentas, eso pone en serias dudas la legitimidad de este tipo de documentos que hoy analizamos.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hizo un análisis a fondo del documento, ya lo expresaron los compañeros Rico y Calderón; hubo un análisis pormenorizado tanto de los objetivos que se proponían para la política económica, como de los resultados sector por sector.
Yo quise pasar a esta tribuna para poner en duda la legitimidad de que en 1991, cuando hay un movimiento mundial por la democracia, todavía, insisto, estos espacios sean cotos cerrados de la mayoría.
En los ayuntamientos las cuentas públicas no las revisan los propios regidores. En los congresos de los estados es donde se revisan las cuentas públicas de los ayuntamientos y la mayoría de las contadurías, insisto, están constituidas por personal que proponen los propios
gobernadores y que no rinden cuentas a ninguna de las fuerzas que conforman la pluralidad en los congresos estatales.
Y aquí ciudadanos, yo creo que se tendrá que imponer que la principal fuerza de oposición sea quien tenga la Presidencia de la Comisión de Vigilancia y que aun en los órganos técnicos, como la Contaduría Mayor de Hacienda, también ahí, a nivel de técnicos, pueda expresarse la pluralidad; que también entre los técnicos, en este caso contadores y auditores, también se expresa.
Este es un problema que no podemos dejar pasar, ciudadanos. La falta de credibilidad que llevó a Miguel de la Madrid a implementar aquella famosa campaña de renovación moral; esa falta de credibilidad que existe entre el pueblo mexicano acerca de la honradez con la que se manejan los recursos públicos, no se va a terminar cuando es gente de la propia mayoría, del propio Partido Revolucionario Institucional, la que dice que las cuentas están bien.
Esto, ciudadanos, debe terminar y por esa razón, dentro de los puntos particulares del proyecto de decreto, habremos de hacer algunas propuestas en concreto. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para hechos, se concede el uso de la palabra al diputado José María Téllez Rincón, del Frente Cardenista.
El diputado José María Téllez Rincón: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para el año de 1990, el Ejecutivo planeó cuatro objetivos fundamentales en su política económica: El primero., estableció la necesidad de consolidar y fortalecer los avances y la estabilización de precios; el segundo, reafirmar la recuperación gradual del crecimiento económico sostenido; el tercero, ampliar los recursos dirigidos a la inversión; cuarto, elevar el bienestar social. Ninguno de estos puntos se cumplió.
La inflación, según el Banco Nacional de México, en el año de 1990, anotado en el Diario Oficial de la Federación, la inflación fue de un 80%, lo que prácticamente es el doble de lo previsto oficialmente.
No se cumple con la inversión pública en los sectores estratégicos, pues la energía eléctrica, la gasolina y la petroquímica han tenido, unos que ser importados y otros aumentados, que no fue el compromiso. Esto ha traído paradójicamente que ahora somos compradores de grandes volúmenes de gasolina.
Finalmente, el bienestar social no se elevó durante el año de 1990, continuó descendiendo el poder adquisitivo del salario. A pesar de las expectativas del gobierno, el cuarto objetivo tampoco se cumplió, pues ni se elevó el bienestar social y ni siquiera se obtuvo el ascenso del poder adquisitivo de los trabajadores.
Votaremos en contra, porque la política económica que se ha aplicado ha favorecido a los grandes empresarios y ha reducido el ingreso de los trabajadores. Votaremos en contra, porque el desempleo y el subempleo real se han incrementado. La política de privatización ha quitado la independencia y soberanía a la nación, se han detenido los renglones fundamentales en materia social, sobre todo en educación y salud y se ha descuidado impulsar el desarrollo científico y técnico. Nuestro voto será en contra. Gracias. (Aplausos.)
El diputado José Antonio González Curi (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Sí, compañero; para hechos, tiene usted la palabra.
El diputado José Antonio González Curi: - Con su permiso, ciudadano Presidente compañeras y compañeros diputados:
Hago uso de esta tribuna para referirme brevemente a distintos comentarios que se han señalado sobre los trabajos de cuenta pública que se han venido efectuando.
Se ha mencionado en esta tribuna que los trabajos, que los esfuerzos desarrollados, carecen de legitimidad, cuando es opinión de mi partido de que no se puede acusar de esto al proceso de revisión de la Cuenta Pública, ni a nivel nacional, ni a nivel estatal, porque tenemos una legislatura nacional, plural, dignamente representada y estoy seguro que difícilmente hay una legislatura local sin presencia de diputados de oposición.
El trabajo en comisiones, conformadas también de manera plural, se hace de manera abierta, participativa y muy respetuosa de la opinión y los aportes de todos los partidos.
Quisiera señalar también, en relación específica a los comentarios que el compañero Lujambio ha vertido en esta tribuna, tanto el día de ayer
como de hoy, en relación con la estructuración del presupuesto y con los trabajos de revisión de la Cuenta Pública.
Quisiera pedir al ciudadano Presidente permita a la Secretaría leer del proyecto de decreto el artículo 1o., inciso c, en donde mi partido se suma a las propuestas de los partidos de oposición, para trabajar en el futuro inmediato, en la mejoría de la presentación de la información y todos los trabajos que en su conjunto estén relacionados con la Cuenta Pública.
El Presidente: - Proceda la Secretaría.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado:
"Artículo 1o. ...............................................................
c) Con el propósito de consolidar los logros obtenidos en la modernización de la Cuenta Pública, se deberán continuar las acciones de reestructuración en su presentación, para facilitar su consulta, análisis y verificación. Asimismo, avanza en el sistema que por medios magnéticos se hace de la información de detalle que apoya la fiscalización del documento y continuar con el estudio para mejorar en tiempo y forma el proceso relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal".
Servido, señor Presidente
El diputado José Antonio González Curi: - También quisiera, ciudadano Presidente, que el compañero secretario lea una fracción del artículo 74, para precisar, en opinión de mi partido, en qué consisten realmente los trabajos de la revisión de la Cuenta Pública.
El Presidente - Proceda la Secretaría.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado:
"Artículo 74. La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas."
Servido, señor Presidente.
El diputado José Antonio González Curi: - Considero importante este señalamiento, porque no podemos entender los trabajos de revisión de la Cuenta Pública, más como la culminación de un trabajo que en materia presupuestal desarrolla el gobierno de la República y que supervisa esta honorable Cámara de Diputados.
Debo referirme por ello al Sistema Nacional de Planeación Democrática, que tiene fundamento constitucional en el artículo 26. Este sistema que tiene reglamentación jurídica en la Ley de Planeación Federal y en las leyes de planeación estatal, es el mecanismo que permite que se involucren los tres niveles de gobierno con los sectores social y privado, para que de una manera conjunta, responsable, participativa y democrática, se lleven a cabo trabajos de gran importancia, como son las fases de planeación, de programación, de presupuestación, del ejercicio del presupuesto, de su evaluación y seguimiento y, finalmente, de su control.
Bajo este esquema, la Cuenta Pública forma parte del proceso en el que se desarrolla fundamentalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, inicia el presupuesto con su presentación y su posterior aprobación, e inmediatamente se da todo el análisis y el seguimiento del ejercicio presupuestal.
Y hago este señalamiento porque el compañero Lujambio presentaba aquí una serie de documentos, obviamente voluminosos, sobre la Cuenta Pública, como si fueran estos documentos un hecho aislado y no que la Cuenta Pública es el resultado de la evaluación y del seguimiento del ejercicio presupuestal.
De tal manera que realmente los partidos políticos inician estos trabajos de cuenta pública, con el análisis de la presentación del Presupuesto de Egresos respectivos en esta Cámara de Diputados. Posteriormente con su discusión, con su aprobación y de manera muy importante a lo largo de todo el año, cuando el gobierno de la República, en una actitud responsable y respetuosa de esta soberanía, informa sobre el ejercicio del presupuesto federal.
Señalo los distintos informes a que tienen acceso los distintos partidos políticos para ir viendo, precisamente, la evolución del presupuesto y poder anticipar con tiempo, con una gran claridad, lo que finalmente culmina con la presentación de la Cuenta Pública.
Tenemos los informes trimestrales del Ejecutivo Federal. Tenemos de manera muy importante el informe de gobierno del Ejecutivo Federal; tenemos el informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y tenemos, finalmente, como un hecho que culmina toda esta información,
que está al alcance de los partidos, la presentación de la Cuenta Pública en los primeros 10 días de junio, que se turna a la Cámara y ésta a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en donde tienen una digna representación todos los partidos políticos y obviamente acceso con suficiente tiempo, a la información que contienen estos importantes documento
s De tal manera, que es opinión de mi partido, que debemos visualizar el análisis del dictamen de Cuenta Pública, tanto en su trabajo de comisiones como en el pleno, como el hecho final de toda la evaluación y el seguimiento que se hace del presupuesto federal y que insisto, los partidos políticos tienen información suficiente a lo largo de todo el año, porque ciertamente no es un trabajo que se hace de manera aislada en las últimas semanas del año referente.
El Presidente: - Compañeros diputados, le ruego que termine. Su tiempo ha terminado.
El diputado José Antonio González Curi: - Pues quisiera nada más para terminar, compañeros diputados, hacer un señalamiento muy general sobre los comentarios de ayer que el diputado Lujambio hizo sobre la estructura del Presupuesto de Egresos Federal de 1992 y de los años inmediatos anteriores y en relación, fundamentalmente, con los recursos que se plantean en dos rubros muy importantes: En las participaciones y estímulos a los estados y municipios y en lo referente al servicio de la deuda.
Mi partido considera que las cifras que se presentan en estos dos rubros son francamente alentadoras y que reflejan, sin duda, la validez de la política económica y la recuperación sólida y sostenida de la económica nacional.
En el rubro de participaciones a estados y municipios, en estos tres años, de 1989 a 1991, ha pasado del 6.2% dentro de la proporción del presupuesto total, a más del 12% en la propuesta que se nos hace del presupuesto de egresos para 1992. De tal manera que prácticamente se duplicaran las asignaciones que el gobierno federal hace en este importante renglón para la vida de la Federación.
Y también en cuanto al servicio de la deuda, solamente destacar que en 1988 y 1989 esta honorable asamblea aprobó presupuesto, en donde se destinaba más del 50% del monto total al pago del servicio de la deuda y en el presupuesto que se ejerce en 1991 este monto bajó, en su aprobación, al 25% y en su ejercicio al 21.5% y, en cuanto a 1992 se presenta de una manera mucho más favorable para la vida económica del país, dado que el servicio de la deuda toma el 16% de los recursos totales del Presupuesto de Egresos Federal. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Lujambio.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Señor Presidente; señores diputados: Tenía mucha razón Amado Nervo cuando en alguna de sus poesía nos dice lo relativo de muchas cosas de la vida: En este mundo traidor... etcétera, etcétera nada es verdad ni es mentira...
Perdón. Agradezco la corrección, Campoamor... Todo es según el color del cristal con que se mira.
En relación a los números que presentan las cuentas públicas y los presupuestos y los datos económicos de la administración pública, vemos como hay una constante en que estos datos generalmente, cuando son referidos a otros más, siempre se hace una referencia en un sentido que resulta favorable al desempeño de la administración pública; es decir, si se habla de producto interno bruto, se nos dice que hemos ido subiendo tanto ciento en los últimos años cada año; si se habla de inflación, se nos dice que hemos ido bajando la inflación en tales y cuales porcentajes y así hasta el infinito. Todos los datos se nos presentan en un sentido o en un juicio y en una forma de comparación que siempre resulta favorable y que si los aceptamos de esa manera tendríamos todos que ponernos a dar brincos de gusto de lo bien que andamos en este país y yo creo que no es el caso, señores.
Yo creo que tenemos que ser realistas y tenemos que analizar los números con cierta frialdad y darles la significación verdaderamente que tienen los números, no la que una posición política o el prestigio de un régimen quiera darle a la interpretación de los números.
Por eso es que sí volvemos a lo mismo. Aquí se acaba de decir que se han aumentado los porcentajes de participación, pero yo les pregunto, señores diputados, vamos reflexionando en esto de las participaciones, porque va a ser un tema al cual nos vamos a tener que estar refiriendo si es preciso los tres años de esta legislatura.
Si este esquema de coordinación fiscal de que se nos ha estado hablando, que según el señor
subsecretario Gil Díaz y algunas otras personas siempre dispuestas a aplaudir lo que hace el Poder Ejecutivo, nos presentan que el esquema de participaciones y ese convenio único, el Convenio de Coordinación Fiscal ha sido muy favorable para los estados y que han recibido gracias a ese sistema de coordinación fiscal o convenio único de coordinación fiscal, todos los estados, deberíamos estar profundamente conmovidos de gratitud porque se nos tratado con una generosidad extraordinaria. Yo les pregunto, señores diputado, s si así fuera, ¿Por qué entonces el gobierno federal, así de sencillo, ya no queremos de esa generosidad que supuestamente ha estado dándoles tanto recursos a través de la vía de las participaciones de los estados?
Entonces, yo le diría al gobierno federal, a don Pedro Aspe, a don Francisco Gil Díaz: Señores, vamos a olvidarnos del sistema de participaciones, vamos a establecer un sistema de verdadera soberanía fiscal, de verdadero federalismo fiscal en que cada uno de los tres niveles de la administración pública, de acuerdo a sus áreas de competencia y de acuerdo al principio de subsidiaridad y de acuerdo a la Constitución, tenga las fuentes de ingresos directas para que no tenga que depender de este esquema de participaciones. Vámonos a un sistema más realista, porque con este cuento de que con las participaciones te estoy dando mucho, yo gobierno federal a ti estado, pues señores, si así fuera, tendríamos que decirle: Muchas gracias por tus finezas, gobierno federal; los estados tendríamos que decir: Déjame, déjame a mí solo son mis propios recursos, con mi base de contribuyentes, y yo me encargo de atender todos los servicios y no necesito de tus participaciones, porque los impuestos que genera el trabajo y el esfuerzo de mis ciudadanos, de este estado, me permiten bastarme para tener un sistema fiscal que atienda las necesidades del estado y de los municipios.
Así de que por eso decíamos y lo seguiremos diciendo, cuantas veces sea necesario, necesitamos, si no se quiere que sigamos haciendo la acusación del sistema de imperialismo fiscal que se vive en este país, ponernos a hablar en serio sobre cómo repartimos los recursos fiscales, cuánto le corresponde al municipio para atender esas necesidades y esos servicios que tiene ahí en el 115 claramente precisados, para que no tenga el presidente municipal que ir yendo a hacer fila al palacio de gobierno a solicitar audiencia con el gobernador, con el secretario de finanzas o con el tesorero del estado, para ver si le incrementan un poquito las participaciones o para vida de que, como ahorita el gobierno del estado fue aval en un préstamo que te dimos a ti, municipio, ahora, sabes qué, nos estamos cobrando a lo chino, como ocurre en San Luis Potosí y en muchos estados, estoy seguro, de la República, donde el gobierno del estado se convierte en aval de los municipios y les hace las retenciones a los municipios y los deja sobre préstamos que pidieron administraciones anteriores y los deja en un estado de miseria tremenda.
Así es de que, ya terminaré, compañeros diputados tenemos que analizar las cuentas; sí, tenemos que analizarlas, pero vamos analizándolas con seriedad, y vamos analizándolas con un espíritu crítico y no de complacencia hacia el Ejecutivo; vamos, viendo cómo podemos mejorar la presentación de cuentas públicas, tanto en la oportunidad como en la forma en que se distribuyen los recursos en los distintos grandes renglones de la vida nacional. Vamos haciéndolo, amigos y compañeros diputados del partido de la mayoría, para que realmente podamos avanzar en este sentido y logremos empezar a hacer justicia en nuestro sistema de distribución de los impuestos en este país y la correcta y proba aplicación de los impuestos que pagan los mexicanos. Gracias.
El Presidente: - Esta mesa no quisiera interrumpir a ningún orador, por lo tanto, reiteramos nuestro exhorto para que los oradores, de todas las fracciones parlamentarias, sin excepción, se sujeten a los tiempos reglamentarios, so pena que de no hacerlo, estaremos insistentes de que terminen cuando se han excedido.
Se concede la palabra al diputado Arturo Torres, del Valle, del Partido Acción Nacional, en contra.
El diputado Arturo Torres del Valle: - Compañeras y compañeros diputados: Me he reservado el artículo segundo del dictamen sobre la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1990, para sugerir a esta honorable soberanía una mejora en el inciso "K" del mencionado artículo, el cual transcribo a continuación:
"Con el propósito de continuar mejorando la calidad de la información que contiene la Cuenta Pública, es conveniente que la Secretaría de Programación y Presupuesto, con el auxilio de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y de las áreas de auditorías internas de las dependencias y entidades, intensifiquen la vigilancia en la aplicación de la normatividad y procedimientos contables."
Como podemos asumir, se trata de un inciso necesario, correctamente establecido, que sin embargo no es claro, puesto que nos deja en duda de qué entendemos por "calidad". Cuando una información contable es de calidad, cuando está impresa en buen papel, cuando no contiene errores tipográficos, si es que está bien encuadernada, bueno, pues aunque estas cualidades tienen sus conveniencias, desde luego no son los factores más importantes para calificar la calidad de la información.
Se puede afirmar que la información a la que aquí me refiero, es decir, su capacidad de representar por medio de palabras y cantidades de una determinada entidad pública su evolución y estado a través del tiempo, así como los resultados de su operación, ésta será adecuada si permite al usuario captar el mensaje; es decir, que sea relevante; si es veraz, puesto que abarca eventos realmente sucedidos y los mide correctamente de acuerdo con las reglas aceptadas; es comparable con la información que la entidad ha emitido en el pasado, así como la que emiten otras entidades similares.
Llega a manos del usuario en el momento oportuno para que pueda tomar decisiones a tiempo y facilite las características que debe tener la información contable para ser considerada de calidad y que en resumen, está de acuerdo con los siguientes principios:
El de entidad.
A la contabilidad le interesa identificar el ente que persigue fines económicos particulares y que es independiente de otros entes.
Realización.
Cuantificar económicamente cuándo se han efectuado operaciones con otros entes, cuándo han tenido lugar transformaciones internas que afectan la estructura de sus recursos y cuándo han ocurrido eventos externos cuyo efecto puede cuantificarse.
Periodo contable.
Identificar en qué período ocurren las operaciones.
Valor histórico original.
Registrar las transacciones según las cantidades que se afecten, las cuales deben de modificarse en caso de que éstas pierdan su significado por efectos de la inflación.
El siguiente, que es un negocio en marcha.
La existencia de las entidades es permanente excepto si se trata de una liquidación y en este caso debe especificarse claramente.
Dualidad económica.
Lo que la entidad tiene en recursos, por un lado y por otro lado, ¿de dónde provienen?
Revelación suficiente.
La información contable debe contener en forma clara y precisa todo lo necesario para juzgar los resultados de la operación y la situación financiera de la entidad, ni en exceso ni menos de la necesaria.
El principio de importancia relativa.
La información debe mostrar aspectos importantes de la entidad susceptibles de ser cuantificados y, por último.
La consistencia.
Los procedimientos de cuantificación utilizados, deben obtenerse aplicando los mismo principios y reglas a través del tiempo para que puedan compararse y cuando hay que incorporar un cambio éste debe ser justificado, debiéndose indicar el efecto que dicho cambio produce.
Estos son los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Existen los principios básicos de contabilidad gubernamental, pero estos últimos no se contraponen por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, no son tan completos como los primeros y de todos modos los principios de contabilidad establecidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, son aplicables al sector paraestatal, íntegramente.
Por estas razones y por respeto a su tiempo, compañeros, sólo menciono los principios de contabilidad gubernamental, no incluidos hasta ahora y que son:
Base de registro.
Los gastos se registran cuando se devengan y los ingresos hasta que se realicen.
Esto no es un principio de contabilidad, aunque sí es un criterio de prudencia, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
El principio de cumplimiento a las disposiciones legales, el de control presupuestario y, por último, el de integración de la información.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, propone a esta honorable soberanía, que se modifique el inciso "k" del artículo segundo del dictamen en discusión, para quedar como sigue:
"Con el propósito de promover la oportunidad e incrementar la confiabilidad de la información elaborada, de acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental que contiene la Cuenta Pública, es conveniente que la Secretaría de Programación y Presupuesto, con el auxilio de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y de las áreas de auditoría interna de las dependencias y entidades, intensifiquen la vigilancia en la aplicación de la normatividad y procedimientos contables".
Hago entrega al secretario. Por su atención, compañeros, muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Rodolfo Becerril Straffon, a favor, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Con su permiso señor Presidente; compañeros diputados:
Saludo una buena parte de las reflexiones de los compañeros de oposición, tanto a lo que se refiere a los procedimientos de revisión de la Cuenta Pública, como a algunas reflexiones de carácter macroeconómico, que apuntan algunas de las reflexiones que en materia de política económica tenemos muchos.
La crítica no es privativa de los partidos de oposición, pero hay sin duda distintas maneras de hacer críticas. Para algunos la crítica debe destruir el objeto de su atención con riesgo de que si comparte algunas de las partes positivas en el objeto criticado se está contemporizando.
Nosotros pensamos que se puede ser crítico, sin duda, pero no necesariamente se tiene que asumir una actitud de sólo demolición echando culpas ajenas y pensando que la sola sustitución de un mecanismo de evaluación va a ser suficiente para corregir algunas inercias negativas que tienen nuestros procesos evaluatorios. y esto es válido, tanto para cuestiones estrictamente administrativas, como para cuestiones de política económica.
¿De qué manera tenemos que evaluar la Cuenta Pública? La ley nos establece cuáles son los objetivos de esta evaluación; sin embargo, puede haber una evaluación que se sustente sólo en los preceptos normativos legales; puede haber una evaluación estrictamente contable, puede haber una administración administrativa y puede haber una evolución de los grandes indicadores de la cuenta pública a la luz de los objetivos de la política económica.
Como bien señalaba mi compañera de partido, Julieta Guevara, el proceso desde el punto de vista administrativo y jurídico, es un proceso procesal largo, y aun trabajando los 365 días del año los 500 diputados de esta legislatura, podríamos sustituir el trabajo de los comités técnicos, de los consejos de administración, de los equipos de contabilidad de las empresas, de las gerencias, de los sistemas de auditoría externa, de la Contraloría General de la República y de los principios que norman a toda la administración pública del Estado, los principios de contabilidad gubernamental.
Tenemos, a través de métodos de interacción sucesiva, ir evaluando la información tan rica y tan amplia que llega a este Congreso.
Incluso los documentos que nos presenta el compañero Lujambio en efecto son amplios pero es sólo una parte de los muchos que están atrás en la información que aquí llega.
Si nosotros quisiéramos por conducto de la Comisión de Vigilancia, solicitarle a la contaduría Mayor de Hacienda que nos diese o que nos permitiese consultar los documentos bases que sirvieron para este resumen que aquí nos presentan, lo podemos hacer. Pero tenemos que delegar responsabilidades, tenemos que inventar divisiones internas del trabajo, tanto en nivel camaral como al interior de las propias fracciones parlamentarias.
En cualquier sistema de evaluación existen distintos métodos. Por ejemplo, para analizar en una empresa particular inventarios con respecto a precios de venta o a costos, no necesitamos hacer el conteo de todo el inventario que está resguardado en un almacén. Nos basta ver las cifras históricas y cuál es el comportamiento de los inventarios - para poner un ejemplo, quizá no el más afortunado - con respecto a costos, para decidir una política de precios.
De alguna manera se puede este criterio extrapolar a nivel nacional. Podíamos ocuparnos sólo de analizar la Cuenta Pública desde la
perspectiva sectorial de una sola empresa: Fertilizantes, Aeropuertos y Servicios y seguramente que nos pasaríamos muchas horas haciendo distintos tipos de análisis para mejorar la perspectiva de esa empresa en particular.
Yo pretendo muy rápido, en el tiempo que tengo asignado, hacer un rápido análisis en la perspectiva no sectorial, sino de política económica que creo es la que debe más importar a este Congreso. Quiero señalar que para no naufragar en una sola parte de la verdad, tenemos que ver, hasta donde podamos, toda la verdad. Si es que esto es posible.
Y a esto, a lo que quiero aludir, es, cuáles son las condiciones económicas que se dan en 1990. Hay hechos que son flagrantes y que nos hablan de que el comportamiento macroeconómico ha sido positivo, desde cualquier perspectiva.
Tenemos que el producto bruto creció en 3.9, cuando se había programado 3.5.
Tenemos que la inversión creció 3.4, cuando se había programado 10.6.
Tenemos que la inversión privada creció 13.6, cuando se había programado 10.7.
Tenemos, en efecto, una inflación cercana al 30%, cuando habíamos programado a principios de año un 15.3%
Algunos piensan que el crecimiento fue excesivo, que hay riesgos de que la economía se sobrecaliente, pero al mismo tiempo nos dice, el compañero Lugo, que la inversión pública en determinados sectores no fue la suficiente. Quizá si hubiésemos canalizado más inversión a equis sectores, hubiese habido un sobrecalentamiento de la economía y entonces no se hubiesen podido alcanzar las metas esenciales que estaban planteadas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos para 1990.
Nos decía el compañero Cuauhtémoc Amezcua, en la mañana, que el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico violenta las atribuciones de este Congreso. Yo le quiero simplemente recordar que el pacto se supedita a los criterios de política económica que, tanto en Ley de Ingresos como en Presupuesto de Egresos, se aprueban por esta legislatura cada año. Que simplemente el pacto es una manera de irradiar y de concertar lo que aquí hemos aprobado.
Ha habido pactos de esta naturaleza en Israel, en Costa Rica, en Bolivia, en Australia, en Brasil y en ninguno hemos tenido una duración tan larga y sustantiva como la que hemos logrado en México.
¿Qué esto se ha traducido en costos? Sin duda. Durante 10 años tuvimos un deterioro muy importante de la actividad económica y en consecuencia de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Es válido el análisis que hace el compañero Calderón, cuando dice que los niveles de recuperación del salario y de la nutrición, son comparados con la base de 1980, todavía insuficientes e incluso quizá estemos todavía rezagados. Pero lo cierto es que si consideramos que hay un goce histórico, por el tipo de política que hemos implementado de 1988 para acá, habría que reconocer, como él mismo lo señaló, que hay una serie de indicadores de carácter macroeconómico, que no nos deben llevar ciertamente al triunfalismo.
Es un país con memoria colonial, con déficits importantes en lo social, los avances que logramos en pesca, en vivienda, en alimentación, en infraestructura, no pueden verse sólo como un dato, deben verse como un esfuerzo rudo sobre nosotros mismos, que siempre amenazan con escapársenos de las manos.
Hemos avanzado, no estamos cantando victoria, al contrario, justamente por la cierta precariedad de algunos de los logros, necesitamos fortalecer el proyecto, de tal suerte que el objetivo fundamental de la política económica, que es el incrementar las condiciones de vida del grueso de la población, ese sí, no se nos puede escapar de las manos, obviamente que las tasas de crecimiento que hemos observado en 1990, no puede verse sólo como si estuviésemos analizando el balance contable de una empresa, tenemos que verlo en una perspectiva histórica, creo que tres años es más que suficiente para poder visualizar cómo están marchando las tendencias.
Alguien comentaba, creo que mi colega de profesión, aunque no de partido, que se observa, por ejemplo, una tendencia, en los últimos tres años, en la que el gasto programable se ha sostenido en alrededor del 17%. Cierto, pero tenemos que analizar cuál es la composición de este gasto. En cualquier economía, lo dije yo en comisiones, el ritmo de crecimiento de todo el aparato productivo está dado por los montos de inversión; la orientación del desarrollo está dado por la manera en que orientamos la inversión; no es lo mismo que destinemos el 70% a bienes de consumo y el 30% a bienes de capital, que
viceversa. Y aún, al interior de la inversión que canalizamos a bienes de capital o a bienes de consumo, habría que hacer una distinción de qué es lo que se está yendo a consumo individual y qué es lo que se está yendo a consumo colectivo.
Lo que hemos observado en estos tres años es que hay un aumento de la inversión bruta fija de capital, la que se refleja en la situación patrimonial de activos de toda la actividad económica y también hemos observado que hay una mayor proporción cada vez del gasto que se destina a proyectos de tipo social.
Cuando se habla de solidaridad, yo no pienso que sea la buena cara de la modernidad o la que expíe culpas a la modernidad. Creo que solidaridad, en el sentido amplio del término, no me refiero al programa, es una condición sin la cual no podrá ser posible el esquema de modernización en el que estamos empeñados. Si queremos no estallar bajo las rigideces de la desigualdad, necesitamos avanzar en los esquemas de desarrollo social, pero esto no puede hacerse sólo de una manera voluntarista. Para poderle dedicar dinero a los temas de interés social, necesitamos analizar un conjunto de variables: inflación, déficit, reservas monetarias, tasas de interés, recursos del fisco, deuda, combinarlos adecuadamente y a partir de los objetivos esenciales de la política, darles su lugar a cada una de estas variables.
En 1990 nos propusimos objetivos globales de política económica, en algunos casos acertamos al término del año, en otros casos tuvimos desviaciones, en algunos casos fueron desviaciones menos del 2% de lo programado y en otros casos, por distintas razones que se expresan en el documento de Cuenta Pública tuvimos variaciones mayores. Por ejemplo en el caso de carreteras, resulta que el mantenimiento no fue lo que habíamos programado, entre otras razones, que están contenidas en el dictamen, porque tuvimos una época de lluvias que canceló cualquier posibilidad de darle este mantenimiento programado a nuestras carreteras.
Aquí se ha dicho que es necesario que visitemos algunas empresas paraestatales. Debo recordarle a los compañeros diputados que éste es una práctica de todas las legislaturas y en su momento habrá posibilidad y tiempo de que acudamos a aquellas empresas de nuestro interés, para ver de cerca cómo se están manejando.
Aquí se mencionaba que hay una serie de programas que no tienen terminación al término del año y citaron algunos ejemplos. Yo podría citar muchos más ejemplos. Lo que tenemos que ver es cuál es el porcentaje de metas no cumplidas, respecto al espectro total de nuestro programa o del programa de gobierno.
Si tenemos por ejemplo un estado como Tlaxcala, como Morelos, en donde cada año se hacen más de 9 mil 500 obras de distinta naturaleza, habría que ver qué porcentaje de estas 9 mil, efectivamente tuvieron desviaciones conforme a meta, para poderle dar validez a lo general y saber distinguir lo incidental de lo que es esencia en mi opinión importa.
A mí me parece que el dictamen contiene, redactado de manera plural y con otro tipo de lenguaje, algunas de estas reflexiones que yo he hecho aquí. Se señalan diferencias en metas, pero también se señalan aquellos casos en que logramos obtener más de lo programado y eso no debemos escatimar que eso es importante, en la circunstancia en que se encuentra nuestro país.
Se nos ha dicho que el plazo para examinar la Cuenta Pública es breve. Probablemente sea breve, pero lo cierto es que seguramente el año que entra esta legislatura, con las reflexiones que todos aquí han hecho en distintas perspectivas y con las recomendaciones que se contienen en el propio dictamen, vamos a estar más armados para poder hacer juicios políticos, juicios de valor y juicios administrativos sobre la Cuenta Pública.
En estricto sentido la Cuenta Pública se presentó aquí, la información preliminar, desde junio; lo que sucede es que heredamos una carga de trabajo que ahora se nos ha agolpado en el arranque de esta legislatura, pero no tengo la mayor duda de que el proceso de aprendizaje, que tiene que ser además colectivo, nos va a permitir año con año evaluar, con mayores instrumentos y criterios, los documentos como el que hoy aquí se analizan.
A juzgar pues los grandes indicadores macroeconómicos, por los análisis sectoriales que hemos hecho como equipo de trabajo muchos, me parece que el dictamen responde a lo que aconteció en 1990 y responde sobre todo al propósito que anima a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de acuerdo con la ley, en la evaluación que estamos haciendo.
Yo quisiera felicitar al compañero Lugo, del Partido Acción Nacional, que estuvo en todas y cada una de las reuniones que celebramos en la comisión. No comparto la idea de que la
comparecencia de los subsecretarios no sirvió para nada, estuvieron con nosotros 17 subsecretarios en tres o cuatro sesiones, en cada una de ellas hubo más de ocho ó 1o preguntas de las distintas fracciones parlamentarias, ellos nos entregaron documentos complementarios a lo que aquí se ha mostrado, nos aclararon, no solamente a los partidos de oposición sino a colegas de nuestra propia fracción, muchas dudas e inquietudes respecto al comportamiento sectorial durante 1990. Y todo ello se recogió en el dictamen que estamos presentando a este pleno, es un trabajo colectivo, de mucha gente, de mucho tiempo, que debemos valorar y justipreciar en su justo término.
Obviamente en el escaso tiempo que tenemos, pues no hay posibilidad de referirnos como quisiéremos, aspectos de política económica con mayor detalle. Habría que discutir si el problema de la cuenta corriente es insalvable o no, o si es simplemente un trastorno del desarrollo.
Habría que discutir si la disyuntiva entre crecimiento y desequilibrio externo sigue siendo un problema de la teoría y de la práctica del desarrollo. Habría que discutir si es posible todavía en nuestros países hacer un programa, con crecimiento económico, con estabilidad de precios y sin déficit presupuestal. Es decir, hay muchos temas de fondo, que habremos de analizar pero que no necesariamente encajan en el examen puntual de la Cuenta Pública de 1990.
Para terminar, yo quisiera señalar, que una de las urgencias mexicanas de los años noventa, bien podría resumirse en una sola palabra: crecimiento. Sin inversión no habrá crecimiento y empleo. Sin producción y empleo, no habrá lo demás.
Pero necesitamos crear los condiciones para que exista inversión, necesitamos crear las condiciones para que exista empleo. El dictamen de 1990 da cuenta puntual de que se están creando favorablemente las condiciones, con algunos costos, sin duda, para que el proceso de inversión y de dinamización del empleo pueda gestar una época de prosperidad y de dinamismo en la actividad económica del país.
Por lo pronto, el dictamen de la Cuenta Pública, en mi opinión, recoge análisis sectoriales, análisis administrativos, preceptos legales y cuestionamientos de carácter en materia de política económica que merecen, en mi opinión, su aprobación. Muchas Gracias.
El Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Lujambio, en los Términos del 102.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Gracias, señor Presidente; señores diputados:
Quisiera yo en esta ocasión hacer una intervención muy breve tratando de ser consecuente con el tiempo. Lo que sí quiero precisar es que el debate no se desvíe a aspectos que no estamos debatiendo nosotros, se nos quiere llegar a debatir sobre que si la economía, o que si las comisiones funcionaron muy bien decía el diputado Becerril Straffon y que tuvimos tantas más cuantas comparecencias, no sé si él escuchó mi intervención inicial, en la que claramente dejé establecido que, en nuestra opinión de Acción Nacional, esas reuniones de la comisión no arrojaron absolutamente ninguna luz para los efectos de lo que la Constitución nos ordena.
A esas reuniones de la comisión comparecieron distintas personalidades de las secretarías, de las dependencias, nos dieron hermosas presentaciones y exposiciones, concretaron algunas preguntas, pero nada en el sentido de lo que nos obliga la Constitución que son los números, señores.
La vigilancia de la Cuenta Pública es lo que nos dice la Constitución. Y les quiero decir una cosa más, la Comisión de Vigilancia que, como ya les decía, tenemos el honor de formar parte de ella, en todo el tiempo que lleva esta legislatura no ha sesionado ni una sola vez, ¿qué ha vigilado? Solamente se instaló y después de eso no hubo ninguna otra reunión, ninguna otra comparecencia, donde allí sí está la función de vigilar. ¿Y entonces cómo podemos nosotros, diputados, ejercer nuestra función de vigilancia sino es a través de la Contaduría Mayor de Hacienda y de la Comisión de Vigilancia?
Yo tengo mucho que decir y podría estar quizá haciendo uso de mi derecho de una segunda intervención como miembro de la comisión, no he querido e intento sinceramente no abusar de la palabra, pero sí quiero que queden perfectamente clara las situaciones y que no se intente desviarnos a cosas sesgadas o a situaciones que no son tema central. La Constitución nos ordena vigilar cómo se realizó la Cuenta Pública y sobre eso nos tenemos que pronunciar y emitir un dictamen.
Yo tendría mucho que decir y añadir, pero basándome exclusivamente en lo que nos dice la Contaduría Mayor de Hacienda, no vamos a inventar aquí absolutamente nada ni a descubrir el hilo negro. Dice otro párrafo, pues tengo muchos más, si gustan aquí podemos durar varias horas comentándolos pero quiero decir algunos
otros datos que nos da la Contaduría Mayor de Hacienda para que ustedes normen su criterio, los que no han tenido oportunidad de recibir el documento, al menos conozcan algunos de los párrafos que plantea la Contaduría Mayor.
Aquí por ejemplo dice: Respecto al artículo 3o. del reglamento de la ley de referencia, que obliga a las dependencias a emitir políticas internas para adoptar los sistemas, procedimientos y trámites requeridos para los actos y contratos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como los lineamientos para la elaboración de los formatos instructivos y de remitirlos a la Secretaría de Programación y Presupuesto, esa secretaría informó que ninguna dependencia envió los documentos correspondientes.
Hay les voy con otra: En relación con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento, algunas entidades, no precisa aquí cuáles, no han emitido normatividad que debe aprobar su órgano de gobierno en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, como dispone el artículo 58, fracción VII de este ordenamiento.
Y Luego el último párrafo dice a la comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda: por lo que se refiere a la Ley de Obras Públicas y a su reglamento, algunas dependencias y entidades incurrieron en los siguientes incumplimientos; no se comunicaron a la Secretaría de Programación y Presupuesto las modificaciones de contratos de obra pública que excedieron del 25%, el diputado Calderón hacía alguna alusión a la necesidad de vigilar las obras públicas, las modificaciones de contratos de obra pública que excedieron del 25% del plazo pactado originalmente, no fueron comunicadas, por omisión o extemporaneidad en la presentación de las actas de entrega, recepción de las obras públicas y en el aviso correspondiente a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, no se enviaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología los títulos de propiedad y los datos de localización y construcción de las obras públicas; no se realizan estudios de preinversión para determinar la factibilidad técnica, económica y social de las obras y en los controles de obras públicas no se incluyeron en general cláusulas específicas que previeran los intereses por concepto de pagos en exceso y en algunos casos no se cobraron dichos intereses.
¡Y tengo mucho más, señores! ¿Quieren que les diga cómo andan las paraestatales, la Compañía Nacional de Subsistencia Popular, por ejemplo?
El Presidente: - Diputado, le ruego que se sujete a su tiempo que ya se terminó.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Voy a leer un párrafo, señor Presidente, nada más del dictamen de los auditores.
Tengo aquí del Instituto Mexicano del Café, tengo de algunas otras que sería muy interesante para ustedes señores diputados, conocerlo. Voy a terminar leyendo este párrafo:
Los estados financieros adjuntos, dicen los auditores; han sido preparados, refiriéndose a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, para ser utilizados únicamente por las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación; es decir, nadie más, nada más para ellos su órgano de gobierno, por eso preguntaba yo si la Cuenta Pública es pública realmente, su órgano de gobierno y para la preparación de la Cuenta Pública, por lo cual no han sido consolidados con los estados financieros de sus entidades subsidiarias, por tal motivo, (ojo por favor), por tal motivo los estados financieros adjuntos no pretenden mostrar la situación financiera al 31 de diciembre de 1990.
Eso dicen los auditores, no los estados financieros adjuntos no pretenden mostrar... ¡Entonces que pretenden! Decir mentiras, engañarnos, desviar nuestra atención. ¿Para qué son los estados financieros sino para mostrarnos una situación económica y financiera de una empresa?
Y todavía más adelante. "Ni los resultados de operación, consolidados por el año, terminados en esa fecha, conforme lo exigen los principios de contabilidad, generalmente aceptados y no deben ser utilizados para otro propósito".
Hay mucho más, señores, pero centremos nuestra atención, la responsabilidad de nosotros es vigilar la Cuenta Pública y asegurarnos que los recursos y los impuestos del pueblo mexicano fueron manejados eficaz y honestamente en 1990. Gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra, para hechos, al diputado Demetrio Hernández.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En mi primera intervención, donde vine a exponer la postura del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, con respecto
al análisis que estamos haciendo, lo abordé en términos generales y ahora quiero especificar en algunos hechos que considero indispensables para que se clarifique nuestra postura.
Quiero partir, en primer lugar, de una premisa: El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, eso es lo que creemos al menos, ha tenido una línea de acción política, consecuente con el momento histórico. Además, nos consideramos herederos de un tesoro ideológico y político plenamente corroborado en el período 1934 - 1940. Por ende, voy a clarificar los siguientes hechos:
En la autorización del presupuesto de 1990, consideramos, en el Partido del Frente Cardenista, que por primera vez se le daba un importante incremento al gasto social y que además se promovía la inversión pública, pero que éste era suficiente para superar los rezagos acumulados por décadas.
En el subsector educativo, se ejerció un 12.6% más de lo programado en la mayoría de las metas, que se muestran en los indicadores básicos. Situación similar se presenta en el subsector salud, donde se ejerce un 12.6% más, en gran parte de las metas, principalmente correspondientes a la Secretaría de Salud. En los demás subsectores que conforman el desarrollo social, que son: Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Urbano y Ecología, Solidaridad y Desarrollo Regional, también ejercieron un presupuesto mayor, con la diferencia que sus metas fueron cumplidas e incluso superadas.
En materia presupuestal, la reforma agraria ejerció un 34.1% más de lo autorizado originalmente y según el documento, casi todas las metas fueron superadas.
Según el dictamen, el sector rural intensificó las acciones encaminadas a la modernización del campo, como requisito indispensable para aumentar la producción y la productividad, elevar las condiciones de la vida en el medio rural y proporcionar las disponibilidades de alimentos e insumos para el resto de la economía.
En materia de gasto, el subsector agropecuario lo aumentó en 13.8% en relación a lo programado originalmente. Esto, de alguna manera tiene su explicación en la realización de acciones y en cumplimiento de metas.
El gasto ejercido de 3.7 billones de pesos, como se observa en el documento, ha apoyado la educación, salud, servicios públicos, construcción de caminos y diversos proyectos productivos. Sin embargo, consideramos que 1990, aunque casi abarcó todos los estados, su aplicación fue selectiva y no siempre en áreas consideradas como de pobreza extrema, que es el principal objetivo del programa.
Consideramos que su aplicación se debe de generalizar y ampliar su acción a todos los programas que permitan elevar el bienestar de los mexicanos tanto del medio rural como en el urbano.
Reiteramos que las condiciones que hemos hecho tienen el propósito que para los subsecuentes de la Cuenta Pública, esta Cámara recomiende al Ejecutivo Federal, que además de sus acciones realizadas, informe sobre los problemas y obstáculos que afronta la administración pública para el cumplimiento de metas. De otra manera, no es justificable gastar más y hacer menos.
Finalmente, en nombre del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quiero asentar que no es nuestra táctica y quiero clarificarlo, que las amarguras, revanchismos o consignas personales que traiga aquí el compañero diputado Téllez Rincón, no son avaladas por nosotros y por lo tanto, la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, por mi conducto, ratifica su voto favorable al dictamen de la Comisión de Programación y Presupuesto emitida y motivo de esta discusión. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra, para hechos, al diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente:
Hace algunos minutos, cuando hicimos nuestra intervención, aludíamos a la necesidad de un mecanismo de verificación de las obras públicas, especialmente de algunas de cierta envergadura y de ciertos proyectos de desarrollo regional y desarrollo sectorial, como forma de complemento otros mecanismos de verificación como puede ser la realización de auditorías y mecanismos de control presupuestario y contable.
Presento por lo tanto, a consideración de esta soberanía, la siguiente propuesta de adición al artículo 2o. del proyecto del dictamen de la cuenta de la Hacienda Pública Federal del año de 1990.
Voy a dar lectura al siguiente texto:
"El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone la siguiente adición al artículo 2o. del proyecto de decreto del dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1990.
Con objeto de que la Cámara de Diputados cuente con elementos suficientes para conocer los resultados de la gestión del gasto público y el adecuado cumplimiento de los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se recomienda la formación de comisiones de legisladores que realicen visitas y estudios de campo a determinadas obras públicas y proyectos de desarrollo regional y sectorial, mismas que deberán presentar un informe a esta soberanía."
Atentamente. Diputado Jorge Calderón, diputado Raymundo Cárdenas, diputado Enrique Rico.
Dejo esta propuesta que sometemos a su consideración, en manos de la Secretaría. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rico.
El diputado Enrique Rico Arzate: - Con su permiso, señor Presidente:
Voy a hacer algunas observaciones al artículo 2o. del proyecto de decreto del dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio fiscal de 1990.
En el inciso b, el programa de protección ecológica y el medio ambiente fue incluido como un apartado especial hasta el año de 1991, por lo que no le corresponde a la Cuenta Pública de 1990.
En las reuniones de cuentas se aceptó la posibilidad por parte de los funcionarios respectivos de que esta Cámara de Diputados trabajara en conjunción con el consejo consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, en la evaluación del mismo. Este hecho debe incorporarse al decreto.
En el inciso c, la modernización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal no debe consistir sólo en la tecnificación de la presentación documental, sino principalmente en la renovación de los mecanismos políticos seguidos durante la revisión de la misma.
Incisos e y f, más que dar recomendaciones al Ejecutivo para que amplíe sus acciones fiscalizadoras, esta Cámara de Diputados debe revisar la legislación que rige en sus propias facultades fiscalizadoras.
No ésta mal que el Ejecutivo cuente con mejores controles sobre la aplicación del gasto público, así como de los procesos que surten los recursos destinados al mismo. Lo que está mal es que dichos controles sustituyan la tarea republicana de la Cámara de Diputados, de establecer sus propios controles de manera confiable y oportuna.
En el inciso g, los criterios de selectividad y orientación en el otorgamiento de las transferencias, así como la información requerida para la evaluación de su impacto social, deben ser fijados de manera real por esta soberanía.
Inciso h, si existen fallas en la coordinación existente entre las dependencias y los sectores que originan retrasos en el envió de la documentación, esta Cámara de Diputados debe tener conocimiento de cuáles son dichas fallas, a fin de revisar la legislación administrativa para corregirlas.
Para el Partido de la Revolución Democrática resulta lamentable que el documento que se nos presenta se restrinja únicamente a describir la manera en que se comportaron los montos y ritmos de los diferentes rubros vertidos en el documento presentado por el Ejecutivo Federal, sin hacer mayor abundamiento en el análisis.
El análisis legislativo debe evaluar, entre otras cosas, los alcances obtenidos en los objetivos propuestos, la armonía en que se conjugaron los instrumentos de política económica para alcanzar dichos objetivos, las dificultades o ventajas que los acontecimientos ocurridos durante el año representaron para la consecución de las metas, así como para evaluar o para superarlas o, en su caso, aprovecharlas y por lo menos debe evaluar cuáles son las principales repercusiones que para la población se derivan de este ejercicio.
Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, no se aclaran algunos puntos planteados en la comisión y tal es el caso en referencia al desarrollo rural. Se da el terminada la Presa del Tacotán en El Gruyo, Jalisco. Si esta presa desde 1978 está en operación. ¿o a qué se refieren con terminación de la obra?
Por lo expuesto anteriormente, existen grandes detalles que deben analizarse y en realidad
constatar si existen las obras o están únicamente en el papel o se van a realizar.
Yo quisiera preguntar a la comisión que se aclarara esta situación, porque es lamentable y grave la situación en lo que se refiere a la Presa del Tacotán, que hace muchos años está el funcionamiento. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede la palabra al diputado Raymundo Cárdenas para hacer una proposición.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Gracias señor presidente.
Hemos sostenido que es necesario que en esta soberanía se inicie ya una, discusión acerca de la necesaria reforma al Estado, que permita que los procesos de organismos de vigilancia del gasto público, tanto a nivel federal como en todos los estados, pudieran estar conducidos por distintas fuerzas a las que detentan el Poder Ejecutivo.
Yo no sé qué esté pasando en Baja California o en Guanajuato, en donde el Partido Acción Nacional tiene el Poder Ejecutivo. Ojalá que pronto pudiéramos ver ahí qué tanta consecuencia hay, consecuencia democrática, para permitir que la oposición sea quien tenga en sus manos la dirección de estos procesos tan importantes.
Para iniciar esta discusión es que hacemos la propuesta de que se adicione un artículo 5o. al proyecto del decreto, en los términos siguientes:
"Artículo 5o. Esta asamblea legislativa concluye que se requiere y debe haber una revisión completa de las diversas disposiciones legislativas que rigen el ejercicio de las facultades descritas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 74 de la Constitución, son las que se refieren a la fiscalización del Congreso sobre las cuentas y que el criterio central de dicha revisión debe ser el de que los distintos procesos de organismos relacionados con las funciones de fiscalización, deben de estar bajo la dirección de una fuerza política distinta a la que detente el Poder Ejecutivo y de que en ellos deben participar todas las expresiones de la pluralidad de esta Cámara de Diputados."
Firman, diputados: Enrique Rico, Jorge Calderón y Raymundo Cárdenas. Hago entrega a la Secretaría. (Aplausos.)
El diputado Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba (desde su curul): - ¡Señor Presidente, para hechos!
El Presidente: - Tiene usted la palabra para hechos, compañero.
El diputado Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He pedido la palabra para hechos, para hacer a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, algunas precisiones sobre lo que aquí ha venido a decir el diputado Lujambio.
Quisiera de entrada, si ustedes me lo permiten, señalar que la revisión de la Cuenta Pública, que no la aprobación de la Cuenta Pública, la revisión de la Cuenta Pública, es un momento en el tiempo de un proceso en el que participamos lo mismo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y que se inicia, como aquí bien lo dijo un orador que me antecedió en la palabra, cuando comenzamos a analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación del año de que se trata.
Recogemos con mucha simpatía que se mostró en el seno de la Comisión de Programación y Presupuesto y de nuevo en el pleno, para tratar de hacer más eficiente el trabajo que a nosotros nos corresponde hacer. Pero tendríamos que precisar.
Nosotros no estamos aprobando la Cuenta Pública, nosotros estamos revisando la Cuenta Pública para señalar a la contaduría mayor de Hacienda, que es nuestro órgano técnico en donde tiene que poner énfasis para la revisión, para el seguimiento, de cada una de las cuestiones o de las posibles irregularidades que pudieran detectarse.
Nosotros tendremos este informe definitivo en su tiempo y si éstas irregularidades a las que hacía mención el compañero Lujambio pudieran presentarse, tendría que actuarse conforme lo dicta la Ley.
También se señalaba, quizá un poco tendenciosamente, el hecho de que la Secretaría de Programación y Presupuesto pedía una auditoría externa a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y no lo hacía en forma consolidada. Queremos decirles que para los efectos de lo que estamos revisando, en la comisión, en la Contaduría Mayor de Hacienda, si tiene la información de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, por una parte y de cada una de las empresas subsidiarias de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, porque así se le da el seguimiento, el control presupuestal directo, por una parte a la Compañía Nacional de
Subsistencias Populares y, por otra parte, a cada una de sus empresas subsidiarias. Eso no quiere decir que no tengamos la información de todas las empresas y eso no quiere decir, como aquí se intentó señalar, que esa información no era relevante para los fines del análisis.
Por ello, señores diputados, creemos pertinente hacer esas aclaraciones y señalar de nuevo la necesidad de trabajar todos, en los diferentes partidos, en el seno de comisiones, para hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos, el diputado Lujambio.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Pues en cierta forma tengo que reconocer que hay cierta satisfacción en el ego de que se ocupen tanto de una modesta persona, como un servidor. Sin embargo, el hecho de que haya despertado esta reacción de parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pues créanme ustedes que me llena de satisfacción. Quiere decir que estamos dando en el clavo, que estamos dando donde duele y donde aprieta el zapato; quiere decir que éste es el Talón de Aquiles del sistema, la parte que se refiere al manejo de los centavos. (Aplausos.)
Porque, pues no vamos a inventar ni a descubrir nada que no esté ya pensando por legislaturas anteriores, por diputados que seguramente han estado ya analizando estas cosas con paciencia, con objetividad, con dedicación, con tiempo y que simplemente dejan claramente en pie, perfectamente delineado, un escenario en el cual el Poder Ejecutivo viene manejando los recursos de este país con un exceso de, en ocasiones, irresponsabilidad, de libertades, que a veces llega a ser libertinaje y que son las causas que llevaron a este país al estado de crisis y postración en que nos llevó al partido y los gobernantes del partido oficial en los años recientes.
De lo que se trata, señores diputados, es de que veamos nosotros si somos capaces de hacer algo en ese sentido, si somos capaces de responder a la responsabilidad que nos encomienda la Constitución, que está muy clara, lo señala la fracción, vigilar, así de sencillo; vamos al diccionario, vamos a donde quieran, a los lingüísticas, para que nos expliquen el significado de esta frase y la vigilancia ¿qué implica? La vigilancia implica, el que está vigilante está atento, el que está vigilante está alerta para actuar en caso de peligro, en caso de acecho. Nosotros tenemos que estar alertas y vigilantes para ver si está en peligro y se están acechando los intereses del pueblo de México y el buen manejo de los fondos públicos.
Nosotros independientemente de lo que vaya a ocurrir, el desenlace final de este debate, que ya lo sabemos cuál va a ser, de antemano todo mundo estamos conscientes, la mayoría priísta lo va a aprobar, lo va a pasar a votación, va a preguntar si se considera suficientemente discutido y va a pasar el dictamen.
Y decía el diputado que me antecedió que nosotros no estamos aprobando la Cuenta Pública, que únicamente estamos aprobando el dictamen, bueno, de qué se trata ¡ah!, que nada más vamos a revisar. De qué se trata, señor, a revisar. De qué se trata, señor, a revisar qué. La facultad constitucional es precisa, la revisión le corresponde a la Contaduría Mayor de Hacienda, las auditorías, los estudios, las conclusiones que deben de tomar, es un grupo de peritos y de expertos en materia de fiscalización, que son los que deben de darle la pauta a esta Cámara de Diputados, nosotros, diputados, no podemos ir a revisar las cuentas de todas las paraestatales ni de todas las dependencias federales, no sólo aquí en la capital de la República, sino todas las oficinas de las dependencias paraestatales y de las dependencias del sector central que se encuentran en el interior de las República, lo puede hacer una contaduría que tiene 500 auditores, que no todos son contadores, hay doctores, se me explicaba, hay profesionales de diversas disciplinas, para realmente fiscalizar este aparato gigantesco que forma el Poder Ejecutivo con todas sus dependencias.
Así es de que no nos distraigamos, podemos estar aquí realmente debatiendo o incurriendo en falso debate. Simplemente queda: ¿seremos capaces en esta legislatura de avanzar en esa responsabilidad que nos encomienda el pueblo de México, para asegurar que todas las paraestatales se manejen con transparencia, y que ya no se enriquezcan tantos líderes a costillas de sus trabajadores, que se apliquen los recursos con honestidad y con transparencia, seremos capaces en esta legislatura de avanzar en ese proceso y en esa responsabilidad?
Ustedes tienen la respuesta, señores diputados. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Honorable asamblea: se ha desahogado la lista de oradores que participaron en ese debate, de cuyos planteamientos se deriva lo siguiente: un voto particular del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo al dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente a 1990, que consignamos a la Secretaría para que se inserte en el Diario de los Debates; cuatro propuestas signadas por el diputado Alfredo Lujambio, del Partido Acción Nacional; por el diputado Arturo Torres del Valle, del mismo partido; por el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática y por el diputado Raymundo Cárdenas, del mismo partido.
Antes de consultar a la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido, vamos a dar trámite a estas propuestas.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Alfredo Lujambio.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Con fundamento en el Artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior...
El Presidente: - Tiene Razón el diputado. Le ruego a la Secretaría que se sirva leer la propuesta.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, adicionar el artículo 2o. del dictamen a discusión con el siguiente inciso:
"La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, analizará a fondo la documentación recibida para verificar el cumplimiento de los objetivos, metal y programas autorizados al gobierno federal y comprobar que las dependencias de la administración pública federal, pull central y los organismos paraestatales se apegaron a la programación autorizada, así como para determinar en forma oportuna las desviaciones y variaciones en aplicación del gasto autorizado.
Salón de sesiones del recinto alterno de la Cámara de Diputados, a 12 de diciembre de 1991. Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Alfredo Lujambio Rafols, diputado Fernando Lugo Hernández, diputado Alberto Miguel Martínez Mireles."
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aprobada señor Presidente.
El Presidente: - Dé cuenta la Secretaría, por favor, de la propuesta formulada por el diputado Arturo Torres del Valle, de Acción Nacional.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - "Único. Que se modifique el inciso k, del artículo 2o. del dictamen en discusión para que se quede de la siguiente manera:
k) Con el propósito de promover la oportunidad e incrementar la confiabilidad a la información, elaborada de acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental que contiene la Cuenta Pública, es conveniente que la Secretaría de Programación y Presupuesto, con el auxilio de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y de las áreas de auditoría interna de las dependencias y entidades, intensifique la vigilancia en la aplicación de la normatividad y procedimientos contables.
Salón de sesiones del recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal, a 12 de diciembre de 1991. - Diputado contador público Arturo Torres del Valle."
El Presidente: - En votación económica consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Arturo Torres del Valle Se pregunta en votación económica si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Ilustre la Secretaría a la asamblea respecto de la propuesta formulada por el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Se recomienda la formación de comisiones de legisladores que realicen visitas y
estudios de campo a obras públicas y proyectos de desarrollo regional y sectorial, mismas que deberán presentar un informe a esta soberanía.
Atentamente, diputado Jorge Calderón, diputado Raymundo Cárdenas y diputados Enrique Rico.
El Presidente: - Sí, diputado Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Solamente con todo respeto a fin de que se considere que ésta sería una adición al artículo 2o. Rogaría a la Secretaría nos hiciera el favor de leer completa la propuesta, desde los que serían los seis renglones de exposición de motivos y lo que usted nos hizo ya el favor de leer, que sería el texto puntual que se incorporaría.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar cuenta en los términos de la propuesta.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - "El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone la siguiente adición al artículo 2o. del proyecto de decreto de dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1990.
Con objetivo de que la Cámara de Diputados cuente con elementos suficientes para conocer los resultados de la gestión del gasto público y el adecuado cumplimiento de los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PROPOSICIÓN
Se recomienda la formación de comisiones de legisladores que realicen visitas y estudios de campo a obras públicas y proyectos de desarrollo regional y sectorial, mismas que deberán presentar un informe a esta soberanía.
Atentamente.
Diputado Jorge Calderón, diputado Raymundo Cárdenas y diputado Enrique Rico. El Presidente: - En votación económica consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o no la modificación propuesta por el señor diputado Jorge Calderón.
El Secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Se ruega a la Secretaría dar cuenta con la propuesta del diputado Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Se adiciona el artículo 5o. del proyecto de decreto en los términos siguientes:
"Artículo 5o. Esta asamblea legislativa concluye que se requiere y debe haber una revisión completa de las diversas disposiciones legislativas que rigen el ejercicio de las facultades descritas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 74 de la Constitución y que el criterio central de dicha revisión debe ser el de que los distintos procesos y organismos relacionados con las funciones de fiscalización, deben estar bajo la dirección de una fuerza política distinta a la que detente el Poder Ejecutivo y de que en ellos deben participar todas las expresiones de la pluralidad de esta Cámara de Diputados. Diputado Enrique Rico, Diputado Jorge Calderón y diputado Raymundo Cárdenas." El Presidente: - En votación económica consulte la Secretaría a la asamblea si admite o no a discusión la propuesta del señor diputado Raymundo Cárdenas.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen e lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Se emitieron 261 votos en pro y 80 votos en contra, señor Presidente.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 261 votos.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1990.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite - Es de segunda lectura.
* Este Dictamen fue publicado en el Diario No. 17 del día 10 de diciembre de 1991.
El Presidente: - Consecuentemente está a discusión en lo general.
Esta Presidencia informa a la asamblea, que previamente se han inscrito para la discusión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal de 1990, los siguientes diputados: Por el Partido Popular Socialista, el diputado Héctor Ramírez Cuéllar; por el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Jorge Oceguera Galván; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Francisco Saucedo; por el Partido Acción Nacional, el diputado Gonzalo Altamirano y por el Partido Revolucionario institucional, el diputado Amado Treviño Abate.
Así, pues se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Vamos a abordar los resultados cuantitativos y cualitativos de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal para el año de 1990 y tendrá que ser esta intervención de evaluación de la política económica general aplicada en la ciudad de México, dado que en el informe previo, presentado por la Contaduría Mayor de hacienda de esta Cámara de Diputados, hay un conjunto de recomendaciones y de sugerencias que tendrá que tomar en cuenta el Departamento para futuros ejercicios presupuestales. Por lo tanto, la valoración de la Cuenta Pública tendrá que ubicarse exactamente entre el tránsito en que se presenta el informe previo y se cumplen las instrucciones que fija la Contaduría.
En 1990 el gobierno de la ciudad de México ejerció un presupuesto de 9 billones de pesos y se excedió con respecto a lo autorizado por la Cámara de Diputados en un 19%.
Debemos hacer notar que tanto en el Presupuesto de Egresos de 1989, como de éste que nos ocupa hoy, de 1990, el aumento del presupuesto estuvo muy por debajo de la inflación que registró la economía nacional en ese año. Por lo tanto, el presupuesto con que se trabajo en 1990, fue un presupuesto verdaderamente insuficiente, limitado, que no registro ni siquiera los aumentos de precios de ese año; prácticamente podemos decir que en términos generales, el presupuesto de 1990 permaneció estancado en términos reales.
Los ingresos de 1990 se elevaron en un 48%, descansando los ingresos, como ha sido
tradicional, en el gobierno de la ciudad, en el cobro del impuesto predial y del consumo de agua.
Aquí deseamos hacer notar que el aumento de estos ingresos ordinarios, sí estuvo muy por encima de la tasa de inflación del año de 1990. Esto se ha venido reflejando también en 1989 y nos está indicando que el gobierno de la ciudad eleva los impuestos en forma considerable, muy por encima de las tasas inflacionarias que hay en cada año y no toma en cuenta la pérdida del poder de compra de los salarios que se registran en la economía nacional y en la economía de la capital de la República.
En 1990 el 60% de la población económicamente activa de la ciudad, apenas percibía dos salarios mínimos y hubo el compromiso del gobierno de la ciudad, de tomar en cuenta esa situación socioeconómica de la Población que trabaja en la capital de la República, pero finalmente dicho compromiso no se cumplió y los aumentos fueron otra vez por encima de los incrementos de la inflación afectando los intereses de los sectores mayoritarios de la ciudad de México.
Los ingresos de los organismos del Departamento, ascendieron a 2 billones 567 mil millones de pesos y fueron superiores en un 30%. La mayor parte de los ingresos de los organismos del Departamento, fueron ingresos propios, porque el financiamiento de estos organismos ya no está descansando en las aportaciones de gobierno federal, ya no descansa en las transferencias, en los apoyos, salvo en el transporte; sino está descansando en ingresos propios.
Esto se ha traducido en ir avanzando hacia lo que se llaman las tarifas reales, que quiere decir, en forma muy sencilla, que se está cobrando a los habitantes de la ciudad, en función de lo que cuestan los servicios en la Ciudad de México.
Esta política de precios realistas, o de precios reales, tampoco toma en cuenta las diferencias económicas que hay en la ciudad de México. Por un lado, una minoría, el 30% que gana más de tres salarios mínimos y, por otro, la mayor parte de la población, que gana entre uno y dos salarios mínimos.
En el caso de las tarifas de los organismos del Departamento, tampoco se ha observado un principio de equidad social que tome en cuenta el carácter proporcional que tienen los sectores de nuestra ciudad de México; no todos ellos tienen el mismo ingreso y, por lo tanto, los aumentos a las tarifas de los organismos del Departamento, hacen tabla rasa, ignoran ese fenómeno y aplican tarifas, en términos generales, iguales. De tal manera que paga lo mismo un habitante de altos ingresos, que uno de bajos ingresos y eso, desde luego que no es correcto.
Se nos informa en el dictamen y en los documentos de la Contaduría Mayor, que en 1990 el Departamento registró un superávit presupuestal de 384 mil millones de pesos y eso se pone como timbre de gloria, se pone como un timbre de honor del Departamento y de la propia comisión dictaminadora. Sin embargo, en el propio dictamen que estamos analizando, se señala que este superávit fue más simbólico que real, porque claramente se está indicando que el Departamento mantuvo una serie de deudas, una serie de saldos insolutos que no pagó. Deuda no pagada o deuda aplazada en su pago. O bien, cantidades presupuestales que el Departamento no ejerció.
Por eso decimos nosotros que este superávit más bien es simbólico, más bien es de carácter financiero y contable, pero no tiene un fundamento real.
Si nosotros analizamos con mayor profundidad este llamado superávit, veremos que partidas presupuestales que aprobó esta Cámara de Diputados para importantes renglones de la actividad en la ciudad, no se ejercieron, no hubo programas, no hubo proyectos y los recursos que aquí aprobó la Cámara simplemente no se gastaron.
Esto nos parece muy delicado porque en todo el sexenio anterior hubo un rezago muy grande en la cobertura de los servicios que presta el Departamento del Distrito Federal. Prácticamente durante todo el gobierno anterior, la capacidad de cobertura de los servicios que presta el Departamento se mantuvo estancada, prácticamente no creció, como no creció la economía nacional.
Y al inicio del gobierno actual, que encabeza el Jefe del Departamento, Manuel Camacho Solís, hubo un intento por superar ese rezago, pero desgraciadamente no se ha logrado porque ha tenido presupuestos por debajo de la inflación y los que ha tenido no los ha gastado de una manera completa.
Según nos informa el dictamen y viene en el proyecto de presupuestos de 1990 y claro, también en 1991, uno de los objetivos del gasto del Departamento fue el de elevar el nivel de vida de la población y para ello se aprobaron en esta Cámara 42 programas que concentraron el 59% de todos los recursos que la Cámara aprobó. O sea, aproximadamente 9 billones de pesos. Sin embargo, el informe previo de la Contaduría
Mayor, señala muy claramente que no se informó del cumplimiento de metas cuantitativas y de metas cuantitativas en el cumplimiento de estos programas y tiene razón el informe previo de nuestro órgano técnico.
El gobierno de la ciudad informa de los planes, informa de los programas y de las prioridades del gasto público, pero no informa de la cobertura que entre la población tuvieron esos programas, no informa de a cuántos capitalinos se benefició, en qué delegaciones, en qué zonas, con objeto de medir el impacto social del gasto del Departamento de la ciudad de México, que es finalmente lo que nos está importando en esta sesión.
No basta entonces enunciar un propósito. No basta fijar una meta. No basta programar un conjunto de objetivos. Lo que importa es ver si se cumplieron esos programas o no se cumplieron. Pero la Cámara de Diputados no tiene elementos para valorar el cumplimiento de tipo económico y social de estos programas.
Lo que sí podemos afirmar es que la mayor parte de los recursos para los programas, se concentró en el transporte, en la seguridad pública y en el combate a la contaminación. Fueron muy pocos los programas que realmente se cubrieron, pero aun así en el caso de cada uno de estos tres programas, los cumplimientos fueron muy limitados.
Quiero señalar a ustedes que en caso del transporte de la ciudad de México, la mayor parte de los recursos se canalizaron hacia la compra de nuevas unidades de Ruta - 100, hacia su reequipamiento y modernización y hacia las obras del tren ligero de los reyes - Pantitlán, que fue una obra que recientemente se inauguro.
Pero el informe previo de la Contaduría no señala que el sistema Eléctrico de Transporte recibió de parte de la Contaduría Mayor de Hacienda un dictamen de carácter negativo y hasta ahora no sabemos, por lo menos el que habla no lo sabe, qué ha sucedido con el estado financiero de esta rama del transporte eléctrico; porque no pasó las auditorias y los exámenes que hizo al respecto la Contaduría Mayor y aquí debemos señalar una preocupación, porque es un sector sumamente abandonado en el marco del transporte público de la ciudad de México.
El dictamen y desde luego la propuesta de presupuesto de 1990, señala otro rubro importante que es: el que la ciudad de México depende cada vez menos de las transferencias del gobierno federal.
Y si en 1990 esa dependencia se redujo, tiende casi a desaparecer en el año próximo. Nosotros aquí tenemos una discrepancia con respecto a la política económica del gobierno de la ciudad. Dado que en la ciudad de México se concentra el 38% de la industria nacional y se genera más el 20% del producto nacional bruto, ¡no estamos de acuerdo en que el gobierno federal deje de otorgar transferencias al gobierno de la ciudad de México, porque ni siquiera compensa los recursos fiscales que el gobierno federal obtiene de la capital de la República!
Hay una serie de obras, de programas y de inversiones que no puede hacer el gobierno de la ciudad con los ingresos ordinarios, que no los podrá hacer porque se requiere, a nuestro modo de ver, la aportación obligada del gobierno federal y éste es el caso del transporte colectivo.
El transporte colectivo, por el volumen de recursos que necesita, sólo puede obtenerse de dos fuentes: de créditos externos, como es el caso del tramo de Calzada de Zaragoza, que fue un crédito francés, o de apoyos económicos del gobierno federal; si no hay apoyos económicos del gobierno federal, no puede ampliarse el sistema de Transporte Colectivo en la ciudad de México, porque el requerimiento de recursos rebasa infinitamente lo que tiene el Departamento en materia de recursos propios.
Queremos señalar también que el objetivo en 1990, de elevar el nivel de vida de la población tampoco se logró, porque en renglones en donde ya de por sí el gasto era muy bajo, más bajo aún que el nivel de la inflación, un gasto totalmente pequeño, ahí hubo verdaderos decrecimientos o estancamientos o crecimientos muy pequeños o insignificantes. Quiero señalar la gran desatención, el gran abandono que hubo en 1990, en materia de vivienda, en materia de salud, de salubridad, de infraestructura hidráulica de ampliación de servicios en colonias proletarias, de educación, de promoción de la cultura, del deporte y en otras actividades en donde sí la población de la ciudad está interesada en un mejoramiento de sus condiciones de vida, las cuales no se observan en la realidad.
Cuando compareció aquí el Jefe del Departamento, le hacíamos notar que el mejoramiento de la vida en la ciudad no se veía en forma palpable, que no se observaba, y él nos señaló, reconociendo, que faltaba una información más adecuada que reflejara lo que a juicio del Jefe del Departamento era un mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad. Pero esa información no aparece en el dictamen y el informe
previo de la Contaduría Mayor lo está solicitando al Departamento, porque por ningún lado vemos nosotros que se haya logrado el objetivo número uno, que fue el mejoramiento de los servicios públicos; por el contrario, según la información de la Contaduría Mayor, los servicios públicos de la ciudad se mejoraron, pero sobre todo en las delegaciones centrales, se mejoraron en las zonas de ingresos elevados y medios y permaneció el abandono en las zonas proletarias, populares y en las delegaciones llamadas periféricas, debido a una mala distribución del presupuesto por delegaciones; eso ocurrió en 1990.
Para este año se nota ya un cambio en la asignación presupuestal y se dan más recursos a delegaciones tan grandes como la Gustavo A. Madero y la Iztapalapa, en un intento y subrayo, en un intento por transferir recursos de las zonas más ricas de la ciudad a las zonas más pobres de la capital de la República. Pero los resultados de esas transferencias de recursos, de las delegaciones centrales a las periféricas están por verse y tendremos que valorarlas exactamente dentro de un año.
Quiero señalar, para concluir, que el Departamento está obligado a acatar observaciones que están contenidas en el informe previo de la Contaduría Mayor de hacienda, que es lo que nos debe importar a los diputados; más que los razonamientos cuantitativos, esta Cámara debiera estar vigente para que las recomendaciones de nuestro órgano técnico se cumplan y son las siguientes recomendaciones.
En primer lugar, el Departamento no informa de los resultados sectoriales concretos por categorías socioeconómicas; enumera los programas pero no señala a los beneficiarios y por eso el Departamento debiera hacerlo.
La contaduría Mayor encontró otra deficiencia, en lo que se refiere a la adquisición de arriendos por contratos y servicios. Esto también es importante porque gran parte del famoso superávit que no está, se debe a adeudos que debe pagar el Departamento a contratistas, pero que no ha pagado el Departamento no nos señala las políticas generales de adquisición de arriendos y de contratos de servicios a contratistas particulares.
La otra observación que debemos los diputados pedir al Departamento que se cumpla, es también muy delicada. Dice la Contaduría Mayor que el Departamento no elaboró líneas de política general para la construcción de obras públicas y de remodelación urbana. Esto nos parece muy delicado, porque en 1990, de la totalidad del gasto físico del Departamento, el 20% de los 2 billones se destino a las obras públicas; o sea, que el departamento eroga una importante cantidad de recursos por concepto de obras públicas, pero es muy lamentable que nuestro órgano técnico esté diciendo que no hay una política de señalamientos generales para las obras públicas de la ciudad de México.
Y finalmente, debemos estar también vigilantes, porque el Departamento presente en forma oportuna los estados financieros de las empresas que aún tiene en su poder, porque de acuerdo con el informe que estamos comentando, de 10 entidades sólo siete presentaron sus informes financieros y dice que las otras tres lo presentaron en forma extemporánea, pero no nos informa de deficiencia, de malos manejos o de errores en el manejo de los recursos de estas entidades como el Metro, Industrial de Abastos y otras de la ciudad de México.
Estas observaciones generales las hace suyas el Partido Popular Socialista y pide al Jefe del Departamento que las cumpla. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Héctor Ramírez Cuéllar. En uso de la palabra el diputado Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Jorge Oceguera Galván: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a dejar la proposición de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. en cuanto a lo concerniente a la Cuenta Pública del Distrito Federal para 1990.
El examen de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal constituye un control de vigilancia de la Cámara de Diputados, en un ejercicio fiscal que implica el estado de la situación financiera y presupuestal del Departamento del Distrito Federal.
En el Proyecto de dictamen que se somete a nuestra consideración salta a la vista el hecho de que la solución de los grandes problemas del Distrito Federal requiere de estrategias de corte metropolitano, de acciones concertadas con los gobiernos estatales que tienen incidencia en el área conurbada de la ciudad de México.
Sólo en esta óptica es posible pensar en opciones viables para superar rezagos y resolver los problemas de la urbe. No basta con enunciar las dificultades existentes sino que se deben cuestionar las razones de las mismas, para indagar sobre sus causas profundas y en función de ello, delimitar los criterios y propuestas necesarios para avanzar en las soluciones, las acciones encaminadas a buscar soluciones metropolitanas deben de reforzarse.
Los acuerdos de este rubro son, hasta ahora, mínimos y en el proyecto de dictamen se destaca su existencia, son a programas específicos tales como: la verificación de automotores para la lucha contra la contaminación y la continuación de la construcción de la línea del metro Pantitlán Los Reyes.
Sin embargo, en 1990, en otras áreas iguales, con problemáticas similares, los acuerdos metropolitanos resaltan por su inexistencia.
Indudablemente no se trata de violar disposiciones soberanas de otras entidades federativas. Tampoco se pretende que sea el Departamento del Distrito Federal el que tienda a resolver los problemas globales de la zona metropolitana. Los problemas son amplios y trascienden en restricciones de corte territorial y político. De ahí sus soluciones se encuentran en acciones conjuntas.
Consideramos que las posibilidades para desarrollar estrategias metropolitanas existen. La magnitud y el carácter de los problemas así lo señalan sin violar al soberanía de los estados. Puede avanzarse en su solución sin necesidad incluso de que el Ejecutivo Federal promueva la creación de coordinaciones metropolitanas, hay la suficiente capacidad de las entidades y del Departamento del Distrito Federal para concretar acuerdos, sin que para ello medie la presencia del Ejecutivo Federal.
En materia de transporte, se señala en el dictamen, que en este rubro se erogaron 2.4 billones de pesos, que represento un 26.9% del gasto programable, superado en 7.2%, la participación provista originalmente.
No obstante ello, no repercutió en un mejoramiento sensible del servicio para los habitantes de la zona metropolitana. A nuestro juicio deben especificarse las razones por las cuales el transporte, particularmente el sistema de Ruta - 100 y el transporte eléctrico, no tienen un funcionamiento adecuado conforme a las necesidades del transporte capitalino.
No compartimos el optimismo respecto de las acciones tomadas a lo largo del presente año para Solventar este problema. El saldo hasta ahora nos indica ineficiencia en el sistema de transporte; muestra de ellos es que el parque vehicular de Ruta - 100 y del servicio de Transporte Eléctrico, funciona a menos del 50% de su capacidad y en condiciones deplorables.
En el dictamen se señala de acuerdo al IX Censo de Población y Vivienda hubo una reducción de la población de la ciudad de México en la última década y un incremento en la zona conurbada. Evidentemente ello repercute en la cobertura de servicios y en la calidad de los mismos.
Rezago e insuficiencia conforme el binomio que caracteriza la respuesta del Departamento del Distrito Federal, ante el acelerado incremento de la población, no se trata de salvar la ausencia de estrategias con el señalamiento de que existe un relativo equilibrio inestable de la población del Distrito Federal, y un crecimiento acelerado de la misma. En las zonas conurbadas, en el fondo el problema compete igualmente al Gobierno capitalino, pues la actividad económica se desarrolla en la capital del país y ello implica un crecimiento en atención a esa población flotante.
Signo alentador es el hecho de que se pretende incrementar el presupuesto para hacer frente a los problemas de tenencia de la tierra y de estructuración de servicios. Sin embargo, en lo que hoy nos ocupa, la Cuenta Pública de 1990, son evidentes las fallas en atención a los servicios a la población, situación que a nuestro juicio el dictamen no especifica.
Nos parece exagerado el énfasis que debe hacerse en modificar actitudes de la población, para hacer frente a los problemas de la ciudad. A nuestro parecer algunos de los problemas han tendido a controlarse en virtud de la participación activa de los habitantes de la ciudad de México.
Desde 1985 es indudable que hay una nueva cultura urbana que privilegia la participación cotidiana y la búsqueda de soluciones a grandes problemas. Muestra de ello es el programa "Hoy no Circula", e incluso el seguimiento al reglamento de fumadores, sin embargo esa vitalidad y civilismo de la sociedad capitalina, no ha recibido el apoyo suficiente y el estímulo necesario de parte del gobierno.
Nosotros consideramos que paralelo al fortalecimiento de la nueva cultura ciudadana, debe
de exigirse una actitud más positiva y cooperante de parte de las autoridades capitalinas en todos sus niveles. De no erradicarse esas trabas, la extraordinaria vitalidad de los habitantes de la ciudad de México se diluirá en el muro de indiferencia y de la pasividad administrativa y gubernamental.
Nos preocupa el continuo señalamiento de que en términos de ejercicio presupuestal, los resultados de la revisión de la Cuenta del Departamento del Distrito Federal, son positivos. Tal parece que se quisiera convencer de la eficiencia y racionalidad de las medidas de contracción del gasto social y de la redefinición de las prioridades de la administración del Distrito Federal. Sin embargo si revisamos detalladamente las cifras, resulta que parte del balance positivo en lo contable deviene del incumplimiento de programas y metas de inversión, establecidos para 1990.
Destacan entre las insuficiencias programáticas los renglones de modernización del transporte, vivienda, salud drenaje y tratamiento de aguas negras programa de prevención y control de la contaminación. Fuera por ahorros forzosos, problemas técnicos, por variables diversos, el hecho es que el ajuste a la Cuenta Pública, a los términos legales señalados por esta soberanía, tuvo un efecto inverso en la procuración de mejores servicios y satisfacción de necesidades a la población de esta capital.
Ante esto, nosotros quisiéramos proponer que en el dictamen se incluyan o amplíen las explicaciones respecto a las insuficiencias programáticas, que se promueva una investigación de Contaduría Mayor de hacienda sobre el uso y destino que tuvieron los fondos no utilizados en los programas incumplidos.
Encontramos en el dictamen a discusión, muestras significativas del proceso restrictivo en el gasto social. Se señalan insuficiencias, pero no se cuestionan las mismas.
A juicio nuestro deben explicarse los rubros que requieren de una investigación más intensa para ubicar las fallas, tanto presupuestales como de operación y avanzar en su solución. En el dictamen a discusión no encontramos ningún señalamiento preciso en este sentido.
En cuanto a programas delegacionales, coincidimos en que la solución de la diversidad de los problemas debe de abordarse desde la dinámica particular de la población que los padece. Sin embargo, no se trata de crear redes genéricas de asistencialismo de coyuntura; se trata, creemos, de crear instancias permanentes de trabajo delegacional, que efectivamente resuelvan los problemas de los habitantes de las zonas determinadas.
La propuesta de que las tributaciones locales sean invertidas en obras delegacionales, implica avanzar en la definición de una estructura administrativa de corte municipal, experiencia interesante que es deseable recuperar, si queremos concretar cuestiones como la descentralización y un mayor acercamiento de los espacios de toma de decisiones a la toma de población.
Coincidimos que la atención a los jóvenes debe ser prioritaria en los programas del Departamento del Distrito Federal y sus delegaciones; sin embargo, notamos que la asistencia a la juventud es muy deficiente y el programa urge desde el objetivo que se traza para otorgarla. La asistencia a la juventud es, ante todo, una cuestión de bienestar social y no como se plantea en el dictamen, de seguridad pública. La connotación otorgada a la asistencia en términos de seguridad pública, ha dado lugar a una escalada de abusos de parte de los cuerpos de seguridad sobre los jóvenes, muestra de ello son las razzias que aparecen como respuesta más recurrente de las autoridades frente a las demandas generadas por la juventud.
Una política específicamente juvenil debe de privilegiar los espacios de expresión antes de las represiones; debe de coadyuvar a un sano desarrollo de los jóvenes, de sus capacidades y potencialidades; nunca aceptaremos la presencia de la violencia como mecanismo para encauzar la creatividad de la juventud.
En materia de seguridad pública, el dictamen hace referencia a la baja en los principales índices de delincuencia durante 1990 y en la depuración de los cuerpos de seguridad metropolitanos. Sin embargo, es necesario remarcar que si bien es cierto que hubo disminución de los asaltos bancarios y de las casas habitación, también es que hay un incremento en las violaciones a los derechos humanos y garantías individuales de los habitantes de la ciudad. En muchos casos, son pretexto de la lucha contra el narcotráfico, los cuerpos policiacos cometen abusos contra la población.
La depuración de las instituciones de seguridad debe ser una tarea permanente y una de las prioridades en programas del gobierno capitalino.
El gasto en el Programa de Seguridad Pública, por 1.2 billones de pesos, aunque se orientó a realizar actividades en contra de la delincuencia, no tuvo traducción en una disminución sensible de las mismas; más aún, la ciudad de México registro a lo largo de 1990, un crecimiento importante en delitos que incorporaban lesiones, violencia directa sobre ciudadanos; curiosamente gran parte de estos ilegales fueron cometidos por miembros de cuerpos de seguridad del Departamento del Distrito Federal.
La tal ansiedad de depuración no fue definitivamente en 1990, una de las metas alcanzadas en términos operacionales y contables.
El dictamen nos plantea que Industrial de Abastos (IDA)redujo su participación, en la industrialización y comercialización debido a su reestructuración. Esto es preocupante, ya que industrial de abastos permite que la población tenga productos a precios accesibles y la situación menciona en el dictamen que es causa de un desabasto para los sectores de la población de bajos ingresos.
Observamos que en el ámbito de bienestar social, se erogaron en 1990, 1.7 billones de pesos, que representa el 19.5% del gasto programable.
No obstante la participación de los programas asistenciales y de servicios a la población dentro del presupuesto de 1990, sigue siendo insuficiente. Si no hay un aumento importante en el presupuesto destinado al gasto social, los problemas que en 1990 eran señalados como graves, antes que atenuarse, pueden crecer, a tornarse incontrolables.
Hay que conciliar la recuperación económica con el paulatino incremento en los niveles de gasto dirigidos al sector social.
Finalmente, si bien es cierto que en términos contables la Cuenta de Hacienda Pública del distrito Federal operó en los límites marcados por esta soberanía e incluso en algunos casos tuvo saldos positivos también es incuestionable que una parte significativa de los programas orientados a mejorar los niveles de bienestar de la población fueron insuficientes.
La fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, considera que en 1990 se realizaron obras importantes y sus avances fueron significativos. Sin embargo, no correspondieron a la magnitud de los problemas que tiene la ciudad de México y sus zonas conurbadas.
Como lo dijimos en su momento, el presupuesto asignado no fue suficiente y esto limita al Departamento del distrito Federal para atender los problemas más apremiantes de la población capitalina. Eso no justifica que los objetivos y metas planteadas en algunos rubros, no se hayan cumplido.
No obstante a que hemos marcado nuestros puntos de vista, que difieren de la visión de las autoridades capitalinas, pensamos que con un presupuesto insuficiente no es posible atender todos los problemas de una Ciudad como el es distrito Federal, por lo cual nuestro voto será favorable al dictamen de la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal. Gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado Oceguera Galván.
En el uso de la palabra, el diputado Francisco Saucedo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a presentar el voto en contra del Partido de la Revolución Democrática, al dictamen de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal del año de 1990.
Como partido, encontramos elementos suficientes para votar en contra del dictamen de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al año de 1990, presentada ante esta soberanía. El dictamen, así como el informe de la contaduría Mayor, pasan por alto el instrumento fundamental para observar si las acciones de gobierno cumplen cabalmente con las obligaciones impuestas por el marco jurídico del Distrito Federal. Nos referimos a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
Esta ley, en su artículo 20, fracción VII y VIII, establece que corresponde al Departamento del Distrito Federal el despacho de los siguientes asuntos en materia de obras y servicios.
La fracción VII dice: "Establecer las políticas del Departamento del Distrito Federal en materia de planificación, ciudadano la aplicación de la Ley de Desarrollo Urbano y del Distrito Federal y sus reglamentos.
Y en la fracción VIII, dice así textualmente: "Llevar y mantener actualizado el registro del
plan director conforme a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal".
La Ley De Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en su artículo 20, hace saber que las disposiciones que integran el plan director, son obligatorias para a las autoridades, organismos paraestatales y personas físicas y morales cuya actividad afecta en alguna forma el territorio y el desarrollo urbano del Distrito Federal.
Esto es que el plan denominado ahora "programa director", establece las líneas a las que debe apegarse la actuación del gobierno del Distrito Federal, incluso lo que se refiere a la programación y presupuestación anual, según lo consigna la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en el artículo 18 fracción I.
La omisión de este ordenamiento fundamental en la evaluación de la Cuenta Pública es significativo de cómo lo referente a gasto social y desarrollo económico de la entidad, de acuerdo a las necesidades y demandas de la población, ha sido relegado por el gobierno central. Por más que nos quieran engañar con operaciones numéricas que hacen aparecer lo que no fue, que la acción de gobierno en 1990 fue congruente con los objetivos planteados, que los recursos fueron suficientes para alcanzar las metas, que hubo eficiencia en la aplicación, en los recursos y que hubo eficacia.
Nos preocupa que sea anulado el papel principal que debería cumplir el programa director, pues según las consideraciones del propio Departamento del Distrito Federal en el año de 1987, éste es el instrumento normativo establecido para llevar a cabo el proceso de ordenamiento territorial del propio distrito, que se encamina a integrar en un todo coherente y armónico las políticas, objetivos, estrategias, programas y acciones que de él se deriven.
A pesar de ser obligatorio desde 1976 el Programa General del Programa Director, fue publicado hasta 1980. Su revisión y actualización no fue realizada sino hasta 1987. Esta versión fue nuevamente publicada en 1989, sin haber ni evaluación ni actualización de la anterior.
De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Programa General del Programa Director deberá ser evaluado y revisado por el Departamento en el plazo indicado al ser aprobado. De no ser así, el Programa General se considerará ratificado y continuará vigente.
Esta nobilísima ciudad, en el umbral del siglo XXI, ante el reto de ser uno de los centros financieros más importantes del mundo desarrollado, se erige por un Programa General del Programa Director elaborado en 1987 y no lo puede cumplir.
Como podrán escuchar a continuación, ninguna Cuenta Pública de la presente administración aprobaría una evaluación si le hacemos caso a la ley, incluso podríamos anticipar nuestro voto en contra de la Cuenta Pública del año 1991.
El Programa General vigente, planteaba en 1987 la incorporación a largo plazo de 7 mil 75 hectáreas a la reserva territorial. En 1989 fueron regularizadas siete hectáreas y adquirida una superficie de casi una hectárea. Ocho hectáreas en 1989; 12 en 1990 y otras ocho en 1991. A este ritmo y agregando las cinco hectáreas creadas durante este lapso de tres años, nos permiten estimar que la meta será alcanzada en aproximadamente 643 años.
Esto es, que existen todavía por lo menos 7 mil hectáreas susceptibles de ser destinadas a vivienda, a la industria, a los servicios y para áreas verdes. Todo esto en el área de desarrollo urbano. En 1987 se planteaba cubrir el 80% de la demanda de drenaje. Esto implica construir 104 kilómetros de red primaria para atender la totalidad de la demanda, entonces significaba contar con una red primaria de drenaje de 658 kilómetros para 1987. En 1989 el déficit era de 25%, de 19% para 1990 y actualmente se ubica en los 13 puntos porcentuales.
En lo que se refiere a transporte, se planeó la construcción de 12 kilómetros de Metro para 1988. En realidad se construyeron 10. Los dos años siguientes pasaron sin que hubiera ampliación alguna; hasta 1991, cuando se inaugura la línea del Metro férreo Pantitlán - Los Reyes La Paz.
Ruta - 100 debería contar con 9 mil unidades para 1988; es decir, el triple de lo que hoy existe, según el programa.
En cuanto al servicio de agua potable, se propuso mantener la demanda en 97%. Esto significaba continuar con una captación de 38.2 metros cúbicos por segundo. ¡Pues no! De 1987 a 1989 la captación fue de 36.2 metros cúbicos por segundo y en 1990 descendió a 34.6.
En abasto, se planteó la necesidad de dotar a la población de bajos recursos, de canales de
distribución que ofrecieran productos a bajo costo. En 1990 se sumaron 12 mercados a los 305 existentes en 1987. Se ha reducido el abasto de carne en la entidad; Industrial de Abastos redujo el sacrificio de reses de 212 mil en 1987,a 154 mil en 1990, 38% menos; en 1990 fueron sacrificados 49% menos cerdos que en 1987, 38% menos aves y 49% menos ovinos y caprinos.
En educación se planteó construir 280 primarias y 350 secundarias; para 1990 esas metas tenían un avance de 73% y 65% respectivamente.
En fin, a pesar de estar vigente el Programa General del Programa Director de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, elaborado en 1987 y ratificado sin cambios en 1989, el dictamen de la Cuenta Pública de 1990 no hace referencia al incumplimiento de un ordenamiento fundamental, que cuatro años después no ha podido ser cumplido ni siquiera en sus metas mínimas. dicho dictamen tampoco hace referencia al avance sobre la creación de los ocho centros urbanos, concebidos como áreas de tratamiento preferencial para fomentar las actividades económicas que requieren mano de obra intensiva, con el fin de arraigar a la población en el lugar y, al mismo tiempo, permitir la dotación de servicios a la disminución paulatina de los movimientos masivos de origen y destino diario en la ciudad de México. Estos centros proyectados son: Azcapotzalco, Tacubaya, Culhuacán, Iztapalapa, Pantitlán, Tepeyac y el Centro Histórico.
Ni hablar de los subcentros urbanos, pensados como áreas complementarias a los centros urbanos, que ofrecerían a la población servicios de menor nivel, utilizados con mayor frecuencia. Tampoco se habla de las zonas especiales de desarrollo controlado, como la zona Polanco Chapultepec, Sierra de Guadalupe o Guayamilpas. Se puede argumentar que se ha realizado cambios en los planes parciales en específico en la zona de Polanco, para hacer exactamente lo contrario a lo planteado en el programa general, incluso podrán argumentar que esto está permitido, pero la ley y el programa establecen que las acciones concretas que se deriven de los planes parciales y sectoriales, se orientarán hacia la promoción y consolidación de la población residente; esto no sucede en las zonas donde se han modificado los planes parciales.
No conocemos todavía los mecanismos por los cuales el Departamento del Distrito Federal asegurará la residencia de la población residente, por ejemplo, en el Centro Histórico.
Ustedes podrán criticar que el Partido de la Revolución Democrática acuda a un programa de 1987 y no a lo que dice el Ejecutivo, para evaluar la actuación gubernamental. Al igual que ustedes, estamos sorprendidos que no se cumpla la ley ni los programas de planificación de la entidad, en su conjunto, éstos estén congelados desde 1987, pero aún más nos sorprende que la presente administración no pueda siquiera cumplir con las metas fijadas hace cuatro años.
Si han decidido cambiar al marco jurídico del Distrito Federal, aprovechemos para hacer uno que sí garantice la democratización de la entidad y la planeación también de democrática, de acuerdo a la necesidades del desarrollo económico social.
De acuerdo a la Constitución y a la Ley de Planeación, toda acción planificadora debe plantearse como objetivo el desarrollo regional, en un marco irrestricto de bienestar social y participación ciudadana. De esta manera, la actualización del programa general, incluso del programa director, debe ser elaborado con base en una participación social determinante.
Consideramos imprescindible que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, cumpla un papel protagónico en este proceso. Si la razón de su desprecio por la ley no va en este sentido, les pedimos que actualicen el programa general del programa director, para no seguir engañando a la población diciendo que sí existe un desarrollo planificado, con apego irrestricto a las necesidades y demandas de la población, encaminado a integrar en un todo coherente y armónico, las políticas, los objetivos, las estrategias, los programas y acciones de gobierno, para alcanzar una ciudad habitable y disfrutable para todos sus habitantes.
El Partido de la Revolución Democrática no cree necesario profundizar en el análisis de la Cuenta Pública, pues sabemos que los ingresos y el gasto no fueron ejercidos respecto a lo planeado, como lo marca la ley.
No es noticia que el gobierno central no informa sobre ingresos adicionales, como aquellos que en 1990 excedieron en 25% los aprobados a causa de aumentos en tarifas y endeudamientos externo, ingresos que no se pusieron a consideración de la Cámara de Diputados para utilizarlos discrecionalmente.
No es noticia tampoco que los programas prioritarios sufrieron en 1990 reducciones en sus presupuestos respecto al de 1989: seguridad pública, 13% menos; vivienda, 8% menos; ampliación y mejoramiento de la planta física para
educación y capacitación, 17% menos; reforestación y áreas verdes, 83% menos; transportes, en todos los rubros, 16% menos.
Mucho menos es novedad que los ingresos adicionales no sean aplicados en los programas prioritarios Más de la mitad de los programas prioritarios de 1990, vieron reducida su participación porcentual respecto al total del gasto. Todo esto no es novedad, porque en todas las cuentas públicas lo decimos y las recomendaciones de la Cámara de Diputados siempre son desestimadas.
En fin, no podemos desaprovechar esta tribuna en aspectos de contabilidad y administración de algo que desde su origen contraviene el sentido de las leyes que deberían regir a nuestra entidad, escritas en la Constitución, que hoy el partido de Estado está destrozando.
Por todas estas cosas, compañeras y compañeros diputados, el Partido de la Revolución Democrática votará en contra del dictamen de la Cuenta Pública. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado Saucedo. En el uso de la palabra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
De acuerdo con lo que establece la fracción IV del artículo 74 de la Constitución y con el 3o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, se remitieron a esta Cámara de Diputados el informe previo sobre la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, cuya materia nos ocupa.
En el propio ordenamiento de la ley Orgánica de la Contaduría Mayor, se señalan algunos aspectos que debe contener necesariamente ese informe previo, entre los cuales se mencionan:
1. Si la Cuenta Pública está presentada de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables al sector gubernamental.
2. Los resultados de la gestión financiera.
3. La comprobación de si las entidades se ajustaron a los criterios señalados en las leyes de ingresos y en las demás leyes fiscales especiales y reglamentos aplicables en la materia, así como en los presupuestos de egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal.
4. El cumplimiento de los objetivos y metas de los principales programas y subprogramas aprobados.
5. El análisis de los subsidios, las transferencias, los apoyos para operación e inversión, las erogaciones adicionales y otras erogaciones o conceptos similares.
6. El análisis de las desviaciones presupuestales.
Es decir, que de acuerdo con estas disposiciones el análisis de la Cuenta Pública no debe de concretarse exclusivamente a revisar ingresos y egresos, ver si existe una concordancia entre lo recaudado y lo ejercido, sino que es un marco más amplio en el que están incluidas metas de la administración pública, programas y los otros aspectos que acabamos de mencionar con anterioridad.
Viendo y revisando este informe previo nosotros advertimos que la propia Contaduría Mayor de Hacienda hace diversas consideraciones que nos llevan a razonar un voto en contra de este dictamen y voy a decir por qué:
Por ejemplo, la contaduría, al mencionar los obstáculos encontrados en la revisión de los principales programas y subprogramas, que se incluyen al término de cada documento de ámbito sectorial, menciona que los obstáculos detectados por este órgano técnico constituyen limitantes en la evaluación, precisamente para la determinación de la suficiencia, la eficacia y la eficiencia y menciona entre de los más importantes, adviértase esto, carencia de metas de resultados sectoriales en términos cuantitativos; falta de vinculación entre las metas intermedias y las metas de resultados con las metas de inversión y metas de operación.
También la Contaduría denuncia que existe dificultad en ciertos casos para asociar el gasto con metas originales, modificadas y alcanzadas y que en otros casos hay omisión o imprecisión de las explicaciones sobre las causas de variaciones registradas en el cumplimiento de metas y ejercicio de los recursos.
Y de igual forma, en algunos más, insuficiencia u omisión de información sobre los avances físico - financieros de proyectos de inversión. Aquí, la propia Contaduría Mayor de Hacienda nos está dando a conocer cuáles fueron los obstáculos más importantes para poder evaluar los programas que por ley está obligado a hacerlo.
Y existen todas estas trabas para poder clarificar una evaluación sobre metas y sobre subprogramas, luego entonces estos razonamientos que hace la propia Contaduría Mayor de Hacienda, refuerzan nuestra posición que hemos mencionado, de que no es posible aprobar la Cuenta Pública en los términos en que nos presenta el dictamen.
El propio informe previo al hablar sobre la evaluación de programas, menciona que la estructura programática de 1990, del sector Distrito Federal, se integró con 42 programas y de ellos 13 se consideraron prioritarios y que para efectos de evaluación en el presente informe se seleccionaron los programas: vivienda, regulación y preservación ecológica y el transporte colectivo metro y tren ligero.
Es decir, únicamente se seleccionaron tres programas, de un total de 41, para que la Contaduría pudiera hacer una evaluación, esto solamente es un muestreo, porque no evaluaron los 42 programas ni mucho menos siquiera los 13 que se consideraron como prioritarios en el propio presupuesto.
Dice la Contaduría que esos tres programas: vivienda, regulación y preservación ecológica y transporte colectivo, metro y tren ligero, menciona que esta selección se efectuó en virtud de su vinculación con las prioridades nacionales y sectoriales orientadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en materia de vivienda y de mejoramiento de los servicios de transporte y de medio ambiente.
Después de hacer diversas consideraciones, denuncia la Contaduría Mayor de Hacienda al evaluar éstos programas, que se detectaron insuficiencias en la información programática presupuestal, que no permitieron profundizar en el análisis. En primera instancia la falta de información en relación con las causas de variaciones, principalmente en las metas relativas a verificar vehículos, construir tinas ciegas, dar tratamiento a desechos sólidos, adquirir carros para el tren férreo, motores, autobuses y reconstruir trolebuses.
Agrega el informe que nos remite la Contaduría, que la falta de explicaciones sobre las causas de variaciones en recursos, se detectaron fundamentalmente en las metas relativas a autoconstrucción y mejoramiento de vivienda, verificar vehículos, efectuar campañas de concientización para prevenir la contaminación, elaborar estudios y proyectos sobre niveles de degradación del medio ambiente, operar en sistema de drenaje y relleno sanitario, realizar estudios y experimentos para la recarga del acuífero, construir la tercera etapa del relleno sanitario Prados de la Montaña, dar tratamiento a desechos sólidos y adquirir carros para el tren férreo y motores para autobuses.
Esto relacionado con otra observación que se nos hace, de que no fue posible relacionar el gasto ejercido por el Departamento del Distrito Federal con las metas alcanzadas, relativas a dar tratamiento integral a subcuentas, eliminar basura en tiraderos clandestinos, recolectar basura, construir la línea del tren férreo Pantitlán - Los Reyes y proporcionar mantenimiento al edificio sede, talleres y estaciones del servicio de transportes eléctricos.
Hay un algo en estos aspectos, para advertir que no es posible aprobar esta Cuenta Pública cuando la propia Contaduría Mayor de Hacienda nos está hablando de la carencia de información y de la insuficiencia que existe en los programas que conecten las metas con los mismos. No hay elementos suficientes, a pesar de que se muestrearon tres programas de todo el resto, no hay elementos suficientes para poder aprobar la Cuenta Pública, cuando la propia Contaduría Mayor de Hacienda nos está haciendo saber, en el informe previo, todas las trabas que existen para poder evaluar con objetividad los programas aprobados por esta Cámara de Diputados.
Si estos programas muestreados, tres programas no pasan la prueba, ¿qué podemos pensar del resto de programas que suman un total de 42 y de esos 13 prioritarios que están señalados?
Esta es una de las razones de peso por las cuales la diputación de Acción Nacional no va a aprobar la Cuenta Pública.
Queremos advertir también las graves deficiencias con las que trabaja la Contaduría Mayor de Hacienda. Para verificar los estados financieros y ver si el sector central y las empresas paraestatales se ajustan a los criterios establecidos en los propios preceptos, la Contaduría Mayor de Hacienda manda simples encuestas a las dependencias descentralizadas y al propio sector central y les pregunta si están apegadas sus normas contables a los lineamientos establecidos en las leyes; conteste usted, si cumple o no con estos requisitos, mandados a las oficinas. Los señores funcionarios o responsables contestan que sí y solamente en casos muy concretos la Contaduría, muy contados, la Contaduría Mayor de Hacienda puede verificar si realmente están apegados a la verdad y están falseando
los datos de la contabilidad, que por ley están obligados a llevar las dependencias del gobierno del Distrito Federal.
La Contaduría nos dice, entre otras deficiencias encontradas, por ejemplo, que en cuanto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles y su reglamento, se observaron deficiencias por lo que se refiere a la obligación de las entidades de enviar al Departamento del Distrito Federal sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios. Otro incumplimiento grave, por lo cual se hace imposible aprobar una cuenta pública en esos términos.
Otra de las situaciones que nosotros consideramos importantes, es la que señala la Contaduría Mayor de Hacienda, cuando mencionamos que envía cuestionarios al Departamento del Distrito Federal y a algunas de sus entidades, para conocer la forma en que ha aplicado sus sistemas de contabilidad y resuelto los problemas que pudieran haber presentado en su operación.
Dice la Contaduría, después de advertir esta grave irregularidad, que toda esa información que se remite a través de los cuestionarios, permite que la Contaduría Mayor tenga una visión general, aunque preliminar, del grado en que se aplicaron los principios de contabilidad, a fin de cumplir con lo que dispone el artículo 3o. de su ley orgánica, es decir, la propia contaduría confiesa que ésta es una visión general y preliminar del grado en que se aplicaron los principios de contabilidad.
¿En qué condiciones vamos a aprobar una cuenta pública, cuando se nos está hablando que ésta es una visión parcial, muy general, que no existen los elementos suficientes para autentificar si los procedimientos seguidos por el Departamento Central y por los organismos descentralizados, son los que marca la propia ley? Esta es otra razón de peso por las cuales no podemos aprobar la Cuenta Pública.
También queremos decir, respecto a los estados financieros, a las consideraciones presupuestales, que el Departamento del Distrito Federal no se ajustó a lo establecido por esta Cámara de Diputados, a lo establecido en el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos.
Hay una disparidad enorme, especialmente en cuanto a la Ley de Ingresos, porque hubo una captación mucho mayor que la que aprobó esta Cámara de Diputados, especialmente en algunos rubros como predial o las cuotas por servicio de agua.
He comentado con algunos compañeros respecto a este tema, que lo considero fundamental y nosotros consideramos que si el presupuesto aumenta de manera importante, la Ley de Ingresos aumenta de manera importante, respecto a lo aprobado por la Cámara y a lo que determina la Ley de Egresos, rompe con el equilibrio presupuestal que debe de existir y voy a decir por qué. Por ejemplo, en el caso del impuesto predial, se captaron 478.5 millones de pesos, que es un monto superior en 62% al previsto en la Ley de Ingresos. Es decir, hubo una captación de 62%, por encima de la que aprobó la Cámara de Diputados.
Por concepto del impuesto sobre nóminas, se recaudaron 539.9 millones de pesos, que es una cifra superior en 33.4% a la presupuestada.
Respecto al impuesto sobre adquisición de inmuebles, alcanzó una cifra superior en 27.2% a la estimada originalmente.
Podemos decir que en términos reales, en 1990, el sector central del Departamento del Distrito Federal obtuvo ingresos totales superiores en 21.3% a los captados al año anterior, en base al informe y se explica que esto fue debido al aumento de los ingresos ordinarios y al financiamiento neto del ejercicio. Pero nosotros nos preguntamos: ¿cómo es posible que exista una disparidad enorme entre lo que aprueba la Cámara de Diputados y entre lo que se llega a captar?
Me dirán seguramente quienes vengan a refutar estos argumentos, que los rubros especificados en la Ley de Ingresos se ajustan estrictamente porque si fue por concepto de predial o de agua, es un recurso que está, o es un rubro que está especificado en el la Ley de Ingresos. Sí pero el estimado en la Ley de Ingresos no corresponde a la captación que realizó el Departamento del Distrito Federal, se disparó enormemente y a nuestro juicio, insisto y repito, esto rompe con un equilibrio sano presupuestal.
Yo les preguntaría a ustedes ¿qué caso tiene que aprobáramos una Ley de Ingresos que se haga un estimado y en un momento dado se capta un 50% o un 100% más? Se está faltando a una disposición aprobada por el Congreso y yo sí creo que rompe, creemos, en la diputación de Acción Nacional, que rompe con ese sano equilibrio que debe existir entre las finanzas.
También queremos decir que los ingresos, perdón, que en 1990 el sector, organismos y empresas realizó erogaciones superiores en 30.3% a la estimada en el presupuesto; organismos y empresas, óigase bien, gastó un 30.3% más de lo que autorizó la Cámara de Diputados.
También el gasto de capital superó en 600.6% al presupuestado de los ingresos adicionales; perdón, al presupuestado, simplemente, no es adicional a un 600.6% mayor el gasto de capital que el que se presupuestó originalmente.
Por último, en relación a estos rubros, queremos mencionar que por concepto de obras públicas, se ejerció un presupuesto superior en 58.4% mayor al presupuestado y se explica, entre otras razones, porque el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano efectuó erogaciones adicionales y la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, también ejerció un presupuesto.
Por las razones que ustedes quieran y manden, simplemente he querido señalar, y no voy a aburrir más a esta soberanía, he querido señalar con unos cuantos ejemplos, las razones por las cuales la diputación del Partido Acción Nacional no puede aprobar esta Cuenta Pública que se pone a nuestra consideración.
En cuanto a las propias consideraciones que se hacen en el presupuesto, las consideraciones generales, en los principios de contabilidad se externa que la información financiera, según este dictamen, se ha formulado de acuerdo a estas normas, que las mismas están estructuradas en dos grandes grupos; las correspondientes al sector central y las aplicaciones al sector paraestatal. Es decir, esta conclusión de la Contaduría Mayor de Hacienda no va acorde con los razonamientos que fueron expresados en las consideraciones previas. Creemos que es incongruente respecto a este análisis.
También queremos decir que de las siete entidades que se dictaminan, según la Contaduría Mayor de Hacienda, hablan de que dos obtuvieron dictamen sin objeciones y que se identificaron salvedades en cinco de ellas, siendo la más generalizada la correspondiente a la aplicación de las normas de reexpresión financiera emitidas por la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Al respecto debe aclarar que dicha salvedad la incluyen los auditores externos porque de acuerdo a sus normas de actuación deben de opinar respecto a la aplicación de los principios contables del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Es decir, que a pesar de que se concluye de que se cumplieron las metas, los programas, de que se observaron al final, como se dice, las normas expresadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, nosotros concluímos que no es así, en base a las propias consideraciones que nos hace la Contaduría Mayor de Hacienda.
Señores diputados: Creemos que el análisis de la Cuenta Pública debe llevar un procedimiento más racional por esta Cámara de diputados y no solamente en el ámbito federal, como ya se vino a decir aquí hace un momento por mis compañeros de Acción Nacional y por otros señores diputados. No es posible analizar la Cuenta Pública en las condiciones en que nos marcan estos tiempos, sobre todo, después de dos años en que ha transcurrido el ejercicio financiero. No es posible analizar con seriedad y con responsabilidad toda la información que se suministra en tan poco tiempo. No es posible aprobar la Cuenta Pública sobre las rodillas, como lo estamos haciendo, a pesar de que se diga lo contrario.
Responsablemente no podemos hacer un análisis exhaustivo de toda la documentación que se nos presenta y no solamente de esa documentación, sino de mucha otra información que debiéramos ir nosotros a verificar a la propia. Contaduría Mayor de Hacienda o a las propias dependencias, tanto al sector central como a las empresas descentralizadas.
Ojalá y como se dijera ayer aquí al analizar la Miscelánea Fiscal, de que se modificaran los procedimientos para discutir y para tener un nuevo ordenamiento en materia fiscal más estable, ojalá y también sepultemos estas prácticas irresponsables e inconvenientes para el pueblo de México.
No podemos validar un ejercicio financiero en las condiciones en que se nos presentan.
Por todas estas razones, compañeros diputados, la diputación, el grupo parlamentario de Acción Nacional votará en contra y exigirá que en lo sucesivo se haga una discusión mas racional de un asunto trascendental para el pueblo de México y para esta capital. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Altamirano Dimas.
En el uso de la palabra el diputado Amado Treviño Abatte, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Amado F. Treviño Abatte: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Nos ocupa en esta ocasión la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a esta honorable Cámara de Diputados el examen, revisión y discusión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal.
Con objeto de dar cumplimiento a dicho precepto constitucional, la Comisión del Distrito Federal ha revisado exhaustivamente el informe previo que rindió a esta Cámara la Contaduría Mayor de Hacienda.
Consideramos que este documento es suficientemente amplio y claro, ya que en él se encuentran los elementos necesarios para evaluarse y el Departamento del Distrito Federal ejerció su gasto de acuerdo con los principios de contabilidad aplicadas al sector gubernamental. Asimismo, a partir de este documento se han podido tratar y analizar cuestiones como las siguientes:
Los resultados de la gestión financiera, la correspondencia entre el monto del egreso y los criterios señalados en las leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos y en las demás leyes y reglamentos aplicables en la materia.
El cumplimiento de los objetivos y metas de los principales programas y subprogramas aprobados; el análisis de los subsidios, transferencias y apoyos para la realización de la inversión, las erogaciones adicionales y el análisis de las desviaciones presupuestales.
Como contexto no debe olvidarse que el propósito del gobierno de la ciudad de México es el de mejorar la calidad de la vida de sus habitantes, contribuir al adecuado desempeño de sus actividades y establecer las condiciones necesarias para que la convivencia social se ajuste al marco legal establecido.
En el Distrito Federal el mejoramiento de la calidad de la vida de los habitantes se ha ido logrando, aunque no con la celeridad que se quisiera. Los recursos con los que se cuenta se han canalizado con criterios adecuados de racionalidad, para hacer frente a los elevados requerimientos de una ciudad que se ha convertido en una de las más pobladas del mundo y que en consecuencia enfrenta una compleja problemática.
En una perspectiva macrosocial puede señalarse que tanto la explosión demográfica como la forma en que se ha generado y procesado el crecimiento de la ciudad en las últimas décadas, han suscitado diferentes desequilibrios en el plano de la infraestructura urbana.
En un escenario en el que concurren ciudadanos y grupos sociales con necesidades, demandas, intereses y expectativas diversas, es preciso diseñar una política presupuestaria, orientada por fines claros en cuanto a las prioridades a cumplir, así como la adecuada gestión técnico - administrativa indispensable para instrumentar correctamente los programas planteados.
De hecho, las autoridades capitalinas enfrentan una gama de problemas que atraviesan los ámbitos de ecología, el transporte, la vivienda, la salud, agua potable y drenaje, educación, seguridad, abasto y comercialización.
Las acciones emprendidas para la atención y solución de los temas implicados en esta agenda, han significado para las autoridades la realización de un esfuerzo decidido, a fin de atender satisfactoriamente los requerimientos de una ciudadanía que demanda una mejor calidad en los servicios públicos que requiere para desarrollar su vida cotidiana.
Así, las políticas públicas implementadas en el ámbito capitalino han estado encaminadas a conseguir que ese importantísimo centro de actividad social, económico, cultural y político, sea un espacio habitable y con perspectivas ciertas de futuro.
En este sentido, cabe recordar, así sea sintéticamente, las directrices y algunos de los logros que en distintas esferas de nuestra vida comunitaria se han obtenido.
Se implementó, por ejemplo, el Programa Integral de Lucha contra la Contaminación Atmosférica en la Zona Metropolitana, mismo que ha permitido enfrentar seria y sistemáticamente ese agudo problema colectivo.
Se implantó también el Programa Integral de Transporte, con el cual se busca consolidar el proceso de modernización y ampliación de este servicio.
En lo que toca a la vivienda, que representa otro de los temas prioritarios en la agenda del
gobierno capitalino, se ha impulsado al Programa de Construcción y Autoconstrucción de Vivienda. Con él, se pretende reducir el déficit que en esta materia existe en la ciudad y conseguir, a través de una acción concertada con el sector privado, equilibrar la demanda con la oferta de habitación.
En el campo educativo, se logró dotar de un número mayor de planteles a la población ubicada sobre todo en la periferia de la ciudad, que es donde se precisa con más urgencia la construcción de instalaciones para la educación de la población.
A partir del Programa de Salud, se amplió la infraestructura clínica y hospitalaria, reduciendo con ello la demanda que de este servicio ha planteado reiteradamente la población de menores ingresos.
En cuanto a la seguridad pública, el programa respectivo no sólo se dirigió a combatir la delincuencia y a la salvaguarda del orden público, sino que se enfocó también a depurar y profesionalizar los cuerpos policiacos, prevenir actos ilícitos y mejorar los sistemas de impartición de justicia.
Como se sabe, la cuestión del agua potable y el drenaje es otro de los puntos que demandan especial atención. La gran concentración de habitantes requiere de fuertes volúmenes de agua potable, por lo que se hizo necesario no sólo explotar los mantos acuíferos existentes, sino crear fuentes alternas de abastecimientos e instalar y ampliar las redes del sistema de agua y drenaje. Debe recordarse que también se implantó el programa de uso racional de este líquido.
En conjunto la demanda de recursos implicada por éstos y otros programas, llevó al Departamento del Distrito Federal a fortalecer sus fuentes de ingreso, buscando atenuar en lo posible los efectos de las medidas correspondientes en las erogaciones de los contribuyentes y usuarios.
Así, el ingreso total para 1990 ascendió a 9 billones 433.9 mil millones de pesos, 24% más de lo previsto en la Ley de Ingresos y el egreso se ubicó en el orden de los 9 mil 38 millones de pesos, 19.9% mayor a lo presupuestado, obteniéndose un superávit presupuestal del orden de 383 mil millones de pesos. Cabe señalar que el excedente del ingreso obtenido se destinó a financiar los programas prioritarios del Departamento del Distrito Federal, como lo señalaba el Presupuesto de Egresos para ese año.
Con respecto a la estructura del gasto, hay que subrayar que ésta se conformó en forma congruente con los lineamientos de política económica establecidos para el ejercicio presupuestal de 1990. Las erogaciones por concepto de gasto de inversión fueron del orden de 42.8% y las del gasto corriente pasaron al orden del 57.1%. Esta nueva proporción del gasto demuestra un mejor equilibrio en el mismo, lo que permitió un incremento del 20% en las metas obtenidas en obras públicas.
El esfuerzo de racionalidad financiera realizado en el Departamento del Distrito Federal ha sido una premisa fundamental para desarrollar una gestión eficiente y productiva. Dicho esfuerzo atiende necesidades de actualización normativa, agilización administrativa y efectiva fiscalización, permitiendo mejorar los ingresos públicos y su asignación correspondiente. Consideramos que sólo así es posible atender con eficacia el incremento acelerado de las demandas de los capitalinos.
Quiero, antes de terminar, hacer unos muy breves comentarios a algunas consideraciones que se han hecho aquí.
Se ha mencionado que en los cobros del Departamento del Distrito Federal en sus tarifas, no hay equidad, porque no contempla la desigualdad existente. A este respecto, yo quisiera mencionar solamente que en tarifas de servicios como el agua y transporte, sus montos no corresponden y con mucho, al costo que representa para el gobierno de la ciudad la prestación de estos servicios.
También se hizo hincapié en la necesidad de mayores acuerdos metropolitanos para un mejor desarrollo de nuestra ciudad. A este respecto, yo creo que la Comisión del Distrito Federal puede aportar grandes avances en este sentido, toda vez que por primera vez esta comisión ha sido integrada por diputados, no sólo del Distrito Federal, sino también de todos los estados circundantes a este capital. Por lo tanto, sentimos que en el seno de esta comisión podrán desarrollarse una serie de proyectos y de planes tendientes a armonizar más la vida en la zona metropolitana de nuestro país.
También coincidimos nosotros en que es necesaria una actualización del marco jurídico del Distrito Federal, pero no tan sólo para renovar y mejorar lo que a desarrollo urbano se refiere, sino también en otros renglones, como lo puede ser el transporte, la seguridad pública y, por qué no, también los acuerdos metropolitanos.
Por lo que se refiere al excedente de ingresos, este excedente de ingresos, por encima de lo establecido por la Ley de Ingresos para 1990, se originó fundamentalmente por factores exógenos, no atribuibles al Departamento del Distrito Federal. Pero estos excedentes fueron aplicados de acuerdo a lo previsto por el Presupuesto de Egresos para este mismo año, en su artículo 6o., en el sentido de que fueran a aplicarse a los programas prioritarios establecidos en el propio Presupuesto de Egresos.
Por lo que se refiere a la oportunidad de la información para elaborar este dictamen de la Cuenta Pública, yo quiero hacer hincapié que no tan sólo es el informe previo elaborado por la información de Cuenta Pública rendida por el Departamento en fecha de los 10 primeros días de junio, sino que existe también un informe trimestral por parte del Departamento Federal a esta Cámara y a la Asamblea de Representantes, que a partir de ahí se va realizando ya toda la revisión de lo que es la Cuenta Pública.
Honorable asamblea: La revisión pública de las cuentas del poder constituido, es a la vez mecanismo de control ciudadano sobre la autoridad, instrumento para revisar prioridades sociales y método para identificar necesidades insatisfechas.
La autoridad de cuenta de su hacer porque busca no sólo el cumplimiento del mandato constitucional, sino también la aprobación y el consentimiento de los gobernados y sus representantes. Así, renueva su acción y fortalece los lazos que soportan el modo democrático de convivencia.
Lo que aquí se ha informado, testimonia el esfuerzo extraordinario de la sociedad capitalina por solucionar sus acuciantes problemas y necesidades. Señala, asimismo, el margen de carencias y requerimientos por atender.
La orientación de la acción gubernamental responde con fidelidad al sentido de la demanda social de los ciudadanos del Distrito Federal. Por ello, solicitamos a esta honorable asamblea, aprobar el dictamen de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, para su ejercicio de 1990. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado Amado Treviño Abatte.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
El secretario diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen, en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia, procede la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación.)
Se suplica a los señores diputados guarden silencio. Se suplica poner orden en la sala.
Señores diputados, esta Presidencia advierte que, conforme al reglamento, podemos decretar la suspensión de la asamblea por un tiempo determinado para que los señores diputados arreglen sus asuntos pendientes. Entonces, ¡suplicamos que guarden silencio!
El secretario diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas: - Se emitieron 286 votos a favor y 48 en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 286 votos. Aprobado en lo general y en lo particular la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1990.
El secretario diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
El secretario José Ascensión Orihuela Bárcenas: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera; se va a dar lectura al orden del día de la sesión del 12 de diciembre de 1991.
El Presidente: - Señores diputados, señor secretario, antes de dar lectura al orden del día de la sesión siguiente, tenga la bondad de leer el artículo 210 del reglamento.
El secretario diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas:
Artículo 210. Siempre que los medios indicados no basten para contener el desorden en las galerías, el Presidente levantará la sesión pública
y podrá continuarla en secreto. Lo mismo se verificará cuando los medios de prudencia no sean suficientes para establecer el orden alterado por los miembros de la Cámara.
"Primer Período Ordinario de Sesiones. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
13 de diciembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de la moneda de plata conmemorativa del XX aniversario del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de las monedas conmemorativas del D aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 4o., de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.
De las comisiones de gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
El Presidente (a las 21.05 horas del día 12 de diciembre): - Agotados los asuntos en cartera se levanta la sesión iniciada el 11 de diciembre.