Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19911217 - Número de Diario 22
(L55A1P1oN022F19911217.xml)Núm. Diario: 22ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Rigoberto Ochoa Zaragoza
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D.F., martes 17 de diciembre de 1991 No. 22
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (I)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1992.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
ARTÍCULOS 3o., 5o., 24, 27 Y 130 CONSTITUCIONALES
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto que reforma los artículos 5o, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo que se refiere el artículo 3o., únicas con la Comisión de Educación Pública.
Para su discusión en lo general toman la palabra los diputados:
Heli Herrera Hernández propone moción suspensiva.
Sobre la proposición del diputado Heli Herrera Hernández toman la palabra los diputados:
Juan Campos Vega en pro.
Rodolfo Echeverría Ruiz en contra.
Juan Jacinto Cárdenas García para rectificar para hechos.
Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas para rectificar hechos.
Francisco Hernández Juárez para rectificar hechos.
José María Téllez Rincón para rectificar hechos.
Raúl Alvarez Garín en pro.
Ildefonso Zorrilla Cuevas para contestar a alusiones personales.
Carlos González Durán para rectificar hechos.
Jaime Olivares Pedro en contra.
Héctor Morquecho Rivera.
Jorge Tovar Montañez en pro.
Juan Antonio Nemi Dib en contra
Hildebrando Gaytán Marquez para rectificar hechos.
Javier Centeno Avila para rectificar hechos.
Luis Felipe Bravo Mena para rectificar hechos.
Se desecha la propuesta de moción suspensiva.
RECESO
Continua el debate del dictamen en lo general. En el primer turno de oradores toman la palabra los diputados:
Horacio Sánchez Unzueta a nombre de la Comisión.
Jaime Muñoz Domínguez
Francisco José Paoli Bolio
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
Juan Manuel Huezo Pelayo
Francisco Felipe Laris Iturbide
Héctor Ramírez Cuéllar
En el segundo turno de oradores toman la palabra los diputados:
Martín Tavira Urióstegui
Adolfo Alfonso Kunz y Bolaños
Manuel Terrazas Guerrero
René Bejarano Martínez
Diego Zavala Pérez
Miguel González Avelar
Martha Patricia Ruiz Anchondo
En el Tercer turno de oradores toman la palabra los diputados:
Francisco Saucedo Pérez
Hildebrando Gaytán Márquez
Javier Centeno Avila
Francisco Dorantes Gutiérrez
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Cesáreo Morales García
Alberto Carrillo Armenta 2
Para discutir el artículo 130 toman la palabra los diputados:
Héctor Ramírez Cuéllar
Eloí Vásquez López
Miguel Angel Yunes Linares
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
Miguel Angel Yunes Linares
Eloí Vásquez López
Manuel Terrazas Guerrero
Raymundo Cárdenas Hernández
José Raúl Hernández Avila
Servando Antonio Hernández Camacho
Abundio Ramírez Vázquez
Fernando Estrada Sámano
José Antonio González Fernández
Francisco Hernández Juárez
Juan de Dios Castro Lozano
Agustín Basave Benítez
Helí Herrera Hernández
José Octaviano Alanis Alanis
Juan José Bañuelos Guardado
Juan Campos Vega
Enrique Gabriel Jiménez Remus
Francisco Dorantes Gutiérrez
Florencio Salazar Adame
Juan Jacinto Cárdenas García
Alberto Jiménez Arroyo
Armando Sergio González Santacruz
Héctor Morquecho Rivera
Isaías Alvaro Rodríguez Vivas
Jorge Tovar Montañez
Pedro Ojeda Paullada
Se someten a votación las propuestas presentadas.
En la discusión del artículo 27 intervienen los diputados:
Fernando Arturo Charleston Salinas
Eloí Vásquez López para rectificar hechos.
Juan Gualberto Campos Vega presenta proposición.
Javier Marcelino Colorado Pulido
Cuauhtémoc López Sánchez Coello
José Ramos González presenta proposición.
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez presenta proposición.
Guillermo Pacheco Pulio
Efraín Zúñiga Galeana
Se someten a votación las propuestas presentadas. Se aprueba el artículo 27.
Para discutir el artículo 24 toman la palabra los diputados:
Luis Dantón Rodríguez Jaime presenta proposición
Humberto Aguilar Coronado presenta proposición.
Héctor Ramírez Cuéllar
Luisa Alvarez Cervantes
Samuel Moreno Santillán
Odilón Cantú Domínguez
Raymundo Cárdenas Hernández
Raúl Juárez Valencia
Se someten a votación las propuestas presentadas. Se aprueba el artículo 24.
En la discusión del artículo 5o. intervienen los diputados:
Jorge Mendoza Alvarez
Gonzalo Cedillo Valdez
Rafael Cañedo Benitez
Alvaro Salazar Lozano para rectificar hechos.
Se aprueba el artículo 5o.
Participan en la discusión del artículo 3o. los diputados:
Benjamín González Roaro presenta proposición.
Juan Jacinto Cárdenas García
Yolanda Elizondo Maltos
Pablo Emilio Madero Belden
Gabriela Guerrero Oliveros presenta proposición.
Javier Centeno Avila
José de Jesús Berrospe Díaz
Jorge Tovar Montañez
Jesús Martín del Campo presenta proposición.
Enrique Rico Arzate
Hildebrando Gaytán Márquez
Israel González Arreguín
José Manuel Correa Ceseña
Se someten a votación las proposiciones presentadas.
Para discutir el artículo 2o. transitorio del dictamen toman la palabra los diputados:
Jesús Ramírez Guerrero presenta proposición.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Se somete a votación las propuestas presentadas.
Se somete a votación el artículo 3o y los transitorios del dictamen.
Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto de reformas a los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130.
COMUNICACIÓN
Da la diputada Rosa Albina Garavito Elías.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (II)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
De la Comisión del Distrito Federal con proyecto de presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1992.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 254- bis al Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
Con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de fuero común y para toda la República en materia del fuero federal. Se turna a la comisión de Justicia.
Con proyecto de Ley sobre la Celebración de Tratados. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Bienes Nacionales. Se turna a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
ASISTENCIA
El Presidente: - Proceda al Secretaría a informar a la Presidencia del resultado del cómputo de asistencia conforma al registro de firmas de los diputados para saber si existe el quórum estatutario.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: -Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 402 diputados, por lo tanto hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 10.57 horas): - Se abre la sesión. Proceda la Secretaría con la lectura del orden del día de la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Primer Período Ordinario de Sesiones.- Primer año.- LV Legislatura.
Orden del día
17 de diciembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1992.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 1992.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma a los artículos 5o.24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo que se refiere el artículo 3o., unidas con la Comisión de Educación Pública.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Javier Centeno Avila
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta y nueve minutos del día dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia registrada de trescientos cincuenta y dos diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, en virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios, han recibido copias del acta de la sesión anterior, la asamblea le dispensa la lectura y, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba en sus términos.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Avelar Villegas, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Civil para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en relación con los discapacitados. Se turna a la Comisión de Justicia.
Se da lectura a un oficio del Presidente del Instituto Federal Electoral, por el que informa que ha quedado vacante la representación de la Cámara de Diputados ante el Consejo General de ese instituto.
También se da lectura a las proposiciones del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, por la mayoría y la primera minoría respectivamente. Se aprueban en sendas votaciones económicas y quedan designados los diputados Jorge Uscanga Escobar, como propietario por la mayoría y como suplentes los diputados José Salinas Navarro y José Manuel Correa Ceceña y, por la primera minoría, los diputados
Jorge Zermeño Infante, como propietario y como suplentes Humberto Aguilar Coronado y Manuel Rivera del Campo. Comuníquese.
Solicita y se le concede el uso de la palabra a la diputada Evangelina Corona Cadena, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere al Pacto de Productividad. Se turna a la Comisión de Trabajo.
En virtud de que los señores diputados ya han recibido copias del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos quinto, veinticuatro, veintisiete y ciento treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del tercero en unión de la Comisión de Educación Pública, la asamblea dispensa la lectura.
Es de primera lectura.
Por las mismas razones que al anterior, la asamblea dispensa la segunda lectura a un dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Para expresar sus opiniones al respecto y hacer diversas proposiciones, hacen uso de la palabra los diputados Everardo Gamiz Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Adolfo Kunz y Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, en contra; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, en contra; Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro y Benjamín González Roaro, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y reserva, para su discusión en lo particular, los artículos diecisiete, veinticinco, cuarenta y siete, cuarenta y nueve B, cincuenta y uno, cincuenta y cuatro, sesenta y tres, sesenta y siete, ochenta y nueve, ciento treinta y seis, ciento cuarenta y cuatro, ciento cuarenta y cinco, ciento cuarenta y seis y primero, tercero, cuarto y noveno transitorios.
La Secretaría recoge la votación nominal en lo general y de los artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y nueve votos. Para referirse a los artículos reservados para discusión en lo particular y hacer diversas proposiciones, hacen uso de la palabra los diputados: Adolfo Kunz y Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; José Merino Castrejón, para rectificar hechos y contestar a una interpelación del diputado Kunz y Bolaños; Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, hasta en tres ocasiones; Filiberto Paniagua García, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Fernando Lerdo de Tejada, para rectificar hechos y contestar a una interpelación del diputado Kunz y Bolaños; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, quien contesta a una interpelación del diputado Lerdo de Tejada;
Presidencia del diputado Felipe Calderón Hinojosa
Roberto Soto Prieto, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta a una interpelación del diputado Kunz y Bolaños; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y contestar a una interpelación del diputado Paniagua García; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional; Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Alfredo Villegas Arreola, del Partido Revolucionario Institucional; Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Eduardo Trejo González, del Partido Revolucionario Institucional.
En sucesivas votaciones económicas, se desechan las proposiciones, con excepción de las presentadas por los diputados Guillermo Flores Velasco, relativas a los artículos cincuenta y cuatro y sesenta y tres; Fernando Lerdo de Tejada, relativas a los artículos ciento cuarenta y cuatro, ciento cuarenta y cinco y ciento cuarenta y seis; Jorge Oceguera Galván, en lo que se refiere al decimoprimero transitorio; Alfredo Villegas Arreola, por lo que se refiere al tercero transitorio; Roberto García Acevedo, en lo que se refiere al artículo cuarto transitorio; Paloma Villaseñor Vargas, en lo que se refiere al artículo noveno transitorio; Filiberto Paniagua García, en lo que se refiere al decimosegundo transitorio y Eduardo Trejo González, por la adición de un transitorio con el numeral que le corresponda.
Suficientemente discutidos los artículos reservados, la Secretaría recoge la votación nominal
respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos setenta y dos votos por todos los artículos, a excepción de los artículos cuarenta y nueve B, ciento treinta y seis, ciento cuarenta y cuatro y ciento cuarenta y seis que se aprueban por doscientos cincuenta y siete votos.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Presidencia del diputado Javier Centeno Avila
En virtud de que los señores diputados han recibido copias del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de ley para el Tratamiento de los Menores Infractores para el Distrito Federal, la asamblea le dispensa la segunda lectura.
No habiendo quien haga uso de la palabra en lo general, se reserva el artículo sexto y la Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y cinco votos.
A discusión el artículo sexto, hace uso de la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y hace una proposición y el diputado José Manuel Correa Ceceña, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
En votación económica se desecha la proposición del diputado Martín del Campo y la Secretaría recoge la votación nominal del artículo impugnado, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y ocho votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecinueve horas con siete minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y uno, a las nueve horas.»
Está a consideración de la asamblea el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada el acta señor Presidente.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
El Presidente: -El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1992. En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Presupuesto de Egresos de la Federación 1992.
Honorable asamblea: De conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó en tiempo y forma a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, con base en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992 que envió el propio Ejecutivo, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 7o. y 27 de la Ley de Planeación.
En atención a lo previsto en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la documentación recibida fue turnada para su estudio a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Esta comisión analizó la información referida, así como la obtenida en la comparecencia del Secretario de Programación y Presupuesto, ante esta representación nacional.
Como resultado de estos trabajos, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública
elaboró y somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente
DICTAMEN
La política de gasto público propuesta para 1992, en congruencia con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, busca promover el desarrollo social y económico del país, a través de tres líneas fundamentales:
a) Contribuir a alcanzar las metas de finanzas públicas propuestas para 1992, con objeto de avanzar en la recuperación del crecimiento económico con estabilidad de precios.
b) Avanzar en la reestructuración de las erogaciones públicas, poniendo énfasis en la infraestructura social y económica y asignando la más alta prioridad presupuestal al gasto social, en particular el encaminado a satisfacer las necesidades de los grupos de menores ingresos.
c) Impulsar de manera especial las acciones orientadas a la modernización de dos áreas fundamentales del desarrollo, el campo y la educación, que demandan un gran esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno.
Para alcanzar los objetivos de la política de gasto público en 1992, se señalan, entre otras, las siguientes acciones:
a) Ajustar las erogaciones presupuestales a las metas fiscales establecidas, para seguir avanzando hacia la estabilidad definitiva de precios.
b) Continuar la reestructuración del gasto programable, de conformidad con las prioridades de la estrategia nacional de desarrollo, especialmente en lo referente al gasto social.
c) Fortalecer la educación, elevando su calidad, incrementando su cobertura y vinculando su administración con la comunidad a la que se sirve.
d) Apoyar las actividades agropecuarias, a fin de mejorar las condiciones de vida y fomentar la producción del campo.
e) Atender los reclamos de la población de más bajos ingresos, a través del Programa Nacional de Solidaridad.
f) Intensificar el cuidado y protección del medio ambiente, para mejorar el bienestar de la población actual y prever el de las generaciones futuras.
g) Asegurar la disponibilidad de combustible y electricidad y propiciar el ahorro y el uso racional de la energía.
h) Modernizar la infraestructura de transportes y comunicaciones, en especial la red carretera. En este caso se contemplan, complementariamente, fondos provenientes del sector privado.
i) Incrementar el gasto público en ciencia y tecnología y fomentar la participación de la sociedad en su orientación y, específicamente, la del sector productivo para que aumente su inversión en estos campos.
j) Fomentar la elevación de las condiciones de vida de los servidores públicos y mejorar su productividad.
En este contexto, en el cuadro 1 se presentan los principales conceptos globales que integran el proyecto de presupuesto para 1992 y su comparación con lo previsto para 1991.
El proyecto de Egresos de la Federación propuesto para 1992, asciende a 249 billones 245 mil .2 millones de pesos que, en términos reales, es 2.0% menor respecto al estimado para el cierre de 1991. Este monto de gasto, dada la previsión de ingresos contenida en la Ley de Ingresos de la Federación implica un superávit fiscal de 0.8% del producto interno bruto, sin tomar en consideración los ingresos que genere la venta de instituciones bancarias durante el año. Si se incluyeran dichos ingresos, se lograría un superávit fiscal equivalente al 3.1% del producto interno bruto. El gasto presupuestal como proporción del producto interno bruto, pasará de 27.0% en 1991 a 25.4% en 1992.
En cuanto a su composición, el gasto propuesto para 1992 está integrado de la siguiente manera:
a) El gasto programable de los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Electorales y el Ejecutivo Federal, excluyendo transferencias a organismos y empresas controladas presupuestalmente, asciende a 82 billones 950 mil .4 millones de pesos, con un incremento de 6.3%, en términos reales, respecto al cierre estimado para 1991.
b) El gasto programable de los organismos y empresas en presupuesto es de 90 billones 47 mil .2 millones de pesos, 2.0% mayor al del presente año, en términos reales.
Así el total del gasto programable suma 172 billones 997 mil 6 millones de pesos en 1992, con
un incremento real de 4.0% respecto del año anterior.
c) Las participaciones a los estados y municipios ascienden a 30 billones 940 mil .2 millones de pesos.
d) Los pagos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores alcanzan 4 billones 146 mil .7 millones de pesos
De esta manera, el gasto primario suma 208 billones 84 mil .5 millones de pesos.
e) Se estima que el pago por intereses de la deuda pública presupuestal equivale a 41 billones 160 mil .7 millones de pesos, con una reducción real de 23.4% en relación a 1991.
Análisis Sectorial del Gasto Público
Las erogaciones propuestas para atender los rubros esenciales para el desarrollo nacional, se incrementan como se observa en el cuadro 2. Por contra, la estructura y composición del gasto público propuesto para 1992, denota una reducción de la participación del Estado en las áreas que no son estratégicas ni prioritarias.
El proyecto de presupuesto sometido a nuestro análisis se caracteriza por su contenido eminentemente social, haciendo énfasis en las ramas que tienen un efecto multiplicador directo en el desarrollo. Las condiciones económicas permiten canalizar mayores recursos y esfuerzos a las áreas de referencia. De esta manera, en el próximo año el gasto aplicable al desarrollo social constituirá más de la mitad, 51.4%, del gasto programable presupuestal.
En los tres años precedentes los recursos para el sector desarrollo social acumularon un incremento real de 59%. Con relación a 1991 crecerán el 17.8%, en términos reales. La comisión considera pertinente subrayar la atención que para el gobierno de la República merece el incremento firme y sostenida de la atención de sus compromisos sociales.
Para 1992, en el sector educativo, se plantean cambios fundamentales tendientes a responder a las nuevas exigencias que han introducido la mayor interrelación cultural con otros países y entre las diversas regiones del territorio nacional, así como las modificaciones en las demandas de recursos humanos de la economía y la sociedad mexicanas.
La educación debe responder a la exigencia de competitividad en el mundo y de incorporación de los avances teóricos universales, a la vez de favorecer el conocimiento objetivo del entorno inmediato del educando, mediante la incorporación de los diversos contenidos regionales. La elevación de la calidad de la educación es una necesidad que requiere respuestas y compromisos inmediatos a la adecuación de los procesos de enseñanza con los avances científicos y tecnológicos, a continuar mejorando los procesos de formación y actualización del magisterio en servicio, así como sus ingresos, para acercarla a las necesidades del aparato productivo. También se privilegiarían avances en las áreas de postgrado e investigación y el mejoramiento de equipamiento e infraestructura de la educación nacional.
Para la consecución de estos objetivos, se contempla un presupuesto de 36 billones 139 mil .3 millones de pesos, cantidad 25.9% superior al cierre previsto para 1991.
La salud y la seguridad social también recibirán apoyos relevantes para elevar su capacidad de respuesta ante la demanda de más y mejores servicios médico asistenciales. La medicina preventiva recibirá un fuerte impulso para la atención de las enfermedades infecciosas y parasitarias, entre las que se encuentra el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida y el cólera. Asimismo, se dará atención especial a la sanidad ambiental, promoviendo prácticas higiénicas y, de manera relevante, se plantea incrementar el alcance y la cobertura familiar y los beneficios a la población rural y marginada, descentralizando recursos y capacidades de decisión a estados y municipios.
Las prestaciones económicas y de seguridad social contribuirán a favorecer el poder adquisitivo de los trabajadores y el incremento de los servicios de estancia infantil y guarderías permitirá apoyar a la familia y en particular, a la mujer en su integración al trabajo productivo.
Por lo que respecta al sector trabajo y previsión social, las acciones propuestas para 1992 se orientan a fortalecer las relaciones obrero - patronales; propiciar la expedita impartición y correcta procuración de justicia en la materia; fomentar mayores oportunidades de empleo, capacitación y adiestramiento; promover y fortalecer los índices de seguridad e higiene en el trabajo, e inducir el crecimiento de la productividad.
Para el logro de los objetivos contemplados en materia de salud y laboral, se propone asignar recursos por 37 billones 556 mil .1 millones de
pesos, monto 10.6% mayor, en términos reales, al observado al cierre de 1991.
El desarrollo urbano y agua potable, la asignación presupuestal propuesta para 1992 es de 4 billones 991 mil .1 millones de pesos, cantidad 14.8% superior en términos reales al gasto previsto al cierre de 1991. Con la aplicación de dichos recursos se persigue incrementar la calidad de vida de la población.
Para ello, las tareas sectoriales se enfocarán principalmente a la atención de las necesidades de dotación de suelo, agua, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, sobre todo en favor de la población de las zonas marginadas.
La honorable Cámara de Diputados aprobó recientemente reformas al artículo 27 constitucional que persiguen fundamentalmente lograr más justicia y libertad para el campesino mexicano.
El cambio legislativo es parte de una reforma integral que comprende, además, acciones de política tanto económica como social para el desarrollo del campo.
Para alcanzar el propósito de desarrollo del sector rural, contenido en la reforma del artículo 27 Constitucional, se requiere, además, del esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno para una transformación con justicia en el campo.
La inversión pública en obras de infraestructura, investigación y desarrollo tecnológico se complementará con inversión privada, a la que la reforma abre paso mediante el establecimiento de un marco de mayor seguridad para las inversiones.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos que se somete a consideración de esta honorable Cámara, las erogaciones destinadas al ámbito rural constituyen un punto central de la asignación presupuestaria global.
Para el sector desarrollo rural se propone destinar un total de gasto por 9 billones 377 mil millones de pesos. Respecto de 1991, la propuesta de gasto es mayor en 20.0% en términos reales, cinco veces más que el incremento previsto en el total de erogaciones programables del sector público.
Como proporción del gasto programable total, el gasto del sector desarrollo rural, se incrementa de 4.8% en 1991, a 5.5% en 1992.
En la Propuesta de Egresos para el sector se consideran recursos por 200 mil millones de pesos como aportación complementaria al Fondo Nacional para las Empresas de solidaridad.
La asignación presupuestaria propuesta para inversión en infraestructura hidroagrícola asciende a un billón 702 mil millones de pesos, monto 30% superior, en términos reales, respecto del nivel ejercido durante el presente año.
Para la Secretaría de la Reforma Agraria se somete a consideración de esta honorable Cámara, una asignación presupuestaria de 686 mil .2 millones de pesos, con un incremento real de más de 50% en relación con el cierre previsto para 1991. Lo anterior con objeto de avanzar significativamente en la ejecución de resoluciones presidenciales pendientes, agilizar los procesos de regularización, así como promover la organización campesina.
La infraestructura de carreteras, parque vehicular, red ferroviaria y sistema de telecomunicaciones se han incrementado notablemente en la primera mitad de la presente administración. En los últimos años, la dinámica del sector comunicaciones y transportes se ha visto favorecida, entre otros factores, por las acciones de desregularización y la participación complementaria de la inversión privada en los términos que marca la ley.
En 1992, se propone continuar con la modernización de la infraestructura de comunicaciones y transportes, sustento de la actividad económica del país.
Para ello, el gasto programable propuesto para el sector asciende a 10 billones 40 mil millones de pesos. En este contexto, destacan las acciones para la conservación y rehabilitación de la red carretera federal, carreteras alimentadoras, los caminos rurales, la red férrea y los sistemas marítimos portuarios, aeroportuario y de telecomunicaciones. Se continuará con las obras en proceso y se modernizará y ampliará la infraestructura que presente obsolencia o saturación. Especial atención se tendrá en continuar y consolidar la desregularización de las comunicaciones y los transportes. Para asegurar lo anterior, se continuará reorientando y fortaleciendo la función normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El proyecto del presupuesto del gasto programable del sector energético contempla, para 1992, un monto de 41 billones 655 mil .9 millones de pesos.
Este nivel de gasto asegura la producción de hidrocarburos y energía eléctrica que la demanda plantea.
En el ámbito petrolero, la inversión pública mantiene la tendencia creciente iniciada en 1990; se
continúa con las inversiones requeridas para apoyar la producción primaria de hidrocarburos y la calidad ecológica de la transformación industrial, dando prioridad a los proyectos en proceso, a fin de consolidar la infraestructura existente y un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada.
En el subsector eléctrico la política de gasto se orienta a lograr la generación requerida para atender un crecimiento de la demanda estimado en 4.75% en 1992. Así mismo, a buscar mayor eficiencia en la producción, transformación y comercialización de la energía, para alcanzar en el mediano plazo la autosuficiencia financiera.
Se considera que los recursos públicos se complementarán con la participación de financiamiento privado en proyectos termoeléctricos.
Dentro del proceso de modernización de nuestra economía, se ha propiciado la apertura a la competencia comercial, que busca elevar la eficiencia de las empresas nacionales y lograr una mayor penetración en los mercados exteriores. Para consolidar las acciones adoptadas y avanzar en la estrategia propuesta, durante 1992 la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial orientará sus esfuerzos a propiciar el crecimiento de un sector exportador con altos niveles de competitividad; promoverá un desarrollo industrial más equilibrado que garantice una adecuada utilización regional de los recursos e incremente los niveles de productividad y la participación de la inversión de particulares; asimismo continuará con la adecuación del marco regulatorio para superar los obstáculos que limitan las exportaciones.
Como resultado de una mejor orientación del gasto, de una política de mayor apertura comercial y dada la creciente participación de los sectores productivos, las erogaciones propuestas para el sector comercio y fomento industrial, ascienden a 5 billones 818 mil .8 millones de pesos, monto menor 13.8%, en términos reales, al estimado para el cierre de 1991.
Por su parte, el sector industrial paraestatal continuará con los procesos de cambio estructural iniciado en años previos, a fin de lograr una mejor posición productiva y niveles más altos de rentabilidad, a través de adecuaciones administrativas y del redimencionamiento de las entidades.
Igualmente, se intensificarán las acciones para optimizar la eficiencia y productividad del subsector. El gasto propuesto para el subsector industrial paraestatal, asciende a 3 billones 627 mil millones de pesos.
La estrategia del sector turismo continuará orientada hacia su modernización y promoverá prioritariamente la imagen de México en el exterior, a través de intensas campañas de difusión y publicidad. Asimismo, se procurará ampliar y consolidar una infraestructura que permita fortalecer el turismo receptivo, con el fin de elevar la captación de divisas; fomentará también el turismo interno, para que nuestros compatriotas disfruten de un sano esparcimiento y que al mismo tiempo contribuya a incrementar el conocimiento de nuestros valores culturales, históricos y tradicionales. Para alcanzar estos objetivos, el proyecto de presupuesto para 1992, destinado al sector turismo asciende a 330 mil .6 millones de pesos.
En el sector pesca se contempla un gasto de 225 mil .6 millones de pesos. De Acuerdo al Programa Nacional de Desarrollo de la Pesca y sus recursos, la estrategia que se propone es continuar con el fomento de la producción pesquera en captura y acuacultura; en ésta se incrementará la promoción de la participación privada y social en proyectos de inversión. Se incrementará la vigilancia y se reforzarán las medidas para que se cumplan estrictamente las normas nacionales e internacionales de protección ecológica de especies marinas. Asimismo, se fortalecerán las acciones de capacitación de pescadores; se continuará con el programa de depuración y modernización del sector cooperativo y se atenderán las acciones de cooperación internacional pesquera en los campos científico, económico y comercial.
En materia de Seguridad Nacional y Procuración de Justicia, se busca cumplir con el objetivo de que el desarrollo integral de la nación se dé en un ambiente de libertad, paz y justicia social. Para respaldar esta estrategia se plantea un presupuesto de 7 billones 463 miles .1 de millones, monto 6.7% superior en términos reales al cierre previsto para el presente año.
La Secretaría de la Defensa, a fin de proseguir con las acciones de combate al narcotráfico y producción de enervantes, realizará la adquisición del equipo electrónico para la fase IV del Sistema de Detección y Control, con lo cual se concluirá el proyecto iniciado en 1988, cuyo objetivo es evitar que aeronaves utilicen el espacio aéreo con fines ilícitos.
La Secretaría de Marina continuará con la vigilancia de costas, mares e islas nacionales, participando con diversas organizaciones civiles en la ejecución de políticas de protección civil y ambiental. Particularmente durante 1992
reforzará las acciones de protección de los recursos marítimos.
Por su parte la Secretaría de Gobernación, en su calidad de responsable de la política interior del estado mexicano, orientará sus acciones, entre otras, a promover la democracia y el respeto recíproco entre los poderes; propiciar la participación ciudadana para impulsar el desarrollo de sistema político; atender el fortalecimiento del sistema penitenciario; asegurar el ejercicio de las libertades públicas, de prensa, expresión, reunión y manifestación; así como regular los flujos migratorios.
Durante 1992 se pondrán en operación los reclusorios de alta seguridad en los estados Jalisco y Tamaulipas y se iniciará la construcción del de Sonora.
La Procuraduría General de la República continuará adecuando el sistema de procuración e impartición de justicia, cuya modernización exige el desarrollo del país. Para responder a esta necesidad, durante 1992 se consolidará la reestructuración integral de la institución.
Por otra parte, destacan las acciones a realizar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que entre otras son la adquisición y puesta en operación de una red nacional de información y servicio a la ciudadanía.
Programa Nacional de Solidaridad
El Programa Nacional de Solidaridad forma parte de la política social del Estado mexicano para enfrentar las causas y expresiones de la pobreza. El gasto propuesto para este rubro en 1992 asciende a 6 billones 800 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 19.0% en términos reales respecto del cierre previsto en 1991. Este crecimiento significa, presupuestalmente, el cumplimento del compromiso de otorgar a Solidaridad la más alta prioridad.
Este sustancial incremento ha sido posible por el saneamiento y la disciplina en las finanzas públicas que el gobierno federal ha llevado a cabo, por la desincorporación de las empresas no estratégicas ni prioritarias que eran propiedad del estado y por la reorientación social del gasto público que la actual administración realizó mediante la Reforma del Estado para hacer realidad el compromiso de justicia que el gobierno de la República tiene con todos los mexicanos.
Desde su puesta en marcha, el programa ha fortalecido formas de relación más participativas de la sociedad. El programa es muy importante, no tanto por su monto presupuestal, sino por el impacto que en la sociedad ha tenido esta propuesta de movilización y participación social. Es pues relevante, en la consideración de este rubro, ir más allá de las cifras y plantearnos que sus actividades están orientadas a sumar esfuerzos para combatir la extrema pobreza y lograr mayor justicia social. El rasgo distintivo de solidaridad es la participación social como sustento de una nueva forma de combatir los rezagos del bienestar.
De acuerdo con lo establecido en el Convenio Único de Desarrollo, a través del cual la Federación y los estados acuerdan anualmente prioridades y programas de interés común, son los propios estados y los municipios quienes dan forma a los programas que se inscriben dentro de solidaridad. Corresponde al Programa de Solidaridad fijar las políticas y estrategias y es en cada entidad federativa en donde se realiza la selección y jerarquización de las obras sociales y proyectos productivos a los que se destinan los recursos del ramo.
Se logra así, incrementar el monto total de las inversiones mediante las aportaciones convenidas con cada estado para los programas de solidaridad; se evita la dispersión y atomización de los recursos y se impulsa la efectiva descentralización a los gobiernos estatal y municipal.
Por la prioridad que tiene el gasto social y, en especial el de Solidaridad, para el gobierno de la República; por la forma descentralizada con la que opera en los estados y municipios; por el énfasis que pone en la participación social; y por las características que los grupos sociales le han dado a la forma de decidir y ejecutar las obras y proyectos, el Programa Nacional de Solidaridad se ha constituido en parte esencial de la estrategia de modernización que se realiza en México y significa, más que una política de compensación social, un elemento esencial de la política económica y de bienestar.
En este contexto, durante 1992, el Programa Nacional de Solidaridad continuará apoyando los programas hasta ahora desarrollados, incrementará el apoyo a los proyectos productivos e iniciarán proyecto de apoyo a la vivienda, destacando la ejecución de las siguientes acciones y metas: (ver cuadro 3).
El Programa Salud y Hospital Digno contempla como meta la construcción y rehabilitación de 240 centros de salud, 31 unidades médicas y el inicio de la construcción de 16 hospitales.
En solidaridad para una Escuela Digna se prevé la construcción de 22 mil 500 espacios nuevos,
el otorgamiento de más de 550 mil becas para alumnos de nivel básico y la construcción de 520 instalaciones deportivas.
En colonias y comunidades, Solidaridad se ha fijado la meta de construir y ampliar las instalaciones de 2 mil 397 sistemas de agua potable y 787 sistemas de alcantarillado. Asimismo, 961 localidades urbanas y 2 mil 912 rurales serán incorporadas al servicio de electrificación. Se continuarán los trabajos para la regularización de la tenencia del suelo urbano y la pavimentación de calles y banquetas en colonias populares.
Se iniciará un programa de apoyo a la vivienda, orientado a ofrecer alternativas de mejoramiento y construcción a los sectores de la población que no tienen acceso a los programas existentes, con el propósito de que más mexicanos encuentren en sus lugares de origen condiciones de vida digna.
En la concepción del Programa de Solidaridad se reconoce que es necesario incidir fundamentalmente en los aspectos productivos de como una vía para sentar las bases definitivas que permitan mejorar el bienestar de los mexicanos. Por ello, dentro del Programa Nacional de Solidaridad, en el proyecto de presupuesto, considera la creación del Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad, cuyo propósito es articular los programas de apoyo productivo que actualmente están operando y promover nuevos proyectos en el medio urbano y rural.
El fondo se orienta a apoyar las actividades agrícolas, agroindustriales, de extracción y microindustriales, así como forestales, pesqueras y piscícolas, con su operación será posible respaldar las iniciativas de los grupos urbanos y vincularlos a los proyectos de las comunidades rurales y pueblos indígenas.
En los casos en que estos grupos lo decidan, podrán incorporar a empresarios privados que aporten capital y experiencia en los proyectos productivos.
Por otra parte, durante 1992, se continuará apoyando la ejecución de los siete programas regionales de desarrollo hasta ahora formulados y aquellos que se integren por iniciativa de los municipios y autoridades estatales.
Se pondrá en marcha un programa orientado al mejoramiento del ambiente en pequeños y medianos centros de población, a través de acciones encauzadas al aprovechamiento productivo de los materiales sólidos de desechos.
Se continuará apoyando los proyectos productivos de bienestar que formulan las mujeres para mejorar las condiciones de vida de sus familias.
Dentro del Programa de Caminos Rurales y Carreteras se contempla la construcción de 5 mil 415 kilómetros de nuevos caminos y la rehabilitación y conservación de otros 31 mil 399 kilómetros.
Se consolidarán los Fondos Municipales de Solidaridad para fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales ante las necesidades más sentidas de su población.
El presupuesto de Solidaridad y Desarrollo Regional aparece, en suma, como equilibrado y correspondiente a las expectativas sociales que demandan mejores condiciones para el desarrollo, oportunidades de empleo y elevación del bienestar. Este presupuesto se muestra importante por su mecánica de aplicación y el efecto multiplicador que genera. Hay que destacar que cada una de estas aplicaciones presupuestarias promueve corresponsabilidad en las comunidades beneficiadas y; asimismo, promueve participación de la sociedad en la solución de sus problemas cotidianos.
Inversión pública
Para 1992, la inversión pública se dirigirá fundamentalmente al apoyo de las actividades agropecuarias, la intensificación del cuidado y protección del medio ambiente, la atención de los reclamos de la población de más bajos ingresos y la ampliación de la cobertura y el equipamiento de las instituciones educativas.
La propuesta de presupuesto de inversión para 1992 asciende a 38 billones 736 mil .2 millones de pesos, superior en 6.3% en términos reales a la esperada en 1991 (ver cuadro 4)
La inversión directa del gobierno federal se incrementa 6.9% en términos reales, en tanto que la de organismos y empresas paraestatales observa un incremento real de 1.4%. Con estos incrementos se afirma la orientación hacia el gasto social, máxima prioridad del gobierno. Asimismo, la utilización de mecanismos de financiamiento combinado de los sectores público, social y privado fortalecerá los programas de ampliación y conservación de la infraestructura productiva. Para 1992, la inversión pública que se propone destinar al sector energético, asciende a 15 billones 21 mil .5 millones de pesos, 2.9% más en términos reales a la esperada en 1991 estos
recursos se orientan a la construcción, ampliación mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura que permita aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica, producción de materia primas y combustibles que necesita el crecimiento de la planta productiva.
Para el sector comunicaciones y transportes se contempla canalizar un monto de inversión pública que asciende a 3 billones 794 mil 5 millones de pesos a la construcción, conservación, rehabilitación y reorientación de la red de carreteras, caminos rurales, red férrea y los sistemas marítimos portuarios, aeroportuarios y de telecomunicaciones.
La inversión propuesta para el desarrollo rural asciende a 3 billones 272.3 mil millones de pesos, superior en 28.1% en términos reales respecto a la esperada para 1991. Dicho monto se canalizará a proyectos estratégicos de impacto inmediato en la producción, con lo cual se busca aplicar y fortalecer la infraestructura productiva e impulsar la modernización del campo y mencionar las condiciones y nivel de vida de la población rural.
Dentro de la inversión física presupuestal propuesta, destaca la participación de los recursos asignados al desarrollo social, los cuales ascienden a 15 billones 187 mil. 7 millones de pesos, 39.3% del total de la inversión pública para 1992, monto superior en 18.4% en términos reales al esperado para 1991.
El monto de la inversión propuesta para el sector industrial asciende a 206 mil 5 millones de pesos, 58.8% menos en términos reales a la esperada para 1991, Ello se debe fundamentalmente al Programa de Modernización y Cambio Estructural de la Empresa Pública iniciado durante la presente administración. En este marco, destaca el proceso de desincorporación por un lado y el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las entidades paraestatales, por el otro que ha permitido la reasignación de los recursos públicos a proyectos de alto contenido social.
Para el sector comercio se propone destinar 84 mil millones de pesos en inversión física que, en comparación con la esperada para 1991, muestra un descenso de 25.5% en términos reales. Dicha inversión se canalizará a la conservación y mantenimiento de establecimientos de acopio y comercialización como bodegas y almacenes, la ampliación de plantas agroindustriales y la rehabilitación de laboratorios para la investigación y análisis básicos.
Asimismo se prevé la ampliación de plantas productoras de leche reconstituida para abastecimiento de zonas marginadas y grupos indígenas, así como también la construcción de tiendas rurales.
El desarrollo de la infraestructura productiva de la actividad pesquera estará apoyado por la ejecución de obras y proyectos coinversión con participación de los sectores social y privado, y los gobiernos estatal y municipal. El presupuesto de inversión contemplado para el sector pesca asciende a 77.9 mil millones de pesos, que representa una disminución del 7.9% en términos reales con respecto a la de 1991.
Con el propósito de estudiar el crecimiento de la actividad turística, la inversión del sector turismo para 1992 se orientará a la construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las obras que permitan mejorar la productividad y competitividad de las instalaciones y centros turísticos en el ámbito nacional e internacional. Para dichos fines se prevé una inversión de 4.7 mil millones de pesos, 10.5% inferior en términos reales a la esperada en 1991.
Estrategias específicas
Para dar continuidad a los esfuerzos que subrayan la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología y su aplicación como instrumentos del cambio durante 1992 se propone ejercer un gasto de 3 billones 686.6 mil millones de pesos, que representa un incremento real de 14.2%, en relación con el esperado para 1991.
Los recursos presupuestales propuestos permitirán continuar proyectos y acciones de investigación y desarrollo tecnológicos sectoriales; respaldarán los esfuerzos para formar recursos humanos con criterios de excelencia académica, avanzada en la obtención de índices de calidad y productividad más altos en los procesos de organización y producción. Asimismo, propiciará que las aportaciones de la ciencia y la tecnología eleven el nivel de bienestar social, sobre todo en áreas como salud, educación, alimentación y protección del medio ambiente.
Para la ejecución de acciones en materia de protección ambiental a nivel sector público federal, se propone asignar un gasto de 2 billones 366 mil. 3 millones de pesos, con un crecimiento real de 31.1% respecto de 1991, lo que permitirá avanzar en el cumplimiento del objetivo de armonizar el crecimiento económico con la preservación de la calidad del medio ambiente, promoviendo la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
Costo de la deuda
En materia de deuda externa, el sano desempeño de las finanzas públicas, la favorable evolución de la economía y los beneficios de la negociación permitieron al sector público reducir el costo y servicio del endeudamiento excesivo que le caracterizaban hasta 1988. Se estima que en los tres primeros años de la presente administración, la relación entre costo de la deuda pública presupuestal y producto interno bruto se redujo de 17.6% a 6.3%.
Asimismo, mientras que en 1987 el sector público presupuestal dedicaba el 47.2% de su gasto a cubrir el servicio de la deuda, en 1991 la proporción de dicho gasto será de sólo 22.8%.
Para 1992, el proyecto de presupuesto para cubrir el costo de la deuda asciende a 45 billones 307 mil .4 millones de pesos, de los cuales 41 billones 160 mil .7 millones corresponden a intereses y 4 billones 146 mil .7 millones de pesos a adeudos de ejercicio fiscales anteriores.
Poderes:
Legislativo
De acuerdo con el proyecto de agosto que el Poder Legislativo, en ejercicio de su autonomía, envió para su inclusión en el Proyecto de Egresos de la Federación para 1992, se asigna un presupuesto que asciende a 340 mil .7 millones de pesos, monto que incluye la previsión del paquete salarial. El gasto de inversión, que suma 25 mil .6 millones de pesos, está destinado principalmente a la continuación de los trabajos de reconstrucción del recinto legislativo de la honorable Cámara de Diputados, a continuar con la construcción del edificio que albergará a las comisiones parlamentarias, y a la reposición del mobiliario y equipo de administración de la honorable Cámara de Senadores. Dicho presupuesto es reducido si consideramos la necesidad urgente de que el Poder Legislativo cuente con un recinto adecuado y los recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.
Judicial
Para cumplir con su responsabilidad de continuar avanzando en la modernización de la administración de justicia, el Poder Judicial envió para su incorporación al proyecto de presupuesto una propuesta de gasto que sumado al paquete salarial asciende a 750 mil millones de pesos. El gasto de inversión, que es de 112 mil .5 millones de pesos, se destinará a la adquisición de equipo para la red satélite que enlazará tribunales y juzgados del interior de la República con la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como la terminación del módulo 4 de su edificio sede en San Lázaro, Distrito Federal.
Ejecutivo
Administración Pública Central
Para 1992, el proyecto de presupuesto Administración Pública Central asciende a 93 billones 495 mil .3 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento real de 7.6%, respecto al cierre estimado en 1991. ( Ver cuadro 5).
De este monto, el 58.1% corresponde al gasto directo de las Dependencias y Ramos Generales del Gobierno Federal y el restante 41.9%, a las transferencias a entidades públicas.
En este contexto, se incrementa en terminos reales el monto destinado a las actividades esenciales y se disminuye en las que no son prioritarias. Dentro de las primeras destacan: Educación Pública, Salud, Solidaridad y Desarrollo Regional, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Defensa, Marina, Procuraduría General de la República y Comunicaciones y Transportes, que en conjunto representa el 46.8% del gasto del sector central.
El gasto corriente asciende a 42 billones 845 mil .8 millones de pesos, lo cual significa un aumento real del 14.6% frente al esperado en 1991. Estos recursos se destinarán principalmente a la prestación de servicios de educación, salud, seguridad nacional y procuración de justicia. Destaca el concepto de servicios personales para continuar con el mejoramiento gradual del poder adquisitivo de los trabajadores públicos en áreas como el magisterio y servicios de salud, principalmente.
El gasto de inversión fiscal de la administración central propuesto, alcanza un monto de 11 billones 492 mil .6 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento de 6.9% real; el 90.3% ese monto se asignará a obras públicas.
Las transferencias totales contempladas al sector paraestatal ascienden a 39 billones 156 mil .9 millones de pesos, lo cual implica un aumento real de 1.1%, menor al crecimiento de la economía, debido a las medidas de saneamiento de las finanzas públicas y al aumento de la eficiencia y productividad de las empresas públicas.
Administración Pública Paraestatal
La política del gasto del sector paraestatal busca incrementar la eficiencia de las entidades
paraestatales estratégicas y prioritarias. Para ello, el gasto programable propuesto, asciende a 90 billones 47 mil .2 millones de pesos, que representa un incremento real del 2.0%, respecto a 1991 (ver cuadro 6). Las medidas de desincorporación de empresas paraestatales, la selectividad en la asignación de los recursos y la eficiencia en su manejo, son los principales factores explicativos de este moderado crecimiento.
El gasto correspondiente a Petróleos Mexicanos asciende a 24 billones 116 mil .2 millones de pesos, 0.6% de crecimiento real respecto a 1991. El destino de los recursos se dirige básicamente a la ampliación de las inversiones y al mantenimiento de la planta operativa actual.
Con la finalidad de atender la demanda de energía eléctrica y continuar con la construcción y rehabilitación de centrales generadoras, se propone una asignación presupuestal para la Comisión Federal de Electricidad de 15 billones 846 mil millones de pesos. monto 3.8% mayor en términos reales al esperado en 1991.
Para continuar con la modernización de las comunicaciones, el gasto propuesto para las entidades involucradas con este sector suman 6 billones 870 mil .2 millones de pesos, monto 4.1% superior en términos reales al esperado para 1991.
Con el objeto de garantizar el abasto de productos básicos que la población demanda, las asignaciones propuestas a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares ascienden a 6 billones 473 mil millones de pesos, con un incremento real del 3.7%
Con el propósito de mejorar la eficacia y ampliar la cobertura de las entidades encargadas de impulsar el bienestar social, el gasto propuesto para el Instituto Mexicano del Seguro Social asciende a 23 billones 693 mil .1 millones de pesos, que representa un crecimiento del 8.0% en términos reales, respecto a 1991; en tanto que para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el monto asciende a 6 billones 445 mil .1 millones de pesos, lo cual significa un crecimiento del 6.0% real.
Órganos electorales
La propuesta que para 1992 enviaron al Ejecutivo Federal los Órganos Electorales suma 664 mil .7 millones de pesos.
El financiamiento a los partidos políticos nacionales se ha previsto en los términos acordados por la Comisión Federal Electoral y de conformidad con lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En apoyo al ejercicio de los órganos electorales, el gasto de inversión asciende a 72 mil .9 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento real de 109.9%, en relación al de 1991. Este gasto estará orientado a la rehabilitación y equiparamiento de las delegaciones estatales y la instalación de cuatro Centros Bibliográficos de Documentación Electoral.
Cabe mencionar que dicho monto no considera recursos que permitan al Instituto Federal Electoral, cumplir con el requisito establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el sentido de que la credencial para votar deberá contener la fotografía del elector.
Resultado presupuestal
El resultado de las finanzas públicas arroja un balance superativo como consecuencia de la disciplina presupuestal, del esfuerzo constante para la obtención de ingresos del Gobierno Federal, de los organismos y empresas, así como de la recaudación del costo financiero de la deuda derivada de la estabilización económica.
El superávit previsto contribuirá a consolidar el proceso de crecimiento económico con estabilidad y será instrumento indispensable para alcanzar la meta de inflación menor al 10% en 1992, lo que permitirá sentar bases sólidas para lograr un desarrollo social permanente.
Adicionalmente, la existencia del superávit se traduce en recursos que, eventualmente, pudieran asignarse a la amortización de la deuda pública, lo que permitirá que recursos hoy destinados a su servicio, se canalicen en el futuro a actividades prioritarias de la nación.
Cabe destacar que la previsión superavitaria no constituye por sí misma un fin, y es una política de carácter temporal. Su monto deberá reducirse o desaparecer una vez consolidada la estabilidad económica.
El resultado presupuestal que se refleja en el proyecto de presupuesto es un balance superavitario de 18 billones 113.9 miles de millones de pesos, de donde el del Gobierno Federal es de 13 billones 857.7 miles de millones de pesos y el de los organismos y empresas en presupuesto de 4 billones 256.2 miles de millones de pesos.
El superávit primario presupuestal, asciende a 59 billones 274 miles .6 de millones de pesos, y equivale a 6.0% del producto interno bruto.
Conclusiones
La comisión estima que el conjunto de metas y los objetivos que plantea el proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, se inscribe en una política económica que en los últimos años se ha orientado a la superación del estancamiento económico y el establecimiento de bases sólidas para hacer perdurable su desarrollo.
El saneamiento de las finanzas públicas contribuye al crecimiento económico con estabilidad, los menores compromisos para cubrir el costo de la deuda liberan recursos crecientes para la atención de las prioridades económicas y sociales de nuestra nación. La estrategia de reducir la participación directa del Estado en las áreas no estratégicas ni prioritarias, ha permitido el incremento presupuestal en los renglones del desarrollo social.
La comisión constató que la recomendación hecha en ejercicios anteriores y relacionada con el incremento en el gasto de ciencia y tecnología ha sido atendida. Sin embargo, por la magnitud y la importancia de estas áreas para el desarrollo nacional se estima pertinente que se continúe profundizando en su atención.
El proyecto de presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo favorece una mejor aplicación del gasto público, incluyendo mecanismos perfeccionados de control y evaluación, encaminados a redistribuir adecuadamente los beneficios derivados de la recuperación económica. Aún con la disminución del gasto público como proporción del producto interno bruto, las áreas del sector público responsables del desarrollo social y el mejoramiento del nivel de vida han recibido incrementos sustanciales en sus erogaciones.
Con el objeto de seguir con el análisis en cuanto a la factibilidad de mejorar en tiempo y forma la presentación del Proyecto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, se estima pertinente integrar dentro de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, un grupo de trabajo pluripartidista que realice los estudios procedentes y, en su oportunidad, presente las conclusiones y recomendaciones conducentes a dicha comisión.
MODIFICACIONES QUE SE PROPONEN AL PROYECTO DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 1992
En el seno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, al efectuar el examen y discusión de la iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, enviado por el Ejecutivo Federal a esta honorable cámara de diputados, surgieron diversas observaciones y propuestas, mismas que fueron planteadas tanto en reuniones de trabajo interpartidarias como por escrito.
Los integrantes de la comisión analizaron detenidamente cada una de las propuestas formuladas, y como resultados del trabajo conjunto, la comisión que suscribe estima conveniente efectuar adiciones y modificaciones en diversos artículos de la iniciativa de decreto, las cuales se señalan a continuación:
Primero. La comisión, en atención a los planteamientos formulados por representantes de distintas fracciones parlamentarias que la integran, consideró necesario incrementar en 52 mil millones de pesos la previsión de recursos destinados a gasto corriente del Poder Legislativo y, al efecto, se propone reducir dicho monto del gasto considerado para el ramo de Erogaciones no Sectorizables . Por lo tanto, se propone modificar el artículo 2o. para quedar como sigue:
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las Dependencias del Ejecutivo Federal y los Ramos de Aportaciones a Seguridad Social y Erogaciones No Sectorizables para el año de 1992, importan la cantidad de $87,305,727.000,000 (ochenta y siete billones trescientos cinco mil setecientos veintisiete millones de pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
00002..........................................................................
00004 al 00021.................................................................
00023 Erogaciones No Sectorizables 17' 827,810,800,000
00025..........................................................................
00027..........................................................................
Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.
Segundo. Por las razones arriba expuestas, se modifica el artículo 4o. para quedar como sigue:
Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el de 1992, importa la cantidad de $ 348,778.400.000 (trescientos cuarenta
y ocho mil setecientos setenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos, moneda nacional).
Tercero. En virtud de la importancia que dentro del Programa Nacional de Solidaridad, representa el avanzar en la consolidación de los logros alcanzados, articula los programas de apoyo con los productivos y elevar la capacidad de generación de empleos e ingresos en zonas rurales y urbanas marginadas; la comisión ha considerado conveniente destacar las actividades del Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad. En consecuencia, se propone modificar el artículo 3o., párrafo segundo, para quedar como sigue:
Artículo 3o...
00026...
00028...
Las previsiones por concepto de Solidaridad y Desarrollo Regional se orientarán a obras y proyectos de inversión de vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales, que atiendan la demanda directa de las comunidades indígenas, campesinas y grupos populares urbanos, Asimismo, se destinarán a promover proyectos productivos en el medio rural y urbano. Los recursos por este concepto serán intransferibles.
Cuarto. Dentro de las políticas para mejorar el nivel de vida, procede impulsar el desarrollo regional, así como favorecer la descentralización de las actividades económicas y de las funciones de gobierno. Con tal motivo, y para reducir costos, esta comisión considera pertinente modificar el artículo 24, fracción II, del proyecto de decreto, a fin de que en la adjudicación de los contratos de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles, se otorgue prioridad, en igualdad de condiciones, a los proveedores y contratistas locales.
En consecuencia, se propone la siguiente modificación:
Artículo 24. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1992:
I..............................................................................
II. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, para abatir costos. En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales, en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles.
III a IV...
Quinto. Esta comisión estimó que las disponibilidades financieras de empresas paraestatales deben invertirse en instrumentos que den seguridad a la inversión y evitar que los recursos de las tesorerías de dichas empresas se utilicen especulativamente. En consecuencia, se sugiere precisar los instrumentos en que se realicen dichas inversiones. Por lo tanto, se propone que el artículo 32, primer párrafo, quede como sigue:
Artículo 32. Las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades previstas en el artículo 6o. de este decreto respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles salvo en el caso de valores gubernamentales de renta fija. Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos a que se refiere el artículo 37 de este decreto.
Sexto. Con el propósito de fortalecer el desarrollo democrático del país, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la credencial para votar deberá contener, entre otros requisitos, la fotografía del elector. El proyecto de presupuesto enviado por el Instituto Federal Electoral para su incorporación en el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación, no previó los recursos necesarios para incluir dicha fotografía en la credencial citada. En esa virtud, esta Comisión estima conveniente adicionar el proyecto de decreto con un artículo transitorio, para el efecto de que la Secretaría de Programación y Presupuesto quede facultada a proveer los recursos necesarios para atender el programa respectivo que, en su caso, apruebe el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Asimismo, la propia Comisión, tomando en cuenta las propuestas de las diversas fracciones parlamentarias representadas en su seno, sobre la ingente necesidad de que el Poder Legislativo cuente con un recinto adecuado para el cumplimiento
de sus importantes atribuciones, considera pertinente que en el artículo transitorio citado anteriormente, también se autorice a la Secretaría de Programación y Presupuesto para que provea lo conducente, a fin de continuar con los trabajos de reconstrucción del recinto oficial de la Cámara de Diputados.
En consecuencia, el régimen transitorio del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1992, quedaría de la siguiente manera:
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1992.
Segundo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, queda facultado para proveer, dentro de los montos del presupuesto de egresos aprobado por el presente decreto, los recursos necesarios para continuar con el programa de reconstrucción del recinto legislativo de San Lázaro. También queda facultado para atender, dentro de los montos aprobados, el programa autorizado conforme a las disposiciones aplicables que permitan que la credencial para votar contenga la fotografía, requisito a que se refiere el inciso a) del numeral 2 del artículo 164 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por todo lo expuesto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública propone a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobar el siguiente
PROYECTO DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1992
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1992, se sujetarán a las disposiciones de este decreto y a las aplicables a la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los Ramos de Aportaciones a Seguridad Social y Erogaciones no Sectorizables para el año de 1992, importan la cantidad de...$87,305,727,000,000 (ochenta y siete billones trescientos cinco mil setecientos veintisiete millones de pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.
Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para Solidaridad y Desarrollo Regional y Participaciones a estados y municipios para el año de 1992, importan la cantidad de $37,390,221,400,000 (treinta y siete billones trescientos noventa mil doscientos veintiún millones cuatrocientos mil pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
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Las previsiones por concepto de Solidaridad y Desarrollo Regional se orientarán a obras y proyectos de inversión de vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales, que atiendan la demanda directa de las comunidades indígenas, campesinas y grupos populares urbanos. Asimismo, se destinarán a promover proyectos productivos en el medio rural y urbano. Los recursos por este concepto serán intransferibles.
Las erogaciones por concepto de Participaciones a Estados y Municipios se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 4o. El presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1992, importa la cantidad de $348,778,400,000 (trescientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos, moneda nacional).
Artículo 5o. El presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1992, importa la cantidad de $555,661,300,000 (quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y un millones trescientos mil pesos, moneda nacional).
Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el año de 1992 correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:
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Artículo 7o. Las erogaciones previstas en el presupuesto de Egresos para el pago del servicio del la deuda del Gobierno Federal para el año de 1992, importan la cantidad de... $34,937,402,500,000 (treinta y cuatro billones novecientos treinta y siete mil cuatrocientos dos millones quinientos mil pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
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Los intereses y comisiones correspondientes a las entidades paraestatales cuyos programas están incluidos en este presupuesto, ascienden a la cantidad de $6,223,284,900,000 (seis billones doscientos veintitrés mil doscientos ochenta y cuatro millones novecientos mil pesos, moneda nacional).
Las asignaciones para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores del Gobierno Federal importan la cantidad de ...$4,146,700,000,000 (cuatro billones ciento cuarenta y seis mil setecientos millones de pesos, moneda nacional).
El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales y, en su caso, se ajustará a los requerimientos que demande el desarrollo nacional.
El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por el monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda, en términos nominales. Adicionalmente podrá amortizar deuda, pública hasta por un monto del superávit presupuestario. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos a la Cámara de Diputados, al rendir la cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable también, a las entidades a que se refiere el artículo 6o. de este decreto.
Artículo 8o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el ramo 00022 Órganos Electorales para el año de 1992, importan la cantidad de $590,712,400,000 (quinientos noventa mil setecientos doce millones cuatrocientos mil pesos, moneda nacional).
Artículo 9o. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, Programas Operativos Anuales y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
Las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las estrategias, prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los criterios de política económica, de los programas de desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la Administración agrupadas en el sector que coordinan.
Artículo 10. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto. La aprobación de los calendarios de gasto deberá quedar concluida, a más tardar, en los primeros 20 días del ejercicio.
Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, en su caso, podrá reservarse dicha autorización y solicitar a los coordinadores de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus
programas y presupuestos con base en lo dispuesto por el artículo 37 de este decreto;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados o se capten desviaciones que entorpezcan sus ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;
III. En el caso de subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;
IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emitan las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público;
V. Cuando en los términos del artículo 28 del presente Decreto, se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos y no se cumpla con las obligaciones pactadas y los programas de saneamiento respectivo o con los compromisos de déficit o superávit, y
VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
Salvo lo previsto en los artículos 13, 14 no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos así como ampliaciones líquidas a los presupuestos; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Las entidades no comprendidas en el presupuesto, se sujetarán a los calendarios de gasto que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en los lineamientos generales que emita la propia Secretaría.
Artículo 11. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer créditos externos, será necesario que la totalidad de los recursos correspondientes se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la aprobación previa y expresa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Los recursos que se prevean ejercer por este concepto serán intransferibles y sólo podrán aplicarse a los proyectos para los cuales fueron contratados los créditos.
En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de deuda que los créditos generen.
Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Asimismo, y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos autorizados, deberán utilizar los recursos externos disponibles en las instituciones financieras, para la adquisición de bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.
Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales debidamente justificados y de acuerdo con la normatividad vigente.
Artículo 12. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, así como de los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como del titular de las Secretaría de Programación y Presupuesto autorizar dichos compromisos, salvo en lo previsto en el artículo siguiente. Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del ramo XXIII del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 13. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o programas y proyectos prioritarios y
estratégicos del Gobierno Federal, tales como desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, salud, vivienda, infraestructura básica y medio ambiente, con cargo a:
I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1,2,3, y 4 de su fracción II "Aportaciones y Abonos Retenidos a los Trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", "Cuotas para el Seguro Social a cargo de Patrones y Trabajadores", "Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores" y "Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares".
De estos ingresos, se asignarán a la Cámara de Diputados los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudio Legislativos, en un monto que no excede el 5% del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que serán ejercidos por conducto de la propia Cámara de Diputados;
II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este decreto;
III. Remanentes que tengan las entidades paraestatales, entre sus ingresos y gastos netos, que se consignen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos, y
IV. Ingresos que obtenga el Gobierno Federal como consecuencia de la liquidación o extinción de las entidades paraestatales que se determinen o del retiro de la participación estatal en aquéllas que no sean estratégicas y prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.
El monto de ingresos adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior se destinará a financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas y prioritarias existentes, para amortizar deuda pública, o para la constitución de nuevas entidades paraestatales que se justifique, de acuerdo a los requerimientos de desarrollo del país.
En el caso de excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este decreto, serán canalizados para fortalecer, cuando así lo amerite, su propia situación financiera.
Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el gobierno federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas y proyectos específicos para los que hubieren sido contratados.
El Ejecutivo Federal al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1992, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.
Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.
Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de gobierno de las propias entidades.
Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas del gasto social y principales proyectos de inversión, optando preferentemente en los casos de programas de inversión, por aquéllos de menor productividad e impacto social y económico.
En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 12.5%, el Ejecutivo Federal, en el contexto de los párrafos anteriores, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará, también de inmediato, a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Artículo 15. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente
determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
Artículo 16. Los importantes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del presupuesto.
En el caso de servicios personales las economías definitivas podrán aplicarse a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que las generen, sujetándose a los lineamientos administrativos que al efecto expida la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 17. La administración, control y ejercicio de los ramos de erogaciones no sectorizables, de aportaciones a Seguridad Social y de Solidaridad y Desarrollo Regional a que se refiere el presente decreto, se encomienda a la Secretaría de Programación y Presupuesto. La administración, control y ejercicio de los ramos Deuda Pública, de Participaciones a Estados y Municipios y de Erogaciones para Saneamiento Financiero será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CAPITULO II
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestales.
Artículo 18. Sin perjuicio de lo que establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará el financiamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.
Artículo 19. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas, sin perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar, conforme a los programas y recursos en este presupuesto, la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.
Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de gobierno, debiendo informar de lo anterior a las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación.
La designación y contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores surtirá efectos a partir de la fecha de la autorización correspondiente, sin que en ningún caso pueda dárseles efectos retroactivos.
En el caso de las estructuras de las dependencias y entidades ya autorizadas, no podrán llevarse a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías en ellas comprendidos, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cuál deberá recabarse la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para el caso de las dependencias y del órgano de gobierno respectivo, tratándose de las entidades paraestatales.
Las dependencias y entidades no podrán modificar su estructura orgánica básica y ocupacional aprobada en el ejercicio de 1991, debiendo ser éstas acordes con las normas emitidas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, por lo que cualquier adecuación sólo podrán hacerla las dependencias, previa autorización de dicha Secretaría y las entidades paraestatales por su órgano de gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tales adecuaciones no podrán implicar traspaso o ampliación a las previsiones presupuestadas por las dependencias y entidades por concepto de servicios personales, ni incremento en el número de plazas.
Artículo 20. Las dependencias y entidades de la administración Pública Federal en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales deberán:
I. En las acciones de descentralización, dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, sin que ello implique la creación de nuevas plazas;
II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores, apegarse estrictamente, a los
niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto para las dependencias y en el caso de las entidades, por el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades paraestatales, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;
III. Abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios que rebasen los montos autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto o bien, que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos, celebrados en el ejercicio de 1991.
Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de sus labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o entidad de que se trate.
La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuente. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate;
IV. Observar la normatividad que emita la Secretaría de Programación y Presupuesto, en materia de remuneración a título de consejeros en órganos de gobierno, o sus equivalentes de entidades paraestatales;
V. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y
VI. Abstenerse de realizar cualquier transferencia de recursos de otros capítulos presupuestales al capítulo de Servicios Personales.
Artículo 21. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este decreto y las que resulten aplicables a la materia.
Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Asimismo, continuarán en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores y de Programación y Presupuesto revisando dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones, a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando en el contexto de las prioridades nacionales no se justifiquen.
Durante el ejercicio de 1992, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos, adoptará medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, delegaciones y oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.
Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ejercicio de sus presupuestos para el año de 1992, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para la operación. En consecuencia, se deberá optimatizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que disponga;
II. Vehículos terrestres y marítimos con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar
la seguridad y soberanía nacional, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y del desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, y
III. Vehículos aéreos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía, así como la procuración de justicia.
Cualquier erogación que realicen las dependencias por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, requerirá de la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto en forma específica y previa al ejercicio del gasto correspondiente.
Tratándose de entidades paraestatales se requerirá de la autorización específica y previa de su órgano de gobierno, la cual deberá sujetarse a la normatividad vigente.
Artículo 23. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable, a su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o del órgano de gobierno de la entidad correspondiente:
I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero; congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de servicios bancarios, correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable; y donativos, en los términos del artículo 29 de este decreto;
II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones, y
III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al gobierno federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.
Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992 deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto y las que efectúen las entidades, se autorizaran por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías.
Artículo 24. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1992:
I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la prestación de los servicios de educación, salud, vivienda, equipamiento urbano, producción y abasto de alimentos, seguridad e impartición de justicia, con especial atención de aquéllos que se orienten a satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos; así como para la modernización de la infraestructura básica de comunicaciones y transportes, hidráulica, energía eléctrica y abasto de combustibles; a los que estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y los que presenten un mayor grado de avance físico.
Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos, cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos financieros para su terminación, puesta en operación y mantenimiento y en ningún caso, cuando existan otros proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles;
II. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, para abatir costos. En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales, en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles.
III. Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;
IV. Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción, estratégicos y prioritarios, comprendidos en la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
En el caso de proyectos y obras de beneficio social se concertará, con arreglo a la ley, la participación activa de las comunidades locales;
V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades y sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus respectivas atribuciones; asimismo, los ejecutores de gasto y los agentes
financieros del gobierno, federal, informarán a las citadas secretarías, del ejercicio de los créditos con base en los recursos autorizados en sus respectivos presupuestos;
VI. Las inversiones financieras con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, serán aquellas estrictamente necesarias y se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:
a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y
b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.
Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad y eficiencia y responder a las orientaciones de los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse además a lo que dispone el artículo 28 de este decreto, y
VII. Las entidades paraestatales deberán ajustar sus programas de expansión productiva con los programas de mediano plazo correspondientes, con las prioridades de la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo y con las previsiones de recursos disponibles.
Artículo 25. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se sujetarán a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productos y que, al mismo tiempo, eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas serán congruentes con los fines de la estrategia económica del Plan Nacional de Desarrollo, dando prioridad a las actividades del sector social, y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra, a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos y a promover la capacidad de exportación y la generación de divisas;
V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con el objeto de preservar el nivel de ingreso de los productos. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y del poder adquisitivo de la población;
VI. Las transferencias destinadas al apoyo de entidades paraestatales se deberán orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;
VII. Se requerirá la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para otorgar transferencias que se pretendan destinar a inversiones financieras;
VIII. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la capitalización de las empresas públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;
IX. las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales y
X. No se deberán otorgar transferencias cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 26. La Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales bajo su coordinación verificando previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y
III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
Las dependencias coordinadoras de sector podrán suspender las ministraciones de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico - financiera en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría de Programación y Presupuesto; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 de este decreto.
Artículo 27. Cuando se deban diferir ministraciones de fondo, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 28. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial Gastofinanciamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenios para:
I. El establecimiento de metas de desempeño, de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual trimestral, a nivel devengado, y
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales estratégicas y prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente a más tardar el 31 de julio de 1992 a la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento y sea probado por ésta.
La comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios, respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, las dependencias que integran la comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrán a la dependencia coordinadora de sector y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con base en las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, informará anualmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.
Las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, establecerán los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y harán la determinación de las entidades paraestatales con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios.
Artículo 29. La Secretaría de Programación y Presupuesto no podrá autorizar subsidios, ni las dependencias y entidades otorgar donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social. Tampoco se otorgarán a favor de beneficios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 30. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 del presente decreto.
Artículo 31. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo
momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.
Para la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, resolverá lo conducente, debiendo dar prioridad a las dependencias y entidades que hubiesen generado dichos ahorros, para estimular así la creatividad y productividad de las mismas.
Artículo 32. Las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades previstas en el artículo 6o., de este decreto, respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles salvo en el caso de valores gubernamentales de renta fija, para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos a que se refiere el artículo 37 de este decreto.
A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades de la administración Pública Federal informarán de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezcan con base en lo dispuesto por el artículo 37 del presente decreto.
Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar cinco puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de esta tasa se efectuará sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público, desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.
Artículo 33. El Banco de México, en función del monto de divisas requerido para el Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará a petición de las dependencias y entidades, las divisas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera, debiendo las mismas informar a las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen al respecto de acuerdo con los flujos reales establecidos.
Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten. En estos casos se cuidará no afectar los programas de inversiones prioritarios.
Artículo 35. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1992, serán los siguientes:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 36. para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado por lo menos a tres proveedores, según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1992, serán los siguientes:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 37. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación y el Banco de México, operarán el Sistema Integral
de Información de los Ingresos y Gastos Públicos. Las propias dependencias establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho sistema, los cuales deberán ser conocidos por las dependencias y entidades, a más tardar dentro de los primeros 30 días del ejercicio.
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el sistema. Para tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, conjuntamente con la coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demande el sistema, racionalizando los flujos de información.
Artículo 38. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre los resultados de las verificaciones a que se refiere el artículo 9o., de este decreto, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo las de las entidades paraestatales que celebren convenios de déficit o, en su caso, superávit financiero y hará asimismo, las aclaraciones que ésta le solicite, a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.
Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.
Artículo 39. Para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión, se requerirá autorización previa del mismo.
En los términos de los artículos 15, 16 y 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los respectivos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo podrá proceder a la desincorporación de entidades paraestatales, comprendidas en este decreto, sujetándose a las siguientes bases:
a) Las propuestas que formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios; enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas incorporando los puntos de vista de los sectores interesados, y
b) Enviar previamente informe escrito, a la Cámara de Diputados, de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.
La Cámara de Diputados vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la información a que se refiere el inciso b) anterior y en su caso dará su opinión.
Artículo 40. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las leyes que resulten aplicables y el presente decreto, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades coordinadas y no coordinadas, en el cumplimiento de las disposiciones presupuestales y podrá requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 41 de este decreto.
Del cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se dará cuenta a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este decreto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Artículo 41. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación y los órganos internos de control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las propias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las obligaciones derivadas de este decreto.
Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento
de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, en los términos de la coordinación que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Artículo 42. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 1992.
Segundo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, queda facultado para proveer, dentro de los montos del presupuesto de egresos aprobado por el presente decreto, los recursos necesarios para continuar con el programa de reconstrucción del Recinto Legislativo de San Lázaro. También queda facultado para atender, dentro de los montos aprobados, el programa autorizado conforme a las disposiciones aplicables, que permitan que la credencial para votar contenga la fotografía, requisito a que se refiere el inciso a) del numeral 2 del artículo 164 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal a 16 de diciembre de 1991.»
ANEXO TÉCNICO
CUADRO 1
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 1992
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CUADRO 2.
GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTAL*
RESUMEN SECTORIAL ECONÓMICO
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CUADRO 3.
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CUADRO 4.
INVERSIÓN FÍSICA PRESUPUESTAL*
RESUMEN SECTORIAL ECONÓMICO
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CUADRO 5.
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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CUADRO 6.
GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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Trámite: - Primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
* ARTÍCULOS 3o., 5o., 24, 27 y 130 CONSTITUCIONALES
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto de reformas a los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ruego a la Secretaría proceda a la lectura del proyecto de decreto. La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general el proyecto de decreto de reformas a los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 de la Constitución.
Está a discusión el dictamen en lo general.
*Este dictamen fue publicado en el diario No. 21 del día 16 de diciembre de 1991. El diputado Heli Herrera Hernández (desde su curul): - Señor Presidente, pediría que se leyera el artículo 110 del Reglamento.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura al artículo 110 del Reglamento.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
"Artículo 110. En caso de moción suspensiva, se leerá la proposición y sin otro requisito que oír a su autor, si la quiere fundar y a algún impugnador, si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar, al efecto, tres individuos en pro y tres en contra, pero si la resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada".
El Presidente: - Tiene, en consecuencia, el uso de la palabra el diputado Herrera Hernández, en los términos solicitados.
El diputado Heli Herrera Hernández: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea:
En términos del artículo 110 y a nombre del grupo parlamentario de mi partido, el Popular Socialista, vengo a presentar una moción suspensiva.
Las reformas que plantea el Partido Revolucionario Institucional y su grupo parlamentario, para reformar los artículos 130, 3o. 5o, 24 y 27 de la Constitución General de la República, tienden, compañeros diputados, a restaurarle a la Iglesia fueros, privilegios y un poder que el Constituyente de 1917 le había suprimido.
No por capricho o interés mezquino, sino como resultado de todo un proceso histórico, preñado de constantes agresiones de las iglesias, en contra de la mayoría del pueblo de México, a veces en pleno contubernio con gobiernos impuestos por la fuerza de las armas, como lo fueron los que se escenificaron en los 300 años de la colonia, o el del archiduque Maximiliano de Habsburgo; otros con dictaduras como el de Antonio López de Santana, el de Porfirio Díaz, el De la Huerta; otras tantas dirigidos en contra de los intereses de la nación y de aquellos gobiernos que no les toleraron sus constantes violaciones al orden constitucional, como lo fueron los extraordinarios gobiernos de don Valentín Gómez Farías y del gran patricio, don Benito Juárez.
Fueron sus bastardas ambiciones de poder económico y espiritual los que empujaron al Benemérito de las Américas a despojarlos de lo que antes ellos le habían despojado a nuestro pueblo, con mentiras y con engaños. Fue su necedad de poder lo que perdió a la Iglesia y la llevó a la derrota política.
Impulsado y ejecutado por un pueblo mayoritariamente católico, pero no dispuesto a admitir y a aceptar las groseras intromisiones de aquel poder clerical en la vida del poder público, claro está, en la expoliación espiritual y hasta física que contra las clases más necesitadas por lustros y décadas realizaron los altos líderes clericales.
Fue por los incalculables daños causados a la fe de los indígenas, que el Constituyente de 1917 les retiró el poder; fue por la inquisición y el Santo Oficio que el pueblo le da la espalda a la jerarquía eclesiástica y los diputados reunidos en Querétaro, los sujetan al orden constitucional; fue por la degradación que hicieron contra nuestros héroes de la Independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, que se les retiraron sus privilegios y aquel poder que hoy intentan devolvérselos, fue también por su apoyo al gobierno espúreo de Maximiliano, que se les quita ese poder; fue por apoyar a la dictadura de Díaz y fue por estar siempre del lado de la traición, de la felonía, contra la Patria y contra su pueblo, el pueblo de México.
Y hoy, haciendo a un lado todo ese acervo histórico, todas esas enseñanzas y experiencias, se les pretende dar en la práctica ese poder que sólo el Estado como institución en una República, en un país puede tener como resultado de la enorme voluntad de sus gobernados.
Es cierto que el pueblo de México es eminentemente católico, no de hoy, sino desde que a sangre y fuero estas mismas iglesias destrozaron sus ídolos para imponerles una religión ajena a su fe. Pero también es cierto que el pueblo de México tiene memoria y no desea una vuelta al pasado, a lo superado, porque este sufrido pueblo mexicano tiene memoria y no olvida las angustias de sus ancestros. Tal vez por esta iniciativa no quisieron sus autores pasarla por el tamiz de una gran consulta popular; tal vez por eso las prisas de no discutirse tan siquiera en las comisiones, violando incluso el reglamento que rige la vida interna de esta Cámara y así, de facto traerla a discusión ante el temor de que los millones de católicos, sí compañeros diputados, de católicos, se opongan a que un pequeño grupo de mexicanos le reintegren privilegios a las iglesias, que perdieron desde hace muchos años, en dolorosas batallas tanto para los mexicanos como para la Patria, esa Patria nuestra que perdió más de la mitad de su territorio por gran culpa de aquella jerarquía clerical.
Por eso nos oponemos a que en esta hora se equipare como lo precisa la nueva redacción del artículo 130 constitucional y los relativos al 3o., al 5o., al 24 y al 27, a la Iglesia como otro poder distinto al del Estado mexicano, al constitucional, al que debe normar sus actos todas las personas físicas o morales, puesto que al darle y reconocerle personalidad jurídica a esa entidad, ésta tendría por consecuencia la misma obligación de estar sujeta jurisdiccionalmente al Estado mexicano
El maestro Vicente Lombardo Toledano afirmaba con extraordinaria claridad en 1958: "Hace siglos la iglesia católica fue una potencia, una organización con poder temporal que disfrutaba no sólo de soberanía, sino que la asentaba en un territorio propio e intocable; era un Estado entre estados".
No podemos, compañeras y compañeros diputados, venir a discutir una serie de reformas sin hacer a un lado la historia de México, más de cuatro siglos de historia.
¿Cómo impusieron los clérigos su religión en la Nueva España? Hay que recordar, ¿acaso no fue necesaria la defensa de los indios por los excepcionales misioneros fray Bartolomé de las Casas, fray Nicolás White y fray Toribio de Benavente, llamado por los indígenas Motolinía, quienes inclusive propusieron la independencia de la Nueva España, aunque no rompiendo sus vínculos definitivamente con la metrópoli, a sangre y fuego, a base de terror y temor?
Se impuso el catolicismo a sangre y tormento, rompiendo culturas, tradiciones, destrozando sentimientos; automatizando a nuestros ancestros tanto para repetir oraciones en latín que no entendían, como en la hechura de movimientos y actos incomprensibles para ellos.
¿Quién olvida la sustitución de los tres grandes adoratorios de los indios, donde decenas de miles se congregaban para rendirle culto a sus dioses, imponiéndoles los frailes, el de Santa Anna por el de la diosa Toxi, que quería decir: nuestra abuela, bajo el argumento de que ésta era la abuela de Cristo, decían, al de Pochtli, dios mancebo lo sustituyeron por San Juan Bautista y al dios Tonatzin, que quería decir nuestra madre, por el de la Virgen María; vino a recibir también ese nombre? Tan ídolos eran los unos como los otros.
De esa manera, inteligente y mañosamente, la furia española relacionó la religión prehispánica con aquellos que vinieron a imponer.
Cuántos, preguntamos nosotros, cuantos autores de libros, recurriendo a fuentes fidedignas nos narran las hazañas de misioneros, claro, todas ellas en el nombre de dios y conquistadores, quienes empleando la fuerza bruta, emprendían verdaderas razzias para arruinar templos, quebrar ídolos, quemar pinturas, geroglíficos y castigar severamente a quienes sospechaban que aún rendían culto a los antiguos dioses.
Baste para poner fin a la descripción del "amor al prójimo" que mostraban los clérigos del Siglo XVI sobre los indígenas, la carta que escribe Francisco Toral al obispo de Yucatán a Felipe II Decía:
"Es el caso que como no hay hombre docto de estos padres, ni menos conocen a los indios ni tienen claridad ni amor de Dios para sobrellevar sus miserias y flaquezas, por no sé qué flaquezas que entre ellos oyen y algunos de ellos se volvía a sus antiguos ritos e idolatrías sin más averiguaciones de probanza, comienzan a atormentar a los indios colgándolos en zogas, altos del suelo y poniéndoles algunas grandes piedras a los pies y a otros echándoles cera ardiendo en las barrigas y azotándolos bravamente".
Los indios sólo por temor fingieron ser católicos y hoy la burguesía reaccionaria sólo por sus intereses pretenden de nueva cuenta restaurar fueros.
Eso por lo que se refiere a la conquista espiritual, empero a los verdaderos intereses que siempre ha tenido la iglesia en cualquier época, no escapándose a la que me he estado refiriendo, vale la pena comentar lo que fray Juan de Zumárraga le dice al emperador Carlos V en una carta:
"No envíen a esta parte clérigos si no fueren examinados en bondad debida y suficiencia de letras, porque de no haberse hecho hasta ahora así y haberse enviado a las veces sólo por favor o por aprovecharlos en intereses temporales, se ha seguido muy poco provecho espiritual, porque se ve a las claras que todos pretenden enchir las bolsas y volverse a Castilla y para pilares de una iglesia nueva como ésta, se deben buscar los más honestos y más virtuosos clérigos que allá se hallaren, porque, según, las ocasiones que acá hay y el ejemplo que es menester dar a estas tierras plantas en la fe, otros apósteres debían de ser muy ajenos de codicia y ornados de honestidad."
Y el virrey Mendoza precisaba a su sucesor, don Luis de Velasco: "Los clérigos que vienen a estas partes. son ruines y todos se fundan sobre interés y si no fuese por lo que su majestad tiene mandado y por el bautizar, por lo demás, estarían mejor los indios sin ellos".
Estos, compañeros diputados, son los clérigos, abuelos de los que hoy se soban las manos ante esta reforma.
El Episcopado mexicano en una carta que le envía al Presidente de la República le manifiesta que: "Las circunstancias históricas que motivaron a la autoridad mexicana para implantar el actual régimen normativo en la Constitución de 1917, con relación a la iglesia católica y en general a todas las iglesias, han cambiado totalmente".
Señala ese texto que le enviaron al actual Presidente de la República.
De la misma manera se expresaba la iglesia del siglo XVII de su antecesora. Si aquella castigaba tumultuosamente, la del siglo XVIII, lo haría individualmente; si aquella lo hacía sin denuncia, esto lo haría bajo la denuncia anónima o no, si aquella lo hacía sin mediar juicio, ésta lo haría
a través de uno sumarísimo, que siempre encontraba culpable al denunciado aunque no hubiera prueba alguna.
Para ello se instruyó la Inquisición, nombrándose a Pedro Moya de Contreras como primer inquisidor de la Nueva España y comenzó a perseguir a los herejes.
Al tribunal de la Inquisición lo hicieron temible y odioso, pues favorecía la delación, el espionaje y la calumnia, nunca sabía el infeliz preso ni el delito que se le acusaba, ni el nombre del acusador o denunciante, ni quiénes habían sido los testigos que declaraban en contra suya, en cambio, el Santo Oficio obligaba a declarar a los hijos contra sus padres, el amante contra su amada, el amigo contra el amigo y al que había recibido un servicio contra su bienhechor, so pena que de no hacerlo sufrirían las mismas consecuencias.
Por lo regular ya no se volvía a saber de los acusados y dijéramos nosotros que los privilegiados eran aquellos que eran quemados públicamente, claro, en la nombre de dios y porque al menos sus familiares los veían.
La Inquisición estorbó el progreso científico de México, pues, so pretexto de que los libros extranjeros podían contener doctrinas heréticas, se prohibió su lectura y circulación.
¡Y qué decir de las enormes fortunas que durante este siglo llegaron a acumular la jerarquía eclesiástica? Basta señalar que el barón de Humbolt calculaba la propiedad del clero en la Nueva España en más de 260 millones de pesos, y baste también recordar cómo los monasterios y los conventos que existían en aquellas épocas eran refugio de todos aquellos que de alguna y otra manera delinquían y procedían a refugiarse en los mismos y de acuerdo con las leyes eclesiásticas, todo aquel que entraba a dicho convento no era posible posteriormente sacarlo de él bajo ninguna orden.
¡Cuál fue la posición de la iglesia, compañeras y compañeros diputados, ante la Revolución de Independencia? Condenó la insurrección, señalando en lo principal que Dios en la iglesia no pueden proteger los crímenes y a la rebelión y basándose en tales conceptos el 11 de octubre de 1810 el obispo Abad y Queipo, decretó la ex comunión de todos los insurgentes, empezando por Hidalgo, sentencia de degradación que hacen efectiva el 27 de julio de 1811, no sin antes apuntar que en dicho proceso se violaron las prescripciones terminantes de los cánones que exigían la concurrencia de varios obispos consagrados, igual procedimiento siguió la causa de don José María Morelos y Pavón, a quien humillaron y acusaron falsamente de hereje, cuando siempre fue un católico consumado.
En cambio, esa iglesia que condenó la independencia por los crímenes y la "rebelión", jamás criticó uno sólo de los miles de crímenes que los jefes militares españoles realizaron; para ellos ni ex comunión ni castigos espirituales, no obstante que decían ellos, dios no protege los crímenes.
En 1833 siendo vicepresidente de la República don Valentín Gómez Farías, encargado de la Presidencia, aparte de que ahí había decretado una ley que le arrebataba a la iglesia la enseñanza pública, precisaba una de mayor trascendencia que la otra, la de desobligar a los civiles de entregarle a la iglesia el diezmo y con ello don Valentín Gómez Farías tocaba la sensibilidad de toda la curia, pues le atacaba en donde le dolía sus intereses económicos.
Compañeras y compañeros diputados: Durante todo este siglo, la alianza del clero con los intereses más obscuros de la nación se dio constantemente; se dio una alianza con Santa Anna; se dio una alianza con los norteamericanos que nos invaden y participaron en la cercenación de más de la mitad de nuestro territorio; se da también, posteriormente una alianza con el ejército francés, cuando un obispo de Puebla también recibe a las puertas de su obispado al ejército invasor que tenía las mismas pretensiones que el norteamericano, y esa posición de las iglesias se sigue dando continuamente, lo vimos nosotros en clara alianza con Díaz y lo vemos nosotros también, y hay qué recordarlo, en la época actual, cuando definitivamente siempre se ha puesto del lado de los que tienen concentrado poder económico, porque jamás ha estado del lado del pueblo de México en su mayoría.
Las iglesias, compañeras y compañeros diputados, jamás han cumplido las leyes. Universalmente, no tan sólo México, siempre han actuado a espaldas y contra el pueblo pobre, que es la inmensa mayoría. De allí que el estado mexicano no puede ni debe autolimitarse como si fuera una señal de respeto hacia esas instituciones en sus competencias, en sus funciones de vigilancia y aplicación de normas.
Si la alta jerarquía clerical no se ciñe a nuestros ordenamientos, aplíquese la Constitución que para eso la juraron, pero nos se someta al poder civil, el del estado público, a las exigencias de una inmoral institución con extraordinarias excepciones en sus filas que jamás se satisfacen.
Siempre quiere y ambiciona más; si ayer, si hoy
somos testigos: No han cumplido los artículos 3o., 27, 130 constitucionales, etcétera, menos cuando se apruebe legalizar sus actividades.
De allí, compañeras y compañeros, que no procedan estas reformas, sino al contrario, que nuestro partido, el Partido Popular Socialista, a través de su grupo parlamentario exija que se mantenga tal y como se encuentran los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 constitucionales.
Por todo lo anterior, ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 110 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre y representación del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, por este escrito, vengo a presentar a la consideración de esta soberanía moción suspensiva del debate, en torno a la iniciativa de reformas a los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 constitucionales, presentando por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de que se trata de un asunto toral, de la mayor trascendencia histórica y política de la nación mexicana, puesto que alteraría el perfil histórico de nuestra patria y las decisiones políticas fundamentales del pueblo mexicano.
Por tanto, no se puede permitir un procedimiento festinado, prematuro y de súbita resolución, como se pretende al presentarse por las comisiones legislativas correspondientes en esta sesión el dictamen relativo.
Por las consideraciones anteriores, se propone el siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Único. La honorable Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión resuelve suspender la discusión relativa a la iniciativa de reformas a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto no cuente con el mínimo de elementos de juicio necesarios para realizar un debate pertinente y resolver en su caso lo que proceda.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados a los 17 días del mes de diciembre de 1991.
Firman los 12 diputado del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.»
Hago entrega, señor Presidente, a la Secretaría de esta propuesta. Muchas gracias.
El Presidente: - En los términos del artículo 110, antes de poner a discusión esta moción, consulte la Secretaría a la asamblea si es de tomarse en cuenta inmediatamente para su discusión y aprobación en su caso.
La secretaria diputado A. Irma Piñeiro Arias:
- Se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de considerarse en forma inmediata para su discusión y decisión la moción suspensiva presentada por el diputado Heli Herrera, del Partido Popular Socialista.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Admitiva para su discusión inmediata, señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión la moción suspensiva.
Notificando esta Presidencia a la asamblea que se han registrado como oradores, para hablar en pro de la moción.
El diputado Luis Raúl Alvarez García (desde su curul): - Señor Presidente, me inscribo en pro de la moción.
El Presidente: - Quisiera decirle diputado que, en los términos del 110, son tres oradores en pro y tres en contra y el partido proponente de la moción ha registrado ya a sus tres oradores. Tendría preferencia para ese registro.
El diputado Juan Campos Vega (desde su curul): - Señor Presidente, nada más registramos dos oradores del Partido Popular Socialista, para que el diputado Alvarez Garín pueda intervenir por el Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente: - Correcto. Diputado se registra como orador.
El diputado Luis Raúl Alvarez Garín (desde su curul): - Sí, señor.
El Presidente: - Muy bien.
Están registrados como oradores el diputado Juan Campos Vega, el diputado Jorge Tovar Montañez y el diputado Raúl Alvarez Garín. Correcto, así lo registramos. Y para hablar en contra de la propia moción el diputado Rodolfo Echeverría Ruiz, el diputado Jaime Olivares y el diputado Juan Antonio Nemi Dib.
En consecuencia, tiene uso de la palabra, para apoyar la moción, el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Campos Vega: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He pedido el uso de la palabra, a nombre de mi partido, para argumentar en favor de la moción suspensiva en torno al dictamen relativo a la iniciativa de reformas a los artículos 3o, 5o, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el documento que ha leído a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, mi compañero Helí Herrera Hernández, se asevera, con justa razón, que este problema, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el papel que le corresponde a la iglesia en la vida nacional es un asunto de la mayor trascendencia histórica y política.
Por este planteamiento inicialmente nosotros pedimos que se suspenda la discusión en torno a este tema y que se realicen todas las actividades tendientes a analizar con mayor detenimiento, a profundidad, no solamente lo que se propone en esta iniciativa y que ratifica el dictamen, sino también aquellos que se suprimen de la legislación vigente, que no por ello es menos importante.
Antes de entrar en materia de los argumentos que nosotros tenemos, desde el punto de vista histórico y político, yo quisiera dejar muy claramente sentada una posición que ha sido invariable del Partido Popular Socialista en torno a este problema.
Desde que surgimos a la vida política nacional, en 1948, en el primer programa aprobado por la Asamblea Constituyente del Partido Popular, se establecieron que nosotros nacimos a la vida política del país, comprometiéndonos a luchar por el respeto irrestricto a todas las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución, incluyendo la libertad de creencias.
Nosotros hemos dicho que todo mexicano tiene derecho a creer en una u otra religión; que tiene derecho a no creer en ninguna religión, pero que esto lo tiene que resolver en su fuero interno y nosotros, los miembros del Partido Popular Socialista, respetamos las decisiones que en esta materia tome cualquiera de los ciudadanos mexicanos y estamos dispuestos a defender esta garantía que consagra nuestra Constitución.
Pero con esta misma vehemencia, con esta misma actitud de defensa de estos principios fundamentales de nuestra Constitución, también hemos afirmado que de acuerdo con la experiencia histórica el clero debe seguir siendo restringido en diversas actividades políticas, económicas y sociales, como actualmente establece nuestra Constitución.
¿Por qué? Ya recordaba mi compañero Helí Herrera cual ha sido la conducta del clero en la historia de nuestro país.
Todos sabemos que si ha habido alguna época en la historia nacional de intolerancia; que si ha habido alguna época en nuestra historia patria en que se haya llevado a cabo una educación dogmática, deformante de la mente de la niñez y la juventud; que si ha habido una época en que se han fundido el poder eclesiástico y el poder del estado, fue precisamente en la época colonial, donde la iglesia tenía un poder tremendo y era la única religión reconocida por nuestra Constitución.
Por ello no nos extraña la conducta que asumió el clero, cuando se inició la gesta de nuestra independencia; no nos extraña la actitud asumida contra Hidalgo, la excomunión, con todo lo que ella conlleva, para tratar de desprestigiar a Hidalgo frente a las masas populares que lo seguían en la lucha por la independencia.
No podemos olvidar nosotros también, el que fue precisamente en esta época en que la inquisición, esa tenebrosa, represora, institución, vinculada estrechamente y dependiente de la iglesia, sirvió para coartar las libertades fundamentales de los ciudadanos de nuestra patria, sirvió para impedir que la ciencia y la cultura se propagan, porque incluía entre sus múltiples atribuciones el impedir que ciertos textos llegaran a nuestro país y pudieran ser conocidos por los mexicanos.
¿No sería necesario también que analizáramos otras etapas de la historia?
¿No sería conveniente que analizáramos cuál fue la conducta del clero en la invasión de 1947? ¿Por qué se prestó a apoyar a los Estados Unidos, que vinieron a cercenarnos la mitad del territorio nacional? ¿Por qué se negó la iglesia a proporcionar parte de sus cuantiosos recursos económicos, para que el Gobierno Federal pudiera defender a nuestra patria de la invasión extranjera?
No podríamos nosotros olvidar esta conducta antinacional de la iglesia mexicana. ¿Cuál fue la actitud que asumió el clero ante la intervención francesa? ¿No es verdad que la jerarquía eclesiástica recibió con un te déum en la Catedral Metropolitana a los invasores extranjeros? ¿No es verdad que el propio Papa llamó a los católicos
mexicanos a desobedecer las leyes de Reforma y la Constitución, so pena de ex comunión? ¿Y no es verdad que la iglesia mexicana estuvo vinculada estrechamente al porfirismo? que estaban vinculados, no solamente por sus coincidencias de carácter ideológico sino porque juntos habían hecho letra muerta las leyes de reforma y la Constitución de 1857? Ahí se repartían, entre la jerarquía eclesiástica y el grupo gobernante, los grandes latifundios que habían en nuestro país, antes de la Revolución Mexicana; eso es parte de nuestra historia y tiene que ser analizado para establecer cuál ha sido la conducta histórica del clero en todos estos aspectos de la vida política nacional.
Pero quizá pudiera decirse que estos juicios y estas opiniones son de un partido que ha estado permanentemente luchando porque se mantenga esta legislación en nuestro país. Yo quisiera dar un dato, un sólo dato que pudiera ilustrar lo que realmente ha representado el clero en la historia patria.
En la época de la intervención francesa, la emperatriz Carlota Amalia dirigió una carta a su prima, la emperatriz Eugenia, donde expresaba una serie de opiniones sobre la jerarquía eclesiástica - católica de nuestro país y en una parte concreta decía: "podrán dejar sus situales y su cruz, pero no sus rentas"; lo que más le preocupaba a la iglesia, en aquel entonces y le preocupa ahora, es seguir teniendo fueros y privilegios.
¿Cuál fué la conducta de la jerarquía eclesiástica en 1917?
De inmediato en contra de la Constitución, le llamaron despectivamente "el almodrote de Querétaro" y en cuanto ésta se empezó a aplicar, en 1926, se inició toda una ofensiva desde dentro y desde fuera de nuestro país, un conjunto de obispos norteamericanos, ligados a los obispos mexicanos, exigían a todas las naciones del mundo su solidaridad para una Constitución, que según decían, violaba los principios fundamentales de su iglesia, impedía el culto de su religión y que por tanto debía ser abrogado y ellos decían jamás irían a cumplir la Constitución de 1971 y este juramento, efectivamente, lo han cumplido, jamás han respetado la Constitución de 1917.
Si seguimos con este análisis muy general, veríamos cuál es la conducta más reciente del clero, ¿no acaso se opusieron al establecimiento de los libros de texto gratuitos? ¿No los quemaron en diversas plazas públicas de ciertas regiones de nuestro país? ¿No iniciaron una campaña anticomunista con el lema: ¡Cristianismo sí, comunismo no!, tendiendo a enfrentar una creencia religiosa o un problema de carácter filosófico y político? porque en aquel momento había triunfado la Revolución Cubana y este se volvió un ejemplo negativo para los intereses de la oligarquía nacional y del imperialismo norteamericano.
Valdría entonces la pena recapitular en algunos aspectos esenciales que contiene en la actualidad nuestra Carta Magna en torno a este problema.
Hay infinidad de disposiciones en estos cinco artículos vinculados al problema de la religión y esto de una u otra manera demuestra la importancia histórica que tiene el tema para los mexicanos porque todos sin excepción, todos los aspectos vinculados a esos artículos sin excepción son producto de la experiencia histórica del pueblo mexicano. Ninguna de estas cuestiones las hemos copiado de ningún lado, ha sido para evitar que la iglesia continúe con su conducta, la jerarquía eclesiástica continúe con su conducta antinacional y antipopular.
El otro aspecto es que de 1917 a la fecha, salvo el conflicto provocado por la misma jerarquía eclesiástica el conocido como la Guerra de los Cristeros, salvo ése, la vida política y social de nuestro país en torno a este tema ha sido tranquila, no ha habido nada que cree problemas graves en la vida nacional vinculado al derecho de los mexicanos a practicar los actos de su culto, a su libertad de creencias y a todas las actividades relacionadas con ella.
Y ha probado su eficacia esta Constitución de 1917 a pesar de las constantes y flagrantes violaciones que sobre el tema se ha hecho. Un aspecto más, que nosotros consideramos de gran trascendencia en este debate es el que se refiere a la personalidad jurídica de las iglesias y había que reflexionar por qué el Constituyente de Querétaro dio este paso de importancia.
Todos nosotros sabemos que el principio de separación entre la iglesia y el Estado o entre el Estado y las iglesias es un precepto juarista, que tuvo su razón de ser porque en ese momento se trataba de restituirle al clero una serie de poderes que no eran de su competencia, que competían a la autoridad civil y que por tanto había que delimitar los campos de cada uno de ellos, pero la experiencia histórica de esa época a la Constitución de 1917 demostró que esto había sido insuficiente, que el solo hecho de manifestar la separación entre la iglesia y el Estado no había impedido que la jerarquía eclesiástica
siguiera acumulando bienes, se entrometieron en la política nacional, para continuar influyendo a través de la educación; por eso el Constituyente de Querétaro, considerando que era insuficiente este principio, establecido que a partir de ese momento era el desconocimiento jurídico de la personalidad jurídica a las asociaciones denominadas iglesias, el principio fundamental a través del cual se regirían las relaciones entre el Estado y las iglesias en México.
Nuestras normas constitucionales también contienen esta garantía a la que hacíamos referencia al inicio de la intervención, de la libertad de cada uno de los mexicanos a creer o no creer; contiene también la restricción a los ministros del culto para tener voto activo y pasivo, es decir, para votar y ser votados, porque todo ello está vinculado también a los fueros y privilegios que han tenido a lo largo de nuestra historia.
El otro principio contenido en nuestra legislación constitucional, es la prohibición para que tenga o administren o posean bienes raíces y, claro, un aspecto también de carácter esencial, la no participación o la prohibición expresa para que los curas o los ministros de cualquier culto, participen en la educación primaria, secundaria, para obreros, campesinos y la normal.
Y una más que contiene también la Constitución, que es la de practicar ceremonias de culto en los templos o en los domicilios particulares, pero nunca en los lugares públicos.
Valdría la pena preguntar: ¿Ha respetado la jerarquía eclesiástica estos preceptos fundamentales de la Constitución de nuestro país? ¿Los ha cumplido alguna vez? El hecho es que aún con la prohibición expresa de la ley, existen en México infinidad de escuelas particulares donde se imparte educación religiosa en educación elemental secundaria.
El hecho es que a pesar de la prohibición expresa, funcionan en nuestro país conventos, que prohibe el artículo 5o; la verdad es que se ha violado el párrafo segundo del artículo 24 constitucional y se realizan actos vinculados al culto religioso en lugares prohibidos por la ley; la verdad es que a pasar de la prohibición establecida en los párrafos segundo y tercero, en los incisos 2o. y 3o. del artículo 27, la iglesia sigue acumulando bienes y los sacerdotes siguen acumulando bienes, no solamente a través de prestanombres, sino incluso a nombre propio. Valdría la pena revisar algunos registros públicos de la propiedad de algunas entidades, para ver la lista de propiedades inmuebles que tienen diversos dignatorios de la iglesia católica en nuestro país.
Y las restricciones que les impone al 130. Participan de manera activa y permanente en la vida política nacional. No hay proceso electoral de importancia en el país donde no la jerarquía eclesiástica presente un documento donde se entromete en la vida política nacional, donde califique a los diversos partidos políticos e invite a votar por aquellos partidos que luchan por el bien común, en clara alusión a los partidos Acción Nacional y Demócrata Mexicano. Esto ha sido permanente en la historia reciente de nuestro país.
Y hoy se nos presenta la iniciativa y el dictamen. Se nos dice: "es una iniciativa del Partido Revolucionario Institucional". algún indiscreto jerarca de la iglesia dijo: "no, es una iniciativa del Presidente de la República". Y nosotros decimos: no, esta es una iniciativa de la jerarquía eclesiástica.
Aquí tengo en mis manos un documento dirigido al licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que le envía la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde le sugieren proposiciones o enmiendas a la Constitución de 1917. Tiene una argumentación más o menos extensa sobre cuestiones fundamentales y propuestas de reformas, algunas en la iniciativa parecidas, otras casi podría decir textuales. Este es el documento que orientó la iniciativa que presenta la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y fue entregado al Presidente de la República el 5 de junio de 1989 y firman ocho arzobispos y obispos de nuestro país.
Compañeras y compañeros diputados: considero que todas estas preocupaciones y posturas políticas del Partido Popular Socialista, que he señalado de manera muy general, son más que suficientes para que nosotros pudiéramos tomar la decisión de suspender el proceso de discusión de este dictamen y que vayamos a un amplio debate, que analicemos todos y cada uno de estos planteamientos y de otros que podríamos tener o que podrían tener otros grupos políticos; que valoremos objetivamente, con el conocimiento de nuestra historia y de nuestra realidad, si esta iniciativa que hoy se nos presenta, va a contribuir a hacer avanzar a nuestro país o, por el contrario, será un elemento más de retroceso, enmarcado en esta política global del gobierno, que está marcada por el carácter antipopular y antinacional.
Creo que a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de casi 200 años de distancia entre la lucha del pueblo mexicano por su independencia política
de España y la que hoy las fuerzas democráticas y patrióticas debemos dar por nuestra independencia económica y política, siguen siendo válidas las palabras del padre de la Patria, cuando caracterizaba a todos aquellos que utilizaban la religión para tratar de atraer al pueblo en contra de sus intereses. Decía el padre de la Patria:
"Abrid los ojos americanos, no os dejeis seducir de nuestros enemigos; ellos no son católicos sino por política, su dios es el dinero y las combinaciones solo tienen por objeto la opresión".
Esas palabras expresadas hace casi 200 años, siguen siendo válidas en este momento en que tenemos la responsabilidad tan importante de evitar que se modifiquen estos preceptos de la Constitución que son producto de nuestra historia. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra para hablar en contra de la moción suspensiva el diputado Rodolfo Echeverría Ruiz.
El diputado Rodolfo Echeverría Ruiz: - Señor Presidente de nuestra Cámara; señores diputados:
He solicitado el uso de la palabra para manifestarme en contra de la moción suspensiva presentada por el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista. La discusión hoy, es pertinente y oportuna por muchas razones.
Se trata en primer término, de un tema que subyace y late de modo permanente en la conciencia nacional, en la discusión pública de los partidos políticos, de las asociaciones, de la academia, de las universidades, en los foros jurídicos, en los planteamientos filosóficos de las cátedras especializadas en nuestras máximas casas de estudios en cada una de las entidades de la Federación.
Se ha debatido con largueza el tema en el interior de los partidos políticos también. Recordamos todos que en octubre de 1989 el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa en derredor de estos temas trascendentales y que en 1990 también lo hizo el Partido de la Revolución Democrática. En 1989 y en 1990, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática en momentos preelectorales presentaron estas iniciativas que hoy el Partido Revolucionario Institucional, en momentos postelectorales y para no teñir la discusión de emocionalidad o intenciones políticas electorales, la ha presentado en este momento que requiere frialdad en el análisis y prudencia en la elaboración.
La reforma del artículo 130 de nuestra Constitución y la de algunos otros artículos conexos, toca uno de los tema neurálgicos de la historia mexicana y con ello aborda uno de los asuntos de primera magnitud social, política y cultural de Occidente.
Tal acierto responde a un motivo de todos conocido: las relaciones entre los estados nacionales y las iglesias de diversas denominaciones no siempre han sido armoniosas o pacíficas y a veces se han visto acompañadas por tal intolerancia y obsecación, que el conflicto armado y el derramamiento de sangre han sido inevitables. El vistazo más somero a la historia nacional, sobre todo a los 120 años transcurridos desde el principio de las luchas de independencia, hasta la tercera década de este siglo, lejos de refutar la generalización anterior, la confirma dolorosamente.
Desde su origen las relaciones entre el naciente Estado mexicano y la iglesia católica en este caso, religión única y obligatoria en nuestro país en aquellos tiempos, extra eglesiam nula salus, confluyeron de modo reiterado en disputa, rechazo y conflicto. No podía haber sido de otra manera. Si las notas definitorias del estado moderno son la independencia y la soberanía, obviamente debía luchar primero contra todos los organismos que le disputaban o negaban su independencia y después contra todos los que se opusieran al ejercicio de la supremacía con digna, de su calidad de soberano.
Las historias nacionales de muchos países y entre ellos destacan los latinos, registran los incidentes de una lucha que con variantes mayores o menores resulta en todos semejantes y recuerda el penoso esfuerzo que le llevó al Estado laico romper los grilletes del confesionalismo para nacer y crecer hasta madurar en lo que es hoy y ahora.
El proceso, hay que decirlo, fue dramático y abrasivo: Lograr la separación entre el Estado y las iglesias, la libertad de conciencia, la tolerancia de cultos y finalmente el predominio del Estado, obligó a veces a la decisión imperativa, a la separación tajante, al desconocimiento de la existencia jurídica de las otras partes del conflicto, a la promulgación de severas restricciones públicas y privadas, a la imposición de límites que fueron en su tiempo tan razonables como necesarios. Sólo que en todo esto estamos hablando de historia.
Hoy, a medio siglo y más de distancia, la independencia y soberanía del Estado, es importante
subrayarlo, la independencia y la soberanía del Estado privan indiscutidas e indiscutibles. Ya no están en duda ni en conflicto los principios constitutivos del estado moderno su carácter democrático, republicano, representativo, laico.
Los mexicanos de hoy, los que trabajamos y vivimos a fines de este milenio, constituimos un estado de sólida madurez, distinto en esto al que tan heroicamente consiguió nacer en tiempos de La Reforma y al que en lucha radical contra la injusticia, se lanzó a la Revolución en búsqueda de su mayoría de edad.
El empeño ciudadano logró sus fines; el Estado creado por la eclosión revolucionaria, el que ha crecido y madurado durante 70 años de paz internas, es en todo más firme, más justo, más democrático, por supuesto, que el Estado envilecido por la dictadura existente a principios de 1910 y también si lo comparamos con el Estado turbulento de 1917, al que no llegaban todavía, como merced a él llegaron a nosotros los frutos de la paz.
No lo olvidemos, señores diputados, las instituciones democráticas de la República han nacido de los episodios más violentos y ensangrentados de nuestra historia. México ha pagado y la ha pagado con largueza, su cuota de sangre.
El sólido carácter de las decisiones políticas fundamentales constitutivas del Estado, aunadas a la madurez resultante de siete décadas de difícil crecimiento, incitan a demoler anacronismos, a ensanchar convergencias, a buscar colindancias y a ensanchar nuevas fórmulas para multiplicar la convivencia y la concordia mexicanas.
El conjunto de estos esfuerzos suele concentrarse hoy en una palabra clave: Es la palabra modernidad. La noción comprende entre otras muchas, la necesidad de enfrentar el futuro, desembarazados del lastre de los problemas que ya hemos conseguido superar; uno de ellos es el que nos convoca hoy a este debate. Su relevancia histórica y ¿por qué no señalarlo?, su alto contenido emocional, hacen prudente precisar con toda claridad, qué propósitos deben animar este debate y por qué debemos enfrentarlo hoy con ánimo reconciliador, sin olvidar el pasado ¿cómo podríamos olvidarlo?, pero armados de una objetividad exenta de maniqueísmos y de rencor.
Estamos aquí para revisar y modificar la forma, no el fondo, de las relaciones entre el Estado mexicano y las iglesias, el punto de tenerse presente porque la importancia histórica e ideológica del tema, su relevancia política y sociológica, no deben llevarnos a dramatizar este debate y otorgarle mayor importancia de que tiene en verdad. Lo que se quiere reitero, es dar un paso más hacia la madurez y hacia la modernidad del Estado, pero con ello no se pretende en manera alguna, alterar, modificar o restringir las decisiones políticas fundamentales establecidas en nuestra Constitución, en materia religiosa.
Lo que deseamos es adecuar a la realidad y a las necesidades de nuestro tiempo, ciertas formas de relación entre el Estado y las iglesias explicables en otra hora, pero que ya no corresponden a la prácticas sociales ni a los imperativos del proceso que está cambiando a México.
Las modificaciones insisto, señoras y señores, son de forma no de fondo; la reforma propuesta además, responde a principios políticos, a preocupaciones jurídicas, a inquietudes de la nueva sociedad. No nos mueven ni podrían movernos, principios de naturaleza religiosa; la tarea legislativa es republicana por esencia y por definición. El propósito fundamental, quizá debiera decir: el único propósito de nuestras tareas, es el afán de tener una Constitución que a su plena vigencia añada la eficacia del realismo.
Promovemos esta reforma para que nuestra Carta Magna refleje veraz y acertadamente la voluntad actual de la nación, la efectuamos para contar con una ley fundamental aplicable, eficaz, exigible. No sólo queremos leyes buenas y justas, queremos leyes buenas y justas que se obedezcan y se cumplan.
No sé, no sé y además no me concierne si los cambios que aprobemos beneficiarán o no a las iglesias. Mi única preocupación es que sirvan al Estado soberano, contribuyan a su modernización y acreciente su salud política. Se trata en suma, de fortalecer al Estado.
Adviértase en qué condiciones nos proponemos estos cambios.
No hay, y el hecho es palmario y evidente, conflicto alguno entre el Estado y las iglesias. No hay crisis de ninguna naturaleza entre el gobierno y las agrupaciones religiosas; no hay problemas con la libertad de conciencia ni con la tolerancia en materia religiosa.
La reforma constitucional sujeta a examen, en consecuencia, no nace de la necesidad de resolver un problema, ni menos todavía un problema que sea candente o doloroso, se lo propone, esto sí, para deshacernos y desasirnos de algunas reglas que nos legó la tradición, incompatibles ya con el concepto moderno del estado a observancia ha venido abandonándose por
innecesaria y que es inútil seguir conservando en el texto constitucional.
No hay, repito compañeros, conflicto alguno entre el estado y las iglesias, de aquí quizá que podamos intentar esta tarea; y no lo hay tampoco con las decisiones políticas fundamentales, con la estructura jurídica, con los principios centrales que determinan como han de ser las relaciones entre el moderno estado mexicano y las diversas y numerosas agrupaciones religiosas actuantes en nuestra vida social.
La reforma constitucional a debate, reafirma el carácter laico del Estado; la separación entre el Estado y las iglesias, es y seguirá siendo radical, socialmente de raíz la preminencia soberana del Estado y papel rector crecen de manera paralela a la democratización creciente del país. La reforma constitucional a debate reafirma el respeto irrestricto a todas las creencias religiosas, incluyendo también, por supuesto, el derecho a no tener ninguna. La tolerancia en la materia, es elemento central de la definición democrática del Estado, ya que no sólo en lo que toca a la ideología política, sino también en lo que se refiere a la religiosa, integramos, sin duda, una sociedad plural.
La reforma constitucional a debate, reafirma la no participación de las iglesias, sean del culto que fueren, en nuestra vida política. La prohibición afecta a las iglesias en tanto que grupos organizados, así como a los ministros de los cultos que actúen como sus representantes, y se sustenta en unos de los principios afirmados por el constituyente.
El 26 de enero de 1917, al presentarse el dictamen del artículo 129, hoy el 130, se sostuvo el sabio principio de evitar, dice el dictamen, que pudiera hacer que del poder moral de una creencia, el apoyo de una tendencia política y de ahí que la prohibición que comentamos limite la injerencia institucional de las iglesias.
No sucede ya otro tanto con las personas. La reforma otorga libertad a los religiosos para que individualmente manifiesten sus preferencias políticas, como lo hacen todos los ciudadanos, con su voto.
Queremos que todos los mexicanos sin excepción, participen de nuestra vida democrática. Lo que estamos resueltos a evitar, es que pretenda hacerse política con la religión.
Al igual que ocurre con otras profesiones, como los militares, por ejemplo, en servicio activo y en el caso de algunos elevados funcionarios públicos, para que puedan concurrir como candidatos a un cargo de elección popular, se exige de los clérigos y ministros de los cultos, que previamente se separen de sus asociaciones respectivas.
No hay en esto limitación alguna a los derechos humanos, eso hay que subrayarlo, sólo pretende fijarse una fundamentación para su cabal ejercicio, que por lo demás está reconocida por todas las agrupaciones eclesiásticas.
El novísimo derecho canónica surgido del II Concilio Vaticano, para dar un ejemplo, refrenda en sus cánones 285 y 287, una limitación canónica en vigor desde 1929, año clave en la historia mexicana; prohibe a los clérigos y a los religiosos aceptar cargos públicos que lleven consigo una participación en la protestad civil y tener intervención activa, dice el canon, en los partidos políticos y en la dirección de las asociaciones sindicales.
El motivo de esta distinción tiene orígenes históricos y filosóficos de gran hondura, mas puede intentar expresársela de un modo apretado, si ustedes me lo permiten, con una sola frase: "La política es una actividad laica".
El proceso de secularización cultural que se inició en el occidente con el renacimiento, reivindicó el primado de la razón sobre el misterio y rechazó la verdad revelada, absoluta y autoritaria; al afirmar al autonomía de la moral e insistir en la búsqueda de verdades relativas; conseguidas paso a paso gracias al método científico y al examen crítico, sustituyó a la divinidad, fuese la que fuere, como fundamento de la autoridad y rechazó el derecho de la sangre que justificaba hasta entonces la existencia de la monarquía.
Al lograr que el poder entrara y encontrara apoyo en la voluntad popular y solo en ella, el laicismo consiguió que la legitimidad de todo gobierno descanse en la unidad entre él y su pueblo, el Estado por ello o es laico o no es Estado; el Estado por ello o es democrático o no es Estado; la democracia, señores, o es laica o no es democracia.
Participar activamente en la vida del Estado democrático - moderno, vale decir, hacer política, es en consecuencia, por definición y por naturaleza, una actividad laica, independiente y ajena a las preocupaciones y a los afanes religiosos, que aun siendo del todo respetables, son religiosos y no políticos.
El laicismo, no desvirtuemos la palabra, no supone antirreligiosidad sino la existencia de un Estado no confesional, garantizador de la
libertad de cultos. Así lo han reconocido los directores de casi todas las jerarquías espirituales.
Toléreseme la cita aprobatoria:
"Todo arte, toda ciencia, toda profesión, gozan de una competencia propia que los separa de la esfera religiosa y les confiere cierto laicismo, que el cristiano es el primero en respetar, para no confundir lo sacro con lo profano".
Las palabras son de Paulo VI, publicadas en Observatore Romano del 19 de agosto de 1965.
Y lo mismo acontece con la ley judía, el libro de los Principios de los Patriarcas, compendio elaborado entre el Siglo I y el Siglo XV, también conocido como Tratado de Pirque Abot, el Rabil Janina, enseña, y lo cito a la letra:
"Que el individuo debe pedir por la paz y por el buen éxito del Estado y de sus leyes, ya que si no fuera por ellos se desintegraría la comunidad." Y el Talmud, el libro que contiene las disquisiciones fundamentales sobre la aplicación de la ley judía, señala a su vez que: "En todos los casos y lo dijeron desde el exilio babilónico, la ley del país es la ley que rige".
Otorgar personalidad jurídica a las iglesias es algo más que un acto de imprescindible realismo. El propósito evidente es aceptar que existe lo que existe, mas hacerlo es necesario a la vez para inscribir a las iglesias en un régimen jurídico moderno y adecuado, capaz de precisar con transparencia el límite de sus bienes terrenales y de obligarlas a participar por la vía de los impuestos, de los programas solidarios que caracterizan hoy a nuestra lucha en contra de las desigualdades.
La igualdad de derechos trae consigo igualdad en las obligaciones. El principio se encuentra desde los orígenes mismos del cristianismo no se opone al carácter laico y republicano de este recinto legislativo, recordar las palabras con las que San Pablo estableció la sumisión de todos a las autoridades civiles. En su epístola a los romanos se lee: "Todos habeis de estar sometidos a las autoridades superiores. Quien resiste a la autoridad, resiste, dice Pablo, a la disposición de Dios y los que la resisten atraen sobre sí la condenación. Porque los magistrados no son de temer para los que obran bien, sino para los que obran mal. Queréis vivir sin temor a la autoridad, haz el bien y tendrás su aprobación, pero si haces el mal teme que no en vano lleva la espada. Es preciso someterse no solo por temor al castigo, sino por conciencia. ¡Pagad, dice Pablo, todo lo que debais: A quien tributo, tributo; a quien aduana, aduana; a quien temor, temor; a quien honor, honor!".
La reforma propuesta no cambia tampoco la decisión política fundamental de celebrar los actos del culto casi exclusivamente en el interior de los templos respectivos. No alteramos en este el rumbo de nuestra historia; todo lo contrario, estamos reafirmándolo, ya que tal era el sentido original de las disposiciones promulgadas por uno de nuestros grandes reformadores: Benito Juárez, a quien Neruda llamó presidente vitalicio de México.
Esperamos que los dirigentes de las diversas iglesias actuales en nuestro país respondan con madurez semejante a la que demuestra hoy el estado mexicano y declaren, de modo público y abierto, con resolución y sin ambages que aceptan en todos sus términos el nuevo texto constitucional. La armonía y la paz social necesarias para el futuro del país así lo exigen.
Seamos todos responsables, cumplan los sacerdotes, todos, con sus votos religiosos, cumplan los ciudadanos, todos, con el respeto a la libertad de conciencia y con la tolerancia en materia de cultos. ¡Convenzámonos, todos, de que en buena medida y en más de un sentido, la paz mexicana pende y depende del respeto que tengamos hacia los veredictos de la historia nacional!
Espero, compañeras y compañeros diputados, haber demostrado el punto que me llevó a intervenir hoy. Esta reforma pone al día nuestra Constitución, la armoniza con las circunstancias del tiempo en que vivimos y reafirma las decisiones políticas fundamentales en que descansa nuestra vida en común.
Al pedirles que examinen la reforma y la aprueben en los términos en que ha sido concebida y que la debatan con libertad y con larqueza, me atrevo a concluir hoy, aquí, reiterando las palabras pronunciadas por Francisco Zarco, liberal entre los liberales, el 5 de agosto de 1856, al defender en el Constituyente la tolerancia en materia religiosa. Dijo Zarco y con él concluyó:
"Yo creo que el pueblo mexicano, que me honró encargándome que lo representara en esta asamblea, es ilustrado, tolerante y generoso y está preparado para la reforma que proclama la democracia".
Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Juan Jacinto Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El diputado Echeverría ha planteado varias cuestiones con las que no puedo estar de acuerdo. Ha afirmado que aquí se van a discutir cuestiones de forma y no de fondo, se olvida que las cuestiones de forma llegan a afectar necesariamente las cuestiones de fondo.
Quiero empezar por señalar un hecho, que toca cuestiones fundamentales de la nación: el problema de otorgar a los ministros de los cultos derecho de impartir la educación a todos sus niveles, sobre todo en las áreas que están todavía prohibidas por la Constitución vigente, no es una cuestión de forma, es una vieja aspiración del clero político, el de tener injerencia en la formación de la conciencia de las nuevas generaciones de mexicanos. Esta vieja aspiración de volver a orientar la manera de pensar de los mexicanos, no es una cuestión de forma es una cuestión fundamental para la construcción del México que queremos todos.
Por eso reclamamos mayor sensatez, más tiempo para discutir los problemas que van a afectar el futuro inmediato de la Nación, que van a cambiar su orientación revolucionaria. Pero todavía más: Se afirma que el desarrollo de nuestra historia ha estado permeado por la violencia, por la confrontación, incluso por la vía de las armas. Cierto, pero se quiere ocultar que no ha sido el pueblo el que ha impuesto la violencia. El que no ha sido el pueblo el que ha acudido a las armas para reclamar su derecho. Han sido las fuerzas opresoras. Han sido las fuerzas reaccionarias. Han sido las fuerzas de derecha y fundamentalmente el clero, las que en defensa de sus privilegios, de sus fueros, han impuesto al pueblo la necesidad de resolver por la vía de la violencia los conflictos. Esto no debe olvidarse.
Se señala aquí que vivimos una etapa de paz. Cierto. Relativo. Pero esto ha sido producto de la fuerza que el pueblo le dio a sus instituciones, surgidas de la Revolución de 1910 y 1917.
La iglesia, el clero, en todo este largo proceso han impuesto, han querido imponer, y lo han logrado en ciertas etapas, la confrontación armada para llegar a una solución.
¿Por qué abrir de nuevo las posibilidades de conflictos por la vía armada o conflictos violentos para resolver nuestros problemas? ¿Para qué poner al pueblo en la situación de volver a reclamar en un futuro, no lejano, con violencia sus derechos? Porque ahora se habla de realismo, que hay que adecuar las leyes a lo que sucede en la realidad.
Si nos condujeramos por esta manera de pensar, por este análisis, llegaríamos al absurdo de que, como en la realidad acontecen los asaltos, los robos, las violaciones, entonces adecuemos la Legislación para legalizar estas infracciones, esos delitos.
Señores diputados: se quiere ocultar cuál es la verdadera aspiración del clero político, se quiere tender una cortina de humo, para que el pueblo no observe que lo que se está decidiendo ahora es nuevamente un problema fundamental, la disputa de la dirección del Estado mexicano.
No es cierto que el clero se vaya a conformar con las concesiones que ahora se le hacen. Bien deberían recordar las declaraciones de hace tres días, de la jerarquía eclesiástica, señala, ya con cinismo, pensando en que no se van a detener estas reformas, de que se coordinará con el Estado, con el gobierno, para buscar el bien común.
¿Dónde está esa promesa de que se ha venido a hablar aquí del clero, de supeditarse a las leyes?
No se va a supeditar nunca a nuestra Legislación, porque a lo que aspiran es a dirigir la conciencia de las nuevas generaciones, a formarla y a dirigir la orientación, el desarrollo, político, administrativo, económico de la nación.
Por eso, son cuestiones fundamentales y el Partido Popular Socialista vuelve a insistir, señoras y señores diputados, son problemas de fondo que cambian el sentido de nuestra historia y es necesario disponer de mayor tiempo para una discusión a fondo. Nada nos presiona para que sea hoy, tardémonos unos días más, unos meses más, para llegar a una solución real y tomando en cuenta la opinión del pueblo, que ya se ha empezado a dar, algunos periódicos han dado cuenta de la opinión del pueblo. ¡No despreciemos estas opiniones, no cambiemos el sentido de la historia, no vayamos a crear situaciones que nos conduzcan a nuevos enfrentamientos, cuyas consecuencias son imprevisibles! Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Zorilla, por cinco minutos.
El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas; - Con su permiso, señor Presidente señoras diputadas y diputados:
Después de la brillante exposición doctrinaria, jurídica y de derechos positivo que ha hecho en esta tribuna mi compañero de partido, Echeverría Ruiz, quisiera yo referirme únicamente a la historia y a las cuestiones jurídicas de este tema en nuestro país.
Creo que en este tema, para no perdernos, para no extraviarnos, debemos tener presente a Juárez, pero es tan extraordinaria nuestra historia que en este momento se me ocurre y me vienen dos aparentes confrontaciones; de un gran reformador como Benito Juárez y de un apasionado revolucionario como Mújica. Tal parece que los dos se confrontan en nuestra historia, Juárez estableciendo que la laicidad garantiza precisamente la libertad de conciencia, la libertad de creencia; Mújica diciendo que la laicidad debe definirse a una cuestión y oponerse a la enseñanza religiosa.
Aparentemente son dos contradicciones, cada hombre tuvo su tiempo, curiosamente los dos de la misma formación intelectual, los dos habían hecho estudios teológicos, Juárez y Mújica; Juárez con su catolicidad que nunca la negó, pero cuando fue necesario, cuando tuvo que definirse el estadista tuvo que establecer la diferencia específica entre lo que es el clero y lo que es la religiosidad y Juárez la entendía porque independientemente de sus estudios él traía una religiosidad innata, de esta religiosidad que en un momento más quiero hablar y Mújica traía tras de sí ya todos los debates de los liberales puros, todos los de aquel gobierno efímero de Farías, del programa del doctor Luis Mora, traía todo aquel debate de cuando se elevó a rango constitucional la libertad religiosa, pero sobre todo traía el rencor acumulado de las ofensas que el clero había hecho a la patria, no la religiosidad, no la catolicidad sino el clero político.
Por eso en este momento en necesario en esta tribuna republicana expresar algo que es muy importante que se sepa, yo creo que en México existen dos grandes religiones, yo creo que existe por su número, efectivamente existe la religión católica, pero existe una religión que yo le llamaría religión pagana; existe el paganismo y no en el sentido peyorativo que se le da a pagano, porque pagano viene de paganus y quiere decir el que guarda la tradición, el que conserva la costumbre porque pagus quiere decir aldehuela, pueblo chico y en este sentido nosotros tenemos que entender que junto a la religión católica existe también esta religión pagana que no tiene este sentido peyorativo y es una gran religión en México por el número de los creyentes en ella.
Y esto nos tiene que llevar necesariamente a esto que en este momento comprenderíamos, la necesidad de conservar, de cuidar, de propagar, de defender la unidad en la diversidad. México es un país plural, es un país pluriético, pero unido, en un Estado, muchas naciones en un Estado, en un país y esta necesidad de que lo entendamos y que lo consagremos, será la pauta para que la cultura, y para que el consentimiento de lo nuestro, sea la mejor defensa ante la necesidad de la modernidad, porque efectivamente, una reforma constitucional es adecuar las leyes a la realidad y eso es la modernidad, pero hoy que no hay una sola aldea sin escuela, hoy que la ciencia y la cultura se propaga y se cultiva, ya podría decir Francisco J. Mújica que México está totalmente preparado para defender su identidad, para defender su soberanía, para defender su libertad, precisamente consagrando en la Constitución todas las libertades que exigen los derechos del hombre.
Una Constitución, señores, tiene que apegarse a lo que La Salle hablaba de los factores reales del poder. Es un factor real de poder la expresión religiosa, la expresión colectiva del pueblo mexicano, es decir, la religión es una expresión de una creencia y cuando se reúnen un determinado número de individuos en forma colectiva, ésa es la expresión de esa religión y se unirán, y si después se registran como asociaciones religiosas, tendremos lo que denominamos iglesia.
Pero junto a estas dos grandes religiones, existen otras religiones en nuestro país, respetadas y respetables y también junto a estas otras religiones, existen también lo que en un determinado momento podríamos llamar sectas. Me parece injusto que algunos cataloguen genéricamente como sectas a las religiones que no son católicas.
Por eso, elevar a rango constitucional, reconocer la personalidad jurídica de las iglesias, no solamente está respondiendo a un criterio de libertad, sino está precisamente defendiendo también al Estado mexicano, porque al reglamentarse quién es la iglesia y quién tiene personalidad jurídica, el Estado podrá requerirlos y preguntarles y exigirles la realización de sus fines. Esto nos llevará a hacer una distinción racional, justa, entre lo que es religión y lo que es secta, entre lo que busca la expresión de una creencia y el que busca fines de espionaje o de otra naturaleza.
Esto era tan necesario para el Estado, era tan necesaria para la soberanía del país, que no hay mejor respuesta que una ley racionalmente debatida, a la luz pública, buscando su utilidad para la defensa de la patria.
Es un tema tan largo y el señor Presidente me ha señalado mi tiempo, pero quiero dejar únicamente sentado acá reiterándolo, que creo que así confluyen en la historia, Juárez, que se definió como estadista y como gobernador de Oaxaca, cuando quiso interponerse el poder político frente a él sin abandonar jamás su religiosidad y Mújica, el gran apasionado de la revolución, que hoy con un pueblo ya cultivado, entendería que la laicidad es precisamente la garantía de la libertad. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra para hechos el diputado Hernández Juárez y en seguida el diputado Téllez Rincón, por cinco minutos.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En esta tribuna se ha mencionado el nombre de don Benito Juárez. Entre otras cosas se ha dicho que Juárez nunca se apartó de su religiosidad que traía innata. Todos ustedes recuerdan compañeros diputados, cómo llegó Juárez a la ciudad de Oaxaca. Salió de su pueblo, de Guelatao, empujado por la pobreza, por la miseria, llegó a la ciudad de Oaxaca a buscar a su hermana para encontrar algún medio de subsistencia.
Llegó a las manos, en la casa de un hombre tal vez noble que lo indujo al seminario a estudiar para sacerdote. En esta institución es donde conoció todo lo que representa la iglesia en la historia de México y en su vida interna y apreció la incongruencia de lo que se predica, de lo que se enseña con lo que se hacía por los sacerdotes, por el clero político, donde se enseñaba respetar a los hombres, respetar la humanidad, donde se enseñaba el amor al prójimo, pero que en la práctica muchos de sus miembros hacían todo lo contrario.
Se dio cuenta Juárez que dentro de la iglesia había una gran corrupción; se dio cuenta que los sacerdotes, que los curas que salían de los seminarios, lejos de predicar el amor al próximo, lo explotaban, empezando con el diezmo empezando con el acaparamiento de las tierras rústicas y urbanas. Todo esto lo vio Juárez.
Juárez sí fue congruente con su origen compañeros.
Cuando fue gobernador del estado hizo un buen gobierno; desde Juárez hasta el presente no ha habido otro gobernador que luche por su pueblo, que luche por los indígenas, que luche por el rescate de las tierras que se apoderaron los ricos, los hacendados extranjeros y nacionales y el clero mismo.
Con las Leyes de Reforma, nuestros pueblos del estado de Hidalgo, nuestros pueblos de Morelos, nuestros héroes, rescatan sus tierras, por eso a Juárez se le rinde homenaje en todas partes, no sólo en México sino en todo el mundo. El fue congruente. A los primeros que él defendió como postulante, como abogado, fue precisamente a los indígenas para rescatar sus tierras comunales.
De ahí los caciques, los terratenientes, lo capturaron y lo llevaron a la cárcel y después, más tarde, lo llevaron a la cárcel de San Juan de Ulúa.
Todos sabemos la historia, compañeros.
Por eso Juárez, cuando fue Presidente, supo lo que tenía que hacer: separar la iglesia del Estado, que en aquel entonces era una medida importante, una medida que se hacía necesaria porque en todas partes estaba el clero, en lo económico, en lo político, en lo social, menos en lo espiritual.
Siempre la iglesia, en los casi 2 mil años de existencia, siempre ha sido un partido político, el más organizado del mundo y el más potente desde el punto de vista tal vez espiritual, pero sobre todo económico, económico.
Por eso, compañeros, nosotros estaremos en contra de esta reforma, que olvida toda la historia de México y trata de regresar los privilegios a los que ya fueron vencidos.
El Presidente: - Tiene la palabra, para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Se está discutiendo en este tema una moción suspensiva, una moción suspensiva en la que sería conveniente que estuviéramos de acuerdo, el por qué. Es necesario dejar que aflore esto en el pueblo, dejar que marche por sí sólo y saber qué forma de pensar se tiene sobre esto.
El día de ayer, al conocerse que se iba a tratar esto en la Cámara, tuvimos aquí mantas dentro de este recinto en apoyo a esta ley; hemos visto
como el clero político no entiende lo que queremos decir aquí. El clero político, en su comunicado al Presidente de la República, dice muy claramente que no puede estar la sujeción jurídica de la iglesia bajo del Estado. Nos está indicando que se quiere tener el poder suficiente para tener dos gobiernos dentro de este país.
No lo permitiremos. Yo no estoy dispuesto a permitir eso, compañeros diputados.
Que nosotros quedemos con un gobierno extranjero, donde vengan a imponernos leyes que para nosotros son retrógradas, que no las podemos aceptar.
El modernismo no quiere decir regresión, no podemos regresar los pasos que hemos andado, porque esto es lo que ha dado estabilidad a este país. Tenemos que entenderlo así muy claro.
Nunca se ha combatido en esta tribuna el derecho al creer, nunca se ha querido encadenar la conciencia de nadie y por eso la Constitución nos da el derecho de poder creer en lo que nosotros creamos y esto nos da el derecho para venirnos a oponer a estas reformas que, a mi me da la impresión, están hechas al vapor.
Deben de pensarse, antes de traer a la Cámara, el tipo de reformas que se vienen a traer aquí, porque esta reforma sobre todo, es una reforma mediocre, hay que decirlo con todas las palabras y una reforma mediocre, porque en esta iniciativa se dejan situaciones volando.
¿Cómo se les va a cobrar impuesto?, ¿y cómo los vamos a sujetar a que no tengan todos los derechos constitucionales?, ¿qué es esto? Una ley debe ser clara. Lo decía Morelos, precisa, justa, que brille como el sol. ¿Por qué?
Porque la debemos entender todos con facilidad y ésta nos deja a nosotros una serie de dudas. ¿Qué se va a hacer cuando adquieran estos derechos?
Y decirles que no los pueden obtener porque hay una limitante en la ley.
Estamos mal al hacer estas iniciativas que deberían de ser muy claras, muy precisa y muy concisas.
Yo quiero dejar aquí las palabras que dijo Cristo:
"Dar al César lo que es del César; dar a Dios lo que es Dios" y yo diría: "Dar al Estado laico, lo que es del estado laico y dar a la Iglesia lo que es de la Iglesia". Gracias.
El Presidente: Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Alvarez Garín, para hablar en pro de la moción.
El diputado Raúl Alvarez Garín: - Compañeros y compañeras:
Yo creo que existen razones para apoyar la moción suspensiva que ha presentado el Partido Popular Socialista.
La exposición de motivos de la iniciativa y la exposición de motivos del dictamen, que son prácticamente idénticos, creo que son insuficientes y parciales. Es insuficiente porque se habla de las iglesias pero prácticamente todas las reflexiones están en torno a la iglesia católica nada más.
Y hay nueva información de modificaciones en la estructura religiosa del país, de los cuales no se dice absolutamente nada en la iniciativa. Además, creo que también es parcial porque presenta las cuestiones de una manera sesgada y haciendo de lado otro tipo de fenómenos que todos conocemos y que son complicados y que están presente en esta materia. Por ejemplo, en la iniciativa se habla de la religiosidad del pueblo y se habla solamente de una manera positiva de la religiosidad, digamos en formas contemplativas, en formas espirituales no conflictivas, pero en cambio, no se dice una sola palabra de los fenómenos del fanatismo que han sido tan graves en la historia y que no están resueltos todavía y que se presentan hechos que hablan de que esta forma de práctica fanática continúa teniendo vigencia.
Yo les quiero recordar por ejemplo los hechos de Canoa, en 1968; las persecuciones a pueblos por diferencias religiosas y problemas o ataques a exposiciones artísticas recientemente. Esta forma de práctica de la religiosidad, tiene todavía manifestaciones graves en el país y no sehace nunca una sola mención a eso. La lógica de la iniciativa es: no está en peligro la supremacía del Estado, podemos modificar lo que se podía considerar excesos.
Y por otro lado presenta la cuestión religiosa de esta manera simplemente positiva. Yo creo que hay sin embargo, tres o cuatro cuestiones que ameriten que la iniciativa se regresara a comisiones y que hubiera más, primero información y después una serie de juicios respecto a estas cuestiones.
Por ejemplo, la pretensión de dar personalidad jurídica y acto seguido pasa a definir estas formas de asociación religiosa con registro, creo que tiene una cantidad de problemas de los cuales no se dice nada.
Si se da personalidad jurídica para resolver los problemas de propiedad, etcétera, puede ser que no haya problema.
En la segunda parte, en la cuestión de la disciplina interna de estas asociaciones religiosas,. se declara simplemente que el Estado no intervendrá pero qué sucede cuando en las propias asociaciones se dividen como en el caso frecuente de prácticas religiosas y cuando estamos ante la presencia de iglesias supranacionales, de los problemas de la iglesia católica se conoce bastante, pero de una cantidad de asociaciones religiosas que tienen su base en los Estados Unidos de América y que están actuando en territorio nacional, no se dice una sola palabra y también tiene una relación supranacional y también estarían sujetos a problemas internos ante los cuales el Estado simplemente declara su no decisión de no inmiscuirse en ello, pero hay problemas en la medida en que están reconocidas, tienen bienes, etcétera.
El otro problema es que hay cosas que no están contempladas para nada.
Por ejemplo, ya el diputado de Oaxaca, Zorilla, mencionó de paso la existencia de agrupaciones religiosas que están trabajando cercanas o quizá muy determinadas por organismos de inteligencia de otros países. Se ha dicho, se sabe, no solamente en México, sino en una cantidad de lugares, que estas misiones también han tenido propósitos de contrainsurgencia, antisubversivos, como se llamaban esas doctrinas genocidas a los pueblos, con reconocimiento de cómo son las estructuras de resistencia de los pueblos y ante esta situación, no hay una sola mención en la iniciativa, una sola previsión; absolutamente nada que aparezca.
Un problema adicional. La práctica de las iglesias en los Estados Unidos y eso se constata simplemente con un radio de onda corta, es la propaganda y el proselitismo por medios electrónicos. En Estados Unidos de América hay varias estaciones permanentemente dedicadas a emisiones bíblicas, de mensajes de predicadores, etcétera.
Se está abriendo la puerta a que la práctica religiosa en México tome esas formas, a que estemos invadidos de distintas agrupaciones que van a estar haciendo propaganda religiosa, que van a estar actuando de esta manera, ante las cuales no hay una sola restricción. Esto tendría que ver con problemas de educación y tendría que hacerse referencias en el artículo 3o., a estas prácticas, introducir restricciones y también a estos problemas de prácticas religiosas conflictivas, fanáticas, etcétera.
Hay una serie de temas que son de política, de política social, en los cuales hay actuación eficiente, inmediata de la iglesia, en estos momentos, de la iglesia católica y que está creando graves problemas a la sociedad mexicana y ante los cuales tampoco se dice una sola palabra. Me voy a referir solamente a dos: al aborto y al Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.
Y la campaña en contra del aborto, todos la hemos visto cómo ha estado relacionada con actividades de organizaciones religiosas y particularmente la del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. Ahí se muestra la inmensa influencia que en problemas de política social sigue teniendo la Iglesia. Solamente para mencionarles un dato, en estos momentos se empiezan a repartir folletos de la institución del Consejo Nacional de Lucha contra el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, de prevención, que se elaboraron en enero del año pasado y que han estado 18, 19, 20 meses sin distribuir por presiones de la Iglesia.
De manera que este tipo de cosas, deberían de ser examinadas con amplitud, con suficiente información, para que se tomara una decisión más tranquila, más razonada en este tema.
Evidentemente es un tema que tiene muchas aristas, que hay muchos rencores; creo que hay ramas enteras de la administración pública, Secretarías enteras que han orientado su práctica exactamente en una lucha, en un combate en contra de prácticas religiosas de fanatismo y que no se les ha escuchado, que empiezan apenas a escucharse; la iniciativa llegó aquí el día 10, siete días después se pretende resolverla.
Creo que ramas enteras de funcionarios están en contra y creo que también aquí hay muchas dudas suficientes, como para que la iniciativa regresara a comisiones.
Yo llamaría a votar a favor de la moción suspensiva.
El Presidente: - Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Ildelfonso Zorrilla Cuevas.
El diputado Idelfonso Zorrilla Cuevas: -Ustedes saben que la persona moral, es persona moral... algunos dicen que por ficción. Un ilustre maestro, José Diego Espinoza, decía que es persona moral por analogía de atribución, es decir, se le atribuyen las características que tiene la persona física; al tener estas características que tiene la persona física, tiene derechos y obligaciones.
Por esto, lo que decía el compañero diputado, es muy importante aclarar. Yo hice una
diferencia específica entre las religiones y las sectas, todas las religiones, la que yo llamo la religión pagana, como lo expliqué hace un momento, la religión católica y la religión evangelista y muchas otras religiones, que en la ley secundaria, que en la ley reglamentaria van a tener al constituirse en Iglesia, porque hay qué diferenciar entre creencia, yo creo que la religión es la expresión de una creencia y que reunidos esos creyentes constituyen lo que se denomina Iglesia; esas iglesias tendrán que llenar sus requisitos, explicar sus fines, para que podamos distinguir claramente entre lo que es una religión, entre lo que es una Iglesia y lo que es una secta con otros fines.
Es muy claro dejar establecido esto, porque esto ha presentado grandes dificultades en la historia del país. A veces yo pienso que lo sectario hemos sido los que hemos tratado de decirles peyorativamente sectas a algunas agrupaciones con sentido religioso.
Efectivamente, compañero diputado Algarín, debemos ser muy cuidadosos al reglamentar y al darle reconocimiento a una Iglesia determinada; esto es responsabilidad nuestra.
Pero yo les quiero decir también algo. Si quisiéramos posponer esta discusión para hacer un debate nacional, yo creo que no hay nada más debatido que este asunto, por eso citaba yo a los liberales puros, por eso citaba yo a Juárez, por eso antes a Valentín Gómez Farías y al doctor Mora, por eso después de la ley de 1859, por eso después el 1872, por eso a Mújica, porque es un tema que ha estado siempre en el centro del debate, ¿cuántos debates produjo aun en la Cámara de Senadores...
La Diputada Martha Patricia Ruiz Alchondo (desde su curul):-Señor diputado: ¿Me podría decir quién va a definir lo que es una religión y lo que es una secta?
El diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas: -Mire compañera, yo creo que la mejor manera de acabar una discusión, es siempre pidiendo la definición, pero usted es dama, además de ser diputada y por cortesía, voy a tratar de decírselo.
Yo creo que religión tenemos sin definirla, ¿de dónde viene religión? Dicen que viene de una palabra latina que quiere decir "reglilleres". ¿Qué quiere decir "reglilleres"? Es lo contrario de negligente. Quiere decir diligente; el que es constante en alguna creencia o en algún rito. ¡Dicen que eso es religioso!
Ahora, secta para religión, es una forma de expresarse respecto a algo. Usted puede tener religiosidad en algún sentimiento muy propio de usted, no necesariamente en relación a un ser superior sino en relación a un sentimiento muy propio de usted, que puede ser el trabajo, el trabajo legislativo, por ejemplo. Yo sé que usted es religiosa en el trabajo legislativo, porque la ven constante, creo que no falta a una sola sesión. en ese sentido.
Ahora, en la cuestión de secta... secta se ha delimitado como parte de algo, si vamos..., es parte de algo y que no tiene precisamente ese sentido de la expresión de una creencia en que se reúnen para ser iglesias, sino que pueden tener algunos otro fines. Recuerda usted aquella secta satánica que tanto salió en la Prensa, bueno, algo así podría ser.
Yo creo que en estas cuestiones de las religiones, su fin tendría que ser lícito. ¿Y cuál es la licitud?, pues su correlación con la libertad de conciencia, con la libertad de creencias y no que se busque un pretexto bajo un pretendido sentido religioso para buscar otros fines distintos. En esto se tiene que ser muy cuidadoso, las leyes secundarias las tenemos que ver mucho muy cuidadoso, y tenemos que analizar los fines, sin meternos, por supuesto, en esto que implica y atañe directamente a la libertad de conciencia. Gracias.
El diputado Carlos González Durán (desde su curul): -Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado González.
El diputado Carlos González Durán: - Honorable asamblea:
Me pareciera que hay que dejar constancia de que los Constituyentes de Querétaro, al privar a las iglesias de personalidad jurídica, no realizaron ninguna injusticia, sino que realizaron una sanción histórica que la conciencia justa del pueblo mexicano requería para afirmar la soberanía del Estado y las causas libertarias de México.
En la antigua Roma y en la antigua Grecia, el esclavo carecía de personalidad jurídica y el amo tenía personalidad jurídica. ¡Eso sí es una injusticia!
Hay individuos que son personas en el derecho y hay colectividades que son personas o que no son personas en el derecho.
De lo que se trató en el Constituyente de Querétaro fue de establecer tajantemente esta alternativa. Lo política es asunto de los ciudadanos, no es asunto de los poderes absolutos.
Si como oposición no podemos con el partido del Presidente, yo pregunto a la oposición, ¿qué vamos a hacer contra el partido de Dios?
Hay, por lo menos, cuatro confusiones graves en el proyecto. Sabemos que el clero detentó y acaparó riquezas y que las usó en contra de los intereses nacionales.
Entonces decimos que va a tener capacidad para adquirir bienes y de una manera vergonzante, en un artículo que es transitorio, se dice que la nación seguirá siendo la propietaria de los templos, pero en un precepto transitorio. Cuando que esa razón jurídica y de Estado es permanente y que hay que permitir, si acaso, bienes de oficinas o servicios; no de templos. ¡Todo lo que sea templo, por razones históricas, debe seguir perteneciendo de manera permanente a la nación!
Segundo equívoco y aquí se manifestó. En materia de educación, por razones históricas, por que por 300 años se dio al pueblo una educación confesional, pero no se le dieron conocimientos ni conciencia cívica para reclamar sus derechos. Se privó a los ministros de los cultos de injerencia en la educación de obreros y campesinos, pero es el caso que ahora se abre la puerta y yo pregunto: si ha sido una constante de la educación nacional el que ésta sea nacional. La educación siempre es un asunto social, sea pública o sea privada. Lo que más importa en la educación es educar a los hijos de la patria. ¿Qué entonces al permitirse el ingreso de los ministros a la educación se va a establecer la libertad de la educación y vamos a renunciar a la educación de la libertad? Ahí hay otro problema.
Por último, en las actividades eclesiásticas se dice que la Iglesia como institución va a poder opinar en materia política; no practica política partidista y política de apoyo a la acción de los partidos, pero sí pronunciamientos de política social. Yo creo que esto es abandonar el laicismo.
El laicismo debe subsistir. La separación de la Iglesia y del Estado debe subsistir. Si por razones colectivas de justicia se estableció en la Constitución de 1917, lo que ahí se estableció. Eso no se estableció como discriminación, eso se estableció como justicia.
Y por último, ciertamente estos problemas son dignos de mayor estudio, de mayor meditación. Por lo que por ahora solo me limito a expresar mi apoyo y simpatía a la propuesta suspensiva que ha enarbolado el Partido Popular Socialista. Muchas gracias por escucharme.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Olivares Pedro, para hablar en contra de la moción.
El diputado Jaime Olivares Pedro: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Soy un empresario nacionalista y liberal, que ha recibido la honrosa distinción de representar a su pueblo en esta Legislatura y como la mayoría de los mexicanos, crecí en una familia de convicciones religiosas, lo que me ha brindado la oportunidad de conocer las dos caras de una moneda.
Como diputado mi compromiso es, en primer lugar, con mi país; en segundo, con quienes me eligieron y por último, con mi partido.
Estoy en esta tribuna para apoyar la reforma a la Constitución que estamos discutiendo, a iniciativa de mi partido, porque estoy convencido de que responde a los mejores intereses de mi patria, y particularmente de mi distrito.
Todo aquel que piensa, todo aquel que le tiene amor a la vida, está profundamente preocupado por Dios o por la ausencia de Dios, lo que en ciertos momentos viene a ser la misma cosa.
Basta visitar uno de nuestros maravillosos museos de antropología, para convencernos de que los pueblos indígenas en los que están nuestras raíces, tuvieron esta profunda preocupación; basta visitar nuestras comunidades rurales, para convencernos de que la religiosidad sigue siendo parte fundamental de la vida de millones de compatriotas, aun cuando en nuestro país muchas veces no es posible señalar dónde terminan las creencias y dónde empiezan las tradiciones.
México está viviendo momentos cruciales de su Historia, integrándose plenamente a la comunidad internacional con espíritu vigoroso, decidido a asumir su papel en el concierto de las naciones y es nuestra responsabilidad como legisladores mantener nuestras leyes acordes con la época.
Razones históricas que nadie discute, llevaron a quienes en el siglo pasado nos precedieron
en esta tarea, a legislar sobre la separación entre el Estado y las iglesias, la sabiduría de mantener esa separación ha quedado plenamente demostrado, por lo que las reformas propuestas parten de ese principio histórico.
La iniciativa que mi partido pone a consideración de esta honorable Legislatura, tiene la virtud del equilibrio y de la justicia, no abre las puertas a prácticas condenadas por la historia, pero sí reconoce la realidad actual y los derechos de todos los mexicanos, incluidos aquéllos que libremente han decidido resolver sus conflictos con la vida y la muerte en el quehacer religioso.
Los tiempos son de reconciliación, de apertura y de realismo; los tiempos son de reglas claras y de modernización. Debemos cambiar responsablemente aquellas normas constitucionales que ya han cumplido su cometido histórico y que hoy son un obstáculo para el desenvolvimiento de una sociedad libre, respetuosa y de derecho y mantener como están aquellas otras, que establecen los principios fundamentales de nuestra Carta Magna, entre los que se encuentran: la supremacía de Estado, la libertad de creencias y la separación del Estado y las iglesias.
Las reformas a la Constitución propuestas por mi partido, son profundamente respetuosos de los derechos del Estado y pretenden reconciliar nuestras leyes con nuestra realidad, implican una nueva concepción de la situación de las asociaciones religiosas, pero no alteran el carácter laico que debe tener el Estado.
"Al César lo que es del César" es una frase con 2 mil años de antigüedad que los mexicanos utilizamos coloquialmente y refleja una conciencia colectiva que no desea la participación de las religiones y las iglesias en la política, ni su enriquecimiento material, pero que implica la aceptación de que hay algo que no corresponde al César.
Como el filósofo francés, que defendió el derecho a expresarse de aquéllos con quienes disentía, yo defiendo el derecho de los mexicanos religiosos a ser tratados dignamente por la ley, como defiendo el mismo derecho en quienes no compartimos esa religiosidad. Todos los países que hoy consideramos desarrollados tuvieron en mayor o menor grado que enfrentar en su día el asunto de las relaciones entre el Estado y las iglesias; hoy toca el turno a México y de nosotros depende que se resuelva con dignidad.
Por los motivos expuestos, me opongo a nombre de mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional a que proceda la moción suspensiva. por lo tanto señor Presidente, queda muy claro por parte nuestra, que rechazamos la moción suspensiva, México es un país maduro y los mexicanos no le tenemos miedo a los fantasmas. Muchas gracias. (Aplausos.)
El presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor Presidente, con su permiso: compañeras y compañeros diputados:
Sólo quiero hacer algunas precisiones con relación a lo que el diputado que acaba de hacer uso de la palabra, señaló para establecer sus puntos de vista para rechazar la moción suspensiva. Yo creo que definitivamente hay mucha hipocresía, hay muchas actitudes no claras, no clarificadas en cuanto al apoyo que se está proporcionando a estas reformas al artículo 130 constitucional.
Dice el diputado que hizo uso de la palabra recién, que esta reforma responde a los intereses de nuestra patria. Es al contrario precisamente, es al contrario, se trata de reagrupar a las fuerzas más retardatarias y conservadoras no para precisamente darles un aspecto secundario desde el punto de vista del manejo de los bienes que en la parte administrativa la iglesia pudiese utilizar, no, lo esencial, lo virtual es que se trata precisamente de reagrupar a las fuerzas para apuntalar, para concretar la fuerza política y económica del grupo gobernante actual.
En ese propósito se inscriben estas reformas al 130 de la Constitución, eso es indudable y por más que vengan a decir aquí que es en favor de la patria, que es por cuestiones del amor a Dios, que es por amor a la vida o que es por la actitud religiosa de millones de compatriotas, no tiene sentido y no tiene razón de ser.
Señalaba el diputado que hizo uso de la palabra recién, que vivimos momentos cruciales y que México está accediendo a la comunidad internacional, al concierto de la naciones, que por lo tanto debemos establecer las leyes de acuerdo con nuestra época, que ésta es la época de la reconciliación, del realismo y de las reglas claras, esa es precisamente la táctica, la estrategia el propósito que tiene el grupo gobernante actual que despacha desde Palacio Nacional, hacer suyas las tesis más conservadoras, quitarle los filos a las tesis de la clase obrera, quitarle los filos a las tesis revolucionarias y poner
Precisamente de rodillas a nuestro país, frente a los embates económicos y políticos del exterior y en este juego o en estas reglas claras del juego, está precisamente el clero político. Esa es la cuestión.
Por eso el Partido Popular Socialista reitera que se lleve a cabo esta moción suspensiva que hemos solicitado. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez, para hablar en pro de la moción suspensiva.
El diputado Jorge Tovar Motañez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Debemos dejar muy claro que el partido Popular Socialista jamás se ha colocado en una situación antirreligiosa, anticreencias, contra la fe, jamás. Los que conocieron al maestro Lombardo Toledano saben muy bien que él nos heredó una clara definición y una clara actitud frente a las creencias del pueblo mexicano. El mismo se señaló como, en un momento dado, responsable de defender, hasta la vía más enérgica de las armas, el derecho del pueblo a creer.
No somos "comecuras". Nos interesa que se cumplan los principios de la Revolución Mexicana, que se camine para dejar atrás definitivamente los lastres históricos que crearon divisiones entre el pueblo mexicano, que estancaron el progreso del pueblo, que negaban nuestra independencia y nuestra soberanía nacionales. Eso es lo que nos preocupa y somos observadores serenos del fenómeno religioso en México y en el mundo, antes y hoy, porque no lo podemos soslayar, es una realidad, pero tenemos que ver qué está pasando hoy con las religiones, con las sectas, para encuadrarnos en un marco adecuado de los cambios que conviene y que no conviene hacer.
Nosotros pensamos que existe en el mundo un nuevo problema religioso, de nuevo carácter y sobre todo en los países que como México estamos luchando por nuestra cabal independencia y nuestro desarrollo independiente; es el fenómeno religioso agudizado por la crisis económica.
Cuando el mundo ha atravesado por crisis económicas fundamentalmente, los pueblos en particular, se ha agudizado el fenómeno religioso como una respuesta de la gente, buscando una respuesta a sus problemas y esto es una realidad hoy.
No nos extraña que haya surgido y que surjan muchas sectas, desprendimientos de religiones, deformaciones de religiones, ahora estamos presenciando el regreso a la demonología, absurdo promovido aún más por los medios de comunicación social masivos, el cine, la televisión, condenado hasta por la misma iglesia católica. Eso es una manifestación de la crisis que están viviendo nuestros pueblos.
Hemos contemplado con sorpresa profesionistas, universitarios, practicando cultos demonológicos. Esto es una prueba de la crisis que está viviendo nuestra sociedad. Entonces debemos tener mucho cuidado con el fenómeno religioso.
Pero también quisiéramos, de muy buena fe, ver que las religiones están resolviendo el problema de los pueblos y desafortunadamente vemos que no es, no la religión, sino la práctica y la misma administración de los cultos y en general de la práctica de las iglesias, no han sido, no son, no han sido por desgracia la solución a los problemas del mundo.
¿Qué está pasando en los pueblos en Europa, qué pasa en España, un pueblo profundamente religioso, qué pasa en Italia, qué pasa en Suecia, qué pasa en los Estados Unidos donde el Presidente jura sobre la Biblia y la vida religiosa domina la vida nacional en Estados Unidos? ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones en esos países?
Prostitución masculina, femenina en aumento, drogadicción. Esto nos preocupa y por eso queremos ver con mucho cuidado, estamos viendo con mucho ciudado, lo que están significando estas propuestas del partido oficial, a dónde nos quieren llevar.
En México, podemos afirmar que tampoco por desgracia nos festinamos de esto; la educación religiosa inculcada en ciertos sectores de nuestra sociedad, no han servido para que los jóvenes, hombres y mujeres, muchos de ellos tengan una vida proba, pública. Hemos visto como se han agudizado las actitudes de élites de soberbia, de desprecio o de menosprecio a otros grupos sociales aun por encima de la educación religiosa, por eso no aceptamos los planteamientos del partido oficial, no los aceptamos porque no vemos que sean contribuciones reales a los problemas del pueblo y de la nación.
Si se le quiere dar más fuerza a las llamadas iglesias, creemos que no está por ahí la solución a los problemas. La solución a los problemas está en la tranformación económica del país
en sentido soberano, en la mejor distribución de la riqueza, que es lo que verdaderamente modifica la vida, la existencia de la gente, la conciencia de la gente y en la aplicación justa, estricta de nuestro artículo 3o., constitucional en lo que tiene de profundo contenido filosófico, ético, social.
En una de las partes de la propuesta presentada por el fracción del Partido Revolucionario Institucional, se nos plantea la disyuntiva: darle, reconocerle personalidad jurídica a las iglesias, la separación de Iglesia y Estado frente al contenido constitucional e histórico de rechazar el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias y además de la supremacía del poder civil, del poder del Estado sobre las iglesias.
Esta es una disyuntiva que es una contradicción que nosotros no pedimos permitir caer en ella. Nosotros tenemos que avanzar definitivamente al establecimiento de la supremacía del Estado, del poder civil sobre cualquier otro tipo de expresiones sociales como parte de la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional lo reconoce, pero entra en contradicción la iniciativa, por una parte reconoce la supremacía del poder civil, y por otra parte reconoce la personalidad jurídica de las iglesias y esto es contradictorio, por eso debe revisar este texto. No podemos aceptalo así.
En otra parte se refiere al reconocimiento de la propiedad para las llamadas asociaciones religiosas, como ahora se les quiere llamar, pero esto es una consecuencia de lo anterior. Se le quiere reconocer personalidad jurídica para hacerlos objetos, sujetos del derecho de propiedad. Aquí tenemos que detenernos, compañeras y compañeros: negársele el derecho de propiedad tiene un fundamento, el mismo fundamento que explica por qué no se les otorga el derecho de poseer los templos o las riquezas o lo que hay dentro de los templos. Una razón muy importante: todo lo que la iglesia o las iglesias o las asociaciones religiosas tienen, templos, las parroquias, etcétera, otros edificios, son fruto de la cooperación voluntaria, de la aportación del pueblo. Ese es el fundamento. Por eso no podemos reconocerle propiedad de ningún tipo, son originalmente de la nación, porque son fruto de la aportación de nuestra gente, a través de siglos, que han venido creando un patrimonio que verdaderamente pertenece al pueblo, por lo tanto la nación y sus poderes deben seguir refrenando este derecho.
No. En concepto del Partido Popular Socialista no pueden pasar ningún tipo de bienes a manos, a propiedad de los grupos, de las asociaciones religiosas o de las sectas, como se les quiera llamar, se rompería con ese fundamento histórico de que ésas son propiedades que el pueblo ha ido creando con su aportación y con su esfuerzo.
Por cuanto a la libertad del culto externo. Nos debe preocupar mucho esto.
¿Qué pasa en estados como en Chiapas, donde hay sinnúmeros municipios, algunos divididos, en Oaxaca, por una calle y en donde proliferan tanto las sectas religiosas, los grupos religiosos, que hay enfrentamientos, ya no por los problemas sociales, los problemas de servicios, los problemas de otra naturaleza, sino de índole religiosa? Pero además, hay que reconocer honestamente que en los últimos tiempos las manifestaciones religiosas en México tiene un fondo político.
Aquí están los compañeros diputados de Nuevo León, de distintos partidos, que recuerden lo que sucedió el 21 de marzo en Monterrey. ¿No hicieron un alarde de fuerza los grupos religiosos no católicos? No voy a dar su definición, no sé exactamente de qué denominación sean, una manifestación de fuerza, ante la negativa de las autoridades civiles de permitirles el empleo de la plaza, de la macroplaza de Monterrey y esta gente, sin autorización de la autoridad, hicieron una demostración de fuerza. Pero qué debemos pensar: ¿qué va a suceder cuando se encuentren dos grupos de distinta tendencia, en estos momentos en que están agudizadas las pasiones religiosas?
Debemos tener sumo cuidado y por eso no podemos tampoco aceptar esta parte de la iniciativa.
En cuanto al voto religioso, la libertad para que la gente practique su voto religioso como les parezca. También aquí, compañeras y compañeros diputados, los que son abogados, por una cuestión elemental, ¿qué no acaso, cuando hay un delito donde hay sangre o un accidente, hay un culpable, que no se persigue de oficio para salvaguardar la integridad física de la persona, aunque ésta no lo pida, no lo solicite? Entonces, ¿qué no es el mismo caso de que una persona, vamos a decir, "voluntariamente" acepte su reclusión? Esto es romper con toda una tradición precisamente libertaria mexicana, que viene desde nuestras luchas por la independencia nacional, contra la esclavitud y contra muchas formas de opresión que todavía existen, porque existen todavía muchas formas de semiesclavismo en algunas regiones del país, de semiservidumbre.
¿Qué no es acaso correcto, justo, que busquemos la manera de proteger la libertad de muchas,
de muchas, sobre todo jovencitas, de medios humilde, indígenas muchas de ellas, con mucha ignorancia en ocasiones, que simplemente se recluyen por un voto religioso.
Debe mantenerse el mandato constitucional compañeras y compañeros.
Por cuanto a la educación muy brevemente. La educación laica, la educación como está hoy establecida en el artículo 3o., constitucional que establece normas generales para la educación de todos los mexicanos, ha sido el factor fundamental para ir conformando una unidad nacional, una conciencia nacional.
Midamos las consecuencias de empezar a crear o de insistir en crear conciencias que vean la vida nacional en forma diametralmente opuesta, como ahorita dijo el compañero Alvarez Garín, respecto a la vida social, respecto a la vida familiar, respecto a la concepción del mundo y la vida, en forma diferente.
Aquí yo quiero señalar que lo que buscan en el fondo las iglesias o la iglesia, al insistir en la libertad de educación, es que están en crisis, pero nos quieren pasar la factura de ese problema que no es nuestro. No tenemos la culpa de que no haya vocaciones religiosas suficientes; no tenemos la culpa de que no haya fructificado su enseñanza cabalmente, por que el problema no está ahí, hemos dicho, el problema está en la existencia de las personas. Si el mundo en que estamos viviendo es un mundo de derecho, de consumismo, de propaganda materialista vulgar, burda, ¿qué tipo de jóvenes, de conciencia, estamos formando? Tiene que ser ésa. Es ésa. Por lo tanto nosotros no aceptamos que se nos pase la factura de un problema que no es nuestro.
Si se quiere remediar o resolver un problema que es educación religiosa, este problema no existe. Se está impartiendo, no hay limitaciones en los hogares, en las mismas iglesias, todos conocemos a mucha gente amiga, parientes, vecinos, que mandan a sus hijos a las iglesias a educarse en la educación religiosa exclusivamente. No es un problema, no tenemos por qué modificar el artículo 3o., para tratar de resolver un problema que no es nuestro.
Finalmente, si me permiten un poco más de tiempo, un minuto más.
El Presidente: - Diputado, dispone usted todavía de 12 minutos. Adelante.
El diputado Jorge Tovar Montañez: - Por cuanto al voto a los sacerdotes y sus derechos políticos,
recordemos que hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, un miembro de Acción Nacional, de Puebla, no recuerdo el nombre, pero por ahí está en los medios de información, declaró tajantemente que ellos habían recibido asesoría directa de sacerdotes, para las campañas políticas, la campaña política en Puebla.
Ese y otros muchos hechos que ustedes conocen, nos debe hacer pensar si realmente los sacerdotes va a respetar la Constitución. Si es eso lo que buscan realmente, que se les permita votar. ¿Es eso realmente el problema?
Nosotros pensamos que no es éste el problema. La influencia política del clero es real y es muy poderosa, con consejeros de los grandes empresarios, son consejeros de muchas instituciones educativas, son consejeros de partidos políticos y ése es el verdadero poder político de la iglesia, son consejeros, coinciden cabalmente en los planteamientos respecto a los cambios al artículo 123 por ejemplo, para modelar, para moldear una conciencia obrera pasiva de no lucha de clases contra los mandatos constitucionales, contra los principios de la Constitución.
Eso es lo que tenemos que medir realmente, no el voto activo. No es ése el problema, sino cómo evitar que vuelva el poder eclesiástico, la fuerza, la política eclesiástica a constituir un poder por encima del poder civil, del poder del Estado en el que todos nosotros suponemos, estar de acuerdo.
Por todos esos motivos, compañeras y compañeros, este trabajo, esta iniciativa no puede someterse, seguirse discutiendo; lamentamos que las comisiones unidas no hayan sometido al análisis de los diputados este documento. Es una falta de respeto hasta a sus propios correligionarios, más a los diputados de los demás partidos, a las fracciones.
Por lo tanto, insisto en la propuesta de mi partido, de una moción suspensiva. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Nemi, Dib en contra de la moción y en seguida el diputado Hildebrando Gaytán.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Señor Presidente; compañeros diputados:
La postura adoptada ante la perspectiva de modificar el 130 constitucional, por el Partido Popular Socialista, es ciertamente una postura histórica, corresponde a su desarrollo como institución. Es también ciertamente, una postura legítima que representa los intereses de un
importante sector de la sociedad, el sector al que ellos pretenden representar electoralmente y al que le debemos respeto.
La postura del Partido Popular Socialista, hay que decirlo, es una postura coherente con sus principios. Sin embargo, vale la pena preguntarse si es una postura que podemos aplicar y apreciar en 1991 en este país.
En la tribuna, en este debate, ha sido ya en dos ocasiones que se ha citado a uno de los más grandes ideólogos de nuestra patria, a un preclaro mexicano al que respetamos por sus convicciones, por militancia y sobre todo porque todavía hoy, después de muchos años de muerto, sigue siendo referencia obligada para quienes hacemos política en este país: al maestro Vicente Lombardo Toledano.
Y es precisamente a él, el maestro Lombardo, a quien he de referirme porque vale la pena revisar sus tesis, porque vale la pena darnos cuenta que en todos los matices que podemos encontrar en una gran vertiente ideológica como la de él, es posible justificar de una manera plena y clara, el momento político que vive nuestro país.
En 1943, el maestro Lombardo Toledano dijo lo siguiente:
"De la misma manera que la Iglesia ha combatido siempre las revoluciones, de la misma manera que han dado como fruto el progreso de México, los católicos siempre han sido revolucionarios, siempre han sido defensores de sus intereses, de sus intereses como miembros del pueblo, de sus intereses como núcleo y como fuerza representativa de la nación.
Nunca ha habido discrepancias, nunca ha habido pugna inconciliable, jamás ha habido riña, combate o lucha entre la Revolución y la religión en nuestro país". Y dice Lombardo: "De la misma manera que ha habido perpetua lucha entre la Iglesia y el Estado, nunca ha habido lucha entre la Revolución y la religión.
¿Quiénes hicieron la Revolución de Independencia?, Se pregunta y responde: los mexicanos, los católicos mexicanos; en aquella época no había más mexicanos que los católicos. ¿Quiénes presidieron la Revolución de Independencia? ¿No fue un cura, Miguel Hidalgo y Costilla, el que la capitaneó? ¿Quién fue el que dio la voz definitiva, programa, rumbo, trascendencia histórica a la Revolución de Independencia? ¿No fue el otro cura, José María Morelos y Pavón ¿Y quiénes dirigieron e hicieron la Revolución de Reforma, la que separó al Estado y a la Iglesia, la que determinó que la Iglesia fuese una institución permitida por la ley? ¿Quién fue el que determinó libertad plena para actuar en cuanto a la iglesia, que es una asociación de fieles y de creyentes si no los autores de la Constitución de 1857? Benito Juárez, dice Lombardo, era un creyente, era un católico y la masa que lo siguió: los chinacos los hombres del pueblo, los campesinos, los artesanos, los que se improvisaron soldados y lucharon con el indio de Oaxaca para arrojar al invasor francés, eran católicos también, creyentes defensores de la patria."
En 1956 Vicente Lombardo Toledano escribió: "Si la Iglesia quiere un nuevo orden social para nuestra nación, debe solicitar las reformas que juzgue pertinentes a la Carta Magna, por conducto de quienes tienen el derecho de iniciar las reformas a la ley, pero no puede intervenir en la vida política del país, en ninguna forma y menos lanzando una provocación al Estado, a su gobierno y al pueblo". Treinta y cuatro años después los priístas coincidimos. En este aspecto profundamente con Vicente Lombardo Toledano.
En 1959 dijo lo siguiente: "yo no soy un jacobino, soy un hombre de mi tiempo, un hombre que ha valorizado la cultura universal y la evolución histórica de la humanidad, a la luz de principios científicos inobjetables, sirviéndome de esos principios que están muy por encima de los incidentes circunstanciales de la vida de mi pueblo y del mundo, soy de los más respetuosos de la conciencia de las personas; pero también se que las instituciones políticas y sociales que un pueblo como el nuestro ha creado, en medio de tremendas luchas, instituciones que lo han hecho avanzar hacia objetivos que tiene como fin la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, deben ser mantenidas y si alguna vez llega el momento de retocarlas, ha de ser para hacerlas todavía más progresistas, facilitando así el logro de los grandes anhelos históricos del pueblo mexicano, no es la hora de volver al pasado sino de mirar el futuro".
Decía el maestro Lombardo Toledano.
En 1963 publicó un artículo que en su parte central contenía las siguientes expresiones:
Ni la familia, ni la Iglesia, ni el Estado, han existido siempre ni serán eternos, nada hay en la naturaleza ni en la vida social que sufra transformaciones profundas, los llamados derechos naturales del hombre y de las instituciones no
existen, porque la sociedad en el curso de su evolución ha tenido conceptos, normas y prácticas tan diversas de las relaciones entre sus componentes, del derecho, de la moral, de la religión y aun de belleza, que no tiene nada en común con el pasado los principios de hoy, de la misma manera que las ideas y las normas de nuestra época no tendrán con el futuro sino un parentesco lejano".
En 1968 dijo Vicente Lombardo Toledano: "es saludable que en nuestro país terminen ya las posiciones unilaterales, sectarias, dogmáticas e infecundas y se entre a un nuevo período de debates sin arrogancias".
Es por eso, compañeros de Cámara, que nosotros, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, asumimos con firmeza la responsabilidad social que nos ocupa, de proceder a la modernización de nuestro órgano constituyente legislativo y en este caso, propiciar el cambio a los artículos relativos al reconocimiento de las iglesias.
Compañeros: estimamos nosotros, señor Presidente, que ha sido suficientemente discutido, nos oponemos rotundamente a la moción de censura y pedimos que se vote en consecuencia.
(Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra para hechos, el diputado Hildebrando Gaytán.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: -Señor presidente; señoras y señores diputados
En primer lugar, para expresar que todo lo dicho por el orador que me antecedió en el uso de la palabra, se le olvidó decir que esto lo dijo el maestro Lombardo, precisamente para apoyar la tesis que hoy sustenta mi partido, de que se mantenga el artículo 130 y demás en sus términos.
Subí para señalar además, que no existió ninguna discusión alrededor de este proyecto de decreto en la Comisión de Educación; hubo una reunión para dar entrada a esta iniciativa, se prometió integrar una subcomisión de análisis, que luego daría a conocer su punto de vista a toda la Comisión de Educación para discutirlo, pero ni siquiera la subcomisión se integró.
¡Jamás hubo discusión al respecto!
En secreto se elaboró un dictamen, se vio a algunos diputados individualmente para que lo firmaran, sin haber existido discusión alguna. Es un procedimiento totalmente irregular y por eso el partido está promoviendo esta moción suspensiva.
Nosotros pensábamos analizar a fondo que las reformas al artículo 3o. no tiene ninguna razón de ser, que están totalmente ajenas a los cambios que se están promoviendo en el artículo 130, del cual también mi partido está en contra de esas reformas.
Compañeros diputados: es totalmente irracional el procedimiento, el rumbo que está fijando el Partido Revolucionario Institucional a la educación y a la vida social de México. Todos sabemos que en el transcurso de la humanidad para llegar a conocer la realidad objetiva, se han seguido dos caminos: uno el de el animismo, el del mito y que concluyó en la religión, en las respuestas subjetivas sobre los hechos de la naturaleza o sobre todas aquellas incógnitas que ha tenido el hombre. El otro camino ha sido el de la ciencia.
Por eso, hoy en día los psicólogos y los científicos que han analizado desde el punto de vista antropológico la existencia de las religiones, han llegado a determinar que unas existen como religiones autoritarias, basadas en dogmas, basadas en una serie de respuestas que limitan el desarrollo del ser humano y que, por otro lado, hay respuestas que más bien están considerando dentro del ángulo de una religiosidad humanística en la que inclusive se llega a echar atrás todas las respuestas dogmáticas de las religiones.
En consecuencia, sin la discusión científica y filosófica ha llegado a dilucidar la importancia y la trascendencia tan relativa y todos los diversos aspectos de las corporaciones religiosas que llegarlas a colocar en su exacta dimensión, ¿cómo es posible que hoy, cuando están ya relegados por la ciencia infinidad de respuestas que han surgido desde ese ángulo, ahora el Partido Revolucionario Institucional venga a matar el laicismo. entendido como una educación ajena a toda doctrina religiosa, venga a destroncar la base científica de la educación y la formación de las nuevas generaciones?
¡Eso no es modernismo! ¡Eso es claudicación! ¡Eso es un retroceso histórico!
¡Eso es iniciar una revisión de la historia! ¡Eso es situar a las iglesias con toda su intolerancia que han tenido, respecto de la vida y de los negocios públicos y de los negocios del hombre en la tierra! Es situarla como un interlocutor que sustituya a las fuerzas progresistas de los obreros, de los campesinos, los maestros y los técnicos y científicos.
¿Cómo es posible y yo reclamo aquí a la Cámara de Diputados, a quienes tienen su condición, que me expliquen por qué ya desde este momento le están otorgando el clero político derechos que no tiene? ¿Con qué razón? ¿En que fundamento han autorizado un circuito cerrado para que los ministros, para que Prigione y todos los demás estén viendo esta discusión de la Cámara? Le cierran al pueblo las discusiones sobre sus problemas profundos y, en cambio, buscan otorgarle al clero político ya una serie de privilegios.
Señores diputados del Partido Revolucionario Institucional: nosotros no estamos por el regreso al pasado, nosotros sabemos que la respuesta del 130 es una respuesta tenida que mira al futuro, porque todo lo que se refiere a la convicción religiosa de las personas, como lo han dicho aquí mis compañeros, es de respetarse y para eso está el hogar y los templos: para ahí recibir instrucción religiosa: en el hogar y los templos. Ahí es completamente respetable y el Partido Popular Socialista ha dicho que siempre se pronunciará porque sea respetable tanto el sentimiento como las creencias o inclusive los dogmas, siempre que sean dentro de los lugares consagrados y que son los legítimos: los templos y el hogar. Pero no como ahora se pretende: llevarlos a las escuelas, con lo que no solamente quedarán en las escuelas particulares.
Se inicia un proceso que va a destroncar todo nuestro sistema de principios sobre cuestión educativa.
El Partido Acción Nacional por primera vez me interrumpe para pedir tiempo. Compañeros diputados; la moción suspensiva que ha propuesto el Partido Popular Socialista, como ya he señalado, tiene fundamentación: por que no hubo discusión en comisiones, no hubo nunca discusión en la Comisión de Educación.
¡Cómo es posible, pues, legislar sobre un asunto tan importante sobre las rodillas! ¡Con tal de satisfacer las pretensiones del clero político, al que ahora se ha estregado el gobierno de la República, porque tiene una mentalidad en la que está concluyendo con el proceso histórico que se inició en 1810. Y ahora vienen estas rectificaciones para modificar nuestra historia, nuestras proyecciones históricas constitucionales, producto de la Revolución Mexicana.
¡Por eso, siquiera vayámos a la discusión en las comisiones y no venir "al vapor" a querer sacar apresuradamente este dictamen! Muchas gracias.
El presidente: - Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Centeno y transmito a la asamblea una aclaración hecha por la Oficialía Mayor, en el sentido a una publicación que, esta Presidencia desconoce, confiesa, son bajo la responsabilidad del medio que la publica la existencia de un circuito cerrado, pero que no se encuentra establecido en los términos como se ha dicho en tribuna y trasmito en los términos en que se me notificó por la Oficialía Mayor este aviso.
Adelante diputado Centeno.
El diputado Javier Centeno Avila: - Con su venia, señor Presidente:
Primero, señores diputados, quiero aclararles que yo no soy del Partido Popular Socialista y sin embargo coincido con su moción suspensiva.
Por otra parte, creo yo que el problema que nos atañe es fundamental importancia, ya que va al fondo de la sociedad mexicana y de la lucha del pueblo mexicano por su emancipación ideológica.
Por otra parte quiero aclararle al compañero diputado Nemi, que la historia la hacen los pueblos, no los personajes históricos; sólo somos producto de las circunstancias históricas. El día que se crea conveniente abrimos un debate sobre el papal del individuo en la historia.
Esta iniciativa constitucional, considero yo que es unilateral, que requiere de mayor consenso, Por eso es necesario un debate nacional. No existe ningún clamor Nacional por volver parte de la educación atrás, o sea, volverla religiosa.
Yo no estoy por la existencia de Dios o no, sino por una institución concreta llamada Iglesia y cual ha sido su papel en la sociedad y particularmente en la Sociedad mexicana. Para busca una modificación al artículo 3o., se requiere de una amplia reflexión y no simplemente de una votación al vapor. No podemos dejar del lado la lucha juarista y del pueblo mexicano en la Revolución, por una educación laica, científica y popular. Es muy discutible dejar a generaciones enteras de jóvenes mexicanos a ser educados por dogmas religiosos.
Por estas razones, apoyamos la moción suspensiva del Partido Popular y nos reservamos Socialista nuestros demás argumentos respecto del fondo de esta modificación constitucional. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Bravo, para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Luis Felipe Bravo Mena: - Señor Presidente; señores diputados: Acción Nacional quiere dejar constancia, en este debate sobre la moción suspensiva presentada por el Partido Popular Socialista, de su opinión al respecto.
Se han expresado un conjunto de opiniones bajo una perspectiva histórica, una interpretación de la , de los hechos de México, que se respeta pero es una interpretación de la historia de México, conforme a esta interpretación se pide una moción suspensiva para entrar al debate de la iniciativa que se nos ha presentado.
Y es respetable su opinión, es su interpretación de la historia de México que, tiene una visión, un número de mexicanos, de acuerdo a los que han leído y a lo que sus escritores les han dicho.
Hay otra interpretación de la historia del país, otra condición que explica la necesidad de que ahora se discuta esta iniciativa y que también parte de una perspectiva histórica, de una interpretación de los hechos, que tampoco Acción Nacional comparte, pero que es respetable, porque es una visión de una parte de mexicanos.
Acción Nacional considera que la iniciativa debe discutirse, que debemos entrar al debate y debe resolverse esto, porque, independientemente de las visiones históricas y esta Cámara no es una academia de historia para ahora aquí destapar todo el debate histórico del país. Hay un problema fundamental, por lo que se hace pertinente y sensato resolver este punto y es un problema de libertades.
En México hace varios decenios de años, están conculcadas las libertades esenciales de las personas: volvemos al tema de los derechos humanos, hace varios decenios en México los derechos humanos en materia religiosa están pisoteados y hay que restaurarlos y si esta iniciativa abre camino, si no suficiente, por lo menos caminos para restaurar los derechos humanos fundamentales de las personas, las libertades esenciales de las personas, es un buen camino y hay que dictaminar y hay que votar y hay que debatir esta iniciativa.
Esta es la posición de Acción Nacional y, por lo tanto, apoyamos el que de inmediato entremos al debate. Muchas gracias. (Aplausos.)
El presidente: - Consulte la Secretaría, en los términos del artículo 110, si se admite o se rechaza la moción suspensiva.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por el Partido Popular Socialista .
Los diputados que están por que se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche la moción suspensiva, sírvase manifestarlo...
Desechada, señor Presidente.
RECESO
El Presidente: - Continúa la discusión en lo general. Y se decreta un receso de una hora, para continuar los trabajos. Se cita a los señores diputados a las 15.30 horas en este salón.
Receso.
(A las 16.00 horas): - Se reanuda la sesión.
Esta Presidencia informa a la asamblea que han sido registrados como oradores, distribuidos en tres turnos, por acuerdo de los diversos partidos políticos los siguientes señores diputados:
En el primer turno: por el Partido Revolucionario Institucional, Jaime Muñoz Domínguez; por el Partido Acción Nacional, Francisco José Paoli Bolio; por el Partido de la Revolución Democrática, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Juan Manuel Huezo Pelayo; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Francisco Laris Iturbide y por el Partido Popular Socialista, Héctor Ramírez Cuéllar. En el segundo turno; por el Partido Popular Socialista, Martín Tavira Urióstegui; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Adolfo Kunz y Bolaños; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional Manuel Terrazas Guerrero; por el Partido de la Revolución Democrática, René Bejarano Martínez; por el Partido Acción Nacional, Diego Zavala Pérez y por el Partido Revolucionario Institucional, Miguel González Avelar; además de la diputada Martha Patricia Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática.
En el tercer turno: se me informa que por acuerdo de los coordinadores procurarán limitarse los
oradores a 10 minutos, han sido registrados: por el Partido de la Revolución Democrática, Francisco Saucedo Pérez; por el Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Francisco Dorantes Gutiérrez; por el Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos Ramos; por el Partido Revolucionario Institucional, Cesáreo Morales García y por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Alberto Carrillo Armenta, todos ellos en el debate de la discusión en lo general, de las reformas a discusión; posteriormente se abrirá el debate en los particular.
¿El diputado Alvarez Garín había solicitado la palabra para hacer una proposición en términos del 108, me dijo también diputado? Correcto, es la misma proposición del diputado Alvarez Garín. Correcto, sí es miembro de la comisión dictaminadora, aunque en un solo dictamen diputado y la fundamentación del dictamen puede estar a cargo de uno de los señores diputados y es el propuesto por la comisión y además el del abundamiento del debate podrá hacerse referencia por el dictamen.
El diputados César Augusto Santiago (desde su curul): - Proponemos al diputado Horacio Sánchez, por la comisión.
El diputado Efraín Zúñiga Galeana (desde su curul): - Propone al mismo diputado Horacio Sánchez.
El Presidente: - Tiene entonces el uso de la palabra, en los términos del artículo 108, a nombre de la comisión dictaminadora, el diputado que ha sido propuesto.
El diputado Horacio Sánchez Uzueta: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
La comisión dictaminadora analizó y discutió ampliamente al iniciativa de reformas a las artículos 130, 27, 24, 5o. y 3o., de la Constitución General de la República, presentada en su oportunidad por el grupo de diputados y senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Al hacerlo, al desentrañar sus argumentos y al referirse con más amplitud a las distintas fases históricas que en ellos se mencionan y en particular a los más recientes, las posteriores que precisamente a la promulgación de la Constitución de 1917 a esos difíciles momentos de conflictos de 1926 a 1929, luego el proceso que buscó sentar las bases de un régimen de tolerancia y convivencia en al década siguiente, hasta llegar después a 50 años de conciliación, de paz y cada vez más de concordia.
En este grupo de trabajo plural, advertimos y así lo expresamos que más allá de la iniciativa de un partido estábamos ante una cuestión que interesa a todo el pueblo de México, ciudadanos, iglesias, grupos sociales, partidos y Estado.
Sin duda los mexicanos pensamos que llegó el momento de darnos un marco de regulación jurídica en las relaciones del Estado y las iglesias y que es preciso alcanzar las necesarias convergencias entre los distintos partidos para lograrlo.
Con la iniciativa que dictaminamos para que el pleno camaral discuta y resuelva, se ha dado fin a un largo debate sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado. La realidad ha impuesto la necesidad de crear una estructura normativa que responda a ella, desde un marco para su desarrollo, ubicándolo en el perfil que debe tener en la vida nacional.
El derecho como disciplina que crea la oportunidad para que la sociedad transite, tiene que reconocer cuando el diseño normativo ha sido eficaz y contribuye al sano desarrollo de la vida nacional. También debe reconocer cuando no lo ha sido y se ha convertido en obstáculo para el desarrollo de la sociedad, en el peor de los casos cuando el derecho está relegado al penoso papel de la ineficiencia, derivada de su inobservancia. Esto es cuando existe la norma en nivel jurídico que corresponde, pero la gente no cree en la norma, no la ha observado, o por el contrario asume prácticas cotidianas que abiertamente trasgreden esa normatividad.
Ahí radica la diferencia fundamental entre derecho vigente y derecho positivo.
No basta con que la disposición legal exista con la relevancia formal, si ésta no es atendida y respetada. Los procesos de cambio institucional a veces se han visto frenados cuando sus instrumentos normativos no han sido consecuentes con los requerimientos y las exigencias de la realidad.
Como señala un destacado liberal, reflexiona sobre la Constitución de 1857, las cuestiones constitucionales son antes que nada, antes que todo, cuestiones humanas o son las formuladas de nuestro modo de vivir de la nación o no son nada ni nada merecer ser. Con esta reflexión afirmamos que toda la normalidad que regula la relación de la Iglesia y el Estado y las consecuencias que de eso se derivan, requerían de un replanteamiento sustentado en la valoración
colectiva que desde hace años se ha realizado en México. Por un lado reafirma los valores fundamentales que dan sostén y sustento a la supremacía indiscutible del Estado; identificar bien los valores de siempre para postularlos otra vez, para reafirmarlos, para partir de ahí hacia la consolidación de una nueva normatividad que actualice las necesidades en este tiempo.
Por eso el planteamiento de la comisión parte de reconocer la distinción fundamental entre el Poder del Estado laico y el ámbito particular de desarrollo de las asociaciones denominadas iglesias.
Preciar su absoluta separación y la claridad que debe haber entre las funciones que son propias del Estado, del gobierno y sus instituciones y aquellas que corresponden a las iglesias.
Partir de ahí constituye el punto de referencia obligado sobre el cual el dictamen correspondiente ha sido elaborado; partir de ahí para también decir en la norma que los mexicanos somos libres para creer en tal o cual confesión religiosa o para no creer y que este derecho debe estar en el marco de libertades debidamente garantizado.
La pluralidad política del país ha hecho que los partidos políticos presenten iniciativas sobre el tema. En 1987, en efecto, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para reformar los artículos 130, 27, 24 y 5o.; en 1990, a su vez un grupo de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa de reforma a los mismos artículos y que ha sido refrendada en esta LV Legislatura por la fracción perredista.
Aunque los otros partidos no presentaron iniciativas, han manifestado ampliamente sus puntos de vista al respecto y esta comisión ha hecho lo posible para integrarlos en el dictamen cuya discusión hoy iniciamos.
La comisión atendió las distintas iniciativas para buscar las convergencias.
En el dictamen que hoy tienen a la vista, señores diputados, no hubo temor en hacer explícitos los acuerdos y las discrepancias que resultaron de las concepciones diferentes de los partidos en estos temas.
A la vista de esos acuerdos y también de estas discrepancias, la comisión se dio a la tarea de elaborar un dictamen que pudiera recoger la pluralidad de las razones y de los argumentos; un dictamen, en primer lugar, fundado en una concepción integral de esta forma. La integralidad de ella se sustenta en la necesidad de promover una nueva situación jurídica de las iglesias y de buscar una mayor correspondencia entre el comportamiento cotidiano de la población y las disposiciones legales. Esta tarea se llevó a cabo, coincidiendo en ella todos los integrantes de esta comisión, independientemente del partido al que perteneciera, preservando los principios básicos que forman parte del acervo cultural y político de la sociedad; respeto irrestricto a la libertad de creencias, Estado soberano, clara demarcación entre los asuntos civiles y eclesiásticos, igualdad jurídica de todas las iglesias y agrupaciones religiosas y desde luego, educación pública laica.
El dictamen contempla, asimismo, el criterio de la oportunidad de la reforma.
Esta oportunidad tiene su origen en el mismo proceso social amplio y diferenciado que actualmente vivimos. En él están participando antes que nada y en primer lugar, los propios ciudadanos con sus creencias, en el ámbito de su conciencia y un nuevo marco legal para los actos exteriores de sus convicciones más sentidas.
En este proceso han estado asimismo presentes los representantes e integrantes de iglesias y agrupaciones religiosas diversas. También han participado durante largos años, académicos, juristas, periodistas especializados y profesionales de los medios de comunicación.
Los partidos políticos, al recoger opiniones, sentimientos y aspiraciones de los distintos sujetos sociales, han motivado así su actuación Legislativa.
El Estado, finalmente, ha estado cada vez más atento en este proceso social que llega hoy a su madurez. En efecto, en este momento, con la participación de todos los partidos, con los consensos de los ciudadanos y de sus agrupaciones religiosas, estamos llevando a cabo este proceso de reformas.
La constitución debe ser en todo momento la norma que responda al modo de vida de la nación, que orienta hacia modos de vida deseables.
La reforma, por eso, es una respuesta al amplio proceso, de secularización que el estado y la sociedad, cada uno de acuerdo a sus tareas, han promovido sin interrupción durante los últimos decenios.
Tiene el resultado por un lado, la plena garantía de la libertad de creencias y de la pluralidad religiosa, por el otro, la clara separación entre las instituciones que conformar el ámbito del
Estado y las que son del ámbito de las asociaciones religiosas.
El dictamen atiende a estos tres criterios mencionados: integralidad, oportunidad y correspondencia a un modo de vida nacional. Las respuestas propuestas ofrecen a la sociedad el nuevo marco jurídico que concilia libertad de creencias y personalidad jurídica de las iglesias.
El artículo 130 propuesto tiene una nueva configuración que fija con claridad la personalidad jurídica de las iglesias. El punto de partida de esta definición queda consignado en el primer párrafo del artículo: "la separación del Estado y las instituciones denominadas iglesias". En el texto propuesto, en relación con esta nueva conformación del artículo 130, se integraron las distintas convergencias entre los partidos de la siguiente manera: que compete exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público, la necesidad de conciliar la existencia jurídica de las iglesias y la garantía de libertad de creencias consagradas por la Constitución, el fortalecimiento del estado de derecho y la ampliación de libertades, para lo cual debe otorgarse personalidad jurídica a las iglesias como asociaciones religiosas que las asociaciones religiosas deberán someterse a una estricta reglamentación, lo que incluye su registro en calidad de asociaciones, constituyéndose así como sujetos de derechos y obligaciones; que la autoridad no debe intervenir en lo que respecta a la vida interna de las asociaciones religiosas, que los mexicanos y los extranjeros puedan ejercer el ministro de cualquier culto, siempre y cuando satisfagan ambos los requisitos que señala la ley; que los ministros de culto como ciudadanos tengan derecho a votar pero no ser sujetos del voto pasivo mientras se mantengan en el desempeño de sus ministerios, ésto último sin mengua de sus derechos y con el propósito de preservar la igualdad entre candidatos, restricción temporal que se aplica también a otros ciudadanos por la naturaleza de la función pública que desempeñan.
La ley reglamentaria establecerá la temporalidad que deberá cumplirse en este punto.
Finalmente, que las iglesias, las agrupaciones religiosas y los ministros de cultos se mantengan al margen de las cuestiones políticas que competen sólo a los ciudadanos, a los partidos políticos y al Estado. Asimismo, que sin menoscabo del ejercicio de su libertad de pensamiento y expresión, no podrán realizar proselitismo en favor de candidatos o partidos, ni oponerse desde luego a las leyes del país o a sus instituciones. La reforma de este artículo reconoce la norma constitucional hasta hoy vigente y señala que ha cumplido su cometido.
El nuevo artículo 130 ha de abrir vías al pleno desenvolvimiento de una sociedad libre, ha de fijar las bases para una clara y precisa regulación de las iglesias que la libertad de los mexicanos ha deseado que existan para manifestar sus creencias religiosas, respetando a quienes tienen otras o no comparten ninguna.
El artículo 24 en su nuevo segundo párrafo, es el propio segundo párrafo del actual 130, acorde con la libertad de creencias. Prohibe al Congreso que establezca o prohiba religión alguna. Así se ratifica que el carácter laico del Estado es incompatible no sólo con la preferencia por una iglesia o por algún tipo de preferencia religiosa, sino que por su naturaleza jurídico - política e histórica, es sin lugar a dudas laico.
Por lo que toca a la reforma del quinto párrafo del artículo 5o.
constitucional, ella tiende por un lado a la congruencia con lo anterior, al no prohibir el establecimiento de órdenes monásticas por tratarse de una práctica que tiene que ver con el ámbito de la libertad de conciencia. Por otro, tiene en cuenta la necesidad de modificar la disposición que obliga al Estado a no permitir que se lleve a efecto ningún contrato que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de las personas por causas de trabajo, educación o voto religioso para contemplar en lo general cualquier supuesto de cancelación de libertades, reconociendo que los votos y sus efectos sólo inciden en el estricto ámbito de la ciencia individual.
Por lo que toca al artículo 27 de nuevo, en concordancia con el otorgamiento de personalidad jurídica a las asociaciones religiosas a su vez establece que las asociaciones religiosas pueden adquirir, poseer o administrar los bienes que sean indispensables para su objeto.
Este artículo es preciso en señalar, atendiendo a la finalidad de las iglesias; los límites que éstas se habrán de someter, para que las asociaciones religiosas no perviertan sus objetivos ni infrinjan daños a la sociedad en su conjunto, como ciertamente sucedió en México durante el pasado siglo y a principio del actual.
La ley, hay que decirlo, no abrirá caminos para la reedicción de viejos poderes, respetando plenamente la libertad de creencias. La ley no juzga respecto ni de los fines ni de los valores espirituales de las asociaciones religiosas, pero
sí debe cerrar a la puerta a todas las reformas de concentración patrimonial que lesionen el interés general de la sociedad.
En materia educativa, la función del Estado es la de garantizar a todos los educandos del país, independientemente de que el centro educativo al que asistan sea público o particular, los conocimientos que les permitirán desarrollar sus propias capacidades en el seno de la sociedad y al propio tiempo, que se les inculque el respeto y fomento de nuestros valores, cultura y tradiciones.
Nuestra consolidación como Estado nacional, se acompañó siempre por un interés firme y creciente por establecer un sistema educativo amplio, de carácter nacionalista, democrático y que diera sustento a las aspiraciones del bienestar y de justicia del pueblo de México, éste es el propósito originario del artículo 3o., constitucional.
La comisión considera que la reforma de este artículo, tiene como único propósito la ampliación del régimen de libertades, al propio tiempo que se reafirma el estado de derecho, dándole así congruencia con el espíritu que anima el conjunto de las reformas propuestas.
El artículo mantiene que la educación pública es laica. Una vez ratificado este principio, la reforma propone otorgar la facultad a los particulares de impartir educación en todos sus tipos y grados, estableciendo que en ellas la educación que imparten ha de apegarse a los fines señalados por el propio texto constitucional, que a la letra dice: "desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios".
Las reformas preservan el espíritu de este artículo que ha abierto tantos caminos a la tolerancia, a la pluralidad y a la civilidad política y social del país. La educación pública es uno de los pilares de nuestra paz social y de la armonía en que viven los mexicanos; ha sido también fuente de nuevas oportunidades y ciertamente instrumento de justicia; ha contribuido a secularizar nuestra vida pública y así a la legitimidad de las instituciones de la República. Son logros a los que las reformas han de abrir nuevas vías: sólo una educación fincada en los valores del conocimiento, de la pluralidad y del interés general y del amor a México, podrá ser fuente de nuevas oportunidades para todos los mexicanos, sobre todo para aquellos que padecen todavía situaciones de pobreza e indignidad.
En la reforma del artículo 3o., queremos vincular de nuevo libertades y justicia, ahora en el campo mismo de la educación.
Por último, en el segundo transitorio, se establece que en virtud de la derogación de la fracción II del 27, los templos y demás bienes hasta hoy considerados en el texto vigente, son propiedad de la nación y mantienen su actual situación jurídica.
Señores, compañeros diputados: en nombre de la comisión, quiero dejar constancia explícita de las grandes convergencias que existen entre los partidos, en torno al espíritu que anima las reformas que hoy están a discusión en esta honorable Cámara de Diputados.
Todos los partidos sin duda, pese a nuestras naturales discrepancias en lo particular, estamos de acuerdo en que estas reformas reconocen la realidad que hoy vive nuestro país y buscan plasmar nuevas normas supremas que abran vías a las nuevas potencialidades de la sociedad en la libertad, en la justicia para la fortaleza de nuestra soberanía. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra...
El diputado Luis Raúl Alvarez Garín (desde su curul): - Quisiera hacerle algunas preguntas al compañero diputado, para ver si las consideraban en la comisión dictaminadora.
El Presidente: - Si gusta usted pedir la palabra para hechos compañero diputado y dejarlo...
El diputado Luis Raúl Alvarez Garín (desde su curul): - No, lo que quería era conocer de parte de la comisión dictaminadora, si tomaron en cuenta otros asuntos o no, porque en la exposición de motivos de la iniciativa y del dictamen, nos han dicho una serie de cosas y nos lo repiten una y otra vez, pero nuevos elementos no los hay.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Muñoz Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jaime Muñoz Domínguez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
La transformación de la sociedad colonial en sociedad independiente, no fue sencilla.
Tampoco fue instantánea. Las mutaciones mentales tienen que desarrollarse de manera gradual, en ocasiones a través de varias generaciones. Es necesario para que ocurran, que las viejas ideas y creencias, los hábitos y prejuicios inveterados, cedan el sitio a otros nuevos. El proceso implica de algún modo, reemplazo de un pensamiento peculiar por otro distinto.
Ese cambio de mentalidad es el fenómeno central, el meollo de las revoluciones, sin ese cambio podrá hablarse de asondas, de motines, de cambio de los hombres en el poder, de todo, pero no de una revolución. Nuestra Revolución de Independencia, consumada en lo político en 1821, no pudo consumarse en un sentido profundo, sino varios decenios más tarde. Hubo necesidad de trascender la mentalidad colonial y fincar en un lugar suyo, la mentalidad moderna.
En buena medida el movimiento que realizó este cambio, verdadera hazaña, fue el de la Reforma. Creo que es oportuno leer con la venia de esta honorable asamblea, un pequeño párrafo de "La sociología de la reforma", ensayo de don Porfirio Parra, connotado positivista que escribió por los primeros años de este siglo, el párrafo en cuestión dice así: "La reforma consistió en la introducción de un conjunto de factores capaces de determinar un cambio de estructura social. Fue una época crítica en la vida de nuestra sociedad, marcó un momento decisivo de su desarrollo".
El viejo orden colonial, que se derrumbó al triunfo de la Reforma, suponía entre otras cosas, el imperio autoritario de la corona y la preeminencia eclesiástica. Ambos poderes el temporal y el espiritual, vinculados por intereses de muy diversa alaya y categoría, ejercían rectoría sobre la población de la Nueva España y ésta lo aceptaba, en virtud de costumbres abrigadas y estimuladas durante 300 años.
El republicanismo, el federalismo, la democracia, fueron valores nuevos para los mexicanos del Siglo XIX. Su definitiva consagración en el texto constitucional de 1857, culminó la obra de la Reforma y abrió definitivamente un nuevo ciclo en la historia de nuestro país.
La antigua colonia declaraba su mayoría de edad y emprendía la marcha hacia su modernización definitiva.
En textos constitucionales anteriores, como el de Apatzingán, de 1814, como la primera Constitución Federal de 1824, encontraba en la Carta de 1857, su formulación más perfecta y más congruente con las verdaderas necesidades del país. Eran éstas, lo son en la actualidad y lo serán en lo futuro, necesidades de justicia, de libertad, de concordia, de progreso material, cultivo del espíritu y contribución solidaria a la paz entre las naciones.
Y bien, señores diputados, uno de los puntos más sensibles de la polémica del Siglo XIX, polémica que no pocas veces produjo caudalosos derramamientos de sangre, fue el de la relación entre el poder civil y el eclesiástico. La Iglesia abanderaba, estimulaba y sostenía muchas de las posiciones ultramontanas: era cierto que el gran movimiento popular de la independencia había contado entre sus caudillos a ilustres curas católicos: Hidalgo y Morelos, en primer lugar, pero también era cierto que las altas jerarquías no habían simpatizado nunca con los insurgentes y que estaban muy lejos de las inquietudes sociales de algunos sacerdotes rurales que pequeñas poblaciones experimentaban.
Cómo lograr entonces que la Iglesia ocupase los reductos que en verdad le correspondían y que dejara de ambicionar otros que debían ser privativos de los poderes temporales; cómo establecer instituciones de tan lógica utilidad como el Registro Civil; cómo persuadir a los ciudadanos de la naturaleza contractual, aparte de la sacramental del matrimonio y cómo hacer de los bienes de la Iglesia, los cuales según cálculos del doctor Mora, llegaban en la tercera década del Siglo XIX a un poco menos de 180 millones de pesos.
Si se toma en cuenta que aquellos bienes, entre los que figuraban grandes extensiones agrícolas estaban prácticamente fuera del comercio, en manos muertas, según se decía, se comprenderá que tales propiedades no sólo significaban acaparamiento, sino además congelamiento de un acervo económico de indudable importancia social.
Las Leyes de Reforma se propusieron acelerar el cambio desde esos puntos de vista; ya se sabe que la reacción de los conservadores fue tan violenta que desencadenó una de las guerras civiles más enconadas que en México tengamos memoria, la llamada Guerra de Tres Años.
Hasta dónde habrá llegado la presencia de la Iglesia, de su poder, de sus fueros y privilegios que toda la nación pedía la reforma, de acuerdo al dicho del ministro de justicia Manuel Ruiz. Fueron 300 años de colonia, en los que la Iglesia consolidó un gran poder, amasó una gran fortuna, desplegó una amplia red de influencia en la
naciente vida independiente de nuestro país; que quería en aquel entonces liberarse de cualquier atadura colonial y consecuentemente monárquica.
Los bienes en manos de la Iglesia impidieron durante mucho tiempo la movilidad económica o cuando menos la circulación de la riqueza.
La frase: "Bienes en manos muertas", no es por ende gratuita, sino que refleja con toda claridad la inmensa capacidad para acaparar riqueza, por una parte y por la otra, la vocación por mantener en un estado de cosas determinado, la vida de la sociedad mexicana. Inconmutable, sin cambio alguno, statu quo de poder darse durante mucho tiempo más, claro, ante esta situación toda la nación pedía la reforma.
Las leyes de Reforma de 1859, tuvieron como base y apoyo un documento jurídico magistral: la Constitución de 1857. Fue anuncio y condición de posibilidad de aquellas leyes, éstas por su parte, jugaron el papel trascendente de asegurar la vigencia real de la Constitución. El talento político de Juárez le hizo comprender que el gran Código liberal difícilmente se impondría si no se creaba en torno suyo un andamiaje de leyes secundarias que le dieran viabilidad y removiesen obstáculos.
La asamblea constituyente de 1856-1857, antecedente ilustre en nuestra historia y pienso que esta LV Legislatura debe recordar aquel Congreso con admiración y gratitud, debatió la cuestión de la libertad religiosa y la libertad eclesiástica.
En cuanto a la primera en rigor, libertad de conciencia, el problema no existía. Mal hubieran podido aquellos convencidos y fervientes liberales, poner en duda la libertad más profunda y entrañable que es la de la conciencia.
Si la libertad religiosa, de conciencia no admitió dudas, en cambio la libertad eclesiástica suscitó una serie de debates, algunos de ellos enconados. Garantizar a las iglesias no sólo a una Iglesia el ejercicio de sus ministerios, era algo a lo que el Gobierno de la República se mostraba dispuesto, pero a lo que la propia Iglesia católica oponía objeciones, en efecto, contra la tolerancia se erigía la intolerancia arropada por una equívoca pretensión de congruencia; esto naturalmente y hay qué señalarlo, fue circunstancia en el Siglo XIX.
Durante el siglo pasado, varias generaciones de mexicanos pusieron todo su empeño y dedicación, en la concepción y conformación de un Estado laico, que buscó su sostén en tres ideas básicas.
Primero. El reconocimiento a los derechos naturales del hombre para pensar, escribir, desplazarse y profesar el culto que hubiese libremente elegido; Segundo. La desaparición de fueros y privilegios e inclusive, hasta se pensaba a postular la idea de que la soberanía residía en el propio pueblo; Tercero. Un ideario económico que se basaba en la libre circulación de la riqueza.
Estas fueron las ideas progresistas que finalmente campearon el espíritu del Siglo XIX en México y que sustentaban de principio a fin que en un Estado no puede haber dos soberanías.
Por esta razón, el 4 de diciembre de 1860, Benito Juárez señaló que: "las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre no tienen ni pueden tener más límites que derecho de tercero y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado, por una parte y las creencias religiosas, por otra, es y será perfecta e inviolable."
El régimen del presidente Juárez fue en alguna ocasión acusado de vivir bajo el anatema, la historia le dio la razón. El liberalismo se erigió en la filosofía de vida e independencia de los mexicanos, principio vertebral de nuestra consolidación como nación, como sociedad y como gobierno; hoy los principios juaristas siguen vigentes, son parte inherente de la filosofía del mexicano y hoy también debemos actualizar nuestras relaciones en sociedad, sin romper con los principios juaristas. Los tiempos del México de hoy en día son tiempos distintos, los retos también son distintos, puesto que hablamos de una larga y fructífera historia consolidada, puesto que hablamos de una nación madura e independiente. De Juárez a la fecha se han escrito muchas páginas brillantes que van en ese sentido, en el sentido de que prevalezcan nuestros más altos valores históricos, ideológicos, jurídicos, educativos.
Por ello podemos promover el cambio sin olvidar nuestros principios.
Con las iglesias no se debe legislar para contemporizar, debe legislarse para sentar las bases
sobre las que se finquen nuevas relaciones entre la sociedad, el Estado y las iglesias, relaciones que encuentren sustento en la libertad, en la justicia, en el respeto, en el interés común del bienestar social, relaciones de convergencia, no de separación, relaciones sustentadas en normas que no dejen la puerta abierta a la ambigüedad.
Por ello legislemos con claridad, establezcamos nuevas relaciones con las iglesias, relaciones vivas, contemporáneas, relaciones con rostro humano, relaciones sin simulación, pero que nunca socaben principios que nos han guiado como pueblo independiente. Dejemos los temores del pasado en el pasado, confiemos en el avance nacionalista de nuestras instituciones y pensemos que sería imposible retrotraer las relaciones Estado - iglesia a su situación anterior, es decir, anterior a las Leyes de Reforma.
Regularicemos las relaciones Estado - Iglesias, establezcamos el carácter contemporáneo que requieren sin simulaciones y dediquémonos también a las otras tareas sustantivas que nos están esperando: al progreso de México, a la consolidación del bienestar de los mexicanos, al fortalecimiento en nuestra democracia, a la lucha por la paz, a la mejor comprensión del mundo en que vivimos.
Ante esta soberanía, en el año de 1963, Jesús Reyes Heroles rindió homenaje al revolucionario José Luis Mora y señaló, "los revolucionarios mexicanos lejos de romper los nexos que nos unen al pasado, ven en su labor en el presente una continuación del proceso histórico nacional. No se corta la historia, se prosigue".
En este tránsito, en esa continuidad pienso que esta LV Legislatura se encuentra ubicada como hilo conductor que entre ver una etapa de nuestra historia con otra que está por arribar. Dejemos que las iglesias desarrollen sus cultos y ritos con plena libertad. No debemos limitar su ejercicio so pretexto de ingerencias extrañas en la vida e intereses de los mexicanos.
El México de hoy ya no es el México del Siglo XIX, en el que las ideas y decisiones del presidente Juárez fincaron las guías del futuro de nuestra nación.
El México de hoy, el México de los umbrales del Siglo XXI, requiere de una gran apertura con la comunidad internacional y de una gran comprensión de los fenómenos políticos y sociales que se están suscitando y que están cambiando en otras latitudes las concepciones de nacionalismo y soberanía.
Y esto no quiere decir que queremos cambiar nuestra concepción de nacionalismo, al contrario, queremos fortalecerlo; tampoco quiere decir que queremos cambiar nuestra concepción de soberanía, al contrario, queremos reafirmarla y defenderla, pero tampoco podemos partir en los albores del Siglo XXI de sustentos nacionalistas que a estas alturas pueden resultar enmohecidos.
Queremos un nacionalismo autosufieciente, que sea capaz de incertarse en la dinámica de cambio que el mundo está viviendo y en la posibilidad que nos permite ampliar nuestros horizontes de comprensión del mundo y de la vida, de la política y la economía, del destino que todos los mexicanos podemos forjarnos.
La iniciativa de reformas al artículo 130 constitucional no pretende prever el futuro espiritual de los mexicanos en aras del interés temporal del poder. La iniciativa pretende la incorporación de la sociedad mexicana a fórmulas de vida contemporáneas, que tienen sustento en uno de los principios más preciados por los seres humanos: la libertad.
La iniciativa pretende alcanzar formas superiores de organización social que nos alejen de la inmobilidad y que nos acerquen a la diversificación de las conductas sociales. Pensemos que mientras más estructurada sea nuestra vida en sociedad, más estructurado será nuestro tiempo, más clara será nuestra participación política y más definido nuestro espacio democrático.
En la Constitución de 1917 se pasó de la independencia entre el Estado y la Iglesia a la supremación del Estado sobre las iglesias. Por razones históricas este paso era inevitable. El gobierno que emanó del movimiento revolucionario fue resultado de una serie de alianzas entre las más diversas corrientes revolucionarias que habían participado en ella y todas eran también por razones históricas abiertamente anticlericales.
Fue la presencia del presidente Carranza la que posibilitó la convergencia de esas corrientes y sus denominadores comunes, los que permitieron la elaboración de la Constitución de 1917. En esa época, lógicamente la regularización de relaciones entre el Estado y las iglesias no podía llevarse a cabo. Se optó por la recapitulación histórica y la redacción del artículo 130 ha determinado durante los últimos 75 años las relaciones entre el Estado y las iglesias y cómo las conocemos en la actualidad.
Sí, pero el México de hoy no es el México de hace 75 años, que vivía convulsionado y, como consecuencia, nuestra gran revolución social. Nuestra sociedad ha cambiado, nuestras instituciones públicas han madurado. Es un México plural, el sistema de partidos aquí representado expresa una realidad social, política y cultura distintas a la que se vivía en la segunda década de esta centuria.
Tenemos que legislar pensando en que casi dos siglos después de haber alcanzado nuestra independencia la vida pública, científica y cultural de la sociedad mexicana se ha laicizado casi completamente.
El Estado no puede permanecer en una situación de claroscuro hacia las iglesias, por consecuencia, en un mundo occidental casi totalmente laico, donde ningún tipo de fanatismo puede ya tener vigencia alguna, tanto el fanatismo religioso como el fanatismo jacobino, no tienen cabida.
México requiere de una discusión mucho más franca sobre los hechos nacionales de primer orden y darle una definición clara y objetiva a esta situación de claroscuro. Una situación que deje de lado cualquier tipo de dogma; una discusión que se afane por la revisión y visión histórica, que con objetividad y prudencia nos conduzca al establecimiento de normas verdaderamente democráticas que regulen las relaciones entre el Estado y las iglesias; normas que a su vez regulen la presencia de las estructuras eclesiásticas en su proceso permanente y adaptación y transformación; normas cuya aplicación auxilie a sus más diversos fieles a cumplir honradamente con las tareas que su organización les encargue. Para ello debemos dejar de lado las inercias intelectuales, las cargas emotivas o los excesos ideológicos.
Como todas las creaciones humanas, las iglesias requieren de una normatividad que les determine cuales son sus campos de acción y cuales son los espacios que le están vedados.
A esta LV Legislatura le corresponde establecer cual es el espacio de acción de las instituciones religiosas, establecer cuales son los límites del ejercicio libre de los cultos religiosos. Cuál debe ser el límite de interés por las cosas de este mundo. Mito que no es compatible con su función metafísica; puesto que no puede haber compatibilidad entre las ciencias exactas y la metafísica.
Por ello es menester que regulemos sus actividades y legislemos sobre la relación entre el Estado y las iglesias, con perspectivas normativas distintas a aquellas leyes que el México independiente creó alrededor de la iglesia, cuando la sentía en un ámbito de competencia hacia el propio Estado.
¡Qué privilegio poder participar en una legislatura que puede establecer y darle vigencia a normas que vayan a regular las relaciones entre el Estado y las iglesias! ¡Pero sobre todo qué privilegio poder hacerlo sin recuerdos traumáticos, sin enconos añejos! ¡Poder hacerlo sin cambios dramáticos, sino simple y llanamente poder hacerlo dentro de una discusión democrática, de completa apertura y de reconocimiento hacia las más diversas tendencias ideológicas representadas en este recinto!
Pienso que el México contemporáneo, el México que está situado en el filo del tiempo del Siglo XX, ya no guarda enconos añejos, traumas pasados. Guarda esperanzas de su porvenir, de su desarrollo democrático, de su consolidación permanente, como ideas guía de los revolucionarios de hoy.
También el día de hoy pienso que los funcionarios eclesiásticos tendrán que recordar, sin nostalgia, las épocas en que su organización se caracterizaba por la búsqueda del poder mundano. Esto ya es un asunto del pasado. Las iglesias han cambiado. En la actualidad pienso que tienen un valor social más definido y su contribución solidaria al fortalecimiento de una moral pública es más clara.
La aplicación de la idea laica a todos los temas de la vida en sociedad, debe ser un tema recurrente de la moral republicana y debe ser un tema recurrente para hacer leyes claras, definidas con propósitos comunes, puesto que son de observancia general, concatenadas hacia proyectos y propósitos de desarrollo nacional y para este caso en concreto, que nos aleje de la penumbra. De una penumbra que en la actualidad da para muchas interpretaciones entre las relaciones del Estado con las iglesias o viceversa y que en realidad esta situación de simulación, al desaparecer como resultado de la puesta en vigor de un conjunto de normas que regulen esta situación, traerá a la memoria y a la realidad el principio que el único facultado para organizar y conducir la vida en sociedad es el Estado.
De esta forma ya no habrá más penumbra de confusión alguna o motivo de injerencia de las actividades metafísicas hacia las terrenales. Las reformas tienen el propósito de salvaguardar la dignidad del Estado y de sus instituciones
públicas y a la vez de conocerles presencia en el seno de nuestra comunidad a las organizaciones religiosas.
La reforma tiene el propósito de regular la actividad de las iglesias, no de movimientos políticos, puesto que éstos, desde hace buen tiempo, cuentan con la legislación correspondiente que se encarga de reglamentar su presencia, actividad y desarrollo en el aspecto nacional de participación democrática.
Las reformas, finalmente, pretenden acercar el derecho a la realidad social, una realidad que nos relata que el principio constitucional actual debe ajustarse también a lo que estamos viviendo, realidad que nos relata que la discusión, garantía y tutela de los derechos humanos en nuestro país es tema presente y vigente. Por ello, el Poder Legislativo debe fincar las bases de la actividad de las iglesias con claridad, a través de normas que han definido y sustentan a nuestro estado de derecho. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco José Paoli Bolio: - Con su venia, señor Presidente; ciudadanos diputados de la nación:
Vivimos un tiempo político nuevo, las visiones renovadas de nuestro mundo, las transformaciones sociales que experimentamos, la correlación planetaria de fuerzas y de bloques de poder, las modificaciones tecnológicas, las nuevas comunicaciones y recursos informáticos, impulsan un cambio en la cultura política general y en la de las distintas naciones. Este cambio consiste en que se ponderan y asumen en forma cada vez más amplia, la pluralidad, la concertación y las formas de convivencia pacífica, como nunca antes.
La planetización de las ideas en el mundo de la cultura y el ecumenismo en el de las regiones, son tendencias crecientes. Esas coincidencias aproximan de nuevo a los seres humanos, realzan y promueven el respeto entre los que sostienen diversos credos. Puede afirmarse que nos tocó vivir en final de un tiempo integrista y que debemos caminar en la constitución de un tiempo plural, de respeto profundo de los que se ven como distintos, pero en el que reconocemos al otro ser humano con dignidad eminente.
El tiempo anterior, el que está periclitando, era uno en que se sostenían posiciones que querían imponerse e términos absolutos, no había tolerancia para los que diferían de ella. La tendencia integrista o exageradamente totalizadora, se traducía de diversas maneras en el ánimo y las acciones de muchos actores sociales, era un integrismo, no exclusivo de una escuela filosófica o de una agrupación, sino que se daba en todos los signos; vivíamos aldeas ideológicas, aisladas y supuestamente suficientes, en algunos campos se hacía más patente ese integrismo y conducía a que se negara por completo todo lo que sostenía una persona o un grupo, si ellos pertenecían a una corriente distinta. Lo que era ajeno era erróneo en sí mismo, esto conducía a un esquematismo maximalista y a la condena a priori y en bloque de los sostenedores de una corriente por los de otra, sin ninguna capacidad para entender sus aportaciones, ni encontrar ángulos positivos o niveles de verdad, en los que pudiera coincidiese.
Esa fue una constante para mucho grupos y para diversas visiones del mundo que hoy están en plena precipitación.
Es cierto que todavía hay remanentes de integrismo en nuestro país y en el planeta, pero afortunadamente esas posiciones se están superando en forma acelerada; fue un tiempo en que los males y los bienes se identificaban con una sola forma de religiosidad, con una filosofía, con un solo país o bloque de países, con una sola clase, con un partido o con el Estado, se había construido un mundo que en muchos aspectos conducía a desentendimientos o a desencuentros si no es que a confrontaciones absolutas por los términos excluyentes en que se planteaban, era, en diversos sentidos, un mundo polar o polarizado, estructurado para ser maniqueo de buenos y malos, de reaccionarios, y progresistas, de calificaciones que venían antes del análisis y lo invalidaban, era un mundo en el que se planteaba de entrada, la descalificación del enemigo, su derrota y aniquilación total o la de sus postulados. De ese mundo venimos y dentro de esas concepciones polarizadas se han jugado las relaciones entre el ámbito de la religión y el del Estado y eso debemos evitarlo en los planteamientos fundamentales de la iniciativa de reformas constitucionales que hoy revisamos.
Ante esta iniciativa de cambios de cinco artículos de nuestra Constitución Política, los cuales regulan las relaciones entre las iglesias y el Estado, es indispensable un análisis histórico, es indispensable entender los significados básicos del acontecer pasado pero no con el ánimo de justificar un tipo de decisiones como se busca hacer en diversas partes de la exposición de motivos de la iniciativa.
La experiencia religiosa ha sido constitutiva de nuestra forma propia de existencia como nación, no puede extirparse con un decreto o un una ley, por alta que sea la jerarquía de ella, como resultado de un conflicto; se pretendió cancelar una experiencia fundamental y ello devino en voluntarismo legal por detrás del cual la realidad trazó sus propios cauces. Las convicciones y valores religiosos fueron verdaderamente constitutivos de la nación y siguen siendo el fundamento vital por el que se guía la inmensa mayoría de los mexicanos para conducir su vida diaria, su trabajo y para respetar el orden público.
No puede confundirse ni excluirse esos calores y vivencias y tratar de desterrarlo junto con la mezquindad, el abuso y los privilegios; si eso ocurre como ocurrió, los valores y la expresión de las necesidades religiosas volverán a surgir y a reclamar su presencia y su ejercicio legítimo. Prohibir elementos culturales o religiones arraigados en la conciencia popular condujo a un conjunto de simulaciones que a la vuelta de un tiempo tienen que revisarse ésos elementos vivos y actuantes en la conciencia popular reclaman su aceptación respetuosa en nuestro escenario y afortunadamente lo hace en un tiempo en que el integrismo maniqueo ha mostrado claramente sus limitaciones.
La intención de esos elementos y su autorización para que se expresen en el ámbito público, es una condición para que la convivencia entre los mexicanos se proyecte hacia el futuro, apoyándose en la experiencia y buscando trascender las relaciones de enfrentamiento. La perspectiva histórica que requerimos no es una que se conforma con un mero entendimiento retroactivo de los hechos ni mucho menos debe tener el propósito de reabrir heridas o propiciar nuevos ataques entre las fuerzas que se opusieron; el propósito cabal de situar en perspectiva histórica una iniciativa con la trascendencia de ésta, es el de encontrar las bases propias para proyectar nuestro desarrollo de aquí en adelante, evitar simulaciones, conciliar lo que estaba enfrentado, es disolver los enconos con una nueva visión y una nueva propuesta, es encontrar las mejoras formas para respetar la pluralidad y fincar la conciliación a fin de que logremos, como país, un desenvolvimiento armónico, justo y ordenado para nuestro pueblo en el futuro.
Entender el pasado no quiere decir que debamos reproducirlo. Decía Chesterton que a veces la tradición es la democracia de los muertos y nosotros queremos una democracia viva y para los vivos, una que nos permita renovarnos y adecuar nuestras normas y directrices generales a las circunstancias actuales. Para entender el pasado no hay que descifrar los significados buscando la justificación de acciones desarrolladas por actores individuales o grupales de nuestra predilección.
Ese es un análisis prejuiciado.
Mejor oriente es la formulación de nuestras utopías para construir el futuro.
Hoy proponemos analizar el pasado desde nuestras necesidades presentes y las que barruntamos del futuro, de tal manera que les vayamos encontrando lugar en nuestros proyectos y encarnación institucional a las mejores formas para resolverlas.
Las nuevas normas tienen que permitirnos el desarrollo integral de nuestras potencialidades como personas y como miembros de la comunidad nacional. Estos son los signos que nos deben dar dirección en el análisis histórico. Si no tenemos cuidado, podríamos hacer nuevamente tirantes las relaciones entre compatriotas y aún llegar a nuevos desgarramientos de nuestra República.
Debemos, por el contrario, impulsar los elementos de la conciliación y aprovechar las condiciones y disposiciones favorables para ello, en este tiempo que nos tocó vivir. Se trata de un tiempo reconstituyente y reconfortante de la nación, en el que podemos reivindicar sus más claros valores morales y culturales.
Atendiendo a los valores y directrices anunciados, trataré de perfilar las etapas históricas por las que ha atravesado la relación entre el Estado y las iglesias, no con el afán de justificarlas, sino para diferenciarlas y tener en cuenta su lógica y organización cambiante, en este tiempo en el que se vuelven a plantear modificaciones sustanciales en este ámbito de las relaciones.
La nación ha vivido tres etapas muy mercadas en su caracterización y se prepara, con estos cambios constitucionales, para entrar en la cuarta etapa cuyo contenido programático es necesario perfilar.
La primera coincide con la Colonia. En ella vivimos la identificación entre los propósitos y fines de la Iglesia y del Estado. Se trataba entonces de una Iglesia única y oficial, protegida y promovida por el Estado y un Estado justificado y legitimado por la Iglesia. Los aparatos de ambas entidades quedaban confundidos, por más que sus representantes, gobernantes y clero, quedaran identificados como distintos.
En esa etapa era casi connatural el integrismo, las verdades de la Iglesia eran las del Estado y viceversa. Sólo empezó a plantearse la autonomía de lo temporal en la comunidad...
El Presidente:- Perdón, es para hacer un llamado de atención a la asamblea, diputado, por que hay un rumor que no permite que se escuche con claridad. Prosiga, por favor.
El diputado Francisco José Paoli Bolio: -Decía que en esta etapa era casi connatural el integrismo, las verdades de la Iglesia eran las del Estado y viceversa. Sólo empezó a plantearse la autonomía de lo temporal en la comunidad novohispana con la emergencia de las ideas y los afanes independentistas.
La segunda etapa se ubica entre la Independencia y el momento en que las Leyes de Reforma alcanzan rango constitucional.
Es una etapa que abarca más de dos tercios del siglo pasado. Las leyes reformadoras fueron asimiladas en la Constitución hasta el año de 1873. En esta etapa se plantea y realiza la separación entre la Iglesia y el Estado.
Ahí no en plural, entre la iglesia única existente. Entonces se trataba de una sola, la católica, la que se vio durante un largo trecho en esta etapa como la única que debía ser protegida y considerada por el Estado, por más que se planteó una clara división entre las funciones de una y otra entidad.
En esta etapa cobra su sentido primigenio la idea de la separación, porque es en ella cuando se produce. No se trata de una separación que se da de un solo golpe, sino que se va procesando a través de una larga cirugía social y fuertes enfrentamientos, antes y después de la Constitución de 1857.
En ese lapso se desarrollan elementos del Estado laico, a la par que se producen confrontaciones violentas, en las que parte importante del clero católico asume una posición que puede asemejarse a una político - partidaria.
Esta es una lección fundamental para nuestra nación. Las iglesias y sus representantes no deben asumir posiciones partidarias, ni comprometerse en las luchas por el poder temporal.
Al ser derrotada esta posición, se elimina a los representantes de la Iglesia la posibilidad de toda acción política y no sólo de las partidarias.
La reducción de las capacidades de la Iglesia se dan en función de su derrota política y militar y se reducen con ella las posibilidades también de la expresión religiosa. La legislación es una consecuencia de la guerra, es una consecuencia que sacan los vencedores.
El período del porfiriato que cubre más de tres décadas en la parte final de esta etapa, registra en la práctica una convivencia y una tolerancia del gobierno hacia las actividades de la Iglesia; hay un entendimiento virtual en esta etapa política, sobre todo en el campo de la educación y del culto externo. Entonces empiezan a surgir con serias dificultades otras agrupaciones religiosas no católicas: ellas se van agregando a nuestra experiencia como nación en un tiempo posterior, pero hoy tienen un lugar y un derecho a expresar su propia religiosidad que debemos respetar.
La tercera etapa es la de la Revolución de 1910-1917 hasta nuestros días, en la que se pone, en primer término, todo el orden jurídico en duda y se gesta una nueva Constitución. Los cambios fundamentales que se registran en las relaciones son los siguientes: no se plantea ya la separación, momento anterior, sino la subordinación de la Iglesia al Estado, único capaz de definir el orden jurídico; se circunscriben las prácticas religiosas a espacios reducidos, los templos, los hogares particulares y las conciencias.
Segundo, se elimina radicalmente la participación de los ministros de los cultos en la actividad política, prohibiéndoseles el derecho al voto, la capacidad para ser electos, para poseer bienes inmuebles y para ejercer libertades de reunión y de expresión, así como la participación en actividades educativas. Durante esta etapa se produce nuevamente la confrontación violenta, se da la persecución religiosa y la rebelión cristera. Son estos los tiempos de desgarramiento que hoy debemos trascender con la iniciativa de cambios constitucionales.
Tercero. se desarrollan nuevas agrupaciones religiosas a las que se refiere la Constitución de 1917 que habla por primera vez en plural de Iglesia, negando a todas ellas personalidad. Más adelante, en esta etapa se produce también un entendimiento práctico entre la Iglesia y el Estado, se produce la tolerancia para que las iglesias desarrollen actividades educativas y otras de asistencia y beneficencia que les estaban vedadas. Esto conlleva un conjunto de simulaciones por un lado y sostiene por otro una serie de limitaciones a los derechos humanos de los ministros de los cultos.
La cuarta etapa, cuyos primeros días vivimos ahora, se plantea el reconocimiento jurídico de
las iglesias en un nuevo contexto social y en un momento especial de la cultura política del planeta. Este es el momento de la separación de esquemas integristas y el establecimiento firme de la pluralidad a la que me refería al principio. La pluralidad no sólo como tolerancia sino como reconocimiento de diferencias que pueden enriquecer la propia posición. En esta etapa que debemos reconocer se preparó antes, se preparó en otras etapas, es necesario sacar nuevas conclusiones a la luz de nuestros acontecimientos para que nuestra organización como nación pueda mejorar, traducirlas en normas constitucionales como las que propone la iniciativa y otras que deberá acordar esta representación.
Así se plantea la eliminación de un conjunto de limitaciones impuestas a las iglesias y a sus ministros para que desarrollen actividades de culto más amplia, pero también políticas, educativas, civiles, mercantiles y asistenciales. En una etapa en la que estas relaciones pueden darse bajo los signos de la conciliación y la colaboración.
La sociedad mexicana de nuestro tiempo requiere de los impulsos que pueden proporcionarle las diversas agrupaciones religiosas, no sólo en el ámbito religioso, sino el de la organización del trabajo, para que éste sea más eficiente y mejor remunerado, en el ahorro, en la producción de bienes y servicios, en la búsqueda de la paz y el orden social, en el combate a los vicios.
Las agrupaciones religiosas pueden contribuir en forma importante a la promoción de este tipo de impulsos e inspiraciones, para que el trabajo de la sociedad mexicana sea más ordenado y productivo. Hoy se encuentran muy limitadas para hacerlo.
El impulso de esta iniciativa puede hacerse desde una perspectiva como la que sostiene el Partido Acción Nacional. Este partido se planteó y ejerció la pluralidad desde su fundación; hubo en él convergencia de creyentes y no creyentes que buscaban la democracia, la justicia y la libertad de México.
Personajes católicos como don Manuel Gómez Morín, don Efraín González Luna o don Miguel Estrada Iturbide, coincidieron con otros sin afiliación religiosa, como el licenciado Gustavo Molina Font, entre quienes compartieron las tesis fundadoras de este partido.
También se registra la disposición plural con personajes como Aquiles Alourduy, que militó en el Partido Acción Nacional, o con la propuesta que el partido Acción Nacional hizo de don Luis Cabrera, ideólogo fundamental de los planteamientos sociales de la Constitución de 1917, como candidato presidencial en 1946.
Ese espíritu plural, respetuoso de credos diferentes, en materia religiosa, da fuerza y justificación hoy a la promoción de una etapa de conciliación y renovados impulsos a la sociedad mexicana para que enfrente los grandes retos de su desarrollo.
El grupo parlamentario de Acción Nacional, votaré en favor en lo general de la iniciativa de modificaciones constitucionales para normar las relaciones entre el Estado y las iglesias, pero no lo hará en coincidencia con la perspectiva histórica que se ofrece en la exposición de motivos propuesta, sino en función de su propia valoración de la historia y de su profundo deseo de establecer relaciones más justas y de respeto a la dignidad humana, que ha sostenido largamente en su principios de doctrina y en sus plataformas electorales.
Sin embargo, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional debatirá con amplitud en lo particular, para buscar que los principios de pluralidad, conciliación y respeto a la dignidad humana se aseguren mejor en las disposiciones específicas de la propia Constitución.
Una motivación fundamental de nuestro grupo parlamentario, es que no debe seguirse viendo a ningún sector de mexicanos como vencedeores o como vencidos.
Las guerras y contiendas que incluyeron alguna disposición religiosa o antirreligiosa como motivación deben ser superadas. Debemos asegurarnos que no volverán a surgir. Estamos en tiempo de conciliación y debemos encontrar las mejores fórmulas para dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Gilberto Rincón Gallardo: del partido de la Revolución Democrática. El Diputado Gilberto Rincón Gallardo: -Señor Presidente, señoras y señores diputados:
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha decidido votar a favor del dictamen en lo general; pero debemos ser claros; los movitos y los objetivos del Partido Revolucionarios Institucional y del Partido de la Revolución Democrática en esta mateia están sumamente distantes, como lo indican los
acontecimientos políticos que antecedieron a la iniciativa priísta. El gobierno busca resolver la relación Iglesia-Estado en la relación jerarquía católica-gobierno, mientras que el Partido de la Revolución Democrática parte del principio democrático de lograr la libertad política para todos los ciudadanos, incluidos los ministros de culto, lo que implica llevar a toda su consecuencia la libertad de creencias.
Los más de 50 años de complicidad equívoca en la relación Iglesia-Estado, la han convertido en una mentira repetida mil veces, insostenible, que se realiza a la vista de todos. Adecuar estas relaciones para construirlas por cauces democráticos, es una necesidad de la cual prácticamente hasta hace poco no se podía hablar en público.
Fue hace 22 años, cuando el obispo don Sergio Méndez Arceo, entregó a Luis Echeverría, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República y a Efraín González Morfín, candidato del partido Acción Nacional, una carta de gran estatura política con la que se pretendió iniciar un diálogo abierto acerca de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Es conveniente recordar ahora alguno de sus párrafos. Decía la carta:
"El hecho evidente de la contínua y multifeme violación de la Constitución y demás leyes que nos rigen, crea un ambiente de inconformidad y frustración por cuanto parece que se le exige a la ciudadanía, vivir en un régimen de ficción e inmadurez cívica. Con el Vaticano Segundo afirmamos, continúa, que la comunidad política y la Iglesia, son independientes y autónomas cada una en su propio terreno, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre.
Queremos eso sí, una revisión de la expresión jurídica de la situación socioreligiosa realizada con la colaboración de todas las corrientes válidas y grupos de influencias. Partimos de la aceptación del pluralismo religioso e ideológico que animaba a nuestros reformadores y que es hoy realidad irreversible en el mundo y en México.
Afirmamos que la acción reformadora del siglo pasado, en México, fue un signo de los tiempos que debió ser mejor leído por la Iglesia mexicana para aceptar como vuluntad de Dios el realizar al Cristo en una Iglesia despojada del poder económico, del poder político y del poder cultural.
La propiedad privada no constituye para nadie, tampoco para la iglesia, un derecho incondicional y absoluto, señala la encíclica Propulorum Progressio.
Las exigencias de la autenticidad del hombre moderno, demandan en nuestra nación soluciones menos simplistas y más acordes con la evolución del pensamiento y de las actitudes de los ciudadanos.
No buscamos ni queremos privilegios, ni queremos ni buscamos enmiendas superficiales a la Constitución, lo que pretendemos es buscar juntos la manera de no seguir violando juntos los principios jurídicos positivos en materia religiosa de la vida ciudadana de todo mexicano."
Esta carta no sólo adquiere hoy su real dimensión, sino sus proyecciones históricas. Entonces repercutió seriamente en los planteamientos de los sectores democráticos y una parte importante de la izquierda, hizo suyos estos argumentos. Fue entonces, cuando mejor se comprendió el gran valor de las aportaciones que hacía ya en América Latina, la teología de la liberación.
Lejos están los sectores democráticos de buscar enfrentamientos entre los católicos y sus propias jerarquías o de considerar legítima sólo la opción progresista.
Consideramos que podemos andar juntos en los anchos caminos abiertos por el Concilio Vaticano Segundo y que la libertad religiosa es una de las determinantes de la libertad política. Al contrario de avalar fueros obsoletos, ésta es la vía para que la política se coloque en sus propios terrenos y la religión no sea utilizada para delimitarlos.
Poco después de la carta del obispo de Cuernavaca a los candidatos a la Presidencia, el Partido Comunista Mexicano, al solicitar su registro, se pronunció por los derechos políticos para los ministros de culto, corrían los años setenta. Una parte considerable de la izquierda discutía entonces a fondo, y ya con nuevos enfoques, los problemas de la democracia.
Ni la actitud de monseñor Méndez Arcéo ni la posterior discusión en el seno de la izquierda, obedecían a visiones circunstanciales, sino que México vivía el drama y los efectos de uno de los movimientos por la democracia más importante y transformador en muchas décadas, el que encabezaron los estudiantes en 1968.
Ese movimiento expresó la necesidad madura de cambios democráticos y entre esos cambios, lo comprendió así un lúcido sector de la Iglesia, está el fin del sistema abuso - tolerancia.
El propio obispo no ocultó esta realidad en su carta, decía: "nos pronunciamos en conjunción con las inconformidades sordas pero generalizadas y con los estallidos políticos, estudiantiles y populares".
Tiene una importante proyección política el hecho de que a partir de la democracia como anhelo profundo de los movimientos populares de 1968, junto con los trabajadores y estudiantes, estén los católicos de avanzada en el esfuerzo por conquistar sus derechos cívicos plenos, precisamente en correspondencia con la historia y su evolución; ya no es posible concebir a ciudadanos mexicanos excluidos de sus derechos políticos por motivos religiosos.
El 5 de mayo de 1989, al abordar el punto de que los ministros de cultos disfruten de sus derechos ciudadanos, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas decía:
"Que hagan política abiertamente y lleven la polémica nacional al seno mismo de sus comunidades, será mejor su participación política clara, adoptando posiciones y aceptando responsabilidades que seguir pretendiendo que una ley se observa cuando la práctica usual ha sido que se tolere su violación cotidiana. Nadie con convicciones democráticas y seguro de sus ideas, debiera dudar hoy respecto a la participación abierta y legal de los ministros en la actividad política en su calidad de ciudadanos. Habrá sin duda contribuciones positivas, cristianos como tales y muchos sacerdotes, han estado luchando de siempre por los cambios democráticos".
La diferencia entre la concepción estrecha de la democracia y la de los demócratas consecuentes, es que aun dentro de las grandes desigualdades económicas del capitalismo, estos últimos la conciben como igualdad de derechos de todos los ciudadanos sin privilegios para grupos sociales o corporaciones, sin discriminación para nadie ni para la mujer ni por razones de profesión o creencia.
Por eso refrendamos nuestra posición: derechos políticos plenos para los ministros de culto, una concepción así, no cae en el vacío a histórico, parte por el contrario del futuro democrático de la nación.
Para colocar este asunto en el espacio del compromiso con la democracia, los derechos y deberes en la relación Iglesia - Estado, deben tener sentido histórico en defensa de la separación y sentido democrático en defensa de la libertad política para todos los ciudadanos.
La cuestión religiosa ha jugado un papel relevante para la construcción de nuestra nación independiente. Hay infinidad de ejemplos dentro de nuestra historia demostrativos de los aportes de los cristianos a la cultura nacional, sin embargo la participación de los creyentes y de sectores jerárquicos de la Iglesia ha sido compleja y aun generadora de conflictos. Recordamos cómo en la colonia que se expresaron fenómenos de signo contrario, como la alianza entre conquistadores y capellanes, de los ejércitos de la conquista y, de otra parte, la actitud de misioneros como Bartolomé de las Casas y Vasco de Quiroga, que promovieron la defensa de la vida, la dignidad y la cultura de las etnias.
El Siglo XIX fue testigo de un lento y violento proceso que desembocaría en la separación entre la Iglesia y el Estado. De la Constitución de 1824, en donde se consagra el régimen republicano y federal con los tres poderes y se reconoce la religión católica como única de la nación, llegamos a la Constitución de 1857 y a las Leyes de Reforma, que delimitaron el poderío económico y político de la Iglesia; se logró una de las más profundas transformaciones de la vida del país y se abrió paso a la separación de lo público y lo privado, condición básica del Estado moderno.
No olvidemos tampoco que fue Juárez quién siempre mostró una preocupación profunda por resolver el conflicto con la Iglesia y fue Juárez quien decretó que el 12 de diciembre fuera día de fiesta nacional.
Apoyado en estos postulados, el Constituyente de 1917 negó la participación de la Iglesia en la educación, prohibió la formación de órdenes monásticas, prohibió la adquisición de bienes por parte de la Iglesia, negó el reconocimiento jurídico a la Iglesia y los derechos políticos a los ministros de culto, pero más adelante Calles aplicó esta legislación con un propósito persecutorio y antirreligioso, deformó el espíritu juarista con el que se erigió el Estado nacional y se consolidó la Independencia. Fue en el período del general Cárdenas, cuando se moderó el conflicto y se sentaron las bases para su solución.
Sin embargo, a partir de la década de los cuarenta, gobierno y jerarquía católica se caracterizaron por la simulación, la complicidad, la tolerancia y la ambigüedad, coberturas todas de un Estado autoritario, fundado en el control corporativo de la sociedad.
Las cosas continuaron en el mismo tono, a veces más, a veces menos. El presidente Luis
Echeverría, si bien no dio respuesta a la carta del obispo de Cuernavaca, se mostró activo en las negociaciones con el Vaticano y siendo Presidente visitó al Papa Pablo VI para lograr su apoyo a la Carta de Derechos y Deberes de los Estados. El Papa apoyó la carta y parecieron abrirse ciertas perspectivas de una relación más clara entre la Iglesia y el Estado, todos los contactos, sin embargo, se realizaron como siempre, en secreto; lo que avanzaba era la relación gobierno - jerarquía católica.
A partir de entonces, tuvieron lugar diversas conversaciones sobre este tema con representantes del Vaticano, sucedió en el sexenio de López Portillo y también con De la Madrid, siempre en secreto; pero trascendieron los rumores que en ocasiones hablaban ya de un cambio inminente. Recordemos que durante su gira como candidato oficial, López Portillo se entrevistó con casi todos los obispos del país.
En la década anterior, el núcleo dirigente de la jerarquía católica y el delegado apostólico, fueron participando con mayor firmeza en el escenario político nacional y contando con vías de acceso formal en su relación oculta con el gobierno.
Por la vía de los hechos, se ha establecido en el país una relación del gobierno con la jerarquía católica que no sólo desconoce la pluralidad de la Iglesia, sino que llega a marginar de las decisiones fundamentales al cuerpo colegiado de los obispos y en donde tiene un peso decisivo la unipersonal representación papal.
El sentido nacional de la relación Iglesia - Estado, tiene gran importancia y es parte de la orientación que debe regir.
Hay ejemplos recientes: En 1986 un señor Almeida Merino protestó severamente junto con otros obispos ante el fraude electoral de Chihuahua, en julio de ese año. Se acalló esa protesta por intervención directa del Vaticano, a solicitud de la Secretaría de Gobernación. En ocasiones la conducta del gobierno mexicano hacia la Iglesia católica adquiere una especie de trato colonial; además de que poco o nada se toma en cuenta la existencia de otras iglesias.
Continuaron las platicas secretas...
En febrero de 1990, el Secretario de Gobernación informó que el Presidente nombraría un representante personal ante el Papa Juan Pablo II, en mayo se celebró la segunda visita papal a México.
Cabe recordar que entonces el Secretario de Gobernación afirmó que de ninguna manera sería reformado el artículo 139 de la Constitución.
Fue por el "Observatore Romano" que nos enteramos de declaraciones atribuidas al obispo Reynoso Cervantes, en el sentido de que se estaba negociando con el gobierno la reforma al artículo 130 constitucional. Así como la de otros preceptos legales. La realidad es que tanto del lado del gobierno, como de la más alta jerarquía de la Iglesia, se trata de refuncionalizar legalmente una relación de beneficio mutuo. No es casual, por tanto, la negativa a ventilar este asunto con la amplitud que requería, ni es ocioso por parte del Partido de la Revolución Democrática demandar la participación amplia de representantes de las iglesias cuya pluralidad existe, aun dentro de cada una de ellas.
Estado no es lo mismo que gobierno, Iglesia no es lo mismo que alta jerarquía. Para el Partido de la Revolución Democrática la redefinición de las relaciones entre las iglesias y el Estado, debe contribuir al desarrollo de la democracia de nuestra patria y no como decía aquí hace unas horas el diputado Echeverría que se buscaba fortalecer al Estado.
Por ello consideramos insuficiente la presente iniciativa que sólo aborda la relación entre la jerarquía y el gobierno, lo que puede beneficiar al establecimiento de nuevas formas de corporativismo. Para que esto no sea así, es necesario partir de la base de que hoy existe una fuerte exigencia ciudadana que reclama la transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad. La crisis del control corporativo de las prácticas clientelares y el ejercicio autoritario, solo puede ser rebasada con el ejercicio mismo de la democracia.
Una cuestión básica es el respeto a los derechos individuales. La igualdad de derechos y obligaciones exige que no haya impedimento para que todo ciudadano ejerza con todas sus consecuencias de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Por ello proponemos que las reformas a las relaciones entre las iglesias y el Estado partan de este reconocimiento.
El Estado mexicano debe reconocer la existencia de las asociaciones religiosas, genéricamente llamada iglesias, sean de la religión que sean. A ese reconocimiento corresponde la definición de una personalidad jurídica que les permita actuar legalmente en nuestra sociedad.
Esta figura debe de corresponder al derecho privado como asociación que los individuos establecen de manera libre en torno a una creencia o culto religioso. La maduración democrática de nuestra sociedad, implica la aceptación de que ningún ciudadano mexicano, por el hecho de serlo, sea impedido de votar y ejercer sus derechos políticos, cuestión esta última que no amerita la separación definitiva de los ministros de culto, pues esto los enfrenta a sus jerarquías. Bastaría con igualar el marco jurídico con el que rige para el Ejército. Así se podría decir que quienes aspiren a puestos de elección popular soliciten licencia seis meses antes de la elección y no deben estar en ejercicio de su ministerio durante el período que dure su mandato.
La iniciativa no especifica la forma como se otorgará el uso de los templos y demás bienes en propiedad de la nación. Por lo que aparece...
El Presidente:- Diputado Rincón Gallardo, permítame un segundo. Voy a pedir a los diputados o a las personas que están en los pasillos, que tomen asiento y que guarden silencio para que pueda escucharse este debate.
Prosiga diputado.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo:- Gracias, señor Presidente:
Por lo que aparece un vacío legal, puesto que no señala, como lo hace el actual 27 constitucional, cuales serán los mecanismos a través de los que la nación concederá el usufructo de estos bienes. Es necesario legislar en una reforma en el propio artículo 27, para que las asociaciones religiosas no puedan poseer bienes con fines de lucro, sino solamente aquellos indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él. Además los templos destinados al culto público deben seguir siendo propiedad de la nación.
El artículo 3o., es una conquista de la Revolución Mexicana y su espíritu debe permanecer intocable. Para el desarrollo de la democracia es indispensable mantener el carácter laico, gratuito y obligatorio de la educación. Se debe reconocer, asimismo, la existencia de la enseñanza privada y dentro de ella las que realizan las asociaciones religiosas; estarán sometidas a las normas y programas de la Secretaría de Educación Pública, impidiendo cualquier modificación de los contenidos de la educación. Sin embargo en programas complementados, separados de los programas obligatorios generales, las escuelas deberían poder realizar educación religiosa siempre y cuando sea optativa y sin ninguna restricción, sanción o discriminación a quien no desee participar en ella.
Esta es una más de las dimensiones de la democracia y de la libertad de los individuos en nuestra sociedad.
Señoras y señores diputados: este tema atraviesa a la sociedad y a la política. Sabemos que toca fibras sensibles que dificultan el consenso aun dentro de los partidos. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha discutido con espíritu abierto y democrático. No es fácil. Hemos tenido discrepancias. Una minoría del grupo va a dejar expreso aquí su voto en contra. Consideramos que sus razones son legítimas y son válidas. Tienen qué ver con que los efectos inmediatos de esta iniciativa van a reforzar las relaciones entre la más alta jerarquía de la iglesia católica y la cúpula gubernamental. Tienen que ver con la educación religiosa obligatoria, lo cual rompe los programas generales del Estado. Tiene que ver con que se abre paso a la comercialización de la educación y a una educación que está pensando en dos tipos de mexicanos. Tiene que ver con que también abre paso a la concentración de la riqueza, por parte de la jerarquía.
A pesar de todo, la mayoría ha considerado que se trata de un asunto particularmente trascendente, que afecta de manera directa a los creyentes y Partido de la Revolución Democrática es profundamente respetuoso de sus libertades, no solo porque participan en sus filas mayoritariamente, sino esencialmente por convicción y principios democráticos y aunque con serias deformaciones y limitantes, la iniciativa enfrenta la simulación en la relación Iglesia y Estado.
Sabemos que la Iglesia católica, siendo la de más larga historia en el mundo, ha definido su estructura en términos de jerarquía sagrada, como consta en el derecho canónico. Hablar de jerarquía, es decir sacerdote con poder dentro de un ordenamiento que sacraliza el poder. No obstante, el Concilio Vaticano Segundo, es punto inevitable de referencia, porque abrió paso a la vigencia de las distintas corrientes y habiendo tenido impulso desde la más alta cúpula, impacto a la Iglesia en el mundo entero y en todos sus niveles.
Por parte del gobierno de Salinas, la búsqueda se enmarca en su proyecto neoliberal y privatizador. No lo ignoramos, motivaciones y objetivos son distintos entre el gobierno y el Partido de la Revolución Democrática. Por nuestra parte reafirmamos que la historia misma es lección
del significado que tiene la imbricación de los símbolos religiosos nacionales con la propia nación, es parte de valiosos aportes de los cristianos a la cultura nacional; nuestra historia del México independiente emerge de Hidalgo y de Morelos, en los preceptos evangélicos están los valores que nos acercan ideológicamente; el laicismo de un partido democrático implica respeto a la libertad de creencias, pero también capacidad de incorporación de esos valores cristianos a la transición democrática. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Juan Manuel Huezo Pelayo:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los mexicanos estamos viviendo una de las etapas más trascendentales de nuestra vida reciente, la firme voluntad de modernizar nuestras relaciones políticas, económicas, sociales y culturales, para continuar fortaleciendo a nuestra nación frente a los retos y oportunidades que brinda el advenimiento de nuevo milenio, que hace de este período legislativo un momento histórico.
Los esfuerzos realizados por todos los mexicanos para abatir la crisis que obstaculizó nuestros deseos de progreso, dieron un positivo resultado. Hoy es posible desplegar la impostergable agenda de las tareas reformadoras de la vida nacional de forma tan amplia como lo exija el cambio y lo avale el consenso social.
Sabemos que reformar es dar nacimiento a lo nuevo, adecuado los existente y sin vulnerar su fundamento, se requiere estar dispuesto y preparado para entrar al delicado mundo de la filigrana política, donde mover de sitio cada hilo exige evaluar con precisión su necesidad y asegurar la permanencia de lo estructural, es decir, conocer lo procedente, precisar los beneficios de modificarlo y visualizar su devenir.
Por ello, analizar la enmienda propuesta al artículo 130 y demás artículos de la Constitución en debate; es remontarnos a los orígenes mismos de la nación y volver a aquilatar los sacrificios y la sabiduría de quienes nos precedieron en la defensa de la soberanía y en la consolidación del Estado; es asumir en nuestras propuestas sus enseñanzas como soporte de las decisiones del cambio que estamos tomando y comprobar una vez más que en sus manos la ley fue un eficaz instrumento de modernización del México que habitaron; es comprender también, que buscar la congruencia con la ley, con la realidad y de cara a un proyecto de futuro, no sólo justifica modificarla, ordena su enmienda.
Por eso hoy cuando revisamos la voluntad del Constituyente histórico no podemos hacer a un lado que su objetivo fue allanar o la ley o camino hacia el progreso de los mexicanos o libertad y justicia social, nunca la reservación a ultranza de la norma. Con esa actitud nos identificamos somos una nación donde el derecho ha sido y continuará siendo un vehículo de la modernización. La eficacia de la ley y por lo tanto de su calidad de instrumento para el cambio está en función de su grado de correspondencia con la realidad, con su congruencia o las aspiraciones y expectativas de las mayorías y la firmeza coactiva en su aplicación. Estos requisitos hacen del derecho un bien social cuya naturaleza es primordialmente histórica y que en la evolución de la norma jurídica permite leer las etapas geológicas de la formación social.
A cada una de ellas corresponde un marco jurídico concreto cuyas diferencias entre sí se explican por la necesaria adecuación entre teoría y práctica a cada momento, fase, etapa y época de la contradictoria periodización del desarrollo es decir, toda sociedad está obligada a ser vigilante de la eficacia de su ley y éste es termómetro de su vigencia. Nos encontramos compañeros, en el momento de revisarlo y de cotejar su actual marco jurídico, ésta es la concepción que subyace en nuestros planeamientos.
Los cardenistas consideramos que la democracia que queremos requiere que nuestras relaciones sociales se sustenten en la más amplia transparencia y representatividad del pluralismo nacional. No caben propuestas excluyentes ni simulaciones, la diversidad es la divisa del pueblo mexicano y sus formas de asociación no pueden estar fuera de la tutela del derecho que regulan nuestra convivencia. La negación jurídica de la existencia social de conductas o de virtuales sujetos de derechos y obligaciones, no ayuda a la democracia y sí colabora a la entronización de la impunidad, disminuye la eficacia de la ley y otorga un amplio espacio a la discrecionalidad como norma regulatoria dando lugar a que se abone el terreno para los autoritarismos que a nadie desea invocar.
Las Iglesias en tanto que asociaciones de ciudadanos agrupados para cumplir con los requisitos de su culto religioso, son una consecuencia de la libertad de creencia y expresión indiscutible
de la sociedad civilmente organizada; forman parte de las instituciones de la vida privada y no pueden continuar al margen de la ley, hacerlo es incongruente con la modernidad y la democracia, por lo que avalamos la derogación del párrafo 5o., del artículo 130 de la Constitución.
Los frentistas conocemos los motivos que dieron lugar a la existencia de esta norma prohibitiva, creemos que las condiciones han cambiado y los riesgos también, éstos últimos no se ubican más en disputar por dominar la aglutinación social y sí podemos encontrarnos en la insuficiente modernización de nuestro derecho. Adicionalmente en el reconocimiento a las iglesias como centros de imputación jurídica, no sólo se mantiene sino que se fortalece el principio básico de su separación con respecto al Estado.
Asimismo, regular por la ley la manifestación extrema de los cultos que son una consecuencia de los mismos, también contribuye a la fortaleza del poder civil, al igual que todo acto de libertad humana tutelada por el Estado, tiene como único límite la libertad de los terceros.
Por otro lado, la historia nos ha enseñado que no es posible avanzar por decreto de la secularización de la sociedad, los esfuerzos de nuestros liberales y luego de nuestros revolucionarios por acrecentar este proceso fueron exitosos y la diferenciación institucional implícita en el laicismo.
De ahí que múltiples y significativos eventos de nuestra historia, nos hayan llevado a comprender que el respeto al pluralismo y a la libertad del individuo en este espacio fundamental de la vida privada, es la mejor garantía de la paz social y de la soberanía, por lo que en la propuesta de reforma al artículo 24 constitucional, se ha buscado flexibilizar la norma que regula la celebración externa de los actos de culto, circunscribiéndola al ejercicio general de derecho.
En términos semejantes, referirnos a la propuesta de realizar modificaciones al artículo 3o., constitucional, cuyo propósito primordial es que a partir del más profundo respeto a las convicciones de las familias mexicanas sobre la educación de sus hijos, se precise al laicismo como la orientación fundamental a cumplir por la instrucción de los estudios de reconocimiento oficial. Así se continúa afirmando la tutela de la autodeterminación del individuo frente a la intromisión no deseada de las corporaciones en el seno de la vida privada y también la salvaguardia de la voluntad para que una vez cumpliendo los planes y programas oficiales de estudio, si las familias así lo quisieran, las escuelas particulares puedan ofrecer educación religiosa.
De ahí que en esta lógica de congruencia con la búsqueda de una mayor eficacia de la ley que apuntale la modernización nacional, se propone la derogación de la fracción IV de este artículo 3o., desapareciendo la prohibición a las corporaciones religiosas o ministros de los cultos para intervenir en la impartición de la educación primaria, secundaria y normal, así como la destinada a los obreros y a los campesinos.
En el Frente Cardenista creemos que la definición básica de nuestra soberanía como la defensa de la supremacía del Estado en lo anterior y de su independencia del exterior, se ratifica en la presente iniciativa. Adicionalmente a la fortaleza del Estado mexicano y la estabilidad y unidad de la nación, tienen hoy una de sus mejores circunstancias y permiten aspirar a que la multimencionada voluntad de congruencia tenga un amplio margen de expresión y se instale como punta de lanza de la reforma nacional.
De ahí que podemos hablar incluso del carácter visionario de esta propuesta, porque camina en el sentido que avanza la secularización de la sociedad, requisito sine qua non de modernidad, pero lo hace retomando la sabiduría procedente y a través del respeto de los derechos humanos y al fortalecimiento del marco jurídico nacional.
En este esfuerzo de congruencia, se propone también la suspensión de las obligaciones existentes de recabar permisos de la Secretaría de Gobernación para dedicar a los cultos nuevos locales, registrar al encargado, avisar de ello a la autoridad municipal y demás obligaciones relativas a este ordenamiento en el artículo 130. Al constituirse las iglesias como asociaciones religiosas. Son éstas las responsables de lo que concierne a los templos de acuerdo con la ley.
En este mismo sentido, consideramos que debe ubicar las enmiendas propuestas al artículo 27 constitucional en esta iniciativa, cuya pertinencia es consecuencia del reconocimiento jurídico de la personalidad de las asociaciones religiosas, lo cual les otorga capacidad de propiedad y patrimonio propio, al igual que lo contenido en las disposiciones en materia civil relativas al tema.
Subrayamos que en ambos aspectos sigue incólume el espíritu histórico del Constituyente de Querétaro, particularmente acerca de la inconveniencia de confundir el patrimonio
necesario para cumplir con una función religiosa, con eventuales intenciones de lucro y acumulación.
En el plano estrictamente político, también se guarda un saludable equilibrio entre la función civil de las asociaciones religiosas y la presencia política de los individuos del culto. Se ratifica la prohibición a las primeras para que participen en la política alejándose de su naturaleza, pero se concilian los derechos de los individuos para poder hacerlo y no dependiendo del cargo que ocupen.
Compañeros diputados: como dije al principio de esta intervención, la historia de las relaciones entre la Iglesia, ahora las iglesias y el poder civil, sin ser un aspecto privativo de México, sintetiza buena parte de la historia poscolombiana. Su calidad de actores sociales decisivos de nuestra nación, con formación cultural, los ha convertido en las entidades aglutinadoras de la sinergía nacional y eje de los valores de la tradición de la modernidad, representado indistintamente por uno y por otro en distintas épocas.
Desde la evangelización que sustentó la colonia y fortaleció a la Iglesia católica a la desamortización de los bienes eclesiásticos y la separación de la Iglesia y el Estado, pasando por las vicisitudes del Estado confesional que el país tuvo en los albores de su vida independiente, hasta las gestas revolucionarias y la construcción del México actual con sus ajustes y reacomodos, se han vertido muchos ríos de tinta y también ríos de sangre; se han vivido a la vez un callado proceso de secularización, acompañado por otro de reconciliación de la Iglesia con el Estado, que es que en buena medida han sido mutuamente confluyentes, aunque contradictorios y que a partir de los destinos saldo que dejaron las confrontaciones, se ha hecho posible el surgimiento de fórmulas para el diálogo y la convivencia en beneficio de la consolidación de la nación.
Del Estado confesional de México recientemente independiente que no atinaba a gobernar sin desprenderse del poder real de lo eclesiástico, frente al suyo, ayuno de eficacia, al Estado republicano del juarismo liberal, intransigente tanto en el respeto a los derechos de los individuos como en la salvaguarda de la soberanía nacional y en el régimen revolucionario de 1917, donde el Constituyente no deja lugar a dudas sobre la supremacía del poder civil y cierra los espacios formales al ejercicio eclesiástico de todo esbozo ideológico - político hemos encontrado que la guía modernizadora ha correspondido al Estado.
La Iglesia católica se ha preocupado por avalar cada vez mas este sentido del progreso, adecuando a él sus prácticas e interpretaciones. Han surgido más iglesias y los sentimientos religiosos del pueblo mexicano, siendo mayoritariamente católico, se han diversificado. Existen grandes mayorías de creyentes no asimiladas a ninguna Iglesia. La historia ha demostrado que es inútil y contraproducente que el poder civil pretenda neutralizar la realidad eclesiástica o que estas instituciones combatan la secularización.
Se ha demostrado que se puede lograr una respetuosa y equilibrada convivencia si se precisan los ámbitos de acción y se trazan las distancias. El motivo principal de la cuestión está en decidir si los acuerdos entre ambos se mantienen en lo informal y sujetos a la discrecionalidad de la coyuntura o se definen por la ley.
La fortaleza del Estado está en su plenitud y en todo caso sus riesgos no provienen de una rivalidad eclesiástica. El derecho positivo mexicano es la vía para asegurar la permanencia de los criterios y fórmulas aprendidas en esta materia. Solidificar su presencia como supremo rector de la vida nacional y apuntalar el camino del país para lograr una sociedad civil más fuerte y un Estado más eficaz.
El pueblo mexicano está claro sobre el lugar que le corresponde ocupar al Estado y a las Iglesias en el despliegue de sus valores.
En síntesis, hemos aprendido que la modernidad de las relaciones entre el Estado y las iglesias comenzó en México hace tiempo, hace más de 50 años, y que hoy estamos en condiciones de añadir, sin perjuicio para nadie y en beneficio de todos, una cuota más en este camino del futuro nacional. Somos una parteaguas en este proceso; nos ha tocado inaugurar una nueva etapa del progreso nacional que anuncia el advenimiento de una nueva era en la República.
Por lo anteriormente expresado, compañeros diputados, la posición de nuestro partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, respecto al voto en lo general, es que votaremos a favor de la reforma en discusión. Gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Francisco Laris Iturbide:- Con su permiso, señor Presidente; respetables señoras legisladoras respetables señores legisladores:
Hemos afirmado reiteradamente que nuestro partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, en su nueva era, tal como lo manifiesta nuestro líder nacional, Carlos Enrique Cantú Rosas, en cada una de sus intervenciones, no es un partido de crítica sistemática, sino un partido de crítica sana y que por lo tanto todo aquello que consideramos sirve a nuestro representado, que es el pueblo, lo apoyamos, pero, aclarando conceptos, y siempre y cuando exista la debida protección de todos y cada uno de los intereses.
He escuchado con fija atención a los oradores que han hecho uso de esta la más alta tribuna, conocedores brillantes del derecho unos, políticos de altura otros, que manejan esta ciencia normativa de la conducta humana, con soltura y que saben también convertirla en el arte de hacer las leyes. He escuchado también otros más parlamentarios que vienen a hacer sus lances de fuerza y valor, ante el símbolo que aquí nos cobija. Unos y otros de ideas divergentes, de disímbolas ideologías, pero todos ellos grandes mexicanos que buscan su firme pensamiento lo mejor para México.
Sean pertenecientes del partido mayoritario de otros partidos políticos, pero todos representando con honor a nuestro pueblo.
Afirmo lo anterior porque esta LV Legislatura es ya, y será mañana, la de más responsabilidad, la que mayor impacto cause en la historia por muchos siglos.
Aquí, en este templo de la legislación, en este recinto sagrado donde se encuentra la máxima tribuna del pueblo para ser representado con la dignidad que a él le corresponde. En este momento histórico, se usan las herramientas técnicas, lógicas, jurídicas, políticas y sociales para reformar ya los artículos 3o., 5o., 24, 27, 130, al igual que otros más como el 102, el 123, el 34, el 35 y el 89. Este último en cuanto a la obligación del mandatario de informar no sólo al Senado sino también a esta ilustre y honorable Cámara de sus intervenciones en asuntos internacionales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio.
Y todas las múltiples reuniones que han venido sucediendo, además de que existen otros muchos artículos de nuestras leyes, que gozan hasta de falta de semántica.
El derecho señores legisladores, sabemos que nace para regular la conducta humana mediante las normas. Sabemos que fundamentalmente son dos corrientes las que lo inspiran: primero, la corriente jus naturalista o sea la doctrina que nos informa que el derecho emana de un ser supremo y entonces tenemos como antecedente el derecho escrito en las tablas de la ley, cuyas normas del decálogo están vigentes aún, con transformaciones propias de los tiempos. Pero también los jus naturalistas ven en las normas actuales, que éstas surgen de la mano del hombre pero con un resplandor de foco central que les inspira. Segundo, la corriente positiva de Kelsen y sus corifeos que afirman que el derecho sólo emana de la mano del hombre. Pero sin entrar a deliberación de cuál es la corriente válida en esos u otros tiempos, vemos que surge el derecho actual de tres concepciones históricas: el derecho romano que viene a hablarnos ya con la división de Gayo y Urpiano en su código civil, del estudio de la persona, de las obligaciones, de los contratos de familia y sucesiones y nos da conceptos y frases jurídicas necesarias.
El Presidente:- Un momento diputado. Pido respecto y atención a la expresión del diputado Laris, como se ha guardado, lo cual agradezco, con los demás oradores, para poder continuar con este debate en términos de respeto. Continúe por favor diputado.
El diputado Francisco Felipe Laris Iturbide:- El derecho germánico del cual tenemos en su código Comité de Seguridad del Estado (KGB por sus siglas en ruso), figuras tan grandes como la llamada Laguevere, en la cual se indica que por la imposición de una banda en el pecho, a una persona del pueblo se le convierte en su presidente y el derecho canónico que viene a ser el entronque en diferentes figuras jurídicas como los términos expresos de relaxio o sea relación jurídica, matrimonio, delito, etcétera.
Estas tres grandes corrientes, códigos filosóficos que darán la vida al Código Napoleónico, al español y a los iberoamericanos, directa o indirectamente. Pero además, muy posteriormente, 1897 el constitucionalista mexicano se adelanta a otras muchas constituciones y trata materia social, garantías individuales, para crear un compendio filosófico como lo es la Ley y después de estudiar el problema patrio de geografía, etnia, litorales y religión.
He querido llegar intencionalmente a lo que sí es la ley y analizar el problema que el legislador tiene en sus manos al estarla creando. El legislador de esta LV Legislatura histórica, ha de fijarse para aprobar el artículo 130, que es de la relación Iglesia con Estado y como consecuencia de esa relación, la serie de problemas que significa y que envuelve a las personas involucradas en el concepto y en la voluntad popular.
He escuchado en esta tribuna que los señores representantes del pueblo, opositores a la reforma propuesta, manifiestan que basta con lo que actualmente ya tiene nuestra Carta Magna de dar libertad de creencia, pero frenando a los ministros de culto que son necesarios para poder ejercer este derecho.
Sabemos que está por llevarse a cabo la firma posible del Tratado de Libre Comercio y se dice que posiblemente para ello, es por lo que se exige estas reformas.
Sabemos que los países involucrados, Canadá y Estados Unidos, necesitan una protección en sus operaciones y en sus negociaciones personales, pero aun suponiendo sin conceder, que las reformas constitucionales que se están llevando a cabo, fuesen la consecuencia del Tratado de Libre Comercio y estas reformas llevarán la tranquilidad, la forma honesta y libre de vivir de nuestro pueblo, habríamos de afirmar que fue bueno el motivo.
Podemos afirmar que no se trata de construir una vieja posición de privilegio, sino determinar con situación de excepción que en esta forma moderna de vivir existe la tranquilidad de que está actuando dentro del derecho.
Es verdad que dentro del concepto de iglesias, tres son los factores que le distinguen: la indefectibilidad, o sea, que no puede faltar; la inefabilidad, o sea que no cabe el error en los dogmas por ella proclamados y, tercero, la necesidad por construir un medio exclusivo de mejor vida y salvación.
Y pese a las tendencias fanáticas que reclaman para la Iglesia el gobierno temporal del mundo entero y la facultad legisladora con la subordinación plena del Estado a la Iglesia, para tranquilidad de nuestros señores legisladores que han implorado el nombre de grandes figuras de la historia mexicana que actuaron como ellos consideraron deberían de actuar en un momento histórico diferente a éste, repito, para tranquilidad de los señores legisladores que así pensaron, no existe ninguna nación teocrática que piense en esa subordinación y que el único Estado en el mundo que tiene como gobierno en si, teocráticamente hablando debe ser, por lógica, el Vaticano.
Y por otro lado, en este momento histórico el conjunto de naciones insiste en estrechar relaciones diplomáticas internacionales con las iglesias, porque en ellas ven un freno moral y otros valores espirituales de los que en el mundo estamos muy carentes.
No debemos de tener a las reformas el artículo 130 constitucional, porque en él queda claro, en las facultades civiles a las que los señores ministros de culto están sujetos.
Insisto, mi partido analiza la voluntad del pueblo y a ella se somete y estará vigilantes en cuanto a la regulación y la soberanía, en cuanto a la regulación de la política y del respeto irrestricto a nuestras leyes civiles; sabiendo de antemano que como en todas partes, encontramos sujetos activos de delito que traten de infringir las leyes; pero este trato de igualdad nos llevará a conducirnos mejor entre las diferentes partes que formamos la sociedad mexicana.
Preguntemos al pueblo su valiosa opinión y el pueblo apoyará este acto.
Me voy a permitir leer brevemente, para terminar, a leerles a ustedes las declaraciones de Bruselas, producidas el 16 de junio de 1946 y otras declaraciones más que habrán de identificar ustedes, de muy reciente fecha.
La primera dice: "Que con objeto de celebrar el Centenario de la fundación del partido belga en unos momentos en que la desolación causada por dos salvajes guerras que ha provocado gran desorden en la mente de las personas y caos en el estado económico a las poblaciones, afirmamos nuestra fe y principios comunes mediante la siguiente declaración que llamamos: La Declaración de Bruselas.
Primero. Afirmamos nuestra fe en la libertad de Prensa, libertad de asociación y de libre expresión y de publicación de sus creencias y opiniones."
Y en diferente Párrafo, que es de otra pluma y otra fecha, nos dice:
"Una auténtica democracia es posible solamente en un estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana; requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación de los verdaderos ideales, así como la subjetividad de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico, son la filosofía y la actitud fundamental correspondiente a las formas políticas y democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría, que sea variable según los diversos equilibrios políticos.
A este propósito hay que observar que si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder.
Una democracia sin valores, se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como lo demuestra la historia.
Después de la caída del totalitarismo comunista y de otros muchos regímenes totalitarios y de seguridad nacional, asistimos hoy al predominio, no sin contrastes del ideal democrático, junto con una viva atención y preocupación por los derechos humanos pero precisamente por esto, es necesario que los pueblos que están reformando sus ordenamientos, den a la democracia un auténtico y sólido fundamento, mediante el reconocimiento explícito de estos derechos. Entre los principales hay que recordar el derecho a la vida, del que forma parte integrante, el derecho del hijo al crecer bajo el corazón de la madre, después de haber sido concebido, el derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral, favorable al desarrollo de la propia personalidad; el derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través del conocimiento de la verdad; el derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento propio y de los seres queridos; el derecho a fundar libremente una familia, a acoger y educar a los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad, frente y síntesis de estos derechos, en cierto sentido, la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad transcendente en la propia persona.
El primer texto que leí, señores diputados, corresponde a las declaraciones de Bruselas, de fecha 16 de junio de 1946, para celebrar el Centenario de la Fundación del Partido Liberal Belga y que se llamó "La Declaración Bruselas" y que está asignado por el Partido Liberal de Bélgica, el Partido Liberal de Gran Bretaña, el Partido Radical, el Partido Radical Socialista de Francia, el Partido Radical de Dinamarca, el Partido de Libertad de Holanda, el Partido Radical Democrático de Suiza, el Partido Popular de Suecia, el Partido Liberal de Italia y el representante de los liberales españoles en el exilio quienes nos hablan de la libre expresión de publicación de sus creencias y de sus opiniones y de la libertad de asociación, de conciencia y como consecuencia de la libertad de creencias.
Y el otro trozo que leí, que nos habla también de la libertad del hombre, de la democracia de los pueblos, de las relaciones con el Estado, de la libertad religiosa entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y conformidad, con la dignidad trascendente de la propia persona, pensamientos que se conculcan con las declaraciones de Bruselas, con las declaraciones de San José, Costa Rica en 1946, en este pequeño trozo, última parte de la carta encíclica Centesimus Anus, de Juan Pablo II, de fecha 1o.. de mayo de 1991.
Por eso considero, que existiendo comunión de ideas y de principios en cuanto a los derechos del hombre y a la dignidad de éste, no corremos peligro alguno con que haya ministros de culto autorizados al ejercicio de su profesión, y existan relaciones Iglesia - Estado, principios, repito, que son los de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:- Señor Presidente; compañeros diputados:
Las propuestas de reformas y adiciones a los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 de la Constitución general de la República que presentaron a esta Cámara un grupo de diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional relativas a la cuestión religiosa el pasado 10 de diciembre, no han surgido de ningún sector amplio de la población, ni siquiera de las instituciones religiosas en lo general, sino corresponden a una exigencia largamente reiterada de la jerarquía eclesiástica que desde la promulgación de la Constitución de 1856, se plantearon la derogación de las leyes restrictivas y, por lo tanto, la recuperación de las posiciones perdidas durante la guerra de tres años a manos de los liberales y la obtención de otros espacios de poder y de influencia social de cara a los tiempos modernos.
No podía ser de otra manera, pues debemos recordar que la alta dirección de la Iglesias católica se opuso en forma militante y agresiva, incluso empleando las armas no solo a la Carta Magna de 1856, sino también a la Constitución de 1917, cuyos textos siempre consideraron contrarios a la doctrina de la institución, opuestos a las convicciones espirituales del pueblo y producto de la imposición de una fracción política.
Hasta el día de hoy la jerarquía de la Iglesia católica no reconoce validez alguna a la
Constitución de 1917 y también hasta el día de hoy ha convocado al pueblo a desobedecerla en sus preceptos más importantes.
La iniciativa de reformas se presenta en la Cámara de Diputados en una etapa de la historia moderna de México en que se encuentra en el poder un grupo que se ha desvinculado por completo del programa de la Revolución Mexicana y que le ha dado la espalda a los valores más perdurables de nuestro pueblo. Por primera vez en muchos años la mayoría de los funcionarios públicos que ocupan puestos decisivos en el gobierno federal y en las gubernaturas de los estados, se han formado en escuelas privadas, cuyos planes y programas se apartan de los lineamientos programáticos del artículo 3o. y de la ideología que inspiró el movimiento armado de 1910.
También por primera vez en muchos años se nota una convergencia programática y política entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, cuyos principios de doctrina están fundamentando hoy las principales acciones y decisiones del gobierno federal.
En los últimos años los dirigentes de la Iglesia católica lograron aumentar su influencia entre los miembros del grupo hegemónico y ablandar la conciencia y las convicciones de los presidentes de la República, los secretarios de despacho, los gobernadores, por lo que la iniciativa que hoy discutimos debe entenderse como el corolario de ese proceso.
El 5 de junio de 1989 la Conferencia del Episcopado Mexicano, dirigió al presidente Carlos Salinas de Gortari un documento titulado "Considerando para ilustrar las proposiciones o enmiendas a la Constitución de 1917", que se sugiere para modernizar las relaciones Estado-Iglesia, en el que opinaban "que las circunstancias históricas que motivaron la implantación del actual orden normativo de la Constitución han cambiado totalmente; que el pueblo mexicano ya no quiere vivir más en la mentira y en la apariencia; que hay una incongruencia entre la realidad y la negación constitucional y que los preceptos en materia religiosa nunca tuvieron ni han tenido legitimidad".
Propusieron, en el artículo 3o., la libertad de enseñanza, para que los particulares puedan impartir educación en todos los niveles; en el artículo 5o., el restablecimiento de las órdenes monásticas; en el artículo 24, la posibilidad de efectuar actos religiosos fuera de los templos; en el artículo 27, la libertad para que la Iglesia pueda adquirir, poseer o administrar bienes que sean necesarios para su objeto; en el artículo 130, establecieron la separación entre la Iglesia y el Estado y la libertad de creencia.
Firmaron el documento los obispos de Monterrey, Durango, Guadalajara, Tlanepantla, Torreón, San Luis Potosí, Querétaro y Cuernavaca.
Si se observa el texto de este documento y las proposiciones que están contenidas en el dictamen que hoy discutimos, encontramos una plena similitud. También debe quedar claro que las iglesias evangélicas, que ya agrupan a 16 millones de fieles, tampoco plantearon la reforma al artículo 130 y demás relativos; a ello debemos agregar que las iglesias bautistas tampoco plantearon ninguna reforma al artículo 130.
El Partido Revolucionario Institucional, durante la pasada campaña electoral, jamás propuso las modificaciones que hoy están a debate. Porque sin duda, de haberlo hecho, no hubiese contado con la mayoría de los sufragios.
La votación recibida el pasado 18 de agosto le permite al Partido Revolucionario Institucional tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y por lo tanto, la libertad de hacer las enmiendas a la Carta Magna, que considere más convenientes, aun al grado de atropellar los trámites legislativos, como ha sucedido en este caso en que por ejemplo la Comisión de Educación jamás se reunió para conocer y aprobar el dictamen relativo a los cambios que experimentará el artículo 3o.
Existen dos formas de entender la historia de la Iglesia en México: Una, tratar de aferrarse a realidades sociales y políticas que ya no existen, por el progreso que ha registrado nuestro pueblo en las últimas décadas; y creer que las normas jurídicas deben ser eternas y por lo tanto que no deben modificarse y, la segunda, que es hacer una interpretación de la historia para apreciar y valorar las lecciones políticas que siguen siendo válidas en términos generales, a pesar del transcurso del tiempo y las enseñanzas que debemos conservar en cara a las nuevas realidades imperantes.
Es verdad que el jacobinismo dogmático está superado por la historia, por el avance en la educación y de la cultura, pero eso no quiere decir que ignoremos los peligros de las reformas que se proponen y que no advirtamos las preocupaciones que nos surgen a muchos diputados sobre estos cambios.
Así, en algunos aspectos de la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional, se retrocede a la legislación con que fue concebida la legislación religiosa en la Constitución de 1856 e incluso a los periodos anteriores a la guerra entre liberales y conservadores, como lo veremos en el examen de cada una de las propuestas.
El hecho de que la legislación de la materia haya permanecido inalterable, en términos generales, desde el año de 1917 hasta hoy, se debe a dos factores: cuando dicha legislación se modificó fue a causa o como efecto de un enfrentamiento sangriento y prolongado entre las dos corrientes históricas en que se ha dividido a nuestro pueblo y porque éste ha sabido distinguir entre las distintas manifestaciones de su religiosidad y la actitud de la dirección de la Iglesia ante las distintas luchas que se han dado en nuestro país a través de su historia.
Por esa razón nos explicamos que el pueblo insurgentes, encabezado por Hidalgo, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe al frente, haya condenado al alto clero y a los sacerdotes enriquecidos que usufructuaban las parroquias más prósperas y que se oponían a la independencia.
Durante la Revolución de 1910 los contingentes católicos, jefaturados por Zapata y Villa, ajusticiaron a los sacerdotes que se oponían al movimiento armado y que representaban el soporte espiritual de los hacendados y de la tiranía política.
Por estas causas, que subyacen en la profundidad del ser nacional, es que ningún sector, ningún sector de obreros y campesinos, se pronunció en la etapa actual por reformar el artículo 130 y demás relativos, siendo la decisión de emprender esos cambios una voluntad política del Presidente, para aumentar su base social y de la dirección nacional de su partido, pero ni siquiera de todo el partido, pues es evidente que en su seno no existe consenso al respecto.
Como lo dice el dictamen, en la primera década del Siglo XIX la Iglesia se comportó como si fuera un Estado, compitiendo con el incipiente poder gubernamental, por eso es que los liberales, encabezados por Benito Juárez, destruyeron las bases de ese poder económico, social, cultural, educativo y político y, sin desconocer la personalidad de la Iglesia, proclamaron la separación de ésta con respecto al Estado.
En nuestros días, en 1991, hablar de la separación de la Iglesia y el Estado es obsoleto, pues la iglesia ya no tiene el poder que tenía en el Siglo XIX, sino que ese poder se ha reducido en forma considerable, por lo que insistir en esa tesis, como lo hace el dictamen, equivale otra vez a colocar a la Iglesia y al Estado en términos de igualdad, pues sin ella no habría separación alguna, lo cual es inaceptable, más aún si nos referimos a las iglesias evangélicas, que por lo demás nunca han pretendido un tratamiento igual al de la Iglesia católica por parte del Estado.
La noción de la separación de la Iglesia y el Estado, correspondió a la etapa de los liberales, que en su mayoría eran católicos, pero que estaban interesados en la formación y la consolidación del Estado nacional y en la supremacía del poder civil por encima de cualquier otro poder. Desde la Constitución de 1917 estamos viviendo en otra etapa por lo que los autores de la iniciativa nos están haciendo un planteamiento ya superado por la historia, en términos positivos, favorable para nuestro pueblo y por la realidad concreta, pues en el presente período ya nadie proclama la existencia de un Estado concrecional como el que existió durante la colonia española, que sustentara a la religión católica como la única para todos los mexicanos con exclusión de cualquier otra, pero ni tampoco, nadie está demandando que la Iglesia se convierta en una Iglesia estatal como ocurrió durante la dictadura de Salazar en Portugal y de Franco en España.
Frente al Estado posrevolucionario, no hay, no ha habido ninguna entidad o corporación que le iguale en términos jurídicos o políticos, que se compare con él en recursos de poder, por lo que las asociaciones religiosas ya no tienen ninguna pretensión de igualdad y por lo tanto se sujetan a las normas legales que el propio Estado dicta y que debe salvaguardar en todo tiempo el ejercicio de la libertad religiosa para todos los mexicanos.
El principio toral del Constituyente de 1917 no fue la separación entre la Iglesia y el Estado porque ya la guerra entre los liberales y conservadores la había superado, sino la supremacía del poder civil sobre el resto de los poderes de la sociedad y el desconocimiento de toda personalidad jurídica de las iglesias sobre todo por el comportamiento que había tenido durante la dictadura de Porfirio Diaz y por su participación en el derrocamiento y posterior al asesinato de Madero.
Es verdad que la Iglesia entendida para el Partido Popular Socialista como la jerarquía compuesta por los cardenales, obispos y arzobispos y otros
funcionarios, ya no tienen el mismo grado de poder que tuvieron durante el Siglo XIX ni el Estado actual es tan débil e incipiente como en aquella época, pero sigue constituyendo una institución que nunca ha renunciado a recuperar por lo menos parte de lo perdido y a detentar nuevas posiciones en la economía, la cultura, la educación, en la política, utilizando ahora los mecanismos y las instituciones de la sociedad capitalista de nuestros días.
La Iglesia ya no aspira desde luego a detentar las grandes superficies que conformaron el latifundio eclesiástico contra el que luchó la generación de Benito Juárez porque esas formas de propiedad ya han sido superadas por nuestro desarrollo histórico, pero sí sigue detentado un gran número de fincas rústicas y urbanas y se ha transformado la Iglesia en inversionistas, en accionista, en compañías financieras, inmobiliarias, bancarias, de servicios obteniendo y manejando dichas propiedades en forma directa o por medio de administradores laicos.
En la actual la Iglesia no aspira a dominar, como lo hizo en el pasado, todos los campos del sistema educativo, en torno al cual tuvo un monopolio que duró más de un siglo pero sí pretende incursionar con mayor fuerza en la educación primaria y que en ella se sientan las bases de la formación de la conciencia nacional, pretende aumentar sus influencias en la educación normal para influir en la preparación de los maestros como difusores de los conocimientos entre las nuevas generaciones y en la educación superior, para el reclutamiento de las élites, tanto en el campo político como en el económico.
En el marco de la más reciente diferenciación de las actividades de la Iglesia, destaca el Movimiento Familiar Cristiano, los cursillos por la cristiandad que actúan sobre todo entre los sectores de la clase media; el Instituto de la Formación para la Alta Empresa, orientado por el Opus Dei, cuyos trabajos van dirigidos hacia los cuadros directivos de las compañías privadas; la Universidad Iberoamericana, para la capacitación de funcionarios públicos y en el nivel social, entre los obreros y los campesinos, el Secretario Social, las Misiones Indígenas y las Comunidades Eclesiales de Base.
A pesar de esta diferenciación de funciones y de tareas específicas que se ha dado en la Iglesia católica de hoy, resulta una contradicción de la iniciativa afirmar que las iglesias como asociaciones no participarán en la política partidista, que no podrán hacer proselitismo a favor de un partido o de un candidato y, en cambio, se otorga el voto pasivo y activo a los sacerdotes, individualmente considerados, como si éstos fueran entes separados de la corporación, lo que no corresponde a la realidad, pues en la Iglesia moderna sigue imperando un sistema centralizado, monárquico, disciplinado, que hace descansar en el Papa la fuente de la verdad revelada y de las normas que deben acatar todos sus miembros, su pena de aplicar la expulsión al que no lo haga.
Ahí tenemos las recientes exclusiones del obispo cismático Lefebvre y el castigo impuesto a Leonardo Blof, principal impulsor de la teología de la liberación en América Latina.
En México, en la etapa moderna, la tendencia predominante en el seno de la Iglesia, es la de los obispos conservadores y oscurantistas, jefaturados por el cardenal y el delegado papal, mientras que los llamados obispos progresistas, prácticamente no tienen influencia en las principales orientaciones del episcopado, por lo que la hegemonía de la primer tendencia, tendrá que reflejarse en el ejercicio de los derechos políticos que ahora se adjudican a los sacerdotes.
Los últimos acontecimientos nos indican que por ejemplo la mayoría de los obispos de los estados del norte y del centro de la República, destinan el fruto de su influencia social y política a favor de los candidatos del Partido Acción Nacional, que sin duda será el partido que más se beneficie con estas reformas, seguido del Partido Revolucionario Institucional, lo que está obligando desde hace tiempo a varios gobernadores a disputarse ese respaldo, otorgándoles a los clérigos todo tipo de facilidades para el desempeño de sus actividades.
El otorgamiento de los derechos políticos a los sacerdotes, parte de la falsa consideración de que cada uno de ellos tiene sus propias opiniones políticas y sociales, que éstas son distintas e incluso diferentes a la institución, pero esto no es así, pues si bien en el seno de la Iglesia existen diferencias políticas, en gran medida marcadas por los distintos orígenes sociales de sus integrantes, no obstante, la totalidad de sus integrantes comparten los mismos objetivos generales y universales y comparten también la misma concepción del hombre, la vida y la sociedad.
Con la capacidad de voto y más aún, con la posibilidad de ser candidatos a puestos de elección popular si se retiran a tiempo de su cargo, aquellos tendrán un campo de acción mucho mayor que el que han tenido hasta hoy, para influir en las opiniones y en las inclinaciones electorales de los ciudadanos, ya sea utilizando las
ceremonias religiosas propiamente dichas, a las distintas asociaciones de laicos como a Unión Femenil Católica, al trabajo social de los seglares y a las publicaciones que suman siete mil por parte del Episcopado Mexicano.
El dictamen, el no poder precisar los límites entre los bienes y las propiedades que son necesarios para su objeto y los que no son, lo que es desde luego muy difícil de lograr debido a todos los mecanismos financieros que oculta el anonimato del capital, está primero legalizando la existencia de las riquezas adquiridas desde principios de siglo y, en segundo lugar, sentando las bases jurídicas para nuevos acaparamientos, nuevas concentraciones que nada tienen que ver con una institución que supuestamente sólo tiene fines espirituales.
En los últimos tiempos, en el seno de la Iglesia existe una profunda diferenciación clasista, por un lado está la alta dirección, muy corrompida moralmente hablando, encabezada por el cardenal, el delegado papal y la mayoría de los obispos y arzobispos, que tienen muy elevadas percepciones económicas y un nivel de vida propia de los miembros de la gran burguesía y, por otro están los sacerdotes de las colonias proletarias, de las grandes ciudades, de las zonas rurales, que tienen niveles de ingreso que lindan en la subsistencia.
Los primeros son los que ha acaparado por sí o por interpósita persona, grandes riquezas que ahora tendrán más, como resultado del dictamen que hoy estamos examinado. Podrán ser ahora con mayor fuerza que en el pasado, inversionistas bursátiles que ya se están negando a entrar a un régimen fiscal que los gravaría como capitalistas que son.
Si a partir de la reforma los templos hoy existentes seguirán siendo de la nación, puede el gobierno, en función de la política privatizadora en curso, venderlos a la propia jerarquía eclesiástica, por lo que existe el grave riesgo de que muchas de las riquezas artísticas, culturales, bibliográficas, archivos históricos que se encuentran depositados en templos y conventos, puedan pasar, merced a las propuestas del Partido Revolucionario Institucional a manos particulares, como serán ahora los sacerdotes a partir de hoy. Podrán vender incluso la Basílica de Guadalupe en subasta pública.
Esta situación se agrava ya que a partir de la aprobación de estas modificaciones que se aprueben, los templos, conventos, casas de asistencia y otros establecimientos serán propiedad privada de las instituciones religiosas.
La propuesta en torno al artículo 3o., de la Constitución, abre las puertas para que existan dos sistemas educativos nacionales, uno encabezado por el episcopado y el otro por la Secretaría de Educación Pública, uno encabezado por Manuel Bartlet y otro por Jerónimo Prigione. Cada uno de ellos formará las nuevas generaciones en su particular concepción política e histórica. Se trata de la formación de dos modos distintos de ver la vida y valorar los problemas sociales, de dos Méxicos, los mismos que se han enfrentado desde la Revolución de Independencia hasta nuestros días.
Recordemos que durante más de un siglo la Iglesia ejerció el dominio de la educación en todos los niveles, al imponer como única y excluyente su propia concepción, en detrimento de las que preconizaban las otras corporaciones religiosas y las sectas.
En la iniciativa se autoriza en la práctica la enseñanza religiosa, pero de la católica, en virtud del avance que han tenido las iglesias evangélicas, que ya tienen 16 millones de feligreses, deberán tener en los establecimientos educativos los mismos derechos para enseñar su particular interpretación de los textos bíblicos, inaugurándose una etapa de conflictos en muchos planteles, en donde coexiste educandos que pertenecen a distintas religiones.
Si bien es cierto que la Iglesia tiene en la actualidad a su cargo el 6% de la matrícula escolar, sobe todo en los niveles de primaria, secundaria y superior, con la reforma que se propone al artículo 3o., es de esperarse que dichos porcentajes aumenten por las facilidades que hoy se les están asignando.
No representa ninguna novedad histórica el establecimiento de la libertad religiosa, como lo señala la iniciativa, que los revolucionarios han sido los primeros en defender como un derecho fundamental.
Cuando en el pasado ese principio se ha menoscabado, ha sido precisamente por la actitud sectaria y dogmática de la dirección de la Iglesia, que durante muchas décadas en la historia impuso la intolerancia y la persecución contra los miembros de otras religiones y sectas, y que después, en la etapa moderna, se revelara contra el orden constitucional. Siguiendo es conducta, hoy en día asistimos a un fuerte enfrentamiento entre la iglesia católica con las iglesias evangélicas, porque sus ministros tienen una mayor iniciativa social en las comunidades en que actúan.
Por estas consideraciones es que la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, votará en contra de la propuesta de los diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
El Presidente:- Bien, vamos a dar paso de inmediato a la segunda ronda de oradores registrados y, en primer término, tiene el uso de la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:- Señor Presidente; señoras y señores diputados:
En el transcurso de este debate se ha hablado del problema de la libertad de creencias o de la libertad religiosa. Me parece que ése no es el tema no es religioso, el tema es Político. No ha habido en México conflicto por la creencia religiosa, ha habido conflicto político fundamentalmente entre las fuerzas progresistas y revolucionarias y el clero católico o como se le ha llamado "El clero político". No ha habido necesidad de un conflicto de carácter religioso, porque nuestras revoluciones conquistaron el derecho a la libertad de conciencia y de práctica la religión que más agrade a los habitantes de México.
El pueblo católico inclusive, ha sido el protagonista principal de las luchas revolucionarias de nuestro país, en los tres grandes movimientos: en la Independencia se jugaron intereses muy poderosos, a pesar de que en apariencia hay un alegato político, en el fondo hay un alegato por los intereses que defendían los sectores en pugna y, ¿por qué no decirlo?, clases antagónicas que tenían intereses totalmente opuestos.
Quién no recuerda y no hay que extenderse demasiado en esto, ¿quién no recuerda la división del propio clero durante la Revolución Insurgente? El alto clero y el bajo clero, como todos sabemos. El alto clero defendiendo los intereses del colonialismo español y de la estructura impuesta por este país a México y el bajo clero defendiendo la Independencia y la destrucción de aquel sistema. Ambos emplean a veces el arma de la religión, se acusan mutuamente de herejes, pero en el fondo no es el problema religioso. La religión ha servido como arma política no tan solo en manos de los poderosos, también en manos de los débiles y de los luchadores.
¿Quién no recuerda las guerras campesinas en Alemania? Religiosos del bajo clero que defendían el derecho de los campesinos a liberarse de la servidumbre y a ser los dueños de la tierra. ¿Quien no recuerda al sacerdote Thomas Ninser un distinguido luchador social? ¿Y quién no recuerda en México a Morelos? Morelos fue, diríamos, el iniciador de la reforma en México. El habló concretamente contra los fueros de corporaciones y habló de que la Iglesia no debía meterse en asuntos políticos. Tenía a la vista la intervención de altos jerarcas de la iglesia, como el arzobispo Francisco Javier de Lizama o el obispo de Guadalajara, Juan Ruiz de Cabañas; o el obispo de Puebla, González del Campillo; o el obispo de Oaxaca, Vergoza y Jordán; o el obispo de Valladolid, Manuel Abad y Queipo, cuando recibió aquella pastoral, no sé si sea pastoral, de Francisco Javier de Lizama y Beaumont, en la cual se prohibía a los católicos participar en la lucha, Morelos anotó con su puño y letra: "Este señor no tiene derecho porque no esta investido por gobierno nacional legítimo". Y aquel Morelos, hombre sencillo, rústico, si se puede decir así, que lloró cuando le rasparon las manos para privarlo del derecho de administrar los sacramentos, porque era un hombre sincero, católico, a diferencia de Hidalgo que tuvo una actitud desafiante quizá porque el Padre de la Patria, tenía alguna cierta ideología heterodoxa. Quizá porque era un ilustrado pero en el fondo de todo esto, está la lucha política, ¿por qué se habla de un problema religioso?
Claro, cuando la Iglesia se convirtió en una organización de carácter oficial, adquirió poder económico, se ligó a las fuerzas económicamente poderosas y claro, luchó siempre contra aquellos factores corrientes, filosofías, personalidades que podían poner en entredicho su autoridad, por eso inclusive cometió los crímenes más horrendos y en la época del Renacimiento, cuando había renovación en todos los campos, en la filosofía, en la política, en la propia religión, la Iglesia mandó a la hoguera a Jordano Bruno, hizo abjurar de sus investigaciones científicas a Galileo Galileo. Esas son verdades de ayer, de hoy y de siempre.
Y claro, siempre el clero, jefaturado por el Vaticano. León XII hizo pronunciamientos muy concretos en favor de que persistiera el dominio de España sobre nuestro país y dijo que su amado hijo, Fernando VII debía seguir derramando sus "nobles políticas" en este vasto continente.
Y en la Reforma, ¿qué se peleaba? ¿El derecho a creer o no creer? Nadie peleaba ese derecho. Los liberales reformadores eran creyentes, con excepción de Ignacio Ramírez, que ingresó a la Academia de San Juan de Letrán diciendo: "Dios no existe".
Todos eran creyentes, unos en menor grado que otros; pero sabían distinguir como lo ha distinguido siempre el pueblo de México, entre lo que es la creencia íntima y lo que son los intereses terrenales, los intereses económicos y políticos y en la reforma se estaba jugando esa contradicción entre quienes querían mantener la estructura del estado colonial y del Estado-Iglesia, como aquí tanto se ha repetido y quienes consideraban que debían adquirir el Estado el carácter de autoridad preminente y única frente a todas las corporaciones.
Hay multitud de papeles, de documentos, en donde Juárez y los suyos hablan de los distintos problemas. Juárez en varios documentos acusó al clero de utilizar la religión para sus intereses puramente terrenales, para conservar sus privilegios y Juárez tiene el gran mérito de haber destruido ese poder que era una retranca para el avance del país.
Las Leyes de Reforma, fundamentalmente las de carácter económico, tuvieron como finalidad, como ya se ha dicho, poner en circulación la enorme riqueza del clero, que era la base de su poder político.
La ley del 12 de julio, separó la Iglesia del Estado. Aquí se ha hablado mucho de este asunto. Ha habido algún diputado que ha venido a decir que lo que la Reforma que hoy se propone, simplemente trata de regresar al pensamiento juarista. Pero esto es falso, es falso porque la separación entre la Iglesia y el Estado, en la ley del 12 de julio de 1859, cuyo autor es Melchor Ocampo, tenía como finalidad exactamente, desconocer cualquier derecho de la Iglesia frente al Estado. Es decir, en las Leyes de Reforma quedaba implícita la privación de personalidad jurídica a la Iglesia, aunque no se expresara de esa manera y esto queda demostrado con el decreto del 3 de agosto de 1859 firmado por Melchor Ocampo, por medio del cual se manda retirar la legación de México en el Vaticano, por considerar que en vista de la independencia entre la Iglesia y el Estado, el Estado, mexicano no tiene porqué mantener relaciones con el Vaticano, puesto que la Iglesia no tiene derechos y el gobierno o el estado mexicano no reconocen ni a la iglesia católica ni al Vaticano tampoco, de manera que desde entonces quedó desconocida la personalidad jurídica de la Iglesia.
Y claro, ahí estaba el Vaticano para defender el clero político. Pío IX, el mismo que después recibió a Maximiliano y Carlota; Pío IX dijo que las Leyes de Reforma eran mandatos que no debían obedecerse, si empleo la palabra "irritas", las leyes "irritas" no debían obedecerse.
Es un conflicto político, no religioso y había qué someter a ese poder político, porque hemos de repetir una vez más, todo proceso revolucionario siempre es unilateral, no hay una revolución en el mundo que desemboque en la conciliación de clases, de intereses, no hay una revolución en el mundo que desemboque en la armonía de clases como aquí se ha dicho, quien sea revolucionario tiene qué defender los objetivos del movimiento en contra de quienes se oponen a él, sino no es revolucionario.
El viejo Carranza lo dijo, aquel terrateniente aburguesado, "revolucionario que tranza, revolución que se pierde", cuando Madero se decidió a firmar los tratados de Ciudad Juárez, y es una experiencia muy larga, muy vieja. Revolución que da concesiones a sus enemigos, es revolución que fracasa, desde el momento en que se comenzó a ceder terreno por lo que respecta a los enemigos de la Revolución, desde ese momento la revolución fue perdiendo terreno, porque desgraciadamente hubo regímenes claudicantes, cobardes y traidores que entregaron en cuerpo y alma el movimiento y las luchas de nuestro pueblo.
Y claro, quién puede negar que el clero político traicionó a la patria, dirán: "no, no somos nosotros, claro, no, no"; las altas jerarquías de nuestro tiempo puede decir; "no fuimos nosotros"; pero son sus descendientes; aquellos que fueron a ofrecer la corona a Maximiliano, iban muchos religiosos, por cierto muy fanáticos; aquello que en la reunión de notables dijeron, que si Maximiliano no aceptaba venir, el emperador Napoleón III les indicará otro príncipe, ni siquiera tenían la dignidad de nombrar ellos al príncipe sino Napoleón debía decirles quién precisamente.
Y claro, Juárez cumplió las leyes y Lerdo de Tejada también, Sebastián Lerdo de Tejada. Yo quiero recordar que la primera rebelión cristera que ocurrió fue durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, exactamente en 1875.
Yo quisiera recordar a los señores diputados, que aquí vivía José Martí, el apóstol, que tanto beneficio causó a nuestro país, que se ligó a la naciente clase trabajadora.
José Martí escribió como él sólo sabía hacerlo, en las páginas de varias revistas y periódicos. Cuando surgió la guerra cristera en Michoacán, en la región de Apatzingán y Paracho, si ustedes me lo permiten leeré algunas líneas de estas palabras de José Martí:
"¿Qué hacen los periódicos católicos? Lo que hacen en todos los tiempos, vestirse con el manto de piedad, bajar a tierra estos ojos humanos que se han hecho para mirar de frente a todo, disimular bajo sus vestiduras negras las iracundas palpitaciones de su corazón y ocultar con la sombra de sus hábitos la sonrisa que ante los malvados que desolan una comarca fertilícima se dibuja con regocijo en sus labios contraídos por la satisfacción y silenciosos pensamientos".
Claro, ahora siguiendo esas palabras de Martí, diríamos que la alta jerarquía católica de nuestro tiempo también asume actitudes de humildad. Así lo hizo todo el tiempo. Reformen la Constitución, dénos derecho, permítanos intervenir abiertamente en la formación de la conciencia de los jóvenes y los niños, prometemos buen comportamiento, prometemos que vamos a ser respetuosos del Estado mexicano y, claro como dijo Martí: "Con ese disfraz, pero con una sonrisa dibujada". Ahora, claro, quizá estén con esa sonrisa pensando en que de cualquier forma la constitución se va a reformar.
¿Que hubiera sido del país sin la reforma? Y digo yo: ¡sin Benito Juárez! Las personalidades son causales, naturalmente, pero cuando surgen y entienden su tiempo y su realidad y tienen la perspectiva clara, esas personalidades influyen con su acción y con su pensamiento en las grandes transformaciones.
Hemos llegado a la situación que tenemos, porque se han tenido tolerancia, porque los gobiernos han olvidado su deber de cumplir las leyes y de hacerlas cumplir a pesar de sus juramentos. Porfirio Díaz juraba cada cuatro años y después cada seis, en la última reelección, diciendo que respetaría la Constitución y nunca la respetó.
De manera que el obispo de San Luis Potosí, Obregón, pudo decir en París, que la Iglesia en México no tenía problemas, porque el gobierno de Porfirio Díaz tenía una extraordinaria tolerancia.
Hay cosas poco conocidas pero interesantes. Cuando un alto jerarca de la Iglesia se rebelaba, porque puede haber de esos jerarcas que se rebelan, que son sinceros, que entienden a plenitud su ministerio, entonces, claro, la alta jerarquía busca todos los recursos para callar la voz de esos disidentes. Y sucedió por ejemplo, cuando el obispo Eduardo Sánchez Camacho protestó contra la explotación que se estaba haciendo del pueblo con motivo de la coronación de la Virgen de Guadalupe a petición del alto clero. Díaz lo mandó callar y lo llamó para leerle la cartilla y el obispo tuvo que ser recluido, olvidado y murió precisamente marginado por aquellos que predican la fraternidad en la tierra y en el cielo, también desde luego.
¿Quién no recuerda qué fue el Partido Católico en México? ¿Quién no recuerda? El Partido Católico, se entiende cristiano, pero tuvo una actitud nada cristiana frente a Madero, frente al apóstol de la democracia en México y juntos sus diputados, como José Helguero, junto con el cuadrilátero se ensañaron contra aquel hombre y demócrata, que a veces toleró hasta lo indecible, hasta los insultos que se le lanzaron.
Y el alta jerarquía apoyó Huerta. El historiador Alfonso Toro consigna cómo inclusive el clero otorgó préstamos. Aquél dictador salvaje, salvaje es decir poco, que con sangre fría asesinó a Madero y a Pino Suárez y mandó a cortar la lengua a Belisario Domínguez.
Esa era la experiencia que había. Esa era la experiencia, dolorosa y trágica, que la Revolución Mexicana tenía que tomar en cuenta. No era una Revolución antirreligiosa. Ya recordaba, creo que Ramírez Cuéllar, que los soldados de Zapata traían la virgen de Guadalupe en sus sombreros, pero cuando descubrían que un sacerdote predicaba contra el reparto agrario, lo fusilaban.
Porque el pueblo afortunadamente siempre ha sabido distinguir lo que es la creencia y lo que son los intereses puramente terrenales. Claro, ya se ha explicado lo que en materia de clero político estipuló la Constitución de 1917 y yo no voy a repetir aquí.
Pero a través la jerarquía eclesiástica tuvo el apoyo, primero de Benedicto XV y después de Pío XI y claro de la jerarquía de Estados Unidos, de Europa y de América Latina. Muchas de esas organizaciones religiosas y de altos dignatarios intervinieron en los asuntos internos y predicaron contra la Constitución de 1917. Lo demás ustedes ya saben: la guerra cristera.
Hay algunos datos, interesantes. En 1934, cuando ya las cámaras habían aprobado el artículo 3o. promovido por el bloque revolucionario de la Convención del Partido Nacional Revolucionario en Querétaro. En donde estaba por cierto Luis I. Rodríguez, el guanajuatense. Luis I. Rodríguez, secretario particular de Cárdenas después. El clero desató una agitación sediciosa y el presidente Abelardo L. Rodríguez, ¿quien lo puede calificar de comunista? Fue un anticomunista.
confeso y práctico. Le ordenó al procurador Emilio Portes Gil para que hiciera una investigación. Y Emilio Portes Gil hizo la investigación. ¿Y qué encontró Emilio Portes Gil? Que en efecto había una conspiración, una sedición, para trastocar el régimen jurídico.
Concretamente, fíjense ustedes que el obispo de Tulancingo, en las huastecas, José de Jesús Manríquez y Zárate, consignado por Portes Gil, junto con Leopoldo Ruiz y Flores, se encargó de hacer la campaña a los indígenas a que vendieran sus tierras a las poderosas compañías petroleras. Esto es un hecho histórico.
Y para qué seguir la cuenta. El hecho es que ahora con la separación de la Iglesia del Estado se pretenden varias cosas, pero me voy a referir sólo a una: a las relaciones con el Vaticano.
Claro, nadie puede negar que la alta jerarquía católica tiene hombres inteligentes y preparados y muchos de ellos saben leyes y las saben bien y las saben interpretar y han estudiado derecho canónico y claro han estudiado el derecho nacional.
El obispo de Querétaro. ¿Cómo se llama? Se apellida Gasparín. No sé si Gasparín de Gasparín y Gasparín o solamente Gasparín Gasparín. Ha dicho con profundo conocimiento jurídico que para poder establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano se necesita reformar el artículo 130, para reconocerle personalidad jurídica a la iglesia. Esto viene de lejos.
Seamos sinceros, compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, porque estamos legislando para hoy, pero la historia nos va a juzgar; aquí un día van a venir los investigadores y van a saber cuáles fueron los antecedentes de esta iniciativa. Fue la Iglesia la que comenzó a hablar de que la necesidad de reformar el 130 para establecer relaciones con el Vaticano, ¿por qué? El razonamiento jurídico es éste; si no se reconoce personalidad jurídica a la Iglesia, la Iglesia no tiene derechos, eso está muy claro; la Iglesia no existe, es la nada jurídica, no puede el Estado mexicano establecer relaciones con un fantasma, se necesita reconocer personalidad, reconocer derechos a la iglesia católica para poder emprender las relaciones normales con el Vaticano.
Ahora, yo pregunto a ustedes, señores diputados, los que no son licenciados en derecho y los que sí lo son, y algunos doctores quizá, algunos juristas de altos vuelos: ¿Existe el Estado Vaticano? ¿En verdad existe o es una ficción? ¿Tiene representantes en las Naciones Unidas? ¿Es más grande la superficie, la de la Alameda Central o del Vaticano?
Para que exista Estado se necesita un territorio, una población y un gobierno.
¿Quién ha reconocido el Estado Vaticano? El gobierno fascista de Mussolini en 1929, por el Tratado de Letrán; el gobierno de Mussolini reconoció al Estado Vaticano y firmó con él un tratado, que creo que en las relaciones diplomáticas se debe llamar concordato.
¿Quiere establecer relaciones el gobierno de México para tener intercambio comercial? ¡Es verdad! ¿Qué vende el Vaticano a México? ¿Que puede vender el Vaticano a México y qué puede vender México al Vaticano?
Voces:- ¡Tiempo!
Sí, ya lo dije, a ustedes les preocupa su tiempo, a mi me preocupa mi tiempo y el de las fuerzas revolucionarias y progresistas, son dos tiempos, discordantes en la historia y así seguirán siendo.
En el fondo de todo esto está el establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, con esos fines, porque hay siempre un interés de intercambio comercial con los países con quien se emprenden relaciones diplomáticas; podrá haber excepciones, pero aquí, en el fondo, ¿de qué se trata? De establecer unas relaciones normales con la jefatura de la iglesia católica.
Y hay situaciones que nos van a poner en aprietos, bueno, no nos van a poner, van a poner en aprietos a muchos de los que ahora están propiciando esta reforma constitucional, ¿porqué? Porque la Constitución prohibe servir a un estado extranjero, obedecer a un jefe de Estado extranjero. Yo preguntaría al Cardenal Posadas, ¿es cardenal? No sé; al arzobispo Corripio Ahumada, ¿es cardenal?, no me acuerdo, preguntaría a los altos jerarcas de la iglesia católica: ¿ustedes obedecen al Papa? Porque ¿quien es el jefe de la iglesia mexicana realmente? El jefe de la iglesia mexicana es Jerónimo Prigione, él es el jefe de la iglesia católica en México, el jefe de la iglesia católica en México es un extranjero, bueno es el jefe inmediato porque el jefe, jefe es el señor Karol Wojtyla, ese es el jefe de la iglesia católica, entonces y ahora se dice que la reforma concederá el derecho de voto a los ministros de los cultos, los sacerdotes católicos que han jurado obedecer al jefe del estado Vaticano, tiene derecho de votar o han perdido su ciudadanía, ese es el problema y parece que se está
aprobando una reforma aprisa sin ver las consecuencias que a esto va a conducir.
Señoras y señores diputados: estamos, como dijo Francisco J. Mújica cuando se discutió el artículo 3o., en el momento más solemne, pero solamente porque vamos a trastocar un proceso ascendente, vamos a trastocar los frutos de la historia, vamos a trastocar las normas más elevadas que produjo esa historia y vamos a convertir a nuestro país en un país que puede caer en los peores retrocesos y sometimientos a poderes extraños, ese es el "quid" del asunto, nosotros no somos antireligiosos, nuestros antepasados fueron creyentes como los que más; nosotros respetamos a los creyentes y a sus creencias, si el pueblo mexicano no dijera que es necesario tomar otra vez, como lo hizo Hidalgo en el pueblo de Atotonilco, la Virgen de Guadalupe como bandera para avanzar, para defender el ejido, para defender las conquistas de la Revolución, nosotros enarbolaríamos otra vez la bandera de esa Virgen si el pueblo así lo quisiera, nosotros no somos anticatólicos ni somos enemigos de otras religiones, somos revolucionarios, tenemos los pies sobre nuestro suelo y la cabeza en la historia de México, defendemos las conquistas del pueblo y nos oponemos a los retrocesos históricos. Esto es todo, muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Kunz y Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz y Bolaños:- Señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de aprobarse el dictamen que ahora discutimos, en términos generales habremos alcanzado la consolidación de varias de las más preciadas libertades del hombre. Sin embargo, no debemos olvidar que las libertades del hombre no se dan en abstracto, se podrán sí, analizar desde un punto de vista teórico, de acuerdo con los conceptos de cada uno, pero siempre se darán en un medio social y consecuentemente histórico.
A pesar de que desde 1948 se logró un consenso mundial en cuanto a la protección de las libertades del hombre mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, no resultó nada fácil llegar a esa declaración, ni su aprobación significó una vigencia automática de los derechos humanos, ni siquiera en los países signantes del acuerdo.
La lucha por la libertad a través de la historia, se ha visto obstaculizada por toda clase de problemas y en el caso de la civilización occidental, uno de los mas graves resultó ser la confusión en unos casos y la alianza en otros, de la Iglesia con el Estado.
A pesar del mensaje de igualdad de los hombres, difundido por Jesucristo, durante la Edad Media la iglesia se encontraba en una situación privilegiada junto a la nobleza y la gran mayoría de la población ocupada en el campo, estaba sometida en calidad de sierva o esclava a los nobles terratenientes.
Durante el Siglo XIII, debido al incremento en el comercio, las ciudades empezaron a crecer y consecuentemente a modificar los elementos de la estructura social. En el Siglo XVI, se inicia un cambio en la economía, ya que la producción industrial empieza a desplazar a la artesanal y las ciudades incrementan su poder en contra de la nobleza y sus aliados. A partir de entonces se desarrolla el absolutismo, con la ayuda de un aparato de funcionarios y un ejército estable, lo que consolida los estados nacionales. La Iglesia, en esa época, se encuentra vinculada en la mayoría de los casos a la monarquía y también actúa como poder temporal en los estados pontificios.
A la dependencia económica de la Edad Media le corresponde una falta de libertad ideológica. La Iglesia, sostén espiritual del Estado, no toleraba ningún desviacionismo. Con el desmoronamiento de los nexos corporativos y feudales en la economía, irrumpe sin embargo la libertad.
La expresión intelectual de la clase burguesa en alza es la ilustración, que se convierte en arma decisiva en la lucha contra la nobleza laica y clerical, contra el Estado absoluto y el paternalismo de la Iglesia. Al principio de la tradición, la ilustración contrapuso el principio de la razón; al principio del legitimismo y los privilegios estamentales, contrapuso el jusnaturalismo racionalista, el cual concedía determinados derechos naturales a toda persona como tal. A partir de entonces, toda institución y toda medida gubernamental tenía que justificarse ante el tribunal de la razón.
Durante tres siglos, del Renacimiento a la Revolución Francesa, en palabras de Hernán Heller cito: "se preparan la laiquización y la terrenalización; el individualismo universal y el liberalismo; las premisas de la democracia igualitaria y de la economía capitalista."
No en todos los países se daba con igual velocidad o intensidad de este proceso y tampoco se adoptaron soluciones iguales.
Inglaterra fue el primero en madurar debido al adelanto económico de la segunda mitad del Siglo XVII; en los Estados Unidos se proclamaron en 1776 los derechos generales del hombre y en Francia en 1789 se aprobaron los derechos del hombre y del ciudadano que suprimía los derechos de la Iglesia.
En México, las ideas liberales culminan con la Declaración de Independencia en 1810, la que genera una lucha de poco más de 10 años para lograrla. Sin embargo, el cambio social no resulta fácil después de tres siglos de colonización española, la cual se caracterizó por el absolutismo de los austrias, atenuados por cuestiones económicas durante el último siglo por los borbones.
En la colonización de México la cruz acompañó a la espada y resultó más efectiva que ésta en la pacificación de los nativos, incluso los misioneros protestaron en múltiples ocasiones ante los monarcas españoles por la brutalidad de los encomenderos con los indígenas sin resultados positivos por cierto.
Existen numerosos casos de sacerdotes que se identificaron con las causas populares: Hidalgo, Morelos y Matamoros son los más conocidos, pero en términos generales la Iglesia como institución se alineó con el grupo gobernante y se convirtió en un poderoso grupo económico de importante influencia política, situación que se modificó hasta las Leyes de Reforma promovidas por don Benito Juárez.
Hablar de los errores de la Iglesia cometidos en el ejercicio de actividades ajenas a su naturaleza, principalmente políticas, resultaría interminables y muy conocido por todos ustedes en el caso de México, las han estado mencionando aquí.
Seguramente muchos conocen también la obra Democracia Cristiana, del Angel Osorio, en la que se enumeran una gran cantidad de errores cometidos por la Iglesia en su actividad política, tanto en Europa como en Sudamérica y que lo lleva a remitirse a dos enseñanzas de Jesucristo: "Mi reino no es de este mundo" y la ya mencionada de "dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios", para concluir con este autor, sobre la inconveniencia del ejercicio del poder temporal por parte de la Iglesia.
La Constitución de 1917, como consecuencia de los antecedentes históricos, consideró conveniente consagrar la separación de la Iglesia y el Estado mediante la negación expresa de la existencia legal de la Iglesia. Esta posición, totalmente justificada en su momento no podía lograr el objetivo buscado. La ley debe regular la realidad y por ningún motivo puede ignorarla o imaginarla.
Sabemos que la separación de la Iglesia y el Estado no es una tarea fácil. La confusión de ambas instituciones en diversas etapas de la historia, la desviación en su labor espiritual por parte de la primera y la influencia, en el segundo, por parte de las ideas jacobinas, han generado una serie de conflictos que en muchas partes aún no han sido resueltos.
En países cuya población se encuentra dividida en varias creencias religiosas, la separación Iglesia-Estado resulta obligada como medio de convivencia, pero no es igualmente evidente cuando la mayoría de la población profesa la misma fe. En este caso, históricamente se dan confusiones que incluyen la adopción de una religión oficial, que en muchos casos se manifiesta en la legislación civil.
En el primer punto de la Declaración de Bruselas, adoptada en 1946 por la actual Internacional Liberal y Progresista, se establece, cito: "Afirmamos nuestra fe en la libertad espiritual del hombre; nos oponemos a todo tipo de gobierno que no garantice a todos sus súbditos libertad de conciencia, libertad de Prensa, libertad de asociación y de libre expresión y de la publicación de sus creencias y opiniones".
Para nosotros los derechos humanos forman parte obligada de todo sistema democrático y uno de los derechos más importantes es la libertad de conciencia. Esta libertad obliga a respetar el derecho ajeno a la misma y también obliga al Estado a conservarse ajeno a cualquier Iglesia.
La propuesta que ahora conocemos, puede ser el último esfuerzo para dar por terminada esta fase de la historia de nuestra patria; adecuar nuestras normas constitucionales para regular la realidad actual, sin prejuicios ni rencores, con equidad y conservando la memoria para evitar cometer los mismos errores, permitiría la reconciliación formal de los mexicanos.
Por lo anterior, y toda vez que las propuestas coinciden con las posiciones de liberalismo social, defendidas por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, convencidos de que estamos actuando en forma patriótica y democrática, nuestro voto será a favor de la iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Manuel Terrazas.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:- Compañero diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, ha expuesto la posición del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en el ámbito general de la iniciativa presentada por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional que reforma substancialmente el artículo 130 de la Constitución, así como en aspectos básicos los artículos 3o., 5o., 24 y 27 de la Carta Magna.
Pretendemos, con esta intervención, ampliar lo expuesto y precisar algunos planteamientos con relación a la significación de la reforma propuesta, quizá viéndola desde ópticas distintas y desde luego considerándola no como una reforma más, como una reforma que contempla no el fondo sino la forma, como lo ha dicho un estimable compañero diputado, de que se trata no de una reforma de fondo sino de una reforma que contempla solamente la forma.
Al contrario pensamos nosotros, de otra manera no se estaría realizando este debate que, sin duda, va a pasar a ser uno de los más importantes de esta LV Legislatura del Congreso de la Unión.
No es ningún cambio formal la modificación de cinco artículos constitucionales, la decisión acerca de un nuevo trato con las Iglesias y de un modo particular con la iglesia católica. No es de ningún modo un cambio formal la construcción de un nuevo contenido y una nueva definición a las relaciones del Estado y las iglesias, a partir del reconocimiento legal de las mismas.
Reconocemos la elevada significación política de las coincidencias de las posiciones de los distintos grupos parlamentarios. Yo creo que aquí localizamos quizá más que ningún otro de los temas, una de las grandes convergencias que van a tener que ver mucho con lo que viene para este país y al señalar la importancia de las coincidencias, no descalificamos ni le restamos o negamos legitimidad a los grupos parlamentarios y a los diputados que no coinciden, pero consideramos que más importante es el contenido y las repercusiones que representa simplemente una aprobación de las iniciativas coincidiendo entre varios grupos, más importantes son las diferencias en el criterio de la unidad, en la diversidad de la unidad en un problema fundamental para nuestro país y para el desarrollo democrático y yo diría revolucionario y socialista de nuestro país.
¿Por qué razón? Porque aquí se trata de considerar una posición propia, una concepción de los cambios, de sus perspectivas y del proyecto de nación que implica y que está relacionado precisamente con esa iniciativa, no desligada, sino profundamente relacionada y aquí hay muchas, pero muchas diferencias. Tenemos distintos conceptos de nación, distintos proyectos de nación. Aquí independientemente de la convergencia, se encuentra en el fondo el gran problema de la lucha por la dirección política que va a tomar este país. Se trata del problema fundamental del modelo de país que queremos construir a partir de la democracia y a partir de la democracia, la creación de las condiciones que nos permitan a cada quien trabajar en una lucha política e ideológica de fondo, pacífica con las masas, con el pueblo, nuestro proyecto de nación.
Por eso nosotros, afirmamos que nos encontramos con uno de los capítulos más importantes de la reforma del Estado, que nosotros podríamos ubicar, la ubicación estamos ubicando como parte de la democratización de nuestro país, sin la cual no es posible trabajar por ningún proyecto propio partidario y al decir partidario, tiene que ser considerado con vistas al pueblo de México, de un proyecto de nación.
Decimos, afirmamos, que estamos ubicando esta reforma como parte de la reconstrucción democrática de la vida de México. Son muy diversas, por otra parte, las justificaciones y las consideraciones que se presentan para la aprobación o la expresión de un voto en favor de la iniciativa.
Me parece que en el dictamen y consecuentemente en la iniciativa, se manifiesta en muchas, muchas intervenciones, todavía una gran resistencia en el mejor de los casos, para elevar el nivel real que le corresponde a esta iniciativa.
La iniciativa no lo llama por su nombre, habla de modernización, de adecuación, se trata simplemente de una actualización, de una modernización, de una adecuación a la realidad nueva del país, ¿o se trata de otra cosa?
Entendemos que hay razones para no hablar de lo que nosotros creemos que está en el fondo de esta iniciativa: la democratización del país. Esto es de lo que se trata: de la democratización del país para restituir derechos que ha llegado la hora de restituir y que en un momento dado
seguramente, y así es, tuvieron justificación histórica. Se trata de reconocer derechos, de vencer rezagos, de acoplar a la lucha por la democracia, los planteamientos y la Constitución misma, el marco jurídico que nos permita avanzar en una vía pacífica de desarrollo político de masas, en la medida por supuesto, en que la resistencia y las fuerzas contrarias a este avance democrático, no opongan otros medios para impedir lo inevitable, para impedir lo que está inscrito en el destino inmediato y en la meta histórica de México: la democratización plena, el desarrollo de una democracia plural.
Nosotros decimos, una democracia avanzada, porque el proyecto de nación que pasa por la democracia, por la defensa de la soberanía y de la independencia nacional, que pasa por una palabra o por una etapa que muchos ahora consideran es obsoleto, es anacrónico, es incorrecto mencionar, pasa por la lucha antiimperialista en nuestro país; porque lucha antiimperialista sin democracia, no es posible y antiimperialismo no es posible para conquistar la soberanía y la independencia nacional. Y democracia, antiimperialismo, soberanía nacional, queremos decir, nos facilita a quienes creemos en el socialismo, a quienes consideramos que está inscrito en nuestro objetivo histórico, la lucha por una sociedad mexicana sin explotadores ni explotados, de verdadera justicia social y somos convencidos de la lucha por la democracia, pero entendemos la lucha por la democracia también en la lucha por el socialismo.
Nos parece, pues, que es importante considerar que de lo que se trata aquí en el fondo, es precisamente del proyecto de nación que cada uno tenemos, que pasa por la democratización. Queremos decir con toda franqueza, que nuestra visión, respetando el punto de vista de muchos compañeros, es que aquí tenemos que preguntarnos: ¿hay retroceso histórico o hay un avance histórico?
Tenemos que considerar que hay un avance histórico si esto nos permite restablecer normas democráticas y avanzar en la democratización del país, que es precisamente lo que está en el fondo de esta reforma constitucional al artículo 130, como trataremos de demostrarlo.
No olvidamos la historia de nuestro país, de ninguna manera. Nosotros decimos que es necesario, cuando el Congreso establece un compromiso histórico, en esa misma dirección que también un compromiso histórico establezcan aquellos que no pueden o que temen hablar de lo que le deben al pueblo de México y nosotros con todo respeto decimos: el compromiso histórico de respetar la Constitución, el compromiso histórico de respetar las figuras fundamentales de la lucha histórica de nuestro pueblo por su liberación nacional y social, el compromiso histórico de reivindicar a Hidalgo, a Morelos, a Juárez; el compromiso histórico de buscar mecanismos para cancelar la excomunión de Hidalgo y de Morelos, ése también debe de ser un compromiso histórico y, por qué no, si lo estamos estableciendo. No es dable, no es correcto hablar de la necesidad también de responder a inquietudes de vastos sectores de nuestro pueblo, cómo es posible cuando se hacen no concesiones, sino necesarias modificaciones a la Constitución, que corresponden a las necesidades a lucha por la democracia; olvidemos que se tiene una deuda con el pueblo de México, que es precisamente el de reivindicar el carácter patriótico nacional justiciero, revolucionario, cristiano de Hidalgo, de Morelos, de Juárez y de tantos otros.
Lo planteamos simplemente antes de pasar a abordar algunas cuestiones de carácter concreto, que tenemos interés en mencionar porque de ahí se desprende el por qué estamos en favor de la iniciativa. Vamos a votar en lo general por la iniciativa, nos preocupan, como a muchos de ustedes, problemas fundamentales como el artículo 3o. de la Constitución y quisiéramos que la Cámara de Diputados buscara soluciones mejores para satisfacer esa profunda inquietud que hoy existe en vastos sectores del pueblo, sin contradecir, para nada, las cuestiones nodales de la reforma; buscando acoplar y derivando, naturalmente, del reconocimiento a la personalidad jurídica de las iglesias, su derecho también a tener sus propios sistemas de educación, porque no es posible negar en la personalidad jurídica de las iglesias, sin estimar que lo consecuente, lo derivado, lo obligado y lo lógico, es precisamente el derecho al sistema de educación propio, a la propiedad, a partir naturalmente, de la separación entre la Iglesia y el Estado y muchas otras cuestiones fundamentales que están inscritas y que se derivan de la reforma constitucional.
Permítanos pues, hacer algunos comentarios más específicos aún en el mismo marco general de la reforma constitucional en discusión. Nos ayudarán en confirmar esta reforma constitucional, como un cambio que no es de ninguna manera formal, sino es un cambio real, profundo, a fondo y ya veremos sus consecuencias después.
Primeramente queremos referirnos a la separación Estado-Iglesia. En general, puede decir que
una de las características funcionales de casi todos los estados modernos, ha sido la separación con la Iglesia, la configuración del dominio de la sociedad política por sobre la sociedad religiosa y natural del Estado por sobre la Iglesia y el mercado.
Las formas en que se dio la desvinculación secular y el espíritu, han sido muy diversas, desde el acuerdo mutuo, hasta la negación más violenta de uno y otro, para no hablar de la indistinción radical de algunas teocracias todavía existentes, pero en México la separación Estado-Iglesia católica, no fue un acto concertado, ni de mutuo consentimiento, por el contrario, fue una guerra civil la que definió las atribuciones, las funciones y la forma del Estado mexicano, de su régimen político y en buena medida de su ideología y proyecto nacional.
La separación Estado-Iglesia, ha tomado la forma de una negación casi absoluta, del primero y respecto de la segunda, el campo de atención de la Iglesia se ha relegado jurídicamente al espacio privado, al campo de las creencias individuales, sin ningún reconocimiento institucional a sus formas de organización. Más aún, en ejercicio de la libertad religiosa se encuentre tutelada por el Estado a través de la regulación de las actividades de su patrimonio y el comportamiento y actitud de los ministros, pastores, sacerdotes etcétera. No obstante ser el hecho religioso, una evidente e innegable expresión de la sociedad que hay qué ver históricamente, que no admite rectificación, pero sí replanteamientos de manera profunda.
Además de las atribuciones estatales arracadas a la Iglesia en las leyes de 1859, referente al nacimiento, matrimonio, propiedad, libertades irrenunciables y muerte de los ciudadanos, la Constitución de 1917 formula un marco jurídico basado en los artículos de todos conocidos, el 3o., el 5o., el 24, el 27, el 55, el 82 y el 130; en conjunto, el texto constitucional establece un límite de actuación de la Iglesia y un fundamento de las funciones y medios de acción del Estado, precisamente el contenido específico de la separación Estado-Iglesia y la secularización del poder público en la legislación mexicana.
El marco jurídico de actuación de la Iglesia, se conforma alrededor de ocho tipos de restricciones básicas y ahora se trata de decidir si vamos a mantener estas restricciones o las vamos a cambiar, sin sacarle vuelta a los problemas y si eso nos va a permitir avanzar o es un retroceso político y un retroceso del desarrollo social de nuestro país.
Decíamos pues, que hay estos ocho restricciones básicas:
a) Educativas. En dos niveles o tipos de regulación, sobre el carácter laico de la educación, fracción I y la no intervención de corporaciones religiosas o ministros en educación primaria, secundaria normal y destinada a obreros o campesinos, fracción IV.
b) Corporativas. Prohibición al establecimiento de órdenes monásticas, en atención al principio de libertad irrevocable, contenido en el artículo 5o., párrafo quinto de la Constitución.
c) Especiales. Se garantiza la libertad individual de creencias y se reduce la práctica religiosa al domicilio particular o a los templos dedicados a ellos, vigilados siempre por las autoridades.
d) Económicas. Las iglesias o corporaciones religiosas, de cualquier culto, no podrán en ningún caso, adquirir, poseer o administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos, sus propiedades pasan al dominio del Estado, los templos son propiedad de la nación, artículo 27., fracción II, prohibición de recibir herencias, artículo 130, párrafo quince.
e) Políticas. Comprenden prohibiciones de participar directamente o indirectamente en la vida política nacional, en la forma de impedimentos a los ministros para ser diputados, artículo 55, fracción VI; senadores, artículo 58, y Presidente de la República, artículo 82 fracción IV y de ejercer el voto pasivo o activo, artículo 130, párrafo noveno prohibiciones de hacer crítica a las leyes fundamentales del país, a las autoridades o al gobierno en general; artículo 130, párrafo nono y décimo tercero. Negativas las asociaciones religiosas con fines políticos; artículo 130, párrafo nono y décimo cuarto.
f) Administrativas. Los poderes federales son los únicos autorizados a intervenir en materia de culto religioso, artículo 130, párrafo primero; las legislaturas de los estados tienen facultad para determinar el número máximo de ministro de cultos, artículo 130, párrafo séptimo; los ministros deben ser mexicanos por nacimiento, artículo 130, párrafo octavo; la apertura de nuevos locales está administrada por la Secretaría de Gobernación, previa consulta con el gobierno estatal correspondiente, artículo 130, párrafo décimo; en cada templo deberá existir un encargado responsable ante las autoridades del cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa y de los objetos pertenecientes al templo, artículo 130, párrafo décimo y décimo primero.
g) Relativas al contrato matrimonial. Como un contrato civil, artículo 130, párrafo tercero; a la profesión de los ministros de los cultos, artículo 130, párrafo sexto; la validez de los cursos de los ministros, artículo 130, párrafo décimo primero.
h) Jurídicas. La ley no reconoce personalidad alguna a las iglesias; artículo 130, párrafo quinto; el Congreso no está facultado para establecer o prohibir religión alguna artículo 130, párrafo segundo.
El punto nodal del modelo de regulación constitucional se construye a nuestro juicio por intersección de la libertad individual de creencias, la prerrogativa estatal de regular la publicidad de los cultos y la negativa a reconocer personalidad de ningún tipo a las iglesias.
Yo no quisiera, estimados compañeros diputadas y diputados, dejar de mencionar dos cosas, en última instancia:
Una, repito, la que se refiere al artículo 3o., constitucional. Quiero citar, sin mayor preámbulo a Arnaldo Córdova, que en un reciente artículo decía: "La Constitución prohibe que las iglesias tengan escuelas y se sabe que tiene más de tres mil hoy en día, incluidas algunas de educación superior; prohibe también que opere en órdenes regulares y todos sabemos que tales órdenes existan e incluso algunos tenemos amigos que pertenecen a ellas; prohibe, sigue diciendo Córdova, asimismo que las iglesias posean bienes y es público y sabido que los tienen y, como en el caso de la católica, en abundancia; prohibe además que los ministros de los cultos se mezclen en política activamente o haciendo declaraciones y para nadie es un secreto que casi ningún sacerdote respeta esa norma y que muchos de ellos votan habiéndose dado el caso en un pueblo de Oaxaca que uno de ellos llegó, incluso, a ser presidente municipal."
Hay que decir: complicidad del gobierno, violación consciente de la alta jerarquía eclesiástica, pero hay que decir también que de lo que se trata, entre otras cosas, es también para poner fin a esta situación que los procesos se den de manera abierta y franca, porque la segunda cuestión que yo quería mencionar es que nosotros, a partir de ahora, con una justa posición frente a la reforma, con una justa y consecuente, no incongruente, defensa de la democracia, para avanzar en la democracia vayamos una vez más con el programa de las fuerzas progresistas y democráticas a ganar a millones de católicos y con millones de católicos ganar como se hizo en el pasado, en las grandes batallas históricas de nuestro pueblo el México democrático, justo, libre, progresista que de bienestar a los millones de mexicanos que hoy padecen miserias, hambre y explotación y a eso vamos y tenemos confianza que un justo programa sabrá ganar a las grandes masas de millones de católicos y con ellos ganar también la batalla de la historia. Muchas gracias por su atención.
(Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado René Bejarano del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:- Con su autorización, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
El 1o. de noviembre, en su discurso de informe de gobierno, el presidente Salinas anunció lo que posteriormente sería presentada como iniciativa de ley, para reformar las relaciones del Estado con las iglesias y que fue presentada el 10 de diciembre, para modificar cinco artículos de la Constitución.
Quisiera llamar la atención primero sobre el procedimiento. No conviene, aun cuando estamos en general a favor de la iniciativa, dejar pasar que esta iniciativa fue presentada, dictaminada y está siendo discutida en un tiempo récord: fue presentada el 10, dictaminada en comisiones el 13, presentada en primera lectura el 16 y seguramente será aprobada el día de hoy o el día de mañana, en lo general y en lo particular.
A pesar de que estamos de acuerdo, nos parece que los asuntos de la nación deben involucrar de una mejor manera a quienes son afectados por las decisiones que el Legislativo tome o el Ejecutivo o cualquiera de los poderes.
Se dirá que esta discusión no es nueva y hay razón en ello, pero el tiempo que se utiliza para aprobarlo obedece a una razón política, a una táctica, para a partir de ello desarrollar un proyecto.
Queremos dejar claro, señoras y señores diputados, que el gobierno quiere hacer notar, ante la opinión pública nacional e internacional, que esta iniciativa goza del más amplio consenso, que será apoyada por la más diversa cantidad de fuerzas políticas y que por ende el gobierno avanza hacia la modernización del país y hacia la ampliación de su consenso y de su legitimidad.
Pero es pertinente decir que, aun a pesar de que coincidimos en el avance que representa la
iniciativa, no está por demás que las razones históricas de las principales fuerzas políticas de esta Legislatura, son por demás diversas; que la exposición de motivos que sustenta el dictamen, no es compartida por las demás fuerzas políticas y que el alcance y contenido de las reformas tienen para las diversas fuerzas políticas significados distintos y perspectivas diferentes; que para algunos, como nosotros, la iniciativa y los alcances que tiene, si bien son positivos son claramente insuficientes e incluso contradictorios con la exposición de motivos, porque las razones históricas de unos, como el caso del Partido Acción Nacional, desde su nacimiento, son muy diversas a las razones históricas de la corriente que en el centro- izquierda se ha venido abriendo camino para ser congruentes con los principios democráticos, con los principios de respeto a los derechos ciudadanos y más ampliamente a los derechos humanos; que no ha pasado mucho tiempo que en el interior del partido oficial y del propio gobierno se daban argumentaciones distintas con respecto a este asunto; que aun hoy seguramente, y eso no es de alarmar a nadie, seguramente existen opiniones diversas al interior del gobierno, aunque éstas, por razones que respeto, que entiendo, pero que no comparto, no se expresan.
Recordemos, por ejemplo, para no ir muy lejos, que el presidente Miguel de la Madrid señaló que el contenido del artículo 3o. no estaba a discusión, sino que de lo que se trataba era de su observancia y desarrollo; que posteriormente el actual Secretario de Gobernación expresó que la política interior permanecerá apegada a nuestros principios liberales, que forman parte de la tradición de todos los mexicanos; que hace no mucho tiempo, para ser exactos, el 21 de marzo de 1990, en el simbólico lugar de San Pablo Guelatao, el Secretario de Gobernación dijo lo siguiente: "no se puede cancelar lo que se conquistó con tanto esfuerzo", que se confirman cotidianamente la libertad de creencias, la educación laica, educación laica completa y la separación de la Iglesia y el Estado; que recientemente Fernando Solana Morales dijo: "las decisiones fundamentales de nuestro país las seguiremos tomando los mexicanos en libertad, con base en nuestra experiencia histórica, en nuestros principios nacionales y en nuestros proyectos futuros", refiriéndose a las preguntas que se le hicieron con respecto a las relaciones posibles con el estado Vaticano; que el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, a pocos días de haber tomado posesión como secretario substituto, dijo: "defendemos la vigilancia del artículo 3o. constitucional, porque garantiza la construcción de nuestra identidad nacional y una cultura democrática, libre y tolerante".
Sólo algunos al interior del partido oficial se expresaron en sentido diverso, don Antonio Martínez Báez dijo: "a la larga o a la corta se tendrá que modificar el 130 constitucional, será un proceso saludable para el pueblo de México". Como señala Raúl Trejo de Larbre, en una obra publicada por el diario El Nacional, otro ex distinguido priísta, señaló lo siguiente: "debe reformarse el artículo 130 y debe aprobarse el voto para los sacerdotes, puesto que hay algunos identificados con las causas de los pobres, aquéllos que se llaman del bajo clero, que trabajan en comunidades agrarias, en zonas desprotegidas, con la gente trabajadora y campesina, que conocen en carne propia la injusticia", se trataba de don Rodolfo González Guevara, que posteriormente habría de renunciar al partido oficial.
Pero aún más, en el libro que sirvió como programa de campaña del actual Presidente de la República, El reto, en la página 80 se dice textualmente: "que no haya confusión alguna, el artículo 3o. constitucional es principio y fin de toda acción educativa". De tal manera que esta pretensión oficial de legitimar una reforma que proviene de sectores progresistas, de sectores democráticos de diverso signo, no obedece principalmente a la iniciativa gubernamental. De lo que se trata, según nuestro punto de vista, desde el gobierno, es construir una alianza entre la jerarquía de una Iglesia y el Presidente, que rompe con simulaciones pero abre camino a crear nuevas; se trata, con la iniciativa, de pactar con la jerarquía de una Iglesia principalmente, desconociendo el papel de otras iglesias, de las minorías religiosas y de las diversas corrientes que al interior de las iglesias existen.
No se trata de lo que en el pasado existió, de una iglesia monolítica o que presupuestamente existió. Se trata hoy de una nueva sociedad en donde aún al interior de las instituciones religiosas se viven fuertes debates, diversas opiniones sobre los diversos asuntos que a ellos competen. Por eso es que limitar el deber y limitar el acuerdo a una jerarquía de una sola Iglesia por más influyente que esto sea, no es democrático y abre el camino a una nueva simulación, porque en lo general la iniciativa favorece a los grupos dominantes dentro de la Iglesia y dentro del Estado. Queremos señalar que este procedimiento obedece a esa intención de fortalecerlos para desarrollar un proyecto de nación.
Pero a pesar de todo nosotros reivindicamos que hay en esta iniciativa derechos democráticos que
se reconocen y que por eso estamos dispuestos a aprobar, pero tenemos que dejar claro que hay inconsecuencias con algunos, incluso razonamientos, que justifican el contenido de la iniciativa. Uno de ellos se refiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros compartimos que sea el Estado quien reconozca hoy esta declaración, estamos de acuerdo que se reconozca lo consagrado en el artículo 18 con referencia a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, pero también estamos de acuerdo con que se rescate el derecho a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de reunión o asociación consagrado en el artículo 20 y, desde luego, el derecho a la educación consagrado en el artículo 26 y nos parece que si se fundamenta una parte de la iniciativa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando menos se debiera ser consecuente y, ¿por qué lo decimos? Porque en lo que se refiere, por ejemplo al artículo 130, estamos de acuerdo en que se reconozca el voto activo a los ministros de culto, pero no estamos de acuerdo en que se limite el voto pasivo solamente a quienes se separen definitivamente de su Iglesia y de su ministerio. Nos parece que el argumento que se da consistente en que se influiría decisivamente en la canalización del voto, es inconsistente y no se corresponde con lo planteado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Nosotros ponemos por ejemplo, guardando todas las proporciones, la influencia decisiva que se ejerce a través del Programa Nacional de Solidaridad y de ser funcionario del Programa Nacional de Solidaridad para ser candidato y se establece un plazo relativamente breve; nosotros pensamos que a los ministros de culto se les debe permitir ser votados separándose temporalmente de su cargo y dejándoles la opción, si así lo consideran conveniente, de reintegrarse a él.
Hay muchos países de Europa pero también de América Latina en donde esto sucede, son experiencias democráticas y no hay argumento suficiente para contrarrestarlo. Consideramos además que si en el propio informe de gobierno se establece que el pueblo de México, interpretándolo, no está de acuerdo en que la Iglesia acumule bienes materiales, en el artículo 27 debe establecerse claramente que las asociaciones religiosas no deberán tener fines de lucro y por ello no podrán participar en sociedades mercantiles o similares. Nosotros decimos que sería una nueva simulación impedir la libertad de expresión a los ministros de culto o a los representantes de las iglesias; intentar que la crítica que se haga al gobierno no sea en propaganda religiosa, en actos públicos o en cualquier otra forma, atenta contra la libertad de expresión y es de hecho una nueva simulación porque en los hechos se hace, se ha hecho y se seguirá haciendo.
Pero quizá compañeras y compañeros diputados, donde más nos interesa resaltar el problema de esta iniciativa es en el artículo 3o.
En el artículo 3o., en los hechos en una parte se está regresando a la redacción original del Constituyente de 1917, que habló de la educación laica, pero que la obligaba a las escuelas públicas y a la privada. Ahora en esta iniciativa la educación laica se explica, pero sólo para la escuela pública.
Nosotros consideramos que esto puede dar lugar a los siguientes problemas, a los siguientes peligros:
En primer lugar, nos parece que va a haber un interés manifiesto de diversas iglesias económicamente poderosas, para invertir en la educación y no sólo como negocio económicamente hablando, sino como proyecto ideológico y político; que en aquellas regiones donde la escuela pública se encuentra degradada, con maestros mal pagados, con instalaciones insuficientes, sin material didáctico y en malas condiciones, la presencia de estas instituciones religiosas puede instalar escuelas dotadas con buenas instalaciones, buenos maestros, material didáctico, buen equipo y que incluso haya alimentación para los educandos y la sabiduría popular indica: primero está comer que ser cristiano y por la vía de razones estructurales, muchos compatriotas llevarán a sus hijos a esas escuelas y si no se queda suficientemente claro que en las instituciones privadas que se imparta educación, ésta no sea obligatoria, se estará en los hechos anulando la libertad de educación, anulando el derecho de elegir a cada quien, porque habrá un proceso de inducción, prácticamente de obligación, a partir de necesidades materiales.
Deberá quedar establecido entonces en el artículo 3o., que la enseñanza de la religión que se imparta en las escuelas particulares, en ningún caso será obligatoria.
Nos llama la atención que en entidades del país como Chiapas, Tabasco o Oaxaca, haya interés explícito de algunas instituciones de carácter religioso, no necesariamente católicas y que van a hacer inversiones importantes y que van a atentar contra las escuelas públicas.
Coincidimos con los diputados pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado y pertenecientes al partido Revolucionario Institucional, que señalan que con la iniciativa se abre el camino para el incremento de la inversión en la educación públicas y que por eso es muy importante incrementar la inversión de la educación pública; pero tendrá que quedar claramente establecido la reglamentación y las limitaciones para la educación religiosa en las escuelas particulares, porque de lo contrario vamos a caer en un curioso sistema de legislación, en donde el Estado por omisión alienta que muchos problemas se creen y después, con el argumento de poder el derecho, de actualizar la norma a la realidad, legislar para adecuar lo que el estado mismo provocó con su omisión.
Con esta lógica, después estaremos reglamentando, como la realidad así lo va a hacer si no se restringen o si no se señalan claramente las limitaciones de la educación privada, se estará reglamentando después la educación religiosa obligatoria o ya no la educación laica pública y estaremos entonces reglamentando no en función de los principios ideológicos, filosóficos, políticos, sociales o morales, sino en función de una adecuación pragmática a la realidad.
Pensamos por eso que esta iniciativa además se contradice con lo señalado por el programa para la Modernización Educativa. En este programa en ningún momento se planificó el impulso a la educación privada no laica y por eso es que deberá explicarse cómo se va a adecuar este programa a las nuevas necesidades, a las necesidades que se deriven de la nueva realidad que se provoque una vez legislado.
El modelo para la modernización educativa, sustentaba la validez íntegra del artículo 3o., constitucional; desde los tiempos de la revolución educativa, en los tiempos de don Jesús Reyes Heroles y de don Miguel González Avelar, se reivindicó la integridad del artículo 3o. y el artículo 3o., íntegramente, es sustento del programa para la modernización educativa y siete artículos se modifican, muy probablemente se esté abandonando el espíritu laicista que inspiró el Constituyente de 1917. En los hechos se estará impulsando un nuevo modelo educativo y eso es lo que estamos señalando.
Nosotros creemos que el Estado es consciente y que el arreglo que se tuvo con la iglesia católica, con la jerarquía católica es una concesión, pero finalmente es una secesión que abre el camino para que una de las esferas importantes en que el Estado debe mantener su presencia y su desarrollo sea construido un nuevo sistema educativo nacional, diverso del que ahora se tiene.
Nosotros, por eso, queremos dejar señaladas nuestras opiniones al respecto. Las razones que sustenta nuestra opinión no son acríticas, no son razones que obedezcan a consigna alguna, son resultados de una reflexión colectiva e histórica que un conjunto de fuerzas hemos venido desarrollando, pero son distintas a las de las diversas fuerzas políticas del país, porque nos inspiramos en la práctica de Arnulfo Romero, en la tradición liberadora y la lectura popular que se hace del evangelio, porque nos inspiramos en la tradición revolucionaria de aquellos cristianos que combatieron por la independencia y la soberanía nacional, porque esta veta histórica, esta construcción teológica de la liberación, este compromiso por la democracia, es un compromiso completamente congruente con nuestras tradiciones, y por eso, para concluir, quisiera citar un párrafo del libro "México profundo" de Guillermo Bonfil Batalla, en el cual nos sentimos plenamente identificados:
"No podemos construir un país imaginario y sería demente insistir en hacerlo. México es éste, con esta población y esta historia. No podemos persistir en el empeño de substituirlo por otro que no sea éste. La tarea es más simple, hay que hacerlo mejor, pero desde adentro, no desde afuera, sin negar lo que es sino al contrario, tomándolo como lo que habrá de transformarse y desarrollarse a partir de sus propias potencialidades. Hay que reconocer de una vez para siempre al México profundo, porque si no se cuenta con él no hay solución que valga". Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Diego Zavala, del Partido Acción Nacional.
El diputado Diego Heriberto Zavala Pérez:- Señor Presidente; señores diputados:
Para mí, y os aseguro que para varios de mis compañeros, es un privilegio pertenecer a esta Legislatura, porque esta Legislatura es histórica, se están debatiendo aquí los grandes temas nacionales. El día de hoy el artículo 3o., en todo lo que concierne a educación, a la ciencia, a la investigación, a la difusión de la cultura, mi partido se reserve para tratarlo posteriormente en una forma orgánica y sistemática.
El otro tema, el de las relaciones de Estado y las iglesias, también es un tema candente, es
un tema siempre vivo, es un tema siempre actual que hay que revisar constantemente.
Permítaseme, señores, relatar un hecho que, según se dice, ocurrió en una universidad inglesa, de las de más tradición y de las más prosapia, una universidad muy añeja.
Un acucioso estudiante universitario, desempolvando anaqueles, casi desenterró un viejo reglamento, un anticuado reglamento. Por circunstancias especiales, este reglamento no había sido abrogado formalmente. De acuerdo con aquella teoría de los tres círculos del maestro García Maynes, se estaba ante una norma que no tenía validez social, pero sí era formalmente válido, porque no había sido abrogado.
El inteligente y acucioso estudiante, en base a uno de los preceptos de ese caduco reglamento, exigió a las autoridades universitarias que se le sirviera en la comida principal todos los días una copa de vino. Los directivos de la universidad actuaron muy a la inglesa, le sirvieron la copa de vino en las comidas. Cinco días después, el inteligente y agudo estudiante, recibió una notificación en la que se comunicaba, fundándose en otro artículo de ese mismo reglamento, que se le imponía una severa sanción pecuniaria por no portar espada.
Señores, no debemos estar en la época del vino y la espada; no debemos pensar que apliquemos un artículo caduco, inaplicable y empolvados; señores, los tiempos son distintos, las sociedades, aun conservando su tradición y su esencia, evolucionan, se transforman, tienen un impulso vital, cambiante, actuante. Desventurado el pueblo que nos es dinámico, desventurado el pueblo que no lucha y permanece estático.
La grandeza, señores, es propia de quienes se superan, de quienes, sin poder alcanzarla, aspiran a la perfección y optan por el análisis crítico, por la reflexión serena para llegar a la armonía y a la búsqueda del esplendor de la verdad y de la congruencia.
La aventura es para aquellos que están dispuestos a dejar una huella lacerante y pasar a planteamientos adecuados y a un sendero de colaboración y concordia.
Se ha señalado ya en esta tribuna, en una forma reiterada, que existe en México en esta materia un notabilísimo divorcio entre lo que se dice la ley y la realidad. Es más, hay quienes piensan que sería más oportuno, más prudente conservar el "status" actual, estar inmersos en ese modus vivendi que existe a partir del 29, con esos tristemente célebres mal llamados acuerdos.
El día de ayer un periodista afirmó que en verdad es necesario cambiar el marco jurídico de las iglesias, hasta ahora nadie a podido demostrar que sí. Más aún, se dice que miembros de la jerarquía eclesiástica, al considerar como buenas las relaciones entre Iglesia y Estado, estiman que es mejor no tocar el problema.
Señores, quedaríamos en un ambiente de ambigüedad y de ficción. Se ha señalado: la Iglesia no puede enseñar y enseña; no puede tener órdenes monásticas y tienen órdenes monásticas. Allá en la década de los cincuentas, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vázquez del Mercado, no católico por cierto, en una entrevista contestó en una forma contundente: "señores parece mentira que en un país en donde hay ignorantes, las instituciones y entre ellas la Iglesia, no pueden educar; en un país en donde existen pobres, la Iglesia no puede asistir; en un país en donde existen enfermos, la Iglesia no puede tener hospitales. Es verdaderamente una aberración".
Señores, efectivamente conforme al artículo 5o. constitucional, están prohibidas las órdenes monásticas.
So pretexto de defender la libertad del hombre, la ley le prohibe ejercerla. Señores a mí me enseñaron en clase de filosofía del derecho, que la libertad se tiene no para conservarla en un nicho o en una caja fuerte, la libertad se tienen para ejercerla, para comprometerse. Entonces se está negando la libertad en ejercicio; se está negando la libertad para comprometerse. He ahí una demostración palmaria del divorcio que existe entre la realidad y la ley.
Los sacerdotes mexicanos no son ciudadanos, extranjeros en su propia patria, ni siquiera tienen el precario derecho de depositar un voto en la urna electoral. No hay en la ley vigente separación de Estado e Iglesia, pues no puede separarse una entidad existente de una inexistente. Y aquí, ya lo dijeron, no existe la Iglesia. Ahí está la contradicción, cómo estamos hablando tanto de ella, si es un ser inexistente.
Aquí también se calificó la posibilidad de reconocer la personalidad de las iglesias como algo impopular. Señores, otra incongruencia. En dos ocasiones México ha recibido la visita de Juan Pablo II. Lo sabemos todos, el pueblo se
volcó a las calles con estusiasmo, con fervor para aclamarlo, tengo entendido que hasta una calle en la ciudad de México, lleva su nombre. Conforme a la ley nos visitó un anciano vestido de blanco y por añadidura ostensiblemente violó la ley pues vistió traje talar. En México podemos ver en la calle a hippies, a personas vestidas en forma estrafalaria o semivestidas, pero nos está vedado el ver por nuestras calles un hábito franciscano o el clásico tocado de las hermanas de la caridad.
Las relaciones entre Estado-Iglesia deben situarse en una forma real en el ámbito jurídico. Hay que terminar con ese divorcio. No se legisla para pretender regular utopías, ni la ficción puede ser materia de la ley, nuestra sociedad es cambiante y el derecho es vida humana, es ordenación positiva y justa de la acción al bien común, en espléndida definición de Rafael Preciado Hernández. Herman Heller, en su conocida teoría del Estado, denomina uno de sus capítulos en la siguiente forma: La Constitución Política, como realidad social, y dice:
"La Constitución de un Estado coincide con su organización en cuanto esta significa la constitución producida mediante actividad humana consciente, el conocimiento del Estado y del derecho, no debe olvidar nunca, ciertamente, el carácter dinámico de su objeto. La normalidad, sigue diciendo el autor, tiene que ser siempre reforzada y completa por la normatividad".
Y Yelinc sostienen que todo derecho vigente debe ser en realidad conforme a la regla.
Señores: ¡Los tiempos cambian!
Versa el artículo 7o., de la Ley de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para la libertad de creencias e instituciones religiosas:
"Por instituciones religiosas se comprende en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las asociaciones, departamentos y centros, monasterios, fraternidades religiosas, las asociaciones misioneras, los institutos de instrucción religiosa como las uniones formadas y organizaciones religiosas, las uniones son representantes de sus propios centros. Las instituciones religiosas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se constituyen con el fin de dar enseñanza a los ciudadanos para profesar y difundir una fe y operan de conformidad con una estructura propia: elecciones, nominaciones y sustituciones del personal de conformidad con sus estatus".
Señores: creo que el cambio se está dando en muchos sitios. Los preceptos constitucionales, en cuestión, en materia, deben sé reformados por esta Cámara.
Sé perfectamente que hay divergencias, que hay puntos encontrados, que habrá en lo particular también, hechos, datos, elementos que nos separan, pero si eso nos separa, tengo la certeza que es mucho más lo que nos une y en lo fundamental y sobre todo, nos une a todos, nuestro inquebrantable, profundo perene amor a México. Gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel González Avelar:- Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para los hombres y mujeres de conciencia liberal, como lo somos la inmensa mayoría de quienes militamos en el partido Revolucionario Institucional, abrir por cuenta propia en las tribunas del Congreso el debate a propósito del estatuto de las iglesias en nuestra sociedad, es cuestión de la mayor trascendencia.
Naturalmente, como partido mayoritario en esta Cámara y como encargado que ha sido de la conducción política del país durante los últimos decenios, el Partido de la Revolución Mexicana, no elude su deber en este tema, como en ninguno de los que concierne hondamente a la nación y la mejor prueba de ello es, en efecto, que el partido comparece con determinación y sin reservas, como ponente de la iniciativa que tratamos.
Lo hacemos desde luego, con la mayor responsabilidad y no sin cautela, pues el tema a debate nos remite irremisiblemente, a épocas dolorosas, de discordia y turbulencia en nuestra vida comunitaria; momentos que absolutamente nadie querría ver repetirse.
Partimos, sí, de un supuesto básico: la buena fe esencial de todos quienes están envueltos en nuestros planteamientos y en primer lugar la nuestra, dejamos atrás la suspicacia y, para renovar, asumimos sin reservas el patriotismo de todos.
Hablar de la condición jurídica de las iglesias, nos obliga necesariamente a una mención histórica aunque sea muy sumariamente, puesto que en la historia está buena parte de su explicación y su naturaleza.
Es claro, se ha dicho aquí ya mucho, que la querella nace desde el momento en que apenas, independizados políticamente de España, ensayábamos la forma de constituirnos como nación soberana y queríamos para la nueva sociedad independiente toda la tolerancia de que había carecido, toda la prosperidad que como colonia se le había negado y el grado de justicia e igualdad que una estructura social arcaica y dividida en castas, le había impedido alcanzar.
El Siglo XIX se consumó entero en ese empeño libertario y de igualdad frente a fueros y privilegios y no fueron pocas ni leves las sangrientas luchas que provocaron sus rutinarios opositores, enlutando al país con la bandera de sus preocupaciones religiosas, ya fueran fruto de motivaciones sinceras o de meros cálculos políticos para alcanzar el poder, lo cierto es que estas materias fueron la razón visible para provocar profundas divisiones y sufrimientos entre los mexicanos.
Fue a la benemérita generación de la reforma, encabezada por el patricio, cuyo pensamiento preside los trabajos de nuestra Cámara, a la que tocó resolver en definitiva aquella lucha amarga. El conflicto tuvo diversas etapas y alternativas y, desde luego, en su tiempo, hubiera podido aceptar y adoptar muchos matices y soluciones distintas; pero en definitiva, hubo de sanjarse de raíz, pues la pasión e irresponsabilidad de algunos, los llevó incluso a comprometer la independencia y soberanía de la nación para salirse con la suya y frente a eso no había ni podía haber argumentación ni arreglo alguno.
Por esto, desde el triunfo de la República en 1867, se fue ampliando y fortaleciendo la conciencia liberal de los mexicanos, la experiencia histórica de la nación procreó la idea de que ser liberal era estar por la independencia, la República, la vida democrática y la dignidad de México; ser liberal comenzó a ser, de esta suerte, un rasgo que conformaba el alma nacional.
Por esto, entre los muchos valores que puede mostrar el pueblo mexicano, algunos son característicos de la conciencia liberal, entre ellos su comprensión y respeto para las ideas de los demás.
La convicción de que la tolerancia es un ingrediente esencial en la vida comunitaria, la sana sospecha de que no siempre se ha de tener la razón; tales valores militan hoy como ayer entre nosotros y no son ajenos a la propuesta que hacemos.
Los problemas especialmente agudos que entre nosotros levantó la relación con la jerarquía de las iglesias y, por supuesto, especialmente con la iglesia católica que era y es la mayoritaria en nuestro pueblo, tuvo que ver también con el grado de importancia que ésta alcanzó en el terreno económico y no sólo por cuestiones políticas.
Bien conocen los ilustrados diputados, las cifras que en el siglo pasado documentan ésta, la magnitud, en cuanto a la propiedad territorial, tanto rústica y urbana que llegaron a tener y siento entonces la principal y no es que la única expresión de la riqueza, es explicable que los feligreses se manifestaron por una iglesia humilde y misionera, al modo en que lo fueron los admirables franciscanos que iniciaron la evangelización de México.
El Siglo XX conoció en sus primeros decenios, una agudización de las tensiones entre la iglesia católica y el Estado, causada en buena medida por el papel que aquélla tomó, abierta, indiscutiblemente y con animosidad, en algunos episodios fundamentales para la Revolución.
Por esto, cuando a partir de 1929, durante el breve pero fecundo interinato de Emilio Portes Gil, se pactó la paz y se pusieran las bases de un nuevo modo de convivir, las leyes restrictivas que ya se habían expedido, quedaron vigentes como explicación del pasado inmediato, pero también como testimonio de quien había ganado la contienda.
Que los tiempos han cambiado desde entonces, ni duda cabe; que una parte considerable de la sociedad pide cambios, también es cierto y nosotros con ellos, pero también lo es que no en todos ha cambiado de igual manera la percepción histórica de aquellos acontecimientos. Todavía nuestra historia es terreno minado, en el cual todos tenemos que movernos con las debidas precauciones.
En México, como en todas partes, se combate por los asuntos del presente y se lucha por preparar un determinado futuro, pero entre nosotros casi nadie desdeña tampoco una buena pelea en algún cuadrilátero del pasado.
Entre las creencias y convicciones que han evolucionado más amplia y profundamente, están las relativas a los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial permitió a la humanidad presenciar, como nunca antes, los límites mismos del horror, el atropello de todos los derechos, la persecución y la aniquilación de las personas por
razones de razas, convicciones políticas y creencias religiosas. Los más banales pretextos sirvieron como tales por los regímenes atrozmente totalitarios que habían causado el conflicto para encarcelar o asesinar a las personas.
No es extraño por esto que al terminar la conflagración todos los países agrupados en la Organización de las Naciones Unidas promovieran la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, verdadero manifiesto y balance de las aspiraciones que en esta materia estaba promoviendo la conciencia universal.
Otros documentos análogos, como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos se han sucedido desde entonces, ya sea con carácter regional o especializado.
Bajo el amparo de este movimiento, simultáneamente crecieron y fructificaron las aspiraciones libertarias de muchos pueblos, para entonces todavía sujetos al dominio colonial.
El ascenso a la independencia de numerosos países de Asia y África, a partir del decenio de los sesenta reconoce en la adhesión creciente el movimiento de los decretos humanos un apoyo formidable y una motivación esencial.
En cuanto el ámbito interno y por lo que se refiere al tema que hoy ocupa la atención de la Cámara, hay que reconocer la aparición de cambios igualmente importantes. Nuevas generaciones, una estructura de la sociedad radicalmente distinta, grupos sociales emergentes y, en general, la transformación del ambiente espiritual que dio lugar la obra misma de la revolución, han modificado la percepción que de este asunto se tiene en amplios sectores de la población.
¿Qué nos corresponde entonces hacer en esta circunstancia?
El deber de los políticos y también el de los hombres de buena voluntad, es conducir los cambios a través de las instituciones, no romper la trama esencial de la sociedad y evitar comprometer la solidaridad que hace posible la continuidad de la nación sobre un mismo territorio. No se trata solamente de una cuestión pertinente a su papel social, sino de votación profunda del hombre político.
A este respecto, siempre me impresionó como estudiante un mural que está en la Ciudad Universitaria de esta capital, obra del ilustre artista de Chihuahua, David Alfaro Siqueiros. Hay allí la figura de un hombre con los brazos extendidos al máximo parece querer alcanzar el futuro. Debajo de la pintura figuran tres fechas: 1810, 1857 y 1910 y luego, de manera inquietante, un uno y un nueve que completa dos interrogaciones.
La intención del artista fue clara, señalar que después de las tres grandes revoluciones que ha tenido México, en algún momento de este siglo que está por terminar un nuevo y formidable movimiento revolucionario conmovería de nuevo al país desquiciarlo y renovarlo.
Pues bien, yo creo que la misión de las mujeres y de los hombres políticos es precisamente frustrar ese augurio, desmantelar la profecía, trabajar duramente para que el país progrese y se perfeccione, sin necesidad de que su estallido ingobernable y cruento, en busca de justicia y democracia, nos saque de la modorra. Lo que hoy ocurre en muchas partes del mundo, debiera ser a este respecto aviso aleccionador y suficiente.
Permítanme apresurarme a aclarar, compañeros diputados, que de ninguna manera implico que en la reforma a la situación de las iglesias esté larvando un estallido social pronosticable; únicamente quiero enfatizar que es nuestro deber percibir y valorar los fenómenos que se van configurando en el seno de la sociedad, reflexionar y actuar en consecuencia.
¿Y cuál es por tanto en esta materia la situación actual?
El pasado 1o. de noviembre el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, convocó al pueblo de México a promover una nueva situación jurídica de las iglesias, a buscar una mayor correspondencia entre las opiniones y el comportamiento cotidiano de la población y las disposiciones legales. A esta respecto creo que la cuestión radica en un problema de esclarecimiento y apropiados distingos.
México tiene normas que son perfectamente compatibles con lo que la conciencia jurídica universal considera hoy apropiado para regular la relación entre las iglesias y el Estado. Entre ellas, las que consagran la clara separación entre ambos. La secularización de la sociedad en un sentido amplio y la renuencia a que las iglesias conduzcan la vida política o económica.
A este respecto el propio Presidente de la República ha sintetizado, con beneplácito general, "no queremos una iglesia rica ni que intervenga en la política".
Todas esas son convicciones muy claras en el orden cultural dentro del cual transcurre nuestra historia: el mundo Occidental, pero también, por otra parte, México conserva disposiciones jurídicas que son la expresión de una etapa de conflicto y crisis con las iglesias, una legislación destinada a contener a quienes fueron vencidos, primero en su intento de desconocer la Constitución de 1917 y luego en el propósito de conducir una rebelión militar.
Desmovilizar este último tipo de norma, aparece hoy como lo apropiado, lo conveniente y debido.
Algunos partidos políticos, incluso representados por cierto en esta Cámara, han expresado ya, si bien en fechas notablemente distintas, su voluntad de modificar el actual régimen jurídico de las iglesias.
En algún caso, en un pasado tan remoto que su petición se confunde con la época misma de los conflictos que originaron la legislación de que hoy nos ocupamos y casi se confunde con ellos. En otros casos en cambio la solicitud es tan reciente, que casi se empata con el último proceso electoral y la temática relativa a esa oportunidad.
Pero, sí lo pensamos, el tiempo propicio es ahora y al incorporarle la dimensión del tiempo, que es esencial en asuntos de la magnitud del que nos ocupa, cobra todo su sentido la iniciativa de reformas que ha presentado el Partido Revolucionario Institucional.
Porque las agrupaciones políticas no pueden alardear de derechos de autor, sino acaso de buen tino en el diagnóstico de los problemas de la sociedad y de resultados efectivos en la conducción de sus partidarios.
Naturalmente, para fundar la propuesta que sostenemos, al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha considerado cuidadosamente la profunda y generalizada conciencia liberal de la mayoría del pueblo de México, pues de ninguna manera se trata, como se dice, "de irse al otro lado del burro". Es conciencia liberal, que ciertamente coincide por más paradójico que esto pueda parecer a quienes no frecuenten la realidad de la vida popular, con una intensa y verdadera religiosidad.
La exposición de motivos de la iniciativa de reformas y el dictamen correspondiente de las comisiones unidas, contienen una abundante argumentación que las explica y las fundamenta. No obstante, señoras y señores diputados, permítanme unas palabras más, para explicar una cuestión adicional que, a mi juicio al menos, es absolutamente en relación con estas reformas.
Tenemos que reconocer que la riqueza y diversidad religiosa de la sociedad mexicana no ha hecho crecer en los últimos decenios, iglesias y creencias numerosas que nada tuvieron que ver con los abatares del conflicto histórico que precipitó la legislación actual, han ido conquistando la fe de numerosos mexicanos; son 25 al menos; las que tienen suficiente importancia, como para merecer nuestra consideración, el número de sus fieles suma varios millones y en algunas entidades esa magnitud se compara ya con los de la confesión tradicional; en todas, desde luego, tienen representantes.
Del número total de templos que hay en el país, el 27% les corresponden. Ellas merecen también, por tanto, un trato equilibrado y una palabra que reconozca su existencia, especialmente porque todas ellas, salvo alguna excepción, al reconocer y honrar nuestros símbolos patrios sostiene y forman parte del proyecto nacional en el que forzosamente están incluidos todos los mexicanos.
Compañeras y compañeros diputados: Están pues a nuestra consideración una reforma toral, fundamental, tratamos acerca de un conjunto de preceptos que ha sido siempre definitorios en nuestro derecho constitucional, para caracterizar nuestra Carta Magna; pocas veces se habrá justificado tanto el nombre de Constituyente Permanente que se da el procedimiento en el cual estamos participando.
No está en los cálculos del Partido Revolucionario Institucional que se revierte al proceso en que están empeñadas las mayorías del país, para constituir una sociedad abierta, plural y democrática, en la cual quepan por igual, en plenitud de derechos, agnósticos y creyentes, todo lo contrario, el fundamentalismo de cualquier signo no está, o mejor dicho está fuera de nuestro horizonte.
También estamos persuadidos de que en el proceso de maduración de las agrupaciones sociales las iglesias de México tienen cada vez más claro su compromiso con los problemas del país y que su testimonio, comprometido y apasionado muchas veces, reconoce por encima de todo las necesidades y el tiempo mexicano. A este respecto, por cierto y aunque estamos examinando la iniciativa, como se dice, en lo general, permítanme una acotación que diré casi entre paréntesis,
porque llegará ya el momento en lo particular en que mis compañeros se ocuparán con más amplitud de ella seguramente los demás compañeros de esta asamblea.
Me refiero al artículo 3o. no voy a profundizar en él, ya ni tiempo habría para ello, sino decir solamente esto: La unicidad de la educación en México no se altera, de ninguna manera, con el texto de la iniciativa que está a consideración de esta Cámara; en México seguirá habiendo una sola educación, a través de la observancia obligada a planes y programas, que son los elementos formativos a la personalidad del educado, al reformar garantiza, reitero, la unicidad de la educación mexicana. Los convido, deveras, a leer el texto de las reformas que se proponen.
Yo celebro finalmente, si me permite así decirlo, el tono ciertamente elevado hasta este momento, digo, antes de mí, elevado, que ha tenido y respetuoso este debate; esto honra claramente habría que decirlo, a esta asamblea de libres pensadores, es decir de hombres de pensamiento libre. Hoy nosotros los priístas nos empeñamos, sí, en incluir francamente y en pie de igualdad a la iglesia de siempre y a las de ahora, a todos los que hoy se sienten menoscabados y en cierto modo ajenos al compromiso común de crear una nación que sea casa de todos, donde la buena ley sea superior a todo hombre, como quería Morelos y donde todo hombre quede bajo el imperio y la protección de las leyes. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra, para formular un voto particular a nombre de diversos diputados del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Patricia Ruiz.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:- Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Acudo efectivamente, como dijo el Presidente, a esta tribuna a emitir un voto particular en contra de la iniciativa de reformas a los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 constitucionales relativos a las relaciones Estado-iglesia presentadas por el Partido Revolucionario Institucional. No es un voto particular a nombre de varios diputados, es un voto particular mío, personal.
Quiero iniciar diciendo que respaldo mi posición en la libertad de conciencia que existe en México con absoluto respeto para los que tienen creencias religiosas y también para los que no las tienen.
Esta iniciativa de reformas inicia un debate nacional que atraviesa todas las instituciones de la sociedad, desde los partidos políticos y las iglesias hasta las mismas familias, este es un asunto de interés nacional donde no existe consenso y por lo tanto es falso, de mala fe, golpista, aprobada al vapor estas iniciativas sin que exista la más mínima consulta a la que el pueblo tiene derecho, Ninguna de las fuerzas políticas aquí representadas tenemos mandato para modificar disposiciones fundamentales de la Constitución General de la República, las que ya se aprobaron en materia agraria, las que hoy, se presentan respecto de la educación y de la relación del Estado con las iglesias, así como las que muy probablemente están por venir, incluyendo las que restringen de manera fundamental los derechos de los trabajadores y ¿por qué no? las que supriman el principio de no reelección para la Presidencia de la República.
En sentido escrito, considero que éstas no son unas reformas, es la instauración de una nueva Constitución, fundamento de un nuevo proyecto de nación.
Se ha pretendido y se pretende nuevamente imponer a la nación mediante acuerdos populares concertados de antemano, una nueva Constitución opuesta diametralmente al sentido de las luchas pasadas y presentes que el pueblo de México ha librado.
La pretensión del gobierno y de su mayoría es erigir este Congreso en un nuevo constituyente; en realidad lo que estamos presenciado es la consumación de un gobierno "de facto", producto de un golpe de estado técnico y avalado con el fraude electoral sistemático. Las modificaciones constitucionales, las que ya se hicieron y las que se pretenden hacer, se han consumado a espaldas del pueblo y por eso carecen de legitimidad.
Es del conocimiento público que tanto la redacción de las reformas propuestas al artículo 27 constitucional, así como las demás leyes fundamentales que se pretenden modificar, han sido producto de un personaje con gran influencia en Carlos Salinas; nacionalizado al vapor como estas leyes, este personaje es José Córdoba.
Para nadie es un secreto que el apresuramiento para modificar la Constitución, obedece más a los intereses del exterior, como condiciones para la firma del Tratado de Libre Comercio.
La historia constitucional de México es la historia de los constituyentes revolucionarios; la
Constitución de Apatzingán de 1814, la de 1857 y la de Querétaro en 1917, surgieron todas de procesos revolucionarios.
Hoy en esta legislatura se habla de un constituyente permanente, en función de las facultades que la misma Constitución permite para reformarse. Sin embargo, yo quiero preguntar: ¿cuál es el límite de esta reforma? ¿Se puede cambiar la esencia de nuestro proyecto nacional? Yo pienso que no, porque ésa no es una discusión técnico-jurídica, sino un debate histórico-político.
Para modificar en tiempo de paz la Constitución, en sus leyes fundamentales, debe mediar por lo menos declaración expresa, solemne, de habernos constituido en un Congreso Constituyente.
Yo quiero exhortar de manera personal a todos los diputados, en virtud de la trascendencia de las reformas que se están promoviendo el día de hoy, que votásemos todos en libertad y que votáramos como nos dictara nuestra conciencia, porque es una situación que yo creo que debe estar fundada en una cuestión también de principios.
Sería sano que los diputados, a fin de votar en libertad y en conciencia, dada la trascendencia para la nación y para cada uno de nosotros, pudiéramos hacerlo de manera secreta. ¿Sería el mismo resultado? ¿No sería la votación secreta un acto más digno que salirse del recinto al momento de votar y abstenerse de manera vergonzante?
Considero por ejemplo que la masonería ha sido una fuerza política muy importante en el país y en esta Cámara. En este debate tienen que expresar su opinión abierta y definirse ante la iniciativa.
La iniciativa de reformas presentada por el Partido Revolucionario Institucional ante esta Cámara, adolece en primer lugar de una estructura formal que garantice una discusión plena artículo por artículo. La iniciativa propuesta a discusión en un artículo único, es por demás atropellado, improvisado, carente de lógica y revela falta de consenso entre los mismos que la realizaron. Esta iniciativa es contraria a la soberanía, ya que la iniciativa misma propone el fin de la obligatoriedad laica y gratuita en el sistema educativo, para restringirlo al ámbito propiamente dicho de las escuelas públicas.
Junto a esto, habría que añadir las reducciones presupuestales al gasto en la educación, la intolerancia ante las demandas salariales de los maestros y el constante abandono a la educación pública.
Con respecto a las reformas aprobadas sobre el artículo 27 constitucional en materia agraria, cabrían las siguientes consideraciones:
Toda revolución al implantar una reforma agraria ha requerido de un proyecto educativo e ideológico que la sustente y establezca la nueva conciencia para consolidarla.
A raíz de la Revolución Mexicana, el agrarismo tuvo como obstáculo definido no sólo a las antiguas clases propietarias, sino también a la alta jerarquía católica. La guerra cristera tenía como base social a los propietarios opuestos a las medidas agrarias y a los movimientos sociales surgidos de la revolución.
El presidente Lázaro Cárdenas, al implementar el reparto agrario como parte del programa de la Revolución Mexicana, tuvo que impulsar una nueva educación como base y fundamento de una nueva conciencia social y equitativa, que se concretara como justicia para los campesinos. La educación normal en el campo, la escuela rural laica y gratuita destrabó las fuerzas sociales protagonistas de la reforma agraria y el colectivismo en el campo. Así pues, reforma agraria, ideología y educación no se separaron y formaron parte de un proyecto de nación.
No nos sorprende que la iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional venga aparejado con modificaciones a los artículos 3o., 24 y 130 de la misma. El nuevo proyecto privatizador del salinismo no podría consolidarse sin una gran concesión ideológica en el aspecto educativo a los sectores más conservadores del país. Las jerarquías de las iglesias, de aprobarse estas reformas, jugarán un papel fundamental en crear un proyecto educativo paralelo al proceso de privatización.
Al conceder la pretensión de las iglesias de ejercer el derecho a la educación confesional, en cada pueblo, en cada comunidad, conforme el Estado se retire de su obligación de proporcionar educación laica y gratuita a los mexicanos, esta función será substituida nuevamente por la iglesia y no precisamente por aquélla que defendemos por ser progresista y comprometida con la justicia social, sino por aquélla que está vinculada al poder económico y político en México y su proyecto conservador.
En cuanto a los artículos 5o. y 24 constitucionales, considero que toda persona debe tener libertad
plena de expresar pública y privadamente sus ideas y creencias religiosas. En estos puntos ratifico la propuesta de mi partido, que señala que todo individuo es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o faltas penadas por la ley.
La iniciativa priísta señala que el culto público que se celebre fuera de los templos, deberá sujetarse a las disposiciones de la ley. Es costumbre popular celebrar peregrinaciones o actos públicos con motivos religiosos. Estas deben dejarse en libertad y no tienen por qué estar reglamentadas por ninguna ley específica y secundaria. Reglamentar esta práctica sentaría un precedente con el de restringir las manifestaciones públicas de carácter político y social, que de ninguna manera estaríamos dispuestos a aprobar.
Con respecto a las reformas propuestas al artículo 27, deseo señalar que el cambio de status jurídico demanda esencialmente normar las responsabilidades, propiedades y las actividades de las iglesias. Para normar sobre las propiedades y el derecho de las iglesias para adquirirlas, se hace necesario que se haga un inventario de los bienes muebles que se encuentran actualmente bajo custodia a través de particulares en usufructo de las iglesias, para terminar con la simulación de los prestanombres.
Para definir un nuevo status propongo a esta soberanía que se solicite a la Secretaría de Gobernación que dé a conocer el inventario nacional de los inmuebles en posesión actual de las iglesias, los templos para el culto, conventos, asilos, escuelas, oficinas, seminarios, obispados, casas curales, asociaciones religiosas o cualquier otro edificio destinado a la administración, propaganda o enseñanza; que se realice el avalúo correspondiente a estas propiedades, capitales e inversiones con el fin de que la nación y esta soberanía, conozca la realidad de lo que se pretende normar.
Como resultado de este inventario y su valoración, será posible determinar las facultades de las iglesias y sus propiedades perfectamente separadas de la nación. Obviamente no podrá ponerse en riesgo ni a discusión toda aquella propiedad que tenga un valor histórico, arqueológico y artístico.
Sobre las propiedades claramente delimitadas como propiedades de las iglesias, deberá establecerse el pago de los impuestos correspondientes, del mismo modo que lo hace cualquier empresa, ciudadano o asociación de particulares.
Cabe aclarar que de acuerdo con las reformas fiscales de 1990, las asociaciones civiles sin fines de lucro también pagan impuestos. A este criterio deberán sujetarse las iglesias, ya que constituyen un poder económico no reglamentado.
Considero que es fundamental que se acabe con la simulación de los prestanombres que utilizan las iglesias a fin de preservar sus bienes. La iniciativa del Partido Revolucionario Institucional no deja claro ni establece criterios con respecto a la reglamentación de las propiedades inmobiliarias de las iglesias. Deseo llamar la atención sobre el hecho de que legitimar el poder económico de las iglesias es contrario al interés de México.
Carlos Salinas, el pasado 1o. de noviembre, ganó el aplauso de la mayoría de esta Cámara, el señalar que los mexicanos no desean una iglesia que intervenga en política y que sea propietaria. Yo les pregunto: ¿cuál fue el motivo del cambio?
La jerarquía eclesiástica es propietaria y por decisión de la mayoría va a seguir siendo propietaria. Lo mínimo que yo pido es que se tome en cuenta lo que acabo de señalar.
Un nuevo estatuto jurídico para las iglesias, por que ya tienen uno, está a debate, ya que existe una presión explícita de la jerarquía eclesiástica católica para poder influir como una fuerza política en las decisiones del país.
De ser así, acabar con las simulación significaría reconocer de facto un poder paralelo a la República con decisiones provenientes del exterior.
En años recientes y a partir de los años sesenta, en el seno mismo de la iglesia han surgido corrientes y movimientos progresistas que han sido protagonistas de luchas sociales y políticas en favor de la democracia y la justicia social. Procesos revolucionarios en México y en otros países han contado con la solidaridad y apoyo sincero de estos religiosos. Sin embargo, estas corrientes son marginales e incluso castigadas severamente por la alta jerarquía eclesiástica, siempre vinculada al poder político y oligárquico. En muchas ocasiones esta actividad ha irritado tanto a políticos conservadores como a grupos económicos afectados por la movilización popular.
Esta iglesia ha sufrido represión, persecución y muerte por su compromiso y actividad; pese a todo, esta misma iglesia ha advertido sobre los peligros de abrir un espacio que legitime la actividad política de la jerarquía eclesiástica ya que esto beneficiaría más a las fuerzas conservadoras
y desataría alianzas entre poderes económicos y políticos, contrarios al interés del pueblo y de la nación.
La carta de 443 sacerdotes y obispos, publicado en el diario La Jornada, en abril de 1990, con motivo de la visita del Papa a nuestro país, advertía lo siguiente, cito: "En nuestro país hay un tema ante el que hay una gran sensibilidad: el de las relaciones iglesia-Estado. Ni el pueblo ni los agentes de pastoral, hemos sido consultados sobre este asunto. Todo se ha llevado adelante deliberadamente entre las cúpulas eclesiásticas y políticas. De esta manera se deja al margen al pueblo y no se atiende al asunto fundamental, el de la relación Iglesia-Estado en función del bien del pueblo y no en función del estatuto público de la iglesia". Más aún, cito: "¿Cómo rehacer la credibilidad de la iglesia entre gentes de conciencia de nuestro pueblo, que vieron desconcertada la legitimación que varios obispos, encabezados por el delegado apostólico, dieron al partido oficial y al gobierno, asistiendo a la toma de posesión del Presidente, que subió al poder a través de unas elecciones consideradas ilegítimas". Esto no lo digo yo, lo dicen los...
El Presidente:- Señores diputados, silencio y respeto para los oradores.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:- Esto lo dicen 443 obispos y sacerdotes.
La jerarquía eclesiástica hace política a favor del poder económico y político. ¿Cuáles son las formas de consulta que la jerarquía eclesiástica realiza al interior de su institución para fijar sus posiciones en torno a las relaciones con el Estado? Es evidente que no existe esta consulta y que el Estado mantendrá solamente un trato copular con la alta jerarquía que será la beneficiaria de la aprobación de estas reformas.
Las relaciones hasta hoy del Estado con las iglesias, obedecen a las experiencias históricas reales, donde siempre ante cada disyuntiva, cuando se le presentó en particular a la iglesia católica de definir sus actos a favor de los intereses de México o de los intereses del Vaticano, la iglesia siempre optó por lo segundo, hoy no existe ninguna garantía de que no va a ser distinto. Quiero recordar que en el caso de Nicaragua o Haití, la iglesia y el Vaticano han tenido una política de condena en cuanto a la participación y el compromiso de los sacerdotes con su pueblo.
Cada católico en ejercicio de sus derechos políticos, tendrá que optar por definir su lealtad a México o al Vaticano, ya que la iniciativa no señala ninguna restricción al respecto.
Ante esto, yo propongo que a la iglesia se les aplique para su registro como asociaciones religiosas, la misma condicionante que a los partidos políticos se les hace en el artículo 25 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala, cito: "La declaración de principios invariablemente contendrá por lo menos:
a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen. Cosa que creo que sí esta señalada.
c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros, así como no solicitar o en su caso rechazar, toda clase de apoyo económico, político y propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o secta."
En lo que respecta al artículo 130, coincido con las propuestas de mi partido, en relación a que los sacerdotes deben tener derecho a votar y ser votados en las mismas condiciones que lo hacen los miembros del Ejército mexicano.
Compañeros diputados; compañeras diputadas: Fundamental para la constitución de la nación mexicana, fue la decisión histórica del presidente Juárez de separar el poder civil del poder eclesiástico. Este hecho introdujo a nuestro país en la verdadera modernidad y nos puso sobre todo, en un papel relevante de progresismo y ejemplo para todos los países de América Latina. A consecuencia de estas leyes de reforma y la resistencia juarista a la intervención extranjera, aumentó el prestigio del liberalismo mexicano y lo enraizó en la conciencia del pueblo, de tal manera que desde entonces este último ha sabido separar correctamente y con sabiduría los límites de la religión y el poder civil.
Por eso ganamos la guerra de intervención; por eso nunca prosperaron las conspiraciones de las potencias en contra de la República; por eso fracasó Victoriano Huerta pese al apoyo que les dio la jerarquía eclesiástica en cada uno de estos momentos. Por estas experiencias, el pueblo no se ha equivocado. Así como se afirma que el 85% de los mexicanos profesan la religión católica, asimismo los mexicanos en su mayoría somos liberales y hemos sabido poner las cosas en el lugar que les corresponde.
Datos recientes proporcionados por la prestigiada revista Este País, indicaban como resultado de una encuesta, que el 75% de los mexicanos se oponían al reconocimiento jurídico y la participación de la iglesia en política. No hay que olvidar que el actual status jurídico de las iglesias, es producto de su propia actuación en la historia de México.
También es importante reconocer que debido a esta situación de la iglesia, México avanzó en todos los terrenos, pues salimos del oscurantismo, establecimos en invaluable e irrenunciable derecho a la libertad de conciencia; hubo igualdad civil desde el siglo pasado, los derechos de la mujer fueron reconocidos, se logró extender la educación laica y científica a amplios estratos de la población, sin distingos religiosos o sociales, se han podido aplicar políticas de salud pública sin perjuicios, el Ejército ha estado libre de influencia religiosa.
Se olvida que en el presente la jerarquía eclesiástica y sus organismos políticos y corporativos como Provida y otras agrupaciones, han venido obstaculizando la realización plena de la dignidad de la mujer y han pervertido asunto de gran delicadeza convirtiéndolos en temas de nota roja y linchamiento moral, con campañas persecutorias que más que aclarar y proporcionar información, prejuician los debates y han hecho retroceder política de salud pública en beneficio de la sociedad.
En la lucha contra el síndrome de inmuno deficiencia adquirida y en favor de la maternidad voluntaria, derecho fundamental de las mujeres, de aprobarse estas reformas, la jerarquía eclesiástica, promotora de estas campañas o en su defecto solapadora, se sentirá estimulada y legitimada para imponer su punto de vista prejuiciosa y oscurantista, en contra del pensamiento científico y las libertades humanas.
En el espíritu de la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional, la propuesta que subyace, considero yo, es un país semejante a Colombia, donde no existe el Registro Civil, existe aún el concordato con el Vaticano y donde los liberales del siglo pasado fueron derrotados, a diferencia que aquí en México, ganaron.
El predominio de las iglesias en la sociedad, en ese país, no ha implicado la moralización de la misma, ni la libertad ni la democracia, sino la guerra sucia continua y un atraso que ha vulnerado al máximo las reservas morales de ese país, sumido en la corrupción, en narcotráfico, con el solapamiento de la misma jerarquía eclesiástica.
Compañeros diputados; compañeras diputadas: Parecería que hoy puede convertirse en un tiempo de vilezas; no nos equivocamos, el pueblo de México sabe reaccionar ante la burla y el atropello. Estoy convencida de que mi posición tiene afuera miles de simpatizantes, y una reforma al vapor, de ninguna manera la va a desaparecer.
Por tanto, yo pido que esta ley no sea aprobada y que a cambio, sea instituido el referendum en nuestra Constitución, con una reforma al artículo 135, como un mecanismo de consulta para llevar a cabo estas reformas que hoy se proponen, que modifica substancialmente y le quitan fuerza y vigor al proyecto de nación plasmado en la Constitución, misma que sintetiza las aspiraciones del pueblo de México.
Por mi parte, doy mi voto en contra en lo general y dejaré en su oportunidad mi propuesta por escrito en lo particular de cada artículo. Muchas gracias.
El Presidente:- Regístrese y publíquese en el Diario de los Debates el voto particular de la diputada Patricia Ruiz.
De conformidad con los turnos de oradores registrados, se inicia la tercer ronda. Tiene la palabra del diputado Francisco Saucedo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El Partido de la Revolución Democrática desea poner a consideración de esta honorable soberanía, el aspecto que permea las discusiones que han sucedido en este período de sesiones, las modificaciones a artículos fundamentales de nuestra Constitución.
El marco fundamental donde queremos ubicar la discusión sobre la relación de las iglesias con el Estado, es el relacionado con un esquema democrático de la sociedad, así como la defensa de los derechos humanos.
Es en este marco como cencebimos la participación social de la sociedad, si se fundamenta ésta en principios democráticos. Nuestro partido reivindica estos principios, plenamente convencidos de que debemos arribar a una sociedad democrática, plural e igualitaria.
Para ello, resulta de capital importancia normar la relación del Estado no sólo con las iglesias sino con el conjunto de la sociedad, eliminar el trecho que separa lo dicho de los hechos, regresar al estado de derecho que debería normar la acción de gobierno y que protege los derechos políticos fundamentales de la población; eliminar de nuestra cultura política el régimen de las reglas no escritas en detrimento de las reglas estatuidas por nuestra Constitución.
En este sentido, reprobamos que las modificaciones a la Constitución se establezcan con base a una relación copular entre la jerarquía católica y el gobierno. El objeto del Estado no es otro que impedir que cualquier ciudadano al margen de su profesión, pueda participar políticamente sin otra limitación que las leyes vigentes, mediante el control corporativo de las tendencias que se manifiestan al seno de las diversas iglesias.
Se trata entonces, de un pacto como el que dio origen a la Confederación de Trabajadores de México, Confederación Nacional Campesina o cualquiera de los instrumentos de control social. Estamos ante un virtual fortalecimiento del régimen de partido de Estado, que ha capitalizado una legítima demanda de diversos sectores de nuestra sociedad.
La reforma en discusión es, en consecuencia, limitada, restrictiva, antidemocrática; lo que se demanda es que todos los ciudadanos mexicanos simple y sencillamente disfruten de los derechos políticos sin limitación alguna, que sin exclusiones de ningún tipo, incluso los ministros de los cultos puedan ejercer el derecho a ser postulados candidatos a puestos de elección popular.
Sabemos que esto mete en graves problemas al régimen y a la jerarquía católica, pero que como lo ha demostrado el caso del padre Joel Padrón, en Chiapas, existen ministros de los cultos que bajo ninguna circunstancia se prestan a ejercer su profesión para la protección del régimen de desigualdad social y opresión política existente.
Es de hacer notar que la multicitada iniciativa es además violatoria de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, suscrita por nuestro país, que en su artículo 21 establece con absoluta precisión lo siguiente en dos puntos:
"Uno. Que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos; y,
Dos. Que toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país."
Lo que demanda nuestro partido, es una legislación que reivindique los derechos políticos de ministros como Hidalgo, Morelos, Matamoros, fray Servando Teresa de Mier. La iniciativa del partido de Estado reivindica por el contrario los privilegios de jerarcas como lo fuera Labastida y Dávalos, que fueran el principal instigador de la intervención francesa en el siglo pasado.
Por ello, lo que la nación necesita no son nuevos pactos corporativos para controlar a la sociedad, sino una verdadera modernidad política fincada en la plena libertad y ejercicio de los derechos políticos y humanos.
Por otro lado, el procedimiento que dio origen a la reforma en cuestión es una muestra excelente de las peores tradiciones de la política que implementa un régimen de partido de Estado. Abrir una consulta no pública, de simulaciones, mensajes ocultos y manifestaciones que deben entenderse como negaciones y viceversa.
Un asunto de esta importancia que tiene sus orígenes en las luchas del pueblo de México por sus libertades, debe ser resuelto mediante una consulta al pueblo mismo. No ha sido ésta la característica en ninguna de las modificaciones fundamentales que se le han hecho y se pretenden hacer a nuestra Constitución.
El Partido de la Revolución Democrática comprende la importancia de crear un nuevo marco jurídico para la actuación de las iglesias como parte del proceso de reconstrucción del estado de derecho y de la transición hacia la democracia. Pero ratificamos que estamos en contra de los retrocesos jurídicos que dejan en la indefensión al pueblo trabajador de México frente a los grandes capitales. Estamos en contra de la estrategia global de desarrollo por su carácter antipopular y antinacional y estamos en contra de las contrarreformas que pretenden legitimar constitucionalmente esa estrategia.
Dentro de esta iniciativa se toca el delicado debate de la educación. La cuestión central al respecto no es la religión, sino las condiciones actuales de nuestro sistema educativo y las posibilidades reales de los mexicanos para ejercer su derecho a una educación verdadera y no sólo escolarizada.
La iniciativa olvida este punto fundamental y es explicable, ya que también en ese aspecto vivimos
un aspecto de privatización que centra en la formación de élites funcionales a la reproducción del modelo de desarrollo.
Consideramos que estos cambios no generarán en lo inmediato prácticas nuevas porque en realidad se está legitimando jurídicamente un tipo de prácticas que se vienen ejerciendo desde hace décadas. Sin embargo, sabiendo que la expresión de las iglesias no es homogénea, podremos encontrarnos con una acción de legitimación mutua entre el actual régimen y algunas de las cúpulas eclesiásticas, pero también con sectores decrecientes, incluidos algunos obispos que, desde la motivación de su fe, serán uno más en la lucha por la democracia y la justicia en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Hildebrando Gaytán, del Partido Popular Socialista.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:- Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Se ha dejado sentado aquí por quienes defienden la iniciativa o el dictamen, que con estas reformas se soluciona el problema de los reclamos de la iglesia en los diversos aspectos y entre ellos el de educación y que la reforma que se introduce en el artículo 3o. mantiene la integridad, la unicidad del sistema educativo y que por lo tanto no hay ninguna lesión en la educación nacional.
Estos dos puntos de vista son totalmente falsos, obedecen a una actitud de venir aquí a plantear con esta ingenuidad los problemas, que realmente nos asombra.
Una reforma de esta naturaleza, como sucede con cualquier aspecto, una vez que se apruebe va a arrancar, va a tomar una dinámica propia. Es infantil pensar que con la reforma todo va a seguir igual y que solamente lo que antes era simulación, ahora ya está dentro de la ley y todo sigue igual.
Eso es un pensamiento antihistórico, eso es un pensamiento que no sé en qué lógica lo están fundamentando y muy grave cuando se trata de problemas de interés nacional, va a tomar una dinámica propia con estas reformas y se va a transformar el país en sentido contrario a los intereses del pueblo.
Que se va a conformar la iglesia y que ya con esto todo va a ir en paz. Aquí está la prueba de que ustedes están equivocados. La organización que tiene la iglesia católica para hablar sobre asuntos educativos, que precisamente la fundó en 1917 para oponerse al artículo 3o., todavía no se hace, ésta no se aprueba y desgraciadamente sucede esa reforma ¡y ya hoy están señalando nuevos pasos que se tienen que dar y están reclamando la libertad de enseñanza en todos los centros educativos, sean particulares o del Estado!
¡A quién va a detener si se aprueba la reforma como la han planteado! ¡El clero no se va a detener y quiere la educación de todo el sistema educativo! ¡Y aquí está la prueba, firmada el día de hoy y entregada por su representante!
Están equivocados en el primer problema, pues. Cometiendo un grave error.
El segundo aspecto, y nada menos que un ilustre diputado viene y nos dice que la educación no va a tener ninguna alteración el artículo 3o. ¡Cómo no va a tener alteración! ¡Señores de la modernidad, han perdido ustedes la brújula hasta en lo más elemental! Ya no saben ni siquiera dónde queda la verdad que puede servirle al pueblo y a la humanidad en general!
Se les hizo bolas todo lo que han venido manejando, porque no tienen idea a dónde van a llevar al país, porque están aceptando directivas que no están en sus cabezas y en sus convicciones. ¿Dónde está la verdad científica y dónde está la verdad religiosa?, es lo mismo, ¡contéstenme!, es lo mismo.
El clero, que es una religión, se basa en dogma y éste es el error de la iglesia, que no quiere renovarse dentro del campo de lo religioso, porque invade el terreno del conocimiento y la religión es esencialmente un área del sentimiento del hombre. Pero cuando se invade el área del conocimiento, en donde se tiene una serie de según esto, respuestas a los problemas de la vida, a los problemas en general del hombre, son respuestas que están fundamentadas en una subjetividad, en lo no comprobado y por cierto es en lo anticientífico. Y ustedes están aceptando, están proponiendo es más, el ilustre Presidente moderno que tenemos está viendo para atrás, en la conciencia que quiere formar en las generaciones. ¡Confunde! y dice: ¡como no!, los niños en las escuelas particulares que vayan y les den verdades religiosas, porque ahí no va a operar la verdad científica, es decir, el laicismo, porque nosotros entendemos el laicismo así, basado en la ciencia, una respuesta no religiosa.
Y ahora, verdad científica y verdad religiosa para quien dirige este país se le ha confundido y no
tiene fronteras. ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué modernidad es esa? En la época de la revolución científico-técnica, como decía el otro día, buscando otra vez llevar a la conciencia de los niños los mitos en lugar de la verdad científica y conste que en esto no estamos nosotros atacando la religiosidad, que es sagrada, respetada, porque responde a un sentimiento.
Entonces, señores, si el niño, si todo sabe que la escuela es para recibir la verdad científica, va a haber una gran confusión. Ahora va a ser allí también la verdad religiosa y ¿cuál es lo verdadero? ¿Qué es en lo que debe fincar él su formación? ¡Están cometiendo un desastre!, desde el punto de vista de la formación de las generaciones.
Esta línea educativa en México arranca desde José María Luis Mora, que por cierto nunca fue partidario de la libertad de enseñanza, porque sabía bien que la educación debe llevar una orientación y él lo declaró, no sea basada en el dogma, porque conocía el terreno. Y maestro como Ignacio Ramírez, Altamirano, Gabino Barreda, en el siglo pasado o Mújica en el presente, para no mencionar más, nos presentan una línea, toda una línea histórica sobre como debe ser la educación. Nosotros sabemos y ustedes lo saben, que el Partido Popular Socialista no es el único que está defendiendo los puntos de vista que responden a la historia, tenemos aquí 12 diputados del Partido Popular Socialista pero ahí están los periódicos, personalidades del mundo cultural, educadores connotados, organizaciones sociales que están denunciando y que están rechazando esta iniciativa por todo lo negativo que presenta para el pueblo.
Y quiero decir, señores diputados de la mayoría, que nosotros reconocemos que hay una gran cantidad que tienen sus dudas y que no están de acuerdo con esa iniciativa, claro, respetamos las posiciones partidarias, pero tenemos que hacer esfuerzos por detener este camino que lleva al país a la disolución de lo que ha sido la nación mexicana. Esta embestida, como lo que ahora se premia a la iglesia, hay que ver quién la aplaude, no se reunieron hace unos cuantos días en Puebla los altos hombres de los negocios y del capital, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y otros más, a festejar esta iniciativa y no recuerdan ustedes como en 1982, a finales, después de la nacionalización de la banca, el clero dio por concluido ese acuerdo, diríamos, que tenía con el gobierno y así lo declaró Corripio de que iba a iniciar una agresiva campaña para reconquistar lo que ellos llaman sus derechos y desde entonces iniciaron esa campaña, aliados al gran capital, aliados en algún momento al embajador norteamericano que los favoreció, recuérdenlo en 1985-1986 y ahora por fin, dicen ellos, el presidente Salinas está cumpliendo su palabra y ya nos entrega esta iniciativa; pero esa iniciativa que ellos mismos ya empezaron a dejar atrás para seguir exigiendo más y más concesiones y cuando entró esa iniciativa yo dije: es una grave concesión, lo dije para llamar la atención de los señores diputados de la mayoría y poder entrar a una discusión serena y profunda sobre este tema, pero no hubo tal discusión. Ahora podemos decir que en estos términos es algo más que una grave concesión, es una claudicación total. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Centeno.
El diputado Javier Centeno Ávila:- Mi posición es representativa de tres compañeros diputados, el diputado Téllez Rincón, del diputado Toxtle Tlamani y del mío propio. Esta discusión es un debate ideológico fundamental, definitorio de la relación entre la iglesia y el Estado; somos partidarios de la libertad de creencias, esto es un asunto subjetivo, pero no del que el Estado comparta con el clero la facultad de educar, la educación pública o educación en general. No somos jacobinos sino simples defensores del legado histórico del pueblo mexicano.
Consideramos que la iniciativa de modificación constitucional busca que el clero político pueda adquirir y administrar bienes, formar agrupaciones de carácter confesional, el que tengan derecho a votar y no ser votados y a extender su participación se realiza no por iniciativa del pueblo mexicano, sino por decisión del Ejecutivo y sin medir la mínima consulta popular.
México fue conquistado por España, un país que se encontraba en pleno feudalismo, mientras que ya el resto de Europa se encontraba en plena reforma religiosa. Llegamos con un siglo de retraso a la revolución técnico- científica del mundo y esto gracias desde luego a una institución que ha tenido mucho que ver, que es precisamente la iglesia.
Durante la historia de México, salvo honrosas excepciones, no es lo mismo los cristianos en particular que la institución denominada iglesia. Esta ha estado siempre al lado de los poderosos, con los conservadores, conspirando cuando la intervención francesa del siglo XIX, acumulando bienes y poder y desde luego, aliada al dictador Porfirio Díaz.
La separación de la iglesia del Estado de México no es un asunto simplista, como aquí se ha pretendido analizar, sino un asunto de lucha y hegemonía. El Estado, después de arduas luchas triunfó en la Constitución de 1917, o como diría el compañero Ramírez Cuéllar, estableció su supremacía sobre la institución denominada iglesia y esto lo plasmó en los artículos 24 y 130 de la Constitución.
Naturalmente sabemos que la historia es dialéctica y no estática, que es necesario ajustar las leyes y la Constitución, pero por qué estos artículos, a petición de quién; nos parece concesiones excesivas a la iglesia y esperamos no sean contraproducentes para el pueblo mexicano.
Es evidente que esta reforma responde a los intereses del alto clero y no a los del pueblo mexicano. Para comprobar esta aseveración, veremos que en el corto plazo habrá un acuerdo de reanudación de las relaciones del Estado mexicano con el Vaticano, dándole acceso a los bienes terrenales, legalizando la celebración de los actos religiosos públicamente, otorgándoles el derecho al voto, no se les va a poder controlar sino al revés, se va a fortalecer la militancia política del clero.
El legalizar la práctica del culto religioso fuera de los templos, dará mayor cobertura al dogmatismo y a los fanatismos propios de la religión contando seguramente con la pasividad del gobierno.
En la iniciativa se está legitimando a la enseñanza religiosa como un sistema alternativo al oficial, sin mediar discusión siquiera en la propia Comisión de Educación de esta Cámara. Parece ser que al pueblo mexicano se le sigue marginando para opinar sobre el tema de la educación, ahora también a costa del clero.
Este punto es el que nos parece más polémico, no tiene nada de modernizador el retornar a la educación confesional.
Evidentemente la iglesia católica buscará sacar el mayor provecho a estas modificaciones constitucionales y tratará de impedir una mayor incidencia de las demás iglesias, buscará la hegemonía ideológica ahora ya en forma más abierta, de la propia sociedad mexicana. Esperemos que esta hegemonía ideológica no se traduzca en hegemonía política.
Hoy la derecha y el clero deben estar de plácemes, con una votación que va a seguir la vía rápida, se enterrarán años de lucha del pueblo mexicano.
Porque somos dialécticos y no positivistas, votaremos en contra. Muchas gracias.
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Al meditar sobre los hechos históricos que le han dado vida jurídica a nuestro pueblo, nos damos cuenta que en sus diferentes épocas de lucha le han costado al pueblo sangre y sacrificios para darle la forma a nuestra organización social. Así, en el siglo pasado, nuestra sociedad dejó escrita su voluntad a través de sus representantes populares en la ley de 12 de julio de 1859 que dice en su artículo 3o.: "Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica así como el de cualquier otra".
La misma ley, en su artículo 4o., dice: "Los ministros de los cultos podrán recibir ofrendas, pero no podrán hacerse en bienes raíces".
Hoy nos toca a nosotros, señores diputados, la responsabilidad de decidir sobre la relación de la iglesia y el mismo Estado. Estoy consciente de que la época hace necesario definirse sobre tan importante reforma, me refiero concretamente al artículo 130 constitucional, con el que se reconoce la personalidad de las iglesias.
Cabe hacer notar que el 25 de octubre de 1859, con la Ley Juárez se abolieron los privilegios del clero y del ejército. Hoy consideramos que el conceder reformas que benefician a los particulares en los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 no es para conceder privilegios a ningún grupo económico o religioso, sino para que nuestra sociedad, acorde con la época moderna en este se vive, se sitúe en el mundo como una nación moderna acorde con los derechos humanos.
Para normar las actividades de las instituciones que coadyuvan en la educación de nuestra sociedad, estaremos siempre de acuerdo en que la educación que se imparta en los establecimientos particulares, sea la que se está autorizando con el espíritu de que estemos unidos todos los mexicanos, acordes con la libertad de creencias
que garantiza el mismo artículo 24 constitucional en esta materia.
Por otra parte, mi partido está de acuerdo en que no exista por cualquier acto contractual menoscabo, pérdida irrevocable o sacrificio de la libertad, dejando subsistente el derecho a la libertad que no debe perderse por votos religiosos o educación. Así, en estas reformas constitucionales, en el artículo 24 se garantiza la libertad de conciencia acorde con el artículo 3o. que mantiene laica a la educación que imparte el Estado, sujetando así a las iglesias para que los actos que excepcionalmente se celebren fuera de los templos, respeten las disposiciones de la ley reglamentaria por supuesto.
Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Siempre he reconocido la habilidad y la inteligencia y capacidad de nuestros gobernantes, pues desde don Guadalupe Victoria hasta hoy, nuestra patria ha dado los hombres idóneos para gobernarla, pero es justo, congruente y necesario decir que existen dos corrientes político-económicas en México desde la llegada de los españoles, una, la que sustenta propiamente el pueblo y la otra, la de los ricos.
El clero o la iglesia católica, la que en la conquista estuvo del lado de los encomenderos, los que ponían a mis antepasados en la frente un hierro candente para marcar su propiedad, ¡ah!, pero ahí estaba el sacerdote diciéndole al indígena que debía con paciencia la flaquezas del prójimo.
Y en la lucha por la independencia también estuvo el clero en contra del pueblo de México y en la reforma nos trajo a un extranjero a gobiernos, y al promulgarse las Leyes de Reforma, el Papa Pío IX las declaró irritas sin ningún valor, que no tenían ni siquiera por qué llamarse leyes.
En la revolución de 1910 también estuvo el clero del lado de los banqueros, de los terratenientes y de Victoriano Huerta, condenando también la Constitución de 1917.
No obstante, nosotros, miembros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, votaremos las reformas propuestas en favor, con una idea, que al votarlas sea para bien de México, con el ideal de que todos los mexicanos, cualquiera que sea nuestra ideología, vayamos juntos con el mismo rumbo para crear una mejor organización social.
No olvidemos, compañeras y compañeros diputados, el acto de "Los Polkos", que eran ricos del siglo pasado, a los que se les llamaba así porque, como ricos, eran los únicos que bailaban la polka, los que formaron algunos batallones para luchar en contra de la invasión norteamericana y que lejos de hacer esto, cuando iban a hacerlo, se regresaron para pelea en contra del ejército liberal, derrotándolo, yéndose posteriormente a celebrar un te deum o acción de gracias en catedral y mientras celebraban esta acción de gracias, los norteamericanos invadían nuestra patria, con Zacarías Taylor, por el norte, y Winfild Scott, por Veracruz.
No olvidemos también que el 7 de junio de 1864, el arzobispo de México salió a un balcón, y dijo: "Señores, no olvidemos que la magnánima y generosa Francia, que nos cubre con su glorioso pabellón, debemos la dicha de tener un gobierno nacional, conforme a la voluntad de la mayoría y apropiado a las circunstancias de nuestra patria".
En esta época el clero también estuvo en contra del pueblo de México.
Compañeros diputados: Mi partido y yo, como ya dije, votaremos las reformas propuestas, con el ideal de que todos los mexicanos, cualquiera que sea nuestra ideología o militancia, vayamos en armonía hacia la meta que nos fijaron los hombres que nos dieran la patria que tenemos, Hidalgo, Morelos, Juárez y Carranza, para ser una patria más libre y respetada.
Honorables diputadas y diputados: Don Benito Juárez dijo: "La reacción no duerme". Y si la reacción en esa vigilia que la caracteriza rompe en el futuro la armonía y los límites de los preceptos constitucionales que hoy debatimos, la reacción deberá estar consciente que para entonces el pueblo y los trabajadores tampoco estarán dormidos.
Quiero agregar algo, señores diputados, con el debido respeto, en virtud de que estoy viendo que una persona le parece risa lo que estoy diciendo. Quiero agregar esto, que no es motivo de risa lo que digo de que la reacción debe estar consciente de que el pueblo de México estará despierto, porque la historia lo ha demostrado; cuantas veces la reacción ha querido irse sobre el pueblo de México, el pueblo de México, una y otra vez, los ha derrotado y los volverá a derrotar en cuanto ustedes se lancen en contra de los derechos del pueblo de México. Gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:- Señor Presidente; señores diputados:
Por lo avanzado de la hora y por lo que nos falta en este debate, han de ser breves nuestras intervenciones. Procuraré en pocos minutos hacer planteamiento generales de reflexión.
Son dos los más grandes valores y sentimientos que dignifican y elevan a los pueblos; su amor a Dios y a su amor a la patria. Eso lo registra la historia de todos los tiempos y la historia de todos los pueblos y México, México tiene en esos grandes valores y en esos profundos sentimientos, la entraña misma de su nacionalidad. No es raro, por tanto, que en el propio Himno Nacional estén impregnados, contenidos y confundidos los dos grandes valores de Dios y de la patria.
El himno es para rendir culto a Dios y para honrar a la patria y si somos capaces todos de respetar esos valores, los que creen y los que no creen en un Dios, podemos todos conformar una patria grande, una patria justa, una patria respetada.
Se me dirá y con razón, que aquí y afuera hay hombres que no tienen fe; hay hombres que no creen en Dios. Y yo respondo, como muchos de nosotros, que eso es cierto, pero que esos hombres que no creen, merecen el más profundo respeto de todos los que tenemos un Dios por muchas razones: En primer término porque son libres para no creer y en segundo, porque esos que no creen en Dios, son respetados también por Dios para no creer. Así señores, podemos encontrar en este concepto de respeto, de consideración, de amplitud de mente y de criterio, la posibilidad de respetarnos todos y de encontrar el camino común, porque las patrias siempre buscan, necesitan, exigen, un rumbo propio y un destino común.
Creo que sin soberbias, sin vanidades, podemos construir un México diferente.
La iniciativa que presenta el Partido Revolucionario Institucional, es para la bancada de Acción Nacional, lisa y llanamente, una reforma valiosa, positiva, ayudará de entrada a estructurar una verdadera y auténtica vida jurídica en la relación de las iglesias y el Estado y del Estado para con las iglesias. Habrá de ayudar a terminar con rencores, con agravios, con divisiones, y algo muy importante, con mentiras y con violaciones perennes a la ley.
Va a ayudar sin lugar a dudas en este capítulo, a buscar el camino de la unidad nacional. Obviamente, señores diputados, esto no quiere decir que en todo estemos conformes y que letra por letra, la vaya a suscribir Acción Nacional. Empezaremos por decir que en la exposición de motivos, se presentan ideas, planteamientos, hechos y argumentos que no compartimos, pero sí respetamos.
También diremos que en la parte especial, en los artículos, en las fracciones y en los párrafos, tenemos diferencias y las vamos a presentar en el debate. Estaremos en contra de algunos puntos y presentaremos propuestas con el único móvil de mejorar la ley para beneficio de México.
Queremos también en estos pocos minutos, hacer una reserva expresa pero categórica: Todo lo que se refiere al ámbito meramente educativo, creemos que no es el momento de plantearlo, de discutirlo, de pelearlo. Acción Nacional tiene medio siglo y ha señalado con toda claridad y firmeza cuáles son los postulados que en esta materia sostenemos, los mismos que hoy defendemos y que habremos de defender siempre, pero nos reservamos expresamente para el momento en que se abra el gran debate nacional en materia de educación. Sólo apuntamos desde hoy, que siguen siendo dos los principales argumentos de nuestra defensa; la libertad plena en la educación y el libre derecho preferente de los padres, para escoger la educación de sus hijos.
Acción Nacional votará en lo general la iniciativa, porque esta iniciativa respeta fundamentalmente los criterios de libertad de creencia y de religión de todos los hombres, porque esta iniciativa establece una clara separación de iglesias y Estado, porque esta iniciativa reconoce que ambas instituciones ven en el hombre, la iglesia y el Estado, ven en el hombre al ente que las estructura, que las constituye y que las justifica. Para nosotros, señoras y señores, no tiene ninguna justificación el estado político ni tiene ninguna justificación ninguna religión, si no tienen como esencia al hombre como objeto y fin de su servicio.
Además, la iniciativa reconoce o sienta las bases para el reconocimiento y respeto mutuo de las instituciones como base fundamental para que pueda haber entre ellas, cooperación en los ámbitos de sus respectivas competencias, para que así puedan servir ambas instituciones, a la comunidad.
Además votaremos por ella porque establece que sea laica la educación que proporcione el Estado, pero al mismo tiempo, porque no prohibe que
personas e instituciones, puedan impartir religión o educación religiosa.
Señoras y señores: En los pueblos civilizados la libertad es la divisa, hasta para escuchar en ocasiones, sandeces. Aquí ha venido alguien, aterrorizado a plantear el grave problema de qué pasará con los ministros de culto si se les respetan sus derechos políticos. Yo me pregunto: ¿Cómo habrán resuelto tamaño problema las demás naciones civilizadas?
Ha habido alguien que viene a la tribuna presentando o representando a lo que llama una organización revolucionaria progresista, que todos sabemos que junta toda cabe en un elevador y presenta al Vaticano como una ficción. ¡Qué ironía! que precisamente lo diga el partido ficción. Pero no se queda ahí, en seguida se cuestiona y nos dice que la iglesia es la nada jurídica y precisamente nos lo dicen quienes son la nada política. En fin, estamos en la época de la tolerancia; nosotros los toleramos a ellos, les rogamos que nos toleren a nosotros.
Pero quiero hace aquí una referencia muy respetuosa a lo dicho por el doctor González Avelar o, para ser más preciso, a dos afirmaciones:
Una que dice que aquí se ha aseverado que todos coincidimos en modificar el régimen jurídico de las iglesias. Nosotros sostenemos precisamente que la trascendencia de esta iniciativa es que rebasa y con mucho, lo que hemos vivido, porque no ha habido ningún régimen jurídico, es un régimen antijurídico, o en el mejor de los casos ajurídico en el que ha sobrevivido la Iglesia y las iglesias en México.
En segundo lugar, ha dicho algo que es grave. Dice que:"...nosotros, refiriéndose a ellos, hemos sido encargados de conducir durante las últimas décadas, los destinos del país..."
Señores, eso sí no lo podemos permitir. Ustedes, los señores de la mayoría, no han tenido ese cargo. Primero, porque nadie se los ha dado y nunca en las democracias a las mayorías se les encargan los destinos de un país.
En segundo lugar, porque aun en la hipótesis de que fuera legal y legítima esa mayoría, tendría que compartir la responsabilidad con las minorías, para que el destino de este pueblo se construya por el esfuerzo de todos los mexicanos, no solamente de ustedes. El mérito que tiene esta iniciativa, es que empieza a encontrar, en la realidad de ese pluralismo social, la realidad de México para poder estructurar el destino nacional.
Por último, y simplemente como colofón, quiero, respetando claro, al que no cree y al que cree en otro Dios y al que cree en otra teoría, terminar aquí con la frase de un poeta, una frase que muchos podemos decir con las palabras y otros muchos mexicanos seguramente dicen con sus obras, con sus obras de todos los días, entregados a su causa y a su misión, a su vocación y a su destino.
Señoras y señores:
"A Dios voy y a Dios no se va muriendo;
Se va al oriente subiendo por la breve noche de hoy,
De luz y de sombra soy y quiero darme a los dos;
Quiero dejar de mi en pos robusta y santa semilla de esto que tengo de arcilla, de esto que tengo de Dios". Gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Cesáreo Morales, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cesáreo Morales García:- Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Sin duda la historia del Estado y de la sociedad después de la Independencia y luego después de la Revolución de 1910, está puntuada por las relaciones del propio Estado con la iglesia; puntuación por momentos conflictiva y en ocasiones dolorosa. La historia, sin duda, cuando nos referimos a ella, es siempre conflicto de interpretaciones y sin embargo en la interpretación, en los diferentes puntos de vista, es en donde emerge la conciencia plural y diferenciada, no unanimista del país.
Esta historia, sin embargo, siempre ha estado fincada y fundada en valores, me refiero a lo que nos toca hoy concretar y dar mayor seguridad y garantía, libertad de creencias, libertad de culto, libertades.
En esta historia de la concreción de los valores, encontramos la explicación de este proceso largo de reformas que desde 1857 estamos viviendo. En todo él hay una afirmación de partidas de la libertad de conciencia, por lo tanto, de la libertad de creencias y así de la libertad de culto.
Un marco de regulación jurídica se integró en el artículo 130 de nuestra Constitución de 1917, regulación jurídica, no restricción; atendiendo precisamente al principio que señala que las libertades no se pueden restringir, pero sí regular si al hacerlo aumentan y se garantizan mejor las libertades de todos.
Eran tiempos difíciles, lo prueba esa etapa dolorosa de 1926 a 1929.
Nuestros padres, en alguna forma o en otra, sobre todo a aquellos que somos originarios del centro de la República, vivieron conflictos enormes de conciencia en esa guerra entre hermanos. Vino después el arreglo y finalmente se encontró el camino del modus vivendi. Llevamos 50 años en esa situación. Los logros están a la vista de todos. Grandes transformaciones: escolarización, modernización, industrialización del país, perfeccionamiento sucesivo de este modus vi-viendi entre Estado e iglesia, florecimiento de grandes centros de educación dirigidos por órdenes y asociaciones religiosas. Otros particulares han optado también por dedicarse a tal actividad.
La convivencia del Estado y las iglesias, fue encontrando el camino del respeto recíproco al reconocer sus ámbitos diferenciados de competencia; el pluralismo religioso se amplió; la iglesia católica en distintos momentos pero, sobre todo, en Vaticano II hizo también su autocrítica; las instalaciones del Estado se fortalecieron.
Los artículos 130, 27, 24, 5o. y 3o., fueron el marco normativo de estos largos años que podemos considerar los años de aprendizaje de la tolerancia y la pluralidad. Hoy estamos ante un estado de derecho plenamente reconocido y sostenido en la voluntad democrática de los mexicanos. Tenemos Estado.
Hoy estamos ante una sociedad peculiarizada, plural en sus creencias y respetuosa de las diferencias. Hoy vivimos en una sociedad civil fortalecida; México está seguro de sí mismo y de su identidad nacional, fincada en valores, libertades, democracia, justicia y nacionalismo; hoy no buscamos un proyecto de nación, tenemos nación, tenemos también ciudadanos que viven una cultura de la pluralidad. Más de 75 años de educación laica y luego de libertades reales y concretas nos han llevado a esta sociedad de ciudadanos que reconocen en la fe el acto más íntimo de la conciencia humana y que, sin embargo, respeta a los que, desde esa conciencia, se preguntan acerca de sí mismos, acerca del mundo y también acerca de Dios, porque la fe es siempre, aunque seguridad, es pregunta.
Fe que fija las creencias. Creencias plurales, creencias que son el origen de la religiosidad y, por lo tanto, de los actos exteriores de culto. Todo eso se ha logrado en 50 años.
Ese marco jurídico que atendió a ciertas condiciones históricas rindió sus frutos. De las condiciones que creó, que facilitó, que abrió emerge hoy el momento de la reforma. Este es un momento social, este es el momento de una comunidad nacional que precisamente a través de sus representantes abre camino a las libertades; es el momento, es la oportunidad. De nada vale tener buenos principios o buenos proyectos, si no se tienen las condiciones para hacerlos realidad. Los valores requieren condiciones. Estos valores de la libertad, de las libertades, que inspiran estas reformas requieren condiciones para abrirse camino a su eficacia, para abrirse camino a su efectividad. Condiciones de la efectividad. Requieren un piso de tolerancia. Pluralidad. Consensos. Disposición al acuerdo de los sujetos y agentes implicados. Concentraciones. Consensos ciudadanos. Cultura ciudadana, en la que se finca un mandato social. Este mandato social es al que ahora, en la pluralidad, atendemos.
No es nada más tener una buena iniciativa, si los tiempos no son favorables a ella. Una buena iniciativa es la que congrega los tiempos, la que hace corresponder los tiempos. Tiempos de los ciudadanos, de la libertad, de las manifestaciones exteriores de ella; tiempos de la sociedad, de su pluralidad y de sus tolerancias; tiempo del Estado, ratificación del estado de derecho y ampliación de libertades; tiempo también de las iglesias y de las asociaciones, de sus representantes y de sus ministros. Correspondencia de estos tiempos. Ese es el criterio que sustenta la oportunidad de estas reformas.
La sociedad y sus realidades convocan. Es el tiempo de la reforma para las libertades. No es una reforma bajo presiones de nadie; no es una concesión a nadie y por esto se entiende un grupo de presión; es el nuevo marco jurídico para las libertades de todos los mexicanos.
La iniciativa de reformas que presentó mi partido tiene una estructura y una sistematicidad. A lo que hay que atender, es precisamente a la personalidad jurídica de las iglesias y a los derechos políticos de sus ministros. Por eso sistemáticamente empieza por el artículo 130. De aquí se deriva el criterio de sistematicidad y de
congruencia que tocan a los otros artículos: el 27, el 24, el 5o., en menor parte y el 3o.
Cada uno de ellos atiende a distintos campos de las libertades. Cada uno de ellos ratifica lo logrado y busca abrir nuevos caminos a una comunidad nacional plenamente reconciliada, reconciliada con ella misma, reconciliada con sus iglesias, con sus asociaciones, reconciliada en el diálogo de la fe y en el diálogo de la pregunta en torno a la fe.
Una sociedad que reconoce que es la educación laica uno de los pilares de esta nueva cultura de la pluralidad, de la tolerancia, pilar de la conciliación nacional; una educación laica que mantiene su función pública y que en el caso de las escuelas particulares abre igualmente el camino del diálogo entre los mexicanos, a partir del conocimiento compartido; porque el conocimiento es contratación, es también búsqueda, no hay nada definitivo en él.
La reforma quiere un artículo 3o. que una las potencialidades de los mexicanos no que cree dos sistemas de educación, que vendrían a ser discriminatorios el uno para el otro.
Compañeros diputados: El Partido Revolucionario Institucional promueve estas reformas, atendiendo a los valores compartidos por todos los mexicanos, ahora, los valores de las libertades. Vamos a votar porque se otorgue personalidad jurídica a las asociaciones religiosas, se otorgue el derecho político a sus ministros, pero también para que ellas se sometan a la ley y así sean libres en la sociedad, precisamente en la observancia misma de la ley.
Vamos a votar para que las iglesias y las asociaciones religiosas puedan tener las propiedades que son necesarias para el cumplimiento de su objetivo; la ley reglamentaria fijará las restricciones necesarias; por una mayor flexibilidad en el ejercicio del culto público externo. Vamos a votar por una educación pública que una a los mexicanos, que sea instrumento para desarrollar plenamente sus potencialidades y que sea el eje en torno al cual la sociedad desarrolla también todas sus capacidades.
Es la reforma de las libertades, es el voto por las libertades. Esta sociedad nuestra, que ahora se encamina al Siglo XXI, en una sociedad sin miedo, la libertad no debe causar miedo; el estado, un estado de derecho fortalecido y reafirmado, un estado fincado en la democracia, siempre perfectible en sus reglas. Vamos a votar, finalmente, por una reforma para una ciudadanía a la medida de las libertades del hombre. Por eso promueve la iniciativa mi partido, por eso vamos a votar. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:- Señor Presidente; señores diputados:
Antes de que podamos irnos en paz, porque la discusión en general ha terminado y pasar en santa paz, como insinuaba el compañero Diego Fernández de Cevallos, a la votación en general, quiero puntualizar las consideraciones fundamentales que nuestro partido hace para fundamentar su voto.
La experiencia histórica del pueblo de México parece aconsejar que en materia de relaciones Estado-Iglesia, sigamos el consejo que se dice dio Cristo a sus discípulos, de su incipiente doctrina: "Recuerden que os envío como ovejas entre lobos, sed cautos como la paloma, sed astutos como la serpiente". Y creo yo, y creemos nosotros, que esa prevención no es ociosa.
Las iglesias de tipo eclesial y particularmente la iglesia católica, a la que me referiré en lo sucesivo, es una entidad que ha rivalizado y rivaliza con determinado poder y, de acuerdo a las circunstancias históricas, con el propio Estado, es decir, rivaliza con la parte más estructurada y más organizada que conduce a la sociedad, que la estructura y la articula y que representa a la nación a través de las reformas características de un sistema de gobierno de república representativa.
La iglesia ha encarnado y ha pretendido encarnar la socialidad en México, no hay duda posible. Es una institución, es una estructura firme y sólidamente establecida, con características muy especiales. Cuentan con un derecho particular, el Derecho Canónigo; cuentan con una jerarquía organizacional, poderosa, conformada durante siglos, de carácter autoritario e instituida por mandato divino; sacerdotes, obispos hasta pasar a cardenales y papas, se organizan de acuerdo a una división territorial: diócesis y arquidiócesis y ejercen un control censal y notarial sobre feligreses y fieles y no sólo con solamente ellos sino que tienen vocación, aspiración ilimitada en el ámbito social a través de notarías, actas de bautizo, confirmaciones, etcétera; cuentan con un sistema de regulación de tipo penal que pasó de la experiencia histórica de la inquisición hasta la sanción moral de tipo
excomunición o suspensiones at divinis, etcétera; tienen sistema de censura; tienen un sistema de códigos, de prescripciones de conductas sociales e individuales; cuentan además con un sistema de organizaciones paralelas que actúan e influyen en todos los ámbitos del terreno social y económico; es decir, sus asociaciones pastorales juveniles, obreras, familiares, son las acciones de seglares organizados centralmente de acuerdo a una visión clerical que llena y que busca llenar o intenta llenar todo tipo de ámbito social.
Es decir, la estructura de la iglesia aquí esquematizada nos permite percibir una forma de poder de tipo estatal, claramente estatal; dicen que el diablo sabe mucho, más por viejo que por diablo y en materia de Estado y sociedad, la iglesia sabe mucho, sabe tanto o más que el mismo diablo.
La iglesia se organizó para conquistar el poder estatal y lo conquistó y lo ha ido perdiendo pero tiene vocación estatal, está configurada y organizada como Estado, Estado que ha quedado históricamente rebasado por la acción misma de la evolución de la sociedad.
Por otro lado, el inmenso poder que tuvo y tiene la iglesia, se fundamenta en una relación estrecha entre su poder material y obviamente su capacidad de influencia en la conciencia individual y social. No vamos a filosofar aquí sobre el hombre, o sobre la religión o sobre la trascendencia de la vida o las diferentes cosmovisiones, simplemente vamos a decir que es público y notorio que existe necesidad de Dios entre algunos sectores.
Baste señalar en este sentido que los cultos no tienen solamente el carácter de comunicación del sujeto individual con una entidad trascendente o divina, tampoco es el culto una simple descarga de carácter psicológico, evidentemente es un vínculo social y un vehículo de socialización con todo lo que esto representa y que en alguna época la iglesia tuvo la hegemonía sobre estas formas de socialización, al grado de utilizar todo el poder del Estado en su aspecto más negativo del Estado, es decir, en su aspecto coercitivo.
Es indudable la poderosa influencia ideológica de la iglesia que se manifiesta a través de actos religiosos que afectan en el terreno de la vida social y política, el culto se realiza y se manifiesta como capacidad de movilización, se realiza en espacio y en tiempo, ante circunstancias económicas, políticas y sociales y se realiza en lugares determinados por hombres, en momentos definidos por hombres, para causar efectos o prever consecuencias políticas definidas por hombres. Baste señalar con esto la capitalización política que se puede hacer, yo no digo por una sola fuerza sino por varias, de actos de tipo religioso como pueden ser éstos la visita del Papa a México.
Todo culto se hace para rendir, valga la redundancia, culto a Dios, es decir, son actos que realizan los fieles ante lugares, imágenes, objetos sagrados o considerados sagrados, con el fin de establecer, a través de un intermediario, comunicación con Dios, pero aquí está el meollo del problema, es decir, la iglesia católica pretende monopolizar la comunicación con Dios.
La comunicación que se pretende realizar a través de un culto, no es una comunicación estrictamente de tipo individual, porque esto daría la posibilidad clausurada de la posibilidad de acciones de tipo herejías. Si fuera solamente individual no sería problema, pero evidentemente no lo es, porque si lo fuera no permitiría el control social y el poder político que pretende la iglesia.
La comunicación con Dios y la interpretación de lo que Dios quiere o de sus manifestaciones, es a través de la voz del sacerdote, pero esa voz del sacerdote es la expresión de una organización. Los clérigos conforman sus decisiones alrededor de obligaciones corporativas y jerárquicas, a partir de una entidad que como todas las entidades, tiene intereses materiales, no podría ser de otra forma, pero intereses no necesariamente de carácter nacional y popular, como tampoco necesariamente de carácter antinacional o antipopular.
Otro elemento adicional a los anteriores, es el hecho de que la iglesia católica aspira todavía, como católica que es, a universal, es decir, a mantenerse como iglesia universal, con su jefe, sucesor de los apóstoles, en Roma, pretendiendo subordinar a las iglesias nacionales para que respondan a requerimientos dogmáticos de un estado particular, gobernado por un pontífice y por una burocracia religiosa tradicional, vinculada a los sectores más modernos de tipo financiero en el corazón mismo de Europa.
En el pasado, la mezcla de estos tres elementos, es decir, el poder estatal o la ambición de poder estatal, la influencia ideológica en las masas y la vocación de dominio universal, crearon una mezcla que dieron como resultado las guerras santas. No necesariamente estas guerras siempre fueron cruentas, recordemos que la guerra no es otra cosa más que la continuación de la lucha
política por otros medios, es decir, la lucha política siempre estuvo presente.
Sin embargo, el pueblo de México es sabio y hoy, en 1991, a principios del Siglo XXI, el pueblo de México es sabio y puede juzgar y evaluar cuáles de los tres elementos anteriores expuestos se mantienen como amenaza a la nación y en qué medida se ha diluido, actúan todavía sin un peso regresivo, sino como estímulo al desarrollo de nuevas fuerzas.
Nosotros juzgamos, en el Frente Cardenista, que estos intereses esencialmente han sido vencidos. Sostenemos que el pueblo de México resolvió, en cada etapa histórica este problema, por la vía armada cuando fue necesaria, por la vía del Estado coercitivo cuando así se hizo indispensable y también por la vía de la tolerancia, en su momento.
En los periodos graves de guerra civil, la característica principal de estos combate contra los intereses nacionales, fue que se sustentó en las masas católicas, es decir, cuando los intereses antinacionales se vencieron con las masas católicas, éstos fueron superados; cuando el combate se dio contra los intereses antinacionales y también contra las masas católicas provocó heridas que aún sangran y ofenden la conciencia política de la nación.
Votamos a favor de la iniciativa porque pensamos que la contradicción Iglesia-Estado está esencialmente resuelta y eso no quiere decir que la lucha política entre el Estado y la sociedad que éste representa contra este rival, haya concluido.
Votamos a favor de la iniciativa, no porque haya fracasado el modelo restrictivo de relación Estado-Iglesia, sino porque este modelo ya dio lo que podía dar. Toda forma de gobierno se desgasta, máxime cuando el control y la coerción en su aspecto principal.
Votamos a favor de la iniciativa porque no ideologizamos la discusión, no hacemos de la historia un fetiche, no traemos fórmulas del pasado ni respuestas políticas del pasado extensivas indefinidamente el tiempo. Tampoco somos promotores de la iniciativa; sabemos lo que la Iglesia puede representar.
Comprendemos la iniciativa, valoramos la iniciativa, valoramos la necesidad de ampliar la base social del Estado nacional, de incorporar fuerzas, de deshacerse lastres históricos; paradójicamente para modernizar el Estado es necesario incorporar a todas las fuerzas, incluso a las que se opusieron a su nacimiento, desarrollo y consolidación. Incorporando a las fuerzas que están o se sienten sometidas injustamente, independientemente de la razón o no de su sentimiento, lo indiscutible es que son fuerzas reales.
Finalmente compañeros, incorporando a estas fuerzas se inhibe su capacidad subversivas; no hay posibilidades de retroceso, las fuerzas que confluyen en favor de la nación son superiores a las que se les oponen. Gracias por su paciencia. (Aplausos.)
El Presidente:- Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:- Proceda la Secretaría a recoger la votación del dictamen en lo general, en el entendido de que están reservados todos sus artículos.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:- Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 460 votos en pro y 22 en contra, señor Presidente.
El Presidente:- Aprobado en lo general por 460 votos. (Aplausos.)
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul):- Señor Presidente, en virtud de que en los términos del artículo 28 ha transcurrido el plazo que establece para la sesión, le pido sea tan amable de consultar a la asamblea si autoriza que continúe la sesión, hasta concluir el debate en lo particular de los artículos.
El Presidente:- Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea acerca de la prórroga de
la sesión, hasta terminar la discusión de la iniciativa en cuestión.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica si se acepta la propuesta de prórroga de la sesión, para discutir los artículos en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aceptada la prórroga, señor Presidente.
El Presidente:- Sea va a discutir en lo particular, todos y cada uno de los artículos que se contienen en el proyecto de decreto, en el orden siguiente: 130, 27, 24, 5o. y 3o.
En consecuencia, está a discusión el artículo 130 constitucional. Se abre el registro de oradores para la discusión de este artículo.
Esta Presidencia informa que se han inscrito previamente para hablar en contra y en pro de este artículo 130 y en el momento en que se vayan presentando diremos el sentido de su intervención, los siguientes señores diputados:
Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista; Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional; Miguel Angel Yunes, del Partido Revolucionario Institucional; Servando Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Abundio Ramírez, del Partido del Frente Cardenista; José Raúl Hernández Ávila, del Partido Acción Nacional; Agustín Basave, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista; Eberto Croda, del Partido del Frente Cardenista; Juan de Dios Castro, del Partido Acción Nacional; Heli Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista; José Antonio González, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Rafael Fernández, del Frente Cardenista; Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional; Juan José Bañuelos, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Cárdenas García, del Partido Socialista; Alberto Jiménez Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Tovar Martínez, del Partido Popular Socialista; Florencio Salazar, del Partido Revolucionario Institucional; Héctor Morquecho, del Partido Popular Socialista; Sergio González Santacruz, del Partido Revolucionario Institucional y Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, solicito, pido, silencio y respeto par el debate y tiene el uso de la palabra, para hablar en contra del artículo 130, el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
¡Silencio por favor señores!
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:- Señor Presidente; compañeros diputados:
Me he inscrito para hablar en contra del primer párrafo del artículo 130 del dictamen que está a nuestra consideración.
El Presidente:- Suplico a los señores diputados y distinguidos visitantes que se encuentran en los pasillo, procedan a ocupar sus lugares y a desalojar los pasillos para poder continuar con el debate y no necesitar interrumpirlo para efectos de hacer llamados de atención. En la medida en que el debate pueda ser más fluido y menos interrumpido, podremos salir más temprano. Les suplico a los señores diputados que se encuentran en los pasillos, se sirvan desalojarlos y guardar silencio.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:- El primer párrafo del artículo 130, contenido en el dictamen, dice: "El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas, se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, legislar en materia de culto público y de iglesias, de agrupaciones religiosas".
Este es el contenido de la propuesta que está a discusión. Quisiera señalar a los señores diputados que esta propuesta no tiene en realidad fundamento histórico ni político, porque de aprobarse tal y como está en la iniciativa, estaríamos retrocediendo a las normas jurídicas que hubo en la Constitución de 1856 y que el Congreso de Querétaro no solamente no tomó en cuenta, sino que superó de una manera notable.
En primer lugar, el principio de la separación de la iglesia y el Estado, surge en el momento en que en el México independiente, aparece el concordato, es decir, una lucha entre la iglesia y el Estado, por intervenir en la vida interna de ésta última. El Estado incipiente de México independiente, en una primera etapa luchó por intervenir en la vida interna de la iglesia católica
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para el nombramiento de obispos, de arzobispos, el número de conventos, de órdenes monásticas y para intervenir en los beneficios que debían tener los bienes de la iglesia.
Naturalmente, la iglesia se opuso a la intervención del Estado en su vida interna. Este forcejeo entre la iglesia y el Estado duró varias décadas y fue la fuente que provocó el rompimiento de relaciones con el Vaticano en el año de 1861. Mientras el Estado independiente quería regular la vida de la iglesia, el Vaticano o como se llamaba en aquella época, la Silla Apostólica, no permitía su intervención.
Aquí debemos señalar que el concordato es una mezcla, es una confusión que pone a la iglesia y al Estado en un mismo rango jurídico y político. No hay diferencias, ambas instituciones son iguales, sólo que el Estado lucha por prevalecer sobre la iglesia católica.
Después vinieron las leyes de los liberales, como la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos, en enero de 1847; la Ley del Registro Civil, en 1957. Pero es la ley que nacionaliza los bienes de la iglesia, decretada en julio de 1859, la que plantea:
"Adoptar como regla general invariable, la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad, el culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra."
Más adelante, en la Ley de Cultos del 4 de diciembre de 1860, un año antes de que ya no hubiera relaciones con el Vaticano, en el artículo 24 de esa Ley de Cultos, aparece que:
"Todos los funcionarios públicos en su calidad de hombre, gozarán de una libertad religiosa tan amplia como todos los habitantes del país, pero no podrán concurrir con carácter oficial, a ningún acto de culto público, dejando que sean los sacerdotes los que se encarguen de estas actividades."
Como se ve, en las dos leyes que ya he mencionado, aparece ya el principio de la separación entre la iglesia y el Estado. Son los momentos de la lucha ideológica, de la lucha armada que ensangrentó a nuestro país, en que como desenlace de esta lucha, se da la promulgación de la Constitución de 1856 y la pérdida de una gran parte de poder político, económico, social, educativo y cultural de la iglesia católica.
Ese fue el resultado de la aplicación de las Leyes de Reforma que se incorporan a la Constitución del año de 1856.
Podemos afirmar que como resultado de la lucha de la Guerra de Tres Años, entre los liberales y los conservadores, empieza a surgir el Estado moderno mexicano, tal y como lo conocemos ya en la época reciente; se trata de un Estado laico que reconoce la existencia de la iglesia católica, pero que le ha quitado gran parte del poder que llegó a tener durante la larga época de la conquista y de la colonización española.
Fue en período en que se afianzó el poder civil, el poder del Estado sobre el poder de la iglesia y por sobre todos los poderes que había en la sociedad. Ahí surge el Estado mexicano bajo la dirección de los liberales encabezados por Benito Juárez; aparece una clara distinción entre las funciones del Estado y las funciones espirituales de la iglesia católica, porque debemos aceptar que los liberales jamás plantearon una guerra religiosa, puesto que la mayoría de ellos, como ya se ha dicho aquí, eran católicos.
En las reformas que hubo en la Constitución, de los liberales, que se publicaron en el mes de septiembre del año de 1873, en el artículo 1o. aparece la disposición de que el Estado y la iglesia son independientes entre sí, lo que confirma lo que ya hemos señalado momentos antes.
Esta idea de la separación o de la independencia del Estado y la iglesia, va a ser contenida en el proyecto de constitución que presentó el primer jefe, Venustiano Carranza, en el mes de diciembre del año de 1916, que recoge casi de una manera literal el contenido del artículo de la Carta Magna del año de 1856. Sin embargo el proyecto de Constitución que presentó Venustiano Carranza en el Congreso de Querétaro, sufrió grandes transformaciones de fondo, prácticamente todos los artículos del proyecto de Carranza fueron modificados, porque en el seno del Congreso de Querétaro prevalecieron los diputados liberales, radicales o los diputados liberales revolucionarios, que quería decir que no era aquellos liberales del Siglo XVIII, que no era aquellos liberales de la época de Juárez, sino que al mismo tiempo que sostenían las tesis de liberalismo político, estaban imbuidos de una gran emoción social y de una gran preocupación por los problemas económicos y sociales que los liberales de la reforma no lograron llegar a desarrollar, por sus concepciones individualistas.
Es así que en el Congreso, durante los debates del artículo 130, predominan los diputados más
avanzados que hubo en el Congreso de Querétaro, encabezados por el general Francisco J. Mújica y de esta manera el proyecto de Carranza prácticamente es reformado en su parte principal.
¿Por qué sufrió este cambio de fondo el artículo 130? Porque según lo apuntaron los diputados en aquellas memorables sesiones, la iglesia católica que vivió bajo el amparo del régimen de separación de funciones durante la dictadura de Porfirio Díaz, violó sistemáticamente la legislación de reforma y la Constitución de 1856; prohibía, como todos sabemos, la adquisición y la posesión de bienes y propiedades y, sin embargo, durante los 30 años que duró la dictadura de Porfirio Díaz, la iglesia detentó grandes propiedades, ya sea en forma directa o a través de los hacendados o de los científicos que eran en su mayor parte miembros de esa iglesia.
Por otra parte, lo que más impactó en el Congreso de Querétaro, que vino a provocar la modificación del artículo 130, fue el hecho de que por lo menos una parte de los miembros del Partido Católico Nacional, se vieron involucrados en el derrocamiento y en el posterior asesinato del presidente Francisco I. Madero. Incluso los diputados en Querétaro afirmaron que la dirección o por lo menos una parte del Partido Católico, había dado dinero a Huerta para que asesinara al presidente Madero.
Con estos antecedentes tan dramáticos, tan cruentos en la vida de nuestro país, se decidió cambiar el texto y plantear una redacción totalmente distinta, que es la de desconocer toda personalidad jurídica a las asociaciones religiosas.
Ahora el dictamen, como se ve, nos hace volver a la redacción que tiene este artículo en la Constitución del año de 1856 y es donde ya no le encontramos fundamento, porque cuando se habla de la separación de la iglesia del Estado, se parte de dos premisas:
Uno. Que la iglesia como institución existe y dos, que como institución tiene poder, por lo menos tiene un poder similar o igual que el Estado. Si no hubiese estas dos premisas, no podría plantearse con rigor y con seriedad el principio de la separación entre la iglesia y el Estado.
Precisamente para fundamentar la proposición que vamos a hacer, nos estamos basando en las consideraciones de la propia iniciativa del Partido Revolucionario Institucional.
Bueno, ya no es iniciativa, ya es una ley aprobada, que plantea que el Estado mexicano moderno ya no tiene la debilidad orgánica que tuvo en 1856, ni mucho menos en 1917. El Estado moderno de nuestro país, independientemente de la política neoliberal que ha venido implantándose en los últimos ocho años, sigue siendo un Estado fuerte, por lo menos desde el punto de vista político y ya no hay en la sociedad mexicana, llámese religioso, llámese laico, empresarial o de cualquier otro carácter que le dispute la supremacía a este poder, que es el poder civil o que es el poder del Estado.
Posiblemente después de la política neoliberal el Estado mexicano se encuentra asediado por las cámaras patronales, que van a entrar en la disputa por el control de ese Estado que se ha debilitado en los últimos años.
Pero en términos históricos, en términos generales, y aquí coincidimos con las propuestas del Partido Revolucionario Institucional, ya no hay ninguna entidad que pueda equipararse en poder al poder del Estado nacional mexicano que desde hace tiempo está debidamente conformado.
Por lo tanto, si ya no hay ningún poder, no encontramos ninguna razón para que otra vez se insista en la separación de la iglesia y el Estado y otra vez se insista en equipararlos, desde el punto de vista jurídico constitucional, porque la realidad nos indica que esto ya ha cambiado y que la realidad ha superado este principio.
De tal manera, que las instituciones religiosas ya no tienen ni el poder económico que tenían en la época de la reforma ni tampoco el poder político, mucho menos el poder espiritual del pasado; de tal forma, que nosotros nos inclinamos porque se mantenga en el artículo 130 el principio de la preeminencia del poder civil por encima del resto de los poderes de la sociedad: llámense poderes religiosos, poderes culturales o cualquier otro poder que estarían por debajo y más aún el poder religioso que estaría por debajo del poder civil o del poder del Estado, concebido como el Estado Nacional mexicano.
Si nosotros aceptáramos la redacción en estos términos, no estaríamos desconociendo la existencia de las iglesias como instituciones reales, porque finalmente existen en la práctica, aunque no reconocidas por la ley, pero tampoco estaríamos dándoles un rango indebido que es el de elevarlas a los niveles que tiene el poder civil y que es el poder superior desde hace muchos años, por fortuna, en nuestro país.
Queremos proponer a la asamblea, que se modifique el primer párrafo del artículo 130, que quedaría como sigue:
Primer párrafo: "El principio histórico de la supremacía del poder civil orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás organizaciones religiosas se sujetarán a la ley".
Y continuaría vigente el segundo párrafo, que dice: "Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesia y agrupaciones religiosas".
Y de esta manera estaríamos en la línea histórica del Congreso Constituyente de 1917 y aceptando los cambios que ha habido en la realidad de nuestro país.
Quiero dejar en la Secretaría la proposición que presenta mi partido por mi conducto. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Eloy Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Eloy Vásquez López:- Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En la intervención del compañero Rincón Gallardo quedó perfectamente claro que es una vieja demanda de los sectores progresistas de la iglesia mexicana y de la izquierda algunos de los puntos centrales que se tocan en este artículo 130 y que son precisamente el punto de la separación de la iglesia y del Estado elevada a rango constitucional, el que el Congreso de la Unión tenga la facultad exclusiva en materia de culto y el derecho de los sacerdotes como ciudadanos a poder votar.
Sin embargo, también queda claro que de muchas partes de la redacción de este artículo se establece una contradicción con una formulación que se encuentra en el inciso d. O eliminamos en el inciso d, la frase "como ciudadanos" o establecemos derechos plenos para los ministros de cultos. Porque esta Constitución prohibe las leyes especiales y en este caso, en el caso de los ministros de culto se les está haciendo taxativo el derecho a ser votados, el derecho de manifestación, el derecho de asociación política, el derecho de la libertad de expresión y manifestación de sus ideas, en términos políticos y en esas condiciones no se les puede denominar; se les continúa considerando como mexicanos de excepción, como mexicanos de segunda o como votantes de segunda.
Por lo tanto nosotros planteamos, y lo hemos hecho en el pasado, que un aspecto fundamental de estas reformas, que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos ciudadanos de los ministros, es que si se realiza el reconocimiento ciudadano, debe ser pleno. Ademas, si se realiza un reconocimiento que establezca la diferencia entre iglesia como corporación y sus ministros como ciudadanos, es necesario extender este reconocimiento al ejercicio de sus derechos individuales, no hay argumento válido alguno que permita justificar la mutilación de derechos ciudadanos.
Permitir votar y no ser votados, responde más bien a un prejuicio, a una enorme desconfianza en torno a la madurez ciudadana que a valores y principios democráticos.
Aun cuando el partido oficial tiene en su interior cuotas y representaciones de las corporaciones para el nombramiento de sus candidatos a puestos de representación popular, lo cierto es que para la mayoría de los partidos son los criterios propios, programáticos y en muchos casos la participación ciudadana directa, la que define las candidatura y en esto tiene que haber la participación de todos los ciudadanos de una localidad.
En ese sentido, nosotros consideramos que el planteamiento que hace la mayoría, de negarle los derechos políticos a los ministros de culto, obedece a una pretensión corporativista, que pretende pactar con la jerarquía eclesiástica, el hecho de que puedan tener un control vertical, legal, constitucional, las jerarquías sobre los individuos, ministros de culto, en materia de opinión sobre política nacional.
Todos sabemos que el Presidente de la República se reúne con el Nuncio Papal y lo hace también con la jerarquía eclesiástica de la iglesia católica; sabemos que se consulta con los más importantes dirigentes de las distintas corporaciones religiosas que hay en el país; esto es un derecho del Presidente, que está atendiendo a la existencia de un poder real, como ya lo describió González Casanova desde 1966. Sin embargo, este mismo derecho, que deberían tener todos y cada uno de los partidos políticos, opciones políticas, en relación con otras corrientes o con otras iglesias, se niega al interior de esta iniciativa al establecerle este límite a los ministros de culto religioso en términos individuales.
De este modo, se demuestra cómo la pretensión es simplemente copular. Habría entonces que modificar el contenido del artículo 130 y por lo menos darle el mismo peso al aspecto de la participación ciudadana de los sacerdotes y que tiene el peso de las jerarquías. Para ello, nosotros consideramos que hay dos aspectos principales: el primero es en relación con el inciso a, en donde tenemos que establecer que la conformación de asociaciones religiosas no es un derecho de las jerarquías eclesiásticas, sino un derecho de los ciudadanos. Por eso, nosotros consideramos que en la formulación de este inciso se debe contener que son los ciudadanos agrupados autónomamente y considerando ciudadanos a los propios ministros, los que al integrarse en una acción de abajo hacia arriba, constituyen las asociaciones religiosas, es la voluntad ciudadana del adherente a una iglesia, a una agrupación, lo que va a constituir la iglesia y no la acción vertical de una jerarquía que ande solamente solicitando registros al estilo de algunos sindicatos que existen en algunos países, en donde estos sindicatos son utilizados únicamente como membrete para el control corporativo de los trabajadores.
Nosotros consideramos entonces, que el concepto de asociación religiosa tiene que considerarse como asociación de ciudadanos con fines religiosos, ese sería el concepto que debería contenerse dentro de la fracción a) o del inciso a. En cuanto al resto de planteamientos que se contienen en los incisos d y e, nosotros creemos que lo principal es también los derechos individuales fundamentalmente del sacerdote como ciudadano y al decir ciudadano debemos decir expresamente que tiene derecho a todo lo que los ciudadanos mexicanos tenemos derecho, a votar, a ser votados, a ser candidatos, a expresar sus opiniones, a criticar a su gobierno, a criticar a sus partidos políticos, a criticar la sociedad política, a criticar la situación del país, a criticar la política económica, a todo lo que los ciudadanos mexicanos tenemos derecho. Hacer uso de esos derechos, de las garantías individuales que otorga la Constitución significará también al mismo tiempo que sean responsables de sus actos. No podemos tratar a los ministros de culto como si fuese menores de edad y aquí quiero pasar a otro punto.
Considero yo que en el fondo puede existir un temor justificado por el hecho de que sectores de sacerdotes o de ministros puedan ser promovidos como candidatos de cualquier partido político y puedan tener condiciones, a través de esta vía, de recuperar un poder político que nadie desea que tenga la iglesia como institución en el país.
Quiero decirles que la concepción de la iglesia que nosotros sostenemos, es una concepción plural, no entendemos a la iglesia como congregación monolítica, aunque si este artículo se aprueba legalmente puede ser corporativizada; sin embargo pese al corporativismo persistirán corrientes dentro de la iglesia que se han expresado en diferentes momentos y que muchas de ellas, por lo menos muchos individuos ilustres en este país, estarán luchando en la trinchera de las fuerzas democráticas.
Creemos entonces que en la historia de México existen ejemplos muy claros de cómo la participación de ministros de la iglesia dentro de las legislaturas y dentro de los cargos de elección popular, no representó de una manera mecánica simplemente el poder de la iglesia; también fue motivo de que existieran transformaciones importantes de la realidad mexicana. En la primera parte del siglo XIX tenemos contenido en la historia de esta legislatura un bagaje intelectual importante que aportan individuos que al mismo tiempo combinaban su participación como ministros de culto y como legisladores de la nación. Buena parte de sus ideas han sido recogidas en diferentes momentos de la historia de México y creo yo que la pluralidad tiene que expresarse a través de la acción de las corporaciones.
México, lejos de ir hacia un nuevo corporativismo debiera ir hacia una sociedad democrática en donde la expresión de la pluralidad fuera el signo que caracterizara la unida de este país.
Nosotros entonces planteamos que existan las siguientes modificaciones, que se den las siguientes modificaciones al artículo 130.
Con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, propongo la siguiente modificación al inciso a:
Las asociaciones religiosas son la figura jurídica a través de la cual los ciudadanos ejercen su derecho de asociación para fines religiosos. Bajo esta figura, pueden adquirir personalidad jurídica las iglesias, sus organizaciones, las instituciones, las agrupaciones religiosas y demás formas asociadas de práctica religiosa.
Después seguiría lo sustancial del texto, del inciso a.
En cuanto a la modificación, en el inciso, d, se plantearía:
Los ministros de culto, como ciudadanos, tendrán derecho a votar y ser votados. Quienes aspiren a puestos de elección popular, solicitarán licencia a su cargo seis meses antes de la fecha de la elección y no deberán ejercer su ministerio durante el período que dure su mandato.
En cuanto al inciso e, coincido plenamente con el espíritu que priva al interior de la formulación, porque es el mismo que contenía el anterior artículo 130, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a que la iglesia como institución no realice actos que beneficien a ningún partido político.
Creemos que efectivamente la iglesia no debe participar, no debe tener candidatos, no debe tener preferencias ni debe usarse el púlpito de la iglesia, como no deben usarse las secretarías, subsecretarías y direcciones generales de la administración pública federal, como no deben usarse las gubernaturas de los estados, como no debe usarse ninguna instancia del Poder Ejecutivo de ningún nivel, como no debe usarse ningún otro cargo para hacer propaganda política a favor de un partido, y sobre todo no deben usarse los recursos de la feligresía para beneficio de una organización política.
Esto es importante considerarlo. Por eso proponemos nosotros no que los individuos, porque consideramos que el derecho del individuo debe ser inafectable, el derecho del sacerdote, el ministro, a expresar sus ideas, sus posiciones, debe reconocerse, a quien se debe negar es a la institución y al ministro en el momento de ejercer sus funciones. Así como planteamos que los gobernadores vayan a hacer campaña de sus partidos separados de su cargo y que los subsecretarios de Estado no canalicen recursos y cuando vayan a actuar como partido lo hagan separadamente de sus funciones como subsecretarios o secretarios, también lo pueden hacer los ministros de culto y el púlpito, el espacio del templo debe servir para garantizar la libertad de los ciudadanos, la libertad religiosa pero también la libertad política de los ciudadanos, porque la feligresía siempre será plural en términos políticos, y si no es así, los ministros de culto no deben inducir a que esta pluralidad desaparezca o tenga cortapisa.
Sin embargo, esto no obsta para que los ministros actúen al exterior como cualquier otro ciudadano, fuera de las iglesias y hagan campaña, opinen y realicen todas las actividades a que tienen derecho como ciudadanos y como mexicanos por nacimiento, que les está exigiendo la ley en su origen.
Por ese motivo nosotros planteamos que el artículo debe ser restrictivo para la institución y no para los individuos, en cuanto al inciso e, y debe decir. "Los actos de culto o de propaganda religiosa así como los medios de difusión de las asociaciones religiosas impresos o de otro tipo, nunca podrán ser utilizados para realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna, oponerse a las leyes del país o sus instituciones ni a rechazar sus símbolos patrios".
Esa es nuestra propuesta. Esperamos que sea considerada por la mayoría y que se ponga por delante desde luego que esas propuestas tienen una vocación democrática que tiende a fortalecer la pluralidad en todos los terrenos de la vida nacional, especialmente de la vida religiosa y de la vida política de nuestro país. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Angel Yunez Linares, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares:- Con su permiso señor Presidente; compañeros diputados:
En este histórico debate se han escuchado ya las voces de muchos compañeros representantes de los seis partidos políticos que concurrimos a esta Cámara y se ha expresado también la coincidencia de 460 diputados que sabemos que antes que el interés de los partidos políticos está el interés superior de la nación. Hay un acuerdo básico en lo fundamental que nos une, que nos identifica y que honra a todos los partidos políticos; honra incluso al Partido Popular Socialista que estuvo en desacuerdo, a un partido que admiro y respeto y al que saludo en la persona de un gran parlamentario como es el maestro Ortiz Mendoza, que ha dado con su palabra, con su expresión, con su solidez y con su congruencia ha escrito páginas brillantes en la historia parlamentaria de este país.
Ha venido a esta tribuna Héctor Ramírez Cuéllar a expresar sus ideas. Nos ha dicho Ramírez Cuéllar que él piensa que nuestra propuesta y específicamente el primer párrafo del artículo 130 no tiene congruencia histórica, que se va hacia atrás, que volvemos, dice Ramírez Cuéllar, a lo establecido en la Constitución de 1856-1857 y yo creo que una cosa es aprender de la historia y otra cosa es prenderse de la historia y siendo que eso es lo que de alguna manera le ha sucedido al Partido Popular Socialista, se ha confundido congruencia y solidez ideológica con un
cambio con la imposibilidad del cambio en sus principios, con la imposibilidad del cambio en sus objetivos. Y al referirme a sus principios, no me refiero a los principios generales que orientan a este partido. Me refiero a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del mundo, y que debieran, en congruencia con su ideología, ser aceptada por el Partido Popular Socialista.
Recordé, al escuchar a Ramírez Cuéllar, el cuento más breve de la literatura española, el de Monterroso, el del guatemalteco casi mexicano, para honra nuestra. Dice Monterroso: "Y cuando despertó, el dinosaurio todavía se encontraba ahí". Eso le sucedió a todos los regímenes que hicieron del marxismo-leninismo y del rechazo a la religión como concepción del pueblo, como una creencia popular, eso le sucedió a los regímenes, decía, que hicieron de esta concepción del materialismo histórico y del materialismo dialéctico y de la negación de la religión, eso fue lo que les sucedió en los años recientes: cuando despertaron, la religión ahí estaba, la religión no había desaparecido. Lo que está a punto de desaparecer es el marxismo-leninismo, como una doctrina con aplicación práctica; lo que esta a punto de irse a la historia y a las referencias de la política y de la economía, es el marxismo-leninismo y no la religión.
Dice Ramírez Cuéllar que al señalar el primer párrafo del artículo 130, que el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, orienta las normas contenidas en el presente artículo; que al señalar esto se equipara al Estado con las iglesias. No es así. La redacción del artículo es cuidadosa. No pretende nuestro partido ir en contra de la historia; el principio de supremacía del Estado no está a discusión en esa iniciativa aprobada ya en lo general.
No leyó Ramírez Cuéllar, las ocho palabras que siguen a continuación: "Las iglesias y demás agrupaciones religiosas, se sujetarán a la ley". Es ahí, precisamente en ese párrafo y en varios más del dictamen aprobado, donde se consagra el principio de la supremacía estatal sobre cualquier otra persona. física o moral, asociación religiosa o asociación de derecho privado o cualquier otra que se dé en el ámbito de nuestra convivencia. Porque yo le pregunto a Ramírez Cuéllar y a la asamblea: ¿De qué manera se hace presente el Estado en la vida de las personas? ¿De qué manera se hace presente el Estado en la convivencia social? Se hace presente sólo a través de la ley, sólo haciendo la ley y aplicando la ley. No hay otra vía. Es ahí, pues, donde está Consagrado el principio de la supremacía estatal, no sólo sobre las iglesias y agrupaciones religiosas, sino el principio de la supremacía estatal, reitero, sobre cualquier persona que se de en nuestro derecho.
No es, pues, de nuestro interés, del interés del Partido Revolucionario Institucional ir en contra de los principios de la historia; la supremacía del Estado debe permanecer y permanece.
Decía el compañero Ramírez Cuéllar, y lo señalaron algunos otros compañeros de su partido, que este dictamen no tiene fundamento histórico ni político. Sin embargo, él nos ha llevado a un amplio recorrido por la historia; nos ha llevado desde la época de la Independencia hasta la Constitución de 1917 y él mismo, en su argumentación, en su recorrido histórico, nos ha dado los fundamentos históricos y políticos para que podamos establecer en el nuevo texto del 130 constitucional, como principio general histórico, como ahí se señala, la separación entre el Estado y las iglesias.
Dice Ramírez Cuéllar que partimos de dos conceptos: El primero, que la iglesia como institución existe. ¡Claro que existe! está presente y eso no lo puede reconocer ni siquiera quien sea congruente con un principio de apreciación de la vida y del universo basado en el materialismo histórico. La iglesia existe. La iglesia está presente, coincidimos.
Dice también que partimos de la base de que la iglesia tiene un poder similar al del Estado. Nada más alejado de la realidad de nuestra proposición. No es así. Si revisa bien el dictamen que aprobamos en lo general, encontrará que en muchas disposiciones se establecen regulaciones severas a la actividad de las iglesias. Una ya la mencioné pero quisiera mencionar otra: el carácter consultivo del registro de las asociaciones religiosas. Si el Estado tiene el poder de otorgar el registro y por lo tanto de declarar constituidas a las asociaciones, en ese momento el Estado está estableciendo con toda claridad, los legisladores estamos estableciendo con toda claridad la supremacía del Estado sobre las iglesias. No hay pues, ninguna preeminencia de un poder estatal Yo creo que el Partido Popular Socialista, podría coincidir con varias de nuestras propuestas y estoy seguro de que no faltaría de ninguna manera a su historia y a sus principios.
Yo creo que el Partido Popular Socialista, en esta apreciación distinta que tiene de la realidad del mundo y de la realidad de nuestro país, podría
coincidir y seguramente en lo particular coincidirá en alguna de estas apreciaciones.
No extraña de ninguna manera que estén en desacuerdo; no extraña porque conocemos su historia y conocemos sus luchas. Lo que extraña es que se pretenda hacer una interpretación alejada no sólo de la realidad política y del fundamento político de la iniciativa, sino incluso del texto que hemos aprobado. No hay en el texto nada que indique lo que Ramírez Cuéllar vino a sostener a esta tribuna.
Intervino también el compañero Eloy Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática. Al iniciarse el debate esta mañana, escuché con mucha atención el discurso de uno de los más destacados militantes del Partido de la Revolución Democrática, de don Gilberto Rincón Gallardo y en su discurso que releí, encontré algunas cuestiones que vale la pena que comentemos.
Dice don Gilberto que los motivos y los objetivos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática en esta materia, están sumamente distantes. Yo diría que distantes y distintos.
Nuestra iniciativa no está dictada por convicciones o simpatías religiosas, ni por interés de encontrar en los ministros de los cultos, candidatos que hagan atractiva la oferta partidista, ni pretendemos estados de excepción para las asociaciones religiosas, ni intentamos tampoco capitalizar electoralmente el ascendiente espiritual de los miembros de las iglesias.
Nuestro partido ha propuesto estas reformas constitucionales con apego a los principios liberales que inspiran los documentos básicos, por congruencia con los tiempos políticos de la nación y porque así conviene a la modernización del país que nos hemos propuesto impulsar. No hay incongruencia alguna. Nacimos como partido liberal, continuamos como partido liberal y seremos siempre un partido liberal.
Señor Presidente con todo gusto aceptaré la interpelación.
El diputado Eloy Vásquez López ¡desde su curul¿:- Señor diputado Yunes: Usted se ha caracterizado en esta legislatura por ser una persona que tiene mucho rigor en los términos jurídicos. Quisiera que usted me explicara en qué consiste la condición del ciudadano, del ministro de culto, de acuerdo con lo establecido en el inciso d, de la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares:- Bueno, es que esa no es una interpelación es el tema del debate, Yo precisamente a eso me iba a referir, si usted me permite, precisamente a eso voy.
Pero antes, déjeme comentarle lo siguiente: Decía que al escuchar a don Gilberto, señalar que los motivos y objetivos están sumamente distantes, yo coincidiría con él. En lo que no coincido, es en la crítica implícita a lo que parece ser una incongruencia del Partido Revolucionario Institucional.
Se decía en este discurso, que los motivos son distintos y obviamente que los nuestros son los no positivos. Aparentemente se niega siempre al Partido Revolucionario Institucional el derecho al cambio, el derecho al cambio de opinión, el derecho a cambiar los medios para lograr nuestros objetivos; se nos niega el derecho a la oportunidad histórica.
Recordaba, al escuchar a don Gilberto, la famosa frase que tomó de un pensador mexicano, el artista universal Diego Rivera: "Dios no existe", para plasmarlo en un mural, y que fue motivo de una controversia en aquella época. Diego Rivera era un destacado militante del Partido Comunista y con esa expresión, no reflejaba sólo una opinión personal de Rivera, sino la opinión que en aquel entonces caracterizaba al Partido Comunista Mexicano, congruente con los principios marxistas-leninistas. La religión es el opio del pueblo, decía Marx y yo creo que Marx se equivocó: ¡al pueblo no le gusta el opio!
Se decía en aquella época que Dios no existía y se combatía a la religión y a las iglesias, especialmente como un instrumento para adormecer al pueblo y para permitir que la gran burguesía tomara el control de todas las cuestiones económicas y políticas en el mundo.
Pero de este ateísmo feroz, el partido comunista pasó a una situación y a una posición distinta. Ya en 1977 se nos decía ante la Comisión Federal Electoral, propuso la participación de los sacerdotes en la política. En 1980 los comunistas mexicanos que apenas unos años antes decían que Dios no existía, marcharon a la Basílica de Guadalupe, junto con los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Partido Obrero Socialista. En 1982, en una medida de la que seguramente se arrepintieron, publicaron un folleto donde con toda claridad se definen los objetivos del Partido Socialista unificado de México, antes Partido Comunista y hoy convertido en un partido de centro-izquierda o
aspirante a la centro-izquierda, un folleto que decía: "Cristianos, a votar por el Partido Socialista Unificado de México". Este folleto que fue elaborado y distribuido por el Centro de Estudios Cristiano-marxistas Alfonso Comín, provocó una réplica severa de diversos sectores de la población, incluso de algunos sectores de la Iglesia.
El Partido de la Revolución Democrática, que de algunas formas es resultado de toda esta transformación del Partido Comunista Mexicano, señala textualmente en su declaración de principios lo siguiente:
"El Partido de la Revolución Democrática no solicitará ni aceptará ninguna clase de apoyo proveniente de ministros de cultos o de corporaciones religiosas".
Este mismo Partido de la Revolución Democrática que el día de hoy nos viene a hablar de darle a los ministros de culto o de los cultos derechos ciudadanos plenos, este mismo Partido de la Revolución Democrática apenas el año pasado por estas fechas, en noviembre, proponía otras cosas, proponía que sólo se le diera el voto activo a los ministros de los cultos y ahí está la iniciativa.
Hoy se nos proponen derechos plenos y yo no critico el derecho a cambiar. Es propio de los hombres y las organizaciones políticas están formadas por hombres. Lo que me parece muy grave y lo que sí critico, es el propósito encubierto de ir en contra del principio de la separación Iglesia-Estado- Iglesia, ir en contra de un principio que es fundamental para la vida política del país.
No se trata de ninguna manera, de limitar los derechos políticos a los ciudadanos, ése no es el debate, los ministros de los cultos, efectivamente se les señala el carácter de ciudadanos en el dictamen aprobado, pero hay disposiciones específicas en la Constitución, que caracterizan su función, su participación como ciudadanos en la vida pública del país y estas características específicas, entre estas características específicas se encuentra precisamente la de no poder aspirar a ser votado, la de no poder hacer proselitismo político en favor o en contra de un partido político la de no poder afiliarse a un partido político para hacer campaña y una serie de limitaciones más que son congruentes con el principio de separación Iglesia-Estado.
No se trata de ninguna manera de una ley especial, como lo dijo el compañero Eloy Vásquez, no hay leyes especiales señaladas en la Constitución, habla de leyes privativas nuestra Constitución y son aquellas que van dirigidas a un grupo determinado de ciudadanos a quienes se les menciona específicamente en la ley, no se trata de ninguna manera de una ley privativa, se trata de una disposición constitucional que establece un status especial para un grupo de ciudadanos que tienen derecho a votar porque es un acto individual, es un acto de la vida íntima de cada persona, pero que no tienen derecho a hacer campaña política, porque entonces sí estarían atentando radicalmente, directamente en contra de este principio, de la separación Estado-Iglesia yo quiero preguntar si no sería atentar en contra de este principio, el hecho de que un sacerdote de la Iglesia, cualquiera que fuera, bajara del púlpito a hacer campaña política con su sotana o al revés, que viniera de la presidencia municipal que ocupara, a hacer política desde el púlpito; si no sería grave, si no sería riesgoso para el país que la división que la política general, la división que eventualmente se presenta en los pueblos pequeños fuera más allá y no fuera una división, sino fuera una herida profunda que no se pudiera restañar, porque más allá de las cuestiones políticas intervendrían las concepciones religiosas.
Yo quería preguntar también: ¿qué a los propios ministros de los cultos no les afectaría la posibilidad de ser candidatos de algún partido político? Claro que les afectaría, por una razón muy simple y muy sencilla. El ministro del culto pretende ser lazo de unión, pretende ser punto de convergencia, pretende ser enlace entre lo mundano y lo eterno; el ministro del culto no pretende tomar partido si su función es ser realmente ministro de un culto.
No se trata de ninguna ley privativa, se trata de limitaciones similares para las que existen para otros ciudadanos, pero con un tiempo mayor, por una razón mayor también, porque no es lo mismo una dependencia administrativa que una relación de apoyo espiritual, que una relación de dependencia moral. Esa es la razón profunda de la iniciativa.
Se ha concluido mi tiempo, sin embargo no quisiera dejar de mencionar algo, quisiera que me permitieran terminar con lo siguiente.
Hace apenas unos días, el 13 de diciembre, uno de los principales dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, señaló lo siguiente: Sería un milagro que se diera una posición unificada con el Partido Revolucionario Institucional en torno a alguna cuestión positiva".
Ese milagro se ha dado, hemos coincidido en cuestiones positivas con el Partido de la Revolución Democrática. Nosotros damos la bienvenida a una actitud que abandona la postura de estar en contra de todo siempre. Las coincidencias, en nuestro concepto, dan un valor adicional a la disidencia, se lo dan especialmente a la oposición. Se advierte una afán de convenir, de concertar, de dejar de ser sólo oposición, para asumir, como aquí lo señalo Diego Fernández de Cevallos, una tarea de Gobierno, que la tiene aquí en esta cámara y la tiene en todo el país.
Pensamos que oposición que coincide no es, de ninguna manera, sinónimo de oposición que claudica; como mayoría que coincide no es tampoco sinónimo de mayoría que claudica. Reconocer razones ennoblece, no envilece.
Hace unos días se rubricó con un aplauso general una decisión unánime que recayó a una propuesta del compañero Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática. Yo creo que nadie sintió disminuido su derecho ni afectada su dignidad; aplaudimos más al hecho que al contenido de la proposición. Advertimos que había prevalecido el interés de la nación sobre el de los partidos políticos. Hoy se dio el milagro, ¡ojalá y se den muchos milagros más! Muchas gracias.
El Presidente:- Hay una interpelación. Pregunto si desea aceptarla. Adelante, diputada.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González ¡desde su curul!:- Diputado Yunes mi interpelación no proviene de que me oponga a este artículo; sin embargo, parte de su argumentación me ha intrigado. Creo que podría extenderse más o clarificar más.
Al hablar o al polemizar contra la idea de que los sacerdotes sean candidatos también, usted planteó el argumento de que eso atenta contra la separación de Iglesia-Estado. Sin embargo, hay otros países del orbe en donde hay una perfecta separación del Estado y las iglesias y, sin embargo, los ministros de los cultos tienen derechos cívicos plenos, tanto a votar como a ser votados.
Es ese sentido, no me parece a mí que el peso fundamental en contra de que puedan ser candidatos, sea que se atente a la separación, puesto que, repito, en otros países donde se observa estrictamente esta separación tiene derechos plenos.
Entonces, le pregunto, no se refiere más bien a circunstancias específicas de nuestro país y si quisiera comentar algo más sobre este comentario mío.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares:- Sí, en un minuto se lo comento, con todo gusto, compañera Soto.
Yo creo que lo fundamental es que en nuestro concepto se afecta el principio, pero hay una cuestión que se debe decir: se afecta también el libre derecho de los ciudadanos al ejercicio del voto. ¿Por qué? Porque de la misma forma en que hay limitaciones concretas para quienes tienen a su cargo alguna dependencia en la cual ejerza mando, de la misma forma en que quienes tienen a su mando policía o ejército no pueden ser candidatos, ¿por qué? Porque se podría afectar el derecho libre al ejercicio del voto de quienes están bajo su mando, de la misma forma quienes ejercen el ministerio de algún culto tienen una vía para la actuación moral o espiritual sobre los fieles de ese culto o de esa religión. Hay un compromiso espiritual, hay un compromiso de auxilio, hay un compromiso moral, pero también, diputada, se corre el riesgo de que se confunda prédica religiosa con prédica política, es lo que tratamos de evitar. Muchas gracias.
El Presidente:- En el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Cuauhtémoc Amezcua y en segundo el diputado Gilberto Rincón, para alusiones personales.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:- Más bien, señor Presidente, es en términos del propio artículo 102; pero en la parte correspondiente a alusiones, porque hizo muchas de ellas Yunes a mí partido y en torno a estas alusiones yo quisiera llamar a los compañeros Diputados del Partido del Gobierno, a cuidar algunas cuestiones que son importantes, si queremos que el debate se dé en términos de seriedad.
Yo llamaría a no introducir elementos distorsionadores; yo llamaría a no poner en boca del oponente palabras o argumentos no dichos, yo llamaría a concretarnos específicamente al tema que se está discutiendo. No ha sido tema de este debate ni el marxismo-leninismo, ni los países socialistas de Europa, ni varios otros que tocó el diputado Yunes.
También llamaría a escuchar con atención los argumentos de la parte con la que se debate. Varios de mis compañeros en esta tribuna han reiterado, una y otra vez, y creo que está bastante claro que el Partido Popular Socialista es un firme defensor del derecho a creer o no creer, a tener la fe religiosa que cada ciudadano desee o a no tener ninguna.
Aquí se ha narrado la anécdota de la expresión del maestro Vicente Lombardo Toledano, en el sentido de que "él, y ésta es una convicción del Partido Popular Socialista, empuñaría las armas para luchar por la restitución de la libertad de creencias, si algún gobierno la atropellara o la impidiera".
No, no está a discusión ninguna de esas cosas. Simplemente el primer párrafo del 130, que dice: "El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo". Primera oración.
Y segunda que dice "Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley".
El diputado Yunes llama la atención sobre esta segunda oración, que fue leída por el compañero Ramírez Cuéllar, no fue omitida y justamente coincidimos en eso, esa segunda oración es correcta: "Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley". Ahí está planteando el principio del imperio de la ley o del imperio de la sociedad civil o del imperio del Estado, de la potestad civil. Es correcta.
Nos parece contradictoria con la primera. Nos parece que la primera es débil o por lo menos ociosa. En la segunda está el contenido válido, desde el punto de vista histórico. El diputado Yunes estará de acuerdo conmigo, porque eso se desprende de la propia redacción del propio texto de la parte expositiva del dictamen y de la iniciativa en su momento.
Históricamente el problema de las relaciones Estado-Iglesia ha tenido cuatro momentos: unidad, fusión, separación, supremacía del Estado y supresión de la personalidad jurídica.
Si ahora se está desapareciendo la concepción "supresión de la personalidad jurídica", nosotros proponemos bajar un escalón y pasar al principio de "supremacía", claramente establecido y no bajar dos escalones y regresar hasta el de "separación", que fue otro momento histórico anterior. En todo caso si quedan los dos, pues se entreverá de un modo incorrecto, no suficientemente claro.
A eso se reduce toda nuestra argumentación y francamente, pues, nos parece ocioso venir a plantear todas estas cosas sobre libertades de creencias y sobre marxismo-leninismo, suficiencia o no, pues que no está a discusión. En otra ocasión con mucho gusto comentaremos todo esto, cuando sea el momento oportuno Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra, para responder alusiones personales el diputado Rincón Gallardo.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis:- Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Parece que no fuimos lo suficientemente claros cuando expresábamos que lo que nos mueve, fundamentalmente, es una convicción democrática que se puede definir en la idea de que demandamos libertad política para todos los ciudadanos.
Aquí no hay la menor alusión en cuestiones electorales, estamos en el debate de hoy y estamos planteando, por principios democráticos, que todos los ciudadanos mexicanos, por el hecho de serlo tengan plenos derechos políticos; eso es lo democrático y eso es lo que plantea el Partido de la Revolución Democrática.
Si Diego Rivera era ateo o no era ateo, creo que tampoco es el problema, ni si él era ateo o aquí hay ateos o hay alguien ateo, el asunto de la existencia de Dios no es este debate, el debate tienen que ver, efectivamente, con los cambios que ha habido en todo el mundo durante los últimos 20, 30 años. Es claro que el Concilio Vaticano Segundo impacto a la Iglesia y al mundo entero, trajo cambios profundos en el seno de la Iglesia y hay que recordar que el Concilio Vaticano Segundo se desarrolló entre 1963 y 1977; aquí corren los años de 1968, el Concilio Vaticano Segundo cierra los caminos abiertos por Trento y el Concilio Vaticano Primero y se termina con la idea de las dos espadas, la espada de lo temporal y la espada de lo espiritual y se abre a todas las corrientes y el Concilio Vaticano Segundo lo primero que plantea es lo temporal, la independencia y la autonomía de lo temporal.
Fue en el Concilio Vaticano Segundo donde se sentaron las bases para que la Iglesia pueda ver al Estado como autónomo y separado de la Iglesia, ya ahí venían cambios de una gran importancia, repercutió en el seno de la Iglesia y se reconoció la pluralidad de la Iglesia y se abrió la iglesia a las demás corrientes. Era lógico que las corrientes revolucionarias fueran receptivas y se abrieran a esos cambios, máxime que aquí había un gran movimiento por la democracia y repercutió profundamente en la Iglesia latinoamericana y la vida política nos interconecta y nos hace escucharnos, sentirnos y afectarnos y cambiar.
Pero es muy difícil probar que aquí había un ateismo militante, es muy difícil probar eso.
Perdóneme que hable en primera persona, lo voy a hacer como explicación al diputado Yunes. Me eduqué en escuelas jesuitas, he vivido muy cercanos por familiares mismos la Iglesia católica y milité al mismo tiempo en el Partido Comunista Mexicano, donde no fui hostigado por esa cercanía y donde no tuve que firmar un papel jamás si era yo ateo o creyente y donde no se me interrogó jamás si era yo ateo o creyente. Es falso el ateísmo militante del Partido Comunista Mexicano. Pero las cosas cambiaron, cambió la Iglesia en su seno también, se abrió y nos repercutió y nos cambió a nosotros, a muchos de nosotros, cambió frente a realidades y la izquierda cambió y discutió también frente a realidades, se sentaron las bases para los cambios hace mucho tiempo, pero parece que el único que llega siempre a los cambios tarde y sólo cuando lo ordena el Poder Ejecutivo, es el Partido Revolucionario Institucional porque hace apenas unos meses todavía negaban todo lo que aquí ahora han afirmado y han votado.
(Aplausos.)
El Presidente:- Tienen el uso de la palabra el diputado Yunes. Proceda diputado Yunes por favor y queda registrado el diputado Terrazas también.
El diputado Miguel Angel Yunes:- Con su permiso, señor Presidente.
No señores, no diputados Rincón Gallardo, yo no vine a esta tribuna a debatir sobre el ateísmo militante ni mucho menos a debatir sobre el carácter militante o no de un Diputado en especial; yo no vine a debatir sobre el derecho al cambio de todas las organizaciones políticas y vine a debatir sobre el derecho a la oportunidad en el tiempo y por eso puse como ejemplo las distintas etapas del desarrollo político de un partido que fue de izquierda y que hoy aspira a ser centro izquierda, eso fue lo que vine a hacer a esta tribuna o lo que pretendía hacer.
Probablemente se entendió mal; si hice referencia a Diego Rivera no fue para calificar a todos quienes entonces militaban en el Partido Comunista Mexicano, me referí a él y me referí a una concepción que privaba en ese entonces en los partidos comunistas, después hablé del cambio del Partido Comunista Mexicano manifiesta en 1977 en lo que se refiere a los ministros de los cultos, cambio que refleja una concepción distinta ya del desarrollo del mundo, del origen y destino del mundo de la humanidad y hablé también de algo que claro que es importante, estamos hablando de política, hablé de la publicación de un folleto en el cual se invita a los católicos a votar por un partido político determinado y hablé de los riesgos que eso implica; hablé del riesgo que implica el mezclar política con religión: hablé del riesgo que implica querer llevar a los púlpitos las discusiones políticas; hablé también del riesgo que implica querer llevar a los ministros de los cultos al ejercicio del poder político, éste fue el sentido de mi intervención.
Yo se que duele el que se señale que han habido cambios de concepción y que de estar a la izquierda se han corrido un poco hacia la derecha hasta estar como aquí se dijo en esta tribuna hace unos días, aspirando a ser de centro izquierdo.
La geometría nos enseña que para ir de la izquierda a la derecha se tiene que pasar por el centro, ha habido un corrimiento, claro que esto se ha presentado, pero no se pretende de ninguna manera denotar a quienes lo están haciendo. Es el derecho al cambio que yo vine a defender a esta tribuna, es el derecho al cambio de ustedes pero también de nosotros y es el derecho a la oportunidad de ustedes en 1977 o de ustedes en 1990 con una proposición distinta y de nosotros en 1991, es en esencia el derecho a la libertad el que yo vine a defender a esta tribuna, que nadie se sienta afectado, que nadie se sienta reo de sus ideas ni que nos quieran hacer tampoco reos de dogmas.
Nuestro partido, así como ustedes, tienen derecho de opinar y tiene derecho de cambiar cuando los militantes del partido lo consideremos prudente. Así como el Partido Socialista Unificado de México en su II Congreso cambió la concepción que en 1977 se había adoptado y hubo marcha atrás en lo que se refiere a la participación de los ministros de culto, así como un diputado de su partido vino en 1990 a proponer sólo el derecho al voto activo de los ministros de los cultos, así hoy nosotros venimos a ejercer un derecho. Si ese derecho se basa en el cambio y en la libertad, bienvenido sea.
Pero dije otra cosa también y aquí la reitero, y eso creo que fue lo más importante, cuando menos es lo que yo considero lo más importante de mi intervención: vine a elogiar la coincidencia y vine a elogiar a la oposición. Reitero el elogio. Muchas gracias.
El Presidente:- Tienen el uso de la palabra el diputado Eloy Vásquez y en seguida el diputado Terrazas.
El diputado Eloy Vásquez López:- Qué bueno que tenemos la oportunidad de que intervenga
el compañero Yunes en algunas ocasiones en este tipo de temas, creo que su estilo nos presta la oportunidad de esclarecer una serie de cuestiones que se hablan en los corrillos o que se han dicho aquí en la tribuna, que a veces se reconocen y a veces no.
Parece que nos ha ilustrado muy bien acerca de cómo los partidos se corren de una posición a otra y efectivamente es probable que duela, yo creo que sí y mucho. A muchos priístas los he entrevistado, varios de ustedes acá me lo han dicho, que duele que haya un partido hoy que habiendo tenido un antecedente de revolucionario, conforme fue cambiando de nombre, se fue corriendo del centro a la derecha.
Y yo creo que el diputado Yunes tiene bastante experiencia en esto y ya nos ha ilustrado. La geometría, dice él, es bastante ilustrativa.
Pero yo creo que ése no es también el tema del debate, el tema del debate y lo que no me respondió el diputado Yunes, porque no tiene una respuesta correcta, es en qué consiste la ciudadanía que le está otorgando la Constitución a los ministros del culto cuando a través de las restricciones que se establecen, se le están negando todos los derechos ciudadanos y el único que le dejan es el del voto, el del voto activo, todos los demás derechos están negados. Luego entonces no se le está considerando como ciudadano, es una simple alusión pero que de cualquier manera puede ser motivo de conflicto.
Por otro lado, yo quisiera aclarar algunas cosas. El punto principal es conciliar el derecho ciudadano del sacerdote con el derecho ciudadano del feligrés. Si el sacerdote aprovecha el púlpito para inducir el voto y decirle mira, si votas por mí te voy a conseguir un crédito del Programa Nacional de Solidaridad, pero te lo voy a entregar hasta el día en que yo gane las elecciones, entonces el sacerdote está haciendo un mal uso del púlpito y eso no lo debe hacer el sacerdote; lo que debe hacer el sacerdote es decirle y hablarle de Dios y de la región, exclusivamente de eso y eso es lo que ha venido a proponer el Partido de la Revolución Democrática aquí.
Después de quitarse la sotana y salir a la calle, el sacerdote es como cualquiera otro de nosotros y en ese momento, no investido del poder que le da el ser ministro, puede como cualquiera dar sus opiniones como individuo y ahí se estaría respetando el derecho ciudadano individual del sacerdote y se estaría respetando el derecho ciudadano del feligrés.
Otra forma, decirle al sacerdote que no opine ni dentro ni fuera ni en ningún lado, es negarle los derechos ciudadanos y es establecer una nueva simulación en donde le dicen: mira, vas a hacer esto pero no vas a tener nada de lo que contiene la condición y eso es un engaño que nosotros no podemos hacer.
Por eso digo que habría mayor sinceridad si los compañeros del Partido Revolucionario Institucional votaran en contra de mí propuesta, que hicieran una propuesta nueva en donde borraran esa frase y dejaran exclusivamente el contenido que le quieren dar, si realmente estamos por desaparecer las simulaciones, como aquí se vino a decir el 1o. de noviembre.
Quiero aclarar nada más, para concluir, que los comunistas no hemos cambiado por razones electorales nuestras posiciones. Aquí se ha venido a decir eso y eso lo consideramos inaceptable, aunque se diga en medio de aparentes halagos. Nosotros tenemos una vocación democrática que no la expresamos apenas. Nuestra historia se fue forjando a través de la construcción de la concepción democrática de este país y está desde 1968 -voy a concluir para los señores que les preocupa el tiempo-, nuestra concepción democrática está plasmada en las luchas de 1968 y desde entonces hemos sido congruentes en la solicitud de las libertades políticas para todos los mexicanos.
Por eso, cuando nosotros hacemos propuestas como la que hizo la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en 1990, las hacemos con la idea de acercar esas propuestas a las visiones jacobinas que privan en una mayoría de 1990. No se atribuya a nuestra flexibilidad para hacer propuestas, la intención de negar derechos por los que nosotros luchamos.
Ustedes como mayoría, en su prepotencia, nos conducen a hacer formulaciones imaginativas que se acerquen a lo que ustedes limitadamente quieren conceder. No nos reprochen eso. Es ser flexible, el querer llegar a acuerdos no es algo que tengamos que reprochar por el contrario hay que alabar esa propuesta porque hay que ver la posición que guardaban entonces los que tenían la mayoría. Muchas gracias.
El Presidente:- tiene el uso de la palabra el Diputado Manuel Terrazas para rectificar hechos.
El Diputado Manuel Terrazas Guerrero:- Señor Presidente; compañeras y compañeros Diputados:
El señor diputado Yunes tiene pleno derecho de hacer la defensa del cambio y elogiar a la oposición, pero hay de defensas a defensas y yo diría, le pediría que no defendiera a la oposición mejor y que su derecho a elogiar a la oposición y la defensa del cambio la hiciera de otra manera, porque introdujo muchos elementos que no tenían nada que ver absolutamente.
El compañero Rincón Gallardo hizo aquí una referencia a una época del Partido Comunista y creo que habla muy bien de Rincón Gallardo, porque esa época del Partido Comunista al que se refirió al señor diputado Yunes, precisamente se caracterizó por todo lo contrario, muchos errores dogmáticos, muchos errores sectarios, errores tácticos muy serios se cometieron, pero el ejemplo que puso Yunes efectivamente no es el más afortunado.
Pero yo dije que iba a rectificar hechos. Hizo alusión el compañero Yunes al mural de Diego Rivera, él sabe muy bien dónde estaba ese mural, en el Hotel Del Prado. El aprovechó su conocimiento seguramente de la historia del mural, para hacer algunas referencias sobre los problemas a debate, pero yo quiero decirle al compañero Yunes que por un lado no fue frase de Diego Rivera ni de Marx, fue una frase de Ignacio Ramírez. La puso Diego Rivera y ¿qué ocurrió? Que estuvo más de seis meses clausurado el mural, porque independientemente de que Diego Rivera hizo una referencia histórica en su mural maravilloso del Hotel del Prado que todavía se puede ver, lo obligaron a quitar la frase "Dios no existe", que no era de él, era de Ignacio Ramírez, pero hay que decir también que la intolerancia se reflejó en haber cometido ese acto contra la cultura de clausurar un mural y obligar a ese pintor de principios firmes que era Diego Rivera, a cambiar la frase y sustituirla por otra.
Respecto al marxismo-leninismo, que ya da por muerto el compañero Yunes, pues tiene mucho, tiene todo el derecho a hacer esa afirmación. Ojalá que la vida no le vaya a dar algunas sorpresas, como a muchos , que hace mucho tiempo declararon muerto al marxismo-leninismo, al marxismo y al socialismo. Esperemos que no sea así. Gracias.
El Presidente: Tienen el uso de la palabra el diputado Cárdenas, para rectificar hechos.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:- Gracias, señor Presidente; señora y señores diputados:
Subo sólo para rectificar una afirmación que se hizo aquí. Se plantea que se saluda la coincidencia que hoy hemos tenido la mayoría del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con otras fracciones que votaron a favor de la iniciativa en lo general; se plantea que es muy importante que se deje la posición de estar en contra de todo, simplemente en una actitud contestataria. Yo quiero decir que no tenemos a la coincidencia. Ojalá que pronto el líder real del Partido Revolucionario Institucional y todos los priístas se animen a discutir en serio el tránsito a la democracia de este país; ojalá que alguna vez contesten, su dirigente principal, el Presidente de la República, a las proposiciones como la que hizo Andrés Manuel López Obrador. desde Villahermosa; ojalá que contesten públicamente como lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas al llamado que hizo el Partido Acción Nacional, acerca del consenso para la democracia. No hay respuesta. Esperamos que un día, según ustedes llegue el tiempo y podamos coincidir. Nosotros estamos listos para ello desde hace tiempo.
El Presidente; -Tiene el uso de la palabra el diputado José Raúl Hernández Ávila, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Raúl Hernández Ávila:- Señor Presidente; señores diputados:
Una vez que mi partido ha dejado en intervenciones anteriores clarificada la postura con la cual asiste a esta cita histórica, habré solamente de referirme muy brevemente a una propuesta que por mi conducto Acción Nacional quiere presentar.
El partido, nuestro partido, hizo reserva expresa para discutir en lo particular el inciso a, del artículo 130 constitucional, que se contiene en el dictamen que hoy discutimos.
Hemos realizado un análisis cuidadoso del texto del inciso de referencia y advertimos que puede y debe mejorarse, a fin de que con una nueva redacción se precisen de manera más clara los elementos que para el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias y agrupaciones religiosas, se pretenden incorporar el texto legal.
El grupo parlamentario de Acción Nacional propone a la consideración de esta honorable asamblea, un texto alterno que de manera breve y concisa determine lo relativo al reconocimiento de la personalidad jurídica de las instituciones que se hace mención.
Para tal efecto, los abajo firmantes, diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional, proponemos la siguiente redacción para el inciso a, del artículo 130 constitucional, para quedar como sigue:
"Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas, una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas."
Por mi parte entrego a la Secretaría la propuesta de mi partido para su consideración. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Servando Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
En un terreno difícil pues está matizado por fuertes confrontaciones de orden ideológico, filosófico, político y humano, el pueblo de México busca dentro de estas divergencias, llegar a un proyecto en común, para reformar el artículo 130 constitucional, cambiar el esquema de las relaciones político sociales, no tan sólo en los asuntos internos, sino también en los externos del país. Resistencias y expectativas que se han generado a lo largo de los 134 años de alejamiento entre el Estado y las iglesias.
Nuestros constituyentes de 1917, reafirmaron, después de acalorados debates, el principio de separación de Estado-Iglesia, conservando la libertad de culto y la educación laica. El análisis crítico y la reflexión serena de hechos y situaciones históricas, deben ser concordantes con la realidad. Por cierto, religiosa.
El mundo se mueve aceleradamente, En México los Cambios deben ser cualitativos ya que es sabido que en esta tierra hay mayoría de símbolos infranqueables y esto ha provocado que queden fuera del marco legal, a sectores que ya no pueden ser negados por decreto.
Es innegable el hecho que deben de realizarse cambios estructurales y superestructurales, que adopten las nuevas instancias legales, más sin embargo, es a partir de la realización de los cambios como resultado de los acontecimientos reales y más trascendentales, como debe de aflorar la nueva trayectoria nacional.
Las bases doctrinales del liberalismo, retornadas en gran parte por nuestra Carta Magna, deben obedecer las instancias democráticas e igualitarias.
A partir de nuestro acontecer histórico, toca en suerte bajo esta Legislatura el de dar lo que había de hecho, más lo que no había de derecho. Sin embargo, la ley reglamentaria del artículo 130, deberá contemplar la existencia de un sinnúmero de dogmas religiosas, ya que existen grupos que vienen a quebrantar los ideales nacionales, como una forma de atender contra nuestros principios, debemos estar alertas, ante esta aceptación. Aceptación jurídica de ciertas sectas religiosas que continuamente han persistido en realizar cambios radicales en algunas esferas nacionales, principalmente en el ámbito social, incluyendo a prácticas antipatrióticas, incrementando el servilismo indígena, tanto en nuestra nación como en el extranjero; propiciando el tráfico legal e ilegal de infantes y que sin duda representan el desmembramiento en gran parte, de nuestro sistema político a largo plazo.
Es cierto que el pluralismo enriquece, no limita. Indiscutible es que los objetivos conceptualizados en esta muy conservadora iniciativa, va más allá de términos populares y se engendra en actividades populistas.
El culto fundamentalmente debe entender su misión, que es moral y no política que los afanes materiales o terrenales violentan la mecánica de la supremacía, peleándose títulos de mayoría, dejando sin oír a las minorías imposibilitándolos también a una reflexión de opinión.
Señores legisladores: no podemos permitir que los ideales revolucionarios se nos escapen por simples presunciones de cambios vulnerables en las esferas internacionales. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, está de acuerdo en la apertura de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos y el estado del Vaticano.
Tenemos relaciones diplomáticas con el Reino Unido de la Gran Bretaña, cuyo primer ministro es también jefe de la iglesia anglicana; tenemos relaciones con la República Islámica de Irán. No encontramos entonces alguna objeción que no permita la instauración de la relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Nuestra labor como hay veces, señores legisladores precisa el decir las verdades más imprudentes, las verdades impropias, imposibles, innegables, verdades que causan más molestias a determinados compañeros, pero seguro que son
verdades en bien de la patria, Las ideas en actividad son un girón de lo absoluto, de dónde se ha impuesto la fuerza del derecho, la fuerza en igualdad de circunstancias.
Como vemos, la libertad de enseñanza es un derivado directo de nuestros articulados constitucionales y directo de la libertad de opinión, de esa libertad que para la autonomía de la persona humana, es lo más intocable, la más trascendental, la más amplia, la más fecundada, la más trascendental de todas las libertades del hombre en la instancia nacional y bajo el ideal revolucionario que hace permisible que los miembros de las iglesias, como ciudadanos mexicanos, participen en la política nacional, ejerciendo única y exclusivamente el derecho al voto, más no ser partícipe directo, es decir, el de no ser votados.
Dentro de nuestro cerebro el pensamiento es limitado, parece como tener freno la lógica y como barrera lo absurdo, pero contra la lógica y lo absurdo, todavía tiene el pensamiento a las omnipotentes de la imaginación que sacudiéndolas, fecundan las savia de nuevos ideales, sembrando la verdad y esta verdad se ha enarbolado por hombres críticos y muy reflexivos.
Seremos ante los cambios a favor de nuestra nación, de ahí que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, está obligado a corresponder a un derecho correlativo, sin afanes de desterrar lo que nuestro pueblo por herencia, por costumbre o por obligación ha ejercido en materia de cultos, respetamos su educación espiritual, pero también respetamos las corrientes ideológicas que en sus épocas dieron origen a nuestra gran Constitución, a ésa que ha enraizado nuestro nacionalismo asentado en nuestra propia cultura y en nuestra educación y en nuestras convicciones.
Por todo lo anteriormente expuesto y sin pretender hacer tabla rasa del pasado, las reformas de este artículo no deberán quedar como "factos abstractos" sino que deben involucrar a las ideas más revolucionarias en al relación de la ley reglamentaria, para poder determinar su funcionabilidad de estos cambios que se auguran en las postrimerías del Siglo XXI.
Por ello, este partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana viene a razonar su voto a favor en lo particular del presente artículo constitucional. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Abundio Ramírez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez:- Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.
El darle personalidad jurídica a las iglesias es uno de los ejes fundamentales de la iniciativa de ley que hoy hemos debatido, que hoy se ha aprobado.
Es sabido que por razones históricas el Constituyente de Querétaro no reconoció a los organismos religiosos como sujetos con derechos, obligaciones y centros de imputación jurídica.
No esta en duda los contextos actuales distan de ser los que vivió nuestro país en 1917 ó en los años de la llamada guerra Cristera; el cambio en sí de las relaciones entre el Estado y las iglesias no deben ponerse en cuestionamiento. El Estado se encuentra hoy en una situación de fortaleza, sobre todo si comparamos su situación a la presentada en los tiempos en que se elaboró la Constitución en los años de 1857.
Atribuir a razones de intolerancia o jacobinismo la larga supervivencia del artículo 130, sería desconocer nuestra historia misma; nadie que ame la libertad podría justificar los fanatismos que agredieron los derechos de los mexicanos durante el período posrevolucionario, pero todo cambio constitucional para ser congruente y visionario, debe apoyarse en sólidas razones históricas y políticas.
Sólo se reconstruye si se tiene claro el pasado y se sabe a dónde se va. La certeza se finca en memoria; asegurar mayores libertades a nuestros ciudadanos es un buen camino para fortalecer la convivencia democrática. Se la presente iniciativa apunta hacia tales fines, ésta debe ser bienvenida, pero cambiar implica entender los motivos que dieron origen a los postulados constitucionales que se pretenden reformar.
Mal haríamos en enjuiciar sumariamente a los Constituyentes de Querétaro como fanáticos anticlericales, si así hiciéramos deberían borrarse sus nombres de este recinto legislativo y la historia tendría qué reinscribirse.
En este debate si vamos a cambiar la Constitución, debemos ser justos con los que redactaron la Carta Magna, permítanme citar a un pensador destacado, líder histórico de un partido que está representado en esta Cámara y que en sus años mozos fue fervoroso admirador de la Revolución Bolchevique, a Manuel Gómez Morfín, en una respuesta que ofreció a una pregunta expresa de los profesores James Wilky y Edna Monzon:
¿parece que la Constitución de 1917 es muy anticatólica, es la pregunta, muy anticlerical por lo menos, Manuel González Morfín, el artículo 130? Después se introdujeron la reforma del artículo 3o. y algunas otras enmiendas que se ha hecho al 27, en una continuación del peor espíritu de la época de la Reforma. Entonces tenía una justificación que parecía obvia: destruir una concertación de riqueza material en manos del clero, por más que se hayan dicho muchas mentiras en torno de la abundancia de esa riqueza y de su empleo y por más que esa riqueza expropiada no produjo nada para el pueblo de México.
Pero mucho de las personas de la Reforma que dieron a esa época el carácter de una de las épocas más brillantes y más limpias de la historia de México, eran piadosos, católicos, al mismo tiempo que pugnaban por la desamortización de los bienes del clero.
No fue sino después de 1917, cuando esto se convirtió en argumento político y en odio político dirigido contra los católicos, ya no contra el clero. Creo que eso está también desapareciendo.
En 1964 tal era el pensamiento de Gómez Morfín. Para él sólo un postulado de la Constitución era anticlerical: el 130. Otros Artículos, el 3o., el 24 y el 27 y en general la Carta Magna no los caracterizaba.
Con objetividad uno de los principales fundadores de Acción Nacional distinguió al espíritu del constituyente de Querétaro de la era callista. Para este político no estuvo en duda la honestidad de los hombres de la Reforma y de su obra. Tampoco cuestionó otros artículos de la Constitución de 1917, que hoy se pretende reformar, que hoy se ha aprobado en lo general. Este político considero en declive el ambiente anticlerical en al época de los años veinte.
La iniciativa de don Venustiano Carranza, en relación al problema de la relación entre el Estado y las Iglesias, se contenía en el proyecto original en el artículo 129. La propuesta del Primer Jefe era Más concisa que la aprobada por los constituyentes. Esta sólo contenía cinco párrafos, la que fue aprobada contenía 17. Junio a los artículos 27 y el 123, el 130 representó los artículos más extensos de la Carta Magna.
En el artículo 130 aprobado se presentaba un esbozo de reglamentación; de ahí se extensión. No podía ser de otro modo, las exigencias que la nación le imponía eran diferentes a las que hoy tenemos.
El proyecto de don Venustiano Carranza solo proponía: la responsabilidad federal en materia de culto religioso, decretaba que el Estado y la Iglesia eran independientes entre sí. Consignaba que el Congreso no podía dictar leyes, estableciendo o prohibiendo religión alguna.
Determinaba al matrimonio como contrato civil. Como se ve la propuesta del Primer Jefe, repetía lo dicho en la constitución Liberal reformada. Precisamente en la interpretación sesgada de la norma que permitió el amasiato entre la dictadura porfirista y la iglesia católica y que fue base para el apoyo se esta institución religiosa al cuartelazo de Victoriano Huerta.
La comisión dictaminadora, integrada por los diputados Heriberto Jara, Hilario Medina, Paulino Machorro y Arturo Méndez, presentó el 20 de enero de 1917 sus conclusiones. Ahí exponían el argumento inicial de ampliar el sentido de las leyes de reforma para fortalecer el Estado. Pero enmendaba el proyecto del Primer Jefe de la siguiente manera: " la comisión ha creído que el estado actual de la sociedad mexicana y la necesidad de la defensa de ésta contra la intervención de las agrupaciones religiosas en el régimen político, que en los últimos tiempos llegó a constituir un verdadero peligro de ahogar las instituciones liberales. Se impone la obligación de ampliar el punto de vista de las leyes en la materia de los principios de las Leyes de Reforma, las cuales estableciendo la independencia entre la Iglesia y el Estado, dejaron a las agrupaciones religiosas en completa libertad para acumular elementos de combate".
Para la comisión dictaminadora del constituyente, no era suficiente plantear la independencia entre el Estado y la Iglesia, era una condición necesaria establecer la supremacía del poder civil sobre elementos religiosos.
Conviene que repasemos las razones expuestas por la comisión, para fundamentar el que no se reconociera la personalidad de las iglesias. La ley respeta la creencia en el individuo y las prácticas que esa creencia impone en todo el individuo, pero la colectividad como persona moral desaparece de nuestro régimen legal. De esta modo, sin lesionar la libertad de conciencia, se evita el peligro de esa personalidad moral, que sintiéndose fuerte por la unión que la misma ley reconocería pudiera seguir siendo otro peligro para las instituciones.
Para el Constituyente no era una aberración jurídica desconocer las iglesias y reconocer a los ministros de los cultos religiosos, era una muestra
manifiesta del doble propósito de garantizar la libertad de creencia e impedir que las instituciones religiosas, par ese entonces se convirtiesen en un peligro para el Estado mismo. Era para impedir que el poder moral de las creencias se hiciera el apoyo de una tendencia política. Por ello, se precisaron las prohibiciones y restricciones a las iglesias y a sus ministros.
Era importante prevenir el peligro de que la acumulación de bienes raíces y de poder en los ministros de cultos, tales fueron algunas de las más importantes razones que aquella comisión dictaminadora del Constituyente para precisar el artículo 130 que en lo fundamental no ha sido reformado. El artículo fue aprobado por aclamación.
En la protesta de los prelados mexicanos contra la Constitución de 1917, presentada el 24 de febrero, es decir a solo tres semanas de su promulgación, se consideraba que la Carta Magna elevaba a Estado la persecución religiosa, sancionándola definitivamente y recomendaba, además su desobediencia.
Respecto al artículo 130 la prelatura señalo: "ahora bien, no puede negarse que aunque la Iglesia católica no fuera divina ni hubiera recibido de su divino fundador la personalidad y el carácter de verdadera sociedad, tendría de suyo e independientemente de cualquier autoridad civil, personalidad y carácter propio, nacido del derecho individual a la creencia religiosa y a las prácticas del culto y como ese derecho es anterior al Estado, eso decía la iglesia de aquel entonces, y en consecuencia no depende de él, la violación y atentado contra el derecho individual. Protestamos, pues, contra esa fracción por lo atentatoria al derecho que naturalmente tenemos los católicos mexicanos de que se nos reconozca como personas jurídicas nuestra iglesia y por contraria, además al reconocimiento de que este derecho hace la Constitución de 1857 y las leyes de Reforma".
Los motivos de la Iglesia eran categóricos, concebía su derecho a la personalidad, como anteriores al propio Estado. Y no solo esto, los entendía por encima del mismo Estado. ¿Cómo era posible entonces dar reconocimiento a una iglesia que pensaba de esa manera?"
Los motivos del dictamen. "Hoy dar reconocimiento a las iglesias por el Estado puede ser distinto, al menos la beligerancia de una de ellas no tiene la misma fuerza, fundamentalmente la influencia que tenía la Iglesia católica en aquellos momentos históricos de nuestro país".
Hoy, queda clara la superioridad estatal y no se pone en cuestionamiento tal cuestión, por las distintas iglesias. Si como dice el dictamen, no hay peligro real para la consolidación del Estado, al iniciativa debería se aprobada, pero a nuestro parecer, los riesgos deben ser enfrentados por ciertos criterios regulatorios muy precisos, porque se trata de establecer relaciones modernas entre el Estado y las iglesias y no se trata de revisar experiencias ya superadas.
Estamos de acuerdo en que sea creada la figura constitucional de las asociaciones religiosas y de que corresponda al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público. Nos parecen oportunos los criterios que se esbozan para la ley reglamentarias respectiva. Para fortalecer tales criterios, proponemos adicionar un nuevo inciso, el F, para el artículo 130, que señale:
Artículo 130. La ley reglamentaria respectiva que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes: A, B, C, etcétera, hasta el F, que estamos proponiendo.
"Regulará las relaciones de las asociaciones religiosas nacionales con las iglesias del exterior, para garantizar el cumplimiento de los preceptos constitucionales."
Nuestra propuesta de adición en conveniente, ...ya voy a terminar, señor presidente,... no se puede dejar de observar en la ley los vínculos de las asociaciones religiosas nacionales con las del exterior,... ya voy a concluir, compañeros diputados, ignorarlos o dejarlos fuera de control podría provocar serios problemas, la misma relación diplomática con los estados o con el Estado-Iglesia, como es el caso del Vaticano, deben de tener fundamento constitucional, cosa que en este momento realiza el Presidente de la república con el Vaticano. Las relaciones con las iglesias externas deben de controlarse por el Estado, tal regulación, desde luego, se circunscribiría tan sólo a los ámbitos estrictamente administrativos y económicos, sin interferir en los asuntos religiosos internos. Nuestra propuesta ayudaría a mejorar la iniciativa en su intención de modernizar las relaciones entre el estado y las Iglesias. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional.
El Diputado Fernando Estrada Sámano:- A pesar de la relativa irracionalidad de estas sesiones maratónicas decembrinas, señor Presidente, señoras y señores diputados y la inescapable y
consecuente irracionalidad de subir, de atreverme a subir a hablar ante ustedes a la 1.34 de la mañana, me atrevo a hacerlo en un intento de contribuir a este debate histórico y para intentar dar, a consideración de todos ustedes, lagunas razones y sentido de las propuestas de Acción Nacional, con relación al artículo 130 que ahora discutimos y al debate todo de este día y esta noche.
Me atrevería a esperar, señor Presidente, asimismo en los largos trabajos de estas horas mi intervención pudiera llegar a representar alguna medida de descanso para ustedes.
Intentaría hacer lo anterior señor Presidente, en tres partes consecutivas; una que tendrá que ver con algunos eventos de importancia en la vida contemporánea política de México; una segunda parte intentaría sugerir parte del contenido del fondo de nuestras discusiones históricas de estas horas, para desembocar en una tercera parte en algunas consideraciones sobre las relaciones de las reformas que hoy discutimos y el futuro y el cambio estructural de México.
Un hombre, amado y un hombre inolvidable, Luis Calderón Vega, padre de dos compañeros diputados nuestros, uno de ellos inteligente y hábil, Presidente de la mayor parte de los trabajos de este día, registra hechos quizá significativos de la historia de un partido mexicano, de un proyecto democrático mexicano, Acción Nacional. Se ha citado aquí antes por el diputado Paoli, el hecho de que en 1939 al fundarse y al discutirse el documento constitucional de este proyecto democrático en 1939, de una pequeña comisión que examina el proyecto de doctrinas, de principios de doctrina de este partido, constituida por cinco fundadores, tres de ellos son creyentes. y dos no creyentes. En esa ocasión se discute con posiciones distintas de los partícipes de esa comisión cuál sería la posición doctrina del partido en términos de la doctrina de la separación de Iglesia y Estado o de unión de Iglesia y Estado Y gana posición desde entonces y hasta ahora sostenida de Acción Nacional, favorable a la separación respetuosa, auténtica entre las iglesias y el Estado.
En noviembre de 1943 hace 48 años uno de los Partícipes en esa comisión, Estrada Iturbide quien después sería partícipe de este Congreso, en la brillantísima XLVI Legislatura pronuncia una conferencia en el Frontón México en que habla precisamente de la necesidad de que México supere un estado de simulación en el quebrantamiento constante de las disposiciones legales entre otras, en materia de relaciones Iglesia-Estado. Un chubasco de ataques y de insultos se desata incluida una más bien risible seudo investigación de la procuraduría en contra del conferencista y a 48 años de distancia, señor Presidente, señoras y señores diputados, pudiera uno preguntarse quizás si estas casi cinco décadas transcurridas ha sido tiempo necesario para hacer posible lo que no era viable entonces según la Exposición de Motivos del dictamen o tiempo históricamente, trágicamente perdido.
Y Acción Nacional siguió hablando sobre este y otros temas y en los años mencionados por Rincón Gallardo hace unos minutos, precisamente en 1966, 1967, 1968, Christlieb Ibarrola, otro brillantísimo parlamentario habla sobre las relaciones entre religión y política; habla de separación de Iglesia y de Estado, habla de por qué Acción Nacional no es una democracia cristiana, habla de la legítima autonomía de lo temporal.
Y en 1970, el candidato presidencial Efraín González Morfín, enfrenta de cara el problema espinoso y hondo de la libertad de conciencia, y en octubre de 1974, el entonces diputado Manuel González Hinojosa enfoca de nuevo uno de los aspectos de este problema, al presentar una iniciativa completa de reforma al artículo 3o. constitucional y Acción Nacional sigue presentando, con serena humildad y honradez, su voz y su postura al pueblo de México y en 1987, con un iniciativa de reforma al 130 constitucional, justamente mencionada en la Exposición de Motivos del dictamen que discutimos.
Y así en 1990 y en 1991, en documentos antes mencionados como uno intitulado "Democracia para la Justicia en la Libertad", Acción Nacional se define y se concibe a sí mismo como un partido laico, no confesional, respetuoso de las íntimas, inviolables decisiones de conciencia de los mexicanos en materia de convicciones de fe y de aceptación o no de la trascendencia del mundo, de la vida, de la historia.
Y entendemos por tanto el laicismo de que también habla la iniciativa, como la auténtica, respetuosamente neutralidad del Estado, no un Estado indiferente, sino un Estado garante, un Estado democrático garante de libertades y de derechos de los cuales somos titulares todos y cada uno de los seres humanos, de las personas humanas en la sociedad mexicana.
Por estos antecedentes, señoras y señores diputados, señor Presidente, para este partido democrático resulta bastante natural el respeto y la
defensa del pluralismo sociocultural y religioso. Por eso resulta herencia natural y propia, el pluralismo democrático y la libertad de conciencia.
Diría que si pensamos después de estas cinco décadas a otras cinco décadas de distancia, los mexicanos que nos sigan en nuestra historia en este gran país, volverán la vista a estos días y a estas horas de hoy que vivimos y que hacemos y con serena modestia y también con orgullo de herencia legítima, podríamos decir, a diferencia de algunas opiniones aquí vertidas, que sin Acción Nacional en alguna medida importante el México moderno de hoy, no sería inteligible y hoy nuestras discusiones y estos temas sobre los que hemos hablado durante 50 años, no se entienden si nosotros no hubiéramos hablado sobre ellos durante tanto tiempo y a veces tan solitariamente.
En segundo lugar, señoras y señores diputados, de lo que en el fondo estamos tratando es de cuestiones hondas, fundamentales de derechos humanos y de desarrollo político, de modernidad democrática. Son graves y hondas preguntas como todos y cada uno de los miembros de esta Cámara del Congreso mexicano sabemos.
González Morfín proponía así, en una reunión con jóvenes mexicanos en esa campaña de 1970. En Acción Nacional decía él queremos la libertad de las conciencias, es decir, que a nadie se le obligue a creer o a dejar de creer en México, que cada quien con absoluta responsabilidad decida delante de su conciencia si cree en Dios, cuál es el camino que va a tomar en su vida, si libremente acepta o no la existencia de otra vida después de la muerta, si acepta o no determinado código moral de conducta, si cree en un sentido de la vida. Este tipo de decisiones, añadía, no lo puede tomar un gobierno ni un partido, lo debe tomar cada hombre conforme va madurando en su conciencia y en su responsabilidad.
Hemos afirmado que la democracia comienza cuando se afirma y se acepta en serio la igualdad esencial de todos los seres humanos y hemos sugerido igualmente señor Presidente, que las libertades y los derechos de las personas están enraizadas y fundadas en la dignidad eminente de las personas, de todas y cada una de las personas y, por tanto, de ahí se desprende una serie de libertades concatenadas y por así decirlo irrompibles entre sí y es la libertad de conciencia la piedra angular de lo que hoy discutimos, reflexionamos y decidimos y es de ella de donde se desprende la libertad de pensamiento, la libertad de expresión de ese pensamiento, la libertad de asociarse en torno a ideas compartidas, la libertad de que esas ideas tengan influencia y presencia en la vida social y política de un país y, por tanto, es de esta concatenación que hace o se desprende la libertad de creencias, la libertad de creer o no creer, de contestar de un modo o de otro estas preguntas fundamentales, hondas y en veces angustiosas que González Morfín proponía.
Y es la libertad de religión y otras libertades se siguen aquí, de ahí que es perfectamente natural que la libertad de pensamiento por ejemplo en materia religiosa, se exprese públicamente y de ahí parte de la razón de nuestras propuestas concretas en esta materia.
El titular de los derechos y de las libertades, señoras y señores diputados, son la persona y las comunidades humanas que se unen como personas de manera consciente y libre en torno a ideas, a valores y a actitudes y a objetivos compartidos. De modo tal, que contrariamente a ideas integristas del pasado de diversos tenores y de diversos campos, no es propiamente la verdad la que tiene reclamo de derechos y, por tanto, es el error el que debe ser perseguido o corregido, son las personas los titulares de los derechos y son a esas personas, a todas las personas, crean o no crean en lo que crean, a lo que estamos obligados a defender y a afirmar en el México de hoy y frente al México del futuro y por tanto hay pluralidad y hemos de afirmarlo y defenderlo.
Si hubiera a quienes esto pudiera interesar, si hubiera a quienes esto pudiera sorprender en boca de un diputado de Acción Nacional, si hubiera incluso quizá en diversos partidos, inclusive el propio mío, a quienes esto pudiera causar escándalo, me permitiría recordar que quien habla, habla con Aquino y con Lonergan, con Delibac y Danielú, con Alonso y con otros pensadores de este siglo y de otros y también con algo que sí hace mencionar aquí, con la declaración de libertad religiosa del Vaticano II. Para quienes toman en serio estas cuestiones quizá, y para quienes pudieran sorprenderse o escandalizarse, no haría mal repasar algunas de éstas obras y de estos pronunciamientos.
Pluralismos democrático y religioso que no significa relativismo filosófico, ni el que dé lo mismo que se piense y se haga y se actúe como sea en una sociedad, sino afirmación de los derechos de las personas, de su libertad de conciencia y de la pluralidad de las respuestas ante las preguntas fundamentales de la vida del hombre en sociedad.
Por todo esto, nuestro voto a favor de esta iniciativa y la presentación a consideración crítica de ustedes, señoras y señores diputados, señor Presidente, de nuestras propuestas.
Pediría su venía, señor Presidente, para continuar y terminar en unos breves minutos.
El Presidente:- El tiempo se le ha agotado, pero le pediríamos que concluyera rápidamente.
El diputado Fernando Estrada Samano:- Muy amable, señor Presidente:
Son, pues, éstas algunas bases de nuestra postura de filosofía social y política, programática y propositiva.
Dije antes que otras libertades se desprenden de las anteriores de manera natural y concatenada. Una de ellas es la libertad de educación, pero a la vez señalaría, señoras y señores, que siendo necesario irrenunciable un cambio en las disposiciones constitucionales y legales en materia de política educativa, siendo necesario a la vez no es suficiente.
El problema relacionado con la educación que hoy se trata en este dictamen, es sólo una dimensión de un problema extraordinariamente complejo, que exige un análisis riguroso, científico, eficaz y de soluciones viables.
Si hablamos de democracia para la justicia en la libertad, en lenguaje de Acción Nacional y también en lenguaje de esta iniciativa y dictamen, hemos de añadir a las libertades la dimensión exigible y necesaria, inescapablemente, de la justicia.
Y hay, en el sistema educativo nacional, no sólo problemas de si se enseña o no religión en las escuelas, no sólo de si las iglesias puedan tener participación en los procesos educativos, sino problemas estructurales de fondo.
El problema que hoy tratamos, particularmente desprendido del 130 constitucional y sus conexiones en otros artículos, no hablan por el momento, nada, el hecho de que cada 100 chicos que entran al primero de primaria, 45 salen de ella, sólo 11 ingresan a la educación superior y poco más de uno egresa del nivel licenciatura universitaria; no habla de que esta verdadera pirámide de injusticia en la distribución de oportunidades educativas y de su financiamiento, casi puede sobreponerse con la pirámide de desigualdad sublevante, injustísima, inaceptable, de distribución de la riqueza y del ingreso en México; no habla de los patrones históricos de desarrollo del sistema educativo nacional, laico o confesional, privado o público, que han tendido, como sabemos, a favorecer a la ciudad sobre el campo, a las clases más favorecidas sobre las más marginadas, a las regiones socioeconómicamente más desarrolladas sobre las menos desarrolladas.
En su momento, señoras y señores, como expresamente lo hemos dicho en el curso de estos trabajos, trataremos el problema global en sus diversas dimensiones y no sólo desde una de ellas, el problema urgente e ingente de la educación en México.
Creo...
El Presidente:- Nuevamente le exhortamos a que haga usted sus conclusiones, en virtud de que el tiempo se ha agotado; le solicitamos de la manera más atenta para poder continuar con los siguientes oradores.
El diputado Fernando Estrada Sámano:- Gracias, señor Presidente. Y en el fondo también agradezco los chiflidos, no sólo me llaman la atención, sino que a esta hora son apropiados, sobre todo viniendo de los anónimos agazapados.
El Presidente:- Solicitamos respeto al orador. Sabemos que la jornada ha sido desgaste, pero todos nos debemos respeto para continuar en orden esta sesión. Adelante señor diputado.
El diputado Fernando Estrada Sámano:- Termino, señor Presidente.
Creo sinceramente y por ello además del pensamiento de mi partido y de mis compañeros, que diariamente me enriquecen, creo sinceramente que estamos dando un paso en la dirección correcta en el desarrollo de México.
Me atrevo a invitar a los miembros de esta Cámara del Congreso mexicano, que en términos de objetivos valiosos, de libertad, de justicia, de vida democrática, multipliquemos los pasos como hoy es posible llegar a esos objetivos. Es urgente. Es obligatorio buscar hacerlo precisamente por nuestro pasado que es un parentesco común señoras y señores diputados.
En el doble sentido de que nos hace parientes, nos hace habitantes miembros de la misma familia humana en el mismo territorio y en la misma casa grande nuestra patria y en el sentido también de que somos herederos, inescapablemente de nuestros padres. Parentesco común,
hagámoslo multipliquemos los pasos y el esfuerzo precisamente por nuestro pasado y sobre todo por el futuro de esta patria grande, nuestra, tenemos oportunidad sugiero, señoras y señores, señor Presidente, de construir una sociedad a la altura y a la medida del hombre en México. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado José Antonio González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Antonio González Fernández:- Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
No cabe duda que hemos estado discutiendo y lo seguiremos haciendo, un proyecto de reformas que busca consolidar las libertades, un proyecto de reformas que reafirma nuestra libertad de creencias y un proyecto de reformas que sin lugar a dudas consolida plenamente la independencia de nuestras conciencias.
Hemos hecho nosotros una propuesta pero queremos exponer algunas razones adicionales para fundamentar alguna modificación a la iniciativa que nosotros hemos presentado.
Pensamos que la política, oficio y ciencia, es el alimento de la vida pública y el recurso con que luchamos para defender nuestros derechos. La política al igual que el Estado, debe ser laica, ajena a todo contenido, religioso e independiente de toda organización eclesiástica. Por eso, con todo acierto, el proyecto que propone que quienes libremente han optado por dirigir, orientar, conducir o apoyar a los creyentes miembros de confesiones religiosos o sea sus ministros de culto, no puedan ser votados en elección alguna.
La propuesta es correcta en su esencia, pues no es totalmente laico un Estado, ni estaría plenamente separado de las iglesias aquél en el que pudieran los ministros de los cultos ser representantes electos por los ciudadanos. No obstante, para hacer la propuesta de reforma plenamente congruente con lo que persigue, esto es, impedir que los ministros de culto lleguen a formar parte de los órganos en los que la ley suprema deposita el ejercicio del poder público y personalizan al Estado, es menester prohibir a cualquier ministro de culto, desempeñar todo cargo público.
La historia nos ofrece la experiencia. Durante el virreinato de arzobispos-virreyes, en la época independiente de sacerdotes-constituyentes, de obispos-legisladores, de canónicos-funcionarios, el resultado fue crear una confusión. Se ligaba lo que había que desligar; se reunía lo que había que separar.
Los ministros de cualquier culto saben de antemano que al optar por serlo restringen su acción a un ámbito que tiene que ver con la conciencia, recinto supremo de la libertad religiosa. Sabe que el ministro en su momento, deberá optar libremente entre su deseo de servir a la conciencia o a la vida pública de sus compatriotas; separar plenamente, implica deslindar ámbitos, consolidar el laicismo y reforzar la tolerancia, hace indispensable distinguir responsabilidades y plantear claramente las opciones para que los mexicanos opten en plena libertad.
Consolidar una sociedad secular, exige que el Estado, los poderes que lo constituyen y quien ejerza toda autoridad, sean ajenos a las estructuras de mando y organización de agrupaciones religiosas. No se limita con ello libertad alguna, no se excluye a los creyentes, pero sí se veda el mando político a sus pastores. En otras palabras, dejar a la política lo que es de la política y a la religión lo que es de la religión.
Por eso, hemos pensado, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que presentamos a su consideración una propuesta que diría así:
"El los términos de la Ley Reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos, tendrán derecho a votar, pero no ha ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados".
Esta es una propuesta que dejamos a la consideración y que se refiere al inciso d) del artículo 130. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Francisco Hernández Juárez:- Señor Presidente: Pido autorización para que en una sola intervención trate el inciso a) y el tercer párrafo del artículo 130 constitucional.
El Presidente:- Adelante, diputado.
El diputado Francisco Hernández Juárez:- Compañeras y compañeros diputados:
En los términos que el dictamen presenta el inciso a) del párrafo segundo del artículo 130
constitucional a debate, es exagerado e innecesario porque todas las asociaciones, ya sean mercantiles, deportivas, culturales y de otra naturaleza, tiene personalidad jurídica, sin que la Constitución General de la República lo diga de manera expresa.
Tal expresión es ociosa, desde el punto de vista jurídico, pero tiene en cambio, una connotación política en beneficio de las iglesias.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 124, 125 y demás relativos del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente:
«PROPOSICIÓN
Único. Que el inciso a) del párrafo segundo del artículo 130 constitucional quede como sigue:
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas podrán constituirse como asociaciones religiosas, la ley reglamentaria establecerá y regulará dichas asociaciones, su registro, el cual surtirá efectos constitutivos, así como los procedimientos que deberán observarse para dichos propósitos.
Dada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de diciembre de 1991.
Atentamente, por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, Francisco Hernández Juárez.»
Dejo la proposición a la Secretaría.
También consideramos insuficiente la prohibición que establece el párrafo tercero del artículo 130 constitucional, para evitar que las agrupaciones políticas tengan alguna palabra o indicación cualquiera que las relacione con alguna confesión religiosa.
Por eso mi partido propone que, además del título de las agrupaciones políticas, también debe extenderse la prohibición a los principios, programas, estatutos y emblemas electorales de esas organizaciones.
Está de moda usar expresiones religiosas en las campañas electorales para ganar votos de los católicos o de los protestantes, mucho de este propósito está en las reformas que estamos discutiendo, por eso hacemos la siguiente
«PROPOSICIÓN
Única. Agregar en el tercer párrafo del artículo 130 constitucional, después de la palabra "título", los términos: principios, programas, estatutos y emblemas electorales, para quedar dicho párrafo como sigue.
Párrafo tercero: Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas, cuyo título, principios, programas, estatutos y emblemas electorales tenga alguna palabra o indicación cualquiera que las relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.
Dada en la sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de diciembre de 1991.- Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, Francisco Hernández Juárez.»
Igualmente dejo a la Secretaría mi proposición.
Señoras y señores diputados: Las reformas que se proponen a los artículos 130, 27, 24, 5o. y 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un grave retroceso histórico, porque trastoca la esencia de las luchas de nuestro pueblo a lo largo de su existencia, desde la conquista de los españoles, hasta nuestros días, en que las fuerzas imperiales y reaccionarias en México pretenden someternos económica, cultural, social y espiritualmente.
Con las reformas que se proponen, no sólo se trata de introducir nuevamente en nuestra sociedad los gérmenes de desintegración del Estado mexicano revolucionario, democrático, soberano e independiente que han logrado construir los héroes nacionales y el pueblo mexicano en su conjunto sino que se trata también de restituir los privilegios económicos y de poder político que en el pasado se asignó al clero político y una casta privilegiada, nacida y protegida por el grupo dominante durante los 300 años de esclavitud y hasta mediados del Siglo XIX.
Nunca podemos olvidar que el clero político, en México, no sólo se ha dedicado a modelar la conciencia de los mexicanos para facilitar la imposición de la fe, basada en el dogmatismo, sino que al mismo tiempo se ha empeñado a conquistar y mantener el predominio económico y político en nuestro país. Para lograrlo, ha aplicado todos los medios a su alcance, desde la amenaza de ex comunión hasta la tortura más inhumana institucionalizada, como los de la "Santa Inquisición", que nada de santa tenían.
Por la intolerancia del clero y de las fuerzas reaccionarias en nuestro país por largo tiempo
dificultaron la formación del Estado mexicano, inclusive con las armas en la mano trataron de impedirlo. Todo para que las acciones del Estado revolucionario naciente no tocaran sus privilegios económicos y políticos. Siempre actuaron los representantes del clero con prepotencia y autoritarismo. Antes porque tenían el apoyo de los reyes españoles y ahora porque cuenta con el apoyo del Vaticano y el imperialismo del norte. Siempre fueron enemigos de los derechos civiles y sociales. Han sido proclives a la dominación extranjera con tal de conservar sus privilegios. Ahí esta su participación en la invasión francesa, de su colusión con el régimen porfirista lleno de oprobio y acciones antidemocráticas.
Cuando ejercieron el poder en México acumularon grandes extensiones de tierras rústicas y urbanas y aplicaron el diezmo. La libertad de expresión, de fe y de enseñanza siempre fue nulo bajo el dominio clerical y de los reaccionarios. Ellos dictaron las normas que rigieron la enseñanza en todos los grados, privilegiando la materias para fortalecer su dominación. Esto lo sabe nuestro pueblo. Por eso, durante el levantamiento cristero de 1928, los propios católicos, los campesinos católicos pobres, con el escapulario y a cruz en el pecho o en el sombrero fusilaron a sus enemigos históricos.
La Constitución de 1917 en sus artículos fundamentales, recogió las demandas más sentidas de la gran mayoría del pueblo mexicano, quien no solamente fortalece al Estado revolucionario naciente, sino que le da un perfil antifeudal, nacionalista, patriótico, revolucionario, democrático y antiimperialista. Fue así como se pusieron las bases para recuperar muchas riquezas en manos de monopolios extranjeros como el petróleo.
Por eso compañeros, el clero político y los conservadores reaccionarios que aún añoran sus privilegios del pasado, combatieron esta Constitución producto de la Revolución Mexicana y la calificaron de "almadrote" y en contraposición hicieron su propia Constitución, la constitución cristera con las que trataron de vertir las conquistas del pueblo obtenidas en la Revolución Mexicana.
Las luchas anteriores demuestran que las reformas que se proponen a los artículos 130, 27, 24, 5o. y 3o. constitucionales son evidentemente contrarrevolucionarios. Se trata de reconocer personalidad jurídica a la iglesia, tratan de restaurar los privilegios del clero, se trata de restablecer normas jurídicas para establecer relaciones con el Vaticano.
Se trata de introducir en la Constitución posibilidades de que en las escuelas primarias, se impartan religión, religiosa para influir en la formación de la conciencia de la niñez y de la juventud de México.
Para el Partido Popular Socialista las reformas que se pretenden introducir replantean la lucha religiosa en México, cuestión que para nosotros ya estaba liquidada. Esta reforma es antijuarista y antihistórica. Por eso mi partido ha votado en contra, en lo general.
Yo quiero aprovechar esta tribuna para que rindamos un homenaje, patriótico, revolucionario, al Benemérito de las Américas, a Benito Juárez.
¡Viva Benito Juárez!
Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:- Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Cuando hablábamos de los derechos humanos, citaba aquella frase del Quijote, cuando a Sancho Panza le dirigía estas palabras: "Libertad y el honor, Sancho son dos de los más grandes dones que Dios ha dado a los hombres. Por ellas por la libertad y el honor se debe arriesgar hasta la vida".
Y el tema que voy a tratar, señoras y señores diputados, es un tema estrechamente ligado con la libertad. ¿Y por qué no decirlo?: La libertad de los ministros de cultos, que son mexicanos como ustedes o como nosotros, que no son mexicanos de segunda y al artículo 130 le restringe esa libertad en su texto actual y al que el artículo 130 en la iniciativa de la mayoría, le restringe también esa libertad.
Dice el texto de la iniciativa: "Los ministros de cultos no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna".
Yo propongo que los ministros de los cultos no puedan asociarse ni hacer proselitismo con fines partidarios, pero la parte que a continuación cito en la iniciativa, dice: "Tampoco podrán en reunión pública, en acto del culto, en propaganda religiosa, en publicaciones de carácter religiosos, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones".
Y ésta es la parte con la que yo no estoy de acuerdo, ni mi partido está de acuerdo.
Porque el derecho a expresarse, la libertad de expresión, sobre todo en esta materia, señoras y señores diputados, es un derecho humano, un derecho del hombre. ¡Sí se ha citado la frase bíblica: "A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César" pero esa frase fue pronunciada no en el templo, señoras y señores, fue pronunciada en la plaza pública y cuando se veda el derecho de opinar, dice la iniciativa de "oponerse", cambia el texto actual del artículo 130 cuando hablaba de que "no podían hacer crítica a las leyes del país o al gobierno", pero se cambia en lugar de "leyes del país" y en lugar de decir "gobierno" y en lugar de decir "autoridades", la iniciativa dice; "oponerse a sus instituciones".
¿Y qué son las instituciones, señoras y señores, sino manifestaciones del Estado?, ¿y se le va a prohibir a un ministro de culto, a un ministro de culto se le va a prohibir atacar instituciones injustas? ¿No es una manifestación del Estado, por dar un ejemplo, la institución del Ministerio Público? ¿No tortura? ¿No viola derechos humanos?, ¿No hemos creado una Comisión Nacional de Derechos Humanos para hablar y denunciar precisamente de este tipo de situaciones? Y a los ministros de culto se les veda, se les prohibe oponerse a las instituciones.
Y el derecho a la vida. ¿No puede atentarse contra el derecho a la vida, podrán o no estar de acuerdo ustedes con el aborto, no trato de convencerlos a ustedes, a los que piensen distinto como yo y respeto que piensen distinto como yo, a que piensen como piensa el que habla, de que la vida humana debe ser protegida y ser respetada desde el momento de su concepción. Y el ministro de culto, que dentro de sus creencias, dentro de su ideología, dentro de su pensamiento, dentro de su religión, protege la vida humana, no puede oponerse y oponerse es lato, es amplísimo el término, en su significado que plantea la iniciativa, no puede oponerse a que hable en contra de una manifestación del Estado que atenta contra la vida humana; como si pudiéramos desvincular la religión de la moral, como si quisiéramos impedirle que dieran orientaciones a sus feligreses en materia de moral, en cuestiones tan amplias y tan importantes, como es la vida humana, como es la actuación, la conducta en el plano temporal de sus feligreses.
Y cuando se habla de política, yo estoy de acuerdo que no hagan política de partido, pero sí se puede hablar de la actividad política, porque en última instancia la política está estrechamente vinculada con la oral, no dijo César Augusto, ¿no habló de la ética política?
Señores: la iniciativa coarta la libertad de expresión, no podemos impedirlo por el hecho de ser ministro de culto, son generosos, son generosos al establecer pequeños cambios en el artículo 130, que nosotros apoyamos. El México de 1991, no es el México de 1873, al que se refería uno de los diputados que me precedió, en un México distinto. El Estado, el Estado, ya lo decía uno de mis compañeros, no puede permanecer indiferente, debe ser garante, decía él, garantizar el derecho que yo tengo de pensar y a expresarme, el derecho que yo tengo de emitir mi opinión y el derecho que tiene el ministro de un culto, cualquiera que ésta sea, a expresarse y a emitir su opinión. Podemos no estar de acuerdo con ella, podemos discrepar, pero debemos ofrecer, señores, hasta la vida misma por el derecho que tiene de expresarlo y decir esa opinión.
La iniciativa deja, señores, a los ministros de los cultos reducidos al recinto de los templos, en esta materia; que no dejen incensario, nos dice la iniciativa, si habla que no hiera, si le hieren que no hable, que su voz sólo resuene en el presagio majestuoso o en plegarias delicadas y se ve la esencia de su creencia pisoteada ante nuestras leyes y ante nuestras instituciones y siente hervir en sus venas su sangre sacerdotal, que se encierre en su sacristía, se revista de oro y agite el turíbulo del perfume, y si habla señores, que no hiera, si le hieren que no hable; esos son los términos de la iniciativa en este párrafo, reducirlo al recinto de los templos. Ni en reunión pública emitir una sola opinión que toque una sólo institución o una sola manifestación del estado, se ataca la libertad, la libertad que es uno de los derechos fundamentales del hombre a tal grado que un creyente -y aquí hay creyentes y quienes no lo son respeto al que no lo es y pido al que lo sea me respete y al estado me respete también y un creyente, y yo soy creyente, tiene en tan alta estima la libertad que pensamos que el mismo Dios la respete aún a costa de nuestra propia condenación y si la respeta él, ¿por qué no debe respetarla un comisario ejidal? ¿Por qué no debe respetarla un grupo de legisladores como ustedes, señoras y señores diputados?, la respeta el, qué menos podemos hacer nosotros que respetarla también en nosotros y los demás. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Basave Benítez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Agustín Basave Benítez:- con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
No se puede usar la historia para desvirtuar la historia, recurrir a argumentos históricos para rechazar el cambio es, en el mejor de los casos, una contradicción. Sin cambio, no hay historia, esto es desde luego evidente; pero por otra parte, no lo es menos que la historia no se hace con saltos al vacío ni se hace tampoco sin tradición porque sin tradición no suele haber creación.
Para emprender el salto hacia el futuro en necesario tener lo pies bien plantados en el pasado. ¿Cuál es entonces el punto de equilibrio en el mundo con la porosidad del actual ante el embate de la modernidad? Tenemos tres opciones; el mimetismo, el tradicionalismo o el filoneísmo.
El primero es imitación extralógica, el primero es la copia indiscriminada de modelos ajenos; el segundo el estancamiento, es el aferrarse a un pasado propio lo cual es bueno en cuanto a que es propio pero es malo en tanto que es pasado y, el tercero, en cambio, es el aceptar que con el aislamiento no se fortalece sino que se merma la soberanía y el acepta también que debemos abrirnos a las ideas universales, pero que debemos también forjar nuestra propia versión de modernidad. Este último es, a mi juicio, el justo medio al que debemos atenernos los mexicanos.
En las relaciones Estado-Iglesias lo anterior es plenamente aplicable, del pasado debemos rescatar las conquistas irreversibles del liberalismo y no las normas de excepción; las conquistas irreversibles como la separación Estado-Iglesias, la libertad de cultos, la educación pública laica y al mismo tiempo debemos aceptar cabalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ni el Estado mexicano es el mismo del siglo pasado, ni la Iglesia mexicana es la misma del siglo pasado. Nadie puede decir que la Iglesia tiene hoy el mismo poderío que tenía entonces, ni siquiera esta en posibilidad y no en virtud de las prohibiciones legales de imponer anacronismos y nadie puede tampoco decir que el Estado mexicano padece hoy la misma debilidad que padeció en la primera mitad del Siglo XIX, cuando en ausencia de cohesión nacional el país se desangraba en luchas intestinas, que incluso pusieron en duda su propia existencia como tal, si aceptamos la definición weberiana del monopolio de la violencia legítima.
Pues bien, si reconocemos ese contexto distinto en las relaciones Estado-Iglesias, si aceptamos que algunas normas entendidas como espada de Damocles, además de innecesarias se han vuelto inofensivas por inoperantes, debemos admitir, también que las modificaciones propuestas responden a un imperativo de realismo y de congruencia que no desvirtúa los avances del liberalismo mexicano, porque la cuestión es: qué cambiaría la iniciativa, en qué sentido modificará las prácticas existentes.
Por todo esto, porque a mi juicio la iniciativa, los cambios propuestos y ya aprobados no cambiarán la realidad en este sentido, la reforma a discusión se sitúa en el vértice de la historia, leva anclas, pero no queda a la deriva; desecha tabúes, pero respeta tradiciones; mira hacia afuera y mira hacia adentro y sobre todo busca la concordia.
El hecho de que varios partidos políticos aquí representados coincidan en lo esencial de una transformación de esta envergadura, es un acontecimiento venturoso, un paso adelante en ese acuerdo en lo fundamental de que hablará Otero, uno que demuestra que contra lo que se cree, a mayor pluralidad de la sociedad mexicana puede corresponder un mayor consenso en torno al andamiaje básico de nuestra nación, y ésa es una paradoja esperanzadora.
Tal vez pronto llegaremos a forjar un futuro basado en la concordia en reglas claras, que permita dirimir nuestras controversias teniendo siempre piedad por la patria. Por ahora, congratulándome de que un debate sobre un tema que tanta pasión despierta se haya dado en un marco de respeto, quisiera, compañeras y compañeros diputados, terminar con las palabras del gran pensador liberal, con la esperanza de que guíen el resto de esta discusión; palabras trilladas sin duda, a las que les ha sucedido lo peor que le puede suceder a una verdad que es volverse un lugar común: "Podré estar hasta la muerte en contra de lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes a decirlo." Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista.
El Diputado Heli Herrera Hernández:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El artículo 130 reformado de la Constitución General de la República, que le reconoce personalidad jurídica a las iglesias, desde la óptica de mi partido, el Partido Popular Socialista, no fundamenta ni motiva la separación del Estado mexicano y las iglesias, porque equipara y concatena a ambas a planos de igualdad, máxime
cuando en su apartado B. precisa, cito: "Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas."
Este precepto parece ser la respuesta que el gobierno actual le otorga a las iglesias a cambio de que éstas "no se asocien con fines políticos ni realicen proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país o sus instituciones, ni rechazar los símbolos patrios", como se especifica en el inciso E, del multicitado artículo.
La Constitución de 1917 no contempla este candado por el cual el estado se viene a autolimitar en su espacio de acción y, en cambio, vino a imponer reglas claras, precisas a las actividades de la iglesias en nuestro país, principalmente en lo que se refiere a los artículos 3o, 5o, 24, 27, 33 y 130, que ya se acaba de aprobar en lo general.
No obstante que se precisaron en la ley fundamental las reglas por las cuales debería de sujetarse a las iglesias, en la vida práctica y en esta tribuna hemos sido nosotros testigos de cómo se ha dejado sentado aquí las constantes intromisiones y violaciones que las iglesias han realizado en contra precisamente de estos artículos básicos, en contra de nuestra Constitución.
La iglesia tiene escuelas particulares, tiene escuelas privadas, se ha dedicado a impartir educación aun cuando se le prohibe constitucionalmente; ha violentado lo relativo también al artículo 5o. constitucional, ha violentado lo relativo al artículo 24; no obstante que la Constitución le prohibe tener propiedades por interpósitas personas tiene demasiadas y, además en muchos de los casos, los registros públicos de la propiedad de las demarcaciones fiscales registran a muchos de esos ministros con los nombres de ellos, diríamos nosotros perdiendo incluso hasta la moralidad de recurrir a terceras personas para poderlas obtener y ellos aparecen ya en esas oficinas públicas como los propietarios de tales.
Los propios ministros de las iglesias se colocan contra la Constitución cuando deciden guardar respeto y obediencia a jerarquías extranjeras y no podemos nosotros tampoco pasar por alto el hechos de que existen iglesias que reciben financiamiento de otros gobiernos, específicamente del imperialismo norteamericano y también nosotros testificamos cómo constantemente llegan misioneros extranjeros para llegar a predicar en nuestro país, para tomar como base, como asiento nuestro país, nuestra patria y permanecen durante muchos años haciendo labores propias de esas iglesias, manteniéndolos con dineros que provienen de otros gobiernos.
La intromisión de las iglesias en la vida pública, en la vida de nuestra nación, es constante, es permanente, intervienen cada semana, todos los días, por cualquier pretexto, en materia de política, en asuntos económicos, en lo social; lo mismo opinan los obispos que los arzobispos, en cuanto que la Constitución les prohibe hacerlo. Otra violación más a la Constitución.
No dudan ello en utilizar el público para estar señalando, desde su muy particular punto de vista, el enfoque que le dan a determinado problema que presenta en ese momento nuestra partía o nuestra nación o para aplaudir algunas medidas que, también desde su óptica, merecen tal aplauso.
Y nosotros, que hemos escuchado encendidos discursos de equidad, de sujeción al derecho, de imperio a la ley, nosotros que hemos estado atentos al debate, y no sólo éste, sino otros, el del 27, por ejemplo, en donde se cansaron varios oradores de precisar desde esta tribuna que el imperio de la ley sobre todas las cosas, que el Estado está pendiente de que se aplique el derecho, nosotros, nosotros nos preguntamos, ¡qué ha pasado con todas estas violaciones que se han estado cometiendo constantemente por las iglesias?
En otras ocasiones, utilizando también esta tribuna, mi partido ha pedido incluso la aplicación del artículo 33 contra todos aquellos extranjeros que se han también puesto al margen de la Constitución y tampoco se procedió a aplicar el derecho y a proceder a cumplir lo que desde aquí se ha dicho, es el imperio de la ley.
Por eso, porque si no obstante que en el texto constitucional se citan, se precisan las reglas para el cual las iglesias deben de regir su vida interna y externa y no lo han cumplido, hoy con las reformas que se acaban de aprobar al artículo 130 y con las que estamos nosotros discutiendo, pensamos que es no solamente una rendija por el cual se van a entrometer en otros aspectos, sino que es un portón por el cual van a transitar en forma libre, porque han hecho de esta práctica una regla general.
Nos oponemos, por lo tanto, a que este apartado B se mantenga como tal en dicho artículo 130.
Todo indica, y hacia allá remite, máxime cuando por el otro lado las iglesias actuando como otro poder, bondadosamente insistimos, se obliga, junto con toda su estructura, a no intervenir en los asuntos públicos de Estado y de gobierno.
Esta tesis, compañeros diputados, de resurgir en la nueva reducción del 130 el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, nos remonta a la ley del 12 de julio de 1859, que consignaba, cito: "la independencia entre los asuntos de la iglesia y los asuntos del Estado".
Porque efectivamente el poder de la iglesia era tan superior al del poder civil. El primero tenía bajo su control los registros de nacimiento, el casamiento, la defunción, la educación, etcétera. De ahí que Juárez, a través de las famosas leyes expedidas en el puerto de Veracruz, decretara la segregación de lo que en la práctica era un solo estado, otorgándole al constitucional las funciones que la Iglesia desde hace años atrás mantenía indebidamente y encargándole a la Iglesia católica exclusivamente el cumplimiento de su misión espiritual.
Ningún Estado puede imponer candados como el que consigna la pretendida reforma, al inciso B del artículo 130, ya que se supone la subordinación del órgano encargado de aplicar el orden social, a las asociaciones religiosas y éstas se ubican, insistimos, en planos de igualdad cuando no la hay en la actual redacción de este multicitado precepto.
Por razones de seguridad nacional, so pena de poner en peligro su integridad como nación soberana independiente, no puede ningún Estado supeditar su actuación frente a organismos públicos o privados sí, en tratándose de organizaciones clericales cuya actuación en la larga historia de nuestro país, ha dado pruebas de deslealtad, de traición, anteponiendo sus intereses económicos a su verdadera misión espiritual que le corresponde.
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 124, 125 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta la siguiente.
PROPOSICIÓN
Única. La derogación del inciso B del dictamen que discutimos, relativo al artículo 130 constitucional.
Dado en la sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 18 días de diciembre de 1991.
Hago entrega de nuestra propuesta a esta secretaría.
El presidente.- Tiene la palabra el diputado Octaviano Alaniz.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:- Con su permiso señor Presidente; compañeros diputados:
Quisiera hacer unas sencillas y muy breves reflexiones sobre lo que hemos escuchado por voz de algunos compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra.
Se explicó por alguien, que se felicita y nos honra por las coincidencias que se han estado dando en esta ocasión. Sin embargo, no se dan pasos sinceros para las coincidencias. Si fuese así ya hubiéramos estado de acuerdo con esta sala y en esta ocasión, en que se aceptaran las propuestas que se han estado vertiendo y creo que son de buena productividad para esta noche si así se hiciera.
Yo estoy de acuerdo en lo que el señor diputado Juan de Dios Castro ha venido a remarcar en cuanto a la libertad.
Todos los pueblos del mundo se han empeñado siempre por ser libres y en México ahora se le niega la libertad a un sector de la sociedad y se le engaña dándole parcialidades, imponiendo obligaciones y restringiéndole derechos; se le da el derecho, que además sería una obligación, de votar, pero no se le da la libertad de ser votado.
Entonces, la iniciativa que conocemos es restrictiva. Deberemos considerar que es una imposición y para ello tendremos que hablar de consenso en esta Cámara, para estar en condiciones de establecer el voto en ambos efectos.
Se ha hablado también de que se está forjando la modernidad. ¡Sin libertad de expresión? ¡Obligando a los ministros a que no se opongan al gobierno, a las instituciones? Habría que decir cuáles. ¡Al Registro Federal Electoral? ¡A la Procuraduría de Justicia? ¡A la Secretaría de Gobernación? ¡A este poder legislativo, al Ejecutivo o a los preceptos que contenga la Constitución, que también allí podríamos hablar de instituciones?
Se dice que la iniciativa busca la concordia. ¡Cuál? ¡En qué? Si no están aceptando que se dé libertad por igual, sin restricciones, sin discriminaciones a quienes estamos involucrando en el 130 constitucional.
Señores de la mayoría: otros partidos han dado pasos hacia la concordia y al consenso y a la comprensión y al respeto. Ustedes no dan muestras de entenderlo, incluso cuando haya expresiones de algún orador en la tribuna, que no les agrada, se da el cuchicheo, silbidos y falta de respeto a ustedes mismos.
Si eso hiciéramos nosotros en la tribuna, ¡qué pasaría de la sala? ¡Qué sería de esta Cámara? Y conste que son los priístas los que aquí han cometido falta de respeto al orador.
¿Queréis que hagamos lo mismo?
Entonces, retomando el tema, invitamos entonces a la profunda reflexión para que si de veras se quiere la concordia, si de veras se quiere que se dé el salto que se ha expresado aquí, sea pajero, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Juan José Bañuelos, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Bañuelos Guardado:- Muchas gracias, señor Presiente; señoras y señores diputados:
Los incisos D y E de la propuesta que ha traído mi partido a esta Legislatura, tiene en la estructura del artículo 130 que aquí se debate, un carácter complementario. Constituyen restricciones sanas que garantizan el pleno ejercicio de la libertad y definen cabalmente los ámbitos del que hacer político y religioso.
Con las propuestas que se han hecho respecto al inciso D, el texto de la iniciativa se aclara y se amplia, de esta manera se integra un cuerpo normativo coherente.
Por otra parte, en la parte final del inciso E, el proyecto habla que no se debe rechazar los símbolos patrios, el rechazo se entiende como rehusar, recurras, repudiar o contradecir.
Considero que la defensa de los símbolos patrios debe precisarse con un sentido más amplio, más profundo, por lo tanto, propongo a esta honorable asamblea que en lugar de "rechazar" diga "agraviar", toda vez que por agravio se entiende ofensa, difamación menosprecio, humillación y es por lo tanto, un concepto más amplio y que compete como tal el rechazo.
Por lo tanto, pongo a consideración de esta asamblea el texto que suscriben diversos diputados de mi grupo parlamentario.
"dos ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidatos, partido o asociación política alguna, tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o propaganda religiosa y en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios".
Hago entrega de mi propuesta a la Secretaría.
(Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra, el diputado Juan campos Vega, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Campos Vega:- Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Diversos compañeros integrantes de la fracción parlamentaria de mi partido, han usado la tribuna para proponer modificaciones a diversos incisos y párrafos de éste artículo 130 constitucional.
Lamentablemente no hemos escuchado argumentos de la mayoría, que pudieran confrontarse con las tesis que nosotros hemos estado esgrimiendo aquí en la tribuna. A lo más que se ha llegado es a utilizar una serie de calificativos en contra de la postura de mi partido y se nos dice que nosotros nos aferramos a la historia, nos aferramos al pasado y no queremos ver las nuevas condiciones.
Esta Constitución que hoy estamos modificando de nueva cuenta en sentido regresivo, en su tiempo provocó airadas protestas de la jerarquía eclesiástica, protesta que no ha abandonado. En 1926, el arzobispo de México, Mora y del Rió, declaró que "la doctrina de la iglesia es invariable, porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la Constitución de 1917, se mantiene firme, no ha sido modificada sino robustecida. El episcopado, clero y católico no reconocemos y combatiremos los artículos 3o., 5o., 27 y 130 de la constitución vigente.
"Este criterio no podemos, por ningún motivo, variarlo sin hacer traición a nuestra fe y a nuestra religión."
Y han sido en verdad consecuentes los ministros del culto en nuestro país. Durante todos estos años no sólo se han manifestado en contra de estos preceptos constitucionales, sino que en la práctica diaria se han negado a cumplirnos, como ya ha quedado establecido en diversas intervenciones de mis compañeros.
¡De dónde los autores de la iniciativa o los que hicieron el dictamen consideran que en este aspecto la situación ha cambiado en la vida de nuestro país? ¡En qué datos? ¡En qué elementos se fundan para decirnos que la iglesia no tiene la misma actitud que tuvo en 1926, que tuvo en 1917 y que ha tenido de manera permanente frente a la Constitución?
Les hemos hecho propuesta que queremos reiterar; hemos planteado que en el primer párrafo del artículo 130, no se establezca el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, sino expresamente la superación del poder civil sobre el poder eclesiástico, hemos planteado que es innecesario que en el inciso a) se exprese la necesidad de establecer la personalidad jurídica para las agrupaciones religiosas. El solo hecho de no mencionar, ya sería de una u otra manera buscar el camino en la ley para que puedan organizarse esas instituciones religiosas y cumplir con los mandatos, que esta Constitución y la ley reglamentaria debe incluir.
Ya decía el compañero Heli Herrera que en esta materia el Estado está adaptando una actitud distinta a la que ha tenido en torno a este tema, pensando que ese cambio de actitud, que esta autolimitación que establece en esta propuesta, va a provocar que de ahora en adelante los ministros del culto cumplan con la Constitución y con la ley.
La experiencia histórica es realmente amarga en este terreno, nunca la iglesia, la jerarquía eclesiástica, el clero político se ha conformado con concesiones pequeñas. Tienen un objetivo, el que señalaba el arzobispo Mora y del Río y hasta que no lo consignan totalmente no van a cejar en su empeño. Ya señalaba otro compañero de la fracción parlamentaria de mi partido, que apenas se está discutiendo esto y ya están nuevos planteamientos para tratar de conquistar nuevos espacios que por su conducta, contraria a las grandes luchas de nuestro pueblo, contraria a los intereses de la nación mexicana en contra de los invasores extranjeros, la han ubicado como una jerarquía eclesiástica que ha tratado siempre de defender, por encima de todo, sus privilegios y los fueros de que gozó en el pasado.
Se hacen una serie de propuestas, tanto en la iniciativa como en el dictamen, sin mayor fundamentación. Quisiera poner un ejemplo. En el inciso c) del artículo 130 se establece en el dictamen que hoy se nos presenta que ya no sólo los mexicanos por nacimiento pueden ejercer el ministerio de un culto, sino también los mexicanos por naturalización e inclusive los extranjeros si se ajustan a la ley. Los argumentos, son los siguientes, en la iniciativa y también en el dictamen:
"Se estima que no existe una razón válida para exigir que los ministros de los cultos sean mexicanos por nacimiento".
Esa es la esencia, el fondo de la argumentación en torno a este tema. Si analizáramos muchos de los aspectos que están planteados en la iniciativa y en el dictamen, nos encontraríamos con que ésta es la constante de ambos documentos: hacer transformaciones de fondo en esta materia, sin argumentar realmente la esencia de los cambios que se proponen.
Nosotros esperamos que en el transcurso de este debate, que será largo, podamos escuchar los argumentos de esencia de los autores de la iniciativa, de los autores del dictamen.
Creemos que esto es lo que se requiere en este momento: la confrontación de las posiciones políticas e ideológicas en torno a este tema. Si esto no se da, si no hay argumentaciones sólidas, si solamente se utilizan los calificativos, si solamente se viene a la tribuna a expresar algunos juicios chuscos; se está rebajando el debate, se estará evitando la confrontación de las ideas en este tema, que nosotros los del Partido Popular Socialista consideramos que debe darse, para que quede claro ante el pueblo de México cual es la postura de cada uno de los partidos políticos, qué es lo que cada uno realmente defiende, cuáles son nuestras convicciones en torno a este tema, cuál es nuestra postura, abiertamente.
Confrontemos las ideas, debatamos ideas, enfrentemos nuestras concepciones. e Creo que esto sería algo positivo para poder realizar adecuadamente el debate sobre este tema que desde el principio calificamos nosotros como un tema importante y trascendente para la vida de México. Muchas gracias.
El presidente:- Tiene la palabra el diputado Rafael Fernández, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Rafael Fernández Tomás (desde su curul):- ¡Declino!
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus:- El Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Vengo a continuar la discusión que sobre el inciso e, del artículo 130, iniciara mi compañero diputado. Juan de Dios Castro Lozano. Comparto con él y con mi grupo parlamentario, nuestro rechazo el concepto restrictivo de la libertad de expresión que en este proyecto de dictamen se establece.
Y empezaré, de inicio, a manifestar lo absurdo que consiste que en una Constitución que contiene los derechos del pueblo mexicano, se establezca una restricción a un derecho natural, como lo es la libertad de expresión y siendo derecho natural, también tenemos que entender, en este punto, que tiene un valor político innegable, porque es necesario, vital, a la comunidad, por lo que significa la búsqueda y el fomento de la verdad por el bien común; ahí reside, señoras y señores diputados, el valor intrínseco del derecho a expresarse libremente. Es un elemento necesario, repito, para la vitalidad de la convivencia entre iguales, de otra forma no se podría entender e incluso podríamos hablar de la ociosidad de la libertad de expresión. En tanto cuanto sirve a la cohesión social con fundamento de verdad y de justicia, es ahí donde reside el valor fundamental de la libertad de expresión.
Los derechos del hombre, y sobre todo el derecho de expresión, de ciudadanos o de extranjeros que por su residencia en un país demócrata, respetuoso del derecho de gentes, es invitado a la tarea común de la civilización, me parece fundamental este respeto. Todos los ciudadanos, ustedes y yo, los ministros de culto y los que no lo son, tenemos el derecho e incluso la obligación de oponernos a la mentira y a la calumnia, venga de instituciones del gobierno, del Estado o de las autoridades. ¡Todos los ciudadanos, ustedes y yo, los ministros de cualquier culto, tenemos derecho a oponernos a la depravación de las costumbres, vengan del gobierno, de sus instituciones o de cualquier personal! ¡Todos los ciudadanos, ustedes y yo, repito ministros o no, tenemos el derecho y la obligación y, fíjense bien, de oponernos a la destrucción del Estado mismo! esto es vital, el derecho de expresión libre, también en eso consiste, en defender rabiosamente cualquier situación que se oponga o que destruya al Estado mismo; en esos consiste también la bondad de la libertad de expresión.
Si lo que pretende, el inciso e del artículo 130 de este proyecto de dictamen, es la defensa del Estado, del gobierno y de sus instituciones, compañeros diputadas y diputados, no es la forma de resolverlo y no es la forma, digo, como inicié esta intervención, que en una Constitución que consagra los derechos del hombre al mismo tiempo se le restrinja y en una materia tan sensible como es la libertad de expresión.
¿No!
Al Estado y al gobierno y a sus instituciones se les defiende con una presión espontánea del cuerpo social que esté alerta de la adecuación de la libertad de expresión a la realidad social que se enjuicia, con una opinión pública alerta, con una reforma integral de la sociedad, con un derecho a la información permanente y veraz y diría yo también incluso con una reforma personal, así es como se defiende el Estado, el gobierno y sus instituciones y no con restricciones a los derechos fundamentales del hombre.
Si analizamos esto con serenidad, con rectitud de intención, con buena voluntad, tenemos que entender y afrontar el riesgo de la libertad de expresión. Lejos de constituir un miedo permanente, capaz de manipular instituciones o leyes o constituciones, es el riesgo de la libertad que tenemos que vivir en función de defensa social, de defensa del hombre pero no podemos aceptar que en este momento cuando en México se da un gran paso de apertura y rompimiento de tabúes sigamos todavía con este residuo vergonzoso de extrañamiento, de limitación, de partición del derecho de la libertad de expresión y menos en la Constitución, Carta de los Derechos del Hombre, pero no con libertad de expresión.
Esto me parece grave en esta materia que se han expresado todas las corrientes políticas en el sentido de apertura y de respeto recíproco de nuestras creencias, tengamos miedo todavía a la libertad de expresión. Me parece que este será todavía una asignatura pendiente del gobierno de México representado en estos momentos por el partido mayoritario en este Congreso, en esta Cámara de Diputados.
Acción Nacional insistirá en que tenemos que violentar ese paso para destruir ese temor a la libertad de expresión.
Me parece por otra parte que en la historia oficial y con este sostenimiento de la fracción e) del artículo 130 constitucional, resaltará otra incongruencia, con cuánta frecuencia en los libros oficiales de la historia se resaltan las bondades por ejemplo de un De las Casas, de un Tata Vasco en Michoacán, curas que defendieron el valor humano del indígena hace 500 años ¿ah!, pero eran curas de hace 500 años y ahora en el siglo XX curas con rectitud e intención de cualquier
credo político que se oponen como dije a la mentira, a la calumnia y a la depravación de costumbres, a esos sí ahora a 500 años después se les dice: No. "No tienes libertad de expresión, ni tienes por qué defender al pueblo de México; tú, como dijo Juan de Dios Castro, dedícate a tu confesionario, a tu misa, a tu rosario y aléjate de la vejación de las clases marginadas de México," 500 años de distancia, pero ustedes todavía hablan de fray Bartolomé de las Casas y de Tata Vasco. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:- Señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados:
Hace más o menos 45 años, en León, Guanajuato, por 1945 se celebran las elecciones de la presidencia municipal. Contendían por el Partido Revolucionario Institucional un señor Quiroz, un doctor Quiroz y un señor Jorge Obregón, de los comerciantes de ahí de la ciudad.
El Partido Acción Nacional, juntando algún número considerable de sus adeptos, fue a la colonia Bellavista, la colonia de los ricos, que estaba en el cerro, que así se llama esa colonia, en la ciudad de León Guanajuato. La ciudad de León Guanajuato se distingue por tener un gran número de católicos y un gran número de zapateros.
En esas elecciones municipales de 1945, no pocos sacerdotes católicos tomaron parte en la lucha, junto con una unión que formó el Partido Acción Nacional, denominada Unión Cívica Leonesa. Los sacerdotes católicos en las fábricas nos daban clases supuestamente de religión. No era religión la que nos estaban enseñando, estaban afitando en contra del Estado mexicano, en contra del municipio, en contra de las autoridades municipales.
En la fábrica "La Vendedora" existía un sacerdote, José Morales, que diariamente nos daba clases dizque de religión, pero lo que hacía era empujar a la gente, a los jóvenes inexpertos, a que se lanzaran a cometer depredaciones, a desinflar las llantas de los carros, a quebrar los aparadores de los comercios para provocar un caos y así nos llevaban hasta el Palacio de Gobierno del Estado, a protestar dizque en contra de la oposición.
¿Qué sucedió?, que el día 1o. de enero, en el parque de la misma ciudad, anduvimos agitando todos porque los patrones nos mandaban al centro de la ciudad a hacer bulla, según ellos, y nos daban un peso de aquel tiempo, para que trajéramos dinero y divertirnos agitando y causando destrozos.
El Partido Acción Nacional, como decía, formó la Unión Cívica Leonesa, como la Unión Cívica Potosina, puntas de lanza que van a hacer problemas pero que si se les pasa la mano, el Partido Acción Nacional no tiene ningún problema porque no fue el Partido Acción Nacional el que hizo aquellos desperfectos, sino fue la Unión Cívica Leonesa o la Unión Cívica Potosina.
Pues bien, el 1o. de enero de ese año de 1946, andabámos todos en el parque, ahí llegaron los bomberos, nos corrieron, nos bañaron y algunos nos enfermamos. El día 2 de enero, más o menos como a las 6.00 de la tarde, después de andar cometiendo destrozos en los aparadores, nos fuimos a la plaza donde empezaron a quemar las palmeras y donde empezaron desde un hotel que se llama Hotel Condesa, empezaron a disparar contra el gobierno, ¿Qué sucedió?, que murieron más de 36 personas como producto de la agitación del mismo clero católico.
En este artículo 130 que se está reformando, no se trata de privar de la libertad a alguien, de la libertad de expresión, lo que se debe de limitar es la facilidad que tendría el clero católico para agitar y utilizar la sacristía y los templos para lanzar al pueblo en contra del mismo Estado.
Nadie le quita al clero que se dedique a la misión religiosa de darle instrucción al pueblo y tranquilidad espiritual. Su reino no es de este mundo, es de un mundo espiritual y el clero católico debe de circunscribir sus actividades únicamente al terreno espiritual, y no meterse en la política, que para eso están las instituciones políticas. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Florencio Salazar Adame, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Florencio Salazar Adame:- Con su permiso señor Presidente; diputados:
Se ha reiterado de manera constante el escenario del Siglo XIX en el cual se desarrolló la vida de nuestro país. Me parece pues innecesario volver a tocar estos asuntos, puesto que todos sabemos las condiciones dramáticas como se construyó el estado mexicano, como creamos las instituciones de la República, como nos dotamos de leyes y de qué manera la Revolución de 1910
y la Constitución de 1917 se constituyen en la solución de continuidad de la Reforma.
Esta historia nos está enseñando que ha llegado el momento de la concordia, en que tenemos que adoptar un espíritu, vale la expresión, ecuménico, para que la sociedad mexicana plenamente integrada, tenga la suficiente fuerza para que nuestro país arribe a un siglo que ya tenemos enfrente, a resolver retos graves que nos permitan alcanzar la justicia social y no rezagarnos en un mundo global en la aldea global que está mirando y haciendo de manera acelerada una nueva sociedad.
Las reformas al artículo 130 constitucional se constituyen de esta manera en un hito histórico. No se trata solamente de que estamos tocando un tabú, por encima de ello estamos proponiendo arreglos entre el estado y las iglesias, que nos permitan configurar una verdadera sociedad plural, una pluralidad que no se integra solamente por los partidos políticos, que tienen otros elementos valiosos como las instituciones de enseñanza superior, los medios de comunicación de masas, las organizaciones de la sociedad civil, la configuración de la opinión pública y que tiene que recoger las inquietudes de los creyentes en sus diferentes manifestaciones también plurales, para que nuestra sociedad mexicana ensanche los caminos de la democracia, y alcance la verdadera y plena justicia social.
Ciertamente la reforma al artículo 130 constitucional, en lo que se refiere al reconocimiento de los derechos políticos de los ministros de los cultos, es una reforma gradual. No nos vamos a engañar diciendo que esta reforma viene a transformar radicalmente las relaciones de la iglesia con el estado. Nosotros no podemos cambiar de golpe y porrazo una historia sangrienta, heroica, difícil, compleja del pueblo de México para alcanzar sus libertades y por darse identidad nacional. Pero lo que sí podemos hacer y debemos hacer, es no seguir empantanados en un pasado que se nos puede convertir en un convento de la Edad Media. Tenemos que emerger a la claridad con el diálogo y con el razonamiento; tenemos que tener encuentros que nos permitan que estas reformas sean en efecto graduales y que en la medida en que el tiempo nos vaya demostrando el acierto, vayamos avanzando en ellas.
Las contradicciones deben sintetizar el desarrollo de la sociedad. Resolvemos un problema, se generan otros problemas. ¿Cuál era la demanda de las iglesias? ¿Cuáles eran los planteamientos de algunos partidos políticos? El reconocimiento jurídico a estas iglesias, el darle oportunidad a sus miembros eclesiásticos de tener bienes y estas reformas son un avance fundamental en ese sentido.
Tenemos que encontrar, diputados, en estas iniciativas los puntos de coincidencia, independientemente de que estemos cerca lo lejos en nuestras propuestas ideológicas, éstas no deben confundirse con los planteamientos doctrinarios.
Yo quiero, brevemente, citar a un estudioso de las relaciones entre el estado mexicano y el Vaticano, entre las condiciones de las iglesias, porque me parece que podemos con mayor objetividad, en el terreno de los hechos, entender la importancia de las propuestas que ha formulado el Partido Revolucionario Institucional. No se está limitando la participación del clero en política porque tengamos miedo a la libertad.
Se está presentando una propuesta, reitero, gradual, porque es necesario que nuestra sociedad, que hasta ahora se ha educado en una educación laica, que se ha educado en una normatividad que deja muy clara la separación del Estado y la iglesia; que no ha reconocido jurídicamente a las iglesias, se transforme, se sumerja en nuevas condiciones jurídicas de estos arreglos constitucionales y de ello tenemos que desprender también un hecho importante, que quizá, exceptuando a algunos dignatarios o miembros de los cleros que por su edad estén ya alejados del servicio de sus religiones, la mayoría de los ministros, por no decir que todos, se han formado conociendo las reglas del juego, han participado en su vocación religiosa, sabiendo que había limitaciones firmes y claras del estado mexicano para no intervenir en política y ahora lo van a hacer, ahora lo van a poder hacer.
Lo que la iniciativa y el dictamen que se ha presentado en este pleno, señala en relación con las limitaciones que tiene el clero para expresarse, son una avanzada y no un retroceso porque claramente el dictamen señala, voy a leer unas tres líneas nada más, que el impedimento a participar en política electoral, no debe confundirse con tener y sostener ideas sociales sobre la realidad nacional y sus problemas. Esto lo reconoce el dictamen y pensamos que no es un retroceso sino un avance.
¿Por qué pensamos nosotros que no es el momento de reconocer los derechos plenos a los miembros de los cultos religiosos? Voy a citar: "es importante hacer notar que todos los prelados gozan de prestigio por la sola fuerza de su rango e intelectualidad".
Por otro lado, es cierto que aun privado del voto, su peso entre el pueblo es significativo. "Recelo y desconfianza, es otra cita, provocaría conceder abierta intervención a un sacerdote en las ideas políticas. Nadie ignora que dentro de la iglesia hay fuerzas de gran poder. Ciertamente el derecho canónico, canón 285, dispone: Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que lleven consigo una participación en el ejercicio de la protesta civil. Por consiguiente, no pueden ser diputados, jueces, ministros". Una cita más señala que "ante la prohibición el interesado solamente tiene dos opciones: ignorar la ley o conseguir la dispensa de un obispo".
Una última cita, y les ruego me disculpen por ello, señala que "en las discusiones en los debates del constituyente de 1917 sobre la elaboración del texto del 130, desapareció de nuestras leyes el principio de que el estado y la iglesia son independientes entre sí. Y se ha procurado suprimir de un modo absoluto el ejercicio del ministerio de un culto, con todos los actos de la vida política de la nación, a fin de que los referidos ministros no puedan hacer el poder moral de la creencia en el apoyo de una tendencia política".
Y finalmente, había que decir también que en el caso de la religión católica, el propio Paulo VI en 1970, dispuso que los cardenales que cumplieron 80 años, aunque obviamente la figura es distinta, pero hay cierta analogía, ya no podrían participar en los cónclaves para elegir al sucesor de Pedro y esto, diputados, no lo dice un miembro del Partido Revolucionario Institucional, no lo dice un miembro del Partido Popular Socialista ni del Partido de la Revolución Democrática, lo dice monseñor Pedro López Gallo, un alto dignatario de la iglesia romana, mexicano, que entiendo actualmente cumple una misión eclesiástica en Vancouver y que conoce perfectamente el desarrollo histórico de la iglesia romana.
Creo que si este pastor ilustre, porque este libro para mi notable: "Relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede", como objetividad refiere y analiza los conflictos entre las ciudades mexicanas y la iglesia, entre los conflictos de la acumulación de las riquezas, de la estratificación social, del acumulamiento de tierras, del poder temporal de la lucha con el estado mexicano, entonces en ciernes, creo que sus palabras son muy prudentes, muy sabias y que nosotros tenemos el deber de enviar a lo largo y de esperar tiempos que hagan propicio que la voluntad política, como lo han hecho en esta ocasión, nos permita avanzar en favor de la concordia de los mexicanos.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:- Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El gobierno que preside el presidente Carlos Salinas de Gortari, sumándose a la ola derechista que recorre el mundo, ha recogido las viejas demandas de la reacción mexicana para impulsar las reformas que están desbaratando la estructura jurídica surgida de la Revolución Mexicana, para beneficiar a las clases dueñas del capital explotadores y opresoras del pueblo.
En estas discusiones se ha soslayado el fondo de las cosas; se ha venido incluso a hacer profesión de fe para conducir las disposiciones al campo religioso que no es el motivo de estas reformas. No se ha escuchado la petición de mi partido, planteada desde un principio, de que se dejara a un lado el aspecto puramente religioso y que nos centraremos a lo que tiene de fondo la reforma, que es el campo eminentemente económico y político.
Se quiere tratar de ignorar que siendo la iglesia católica la organización política más antigua, y por tanto más experimentada del mundo, es previsible que de aprobarse el inciso d, del artículo que nos ocupa, que otorga a sus ministros el derecho a votar, junto al reconocimiento de su personalidad jurídica, se alce frente al poder civil, como una fuerza incontenible que trastocará la correlación de las fuerzas nacionales y que dificultará, por cierto tiempo, la lucha de quienes impulsamos una transformación revolucionaria del país en beneficio de las mayorías explotadas.
Esta afirmación no es de ninguna manera subjetiva. La sustento precisamente en hechos objetivos por todos sabidos, pero que por interés de clase, muchos soslayan.
La virtual alianza del jefe de la iglesia católica Karol Wojtyla, con el imperialismo norteamericano, la fuerza económica alcanzada por los capitalistas mexicanos más reaccionarios, son factores que con la nueva situación jurídica que se le pretende otorgar, alentarán a la iglesia mexicana a tratar de recuperar la influencia política que tuvo en el pasado, con lo que inevitablemente, como ya lo proclaman, intentará
participar otra vez de manera determinante en la dirección del desarrollo nacional.
El gobierno ha abandonado su obligación constitucional de tutelar a las grandes mayorías frente a sus explotadores; otorgar a la iglesia una nueva situación jurídica que la fortalecerá económica y políticamente, es condenar al pueblo a soportar una opresión moral más profunda, porque es falso que el clero político, que los ministros de los cultos persigan el interés de todos.
Lo que pretenden es hacer valer los derechos de la iglesia como institución frente al estado. Que se busca el bien común ¿desde cuando los intereses de los dueños del capital son los mismos que los del pueblo?, ¿desde cuando los intereses de los Garza Sada o los del dueño de Teléfonos de México son los mismos intereses que tienen los obreros, los campesinos?
Las fuerzas democráticas no podemos aceptar esa vieja concepción de la derecha, que no tiene otro objetivo que tratar de esconder la lucha de clases que se da todos los días y en todas las esferas de la vida social de México y del mundo.
Por estas razones, no es una cuestión de poca monta el otorgar a los ministros de los cultos el voto activo, puesto que con él podrán, ahora de manera legal y abierta, hacer del poder moral de la creencia, un apoyo formidable para una tendencia política, precisamente el que conviene a la derecha.
Por otra parte, hemos dicho que el ciudadano ejerce su derecho de voto para influir en la dirección política y económica del Estado mexicano, en consecuencia los ministros de los cultos votarán no sólo por el prurito de votar, si no para tratar de inducir al gobierno a orientar el desarrollo de la nación en el sentido que le conviene a la iglesia, que le conviene a sus aliados, al imperialismo y a las fuerzas reaccionarias de México.
Insistimos en que es una ingenuidad política pensar que el clero colme sus ambiciones políticas y económicas con las nuevas concesiones que ahora se les pretende otorgar; insistimos una vez más, que sus objetivos esenciales son los de volver a estar al lado del poder civil, compartiendo la dirección del Estado, informar y orientar la conciencia de los mexicanos. La iglesia y sus ministros no han cambiado, siguen siendo una fuerza que persigue el poder político.
En otro orden de ideas, tenemos que considerar un hecho que tampoco se quiere aceptar aquí: los sacerdotes al ordenarse juran servir y obedecer únicamente al Estado Vaticano, al magisterio del Papa y simplemente es impensable que al votar se olviden de ese juramento, necesariamente se guiarán por el mandato papal, pero lo más negativo es que usarán el poder moral de la creencia del que he hablado, para inducir ahora más que nunca a los feligreses a votar en un sentido determinado haciendo con ello nugatorio el voto libre de presiones, en este caso el moral, que estará presente en todos lados, incluso en la misma caseta de emisión del voto.
Otro hecho más: ¿pueden los ministros del culto católico renunciar a su calidad de sacerdote? No, no pueden, es más, el Papa mismo carece de facultad para retirarle la calidad de ministro a ningún sacerdote. En consecuencia no puede darse el supuesto de la separación definitiva de un individuo de su ministerio para tener, para tener el derecho pasivo.
De manera que no estamos hablando de realidades sino simplemente de un intento de poner un dique que sólo quedará como letra muerta frente a la secular prepotencia del clero frente a nuestras normas fundamentales.
Por todas estas contradicciones que observamos en la redacción del inciso d, y por todos los riesgos que conlleva para los intereses del pueblo, para el esfuerzo de las fuerzas democráticas para lograr la plena identidad nacional, rechazamos el inciso d, y en su lugar hacemos esta proposición.
"Única. Se modifica el inciso d, de la iniciativa a discusión para quedar en los siguientes términos:
d) Los ministros de los cultos no tendrán voto activo no pasivo.
Dada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de diciembre de 1991." Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Alberto Jiménez Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alberto Jiménez Arroyo:- Con su permiso señor Presidente; honorable asamblea:
Han pasado tres cuartas partes del siglo desde que los constituyentes se reunieron en Querétaro, donde se trazó el perfil de la patria, concretando en la Ley Suprema el proyecto del pueblo de México.
En este tiempo nuestra sociedad ha evolucionado, se ha requerido adecuar nuestras normas jurídicas. Por eso hoy el Estado mexicano moderniza sus relaciones con los partidos políticos, sindicatos, con las organizaciones empresariales, con las iglesias y con la sociedad en general.
En esa vía, el Estado retoma lo esencial de su pasado y modifica lo que es necesario para el desarrollo de la sociedad. El pueblo mexicano siempre ha otorgado un gran valor a sus creencias y prácticas religiosas; seguramente por eso desde 1917 el asunto había permanecido sin cambios legislativos. Ahora el Estado busca mayor correspondencia entre la vida cotidiana y las disposiciones legales. Hoy tenemos la oportunidad de revisar y modificar sin provocar desquiciamientos para ajustarnos a la claridad y transparencia que desea el pueblo de México, manteniendo los principios básicos de libertad de creencias, división entre asuntos civiles y eclesiásticos e igualdad jurídica entre las iglesias, estado soberano, educación pública y educación laica.
El inicio de la independencia se caracterizó por las dificultades del Estado para consolidarse, debido, entre otras cosas, al peso eclesiástico en todos los órdenes de la vida nacional. De hecho, la iglesia se comportaba como un estado. De ahí que el Estado nacional se consolidara bajo el signo de laicismo, pero nunca en el combate a la religiosidad. No eran compatibles las pretensiones de la iglesia y las necesidades del Estado. De ahí que tomara su lugar en la segunda mitad del siglo XIX con la Ley Juárez-Lerdo, la Constitución de 1857, entre algunas más.
El Estado para consolidarse necesitó desplazar otros poderes. Hoy consolidado ha de reconocer a todos los actores sociales. El estado de derecho y las libertades son esenciales para la modernización, en donde la convivencia pacífica no dependa exclusivamente de la capacidad negociadora de los protagonistas, sino del basamento legal, donde existan reglas claras que recojan las lecciones de la historia y los ideales, anhelos y demandas de nuestro pueblo.
La Constitución de 1917 fue respuesta a las circunstancias que vivió el país. Existen razones y explicaciones. Algunas de ellas ya no responden a nuestro tiempo, de ahí la necesidad de esta iniciativa de reforma constitucional que propuso el Partido Revolucionario Institucional.
La existencia de las iglesias en el mundo, es una realidad sin importar la ideología de su organización estatal. De ahí que no deba de confundirse estado laico con la carencia de personalidad jurídica de las iglesias, ni regulación de las organizaciones religiosas con la limitación de libertades.
La iniciativa de mi partido mantiene principios básicos, revisando, como señaló el diputado Rodolfo Echeverría Ruiz, la forma y no el fondo.
Por esas razones le pido a esta honorable asamblea vote a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Jorge Tovar Martínez, del Partido Popular Socialista...
En los términos del 99, pasamos al siguiente orador.
Tiene la palabra el diputado Sergio González Santa Cruz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Armando Sergio González Santa Cruz:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Dentro del proceso de cambio que vive la nación mexicana y concretando la aspiración política de México, orientada a enfrentar con éxito los retos que el tiempo demanda superar, es fundamental tener presente dos aspectos esenciales de nuestro régimen constitucional que regulan a nuestro sistema de vida y de gobierno.
El primero, radica en el hecho de que la Constitución de 1917...
El Presidente:- Hacemos una moción de orden a todos los compañeros legisladores para que escuchen respetuosamente al orador. Sabemos que las horas de trabajo han sido excesivas, pero necesitamos avanzar en esta punto de discusión.
Les agradecemos mucho su atención.
Continúe usted en el uso de la palabra, por favor.
El diputado Armando Sergio González Santa Cruz:- A diferencia de la de 1857, otorga a los mexicanos las garantías individuales de igualdad, de libertad, legalidad y seguridad.
El segundo, lo constituye el hecho de que nuestra Constitución puede ser reformada por conducto del Constituyente Permanente, órgano que en su carácter de salvaguardia de la soberanía popular, tiene la vía expedita y las atribuciones
necesarias para reformar nuestra Carta Magna, precisamente en el ejercicio de la soberanía del pueblo, entidad política a la que representa.
La necesidad de cambios en torno a conceptos claves y a materias esenciales para variar la perspectiva de México como país independiente e incrementar las posibilidades de satisfacer con mayor amplitud las necesidades del pueblo mexicano, así como las relativas a encauzar al país hacia un desarrollo socioeconómico más acelerado, constante y justo, hacen al Constituyente Permanente que ahora tenga la oportunidad de incidir, una vez más, en el proceso de cambio, mediante la reforma al artículo 130 constitucional.
Esta reforma establecerá sujeción a la Constitución y a la ley, de la sociedad mexicana en general y de las iglesias y ministros en particular. También procurará que en lo subsecuente la libertad de creencias se vea fortalecida al amparo de la Carta Magna y todo ello dentro de un régimen claro y previamente especificado y regulado que asegure, sin cortapisa alguna y sin confusión, la separación del Estado y las iglesias que tendrán personalidad jurídica como asociaciones constituidas conforme a la ley reglamentaria correspondiente.
La libertad de creencias de igual forma se fortalecen con el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias y de su separación respecto al Estado. Una libertad de creencias cuyo ejercicio pleno, en buena medida, dependerá y estará sujeta a la reglamentación de que las normas constitucionales formule este Congreso.
Es conveniente anotar que entre la proliferación de iglesias y credos resulta preciso la pronta expedición de dichas leyes reglamentarias, con la finalidad de que los ministros de culto y las iglesias en lo sucesivo sujeten sus actos al imperio de la Constitución y de la ley.
Las leyes reglamentarias habrán de redactarse de tal manera que bajo ningún concepto o situación establezcan privilegios a institución religiosa alguna, puesto que no se desea un estado eclesial o un iglesia oficial, ya que tales situaciones vulnerarían de algún modo la libertad de creencias garantizadas por la Constitución.
A la hora de aprobar las reformas constitucionales, cuyo dictamen está a discusión en lo particular, conviene tener presente que la situación religiosa que priva en el país es muy diferente a la de 1917, a la década de los veinte y a la prevaleciente en 1939, épocas en las cuales la iglesia católica dominaba el espectro nacional con una feligresía equivalente casi al 100% de la población. Si en tales épocas se hubieran reformado los preceptos materia de la iniciativa, bien se hubiera pensado y concluido con argumentos convincentes, que se pretendía favorecer o privilegiar a la iglesia católica, pensamiento o conclusión que ahora definitivamente no se da, pues porque todos los cultos, más o menos en igualdad de condiciones, habrán de resultar favorecidos con las reformas una vez aprobadas y reglamentadas.
Las condiciones para el cambio constitucional están dadas, no sólo dentro de la perspectiva política sino dentro del terreno sociológico, por lo tanto es bueno que se hayan presentado y se aprueben, se reglamenten y promulguen, para ser observadas con un alto grado de positividad, en el entendido de que las leyes, y entre ellas la ley superior, que es la Constitución, son la principal salvaguarda de la soberanía e independencia nacionales, así como las garantías individuales y sociales.
Existe plena confianza en el país, en el sentido de que las reformas habrán de ser para bien de México, como nación, y para el fortalecimiento de la libertad de los mexicanos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Morquecho Rivera:- Señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados:
Voy a hacer una propuesta a esta asamblea y para tal efecto haré la fundamentación que corresponde.
En primer lugar, como se ha dicho varias veces en esta tribuna, la demanda por reformar este artículo 130 de nuestra Constitución, no es una demanda de carácter popular, no es tampoco una demanda de las clases trabajadoras, ni una demanda de las mayorías de nuestros compatriotas. La demanda que estamos discutiendo, es más bien una demanda de las minorías privilegiadas, es decir, de esas minorías que junto a los grupos políticos de la derecha, de la contrarrevolución se han aliado precisamente al clero político, se han aliado a las iglesias, a las agrupaciones religiosas, con el propósito de impulsar con mayor fuerza lo que ahora se está denominando de una manera totalmente errónea, la reforma del Estado mexicano.
En opinión del Partido Popular Socialista, debería llamarse, en realidad, la contrarreforma del Estado. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el afán de modificar este artículo 130 de nuestra Carta Magna? Pues se trata de reagrupar aún más a las fuerzas derechistas para apuntalar, darle, apoyo y estímulo al grupo teocrático neoliberal y desnacionalizado que hoy gobierna y despacha desde Palacio Nacional, todo ello con el propósito de llevar adelante el proyecto nacional que el gobierno actual ha implementado para someter nuestra economía en favor de la política económica de los Estados Unidos de América.
Por otra parte, está muy claro que el contenido fundamental de esta iniciativa, como ya se ha dicho también, sería demasiado ocioso repetirlo, pero en verdad como se ha afirmado, proviene del Episcopado mexicano. Ya se han afirmado en esta tribuna los propósitos de la carta que le mandó el Episcopado al presidente Salinas de Gortari y se ha recogido exactamente en los mismos términos que propone el Episcopado, modificar los artículos ya señalados, 3o., 5o., 24, 27 y 130 constitucionales y claro, precisamente el lenguaje no proviene directamente de los politólogos del Partido Revolucionario Institucional sino del propio Episcopado. Este sostiene, argumenta, que los hechos que a diario acontecen chocan y se contradicen en el marco legal existente y que esto es fuente de corrupción moral y de desorientación y que por esa razón el pueblo de México ya no quiere vivir en un mundo de mentiras y de apariencias y que definitivamente, afirman, que la práctica cotidiana ha superado a la normatividad constitucional vigente.
Y hacen hincapié en lo que algunas fuerzas económicas, poderosas, de nuestro país han manejado modernizar, modernizar a México, modernizar al Estado para que México se ubique de manera moderna ante la comunidad internacional y una de las formas de modernizar es, dicen ellos, darle a los derechos humanos plena vigencia y vigor.
Yo considero que esos famosos derechos humanos a los que se refiere el Episcopado, son o provienen de la tesis de los derechos naturales que varios textos académicos han manejado y se expresan de una manera muy clara que esos derechos naturales son el origen y la base del bien común, de tal suerte que se combina el criterio, la opinión, para demandar el respeto a las libertades religiosas que sería un derecho humano que no es respetado; cuando el Partido Popular Socialista considera que en verdad sí se respeta precisamente en nuestro país estas libertades religiosas.
Y al mismo tiempo, las cúpulas clericales han estado insistiendo en que se deroguen leyes y reglamentos que norman la vida de las iglesias, porque esa normatividad, dice el texto del Episcopado, es la negación constitucional de una realidad, en este caso la realidad representada por las iglesias.
En fin, se trata de legalizar las violaciones a la Constitución, como se ha afirmado aquí también, mediante modificaciones a la propia Constitución, de tal suerte que estas violaciones dejen de serlo, y todo ello, como reiteradamente se ha dicho aquí, en detrimento de los postulados constituciones en materia educativa, en materia del patrimonio de la nación y sobre todo en perjuicio de la perspectiva histórica, social, política y económica de nuestra nación.
Por esas razones, por las propias argumentaciones que se han expresado y como se ha dicho y se seguirá diciendo, la actitud del clero político no ha sido una actitud congruente con lo que el Estado le ha otorgado en proporcionarle oportunidad para que brinde el servicio religioso, el servicio espiritual para los creyentes; ha sido una actitud, la del clero político, contraria al interés nacional y a la política del Estado mexicano, porque todos sabemos que siempre ha puesto zancadillas, problemas, tropiezos, piedras en el camino, las acciones, los trabajos, los propósitos, los planes del clero político. Sin embargo el Estado mexicano ha fortalecido un Estado de derecho que ha permitido impulsar las reformas nacionales derivadas de la Revolución Mexicana, la reforma social, la reforma agraria, la reforma educativa, la reforma económica y la reforma política.
Además, está claro también que el fanatismo, el oscurantismo, la ignorancia y el dogmatismo, siempre le han servido a los enemigos del pueblo mexicano y de nuestra nación.
Entonces por esas razones consideramos que al dar margen, darle viabilidad a este proceso legislativo, modificar estos artículos importantes, torales para la vida de nuestro país, pensamos que se va a desatar una serie de fenómenos y de hechos contraproducentes para la estabilidad de nuestra nación. Se va a desatar la jauría con ropaje de oveja, en demanda de más y más concesiones y de más poder. Esa es la razón esencial que se persigue con esas reformas.
En consecuencia, la propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista consiste en la siguiente:
"Única. Que se añadan los siguientes incisos al cuerpo del dictamen en la parte correspondiente al artículo 130 constitucional y que son los siguientes:
f) La primera promesa de decir verdad sujeta al que la hace, en caso de faltar a ella y de no cumplir con las obligaciones que se contraen, a las penas que establece la ley.
g) Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten.
h) Las legislaturas de los estados únicamente tendrán facultad de determinar, según las necesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos.
i) Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la Secretaría de Gobernación, o llendo previamente al gobierno del estado.
Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los ya son 18 días del mes de diciembre de 1991. Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Héctor Morquecho Rivera." Dejo en la Secretaría la propuesta.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Isaías Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Isaías Alvaro Rodríguez Vivas: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La invitación hecha por el presidente Salinas el 1o. de noviembre pasado, en relación a promover una nueva situación jurídica de las iglesias, más actual, con mayor congruencia entre la conducta de la sociedad y sus disposiciones legales, ha sido recogida por nuestro grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que previo análisis del marco histórico que nos ocupa y salvaguardando el principio fundamental de soberanía del pueblo mexicano, ha enviado a esta Cámara la iniciativa de reformas constitucionales que hoy nos ocupan.
Este tema de la relación Estado - Iglesia, a través de la historia ha tenido graves y hasta dramáticas consecuencias en la vida nacional; ha sido punto de grandes rupturas entre grupos de mexicanos, particularmente en los últimos dos siglos de nuestra vida política. La primera, la independencia nacional, abolición de la esclavitud y lucha de castas; después la reforma, donde Juárez da su lección al mundo; posteriormente la Revolución Mexicana, cuyo contenido social es vigente. Estos no son solo tres ejemplos reformadores nacidos de esas circunstancias.
La iniciativa de reformas al 130 constitucional va encaminada en sentido real a regularizar las acciones en las cuales se desempeñan actualmente las iglesias en México; iniciativa encaminada a evitar lo irregular de muchas de sus actividades por carecer de marco reglamentario actualizado y que prohibidas por la Constitución, pero válidas ante las nuevas circunstancias, nos obligan a una depuración legislativa, hacer congruentes las normas y las circunstancias de hoy, sin olvidar la valiosa lección grabada en la historia, como ejemplo para que no se vuelvan a cometer los desaciertos dolorosos de ayer.
La reforma del artículo 130 en su fracción a), propone que debe otorgarse personalidad jurídica a las iglesias como asociaciones religiosas, buscando fortalecer el estado de derecho y la ampliación de libertades. Esto es correcto porque las diversas iglesias, como instituciones integradas por individuos, tienen derecho a ser reconocidas en su situación jurídica frente a una sociedad que, independientemente del lugar que espiritualmente ocupen en una gran mayoría de la población mexicana, se justifican.
Qué importante es que este segmento de la población se incorpore a través del ejercicio del voto activo a sus derechos políticos, voto que no puede ser a favor de ellos en tanto desempeñen su delicada labor de orientación espiritual, ya que no siendo su meta la de ostentar el poder ni la acumulación de bienes materiales, serán seguramente un gran apoyo en la lucha por el engrandecimiento del país, un nuevo planteamiento para la participación de las iglesias, no de sojuzgamiento, sino de impulsos, plena en sus libertades; una nueva concepción como la que quieren y necesitan los mexicanos que creen en ellas.
Adicionalmente la integración de asociaciones religiosas ajustadas a rigurosa reglamentación constitucional, que las convierte, mediante su registro constitutivo, en sujetos de derechos y también de obligaciones, mexicanos integrados jurídicamente a la nación.
Con esas reformas planteadas, México consolida su integración política y da fuerza moral a
su estado de derecho; ratifica que amplía el marco de libertades y la relación Estado - Iglesia no va a ser impedimento para su desarrollo, como no lo es actualmente en países que han avanzado en concordia, respeto y participación solidaria.
Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, considero que las reformas planteadas en la iniciativa que nos ocupa, deben ser apoyadas por el pleno, ya que están fundamentadas en un crítico análisis, donde la soberanía nacional permanece intacta y la presencia histórica de Juárez, plasmada en el manifiesto del 7 de julio de 1859, base de las Leyes de Reforma que después daría a la nación, se mantiene incólume, al sostener también intactos los principios liberales fundamentales de su tesis política, tesis que meticulosamente respetó la iniciativa entregada por la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, a la decisión de esta honorable asamblea. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Jorge Tovar Montañez: - Compañeras y compañeros diputados:
Solicitamos la atención de los diputados de la fracción que presentó esta iniciativa; fijar nuestra atención en el inciso e, del proyecto. Voy a leerlo, si me permiten y precisar lo que nos interesa más.
El inciso e, del proyecto dice: "...ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país a sus instituciones ni rechazar los símbolos patrios".
Nos preocupa el texto a partir de ese punto y seguido porque nos parece que estuvo redactado de una manera un tanta precipitada, porque habla de reuniones públicas, de actos del culto, actos de propaganda religiosa y de publicaciones de carácter religioso y que en ninguna de estas situaciones los ministros podrán oponerse a las leyes del país o a sus instituciones ni rechazar los símbolos patrios.
A nuestro parecer esto es vago porque no precisa qué tipo de oposiciones; si es una oposición nada más verbal, pues equivale a una crítica, en lo cual tendrán razón los diputados de Acción Nacional, desde su punto de vista, pero si es una oposición de facto, oponerse a una ley de facto, de hecho, significa, a nuestro entender, una violación a la ley y que nosotros, estamos de acuerdo creo todos nosotros en que no puede caber en la Constitución una figura que de alguna manera abra la posibilidad o contemple a posibilidad de que algún grupo, personas etcétera, viole la ley.
Es decir, la ley es para todos sin excepción por lo tanto no cabe de ninguna manera dejar anotado en el proyecto de la Constitución, de ni siquiera sugerida la posibilidad de que alguien vaya a violar la ley.
Por lo tanto, nosotros pensamos que este inciso debe volverse a redactar y debe volverse por lo menos a la parte del texto vigente del artículo 130 y en lugar de decir: "Oponerse a las leyes del país", debe decir: "Hacer crítica la ley del país o a sus instituciones, ni rechazar los símbolos patrios" Esa es nuestra propuesta concreta. Suprimiendo la palabra "oponerse" y sustituirla por la expresión "hacer crítica la ley del país". Entonces sí tendrían razón de protestar los diputados de Acción Nacional. Por el momento creemos que ha sido muy vehemente su intervención, pero injustificada. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Pedro Ojeda Paullada: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Pues casi después de 18 horas de jornada continua, en la que hemos escuchado las muy documentadas, interesantes, doctas expresiones de todos con respecto a esta importante iniciativa, en la que repasamos las cuestiones históricas, jurídicas, políticas involucradas en este tema, estamos quizá ya convencidos de que ha sido oportuno y conveniente, este esfuerzo para poder ya dar un nuevo marco jurídico de las relaciones entre Estado y las iglesias.
Ahora que hemos analizado el artículo 130 después de que con una amplia mayoría aprobamos la reforma en su conjunto, ha quedado evidente que el camino es importante, ha sido bien meditado, abarca prácticamente todos los aspectos de la participación de los ministros de los cultos, de la iglesia, de las agrupaciones religiosas.
Y además pudimos recorrer varias importantes convergencias que encontramos los miembros de la comisión que tuvimos el esfuerzo de analizar lo que antes se había propuesto por distintos partidos y como se dice en el dictamen, resultó estimulante para todos nosotros, porque vimos que efectivamente hubo una coincidencia importante en muchos puntos, entre otros la competencia de este Congreso para legislar en la materia, la necesidad de conciliar la existencia jurídica de las iglesias y la garantía de la libertad de creencias, la posibilidad y conveniencia de otorgar personalidad jurídica a las iglesias como asociaciones religiosas, el sometimiento de estas asociaciones religiosas a la reglamentación que la propia ley establecerá. La expresión es clara de que la autoridad no debe intervenir en lo que respecta a la vida interna de las asociaciones religiosas, en fin, todas estas cuestiones que han sido analizadas aquí, puntualmente.
Podemos destacar que como se aprecia en el dictamen, rescatamos el cuarto párrafo del artículo en vigor, que no aparecía en la iniciativa, porque nos percatamos que aun cuando aparentemente no tiene conexión con el tema y en realidad no lo tiene, sí resulta importante que aparezca ahí para mantener el concepto de que la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace en caso de fallar a ella las penas que por este motivo establece la ley y esto nos da base, como todos saben, a las cuestiones civiles y al ejercicio de los tribunales.
Más no se quedó el repaso en el hecho de que se hubiese incluido algo en la iniciativa, rescatando lo del texto en vigor, sino que hemos escuchado aquí importantes aportaciones de varios partidos; algunas de ellas esperamos que merecerán el voto mayoritario, como por ejemplo la que presentó el Partido de Acción Nacional para un texto más afinado con respecto a que: "Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro y que la ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas".
También esperamos que se pueda lograr el apoyo de esta soberanía para las iniciativas presentadas por, las propuestas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional, a través del diputado José Antonio González Fernández, en lo que se refiere a la limitación a los ministros de culto para desempeñar cargos públicos en tanto éstos tengan este carácter y así también la que presentó nuestro partido en relación a quienes agravien los símbolos patrios.
En fin, yo estimo y espero que el voto de ustedes así lo establezca, que ya hemos discutido ampliamente el tema y ojalá en esta votación demos cabalmente cumplimiento a nuestro deber y a nuestro privilegio de participar en nuestra nueva era de las relaciones entre el Estado mexicano y las iglesias. Muchas gracias.
El Presidente: - En virtud de que se encuentran pendientes de desahogo diversas proposiciones, modificaciones o adiciones a este artículo 130, la redacción del dictamen, voy a pedir a la Secretaría que proceda a desahogarlas en el orden no en que fueron presentadas, sino en el orden que corresponden a la redacción del artículo, comenzando con la del diputado Héctor Ramírez Cuéllar, relativa a la primera propuesta que presentó y por lo cual le pido que le dé lectura, antes de ponerla a consideración de la asamblea.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Propuesta del diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista:
"Única. Se modifica el primer párrafo del artículo 130 para quedar como sigue:
El principio histórico de la supremacía del poder civil orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás organizaciones religiosas se sujetarán a la ley."
El Presidente: - Proceda la Secretaría a ponerla a consideración de la asamblea.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén pro la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Respecto del inciso a, del artículo 130, hay varias propuestas. Pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta del diputado Eloy Vásquez respecto de este inciso.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Las asociaciones religiosas es la figura jurídica a través de la cual los ciudadanos ejerzan su derecho de asociación para fines religiosos. Bajo esta figura pueden adquirir personalidad jurídica las iglesias, sus organizaciones, sus instituciones, las agrupaciones religiosas y demás formas asociadas de práctica religiosa.
Para tener personalidad jurídica, las iglesias y las agrupaciones religiosas deberán constituirse como asociaciones religiosas. La ley reglamentaria establecerá y regulara dichas asociaciones, su registro, el cual surtirá efectos constitutivos, así como los procedimientos que deberán observarse para dicho propósito".
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea, si se admite la modificación propuesta por el diputado Vásquez.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura en relación al mismo inciso, a la proposición presentada por el diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Único. Que el inciso a, del párrafo segundo del artículo 130 constitucional quede como sigue:
Las iglesias y las agrupaciones religiosas podrán constituirse como asociaciones religiosas, la ley reglamentaria establecerá dichas asociaciones, su registro, el cual surtirá efectos constitutivos, así como los procedimientos que deberá observarse para dicho propósito."
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea, si se admite la modificación propuesta por el diputado Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se consulta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo....Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría en los mismos términos, a dar lectura a la propuesta del diputado Raúl Hernández Ávila, del Partido Acción Nacional, respecto del inciso a.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Propuesto de modificación al texto del inciso a, del artículo 130: "Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas. Una vez que obtengan su correspondiente registro, la ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite la modificación propuesta por el diputado Hernández Ávila, del Partido Acción Nacional.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se consulta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, poniéndose de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Queda en estos términos el inciso a, del artículo 130 para su votación nominal.
Respecto del inciso b, proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el diputado Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista.
Pregunto a la Secretaría si quedan proposiciones por desahogar al inciso a.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Del inciso a, no queda ninguna proposición por desahogar.
El Presidente: - ¿Del inciso b?
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Única. La derogación del apartado b, del dictamen que discutimos, relativo al artículo 130 constitucional.
El Presidente: - Proceda la secretaría a consultar a la asamblea, si se admite la propuesta de derogación del diputado Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista, respecto del b, del artículo 130.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la derogación propuesta.
Los que estén porque acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría con las proposiciones relativas al inciso d, del artículo 130.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Propuesto del diputado Eloy Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática.
"Inciso d. Los ministros de cultos como ciudadanos, tendrán derecho a votar y ser votados, quienes aspiren a puestos de elección popular solicitaran licencia a su cargo seis meses antes de la elección y no deberán ejercer su ministerio durante el período que dure su mandato. Los ministros de culto, como ciudadanos, tendrán derecho a votar pero no a ser votados, quienes hubieran dejado de ser definitivamente ministros de cultos en los términos que establezca la ley, podrán ser votados".
El Presidente: - Proceda la Secretaría poner a consideración de la asamblea si se admite esta modificación propuesta por el diputado Vásquez.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo.... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría con la proposición presentada por el diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, respecto del inciso d, del artículo 130.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Propuesta única: "Que se modifique el inciso d, de la iniciativa a discusión para quedar en los siguientes términos:
"Los ministros de los cultos no tendrán voto activo ni pasivo".
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Cárdenas García.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría en los mismos términos a dar lectura a la propuesta del diputado José Antonio González Fernández, respecto del inciso d.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos; como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de culto con anticipación y en la forma en que establezca la ley, podrán ser votados".
Servido, señor Presidente.
El Presidente: Proceda la Secretará a consultar a la asamblea si se admite la modificación propuesta en los términos a los que se dio lectura.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...
El Presidente: - Intégrese al texto del dictamen.
Proceda la Secretaría con las proposiciones relativas al inciso e, del artículo 130 en discusión.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Propuesta del diputado Eloy Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática: "Los actos de culto o de propaganda religiosa, así como los medios de difusión de las asociaciones religiosas, impresos o de otro tipo, nunca podrán ser utilizados para realizar proselitismo a favor
o en contra del candidato, partido o asociación alguna, oponerse a las leyes del país o sus instituciones ni rechazar sus símbolos patrios".
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Vázquez.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesto.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se desechen, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría, en los mismos términos, con la proposición del diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional respecto del inciso e.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:"- Inciso e. Los ministros de los cultos no podrán asociarse ni hacer proselitismo con fines partidarios, tampoco podrá agraviar los símbolos patrios".
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Juan de Dios Castro.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se consulta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría con la proposición del diputado Bañuelos, respecto del inciso e.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Inciso e. Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra del candidato, partido, asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país o a sus instituciones ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios".
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se admite la modificación propuesta.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Intégrese al texto del dictamen para su votación.
Hubo otra proposición respecto del inciso e, del diputado Tovar Montañez. ¿No es así?
El diputado Jorge Tovar Montañez (desde su curul): - Señor Presidente, así es, pero no se presento por escrito.
El Presidente: - No se presentó por escrito. Ya se declaró que no se presentó por escrito en los términos del 124. Entonces vamos a proceder con las proposiciones pendientes.
Respecto del inciso f, proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición del diputado Ramírez Vázquez.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Inciso f. Regulará las relaciones de las asociaciones religiosas nacionales con las iglesias del exterior para garantizar el cumplimiento de los preceptos constitucionales".
Servido señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a poner a consideración de la asamblea si se admite la propuesta del diputado Abundio Ramírez, del Partido del Frente Cardenista.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta
a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a las diversas adiciones del diputado Héctor Morquecho, del Partido Popular Socialista, respecto del inciso f, en primer término.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "f) La simple promesa de decir verdad sujeta al que la hace en caso de faltar a ella y de no cumplir las obligaciones que se contraen a las penas que establece la ley".
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a poner a consideración de la asamblea la adición propuesta.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Quienes estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Quienes estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda a dar lectura a la proposición relativa al inciso g, del propio diputado Morquecho, del Partido Popular Socialista.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Inciso g. Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten".
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a poner a consideración de la Asamblea si se admite un inciso g, que propone el diputado Héctor Morquecho.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura con el inciso h, que propone el diputado Héctor Morquecho sea adicionado al dictamen.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Inciso h. Las legislaturas de los estados únicamente tendrán facultades de determinar, según las necesidades locales, el número máximo de ministros de culto".
El Presidente: - Proceda a poner a consideración de la asamblea si se admite esta adición.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se desechen, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda a dar lectura al inciso i, que propone se adicione el diputado Héctor Morquecho.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Inciso i. Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la Secretaría de Gobernación, oyendo previamente al gobierno del estado".
El Presidente: - Proceda la Secretaría a poner a consideración de la asamblea si se admite la adición propuesta.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se consulta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición del diputado Francisco
Hernández Juárez, relativa a un párrafo adicional del dictamen.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Único. Agregar en el tercer párrafo del artículo 130 constitucional, después de la palabra "título", los términos: principios, programas y estatutos y emblemas, para quedar dicho párrafo como sigue:
"Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título, principios, programas y estatutos y emblemas tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrá celebrarse en los templos reuniones de carácter político".
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite el texto... la modificación propuesta por el diputado Hernández Juárez al tercer párrafo del artículo 130.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se consulta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Pregunto a la Secretaría si hay proposiciones por desahogar a este artículo reservado.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Esta Secretaría no tiene registrada ninguna otra propuesta, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte entonces a la asamblea si el artículo 130 del dictamen se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica, se consulta a la asamblea si está suficientemente discutido el artículo 130.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a tomar la votación nominal, respecto del artículo 130.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 130.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El Presidente: - ¿Sí, diputado?
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde la curul): - Pido a la Presidencia que se reserve para su votación nominal al final, en un solo acto
. El Presidente: - Proceda la Secretaría a poner a consideración de la asamblea la solicitud del diputado Cuauhtémoc Amezcua, en el sentido de reservar al final la votación nominal de este artículo, en votación económica.
La secretaría diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o se rechaza la propuesta del diputado Amezcua Dromundo.
Los diputados que estén por la afirmativa , sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Rechazada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a la votación nominal en los términos acordados, con la petición de esta Presidencia de poner especial atención en el sentido del voto de los diputados, en el número de los votos.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 130 y se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 360 votos en favor y 19 en contra, señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - Aprobado el artículo 130 en las modificaciones señaladas, por 360 votos. (Aplausos.)
En consecuencia, está a discusión el artículo 27 en los términos señalados en el dictamen.
Se abre el registro de oradores y esta Presidencia informa que han sido registrados previamente,
para la discusión en lo particular de este artículo 27 de la Constitución General de la República los siguientes diputados: Fernando Charleston, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Javier Colorado, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; José Ramos, del Frente Cardenista; Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática; Guillermo Pacheco Pulido, del Partido Revolucionario Institucional y Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Charleston, del Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)
El diputado Fernando Arturo Charleston Salinas: - Con su permiso, señor Presidente; respetados diputados y diputadas:
Los mexicanos somos consecuencia de una lucha armada que fue resuelta en el año de 1917, los constituyentes de la nación se reunieron en la ciudad de Querétaro para delinear el perfil que respondiera a los anhelos de nuestra patria; al establecer los programas y diseños del proceso revolucionario, los mexicanos damos, a través de nuestra Constitución, la concreción del proyecto político del pueblo de México.
En los umbrales del Siglo XXI nuestra sociedad ha evolucionado, recogiendo experiencia de nuestra historia para buscar su transformación, estas transformaciones, para poder cristalizarse, han requerido de una adecuación puntual de nuestras normas jurídicas para imprimirle nuevos impulsos al desarrollo nacional. Sin embargo, uno de los temas que han permanecido inalterables desde hace casi 75 años es el relativo a la regulación jurídica de las actividades religiosas externas, su falta de revisión más que soslayar la importancia de la materia se ha debido quizá al celo y respecto a ésta; antes bien, es indiscutible que a pocas cuestiones les concede el pueblo de México tanto valor como a sus creencias y prácticas religiosas.
Los diputados ante esta LV Legislatura entendemos nuestra representación como un auténtico mandato popular. Por ello al interior del Partido Revolucionario institucional, al que orgullosamente pertenezco, se ha atendido la convocatoria que el pasado 1o. de noviembre el Presidente de los mexicanos, Carlos Salinas de Gortari realizó a fin de promover una nueva situación jurídica de las iglesias y a buscar mayor congruencia entre el comportamiento cotidiano de la población y las disposiciones legales existentes.
Hemos analizado esta propuesta a la luz de nuestros documentos básicos y ésta es coincidente con nuestra declaración de principios que contiene los fundamentos sobre los cuales es viable hacer un replanteamiento de estos temas en la agenda nacional, a saber: la libertad de creencias, la separación Estado - Iglesia y educación pública y laica son los principios que nuestro partido reconoce, sostiene seguirá sosteniendo.
Sin embargo, los legisladores priístas consideramos que ha llegado el momento de proceder a una revisión franca, informada y muy cuidadosa de la situación jurídica de las iglesias, consideramos asimismo que las condiciones están dadas, bien dadas, para efectuarla en un clima de profundo respeto y concordia y en tal empeño no nos anima objetivo alguno que difiera al superior objetivo del interés de la nación. Precisamente hoy, con profundo respeto, presento a esta honorable asamblea algunas consideraciones respecto a la importancia de modificar las fracciones II y III del artículo 27 constitucional misma que con toda atención expongo.
En el pasado siglo decíamos, las distintas legislaciones desconocían el derecho a la propiedad de las asociaciones religiosas y cuanto a los bienes raíces. En el año de 1917 el Constituyente estableció sólo la incapacidad legal de las corporaciones religiosas para adquirir en propiedad o administración bienes raíces; el Congreso Constituyente estableció que tales bienes debían entrar al dominio de la nación.
Tal estipulación resulta, sin duda alguna, consecuencia del pensamiento de ellos, dadas las circunstancias de su tiempo, al no conceder personalidad jurídica a las agrupaciones religiosas. Así observamos que la Constitución de 1917 regula la materia de la propiedad de las asociaciones religiosas en los artículos 27 y 30. Hoy y aquí, la personalidad jurídica que hemos propuesto a esta soberanía, les otorgará capacidad de propiedad y patrimonio propio a las asociaciones religiosas, figuras jurídicas que en efecto dará personalidad jurídica a las iglesias y agrupaciones religiosas, sujeto ello por supuesto al régimen fiscal.
En tal virtud, es indubitable modificar la fracción II del artículo 27 constitucional, a fin de que las asociaciones religiosas puedan adquirir, poseer o administrar los bienes que sean indispensables para su objetivo, sin descuidar que en la ley reglamentaria se establezca las
restricciones que eviten de acaparamiento o la distracción de sus objetivos. Esta limitación, señores diputados, que proponemos, quiero que quede claro, quiero que quede muy claro...
El presidente: - Diputado, ¿acepta una interpelación?
El diputado Fernando Arturo Charleston Salinas: - Por supuesto que no, por respeto a los señores, hay demasiados oradores.
Esta limitación que proponemos quiero que quede claro, quiero que quede muy claro, es congruente con la finalidad de las iglesias, las cuales como nuestra sociedad, no debe tener un objetivo económico lucrativo. Esta sociedad, asimismo, entiende que este objetivo no debe estar asociado a cualquier forma de concentración patrimonial. Más allá, en esta propuesta se prevé que los templos y demás bienes que pasaron a ser propiedad de la nación en virtud de lo previsto en la disposición que se modifica, mantendría su actual situación jurídica, esto es, continuarán siendo propiedad de la nación.
Por otra parte, en la fracción III del artículo 27 constitucional en vigor, se prohibe a las instituciones de beneficencia pública o privada, estar bajo el patronato, dirección o administración de instituciones religiosas o ministros de cultos. Consideramos, y así lo expresa la iniciativa, que esta prohibición debe suprimirse, pues no parece justificado en la actualidad impedir a los ministros o a las corporaciones religiosas, formar parte de instituciones de beneficencia que tengan por objeto el auxilio de los necesitados o cualquier otro objeto lícito, siempre y cuando se ajusten a los objetivos asistenciales que le dan origen.
Por otra parte, proponemos que la adquisición de bienes por parte de esta instituciones, expresamente se sujete a lo que establezca la ley reglamentaria, para que ésta, con su imperio, disponga las medidas tendientes a evitar que estas instituciones tengan en propiedad inmuebles ajenos a su objeto.
También se propone suprimir de esta fracción III, la imposibilidad para las instituciones de beneficencia de adquirir, tener y administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, cuando los plazos de imposición excedan de 10 años. Esta propuesta es congruente con la consistencia jurídica, al evidenciarse que la legislación civil federal en vigor no contempla ya la figura jurídica que le dio origen.
En tal virtud, proponemos suprimir de esta fracción III la imposibilidad, repito, para estas instituciones de beneficencia, de adquirir, tener y administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, cuando los plazos no excedan de 10 años.
Por otra parte y finalmente, a fin de precisar congruencia jurídica, con base a la iniciativa para modificar la fracción II del artículo 27, que otorgará la capacidad de adquirir bienes a las asociaciones religiosas, se propone la derogación del párrafo relativo a la adquisición por particular de los bienes del cierto, del artículo 130 y que remite al artículo 27 que hoy nos ocupa.
Honorable asamblea: Ante la disyuntiva que el mundo moderno nos presenta, nuestra estructura jurídica no puede permanecer al margen de los grandes cambios que se suceden en el concierto internacional de los pueblos civilizados. Estoy cierto, muy cierto que con esta iniciativa fortaleceremos sin duda alguna lo que consideramos hoy por hoy el arma de nuestra vida, del derecho. Muchas gracias.
El Presidente: - Diputado Charleston, ¿acepta una interpelación?
El diputado Fernando Arturo Charleston Salinas: - Con muchísimo gusto lo haría mi querido diputado, pero hay demasiados oradores y no es posible.
El Presidente: - Tiene usted la palabra, para hechos, diputado Vázquez.
El diputado Eloy Vázquez López: - Señor Presidente, muchas gracias. Está claro que aquí lo que menos se quiere es discutir y lo que más se quiere es simplemente pelearse con fantasmas y venir a plantear cosas en abstracto.
El hecho concreto es que el señor no aceptó debatir y no aceptó que se le hicieran preguntas porque quizá no tenga las respuestas. Yo quería hacerle la pregunta al señor diputado y espero que suba a la tribuna y me la responda: ¿cuáles considera que son los bienes indispensables que debe tener, a su juicio, una asociación religiosa, que deben estar contemplados en la ley reglamentaria, y de qué manera piensa él que la ley reglamentaria va a contemplar tales bienes?
En segundo lugar, quería preguntarle respecto de qué opina él acerca de que las asociaciones religiosas participen en las sociedades
Mercantiles, en la posesión de bienes agrícolas o agrarios y si considera que este tipo de bienes forman parte de los bienes indispensables, porque por lo menos para el caso de las órdenes monásticas, en las épocas del Medioevo y el siglo XIX en México, se consideraban los bienes del cultivo como bienes indispensables y parte de los mismos conventos, entonces yo quiero hacerles esa pregunta y espero que el se suba a contestármela.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente:
He solicitado el uso de la palabra para hacer una proposición en torno a la fracción II del artículo 27. Como está relacionada con el segundo transitorio, solicito me autorice a tratar ambos preceptos en una sola intervención.
El Presidente: - Adelante diputado, con la advertencia a la asamblea que está registrado para hablar precisamente del segundo transitorio el diputado Jesús Ramírez Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional. Proceda si así lo desea a abordarlos en un solo acto.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Gracias.
Se ha aprobado ya en lo general el dictamen y, en lo particular 130 que otorga personalidad jurídica a las iglesias. En función de esta personalidad que se les otorga, la comisión dictaminadora considera que ello le otorga la capacidad de adquirir un patrimonio y por eso plantea la modificación a la fracción II del artículo 27, para que las asociaciones religiosas puedan adquirir, poseer o administrar los bienes que sean indispensables para su objeto y dejar a la ley reglamentaria establecer las restricciones para evitar acciones de acaparamiento o la distracción de sus objetivos.
Plantea también el dictamen que esta limitación es acorde con la finalidad de las iglesias, las cuales no tienen un objetivo económico o de carácter lucrativo.
Ya se ha hablado bastante de la actitud que la iglesia ha tenido históricamente en torno a este tema; ocioso sería repetir datos y cifras que evidencian la política de acaparamiento de bienes en el siglo pasado e inclusive señalar que, a pasar de la prohibición expresa en el actual artículo 27 constitucional y en el 130, las asociaciones religiosas han encontrando los mecanismos para burlar estos preceptos legales y adquirir y poseer bienes de diverso tipo.
A nosotros no parece que la formulación que presenta la comisión en este aspecto, no es precisa, porque al señalar que pueden poseer, adquirir o administrar exclusivamente los bienes indispensables para su objeto y no precisar aquí en la Constitución, sino dejar a la ley reglamentaria que se encargue de este tema, se abre una puerta peligrosa que podrá llevar de nueva cuenta a las asociaciones religiosas a acaparar bienes, con los cual nosotros no estamos de acuerdo.
Por ellos nosotros consideramos que deben hacerse adiciones a esta fracción II del artículo 27 y los conceptos que se incluyen en el segundo transitorio deben pasar a formar parte también de esta fracción II del artículo 27 constitucional.
Por lo anteriormente expuesto y fundamento en los artículos 124, 125 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta la siguiente proposición:
"Primero. Se adiciona la fracción II del artículo 27 del proyecto de dictamen, para quedar como sigue:
Artículo 27, fracción II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria, tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la propia ley. En ningún caso podrán adquirir, poseer y administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos; tampoco podrán formar parte de sociedades mercantiles, adquirir valores en la bolsa ni tener en propiedad o poseer acciones de radiodifusoras o canales de televisión.
Los templos dedicados al culto público son propiedad de la nación, representada por el gobierno federal, que determinará los que deben continuar destinados a su objeto. Los templos que en lo sucesivo se erigieren el culto público serán propiedad de la nación.
Segunda. Se suprime el artículo segundo transitorio.
Dado en la sala de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de diciembre de 1991. Por la fracción parlamentaria
del Partido Popular Socialista, diputado Juan Campos Vega."
Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Colorado, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Javier Marcelino Colorado Pulido: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, la propuesta de la reforma de la fracción II y del segundo párrafo de la fracción III del artículo 27 constitucional, resulta congruente con el espíritu de la reforma a nuestra Carta Magna, en materia de relación iglesia - Estado.
Nos parece muy acertado limitar la facultad de adquirir bienes a las asociaciones religiosas, a los necesarios estrictamente para sus fines, ya que resulta inaceptable volver al siglo pasado en el que la iglesia era, con mucho, la principal inmobiliaria del país, con las consecuencias económicas y sociales que conocemos. El aceptar que las iglesias adquieran los bienes raíces necesarios para sus fines evitar la simulación realizada a través de sociedades mercantiles o de prestanombres.
Por último, cabría considerar la posibilidad de que los templos dedicados al culto actualmente, que no fuesen monumentos coloniales o artísticos, fueran vendidos a las iglesias que los ocupa.
Consecuentemente con los razonamientos anteriores basados en nuestra posición ideológica, los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, votaremos en favor de las propuestas para reformar el artículo 27 constitucional.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Las transformaciones que vive el mundo contemporáneo, las propias de nuestro país, coinciden con el término del milenio y el inciso de uno nuevo. Nadie puede ser ajeno a ello. Repasamos nuestra memoria histórica buscando los cimientos de nuestra grandeza cuidando no cometer aquellos errores que impactaron nuestro progreso y bienestar nacional. Los mexicanos que nos procedieron actuaron conforme a su tiempo y circunstancia e instrumentaron el proyecto de nación acorde con sus ideales y siempre orientados a la búsqueda de la libertas, la justicia, la democracia y la soberanía.
No todos coincidieron en los caminos a seguir, nadie dejo de resaltar al ser humano como eje del orden social y éste requisito fundamental para el progreso de todos los mexicanos.
Liberales y conservadores coincidieron en los fines, pero difirieron en cuanto a los medios para alcanzarlos . Inmersos todos en el proceso de consolidación del Estado mexicano, coinciden en la búsqueda del bienestar y progreso de la nación mexicana. La lucha entre ellos se produce a partir de nuestra independencia, es la etapa en que los mexicanos nos esforzamos por fincar las bases de nuestro Estado nacional creando para ello, un nuevo orden jurídico que sustituya el que nos rigió durante la Colonia. El camino que se siguió fue sin duda difícil y riesgoso, se consolidaron las bases de nuestra nación. Para ello se combatieron privilegios y canonjías de la Colonia, que algunos grupos pretendían mantener.
La libertad de independencia, la igualdad y la justicia, la democracia y la soberanía, son valores fundamentales de la gesta mexicana del siglo XIX.
Las legislaciones de 1857, 1859, 1860, 1873 y 1874, tanto las constitucionales como de leyes secundarias, son clara prueba del esfuerzo nacional para encontrar el camino hacia la consolidación del Estado mexicano.
Las páginas de nuestra historia, dan cuenta de la participación política del clero durante el siglo pasado.
En todo este período existe una constante, cuyos efectos se hacen sentir, despiertan pasión y provocan enfrentamiento; el clero se aprovecha del sentido religioso del pueblo mexicano cuya devoción se produce y mantiene a lo largo de toda nuestra historia; el clero al desentender lo esencial de sus fines, interviene en política, acaparó bienes terrenales, provocó asonadas, conculcó los valores de la sociedad y afectó la seguridad jurídica de todo, comprometiendo los objetivos del Estado mexicano.
La perspectiva histórica nos permite reconocer y aquilatar el efecto negativo que en la consolidación de nuestro país tuvo ese segmento del
lidación de nuestro país tuvo ese segmento del clero que se apartó de sus fines y pretendió consolidar otro estado dentro del Estado mexicano.
Los liberales del siglo pasado, jamás conculcaron la libertad de creencias, e incluso muchos de ellos, se declararon creyentes de una religión.
Así Juárez manifestó: "La libertad religiosa es la primera idea religiosa, la primera idea de mejora, la base fundamental de la emancipación del hombre. La libertad de conciencia es la base de todas las libertades. Sin ella no logran nada los partidarios de libertad política y de la libertad social".
Sin duda las circunstancias que se dieron durante el siglo pasado, ocasionaron que la lucha se radicalizara y que en muchos casos, la pasión se impusiera a la razón.
En este contexto y después en un intenso y perseverante y patriótico esfuerzo, los grupos liberales incorporaron al derecho positivo mexicano, los lineamientos que establecieron la separación iglesia - Estado a través de las Leyes de Reforma, precisándose los ámbitos terrenales y espirituales.
El Constituyente de 1917, recogió el resultado del esfuerzo empeñado por los mexicanos del siglo pasado, incorporando los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 a nuestra Carta Magna, en lo que se regula la relación iglesia - Estado.
Hoy, con fundamento en las facultades que esta asamblea le confiere a nuestra Constitución, considerando los cambios que en lo interno se han producido en nuestro país, que las Leyes de Reforma que fueron incorporadas a la Constitución de 1873 y ratificadas en las de 1917, ya cumplieron con su razón de ser, se hace necesario aprobar nuevas disposiciones acordes con la realidad, con nuestras circunstancias y con nuestro tiempo.
Las reformas a las fracciones II y III del artículo 27 constitucional, que se plantean en la iniciativa cuyo dictamen hoy se analiza, son consecuentes con el espíritu que anima la nueva forma de regular la libertad de creencias, la cual nunca se ha negado a los mexicanos.
Las reformas a los artículos de la Constitución que hoy se discuten, incorporan los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Se fijan los requisitos mediante los cuales el Estado mexicano otorga personalidad jurídica a las asociaciones religiosas, lo que justifica que para el cumplimiento de sus funciones de carácter religioso, puedan adquirir, poseer o administrar los bienes que le sean indispensables, lo que deberá ser regulado por la ley reglamentaria, la que también preverá las restricciones orientadas a evitar el acaparamiento de bienes o que se distraigan éstos de su objetivo. Atendiendo que las iglesias no pueden perseguir un fin económico o lucrativo un fin del orden material.
Nos preocupa profundamente que se determine en la ley reglamentaria, los criterios para la adquisición y regulación del patrimonio de las asociaciones religiosas. Consideramos que esto es materia precisamente de la ley secundaria y no del texto constitucional.
La ley secundaria deberá contemplar qué tipo de bienes, qué tipo, ya sea en muebles, inmuebles etcétera, que requieran, de acuerdo con el objetivo que la asociación religiosa tenga en los términos de las disposiciones que hoy comentamos y que serán regulados, insisto por la ley secundaria.
En suma, con estas reformas se adecúa el régimen jurídico a la modernidad que demanda nuestro país.
En la fracción III del mismo artículo se suprime la prohibición a las instituciones de beneficencia, de adquirir, tener y administrar bienes, así como la administración de capitales impuestos sobre bienes raíces y se elimina la prohibición a las iglesias y ministros de participar en las instituciones antes mencionadas, ya que el clero hacía uso de dichas corporaciones para lograr el acaparamiento de bienes y con ello, desvirtuaba sus fines.
Es importante recordar que actualmente esas instituciones se encuentran reguladas por diversas disposiciones legales que le dan al Estado mexicano medios de control sobre las instituciones de beneficencia y sobre diversas formas de inversiones.
Por otra parte, el dictamen precisa que los bienes que actualmente se destinan al culto, continuarán siendo propiedad de la nación, esto obedece a dos razones fundamentales.
La primera: A que dichos bienes son parte importante de nuestro patrimonio arquitectónico cultural, por lo que se les confiere a las asociaciones el derecho de uso;
La segunda: Nos indica que cambiar el régimen de propiedad de dichos bienes, implica darle un efecto retroactivo a las presentes reformas, lo cual es inadmisible en cumplimiento de normas vigentes.
Señores, no podemos negar la preocupación de muchos, respecto a la situación jurídica que guardan los templos y demás bienes que actualmente ocupan las corporaciones denominadas iglesias, respecto a que si éstos podrán en un futuro reincorporarse al dominio de las asociaciones religiosas que se constituyan. Por el contrario, para desvanecer estas dudas es necesario señalar que la reforma ya prevé que la totalidad de los templos y demás bienes destinados al culto religioso que existen hoy en día, sigan manteniendo su actual situación jurídica, son propiedad de la nación.
Compartimos esta norma, en virtud de que, aunado a nuestro pasado histórico, nadie puede negar que un gran número de estos templos datan de la época colonial, son bellos monumentos arquitectónicos y que ya están contemplados dentro de otros ordenamientos legales que los incorporan como patrimonio de la nación.
Aunado a ellos, los nuevos templos y lugares destinados para el culto, que las asociaciones religiosas lleguen a erigir, deberán cubrir todos los requisitos legales que las diversas leyes les imponen, esto es, sujetarse al marco normativo general en que vivimos los mexicanos.
La ley reglamentaria regulará y precisará el régimen jurídico que se aplicará a los bienes que en el futuro se destinen al culto, lo anterior se desprende de la fracción II del artículo 130 que contempla el presente dictamen; al señalar que la ley fijará los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las asociaciones religiosas, en cuanto a su aspecto patrimonial que es fundamental en toda forma de asociación.
Compañeros diputados:
Nuestro país avanza y marcha en el camino y en la hora correcta, acorde a los tiempos que vivimos en la actualidad. Pretender impedir que nuestra legislación se adecúe a estos mismos tiempos, sólo nos llevaría a detener el reloj de la historia. Son tiempos, señores, que precisan del rompimiento con viejos atavismos y dogmatismos a ultranza, son tiempos, compañeros, que reclaman de nuestro esfuerzo, del esfuerzo de todos, para fortalecernos como país, como nación soberana, solidaria e independiente.
El Presidente - Tiene la palabra el diputado José Ramos, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado José Ramos González: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Las modificaciones a las fracciones II y III del artículo 27, son consecuencia inmediata del reconocimiento a la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas.
En particular resalta la eliminación de la negativa, de adquirir o poseer o administrar bienes raíces con la restricción expresa de sólo a aquellas indispensables para su objeto.
El complemento de este artículo se encuentra en el artículo segundo transitorio, que mantiene la propiedad nacional de los templos y los bienes actualmente bajo su dominio. La posición en lo general sobre este punto, se encuentra íntimamente relacionada con la posición de que se tenga sobre la personalidad jurídica de la iglesia, sus derechos, obligaciones y restricciones; nuestro partido ha señalado su acuerdo esencial con el dictamen, por lo que nos referimos exclusivamente a las imprecisiones de este artículo y la forma de solucionarlas.
Uno de los objetivos y problemas de la reforma constitucional, radica en permitir la administración y propiedad de bienes inmuebles necesarios para desarrollar el objeto social propio de las asociaciones religiosas, pero al mismo tiempo formular prohibiciones expresas que permitan la acumulación de riquezas. El texto constitucional propuesto cumple en lo fundamental con estos objetivos, pero es impreciso respecto al futuro de los templos y bienes que se construyen.
Del artículo transitorio se colige que no habrá una desamortización de las actuales propiedades nacionales, pero de la fracción II propuesta parecería inferirse que los nuevos templos, casas curales y demás bienes necesarios para el cumplimiento de las funciones religiosas, serán propiedad de las asociaciones, constituyéndose así una doble forma de propiedad religiosa, la nacional y la privada, la antes de la reforma y la después de la reforma.
Los problemas en este sentido son evidentes. Si lo que se quiere es impedir la acumulación de la riqueza, entonces no podrán permitirse propiedades en sí mismas que sean grandes formas inmobiliarias de riqueza, sujetas en cualquier
momento a la circulación y a la enajenación en razón de ser propiedad de personas morales.
¿Qué pasará con las nuevas basílicas y las nuevas catedrales que se construyan a partir de ahora, no son en virtud de su magnitud formas de riqueza permitida por la constitución reformada? Hay una diferencia abismal entre la propiedad de bienes necesarios para desarrollar las funciones propias de las asociaciones religiosas explícitamente marcadas en el objeto social y reglamentadas en la ley secundaria y la propiedad de grandes bienes raíces que son necesarias para el culto y que son a la vez grandes propiedades.
La ley debe de establecer muy claramente esta diferencia, porque en la relación actual se abre la posibilidad de que las asociaciones religiosas, ciertamente no los ministros de los cultos, pero esto nunca fue el problema de fondo, podrán tener muy grandes propiedades en la forma de catedrales y templos que son, repetimos, enormes riquezas inmobiliarias.
Hay que evitar el doble tratamiento de un mismo tipo de bienes sólo por razones de reforma constitucional, no hacerlo acarrearía la paradoja de templos propiedad de la nación y templos propiedad de las asociaciones religiosas, siendo que ambos son necesarios para el culto público.
Del mismo modo quedaría pendiente la posibilidad de generar especulaciones inmobiliarias al no especificarse la prohibición expresa de permitir la compra - venta de propiedades religiosas, aun consideradas como necesarias.
Es evidente en este punto que el problema no consiste en obligar a la propiedad perpetua, sino de establecer criterios claros que regulen más claramente las implicaciones del derecho a las propiedades de las asociaciones religiosas.
Además los templos y catedrales actualmente en propiedad de la nación, así como las que se construyen en el futuro son formas de riqueza artística del pueblo mexicano al que seguramente colaborarán tanto el Estado de diversas maneras, como en los particulares, independientemente de pertenecer o no a las asociaciones. Por lo que también debe de quedar al resguardo de la nación.
Para solucionar estas diferencias interpretativas, producto de las imprecisiones del texto propuesto, consideremos pertinente incorporar el artículo transitorio de la iniciativa a la fracción II en la forma de un segundo párrafo, además de señalar la necesidad de que la ley reglamentaria distinga entre los bienes necesarios para el objeto social de las asociaciones y los bienes que constituyan por sí mismos, formas importantes riqueza inmobiliaria, artística o cultural. Muchas gracias.
El Presidente: - Diputado ¿es proposición?
Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Quizá esté en su atención a fin de que me ayudaran a ser breve, atendiendo al horario y fueran atentos a la propuesta que queremos hacer. Más aún cuando creo que el quórum está bastante raquítico y es muy dudoso que todavía se establezca a esta horas de la madrugada.
Quisiera referirme en concreto a una propuesta de modificación en lo referente a la fracción III del artículo 27 constitucional sobre los siguientes considerandos.
Ya desde ¿1981? José Manuel Moda reconocía la importancia moral y social de la religión, pero negaba el origen divino e intocable de las riquezas eclesiásticas. Señalaba entonces que la riqueza de la iglesia no era más que una propiedad destinada a mantener la fe, por lo que sus propiedades estarían sujetas al derecho civil. Por consiguiente, la sociedad podría limitar tal derecho y privar a la corporaciones eclesiásticas de sus propiedades, según lo requiriera la necesidad pública.
Sin embargo, la posesión ilimitada de la iglesia siguió creciendo y hasta 1854 se convirtió en el propietario más rico del país. Contaba con innumerables corporaciones y organismos perpetuos, entre los que se contaban monasterios y conventos, hermandades, capellanías, iglesias, cofradías, hospitales, establecimientos educativos y un número asombroso de otras funciones para obras pías.
En este mismo siglo, un ejemplo de la extensa riqueza concentrada por la iglesia es que los conventos eran dueños de más de la mitad del suelo de la ciudad de México. El proceso de desamortización que iniciaron los liberales en 1858 y que culmina con la Ley de Nacionalización de la Propiedades de la Iglesia en julio de 1859, establecen en sus provisiones la nacionalización
de todas las propiedades del credo secular y regular.
Durante todo este proceso es necesario reconocer la enorme diferencia que entonces existía entre el acaparamiento desmedido y la riqueza inconmensurable del credo secular, frente al credo regular que estaba obligado a la recolección y pagos de tributos y que daba abrigo a la fe cristiana.
Por otro lado, y éste es uno de los problemas que nosotros encontramos en la fracción III, de no quedar suficientemente claro que los templos construidos y los que en los sucesivo se construyan, seguirán siendo propiedad de la nación, se crearán las condiciones necesarias para no dar concentración inmobiliaria del alto clero, quien ha demandado la propiedad y dichas fundiciones no estarían muy alejadas de las existentes en el siglo XVIII.
La riqueza histórica monumental con que cuenta nuestro País, es una de las más diversas y extensas del mundo. La arquitectura religiosa y los templos constituyen el 75% de los monumentos nacionales, pero en algunas entidades, como los estados de Querétaro, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, Morelos y México, representan más del 90% de las edificaciones históricas.
Sin embargo, es necesario reconocer el grave deterioro que ha sufrido este tipo de construcciones. En palabra, por ejemplo, de Enrique Krauze: "Hay casos de irresponsabilidad, deterioro y muerte urbana. Dentro de ellos existen muy pocos en los que las destrucción haya sido provocada deliberada y festivamente por sus propios habitantes. México por desgracia es uno de esos casos".
La mutilación de los templos ha sido en muchos casos de la historia responsabilidad de las autoridades y aún hay casos en lo que el cierto ha participado de manera deliberada en su destrucción.
Tal y como lo cita José Iturriaga, al referirse al decreto de expulsión de los jesuitas dictado por Carlos III, ejecutado en la Nueva España por el Virrey de Croix a fines del siglo XVIII. Los virreyes posteriores prosiguieron alentado aquí, junto con el alto clero, la destrucción de nuestro barroco para sustituirlo por el arte neoclásico.
En los casos de destrucción o deterioro de los que el clero no participó directamente, tampoco encabezó la defensa de estas construcciones ni promovió su rehabilitación. Tal actitud de menosprecio del clero frente a la conservación de estos monumentos históricos, prevalece hasta nuestros días de forma fehaciente. Basta tan sólo referirse a un solo ejemplo como es el que sucede en el municipio de Tlalmanalco, México, donde existe una capilla abierta, única en su género, que es una muestra del arte colonial y que ha pertenecido cerrada la mayor parte del tiempo, por decisión del párroco al frente de la capilla, quien la ha autorizado incluso como Porqueriza y ha permitido que se pinte sin representar normatividad alguna para la conservación del valor artístico del monumento. Como este caso, se reproduce en todas las entidades del país.
La conservación de los monumentos históricos no significa únicamente rescatar la arquitectura escenográfica, sino reconocer el vestigio histórico del pasado, el presente y la conformación del testimonio futuro de nuestra nación.
Guillermo de Tovar y Teresa, cronista de la ciudad de México, al hacer la recopilación de los monumentos desaparecidos de la antigua ciudad de México, señala que su objetivo no es solamente provocar indignación y con ello una mejor conciencia de la conservación de la ciudad y monumentos que aún existen, sino también y sobre todo el propio de arrancarle al olvido las imágenes que nos revelan la fisonomía de una bella ciudad, como lo fue la de México hasta hace menos de un siglo.
La destrucción ha sido constante, como si practicara fuera condición para renovarse. Quizás nuestro presente lo observe de distinta manera, pero hubo épocas cuya actitud frente al pasado no siempre fue de aprecio y compresión.
De ser consecuentes con el planeamiento de De Tovar y Teresa y de reconocer a los monumentos históricos como factor de identidad nacional, habremos de legislar en el sentido de conservarlo. El clero no se ha hecho cargo de ello y el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes para la conservación y rehabilitación de los monumentos históricos en general y de las iglesias, catedrales y conventos, en particular, ha sido insuficiente.
Nuestra responsabilidad de conservación del patrimonio histórico deberá encaminarnos a pensar en esquema de financiamiento que nos permitan tomar acciones efectivas en la conservación y rehabilitación, además de garantizar la propiedad de la nación, esto evidentemente nos conlleva, no solamente a la ley reglamentaria del
130, sino a revisar, por ejemplo, la Ley General de Bienes Nacionales. Sin embargo, consideramos que este tipo de planteamientos deben quedar ubicados en el contexto del marco constitucional.
De la misma manera, consideramos que no solamente los templos y monumentos existentes deben mantenerse como propiedad de la nación, sino que también los nuevos templos y todos aquellos centros donde se realicen los actos religiosos, deben mantenerse como tales, no únicamente para la preservación del patrimonio histórico de nuestra nación, sino para también, para evitarles modo mercantilización del culto, tanto en la construcción de nuevos templos, como la mercantilización inclusive de muchas de las figuras religiosas y de la fe de nuestro pueblo.
Por otro lado, consideramos que hay una incongruencia importante entre las fracciones II y III del artículo 27 que se plantee reformar, toda vez que es la facultad que le asignan a las instituciones de beneficencia pública o privada, permitirá que las asociaciones religiosas encubiertas bajo instituciones de beneficencia, pudieran no solamente adquirir bienes raíces, sino también entrar al mercado de especulación, como el de la bolsa de valores y otros aspectos que ya fueron planteados aquí por el Partido Popular Socialista, con quienes coincidimos plenamente y sustentaremos la propuesta que ellos han hecho aquí.
Finalmente, creo que es importante que en la discusión que estamos realizando sobre este artículo, queda claramente delimitada la obligación de las asociaciones religiosas, para pagar impuestos y declarar impuestos sobre todos los servicios y algunos de los cuales altamente lucrativos, así como de los donativos que recibe permanentemente, los cuales a nuestro juicio, deben queda confinados la obligación de las asociaciones religiosas, en tanto a entidades de carácter privado o similares a las asociaciones civiles, para que declaren sobre los servicios prestados y sobre los donativos, de los cuales son objeto por parte de los creyentes.
En ese sentido, compartiendo en lo fundamental lo propuesto por el Partido Popular Socialista, únicamente discrepando en lo que se refiere a bienes inmuebles, nosotros solicitaríamos que en lugar de integrarse un artículo transitorio en este decreto, se mantenga la redacción de la fracción II del artículo 27 Constitucional, referente a que los templos destinados al culto público son propiedad de la nación, representada por el gobierno federal.
Dejo en la Secretaría la propuesta y agradezco su atención compañeros. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Guillermo Pacheco Pulido, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido:- Buenos días señor Presidente; señores; secretarios; respetable asamblea:
Para romper un poco el ambiente que se siente aquí, cuando han hablado los oradores me hacían recordar a mi abuelita,... todos tenemos una abuelita, que siempre son sabias y dan consejos muy cariñosos a los nietos. Y mi abuelita me decía sabiamente: "Mi hijito, cuando vayas a hablar, ponte de pie para que te vean, habla fuerte para que te escuchen y se breve para que te lo agradezcan"; voy a hacer caso a mi abuelita. (Aplausos.)
Le mandaron saludos a mi abuelita, muchas gracias.
Yo quisiera, para entrar el tema directo, que siento que los conceptos que aquí se han manejado son conceptos claros pero que a veces pueden confundirnos o cambiar, son conceptos de criterio. Alguien comentó hace rato que la iniciativa en relación al artículo 130 que acabamos de aprobar, daba el reconocimiento jurídico a las iglesias. Revisé nuevamente la iniciativa, la leí y no encontré en ningún momento que se dé reconocimiento jurídico a las iglesias. Lo que se está haciendo es crear una figura jurídica que son las asociaciones religiosas para que las iglesias o las agrupaciones religiosas, en uso de su plena libertad, si así lo pertinente, utilicen la figura jurídica que hoy se ha creado y ellas puedan crear a través de los mecanismos que establece la ley secundaria, la personalidad jurídica que precisamente va a nacer como consecuencia de esa asociación religiosa que es la que se está creando. Yo no creo, repito, que sea el concepto de manifestar que la ley le está dando personalidad jurídica a las iglesias, estamos creando una figura jurídica, repito, para que si por ese camino, en uso de esas libertades las asociaciones y las iglesias quieren escogerlo, tengan la personalidad jurídica, porque en ese mismo uso de libertades pueden no escoger la forma jurídica y seguir siendo iglesias y existan sociológicamente pero no jurídicamente.
Bajo ese concepto, yo veo que es simple entender este panorama. la iglesia o las iglesias que se constituyan en asociaciones jurídicas necesariamente, por razón de estructura, va a tener un
nombre, un domicilio, un patrimonio y la manifestación de su fin social o su objeto social, eso es insalvable. Necesariamente por su propia naturaleza, repito, van a tener un nombre, un domicilio, un patrimonio y un fin social, ahí es donde está la solución de todos los planteamientos que aquí hemos hecho. El fin social de las iglesias es indiscutiblemente fácil de entenderlo, es un fin eminentemente espiritual, no tenemos por qué buscar otros tipos de fines ni lucrativos, ni comerciales, ni mercantiles, hay un fin espiritual.
¿Qué bienes pueden adquirir las iglesias? Aquellos destinados a este fin espiritual y quiero explicarme más. Los bancos, para dar un ejemplo, se les marca también que solamente pueden adquirir bienes para los fines propios a los que se dedican y la ley no especifica, ninguna ley pormenorizadamente porque las leyes no pueden ser casuísticas, cuáles son los bienes que pueden adquirir los bancos. Señala que son los propios para su fin social; viene ya la estructura de las leyes secundarias a aclarar con mayor profundidad, sin llegar a ser casuística tampoco, cuáles son los bienes que se pueden adquirir.
Esto, decía yo, en las mismas asociaciones culturales, en los sindicatos, se está marcando ese límite a los fines sociales a que se destinen. Bajo este concepto yo escuchaba algunas preguntas y se pregunta aquí que si las asociaciones religiosas ya constituidas podrían formar parte de asociaciones mercantiles agrarias, algo así me pareció escuchar, la respuesta es simple, en lo personal entiendo que no podrán formar parte estas asociaciones de cualquier institución de índole mercantil porque por propia naturaleza las sociedades mercantiles tienen funciones de lucro, es decir, funciones económicas, entonces la respuesta es lógica: en la naturaleza de la asociación religiosa y la sociedad mercantil no ligan, no confrontan. Normalmente la asociación civil o la asociación religiosa no tiene fines lucrativos y si hay utilidades no las puede repartir entre sus asociados, cosa contraria que pasa en las sociedades mercantiles, que sus utilidades sí pueden repartirse entre los accionistas.
Yo digo que es una cosa simple de entender y pensamos que los cuestionamientos que aquí se daban, implican necesariamente entender cuál es el fin social, para ver cuál es el patrimonio que pueden tener las asociaciones religiosas.
Por lo que hace a lo que aquí se manifestaba, yo creo que en ningún momento está a discusión el patrimonio nacional, que en alguna de sus partes integrantes está formado por esta serie de bienes.
En la propuesta que hacía el diputado Encinas, yo creo que podríamos verla con congruencia. Al nacer una asociación religiosa, necesariamente por un lado, es mi criterio, no puede reclamar devolución de bienes anteriores, esto quiere decir que el patrimonio nacional está asegurado. Por otro lado, si está naciendo esta nueva sociedad a través de las circunstancias que marque la ley reglamentaria, necesariamente va a tener bienes. Hasta ahí la congruencia es que tenemos que ser lógicos y pensar que va a tener los bienes propios para su fin social.
Lo que sí estaría yo de acuerdo, pero eso sería un compromiso en lo personal ante mi fracción parlamentaria, que en caso que esos bienes que adquiera esta asociación religiosa, tengan las características que aquí se señalan cuando tienen características artísticas, culturales, por los mismos esquemas legales, jurídicos que tiene la estructura nuestra, podríamos nosotros pensar que sí sería un planteamiento correcto, pero en la ley reglamentaria.
En esta serie de conceptos, yo creo que la situación es fácil de entender si la aceptamos con congruencia.
Bajo estos puntos de vista, por otro comentario que aquí se hizo, pienso que lo van a tratar en cuanto al segundo transitorio que trató aquí algún partido, lo va a señalar otro compañero.
Por lo que hace a los puntos de vista, creo que está adecuada la claridad para entender el fin social de las iglesias, que no es un fin utilitario, no es un fin comercial y en consecuencia su patrimonio estará ajustado necesariamente a esos lineamientos. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra, el diputado Efraín Zuñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Efraín Galeana:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Me he inscrito en favor del dictamen en lo particular, por lo que hace a las reformas que se proponen el artículo 27 constitucional, para que las asociaciones religiosas tengan capacidad para adquirir, poseer, administrar, exclusivamente, los bienes que son indispensables para su objeto y para que las instituciones de beneficencia puedan adquirir bienes raíces, sólo aquellos que también sean indispensables para su objeto.
Las constituciones de 1857 y 1917, prohibieron que la iglesia adquiera bienes, porque a través
del despojo, la simulación, el engaño y llevada por un frenético afán de concentración de riquezas, acaparó grandes extensiones de tierras y esto se convirtió en la causa principal de la pobreza del país. Se derogan prohibiciones que se mantenían en estas constituciones y queremos decir que nunca se trató de una persecución religiosa.
Juárez fue católico hasta su muerte y su lucha se significó por mantener la autoridad y la supremacía del Estado frente al poder de la iglesia, que en esa época era única y excluyente.
Reconocemos que los héroes que lucharon en la Independencia, en la Reforma y en la Revolución fueron incomprendidos por la iglesia. Hidalgo, Morelos, Guerrero, Juárez, Madero y Carranza son héroes auténticos que mantendrán en sus manos la antorcha de la historia por encima de los siglos. Ellos influyeron en la formación de nuestro nacionalismo; sus luchas nutren la ideología de mi partido, sin embargo debemos desechar un eterno propósito de venganza.
Tenemos memoria histórica, pero el rencor por las cosas del pasado no debe oscurecer nuestra visión del futuro. Somos un país con destino, por eso si queremos avanzar tenemos que propiciar la reconciliación nacional. La historia tiene lecciones que los mexicanos no olvidan.
Esta reforma no servirá para incurrir en vicios que tanto daños nos hicieron. Se amplía el régimen de libertades y se reafirma el estado de derecho; tenemos que estar vigilantes de que la Constitución se respete, advertimos como estamos, de que el hombre es más libre en la medida en que más respeta la ley.
Se les permite ahora adquirir bienes para que las asociaciones religiosas cumplan con su misión, para que la iglesia católica cumpla con su misión, evangelizadora, pero no estamos abriendo las puertas para que se acumulen riquezas o para que se hagan negocios, no estamos abriendo las puertas para que se reconstituyan los latifundios. Hoy decimos que no volverán los bienes de manos muertas, ni se reconstituirán los fondos piadosos como los que poseían los agustinos, que les permitían disfrutar de miles de hectáreas. No habrá latifundios religiosos que se eleven en forma insultante frente a la gran pobreza del pueblo campesino. No olvidemos que los hombre del campo son ahora más impugnadores y más reclamantes; sus conciencias viven en agitación permanente; la marginación los tiene resentidos, les molesta la concentración de la riqueza. Los campesinos luchan todos los días por la justicia, con todo su poder de clase y por eso nadie debe intentar la simulación agraria, porque de nuevo el campo se convertirá en escenario de grandes conflictos sociales. Algunos desdeñan la capacidad de impugnación de los campesinos. Están equivocados. Se olvidan que los grandes movimientos históricos los han originado la justicia y la concentración de la tierra: con la tierra no puede haber más abusos si queremos mantener la paz social de este país. (Aplausos.)
El Presidente:- Proceda la Secretaría a poner a consideración de la asamblea la propuesta de adición del diputado Juan Campos vega, a la fracción II del artículo 27 constitucional.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Propuesta de adición a la fracción II del artículo 27 del proyecto de dictamen, presentada por el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
"Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria, tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la propia ley.
En ningún caso podrán adquirir, poseer y administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos. Tampoco podrán formar parte de sociedades mercantiles, adquirir valores en la bolsa ni tener en propiedad o poseer acciones de radiodifusoras o canales de televisión.
Los templos destinados al culto público son de propiedad de la nación, representada por el gobierno federal que determinará los que deben continuar destinados a su objeto. Los templos que en lo sucesivo se erigieron para el culto público, serán propiedad de la nación".
El Presidente:- Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Juan Campos Vega, relativa a la Fracción II del artículo 27.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente:- Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición del diputado José Ramos, del Partido del Frente Cardenista de reconstrucción Nacional.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Incorporar el artículo transitorio de la iniciativa a la fracción II en forma de un segundo párrafo, además de señalar la necesidad de que la ley reglamentaria distinga entre los bienes necesarios para el objeto social de las asociaciones y los bienes que constituyan por sí mismo formas importantes de riqueza inmobiliaria, artística o cultural."
El Presidente:- Proceda a la Secretaría a consultar a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado José Ramos.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente:- Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición del diputado Alejandro Encinas, en relación a la fracción II del artículo 27.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se propone la adición de un párrafo a la fracción II del artículo 27 Constitucional, para quedar en los siguientes términos: "Los templos destinados al culto público son propiedad de la nación, representada por el gobierno federal".
El Presidente:- Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se admite la adición propuesta por el diputado Alejandro Encinas.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la adición propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlos...Desechada señor Presidente.
El Presidente:- Reserve la proposición relacionada con el artículo segundo transitorio del diputado Campos Vega, para su discusión en su momento y en los términos del dictamen, proceda la Secretaría a tomar la votación nominal, relativa al artículo 27 y antes consulte si se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutido el artículo 27.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:- Proceda en los términos acordados.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se va a recoger la votación nominal. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos que señala el artículo 161 del reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 359 votos a favor y 21 en contra.
El Presidente:- Aprobado el artículo 27 por 359 votos a favor.
Está a discusión el artículo 24. Se abre el registro de oradores.
Esta Presidencia informa que han quedado registrados los siguientes señores diputados para hablar en lo particular respecto de este artículo: Luis Dantón Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; Humberto Aguilar, del Partido Acción Nacional; Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista; Luis Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Leonel Reyes Castro, del Partido Revolucionario Institucional; Samuel Moreno, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Odilón Cantú, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática y Raúl Juárez, de Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Luis Dantón Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Luis Dantón Rodríguez Jaime: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
En realidad el propósito de venir a esta tribuna es presentar a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, una propuesta concreta. Sin embargo, antes de hacerlo, yo estimo conveniente para el conocimiento y análisis de esta asamblea, hacer referencia a los pronunciamientos de los partidos en esta materia, antes del debate.
El Partido Acción Nacional en su plataforma política de 1988- 1994, declaró que el Estado ha sido instituido para procurar el perfeccionamiento y la felicidad de los hombres, respetando su dignidad y pronunciando el normal ejercicios de sus libertades, la religiosa entre ellas. La libertad religiosa implica el derecho de los hombres a practicar actos de culto, educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, difundir éstas y organizar asociaciones con fines religiosos. También implica el respeto hacia los ministros y directores de esas asociaciones.
El Partido de la Revolución Democrática en su plataforma aprobada en el primer Congreso Nacional celebrado del 16 al 20 de noviembre de 1990, declaró que luchaba por hace respetar las libertades individuales, de expresión, de culto de afiliación política, de manifestación, de sufragio, que rechazaba y combatía cualquier forma de discriminación por motivos de sexo, raza, religión o posición económica y social.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, haciendo referencia a las relaciones entre el Estado y las iglesias, especialmente la católica, sostuvo que debieran someterse a un debate nacional a la luz de nuestra herencia histórica y de los acontecimientos anuales y actuales y tomando en cuenta las inclinaciones de las mayorías.
En tanto que el Partido Popular Socialista, declaró en su plataforma de principios, que el artículo 130 constitucional, era, a su juicio, histórica, social y jurídicamente válido. Sus necesidades, es evidente, deben ser respetadas y aplicado con vigor. Es una de las normas más importantes de la Carta Magna.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, sostuvo hace unos días, el 13 de diciembre de 1991, que la fracción parlamentaria de su partido, impugnaría la iniciativa de reformas al artículo 130 constitucional, porque hace su aparición en un momento totalmente inoportuno pues no responde a ninguna inquietud o petición de un sector mayoritario o importante de la población, sino al pequeño grupo de los obispos o arzobispos, la cúpula de la iglesia que viene presionando desde hace mucho tiempo por los cambios.
Como ustedes observarán, señoras y señores diputados, las posiciones estaban tomadas antes del debate, pero durante él y en la elaboración del dictamen que por muchos sentidos ha sido histórico tanto por su contenido como por la trascendencia de la materia, hay una convergencia que me he permitido en esta ocasión destacar y que se refiere a a garantía individual de la libertad de creencias.
En nuestra opinión, ha sido reconocida por las constituciones promulgadas en nuestro país, como uno de los derechos fundamentales del ser humano. Este derecho se ejerce con dos distintas maneras: una interna y otra externa.
El primero se traduce en la libertad de profesar una fe o una creencia, como un acto de voluntad personal, que decide aceptar los principios o dogmas de una religión o movimiento espiritual; es un acto íntimo y personal, de absoluta convicción interior; el segundo, correlativo de la anterior, se concreta en la libertad de practicar las ceremonias, devociones o ritos sea de manera ordinaria en los templos o recintos dedicados a tal fin, o bien, en forma extraordinaria, en manifestaciones externas de la fe o la creencia.
Esta segunda manifestación puede realizarse siempre y cuando tales ceremonias no constituyan un delito o falta sancionada y se sujeten estrictamente a la ley. Resulta entonces evidente que la libertad de creer o no creer, radica en el fuero íntimo del ser humano, en el mismo nivel y ámbito que tienen la libertad de pensamiento y en esto coincido ampliamente con Estrada Iturbide.
En el mismo nivel también la Libertad de opinión. Nadie puede interferirla y vulnerarla. Por supuesto, está fuera del alcance de la intervención directa del Estado, por tanto, en este aspecto, la garantía individual contenida en el artículo 24 constitucional, no es susceptible de reglamentación porque nada puede estar por encima de la conciencia de un hombre libre y en esto estoy de acuerdo con Cuauhtémoc Amezcua.
Nuestra Carta Suprema proclama la libertad de conciencia y en ese sentido nuestra iniciativa lo ratifica expresamente. En cambio la libertad de culto en tanto manifestación o expresión externa de una religión sí debe sujetarse a las
disposiciones de orden público y, por consiguiente, en nuestra opinión, debe quedar sometido su ejercicio a regulación y limitación, por parte de la propia Constitución.
No, es posible practicar el culto externo todo el tiempo, en todas partes y por cualquier motivo.
Una primera limitación a la libertad de culto, como lo hemos mencionado, está consignada en el primer párrafo de este artículo cuando establece que: "Las ceremonias, devociones y otros actos a través de los que se manifieste, no deben constituir delitos o faltas castigados por la ley".
Una segunda limitación se introduce en el tercer párrafo del artículo que se analiza:
"Cuando los actos religioso de culto público se celebrasen ordinariamente en los templos (Cuando se celebran ordinariamente en los templos); los que de manera extraordinaria se celebrasen fuera de éstos, se sujetarán a la ley reglamentaria".
Dicho en los términos del dictamen: "Existe una distinción entre la libertad religiosa y libertad de culto, siendo la primera irrestricta por pertenecer a la conciencia individual y la segunda, como necesariamente bajo la vigilancia de la autoridad por incidir en el ámbito del orden público".
Se propone por ello reformar el artículo 24 para imprimirle mayor flexibilidad en lo que hace a la celebración de actos de culto externo; acorde con la libertad de creencia, consagrada en la propia Constitución, la prohibición para el Congreso, de dictar leyes estableciendo y prohibiendo religión cualquiera que establecía antes el párrafo segundo del artículo 130.
No obstante lo anterior y después de escuchar el criterio de algunos miembros de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, se plantea a su consideración la siguiente propuesta:
El Congreso no puede dictar leyes que establezca o prohiban religión alguna. Voy a explicar la propuesta en estos términos.
El sentido y el contenido de esta fracción, de este párrafo, es idéntico al segundo que tenía al artículo 130 y así pasó tanto en la iniciativa como en el dictamen que les propusimos oportunamente.
Ahora se hace una modificación en los tiempos de los verbos, la propuesta suprime la confusión del texto anterior que empleaba indebidamente dos gerundios, sin precisar el tiempo verbal, en tanto las modificaciones que se someten a su consideración tienen un sentido claro y directo al emplear otro modo del verbo y fijar el tiempo.
La segunda parte de la propuesta lleva la intención de eliminar el adjetivo de "religión cualquiera" que nos parece impropio para calificar una religión, por "religión alguna".
De tal suerte que la propuesta que hace la fracción parlamentaria de mi partido, reitera que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna y no como antes decía, "leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera".
En este sentido, dejo a la consideración de la mesa directiva y de la asamblea, la aprobación oportuna que firman el diputado Raúl Juárez, Fernando Charlestón Salinas, Cuauhtémoc López Sánchez y su servidor. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Aguilar Coronado, del Partido Acción Nacional.
El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado:- Señor Presidente; Compañeros diputados:
Como ya se ha manifestado en esta tribuna por parte de mis compañeros de partido, que han hecho uso de este micrófono, de esta tribuna, nosotros considéranos que venimos con el ánimo y la razón puestas en lograr lo que sea mejor para México y al presentar nuestra consideraciones al dictamen sobre la iniciativa presentada, no tratamos de revivir viejos conflictos, estamos pensando y actuando fundamentalmente por el presente y por el futuro de nuestra nación, superando aquellas causas que habían impedido la solución a los problemas que ahora nos ocupan.
Por lo mismo, vamos a expresar con toda claridad y con toda firmeza nuestro disentimiento en algunos puntos.
En Acción Nacional consideramos, que en función de la dignidad y de la libertad, todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar no sólo el reconocimiento teórico, sino el ejercicio real de los derechos fundamentales de la persona humana. Esto es, de aquellos de que son titulares todos los miembros de la comunidad política, sin distinción alguna, por el solo
hecho se ser hombres, derecho a la vida, a las libertades espirituales, a la injusticia, a la educación y a la cultura, al trabajo y al descanso, a la propiedad, a la seguridad social, a la salud y al bienestar.
El Estado no puede ni debe tener dominio sobre las conciencias ni proscribir ni tratar de imponer convicciones religiosas. El estado debe garantizar la libertad religiosa que debe entenderse como libertad para profesar la fe o la creencia religiosa, tanto en público como en privado, por la enseñanza, por el culto y por el cumplimiento de los ritos, como lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Estamos de acuerdo en aquello de que: a pocas cuestiones les otorga el pueblo mexicano tanto valor como a sus creencias y a sus prácticas religiosas. La comprensión y el respeto a las conciencias y a las prácticas del pueblo en materia religiosa, siempre deben ser fuente de unidad y prosperidad nacional, ya que la opresión en los campos religioso y moral sólo llevan a problemas de todo orden y especialmente al desprecio de la ley.
El desarrollo religioso del pueblo mexicano debe conducir necesariamente a la madurez humana, a la tolerancia y al respeto por los semejantes, proyectándose en una libertad social que abarque las manifestaciones del culto en privado y en público, lo volvemos a reiterar, pudiendo usar para ello los medios suficientes, siempre y cuando se respete el derecho de todos sin imponer a nadie ninguna creencia ni práctica religiosa. Lo verdaderamente importante, además, es respetar la consecuencia o proyección social de la libertad de creencia.
Debemos hablar también de los ciudadanos que profesan y practican esa religión, del derecho a la igualdad, del cual se derivan a su vez otros que el Estado tiene obligación de respetar, como son el derecho a expresar las propias convicciones y el de cambiar, por qué no, de opinión libremente.
En estos tiempos de promoción de una nueva situación jurídica de las iglesias y de búsqueda de una mayor correspondencia entre el comportamiento cotidiano de la población y las disposiciones legales, no es posible pretender restringir los actos del culto público.
Es cierto que no se debe violentar el orden ni afectar los derechos de terceras personas, pero si el pueblo históricamente ha salido a las calles y a las plazas para manifestar y para expresarse para sus actos colectivos, en esta manifestación no hay por qué excluir las de carácter religioso.
En su artículo 9o., para también comentarlo, la declaración europea de los derechos del hombre establece sobre esta materia lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicción; así como la libertad de manifestar su religión en forma individual o colectivamente; en público o en privado mediante al culto, la enseñanza, las prácticas o el cumplimiento de los ritos".
La libertad de manifestar su religión por sus convicciones, no puede ser objeto de otras restricciones que aquellas previstas por la ley, que son las que constituyen medidas necesarias en una sociedad democrática, para que la seguridad pública esté garantizada, así como la protección de los derechos y las libertades de los otros.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propone la modificación del párrafo tercero del artículo 24 que contiene el dictamen presentado por la comisión para quedar en los siguientes términos:
"Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos, se sujetarán a la ley reglamentaria".
Dejo pues en la Secretaría nuestra propuesta para su consideración. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cúellar: Señor Presidente; Compañeros diputados:
Vamos a hacer referencia a el artículo 24 del dictamen que está a discusión.
En primer lugar, reconociendo que las convicciones religiosas pertenecen sobre todo al fuero interno de las personas y que tratándose de la religión, lo que más vale de ella no son las manifestaciones exteriores del culto, sino la conducta personal de quien profesa una determinada religión. En la medida en que un creyente identifica su conducta en lo que considera es lo válido, es lo valioso, en esa medida ese creyente es consecuente con su religión.
De nada sirve que un creyente tenga manifestaciones de culto externo, si su conducta personal no es regida por los principios que sustenta. Por eso pensamos nosotros que lo que más cuenta en el creyente son sus convicciones personales y su congruencia entre el crecer y el hacer, entre su creencia y su conducta cotidiana.
El artículo 24 señala las restricciones al culto público de las creencias religiosas, que estaban enmarcadas en la ley reglamentaria del año de 1926, que en la práctica fueron inaplicables desde la terminación de la rebelión cristera y prácticamente esa ley reglamentaria es ya una ley muerta, que nadie podría a estas alturas de la vida de nuestro país, tratar de mantener vigente.
Sin embargo, no obstante que la ley reglamentaria es obsoleta, la preocupación implícita en la ley reglamentaria subsiste, porque en el pasado y en el presente cuando se efectuaban distintas manifestaciones religiosas, muchas de ellas se transformaban en manifestaciones de carácter político o bien que al efectuar una manifestación de carácter religioso, fuera de los templos, se podía provocar un enfrentamiento con otra religión o con otro grupo de creyentes.
En la actualidad, la Prensa nos informa de frecuentes conflictos entre creyentes de la iglesia católica y afiliados a las iglesias evangélica y bautista, a la hora de efectuar actos públicos fuera de los templos. Estos choques, estos conflictos, entre grupos de ambas religiones o de varias religiones se han dado sobre todo en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, en donde estos conflictos son generalmente frecuentes. Pensamos nosotros que nadie, ningún creyente, tiene derecho a a expresar fuera de los templos o de los establecimientos dedicados a este efecto, sus convicciones religiosas, si con ello atropella a otro creyente de otra religión, sea ésta la que fuere.
Para nosotros, tan respetable es un grupo de católicos que representa a la iglesia mayoritariamente en nuestro país, como una iglesia pequeña, desde el punto de vista numérico, porque lo que cuenta en una religión no es el número de sus partidarios, no es el conjunto de los fieles que tiene, sino el carácter moral y la congruencia que da la religión a las personas. Estamos en contra del manejo de la religión, que oculta la hipocresía humana. Pensar que las fallas de la conducta del individuo, los errores que se cometen, pueden ser espiados por la asistencia a un simple acto litúrgico, ya sea dentro de los templos o fuera de éstos, una religión, o mejor dicho, una religiosidad entendida así, es una religiosidad de oropel, que no va al fondo de las convicciones del ser humano, creyente en una determinada religión.
Queremos hacer la siguiente propuesta a la Comisión, de redacción del artículo 24, diría así:
"Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias y devociones o actos de culto respectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan delito o falta penados por la ley. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, a excepción de las peregrinaciones, procesiones u otras manifestaciones de las tradiciones históricas del pueblo".
Es la proposición que queremos hacer al segundo párrafo del artículo 24. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra la diputada Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:- Compañeros diputados; compañeras diputadas;
El estar inmensos en esta discusión a veces nos hacer pensar y reflexionar un tanto acerca de lo que es el hombre, de lo que es el género humano. Desde nuestro punto de vista consideramos el hombre un ser esencialmente social, que se diferencia fundamentalmente del animal por su capacidad de producir bienes para subsistir, por su capacidad de transformar, y en esta capacidad de transformación el adquirir el dominio del conocimiento que le permita mantener una constante transformación, ya sea de la naturaleza o ya sea de las condiciones sociales en que éste vive.
Quisiéramos, sin redundar mucho, exponer algunos elementos que nosotros consideramos importantes.
En el proceso histórico de nuestra nación, quisiéramos ubicarlo en relación con la conformación de la nación, del Estado y en el marco del proceso histórico el papel de la iglesia católica, su peso específico en el terreno social, económico y político, pero fundamentalmente, en el marco del proceso histórico de nuestra nación, queremos ubicar el papel que juega, que ha jugado el pueblo de México.
La iglesia, la institución, la iglesia católica, para nadie es desconocido su papel fundamental, tanto en nuestro país como en el mundo; la iglesia
esencialmente ha estado vinculada a los intereses más poderosos de nuestro país y del extranjero. Aquí podemos afirmar que la iglesia, la iglesia católica, la cúpula católica, es la transnacional perfecta, la que no tiene inversiones y solamente reporta utilidades, la empresa transnacional que sin inversión mantiene solamente números rojos.
Deberíamos de comenzar a definir también en nuestro país lo que es la iglesia y lo que es la élite política. Nosotros concebimos a la iglesia como el movimiento social de los feligreses, la élite política es otro asunto que debemos tratar. En nuestro país, igual que en el mundo, la iglesia ha jugado un papel profundamente conservador, retrógrada y donde sus intereses son esencialmente o fueron históricamente contrarios a la nación y al pueblo. No podemos negar, sin embargo, los papeles importantes de los sacerdotes vinculados estrechamente a los hombres y a las mujeres humildes del pueblo de México, no podemos negar que la élite católica condenó en su momento por estar vinculados a los intereses nacionales y al pueblo de México, a Morelos, a Hidalgo y a Matamoros.
Solamente queremos señalar una cuestión: en la conquista, en la imposición de la religión católica en nuestro pueblo. como en el azteca, como en el maya y como el inca y afortunadamente hay escritores que recogieron estos aspectos, compañeros del Partido Acción Nacional, la cruz también fue señal de masacre, también fue señal de oprobio y también fue señal de masacres tremendas para los indígenas, no siempre la cruz fue señal de benevolencia.
Hasta ahora nadie ha negado lo que es la iglesia o más bien la élite. En nuestra historia debemos destacar algo fundamental, la confrontación de la iglesia con Juárez no fue necesariamente la necedad de Juárez para confrontar la iglesia, se ubicó en un marco histórico fundamental, la necesidad del desarrollo nacional del país y en ese momento era urgente y necesario poner en circulación los bienes de manos muertas acumuladas por la iglesia. Tan fue necesidad del desarrollo nacional que con la afectación de la iglesia lamentablemente también afectaron a las comunidades indígenas para poner en circulación las tierras de las comunidades indígenas. En ese momento histórico fue revolucionaria la medida de Juárez, posteriormente ya no lo fue porque esta misma medida permitió la acumulación de las tierras y de riquezas que posteriormente desembocaron en el movimiento revolucionario de 1910.
A pesar del movimiento revolucionario, la iglesia tuvo y mantiene su peso específico en los diferentes terrenos: en los económico, en lo social y en lo político.
Cuando aquí se habló de los dos valores fundamentales del hombre quisiéramos hacer un señalamiento, no sólo a nombre de Dios y de la patria, sino también a veces a nombre de la familia, los dictadores, ex dictadores del Cono Sur de América Latina masacran y torturan, tomemos algunos recortes solamente de lo que a sido Pinochet en Chile y que es tan profundamente cristiano como muchos de los que están aquí, nada más faltó uno que si habló a nombre de Dios, a nombre de la patria, pero también a nombre de la familia matan, a nombre de la familia torturan y habría en todo caso que conceptualizar y definir este tipo de cosas, cuando queremos abordar este tipo de asuntos que son profundamente importantes y habría que definir.
Sin embargo, nosotros queremos como cardenistas destacar esto: de todas las confrontaciones que tuvo el pueblo de México con los conservadores y del lado de los conservadores la iglesia, afortunadamente siempre nuestro pueblo, ese pueblo victorioso salió adelante, ese pueblo derrotó, aisló y puso en su lugar, en cada momento histórico, a quien tenía que poner en su lugar.
Actualmente la iglesia o la élite política, nosotros queremos señalar y por eso nuestro voto a favor, ya no es elemento fundamental para poner en riesgo la nación: ahora a esta iglesia, inclusive a la élite política, a pesar de los antecedentes históricos se puede, en el marco de la demanda popular de reconstrucción de las relaciones sociales, incorporarse a la sociedad en su conjunto, incorporar sus mejores esfuerzos, si los tiene y los vamos a conocer, en esta legalización de las relaciones Iglesia - Estado, cuáles son sus verdaderos bondades para la incorporación al desarrollo nacional.
La demanda de reconstrucción de las relaciones sociales solamente es posible a través de un contenido democrático y este contenido democrático para nosotros, que es a veces difícil aceptar estas cosas, alcanza, por qué no, a la élite política, pero alcanza algo fundamental, a la Iglesia, entendida ésta como los feligreses, como los cientos de miles de católicos que también reclaman su lugar, en diferentes obras que realizan, posiblemente de actos piadosos para el beneficio del país, no precisamente la élite. Voy a irme más rápido.
Es muy importante destacar que tiene que darse en todos los marcos y en estos marcos se viene dando, que en esta demanda profunda de
reconstrucción de las relaciones sociales, está inmerso el proceso de reforma de Estado de las razones que dan ahora la reforma a elevar a rango constitucional y en esta reforma de Estado, la seguridad que nosotros tenemos es que es una demanda del pueblo, pero también el pueblo es parte, el pueblo es expresión y una seguridad mayor es que el pueblo mismo dota de contenido social a las reformas constitucionales que aquí aprobamos. Lejos estamos de que las reformas constitucionales den un paso hacia atrás, el pueblo de México ha aprendido a caminar para adelante, nada ni nadie puede detener esta marcha, desde nuestro punto de vista.
En cuanto a la situación actual de las iglesias, la iglesia, compañeras y compañeros y la élite eclesiástica, participan en política desde hace mucho tiempo, opinan en política desde hace mucho tiempo, a veces opinan bien, a veces opinan mal, pero en política opinan; están en la educación desde hace mucho tiempo, a veces bien, a veces mal, a veces violando la Constitución y muchos de nosotros nos formamos en las iglesias católicas en el terreno educativo; a veces gracias a eso somos anticlericales.
Los pueblos y los curas y las monjas votan, compañeros y votan desde hace mucho tiempo, independientemente de nuestras voluntades; y en cada uno de los lugares donde nosotros venimos sabemos de esta realidad, es una realidad social innegable, es una realidad independientemente que se presenta de la voluntad nuestra, de la voluntad de nuestros partidos, de la voluntad propia, es una realidad existente, vigente en nuestro país.
¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que esta realidad, también en el seno de la iglesia, también la élite eclesiástica, no las tenemos reglamentadas, o se tienen en ocasiones prohibidas, pero es una prohibición que no existe más que en los hechos porque en la realidad se da. Esta prohibición a veces ha generado grupos de presión verdaderos en nuestro país, dependiendo de la iglesia católica por supuesto, pero no solamente de la iglesia católica, de otras iglesias, y voy a señalar solamente una, los Testigos de Jehová, los que niegan los símbolos patrios y hay otra serie de iglesias que se manifiestan en contra de los símbolos patrios, en contra de nuestra nacionalidad, y a veces por mantenerlas como fuerzas aletargadas, embozadas y segregadas se convierten en verdaderos grupos de presión y a veces compañeros, por esta actitud, estos verdaderos grupos de presión influyen en cuestiones fundamentales que nosotros, los trabajadores o el pueblo de México no desea que influya la iglesia católica.
Nosotros deseamos que la iglesia esté destinada y efectivamente a las cuestiones de carácter espiritual, sin embargo influye negativamente en medidas de desarrollo para el país, embozadas, que ahora lo hagan abierta, llana y claramente para que nos conozcamos todos cuáles son las virtudes, pero también cuáles son nuestros defectos, que nos conozcamos todos los que podemos aportar al país y a veces lo que no podemos aportar al desarrollo de este país.
Por esas razones, es importante que ese reclamo de incorporación social de la iglesia se dé a la luz para el desarrollo nacional, que esto ya fue discutido y aprobado. Sin embargo, quisiéramos señalar a este artículo del 24, algo que tiene relación directa con lo que se dijo, en la cuestión del culto público.
El Presidente: - Diputada, su tiempo se ha agotado; le pediríamos que concluyera a la mayor brevedad.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes: - Mire, hay otros que hablaron más de 10 minutos y usted no les dijo nada, entonces yo les voy a pedir que me den oportunidad de terminar esto que me costó mucho trabajo realizarlo y reflexionarlo. Le pido al Presidente respeto también porque ha habido otros que han intervenido y no se les ha señalado y hemos sido nosotros respetuosos
. El Presidente: - Ha habido flexibilidad para todos. Adelante.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes: - Entonces, en cuanto a este artículo vamos a señalar lo siguiente y tiene relación posiblemente para muchos, no tendrá relación lo anterior con esto, para la que expone sí, porque es una situación de culto externo, donde tenemos que definir qué es el culto privado, qué es el culto público y cómo lo plantea el artículo y lo que es el público externo compañeros, que aquí no se ha señalado.
Aquí el culto público se ha ubicado como aquél que exclusivamente se da en los templos de cada uno de los creyentes, pero no se ha abordado lo que es el culto externo y en el artículo 24 lo hace aparecer como una propuesta de excepcionalmente se celebren fuera de estos se sujetarán a las disposiciones de la ley.
Nosotros estamos de acuerdo fundamental y esencialmente en el artículo 24, sin embargo, quisiéramos hacer algunas fundamentaciones que difieren con otros que han intervenido en esta tribuna.
En cuanto al culto externo, es decir fuera de los templos, para nosotros es fundamental que se reglamente.
Efectivamente, no podemos cambiar por extraordinario lo que son excepcionalmente, lo que es excepcional, es decir, solamente con los cultos de carácter fundamental que son fundamentales, como es efectivamente las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, etcétera, que son excepcionales, que nada más se dan en un período del año, a lo que es extraordinario, porque lo que es extraordinario estará a libre albedrío del clero político, no del pueblo de México, que ése tiene centenares de años perfectamente clarificados a quienes son , en el marco de su creencia, a quién respeta. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Moreno, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Samuel Moreno Santillán: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Sin soslayar el compromiso histórico con la república restaurada y habiendo hecho un profundo análisis sobre el proyecto de reforma de decreto del artículo 130 constitucional y sus implicaciones sobre la materia que afectan al 24, coincidimos en que al establecer con claridad el nuevo orden que actualiza la evolución social y la conciencia sobre las relaciones del Estado y las iglesias, se hace en un marco jurídico tal donde, además de evitar el disimulo y complacencia practicadas hasta hoy obligará en lo futuro a las partes involucradas a un cumplimiento cabal de los compromisos que estas reformas definirán para todos en su parte reglamentaria.
Sería oficioso haber negado esta necesidad, la de conceder personalidad jurídica a las iglesias, donde además se otorgará el mismo privilegio a las diferentes asociaciones religiosas y se permitirá al Estado tener una rectoría sobre sus actos externos por ministerio de ley, así como tener acceso a las interdisciplinas de sus diversos actos no religiosos, enmarcando a este sector de la comunidad nacional con un sentimiento nacionalista y ejerciendo el Estado su supremacía sobre las iglesias.
Es igualmente un avance al concepto liberal en el propósito de la iniciativa, el deseo de autorizar los actos externos de culto público que de alguna forma permitirán al gobierno intervenir, tanto para su autorización de éstos, como para ejercer control en el desarrollo de ellos, por cuanto a la problemática en sus prácticas externas, para prevenir con oportunidad los trastornos que protejan la armonía pública, la seguridad, la moral y el bienestar general con responsabilidad directa, limitando incluso la extralimitación de lo que conceda la ley reglamentaria.
Con estas medidas adoptadas, creemos, se fortalecen tiempo y espacio, la concepción que en materia de derechos humanos pudiera exigir la opinión pública en respeto a la dignidad humana y afianzara también los logros de la nación en el terreno legislativo y social, haciendo más estrechas las relaciones humanas entre gobierno y gobernados a través de lo espiritual, y será el tiempo quien califique el acierto o desacierto de lo que en este momento es divergencia entre nosotros.
Se deduce igualmente, en esta medida de reforma constitucional, un mayor cumplimiento por parte del Estado en el compromiso moral de avanzar en igual sentido, en vías de una auténtica cultura democrática, cuya amenaza y desafío vigente en contra de ellas es una contradicción a las supuestas sanas intenciones del Ejecutivo Federal, que se materializa con el rezago educativo en que vive la nación.
Finalmente señoras y señores diputados, al disponer estas reformas con un conjunto de normas y principios jurídicos que pongan orden en el caos en el quehacer entre el gobierno y las iglesias y creyendo que todos comprometidos cumplirán con estos buenos propósitos, sólo habrá un ganador que permitirá mayor estabilidad social y que deseamos sea el pueblo de México.
Por estas razones así como considerando que al reconocer por igual a las diferentes asociaciones religiosas que origina un nuevo orden de conciencia en el campo moral, que puede proclamarse como la aspiración de todos en el advenimiento de un mundo donde todos también disfrutarán de la libertad de conciencia y de la libertad de creencias, mi partido el Auténtico de la Revolución Mexicana, dará su voto a favor en la modificación del artículo 24 constitucional del proyecto de decreto que lo reforma. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Odilón Cantú, del Partido del Frente Cardenista.
El diputado Odilón Cantú Domínguez: - Con su anuencia señor Presidente; compañeros diputados:
Retomo alguna frase publicada hace algún tiempo, que refiere lo siguiente:
"En los pueblos existe una vela que mantiene encendida un humilde maestro rural con su enseñanza pero existe una boca malévola e interesada en apagarla, el que pregona sin un conocimiento científico y se trata de los curas, aliados generalmente con los caciques y por qué no decirlo, hasta con los caciques políticos."
El ser humano como ente racional, lleva consigo de manera inherente, las creencias espirituales a las que le da forma con el concepto de religión. Concepto que en la geografía universal se manifiesta de diversas formas. Estas creencias muchas veces se han manejado por grupos en el poder político y han sido utilizadas para manipular a los individuos, lo cual sin duda es sinónimo de atraso. En cambio los grupos humanos que han sido capaces de lograr el pluralismo en un marco de absoluto respeto a la policromía religiosa, se enmarcan en el concepto de adelanto cultural, desde el momento que son capaces de permitir y desarrollar las actividades civiles y religiosas.
El pueblo mexicano no podía escapar a este panorama. Religioso por naturaleza, desde sus orígenes, vivió en sus gobernantes prehispánicos, una dualidad constante de funciones, en virtud de que éstos, a la vez que desempeñaban funciones de gobierno, también ejecutaban actos religiosos directos.
Posteriormente durante la colonia, prevaleció una práctica similar, los conquistadores militares actuaron a la par que los evangelizadores. Incluso esto desembocó en un alto grado de concentración de poder económico religioso de la iglesia católica en particular, lo cual provocó en las leyes de Reforma, lo relativo a la separación de la Iglesia y el Estado, situación que ha tenido vigencia hasta nuestros días, pero estando México, el México actual en un proceso profundo de cambios con miras al siglo que se avecina, no podemos dejar de lado la actualización de las relaciones Iglesia - Estado.
La reforma al artículo 24 pretende mantener la liberta de creencias, con la expresión pública de la fe y el carácter secular del poder público. Si bien la libertad de creencias es una garantía individual inalienable, la manifestación pública de su credo, el culto no puede ser ejercido discrecionalmente, debe limitarse como cualquier tipo de manifestación que exceda el ámbito privado, no para negarse sino par articularse con el derecho de los demás.
El espacio público es de regulación exclusiva del estado, por tanto garantiza la expresión social de una libertad individual e implica si no restringirla como aparece en el texto constitucional vigente, si regularla a fin de preservar al mismo tiempo, el derecho individual de expresión como la secularidad del espacio colectivo.
Estamos de acuerdo en consecuencia, con establecer una limitación procedimental en el ejercicio del culto público, justo como a cualquier tipo de manifestación social de las creencias individuales.
El artículo propuesto permite excepcionalmente, donde antes había una prohibición extrema, vuelve flexible una disposición donde antes había una negación radical, pero no impide la regulación estatal, por el contrario, la crea; instituye en el espacio público la regulación explícita del culto, cuando antes se impedía con el agravante de la ineficiencia punitiva en esta materia.
¿A quién en estas fechas, pregunto a esta soberanía, se ha aplicado la ley en las peregrinaciones religiosas o en las misas en público?
La separación Estado - Iglesia es uno de los fundamentos de la soberanía estatal; es consistente con la libertad de creencias y de cultos, por lo que transferir el párrafo 11 del 130 al artículo 24, es sencillamente volver coherente el nuevo modelo de regulación constitucional, sin modificar sustantivamente ni el texto ni el sentido de este artículo, razón por la cual el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, votará en favor de la reforma propuesta.
Aprovechamos la ocasión para manifestar que las religiones no deben ser instrumentos de manipulación de los hombres, ni elementos de chantaje para propiciar el retraso social y económico de los pueblos. Ratificamos nuestra convicción sobre el derecho que tiene todo ciudadano de elegir la religión que convenga a sus intereses, pues el derecho de cada individuo de profesar un culto, termina donde empieza el derecho del otro en un marco de libertad y de respeto.
Creo que hay quienes han confundido el proyecto de los cambios con una cuestión mucho muy diferente, y que dichos cambios no son para satisfacer anhelos personales para seguir explotando a los hombres alcanzando el perdón cada domingo pagando su diezmo, diezmo resultado del sudor de miles de trabajadores explotados. Y por otra parte, pasar al confesionario para seguir explotando a los obreros el resto de la semana.
Los cambios tienen otra razón de ser, no los que elucubran quienes pretenden beneficios de grupo, por encima de los intereses de la sociedad.
El siglo XXI, en el Siglo XXI, la patria dará a la luz a la nueva cultura, dolorosa, y discutida, pero con miras a trastocar tabúes para mejorar, no para retroceder. México será una patria diferente. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández - Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Desde su toma de posesión Carlos Salinas de Gortari delineo las características y condiciones económicas y sociales necesarias para hacer viable su proyecto modernizador inserto en el proyecto neoliberal que hoy domina el mundo.
Desde entonces planteó la necesidad de nuevas relaciones Iglesia - Estado como parte de las nuevas relaciones Gobierno - sociedad. Estas nuevas relaciones han sido promovidas desde la lógica de fortalecimiento del Estado y de las cúpulas empresarial, eclesiástica y de los sectores laborantes corporativizados y en decadencia sin permitir que la discusión en las propuestas se asuman desde la lógica alternativa de la sociedad y sus diversos actores.
Desde el comienzo, también, la iniciativa política del Gobierno salinista se ha orientado en todas sus medidas, a la búsqueda de legitimidad y a la consolidación de la base social en torno al Presidente y su proyecto.
En este sentido, destacan tanto su búsqueda de apoyo entre la jerarquía católica de México y la de Roma.
Nadie desconoce las intensas pláticas y negociaciones que el equipo gobernante ha tenido con un pequeño núcleo de la jerarquía católica mexicana, en las que ha juzgado un rol importante y ambiguo el delegado apostólico.
Muchos de los obispos han quedado marginados en la práctica de estas negociaciones y habiendo diferentes opiniones entre ellos, no se ha dado suficiente espacio a la manifestación de las opiniones desidentes, mucho menos se ha propiciado la participación de otros sectores de las iglesias.
Consecuentemente con esta dimensión cupular, las reflexiones en torno a la relación Iglesias - Estado, se ha reducido en la práctica a uno de sus aspectos, el de la relación jerarquía católica - gobierno, pero ni la jerarquía es todo en la Iglesia ni la iglesia católica son todas las agrupaciones religiosas ni el gobierno es todo el Estado ni las cúpulas son toda la sociedad.
Por tanto, reducir así el problema, es caer nuevamente en la simulación que Salinas ha denunciado y que dice querer eliminar. Resolver el asunto entre unos cuantos, es perder la oportunidad histórica de una solución verdaderamente democrática, que suscite la participación de sectores más amplios de la sociedad civil y de la misma iglesia, tanto laicos como ministros.
Hubiera sido deseable el que se hubiera llevado a cabo un proceso de toma de conciencia y de participación, tanto de la sociedad civil, como de otros sectores de la iglesia, tanto laicos como el clero. De hecho no se hizo así, se ha manejado a nivel de cúpulas haciendo a un lado a la mayoría, como ha pasado en otros asuntos aún más importantes, como en el caso de la modificación del artículo 27.
Dado que no será posible ningún influjo en esta determinación, queremos llamar la atención sobre ese procedimiento que mina profundamente el proceso de crecimiento hacia la democracia real, que vaya más allá de los niveles limitados de democracia que vivimos.
El gobierno salinista ha utilizado el método cupular de escrito, en concordancia con sus objetivos políticos, pues el proyecto de reformas sobre las asociaciones religiosas presentado por el Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara, no tiende a resolver el problema de los derechos de los sacerdotes ni de los creyentes; su propósito es da concesiones al clero como institución, gobernada por los obispos, por lo que pone énfasis en el registro legal de las iglesias y en la capacidad de estas para poseer y administrar bienes materiales.
En el artículo que nos ocupa, a la jerarquía se le otorga el papel de intermediario, para gestionar los permisos de manifestación externa. Todo indica que la mayoría del episcopado y el Vaticano, están de acuerdo con la iniciativa priísta, ya que estas instituciones tampoco se muestran interesadas en que la diversidad realmente existente en el seno de la clerecía, se exprese con libertad.
Es un hecho que en los últimos años, numerosos sacerdotes han manifestado compromisos con las
reivindicaciones populares, lo que incluye la crítica de leyes injustas, instituciones antipopulares y gobernantes arbitrarios; esto no solamente molesta al gobierno sino también a no pocos obispos que buscan mantener una disciplina política al interior de la iglesia católica.
Tal como la presenta el Partido Revolucionario Institucional, la reforma constitucional promovería una relación gobierno - iglesia católica, por completo corporativa, ya que solamente la alta jerarquía podría establecer un diálogo con los gobernantes, mientras que los sacerdotes de base tendrían que mantenerse en silencio. Se trata de un proyecto antidemocrático pero además, desde el punto de vista legislativo, la iniciativa es contradictoria y francamente defectuosa. Se propone, por ejemplo, el siguiente texto:
"Los ministros de los cultos, como ciudadanos, tendrán derecho a votar pero no a ser votados".
Esta propuesta es una aberración jurídica, pues primero afirma que los sacerdotes son ciudadanos, lo que es innecesario ya que en efecto lo son, pero al proclamar sin motivo jurídico alguno la calidad ciudadana de los curas, les niega a estos el derecho de ser elegidos del que goza todo ciudadano siempre que cumpla con las calificaciones constitucionales del puesto de representación de que se trate.
La innecesaria proclama de la ciudadanía de los sacerdotes se contradice totalmente cuando el mismo texto señala:
"Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna."
Aquí otra vez existe una contradicción. Los ciudadanos de la República tienen el derecho de asociarse con fines políticos a diferencia de los extranjeros, a quienes les es negado, pero esa garantía ciudadana esencial se niega en el mismo texto donde se reconoce la relación de los sacerdotes con la República.
El Partido Revolucionario Institucional va todavía más lejos cuando propone que la Constitución impida a los sacerdotes oponerse a las leyes e instituciones ¿dónde quedó la ciudadanía?
Es inaceptable que se sigan haciendo leyes especiales, disposiciones de excepción que son propias de regímenes monárquicos, pero completamente odiosas en la República.
Lo que el Partido Revolucionario Institucional no quiere admitir es la igualdad política de los ciudadanos. Al parecer el episcopado en su mayoría tampoco le importa eso, lo que se comprende de suyo, ya que la Iglesia es una institución monárquica.
En el proyecto del Partido Revolucionario Institucional se proclama el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, pero no se trata precisamente de un principio, sino de un acontecimiento de la historia, de algo que ocurrió y que tiene validez, pero es completamente innecesario que la Constitución se erija en cartas para interpretar los hechos históricos, ya que ésta misma no reconoce privilegios.
En efecto, en la Carta Magna mexicana no se establece y ni siquiera se insinúa que el clero tenga derecho a un trabajo especial por encima de la ley. La iglesia fue separada del Estado y despojada de sus privilegios, ello no requiere siquiera discusión.
El problema estriba en que el alto clero mexicano no admite un compromiso democrático con la República y pretende que el Estado asuma sus puntos de vista, tal como ocurre con el debate sobre el aborto.
Garantizado en el artículo 24 de la Constitución, el derecho de todo individuo de profesar libremente cualquier creencia religiosa y de practicar el culto que a esta corresponda, podría decirse que en México tiene vigencia la libertad religiosa, sin embargo, esta afirmación sería parcial.
Superada en 1857 la existencia de una religión de Estado y proclamada en 1859 1860 mediante las Leyes de Reforma, la libertad de conciencia, México ingresó formalmente en el camino del reconocimiento de que todo individuo puede libremente expresar la creencia religiosa que más le agrade. En ello va implícito también el derecho de no profesar religión alguna. Es un derecho que va implícito, no explícito.
El Constituyente de 1916- 1917 estableció que este principio con absoluta claridad, sin embargo, impuso limitaciones a la libertad religiosa. Así de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, el culto religioso solamente puede llevarse a cabo en los domicilios particulares y en los templos, el de carácter público solamente en estos últimos.
De esta manera ha quedado prohibido el llamado culto externo. Esta limitación contra el derecho de manifestación, con cualquier objeto
lícito, que la Constitución concede en el artículo 90., con la única prevención de que sólo los mexicanos podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país y siempre sin armas.
Durante los años que nos separan de la promulgación del texto constitucional de Querétaro, en todo el país se han producido actos de culto externo que no han sido prohibidos por la autoridad. Esta situación crea una relación en la que las iglesias actúan sin acatar la Constitución y la autoridad que está obligada a cumplirla y hacerla cumplir, transgrede su propio compromiso legal.
El culto religioso es una actividad de carácter eminentemente social. No se trata sólo de la expresión de una garantía individual, sino del ejercicio de un derecho de la sociedad. Es decir, el culto requiere el espacio público y la participación social para lograr su realización.
Constreñir el culto público a los templos es injustificado a la luz de la garantía constitucional de reunión, que no debería tener más límite que de realizarse en forma pacífica y sin que tenga por objeto la comisión de algún delito y es también insostenible desde el punto de vista de una práctica generalizada que ha sido hasta ahora tolerada por la autoridad y que no afecta en lo absoluto los derechos de terceros.
En el proyecto de dictamen, si bien se reconoce ahora la libertad de manifestación religiosa, se le reduce al aspecto de culto, omitiendo todo aquello que consagra el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que dice:
"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar la religión o de creencia, así como manifestarla individual y colectivamente, tanto el público como en privado por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia."
Estas características son omitidas en el proyecto del artículo 24 que nos presenta el dictamen. También se mantiene la restricción a la manifestación pública del culto, puesto que tal posibilidad se considera como excepcional y además sujeta a una legislación particular.
No se señala, además, el supuesto jurídico de la excepcionalidad de los asuntos religiosos que los hagan susceptibles de una legislación particular. Esta manera de referirse al culto implica una determinada concepción y práctica del mismo, que no es absolutamente compatible con muchas manifestaciones religiosas del pueblo mexicano, cristianas o de origen prehispánico: peregrinaciones, bendición de los campos, danzas, invocaciones a los vientos, en la coyuntura actual del V centenario resulta aún más significativa.
Queremos hacer la propuesta de que en el artículo 24 se elimine esta referencia a su excepcionalidad y que se elimine la posibilidad de una legislación particular; sostenemos que ello sólo beneficia a los intermediarios y aquellas autoridades que utilizando la posibilidad de decidir o autorizar las manifestaciones externas de la religiosidad la aprovechen para control o para promover la manera legítima o de tener a distintas creencias religiosas.
La propuesta del artículo 24 que proponemos sería la siguiente:
"Toda persona es libre para profesar la creencia religiosa que le agrade, de manera pública o privada, individual o asociadamente por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. También es libre para no profesar confesión o creencia alguna". Muchas gracias.
El Presidente: Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Juárez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Raúl Juárez Valencia: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Múltiples han sido las sesiones de la Cámara de Diputados, que han alcanzado la categoría de trascendentes, como trascendente, sin duda alguna, será la que estamos celebrando este día.
El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de creer y de pensar, no sólo para los creyentes, sino también para aquellos que no profesan religión alguna. Las iglesias están en su legítimo derecho de buscar las condiciones que les permitan desarrollar libremente sus actividades, esto es lo que se llama libertad de creencias, libertad de cultos y libertad de conciencia, que es la lucha por la más absoluta consideración de libertad.
Nuestra iniciativa para reformar el artículo 24, después de marcar la introducción histórica, nos dice que es conveniente precisar las actividades que se deben realizar en los templos, así como de aquéllas que se llevan a cabo fuera de ellos.
La libertad en materia de religión, es un derecho que tiene dos vertientes; la de la intimidad de la conciencia, en la que radica realmente la creencia; y la de la manifestación de la religiosa hacia el exterior.
Por ello, cuando profesamos el culto debemos entenderlo como la representación material del sentimiento religioso, esto es, la forma exterior con que rendimos homenaje a las ideas en que creemos. Todos tenemos inteligencia personal, libre albedrío y si conforme al desarrollo de aquélla, de diversas maneras le comprende, cada uno es libre de manifestarlo en su creencia religiosa, lo mismo en la sinagoga o en el campo, con fórmulas exteriores o en el silencio de su gabinete, de rodillas, de pie, sentado y con el sombrero en la cabeza, lo único que hay derecho a exigirle es que no perturbe la paz pública, moleste la realización de otros o por su ignorancia, subleve los sentimientos humanos y ofenda las buenas costumbres con ceremonia indignas de los pueblos civilizados. Soy de opinión que proclamemos la libertad absoluta de conciencia, porque no hay provisión más inicua que el que trata de esclavizar la de los demás, el que tal hace no sólo insultar al libre albedrío, sino que coarta la libertad a sus semejantes.
A la luz de la nueva composición social del país, de la mayor diversidad religiosa y de las tradiciones populares, nos dice nuestra iniciativa que no existen más razones de seguridad genérica para restringir a la asociación y manifestación pública de creyentes, cualquiera que sea su denominación, siempre y cuando se ajuste a las reglas de buen gobierno, que establecen nuestras leyes; esto es con el objeto de salvaguardar el orden público.
Nuestro partido, para la realización de estas reformas, tomó muy en cuenta los derechos en la declaración universal, en la Convención Americana, así como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos entendidos los derechos humanos tanto en sentido activo como pasivo que brotan no de un pacto entre diversas personas o que son otorgados por la autoridad, sino que surgen del hecho de pertenecer a la especie humana.
Las constituciones que forman la columna vertebral de nuestro derecho surgidas como resultado de las devoluciones, resolvieron su inspiración fundamental más que en códigos o tratados, en las lecciones de nuestra historia y de las aspiraciones y exigencias del pueblo. Hemos afirmado que el derecho no surge como una abstracción, sino que responde a exigencias históricas y a necesidades reales de la convivencia humana. Su nacimiento y evolución están condicionados por factores del orden social y político y el derecho que no evoluciona, que no se adapta a los requerimientos de la realidad social suele ser opresivo; por ello es el pueblo el hombre que actúa en la política y el legislador quienes tenemos la responsabilidad de vigilar que la violación o el anquilosamiento del derecho no llegue a presentarse porque la historia nos demuestra con ello que genera las críticas sociales que dan origen a las grandes convulsiones.
Las constituciones de tipo moderno rompe los moldes clásicos y buscan el justo equilibrio entre los intereses y aspiraciones del individuo y los superiores de la colectividad. Nosotros tenemos una Constitución que no es código muerto, que no es instrumento rígido para conservar privilegios injustos ni menos para amparar represiones retrógradas contrarias al pueblo y a la nación, sino que ha sido, es y lo será todavía por una larga etapa, ley suprema viviente, favorable plenamente a todos los cambios, a todas las transformaciones que el pueblo exige con razón y con las más altas conveniencias nacionales que solicitan. Puede reformarse a modificarse la Constitución en varios de sus preceptos, pero lo que nunca se extirpará de ella, lo que incluso tendría que pasar hipotéticamente hablando a cualquiera nueva constitución que el pueblo mexicano por su libre voluntad quisiera darse, serían los derechos de la persona humana.
El pueblo es el actor principal de nuestra historia y el objeto central de nuestras instituciones, nada justo, ni fecundo ni duradero se logra de espaldas al pueblo, los tiempos mexicanos aquí son otros, lo mejor está enfrente y será resultado de nuestra voluntad señores diputados. La nación mexicana puede ser reformada, podemos ser otro país y con una conducción firme podemos lograr la estabilidad que nos siga dando garantías para el mañana; por eso, de cara el pueblo propusimos reformar el artículo 24 para imprimirle mayor flexibilidad en lo que hace a la celebración de los actos de culto. No es coherente ni se justifica al reconocer la libertad de creencias y limitar al mismo tiempo la exteriorización de las mismas.
Se propone que los actos religiosos de culto público deban celebrarse de ordinario en los templos y se prevé expresamente que los que se celebren extraordinariamente fuera de éstos, se sujeten a las disposiciones legales aplicables. Acorde con la libertad de creencias, consagrada con la propia Constitución, la prohibición para que el Congreso dicte leyes estableciendo o
prohibiendo religión alguna, que hoy establece el párrafo segundo del artículo 130, siendo una garantía la libertad de creencias, la iniciativa propone pasarla al artículo 24 como su segundo párrafo y sin cambio en su redacción, como ya lo estableció mi compañero diputado Luis Dantón Rodríguez.
Queda claro que de esta manera que el carácter laico del Estado es compatible no sólo con la preferencia por una Iglesia o por algún tipo de creencia religiosa, sino también con respecto a tener o no confesión o creencia alguna.
Por lo anterior, solicito a esta asamblea apruebe los términos del artículo 24 constitucional, con las propuestas que se han presentado durante este debate.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta presentada por el diputado Luis Dantón Rodríguez.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Artículo 24, segundo párrafo. El Congreso no puede dictar que establezcan o prohiban remisión alguna".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Rodríguez.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Incluyese en el texto del dictamen.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta del diputado Humberto Aguilar Coronado, del Partido Acción Nacional.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Modificación del tercer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos; los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos, se sujetarán a la ley reglamentaria".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Humberto Aguilar Coronado.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta del diputado Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Artículo 24. Toda persona es libre para profesar la creencia religiosa que le agrade, de manera pública o privada, individual o asociadamente, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. También es libre para no profesar confesión o creencia alguna".
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se admite la modificación propuesta.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulto a la Secretaría si hay modificaciones pendientes de desahogo respecto del artículo 24.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Señor Presidente, tenemos una propuesta presentada por el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El presidente: - Sírvase dar lectura a la propuesta.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Propuesta de redacción del artículo 24.
"Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias y devociones o actos de culto respectivo, en los templos o en su dominio particular, siempre que no constituyan delitos o falta penados por la ley. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, a excepción de las peregrinaciones, procesiones y otras manifestaciones de las tradiciones históricas del pueblo."
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Ramírez Cuéllar.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, Sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte a la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 24, en los términos en que ha quedado el dictamen.
La secretaria A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea en votación económica si está suficientemente discutido el artículo 24.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a tomar la votación de este artículo.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 24. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior.
(Votación.)
Se emitieron 351 votos en pro y 29 en contra señor Presidente.
El Presidente: - Aprobado el artículo 24 por 351 votos en favor. En consecuencia, está a discusión el artículo 5o. Se abre el registro de oradores para la discusión de este artículo.
La Presidencia informa que han sido registrados previamente los siguientes señores diputados: Jorge Mendoza Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional; Gonzalo Cedillo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Alvaro Salazar, del Partido Revolucionario Institucional; Tomás Correa, del Partido del Frente Cardenista y Rafael Cañedo, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Mendoza Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Mendoza Alvarez: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
México se inserta progresivamente en la tendencia internacional de modernizar todo tipo de relaciones sociales. La reforma que discutimos tiene por objeto que todos los creyentes de cualquier fe religiosa cuenten con los mismos derechos y las mismas obligaciones en la convivencia social, se garantiza así equidad, justicia y libertad ciudadana en este importante ámbito de nuestra coexistencia colectiva.
Consideramos que es el momento de hacer estas adecuaciones en la Constitución porque ya han desaparecido las razones que históricamente aconsejaban algunos límites a los organismos de gobierno, a las instituciones y a los derechos ciudadanos en torno a los vínculos reales que se establecen entre la Iglesia y el Estado.
El artículo 5o. de nuestra Carta Magna, señala en su contenido esencial que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Recordemos que la libertad de trabajo es una exigencia imperiosa de la naturaleza humana, es una condición indispensable para el desarrollo de su personalidad, declaraba ya Vallarta en las sesiones de discusión del Constituyente de 1856- 1857.
Antecedente de la Constitución de 1857, se remonta al punto 30 de los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, en el sentido de dar un trato igualitario a todos los hombres en materia laboral. La idea que subyace en esta garantía, es la que ningún individuo se le puede obligar a trabajar en lo que no ha elegido libremente. Las únicas limitaciones a la garantía de libertad de trabajo son que se trate
de una actividad ilícita y la prohibición de autoridad competente cuando se ataquen derechos de terceros o de la sociedad.
El párrafo quinto del artículo 5o. de la ley suprema, establece que "el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona" y agrega: "ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso, para enseguida prohibir, en consecuencia como lo confiesa el texto, el establecimiento de las órdenes monásticas".
Estamos convencidos de que es correcto el criterio de la reforma al eliminar el agregado limitativo y pobre de las causas que pudieran afectar esa libertad, y sobre todo es correcto desechar la prohibición para establecer las referidas asociaciones que son parte trascendente de la vida del pueblo mexicano.
Se evita, con la reforma a la Constitución, una contradicción notoria, en atención a que las órdenes monásticas han existido y tienen vida activa en nuestra sociedad, lejos, muy lejos de realizar actividades ilícitas o de funcionar contrariando intereses ilegítimos de tipo individual o de tipo colectivo, y en las mismas, en estas órdenes, participan con libertad y en ejercicio de esa garantía, hombres y mujeres que tienen indiscutible derecho para decidir su destino y ocupación de esa manera, para escoger esta singular opción de vida.
La modernización emprendida por el Estado mexicano, a efecto de adecuar las normas jurídicas a la realidad social actual demanda respeto a la libertad de trabajo, profesión o actividad que el individuo decida y no tiene razón de ser las limitantes injustas, por estar al margen de la realidad y de los cambios que suceden en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la vida nacional y mundial.
Creemos, con sinceridad, que con la reforma que comentamos, se logra respetar el régimen de las libertades individuales.
Al Estado no le corresponde regular el ámbito de las conciencias; no le compete reconocer los votos religiosos, que son manifestaciones personalísimas de cada creencia individual; no es de su ámbito sancionar el incumplimiento del voto religioso, ni menos le corresponde prohibirlos.
Compañeras y compañeros diputados: sean congruentes con la realidad social que nos toca vivir, apoyemos el dictamen como se ha presentado, actualicemos positivamente nuestro derecho constitucional, garanticemos la libertad individual para que cada persona escoja el modo peculiar de vida y actividad que mejor acomoda a sus intereses, ya que es, para todos, una prerrogativa irrenunciable y universal. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gonzalo Cedillo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez: - Con su permiso, señor Presidente, voy a tratar de ser muy breve; compañeros diputados:
Las modificaciones propuestas al artículo 5o. constitucional, son relevantes porque atienden al campo de la libertad de la persona, asimismo ponen fin a uno de los mandatos constitucionales que más se prestaba a la simulación.
Se trata de suprimir el párrafo que prohibe el establecimiento de órdenes monásticas. Mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, está de acuerdo en que se suprima pues se atenta contra esta libertad personal, la libertad expresada como vocación, como decisión personal de dedicar la vida a una actividad especifica, en caso de ingresar a un orden religioso. No cabe duda que la elección o reconocimiento de la vocación individual, es uno de los momentos de mayor trascendencia y libertad al estado adulto; el párrafo que suprime el dictamen, atentaba de forma tal contra la libertad de elección, que de hecho, como es sabido, el Estado tuvo que disimular, ser tolerante, y permitir el establecimiento de órdenes monásticas. Así, aunque de esta manera se permite el ejercicio de vocación, para varios miles de mexicanos, por el otro, se debilitaba al estado de derecho al permitir la violación del texto constitucional.
Bienvenida sea, pues, esta modificación, que, por otro lado, no altera otras partes fundamentales del texto del artículo 5o., tal es el caso de la reserva que hace el Estado para no permitir contratos, pactos o convenios que sí puedan sacrificar la libertad personal. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alvaro Salazar, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Gómez Mont (desde su curul); - Señor Presidente, una pregunta.
El Presidente: - Sí, diga usted.
El diputado Fernando Gómez Mont (desde su curul); - ¿Podría preguntar a los oradores si alguno de ellos va a hablar en contra? No he escuchado yo un sólo comentario en contra del artículo como está.
El Presidente: - ¿Procede la pregunta del señor diputado? ¿Alguno de los siguientes oradores va a hablar en contra?, sino para que proceda el reglamento y únicamente los dos oradores que participaron quedarían ahí.
(Desorden.)
Vamos a leer la lista. Es el compañero Alvaro Salazar, que está aquí presente; el compañero Tomás Correa; el compañero Rafael Cañedo.
Para hechos pase usted diputado Cañedo Benítez Rafael.
El diputado Rafael Cañedo Benítez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros de partido:
Efectivamente como dijo el compañero diputado del Partido Acción Nacional, no vengo a hablar en contra, vengo a hablar en favor de la propuesta del dictamen. Pero, ¿por qué subo para hechos?, porque aquí se dijo que mi partido hizo en una forma precipitada esta iniciativa de ley y vengo a explicar en qué consistió el proceso político para darle origen a esta iniciativa.
Ustedes recordarán que la ley obliga a los partidos políticos a publicar la plataforma político- electoral. Mi partido debatió durante el mes de enero y febrero, la plataforma política que le iba a presentar al pueblo mexicano.
El 24 de febrero mi partido aprobó la plataforma político - electoral y ahí se dijo muy claramente que era voluntad de los priístas y compromiso, el de proteger los derechos y las libertades de todos los individuos y de todos los grupos. Así fue todo el priísmo nacional a 300 distritos federales electorales, asumiendo el compromiso de proteger los derechos y las libertades de todos los individuos y de todos los grupos.
Fuimos a campaña política y concluyó la labor de mi partido la labor político - electoral con la iniciativa que reforma las disposiciones legales que hemos venido discutiendo, Por esa razón vengo a decirles a ustedes que el proceso político - electoral dio culminación el día 10 de diciembre en que se presentó la iniciativa y hoy, al aprobarse, les pido a todos los diputados que voten a favor de esta reforma, para que la iniciativa de mi partido fructifique. Muchas gracias compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alvaro Salazar Lozano, para rectificar hechos.
El diputado Alvaro Salazar Lozano: - Señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:
Las reformas constitucionales son encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, fenómenos que no son privativos en México, constituyen parte de un proceso de cambio geopolítico que se da en todo el mundo, cambios súbitos e inesperados que están transformando las relaciones políticas en los países, tanto en lo interior como en lo externo.
Cambios que modifican las bases constitucionales que antes nos parecían rígidas e inalterables. Ahora aquí en México se dan cambios que son sumamente importantes, cambios trascendentes que nos hablan de los tiempos de modernidad y los tiempos a los cuales debemos adecuar nuestra ley.
Hemos dicho que al principio del México independiente, las relaciones Iglesia - Estado, eran muy confusas. Esa confusión se vino después dilucidando con el tiempo y fue precisamente en la Constitución de 1857, pero posteriormente durante la Reforma donde las Leyes de Reforma, nos dieron a nosotros la posibilidad de una separación de Iglesia y Estado y yo diría más bien, que la subordinación o supeditación de la Iglesia hacia el Estado.
Esta secularización del Estado, nos da a nosotros la oportunidad en forma muy rápida, cuando los cambios eran muy veloces y que era un antecedente precisamente de lo que ocurre actualmente, para que entonces Juárez pudiera lograr esto que era una necesidad para el país.
Ahora podemos nosotros observar que entre la norma jurídica y la vida, había un vacío. Es decir, decía Burgoa que solamente existía un pacto tácito de inobservancia. Daniel Moreno, por otro lado, ha dicho que las fuerzas reales de poder se deben imponer y así estamos a la violación cotidiana de los artículos 3o., 130 al igual que el 5o. y el 27.
Los más influyentes sectores del catolicismo han aceptado la solución de diversidad de entidades
Iglesia - Estado y no hay duda que en los asuntos temporales la supremacía corresponde al segundo. Sin embargo es tiempo de ajustar la ley a la realidad, dejando que este conflicto, que envenenó durante más de un siglo a la vida política mexicana, tengan una solución tanto jurídica como política.
Por todo ello, por la esencia teológica de ambas instituciones por desaparecer los motivos que la originaron, por la creación de un orden de derecho que tenga otras características, es que ya estamos cambiando.
Cambiando para ser mejores, para tener un país más libre, para tener un país con mayores libertades y aumentando nuestra soberanía. Este proyecto reafirma la libertad de creencias y su manifestación, así como la libertad de asociarse formando agrupaciones a las que denominamos asociaciones religiosas.
Al mismo tiempo proponemos fórmulas que deslinden plenamente los ámbitos de la religión y la política, mandatos que hacen imposible confundir los fines del Estado con los propios de las asociaciones religiosas.
Durante la primera mitad del Siglo XIX, como lo hemos dicho, había una confusión entre lo civil y religioso; eran los votos monásticos aspectos muy serios donde intervenía el Estado para obligar a su cumplimiento.
Posteriormente con el establecimiento del Estado laico y la separación de la Iglesia Estado, éste nada tenía que hacer para sancionar el voto religioso, pero ni siquiera se aceptaban estos votos que implicaban menoscabo, pérdida o irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por el voto religioso.
Así se mencionó en 1856- 1857 en la Constitución y posteriormente en 1917.
La reforma que se propone no significa estrictamente reconocimiento por parte del Estado de los votos religiosos. Sin embargo respeta en esta apertura de libertades dentro de un régimen de derecho, la libertad individual para que una persona elija el camino para contraer un voto religioso como una acción personalísima y con absoluto respeto del mismo Estado.
Por ello la reforma se sigue sosteniendo en el párrafo quinto del artículo 5o. el criterio de que no se puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de a persona por cualquier causa.
Suprimiendo la última parte, desde luego que ya decía, por causa de trabajo, de educación o de voto religioso y dejando exclusivamente por esta misma razón, por virtud de que pueden existir otros motivos.
La parte que señala el establecimiento de órdenes monásticas, también se suprime.
Fue sin lugar a dudas el sentido de 1857 el sentir de 1917, lo que nos hizo avanzar. Hoy retomamos ese hilo conductor de las constituciones y pedimos precisamente a ustedes, señores diputados, que siendo congruente esta reforma del artículo 5o. constitucional, solicitamos muy respetuosamente su aprobación. Gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta a la asamblea, si está suficientemente discutido el artículo 5o.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de el artículo 5o. en los términos del dictamen.
La secretaria diputado Ana Teresa Aranda Orozco: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 5o.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(votación.)
Señor Presidente, se emitieron 364 votos en pro, 11 con contra.
El Presidente: - En consecuencia, se declara aprobada la reforma al artículo 5o. constitucional, por 364 votos.
Está a discusión el artículo 3o. constitucional, en los términos del dictamen. Se abre el registro de oradores.
Esta Presidencia informa que han sido registrados los siguientes diputados. Del partido Revolucionario Institucional, Benjamín González Roaro; del Partido Popular Socialista. Juan Cárdenas García, Gabriela Guerrero Olvieros; Jorge Tovar Montañez, Hildebrando Gaytán Marquez; del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Yolanda Elizondo Maltos; del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional José Jesús Berrospe Díaz; del Partido de la Revolución Democrática Jesús Martín del Campo; del Partido Acción Nacional Pablo Emilio Madero y José Manuel Correa Ceseña.
En consecuencia tiene la palabra el diputado Benjamín González Roaro, del Partido Revolucionario Institucional.
El Diputado Benjamín González Roaro: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Por la trascendencia histórica de las reformas constitucionales que se han planteado por mi partido para regular las relaciones entre las iglesias y el Estados y por nuestro compromiso y responsabilidad con la educación, consideramos conveniente manifestar algunas reflexiones.
La conformación de nuestro sistema jurídico y político se ha sustentado en buena medida en la capacidad de dejar espacio al cambio histórico y a la aceptación de las necesidades y demandas emergentes. Tal es el caso, hoy en día, del reconocimiento de las iglesias, el cual se produce en el contexto de una sociedad que ha secularizado sus instituciones y de un orden estatal plenamente laico, a partir del cual el país busca avanzar democráticamente en el respeto a la diversidad que existe en su interior.
Consolidar a la secularidad de la nación mexicana, lo mismo que la vigencia de las garantías individuales, es posible y conveniente reconocer ahora la existencia jurídica de la iglesias y los derechos y obligaciones de los miembros de las asociaciones religiosas. Tal conveniencia se explica por el hecho de que en el centro del proceso de modernización de nuestro país, el pluralismo se constituyen hoy en día en una virtud en todos los ámbitos de la vida nacional: el político, el social, el cultural.
Diversidad social e intelectual que integrada democráticamente en la realización de fines comunes, se configura como uno de los recursos en el mantenimiento de la soberanía.
Ahora bien la acción estatal no puede dejar de reglamentar la participación de los sectores de la sociedad en estos procesos. Al Estado le corresponde, con la participación de la sociedad, la obligación de definir los lineamientos generales dentro de los cuales se garantice una convivencia social, armónica y democrática.
Por ello, consideramos un gran avance que en la iniciativa de reformas que se está discutiendo se retome e incorpore explícitamente el término de laicidad, en la definición constitucional de la educación pública, ya que sostener el carácter laico de la educación que imparte el Estado, significa no sólo mantener la enseñanza ajena a cualquier doctrina o dogma, sino además impulsar el conocimiento integral de la realidad, basado en los resultados del quehacer científico.
Esto es fundamental, tratándose del espacio educativo, el cual constituye un ámbito de socialización que debe de tener como objetivos el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, la promoción del compromiso con la patria, la formación de una conciencia solidaria y el desarrollo del país para la justicia social, a través del conocimiento.
Por lo mismo, la aceptación de que las instituciones religiosas puedan participar en actividades educativas, permite su debida reglamentación para realizarse obligatoriamente en los siguientes términos: llevarse a cabo exclusivamente en los planteles particulares; cumplir puntualmente los planes y programas de estudio oficial; sujetarse a los criterios y orientaciones generales que las autoridades en la materia señala para todo el sistema educativo nacional y respetar la libertad de creencia de cada uno de los amigos que asista a estos planteles.
En un régimen plural y democrático es vital la participación de los grupos que estén en posibilidad y tengan la voluntad de complementar el esfuerzo que realiza el Estado, ya sea en el ámbito cultural como en el educativo, pero sin infringir los lineamientos plasmados tanto en la máxima ley como en su reglamentación jurídica correspondiente.
Es por eso, compañeros diputados, que un grupo de compañeros de la bancada priísta, deseamos proponer a esta asamblea una modificación en el dictamen de la fracción IV del artículo 3o. constitucional.
Como ustedes saben la propuesta de redacción señala que los planteles particulares dedicados
a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán orientar la educación que impartan a los mismos fines que establece en el primer párrafo y la fracción II.
El término "deberán orientar" en una cuestión tan delicada, se puede prestar a que es una recomendación, es una sugerencia. Por tal motivo, nosotros proponemos lo siguiente:
"Fracción IV. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que específica la fracción anterior, deberán impartir la educación con apego a los mismo fines y criterios que establece en el primer párrafo y la fracción II del presente artículo. Además cumplirán los planes y programas oficiales y se ajustarán a lo dispuesto en la fracción anterior".
Dejo aquí en la Secretaría la propuesta que signan los diputados Luis Moreno Bustamante, Jesús Sarabia Ordoñez, Moisés Armenta Vega, Eloy Gómez Pando, Eduardo Cristerna y Benjamín González Roaro.
En ninguna escuela, ni pública ni privada, el campo de la educación puede ser el mismo que el de la religión. Los fines de la educación tienen que ver con el conocimiento científico, libre de dogmas o simplificaciones, por los mismo se deben cumplir sin simulaciones los planes y programas de estudio oficiales y mantener el carácter científico de la enseñanza.
Es conveniente destacar, compañeros, que con las reformas al artículo 3o., se mantiene los principios doctrinales del mismo. La educación integral. Esto se deriva del párrafo primero, que se expresa que la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano.
La educación de México encuadrada en la doctrina universal del hombre frente a sí mismo, lo concibe como a un ser que ha de realizarse en su totalidad. De ahí el precepto constitucional que defina a la educación como un proceso integral en el que habrá de procurarse el desenvolvimiento y la realización plena de todas sus capacidades, de todo su potencial, con el fin de hacerlo un ser que sienta, piense y cree de modo que sea capaz de vivir su circunstancia en su máxima plenitud.
Otro principio es la educación para la identidad nacional. En el inciso b) de la fracción II, se indica que la educación atenderá la compresión de nuestros problemas y el aprovechamiento de nuestros recursos, así como el acrecentamiento de nuestra cultura.
Aquí se encuentra su función como factor fundamental en la integración ideológica y cultural de la patria, no como expresión subjetiva, sino como esa real identidad entre hombres y ámbitos geográficos que determinan una relación irrevocable de concurrencia de ánimos, de aportación de esfuerzos para labrar un futuro.
El sentido nacional de la educación es, en el fondo, la base de su integración a la comunidad internacional. Sólo siendo alguien en lo individual se puede ser parte de un ser colectivo.
Otro principio que se mantiene: la educación democrática. En el inciso a) de la fracción II, se expresa: "La educación será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura política y un régimen jurídico, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Educar para la democracia y por la democracia, significa que el hombre advierte que sus decisiones personales están condicionadas por el interés general; que nadie es ajeno al todo; que individuo y sociedad son términos que se implican. Educar para la democracia, es educar para la participación comprometida.
Todos sabemos actuar, comprometernos, aportar por alguna vía nuestro pensamiento para contribuir a que las grandes decisiones se tomen basadas en el ideal colectivo y en el interés social del que nadie es ajeno.
La educación popular. Las fracciones VI y VII del artículo 3o., señalan que la educación primaria será obligatoria y la educación que imparta el Estado será gratuito.
Asimismo, en el inciso c) de la fracción II, establece que la educación se impartirá en igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
La educación para la solidaridad internacional. El inciso c) de la fracción II habla de contribuir a la mejor convivencia humana y en el primer párrafo del propio artículo señala que fomentará en el educando el amor a la patria y a la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.
Un profundo sentido internacionalista alienta la educación nacional, enseña a las nuevas generaciones que otros hombres, en otras tierras, viven de manera distinta a la nuestra, que debemos
respetar sus costumbres y sus modos de ser, pero también enseña que las libertades fundamentales, que el derecho a la paz y que el derecho a que nos respeten es algo que debemos reclamar. De ahí el sentido profundo de la doctrina de solidaridad internacional de nuestra educación, porque parte del principio de que primero debemos encontrarnos a nosotros mismos, tomar conciencia de nuestra propia identidad, para presentarnos ante nosotros, con nuestra carga de ideales, de principios, para no imponerlos, sino para conjugarlos en el afán de integrar una patria universal.
El principio de educación pública laica. La reforma al texto constitucional plantea en la fracción I que dicha educación, la impartida por el Estado, será laica, y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.
El laicismo representa la incorporación a la Constitución de un principio del que no debe de sustraerse a la educación pública en una sociedad de individuos dotados de iguales libertades, en la que se reconoce y promueve la pluralidad filosófica y religiosa. El laicismo en la educación pública privilegia la adquisición del conocimiento por la vía científica, cuestionando la realidad, sin imponer verdades absolutas, buscando siempre las verdades relativas a través de la crítica, exaltando los valores de la tolerancia y de la racionalidad.
El laicismo abre caminos para alcanzar la verdad surgida de la discusión y de la investigación. La educación pública laica permite la conciliación en la sociedad y resguarda su propia viabilidad y desarrollo armónico, es por ello que además el mandato del texto condiciona a los planteles particulares, a que cumplan los planes y programas de estudios, que han de ser laicos. Distinguir entre escuelas privadas y oficiales, a partir de un criterio religioso y no a partir de una forma de administración, es un error, la obligación de atender planes y programas oficiales y apegarse a la ley, deberá ser norma para planteles oficiales y privados.
Por lo demás, con esta reforma, el estado mexicano por ningún motivo deberá dejar de garantizar una escuela pública, donde la educación sea científica, integral y de calidad, destinada a los más de 25 millones de niños y jóvenes que tienen en ella la única opción de movilidad social.
La preocupación por la educación debe llevarnos a amplios consensos para superar los rezagos e insuficiencias de nuestro sistema educativo. El espíritu del artículo 3o. y su vigencia no son cuestionables. por el contrario, este principio constitucional nos ofrece la garantía de poder discutir abierta y democráticamente cuáles son los mecanismos para mejorar la educación de nuestro país.
El artículo 3o., constitucional seguirá siendo el principio rector que oriente el desarrollo del país, porque establece claramente que ésta empieza en el conocimiento científico de la realidad y la formación integral de los mexicanos.
Gracias compañeros, gracias señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Cárdenas, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:- Con su venia, señor Presidente: señoras y señores diputados:
En lugar de estar discutiendo aquí la forma, los mecanismos para estructurar una educación eminentemente científica, que permita a México responder al reto de las transformaciones que operan en el mundo, transformaciones generadas por la portentosa revolución científico - técnica en que están inmersos los países más desarrollados del mundo, estamos enfrascados en la discusión de unas reformas a la Constitución, que afectarán profundamente la formación de las nuevas generaciones de mexicanos.
Ayer decíamos que no era un problema de forma nada más, es un problema profundamente importante para el futuro inmediato de la nación y es que hay un hecho que tenemos que valorar, si bien el Partido Popular Socialista valora justamente lo que aquí se acaba de mencionar, lo que se conserva del artículo 3o. constitucional. Pero hay un hecho que distorsiona todo el futuro de la educación, el de crear las condiciones, si se aprueba la reforma al artículo 3o. para que el clero, el clero político, los ministros de los cultos intervengan en niveles de enseñanza que tenían prohibidos hasta hoy.
No es de olvidarse la expresión de Mújica en el Constituyente de Querétaro, cuando precisamente se presentó a debate el dictamen acerca del artículo 3o., constitucional, advirtiendo que se trataba del porvenir de la patria, lo que se jugaba al determinar la orientación y el contenido del artículo 3o., que advertía que se eliminaba la posibilidad de que el clero tuviera injerencia en ciertos niveles de enseñanza porque la historia
demostraba que el clero era el más funesto y el más perverso enemigo de la patria.
¿Ha cambiado el clero? No compañeros diputados, El clero católico sigue siendo el mismo, sigue siendo enemigo del progreso independiente de nuestra patria, sigue siendo enemigo del desarrollo fincado en la ciencia, en el progreso de la técnica, de la tecnología. Por eso no podemos nosotros aceptar de ningún modo la reforma que se pretende hacer el artículo 3o. constitucional que ahora se dice que se mantiene.
Nosotros advertimos que si a lo largo de estas discusiones ha quedado muy claro el objetivo de la Iglesia, el objetivo del clero de volver a dirigir la conciencia de las nuevas generaciones de mexicanos; no cabe duda que retomará ahora con mayor fuerza su lucha secular contra la enseñanza científica que pregona el artículo 3o. constitucional.
Por eso decía que en lugar de estar planteando aquí cómo acabar con el rezago educativo para que nuestro pueblo deje de ser un pueblo de cuatro años de escolaridad, estamos de nuevo en la batalla a la que invitamos a las fuerzas democráticas presentes en esta Cámara de Diputados, a no dejar pasar esta reforma. De nuevo se trata del porvenir de la patria, se trata del porvenir de nuestra juventud, porque es de advertirse que el clero no se conformará con la concesión que se le hace de dar enseñanza en las escuelas particulares. El siguiente paso, y ya proclamado en la Prensa en declaraciones de la jerarquía eclesiástica será reclamar su intromisión en toda la escuela pública y privada.
Hoy, cuando debiéramos estar planeando cómo fortalecer la escuela pública para sacarla del abandono en que lo tiene el poder público, cuando debemos estar señalando cómo el Estado debe incrementar progresivamente el presupuesto educativo para que se alcance el nivel que la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, por sus siglas en inglés) demanda o recomienda del 8% del producto interno bruto, de nuevo volvemos a situaciones ya superadas. Se dice que se esclarece la idea de una enseñanza laica, ajena a toda creencia religiosa. Nosotros sostenemos que en este estadio de desarrollo de nuestra patria, en que se requiere la formación de un verdadero ejército de científicos para responder a la necesidad de que México se inserte lo más breve posible en la marcha de la revolución científico - técnica, digo, sostenemos que es válido, es vigente totalmente la concepción racional que buscaba el constituyente Luis G. Monzón y que en la reforma de 1945 quedó muy claro: la educación debe seguirse sustentando en los avances del progreso científico y no en abrir de ninguna manera las puertas para una enseñanza dogmática, porque es indudable que la Iglesia no ha cambiado, seguirá sustentando su concepción del mundo, de la vida, del hombre, del desarrollo nacional, en los dogmas religiosos.
No podemos, compañeros, nuevamente situar al pueblo en condiciones desventajosas para tener que luchar nuevamente por conquistar lo que ahora se le pretende arrebatar.
Para nadie es desconocido que la mejor conquista del pueblo es precisamente la educación popular, que ahora se pretende socavar, dándole de nuevo la posibilidad al clero de intervenir en todos los niveles de enseñanza.
Quiero centrarme ahora en lo que respecta a la educación normal.
Mi partido, el Popular Socialista, ha demandado desde hace mucho tiempo que la educación normal debe ser una función exclusiva del Estado. ¿Por qué razón? Porque si queremos avanzar en un proceso de fortalecimiento de la identidad nacional, de crear una conciencia de defensa en el pueblo, de defensa de la independencia y la soberanía nacionales, los educadores deben tener una misma concepción acerca de nuestra patria, de nuestra historia, de nuestro futuro.
Por eso, entregarle al clero la posibilidad de ampliar su influencia en la formación de educadores, es entregarle la dirección del futuro de nuestra patria. Este es el hecho más peligroso compañeros diputados.
Los maestros mexicanos seguramente tendrán que luchar ahora en peores condiciones, pero yo estoy convencido de que el magisterio nacional, a pesar de esas reformas, seguirán enseñando, seguirán contribuyendo a la formación de una conciencia nacionalista, popular, patriótica, democrática y de plena solidaridad con los pueblos que como el nuestro buscan su independencia frente al imperialismo norteamericano.
He dicho que el clero no ha cambiado y recuerdo la etapa porfirista en que por la claudicación, por la traición del gobierno recobró su dominio, sus fueros, sus privilegios, su poder económico y su influencia política y con este poder recobrado, llevó su audacia hasta condenar la enseñanza en toda escuela que no se sometiera al programa educativo episcopal. Este es el riesgo
compañeros por eso el Partido Popular Socialista llama a la sensibilidad de todos los diputados que tienen conciencia nacionalista y progresista. Cerremos la puerta que se pretende abrir al clero. No podemos arriesgar el futuro de la patria nuevamente a conflictos de imprevisibles consecuencias. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Yolanda Elizondo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La diputada Yolanda Elizondo Maltos: - Con su venia señor Presidente; señores diputados:
Una sociedad que desea mantenerse viva y dinámica, debe reflexionar constantemente sobre sí misma, lo cual necesariamente lleva a identificar carencias e insuficiencias respecto a los conocimientos, habilidades, valores que deben de ser aprendidos para satisfacer las necesidades sociales.
Una relación justa entre las naciones es posible sólo si se dan condiciones suficientes de diálogo y una de estas condiciones es que existía un acervo común de conocimientos científicos y tecnológicos, pues de lo contrario se crean dependencias insanas que menoscaban la soberanía de las naciones más débiles en materia de ciencia y tecnología.
Cada país tiene sus propias necesidades sociales según su historia cultura y grado de desarrollo, todo lo cual debe tenerse en cuenta para la determinación de los conocimientos básicos relevantes y deseables que satisfagan dichas necesidades.
El mejoramiento de las condiciones ambientales y de salud y la acelerada socialización a través de los medios de comunicación masiva, permiten identificar diferencias en el desarrollo físico, psíquico, social. Este fenómeno necesariamente exige la revisión permanente de los contenidos educativos, la cual ha de llevarse a cabo teniendo como componente ordenador una medida generalizable del desarrollo de los educandos.
En la nueva situación de aplicación de política educativa moderna, el estratega de la reforma deberá mantener la integración, para ello fortalecer la confianza social en todas sus manifestaciones, mientras ocurren cambios rápidos en el país; habrá de concentrarse en la estabilidad y la continuidad, al mismo tiempo, que tratara de cambiar la sociedad sin menoscabar esfuerzo para mantener un proceso de regeneración de hombre y la sociedad, sin permitir que ninguna de las partes en juego, como fuerzas de integración, se conviertan en murallas de personas de intereses creados. Naturalmente, la integración social se presenta en todos los niveles de pensamiento y de la acción.
Hoy, ante la incertidumbre de valores, peligran la integración y el fortalecimiento de la autodeterminación. Ninguna sociedad futura podría vivir sin un fortalecimiento de su integración propia, parte de esta acción la educación, modernizando un proceso social educativo que prepare un nuevo tipo de hombre que pueda hacer frente a las responsabilidades que nos imponen las nuevas técnicas de organización social, los cambios en la tecnología y las habilidades.
La escuela moderna no tiene otra alternativa que la de intensificar y ampliar sus contactos con los otros tipos de actividad vital y con las instituciones sociales. Tendrá que abandonar su antiguo carácter puramente escolástico, cuando más intensamente asuma las funciones que otras instituciones descuidan.
Para el año dos mil México tendrá entre 110 y 120 millones de habitantes. Debido a una insuficiente creación de empleos, es muy posible que los mexicanos de fin de siglo serán más pobres que los mexicanos de hoy. La única salida urgente y real consiste en compartir la riqueza existente de manera más equitativa. Si se confirman las tendencias actuales, es probable que ocurra lo contrario. Esto no es inevitable, aunque será excesivamente difícil de evitar.
Pero lograr una mayor distribución de la riqueza de México en estos momentos, es una premisa fundamental en el basamento de la proyección de México hacia el futuro y es al mismo tiempo una tarea más importante que la creación de nueva y mayor riqueza.
Los parámetros e índices buscados con profundidad entre las mejores instituciones, señalan que más de lo mismo es contraproducente, por lo tanto se debe buscar un crecimiento que favorezca la igualdad y dé equilibrio a la productividad en todos sus órdenes.
Cabe mencionar que es irrenunciable la confrontación hacia el problema del rejuvenecimiento de la nación, pues este país verá crecer su población económicamente activa entre 1980 y el año dos mil, de 19.3 millones de 35.9 millones; los jóvenes entre 15 y 19 años crecerán, en el mismo período, de 7.8 millones a 10 millones; el grupo de jóvenes de 20 a 24 años, aumentará su presencia de 6.3 millones a 10 millones; el
estratro de los 25 a los 29 años, incrementará su presencia de 5 millones a 10.2 millones; el grupo de los 30 a los 34 años, incrementará su presencia de 5 millones a 10.2 millones; pasarán de 4.1 a 8.9 millones; de 35 a 39 años de 3.3 millones a 7.3 millones.
Por eso primordialmente se debe programar un plan político educativo basado en la concientización y conducción nacional "ad hoc" a la juventud, globalmente determinado y permanentemente guiado, eslabonado a planes y programas de formación política, ya que es este núcleo es donde emerge el fenómeno de la crisis de ideas.
Debe establecerse una política educativa que se articule con el progreso técnico y que tenga capacidad para responder a una estructura de producción y distribución cambiante y a las múltiples formas de participación en los sistemas culturales. La modernización apunta a un cambio estructural del sistema educativo, cuyo propósito es dinamizar las relaciones entre sus elementos internos y los que se dan entre ese sistema y la sociedad.
Son muchas las relaciones que se deberán transformar en este país. Primeramente cambio estructural de la comunidad: la descentralización, la planeación demográfica, el rezago educativo alarmante, el avance científico y tecnológico, la inversión educativa y aquí en este renglón, es fundamental vincular el sector educativo y la comunidad nacional, con los programas productivos de gobierno e iniciativa privada, que permitan una verdadera estratificación de los profesionistas mexicanos y permitan un binomio profesión - empleo. Cabe señalar en este renglón, que la educación a nivel universitario, debe estructurarse bajo un estudio de supervisión y seguimiento estadístico de profesiones ya saturadas en México, para adecuarlas a los nuevos retos y requerimientos sociales en este país.
Aquí haríamos un paréntesis en cuanto a posgrado en México se refiere.
En 1970 teníamos 13 instituciones dedicadas a esta enseñanza; en 1980 teníamos 98 instituciones y para 1989, teníamos 152 instituciones con una matrícula inicial de cinco mil 700 alumnos en 1970, que se incrementa en 1980 con más de 16 mil alumnos y para 1989, teníamos una captación de matrícula de 42 mil 655 alumnos, pero esta matrícula representa aproximadamente el 3.2% de la matrícula global de educación superior en México, que comparada con otros países del orbe, es insignificante menor. Por ejemplo, tenemos que en Canadá y en Alemania este porcentaje acrecienta a un 12% mientras que en Norteamérica se establece que posgrado hay 30% de la matrícula global de educación superior. También en Inglaterra se da un 45% y en Francia un 50%. Con estos porcentajes cabe, señalar que el rezago educativo en todos sus niveles en México, pero en especial en el sector posgrado es alarmante y preocupa al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana el incremento de programas, sobre todo en el nivel de jóvenes que pretenden llegar a una especialización en México.
También existe una alta concentración tanto de programas de posgrado como de matrícula en este nivel educativo en la zona metropolitana de la ciudad de México, el 42% del total de alumnos de posgrado, están inscritos en instituciones públicas y privadas ahí localizadas, mientras que estos ofrecen el 44% del total de los programas.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, aprueba en lo particular la propuesta de reforma al artículo 3o. constitucional, pero analiza el posible riesgo de que en los hechos, el surgimiento de un sistema educativo dual, con particularidades diferentes entre el sector público y el privado y sean vulnerables así las capacidades de la escuela pública. Este riesgo se fundamenta de una escuela privada que se consolida frente a la pública, que no amplía su capacidad de oferta ni aumenta sus recursos, como tampoco eleva la calidad de la formación que ofrece.
Los particulares que realicen actividades educativas y que opten por impartir doctrina religiosa, reciben con esta reforma, el reconocimiento de un derecho que conlleva la obligación de aceptar plenamente el mandato de una educación básica nacional con contenidos generales análogos para todos los mexicanos.
Hay que reconocer que al paso del tiempo el laicismo educativo que realmente se practica, fue perdiendo el vigor que correspondió a su origen y se convirtió frecuentemente en una neutralidad amorfa y débil.
El laicismo es una puesta por el valor libertario del conocimiento y por la capacidad humana de buscar y descubrir, por encima de los dogmas, los valores de la tolerancia, de la inteligencia y de la razón.
Cabe aducir que el secreto para que este país no se desgarre y explote en mil pedazos, en su vigor cultural. Somos un país con historia e identidad nacional; excepcionalmente fuerte.
Nuestra base asegura que la conjunción de aperturas políticas y económicas con la nueva integración, no dañará ni pondrá en peligro la existencia del país como tal. Los hombres y las mujeres de hoy, no somos los mismos de ayer. Ahora aprendemos del pasado y deseamos aplicarlo para mejorar y competir de igual a igual. Quizá el secreto de la renovación y fortalecimiento espiritual del país es inyectarnos una buena dosis de amor propio y de sensibilizarnos hacia el sentido común.
Señalando, finalmente, compañeros diputados, que para ser posible la reflexión expuesta, sólo se hará con la participación y compromiso de ecologistas, intelectuales, políticos, empresarios, técnicos, maestros, profesionistas, artistas, literatos, pintores, poetas y demás involucrados de nuestra sociedad, para conformar así, entre todos, un modelo de educación que consigne una retoma de valores, una conciencia de civismo, una cultura adecuada en la exigencia que vivimos en el entorno nacional e internacional, aunado a un sustento espiritual renovador que conlleve a los mexicanos a una verdadera educación integrada. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Emilio Madero, del Partido Acción Nacional.
El diputado Pablo Emilio Madero: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
En el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proponen algunos cambios en la parte relativa al artículos 3o. constitucional y se modifica el orden de diversas fracciones que aparecen en el texto vigente. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional desea, por mi conducto, dejar constancia expresa de la inconformidad que tenemos hoy como la teníamos en 1939, sobre el contenido de la legislación mexicana en materia educativa.
En el curso de los años Acción Nacional ha presentado diversas iniciativas de reformas al artículo 3o. constitucional, en las cuales hemos hecho propuestas concretas para que la educación en México sea respetuosa de las creencias y tradiciones de los mexicanos, para que todos en éste país, que es patria común de todos nosotros, tengan o tengamos la posibilidad de contribuir con su esfuerzo, la tarea educativa y en forma muy particular para que se respete el derecho preferente de los padres de familia, para escoger el tipo de educación que se debe dar a sus hijos, que debe ser de acuerdo a su conciencia.
No es el momento de discutir en detalle el contenido de la legislación relativa a la educación. Próximamente habremos de presentar una iniciativa de reformas al artículo 3o., en el cual habremos de incluir las ideas que desde su fundación ha defendido con calor el partido y que en forma reiterada hemos incluido en diversas iniciativas y en las plataformas que hemos presentado a la consideración del pueblo de México, en ocasión a las diversas campañas en las que hemos participado.
Proclamar la libertad de educación y lograr el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en materia educativo, habrá de beneficiar a millones de niños, sin que este ejercicio de la libertad afecte en nada a quienes piensan distinto.
Por otro lado, avanzar por el camino de la libertad en materia educativa, va a permitir también que terminemos con la contradicción que hay entre la realidad mexicana en esta materia y los compromisos adquiridos por México en el ámbito internacional.
Pronto habremos de presentar y defender nuestras propuestas, de momento, señoras y señores, dejamos testimonio expreso de la inconformidad que ya hemos expresado. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista.
La diputada Gabriela Guerrero Oliveros: - Señoras y señores diputados:
México no sólo ha llegado tarde a las grandes transformaciones del pensamiento y de las ideas que han generado los cambios más trascendentes en el desarrollo de la sociedad humana, no sólo ha llegado tarde sino que, a veces pareció ir a contrapelo de la historia y de las corrientes del progreso, lo cual explica en mucho nuestro secular atraso, tanto en la vida económica, como en la actividad científica y tecnológica.
En tanto en Italia, Francia los países llamados bajos y otros de la vieja Europa, ya surgían gigantes del pensamiento y de la acción, tales como Galileo Galilei, Copérnico o el extraordinario genio Leonardo Da Vinci, quienes con su obra rompían con grandes siglos de obscuridad y de pequeñeces intelectual abriendo cauce al renacimiento y al libre desarrollo de la más amplia y fructífera creatividad del hombre, aquí en nuestro territorio se consumaba la conquista y se imponía un sistema educativo con todos los
lastres, los prejuicios y la intolerancia propios de la Edad Media, derivados del carácter de la organización política del Estado español, en el que el poder religioso y el poder civil se confundían en uno solo.
De esta manera, con el sistema educativa, bajo la dirección del clero, se impuso un sistema de prohibiciones para los mexicanos. Prohibición para leer las obras avanzadas de la Europa del Renacimiento, prohibición para enseñar ciencia, prohibición para aprender las técnicas de producción en la colonia y, por lo tanto, para crear o desarrollar técnica propia y junto con todo ello persecución contra toda actividad intelectual que la Iglesia considerara que atentaba contra el pensamiento y la ideología del Estado y de ella misma.
Los insurgentes encabezados por Hidalgo y por Morelos pretendieron, junto con la reestructuración del sistema económico y político, que los aires del pensamiento renovador del renacimiento penetraran en la vida social del México naciente, pero cuando se logró la Independencia se abrió una etapa de trágica lucha interna para reestructurar la nación. Mientras que en Europa ya estaba en pleno desarrollo la revolución industrial que preparo el camino al dar un impulso extraordinario a las fuerzas productivas para la consolidación del sistema capitalista, el pueblo mexicano, señoras y señores diputados, tuvo que vencer en el campo de las armas a las fuerzas conservadoras para que la reforma juarista se impusiera, a fin de eliminar la influencia del clero político en la dirección del Estado y por su labor obstaculizadora del progreso en el campo educativo, donde la ciencia y la técnica estaban ausentes y prohibidas. Es decir, cuando nuestro país no logró que el renacimiento perneara nuestra vida cultura y cuando el Estado apenas luchaba por romper con las retrancas de obstáculos que impedían modernizar nuestra vida económica, política y cultural, ya países europeos como Inglaterra, Francia y Alemania habían logrado que el progreso científico se transformara en técnica revolucionaria de la producción para pasar de la producción artesanal a la producción mecanizada que transformaría las relaciones de poder en el mundo.
La obra juarista en el campo educativo, consistió en destruir la escuela de la colonia y construir, desde sus cimientos, una nueva escuela basada en los progresos de la ciencia y la técnica, estableciendo las primeras escuelas técnicas que al desarrollarse y transformarse con el tiempo y a impulso de las fuerzas revolucionarias dieron origen al actual poderoso sistema de educación técnica del Estado. Pero las fuerzas conservadoras impidieron que se desarrollara y fructificara la obra juarista, por lo que la Revolución de 1910 debió otra vez reivindicar la necesidad de modernizar el sistema educativo, elevando a nivel constitucional un conjunto de tesis, criterios y principios rectores que fueran la base de un sistema educativo que hiciera posible que la nación se incorporara definitivamente a las corrientes del pensamiento científico y de la creación tecnológica.
Pareciera, señoras y señores diputados, que con el triunfo de la Revolución de 1910 y con la doctrina educativa del artículo 3o. constitucional, que recoge toda la experiencia de lucha modernizadora del pueblo mexicano, se abrirían horizontes de progreso científico y cultural para México. Y, en efecto, así fue, pues se generó todo el progreso alcanzado por nuestro país en los últimos 70 años, en la elevación del nivel educativo de los mexicanos, en la formación de cientos de miles de profesionistas de diferentes especialidades, muchos de los cuales de encuentran en esta cámara que han hecho posible la industrialización del país en la creación de universidades e institutos tecnológicos públicos, donde se forman los profesionales que dirigirán este país, en la estructuración de un sistema científico pequeño, pero la calidad reconocida internacionalmente.
Ante nuestros ojos a partir de hace apenas unas cuantas décadas se abre una nueva etapa, quizá más trascendental que el renacimiento y que la revolución industrial. Esta etapa es la etapa de la revolución científico - técnica en la que lo esencial es la creación de máquinas que multiplican ya no la fuerza física del hombre, como hasta ahora había sido, sino su capacidad intelectual, con lo que se establecen las premisas para una capacidad de creación sin precedente en la historia de la humanidad.
Todos los países más avanzados tienen conciencia de esta nueva revolución, la revolución científico - técnica y sus dirigentes políticos, educativos y sus hombres de ciencia buscan como adaptarse a esta nueva realidad. No únicamente por un interés cultural, sino fundamentalmente como un medio para ganar mercados y mantener o lograr la supremacía en el campo económico.
Lo mismo en Inglaterra que en los Estados Unidos de América, en Alemania o Japón, en Francia e Italia, se está en un proceso de reestructuración del sistema científico y de reformas de todo el sistema educativo, desde el nivel elemental hasta la educación en posgrado.
Y la divisa, señoras y señores diputados, es la formación de científicos y técnicos mejor preparados y mucho más creativos y la única forma de lograrlo es impartir matemáticas y ciencias. Y por lo tanto el objetivo es encontrar procedimiento para mejorar la enseñanza de estas disciplinas en la escuela primaria, en la secundaria y en la preparatoria experimentando, elevando y cambiando lo necesario e invirtiendo todos los recursos económicos de que se puede disponer.
Para quienes toman como modelo el sistema del imperialismo norteamericano sería conveniente, señores legisladores, que pusieran atención a lo que el Presidente Bush sostiene al respecto. Hace unos meses hizo el presidente de los Estados Unidos de América un llamado en el marco de una reforma al sistema educativo norteamericano, para que haya mejores salarios para aquellos maestros que enseñen las cinco materias esenciales: matemáticas, ciencias, inglés, historia y geografía; propuso además desarrollar estándares educativos y subvención federal para establecer escuelas innovadoras; llamó a estructurar un sistema de monitoreo hasta el nivel de bachillerato, para medir el conocimiento de los alumnos, para saber qué tan bien piensan para enfrentar determinados problemas o que capacidad de análisis han adquirido.
El presidente Bush desea que se hagan pruebas de aprovechamiento en toda la nación norteamericana y que sean desarrolladas en las cinco materias básicas, para ser utilizadas en la admisión en facultades de las universidades e incluso en los empleos.
Como cúspide de ese conjunto de propuestas, el presidente Bush hizo un llamado al Congreso Norteamericano para que apruebe fondos, a fin de establecer 535 nuevas escuelas en el país, que sirvan como escaparate para nuevos e innovadores programas y métodos de enseñanza, como medio para intentar restaurar la hegemonía perdida en el campo de la innovación tecnología frente a Japón y a otros países del mundo.
Por su parte, señoras y señores legisladores, Japón, cuya excelencia en educación en matemáticas y ciencias en la escuela básica es reconocida mundialmente, no permanece quieto, también, a pesar de la excelencia, está en un proceso de búsqueda de nuevos planes y métodos para superar su propio sistema educativo.
Mientras esto sucede en los países avanzados, donde se trabaja intensamente para impregnar más al sistema educativo de ciencia y de técnica, mirando al porvenir que se esboza con la revolución científico - técnica, por desgracia aquí en México, en lugar de dar un nuevo salto, siguiendo el ejemplo que diere en su tiempo, la firme decisión patriótica y el espíritu visionario del gran Juárez, pareciera que queremos retroceder al pasado, porque, señoras y señores diputados, abrir el camino para que el clero político intervenga en la educación, en la formación de la conciencia de las nuevas generaciones de mexicanos, no representa sino un incalificable retroceso, ¿o qué otra cosa, señoras y señores legisladores, puede significar el permitir que el alumno, por un lado y en momento reciba las nociones de la biología sobre el desarrollo de los organismos vivos y momentos después escuche los dogmas y prejuicios sobre el mismo tema, que les ha de transmitir un cura, convertido en mentor por obra y gracia de la iniciativa de reformas al artículo 3o. constitucional a discusión? ¿Qué otra cosa puede significar, si por un lado se enseñan las leyes físicas del mundo o se fomenta un pensamiento racional con las nuevas matemáticas, si un momento después se descalifica su validez con nociones llenas de prejuicios y dogmas impartidas por un cura?
Señoras y señores diputados: me dirijo con pasión revolucionaria a los diputados del campo democrático, a los diputados ligados o no a la educación de mi país, a los diputados obreros que representan a la fuerza fundamental de este país; a la hora de votar, compañeros, piensen, pensemos en las luchas seculares de nuestro pueblo, por lograr una auténtica modernización de México, por ubicar a nuestra patria en las corrientes del pensamiento renovador.
Hoy, frente a una nueva revolución, como lo es la revolución científico - técnica, no permitamos un nuevo fracaso en este noble objetivo, no permitamos que el clero político intervenga en la educación de las nuevas generaciones, en las escuelas particulares y mucho menos en las escuelas del sistema educativo del Estado.
Consecuentes con nuestro pasado histórico, conservando cada uno la religión que considere válida para su propia conciencia, sigamos dejando abierto el camino para que el pueblo mexicano tenga la posibilidad de avanzar por el camino de la independencia y del progreso.
México, señoras y señores diputados, es un país envidiado y admirado por las tres joyas de la Constitución: los artículos 3o. 27 y 123. ¡No permitamos que con estas contrarreformas estas joyas sean arrebatadas a nuestra patria!
Por lo anteriormente expuesto, señoras y señores diputados y con fundamento en los artículos 124,
125 y demás relativos del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta la siguiente proposición:
«PROPOSICIÓN
Única. Que se modifique la fracción IV del proyecto de decreto del artículo 3o., para quedar como sigue:
Fracción IV. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán ajustarse sin excepción a lo dispuesto en el primer párrafo y las fracciones I, II y III del presente artículo y además cumplirán los planes y programas oficiales.
Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o predominantemente realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o a campesinos.
Atentamente.
Dada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de diciembre de 1991. - Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Hildebrando Gaytán Márquez, diputada Gabriela Guerrero Oliveros». Gracias por su atención, compañeros.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Centeno.
El diputado Javier Centeno Ávila: - Uso esta tribuna desde luego para reforzar la propuesta de los compañeros del Partido Popular Socialista en la defensa de educación democrática y popular. Es un punto de vista particular, cada vez me convenzo más de que el partido oficial es de centro derecha y que se tendencia educativa es neoconservadora; hoy abre la puerta a la educación confesional, mañana buscará el autofinanciamiento y la privatización de la educación superior evitando que el pueblo trabajador pueda acceder a niveles de estudio superior.
El tipo de hombre que busca la religión es el más conveniente al capitalismo, un hombre dócil que busque la felicidad en otro mundo, que sea obediente y se adapte a las necesidades del desarrollo capitalista, al statuo quo no le conviene nombres críticos multilaterales, les conviene nombres unidimensionales enajenados a lo cual la educación religiosa contribuirá con eficacia.
De paso quiero hacer referencia a una cita que se hizo de Carlos Marx. Yo reivindico a Carlos Marx como el más grande teórico de la historia de las ciencias sociales y es una falta de respeto que se dirijan a él de manera simplista diciendo que la religión se va por los pueblos y que el pueblo de México no quiere el opio. El se refería en el sentido enajenante de la religión, en el sentido adormecedor de la religión; de ninguna manera en el sentido de los efectos, de una droga eso es risible.
Por otra parte lo discutimos, Carlos Marx, yo reivindico su pensamiento y creo que no debe tratársele con la ligereza que aquí se hace. La educación democrática busca la desaparición de las desigualdades sociales, busca abolir los privilegios sociales, estos, por ser de origen social, sí pueden ser abolidos. Una sociedad más justa depende en gran parte de la educación y de su orientación progresiva y transformadora o neoconservadora, como la reforma que se nos pretende imponer, que presenta en esta caso solo el continuismo de una clase social.
Por eso nos pronunciamos ni mitos, ni dioses, la confianza en la terrenalidad del pensamiento del hombre y su capacidad transformadora, sí, a la educación laica basada en conocimientos científicos; no a la educación confesional dogmática. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado José de Jesús Berrospe, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Antes de iniciar esta breve participación sobre la reforma al artículo 3o. constitucional respecto de la reforma del 130, quisiera en primer lugar que no es la reforma en general al artículo 3o. lo que estamos discutiendo, sino que es solamente lo que afecta de la reforma del 130 constitucional. En segundo lugar, recordar que la modernidad es y debe ser el propósito y la línea de la acción política, la cual no es motivo de cuestionamiento en la estrategia del desarrollo nacional.
Por estas intenciones, si no van apoyadas en nuestra tradición histórica, arriesgarían la
convivencia y sería un retroceso a la nación de etapas ya superadas en nuestra historia.
Nuestro Estado mexicano se formó y consolidó en un combate secular con las iglesias a las que hoy se pretende reconocer y es por eso que consideramos que se hace necesario un repaso a nuestra historia para entender dicha modernidad. No se puede construir esta reforma en la antihistoria, porque debe quedar bien claro que la modernidad sólo tiene sentido si dispone de una plataforma histórica.
El Ejecutivo Federal convocó en su tercer informe a promover la nueva situación jurídica de la iglesia. No propuso en forma explícita el principio de cambiar la educación nacional, pues señaló la conveniencia de respetar la libertad de creencias en cada mexicano. Mantener la educación laica fue su pronunciamiento. No planteó el señor Presidente el establecimiento de dos sistemas educativos para la nación, un modelo educativo laico que impartiría el Estado y otro que estableciera modelos religiosos. Pienso que repasar las principales tesis de los constituyentes de Querétaro en materia educativa, puede resultar saludable y puede propiciar para nosotros el normar nuestros criterios.
Los mexicanos liberales constituyentes de 1917, nos dejaron un artículo 3o. conciso y claro, con referencia a la libertad de creencia y que garantiza el carácter libre se enseñanza. Entendieron por enseñanza laica la ajena a toda creencia religiosa, la enseñanza que transmite la verdad y desengaña del error, inspirándose en un criterio rigurosamente científico; afirmaron que no debería permitirse enseñanza religiosa en la educación nacional, fuera ésta pública o privada. Para hacer esta afirmación los impulsaron razones históricas y sobre todo de la soberanía y del futuro de la nación.
México necesita y está actualmente en un proceso de modernización en todos los aspectos y dentro de ellos, también se hace necesaria la modernización educativa. Estos cambios deben realizarse con base histórica, como ya se ha mencionado y con argumentos válidos.
El Presidente de México, al convocar en su tercer informe de gobierno, prevé esta situación jurídica de la Iglesia, que se base en el acontecimiento histórico actual, que es el reclamo de los mexicanos en su derecho libre de pensamiento.
Al llevar a cabo la reforma del artículo 130 constitucional, se incluye necesariamente la reforma en parte del artículo 3o., en sus aspectos que habla sobre el espíritu laico y sobre todo en la derogación de la fracción IV del actual texto, que elimina la prohibición constitucional actual para que las corporaciones religiosas y los ministros de culto participen en las tareas educativas.
Esta reforma, como necesaria, si se basa tanto en el desarrollo histórico de nuestra patria como en el reclamo de los mexicanos, es bienvenida por nuestra fracción, sólo esperamos que se reglamente con claridad en su ley reglamentaria el establecimiento de un solo sistema educativo para nuestra nación, que obedezca a un modelo educativo laico, sin que exista un modelo religioso para la educación. Es todo compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra el compañero diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Jorge Tovar Montañez: - Con su venia señor Presidente; compañeros y compañeras diputados:
Hemos examinado y considerado el proyecto; nos parece que hay cierto carácter tendencioso desde la fundamentación de las reformas que se proponen al artículo 3o. constitucional. Se recurre al pensamiento de Morelos en la Constitución de Apatzingán cuando recuerda que la sociedad debe apoyar a la educación con toda su fuerza, con todo su poder. Esto nos debe recordar que efectivamente Morelos es el que plantea con este pensamiento el deber del Estado de dirigir, de hacerse responsable de la educación popular. Ese es el valor del pensamiento de Morelos.
Menciona en la sustentación, en la base de las propuestas que se plantean en el documento, que el Estado nacional se acompañó del interés de crear un sistema educativo amplio, nacionalista, democrático, que a su vez es el sustento de nuestra aspiración de bienestar y justicia. Parece que debe interpretar el proyecto de esta manera el pensamiento filosófico educativo de la Revolución, pero no es así; omite voluntariamente la referencia a la ciencia.
La ciencia, compañeras y compañeros diputados, ha sido un concepto, una aspiración, una tendencia original de todo el proceso educativo nacional desde los inicios de la lucha libertaria de nuestro pueblo. Recordemos que Díaz de Gamarra, que Alzate y otros, en el Siglo XVIII se dedicaron a divulgar la ciencia y recordemos que en las reformas de Gómez Farías, en las reformas de Barreda, el núcleo central era la
modernización de los contenidos educativos de los planes y programas, de acuerdo con lo más avanzado de la ciencia de su época, que es precisamente lo que le da el carácter revolucionario a las reformas planteadas por Gómez Farías y por Barreda, un cambio verdaderamente avanzado que se alejaba de los contenidos educativos coloniales.
También afirma en el documento, tratando de sustentar las reformas que propone, que debe ampliarse el régimen de libertades y reafirmar el estado de derecho en congruencia con el espíritu de las reformas propuestas, es decir se insiste, a lo largo de todo el documento, en la idea de que en México no existen o no están cabalmente o suficientemente desarrolladas las libertades. Implica reconocer, por lo tanto el documento, implícitamente reconoce, que no hay suficientes libertades, exactamente como han venido reclamando desde hace decenios los empresarios, el clero político y partidos que guardan afinidad con estos grupos que sabemos cuáles son.
De esta manera, nosotros pensamos que cuando los autores de la iniciativa hablan y de alguna manera expresan de que es necesario ampliar el régimen de libertades, están reconociendo una mea culpa de que el gobierno o la autoridad o el régimen no ha sido capaz de desarrollar el régimen de libertades, es un harakiri en cierto modo.
Rechazamos nosotros esta afirmación de que no hay libertad de México para que los padres de familia, la familia en su conjunto, pueda a dar a sus miembros la educación que éstos determinen, refiriéndose particularmente a la educación religiosa, no hay conflicto, no sabemos de ningún padre de familia que verdaderamente pueda comprobar o que se queje de que no tiene la suficiente libertad para educar a sus hijos como él quiere o como a familia determina. En todo caso sería un problema que tenemos todos los padres de familia de dar a nuestros hijos exactamente la educación de acuerdo con nuestros valores muy particulares, con una escala de valores muy particular y en ese sentido todos nosotros creemos que estamos en esa posición, en esa condición de libertad para crear en nuestros hijos en nuestra gente una escala de valores, que nosotros consideramos justa, correcta, adecuada.
No cabe entonces hablar de que no hay la libertad suficiente para educar a los hijos como nosotros queremos, independientemente de todos los factores externos a la familia y a la escuela que afectan la propia marcha de la cultura y de la educación nacional.
En otra parte de la fundamentación del documento, afirman los autores que la educación pública debe promover el pleno desarrollo de la sociedad, de los individuos y debe inspirarse en la democracia, en el nacionalismo, en la solidaridad internacional y en la convivencia armónica en un marco de libertades y respeto a la dignidad de las personas. Parece invocar al artículo 3o., pero lo deja trunco; otra vez no hace referencia a la ciencia y esto ya es una actitud deliberada de suprimir este concepto en el examen de los trabajos, aunque se diga que se está tratando de respetar y hacer cumplir al artículo 3o. Y esto no es nuevo. En los documentos que ha presentado el gobierno para fundamentar las reformas educativas que está implementando, también hay un manejo tendencioso y parcial del artículo 3o. y deliberadamente en muchos documentos se suprime conceptos fundamentales, como es éste del conocimiento científico.
En fin, pasando al cuerpo de las reformas que se proponen, en la primera parte, en la fracción I, pues, del actual artículo 3o., se está de hecho dividiendo, fraccionando un concepto que no puede dividirse, se está tratando de hacer dos partes de algo que es único: el criterio que orientará a la educación. No pueden ser dos criterios, no puede ser por una parte un criterio laico para uno y para otros no, y en otra parte, en otro criterio, criterio científico. Se está mutilando, se está desvirtuando el artículo 3o., constitucional, que plantea y que continúe un criterio único. No es posible aislar el laicismo de la educación científica. Es artificioso, es artificiosa esta propuesta de hacer de la fracción actual, primera, dos fracciones y esto mutila definitivamente y trastoca de una manera innecesaria e ilógica el contenido del artículo 3o., constitucional.
Pero además habla de un laicismo, que lo hemos dicho, un laicismo sin connotación; parece regresarse al concepto de laicismo propio del porfiriato, un laicismo neutro, sin compromisos; un laicismo que no opine ni en pro ni en contra de las religiones, vamos a decir y eso, ese criterio tan neutro del laicismo, ese concepto muy anterior del laicismo, es lo que propició y siguió propiciando en algún tiempo que los maestros por temor a herir susceptibilidades, no hicieran críticas, no de la religión, no de las creencias, sino de lo que el artículo 3o., consigna de los prejuicios, de los fanatismos, de las ideas que sí afectan la convivencia social.
Entonces le falta definición a ese documento. ¿Qué tipo de laicismo? No podemos quedarnos con el laicismo del porfiriato. Los conceptos evolucionan, las ideas evolucionan, cambian y el concepto de laicismo en el que tenemos que insistir, es un concepto de laicismo no neutro, el laicismo que plantean los maestros, algún grupo de maestros del partido oficial en un documento que hicieron público. Un laicismo comprometido, un laicismo que llegue al conocimiento científico, no un laicismo inocuo, neutro.
Hay otra modificación sustancial, hay varias modificaciones sustanciales en el documento, particularmente nos interesa aquél que abre la posibilidad para que al suprimir la prohibición a los ministros de los cultos, de intervenir en algunos renglones de la educación como es la educación normal, y revisemos ese proyecto, veámoslo, abre la posibilidad que en un caso dados los sacerdotes puedan incluso y veámoslo con objetividad, puedan incluso impartir cátedra en las escuelas normales oficiales. Veamos el proyecto y veamos que a eso nos conduciría en un momento dado, si algún gobernador o algún grupo se le ocurre tal medida, que hasta podrían ir a enseñar a las escuelas normales oficiales.
Y finalmente quiero insistir en la idea de que dentro del tiempo que nos concede el reglamento aprobado por nosotros, que definitivamente el hecho de que, o la idea, la pretensión de que solamente se aplique en las escuelas oficiales, sean las escuelas oficiales las que obedezcan a las normas que hasta el momento rigen y están contenidas en el artículo 3o., una educación científica, etcétera y que deje a un lado o exhiba a las escuelas particulares y de todo tipo, de estas responsabilidades y obligaciones, definitivamente va a ahondar en las diferencias sociales que hasta hoy no hemos podido acabar en México, va a ahondar en estas diferencias sociales al crear, al formar dos tipos diferentes de mexicanos, que serían uno, en el sentido elitista; va a hondar el elitismo de todo tipo, económico fundamentalmente, y el otro, el de las escuelas públicas en las que se trata de hacer vigente el sentido democrático, popular nacionalista, científico de la educación nacional.
El tiempo se nos ha acabado muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Martín del Campo: - Compañeros diputados:
En mis comentarios sobre el artículo 3o. quiero primero hablar sobre la importancia histórica del contenido de este precepto constitucional.
En el artículo 3o. se condensa a partir de 1917, como todos los mexicanos lo sabemos y afirmamos, buena parte de las aspiraciones de amplias capas de la población que estaban marginadas y en muchos casos siguen estándolo, de las posibilidades de acceder a la educación escolar, vía por la cual pueden ubicarse verdaderamente en el mundo de la modernidad. Además en dicho artículo se plasma también la necesidad social de que la educación contribuya a fortalecer la cohesión y la identidad nacional sobre la base del conocimiento científico, puesto al alcance de la mayoría.
En 1917 se dio un debate tan importante y trascendental como el que ahora se da para hacer reformas a la Constitución; en 1917 los diputados del Constituyente tuvieron toda la libertad y todos escuchaban a los que debatían con puntos de vista totalmente polarizados acerca del artículo 3o. Se decían frases como la siguiente: "En la historia patria el clero aparece como el enemigo más cruel y tenaz de nuestras libertades", en un texto que elaboró la Comisión de Educación, que en ese entonces hizo un dictamen para la reforma del artículo 3o.
Se manifestaba también que en una tendencia no sólo conservadora, sino incluso regresiva se pronunciaba buena parte del clero en ese entonces y por ello surgió la necesidad de que se colocara el término de laica como la característica central de la educación que se impartiría en este país para amplias capas de la población necesitadas de la misma.
En ese Congreso Constituyente no se manifestaba la prisa que ahora se manifiesta para discutir asuntos tan trascendentales y se dio toda la oportunidad para que la discusión se profundizara pese a polarizaciones quizá más fuertes que las que ahora existen entre los integrantes de esta legislatura.
Por otra parte, las reformas que ha tenido el artículo 3o. en 1934, en 1946 y en 1980, son reflejo de las condiciones específicas en cada uno de esos momentos y en las mismas se expresa el punto de vista dominante del grupo del gobierno en turno.
Así pues, hay un énfasis popular y nacionalista en el texto original de 1917. Hay una posición radical y con énfasis en las necesidades sociales de las capas de obreros y campesinos en la
reforma de 1934; hay un giro moderado y aparentemente neutral en la reforma de 1946 y una preocupación marcada por la educación universitaria en la adición o reforma que hay en 1980.
Sin embargo, en todos los casos de las reformas anteriores se ha conservado el contenido esencial del artículo que lo mantiene como una conquista social, con transformaciones que no trastocaron en ningún momento el sentido original de la educación en este país.
Este hecho está ligado a la trayectoria que han seguido las relaciones del Estado con la Iglesia y al contexto internacional.
En la fase actual de la historia contemporánea, se viven momentos de un aire conservador, de nuevos paradigmas para apreciar y elaborar percepciones sobre el conjunto de las relaciones sociales.
Nuestro país no es ajeno a las influencias del exterior y una evidencia de esto la constituye el conjunto de iniciativas para reformar los artículos básicos de la Constitución mexicana, representativos del pacto social surgido de la Revolución. Dichas iniciativas del cambio, tienen como fin principal adecuar el marco jurídico y político de nuestro país a las exigencias pragmáticas del grupo gobernante y de las relaciones que está estableciendo con el exterior, en muchos casos sin el necesario consenso social para que esta integración sea realmente válida y realmente apoyada por la población.
El problema radica, insisto, en que los cambios se realicen con el consenso social necesario y sin sacrificar los intereses fundamentales de la mayoría de la población .
Uno de dichos intereses es el de la garantía de una educación a la que todos puedan acceder y que permita fortalecer nuestra identidad y nuestra capacidad de desarrollo, apoyadas en nuestra propia población, en nuestros recursos humanos.
Por lo anterior, resulta pertinente reforzar la idea de que la educación mantenga su carácter laico, gratuito y apoyada verdaderamente en el avance científico.
Características que deben mantenerse en el texto constitucional, pero que además deben concretarse con un contenido preciso y una política congruente para este sector educativo.
Los miembros del Partido de la Revolución Democrática creemos que buena parte de la iniciativa que presenta el Partido Revolucionario Institucional, mantiene esta tradición de una retórica ceremonial, que no necesariamente tiene congruencia con la política práctica que se desarrolla para lo declarado en algunos documentos, como en este caso la iniciativa del tercero.
En el texto vigente del artículo 3o y en buena medida en el texto de la iniciativa que lo reforma, el término laica no tiene la suficiente precisión, como incluso lo reconocen algunos diputados priístas que sacaron un documento público, y se presta para ambigüedades, puesto que da la impresión de que se trata de un concepto que sólo sirve para sacar adelante la aprobación de una iniciativa en esta reunión y no para enfatizar con el peso necesario el contenido que tiene la palabra laico en las condiciones de nuestro desarrollo actual.
Desde nuestro punto de vista, debe precisarse que la laicidad tiene relación directa con la tolerancia en el más amplio, pero también en el más estricto sentido de la palabra, es decir, abarca el campo de las ideologías, de las religiones, de las culturas, en fin, de todas las semejanzas y diferencias que cualquier sociedad humana tiene o puede tener. Por contrapartida, tienen que ver entonces con el combate a todo tipo de intolerancias, de fobias de sectarismos, de fanatismos, de los que no ha estado exenta nuestra sociedad en su etapa contemporánea. La humanidad en general y los mexicanos en particular, hemos vivido graves experiencias de intolerancias, encubiertas con justificaciones ideológicas, políticas, económicas y/o religiosas.
Los miembros del Partido de la Revolución Democrática no somos partidarios de iniciar ninguna cruzada anticlerical, ni de aceptar ninguna cruzada clerical en contra de los laicos, ni en contra de supuestos jacobinos, porque esto sería combatir molinos de viento; tampoco estamos en contra de la religiosidad popular, de lo que sí estamos en contra es de la manipulación política de dicha religiosidad, por grupos de cúpula, de clero y también del gobierno mexicano, cuando intentan llegar a acuerdos por encima a cerca de modificación de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, sin considerar las condiciones reales de expresión de la religiosidad del pueblo, que no tiene nada que ver con los intereses del representante del Papa aquí en este país.
Por lo tanto, el carácter laico de la educación, es la única garantía de que esta dé cuenta de la pluralidad y la heterogeneidad de nuestra sociedad, sin exclusiones de ningún tipo.
Asimismo, debe ligarse el carácter laico de la educación a los derechos del Niño, mismos que han sido recogidos en la Convención de los Derechos del niño de 1989, promovida por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura y que rescata también los derechos del niño, que desde 1948 se habían establecido.
En estos tienen primacía los intereses de los niños, al ser considerados como prioritarios para el conjunto de la sociedad, así lo expresa esta afirmación de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, en todas las medidas se considerará el interés superior del niño, y agrega el documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, los derechos del niño el derecho a la vida y al desarrollo, al nombre y nacionalidad, a la identidad, a expresar sus opiniones, a la libertad de expresión e información, a la libertad de pensamiento, conciencia, a la libertad de asociación, de vida privada, dignidad, reputación, religión, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a la seguridad social, derecho a la salud y a la alimentación.
Estamos de acuerdo que en el seno de la familia, como un núcleo principal de socialización de los niños, se deciden muchas de las pautas de comportamiento y las orientaciones éticas que estos tendrán en la sociedad; pero los miembros del Partido de la Revolución Democrática pensamos que los niños tienen derecho a ser educados en la ciencia, en los más importantes avances del conocimiento que la humanidad ha aportado y que por esto es muy importante que en la educación en general se mantenga el carácter laico de la misma.
Acerca de la gratuidad y la obligatoriedad de la educación, decimos que además de mantener estas características en el texto constitucional habrá que garantizar que la política gubernamental y los planes específicos para el sector hagan efectivos estos postulados. Habrá que hacer el esfuerzo, por ejemplo, en lo que se refiere al porcentaje de producto interno bruto destinado a educación para aproximarlo cada vez más a lo recomendado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, que es del 8%.
Por ahora y de acuerdo a la información del presupuesto de Egresos para 1992, el gasto público..., el producto interno bruto dedicado a educación en México será del 3.7%, lo que implica que habrá de hacerse un esfuerzo mayor.
De igual manera se requiere de un esfuerzo superior para garantizar que todos los mexicanos tengan como mínimo de estudios la educación básica que incluya la secundaria. Se ha retrocedido en esta aspiración respecto al sexenio anterior y ahora solo se habla de universalizar la primaria y no la secundaria como ciclo básico que ya se había considerado en el sexenio anterior. Lo que supone construcción de más aulas y mayor número de maestros que puedan atender la totalidad de la demanda.
En este sentido, debe reconocerse y buscarse la solución respecto a la asimetría e iniquidad en la distribución de los servicios educativos en el país. Asimetría e iniquidad que se expresan tanto a nivel regional como por estratos de la población. La Constitución garantiza que la educación es gratuita, pero en los hechos muchos sectores de la población no pueden enviar a sus hijos a la escuela, debido a las condiciones socioeconómicas. Quiero decir además que la baja calidad de la educación no tiene que ver esencialmente con la operación interna del sistema educativo, sino esencialmente con causas socioeconómicas que son extraescolares y que son complementadas por las condiciones de operación de los planteles.
Ligado a lo anterior, además de mantener el libro de texto gratuito para primaria, debería extenderse para la educación secundaria, al mismo tiempo que debe reformarse en la concordancia con los requerimientos actuales.
La drástica reducción de la Matrícula en las escuelas normales, lo mismo que la creciente deserción de maestros en servicio, revelan que no hay una adecuada política de profesionalización del magisterio ni de superación profesional para el sector, situación que habla de la necesidad de una fuerte inversión para este rubro, pero también de un cambio a fondo para superar las inercias burocráticas y el autoritarismo dominante en muchas áreas de la Secretaría de Educación Pública que tienen que ver con este asunto.
Este deterioro de los indicadores de desarrollo educativo es algo reciente en nuestra historia. Si bien los problemas de deficiente calidad y de iniquidad en la distribución de los servicios y en el logro de los resultados esperados, han estado presentes a lo largo de la historia de la educación en México, hasta 1980 la tendencia general era ascendente. Esta tendencia se revirtió con la crisis y las cifras recientes no indican que esta inflexión haya podido corregirse.
La equidad es un componente inseparable de la calidad. De no ser así es retórica falsa la frase
del Presidente de que "mayor educación significará mejor distribución del ingreso automáticamente".
Hay en la declaración de una educación científica buenas intenciones pero políticas cerradas prácticamente hablando. Por lo mismo, creemos que para que se concrete verdaderamente la idea de una educación apoyada en el progreso de la ciencia a la que tengan acceso todos los mexicanos, debería discutirse detalladamente este problema de la reforma al artículo 3o. la discusión en condiciones de cansancio, como el que hay en esta sesión, no podrá arrojar buenos resultados. Cualquiera de los diputados que, comprendo, por cansancio silvan y porque ya tiene la prisa de terminar este período de sesiones, creo que están teniendo una actitud equivocada porque están conscientes de que las determinaciones que sobre artículos como éste se toman, tendrán una gran repercusión y trascendencia permanente y duradera.
Por lo mismo los llamo a que abandonen esa actitud, que en otras ocasiones ya también hemos criticado de solo dedicarse a silbar, de solo dedicarse a marcar el tiempo, cuando no han tenido una actitud de abrirse al debate y a la discusión.
Hago una crítica aquí al procedimiento de la iniciativa.
En la Comisión de Educación y no me dejarán mentir los de todos los partidos que forman parte de dicha comisión no se discutió la iniciativa, no fue motivo de una discusión y sólo se presentó en una sesión y no se pudo discutir dada la prisa y la premura con que se están tomando estas decisiones. De eso no somos responsables los diputados de la oposición y en buena parte tampoco muchos diputados del Partido Revolucionario Institucional, a quienes se les dice que ya se tomó la decisión con discusión.
Los miembros del Partido de la Revolución Democrática hacemos una proposición de modificación al texto que se propone en el siguiente sentido: Modificación de la fracción IV del artículo 3o: "Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán orientar la educación que impartan a los mismos fines que establecen".
El primer párrafo y el cambio es a las fracciones I y II del presente artículo. "Además cumplirá los planes y programas oficiales y se ajustarán a lo dispuesto en la fracción anterior."
La dejamos en la Secretaría para que sea considerada esta proposición de modificación de la iniciativa que se nos presenta.
Quiero decir también que vamos a generar una discusión a fondo y en serio sobre este asunto del artículo tercero y que votaremos en contra de la iniciativa que se propone para el artículo tercero, porque consideramos que no se han dado las condiciones serias para discutir siquiera de manera aproximada a como lo hicieron los Constituyentes de 1917.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Rico, para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Enrique Rico Alzate: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Mi intervención es con la finalidad de reforzar la propuesta del compañero Jesús Martín del Campo y en el sentido de que el artículo 3o., de la Constitución Política de la República condensa objetivos y valores que orientan la educación nacional.
Por lo anterior, el Estado no puede promover la enseñanza religiosa, su función debe garantizar a todos los educandos del país educación, basándose en el desarrollo científico y tecnológico. La educación que no recibimos en generaciones pasadas es el error que nos ha conducido al atraso tecnológico, convirtiéndonos en importadores de tecnología y con lo que se pretende la brecha se hará más grande.
La tecnología avanza vertiginosamente. Sus productos son observables en casi todas las calles principales de la ciudad, de cualquier país. Ejemplo de esto son las videocaseteras, las cámaras de video, el telefax, el teléfono celular, las computadoras de bolsillo, los convertidores catalíticos, los discos compactos, las fibras ópticas, las redes de las computadoras etcétera. Son artículos cuya tecnología se conocía de muchos años atrás y que fueron comercializados en la última década. Tecnologías poco conocidas son la que transforman a la industria pesada, motor de los países altamente industrializados y que impactan en el aumento de la productividad y calidad, como ocurre en la industria metalúrgica, petrolera, química y electrónica.
La alta competividad de los países desarrollados se basa en sus productos de alta tecnología, que
no solo ofrecen alta calidad, sino también bajos costos.
Como país tenemos que salir del seudocolonialismo tecnológico, en tanto no seamos capaces de desarrollar nuestro propio desarrollo tecnológico. Mientras la educación básica no incluye una fuerte dosis de capacitación tecnológica y ahora con enseñanza religiosa no podremos crear los recursos humanos que sirvan a la industria para un crecimiento que nos permita entablar un tratado de igual a igual en intercambio comercial con cualquier país del orbe.
Es imperativo implantar en la estructura educativa la educación tecnológica que actualice los recursos humanos; es necesario establecer un plan de capacitación emergente que nos permita analizar, conocer y comprender el uso de las nuevas tecnologías, su impacto en la industria, en la sociedad, la economía y el medio ambiente; es necesario fortalecer la educación con temas que permitan a las generaciones futuras entender las causas y efectos de la contaminación, así como la forma de combatirla y el uso de las tecnologías de las llamadas limpias y de alto rendimiento.
Debe incluirse en la educación básica los fundamentos del uso eficiente y el ahorro de energía, así como la disminución del consumo y elaboración de productos nocivos a la salud y al medio ambiente y no religioso.
Pocas veces solemos reflexionar sobre nuestra participación en la sociedad, en raras ocasiones nos sentimos menos individuos para sentirnos más sociedad. Desgraciadamente esos momentos de identificación son más por situaciones forzadas que por un acto de concientización espontánea.
Es necesario implementar un sistema de información dinámico que actualice los libros de texto, los medios de comunicación que llevan la información a los educandos, quienes no son ajenos a los acontecimientos que ocurren día con día en el mundo, como los cambios en las fronteras de la ciencia, catástrofes que modifican la ecología mundial, la desaparición de la flora y fauna que le ha costado a la naturaleza millones de años para su creación, y la inconsciencia del ser humano la ha destruido en unas cuantas décadas. Además los cambios en las disciplinas políticas, que se quebrantan y nulifican después de lustros de observar su ineficiencia.
Cabe preguntar: ¿Por qué negar a nuestros hijos la información que está transformando al mundo y están heredando?
Necesitamos una educación más reflexiva, con información veraz y oportuna, para entender y enfrentar los problemas de las sociedades modernas, una educación más comprometida e involucrada para buscar soluciones a los problemas actuales y pensar en evitar los problemas que se presenten en el futuro.
Requerimos de una educación que haga sentir a nuestros jóvenes más comprometidos con el medio ambiente, su protección y conservación; más identificados con la sociedad tecnológica, más preocupados por la salud física y mental propia y de los demás; necesitamos una educación que induzca a la juventud de nuestro país a involucrarse y participar en el trabajo del desarrollo innovador de soluciones y no problemas.
Un momentito, ya mero termino, señor Presidente, si me permite.
El Presidente: - Por favor concluya, tenga consideración de los que estamos...
El diputado Enrique Rico Arzate: - Es para que se ilustren unos cuantos diputados, por favor.
Que sea cooperativo y progresivo, y principalmente que no sientan su futuro coartado por las malas decisiones de los líderes del presente, quienes no han alcanzado a comprender que la ignorancia cuesta más que la educación.
Para llegar a tener una educación orientada a la calidad, para llegar a una cultura de calidad, debemos instar en el sistema educativo la calidad que se fundamenta en el compromiso e involucra en hacer las cosas bien desde la primera vez y mejorarlas siempre que sea posible.
Todo este tipo de necesidades de educación que un país moderno requiere, difícilmente serán satisfechos de aprobarse esta reforma al artículo 3o. constitucional, que no obliga a los planteles particulares a la educación laica, mientras que deja abierta la posibilidad de que la enseñanza religiosa sea legalmente obligatoria en dichos planteles.
Por último, cabe preguntar: ¿en dónde queda entonces la obligación constitucional del Estado, de velar por la rectoría del desarrollo nacional, tal como lo señala el artículo 25?, ¿en dónde queda la necesidad de que los alumnos de estos planteles reciban la educación que necesita el México moderno? Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Estamos por concluir un período de trabajo en el que a juicio nuestro se han hecho graves modificaciones a la Constitución y el artículo que nos ocupa es para nosotros de la mayor importancia.
Se dice, como justificante de esta reforma, que es para ampliar el régimen de libertades, que es el único argumento que se expone. Queremos comentar esta expresión: la libertad. ¿Cuál es el objeto de la libertad? Y tratándose de la educación y de la formación de las generaciones ¿cuál es el objeto de la libertad?
Para nosotros y creo que así ha sido visto a través de la historia, el objeto de la libertad es crear aquellas condiciones para que las generaciones se eduquen en la verdad, para que se establezca un sistema educativo que fortalezca la integridad nacional, para que se establezca un sistema educativo que no divida a los mexicanos y eso es lo que se ha establecido con el artículo 3o. vigente desde 1946.
Sí, ahora se está rompiendo la estructura del artículo 3o. para dejar que las escuelas particulares puedan impartir educación religiosa, so pretexto de que se amplía la libertad de esas escuelas y más aún de que se concede este tipo de educación que ha exigido la iglesia católica, en este caso esta medida que está haciendo el Partido Revolucionario Institucional, sí otorga libertad, amplía la libertad a las escuelas particulares para que establezcan la religión, pero quienes van a pagar el costo de esta medida son los niños de México, son los jóvenes del país. Se está haciendo una escisión dentro de la sociedad. Ya señalábamos en la otra intervención, ¿cómo es posible conformar la personalidad de la niñez si se le presentan con la misma categoría, del mismo valor, dos verdades contrapuestas, la verdad científica y la verdad religiosa? Por eso es que ha suprimido la educación religiosa sin que esto constituya una agresión al sentimiento religioso de las personas, pero se ha suprimido de las escuelas precisamente para que pueda desenvolverse la personalidad de los niños.
Quiero decir a ustedes que nada menos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece dentro de muchos aspectos los objetos, los objetivos de la educación y dice: " que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el respeto a los derechos libertarios del hombre, fomentar una actitud de comprensión, tolerancia y amistad entre los pueblos con independencia de razas, de religión y lucha por la paz.
Estas y otras características que establece la Declaración de los Derechos Humanos en las reuniones mundiales del magisterio, se ha visto que esta declaración, que estos objetivos sólo se pueden alcanzar dentro de la educación laica. Si se establece la educación religiosa, ni estos objetivos que establecen los derechos humanos pueden alcanzarse, no se pueden alcanzar con la educación religiosa.
Pero otro contrasentido de esta modernidad: ¿Cómo es posible que a estas alturas, cuando existe la pedagogía con bases científicas, por el lado de la psicología, por el lado de la filosofía, del desarrollo de las ciencias en general y se ha establecido la profesión del maestro, como toda una profesión científicamente integrada, a estas alturas estamos como en la edad media donde el peluquero sería también como doctor, como curandero y como otras cuantas profesiones más? Así ahora, los ministros de los cultos, sin más preparación, con otros objetivos en su concepción de la vida, se autoriza que vayan a las escuelas, una modernidad que está eliminando el ejercicio científico de las profesiones, esa es la modernidad.
Un manejo equivocado de las libertades para escindir a la niñez y a la juventud, para crearle conflictos. Es a la niñez a la que van ustedes a perjudicar con esta reforma. No es cuestión sectaria, no es cuestión de pretender eliminar a la religión, no, ya hemos dicho, yo soy profesor y toda mi carrera profesional ha sido del más escrupuloso respeto a las creencias de los niños y un maestro ese debe ser, y creo, es el más profundo de sus rasgos como maestro, respetar la creencia de los niños, porque es un individuo que se está formando, pero también como maestros lo vemos como un ser humanos y la educación que le damos tiene el sentido humanista, científico.
Esos son los rasgos de la educación que podríamos decir las categorías permanentes de la educación en el mundo, ser científica, ser humanista, ser democrática, ser respetuosa del niño y ustedes con la educación religiosa están echando abajo todos estos aspectos.
Pero no queda ahí el asunto. Existe el Reglamento de Inversiones Extranjeras que permite al
capital extranjero invertir en todos los niveles de la educación, desde preescolar hasta universitaria y que el capital extranjero no ha estado demandado salirse del marco que le establece el artículo 3o. y tener otras libertades también ahí.
Es muy lamentable que el Estado a estas alturas esté desandando el camino. Nosotros vemos la historia no como han dicho para pretender detener el progreso, más alejado no puede ser ese el objetivo, puesto que lo que queremos ver, el futuro que fortalezca al pueblo y a las generaciones venideras.
Pero aquí en México, con esta reforma se está abriendo un boquete muy grave al artículo 3o., muy grave y lo lamentable es que el grupo dominante cuántos son, por el lado de la iniciativa privada es una minoría y por el lado del grupo gobernante es una minoría la que está tomando decisiones en lo que en su concepción sería la modernidad del país, pero ya señalábamos, a pesar de que señalan y dicen que hay que alejar la ideología, esta modernidad no es carente de ideología, esta modernidad tiene una ideología, o que vengan aquí a sustentar que puede haber un proyecto carente de ideología.
¿Cuál es la ideología que tiene esta modernidad? ¿Nacionalista, democrática, que por la independencia, por la soberanía? Vengan a demostrarlo, a dar pruebas, a fundamentarlo, a explicarlo.
Nosotros señalamos que lo que tiene el grupo gobernante, aparte de un sentido de claudicación frente al sentido y al rumbo de la Revolución Mexicana, es una posición equivocada en la globalización, dentro de la revolución científico - técnica no encuentran el rumbo cómo ubicar al país con independencia y soberanía y lo entrega al imperialismo norteamericano.
No encuentran el rumbo señores. Tienen un proyecto equivocado que vulnera nuestro país y este boquete al 3o. gravísimo, indica que están tan equivocados que puede ser el inicio, porque ya señalábamos, el clero no se va a conformar con esto, va a exigir más.
La historia nos indica las fuerzas que han estado en lucha, lo que han aportado una y otra y hasta el presente son líneas, líneas que no pueden tener ruptura y cuando el Partido Revolucionario Institucional o al menos el grupo gobernante determina estas medidas, ¿a qué de los grandes sectores de los intereses históricos corresponden estas decisiones? no pueden corresponder a ninguna, sólo a condición, como ya lo han dicho algunos, de ignorar el pasado y enterrar la historia, porque ese es uno de los rasgos de la modernidad como filosofía que ha desplegado el imperialismo, ignorar el pasado, y hay los libros que lo indican, ensayos sociológicos - filosóficos, que el pasado no cuenta, cuenta el porvenir y el futuro; el pasado como cadena, el pasado como narración que hay que enterrar o ver como novela de diversión, pero los hechos del pasado en cuanto motivaciones del pueblo, en cuanto ingredientes ideológicos para la construcción del país y para constituir la propia cultura nacional, no cuentan. Y ustedes están queriendo enterrar también la cultura de México que se ha venido enriqueciendo con el tiempo, con la historia. Ahora se va a exaltar la cultura de la colonia y se va a tratar de eliminar los rasgos que ha recibido la cultura de la lucha revolucionaria.
Ya se señalaba aquí por otro compañero, un grave, inclusive otra gran omisión que tienen en el proyecto. No prevén que los ministros de los cultos no vayan a trabajar a las escuelas públicas, no lo prevé, no hay ninguna cláusula dentro de la reforma que prevea eso y por lo tanto lo están permitiendo y les digo que hay una contradicción porque en otro de los artículos que ya vimos sí establecieron la prohibición a los ministros de los cultos de desempeñar cargos públicos y siendo consecuentes con eso, deberían incorporar a esta propuesta de ustedes la prohibición a los ministros de los cultos de intervenir en las escuelas públicas, pero ni siquiera eso tienen, está completamente sin meditarla. Y la Iglesia seguirá pidiendo la educación religiosa en los demás aspectos.
Compañeros: el Partido Popular Socialista, en sus intervenciones en esta jornada, ha exaltado el pensamiento y la obra de Benito Juárez.
Para terminar mi intervención, quiero señalar que Benito Juárez es el que estableció en nuestro país el sistema educativo, porque si desgraciadamente con las bases que sentó Mora y Gómez Farías en el 33 del siglo pasado, no pudo fructificar el sistema educativo, sí en cambio con Juárez se establecieron las bases del sistema educativo que hasta el momento con desarrollo, enriqueciéndolo, ampliándolo, pero es el que esta vigente.
Juárez estableció en la ley, primero de 1861 y después en la de 1867, la educación laica y científica, con Gabino Barreda y creó toda la estructura que no existía, dio las bases para la participación del Gobierno Federal en la educación, declaró que no podía haber, y desde entonces no hay, educación religiosa en los planes y programas.
En primer ministro con la Secretaría, el ministerio de Justicia e Instrucción Pública, Ramírez, Ignacio Ramírez y de ahí en adelante la educación en México ha seguido o había seguido hasta este momento un ritmo glorioso, salvo etapas del porfiriato y aún en el porfiriato hay valiosos hechos referidos a la educación, pero ahora se está tomando un camino de regreso, para atrás, eso, es la modernidad, eso es muy grave porque se está desmantelando el régimen jurídico, no sólo de la Revolución sino de la Reforma en sus bases más importantes. Gracias, señores.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista.
El diputado Odilón Cantú Domínguez (desde su curul): - Señor Presidente, para hacer una moción. Es cierto que los oradores se están excediendo en tiempo, por lo que una sugerencia, que la Presidencia oriente a los compañeros o solicite a los compañeros porque parece que sucede como, perdone el ejemplo, como en los ranchos, cuando un pollino empieza aparecer contestatario en el resto del pueblo. Creo que es necesario, señor Presidente, que guardemos respeto al orador, en principio, pero también que haya consecuencia por parte de los oradores, respetando el tiempo que se tiene establecido. Solicito esa petición a la Presidencia.
El Presidente: - Téngase por hecha la exhortación. Tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nosotros, los cardenistas del general, creemos que es indispensable dejar absolutamente garantizadas todas las posiciones ideológicas, de manera que no haya posibilidad para que en lo futuro renazcan persecuciones o descriminaciones por razones de orden religioso.
La libertad de pensamiento es un derecho inviolable del individuo; todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade o no profesar confesión o creencia alguna y asimismo es libre para practicar las ceremonias devociones o actos del culto respectivo o transmitir dicha enseñanza, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.
Nosotros decimos que vale más una fuerza beligerante, participativa, en su tiempo, que la embozada y agazapada con la serena humildad del lobo, porque ¡cuidado!, los pobrecitos curas desvinculados de la actividad crítica educativa, con la libertad coartada por las normas excluyentes, indiferentes, que no son garantes de la expresión divina, que reduce a los padrecitos a los ghettos de su inconsciencia en su vestimenta de policromías, a pesar del manto divino que los cubre magnéticamente pueden desenterrar el hacha de la cristiada, porque su inconformidad contra la legislación educativa sigue en bandas y está al acecho.
Históricamente el clero ha sido una casta privilegiada de la sociedad mexicana. La reforma liberal es del siglo pasado y los preceptos constitucionales de la Revolución Mexicana, se explican por la necesidad nacional de reducir los privilegios de esta casta, propiciando el surgimiento y la consolidación de un estado nacional capaz de conducir el esfuerzo de materializar los compromisos de la Revolución.
En la sociedad actual, aunque se lo propusiera la carta clerical, no podría recuperar los fueros y privilegios que le heredó el estado colonial. El sentido de las reformas al 130 constitucional, al 27 y las que se producirán en el futuro próximo, consisten en la libertad, liberación de fuerzas contenidas para nuclearlas alrededor del proyecto de la modernización nacionalista y popular que ahora reclama el desarrollo nacional. Esta fuerza al margen del desarrollo sin compromiso expreso con el interés actual de la nación, sería más reserva activable por los enemigos de la nación. Pero incorporados como se pretende con las reformas, amplían la base social de la resistencia nacional.
En materia educativa está comprobada la insuficiencia del esfuerzo estatal y y el adormilamiento de las fuerzas sociales instituidas por el presidente Cárdenas para educar al pueblo: los maestros.
Al legitimar la iniciativa de los particulares, incluida la de las asociaciones religiosas en materia de educación básica y normal, se multiplican los esfuerzos y se motivan las fuerzas adormiladas para defender activamente las posiciones más avanzadas en materia educativa.
Las reformas producen una oferta multiplicada en cantidad y al mismo tiempo abre una competencia intensa en la actividad en materia educativa. Las minorías peligrosas cuando permanecen latentes, pueden cumplir una función positiva cuando al activarse generan respuestas masivas de la sociedad para superar positivamente su desafío.
La irrupción abierta de las asociaciones religiosas en materia educativa, generan necesariamente más educación, provocando con ello, un beneficio al pueblo trabajador, ya que por cada pupitre pagado por la iniciativa privada, habrá siempre otro libre para un niño pobre, pagado por el pueblo.
La formación educativa plena, abierta sin limitaciones, en la confrontación entre ciencia y religión, la vencedora indiscutible será la ciencia.
La modificación legislativa actual es el reto aceptado al cambio sin dogmatismos retardatarios, es la consagración de un derecho individual tan sólo que en ningún momento supedita la ciencia a la religión. Quien tiene temor de lo contrario, es porque no entiende en su esencia clara, el significado de la ciencia como base indiscutible del progreso de los pueblos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel Correa, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Manuel Correa Ceseña: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El tema central de esta reforma, a nuestro juicio, es justamente este que estamos tocando: el tema educativo. Es más, el tema central, vertebral del proceso histórico de nuestra patria, se da de cara al proceso educativo. No hay etapa de la convulsa vida nacional que no tenga referencia a este proceso; programas manifiestos, pronunciamientos e incluso constituciones dan testimonio de ello, desde la raíz, la madre de todas nuestras cartas magnas, la Constitución de Cádiz, pasando por la Constitución de Apatzingán, por la de 24, inclusive la dos constituciones centralistas, la de 1836 y la de 1843, desde luego la Constitución liberal por antonomasia, la de 1857 y desde luego, la de 1917. Todas estas cartas, todo estos documentos constitucionales, enmarcan el fenómeno educativo.
La disputa por las conciencias hizo más cruentas nuestras guerras civiles; los grupos encontrados sabían lo que estaba en cuestión: el destino de México.
Uno de los episodios más vibrantes de la historia patria, lo es el acontecido en aquella tarde de diciembre de 1916, 13 de diciembre de 1916, cuando Francisco J. Mújica hizo una gran referencia a la educación, se abría en esa tarde de diciembre el debate sobre el tema educativo y dijo el gran constituyente:
"Ningún episodio de la Revolución Mexicana, ni sus grandes batallas ni sus grandes documentos ni sus grandes discursos, son comparables a esta momento en que se legisla sobre educación."
Es cierto, cuanta razón tenía Francisco J. Mújica al destacar el papel de la educación, un tema que aquí ha sido reiterado.
En el marco, en el seguimiento de la educación, nos encontramos al artículo 3o. La educación es la piedra de toque del desarrollo.
Ninguna nación desarrollada, ninguna, ni las asiáticas, ni las europeas, han alcanzado esa calidad de desarrollo, si un esfuerzo brillante de un sistema educativo, desde preescolar hasta los posgrados.
Por eso se puede afirmar con toda certeza, que una constante de la pobreza y del subdesarrollo es la ignorancia; por eso mismo el desarrollo económico y social se fundamenta en la autodeterminación educativa, en la eficacia y eficiencia del sistema educativo.
Como todos sabemos, la educación es regulada y normada por el artículo 3o. de la Constitución, este artículo no sólo fue uno de los puntos relevantes del movimiento social de 1910, es y deseo subrayarlo, uno de los principios cardinales de nuestra Constitución, algo que los teóricos constitucionales denominan las decisiones fundamentales, es una de las decisiones fundamentales. La educación en México es un tema de debate constante, de hecho en la construcción del Estado mexicano constituye una base vertebral.
En 1867, en la restauración de la República, se formuló la más importante ley educativa hasta la fecha, es la Ley de Institución Pública, promulgada ni más ni menos que por don Benito Juárez. Los principios inscritos en esa ley permanecen inalterables en la actual Constitución y así se presentan en la iniciativa que hoy nos ocupa, la universidad de la educación y a cargo y supervisión del Estado, subrayo, a cargo y supervisión del Estado.
El artículo 3o. va más allá del plano normativo, del nivel puramente jurídico, significa mucho más que eso. Es una real concepción filosófica de la vida, del mundo, de la sociedad; es el contexto doctrinario de la educación nacional; es la conceptualización de la democracia, del nacionalismo, del interés general, de la concepción de comunidad; el artículo 3o., es el producto más genuino de nuestra historia, es su condensación,
en su síntesis, es el ideario de nuestros maestros mexicanos; el artículo 3o., centro histórico del proceso educativo nace a una realidad social bajo el signo del liberalismo.
En el marco de esta ideología, la educación es un derecho universal del pueblo, es una dimensión necesaria de la realización humana; en esa medida y aquí encontramos el corazón mismo del artículo 3o., tiene éste cuatro grandes objetivos:
Primero. Desarrollo integral del mexicano y de nuestra sociedad;
Segundo. Ampliar el acceso a las oportunidades educativas y culturales para todos los mexicanos;
Tercero. Planear y organizar adecuadamente la prestación del servicio educativo y
Cuarto. Mantener el sentido laico de la educación.
De esta manera la iniciativa que hoy pedimos que esta asamblea apruebe, esta iniciativa de reformas no solamente respeta sino reafirma principios que marcan el proceso histórico de la educación y consolida las tesis centrales del artículo 3o.
Desde el punto de vista jurídico, el artículo 3o. precisa y consagra derechos individuales, pero también, indudablemente, derechos sociales tiene que ver con la supervisión del estado, en contenidos de programas y planes de estudio y tiene qué ver también con libertades fundamentales del hombre.
Inmersa en la idea de los derechos humanos, está la libertad de creencias. Es un derecho básico en el elenco de las libertades humanas. Vinculado íntimamente a este concepto está el ámbito educativo: derechos humanos, libertad de creencias y educación están íntimamente vinculados.
Asimismo, la norma jurídica, como ya se sabe, es producto del hecho social y del deber ser. El deber ser evoluciona conforme evolucionan los valores sociales, si se divorcian el deber ser y la norma, ésta ya no tiene que normar, es una norma que no norma.
A todo ello, de manera puntual, atiende la iniciativa. El Estado, representante jurídico y político de la nación, reafirma en ella históricos principios que le han dado a la educación cohesión nacional; en ella el Estado, a través de sus organismos competentes en el ámbito educativo, supervisará la laicidad de los planes y programas de los estudios en todas las áreas del conocimiento. Supervisión de programas por parte del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública. Programas que necesariamente tendrán un contenido laico.
Esta es la que acabo de escribir sumariamente, ésta es la frontera de las reformas, ésta es la frontera de las reformas, hasta ahí llegan. La perspectiva es clara: deslindar el rumbo de la nación a partir de la educación, formar a una generación apta para el desarrollo económico y social, insistir en la responsabilidad moral del conocimiento y, sobre todo y finalmente, demostrar que ninguna justicia, ni ninguna democracia es posible en la ignorancia. Señores diputados, muchas gracias.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a desahogar las proposiciones pendientes y relativas al artículo 3o.
Proceda a dar lectura a la propuesta del diputado González Roaro.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - "Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece en el primer párrafo y la fracción II del presente artículo. Además cumplirán los planes y programas oficiales y se ajustarán a lo dispuesto en la fracción anterior".
Servido, señor Presidente, la fracción IV del artículo 3o.
El Presidente: - Correcto. Proceda la Secretaría a poner a consideración a la asamblea si se admite o desecha la proposición del diputado Benjamín González Roaro, respecto de la fracción IV del artículo 3o.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta de la diputada Gabriela Guerrero, en relación a la misma fracción.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Propuesta: Que se modifique la fracción IV del proyecto de decreto del artículo 3o., para quedar como sigue:
"Fracción IV. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán ajustarse sin excepción a lo dispuesto en el primer párrafo y las fracciones primera, segunda y tercera del presente artículo. Y además cumplirán los planes y programas oficiales. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o predominantemente realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros y campesinos."
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a ponerla a consideración de la asamblea esta propuesta.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición del diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática, en relación a la fracción IV del artículo 3o.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Modificación de la fracción IV del artículo 3o. constitucional: "Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán orientar la educación que imparta a los mismos fines que establece el primer párrafo y las fracciones I y II del presente artículo. Además cumplirán los planes y programas oficiales y se ajustarán a lo dispuesto en la fracción anterior".
El Presidente: - Proceda la Secretaría a poner esta proposición del diputado Martín del Campo, a consideración de la asamblea.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulto a la Secretaría si existe alguna proposición pendiente de desahogo en relación al artículo 3o. del artículo único del dictamen.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Esta Secretaría no tiene registrada ninguna otra propuesta, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo 3o. del artículo único del dictamen se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se consulta si está suficientemente discutido el artículo 3o. constitucional.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Resérvese para su votación en lo nominal. Ha quedado reservado también el artículo segundo transitorio, por el diputado Jesús Ramírez Guerrero y además hay una proposición pendiente de desahogo en relación al mismo artículo.
En consecuencia tiene la palabra el diputado Jesús Ramírez Guerrero.
El diputado Jesús Ramírez Guerrero: - Por llevar más de 24 horas esta sesión y en consideración a todos ustedes, seré breve.
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nadie ignora que México cuenta con un vasto patrimonio nacional en templos de gran riqueza histórica y cultural, que indudablemente conservarán su actual situación jurídica, o sea, que seguirán siendo propiedad de la nación.
Por esta razón y para reafirmar el estado de derecho y ampliar el régimen de libertades, consideramos trascendente para la vida política y social del país la propuesta de reformas y adiciones a los artículos 3o, 5o., 24, 27 y 130 de nuestra Carta Fundamental, debe en consecuencia cuidarse no sólo en el fondo, sino también la forma del proceso legislativo.
Es importante que el artículo segundo transitorio del dictamen con proyecto de decreto que aquí de discute, tenga la ubicación constitucional correcta. Toda vez que la naturaleza de los artículos transitorios de los decretos que modifican o adicionan leyes, tiene como único propósito servir de puente entre la norma que se deroga y la que regula nuevas situaciones jurídicas. Es decir, sirve de enlace entre un supuesto jurídico anterior y uno nuevo, por lo mismo resultaría efímera su aplicación y vigencia.
En este orden de ideas, el artículo segundo transitorio del dictamen con proyecto de decreto de ninguna manera tiene esa naturaleza, pues se trata de un mandato de permanencia y de gran contenido político e histórico.
Por consiguiente, a nombre de la fracción priísta, me permito proponer a esta honorable asamblea la modificación de los artículos transitorios del dictamen que nos ocupa, para quedar como sigue:
El artículo primero pasa a ser artículo único, con el siguiente texto:
"Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
El artículo segundo del dictamen, pasa a ser artículo 17 transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el siguiente texto:
"Artículo decimoséptimo. Los templos y demás bienes que conforme a la fracción II del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reforma por este decreto, son propiedad de la nación, mantendrán su actual situación jurídica". Muchas gracias.
Entrego la propuesta a la Secretaría. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Ciudadano Presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados:
El diputado Ramírez Guerrero ha hecho una buena proposición que la fracción parlamentaria de mi partido saluda, pero no es ese propiamente el tema, sino el de presentar a ustedes de una manera breve el juicio y el balance que la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista hace de esta prolongada jornada de trabajo que hemos compartido.
Hoy, de nueva cuenta, nos encontramos ante un asunto de la mayor trascendencia, nos encontramos frente a un proyecto que se propone, esa es la convicción de mi partido, la destrucción de uno de los pilares fundamentales que han identificado a la nacionalidad mexicana, que han propiciado el desarrollo de su cultura y de la educación y servido de valladar en defensa de la integridad de la nación; el otro caso, hace apenas algunos días, fue el del artículo 27 constitucional. Tanto el 27, como el 3o. y el 130, son parte de los artículos principales de la Constitución promulgada en 1917, el otro de igual rango, lo es sin duda el artículo 123.
El gobierno del presidente Salinas de Gortari ha arremetido ya, con ligereza, desde nuestro punto de vista, en contra de tres de ellos. A pretexto de modernizar al país, hace unos días se planteó un retroceso histórico de tres cuartos de siglo, en relación con el desarrollo de la agricultura y la vida de los campesinos. Con ese mismo pretexto, hoy se pretende regresar a un período anterior, en muchos aspectos, a las leyes de reforma, por lo que hace al artículo 130 y se pretende romper una de las garantías para la unidad, la integración nacional y el sano desarrollo de la personalidad de la niñez y de la juventud, por lo que toca al artículo 3o.
El Partido Popular Socialista considera que la modificación a la esencia de los mandatos constitucionales, que se recoge precisamente en estos artículos fundamentales, requeriría de un tratamiento pleno de respeto y de acuciosidad. Igual que el pasado 6 de diciembre hoy nos encontramos frente a una indudable contradicción en la correlación real de fuerzas a nivel nacional y la que se da en el seno de esta Cámara de Diputados; quienes aquí hacen mayoría y amparados en esa calidad están dispuestos a imponer decisiones que significan graves retrocesos, es claro que en modo alguno responden al interés de la gran mayoría de nuestros compatriotas.
Se ha discutido aquí hoy durante largas horas, desde ayer, sin detenernos, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista ha participado con intensidad, con decisión, con
combatividad; ha dado sus argumentos con toda seriedad; ha defendido sus tesis; ha respondido y refutado uno a uno los planteamiento formulados por el partido del gobierno; estamos convencidos de que los diputados de la mayoría si tuvieran libertad para decidir su voto rechazarían la iniciativa de referencia, lamentablemente no existe esa libertad.
Compañeras y compañeros diputados: en este escenario la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista a partir de este momento se agrupa en esta tribuna y da por concluida su intervención en este debate, lo hace rindiendo homenaje al Benemérito de las Américas, al gran patricio Benito Juárez y lo hace entonando el Himno Nacional. Con esto contribuiremos nuestra participación y nos retiraremos. Rechazando la contrarreforma que atenta contra nuestra historia y contra el porvenir de nuestra patria. ¡Viva el Benemérito de las Américas! ¡Viva! Su obra históricamente será indestructible, la victoria históricamente será nuestra. Los invitamos a cantar con nosotros el Himno de todos los mexicanos.
(Se entona el Himno Nacional.)
El Presidente:- Proceda la Secretaría a desahogar la proposición pendiente del Partido Popular Socialista respecto al artículo segundo transitorio.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Propuesta del diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
Se suprime el artículo segundo transitorio del dictamen.
El Presidente:- Proceda la Secretaría a poner a consideración la proposición a la asamblea.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a desahogar la proposición del diputado José Ramírez Guerrero, respecto del artículo segundo transitorio, dándole previa lectura.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Son dos artículos transitorios señor Presidente, el primero y el segundo.
Propuesta del diputado Jesús Ramírez Guerrero del Partido Revolucionario Institucional. Propone la modificación de los artículos transitorios del dictamen que nos ocupa para quedar como sigue:
"El artículo primero pasa a ser artículo único con el siguiente texto:
"Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
El Presidente: - Proceda a proponerlo a consideración de la asamblea.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Agréguese al dictamen.
Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos transitorios.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - El artículo segundo faltó.
El Presidente: - Falta de lectura y la aprobación o rechazo en su caso de un segundo artículo. Proceda la Secretaría.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - El artículo segundo transitorio del dictamen pasa a ser artículo decimoséptimo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el siguiente efecto:
"Artículo decimoséptimo. Los templos y demás bienes que conforme a la fracción II del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se reforma por este decreto, son propiedad de la nación y mantendrán su actual situación jurídica."
En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos transitorios del dictamen.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si están suficientemente discutidos los artículos transitorios.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría entonces a tomar la votación nominal en un solo acto, del artículo 3o. y de los artículos transitorios del dictamen puesto a consideración de esta Cámara.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 3o. y los transitorios. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 380 votos en pro y 22 en contra, señor Presidente.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de reformas a los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 así como la adición de un artículo decimoséptimo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por 380 votos en favor.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
COMUNICACIÓN
El Presidente: - Proceda la Secretaría con el siguiente asunto del orden del día. Antes le pediría que diera lectura a una comunicación que ha hecho llegar a esta Presidencia la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados.
Rosa Albina Garavito Elías, en mi carácter de coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y a nombre del mismo, hago referencia a la votación general nominal que se llevó a cabo hace unos momentos sobre las reformas a los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 constitucionales de la iniciativa que se está discutiendo.
Al respecto, sin la pretensión de crear polémica ni cuestionar la autoridad de esa honorable mesa directiva, es importante resaltar que nuestros registros señalan una votación aprobatoria menor a la cual diera cuenta esa Presidencia.
Por lo anterior, solicito de la manera más respetuosa que en votaciones ulteriores, la Presidencia instruya a la Secretaría para que lleve recuento mas acucioso del número de diputados que emitan su voto.
México, D.F., a 18 de diciembre de 1991.- Rúbrica.»
El Presidente: - Se refiere la comunicación a la votación en lo general con la cual se inició prácticamente el debate de estos artículos. A partir de la preocupación que tuvieron entre otros los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, esta Presidencia fue lo más acuciosa posible y la exhortación al trabajo de los secretarios de diversos partidos hizo creo, cumplir un poco las exhortaciones hechas de manera atenta y recibidas de la misma forma por el Partido de la Revolución Democrática, de tal manera que las votaciones se llevaron con apego al reglamento, especialmente a partir de la discusión en lo particular y ésta última discusión en lo particular y en lo general de los artículos citados.
Proceda la Secretaría con el siguiente asunto del orden del día.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO
El Presidente: - Se hace del conocimiento de la asamblea que en el orden del día estaba registrado como primera lectura el dictamen
relativo al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1992. En atención a que el dictamen ha sido impreso y se ha distribuido entre los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa... Se dispensa la lectura al dictamen señor Presidente.
«Comisión del Distrito Federal Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal 1992.
Honorable asamblea: A la Comisión del Distrito Federal fue turnado, para su estudio y dictamen, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 1992, que el Ejecutivo Federal enviara a la honorable Cámara de Diputados en estricto cumplimiento a lo estipulado en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El proceso de análisis y discusión del proyecto de referencia, incluyó diversas entrevistas con funcionarios del Departamento del Distrito Federal, mismas que enriquecieron el examen del documento y facilitaron los trabajos de la comisión.
Por lo anterior, en atención a lo dispuesto por los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
DICTAMEN
De conformidad con los objetivos definidos por el gobierno federal, la modernización del Estado mexicano supone la necesidad de superar los problemas nacionales mediante el esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno. Por ello, la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1992, tiene como premisa fundamental que los recursos públicos en el Distrito Federal se destinen a la atención de las principales demandas ciudadanas, al tiempo que se ejercitan formas novedosas de participación social.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1992, está estructurado en 7 ámbitos, donde se contienen los 42 programas utilizados a nivel federal. De estos programas, 12 han sido considerados como prioritarios en razón de la problemática de que se ocupan así como por su incidencia en amplias capas de población de una ciudad con las peculiaridades y características de la nuestra.
Esta concepción programática, establecida en la Ley de Planeación, tiene como principios rectores las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 1989- 1994, mismo que plantea el fomento en el bienestar de los diversos sectores de la sociedad, procurando ampliar los beneficios a los grupos con mayores carencias.
La propuesta presupuestal procura la consolidación de las finanzas públicas del Departamento del Distrito Federal, en el marco de los principios de equidad y proporcionalidad, así como la aplicación eficiente y transparente de los recursos propios con que cuenta.
En el análisis realizado por la comisión se han tomado en cuenta, para reafirmar los objetivos sociales del Presupuesto de Egresos, las recomendaciones presentadas, en su oportunidad, por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Mención especial merece el hecho de que al interior de la comisión fueron vertidos los puntos de vista de las diversas fracciones partidistas representadas en esta Cámara, con cuya intervención fue posible llegar a los términos del documento que se presenta.
A fin de proporcionar mayores elementos para el ejercicio de las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se estimó conveniente que en forma periódica sean remitidas a ese órgano colegiado, copias de los informes especiales y de avance que se envíen a esta Cámara de Diputados de conformidad con lo que señala este decreto.
Así, para hacer frente a las necesidades y compromisos que demanda la población capitalina, se ha considerado conveniente que la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal se sustente en los siguientes objetivos generales:
Asegurar que los recursos del presupuesto se destinen a la ejecución de acciones con gran
impacto social, fortaleciendo la infraestructura que reclama la población y poniendo especial énfasis en los grupos de menos ingresos.
Instrumentar acciones para prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo, mediante la implementación de políticas integrales que estimulen la participación ciudadana en un esfuerzo conjunto.
Mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos que el Departamento del Distrito Federal otorga a los capitalinos.
Garantizar a los habitantes de la ciudad mayor seguridad pública, dotándolos de un servicio competente y digno en la procuración e impartición de justicia.
Avanzar en la consolidación de las finanzas públicas, marcando las bases para una administración eficiente de la recaudación obtenida y un ejercicio del gasto en forma racional. En ese orden de ideas, únicamente habrán de utilizarse recursos financieros externos para el apoyo y cumplimiento de los programas prioritarios, respetándose los montos máximos autorizados por la Cámara de Diputados.
Proporcionar certeza jurídica en la posesión y tenencia de la propiedad inmobiliaria, extendiendo la cobertura de los programas de regularización territorial y al tiempo que se propongan nuevas alternativas de urbanización y reordenación urbana.
Mejorar el sistema de transporte urbano, permitiendo el desplazamiento de los usuarios en condiciones de calidad y oportunidad, ampliando sustancialmente la infraestructura y apoyando los programas de mantenimiento y conservación del equipo actual.
De acuerdo a lo anterior, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, asciende a un monto de 12 billones 870 mil millones de pesos, de los cuales 9 billones 935 mil millones se destinarán al sector central y 2 billones 935 mil millones al apoyo en los Programas de Organismos y Entidades Coordinadas del Sector.
Estos recursos, en términos relativos son superiores en 18.5%, respecto al monto autorizado por esta honorable Cámara de Diputados para 1991 y a juicio de la comisión, tendrán como característica común su destino preferente en acciones de alto contenido social.
El sector Departamento del Distrito Federal, señala como sus fuentes de financiamiento los siguientes conceptos:
Ingresos propios del Sector Central y Entidades Coordinadas, 7 billones 114 mil millones de pesos.
Participaciones federales, 5 billones 293 mil millones de pesos.
Transferencias del gobierno federal, 200 mil millones de pesos.
Financiamiento neto, 263 mil millones de pesos.
Del monto presupuestal considerando, el 98.4% se destinará a gasto programable y sólo el 1.6% al pago del servicio de la deuda y Adefas.
La definición del Proyecto del Presupuesto, se enmarca dentro de la política de gasto, puesta en marcha por el Departamento del Distrito Federal, con apego a las estrategias de modernización económica y social, considera las demandas ciudadanas y le dota de un carácter eminentemente social.
Por ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 11 del presente decreto, los recursos presupuestales excedentes habrán de destinarse a la atención de los 12 programas prioritarios previstos en el artículo 15 del mismo documento.
En ese tenor, esta comisión propone que se establezcan 4 áreas preferentes a fin de que con ellos se atiendan los reclamos más urgentes de la ciudadanía capitalina. Así, habrán de recibir una especial atención los rubros de ecología, transporte, vivienda y seguridad pública.
De este modo, dentro del ámbito de bienestar social se contemplan acciones, para coadyuvar al mejoramiento en la atención médica, como es el caso de la aplicación del Programa de Vacunación Universal en el Distrito Federal, la instrumentación de un Programa Especial de Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida en la ciudad y de atención sanitaria para la erradicación del cólera.
La protección de los adultos indigentes, la atención especial a menores desvalidos, junto con las acciones en apoyo a la participación de la mujer deberán ser objeto de especial énfasis por las autoridades administrativas. Esta comisión considera que debe darse un apoyo preferencial a las guarderías y centros de desarrollo infantil
que promueve el Departamento del Distrito Federal.
Las actividades recreativas y de esparcimiento, habrán de ser estimuladas por construir fundamentos elementales de una sociedad libre y sana.
Asimismo, resaltan entre otras acciones, la continuación de la construcción del Hospital Central de Urgencias, la transformación del Hospital Pediátrico de San Juan de Aragón en Geriátrico y la terminación de la Unidad de Atención Primaria Intensiva de Cuajimalpa, además se hace alusión a la construcción de nueve casas de protección social y a la conservación y mantenimiento de 40; así como a la edificación de 1 mil 50 espacios educativos del nivel básico y el reforzamiento de 122 planteles públicos.
Siendo una demanda generalizada el mejor equipamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa con que cuenta nuestra ciudad, esta comisión consideró reasignar 50 mil millones de pesos para el Programa de Ampliación y Mejoramiento de la planta física para la educación y capacitación en el Distrito Federal, que ejecutarán las delegaciones políticas del departamento.
En materia de vivienda, se generarán nuevas acciones dentro de un marco de impulso a la autoconstrucción y ampliación habitacional, para lo cual la comisión estima conveniente se reasignen 20 mil millones de pesos en apoyo al programa prioritario que ha señalado la propia ciudadanía.
Para garantizar la aplicación de los montos mencionados, se propone a esta Cámara, establecer la obligación de las autoridades administrativas a fin de presentar un informe trimestral que esté referido al ejercicio y aplicación de los recursos autorizados.
Los partidos de egresos asignados a este ámbito alcanzan un monto de 2 billones 110 mil quinientos millones de pesos, representando el 16.4% del total del Proyecto de Presupuesto.
Por lo que se refiere a infraestructura urbana se contemplan la realización ampliación y mejoramiento de los servicios de vialidad, alumbrado público, agua potable, drenaje y actividades para el reordenamiento urbano.
En lo concerniente a vialidad, sobresale la realización de obras para la ampliación del Anillo Periférico tramo Arco Norte (1a. etapa), la construcción de los puentes vehiculares Circuito Interior - Miramontes, Distribuidor periférico Sur - Las Palmas y la continuación del correspondiente a Tlalpan - División del Norte (2a. etapa), así como la ampliación de los ejes 5 Sur y 2 Oriente, en adición al mantenimiento y conservación que se brinde a la carpeta asfáltica de la ciudad de México.
Para brindar una mayor seguridad vial y peatonal, el Proyecto de Presupuesto considera la conveniencia de proseguir con la instalación de luminarias en colonias populares, avenidas principales, vías rápidas y ejes viales, además de su colocación en calles secundarias, puentes peatonales y vehiculares.
En lo que se refiere a la construcción y conservación de áreas verdes se menciona la continuación de la construcción de los parques ecológicos del Ajusco y Xochimilco, además de la construcción y mantenimiento de parques y jardines recreativos.
Asimismo, se señala que para avanzar en el abastecimiento de agua potable que demanda la ciudadanía, se proseguirá con las obras del Acueducto Perimetral Ramal Sur en 2.6 kilómetros, la ampliación de la red primaria y secundaria en 2.2 y 102.2 kilómetros respectivamente, además de proseguir los trabajos de conservación en 6 mil 576.4 kilómetros en esta última.
En forma paralela, se prevé la continuación de las acciones encaminadas a racionalizar el consumo de agua potable y fomentar su tratamiento y reutilización por los sectores industrial, comercial y de servicios.
Adicionalmente, se apunta proseguir con los trabajos de construcción de 5.6 kilómetros de drenaje profundo y 2.1 kilómetros de semiprofundo, así como la construcción de 45.9 kilómetros de red primaria y 185.2 kilómetros de secundaria, y la conservación de 6 mil 271.4 kilómetros de la red existente.
Por otra parte, se hace referencia al inicio de las obras del Programa Lago de Texcoco que se orienta a sanear y rehabilitar la zona y a la continuación de las acciones del Programa de Rescate de las zonas lacustres de Xochimilco, Tláhuac y Mixquic.
En cuanto al reordenamiento urbano se precisa la continuación en la ampliación de mecanismos jurídicos para la regularización de la propiedad inmobiliaria.
Para el cumplimiento de las acciones de infraestructura urbana el Departamento del Distrito Federal planea recursos por 2 billones 551 mil millones de pesos, que representan el 19.8% del total del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el sector.
Por lo que respecta al renglón de la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo en la zona metropolitana de la ciudad de México, el presupuesto establece que seguirá siendo un compromiso la corresponsabilidad de acciones entre gobierno y sociedad que en los próximos meses habrá de estrecharse y arrojar mejores resultados.
Con objeto de mejorar la calidad del aire, en el Proyecto de Presupuesto se considera ampliar la cobertura del programa de Verificación Vehicular, utilizando equipos de alta tecnología, la ampliación del programa "Hoy no Circula", incluyendo a los vehículos de transporte concesionado; el mejoramiento de la vialidad y el impulso al transporte pública; así como la extensión de la red del Metro y el mantenimiento adecuado al parque vehicular de Ruta - 100, para reducir la emisión de contaminantes.
Producto de los ingresos que recaudará el Departamento del Distrito Federa como consecuencia del impuesto local sobre tenencia o uso de vehículos, para los modelos anteriores a 1983, esta comisión estimó conveniente que dichos recursos sean utilizados preferentemente para incrementar los programas de control ambiental en la ciudad de México, brindando recursos adicionales a la adquisición y modernización de los equipos tecnológicos empleados para esos fines.
Igualmente estas medidas, se puntualiza, serán complementadas con la continuación de los programas de sustitución de taxis y microbuses de modelo no reciente, según se trate de unos u otros y por la ampliación de las maniobras de carga y descarga en horario nocturno, así como con el incremento en la utilización de gasolinas de mejor calidad.
Con la finalidad de aumentar los espacios verdes en la ciudad y restaurar los ecosistemas, se menciona la realización de acciones de forestación y reforestación, que se verán reflejados en la meta de sembrar 4 millones 680 mil 600 árboles adicionales, 1 millón 182 mil 214 plantas de ornato, la restauración de 30 mil 770 hectáreas en subcuencas y la continuación del Programa "Cada Familia un Árbol".
Para mejorar la calidad del agua, se continuará con las acciones para el rescate de las zonas lacustres al sur de la capital, que comprenden el saneamiento de lagos, ríos y cuencas. En forma complementaria se plantea que, para prevenir la contaminación de los mantos acuíferos, se operará al 100% las instalaciones de drenaje y las plantas de tratamiento, se analizarán aproximadamente 60 mil muestras de calidad del agua y se continuará con el proceso de automatización y medición de 20 estaciones del sistema de drenaje.
En cuanto al manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos, sobresale la instrumentación del Programa Metropolitano, que prevé la coordinación del Departamento del Distrito Federal con el gobierno del estado de México, para la transformación de tiraderos en rellenos sanitarios, la ampliación de infraestructura de estaciones de transferencia y el manejo especializado de residuos hospitalarios e industriales, así como la realización de estudios de monitoreo ambiental, en las áreas de disposición final.
En ese contexto, esta comisión sugiere que se revisen las acciones destinadas al procesamiento de los residuos sólidos, cuidando que los recursos asignados a ese propósito sean utilizados con base a criterios de eficiencia y racionalidad presupuestal.
Los egresos proyectados para el ámbito ecológico ascienden a un monto de 1 billón 197 mil millones que constituyen el 9.3% respecto al Proyecto de Presupuesto global.
En lo relativo al ámbito de transporte, sobresale la continuación del Programa Integral de Transporte, a fin de elevar la calidad y cobertura de este servicio, mediante la modernización, reorganización y coordinación de los tres medios de traslado colectivo en el Distrito Federal.
En ese ámbito, destacan las obras de construcción en 7.2 kilómetros de la línea 8 del Metro de Garibaldi - Iztapalapa y los trabajos de mantenimiento a 2 mil 424 unidades del parque vehicular, 158 kilómetros de vías dobles (141 kilómetros del Metro neumático y 17 kilómetros de Metro férreo), así como 696 mil 748 equipos electrónicos y electromecánicos.
En lo referente a autotransportes urbanos de pasajeros Ruta - 100, se hace referencia a la renovación del parque vehicular existente, mediante la reparación de 2 mil 113 motores, así como la conservación y mantenimiento de 3 mil 896 autobuses.
Por lo que concierne al Servicio de Transportes Eléctricos, se contempla la reconstrucción de 61 trolebuses, así como la conservación y mantenimiento de 400 unidades y de 6 mi 807.6 kilómetros de línea elevada.
Para lleva a cabo estas acciones en el Proyecto de Presupuesto se prevén recursos por 3 billones 262 mil millones de pesos, que representan el 25.4% del total.
En materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, el Presupuesto de Egresos busca mejorar los sistemas de aplicación de tal modo que se aseguren las garantías individuales del ciudadano, preservando su integridad física y patrimonial. Así, se ha considerado que reasignar recursos hacia la atención profesional de las víctimas de delitos sexuales en esta ciudad, reforzando las actividades de las agencias del Ministerio Público especializadas en la materia.
Esta comisión ha resuelto la creación de un artículo 3o. bis, en el que se prevea la asignación presupuestal correspondiente al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que fijó oportunamente, acorde con su legislación, el volumen y destino que habrá de darse a esos recursos.
Para estos fines se intensificarán los servicios de vigilancia y se mejorarán los métodos y procedimientos jurídicos, así como los mecanismos y dispositivos de seguridad pública, mediante la continuación del proceso de modernización y el equipamiento de las dependencias responsables de estas acciones.
Se deberá proseguir con la actualización y especialización de los cuerpos policiacos, para fomentar la vocación de servicio, mejorando al mismo tiempo el nivel de prestaciones o sus miembros.
En el campo laboral se hace alusión al fortalecimiento de los procedimientos conciliatorios que armonizan las relaciones obrero - patronales e inciden en una mayor productividad laboral.
Para poder dar cumplimiento al ejercicio de estas acciones se asignan recursos por 1 billón 836 mil millones de pesos, que significan el 14.3% del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1992.
En el rubro de abasto y comercialización, el Departamento del Distrito Federal establece para ese año, seguir modernizando la infraestructura comercial, así como continuar realizando el mantenimiento y conservación de mercados mediante el financiamiento conjunto Departamento del Distrito Federal - locatarios.
En un esquema de participación conjunta de los diferentes sectores de la sociedad habrá de continuarse con la construcción y puesta en operación de mercados públicos, bajo un régimen de propiedad en condominio.
Asimismo, se continuará incrementando la infraestructura de lecherías a través de la construcción de 30 establecimientos del Programa Departamento del Distrito Federal - Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Para poder cubrir estas actividades se puntualiza que se ha considerado una asignación de recursos por 104 miles de millones de pesos, es decir, 0.8% del Proyecto de Presupuesto.
Finalmente, con el propósito de planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades de las dependencias y organismos del Departamento del Distrito Federal, se asignan recursos al ámbito administrativo por 1 billón 809 miles de millones de pesos, que representan el 14.1% del presupuesto proyectado.
Con el propósito de continuar en los esfuerzos de simplificación y desregulación administrativa, esta comisión recomienda a las autoridades del Departamento del Distrito Federal, la instrumentación de un programa de apoyo al contribuyente que le garantice un mecanismo ágil para el pago de sus cuotas fiscales. Para el mismo fin, se deberán revisar los formatos que se utilizan para el cumplimiento de la obligación tributaria a efecto de que resulten accesibles a toda la ciudadanía.
Por la información presupuestal que nos fue presentada y en razón de la exposición contenida en el presente documento, coincidimos en que se dará un carácter social al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal. Su ejecución correcta reafirmará el compromiso del Estado para continuar atendiendo de manera prioritaria a los segmentos de su población menos favorecidos.
La modernización, como eje central de la recuperación económica, exigirá del Departamento del Distrito Federal acciones que trasciendan sus responsabilidades formales y lo obligará a estimular la colaboración ciudadana en la ejecución de programas y proyectos, en la celebración de acuerdos y convenios con organizaciones, grupos y sectores sociales, buscando siempre hacer a los habitantes de la ciudad, actores y sujetos de las transformaciones emprendidas.
Esta comisión considera que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1992, se ajusta a los objetivos y propósitos definidos por las leyes, planes y programas vigentes.
Con base en lo anterior, los miembros de la Comisión el Distrito Federal de la LV Legislatura someten a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la aprobación del siguiente
DECRETO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO
DEL DISTRITO FEDERAL PARA
EL EJERCICIO FISCAL 1992
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio presupuestal y el control de las erogaciones del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año de 1992, se sujetarán a las disposiciones de este decreto y a las que resulten aplicables en la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para las unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria coordinadas sectorialmente y demás asignaciones que a continuación se indican, importan la cantidad de: $ 12,464,614,100,000 (doce billones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos catorce millones cien mil pesos, moneda nacional), distribuidos en la forma siguiente:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA
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Artículo 3o. El Presupuesto de Egresos de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, importa la cantidad de: $43,790,000.00 (cuarenta y tres mil setecientos noventa millones de pesos, moneda nacional).
Artículo 3o. bis. El Presupuesto de Egresos para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal asciende a la cantidad de........$160,146,200.000 (ciento sesenta mil ciento cuarenta y seis millones doscientos mil pesos, moneda nacional).
Artículo 4o. Las asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el pago del Servicio de la Deuda del Departamento del Distrito Federal ascienden a $101,022,900.00 (ciento un mil veintidós millones novecientos mil pesos, moneda nacional).
El Servicio de la Deuda correspondiente a las Entidades Coordinadas cuyos programas están incluidos en este presupuesto, asciende a: $890,000,000 (ochocientos noventa millones de pesos, moneda nacional).
Las asignaciones para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores del Departamento del Distrito Federal, importan la cantidad de: $100,000,000.000 (cien mil millones de pesos, moneda nacional).
El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública correspondiente al Departamento del Distrito Federal, hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de la colocación de deuda, en términos nominales, por no afectar estas operaciones compensadas el saldo neto de la deuda pública. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos compensados a la Cámara de Diputados, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable también a los organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal coordinados por el Departamento del Distrito Federal.
Artículo 5o. Las asignaciones anteriores se ejercerán con base en los objetivos, metas y costos que en el mismo se consignan, integrando los programas que arrojan los totales del gasto de las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, coordinados sectorialmente por el Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo a la apertura programática, las asignaciones para cada uno de los programas que se indican, son las siguientes:
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Artículo 6o. Los titulares de las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector Departamento del Distrito Federal, así como los órganos de gobierno correspondientes en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, Planes Sectoriales y Programa Operativo Anual y además programas que se formulen con base en la Ley de Planeación.
La Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos del Departamento del Distrito Federal y Entidades del Sector, en relación con las estrategias y objetivos del Plan, los programas de desarrollo y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las derivaciones detectadas.
Igual obligación y para los fines, tendrá el Departamento del Distrito Federal respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordina.
Artículo 7o. En el ejercicio del presente presupuesto, las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto, a través del Departamento del Distrito Federal.
Salvo lo previsto en los artículos 11 y 28 de este decreto, no se autorizará adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos; en consecuencia, las unidades administrativas y entidades del sector deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Artículo 8o. Para que el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas puedan ejercer créditos externos destinados a financiar proyectos o programas específicos, será necesario que la totalidad de los recursos a ejercer se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos aprobados o se cuente con la autorización previa y expresa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Los recursos que se prevea ejercer por este concepto, serán transferibles y sólo podrán aplicarse en los proyectos prioritarios para los cuales fueron contratados.
En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales, se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de la deuda que los créditos generen.
Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomisos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 9o. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá reservarse la autorización de ministraciones de fondos federales al Departamento del Distrito Federal, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal mayoritaria coordinados sectorialmente por el propio departamento en los siguientes casos.
I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus
programas y presupuestos, con base al Sistema Integral de Información del Ingreso y Gasto Público;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos, resulte que no cumplan con las metas de los programadores aprobados.
III. Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos y
IV. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
Artículo 10. El Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio del presupuesto, vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o derogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad del Jefe del Departamento del Distrito Federal, así como de los directores, vocales, ejecutivos, administradores o gerentes de los organismos descentralizados u órganos de gobierno de las empresas de participación estatal mayoritaria del mencionado departamento contraer compromisos que rebasen los montos presupuestales autorizados para las unidades administrativas y entidades a su cargo; aprobar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de las metas durante el ejercicio presupuestal.
Artículo 11. En caso de que los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1992, excedan del monto del presupuesto aprobado. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto y a solicitud del Jefe del Departamento del Distrito Federal, podrá autorizar erogaciones adicionales hasta el importe de dichos excedentes en la forma siguiente:
I. Los ingresos ordinarios excedentes a que se refiere el artículo 1o., de la citada Ley de Ingresos del Departamento, únicamente serán aplicados a los programas señalados como prioritarios en el artículo 15 del Capítulo II de este decreto.
II. Los excedentes sobre los ingresos ordinarios presupuestados de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria del sector Departamento del Distrito Federal serán canalizados para fortalecer, cuando así lo amerite, su propia situación financiera;
III. Los ingresos extraordinarios que obtengan el Departamento del Distrito Federal, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria por concepto de empréstitos y financiamientos prioritarios para los que hubieran sido contratados.
El Ejecutivo Federal, al dar cuenta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición, hará trimestralmente el análisis de la procedencia y aplicación de los excedentes a los conceptos a que se refieren las tres fracciones de este artículo, independientemente de la obligación de informar al respecto en la presentación de la Cuenta Pública correspondiente.
Artículo 12. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las unidades administrativas y órganos desconcentrados del Departamento del Distrito Federal no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser enterados a la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por lo montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
Artículo 13. El Ejecutivo Federal efectuará las reducciones o ajustes de los importes de los presupuestos aprobados al Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas, en los supuestos y términos que establece el artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, con excepción a lo dispuesto por el artículo 15 de este decreto.
CAPITULO II
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales
Artículo 14. Sin perjuicio de lo que establecen el presente decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, el titular del Departamento del Distrito Federal y los de las entidades coordinadas sectorialmente por éste, así como los órganos de gobierno respectivos serán responsables, en los términos de este capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales. Su inobservancia o incumplimiento motivará el financiamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.
Artículo 15. De acuerdo a las necesidades planteadas por la población del Distrito Federal, el gobierno de la ciudad establece para la atención de las mismas los siguientes programas prioritarios.
CO Seguridad Pública.
CK Promoción de la Justicia.
3Z Regulación y Preservación Ecológica.
FA 02 Silvicultura.
51 Edificios para Servicios de Salud y Seguridad Social.
DJ Atención Preventiva.
DK Atención curativa.
5E Vivienda.
FQ Servicios de Transporte urbano e Interurbano.
EI Transporte Colectivo, Metro y Tren Ligero.
EC Construcción y Adecuación para Agua Potable.
ED Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.
Los programas prioritarios aquí señalados no podrán ser afectados presupuestalmente a la baja, excepto cuando se hubiesen cumplido las metas originalmente presupuestadas y siempre y cuando las transferencias se asignen a otros programas también denominados como prioritarios.
La Secretaría de Programación y Presupuesto por sí o a propuesta del Departamento del Distrito Federal, con objeto de fomentar el ahorro presupuestal o de canalizar recursos a los programas prioritarios o emergentes, podrá determinar la eliminación de renglones de gasto y la liberación de recursos asignados a los programas no prioritarios. Todo excedente presupuestal independiente de sus causas, deberá transferirse a programas prioritarios.
Artículo 16. Las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector Departamento del Distrito Federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas. La Secretaría de Programación y Presupuesto a solicitud del titular del Departamento del Distrito Federal podrá autorizar la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de Salud, Administración de Justicia, Seguridad Pública y Transporte Urbano, así como aquellas requeridas para la planta productiva que entre en operación.
Asimismo, no podrán llevar a cabo conversiones de sus plazas, puestos y categorías autorizadas, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual se deberá recabar la autorización de los órganos de gobierno correspondientes y de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales no podrán autorizar la creación de plazas cuando ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este respecto, se cuente con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas por el propio órgano de gobierno, debiendo informar de lo anterior a la Secretaría de Programación y Presupuesto y a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
A la designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores, en ningún caso podrá dárseles efectos retroactivos a la fecha de la autorización correspondiente.
Artículo 17. Las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de sus erogaciones por concepto de servicios personales deberán:
I. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores del sector Departamento del Distrito Federal, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y además asignaciones autorizadas, conforme a las normas y lineamientos que expida la Secretaría de Programación y Presupuesto y en el caso de las entidades del sector, por el órgano de gobierno respectivo conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales:
Las remuneraciones adicionales por horas extraordinarias y los estímulos por eficiencia en la actuación se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. Tratándose de las remuneraciones por jornadas ordinarias o por horas extraordinarias y otras prestaciones al personal que labora en los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas.
II. Abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios y salarios al personal eventual que rebasen los montos autorizados por la Secretaría
de Programación y Presupuesto, o bien que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos celebrados en el ejercicio de 1991.
Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o de la entidad de que se trate.
La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no puede satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuenta. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate.
III. Observar la normatividad que emita la Secretaría de Programación y Presupuesto en materia de remuneraciones a título de consejeros en órganos de gobierno o sus equivalentes de entidades paraestatales. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones especiales.
IV. Abstenerse de realizar traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones para el Capítulo 1000 "Servicios Personales", excepto los casos que autorice el coordinador del sector.
Artículo 18. En el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal y de sus entidades coordinadas sectorialmente para el año de 1992, no se podrán efectuar:
I. Adquisiciones o nuevos arrendamiemtos de:
a) Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables, que para su operación en forma específica y previamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto; en consecuencia, se deberá mejorar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que disponga;
b) Vehículos terrestres, aéreos y de uso acuático con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad pública, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud, y para el desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, que especifica y previamente al ejercicio del gasto correspondiente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 19. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable, su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular del Departamento del Distrito Federal o del Órgano de gobierno de la entidad coordinada correspondiente.
I. Gastos de ceremonial y de orden social;
II. Comisiones de personal al extranjero;
III. Contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones;
IV. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las unidades administrativas y entidades del sector, deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al gobierno federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Las erogaciones por estos conceptos con cargo al Presupuesto de Egresos 1992 del Departamento del Distrito Federal, deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y Programación y Presupuesto, las efectúen las Entidades Coordinadas, por el Órgano de Gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías;
V. Gasto por concepto de Erogaciones imprevistas;
VI. Gastos relativos a congreso, convenciones, ferias y exposiciones;
VII. Servicios bancarios,
VIII. Otorgamiento de becas y
IX. Donativos.
Asimismo, las unidades administrativas y entidades del sector serán responsables de que las erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfono, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios, directamente vinculadas al desempeño de
las actividades y funciones que tengan encomendadas.
Artículo 20. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas, comprendido en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1992, se observarán las siguientes medidas:
I. Se otorgará prioridad a los proyectos y obras de modernización de la infraestructura básica, así como aquellos que presenten un mayor avance relativo y estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y que reporten los mayores beneficios para la población el Departamento del Distrito Federal y las Entidades Coordinadas sólo podrán iniciar proyectos cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos financieros para su terminación, puesta en operación y mantenimiento, y en ningún caso cuando existan otros proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles;
II. Se deberá estimular el cambio estructural así como los proyectos de conversión con los sectores social y privado en la zona Metropolitana de la ciudad de México;
III. Se aprovechará la mano de obra local y se empleará al máximo la capacidad instalada productiva y de servicios para abatir costos;
IV. Los proyectos de inversión que sean financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades. El sector Departamento del Distrito Federal deberá sujetarse a los términos de las autorizaciones que para cada uno de dichos proyectos otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público conforme a sus respectivas atribuciones.
Artículo 21. Las erogaciones por concepto de aportaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, se sujetarán a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación, se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social, serán congruentes con los fines de la estrategia de crecimiento económico y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos;
V. Las aportaciones destinadas al apoyo de las entidades paraestatales del sector Departamento del Distrito Federal, se deberán orientar selectivamente hacia las actividades estratégicas y prioritarias, así como fortalecer el cambio estructural, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y generar empleo permanente y productivo;
VI. Se requerirá la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para destinar recursos de la Federación, vía transferencias, a inversiones financieros;
VII. Las entidades paraestatales del sector Departamento del Distrito Federal beneficiarias de aportaciones, deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia financiera y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y
VIII. No se deberán otorgar aportaciones cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 22. Para la autorización de aportaciones a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos con cargo al presente Presupuesto de Egresos, corresponderá al Departamento del Distrito Federal en su carácter de coordinador sectorial, verificar previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la Entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las Entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase y
III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
El Departamento del Distrito Federal suspenderá la ministración de fondos, cuando las Entidades beneficiarias no remitan la información físico - financiera en la forma y términos establecidos en las disposiciones aplicables.
Artículo 23. Cuando el gobierno federal deba diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas al Departamento del Distrito Federal en su carácter de coordinador de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 24. Únicamente el titular del Departamento del Distrito Federal podrá otorgar y autorizar subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos. Estos subsidios sólo se aprobarán para la consecución de los objetivos de los programas contenidos en dicho presupuesto, o que se consideren de beneficio social.
El titular del Departamento del Distrito Federal se abstendrá de otorgar subsidios a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos del sector Departamento del Distrito Federal, o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 25. Las unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal, los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria sólo podrán ministrar donativos, otorgar gratificaciones y obsequios, o dar ayudas de cualquier clase con autorización previa por escrito del titular del Departamento del Distrito Federal.
El titular del Departamento del Distrito Federal se abstendrá de autorizar donativos o ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquellos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Sector Departamento del Distrito Federal, o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 26. Las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las transferencias que hubiesen recibido durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias. Asimismo, los Titulares de las Unidades Administrativas y Entidades del Sector serán los responsables de llevar el registro contable anual de la aplicación de los recursos que hagan por los conceptos de gasto mencionados.
Artículo 27. Las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberá sujetarse el sector Departamento del Distrito Federal respecto de las disponibilidades financieras con que cuente el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles, salvo el caso de valores emitidos por el sector público.
Para tal efecto el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente proporcionarán la información financiera que requiera el sistema integral de información del ingreso y gasto públicos.
Asimismo, deberán informar a las citadas secretarías de sus depósitos en dinero, valores y otro tipo de operaciones financieras y bancarias, a fin de identificar los niveles de liquidez y para operar la compensación de créditos o adeudos.
El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar cinco puntos porcentuales al promedio de las tasa anuales de rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio.
Artículo 28. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, celebrarán con el Departamento del Distrito Federal convenios para:
I. El establecimiento de metas de desempeño, de déficit, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado y
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de Entidades Paraestatales, estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén
asociadas a la prestación de servicios públicos de acuerdo a los fines para los que fueron creados y siempre que la entidad de que se trate, cuente con un programa de cambio estructural, que se presente a más tardar el 31 de agosto de 1992 a la comisión intersecretarial de gasto financiamiento y sea aprobado por ésta, el cual será evaluado periódicamente por la propia comisión.
Las dependencias que integran esta comisión, establecerán los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y harán la determinación de las entidades paraestatales con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios a que se refiere este artículo.
Artículo 29. El Banco de México, en función del monto de divisas comprendido en el Presupuesto de Egresos del sector Departamento del Distrito Federal y de la conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará a petición del propio Departamento y Entidades Coordinadas Sectorialmente, las divisas que requieran para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.
Artículo 30. La Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como con las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipo de cambio en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto, en función de los requerimientos y disponibilidades, así como de las alternativas de financiamiento que se presenten.
Artículo 31. El Departamento del Distrito Federal y entidades incluidas en este Presupuesto de Egresos, quedan obligadas a informar a las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen en divisas de acuerdo con los flujos reales establecidos, los que darán a conocer trimestralmente a la Cámara de Diputados.
Artículo 32. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1992, serán los siguientes:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionadas con ellas, cuando no hubiese saldo disponible partida presupuestal.
Artículo 33. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación, habiendo convocado, en su caso, por lo menos a tres proveedores según se requiera, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios podrá realizar el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente durante el año de 1992, serán las siguientes:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiese saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Departamento del Distrito Federal presentará un informe trimestral a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 1992. En igual forma presentará un informe trimestral sobre los avances de la consecución de las metas de los principales programas contenidos en su Presupuesto de Egresos, correlacionándolos con los recursos aplicados, en forma desagregada por
subprogramas y su correspondiente desglose por proyectos de ejecución del presente presupuesto, así como la ejecución del gasto programático asignado a cada una de sus unidades administrativas.
Copia de dichos informes deberá remitirse a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para los efectos del artículo 73 fracción VI, base 2a., inciso C. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los cuatro informes trimestrales mencionados en este artículo, se presentarán dentro de los 45 días siguientes al período que corresponda y sobre ellos, se harán las aclaraciones que requiera la Cámara de Diputados.
Artículo 35. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
Para estos efectos, podrán requerir de las unidades administrativas y entidades del citado sector, la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.
Artículo 36. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, de las obligaciones derivadas de este Decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones.
Artículo 37. La Secretaría de Programación y Presupuesto, estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos, así como para establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1992.
Artículo segundo. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del presente decreto, durante 1992, los informes trimestrales de avance prográmatico presupuestal deberán de referirse en forma detallada a los siguientes rubros:
a) Transporte
a.1 Programa de mantenimiento de R- 100
a.2 Avances en la reordenación del transporte concesionado
b) Ecología
b.1 Programa de tratamiento y rehabilitación del agua
b.2 Control en la materia sobre industrias y comercios
b.3 Programa de tratamiento de residuos sólidos
c) Vivienda
c.1 Acciones de apoyo
c.2 Política crediticia
d) Seguridad Pública
e) Asistencia social
e.1 Acciones de hospitales y sanatorios
e.2 Programas de salud preventiva y curativa de la ciudad
e.3 Atención preferente a la vejez y a los menores maltratados
f) Agua Potable
f.1 Instalación de medidores
f.2 Reposición de muebles de baño en industrias y comercios
f.3 Campañas publicitarias sobre ahorro y cultura del agua
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a 17 de diciembre de 1991.
Trámite: - Es de primera lectura.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
El Presidente: - La Presidencia también recibió en el curso de la sesión cuatro oficios de la Cámara de Senadores y en consecuencia se pide a la Secretaría dar cuenta con ellos al pleno de la asamblea.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - "Cámara de Senadores. - México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que adiciona un artículo 254- bis al Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México D. F., 17 de diciembre de 1991.- Senadores secretarios: Antonio Melgar Aranda y Salvador Sánchez Vázquez.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
La misma Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fueron común y para toda la República en materia del fuero federal.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F., 17 de diciembre de 1991. - Secretarios senadores: Antonio Melgar Aranda y Salvador Sánchez Vázquez.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de Ley Sobre la Celebración de Tratados.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 17 de diciembre de 1991. - Senadores secretarios: Antonio Melgar Aranda y Salvador Sánchez Vázquez.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
La misma secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a usted el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Bienes Nacionales.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 17 de diciembre de 1991. - Senadores Secretarios: Antonio Melgar Aranda y Salvador Sánchez Vázquez.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
El Presidente: - Proceda la Secretaría con el siguiente asunto del orden del día.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer período Ordinario de Sesiones. - Primer Año. - LV legislatura.
Orden del Día
19 de diciembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los diputados Arsenio Duarte Murrieta y Fidel Hernández Puente.
Comunicación del Congreso del Estado de Aguascalientes.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite el Informe de labores de la Secretaría de Educación Pública, correspondiente al período comprendido de 1990- 1991.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1992.
De la Comisión del Distrito Federal, con Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1992.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 11.55 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves, 19 de diciembre a las 10.00 horas.