Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19911219 - Número de Diario 23
(L55A1P1oN023F19911219.xml)Núm. Diario: 23ENCABEZADO
LV LEGISLATURA PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Rigoberto Ochoa Zaragoza
RECINTO LEGISLATIVO CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D. F., jueves 19 de diciembre de 1991 No. 23
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
COMUNICACIONES
SOLICITUDES DE LICENCIA
De los diputados Arsenio Duarte Murrieta y Fidel Hernández Puente. Se aprueban
Del Congreso del Estado de Aguascalientes relativa a la mesa directiva para el mes de diciembre.
DE LOS ESTADOS DE TABASCO Y VERACRUZ
Sobre hechos ocurridos en dichos estados toma la palabra el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.
REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA
El diputado Manuel Terrazas Guerrero presenta punto de acuerdo referente al cese al fuego en dicha República. Se turna a la Comisión de Relaciones Internacionales.
Sobre el mismo habla el diputado Francisco Hernández Juárez.
TOMA DE PROTESTA
De la diputada Ana Patricia Ramos.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
CONDECORACIONES
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Manuel González Valle, para que pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República Francesa. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Agustín Reyes Rodríguez para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República Francesa. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Ricardo de la Mora y Garibay para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Japón. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
NOMBRAMIENTO
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadano Juan Pedro Mario Pablo Ghislain Duez Nelis para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Bélgica en Puebla. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Eloísa González Parcero, para laborar en la embajada de Tailandia en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
INFORME DE LABORES
De la Secretaría de Educación Pública.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (I)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
Para su discusión en lo general toman la palabra los diputados:
María de los Ángeles Moreno para fundamentar el dictamen.
Helí Herrera Hernández del Partido Popular Socialista.
Cecilia Guadalupe Soto González por el Partido Auténcio de la Revolución Mexicana.
Juan Manuel Huezo Pelayo por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Jorge Alfonso Calderón Salazar por el Partido de la Revolución Democrática.
Fauzi Hamdan Amad por el Partido Acción Nacional.
Porfirio Camarena Castro por el Partido Revolucionario Institucional.
En el siguiente turno de oradores toman la palabra los diputados:
Juan Gualberto Campos Vega por el Partido Popular Socialista.
José Ramos González por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Rosa Albina Garavito Elías por el Partido de la Revolución Democrática.
Enrique Sada Fernández por el Partido Revolucionario Institucional.
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez por el Partido de la Revolución Democrática.
Alfredo Lujambio Rafols por el Partido Acción Nacional.
Rodolfo Becerril Straffon
Fernando Estrada Sámano por el Partido Acción Nacional.
Jorge Alfonso Calderón Salazar del Partido de la Revolución Democrática.
José Luis Durán Reveles por el Partido Acción Nacional.
Eloy Cantú Segovia del Partido Revolucionario Institucional.
Alfredo Lujambio Rafols
Juan José Rodríguez Prats para rectificar hechos.
Jorge Alfonso Calderón Salazar para rectificar hechos.
Fauzi Hamdan Amad por el Partido Acción Nacional.
José Antonio González Curi
Eloí Vásquez López
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Ovidio Pereyra García
Juan José Rodríguez Prats para contestar a alusiones personales.
José Ascensión Orihuela Bárcenas
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para contestar a alusiones personales.
Enrique Rico Arzate
Arnulfo Vázquez Ramírez
Javier Guerrero García para rectificar hechos.
Laura Pavón Jaramillo
Jorge Zermeño Infante
Yolanda Elizondo Maltos
Juan Huesca Pérez
Ricardo Alfredo Ling Altamirano
Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo para rectificar hechos.
Salvador Abascal Carranza
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis presenta punto de acuerdo.
Antonio Servando Hernández Camacho por el Partido Auténcito de la Revolución Mexicana.
Leonides Samuel Moreno Santillán
Liliana Flores por el Partido de la Revolución Democrática.
Se somete a votación el punto de acuerdo presentado por el diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis. Se desecha.
Para discutir en los artículos reservados toman la palabra los diputados: Cecilia Guadalupe Soto González presenta propuesta.
Elpidio Tovar de la Cruz
Helí Herrera Hernández presenta propuesta.
Felipe Muñoz Kapamas para rectificar hechos.
Helí Herrera Hernández para rectificar hechos.
María Esther Scherman Leaño
Hildebrando Gaytán Márquez
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Israel González Arregín presenta propuesta.
Cecilia Guadalupe Soto González para rectificar hechos.
Gabriela Guerrero García
Rogelio Villarreal Garza
Hildebrando Gaytán Márquez
Jorge Torres Castillo
Jorge Torres Montañez
Angel Heladio Aguirre Rivero
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Manuel Díaz Infante
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Eloy Cantú Segovia
Se somete a votación las propuesta presentadas en torno a los artículos 2o. y 3o. y se reserva para su votación nominal en conjunto.
Sobre artículos reservados continúan los diputados:
Raymundo Cárdenas Hernández
Ovidio Pereyra García
Se somete a votación las propuestas presentadas.
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Armando Romero Rosales
Cecilia Guadalupe Soto González presenta proposición.
Enrique Edgardo Jacob Rocha.
Se somete a votación las propuestas en torno a los artículos 4o., 7o., y 8o. reservándose para su votación nominal en conjunto.
Continúan los diputados:
Luis Raúl Alvarez Garín
Juan Jacinto Cárdenas García
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Tomás Jesús Yarrignton Tuvalcaba
Se someten a votación las propuestas presentadas en torno al artículo 6o. y se reserva para su votación nominal en conjunto.
Continúan el debate los diputados:
Héctor Morquecho Rivera presenta propuesta.
Oscar Luebbert Gutiérrez en contra.
Se someten a votación las propuestas presentadas referentes a los artículos 13, 14, 19 y 20. Se reservan para su votación nominal en conjunto.
Sobre el artículo 14 presenta propuesta el diputado Demetrio Hernández Pérez. Se acepta.
Continúan el debate los diputados:
Guillermo Hopkins Gamez
Eloí Vásquez López
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES
De la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
LEY DE TRATADOS
De la Comisión de Relaciones Exteriores
CÓDIGO PENAL
De la Comisión, con proyecto de decreto que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.
ARTICULO 254 DE CÓDIGO PENAL
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un artículo, 254-bis al Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.
DICTAMEN A DISCUSIÓN (II)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Se dispensa la lectura al dictamen.
RECESO 3203
PUNTOS DE ACUERDO
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez presenta propuesta. Se turna a las comisiones unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
DEL ESTADO DE SONORA
Sobre la situación universitaria en dicho estado, el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda presenta puntos de acuerdo. Se turna a la Comisión de Educación.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Sobre irregularidades en el proceso electoral para renovar ayuntamientos toma la palabra el diputado Manuel Rivera del Campo.
75o. ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Toma la palabra el diputado Abraham Talavera López.
ESTADO DE CHIAPAS
Denuncia presentada por el diputado Hugo Sergio Palacios Laguna sobre el proceso electoral municipal.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Manuel González Valle, para que pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República Francesa.
De la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Agustín Rodríguez para aceptar y usarla que la que le confiere el gobierno de la República Francesa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Ricardo de la Mora y Garibay para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Japón.
NOMBRAMIENTO
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Juan Pedro Mario Pablo Ghislain Duez Nelis para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Bélgica en Puebla.
PRESTACIONES DE SERVICIOS
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Eloísa González Parcero, para laborar en la embajada de Tailandia en México.
TOMA DE PROTESTA
Del diputado Manuel Horacio Vega Soto.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (II)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
En la discusión en lo general intervienen los diputados:
Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna
Héctor Ramírez Cuéllar
Adolfo Alfonso Kunz y Bolaños
Demetrio Hernández Pérez
Francisco Javier Saucedo Pérez
Salvador Abascal Carranza
Manuel Díaz Infante
Se aprueba en lo general y loas artículos no impugnados
Para discutir artículos reservados toman la palabra los diputados:
Héctor Martínez Cuéllar el artículo 5o. Presenta proposición.
Benjamín González Roaro
Se desecha la proposición del diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
María Luisa Alvarez Cervantes el artículo 8o.
José Merino Castrejón
Guillermo Flores Velasco el artículo 11. Presenta propuesta
Laura Alicia Garza Galindo
Guillermo Flores Velasco para rectificar hechos.
Laura Alicia Garza Galindo
Se desecha la propuesta del diputado Guillermo Flores Velasco.
Martha Patricia Anchondo el artículo 13. Presenta Propuesta.
Gloria Brasdefer Hernández
Guillermo Pacheco Pulido
Guillermo Flores Velasco presenta propuesta.
Se someten a votación las propuestas presentadas.
Víctor Martín Orduña Muñoz artículos 13 y 15. Presenta propuestas.
Manuel Díaz Infante
Fernando Lerdo de Tejada Luna
Víctor Martín Orduña Muñoz
Se someten a votación las propuestas presentadas.
Salvador Abascal Carranza presenta propuesta. Se acepta.
Se aprueba en el dictamen y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
SAN LUIS POTOSÍ
Toma la palabra el diputado Pablo Emilio Madero Belden sobre el proceso electoral en el estado. Presenta proposición. Se desecha.
Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO RIGOBERTO OCHOA ZARAGOZA
ASISTENCIA
El presidente:- Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum estatutario.
El Secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:- Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 386 diputados, por lo tanto hay quórum. señor Presidente.
El Presidente (a las 11.38 horas):- Se abre la sesión
ORDEN DEL DÍA
EL secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:
«Primer Período Ordinario de Sesiones .- Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
19 de diciembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los ciudadanos diputados Arsenio Duarte Murrieta y Fidel Hernández Puente.
Comunicación del Congreso del Estado de Aguascalientes.
Comentarios del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre hechos ocurridos en los estados de Tabasco y Veracruz.
Minutas
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Manuel González Valle, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano ingeniero Juan José Agustín Reyes Rodríguez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Agrícola, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Ricardo de la Mora y Garibay, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del tesoro Sagrado, Rayos Dorados y Collar, que le confiere el gobierno de Japón.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Pedro Mario Pablo Ghislain Duez Nelis, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Bélgica en Puebla.
Con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Eloisa González Parcero, para que pueda prestar sus servicios como secretaria, en la Embajada de Tailandia en México.
Oficio de la Secretaría de Gobernación.
Con el que se remite el informe de labores de la Secretaría de Educación Pública, correspondiente al período comprendido de 1990 -1991.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1992.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1992.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:- Antes de continuar con el orden del día, esta Presidencia se permite solicitar a los diputados y a las señoras y señores invitados, se sirvan ocupar sus lugares, para no dar margen a pedir se aplique el artículo 212 del Reglamento Interior de la Cámara.
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Felipe Calderón Hinojosa
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia registrada de cuatrocientos dos diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y dos, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la asamblea le dispensa la primera lectura.
De la misma manera y por las mismas razones se dispensa la segunda lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos quinto, vigesimocuarto, vigesimoséptimo y ciento treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo que se refiere al artículo tercero, del mismo ordenamiento, de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación Pública.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría da lectura al artículo ciento diez del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y se concede el uso de la palabra al diputado Helí Herrera Martínez, del partido Popular Socialista, quien presenta una moción suspensiva.
La asamblea en votación económica, toma en cuenta de inmediato la moción para que se discuta y se vote.
Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los diputados Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en pro de la moción; Adolfo Echeverría Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, en contra y, para rectificar hechos, los diputados Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; Idelfonso Zorrilla Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista; José María Téllez Rincón, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática, en pro de la moción; Idelfonso Zorrilla Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales; Carlos González Durán; Jaime Olivares Pedro, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la moción; Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, para contestar alusiones personales; Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista, en pro; Juan Antonio Nemi Dib, en contra; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; Javier Centeno Avila, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos y, en el mismo sentido, el diputado Luis Felipe Bravo Mena, del Partido Acción Nacional.
El Presidente informa que, en relación con la información en la que se decía que había un circuito cerrado de televisión para poder transmitir el debate de este día, en la Cámara de Diputados no se ha instalado ningún dispositivo de este tipo.
La asamblea considera suficientemente discutida la moción suspensiva y en votación económica la rechaza.
A las catorce horas con veintiséis minutos, el Presidente ordena un receso.
A las dieciséis horas se reanuda la sesión.
A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Horacio Sánchez Unzueta, del Partido Revolucionario Institucional, para fundamentar el dictamen a nombre de las comisiones; Jaime Muñoz Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional, en pro; Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Juan Manuel
Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Francisco Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro y Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, en contra.
En el segundo turno de oradores, hacen uso de la palabra los diputados Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, en contra y, en pro, los diputados Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Diego Zavala Pérez, del Partido Acción Nacional y Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional y Patricia Ruiz Anchondo, para presentar un voto particular en contra a título personal.
En un tercer turno de oradores, debaten, sobre el mismo dictamen, los diputados Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, en contra;
Presidencia del Diputado Adolfo Kunz y Bolaños
Javier Centeno Avila, del Partido del frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para presentar un voto particular en contra, a nombre propio y dos diputados más; Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro;
Presidencia del diputado Felipe Calderón Hinojosa
Diego Fernández de Cevallos, en pro; Cesáreo Morales García, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y se reservan todos los artículos que contiene, para ser discutidos en lo particular.
La Secretaría recoge la votación nominal en lo general, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos sesenta votos. Y después, en votación económica, autoriza a que la sesión continúe hasta agotar los asuntos en cartera.
A discusión el artículo ciento treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hacen uso de la palabra los diputados: Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, quien hace una proposición; Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Mexicana, quien hace una proposición; Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen y contesta interpelaciones de los diputados Vásquez López y Soto González; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para contestar alusiones personales; Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática y Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales; Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos;
Presidencia del diputado Javier Centeno Avila
Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos; José Hernández Avila, del Partido Acción Nacional, para hacer una proposición; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro del dictamen; Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hacer una proposición; Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional, en pro del dictamen; José Antonio González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer una proposición; Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, para hacer una proposición; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, en contra;
Presidencia del diputado Felipe Calderón Hinojosa
Agustín Basave Benítez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen; Helí Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista, para hacer una proposición; Octavio Alaniz Alaniz, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Juan José Bañuelos Guardado, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer una proposición y Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en contra.
Presidencia del diputado Javier Centeno Avila
Continúan debatiendo respecto del artículo ciento treinta constitucional, los diputados Javier
Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional, en contra; Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos; Florencio Salazar Adame, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, para hacer una proposición; Alberto Jiménez Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen; Sergio González Santa Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, para hacer una proposición; Isaac Rodríguez Vivas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Jorge Tovar Martínez, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos y Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen.
Presidencia del diputado Felipe Calderón Hinojosa
En sucesivas votaciones económicas, se desechan las proposiciones, excepto las de los diputados Raúl Hernández Avila, José Antonio González Fernández y José Bañuelos Guardado, que se aprueban y se incorporan al dictamen.
La asamblea considera suficientemente discutido el artículo ciento treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos sesenta votos.
A discusión el artículo veintisiete constitucional, hacen uso de la palabra los diputados: Fernando Charleston Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer una proposición; Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista para hacer una proposición; Javier Colorado Pulido, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro del dictamen; Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen; José Ramos González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hacer una proposición; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una proposición; Guillermo Pacheco Pulido, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen y Efraín Zuñiga Galeana, del mismo partido, en el mismo sentido.
En sucesivas votaciones económicas se desechan las proposiciones y la asamblea considera suficientemente discutido el artículo veintisiete constitucional y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y nueve votos.
A discusión el artículo veinticuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hacen uso de la palabra los diputados Luis Dantón Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace una proposición; Humberto Aguilar Coronado, del Partido Acción Nacional, para hacer una proposición; Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, en contra, Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro del dictamen; Odilón Cantú Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una proposición y Raúl Juárez Valencia, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
En sucesivas votaciones económicas se desechan las proposiciones, excepto las de los diputados Luis Dantón Rodríguez y Aguilar Coronado, que se aprueban y se incorporan al dictamen.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y un votos.
A discusión el artículo quinto constitucional, expresan sus opiniones al respecto los diputados Jorge Mendoza Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional; Gonzalo Cedillo Valdés, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Rafael Cañedo Benítez y Alvaro Salazar Lozano, del Partido Revolucionario Institucional.
Suficientemente discutido, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos sesenta y cuatro votos.
Se somete a discusión el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hacen uso de la palabra los diputados: Benjamín González Roaro, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer una proposición; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, en contra; Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Pablo Emilio Madero, del Partido Acción Nacional, en pro; Gabriela Guerrero Olivares, del Partido Popular Socialista, para
hacer una proposición; Javier Centeno Avila, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos; José de Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro del dictamen; Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista, en contra; Jorge Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una proposición; Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, en contra; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro y José Manuel Correa Ceceña, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
En sucesivas votaciones económicas se desechan las proposiciones y la asamblea considera suficientemente discutido el artículo tercero.
A discusión los artículos transitorios, hacen uso de la palabra los diputados Jesús Ramírez Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace una proposición y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos e informar de la decisión de su partido de reunirse en la tribuna de la Cámara de Diputados, como homenaje al presidente Benito Juárez García, cantar el Himno Nacional y retirarse del debate.
En votación económica se aprueba la proposición del diputado Ramírez Guerrero y la Secretaría recoge la votación nominal del artículo tercero constitucional y de los artículos transitorios en un solo acto, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta votos.
El Presidente hace la declaratoria respectiva y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Por instrucciones de la Presidencia se da cuenta con una comunicación de la diputada Rosa Albina Garavito Elías, coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se refiere al cómputo de la votación en lo general del dictamen que acaba de discutirse.
El Presidente informa sobre las instrucciones a los diputados secretarios y de su consideración de que las votaciones se han apegado al reglamento.
En virtud de que se han repartido copias del dictamen de la Comisión del Distrito Federal con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y dos, entre los señores diputados, la asamblea le dispensa la primera lectura. Es de primera lectura.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los oficios del Senado de la República, con los que remite las minutas con proyectos de decreto que adiciona un artículo doscientos cincuenta y cuatro bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, se turna a la Comisión de Justicia; que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la república Federal en Materia de Fuero Federal, se turna a la Comisión de Justicia; proyecto de Ley sobre la Celebración de Tratados, se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores y que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Bienes Nacionales, se turna a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las once horas con cincuenta y cuatro minutos, del día dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y uno, citando para la que tendrá lugar mañana, diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y uno a las diez horas."
El Presidente:- Ruego a la Secretaría poner a consideración de la asamblea el acta y si algún diputado, fundamentalmente los coordinadores, desean hacer alguna observación a la misma, que se sirva manifestarlo.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:- Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta o si hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente, en los términos que se ha entregado a los señores coordinadores.
COMUNICACIONES
SOLICITUDES DE LICENCIA
El secretario diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas:
«Ciudadano diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.
Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a usted para la consideración del pleno y aprobación en su caso, solicitud de licencia previa para cesar en mis funciones representativas como diputado federal, en virtud de que seré propuesto por el ciudadano gobernador del estado de Sonora como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de esa entidad, a efecto de estar en condiciones de aceptar el cargo y sujetarme al procedimiento que marca la ley para dicho nombramiento.
Mucho le agradeceré se sirva dar el trámite correspondiente a esta petición
. Atentamente.
Diputado Arsenio Duarte Murrieta.»
El mismo Secretario:
«Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Me dirijo a la mesa directiva de la Cámara de Diputados de esta legislatura, para hacer de su conocimiento, que el ciudadano gobernador del estado de Coahuila, me ha propuesto que me incorpore a su equipo de colaboradores en un cargo dentro de la administración del gobierno del mismo estado. Para estar en condiciones de aceptar este ofrecimiento, y con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito expresar mi respetuosa solicitud, a efecto de que se consulte al pleno y en su caso, se me conceda licencia previa para cesar en mis funciones representativas como diputado federal por el III distrito del estado de Coahuila, mientras dure la nueva ocupación.
Mucho agradeceré a la mesa directiva que usted preside, se sirva dar el trámite correspondiente a esta solicitud.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección
México, Distrito Federal, a 12 de diciembre de 1991.- Fidel Hernández Puente, diputado federal.»
El Presidente:- En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El secretario diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas:- Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia previa al diputado Arsenio Duarte Murrieta, para separarse de sus funciones como diputado federal por el IV distrito del estado de Sonora, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro del gobierno del estado de Sonora, a partir de esta fecha, durante el tiempo que dure el encargo.
Segundo. Se concede licencia previa al diputado Fidel Hernández Puente, para separarse de sus funciones como diputado federal por el III distrito del estado de Coahuila, para estar en posibilidades de desempeñar un cargo dentro del gobierno del estado de Coahuila, a partir de esta fecha, durante el tiempo que dure el encargo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Llámese a los suplentes.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D. F.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que la honorable Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Aguascalientes, en sesión ordinaria de esta fecha, llevó a cabo la elección de mesa directiva que funcionará durante el mes de diciembre del presente año, habiéndose integrado por mayoría de votos, en la forma siguiente:
Diputados: presidente, Sergio Reyes Velasco; vicepresidente, Gilberto Carlos Ornelas; secretarios: Antonio Sánchez Gómez, Ignacio Campos Jiménez; prosecretario, Antonio Reyna Santoyo.
Al participar a ustedes lo anterior, nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección
"Año del licenciado Jesús Terán Peredo".
Veintiocho de noviembre de 1991.- Diputados: Roberto Padilla Márquez, presidente; Mario Garza Elizondo y Alicia Ibarra Rodríguez, prosecretaria.»
Trámite:- De enterado.
DE LOS ESTADOS DE TABASCO Y VERACRUZ
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para comentar sobre los hechos ocurridos en los estados de Tabasco y Veracruz.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:- Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Hace unos días subimos a esta tribuna y ya alertábamos sobre lo que iba a ocurrir el 14 de diciembre en Campo David.
Al día de hoy, sobre la reunión de Bush y Salinas, no hay nada en claro sobre los acuerdos que se están tomando para la firma del Tratado de Libre Comercio
. Nuestro partido ha insistido que éste es un asunto que tiene que tratarse en esta Cámara. Sin embargo, al día de hoy lo único que se sabe, por palabras del propio Presidente, es que el Tratado de Libre Comercio va adelante; va adelante y sobre la información que filtran los propios norteamericanos, va adelante sobre la base de la entrega de la soberanía nacional, sobre la base de la entrega del petróleo.
Nosotros seguiremos dando la batalla para que este asunto se traiga a esta Cámara.
Sin embargo, si nosotros hoy iniciamos haciendo estos comentarios, es para reafirmar que independientemente de lo que ocurra con el Tratado de Libre Comercio, independientemente que inclusive Salinas nos demostrara que es la alternativa económica para este país, nosotros los que seguimos insistiendo es que ningún proyecto económico va a avanzar en nuestro país si no existe la democracia y ésta es la demanda fundamental del pueblo en nuestro país.
Así sucedió el 14 de diciembre, en Veracruz, puerto donde más de 10 mil ciudadanos de varias entidades del país, en plena lluvia y aguacero torrencial, nos reunimos en lo que denominamos la Jornada Nacional por la Democracia, para exigir el respeto al sufragio.
Tal vez la definición de nuestro partido, en relación a las elecciones municipales de Tabasco y Veracruz, tal vez la definición de nuestros dirigentes nacionales en torno a no negociar el voto, tal vez la definición de la ciudadanía en estos estados, en manifestarse, en no permitir entrar a los usurpadores en los ayuntamientos que no les corresponden, ha motivado el enojo del gobierno federal, que seguramente ha instruido a dar respuesta por parte de los gobiernos de los estados de Tabasco y Veracruz, como si fuésemos sus enemigos y nosotros venimos aquí también a decir, que nosotros no somos enemigos, sino queremos que se nos reconozca el status de adversarios políticos, que es el trato que nuestro partido está exigiendo.
Nosotros subimos a decir, que es necesario inaugurar una nueva etapa en la relación del gobierno con el Partido de la Revolución Democrática y ésta es la que le exigimos al gobierno federal.
Nuestro buen empeño está puesto en lograr la transición a la democracia, sobre la base del respeto al voto, sobre la base de la limpieza electoral y esto, señores, es lo que no vimos en los recientes días en Tabasco y Veracruz.
En Tabasco y Veracruz, vimos cómo los gobiernos se han extralimitado en sus facultades, cómo han violado las constituciones y los códigos estatales electorales, situaciones que estrechan cada día más los caminos a una salida armoniosa a los conflictos electorales que hoy se están viviendo.
En el estado de Tabasco, nos dan la anulación de las elecciones municipales en Cárdenas, por motivos políticos y se nombra a un consejo municipal. Anular políticamente las elecciones en el municipio de Cárdenas, no es más que la permanente degradación de la ley, no es más que la subordinación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, no es más que la permanente violación a la Constitución y al Código Estatal Electoral, no es más que la extralimitación de las funciones del gobernador.
¿Por qué decimos esto? Porque aunque en el artículo 36 de la Constitución de Tabasco, se acepta que el Congreso se erija como Colegio Electoral para calificar las elecciones de gobernadores, de diputados y de alcaldes y en su fracción X se señale que va a ejercer las atribuciones que la ley le señale; en la Ley Estatal de Tabasco, en la ley Estatal Electoral, no existe en el capítulo, en su artículo 303, de los causales de nulidad, ninguno que le dé atribuciones que permita al Congreso anular políticamente las elecciones. Esto es una violación a la Constitución y al Código Estatal Electoral de Tabasco
. Además de que evidentemente en ese consejo, lo que están buscando es nombrar...
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul):- Señor Presidente, pido una llamada al orden a la asamblea, porque no se puede escuchar por el ruido.
El Presidente:- Se ruega a la asamblea que tenga la amabilidad de guardar compostura, para escuchar con el respeto que nos merece al orador en turno.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:- ...Estábamos diciendo, que en este caso la violación a la Constitución y al Código Estatal Electoral del estado de Tabasco, ademas busca a través del nombramiento de este consejo municipal que se nombre, imponer un gabinete del equipo del candidato priísta y nosotros ya nos hemos cansado en los órganos electorales, en esta tribuna, de explicar que en Cárdenas ganó el Partido de la Revolución Democrática las elecciones municipales.
Además nosotros en Cárdenas no impugnamos más del 20% de las casillas. Sólo pedimos la anulación de 17 de 161 casillas, donde se encontraron más votos que votantes.
Por lo tanto, nosotros hemos estado exigiendo el reconocimiento del triunfo y no la anulación. Si hubiera voluntad política, con sólo anularse cuatro casillas y alguna más de las restantes (13), en la que no coincidió el número de boletas con las listas nominales, el triunfo sería del Partido de la Revolución Democrática, de nuestro candidato y presidente electo por el pueblo, el doctor Carlos Alberto Wilson Gómez.
Pero no. El gobierno de Neme Castillo, a través del Colegio Electoral, usurpa la facultad del pueblo para elegir a sus gobernantes, impone un consejo municipal y en ese consejo municipal impone a la camarilla priísta del clan de los "Sánchez de la Cruz".
En Veracruz, el gobierno estatal sigue la misma línea y quiere llevar al Partido de la Revolución Democrática a negociar sobre la base de no respetar el voto de la ciudadanía, sobre la base de violar la Constitución y el Código Estatal Electoral. Quiere que cambiemos nuestras regidurías que nos están entregando por los resultados oficiales que nos dan, por sindicaturas. O sea, nos dan sindicaturas, en lugar de las regidurías que supuestamente nos corresponden. Quiere no reconocer nuestros triunfos en municipios como Jesús Carranza, como Las Choapas, como Angel R. Cabadas y ayer ya nombró consejo municipales en algunos de estos municipios. Ellos dicen que no quieren anular elecciones, aduciendo que no existen en la Ley Electoral Estatal. Nosotros sostenemos que esa figura jurídica sí existe en el estado de Veracruz.
El gobierno del estado de Veracruz quiere corromper a los partidos de oposición para expiar sus culpas, pero lo que hoy reclama la ciudadanía en Veracruz y en todo el país es respeto al voto y eso es lo que pedimos.
Ayer decíamos, en Veracruz se consumó esta línea de actuación política en el Colegio Electoral y las inconformidades brotaron desde ayer por esta violación a la Constitución y a la ley electoral, que hemos venido denunciando y que hoy lo volvemos a hacer en esta tribuna. Hasta el propio Partido Revolucionario Institucional protestó ayer, por el triunfo que se les quitó, a decir de ellos, en Coacoatzintla, para favorecer a uno de los partidos de oposición.
Ayer en el Congreso Local de Veracruz hasta las armas salieron a relucir, enfrentándose los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional y del Frente Cardenista, pero no bastó eso... Graves problemas tendrá el gobierno estatal, en Veracruz, para explicar cómo el hizo para entregar sindicaturas a partidos perdedores. La Ley, en Veracruz, es muy clara. Partido que gana la presidencia municipal, gana la sindicatura y hoy está ocurriendo que partidos perdedores están poniendo en sus planillas a los síndicos en esas comunas. Eso se llama, insistimos, violación a la Constitución y al Código Estatal Electoral.
En otros lugares, si no existían los puestos de representación popular, el gobierno estatal los creó sin ningún estudio ni justificación social ni política de que esto ocurriera. En síntesis, en Veracruz a los agravios electorales cometidos en contra de la ciudadanía el 10 de noviembre, se le han sumado desde ayer la violación a la Constitución y las leyes electorales. Nosotros no
andamos a la pepena política, lo que pasa es que "el león cree que todos son de su condición".
El éxodo por la democracia, no lo detendrán si no es sobre las muy claras y precisas peticiones que estamos haciendo sobre la limpieza de las elecciones.
Mañana, por la tarde, estaremos en Jalapa, Veracruz, haciendo un nuevo llamado a recuperar el orden constitucional y que se limpien las elecciones.
Sabemos que Dante Delgado Ranauro y Neme Castillo, no actúan solos, no se mandan solos; atrás está toda una línea, implementada desde Los Pinos, que busca detener el avance político de nuestro partido, como verdadera fuerza que disputa el poder político en el país.
Por eso, llamamos a entrar a una redefinición de la relación del gobierno con nuestro partido: ¡no somos sus enemigos; solamente somos sus adversarios políticos!
Esperamos, pues, que en esta LV Legislatura no suceda lo mismo, aunque a veces parece que todo está también aquí igual de controlado.
Nosotros necesitamos que esta Cámara presione al gobierno del estado de Tabasco para obtener respuesta sobre las denuncias que a la violación del fuero constitucional que se hizo en la ciudad de Villahermosa, se cumpla. Seguramente nosotros sabemos que aquí no van a estar de acuerdo con las explicaciones que Neme Castillo ha dado a la opinión pública, a través del procurador del estado de Tabasco y el secretario de gobierno, sobre quiénes son los responsables de la violencia en Villahermosa.
¡A nosotros nos importa que se respete la Constitución y el fuero constitucional, pero más nos importa el respeto a los derechos ciudadanos que fueron reprimidos y a los derechos ciudadanos que han sido violados en el estado de Tabasco! ¡También nos importa el destino del menor Raúl Vázquez, al cual han hecho responsable de las agresiones que ocurrieron ese día!
Por lo tanto proponemos, con fundamento en al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a la consideración de la asamblea el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Único. En atención a que ha transcurrido un plazo prudente para que el gobierno de estado de Tabasco respondiera a la solicitud de informar de los hechos denunciados por el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y sin mediar justificación no lo ha hecho, esta Cámara acuerda hacer una exportación al gobernador del estado de Tabasco, a fin de que se informe, en el menor tiempo posible, a esta representación.
Atentamente, diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.» (Aplausos.)
Nosotros le pedimos a la mayoría en esta Cámara que nos apoyen en este punto de acuerdo. Además nosotros decimos que hemos estado llamando al diálogo permanentemente, pero sobre la base del respeto al voto y esperamos que pronto existan respuestas; si no, pues seguiremos caminando por las navidades, por el año nuevo y seguramente en el mes de enero nos estaremos viendo en el Distrito Federal. Muchas gracias.
REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA
El Presidente:- Esta Presidencia procederá en los términos solicitados. Ha pedido el uso de la palabra el diputado Manuel Terrazas, para hacer una proposición. Tiene la palabra.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:- Compañeras y compañeros diputados:
Hemos pedido la palabra para referirnos a una cuestión que estimamos es clara para el pueblo mexicano y para el Congreso de la Unión, la relativa a la lucha del pueblo de la República Árabe Saharaui Democrática por su independencia. Lucha que ha merecido una resuelta solidaridad mexicana y que ha motivado varias resoluciones de apoyo de parte de la Cámara de Diputados en anteriores legislaturas. Brevemente pasamos algunos antecedentes antes de hacer la propuesta.
En el marco de la dinámica de los trascendentales cambios que hoy afectan al mundo, se está logrando progresivamente una paz mundial, que constituye un retorno a la legalidad internacional, que favorece la solución pacífica de los conflictos y diferentes que afectan las relaciones regionales e internacionales. A nivel regional y de manera particular en el norte de África, se han operado cambios profundos, gracias a una voluntad internacional urgente para el arreglo del conflicto que opone la República Árabe Saharaui, a Marruecos y gracias al inicio de un proceso pacífico por la Organización de las Naciones Unidas, que
puede poner fin al conflicto, sobre la base del ejercicio libre y democrático por el pueblo Saharaui, de su derecho a la autodeterminación e independencia.
Revolución global del conflicto del Sahara Occidental ha dado como conclusión principal la imposibilidad de la solución militar; sólo una solución negociada y pacífica entre los dos beligerantes, en el marco del proceso dirigido por las Naciones Unidas, puede conducir a esa necesaria e inevitable paz entre saharauis y marroquíes. El Plan de Paz elaborado por las Naciones Unidas, en su resolución 4050 y que recoge integralmente la resolución 104, adoptada en 1983 por la Organización de la Unidad Africana, estipula la celebración de un referendo de autodeterminación del pueblo Saharaui, libre de toda presión militar o administrativa. La acción desplegada por el señor Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y los sucesivos presidentes en ejercicio de la Organización de Estados Africanos, llevó a que las dos partes en conflicto: República Árabe Saharaui y Marruecos, dieran su acuerdo en Ginebra el 30 de agosto de 1988 al Plan de Paz para el Sahara Occidental.
Después de varias visitas a la región y numerosos encuentros con las dos partes, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas presentó su Plan de Paz definitivos al Consejo de Seguridad, que aprobó con unanimidad el 29 de abril de 1991, anunciando la creación oficial de la Misión de las Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental, minurso que organizará y supervisará la operación refrendaria. El Plan de Paz que detalla las cuestiones técnicas y financieras de la acción de minurso, prevé la organización del referendum para mediados de enero de 1992; un paréntesis, de ahí la urgencia de esta propuesta.
El pueblo saharaui ha recibido todos estos cambios prometedores con una voluntad política sincera para terminar para siempre con esta guerra injusta que ha durado más de 16 años. A este efecto, el gobierno saharaui ha colaborado activamente con la Organización de las Naciones Unidas y ha mantenido, a lo largo de todo un año, una tregua militar, además de otras iniciativas de buena voluntad que demuestra el deseo sincero de nuestro pueblo, del pueblo saharaui, de contribuir con el proceso de paz onusino.
Por el contrario, el gobierno de Marruecos siempre se ha esforzado en desanimar los esfuerzos de paz de la comunidad internacional, adoptando una actitud de tergiversaciones que constituyen hasta en nuestros días el obstáculo mayor ante la paz y el arreglo pacífico llevado a cabo por Naciones Unidas.
Marruecos, después de haber aceptado el principio del referendum y la fecha del alto al fuego, sorprendió al mundo el 4 de agosto de 1991, con un ataque masivo de su aviación contra los territorios liberados de la República Saharaui, en momentos que una delegación del minurso visitaba la región para preparar el despliegue de las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental. El día 22 de agosto Marruecos empezó una gran ofensiva terrestre contra los territorios liberados de la República Árabe Saharaui y su propio rey, Hassan Segundo, declaró que el referendum sólo puede ser confirmativo y que tendrá lugar según los criterios de Marruecos".
El 16 de setiembre pasado entró en vigor el cese al fuego definitivo en el Sahara Occidental y terminó así una guerra que duró 16 años entre la República Árabe Saharaui y el Reino de Marruecos. Las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas, que deben controlar el "alto al fuego" ya se han desplegado a lo largo de todo el territorio saharaui, a pesar de los diferentes problemas creados por Marruecos a fin de evitar la puesta en práctica de las otras fases del Plan de Naciones Unidas, las que conducirán ineluctablemente a la celebración del referendum de autodeterminación del pueblo saharaui.
El gobierno saharaui en varias ocasiones ha declarado su preocupación por la acción de la aviación marroquí que está sobrevolando constantemente los territorios liberados de la República, en violación flagrante del "alto al fuego", además de denunciar el envío de más de 170 mil marroquíes originarios de las provincias del sur de Marruecos, a los territorios ocupados, con el fin de imponer a las Naciones Unidas un cuerpo electoral extranjero que garantice a Marruecos un resultado final favorable.
El gobierno de Marruecos está enviando también al interior de Marruecos miles de jóvenes saharauis, bajo el pretexto de cursar estudios de capacitación profesional.
Por otra parte, Marruecos hasta ahora no ha querido reconocer los prisioneros de guerra marroquíes en manos del gobierno saharaui, que de acuerdo con el Plan de Paz de la Organización de las Naciones Unidas se deben intercambiar, después del "alto al fuego".
Queremos dejar en manos de la Secretaría el Acuerdo de las Naciones Unidas, la resolución
sobre Sahara Occidental, adoptada por unanimidad por la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas en la asamblea general y que fue firmada en octubre de este año para no tener que leerlas, pero que establece un antecedente fundamental para la proposición que queremos hacer.
Esta dice lo siguiente: "Punto de Acuerdo. Los acontecimientos que se desenvuelven y ocurren en los procesos internacionales en curso y que influyen destacadamente para consolidar la solución pacífica de los conflictos mundiales y regionales, interesan profundamente al pueblo mexicano y como su expresión soberana, a la Cámara de Diputados. Hechos importantes en ese escenario son los que se presentan en el Sahara Occidental y en el esfuerzo del pueblo de la República Árabe Saharaui, encaminado a conquistar y fortalecer su plena independencia y autodeterminación nacionales, la defensa de su joven estado nacional.
A este esfuerzo distintas legislaturas de la representación nacional, sobre todo en las tres últimas de ellas, han realizado distintas acciones de apoyo y contribuido al avance de relaciones internacionales basadas en la soberanía nacional, la amistad entre los pueblos y la paz. Con mucho interés por eso hemos conocido lo que hoy ofrecen los acontecimientos que suceden en el Sahara Occidental, sobre todo lo siguiente; la entrada en vigor del "alto al fuego" definitivo entre la República Saharaui y el reino de Marruecos, el 6 de septiembre de 1991, en conformidad con el Plan de Paz de la Organización de las Naciones Unidas aprobado por el Consejo de Seguridad el 29 de abril de 1991. El despliegue de las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas a lo largo de todo el territorio Saharaui, para vigilar el "alto al fuego", los diferentes obstáculos que se han puesto en marcha para detener el avance del proceso de paz que deberá culminar en la organización de un referendum de determinación del pueblo saharaui para mediados de enero de 1992, algunos de los cuales se encuentran en Marruecos.
Es en atención a lo anterior, que la Comisión de Relaciones Exteriores, iba a ser turnado a la Comisión de Relaciones sería puesto en la actualidad del órgano que apruebe este punto de acuerdo de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, resuelve:
1o. Saludar la proclamación del cese al fuego en el Sahara Occidental, que pone fin a una larga guerra que ha durado más de 16 años en la región del noroeste africano.
2o. Reafirmar el apoyo a los loables esfuerzos del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, doctor Javier Pérez de Cuéllar, para llevar a cabo el plan de paz del organismo internacional, en los términos y condiciones señalados en el Consejo de Seguridad en su Resolución 690-91.
3o. Demandar la superación de los obstáculos de uno u otro signo que en el seno de la Misión de las Naciones Unidas, para el referendum en el Sahara Occidental, se han presentado y que pudieran frustrar la celebración del referendum de autodeterminación del pueblo saharaui.
4o. Solicitar a las dos partes directamente involucradas, a la República Árabe Saharaui Democrática y al reino de Marruecos, que cooperen plenamente con el minurso, para que éste pueda llevar a un buen término su misión y llegar a una paz justa y definitiva en la región.
Compañero Presidente, le pediría a usted que turnara este proyecto de punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Internacionales. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:- Tal y como lo solicita, túrnese a la Comisión de Relaciones Internacionales.
Sí, diputado Hernández Juárez, para hechos tiene usted la palabra, cinco minutos.
El diputado Francisco Hernández Juárez:- Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Mi partido, el Partido Popular Socialista, desde que nació como tal 1948, siempre ha luchado por la paz y ha luchado contra la guerra, contra el armamentismo, porque consideramos que estos actos en contra de la humanidad y globo terráqueo, siempre es un recurso del imperialismo para dominar a todos los hombres de la tierra.
Nosotros sabemos lo que está aconteciendo en la República Árabe Saharaui, empujado, realizado por el gobierno de Marruecos, que no es más que la mano criminal del imperialismo. De otro modo, el pueblo saharaui estuviera viviendo en paz.
Gracias precisamente a la intervención de las Naciones Unidas, se ha logrado un acuerdo para que se resuelva en forma pacífica esta cuestión. Se está caminando en un proceso para realizar pacíficamente la liberación de esta parte del mundo, a través de un plebiscito. Desde que conocimos esta resolución de la Organización de
las Naciones Unidas, nosotros lo saludamos públicamente.
Sabemos que de ese modo se va a acabar o se va a atenuar la explotación de ese pueblo que por muchos años ha sido explotado. Sabemos que se van a restituir los derechos humanos, que se van a restablecer la democracia.
Por eso la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, viene a apoyar el punto de acuerdo que presentó nuestro compañero Manuel Terrazas. Muchas gracias, compañeros.
TOMA DE PROTESTA
El Presidente:- Honorable asamblea:
Se encuentra en las puertas de este recinto la ciudadana Ana Patricia Ramos de los Santos, diputada suplente por el III distrito del estado de Coahuila. Se designa en comisión, para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones como diputado, a los siguientes diputados: Oscar Pimentel González, Yolanda Elizondo Maltos, Jesús María Ramón Valdez, José Antonio Alba Galván, Mariano López Mercado y Humberto Flores Cuéllar.
Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:- Se suplica a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:- Ciudadana Ana Patricia Ramos de los Santos: Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
La ciudadana Ana Patricia Ramos de los Santos:- Sí, protesto.
El Presidente:- Sí así no lo hiciéreis, que la nación os lo demande.
Continúe la Secretaría.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
CONDECORACIONES
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Manuel González Valle, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 18 de diciembre de 1991.- Senadores secretarios: Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. se concede permiso al ciudadano Manuel González Valle, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 19 de diciembre de 1991.- Senadores: Artemio Iglesias Miramontes, Presidente; secretarios: Alger León Moreno y Salvados Sánchez Vázquez.»
Trámite:- Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano ingeniero Juan José Agustín Reyes Rodríguez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la orden del Mérito Agrícola, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 18 de diciembre de 1991.- Senadores secretarios: Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano ingeniero Juan José Agustín Reyes Rodríguez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Agrícola, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 18 de diciembre de 1991.- Senadores: Artemio Iglesias Miramontes, Presidente; secretarios: Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez»
Trámite:- Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta de proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Ricardo de la Mora y Garibay, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, Rayos Dorados y Collar, que le confiere el gobierno del Japón.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta consideración.
México, Distrito Federal, a 18 de diciembre de 1991.- Senador Alger León Moreno, secretario y senador Salvador Sánchez Vázquez, secretario.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Javier Ricardo de la Mora y Garibay, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, Rayos Dorados y Collar, que le confiere el gobierno del Japón.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 18 de diciembre de 1991.- Senadores: Artemio Iglesias Miramontes, Presidente; secretarios: Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez.»
Trámite:- Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
NOMBRAMIENTO
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Pedro Mario Pablo Ghislain Duez Nelis, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Bélgica en Puebla.
Reiteramos a usted la seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal a 19 de diciembre de 1991.- Senadores secretarios: Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a ciudadano Juan Pedro Mario Pablo Ghislain Duez Nelis, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Bélgica en Puebla.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 18 de diciembre de 1991.- Senadores: Artemio Iglesias Miramontes, Presidente; secretarios: Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez.»
Trámite:- Recibo, túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: «Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Eloisa González Parcero,
para que pueda prestar sus servicios como secretaria en la Embajada de Tailandia en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal a 18 de diciembre de 1991.- Senadores secretarios: Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez.
MINUTA DE PROYECTO DE DECRETO
Artículo único: Se concede permiso a la ciudadana Eloisa González Parcero, para que pueda prestar sus servicios como secretaria, en la Embajada de Tailandia en México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 18 de diciembre de 1991.- Senadores: Artemio Iglesias Miramontes, Presidente; secretarios: Alger León Moreno, y Salvador Sánchez Vázquez.»
Trámite:- Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
INFORME DE LABORES
El secretario diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la memoria de labores realizada por la Secretaría de Educación Pública, correspondiente al período de 1990- 1991.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 29 de noviembre de 1991.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: De enterado, y túrnese a la Comisión de Educación Pública, para su conocimiento.
El Presidente:- Antes de continuar la Asamblea, ruego a la Secretaría se sirva dar lectura a los artículos 207 y 212 del Reglamento Interior de está Cámara.
El secretario diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas:
Artículo 207. Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración.
Artículo 212. Sólo con permiso del Presidente, en virtud de acuerdo de la Cámara, podrán entrar al salón de sesiones personas que no sean diputados o senadores. Por ningún motivo se permitirá la entrada a los pasillos a personas que no tengan la anterior representación. Los ujieres cumplirán, bajo su responsabilidad, esta última disposición.
El Presidente:- Con base en estos dispositivos, esta Presidencia ruega a la Oficialía Mayor para que se sirva instrumentar lo necesario, a efecto de que se haga un eficiente control en los accesos a las curules, para que esto nos ayude a conservar el orden en esta sesión y en las demás futuras de esta Cámara.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (I)
* PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
El Presidente:- El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1992.
En atención a este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:- Por instrucciones de la Presidencia, con votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura, señor Presidente.
* Este dictamen fue publicado en el diario No. 22 del día 17 de diciembre de 1991.
El Presidente:- Para discusión en lo general, se han registrado los siguientes diputados: para fundamentar el dictamen, la diputada María de los Ángeles Moreno; para fijar posición de sus respectivos partidos, los siguientes diputados: Heli Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista; del Auténtico de la Revolución Mexicana, la diputada Cecilia Soto; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Juan Manuel Huezo Pelayo; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge Calderón; por el Partido Acción Nacional, el diputado Fauzi Hamdan y, por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Porfirio Camarena Castro.
Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Moreno.
La diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Me disculpo por la voz. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, somete a consideración de esta honorable asamblea, el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992.
Para la elaboración del dictamen correspondiente, se llevó a cabo un amplio y abierto proceso de análisis y discusión de los criterios generales de política económica y del proyecto....
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):- No es una interpelación, es sólo una muy atenta y respetuosa sugerencia a la Presidencia, que por la importancia de los temas que estamos discutiendo y en respeto a nuestra estimada compañera diputada, licenciada María de los Ángeles Moreno, haga una excitativa a todos los diputados presentes a que guardemos orden y compostura y escuchemos con atención los conceptos que están siendo vertidos en esta ocasión. Gracias.
El Presidente:- Esta Presidencia en forma muy atenta, comedida, pero muy levantada, ruega a la asamblea y concretamente a los diputados, para que se comporten tal y como lo establece el reglamento, y reiterarles lo que otras presidencias les han expresado. Todo aquel diputado que quiera tratar un asunto, le rogamos salga para tratarlo allá afuera. Continúe la oradora.
La diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas:- Gracias , señor Presidente
. Para la elaboración del dictamen correspondiente, se llevó a cabo un amplio y abierto proceso de análisis y discusión de los criterios generales de política económica y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, remitido en tiempo y en forma por el Ejecutivo Federal.
Con objeto de proceder a una revisión minuciosa de todas y cada uno de los artículos del proyecto de decreto, la comisión elaboró un programa de trabajo que consideró la celebración de múltiple sesiones, en las que participaron diputados de todas las fracciones parlamentarias. Las deliberaciones fueron intensas y propiciaron la fluida expresión de distintos puntos de vista con total claridad; se escucharon las tesis partidistas sobre el proyecto de presupuesto y la política económica a la cual responde, planteadas con fundamentos sólidos, en un marco de respeto a los conceptos y propuestas que reflejan la pluralidad que caracteriza a la comisión.
Conviene destacar que le ánimo que caracterizó a todas las discusiones, independientemente de las posiciones políticas o las ideas económicas vertidas, fue siempre de formular aportaciones, orientadas a servir al interés superior de la nación.
El debate sostenido en el seno de la comisión permitió profundizar en la meteria objeto de nuestro trabajo y tanto las divergencias como las coincidencias, condujeron a conclusiones que permitieron enriquecer el proyecto de presupuesto y sustentar las propuestas de modificaciones que presentamos en el dictamen.
Los miembros de la comisión coincidimos esencialmente en que es positiva la tendencia que presenta el presupuesto y la orientación social de la política de gasto para el próximo año, aunque también coincidimos en que hay mucho por hacer.
En efecto, resulta satisfactorio constar que el presupuesto de egresos que se somete a nuestra consideración, otorga la más alta prioridad de atender los aspectos que contribuyen al mejoramiento del nivel de calidad de vida de los mexicanos. Así, propone importantes incrementos reales en los renglones destinados al bienestar social, en especial a la educación y apoya la transformación estructural de algunos sectores de actividad económica, fundamentales para el desarrollo nacional especialmente rural.
Como se constata en el proyecto de presupuesto y se subraya en el dictamen, la orientación del gasto público hacia áreas socialmente prioritarias, significara un crecimiento real de las erogaciones en bienestar social, del 17.8% para 1992, con lo que en cuatro años se habrán incrementado los recursos destinados a este sector en 66.5% a precios constantes.
Destacan lo importantes incrementos en términos reales, de los recursos presupuestados para el programa social de abasto, el sector educación, el Programa Nacional de Solidaridad y el sector salud.
Resalta la incorporación de un apartado especial en el proyecto de presupuesto para la protección del medio ambiente, cuyos recursos asignados registrarán un crecimiento superior al 30%.
El Programa Integral de Apoyo al Campo propone mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas y fomentar la producción y productividad del campo mexicano. Para ello se destinarán recursos fiscales 20% superiores en términos reales, respecto al año anterior.
La estrategia presupuestal para 1992, también permitirá incrementar el gasto en ciencia y tecnología y asegurar el abastecimiento de combustible y energía eléctrica.
Por otra parte, dentro del nuevo enfoque de complementar recursos públicos con los del sector privado, se dará mayor impulso a la modernización de la infraestructura de transportes y comunicaciones, en especial de la red carretera.
El gasto de inversión que se propone para 1992, se incrementará en términos reales en 6.3% y en él se confirma la orientación prioritaria hacia el gasto social, el desarrollo rural y la infraestructura básica.
Las transferencias totales se incrementarán en sólo 1.1% debido tanto a los avances en el proceso de desincorporación como a las medidas de saneamiento financiero y al aumento de la eficiencia y productividad de las empresas públicas. Más de la mitad del monto total de transferencias, se dirigirá a los sectores educación rural, comunicaciones y transportes y salud, los que en conjunto crecerán cerca de 20%.
De esta manera, para 1992 se continuará con la reestructuración del gasto público de conformidad con la estrategia nacional de desarrollo. Por ello, la comisión se ha manifestado favorablemente en relación con su estructura y su nueva orientación.
En el dictamen se reafirma que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, es congruente con el resto de los instrumentos de política económica. Busca mantener un monto de erogaciones compatibles con la magnitud de los ingresos públicos y apoya el proceso de recuperación económica con estabilización de precios.
El monto del gasto neto, inferior en 2% en términos reales al de 1991 y dada la previsión contenida en la Ley de Ingresos de la Federación aprobada por esta soberanía para el próximo año, implica un superávit presupuestal de 18 millones de pesos.
Como lo asienta el dictamen, el presupuesto superavitario que se propone es un eje central de la política antiinflacionaria, tiene el propósito de lograr un crecimiento de precios inferior al 10% en el próximo año, disminuir presiones sobre el mercado financiero nacional, evitar financiamiento inflacionario y disminuir la presión sobre las cuentas económicas externas y el mercado cambiario.
No obstante que para 1992, el costo financiero de la deuda pública presupuestal se reducirá en términos reales en más del 23% y que su participación en el gasto total disminuirá casi cinco puntos, algunos diputados de la comisión, mostraron su preocupación por el alto monto que en términos absolutos todavía registrará el pago de intereses de la deuda pública, estimado en más de 41 billones de pesos.
Es en este contexto que el dictamen considera que debe evaluarse la existencia de un superávit en las finanzas públicas para el próximo año. Los recursos eventualmente aplicables a la amortización de la deuda pública, deberán permitir que los fondos hoy destinados a su servicio continúen reduciéndose y por tanto, a corto y mediano plazos, haya espacio creciente para atender áreas prioritarias del desarrollo nacional.
De hecho, la disminución en el pago de intereses de la deuda pública, ya ha permitido combinar una baja en el monto global del gasto con un importante crecimiento y reestructuración de las erogaciones con efectos directos en la actividad económica y social del país.
Pero como también señala en el dictamen, la previsión superavitaria, no constituye en sí misma un fin, es una política de carácter temporal y su monto debe reducirse o desaparecer una vez consolidada la estabilidad económica.
En síntesis, el centro de la argumentación de la estrategia económica, es que se debe perseverar en el esfuerzo del saneamiento financiero del sector público, con objeto de dar continuidad a los resultados económicos favorables y traducirlos en un mayor bienestar social.
En cuanto a las modificaciones realizadas a la iniciativa de decreto, cabe resaltar que todas las aportaciones formuladas por los grupos parlamentarios fueron cuidadosamente consideradas y revisadas, la posibilidad de su incorporación con un doble propósito. Por un lado, contribuir positivamente a perfeccionar un instrumento de política económica que sin duda tiene repercusiones profundas en la vida social del país y por otro, buscar la conciliación de puntos de vista entre los diversos partidos.
En consecuencia, la comisión propone a esta asamblea seis modificaciones al proyecto de decreto, las cuales resumo a continuación:
1. Se incrementan en 52 millones de pesos los recursos destinados a modernizar la gestión del Poder Legislativo, reduciendo este monto del gasto considerado en el ramo de erogaciones no sectorizables, con lo que no se afecta el momento global del proyecto de presupuesto.
2. Se faculta al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para proveer, dentro de los montos que se aprueben en el Presupuesto de Egresos, los recursos necesarios para continuar con el programa de reestructuración del recinto de San Lázaro.
Vale la pena destacar que estos dos puntos fueron asuntos planteados por todas las fracciones parlamentarias.
3. Se hace explícito que las previsiones por concepto de Solidaridad y Desarrollo Regional, también se destinarán a la promoción de proyectos productivos en el medio rural y en el urbano.
4. Se indica que se deberá otorgar prioridad en igualdad de condiciones, a proveedores y contratistas locales en la adjudicación de los contratos de obra pública y de adquisición de bienes muebles.
5. Se precisa que las disponibilidades financieras de las empresas paraestatales sólo se podrán invertir en valores gubernamentales de renta fija.
6. Se faculta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para que dentro de los montos que se aprueben en el presupuesto para 1992, provea los recursos necesarios para incluir la fotografía del elector en la credencial para votar.
Adicionalmente, la comisión convino entregar en su seno un grupo de trabajo pluripartidista que continuará el análisis sobre la factibilidad de mejorar en tiempo y forma, la prestación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados.
Compañeros diputados: los miembros de la comisión hemos realizado una ardua labor de análisis y revisión de la iniciativa que nos fue encomendada. Reconocemos que los resultados obtenidos fueron posibles gracias al esfuerzo de todos.
La Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la consideración de esta honorable Legislatura, un proyecto de decreto que consideramos refleja una orientación del gasto público, congruente con las condiciones actuales y la estrategia económica del país; representa un esfuerzo de suma importancia para la consecución de los objetivos en los que todos coincidimos; la repercusión del crecimiento, con estabilidad y justicia social.
Esperamos que el debate recoja estos antecedentes y que al final del mismo, el decreto obtenga la aprobación del pleno. Muchas gracias. (Aplausos.) El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al diputado Helí Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista.
El diputado Helí Herrera Hernández:- Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea:
El presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación, constituyen un todo integrado en el que se concreta la política económica de un gobierno determinado, ambos documentos expresan el origen y destino de los recursos disponibles, que permiten programar y planificar la acción material gubernativa.
La iniciativa de decreto que contiene el Presupuesto de la Federación para el año de 1992, presentado por el titular del Poder Ejecutivo a consideración de esta soberanía, así como el dictamen correspondiente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de esta propia Cámara, insiste y profundiza la política neoliberal, privatista y monetarista que ha caracterizado a la anterior y sobre todo el presente sexenio gubernamental.
A juicio de nuestro partido, el Partido Popular Socialista, en cumplimiento de las obligaciones y facultades que le mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado a través de su órgano ejecutor que es el gobierno, debe ser un promotor del desarrollo económico, social político y cultural, no sólo como rector sino como agente y protagonista directo. De este modo el Estado cumple sus deberes sociales, en la medida en que asegura el fortalecimiento de las fuerzas productivas con independencia del exterior y el mejoramiento constante del nivel de vida de nuestro pueblo.
En este orden de ideas, el Partido Popular Socialista considera que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1992, cuyo dictamen relativo discutimos, no responde a las aspiraciones de progreso de la nación y del pueblo mexicano; y por lo tanto, su grupo parlamentario, emitirá su voto en contra del presente dictamen, fundado además en las siguientes observaciones:
A contrapunto del enfoque optimista del gobierno, en poner de relieve el superávit financiero gubernamental que se propone lograr en el ejercicio fiscal de 1992, el déficit en cuenta corriente no se reducirá e inclusive, superará los 13 mil millones de dólares. El gobierno considera que ese fenómeno no es problemático, "en virtud" de que los ingresos de la cuenta de capital son superiores al déficit de la cuenta corriente.
Sin embargo, no se indica la distribución que han mantenido los flujos de capitales y la elevada volatilidad que le caracteriza, además los supuestos desde los cuales se considera que el déficit en cuenta corriente no causará problemas, se establecen en torno a tres factores eventuales y hasta aleatorios.
1. Que el precio del petróleo se mantenga a un nivel no menor a 14 dólares el barril en promedio.
2. Que se mantengan las tasas de interés internacionales bajas.
3. Un mercado internacionales en recuperación.
Por lo que de no cumplirse alguno de estos tres supuestos, se perderá el control de las cuentas externas y las previsiones macroeconómicas nacionales.
Por otra parte, se mantiene la tendencia a la reducción real de la inversión productiva del sector estatal, cimentando la suerte del desarrollo económico en la siempre precaria inversión privada nacional y extranjera; incluso se afirma, en relación con el importante rubro de los bienes reproductivos que, en el sector de bienes de capital, se procederá a una reestructuración financiera y operativa que permitirá aclarar su desincorporación del sector público.
A pesar de los que se dice en contrario, se continua privilegiando el pago de la deuda pública, incluyendo la externa. Toda vez que no sólo se acepta la aplicación de 21 pesos de cada 100 disponibles para el pago de ésta; sino que se equipara la importancia de su pago al de la inversión productiva, llegando incluso a establecer en el artículo 13 de la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos puesto a discusión que el monto de los ingresos adicionales que resulten de la desincorporación de entidades paraestatales o de otros bienes, muebles o inmuebles, se destinarán a la amortización de la deuda pública.
Es excesiva y casi ilimitada la liberalidad concedida al Ejecutivo Federal en el mando de las cuentas nacionales, toda vez que se le autorizan modificaciones presupuestales con la sola limitante de que se presenten contingencias que impliquen variaciones presupuestarias.
A mayor abundamiento, el párrafo cuarto del artículo 14 de la mencionada iniciativa de decreto establece, a nuestro juicio, casi de manera ociosa e innecesaria que: "en caso de que las variaciones presupuestarias sean menores al 12.5%, implicarán solamente la obligación de informar a la Cámara de Diputados hasta el final del ejercicio. Y si la variación fuere superior a este porcentaje, es decir, mayor de 31 billones de pesos, se establece la sola obligación de informar de inmediato a la Cámara a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública".
En ninguna parte se establece la obligación de solicitar autorización a la Cámara de Diputados para realizar modificaciones presupuestales de mayor envergadura.
Por otra parte, compañeras diputadas y diputados, a pesar de reconocer que en el nuevo contexto internacional, el desarrollo de conocimientos científicos y tecnologías modernas, desempeña un papel de primera importancia y de que las condiciones de demanda para la expansión y el mejoramiento científico y tecnológico, requisito indispensable para un crecimiento sostenido en el mundo moderno, son ahora propicias para alcanzar una era de progreso económico sostenido y el ya de por sí magro porcentaje
del gasto público destinado al desarrollo de la ciencia y tecnología continua desde 1989 una tendencia a la baja, en términos reales de dicho porcentaje.
Es decir, aún reconociendo el rezago en este rubro, en contraste con países con gran desarrollo tecnológico a nivel mundial, sólo se destinará en el año de 1992 al desarrollarse la ciencia y la tecnología 3 billones 686 mil millones de pesos; lo que equivale al 1.47% del gasto presupuestario o al 0.36% del producto interno bruto.
Finalmente, los recursos destinados al gasto social en lo fundamental se aplican, a través del llamado Programa Nacional de Solidaridad, 10 pesos de cada 100 del presupuesto, con claras intenciones electorales, según se desprende de los siguientes elementos:
Las obras se realizan a través de los llamados comités de solidaridad, de los que se han integrado 64 mil. Con la intensión presumible de crear, por lo menos, uno de estos comités por cada sección electoral en que está dividido el país.
La publicidad y propaganda de dicho programa, de claros tintes comerciales, difunden la imagen del Presidente de la República como protagonista principal; aun en detrimento de las propias instancias gubernamentales competentes, es decir, gobernadores y presidentes municipal;
Además, se insiste en vincular los recursos que hacen posible el Programa nacional de Solidaridad con la desincorporación de las empresas estatales, al afirmar, en la página 145 del documento que contiene la presentación de la iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos que se discute, "que los incrementos a los recursos destinados a Programa Nacional de Solidaridad han sido posibles.... Por la desincorporación de las empresas no estratégicas ni prioritarias que eran propiedad del Estado y por la orientación social del gasto público que la actual administración realiza, mediante la reforma del Estado".
Por todas estas consideraciones, el Partido Popular Socialista, a través de su grupo parlamentario, votará en contra en lo general del presente dictamen.
Muchas gracias.
El Presidente:- Gracias, señor diputado.
Es el turno de la diputada Cecilia Soto, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Tiene la palabra.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González:- Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con la representación del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, vengo a razonar el voto de nuestra fracción parlamentaria en contra, el dictámen de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992.
Nuestra diferencia es conceptual, de fondo y a ella nos dedicaremos en esta exposición. Dejaremos para la ronda de intervenciones en lo general, un reconocimiento explícito al trabajo tan positivo que se hizo dentro de la comisión, algunos cambios importantes que se hicieron, así como al dictamen mismo, de manera más detallada.
De acuerdo a las cifras presentadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, se propone para 1992, y por primera vez en la historia económica de nuestra nación, según lo plantea o lo planteó el señor secretario Ernesto Zedillo, un presupuesto superavitario. En términos presupuestales, un superávit de 18 billones de pesos y en términos comparativamente con el producto interno bruto, un superávit de 0.8%, equivalente a 7.8 billones de pesos.
Viene aquí una pequeña diferencia en cuanto a nuestra historia. Afirmaba también en su comparecencia el doctor Pedro Aspe Armella, que se trataba de un verdadero parteaguas en la historia financiera de la nación. Sin embargo, es probable que tantas ocupaciones que tienen los señores secretarios les haya impedido tener un conocimiento un poco más detallado de la historia financiera de la nación.
Precisamente en 1984, durante la comparecencia del entonces secretario de Programación y Presupuesto, licenciado Carlos Salinas de Gortari el Poder Legislativo supo explícitamente que había habido otros momentos de la historia nacional en donde había habido sobrantes o lo que hoy conocimos como superávit. Se trata de los años de 1903 y 1909 en los que José Yves Limantour, jubiloso anunció a la nación sobrantes presupuestales. Todos sabemos, sin embrago, las condiciones económicas en que se desarrollaba la nación. Las condiciones de verdadera esclavitud en que se trataba a numerosos mexicanos y, sin embargo, se hablaba de superávit presupuestario.
No es, por tanto, superávit. Y eso pretendemos demostrarlo, el concepto de superávit, sinónimo de progreso, sinónimo de cimientos solidos para el desarrollo de una nación.
Se habla también de un superávit financiero, equivalente a 3.1% del producto interno bruto, que es de 30.4 billones de pesos, cuando se toma en cuenta el ingreso proveniente de la venta de empresas paraestatales. De acuerdo al artículo 7o., del decreto del Presupuesto, se propone amortizar deuda pública hasta por el monto del superávit presupuestario, es decir, podría esperarse una amortización de la deuda interna en un monto de 30 billones de pesos, aproximadamente. Las razones que se han argumentado para programar un gasto que permita estos pagos son dos: la primera establece que sólo con un superávit presupuestal sería posible alcanzar una inflación de un dígito, como se propone en los criterios generales de política económica; la segunda señala que el pago de amortizaciones de la deuda se realiza porque los ingresos obtenidos por las ventas de empresas son ingresos de una sola vez y por el hecho de que al reducirse los gastos derivados de los intereses de la deuda interna, se podrán liberar recursos para realizar gastos sociales.
Las cifras oficiales demuestran que es falso que una inflación de un dígito sea coexistente sólo y sólo si, con un presupuesto superavitario. Precisamente los anexos que nos entregó la Secretaría de Programación y Presupuesto, viene un cuadro donde se detallan todos los años en donde hubo una inflación menor a un dígito, ustedes saben bien el desarrollo estabilizador y sin embargo durante todos esos años hubo déficit presupuestal.
Durante más de una década o por lo menos durante una década, los Estados Unidos han tenido enormes y cuantiosos déficits en sus ejercicios fiscales, año con año más grandes y más espectaculares y, sin embargo, los Estados Unidos tienen una inflación menor a dos dígitos, ¿verdad?, anda por el 6%, 7% u 8%. Se podrá argumentar que otros factores son los que contribuyen a este grado de la inflación en los Estados Unidos, es cierto, pero sin embargo ello demuestra que la existencia de un superávit presupuestal no es condición sine qua non para mantener la inflación a raya y por debajo de los dos dígitos.
Durante el desarrollo estabilizador, como decía, no se presentaron finanzas públicas superavitarias y la inflación fue inferior al 5%, específicamente entre 1975 y 1980, el déficit financiero del sector público fue equivalente a 1.9% del producto interno bruto, en tanto que la inflación fue 3.4% en promedio. Las finanzas públicas no son finanzas privadas, aunque otros crean lo contrario y el objetivo del ejercicio presupuestal no deber ser el registro de números negros, sino la canalización de los montos y asignaciones...
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho (desde su curul):- Señor Presidente, una moción de orden, que se ponga atención a la oradora, por favor.
El Presidente:- Rogamos nuevamente a los diputados que se sirvan poner atención a lo que está exponiendo el orador en turno.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González:- Muchas gracias, señor Presidente:
El concepto mismo de presupuesto superavitario encierra una contradicción, la razón es la siguiente: el gobierno obtiene ingresos que le permiten financiar las funciones del sector público, si el gasto que con ellos se origina no puede financiarse plenamente con los ingresos ordinarios, serán necesarios financiamientos netos que constituirán el déficit. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto que nos envía la Secretaría de Programación y Presupuesto y que su parte medular aprueba la comisión, se nos avisa ya de un uso específico que se hará del superávit; se nos avisa que el Ejecutivo podrá amortizar deuda pública, en este caso deuda interna, por el monto equivalente al superávit. Así se revela simplemente un ejercicio de números, se nos revela que ya se le tiene un uso, que por tanto el superávit debió haber sido incluido en artículo 7o., que planea pagos a la deuda y se nos debió haber presentado, en el mejor de los casos, un presupuesto tablas, un presupuesto de iguales ingresos con iguales egresos.
Se trata de un problema de imagen, se trata de una estrategia para animar a los próximos socios en el Tratado de Libre Comercio.
En el debate sobre el superávit pueden surgir dos conclusiones; o bien el gobierno no sabe qué hacer con 7.8 billones de pesos y por lo tanto no los presupuesta, lo que revelaría incapacidad para asignar los ingresos públicos, o bien el presupuesto superavitario es una artimaña contable, como decía yo, pues en la práctica el excedente se destina al pago del principal de la deuda interna y por lo tanto debiera estar asignado explícitamente a la partida señalada en el artículo 7o.
Por otra parte la estabilidad no está reñida con un crecimiento aún más elevado del gasto social; la idea que justifica la asignación de los excedentes presupuestales derivado de la venta de empresas públicas al pago de la deuda interna
debido a que se trata de ingresos de una sola vez, no se justifica tampoco, en la medida que todo gasto de inversión es también gasto de una sola vez. De hecho, la diferencia conceptual entre gasto de inversión, gasto operativo y gasto corriente es que el segundo es regular mientras que el primero se realiza en una sola ocasión.
Es necesario detenerse para analizar las implicaciones del uso de los excedentes presupuestales al pago de la deuda interna; con la cancelación de deuda por poco más de 20 billones de pesos que realizó cuando el Fondo de contingencias se canalizo al pago de la deuda interna con el Banco de México y otras entidades, el gobierno liquido gran parte de su adeudo con el Banco Central, específicamente cancelo 11.7 billones de su deuda directa con el Banco de México, lo que significa que le restan en la actualidad sólo 10 billones de pesos con el Banco Central en deuda directa.
Por estas razones, si se canalizan 30 billones de pesos a la cancelación de deuda interna tendrá que canalizarse hacia parte del Banco Central y parte al sector privado que es el acreedor del gobierno a través de la posesión de títulos de deuda pública como los certificados de la Tesorería o los Bonos de Desarrollo, de ese modo ocurrirá en la práctica una transferencia de recursos del gobierno hacia el sector privado por la siguiente razón: los activos propiedad del gobierno, las empresas se venden al sector privado el cual entrega dinero a cambio de ellos, si embargo el gobierno no usa esos recursos para realizar un gasto en bienes o servicios sino que cancela el principal de la deuda, de ese modo el sector privado recibe ingresos adicionales, el gobierno es decir, todos nosotros y por ello nosotros debemos poner atención, todo el pueblo mexicano se queda sin las empresas y sin el dinero, el sector privado con las empresas y con el dinero; pero lo peor del caso es que se da también una redistribución de recursos entre el sector privado, los compradores de empresas transfieren recursos hacia rentistas, es decir a los que detentan títulos de la deuda pública y no se atreven a invertir.
Si se mantiene la premisa inicial, usar el dinero en gastos que son de una sola vez, sería igualmente válido utilizar el ingreso derivado de las empresas públicas en ampliar la capacidad productiva de Petróleos Mexicanos, por ejemplo, que en pagar deudas.
Las inversiones productivas tienen la cualidad de generar ingresos que en el futuro serán superiores a los gastos erogados para realizarlos.
Esa es precisamente la naturaleza de la inversiones productivas por esa razón, una afinación cuidadosa de los recursos obtenidos en la venta de empresas puede generar en el futuro una cantidad mayor de fondos que los que liberaría el menor pago de intereses.
La deuda pública total es de 324 billones de pesos al término de 1991, de los cuales 140 billones aproximadamente son de deuda interna y los restantes 184 a deuda externa. El ahorro anula por concepto de intereses que se podría obtener cancelando 30 billones de deuda interna es el 4.5 billones de pesos equivalente apenas al 0.5% del producto interno bruto muy importante tenemos en este argumento colegas, compañeros, porque el argumento fundamental para utilizar los excedentes por ejemplo que vendrán por las ventas de empresas paraestatales al pago de la deuda interna, es la del ahorro que se dará al bajar el saldo neto de la deuda. Por ejemplo con la amortización de 20 billones de pesos que se usaron este año.
Ejemplo, con la amortización de 20 billones de pesos que se usaron este año, apenas se ahorraron 3.2 billones de pesos, una cantidad importante, aproximadamente mil millones de dólares, pero que no es tan importante, no es tan grande si se compara con los beneficios que se podrían haber obtenido, de invertir productivamente esos 20 billones de pesos en ampliar la frontera agrícola, en desarrollo científico y tecnológico, en una verdadera revolución en el agro, se podría haber obtenido cantidades superiores a los 3.2 billones que se ahorraron en 1991.
Se puede usar un símil con una empresa. Las empresas utilizan financiamiento para apoyar sus gastos de operación y sus inversiones. Si la empresa está boyante, entonces puede darse el lujo de financiar sus operaciones sólo con recursos propios y cancelar las deudas contraidas; sin embargo, sabe de que a menos que el costo de la deuda sea muy oneroso, en condiciones en las que se está iniciando una etapa de crecimiento, es mucho más sano mantener las deudas ahora que se puede pagar año con año y cubrir los intereses con los ingresos adicionales que la etapa de crecimiento permite esperar.
Es muy importante también que pongamos atención a las declaraciones publicadas en la Prensa de hoy, del doctor Pedro Aspe Armella, en que a diferencia dos años, cuando no veía ningún signo de recesión en los Estados Unidos, ahora reconoce un entorno internacional francamente negativo, con la recesión que a
diferencia de lo que planteo el doctor Jaime Serra Puche en el Senado, no terminará en el primer semestre del año que entra, es una recesión profunda, varios economistas destacados como Keneth Caldwell habla de una verdadera depresión y movimientos recesorios también en Gran Bretaña, Alemania, Canadá y otros países.
Es muy importante que sí estamos hablando de prudencia en el gasto, no usemos entonces estos recursos excedentes de la nación para deuda interna, porque quien sabe si vendrán los recursos extranjeros que han estado llegando tan cauntiosamente. Es muy importante que recordemos que sí bien en el primer semestre llegaron aproximadamente 5 mil millones de dólares en inversión en cartera, un poquito en inversión directa extranjera, durante este segundo semestre hasta septiembre, octubre, apenas habían llegado 42 millones de dólares, es decir, los inversionistas están fijando sus expectativas en la firma del Tratado de Libre Comercio. Por los resultados del viaje del señor Presidente a Washington, es incierto cuando se firmará el Tratado de Libre Comercio.
Hoy en la mañana la General Motors, anuncia despidos en Estados Unidos de 74 mil obreros. Esto ha provocado ya reacciones en la bolsa de Tokio y muy pronto sabremos también, en unas cuantas horas, reacciones en Wall Street.
No usemos estos recursos que integrarán una sola vez, cuando no estamos seguros qué ocurrirá en el entorno internacional. Utilicémoslos para ampliar nuestra planta productiva.
Una estrategia más coherente para el conjunto de la economía sería permitir que el crecimiento de la economía hiciera cada vez más pequeña la deuda como proporción del producto interno bruto, al mismo tiempo que mantener la política tendiente a reducir las tasas de interés internas, con el fin de abaratar el costo de la deuda.
Con 140 billones de pesos aproximadamente en deuda interna, se presentará al final de 1991 el 16.6% del producto interno bruto. Si el saldo no creciera pero tampoco se hicieran amortizaciones netas, como planea el gobierno, al término de 1992 esta proporción habría bajado en 14.3%. Bajo la expectativa de un crecimiento del 4% en el producto interno bruto y una inflación de 8% promedio para los siguientes tres años, el saldo de la deuda interna concluiría en 1995 con una proporción del 10% del producto interno bruto, sin necesidad de hacer amortización alguna.
En otra palabras, el propio gobierno ha admitido que la estabilidad de la economía no requiere de un presupuesto superavitario ni del uso de los excedentes presupuestales efectivos para la amortización de la deuda, hasta 1991, eso fue precisamente la estrategia del gobierno.
Por esa razón es perfectamente factible presupuestar los 7.8 billones de pesos y aún los 18 que estiman como superávit y definir un uso racional a los 22 billones que, probablemente 24 billones salió hoy en la Prensa según dijo Rovoshinki que se obtenga de la venta de las empresas.
Una de las áreas que deberían ser directamente beneficiadas es el sector petrolero. Se estima que en 1992, los ingresos petroleros que llegarán, finalmente, a las arcas del gobierno federal, ascienden a 51 billones, mientras que los retenidos directamente por la paraestatal sean de 28 millones de pesos
. Sería factible que una parte de los recursos que se destinarían al pago de la deuda interna, se canalizaran a proveer de mayor capacidad de inversión a esa industria paraestatal tan descapitalizada, que ha padecido una grave descapitalización en los últimos años y que todavía es la proveedora de una proporción muy importante de los ingresos fiscales, exactamente el 19.8%.
El equilibrio presupuestal alcanzado por el gobierno adicionalmente resulta parcialmente falso, debido a la exacción de recursos que se realiza Petróleos Mexicanos que paga por concepto de impuesto el 56% de sus ingresos totales. Si se le gravara como una empresa privada normal y se le diera la potencialidad de crecimiento, podría observarse que las finanzas gubernamentales no serían superavitarias.
Si los 30 billones de pesos que conformaran el superávit financiero estimado para 1992, se canalizaran a diversos rubros de gasto programable, sería obtener finanzas públicas en equilibrio, al mismo tiempo que algunas de las siguientes alternativas:
1o. Un incremento del 44% en el rubro de desarrollo social que al sumarse a lo presupuestado podría llegar a 108 billones de pesos, lo que representaría un incremento real de 44%.
Quiero aclarar aquí, que no proponemos utilizar los 22 billones de pesos en gasto corriente lo que provendría de paraestatales, sino directamente a gasto de inversión.
2o. Si se destinara exclusivamente a financiar gastos de inversión, sería factible lograr un incremento del 79% al gasto total presupuestado para 1992 y 112% a lo realizado en este año.
Si se destinara de manera sobre la base de la actual distribución presupuestaria a desarrollo rural, pesca y desarrollo social, comunicaciones y transporte y, energéticos, sería un resultado aún mucho más positivo.
En otras palabras, si se elige un conjunto de sectores prioritarios y se canalizan 30 billones adicionales a inversión, podríamos observar un incremento del 63% respecto al presupuesto actual y debe subrayarse, aún conservando el equilibrio, el concepto tan conservador de equilibrio presupuestal.
En otras palabras, es perfectamente factible que bajo la premisa de que es necesario mantener finanzas públicas ordenadas, pueden realizarse incremento presupuestales adicionales en áreas claves, con un beneficio a millones de personas.
Será necesario, bajo esta premisa y así lo propondremos en el debate en lo particular modificar el texto del artículo 7o., de decreto, en el que se faculta al Ejecutivo a realizar amortizaciones de deuda pública. Al mismo tiempo que agregar un apartado al artículo 13, con el objeto de establecer que los ingresos, derivados de la venta de las empresas paraestatales, deben utilizarse para apoyar proyectos de inversión, en función de las prioridades del desarrollo nacional.
Por estas razones, compañeros, por esa diferencia fundamental de fondos, aunque como decía, en lo particular, separamos varios artículos y en la exposición en lo general, haremos una referencia más detallada al dictamen, nuestra fracción parlamentaria en contra de este dictamen.
Señores diputados de la mayoría, esos debates sobre el artículo 27 constitucional, hablaron de tirar dogmas y mitos, es hora que abandonen la creencia en el dogma, el mito, de que un superávit presupuestario es condición sine qua non para abatir la inflación. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Juan Manuel Huezo Pelayo:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, como lo expusimos en comparecencia del Secretario de Programación y Presupuesto, en el marco de la reforma del Estado, el Presupuesto de Egresos es tanto un instrumento de la política económica, como un indicador de la orientación estratégica del gobierno y una síntesis de los conflictos sociales al interior y al exterior del aparato estatal.
Consideramos que el análisis del presupuesto implica por tanto, no sólo las herramientas de la política macroeconómica, sino también de la gestión pública y la acción social; es el ámbito en el que se define la estatalidad y socialidad de la sociedad mexicana. Se define también la economía política, quién gana y quién pierde al interior del proceso económico, situación que exige tener claridad y ubicar en su justa dimensión el problema del monto de las partidas presupuestales.
En el presupuesto lo importante no son los montos en sí mismos; lo que trasciende es el diagnóstico, el pronóstico, la definición de objetivos, las lineas de acción, los programas, proyectos, metas y las unidades estatales responsables.
El presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, por primera vez sienta sus bases en un superávit fiscal obtenido en 1992 y pretende mantenerlo en 1992, pero la génesis del superávit, debemos tener claridad sobre esto, se ubica en el redimensionamiento del aparato estatal en sus diferentes esferas de acción. Esto debemos recordarlo sobre todo por ser el eje sobre el que se sustenta la política antiinflacionaria para el próximo año, pero sobre todo se debe vigilar la evolución del excedente fiscal en nuestro país, caracterizado por una muy grande deuda social.
No obstante, si bien es cierto que tener un superávit fiscal permite al gobierno contar con recursos para amortizar deuda interna, seguir en esta línea implica riesgos y puede ser demasiado costosos en largo plazo, por otro tipo de razones. Al mismo tiempo, es difícil avanzar en la consolidación de la estabilidad de precios.
Persisten demasiados desequilibrios en la estructura de precios relativos, fuertes estructuras oligopólicas, fuertes y especulativas, para ser resueltamente optimistas en los logros anti inflacionarios. Ante esto, consideramos que en la reorientación del gasto relevante, no son incompatibles las reducciones del gasto total con aumentos en las asignaciones sectoriales; depende de los objetivos que se persigan, las metas
trazadas, los programas y las instituciones responsables.
Consideramos que es importante la vigilancia del presupuesto, para que en lo posible se aplique en los programas determinados para cada uno de los sectores de la economía. La experiencia nos muestra que esta Cámara aprueba un presupuesto y en el momento de discutir su aplicación en la Cuenta Pública, resulta un presupuesto diferente, no sólo en los montos ejercidos, sino también en los programas. A nuestro parecer un presupuesto no es estático y de acuerdo a como se va ejerciendo, se debe de ir ajustando, pero los cambios deben ser únicamente los necesarios y no violentar la política del gasto.
Los objetivos de la política del gasto fijado por el Ejecutivo Federal, que se traduce en contribuir a alcanzar las metas de las finanzas públicas propuestas para 1992, con el objeto de avanzar en la recuperación del crecimiento económico con estabilidad de precios, avanzar a la reconstrucción de las erogaciones públicas, poniendo énfasis en la infraestructura social y económica, y asignando la más alta prioridad presupuestal al gasto social, en particular al encaminado a satisfacer las necesidades de los grupos de menos ingresos, e impulsar de manera especial las acciones, orientando a la modernización de dos áreas fundamentales del desarrollo, el campo y la educación, que demandan un gran esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno, no son hechos aislados, sino que forman parte de la política económica que se ha instrumentado durante los tres años de este actual sexenio.
En los criterios Generales de Política Económica, se señala que el menor pago de interés de la deuda permite plantear en 1992 un incremento moderado del 4% al gasto programable en términos reales, compatible con la reducción del gasto neto total de 2%, en relación de 1991.
Esta tendencia de reducción del gasto público, no responde a la superación de los desequilibrios sectoriales, pese a que aumenta el gasto programable.
En el momento en que se concretó la negociación de la deuda externa en 1990, se apreció que se podría contar con mayores recursos para reactivar el gasto programable, particularmente para el gasto social y el de inversión.
Consideramos que el presupuesto para 1992 cristaliza esta apreciación, y ante el pago menor del servicio de la deuda, se incrementa el gasto programable en las áreas mencionadas. Con esto se manifiesta continuidad en la modificación de la estructura presupuestal, aunque esta reducción en el pago de intereses no compense al gasto neto total.
Analizando las cifras que se presentan en el dictamen de decreto de Presupuesto de la Federación para 1992, observamos que de manera positiva se plantean incrementos reales en casi todos los sectores que integran la economía nacional, y que su mayor impacto se presenta en el gasto social y en la inversión pública. Pese a estos incrementos, consideramos que los montos asignados a algunos sectores como el social y al de desarrollo rural, no son suficientes para abatir los rezagos acumulados por décadas.
Por otro lado, quisiéramos hacer una reflexión en el caso del presupuesto asignado al sector pesca, el cual es uno de los más afectados en la asignación de recursos, ya que en términos reales se reduce en cerca de 3% y no corresponde a la importancia que este sector tiene en la producción de alimentos.
Respecto a los recursos que se asignan al Programa Nacional de Solidaridad, se incrementan en términos reales en un 19%. Es una decisión adecuada, aunque consideramos que por la amplitud que se propone para este programa, el incremento asignado resulta aún bajo.
No obstante los logros alcanzados y de la líneas de ampliación a otros ámbitos, especialmente en el campo, la población laboral y sectores de ingresos medios, exigen de políticas de horizontes amplios que permitan suponer perspectivas de superación viable.
Para nosotros, la mejor manera de abatir la desigualdad social, en especial la pobreza extrema, es combatiendo las causas estructurales que la propician y, para superarlas, los recursos que se proponen en el dictamen resultan aún insuficientes; aunado a esto, si la acción del Programa Nacional de Solidaridad no es permanente, de nada o poco sirve ampliar su radio de acción
. Por otra parte, consideramos que el dictamen de decreto de Presupuesto de la Federación para 1992, recupera aspectos que son positivos para la modificación de la estructura presupuestal. Esto implica avances importantes que permiten reactivar aún más el gasto social, por lo que mencionaremos algunos de ellos: que las previsiones por concepto de solidaridad y desarrollo regional, se orienten a obras y proyectos de inversión de desarrollo social, como vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación,
infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales; que se deberá aprovechar al máximo de obras e insumos locales y la capacidad instalada para abatir los costos; el que el Ejecutivo Federal rinda un informe a la Cámara de Diputados de los movimientos compensados al realizar amortizaciones de deuda pública por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda interna; que los ingresos obtenidos por la desincorporación de entidades paraestatales se destinen a financiar proyectos de inversión productivas de entidades estratégicas y prioritarias o para la creación de nuevas entidades paraestatales de acuerdo a los requerimientos del desarrollo del país; que los excedentes presupuestarios de las entidades paraestatales se canalicen para fortalecer su propia situación financiera, cuando así lo amerite; que las economías generadas por concepto de servicios personales, se apliquen a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que lo generen; que en el ejercicio del gasto de inversión, se definan como prioridades la terminación de proyectos y obras vinculadas a la prestación de servicios de educación, salud, vivienda, equipamiento urbano, producción y abasto de alimentos, modernización de infraestructura económica y social.
El estímulo a proyectos de coinversión de los sectores social y privado, con los gobiernos locales, para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y producción; que las disponibilidades financieras de empresas paraestatales se canalicen en instrumentos que den seguridad a la inversión y evitar que los recursos de las tesorerías de dichas empresas se utilicen especulativamente.
La autorización por parte del Congreso para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por la ley o decreto del mismo. No obstante, queremos señalar que nuestra fracción parlamentaria presentó a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, la propuesta para modificar dos artículos del decreto, el 14 y el 28, los cuales no fueron modificados de su texto original y que consisten en lo referente a la redacción de los montos presupuestarios y a la obligatoriedad de las entidades paraestatales para presentar su programa de convenio de saneamiento financiero.
Finalmente, pese a estos avances ya que la estructura presupuestal continuó modificándose sustancialmente, dando mayor énfasis en el gasto social y en la inversión, nos parece que los recursos programados aún son insuficientes, por lo que la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, propone que en el ejercicio del presupuesto en lo posible, se canalicen mayores recursos a los programas para 1992, a los sectores social, desarrollo rural y al gasto de inversión.
Se continúe reduciendo el pago del servicio de la deuda pública y seguir orientando estos recursos hacia un incremento gradual del gasto programable y por ende en el gasto neto total; que los montos que se obtengan por concepto de desincorporación de la entidades paraestatales se utilicen para reactivar el gasto de capital de los sectores que lo coordinan; que los recursos que se obtengan por la venta de los bancos y que forman parte del fondo de contingencia, sirvan para satisfacer las necesidades sociales más apremiantes y no para amortizar deuda pública.
Tomando en cuenta que el presupuesto que se dictamina, contiene avances en el ámbito de la reactivación del gasto social y de inversión, nuestro partido emitirá su voto favorable a dicho dictamen. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:- Con su venia, señor Presidente.
En nombre del Partido de la Revolución Democrática, venimos a esta alta tribuna de la nación, a presentar nuestro voto particular sobre el Presupuesto de Egresos para 1992.
La vida cotidiana de millones de mexicanos, está vinculada al ejercicio del gasto público; el mismo concepto de soberanía nacional y de práctica cotidiana en un régimen republicano e independiente, esta directamente, estrechamente ligado a un ejercicio de gasto público.
La voluntad de autogobernción de esta nación, la capacidad de ejercicio efectivo de nuestra independencia y soberanía, se materializa precisamente en una obra de gobierno a través de erogaciones presupuestarias específicas de dependencia del Poder Ejecutivo Federal y como todos sabemos en las atribuciones que en materia de gasto tiene también los estados de la Federación y los municipios.
Es por tanto, base esencial en nuestra vida republicana, el discutir y analizar cuál será el gasto que va a ser aplicado por el Ejecutivo Federal el próximo año.
En ocasiones anteriores, cuando analizamos el informe, del titular del Poder Ejecutivo y cuando intervenimos en ocasión de las comparecencias del doctor Aspe y del licenciado Zedillo, secretario de Hacienda y Programación y Presupuesto, presentamos algunos puntos de vista que cuestionaban en el conjunto de la política económica gubernamental y es aquí, quizá, donde están algunos de los elementos que desearía presentar a su atenta consideración.
Señor Presidente: Le rogaría hiciera un llamado a nuestros estimados legisladores a cierto orden en esta sala.
El Presidente:- Nuevamente rogamos a los señores diputados que en los términos del Reglamento Interior, se conduzcan con respeto al orador y a la asamblea y a ese corrillo que está ahí, que le hice un llamado de atención, le ruego por favor que tomen sus lugares. (Aplausos.)
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:- Nuestro punto de vista como partido, es que existe una crisis en el modo de desarrollo que se ha aplicado en América Latina y en México desde hace más de 40 años. Una policía indiscriminada, de proteccionismo y de sustitución de importaciones, con una recurrencia a un elevado nivel de deuda externa, desembocó en una de las mayores crisis económicas de la historia contemporánea de nuestro país.
Y el punto de vista del Partido de la Revolución Democrática, es que el no debemos regresar a aquellos elementos que propiciaron ese gigantesco desequilibrio en las finanzas públicas y en la estructura productiva. Requerimos un nuevo modelo de desarrollo, con libertad, democracia y justicia con un mecanismo de concertación entre un sector público redimensionado, un sector social fortalecido, que ocupe aquellos segmentos que el sector público va disminuyendo en su participación y un empresariado, fundamentalmente el empresario mediano y pequeño, innovador, tecnológicamente inserto en las corrientes mundiales de cambio y con capacidad de fortalecer su participación en el mercado interno y en los mercados internacionales.
El punto de vista del Partido de la Revolución Mexicana, es también que debemos asumir la interdependencia y el proceso de internacionalización del proceso productivo, pero en condiciones que fortalezca el ingreso, la planta productiva y la capacidad autónoma, para construir un sistema económico que integrado al mercado mundial, pueda crear lo satisfactores que requiere nuestra nación.
Por tanto creemos de vital importancia, que el gasto público y la obra de gobierno fortalezca este nuevo modelo económico; pero rechazamos que este modelo se apoye en una dinámica excluyente para más de 40 millones de mexicanos; rechazamos una dinámica en la cual no se están creando el millón de empleos que los jóvenes requieren en este país cada año y un proceso en donde hay una reconcentración del ingreso y una disminución en la participación del Estado, en las áreas nodales de la actividad económica.
Es en este sentido, que en esta alta tribuna hemos cuestionado y tiene directa relación con la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, el mecanismo de discusión y la forma como se pretende incorporar a México a un Tratado de Libre Comercio. No se trata de una discusión secundaria o de aspectos de matices; se trata de algo que puede modificar la vida económica de esta nación en los próximos años y una forma equivocada de discusión ha sido excluir a sectores fundamentales de la vida nacional en la discusión de los impactos de este Tratado de Libre Comercio.
Nos preocupa porque hay una tesis nodal que con toda justeza ha sido expuesta aquí por la presidenta de la Comisión de Programación y Presupuesto, al reflejar parte de las discusiones que ha habido en la Comisión de Programación y Presupuesto, pero presenta el proyecto de dictamen y éste fue un argumento esencial en la exposición del licenciado Zedillo, la necesidad de un elevado superávit como medio para una estrategia antiinflacionaria y se considera que este elevado superávit es el elemento fundamental para un control duradero de la inflación.
El Partido de la Revolución discrepa de fondo con esta tesis. Nuestro punto de vista es que durante varios años, desde 1983 hasta 1988, se siguió con una férrea y tenaz disciplina gubernamental, una política de disminución del gasto público en términos reales y de disminución del gasto programable en términos reales, de una participación del gasto programable de un orden del 24% del producto interno bruto, que existía a principios de los ochenta, hoy tenemos una participación del gasto programable de una orden del 17%.
Pero lo que yo quiero destacar a la consideración de esta soberanía, es que esta disciplina fiscal que no es nueva, que ha sido aplicada tenazmente desde 1983, en donde el gobierno recauda recursos mucho más amplios que lo que regresa a la sociedad en materia de gasto público, en distintas áreas, esta estrategia no fue la base de
una política antiinflacionaria exitosa, por el contrario. Podemos observar desde 1983 hasta 1988, un crecimiento gigantesco de la inflación acumulada en nuestro país y el quiebre de una política de control antiinflacionario basado en la reducción de los ingresos de los trabajos y en la contradicción del gasto público.
Se tuvo que recurrir a un mecanismo absolutamente heterodoxo que fuera de la teoría económica neoliberal, que inspira mucho de la obra gobierno, que es la concertación y control de precios a través de lo que fue originalmente el Pacto de Solidaridad Económica y posteriormente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y se tuvo que recurrir a otro mecanismo también heterodoxo, que es una apertura comercial acelerada y en gran medida indiscriminada, para poder incorporar al acervo de la economía nacional, una gran masa de productos, importados de tal manera que la oferta momentánea de un conjunto de productos se acelera radicalmente y de esa forma con una política de control de precios que no se quiere reconocer como fundamental en la estrategia antiinflactoria y una apertura comercial que momentáneamente aumenta la oferta de precios, se tiene entonces un relativo control inflaccionario.
Pero hay otro componente que con mucha frecuencia y llamo con todo respeto a nuestros estimados compañeros diputados a reflexionar sobre este punto, hay otro componente que con mucha frecuencia no se le da su debida importancia en la política antiinflacionaria y es lo que podríamos llamar "El genocidio económico", que ha significado el que durante prácticamente seis años se mantuvo estancado el crecimiento del producto interno bruto y se reduce en más de un 12% la participación de los trabajadores dentro del producto interno bruto, se les expropia el equivalente a precios de 1991, a 90 billones de pesos, para sólo tener un elemento de comparación, se aumentan las exportaciones, pero no por un crecimiento del producto...y quisiera insistir en esta idea.
Si la población mexicana crece en más de ocho millones en ese sexenio perdido, si las exportaciones casi se triplican en este período, la población se incrementa y se reduce la participación de los trabajadores, dentro del producto interno, eso significa lo siguiente: Aumentan las exportaciones a costa no de un incremento global de la capacidad productiva de la nación, que permita cubrir simultáneamente demanda interna y exportaciones; aumentan las exportaciones a costa de una contracción de la demanda interna, a través de una política salarial particularmente negativa para las grandes mayorías de los trabajadores.
Miren estimados legisladores, si en términos reales el ingreso de un asalariado que recibe el salario mínimo, es hoy el 38% del que recibía al principio de los años ochenta y si en términos reales la participación de los trabajadores en el ingreso nacional disminuye en un 12% y si en el mismo período las exportaciones se triplican, entonces estamos ante una situación, repito, de "genocidio económico", porque se incrementan exportaciones en base a la contracción de la demanda interna.
Y otro elemento que hemos expuesto en tribuna y que no se ha aquilatado en su verdadera importancia. En este momento nuestra nación está importando 10 millones de toneladas de alimento. Pero está importando 10 millones de toneladas de alimento, porque ha habido una caída drástica que no se quiere reconocer, en la importancia para la vida de la nación; ha habido una caída drástica en el consumo por habitante de los alimentos. Nuestras estimaciones, basadas en cálculos de la Secretaría de Agricultura, es que hoy cada mexicano come en promedio 30% menos alimentos de los que consumía al inicio de los años ochenta. Lo cual significa algo muy elemental. Si en esta nación cada mexicano tuviera el mismo consumo alimentario que tenía al inicio de los años ochenta y considerando que la producción agrícola sigue globalmente estancada, en una dinámica de regresión, esta nación tendría que estar importando 15 millones de toneladas de alimentos y el grave problema que en este momento tiene México de un déficit de la balanza comercial, que a su vez se refleja en un déficit de a balanza en cuenta corriente, sería mucho más grave si tuviéramos que alimentar a esos cinco millones de ..., importar cinco millones de toneladas adicionales.
Pero para mostrar lo que podríamos llamar "el quiebre de un modelo económico excluyente y desigual", quisiera mostrar lo siguiente: Si adicionáramos a la demanda agregada de esta nación, si cada asalariado mexicano recibiera en términos reales el ingreso efectivo que tenía a los inicios de los ochenta, esto significa que habría una explosión de demanda de alimentos una explosión de demanda de satisfactores fundamentales y la planta productiva de la nación no tiene capacidad para cubrir esa demanda.
Sólo imaginemos lo que significaría en una hipótesis de aumento salarial real, donde el ingreso se situara al nivel de los ochenta, lo que
significaría una adición a la demanda de alimento y satisfactores básicos de casi 130 billones de pesos, que significaría recuperar la pérdida salarial. No habría capacidad de la agricultura y la ganadería para cubrir esa demanda insatisfecha de millones de mexicanos y no tendríamos esa capacidad de exportación excedentaria que en este momento se da por una contracción de la demanda interna de millones de mexicanos.
Por eso eso que consideramos que mantener una continuidad básica en la política económica gubernamental durante casi nueve años, en términos de contracción del gasto público, de restricciones al consumo y al ingreso de los trabajadores y de contracción del empleo, tiene características particularmente negativas para el conjunto de la nación y afecta la vida misma de nuestra base republicana.
Hay un cambio, sin embargo, un cambio que el licenciado Zedillo y el licenciado Aspe se han encargado de destacar aquí reiteradamente. Durante los seis años del período de gobierno de Miguel de la Madrid, hubo momentos en que casi el 60% del gasto público se destinaba al pago de intereses de la deuda externa y esto entonces dejaba un porcentaje relativamente bajo para los recursos de lo que podríamos llamar gasto programable en dependencias y sectores específicos.
Hoy efectivamente esto ha cambiado y tenemos entonces que de un presupuesto global de 249 billones, se destinarán cerca de 41 billones al pago del servicio de la deuda del sector público. Pasamos de un nivel de sobreendeudamiento a un nivel de endeudamiento controlado y regulado. ¡Pero y este asunto es de la mayor importancia, no hay mecanismo compensatorio que permita un efecto directo entre la reducción del gasto del servicio de la deuda del sector público con aumento de las erogaciones, en términos reales, para bienestar social, desarrollo rural en otros rubros!, ¡Y menos aún en términos per capitas!
¿Qué significa lo que estoy diciendo? Significa que si bien se reduce la parte del gasto público destinada al pago de intereses de la deuda, interna y externa, nivel del gasto programable, real, es seis puntos del producto interno bruto por abajo del que teníamos al inicio de los años ochenta y no hay un crecimientos compensatorio en rubros como desarrollo rural, desarrollo social e inversión pública en infraestructura productiva equiparable y el grave rezago que tenemos en combinaciones, en energéticos y en agricultura, no está siendo adecuadamente cubierto.
Lo único que está pasando en el presupuesto de 1992, es que de una curva verdaderamente de caída en picada de la inversión pública del gasto en bienestar social, encontraremos que hay un leve repunte. Pero es un leve repunte dentro de la tendencia general, que sigue siendo una tendencia a la baja en la inversión y en el gasto público y es ahí uno de los puntos nodales de nuestro cuestionamiento.
Hay un aumento del gasto en desarrollo social; no lo cuestionamos. Hay un aumento del gasto en desarrollo rural que nos parece positivo. Pero todavía estamos a niveles, especialmente en desarrollo rural sustancialmente más bajos que los que teníamos en los ochenta y, por tanto, no podemos congratularnos de ese aumento, por que nos parece un aumento insuficiente.
Y cuestionamos por tanto y éste es un punto particular en el cual diversos legisladores del Partido de la Revolución Democrática intervendrán particularmente, cuestionamos que se "congelen" 18 billones de recursos fundamentales para nuestro crecimiento económico en una estéril reabsorción de deuda pública, en vez de destinarlos hacia un crecimiento ordenado y justo
. Nuestra propuesta, que es coincidente con lo que aquí ha sido expuesto por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, es que esos 18 billones, del llamado superávit fiscal que se propone sean utilizados para reabsorber deuda, sean canalizados hacia desarrollo rural, hacia bienestar social y hacia incremento de las participaciones a estados y municipios.
Y pensamos que esos 18 billones, correctamente canalizados a estos rubros: Rural, bienestar social y estados y municipios, permitirían un efecto expansivo en la economía, ordenado y equilibrado, que favorecería a su vez una recaudación fiscal acrecentada.
De la misma forma creemos de capital importancia que los ingresos que se obtengan por la venta de empresas estatales, se canalicen hacia inversión productiva en áreas estratégicas. Esto creo que es un punto nodal.
Pero otro elemento en el cual creemos que debe haber un esfuerzo concertado de la mayor magnitud, es en términos de recuperar los niveles históricos de generación de empleos que esta nación tuvo a lo largo de más de 40 años.
Pareciera, en cierta insensibilidad que observamos en los debates económicos, que cuando hablamos de ocho millones de desempleados y
subempleados y cuando hablamos de 1 millón 200 mil jóvenes que no encuentran trabajo cada año, que estamos hablando sólo de cifras macroeconómicas y no percibimos la vida cotidiana que para millones de mexicanos significa el carecer de ingresos estables y justos.
El punto de vista del Partido de la Revolución Democrática, es que no sólo deben incrementarse recursos para el combate a la pobreza, sino que lo fundamental es la generación de ingreso y empleo para millones de mexicanos, a través del impulso de las actividades agrícolas y las actividades industriales, principalmente de la mediana y pequeña empresa, eso es lo que permitirá un crecimiento ordenado y equilibrado.
Y otro elemento también, que pensamos fundamental, es una política de crecimiento a largo plazo, con equilibrio de las finanzas públicas y con equilibrio del comercio exterior, que permita regular nuestras relaciones internacionales. No compartimos esa apología que se hace del déficit del comercio exterior y del déficit en cuenta corriente y no compartimos tampoco la apología que se hace del superávit de las finanzas públicas, porque en el largo plazo y eso fue demostrado por casi 40 años de crecimiento económico, este déficit del comercio exterior puede generar enormes desequilibrios y la incertidumbre en la situación económica de Estados Unidos, la disminución de los flujos de capital proveniente de Estados Unidos, introduce un elemento que nos da la impresión que los legisladores y la opinión pública no están percibiendo.
Hasta este momento, el licenciado Aspe y el licenciado Zedillo pueden congratularse, porque el superávit de la balanza de capitales ha permitido cubrir el déficit en cuenta corriente y entonces tenemos la paradoja de que crecen las reservas internacionales a pesar del déficit, pero no se está percibiendo que la recesión económica en los Estados Unidos y la prolongada etapa de negociación del Tratado de Libre Comercio, que puede ser firmado hasta 1993, están introduciendo y llamamos la atención de los señores legisladores sobre este problema, están introduciendo un elemento de enorme incertidumbre económica que puede afectar precisamente el equilibrio macroeconómico; si en los próximos meses no llegan varios miles de millones de dólares para cubrir el déficit en cuenta corriente y no están llegando y y no están llegando y si en el año 1992 no hay ese flujo de capitales que requiere el equilibrio de la economía, tendremos una amenaza de una grave crisis financiera, en donde no podrá mantenerse la actual estabilidad del tipo de cambio en las condiciones actuales y esto no se quiere reconocer con una política económica que persigue tercamente un superávit fiscal, persigue tercamente mantener condiciones de paraísos fiscales para inversionistas extranjeros que traen dinero a bolsa de valores y no hay esfuerzo concertado de fortalecer la inversión nacional, el empleo y el ingreso, para construir un sistema económico diversificado y autónomo; está apostándose la suerte de la nación a la firma de un Tratado de Libre Comercio, en donde nuestra planta productiva y nuestro empleo va a salir seriamente afectado por una libre importación de numerosos productos que destruyen nuestra planta productiva, pero se está apostando esto para obtener un ingreso de capitales que cubra desequilibrios macroeconómicos, pero en una situación de incertidumbre internacional, que no está siendo adecuadamente evaluada.
Por el contrario, si al menos se aceptara la propuesta que vamos a formular en lo particular, de destinar 12 billones al fortalecimiento del desarrollo rural y del desarrollo social, si se aceptara la propuesta de destinar 3 billones a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y 3 billones adicionales al sector de participación a estados y municipios y si se aceptara la propuesta de destinar íntegro el producto de venta de paraestatales al fortalecimiento de la infraestructura productiva, en rubros como energéticos, estaríamos creando capacidades adicionales de producción, que sería la mejor forma de fortalecer ingresos, empleo, soberanía y justicia para millones de mexicanos.
Nuestro partido muy respetuosamente llama desde esta alta tribuna a los legisladores de todas las fracciones parlamentarias a que nos escuchen, a que dialoguemos y a que no desechen por una mayoría mecánica o automecánica esta respetuosa sugerencia que presentamos en esta alta soberanía, de destinar 18 billones al desarrollo rural, al desarrollo social y a la participación a estados y municipios; nos parece de la mayor importancia para un nuevo modelo de crecimiento económico y para hacer frente a incertidumbres económicas internacionales.
Finalmente quisiera destacar a ustedes que en áreas como comunicaciones y transportes, energéticos, pensamos que tiene que hacerse esfuerzos y creemos que gradualmente, de manera concertada, debe fortalecerse un esquema de construcción de pactos y consensos sociales pero totalmente distintos a las negociaciones populares que ha caracterizado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico. Estamos sí, por pactos sociales, la Constitución
de 1917 fue pacto social y hemos defendido los puntos nodales de ese pacto social que surge del Constituyente de 1917 y en materia económica, pensamos que sí deben explotarse formas de concertación, pero que sea con participación de todas las organizaciones populares, sindicales y campesinas, involucradas en esa concertación que sea con participación no sólo de las cúpulas empresariales, sino también de la pequeña y de la mediana industrias y que sea con participación del Poder Legislativo y con respecto a las estructuras republicanas de gobierno de esta nación. Esa concertación democrática vinculaba a la democratización de las instituciones políticas de la nación nos parece de vital importancia para un clima a largo plazo de estabilidad macroeconómica con crecimiento, con democracia y con justicia.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que en el actual Presupuesto de Egresos de la Federación subyace una visión de la política económica negativa para nuestra independencia y soberanía y para los intereses de millones de mexicanos, considerando que se mantiene un modelo excluyente de desarrollo económico, es que nuestro partido en lo general vota en contra de esta proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación y, además, presentamos a esta soberanía y entregaremos dentro de unos segundos a la Secretaría, una propuesta de modificaciones en lo particular, a varios artículos de este proyecto de dictamen, para modificar las asignaciones presupuestales en varios aspectos y aplicar los 18 millones a gastos de desarrollo rural y bienestar social.
Estamos seguros que con la conjunción de todas las fuerzas democráticas de la nación podremos instrumentar una democratización de las instituciones políticas de la nación que permitan un desarrollo justo, equitativo, con libertad, democracia y soberanía. Democracia ya, patria para todos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El presidente:- Se concede el uso de la palabra al diputado Fauzi Hamdan, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fauzi Hamdan Amad:- Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo también estoy trambulicado de la garganta en esta ocasión, la parte relativa al aspecto presupuestario siempre es tedioso y provoca de alguna manera relajamiento y distracción de todos; se manejan cifras de una manera abrumadora, no sabemos finalmente si corresponde a la forma de instrumentación monetaria de la política económica y consecuente con ello, yo voy a hacer alusión básicamente a las deficiencias estructurales que tiene el Presupuesto de Egresos de la Federación y de alguna forma violaciones flagrantes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los compañeros que me van a seguir en la palabra, ellos abordarán en concreto y de manera específica los aspectos que vienen a lesionar o a afectar el producto interno bruto, presiones inflacionarias e inadecuaciones e incongruencias en todo el esquema del Presupuesto de Egresos de la Federación, que como dictamen ha sido sometido por la comisión a este honorable asamblea.
El Presupuesto de Egresos de la Federación se basa en cuatro principios fundamentales: El de la anualidad, el de la universalidad, el de la especialidad y, consecuente con ello, el de la unidad integral.
La anualidad implica, por razones meramente retóricas constitucionales, ya no propio en muchos países como Estados Unidos, que la vigencia del presupuesto tenga y coincida con el año de calendario. Ahí formalmente está respetándose el principio constitucional; sin embargo hay conceptos y partidas del Presupuesto de Egresos derivados de erogaciones no entregadas pero sí pasivos devengados, registrados contablemente en el ejercicio que está por terminar.
Como el Presupuesto de Egresos se presenta el 15 de noviembre de este año, resulta que la mayor parte de las erogaciones devengadas y contabilizadas pero que se efectuarán el año que entra, nada más se hace un estimativo no real sobre esos adefas o adeudos fiscales de ejercicios anteriores. Y precisamente la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, permite efectuar erogaciones con cargo a este presupuesto, en el siguiente ejercicio. Esta deficiencia es subsanada en forma pragmática pero no en forma estructural constitucional.
La otra parte es la especialidad del gasto. Para que un gasto sea especializado y cumpla con el enunciado constitucional, requiere que ese gasto esté concretamente especificado en una partida presupuestal. No basta la partida del gasto concreto sino el concepto. Y resulta que hay infinidad de gastos que en sentido estricto no se detallan y especifican en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En primer lugar está el llamado sector no sectorizado, que
representa aproximadamente un 8% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación. Son cantidades equivalentes a 17 billones de pesos, que simplemente de manera general se enuncian para ciertos programas derivados de apoyo a centros de enseñanza, prestaciones económicas y sociales, programa de gastos contingentes, etcétera. Técnicamente no cumple y satisface el principio de especialidad el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El único que permitiría a nivel constitucional que no se especificara, que no se señalará su destino, sería el concepto relativo a partida secreta, que es secreta para nosotros mismos y que se establece normalmente por razones de seguridad nacional. Y sin embargo, en un rubro del presupuesto se incluye dentro del concepto de 81, pero no tiene nada de secreto, se habla que son derivados o para funciones de las facultades que tiene concebidas el Ejecutivo Federal y para efectos de realizar trabajos requeridos en el levantamiento y elaboración de censos. Técnicamente ésta no es partida secreta, porque si lo fuera no lo diría. Esta señalado un destino y si se refiere a censos, debe especificar en una partida específica, esa cantidad derivada para el levantamiento de censos.
Y la otra parte que se está refiriendo al ejercicio de facultades del Ejecutivo Federal, pues ya la tiene en una partida la Presidencia de la República expresamente para la Presidencia de la República, que son más o menos 300 y tantos mil millones de pesos.
Y si es relativo a las actividades programáticas que en conjunto realizan las dependencias, incluyendo el Programa Nacional de Solidaridad, están desglosadas las cantidades en forma global en el presupuesto y en los anexos que nos han remitido a nosotros.
Consecuentemente, el programa no sectorizado, no corresponde o no cumple con el principio de especialidad. Más aún, no sólo no cumple el principio de especialidad que debe ser aprobado y no modificado por el Ejecutivo, sino que permite de manera indebida, la transferencia y traspaso de partidas.
Resulta que el artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, otorga excepcionalmente facultades al Ejecutivo Federal para efectuar traspaso de partidas. ¿Qué significa esto? Que una partida asignada específicamente para construir un camino o servicios de mejoramiento para una presa, puede el Ejecutivo libremente transferir el monto de esa celdilla, de esa partida, para otros fines, con lo cual automáticamente está adecuando o modificando en instrumentos monetarios la política económica que supuestamente nosotros deberíamos haber aprobado y que debe quedar definitiva y sin cambio alguno, salvo por situaciones extraordinarias.
Pero más grave aún también, es que en todo presupuesto, por su naturaleza, debe de haber una partida de contingencias o imprevistos. Existe disfrazada u oculta esa partida, pero no se explica que a nivel global esa partida pueda representar un 8% ó 9% de total del Presupuesto de Egresos de la Federación, máxima por dos razones:
Primera. Que hay disposición expresa en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otras causas, para hacer asignaciones por ingresos extraordinarios, para atender situaciones de emergencia.
Y dice que cuando esto acontece, van a disminuirse los montos de las partidas, pero no se podrá transferir ni traspasar partida, excepto en el caso del artículo 12, que cuando esas contingencias rebasen el 12.5% del monto total del gasto programable, es decir, que tendría que llegarse a montos casi de 30 billones de pesos para que se dé la hipótesis de hacer asignaciones o disposiciones extraordinarias del Ejecutivo sin acudir a esta Cámara para pedir la autorización. Una catástrofe que venga a equivaler a 30 billones de pesos, sería casi en la hipótesis de una hecatombe o un caso de un terremoto equivalente al de 1985.
Consecuentemente en una situación extraordinaria de perturbación o de la paz pública o del orden público, o de poner en peligro la estabilidad económica y social del país, requeriría inevitablemente la aprobación del Congreso de la Unión, porque se estaría en presencia de la hipótesis de proceder a una suspensión de garantías, que tampoco justifica consecuentemente, como ya lo dijo la diputada Soto, que es así un porcentaje tan elástico de 12.5% para poder manejar, dentro de este margen el Ejecutivo, traspasos y transferencias, a su libre albedrío, sin autorización y sin vinculación y control directo de esta Cámara.
Por otro lado, la unidad del presupuesto tampoco se respeta en este dictamen que bajo proyecto de aprobación se somete a nuestra consideración. Se incluyen nada más dentro del sector, vinculando y fundido en el presupuesto como la Ley de Ingresos, a unas cuantas paraestatales y me incluyo,
sin mencionar más de 115 ó 120 paraestatales que no están sectorizadas, aquí presupuestalmente hablando, pero sí son sectorizables porque hay cabeza de sector, hay vinculación de control, de vigilancia. Consecuentemente viola flagrantemente la Constitución por el principio de unidad y universalidad y además, en disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, que expresamente señala que el presupuesto comprenderá todo el gasto público que realice el órgano Legislativo, Judicial, Ejecutivo, organismos descentralizados, empresas participación estatal mayoritarios y fideicomisos públicos y aquí nada más incluye una parte de ese sector, no todo, y obviamente el sector, no se trata de un sector no sectorizable, porque tengo entendido que el único rubro o renglón de organismos descentralizados que no está sectorizado es el Desarrollo Integral de la Familia, es el único que no está sectorizado, todos los demás tienen cabeza de sector, no hay un ente paraestatal que no tenga cabeza de sector, excepto, por razones políticas obvias, el Desarrollo Integral de la Familia. Consecuentemente inclusive el calificativo, el adjetivo que usa de sector no sectorizable, no corresponde a la estructura de organización de la administración pública y ahí están para canalizarse el equivalente a 17 billones de pesos.
Consecuentemente, en razón de que este presupuesto, el proyecto que como dictamen se somete a nuestra consideración, no cumple los principios troncales que todo presupuesto de egresos debe satisfacer, la diputación del Partido de Acción Nacional votará en contra del propio dictamen. Muchas gracias
(Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Porfirio Camarena Castro, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Porfirio Camarena Castro:- Gracias, señor Presidente por darme el uso de la palabra; compañeras y compañeros diputados:
Con particular satisfacción, a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, voy a comentar algunos de los aspectos más relevantes contenidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992 y aspectos relativos al dictamen que no ocupa.
Seguramente con el desarrollo del debate respecto a este presupuesto, otros compañeros más de mi partido vendrán a reafirmar y aclarar algunos de los planteamientos que haré en esta primera ocasión, enriqueciendo este intercambio que es característico de la composición de esta Cámara.
La policía de gasto público propuesta para 1992, en congruencia con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, busca promover el desarrollo social y económico del país a través de las siguientes líneas de acción fundamentales:
Primero, contribuir a alcanzar las metas de finanzas públicas para 1992, con objeto de avanzar en la recuperación del crecimiento económico con estabilidad de precios. En este sentido se pretende dar continuidad a la ejecución de la política económica que ha dado lugar a la configuración de un contexto macroeconómico que se ha caracterizado en los últimos tres años por un importante avance en las condiciones que demanda el crecimiento sostenido, con estabilidad y en el que, entre otros, se han alcanzado los siguientes aspectos favorables:
El producto interno bruto ha mostrado ininterrumpidamente tasas de crecimiento superiores a las registradas por la población, traduciéndose en incremento sostenido bruto por habitante. En el primer semestre de 1991, sólo por señalar un aspecto, dicho indicador presentó un crecimiento de 4.8, el más alto de los que se han logrado en los últimos 13 años.
La inversión crece en más de 2% anual, tasa que casi triplica la de 1988, como resultado del dinamismo de la inversión privada, fundamentalmente producto del clima de confianza empresarial, apoyando por una mayor disponibilidad de recursos internos y una masiva afluencia de recursos del exterior.
El empleo formal, cuantificado por el número de asegurados permanentes en el Seguro Social, ha crecido a tasas promedio al 7% en los últimos tres años. Aunado a esto, se ha detenido el descenso de las remuneraciones reales y particularmente en los salarios contractuales ha habido un proceso de mejoramiento en el nivel de ingreso de los salarios.
En materia de inflación, su tendencia es firme a la baja. El crecimiento observado en los precios en forma acumulada durante los primeros 11 meses de 1991, es también sustanciablemente menor a los últimos 13 años.
En la consecución de estos innegables avances en los indicadores macroeconómicos, el manejo de la finanzas públicas ha sido elemento nodal.
La inestabilidad, compañeros diputados, sólo puede lograrse con una auténtica disciplina fiscal, haciendo compatible el nivel de egresos con el de ingresos. Así la estrategia para 1992 contempla un nivel de gastos presupuestal de 249.2 billones de pesos, monto 2% menor en términos reales respecto del estimado al cierre de 1991 y el cual, al compararse con los egresos provistos en la ley correspondiente, arroja un superávit por 18.0 billones de pesos.
Dicha estimación, desde el enfoque de mi partido, amerita los siguientes comentarios: El superávit programado es eje central en la estrategia antiinflacionaria, cuya meta para 1992 es reducir el crecimiento de los precios a un solo dígito; su ejercicio, de convertirse en gasto corriente o de inversión, provocaría presiones inflacionarias y cuellos de botella que nos alejarían de la meta prevista.
Adicionalmente, la existencia del superávit se traduce en recursos que eventualmente pudieran asignarse a la amortización de la deuda pública. Con ello avanzaríamos en la disminución de su costo, el cual no obstante que su participación con respecto al gasto ha pasado del 47.2 en 1987, a casi 23 para 1992, continúan, lo reconocemos, significando un gran peso para el presupuesto federal.
En este contexto y para dimensionar los efectos que el costo de la deuda tiene en las finanzas públicas y en el desarrollo del país, conviene recordar que de haberse mantenido el porcentaje que tal concepto guardaba frente al producto interno bruto en 1988, el año entrante nuestro país tendría que erogar alrededor de 172 billones de pesos tan sólo en este renglón, monto equivalente al 69% del presupuesto contemplado para dicho ejercicio.
En cambio, el desendeudameinto y la disminución y de los intereses totales, permitirán que el gasto estimado para ese rubro sea de sólo 41.6 billones de pesos.
Adicionalmente, el superávit propuesto permite a las finanzas públicas contar con un amplio margen de maniobra, ante la eventualidad de presiones que pudieran generarse en el exterior, como resultado de la represión que amenaza las economías de nuestros principales socios comerciales.
Finalmente, respecto al superávit, cabe destacar que su previsión no debe constituir un fin por sí mismo y en consecuencia debe ser una práctica de carácter temporal.
Por ello, mi partido reitera que su monto deberá reducirse o desaparecer una vez consolidada la estabilidad económica.
Por el análisis efectuado y para seguir avanzando en el proceso de crecimiento con estabilidad en el que ya se encuentra inmersa nuestra economía, única manera de sentar las bases para el desarrollo real y permanente, la fracción priísta apoya la estrategia del gasto global propuesta para 1992.
La segunda gran línea de acción contemplada en el ejercicio del gasto público para 1992, busca avanzar en la reestructuración de las erogaciones públicas poniendo énfasis en la infraestructura social y económica y asignando la más alta prioridad presupuestal al gasto social, impulsando de manera especial las acciones orientadas a la modernización de dos áreas fundamentales del desarrollo: El campo y la educación.
En este contexto y a pesar de la disminución en términos reales, del gasto total el proyecto sometido a consideración de esta soberanía, garantiza incrementos sustanciales en las erogaciones orientadas a las áreas estratégicas y prioritarias de la actividad gubernamental
El proyecto de presupuesto sometido a análisis, se caracteriza por su contenido eminentemente social, haciendo énfasis en los ramos que tienen efecto multiplicador directo en el desarrollo. De esta manera en el próximo año el gasto aplicable a desarrollo social que asciende a más de 88 billones de pesos, constituirá ,más de la mitad, 51.4% del gasto programable presupuestal, con un relevante incremento de casi el 18% respecto a 1991.
Especial atención merecerá, como decíamos, el sector educativo y solidaridad, así, visto el presupuesto por sectores, todos los renglones que integran el gasto social, muestran incrementos sustanciales.
Para educación durante 1992, se plantean cambios fundamentales tendientes a responder a las nuevas exigencias que han introducido mayor integración cultural con otros países y entre las diversas regiones del territorio nacional, así como las modificaciones en las demandas de recursos humanos, de la economía y la sociedad mexicana.
Por eso se destinarán importantes recursos a la educación de los procesos de enseñanza con los avances científicos y tecnológicos, a continuar mejorando los procesos de formación y actualización del magisterio en servicio, así como sus ingresos, para vincular mejor a la educación con las necesidades del aparato productivo.
Por lo que respecta a solidaridad, desde su puesta en marcha este programa ha fortalecido formas de relación más participativas de la sociedad, la importancia radica más allá de su monto presupuestal, en el impacto que en la sociedad ha tenido esta propuesta de movilización y participación social
Es pues relevante en la consideración de este rubro, ir más allá de la cifras y plantearnos que sus actividades están orientadas a sumar esfuerzos combatir la extrema pobreza y alcanzar una mayor justicia social.
De acuerdo con lo establecido en el Convenio Único de Desarrollo, a través del cual la Federación y los estados acuerdan anualmente prioridades y programas de interés común, son los propios estados, los municipios y comunidades, quienes dan forma a los programas que se inscriben dentro de solidaridad Corresponde a este programa fijar políticas y estrategias y es en cada entidad federativa, en donde se realiza la selección y jerarquización de las obras sociales y proyectos productivos a los que se destinan los recurso del ramo. Se lograra así, incrementar el monto total de las inversiones mediante las aportaciones convenidas con cada estado para los programas de solidaridad.
Se evita la dispersión y atomización de los recursos y se impulsa la efectiva descentralización a los gobiernos estatales y municipales.
Dentro de este programa destaca, para 1992, la creación del Fondo Nacional para las Empresas de Solidaridad, cuya orientación incidirá fundamentalmente en los aspectos productivos, como una vía para asentar las bases que permitan mejorar el bienestar de los mexicanos en forma permanentemente, su propósito es articular los programas de apoyo productivo que actualmente están operando y promover nuevos proyectos, en el medio urbano y rural. Para su operación, en el fondo recibirá 300 mil millones de pesos de solidaridad, que se complementarán con 200 mil millones provenientes del sector de desarrollo o rural.
Hacemos aquí un reconocimiento a la comisión, por haber aceptado incorporar actividades productivas que manejará el fondo, al conjunto del programa de Solidaridad.
En cambio legislativo es parte de una reforma integral que comprende, además, acciones de política tanto económica como social, para el desarrollo del campo. Para alcanzar el propósito de desarrollo del sector rural, obtenido en la reforma del artículo 27 constitucional, se requiere, además del esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno, para una transformación con justicia en el campo.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos que se somete a la consideración de esta honorable Cámara, las erogaciones destinadas al ámbito rural, constituyen un punto central de la asignación presupuestaria global. Para este sector se propone destinar un total de gasto de casi 9.4 billones. Respecto al de 1991, la propuesta es mayor en 20% en términos reales, cinco veces más que el incremento previsto en el total de erogaciones programables del sector público.
Por su parte la inversión en obras de infraestructura, investigación y desarrollo tecnológico en el campo, se complementará con inversión privada, a la que la reforma constitucional abre paso mediante el establecimiento de un marco de mayor seguridad para las inversiones.
El sustancial incremento presupuestal observado en desarrollo social y rural, ha sido posible por el saneamiento y la disciplina en las finanzas públicas que el gobierno federal ha llevado a cabo; por la desincorporación de empresas no estratégicas y prioritarias que eran propiedad del Estado y por la reorientación del gasto público que la actual administración realiza mediante la reforma del Estado para hacer realidad el compromiso de justicia el gobierno de la República tiene con todos lo mexicanos, liberando espacios productivos a los sectores social y privado.
En este contexto, durante la primera mitad de la presente administración, la participación de la inversión privada en sectores como comunicaciones y transportes, comercio, turismo e industria, ha permitido un singular comportamiento en su dinamismo.
Para continuar con ese proceso y ampliarlo a los sectores de pesca y energéticos, específicamente en el subsector eléctrico, se refiere, mediante el financiamiento privado en plantas termoeléctricas, durante 1992, el presupuesto del gasto programable destinado al conjunto de estos rubros, asciende a 61.5 billones de pesos. Monto que si bien es cierto es menor en términos reales al previsto en 1991, permite profundizar en la reorientación del gasto hacia sectores prioritarios de desarrollo social rural y disminuye la participación directa del Estado en áreas cuyo desarrollo puede y debe ser complementado en los términos que marca la ley mediante la inversión privada y social.
En materia de seguridad nacional y procuración de justicia, se busca cumplir con el objetivo de que el desarrollo integral de la nación se da en un ambiente de libertad, paz y justicia social. Para respaldar esta estrategia, se plantea un presupuesto de 7 a 4 billones, que son 6.7 superior en términos reales al presupuesto de 1991.
Por otra parte y de acuerdo con el proyecto de gasto que el Poder Legislativo en ejercicio de su autonomía envió para su inclusión en el proyecto de egresos de la Federación para 1992, le fue asignado originalmente un presupuesto que ascendía a 340.7 mil millones de pesos, incluida la previsión del paquete salarial.
En este sentido, la fracción del Partido Revolucionario Institucional, al igual que el resto de las fracciones parlamentarias representadas en esta honorable Cámara, consideró que dicho presupuesto era reducido, si tomamos en cuenta la necesidad urgente de contar con un recinto adecuado y los recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.
En tal virtud, la comisión acordó sugerir al pleno de la asamblea, el incremento en 52 mil millones de pesos, al presupuesto de operación originalmente asignado al Poder Legislativo. Además, se concluyó dejar previsto que el Ejecutivo Federal originalmente asignado al Poder Legislativo. Además s concluyó dejar previsto que el Ejecutivo Federal asigne a este poder los recursos necesarios para concluir la reconstrucción del recinto de San Lázaro, cuestión que todos esperamos y por la cual nos felicitamos.
Por lo que toca a órganos electorales, la propuesta de gasto enviada del Ejecutivo, sumó 664 mil millones de pesos.
En opinión de distintas fracciones partidistas, a las que se sumó las del Revolucionario Institucional, dicho monto no considera recursos que permitan al Instituto Federal Electoral cumplir con el requisito establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; en el sentido de que la credencial para votar deberá contener la fotografía del elector.
Por ello, el pleno de la comisión consideró proponer a ustedes, compañeros diputados, la inclusión en el decreto de presupuesto de una previsión que permita desahogar dicha disposición.
Por el análisis efectuado de la propuesta y una vez hechas las modificaciones sugeridas, y el Partido Revolucionario Institucional apoya y propone el apoyo de esta asamblea, al presupuesto sectorial del gasto programable; pues la estrategia de reducir la participación directa del Estado en la áreas estratégicas y prioritarias, ha permitido el incremento sustancial en el presupuesto destinado a los renglones de desarrollo social y rural.
Adicionalmente al gasto programable y al pago del servicio de la deuda, el presupuesto global contempla las participaciones a estados y municipios, rubro que ha sido preocupación de ésta y de otras legislaturas, así como de los partidos en ellas representados, incluyendo por supuesto el nuestro.
En este sentido, permítanme, compañeros diputados, hacer alguna reflexión sobre las características del federalismo en materia tributaria y la participación que de los ingresos federales se canaliza a los estados y los municipios.
En principio, mi partido conceptualiza al federalismo fiscal, como el mecanismo a través del cual las entidades federativas se coordinan para tener un sistema impositivo común, pero también para beneficiarse de las ventajas de una mayor integración económica entre ellas.
Es en este contexto, las tareas de la Federación en el ámbito fiscal, son las de administrar el sistema tributario y aportar un criterio redistributivo que rebase los límites territoriales de la entidades.
Así, si el combate a la pobreza es un objetivo nacional, los estados relativamente ricos, que no autosuficientes, deben aceptar una redistribución más justa para aquellos en que predomina la pobreza.
El Estado identifica las demandas a satisfacer, los potenciales de desarrollo social y económico y, en consecuencia, asignan recursos de que dispone, redistribuyendo con fines sociales la riqueza nacional; un ejemplo de ellos son los hidrocarburos.
El gobierno federal asegura que los beneficios derivados de su explotación, sean compartidos por todos los habitantes del país. Para alcanza una mayor eficiencia en la asignación de los recursos y en la conjugación de esfuerzos, anualmente se establece entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en cuyo marco no se define la parte que de los ingresos federales corresponde a estados y municipios.
En este sistema la participación de la entidad federativa no está referida exclusivamente a los impuestos que se recauden en su territorio, se beneficia de aquéllos que como es el caso de los hidrocarburos, aun generándose en otros estados, forman parte de los recursos a distribuir entre los participantes del sistema.
Para 1992 el proyecto de presupuesto asigna en estímulos y participación en estados y municipios 30.9 billones de pesos, monto 12.4% mayor al de 1991, dicho monto representa 31% de los ingresos tributarios no petroleros, cantidad significativamente mayor si la comparamos con un 28% que representaba en 1989.
Adicionalmente a la participación directa de estados y municipios, el gobierno federal asigna recursos presupuestales para financiar educación, servicios médicos, realizar obras de infraestructura social, urbana y económica; la población en todos los estados se beneficia de acciones de cobertura nacional con el Programa Nacional de Solidaridad, recibe energía eléctrica a precios subsidiados y se distribuyen productos básicos como: Maíz, frijol y leche en polvo a precios inferiores a su costo.
En función del crecimiento que dentro del presupuesto han mostrado las participaciones a estados y municipio en los últimos años, así como las erogaciones que adicionalmente canaliza a tales niveles de gobierno la Federación, misma que se encuentran inscritas en el Convenio Único de Desarrollo, el Partido Revolucionario Institucional aprueba y apoya las erogaciones para tal efecto previstas en el proyecto de presupuesto para 1992 y convoca a los diputados de esta honorable Cámara para que en análisis serio y objetivo de las participaciones a estados y municipios, tomemos también en cuenta las obras y servicios que con objeto de redistribuidor la riqueza aprovechan las economías a escala y consideran las externalidades a que está sujeto el ejercicio del gasto que realiza el gobierno federal.
Por todo lo expuesto desde esta honorable tribuna, por mi conducto, los diputados miembros del Partido Revolucionario Institucional, manifestamos nuestro apoyo en lo general y en lo particular y una vez incorporadas las modificaciones sugeridas a la comisión de programación, al proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la federación para 1992 y al igual que lo hicimos en el seno de la comisión, con el respeto que merecen, convocamos a los distintos partido aquí reunidos a que se sumen a nuestra propuesta, producto del análisis sereno, el diálogo abierto y de las conclusiones a que este ejercicio de soberanía nos condujo para bien del pueblo. Pedimos su apoyo, señores diputados. Muchas gracias. (Aplauso.)
El Presidente:- Habiendo concluido con la lista de oradores que vinieron a tribuna a fijar la posición de sus respectivos partidos, continuamos con la discusión en lo general de este dictamen. Y para ese efecto, se han inscrito en esta mesa los siguientes diputados:
Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; José Ramos, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Rosa Albina Garavito, del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Sada, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Lujambio, del Partido Nacional; Rodolfo Becerril, del Partido Revolucionario Institucional; José Luis Durán, del Partido Acción Nacional; Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional; Servando Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Liliana Flores, del Partido de la Revolución Democrática y Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra, en contra, el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:- Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Vengo a hacer uso de esta tribuna para expresar la opinión de mi partido, el Partido Popular Socialista, en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1992.
Nosotros consideramos que de la misma forma en que la democracia no se mide solamente por el respeto al voto, sino esencialmente como lo establece nuestra Constitución, por el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; tampoco podemos valorar el desarrollo económico del país sólo con índices positivos del producto interno bruto, por la existencia de superávit financiero, por disminución de la deuda en relación con el producto interno bruto etcétera, etcétera, etcétera, sino también aquí, lo esencial de todo ello, es que los signos que pudieran ser positivos en la economía nacional se reflejaran en una mejor distribución de la riqueza nacional. Si la riqueza se sigue distribuyendo de manera injusta, cada vez más injusta, el desarrollo económico del país no es progresivo.
Los instrumentos de política económica, de manera particular los presupuestos de Egresos de la Federación, son los que nos pueden permitir
saber si la política económica gubernamental tiene como intención fundamental promover el desarrollo independiente y soberano del país, un desarrollo intenso en beneficio del pueblo y en consecuencia si es realmente un gobierno verdaderamente democrático.
Nosotros hemos señalado en diversas ocasiones y lo vamos a reiterar ahora, que la política económica neoliberal que aplica el gobierno federal, trátese de la Ley de Ingresos, de la política fiscal, del Presupuesto de Egresos, no han tenido, durante el pasado sexenio y menos en éste, el interés fundamental de defender los intereses nacionales y populares.
Uno de los aspectos esenciales de la política gubernamental en estos últimos años, es la que se empezó aplicar en el pasado gobierno federal; de ir suprimiendo, poco, a poco, el papel del Estado como impulso directo del desarrollo económico nacional y en contrapartida, cada vez más se ha tratado de fundar el desarrollo económico del país en base a las inversiones del capital privado nacional y, lo que es más grave, en base a las inversiones del capital extranjero.
Todo esto no es casual, es parte de esta concepción de política económica del grupo gobernante, que está estrechamente vinculada con las orientaciones que a nuestro país, durante estos años, ha impuesto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y generalizado la política de imperialismo, particularmente del norteamericano.v
Ello lo podemos entender por la clara identificación, no sólo en política económica, sino en otros ámbitos, de las concepciones del grupo neoliberal gobernante y el grupo gobernante en los Estados Unidos. Sin ello no podríamos entender el interés de realizar en una forma rápida la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio y en la afinidad de concepciones en torno a la política por el gobierno norteamericano, en su proyecto de iniciativa de las Américas,
Todo esto, que nosotros hemos visto que se ha desarrollado a partir de régimen de Miguel de la Madrid, nos ha llevado cada vez más convencidos a calificar la política de este gobierno como una política antinacional al servicio de los intereses extranjeros.
Por ello, el hecho de que exista, un déficit financiero del sector público federal del 12.4% del producto interno bruto en 1988 y que ahora hablemos de un superávit, no representa de manera esencial que esto va a repercutir ni en beneficio de la nación, ni en beneficio del pueblo.
Aunque, claro , en la exposición de motivos de este presupuesto, se señala por el gobierno que la más alta prioridad continúa siendo el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, si hacemos un análisis de la forma en como está aplicado este presupuesto, nos daremos cuenta que de la misma manera que no atiende a defender la soberanía nacional y la dependencia económica, tampoco este presupuesto lleva a defender los intereses populares o a mejorar las condiciones de vida del pueblo.
Es evidente que uno de los índices fundamentales con los cuales nosotros podrían saber si el nivel de vida de las amplias masas populares, de los trabajadores y la justicia del campo y la ciudad, se ha reducido o se ha incrementado, es precisamente el monto de su salario. Ya hemos señalado en diversas ocasiones, que parte de la política económica del gobierno a la que contribuye la firma de los pactos, como éste último, de la sexta etapa del pacto hace poco más de un mes, han permitido o han propiciado que cada vez más disminuya el poder adquisitivo del salario de los trabajadores.
Este presupuesto, que destina un monto pequeño, cada vez más pequeño, a la inversión productiva, es un presupuesto que no tiene posibilidades reales de resolver los graves problemas populares como el del desempleo, ni el desempleo en el campo, ni el desempleo en la ciudad; no tiene posibilidades de propiciar un incremento real en la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores. No es por ello posible pensar que este presupuesto permita desarrollar, con las necesidades que se requiere, las fuerzas productivas de país o fortalecer el ahorro interno.
La política del gobierno en torno a las empresas estatales se ha ido acentuando cada vez más. Decíamos en la anterior ocasión, que la tesis del Estado obeso y en el concepto de rectoría del Estado que maneja el grupo gobernante, han sido el sustento teórico para ir desmantelando poco a poco el sector público de la Federación. Inicialmente se dijo que esta política gubernamental tendía solamente a que el Estado se deshiciera de aquellas empresas que fueran fundamentales para el desarrollo del país, de aquellas empresas que operaban con números rojos y que eran un pesado lastre para la economía nacional y que a cambio se fortalecería la participación del Estado en empresas estratégicas y prioritarias.
Nunca llegó a establecerse en el marco constitucional o en alguna ley secundaria, cuáles consideraba el gobierno federal empresas prioritarias para el desarrollo nacional y por lo que vemos nosotros, su objetivo fundamental es tratar de reducir la participación del Estado exclusivamente a las empresas estratégicas que están contenidas en el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución. Pero todavía es más, en este terreno, el de las empresas estratégicas, el gobierno federal ha realizado innumerables concesiones al capital extranjero, para que participe en determinadas áreas de su función, como es el caso de Petróleos Mexicanos.
Por eso no nos extraña que en la exposición de motivos de este presupuesto se plantee en este momento que el gobierno federal , continuando con esta política negativa y antinacional, estén en proceso de reestructurar financiera y operativamente las empresas de bienes de capital para acelerar su desincorporación y éste es un elemento grave también para el desarrollo económico de nuestro país, ya que las empresas de bienes de capital juegan un papel muy importante para poder realizar la labor de mantener la independencia económica de México.
Aunado a todo esto, es notorio que cada vez más el gobierno federal destina un menor monto de transferencia a las empresas a partir de la ejecución de su presupuesto.
Estos dos temas de la población de nuestro país y la política de venta y desmantelamiento del sector estatal de la economía, el gobierno federal los ha unido de una manera simplista y demagógica; con esta frase de que "hay que vender bien para remediar males". Pero ¿Cuál es la verdad de esto? El monto, dijimos también en ocasión anterior, de que lo que el gobierno federal va a captar en este año de 1991 por la venta de todas las empresas estatales, apenas si va a servir para pagar lo que se refiere a la deuda externa. Si vemos los montos desatinados al Programa Nacional de Solidaridad para el próximo año nos daremos cuenta de que eso solamente representa el 16.5% de lo que se captó por la venta de empresas estatales; entonces ¿En dónde esta relación? Yo podría decir también, si quisiera relacionar dos cifras, que la venta de empresas estatales solamente sirvió para pagar lo que se refiere a la deuda y yo podría decirse que me parece una cantidad ridícula lo que se destina al Programa Nacional de Solidaridad si lo pudiera contraponer a la disminución del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Creo que no hay ninguna relación entre la venta de empresas estatales y el bienestar popular.
La intervención del Estado en la economía fue una fuerza importante para proporcionar bienestar popular y el hecho es que hoy la venta de las empresas estatales no repercute de ninguna manera en el bienestar popular; al contrario, el Estado interviene cada día menos en la economía nacional y el Estado proporciona menos bienestar popular, éstos son los resultados de la política económica del gobierno federal y por eso nosotros también la hemos calificado no solamente como una política antinacional, sino también antipopular.
Ya vimos compañeras y compañeros diputados el monto ridículo destinado al Programa Nacional de Solidaridad, si lo comparamos con otros elementos de este presupuesto; es una política gubernamental que tiene diversas formas de manifestarse, todos sabemos, en la mayoría de los estados del país y aquí en el Distrito Federal, el Programa Nacional de Solidaridad es utilizado como un instrumento electorero del partido del gobierno; también sabemos nosotros que este Programa Nacional de Solidaridad ha servido para tratar de elevar la imagen del Presidente de la República de manera personal y en diversas ocasiones se nos ha dicho aquí que el Estado no ha invertido recursos para la difusión de este Programa Nacional de Solidaridad a través de los medios de comunicación nacionales, que eso se hace del 12.5% que corresponde al Estado; de todos modos es inversión que pudiera ser utilizada para otras cosas y ser utilizada para elevar ante el pueblo la imagen del Presidente, el que con ese programa, pasando por encima de las autoridades estatales y particularmente de las municipales, realiza este programa.
Pero hay un a cuestión que no se dice, que al inicio de este programa, no tuvo el impacto que ahora tiene, solamente un 23% de la población sabía lo que era el Programa Nacional de Solidaridad y empezaron a buscar los mecanismos que permitieran utilizar este programa de mejor manera y se pusieron en contacto con los publicistas de una empresa privada y por un costo de 1 mil millones de pesos se realizó un programa que ahora conocemos del Programa Nacional de Solidaridad, que ha permitido que el 70% de la población sepa de qué se trata. Es un programa hecho con la técnica de la mercadotecnia de las empresas privadas, particularmente de una empresa extranjera, la que ha servido para que se utilice este pequeño monto de recursos para crearle una gran imagen al gobierno de la República, particularmente al Presidente y ser utilizado con fines electorales.
Por eso nosotros no podemos compartir ese programa, porque no atiende a las causas
fundamentales, porque no va a las raíces del problema de la miseria del pueblo y que tiene solamente intereses de corte propagandístico.
Esta política económica, compañeras y compañeros diputados, ha demostrado en estos nueve años de los dos gobiernos, el presente y el pasado inmediato, que no ha servido para solucionar los grandes problemas nacionales ni para resolver los problemas del pueblo, pero a nosotros no preocupa que en el largo plazo los resultados de esta política económica van a ser aún más graves para la vida de nuestro país, cada vez más seguirá acrecentando la dependencia económica de México respecto del imperialismo, particularmente del norteamericano y cada vez más se irán agudizando los problemas sociales y la miseria de nuestro pueblo.
A nuestro juicio, con esta política el Estado mexicano está abandonando, ha abandonado ya sus obligaciones fundamentales de preservar la soberanía e independencia en beneficio del pueblo y se ha puesto al servicio del capital extranjero.
Por todas estas razones, compañeras y compañeros diputados, el Partido Popular Socialista va a votar en contra del Presupuesto de Egresos.
Sin embargo, antes de abandonar esta tribuna, quiero a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, expresar que nosotros consideramos como sumamente positivos los trabajos de esta comisión. Nos agrada mucho que hayan sido tomadas en cuenta propuestas de los diversos partidos políticos, que aunque no tocan lo esencial de la política económica gubernamental, reflejan este ambiente positivo de trabajo que nosotros saludamos desde esta tribuna.
Creo que medidas como la que se refiere al artículo 24, fracción, II que dicen que cuando se vaya a realizar una obra pública o adquirir bienes, muebles, en funciones de igualdad se le dé preferencia a los proveedores locales. Yo creo que esto es positivo, que fortalece las diversas regiones de nuestro país, empresas medianas o pequeñas propiedades nacionales. Yo creo que esto positivo y lo saludamos desde esta tribuna.
Creo que también es una preocupación de todos nosotros el hecho de ir perfeccionando cada vez algunos instrumentos de política electoral. Una demanda reiterada de diversos partidos políticos es la inclusión de la fotografía en la credencial para votar. El hecho de que en el segundo transitorio se faculte a la Secretaría de Programación y Presupuesto a que destine los montos necesarios para este fin, también lo saludamos nosotros desde esta tribuna.
Y una cuestión más muy importante que a todos nos preocupa. En este mismo transitorio también se faculta a la Secretaría de Programación y Presupuesto para que destine los recursos necesarios para continuar y yo creo que expresaría el sentimiento de todos nosotros para concluir los trabajos de reparación del recinto legislativo de San Lázaro.
Esas medidas creo que las compartimos todos, son positivas, son producto del intercambio de las opiniones y de la apertura en la política de trabajo de esta comisión y el Partido Popular Socialista la saluda. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado José Ramos González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a favor.
El diputado José Ramos González:- Con su permiso, señor Presidente.
En los objetivos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, como lo mencionamos en nuestra intervención general, destacan: Avanzar en la reestructuración de las erogaciones públicas, poniendo énfasis en la infraestructura social y económica y asignando la más alta prioridad presupuestal al gasto social, en particular el encaminado a satisfacer las necesidades de los grupos de menores ingresos.
Impulsar de manera especial las acciones orientadas a la modernización de dos áreas fundamentales de desarrollo, el campo y la educación, que demanda un gran esfuerzo conjunto de sociedad y de gobierno.
Con base a estos objetivos, en la comparecencia del Secretario de Programación y Presupuesto, expusimos que en lo criterios de política económica se señala que el sector agropecuario presentó un crecimiento de 6.8%, el cual resulta mayor que el registrado en la economía en su conjunto, situación que no se presentaba hace 10 años.
La situación en el campo ha sido temporalmente amortiguada por las buenas cosechas, sobre todo, beneficiadas por una buena temporada de lluvias.
La situación del sector refleja un serio problema que limita las posibilidades de un desarrollo productivo más duradero. A nuestro parecer la salida de fondo al problema agrario no debe de
concentrarse en la validez o disolución de las diversas formas de propiedad establecidas en la ley, sino en convertir o en crear unidades verdaderamente productivas, no por acumular más tierras, en unas cuantas manos, se produce más, tampoco se logra pulverizándola en una subdivisión ilógica e improductiva.
El campo y los desafíos de la competencia internacional exigen soluciones imaginativas, pero éstas deben procurar sacar al campo de la crisis, elevar la productividad y atemperar los desequilibrios regionales y desigualdades sociales.
En este contexto, el incremento real al gasto en el sector agrario del 20% y el de la reforma agraria del 50%, permitirán la superación de algunos rezagos que limitan el desarrollo del sector rural, pero es necesario aplicar mayores recursos en la inversión productiva que permita una verdadera capitalización del campo.
Consideramos que es factible un avance significativo si se destinan recursos para impulsar la producción y la productividad en áreas de temporal en zonas marginadas y deprimidas.
Observamos en el sector desarrollo rural, una mayor inversión que puede continuar con la reactivación de la infraestructura, principalmente en las zonas marginadas y reprimidas del país.
Nos parece importante que en el dictamen se recojan de alguna manera, nuestros puntos de vista, que se destinen recursos como aportación complementaria al Fondo Nacional para las Empresas de Solidaridad así también es significativo la inversión de infraestructura hidroagrícola.
Consideramos que la continuidad en la reactivación del gasto en el desarrollo rural es positiva, aunque creemos que es suficiente. Pero tenemos la seguridad que la tendencia de la política del gasto sectorial se orienta para superar los rezagos que hemos mencionado.
En la misma comparecencia del Secretario de Programación y Presupuesto opinamos que el Programa Nacional de Solidaridad es una punta de lanza por medio del cual se puede elevar el nivel de vida de los mexicanos situados en pobreza extrema.
No obstante los logros alcanzados y de las líneas de ampliación a otros ámbitos, especialmente en el campo, la población laboral y capas medias exigen de políticas de horizontes amplios, que le permitan suponer perspectivas de superación viable.
La mejor manera de abatir la desigualdad social en especial, la pobreza extrema, es combatiendo las causas estructurales que la propician.
El productor, cualquiera que éste sea, exige el ingreso más aproximado a su riqueza generada. En una mejor definición de los beneficios de la productividad y de su instrumentación en todos los niveles de la economía, se encuentra una de las piedras angulares de la modernidad productiva, de la que hoy todos hablan y pocos precisan.
El presupuesto destinado al Programa Nacional de Solidaridad de 6.8 billones de pesos, con un incremento real de 19%, lo que puede conducir a ampliar su radio de acción, pero nada valdrá si sus efectos no son permanentes. Vamos adecuando que el Programa Nacional de Solidaridad dedique recursos para crear agroindustrias, pero que se tiene que vigilar que las unidades que se formen no sólo sea un paliativo a la situación de los productores, sino que realmente sean verdaderas unidades de producción.
Consideramos que ampliar los horizontes del Programa Nacional de Solidaridad implica que lleguen mayores beneficios a las personas ubicadas en la pobreza extrema. Así también vemos que es una posibilidad que con los recursos del Programa Nacional de Solidaridad, se fortalezcan aún más los municipios, los cuales se consagran el artículo 115 constitucional, con una mayor participación de los habitantes de estos municipios. En las acciones del Programa Nacional de Solidaridad también se fortalecería la condición democrática de la estructura municipal y más participando en la aplicación del gasto público.
Nos parece importante que en el dictamen se determina que las previsiones por concepto de solidaridad y desarrollo regional, se orientarán a obras y proyectos de inversión de vivienda, educación, agua potable, salud electrificación, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos rurales que atienden la demanda directa de las comunidades indígenas, campesinas y grupos populares urbanos.
Es un reclamo de nuestro partido, el Frente Cardenista, que así suceda. El hecho de que los recursos de este programa sean intransferibles, garantiza su aplicación en el mismo, no obstante que debemos ser los más estrictos vigilantes del Programa Nacional de Solidaridad y la aplicación de los recursos, para evitar posibles desviaciones.
Ante esto, proponemos que el marco democrático en que se aplica el citado programa se debe ampliar no sólo en cuanto al beneficio directo, sino en cuanto a la toma de decisiones de las obras, principalmente las dirigidas a los grupos marginados que se encuentran en la pobreza extrema.
En cuanto al sector educativo, en el dictamen se señala que en 1992 se plantean cambios sustanciales tendientes a responder las exigencias que han introducido la mayor interrelación cultural con otros países. Estamos de acuerdo que la educación debe responder a la exigencia de la competitividad en el mundo y la incorporación de los avances teóricos universales y que la elevación de la educación es un compromiso que requiere respuestas y compromisos inmediatos.
Para nosotros, los compromisos que se deben de adoptar, deben de orientarse hacia las instrumentación de nuevos planes y programas de estudio, en cuya formulación participen todos los sectores involucrados en la educación y que no solamente emane de la Secretaría de Educación Pública, como ha sucedido hasta ahora y que generalmente han sido experimentos que no han fructificado.
De acuerdo a la política de gasto, ya que no se deben permitir estos experimentos que desgastan y desperdician los recursos destinados para la modernización del sector educativo. Además es conveniente tomar en consideración mejorar las condiciones laborales, docentes y salariales, de la planta magisterial del país.
La capacitación y actualización es un factor en el cual se deben de canalizar los recursos suficientes. En relación al desarrollo científico y tecnológico, en 1991 se le dio gran importancia, asignándole un gasto sin precedentes, se pretendió vincular la investigación y el desarrollo con las necesidades del sector productivo.
En 1992, se le vuelve a dar gran importancia, lo cual esperamos redunde en beneficio de la investigación y en la recuperación de los cerebros fugados.
El mejoramiento de esta materia puede incidir para ir superando el atraso tecnológico, según el secretario de Programación y Presupuesto existe en nuestro país, y que antes que el Tratado de Libre Comercio ha salido a relucir
Proponemos que la política de gasto en este rubro también sea transferible para que se permita instrumentar los programas encaminados hacia la innovación tecnológica. Para tener la capacidad de investigación, es imprescindible mejorar las condiciones laborales y salariales de los investigadores, lo cual redundaría en la repatriación de los cerebros fugados.
Insistimos en que la industria manufacturera, no obstante que se ha contribuido a una importante cuota para el repunte de la producción global y las exportaciones, subsisten regazos preocupantes en materia de productividad, ante la inminente firma del Tratado de Libre Comercio.
La política comercial, sin política industrial, resulta peligrosa y suicida. Abrir fronteras nacionales a mercaderías externas, sin impulsar las exportaciones propias, conduce no sólo a una mayor dependencia, sino incluso a elementos de desintegración económica. Por ello, en el presupuesto deben de contemplarse apoyos decididos a la pequeña y mediana industrias.
La debilidad del mercado doméstico no hace sentir con fortaleza la recuperación productiva y no podrá suceder mientras se mantenga la situación de empobrecimiento de la población laboral.
En política económica no existe necesariamente contradicción entre el desarrollo del mercado interno y ampliar las posibilidades de exportación. La clave de una combinación exitosa en el desarrollo de mercados se daría en la aplicación de una política concertada de productividad, pero ésta debe acordarse desde las unidades productivas y no desde las cúpulas de las corporaciones patronales, sindicales y gubernamentales.
En los ambientes y prácticas del corporativismo vigente, no podrá tener viabilidad un proyecto nacional de productividad; los beneficios de un crecimiento de la producción deben llegar a los trabajadores y deben servir para la ampliación de la inversión y productividad. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra la diputada Rosa Albina Garavito, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:- Con su permiso señor Presidente.
Bueno, no puedo empezar mi intervención, sin dejar de hacer notar que me tocó muy mala hora. Esta sala casi está desierta, realmente.
Con ese pequeño obstáculo, quiero elaborar una reflexión en torno a la discusión que hoy estamos
dando sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Qué es el Presupuesto de Egresos de la Federación. En este proyecto, cuyo dictamen se someterá a discusión hoy, se sintetiza la política económica del gobierno. El Estado, como responsable constitucional de la rectoría del desarrollo nacional, tal como lo establece el artículo 25, a través de las definiciones de los gastos, obviamente esta fijando las prioridades políticas.
No soy ingenua, no soy inocente y sé que este proyecto se va a aprobar por la mayoría, pero para explicarme por qué lo va a aprobar la mayoría, no quiero suponer como en otras ocasiones lo hemos hecho, que esto se debe a una simple votación mecánica. Quiero elaborar una hipótesis, digamos más gentil, con esta Cámara de Diputados y fundamentalmente con la mayoría que la compone.
Yo quiero pensar que se va a votar a favor de este Presupuesto de Egresos de la Federación, porque se piensa que la economía es cuestión de especialistas que no tendríamos por qué mantenernos en cuestiones áridas y difíciles que solamente los especialistas manejan. Entonces eludiríamos nuestra responsabilidad, en pos o en aras de esta supuesta división del trabajo en la sociedad o en esta supuesta especialización.
Pero yo, para que asumamos nuestro papel efectivo de representantes populares y que dudemos un poquito antes de emitir nuestro voto, quisiera que pensáramos todos qué es la economía, o sea, por qué dejarla en manos de los especialistas. En realidad la economía, señoras o señores diputados, la hacemos todos. La economía es una ciencia social, la economía está hecha de todos los actos cotidianos de compra y venta de productos y de servicios que cada ciudadano hace en cualquier sociedad. Si uno piensa un poquito, detrás de cada uno de esos áridos precios existe toda una cuestión social. Cuando se habla de salarios, inmediatamente tendríamos que esta pensando en las condiciones de vida de los millones de asalariados que en el país existen. Cuando se habla de ganancias inmediatamente a través de la tasa de interés de la renta financiera, de la ganancia industrial, tendríamos que pensar que para llegar a esos indicadores, hubo una actividad que se reflejó en ese precio.
Yo antes de seguir adelante le quisiera pedir al Presidente...voy a hacer una pequeña y respetuosa exigencia a este desmantelado público que nos acompaña , y a esta desmantelada representación popular: Somos pocos pero a esos pocos les pido el respeto que todos nos merecemos y que sigan la reflexión que en tribuna estamos haciendo de parte del Partido de la Revolución Demócrata. Se lo pido al señor Presidente.
Parece que el señor Presidente es uno también de quienes no están haciendo seguimiento a esta intervención. Me doy por aludida, entonces personalmente le pido a esta honorable asamblea que se disminuya el rumor para poder hacer mi intervención de manera adecuada. Gracias.
El Presidente:- Me adhiero a su propuesta, diputada, aunque también quiero hacer notar que ni siquiera los diputados que habrían de apoyarla están presentes.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde su curul):- Creo que usted no debería en su calidad de Presidente de esta cámara, de hacer comentario alguno respecto a un partido en particular.
El Presidente:- Yo le pediría por favor que se sujetara a la responsabilidad que el pueblo le ha asignado. Muchas gracias. Continúe la oradora.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: Bien decíamos que tendríamos que preocuparnos como representantes populares de lo que es el Presupuesto de Egresos de la Federación, que sintetiza las líneas de la política económica del gobierno y pensar y asumir que la economía la hacemos todos, que por lo tanto tenemos injerencia en la definición de lo que la economía es.
Si la economía nos preocupara no como una cosa de especialistas, sino como la forma en que se afectan las vidas cotidianas de millones de mexicanos, entonces tendríamos que dudar antes de emitir nuestro voto a favor de este Presupuesto de Egresos de la Federación, pensando que lo que está reflejando, lo que esta evidenciando, son lo criterios de una política económica que contra lo que se argumenta, del llamado realismo económico que se inauguró en el sexenio pasado, en realidad se está convirtiendo en la mejor expresión de una economía ficción. ¿Porqué digo esto? ¿Quién podría negar que estamos en una economía ficción cuando la solidez de nuestra economía se hace depende de la firma de un Tratado de Libre Comercio? ¿Quién podría negar que estamos en una economía ficción cuando la inflación no ha podido erradicarse y para no convocarla, se anuncia como un gran logro el superávit financiero frente a las necesidades sociales que ya otros compañeros diputados han argumentado en esta tribuna? ¿Quién podría negar que estamos viviendo en una economía
ficción cuando el crecimiento de las importaciones continúa disparando mientras que todo parece indicar, las exportaciones llegar a una tasa de crecimiento límite y eso nos está llevando a que se registren de nuevo déficits en la balanza comercial, déficit históricos? ¿Qué nos han venido a argumentar aquí tanto los compañeros de la fracción mayoritaria como los funcionarios? nos han venido a decir que nos tranquilicemos porque ese déficit se está financiando, por fortuna, nos dicen, no a través del déficit público, sino a través del déficit privado. Nos han venido a decir que nos preocupemos porque la inversión extranjera está llegando y porque están llegando nuevos préstamos, gracias a la solidez económica del país.
Yo quiero preguntar a ustedes si acaso no es una economía ficción, cuando el crecimiento se está financiando todavía con esos recursos externos y cuando dentro de ellos un volumen muy importante es inversión financiera; no es inversión en desarrollo productivo.
Entonces yo lo que quiero con ustedes, pensando que efectivamente se asuman como representantes populares y que efectivamente no quieren dejar las decisiones económicas en manos de los especialistas porque lo asumen como uno de los problemas políticos nacionales más importantes, quisiera pensar qué sucedería si esta Cámara de Diputados se pronunciara negativamente en torno a este proyecto de dictamen. Pensémoslo un momento, o sea, cuál va a ser el desastre nacional si este Presupuesto de Egresos de la Federación no es aprobado por esta honorable Legislatura.
Miren: Yo más que desastre, veo que lo que tendríamos como resultado, sería una seria llamada de atención, no solamente una seria llamada de atención, sino que el Poder Ejecutivo, atendiendo a la soberanía de este Poder Legislativo, tendría que cambiar su política económica, tendría por ejemplo, para poder llevar a efecto una política económica que efectivamente sentara las bases, después de la crisis que hemos vivido, de un desarrollo nacional sólido, justo soberano y estable, tendría que empezar a cambiar decisiones como las de la negociación de la deuda externa.
El Partido de la Revolución Democrática nunca se ha pronunciado por la negativa al pago de la deuda externa. Lo que nuestro partido ha planteado, es algo totalmente viable a partir de decisiones soberanas y autónomas de los países; viable en términos políticos y viable en términos económicos.
¿Qué es lo que hemos planteado? Hemos planteado que no puede continuar eso sangría de recursos nacionales, que esos recursos nacionales tienen que ser dedicados a las prioridades de ese desarrollo. ¿Como se logra eso? Muy sencillo. Se logra haciendo otra negociación de la deuda que ponga por delante esas prioridades nacionales y que en función de esas prioridades, se lleve a efecto el pago del servicio de la deuda y no como está sucediendo ahora, que todavía existen erogaciones de más de 9 mil millones de dólares anuales.
Este sería uno de los primeros efectos que tendría nuestra negativa, como legisladores, como Cámara de Diputados, a este Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando el Ejecutivo se viere en la necesidad de ver de qué manera va a financiar ese desarrollo alternativo.
Los recursos están ahí, están saliendo en el pago oneroso de esa deuda; es cuestión de tomar esa decisión política para convocarnos al financiamiento de un desarrollo productivo nacional. Ese es digo, sería uno de los primeros efectos.
¿Cuál sería otro de los efectos? El Poder Ejecutivo no estaría tan apresurado por firmar un Tratado de Libre Comercio que en sus objetivos políticos los que busca es el aval para una política económica que no ha encontrado internamente.
Se resolvería o intentaría resolverse a partir de esa negativa, el reto real que como partido reconocemos, de la integración, de la reinserción en el mercado mundial, a través de la definición previa de cuáles son nuestras prioridades, de cuáles son los sectores que previamente se tendrían que fortalecer antes de elevar a categoría de principio, como aquí se ha hecho, antes de hacer ideología en torno a una economía a cerrada o una economía abierta.
La apertura indiscriminada que se ha hecho de la economía, no puede tener justificación más allá de la ideología, de la hegemonía que tiene la ideología de liberalismo económico.
Si se bajara de ese terreno ideológico, si realmente se sentaran los pies en las necesidades de ese tipo de desarrollo, entonces este reto de la reinserción en el mercado mundial se resolvería, efectivamente, en el horizonte y pensando de qué manera nos puede beneficiar a todas las economías involucradas.
Ese sería el segundo efecto, señores y les aseguro que como legisladores estaríamos orgullosos por la repercusión que tendría en la defensa de la
soberanía nacional y no tendríamos la preocupación que ahora tenemos en este momento, de que en la última entrevista de los presidentes mexicanos y el de Estados Unidos, se haya elevado la presión para tener mayores concepciones en sectores estratégicos, como es el de petróleos, presión mayor de parte de Estados Unidos, totalmente lógica, una vez que nuestro gobierno, lo ha hecho, es entregar las cartas de negociación previamente a este inicio formal de las negociaciones.
Ese sería uno de los efectos, que yo llamo la atención a ustedes.
Otro efecto que tiene mucho que ver con las decisiones políticas que hablábamos de la negociación de la deuda externa, tendría que ser la necesidad de renegociar la deuda interna; lo hemos repetido en esta tribuna y lo volvemos a hacer, la crisis no evaporó los recurso para el financiamiento, lo que la crisis hizo fue concentrar esos recursos en pocas manos, por desgracia las reformas constitucionales que ya se han hecho aquí, van a venir a reforzar esa tendencia, pero un gobierno con un horizonte efectivamente de estadista y no solamente de cumplir con intereses mezquinos y particulares, estaría preocupado por negociar esa deuda interna, no dedicar lo fondos de contingencia, no dedicar ese ahorro de la sociedad, como se hizo en 1991 y se nos amenaza ahora en hacer en 1992, de dedicarlo para el pago y la amortización de la deuda interna.
No puede, señores, seguirse privilegiando el interés del capital financiero sino es en detrimento, como ha venido siendo, de un desarrollo productivo. Entonces, nuestra negativa a aprobar este Presupuesto de Egresos de la Federación tendría ese tercer efecto, que el gobierno se siente a negociar con sus deudores internos, para ver de qué manera se cumple con ese pago sin que se estén deteriorando las finanzas públicas, ni se esté presionando todavía como se hace, sobre la tasa de interés interna, que por supuesto, eleva los costos del financiamiento de la inversión productiva.
Quiero también llamar su atención, sobre un cuarto efecto y muy importante que tendría nuestra negativa como legisladores, a aprobar este Presupuesto de Egresos de la Federación.
No se daría por sentado que la deuda social que el país tiene con los millones de trabajadores que han tenido de manera sintética, una pérdida del 60% de su poder adquisitivo, que eso quedará como si fuese una deuda no pagable, tendría qué asumirse el compromiso de pagar esa deuda social y para ello también hay, una vez tomada la voluntad política, una vez hecha la decisión política, existe viabilidad económica, por supuesto. Sería demagógico plantear que toda esa pérdida en el bienestar social, toda esa pérdida en el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores, pudiera ser resarcida de la noche a la mañana; nadie en términos responsables lo podría plantear.
Lo que sí se puede plantear y lo estamos haciendo de esta tribuna es:
Primero. Que el gobierno reconozca que esa deuda social existe.
Segundo. Que con las representaciones democráticas y de ahí la importancia de nuestra reivindicación democrática de las organizaciones sociales, se elabore un plan de pago a esa deuda social en términos de ¿Cuáles son las condiciones de la economía? ¿Cuáles son las condiciones en que la productividad crece? ¿Cuáles son las condiciones en que los precios crecen? Lo que no se puede permitir, lo que sí es una economía ficción, porque de aquí a cinco años yo quiero ver en qué condiciones vamos a estar como país, es negar que la deuda existe y negar esa responsabilidad política.
Ese sería entonces un cuarto efecto de muestra negativa, asumiendo nuestra responsabilidad como legisladora, para decir no a este Presupuesto de Egresos de la Federación, que sintetiza esas líneas de política económica.
Una quinta consecuencia que se tendría sería que el gobierno bajaría al terreno de la realidad antes de estar propagandizando que es absolutamente benéfico propiciar que sólo los mecanismos de mercado son lo que benefician a la sociedad.
Hemos dicho y lo hemos reiterado todos nuestros compañeros de mi fracción parlamentaria, que la disyuntiva entre más estado o más mercado es una disyuntiva absolutamente falsa. Que lo que tenemos que convocar es a una convivencia democrática entre el estado y la sociedad y en esa convivencia democrática, definir cuáles son las prioridades y cuáles son los sectores estratégicos, hasta dónde participa el estado, hasta dónde participa el sector privado y hasta dónde participa el sector social.
En cambio, lo que se está haciendo es prioridad el mercado, prioridad el capital privado, desmantelar el sector social y desmantelar al sector público
.
Señores legisladores, ninguna economía desarrollada, ningún país industrializado, ha caído en este garlito que se vende a nuestras economías desarrolladas, ninguno solamente el gobierno con esa enajenación ideológica esta en este caso aplicando este tipo de recetas que no aplican los mismos países que las exportan como ideología.
El sexto y último efecto, aunque habría muchos más que quiero yo a ustedes relatarles, que tendría nuestra negativa a la aprobación de este presupuesto de Egresos de la Federación, sería que el Poder Ejecutivo tendría que definir una política de estabilización. Esto es, de erradicar la inflación que no fuese ajena a la política de crecimiento.
¿Qué quiero decir con esto? Aquí se nos ha tratado de convencer que es una disyuntiva o estabilidad o crecimiento y tan es así que ese superávit financiero en realidad lo que tiene detrás es la convocatoria a que no se dispare de nuevo la inflación. ¿Por qué? Porque no hay solidez en la economía.
Si nosotros pensamos: La política de estabilización como parte de esa política de crecimiento, estaríamos diagnosticando adecuadamente en dónde se encuentra la raíz de la inflación y la raíz de la inflación se encuentra, señores, en una economía que tiene inhibido su desarrollo productivo, que su desarrollo está concentrado en pocos sectores y en pocas manos.
Si no hay un pacto productivo entre los distintos sectores para asumir la responsabilidad desde cada uno de ellos, de cómo efectivamente la economía se reanima, ningún pacto para el crecimiento, como el que ha venido funcionando a partir de diciembre de 1987 y cualquier otra política de estabilización, podrá tener los efectos que ésta economía necesita.
¿Cuáles son esos efectos? Que la inflación deje de ser un fantasma, que la inflación efectivamente se erradique y eso, la única manera es alentando al desarrollo productivo.
El Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que viene a hacer, repito, es sintetizar las prioridades políticas que van en contra de todas estas alternativas, que si nosotros nos asumiéramos como legisladores y fuésemos capaces de pensar en otro proyecto de país, en un proyecto sólido, soberano, estable, y justo, entonces asumiendo esa responsabilidad y diciendo no a ese Presupuesto de Egresos de la Federación, ¿Díganme ustedes si no el Poder Ejecutivo no tendría necesidad de rediseñar otra política económica y venir aquí con otro proyecto? Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Enrique Sada, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
El diputado Enrique Sada Fernández:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Al tocar el tema referente al proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación, importante ya de sí para todos los mexicanos, porque representa el punto de partida y cubierta de la actividad económica pública en México, permítaseme brevemente hacer algunas acotaciones y observaciones sobre el mismo.
Este presupuesto parte de la base del esfuerzo, la constancia y la prestancia de todos los mexicanos.
¿Por que? Porque proviene del pago de los impuestos de los derechos y de los aprovechamientos de todos nosotros. Porque parte de metas fiscales provenientes no sólo de un sólo recurso al que en el pasado apostamos, sino de diferentes fuentes equilibradas, equitativas y diversas, pero con un componente sustancial: En su mayor parte proviene del país mismo, lo que nos ofrece. Dentro de toda la incertidumbre económica internacional, grados más amplios de seguridad y de certeza.
Esperamos tener ingresos por 267.1 billones de pesos para 1992 y gastos por 249.2 billones de pesos; es decir, tener un superávit de 18 billones sin contar con los recursos provenientes de la venta de los bancos.
¿Cuáles son las razones por las cuales se pretende tener este superávit, estando conscientes los priístas del grave rezago social que padecemos y las enormes necesidades de inversión productiva?
En primer lugar, porque pretendemos con esta medida seguir creciendo por arriba de la tasa demográfica, con una inflación que no exceda a los 10 puntos, para lograr el mejoramiento de los niveles de vida de la población, a través de mayor oferta de empleo y recuperación del salario real.
En segundo, porque se trata de un gasto público bien acotado a las áreas estratégicas de acción estatal directa, con asignaciones cuantificadas
bajo criterios de estricta selectividad y cuidadosa ponderación de sus efectos y ejercido con honestidad y eficiencia. Porque se lleva a cabo en una administración pública que permite eliminar gastos prescindibles y permite la participación del financiamiento privado en la ampliación de la infraestructura económica en los campos y bajo los términos que marca la ley
. En tercer lugar, porque en 1992 aplicaremos 84 centavos de cada peso para programas prioritarios; cuando sólo, en 1988, 44 centavos eran absorbidos por el pago de la deuda.
En cuarto lugar, porque destina para el desarrollo social el 51.4% del gasto programable. Lo que implica un incremento real, en gasto social, del 66.5% en los últimos cuatro años. Es decir, estamos empeñados en reducir la deuda social contraída durante la década pasada.
En quinto lugar, porque la segunda prioridad planteada es el campo mexicano, donde hay mayor apremio por el cambio, porque urgen soluciones, porque demanda una nueva y audaz actitud basada en abandonar en nuestro pasado y preservar el espíritu de justicia social del Constituyente de 1917.
En sexto, porque el rubro que más crece dentro de lo sectorial es el de los programas sociales de abasto, precisamente también para otorgar subsidios directos y transparentes a los que menos tienen.
Permítaseme ahondar en estos últimos dos temas, que afectan a los más necesitados y en los que el presupuesto marca con verdadero énfasis.
En desarrollo rural se pretende destinar un gasto total por 9 billones 377 mil millones de pesos. Respecto de 1991 la propuesta de gastos se incrementa en 20% En términos reales cinco veces más que el incremento previsto para la economía en su conjunto y que el aumento en total de erogaciones programables del sector público, como proporción del Producto Interno Bruto, alcanza casi el 1%.
Respecto de 1988, el gasto propuesto para desarrollo rural crece 8.7% en términos reales. Sin embargo la comparación se distorsiona por las transferencias otorgadas al Banco Nacional de Crédito Rural y a Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Sociedad Anónima que en algunos años, como en 1988, incluye amortizaciones y asunciones de pasivos. De descontarse estas transferencias, el gasto crece 35.7% en términos reales.
Desde 1990 se registraron variaciones reales positivas, 33% en 1989, 2.4% en 1990; 14.5% en 1991 y 19.7% 1992, ello dentro de la estrategia global de gasto, acorde con finanzas sanas.
En 1980 la asignación de gasto en desarrollo rural fue de 3.1% con respecto al Producto Interno Bruto, en 1992 la asignación representa casi 1 punto del Producto Interno Bruto, la menor asignación en 1992, respecto de 1980, obedece a la congruencia de la política de gasto que tiene dos objetivos: Mantener un nivel acorde a un sano financiamiento y reorientar su canalización a sectores prioritarios, entre ellos el agropecuario.
En 1980 el gasto programable total, como proporción del Producto Interno Bruto, fue de 32% y el déficit público 7.5%, no obstante que el precio del petróleo era de 30 dólares por barril, en 1992 el gasto programable será de 17.6%, congruente con ingresos que permitan finanzas sanas, pese a un precio del petróleo de 14 dólares por barril.
Un gasto elevado no es garantía de mayores o mejores resultados, algunos ejemplos son que en cultivos como el maíz, durante 1980 se obtuvieron 12.3 millones de toneladas; en 1991 obtendremos 13 millones de toneladas; en frijol se obtuvo casi 1 millón de toneladas en 1980; en 1991 1.3 millones de toneladas; en trigo 2.8 millones de toneladas en 1980, contra 1991, 4.1 millones de toneladas; en cuanto a sorgo, 4.6 millones de toneladas en 1980 contra 4.4 millones de toneladas en 1991.
Respecto de 1988, el gasto propuesto para 1992 crece 8.7% la comparación se distorsiona por las transferencias otorgadas al Banco Nacional de Crédito Rural y a la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Sociedad Anónima, que como ya se dijo, sobre todo en 1988, de descontarse el gasto crecería en 35.7% en términos reales.
Las principales acciones y programas de la Secretaría de Agricultura en 1992, incluyen básicamente investigación y desarrollo tecnológico, asistencia técnica, sanidad e incremento de la infraestructura hidroagrícola; tan solo en esta última se pretenden aplicar 1.7 billones de pesos para la construcción de presas, 1.1 billón de pesos para la construcción de zonas de riego y en irrigación menor 232 mil millones de pesos, así como el mejoramiento de la construcción en zonas de temporal por 128 mil millones de pesos.
Quiero referirme a un punto que también ya se ha venido tocando, con respecto a la política de subsidios al campo, por un lado y por otro lado con la política de subsidios al consumidor. Tan solo en 1992 en maíz, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares destinará recursos por 2.5 billones de pesos para la compra de maíz, el subsidio implícito, comparado con el precio nacional con el internacional puesto en puerto, se estima sea de 900 mil millones de pesos, además la entidad paga fletes y almacenes por 920 mil millones de pesos, la mitad sería subsidio al productor, por lo tanto, se estima que el subsidio a este grano ascenderá a 1 billón 360 mil millones de pesos.
En frijol, durante 1992 la Compañía Nacional de Subsistencias Populares erogará 0.8 billones de pesos para adquirir ese cultivo; puesto que no existe referencia internacional, el subsidio puede ser el déficit de la operación de compra-venta, que ascenderá a 0.3 billones de pesos, a esto hay que añadir alrededor de 50 mil millones de pesos de subsidio por flete y almacenamiento. Existe otro subsidio, llamado Pace, que es el Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal, en donde la Compañía Nacional de Subsistencias Populares paga una cantidad adicional a ejidatarios, productores de maíz y frijol de zonas temporaleras, para absorber los costos de costalera, maniobras de carga y flete de la parcela al centro de acopio. Para 1992 se consideran 132 mil millones de pesos.
En trigo, en 1991 el gobierno aportó 1.1 billones de pesos para mantener el precio de concertación en 560 mil pesos por tonelada, al subsidio implícito comparado con su referencia internacional fue equivalente a dicha cifra. Para 1992 se tiene previsto un billón de pesos que determina el precio que pagarían los harineros; en consecuencia al subsidio unitario sería de alrededor de 240 mil pesos por tonelada.
En soya se erogaron 67 mil millones de pesos para apoyar a los productores de esta oleaginosa a través de la entidad Acerca; el pago directo al productor fue de 52 mil millones de pesos, 70 mil pesos por tonelada; la diferencia por 15 mil millones de pesos se ejercieron para apoyar los servicios que requiere la comercialización del producto. El subsidio implícito en este caso es equivalente al monto erogado, o sea 67 mil millones de pesos. Para 1992 se consideran apoyos equivalentes. Este producto es una fracción liberada, tiene un arancel temporal del 15% durante la época de cosechas. Así en arroz y sorgo quisiera yo, resumiendo en este punto, decir que los subsidios básicos a la producción agropecuaria es vía precios a pagos por 3 mil 122 millones de pesos, a través de Acerca 280 mil millones de pesos. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares 1 mil millones de pesos; vía financiamiento 1 mil 516 millones de pesos; vía tarifa eléctrica es cercano a los 700 millones de pesos; reparación de pozos 45 mil millones de pesos; vía fertilizantes 550 mil millones de pesos y el subsidio en los granos básicos por 452 mil millones de pesos, llegando a la cifra de 6 billones 385 mil millones de pesos.
En cuanto a subsidios al consumidor, es importante mencionar que los dos principales subsidios al consumidor son, por un lado, el Programa Tortilla Solidaridad que atenderá alrededor de 2.9 millones de familias, proporcionándoles un kilo de tortilla diaria y a través de Leche Industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares se abastecerán productos básicos a 28 millones de personas a través de 27 mil puntos de venta de los cuales 20 mil se localizan en áreas rurales. Es importante mencionar que estos subsidios al consumidor tienen el crecimiento sectorial más alto del Presupuesto de Egresos de la Federación por un total de 27.5% en términos reales.
Por todo lo anterior y dado como quedó constatado anteriormente, que el Presupuesto de Egresos otorga máxima prioridad para los más necesitados, estamos de acuerdo con el presupuesto que se presenta y es por eso que votaremos en pro. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática en contra.
El diputado Alejandro J. Jesús Encinas Rodríguez:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
En primer lugar quisiera reiterar el reconocimiento que ha hecho ya nuestro partido en torno al trabajo intenso que realizó en la comisión al respecto a la pluralidad que ésta reviste y a la información que nos proporcionó y que requerimos oportunamente en todas las dudas que tuvimos a lo largo del debate.
También consideramos que es importante reconocer las modificaciones que se hicieron al presupuesto, algunas consideramos son de importancia; es importante por ejemplo que se le dé su lugar al Poder Legislativo y se canalicen recursos para que podamos trabajar en un lugar digno y con las mejores condiciones, es importante que algunos de los ajustes que se hicieron
en el ramo de Solidaridad y Desarrollo Regional se canalicen a proyectos productivos como lo propuso la oposición en la comisión, así como otras resoluciones que tienen que ver con el otorgar recursos para la credencial de elector que hasta aparece con fotografía y que en lo personal dudo que se vaya a ejercer esta partida porque no creo que haya las condiciones para que este proceso de credencialización se lleve a cabo, lo que vemos que es muy importante rescatar estos aspectos porque es importante que las opiniones de la oposición se recojan en las discusiones y sientan bases para mejorar nuestro trabajo legislativo. Ç
Es importante pero creo que todavía podemos hacer mucho más y creo que podemos hacer mucho más, por ejemplo en lo que se refiere a la supervisión, fiscalización y evaluación de los recursos que se destinan a gasto social, particularmente aquellos recursos que se destinan al Programa Nacional de Solidaridad, donde hemos insistido en que el Poder Legislativo debería de cumplir un papel diametralmente distinto, para que lejos de solamente hacer la fiscalización de los recursos, la cual a veces no es la óptima ni se cuenta con la información precisa para realizarlo, deberíamos de analizar más la evaluación que pudiéramos hacer del impacto que en esos recursos tienen en el combate efectivo a la pobreza, pero ir más allá inclusive, analizar la posibilidad de que la Legislatura, de que la Cámara de Diputados pudiera participar en el diseño de políticas, de programas de combate a la pobreza, para que este programa que hoy se maneja con una gran discrecionalidad del Ejecutivo, pudiera adquirir un carácter institucional, avalado, evaluado y diseñado por el Poder Legislativo.
Creo que hay grandes ámbitos de trabajo para el legislador en el terreno del combate a la pobreza y sería muy útil que esta legislatura evaluara, a través de la Comisión de Programación , Presupuesto y Cuenta Pública, los mecanismos a partir de los cuales pudiera incidir el Legislativo de manera directa en el manejo del gasto social.
El diputado Luis Raúl Alvarez Garín (desde su curul):- Señor Presidente, mire usted, es evidente que no hay quórum. Si pedimos el quórum suena la chicharra, viene todo mundo corriendo y es de lo más desagradable. Es una muestra de que las prácticas que se están llevando aquí son absurdas y arcaicas. ¿Por qué no consideran que haya receso para comer y en otras condiciones que la participación sea por lo menos más amplia? Yo propongo que se vea la posibilidad de hacer un receso.
El diputado José Antonio González Fernández (desde su curul):- Señor Presidente, ha sido costumbre en estos días que hemos estado sesionando estas largas jornadas de trabajo, que todos los diputados y los coordinadores de las fracciones parlamentarias, hayamos entendido y aceptado que fuéramos saliendo algunos diputados a comer. En efecto los diputados se encuentran... en el comedor, o bien trabajando en algunos salones en los últimos trabajos de sus comisiones y en este momento hay tres reuniones de comisiones, pero yo, sí le rogaría, señor Presidente, que atendiendo a estas consideraciones, continuáramos con la sesión y si usted así lo desea, que pudiéramos convocar a los diputados que se encuentran fuera, para que estuvieran aquí presentes.
Muchas gracias.
El Presidente:- Diputado Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar. (desde su curul):- Solamente una observación, señor Presidente, que en caso de que decrete el receso y considerando que el diputado Alejandro Encinas apenas lleva 120 segundos interviniendo, antes de que abruptamente nosotros interrumpiéramos su exposición, pues que se aplicara el receso, si ese fuera el caso y él continuara después de ese receso. Si ese fuera el caso.
El Diputado Juan Moisés Calleja García (desde su curul):- Señor Presidente, nosotros quisiéramos aclarar que no es posible conceder el receso en razón de que las actividades de Cámara son de sesión y son de comisiones y además se está trabajando en comisiones. Consecuentemente no es procedente la petición que se hace.
El Presidente:- Esta Presidencia quisiera en primer lugar, atendiendo los planteamientos de los diputados que cuestionan el funcionamiento con la falta de quórum, hacer un llamado a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para que revisen la mecánica del funcionamiento de la Cámara y no nos coloquen en la situación de tener que trabajar con falta de quórum, contra lo que establece el reglamento, buscando medidas.
Y en segundo lugar, quisiéramos insistir en que a estas alturas con la llamada extraordinaria que se ha hecho, se ha conformado aceleradamente un mínimo de quórum y podría proceder continuar la sesión. Si insistiríamos en la necesidad de que los coordinadores traten el problema para resolverlo de la manera más favorable posible para la efectividad de los trabajos de esta Cámara de Diputados, tan importantes y trascendentes, para el país.
Hecha esta aclaración, proceda el orador a continuar y esperamos los coordinadores nos hagan conocer sus determinaciones.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:- Yo quisiera solicitar que este mínimo de quórum, que a veces es más mínimo que quórum, por los menos nos pudiéramos escuchar en las intervenciones de los que hagamos uso de la tribuna y al mismo tiempo, a los invitados, pues nos ayuden a guardar el orden. Creo que aunque seamos pocos, puede tener algún resultado satisfactorio o algún sentido inclusive de nuestras intervenciones aquí en la tribuna.
Yo quisiera hacer algunos comentarios al Presupuesto de Egresos de la Federación. Yo creo que nos encontramos ante un Presupuesto de Egresos sui generis, que si bien ya a lo largo de nuestra historia está registrado en algunas ocasiones la presentación de presupuestos superavitarios, nunca este superávit había presentado tal magnitud, estamos hablando de 18 billones de pesos que representan el 0.18% del producto interno bruto y que con la venta de algunas entidades paraestatales podría llegar a 40 billones de pesos más del 1.6% del producto interno bruto, que no son cifras nada despreciables y que representan con mucho, más allá de muchos de los presupuestos de los gobiernos de los estados y que desgraciadamente no tienen un fin claramente delimitado en este Presupuesto de Egresos.
Y es sui generis también, no solamente por la dimensión que representa el superávit, sino por el hecho particular de que en un marco de grave rezago económico y social en el país, no solamente el deterioro de las condiciones de vida de los mexicanos no se ha frenado sino que continúa avanzando, es realmente procedente que un superávit de esa magnitud no se oriente en lo fundamental a combatir estos rezagos acumulados.
Nosotros creemos que el Presupuesto de Egresos parte de una premisa equivocada en la idea de mostrar unas finanzas públicas vigorosas y un sistema económico eficaz que crece con estabilidad y por ello se presenta un gasto neto total por debajo incluso de las necesidades y de los ingresos del sector público.
Es decir, nosotros creemos que este presupuesto es un falso lujo que nos damos, en donde nuestros ingresos son superiores a las demandas que debía atender el propio presupuesto. Pero creo que lamentablemente aunque los ingresos puedan ser superiores a las necesidades que se plantean en el Presupuesto de Egresos, éste pretende buscar, más que la recuperación de los rezagos sociales y económicos, un falso equilibrio macroeconómico que nos permita entrar en condiciones más aceptables en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y creo que lejos de ayudar a presentar una estructura económica sólida, Presenta más que nada una estructura débil, ya que el gobierno tiene que retirar el dinero de la sociedad para que ésta pueda reducir la inflación hasta alcanzar la aspirada meta de un dígito.
El Presidente: -Permítame señor diputado. Queremos hacer un llamado a los diputados, particularmente a las personas que están en los pasillos, mantengan silencio, tomen los asientos que les corresponda, para permitir el desarrollo de esta sesión, que esperamos tome un curso normal y rápido, como todos lo deseamos. ¡Adelante, diputado!
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:- La última. En consecuencia el superávit no representa fortaleza sino debilidad en la estructura productiva y de la economía nacional entre sus principales socios comerciales.
Se avanza en el cambio de la composición del gasto total en favor del gasto primario y disminuye el peso relativo del gasto en intereses. Se avanza también en la participación del gasto programable sobre el gasto total y se avanza en el cambio de la estructura sectorial del gasto programable en favor del gasto social, pero a costa de disminuir, no en solo términos relativos sino también en términos reales, el gasto orientado a la producción y al abasto, como si éstos no fueran a contribuir de manera decisiva en el bienestar social.
En la concepción de la actual administración gubernamental, se separa de la política del Estado, lo económico de lo social. La idea es que lo económico sólo sea competencia de lo privado mientras que al Estado le compete sólo mitigar los daños sociales que en modelos de desarrollo en marcha provocan.
El gasto social que se programa en este presupuesto, contiene algunas limitantes y características negativas que ya se expresaban en años anteriores. No plantea una solución al gran deterioro de los salarios de los auténticos servidores públicos. lo que ha afectado a la mala calidad de los servicios sociales si es que se prestan y se mantiene también el manejo político discrecional que ejerce el Ejecutivo de una cantidad creciente de los recursos públicos.
El presupuesto para 1992 no cumple con tres objetivos esenciales del gasto público. En primer lugar, no contribuye a elevar el nivel de actividad económica ya que un elevado superávit no significa que el gasto público es inferior al ingreso programado.
En segundo lugar, tampoco contribuye a superar las fallas de la estructura productiva nacional, ya que disminuye la participación estatal en sectores productivos y en tercer lugar tampoco contribuye a mejorar la distribución del ingreso, ya que se mantiene la línea de la contención salarial.
Aparentemente el presupuesto de 1992, estamos ante un gasto expansivo, si lo comparamos con el nivel ínfimo al que llegó al final de la década pasada el presupuesto. Peso si utilizamos otros criterios para evaluar el nivel del gasto, como serían por una parte las necesidades sociales acumuladas, incluyendo la deuda social y por otra parte los recursos financieros de que realmente dispone la administración pública y si valoramos el presupuesto con estos criterios, resulta que tanto el gasto social en ascenso, como el gasto productivo en descenso, son demasiado bajos para los rezagos económicos y sociales acumulados.
Frente al empobrecimiento general y extremo que ha ocurrido en el país en los últimos 10 años, el deterioro de instituciones públicas y sectores de importancia vital y el deterioro del sistema educativo nacional y la crisis del campo, consideramos que el gasto que se programa es insuficiente y además, en términos reales, es inferior al de 1981, pero peor aún es que ante los recursos financieros de que dispone el sector público, el gasto presupuestado se puede considerar muy bajo, si tomamos en cuenta dos elementos: Uno, el peso que aún tiene el pago de intereses que representa todavía el 24% del gasto programable y dos, el resultado programado de un superávit financiero para 1992, de más de 18 billones de pesos, lo cual demuestra que no sólo las necesidades están por encima del gasto, sino también los recursos disponibles están por debajo.
A pesar de la retórica en torno a las nuevas tendencias de la economía mexicana, estamos ante algo que ya resulta viejo: Un programa de estabilización que mantiene sus líneas fundamentales desde 1983, la línea de austeridad se mantiene vigente y tendrá su más elevada expresión en 1992.
En el colmo de la política de austeridad, por primera vez en la historia tendremos un superávit en las finanzas públicas. La austeridad en sí, no es mala, lo negativo es que a la mayoría de la nación se le impone una reducción de sus ingresos reales y de su gasto, en tanto que aumentan las ganancias y el gasto suntuario de unos cuantos.
El objetivo expreso de esa política, ha sido hasta ahora la estabilidad económica, en particular la estabilidad de precios, objetivo plausible, pero esa política de austeridad no es el único camino para llegar al objetivo de la estabilización. En algunas circunstancias y periodos, no es ni siquiera el más viable y por la forma en que lo ha instrumentado el actual equipo de política económica, que es el mismo desde hace nueve años, el camino de la austeridad ha sido no sólo injusto sino también ineficaz.
Al mismo tiempo, lo logrado en los últimos cuatro años en materia de abatimiento de la inflación, no se debe a esa política de austeridad; el control administrativo de precios, a través del programa de estabilidad y crecimiento económico y la elasticidad de la oferta y de bienes y servicios de todo tipo, a través de la liberación comercial, han sido factores más eficientes para alcanzar las metas antiinflacionarias.
La austeridad ha seguido profundizando las fallas estructurales de la economía, que impiden que la inflación sea una cuestión resuelta.
El fracaso de esta política de austeridad, se evidenció de manera clara cuando se usó como único instrumento antiinflacionario en el período 1983-1987. Cada año la inflación crecía en proporción casi geométrica, a pesar de que el déficit de las finanzas públicas disminuía también año con año, junto con los salarios reales, hasta que mediante el Pacto de Solidaridad Económica primero y después mediante el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, se estableció un sistema de administración de los precios, se empezó a reducir el ritmo de la inflación.
Al mismo tiempo, para evitar problemas de oferta de mercancías, se aceleró la política de apertura unilateral del comercio exterior. La política de austeridad que ahora reaparece bajo la forma de superávit en las finanzas públicas, no ha sido eficaz para alcanzar el objetivo de estabilización de precios, en cambio ha servido para una mayor concentración social del ingreso. Las ganancias aumentan su participación en el producto interno bruto del 54.3% en 1982 a más 70% en 1991. El proceso de concentración del ingreso ha continuado en los tres años de la actual administración, al tiempo que esa política ha servido para deteriorar a sectores claves de la
producción, el comercio y los servicios, como los que representan al sector agropecuario, algunas industrias básicas y el sector educativo, sectores en los cuales el estado ha mantenido una presencia decisiva.
Hay otros caminos que se deben seguir explorando para impulsar el crecimiento de la economía. Uno, indispensable para reactivar el mercado interno, es una política que mejore la distribución social del ingreso; otro, indispensable también para impulsar la reactivación y al mismo tiempo poner las bases firmes al desarrollo, es utilizar el gasto público como instrumento del crecimiento y de la conformación de una estructura económica más integrada y vigorosa.
En la exposición de motivos del proyecto de presupuesto de egresos para 1992, el Ejecutivo expuso con toda claridad la continuidad de la política de austeridad como línea estratégica para abatir la inflación. El Ejecutivo señala y leo textualmente: "El propósito de programar para 1992, el superávit operacional más elevado de la historia, consiste en asegurar que en el año se alcance el propósito de reducir la inflación a un dígito". Lo afirma textualmente el documento oficial de Criterios de Política Económica de 1992
. Más adelante explica: "Es claro que el superávit programado de las finanzas públicas es un eje central de la estrategia antiinflacionaria". Lo anterior significa que según la visión oficial, para que en México pueda continuar a la baja la inflación, es indispensable que siga el sacrificio fiscal y social, consiste en que el gobierno recoge más dinero que el que regresa en bienes, servicios, sueldos y salarios a la sociedad. En esto consiste la hazaña histórica del superávit, una hazaña que el doctor Aspe considera transitoria, necesaria, pero que solamente en breve tiempo se logrará otra hazaña similar al ubicar la inflación en un solo dígito.
En los primeros seis años de esta política de austeridad, la justificación del gobierno era el pago de un servicio de la deuda pública que se juzgaba excesivo, pero ahora que oficialmente se considera que ya se superó el carácter excesivo del servicio de la deuda, el sacrificio fiscal y salarial continúa y se sigue considerando necesario.
Se ha dicho que el superávit es un instrumento para enfriar la economía. Quiere decir que después de una década de crecimiento cero, crecer por encima del 4.5% anual será excesivo, ¿Se desencadenará de nuevo la hiperinflación?
Entonces los cambios estructurales que se han realizado no han servido para darle solidez a nuestro sistema económico. El gobierno así lo reconoce al proponer nuevamente el superávit fiscal como instrumento indispensable para bajar el índice inflacionario o incluso, para evitar un repunte de los precios.
¿De qué otra manera se justificaría el hecho de reducir el gasto público, más allá de los ingresos ante la deuda social acumulada? Precisamente aquí radica el fracaso de la política de estabilidad y cambio estructural del grupo gobernante. La actual estructura económica del país, no es capaz de responder positivamente a las necesidades sociales de la población, ni siquiera se puede acelerar el crecimiento al estilo del que se presenta actualmente, que se concentra en unas cuantas ramas y lugares, como edificios también para unas cuantas empresas, porque la inflación repuntaría de nuevo; mucho menos pensar en que se promueve un estilo de crecimiento con mejor distribución sectorial y parcial de la producción y con mejor distribución social del ingreso, porque la política antiinflacionaria del gobierno tiene una gran falla: No resuelve las presiones inflacionarias que surgen de las deficiencias del aparato productivo, y por el contrario, estas deficiencias se han agrandado como resultado de la política económica que se práctica, de manera tal que aún hoy el superávit de las finanzas públicas sigue siendo un instrumento necesario para controlar la inflación.
El superávit no es nuevo y antes existía como superávit primario, la diferencia ahora es que el excedente existirá después del pago de intereses, pero el efecto de contradicción monetaria es parecido: En ambos casos se retira dinero de la circulación nacional, ya sea para entregarlo al sistema de las finanzas mundiales o mantenerlo como reserva.
Es por ello que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha planteado, no contar con ese superávit financiero y programarlo en algunos rubros, precisamente en seis rubros, referentes a agricultura y recursos hidráulicos, salud, educación, ecología, la participación a municipios y recursos a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares para la adquisición de trigo y arroz, para que los 18 billones, considerados dentro del superávit, sean canalizados directamente al desarrollo y al gasto social, al tiempo que es la propuesta que hacemos de modificación al artículo 13 los 22 billones de pesos que se considera ingresarán a las arcas federales por la venta de paraestatales, se elimine la autoridad del Ejecutivo para que estos ingresos
se destinen a la amortización de la deuda, y se quede como estaba planteado originalmente en el documento para destinarse a financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas y prioritarias o para la constitución de nuevas entidades paraestatales que se justifiquen de acuerdo a los requerimientos del país.
Estas propuestas, así como un modelo de programa antiinflacionario alternativo que el partido presentará en voz de nuestra compañera Liliana Flores, la someteremos a su consideración en lo particular, esperando que haya el quórum y la atención suficiente para que la mesura se imponga en la discusión del presupuesto. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Alfredo Lujambio del Partido Acción Nacional, en contra.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:- Muchas gracias, señor Presidente; estimados compañeros diputados:
Se percibe que el día de hoy que nos corresponde hablar de presupuesto, parece que hay un poco de desinterés, que la ausencia de muchos compañeros nos hace creer que no se le está prestando la atención suficiente a este tema que es tan decisivo en la vida de nuestro país, como es el presupuesto de la federación. En cierta forma es explicable porque desde luego un presupuesto tiene mucho que ver con números, con cuadros estadísticos, con cifras que de por si suelen ser áridas, pero sin embargo, el presupuesto es un elemento decisivo, el presupuesto público federal, en el panorama y en el futuro y en las expectativas de bienestar que tendrán los mexicanos, que tendremos los mexicanos en 1992.
El Presupuesto de Egresos de la Federación, fue recibido por nuestra fracción, junto con el documento de Criterios Generales de Política Económica, que suscribe el señor Presidente de la República. Este documento de Criterios Generales de Política Económica en alguna medida viene a ser un marco de referencia general que el Ejecutivo apuntó de manera muy estracta con cifras importantes de carácter macroeconómico, en el que se justifica el Ejecutivo o trata de justificar un entorno adecuado para la presentación del presupuesto y de las leyes de ingresos que son correlativas y que guardan y tienen mucho que ver entre sí.
Al examinar este documento de Criterios Generales de Política Económica, quisimos encontrar alguna parte, algún elemento que mostrara cierto grado de sensibilidad hacia la situación de graves carencias que padece actualmente nuestro pueblo, de encontrar algún perfil que nos hiciera percibir que hay un sentimiento de comprensión de parte del Ejecutivo a esta situación de agobio, de penuria, que está viviendo el pueblo de México desde hace muchos años. Desafortunadamente no me fue posible encontrar esta referencia, este tipo de sensibilidad a las circunstancias que le tocan vivir a los mexicanos, a una gran parte de los mexicanos en este momento.
No se reconoce en los Criterios Generales, datos tan importantes como por ejemplo la pérdida del poder adquisitivo del salario, que ya ha sido mencionada el día de hoy por varios compañeros diputados que han venido a la tribuna.
Pérdida del poder adquisitivo del salario que hay quien dice que asciende al 60%, 62%, de 1980 a la fecha; otros datos, otras versiones nos hablan de un 52%, 53%. Pero cualquiera que sea la cifra exacta, indudablemente que es un elemento que debería de inquietarnos a todos los mexicanos y de ponernos realmente a reflexionar en dónde estamos, de dónde venimos, a dónde queremos llegar en materia económica, en materia de perspectiva de bienestar para los mexicanos.
No reconoce el documento de Criterios Generales de Política Económica tampoco, el grave problema del desempleo y subempleo que estamos padeciendo y que actualmente el ingreso per capita en este país es de 1 mil 800 dólares anuales. Son datos que deberían de ser considerados por el Ejecutivo; 1 mil 800 dólares anuales es una cifra que en sí misma oculta enormes disparidades y contrastes. Es una cifra que viene siendo tan sólo la décima parte del ingreso per capita de aquellos países con los cuales mantenemos relaciones económicas importantes y que queremos ampliarlas y profundizarlas a través del Tratado de Libre Comercio.
No reconoce el documento de Criterios Generales de Política Económica, que la referencia en que se encuentra el presupuesto, tampoco que el ingreso por persona, porque hace unos minutos algún compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional nos hablaba, al hablar del Sistema de Coordinación Fiscal que busca equilibrar los ingresos de los mexicanos y de los distintos estados y entidades de la República. Sin embargo es un hecho también reconocido, que en el Distrito Federal, por ejemplo, el ingreso per capita es cinco veces mayor que el de Oaxaca.
¿Dónde está esa redistribución de que se nos habla que permite el Sistema de Coordinación Fiscal? ¿En dónde está? pregunto yo.
No nos dicen que poco más de la mitad de la población en edad de trabajar se encuentra desempleada o subempleada, que tan sólo para no agravar los niveles de desempleo y subempleo, hay necesidad de crear un millón de nuevos empleos cada año, como lo apuntaba también hace un momento el diputado Calderón.
Datos también que son motivo, deben de ser motivo de reflexión para nosotros que estamos discutiendo el presupuesto de 1992.
El 20% de los mexicanos que tienen mayor ingreso, devengan 21 veces más 21 veces más que el 20% de los mexicanos que ganan menos. ¿En dónde está la redistribución de la riqueza? ¿En dónde está la justicia social de que se nos habla en el discurso oficial?
En 1981, el 45% de la población vivía en la pobreza, del cual de dicho porcentaje el 19.2% se consideraba dentro del margen de la pobreza extrema. Estas cifras para 1987 empeoraron. La pobreza, según estudios económicos de confianza, creció al 51% y la pobreza extrema, al 21.3%.
Es decir, más de la mitad de las familias mexicanas viven, actualmente, sin poder satisfacer sus más elementales necesidades materiales, culturales, sociales.
Las familias más pobres de este país reciben sólo el 1.3% del ingreso generado, mientras que en 1958 recibían 2.4%, estas cifras pues sí pueden ser en determinado momento un poco áridas, pero los números también tienen elocuencia y vemos cómo el actual sistema que hemos tenido del gobierno centralista autoritario, no ha producido ningún avance en el nivel de bienestar del pueblo de México, estamos yendo hacia atrás.
Sólo el 47% de la población rural tiene acceso al agua potable y tan sólo el 45% a servicios de salud, el 80% de la población en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas e Hidalgo, el 80% señores diputados, viven en condiciones de marginalidad extrema.
Si se tuviera un crecimiento sostenido per capita anual del 3%, de no implementarse una política redistributiva para el 10% de los mexicanos más pobres, necesitaría 64 años para poder llegar a un punto de satisfacción de sus necesidades mínimas, es decir, ese 10% más desprotegido podría, si sobrevive, en el año 2055 alcanzar un nivel de vida mínimamente decoroso.
Por eso es que creemos en Acción Nacional, señores diputados, que todo este proceso de fijación de metas económicas, de criterios económicos, de elaboración de leyes de ingresos, presupuestos de egresos, merecen una participación más activa de otras instancias que solamente las del Ejecutivo.
Nosotros consideramos en Acción Nacional, que el documento denominado Criterios Generales de Política Económica, ameritaría y hacemos desde aquí un llamado atento al señor Presidente de la República, para que el Ejecutivo abra su disposición a que dialoguemos con esta Cámara de Diputados, a que se establezca un diálogo adecuado, en tiempo oportuno, para establecer conjuntamente estos criterios generales de política económica y darle bases de sustentación más democráticas a las decisiones que año con año van a afectar muy directamente a todas las familias, a todos los mexicanos que vivimos en la actualidad.
Así es de que queremos una concurrencia, una concurrencia del Poder Legislativo, junto con el Poder Ejecutivo, para compartir esta responsabilidad de delinear, de definir estos criterios de política económica y quisiéramos también una concurrencia con oportunidad para empezar a establecer la asignación de recursos, las prioridades por programa, las prioridades por zonas geográficas y por estados, que se establecen el presupuesto federal de cada año; es decir, es lo que queremos poner en el tapete de la discusión, esta reflexión ante ustedes, señores diputados, de que tenga la Cámara de Diputados una participación activa, junto con el Ejecutivo en esta importantísima tarea de estructurar las políticas económicas de este país.
Es cierto, reconocemos que el Ejecutivo de acuerdo a la Constitución, está facultado para elaborar su presupuesto y someterlo a esta cámara, pero no olvidemos que la Cuenta Pública, que es el documento final en que desemboca el presupuesto, sí tiene la Cámara facultades para revisarla y para fiscalizar el ejercicio del gasto, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Por elemental congruencia, creemos que así como la Cámara de Diputados, la Constitución le da estas facultades de revisión y de fiscalización en el gasto público, debería también de tener facultades para intervenir en el documento previo que es el presupuesto anual. De otra manera, hay una situación de vacío, de inconsistencia porque la Cámara se ve obligada a llegar a aprobar o a discutir la Cuenta Pública, pero no tiene
prácticamente ningún acceso en la elaboración del presupuesto.
Es cierto que el presupuesto llega a las comisiones, a la Comisión de Programación y Presupuesto, a la que también quiero expresar un reconocimiento porque recibimos de la Presidencia y de otros compañeros una consideración a algunas de nuestras propuestas y, de alguna manera, percibimos que algo se logró en el trabajo, en el seno de la comisión, así es de que expresa Acción Nacional este reconocimiento a la comisión.
Sin embargo, es bien poco lo que se puede hacer. Ya en el seno de la Comisión de Programación y Presupuesto para entrar a la estructura misma del presupuesto, a discutirla, analizarla, a considerarla en un diálogo y en una comparación y cotejo de posturas y de posiciones y de criterios. De manera que, por eso, apuntamos y dejamos constancia de que consideraríamos muy sano para la vida económica de nuestra patria que el Ejecutivo abriera estas puertas a la consideración de estos dos documentos esenciales, para el devenir económico y social de los mexicanos.
Nosotros también hemos cuestionado y lo volvemos a hacer en esta ocasión, el documento que se llama Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes, señores diputados, están perfectamente enterados que la política económica del sexenio se estructura y se integra dentro de ese programa o dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo, que forma parte de algo que se llama El Sistema Nacional de Planeación.
Creo que este concepto del Sistema Nacional de Planeación ameritaría también una consideración, ya que estamos en tiempos de cambios y de transformación en nuestra patria y se dice de modernización. Ameritaría que hiciéramos la reflexión de que el Sistema Nacional de Planeación o el Plan Nacional de Desarrollo o en alguna medida, creo que muy grande, equivale a estos esquemas de planeación central de la economía que estuvieron vigentes hasta hace pocos meses en algunos países que hoy se encuentran inmersos en plan crisis, en problemas económicos gravísimos, inclusive en un franco desmembramiento, como ocurre con lo que se llamaba anteriormente la Unión Soviética.
Estos esquemas de planificación central de la economía que de hecho a esto equivale el Plan Nacional de Desarrollo, una perspectiva centralista, una perspectiva totalizadora del gobierno central, del gobierno federal, que pretende conceptualizar la verdad económica, la verdad social desde el centro de la República. Esa perspectiva de centralización, en la que se pretende desde la capital, desde los gabinetes y los despachos de altos, importantísimos y muy competentes, en ocasiones, funcionarios públicos, se pretende establecer absolutamente todo el panorama del desarrollo económico de este país, sin dar oportunidad a que participemos activamente los ciudadanos de todas las regiones del país, los estados, a que participe, por ejemplo, esta Cámara de Diputados, en este diseño tan importante de la vida económica y política de México.
Así es, de que quedan cuestionados estos criterios, estas perspectivas, este autoritarismo centralista y centralizador, que ha demostrado que no resuelve los problemas de este país, compañeros diputados. Esta perspectiva en la que se suprime, se inhibe, se sofocan los esfuerzos y la capacidad, la capacidad de los mexicanos en otra áreas, en otras actividades de la vida del país, para participar activamente, es la que estamos cuestionando.
No más centralismo. No más centralización. Queremos la no centralización del poder y de la riqueza.
En Acción Nacional aspiramos a tener, ya pronto, una patria en la que el poder esté debidamente distribuido y en la que la riqueza se distribuya también con un sentido democrático y humanista.
Así es, de que ahí quedan estas inquietudes. Y quiero yo ya no abundar mucho más, sino entrar a dar unos cuantos datos; porque quiero tener alguna consideración a ustedes, en relación pues a la fatiga y a todo este período tan intenso de trabajo y de desveladas que traemos ya acumulados todos. Decía dar algunas cifras ya referentes al presupuesto, que respaldan la postura de Acción Nacional de votar en contra de esta iniciativa, de este dictamen, que queda perfectamente encuadrado en ese esquema de centralización, de autoritarismo total, con el cual nosotros no estamos de acuerdo. Queremos los mexicanos participar activamente en las decisiones y por eso, porque este presupuesto no permite, no nos ha permitido la participación activa para definir las prioridades y la aplicación del gasto de 1992, lo vamos a votar en contra. Pero también hay datos más específicos que paso a mencionar y que me veo en la necesidad simplemente de repetir algunos datos de los que ya se expresaron, me tocó expresarle en la comparecencia del señor secretario Zedillo Ponce, son 5 ó 6 nada más.
En el Presupuesto de Egresos de 1992 las entidades paraestatales absorben más recursos que el propio sector del gobierno federal. Es decir, absorbe 90 billones contra 82 billones. Quito ya los ciento de miles de millones de pesos, por brevedad. Es decir, el gobierno todavía sigue siendo más un estado empresario, aun cuando se reconoce que hay un esfuerzo de ir desincorporando parte de este aparato tan pesado de empresas paraestatales. Sigue todavía en la actualidad pesando más los recursos que manejan las paraestatales, que los recursos que manejan el propio gobierno.
Estamos en contra, aunque reconocemos algún avance en la deuda interna, los intereses y costos de la deuda interna, se reconoce que se están reduciendo en relación a ejercicios anteriores, en términos reales y en términos relativos, comparados con los otros años. Es cierto, hay un avance en este sentido. Sin embargo sigue siendo el peso de 41.16 billones, aproximadamente 16% o un 17% del total de presupuesto, tendremos que pagar los mexicanos de intereses. Fondos y recursos que serían tan importantes, para la inversión pública y para empezar realmente a liberar un estado de desarrollo genuino y consistente para este país.
De los 41.16% billones que se van a pagar de intereses, el gobierno federal pagará 34.9, 35 perdón, 35 billones, no el 34.9 pues no es porcentual, con 35 billones y las paraestatales 6 billones.
No se cumple en la deuda, seguimos insistiendo en nuestra tesis de que no se está dando cumplimiento a la fracción VIII, del artículo 73 constitucional y por lo tanto a esta cámara no se le está dando la posibilidad de autorizar los empréstitos que hace el Ejecutivo.
Las transferencias siguen pesando de una manera abrumadora, las paraestatales, aquí hay un punto en el cual hay un retroceso muy claro, señores diputados, porque en el análisis que hacíamos de la Cuenta Pública de 1990, encontrábamos que en 1990, las paraestatales absorvieron aproximadamente 29 billones de pesos, en números redondos, de los cuales 9 billones y fracción fueron a empresas en presupuesto y 20 billones a empresas que no están en control directo presupuestal.
Ahora, para el presupuesto de 1992, se nos presenta un panorama que verdaderamente es muy preocupante, puesto que se mantienen las mismas transferencias a las empresas en presupuesto, pero se triplica, en relación a la cifra de las empresas paraestatales en presupuesto, lo que se les entrega a las que están fuera de control presupuestal directo. Estamos hablando de que ahora la proporción es prácticamente 30 billones para empresas que no están en presupuesto contra nueve, cuando hace dos años era 20 contra nueve; en este sentido, hay un retroceso que tendría que ser justificado y que hasta este momento, no hemos encontrado una explicación sobre el particular.
Las participaciones a estados y municipios, señores diputados, saben que es un tema que en Acción Nacional nos está, desde hace muchos años, nos inquieta y que sentimos que no haya justicia y que no se respete el principio de federalismo fiscal a que hacía alusión un compañero del Partido Revolucionario Institucional, hace unos minutos, en que daba él su versión de lo que considera el partido oficial el principio del federalismo fiscal.
Nos decía el compañero diputado, que el federalismo fiscal para ellos es la redistribución de la riqueza entre los estados y que, por otro lado, el gobierno federal dedica en servicios médicos, en programas de educación y Programa Nacional de Solidaridad hace gasto en los estados y municipios, que de alguna manera están compensando los recursos que la federación recoge de los estados vía impuestos federales.
Nosotros creemos que no es ese el criterio de lo que debe ser considerado sanamente un federalismo fiscal, ahí no hay ninguna duda, tenemos algún material y documentos editados por la propia Secretaría de Hacienda de este país, por el Instituto de Desarrollo Técnico de las Haciendas, el Indetec, el cual nos da una descripción que creemos técnica y precisa de lo que es el federalismo fiscal, no es más que el ejercicio del principio de subsidiaridad, mediante el cual la entidad mayor de ninguna manera puede invadir o puede interferir con aquello que le corresponde realizar a la entidad de nivel inferior. Lo que tenemos aquí, en lugar de federalismo fiscal, es una pavorosa intromisión de la federación en muchas de las áreas de competencia de los gobiernos de los estados y de los municipios; tenemos una intromisión a través de programas, como el Programa Nacional de Solidaridad, que están de hecho suplantando en gran medida la acción de los municipios, que son los que constitucionalmente tienen la responsabilidad de respetar los servicios públicos y las obras públicas.
El Programa Nacional de solidaridad por lo tanto, creemos que en alguna manera debilita la
estructura constitucional que está establecida de los municipios, porque no son facultades de los municipios y de las autoridades elegidas el ejercicio del Programa Nacional de Solidaridad, se está creando una superestructura que de alguna manera violenta y quebranta este principio de constitucionalidad y de competencia de los ayuntamientos.
Así es de que estos elementos que he aportado señores diputados, ya terminando, nos permiten llegar a unas cuantas conclusiones, el gobierno sigue dedicando más recursos a ser propietario y empresario que administrador y coordinador del esfuerzo económico de la sociedad, las paraestatales, aun cuando se ha ido reduciendo este renglón, siguen representando un fardo, un lastre muy pesado sobre las espaldas del pueblo de México, el costo de la deuda pública si bien se ha reducido en términos reales y relativos, inhibe una mayor inversión en obras y en infraestructura y por lo tanto reduce las posibilidades de desarrollo y de creación de fuentes de trabajo, el gasto corriente sigue representando una cifra muy importante dentro del gasto total comparando el gasto corriente contra el gastos de inversión, es infinitamente más grande el gasto corriente que el gasto de inversión y aquí, habría que comparar con otros países ese estándard y cuál es el aparato burocrático con que se mueve la administración pública en otros países para comparar la eficacia del aparato burocrático mexicano y puedo decirles que andamos bastante mal.
Proponemos por lo tanto, señores diputados, que actualicemos el sistema de coordinación fiscal con un criterio verdaderamente democrático que permita darle sus propias fuentes de ingresos a los estados y municipios y reducir esta dependencia que actualmente existe de las entidades en relación al gobierno central.
Creemos que el centralismo por lo tanto deberá de ceder terreno a la participación de las decisiones de los mexicanos y es en donde he centrado esta intervención.
Queremos mayor participación en la Cámara de Diputados dentro de las grandes decisiones que afectan a la vida de este país; queremos compartir la responsabilidad con el Ejecutivo en estas medidas que son decisivas para el bienestar de los mexicanos.
Por todo lo anterior votaremos en contra del presupuesto que está siendo sometido en éstos momentos a su consideración. Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra para hablar en favor, el diputado Rodolfo Becerril, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon:- Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, constituye referencia obligada para definir las metas anuales del estado, la anualidad empero no elimina sino subrayan los propósitos de política económica en un horizonte de tiempo más amplio, los gastos reflejan las prioridades del gobierno en funciones, su importancia, la importancia del presupuesto no está sólo dada por el monto del presupuesto sino por su significación respecto al Producto Interno Bruto que es lo que toma la sociedad general en un momento dado. Este es el cuarto Presupuesto de Egresos que se presenta al Congreso y por tanto permite hacer, mejor que otros, algunos análisis de perspectiva; pareciese a veces olvidarse cuál era la situación por la que atravesaba la economía hace escasos 36 meses, teníamos una inflación cercana a 200%, la deuda era un agobio que provocaba que hubiese una traslación neta de recursos al exterior y no una entrada neta de recursos, como ya empieza a suceder hoy.
De hecho México ha estado endeudado desde 1812, cuando contrata la deuda de Londres. En todos los años de nuestra historia económica, sólo en la década pasada había habido una transferencia neta de recursos al exterior. Antes y de 1988 para acá, hay entrada neta de recursos.
En otras palabra, la transformación del monto de la deuda por la renegociación, hay que admitirlo, constituye una de las más extraordinarias lecciones de lo posible. El abatimiento de la inflación, por otra parte, en un logro que aunque obviamente ha tenido costo de distinta naturaleza, entre otros el importantísimo deterioro del poder adquisitivo de los grupos mayoritarios, constituye también un ejemplo de lo que somos capaces la sociedad de hacer como colectividad. La necesidad, ley suprema de la política, impone hacer algo todos los días y no todo en un día.
Hay problemas, no los negamos, los propios documentos sobre la pobreza extrema a los que aquí se hacía referencia, son documentos de carácter oficial. Nadie soslaya el hecho de que en nuestro país existan fuertes desigualdades y una gran concentración del ingreso. Diría yo aún más: No fueron suficientes cuatro décadas de crecimiento sostenido para paliar el orden colonial de nuestras desigualdades; al contrario,
bastaron 10 años de estancamiento para recrudecerlas a extremos intolerables. había que enfrentar con cautela, con imaginación y con un diseño de política económica congruente, este estancamiento con inflación que estaba recrudeciendo, repito, las grandes desigualdades nacionales.
Hoy, hay que reconocerlo, hay varios indicadores que hablan de que la política económica como un todo, no solamente el Presupuesto de Egresos, ha dado resultados satisfactorios, que no son para que nos permitan cantar victoria, pero sí para llenarnos de estímulo y entusiasmo.
Tenemos una economía que crece, unas finanzas públicas saneadas, una modificación en la estructura de nuestro comercio exterior, hace tres años el 70% de las exportaciones descansaban en el petróleo, hoy ese mismo porcentaje está dado por las exportaciones de manufacturas; tenemos una deuda menor en términos de deuda contra presupuesto, deuda contra producto interno bruto y tenemos una inflación manejable.
Aquí se ha dicho que la política económica no ha funcionado, porque no se ha logrado erradicar la inflación. Yo quiero señalarles que en todas las economías del mundo, el crecimiento siempre va acompañado de inflación; lo que sucede es que cuando la inflación es mayor que el ritmo de crecimiento, entonces este crecimiento no puede ser, cuando lo llevamos a precios constantes, tan útil para el impulso de la actividad económica toda. Sin embargo, lo que importa no es erradicar a cero la inflación, no conozco ningún país que tenga tasa de inflación cero y a la vez tenga crecimiento económico; lo que importa es reducir la inflación a niveles manejables, que permitan la planificación económica, que permitan la programación, que alienten la inversión y que todo ello permita que se generen empleos de distinta naturaleza y envergadura.
Nosotros pensamos que lejos de tener conciencia culpable reconociendo errores, queremos afirmarnos en aciertos y realizaciones que son lo más y que nos dan aliento, fortaleza y unidad nacional. Es en ese contexto, en el que yo quisiera analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación y hacer algunos comentarios respecto a lo que otros compañeros, diputados, de otros partidos, han hecho en esta tribuna.
No quisiera avanzar sin corresponder, a nombre de la comisión, el reconocimiento que distintos compañeros diputados han hecho al trabajo de la comisión, yo quisiera reconocer por nuestra parte, la participación entusiasta de todos los que asistieron a las diversas reuniones de nuestra comisión, porque pensamos que el problema económico, como todos los problemas, requieren de una reflexión colectiva aunque no siempre compartamos los mismos puntos de vista.
El presupuesto de 1992, por su diseño, su estructura, sus montos y sobre todo por su orientación, nos permite avanzar en propósito fundamental de la política económica en curso, crecer con estabilidad, esa labranza perpetua que debería ser permanente.
El presupuesto es superavitario. Este hecho que aquí se ha comentado mucho obliga a un comentario especial. Las finanzas tradicionales tenían como axioma el equilibrio presupuestal desde el siglo pasado. Ese concepto de equilibrio presupuestal fue rebasado en la teoría y en la práctica, la propia economía que privó en los años cuarentas, sustituyó ese concepto tradicional de equilibrio entre gastos e ingresos globales de un país, por el concepto más dinámico de equilibrio entre ahorro e inversión.
Aún más en los años recientes, ese equilibrio estático entre ahorro e inversión, ha sido sustituido por un equilibrio dinámico, según el cual los presupuestos de un país pueden tener modificaciones hacia arriba o hacia abajo, pueden ser deficitarios o superavitarios, siempre y cuando no rebasen ciertos márgenes por un lado y por otro, responda al presupuesto al propósito esencial de la política económica que en nuestro caso es, estabilidad y crecimiento.
Anteriormente en las teorías clásicas de la estabilización se reducían las cargas fiscales, pero entonces aumentaba el déficit presupuestal y el objeto justamente de una política ortodoxa de estabilización era reducir el déficit fiscal. Se esperaba pues con déficit para compensar la disminución de la inversión privada, aparecían entonces presiones inflacionarias y desequilibrio externo, que son los dos obstáculos más importantes al desarrollo, no era fácil franquearlos.
El gasto, en general, pero sobre todo, el deficitario del sector público, no puede ser, por otra parte, ilimitado, tiene dos fronteras fundamentales: En primer lugar, la imposibilidad, por la estructura de la economía en países como el nuestro de aumentar de inmediato la oferta de bienes de consumo popular o lo que se denomina oferta de bienes-salario, aquellos que la mayoría puede consumir. ¿Por qué? Porque la estructura productiva tiene rigideces que no permiten que cierto tipo de productos u oferta pueda crecer a la velocidad que todos quisiésemos.
La otra diferencia que limita, o la otra frontera que limita un presupuesto deficitario, está dada por la diferencia entre el excedente económico privado y la inversión privada. Entre mayor es esa diferencia, mayor necesidad tiene el estado de invertir para compensar los recursos que el sector privado no invierte, pero en esa medida también puede caer en un problema de déficit fiscal incontrolable que presiona a los precios por diversas razones que veré rápido más adelante.
No estamos, como se decía hace un momento, en una economía de planificación centralizada. En las economías, antes de la planificación centralizada, el mercado no jugaba ningún papel en las asignación de recursos a necesidades; en economías como la nuestra no puede ser calificada de planeación centralizada, porque el mercado es el que fundamentalmente determina la asignación de producción o de recursos a necesidades y por otro lado, si leemos con cuidado la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y asistimos a su manufactura, veremos que esta hechura del Plan Nacional de Desarrollo es democrática y que requiere de varias etapas de lo que se denominarían interacciones sucesivas para llegar a los propósitos fundamentales de la política económica.
En la elaboración de los planes previos, hay consultas populares, participaciones de Cámara, de agrupaciones industriales, se pulsan los objetivos de política en los estados, es decir, hay un proceso de consulta de distinta naturaleza que nos permite afirmar con certeza, que el sistema de planeación nacional en México es de carácter democrático.
Ahora bien, volviendo al problema del superávit: Si queremos nosotros crecer más y crecer con estabilidad, tenemos que observar esas fronteras a las que yo aludía y dentro de esos límites tenemos que fijar el monto del gasto, la política fiscal y la política crediticia, deben orientarse hacia la consecución de ese fin. El principio de equilibrio presupuestario, repito, ha sido en términos de equilibrio exacto y sobre todo exante, superado en la teoría económica y superado en la práctica de la política económica de muchísimos países.
Parecería una gran paradoja que teniendo tantas necesidades, las que aquí se han señalando y otras que podríamos apuntar, en un país como el nuestro se dejase guardado dinero y no se volcara en la actividad económica, sin embargo el problema de hacer que la economía repunte, supone varios principios: Primero, tenemos que observar lo que se ha denominado o lo que se denomina el impacto macroeconómico del gasto. ¿Qué quiere decir esto del impacto macroeconómico del gasto? Es el efecto que el gasto público ejerce sobre el conjunto de la economía, y cómo altera, a través de la demanda agregada, los niveles de precios.
Si nosotros inyectamos una cantidad de dinero más allá de lo que la economía esté en posibilidades de asimilar, se generan presiones inflacionarias. Vamos a suponer que orientamos al gasto a inversión, a la construcción de una presa.
Si se gasta en la construcción de una presa, se genera demanda de varilla, demanda de cemento, de arcilla, etcétera. Si tenemos rigideces en la oferta, es decir si la producción de varilla, cemento y arena no es suficiente en el contexto nacional, los mayores demandantes presionarán a los oferentes y éstos estarán en posibilidades de aumentar precios, porque tienen una mayor demanda. Pero adicionalmente, aquí hay algunas cuestiones de las críticas que se han hecho que son contradictorias. Si nosotros inyectamos recursos en la economía, vamos también a presionar nuestra cuenta corriente que, como aquí se ha dicho, es deficitaria, aunque posteriormente explicaré por qué es deficitaria y cuáles son los límites que tiene una cuenta corriente deficitaria.
En México la inversión tiene un alto contenido de importación. Más de 50% de la inversión requiere de insumos del extranjero. Si nosotros queremos transitar a una industria de bienes de capital dinámica, automáticamente estamos generando mayores importaciones. Si nosotros gastásemos más de lo que las variables económicas nos indican, presionaríamos desfavorablemente la cuanta corriente que, aun cuando presenta circunstancias distintas a hace tres y a hace 10 años, tiene sin duda elementos de precariedad.
El superávit es una consecuencia de un manejo de distintas variables: Inflación, producto, inversión, precios y obviamente gasto público. Si nosotros combinamos de distintas maneras estas variables, tendremos distintos elementos de gasto. Tenemos, lamentablemente, que hacer un sobreajuste, es decir, una política de austeridad que no sobrecaliente la economía y haga que lo que hemos ganado reduciendo la inflación se nos vaya por la borda. Obviamente que ésta es una situación de carácter temporal.
Nosotros pensamos que hay que dejar de lado, a pesar de lo atractivo que sean, ilusiones económicas
que si bien apaciguan no nos ayudan a salvar las contradicciones. No debemos, pienso, permitir que por el apremio de la coyuntura condenemos el futuro.
El presupuesto superavitario hoy, es adicionalmente no sólo un espejo que refleje nuestra circunstancia en las postrimerías de 1991 y 1992. Mira más allá. Mira básicamente sobre la necesidad de crecer permanentemente, sin la zozobra que genera la inflación. Su incidencia en la modernización económica está dada por la orientación de este gasto.
El esfuerzo, como aquí se ha dicho, se dirigirá fundamentalmente al apoyo de actividades agropecuarias y sí ha habido un cambio de lo que es el gasto programable. En 1983 con respecto al producto interno bruto, el gasto total era de 40.6%, en 1988 de 39.6% y en 1992, 25.4%. Es decir, ha habido una reducción del gasto, pero que se explica, entre otras razones, por la desincorporación de un fragmento importante del aparato paraestatal. Pero lo extraordinario de nuestros años, es que aún siendo este presupuesto 2% menor al del año pasado, hemos logrado incrementos importantes en sectores que marcan y subrayan la estrategia de la política económica en curso, que es la atención a las necesidades de carácter social.
Yo decía en mi intervención pasada, que la solidaridad no era una mera culpa de la modernización, sino una condición sin la cual esta modernización en la que estamos empeñados no podrá darse.
Ciertamente que si analizamos estrictamente sólo en términos económicos la distribución del ingreso, nos vamos a encontrar efectivamente que los niveles de hoy no logran recuperar los niveles de 1980, pero si comparamos las cifras con 1988, podemos aceptar que hay un repunte del salario que no es general, no es para todas las ramas, ni tampoco es igual para toda la República, pero que está ya marcando el repunte de la actividad económica.
Pero habría que considerar hoy las calles pavimentadas, los programas de salud, las lecherías populares, una serie de trabajo y de acciones que están modificando el espectro y las condiciones de vida de muchas partes de la República.
El presupuesto en nuestra opinión es congruente con la política de deuda externa, recordemos muy rápido cuáles son los objetivos de la política de deuda: Disminuir el valor histórico de la misma, abatir la transferencia neta de recursos, obtener un acuerdo multilateral para reducir la incertidumbre de negociaciones recurrentes y reducir el valor de la deuda de su proporción en relación al producto interno bruto.
Los cuatro objetivos de política de deuda han sido alcanzados. Yo no quisiera repetir las cifras, porque creo que con insistencia mis compañeros de partido las han mencionado.
Pienso que el presupuesto es congruente también con el esquema de economía abierta por el que transitamos. Hoy estamos viviendo condiciones distintas a los 20s. a los 30s., a principios de siglo, aquí se nos quería hacer una comparación de un superávit temporal que hubo en 1903 que fue superavitario. Pero no podríamos aceptar que la situación económica de 1903 se compare con la de hoy.
En primer lugar, cuando hubo desarrollo estabilizador el patrón oro a nivel internacional funcionaba y éste fue abandonado justamente, desencadenó lo que se denominó la crisis de la deuda. Se ha dicho que estamos repitiendo el esquema de estabilización. Yo creo que no, porque tenemos hoy austeridad y crecimiento económico. Y tenemos finanzas públicas saneadas que no presionan la cuenta corriente.
Aquí se ha dicho que el Estado no puede compararse con una empresa privada. Efectivamente, por eso tenemos que analizar el presupuesto con otra perspectiva, lo económico de lo que todo depende, depende a su vez de la cultura, del nivel medio de la enseñanza, de la política, de la ecología y por eso tenemos que hacer un análisis de nuestro presupuesto en un horizonte temporal que nos dé perspectiva y aliento. No podemos contentarnos con visiones cortoplacistas que se aposentan en el extravío. Nosotros creemos que el presupuesto responde a todos los elementos de política económica señalados aquí en los propios criterios.
Se ha dicho que la inversión extranjera se está concentrando en cartera y que en consecuencia es volátil. Sobre ello primero habría que decir que la inversión en cartera hoy es una modalidad que adquiere en todo el mundo la captación de recursos.
En segundo lugar debe señalarse que la inversión extranjera en cartera, particularmente la que se orienta a la adquisición de acciones en el mercado de valores, ha permitido el funcionamiento de importantes proyectos de inversión y quizá haya que conocer, cómo es que funciona esta inversión en cartera a través del fondo neutro
que ha creado Nacional Financiera. De acuerdo con ese fondo neutro, si una empresa nacional se asocia con un capital extranjero y éste puede tener derecho a acciones tipo "M", requiere que esta empresa presente proyectos de inversión. A la fecha más de 59 empresas han presentado proyectos de inversión por más de 20 mil millones de dólares, obviamente pensando no en el año inmediato siguiente, sino en un horizonte de tiempo más amplio, hay varios proyectos que se pueden mencionar: Los complejos turísticos, Paraíso Paz y Mar, Proyectos Industriales de Cal Bay, Productos de Maíz, Autopartes de Otorplastic y un sinnúmero de proyectos que están ya alentando la inversión productiva y que por el momento se encuentran sólo temporalmente, en cartera.
En el caso de que estos recursos no se aplicasen, tendrían que venderse a nivel nacional en pesos, en consecuencia no pueden considerarse deuda, porque no es compra de pasivos sino solamente un tránsito hacia la actividad económica productiva.
El Presupuesto de Egresos es también consecuente y congruente con la política de ingresos en donde hemos eliminado el raquitismo fiscal, en donde hemos propiciado un tributación progresiva, en donde hemos logrado a regañadientes y cuesta arriba, hacer que el capital pague más que el trabajo en donde hemos, en la política monetaria eliminado los coeficientes de liquidez para abatir el costo de financiamiento, reduciendo las tasas de interés.
En resumen, la política de gasto es congruente en materia de deuda, en materia de precios, en materia de política monetaria, en materia de política de inversión extranjera. Es decir, es congruente con toda la política económica que hemos ido instrumentando.
Quisiéramos crecer más y quisiéramos crecer más rápido, ciertamente. Pero lamentablemente, en economía, que no es tan sencillo, como aquí se dijo, ojalá pudiésemos apostar todo el proyecto de política económica a un tratado; entonces concentraríamos todos los esfuerzos en el tratado.
Si algo la economía nos ha enseñado, es que es todo, menos sencilla. La economía hoy nos ha demostrado que deben de concertarse situaciones muy complejas para que las cosas más simples y elementales puedan ser posibles. Estamos en un mundo que cambia en semanas que parecen horas y en décadas que parecen días. Tenemos que tener una velocidad, cuando aquí se ha hablado de la prisa que tenemos, yo quisiera señalar que es el futuro el que tiene prisa y la economía mexicana tiene que adecuarse con vertiginosidad a estos cambios porque sería peor dejarnos arrastrar por la sola madejada de los acontecimientos.
La política no es asunto sólo de prédicas ni de consignas y menor la política económica, que es política concentrada.
Requerimos, repito, un análisis de distintas variables; creo que no he podido contestar por el tiempo, todo lo que aquí se ha dicho, pero en esencia, pensamos que este presupuesto es, repito, congruente; no se trata de artimañas contables que podían contraponerse con artimañas literarias; no se trata de mitos, el hecho de que estemos con un presupuesto superavitario, sino de números. La economía no es sólo cosa de antropólogos, es cosa de matemática que ciertamente no siempre es fácil explicar y menos en tribuna, pero que debemos analizar con toda la honestidad, la prudencia, la cautela y la rapidez que los tiempos exigen.
Se ha dicho que la estabilidad no está reñida con el gasto social. Efectivamente, por eso hoy el presupuesto se canaliza a gasto social y tenemos una economía relativamente estable; no hablamos de la gran victoria, no hablamos del gran triunfo. Al contrario, necesitamos consolidar este proceso de estabilización porque la inflación es el gran monstruo que despoja a los que menos tienen y provoca más acentuadamente, que otros impuestos, el deterioro de los niveles de vida.
Podríamos hablar del presupuesto tablas pero eso, nos implicaría meternos a Cuenta Pública, porque hay que distinguir lo que es el presupuesto, que como su nombre lo indica, es exante a la ejecución del presupuesto que sabemos que es expost.
Compañeros diputados: El Presupuesto de Egresos que nos ha presentado el Ejecutivo, no solamente es congruente con la política económica, no solamente cuida que existan condiciones para el crecimiento económico, sino cuida fundamentalmente que este crecimiento se oriente al desarrollo de los grandes conglomerados sociales, los proyectos agroindustriales, el mayor apoyo al campo, el apoyo al desarrollo social, nos están dando la tónica de hacia dónde queremos ir. Se ha postado el mercado, hay repatriación de capitales, hay un crecimiento importante de la inversión privada, pero tendríamos que esperar que toda la economía en este marco de prudencia y de estabilidad canalice sus esfuerzos para que nuestro país pueda caminar más rápido.
Dejo para hechos, si es que es necesario, algunas puntualizaciones posteriores. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fernando Estrada Sámano: - Estoy totalmente de acuerdo, señor Presidente, con el señor diputado del Partido Revolucionario Institucional, Becerril Straffon, en el manejo de la política económica no es ni sencilla ni materia de prédicas; mucho me temo, señoras y señores diputados, que en buena medida, precisamente ha caído el señor diputado, en prédicas simplistas.
He de limitarme y señalar algunos hechos de economía política y de interpretación justificatoria, que el señor diputado que me precedió, ha presentado a esta Cámara de Diputados.
Un presupuesto es en efecto, la ordenación de un programa de objetivos y prioridades de política gubernamental, un programa de gobierno manifestado en números, en pesos y centavos. Es por tanto la expresión operativa de las intenciones realmente existentes de un gobierno y evaluables en términos rigurosos en sus resultados. Se refería el señor diputado como una de estas interpretaciones justificatorias, a raíces quizá demasiado lejanas en el tiempo, hablaba él de las herencias pesadas, ciertamente, de un orden colonial. Pero señor diputado, quizá es ir demasiado lejos en la historia.
Tenemos ese peso ciertamente, que se manifiesta en problemas estructurales de nuestra economía y de nuestra vida social, pero señor diputado, precisamente para eso hizo la Revolución de los mexicanos, para liberarnos y superar esas herencias del orden colonial y es precisamente la Revolución de los mexicanos los que han marcado los objetivos de justicia, de libertad y democracia, que todavía hoy a tantos años de distancia estamos buscando los mexicanos.
Por otra parte, son más de seis décadas de gobierno de un solo partido o sucesión de partidos. En cualquier sistema razonable aceptablemente democrático, las cuentas electorales y la retribución del electorado hubiera sido con los resultados obtenidos que el propio diputado reconocía, ya sentidos desde hace largo tiempo por el partido de gobierno; los hechos hablan y las cifras son elocuentes, el hecho es que no sólo el último decir, en términos distribución del ingreso a que se refería el diputado Lujambio, sino los cuatro decires, el 40% de la población mexicana ha venido perdiendo participación relativa en la distribución del ingreso y de la riqueza y esto lo muestran los estudios clásicos de distribución del ingreso de 1957, 1963, 1970, incluso los más recientes de 1987 y otros.
Hay, como han señalado Medellín y otros autores, una verdadera dinámica de distanciamiento socioeconómico en México y Culmann propone la relación entre insumos políticos y productos o resultados en la acción política económica, para medir la eficacia y el espíritu democrático general de un gobierno o de una asociación de gobierno.
No se trata, señoras y señores, de meras culpas no pedidos por nadie, ni nadie exige ni demanda una conciencia culpable, muchos más útiles en quedar de responsabilidad histórica y política, de una asociación de gobiernos y de un modelo de desarrollo que mostró su fracaso ya hace tiempo.
Spondeios, el bello verbo griego, de donde viene la palabra responsabilidad, la capacidad de dar la cara y de responder por los propios actos, hechos y decisiones de política, pública ante el pueblo.
Los índices de bienestar en estas décadas recientes, por lo menos durante cuatro décadas, indican que incluso en comparación con países de América latina nuestros beneficios sociales son insuficientes para capas gruesas de la población y están en desventaja si se les compara con otros países de la propia región latinoamericana.
Y esto, entre otras cosas, se demuestra en un estupendo estudio de mi destacado amigo, el doctor Pedro Aspe y estos datos de estudios rigurosamente realizados no deben olvidarse, ni menos buscar justificaciones interpretativas, sí, que suenan en vez de estratégica y son demasido simplistas.
La responsabilidad democrática, la capacidad de responder por una sucesión de políticas públicas, particularmente en lo socioeconómico, tienen naturalmente una íntima relación con el problema fundamental de la legitimidad política y esto, señor diputado, con todo respeto, el problema no resuelto de la legitimidad política no es materia de artimañas literarias. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra, para hechos, el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, para cinco minutos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su permiso, señor Presidente:
He solicitado esta intervención para hechos, para hacer algunos comentarios específicos a la intervención del diputado Rodolfo Becerril. El diálogo y el intercambio de opinión libre, abierto y democrático, fortalecen nuestras instituciones republicanas. Por ello, escucharnos unos a otros, de cara a la nación y presentar puntos de vista sobre el presupuesto de egresos, es una forma de ejercer precisamente esta democracia.
Precisamente uno de los aspectos de la intervención del diputado Rodolfo Becerril, toca aspectos básicos en el debate sobre cuál es la forma o la estrategia del combate de la inflación. Desde principios de los años ochentas, una corriente importante de economistas y de fuerzas políticas nacionales cuestionamos una estrategia monetarista de combate a la inflación que centraba la acción gubernamental en el control de la demanda agregada y en los controles de tipo monetario y financiero y sostuvimos que había necesidad de fortalecer la estructura productiva nacional, fortalecer la oferta y, por tanto, la estructura productiva del conjunto de los sectores agrícolas e industriales y reactivar precisamente de manera opuesta a los que se aplicó fanáticamente durante los seis años de Miguel de la Madrid, sostuvimos que había que fortalecer el ingreso y la demanda con simultáneos apoyos a la estructura productiva nacional.
Es una política de desmantelamiento de infraestructura agrícola y de desmantelamiento de sectores industriales, lo que se llama de "desindustrialización", lo que debilita la oferta y lo que crea tremendas presiones inflacionarias.
Uno de los grandes éxitos de la política de desarrollo estabilizador seguido en México durante 40 años, es que el combate a la inflación no se centró, dígase lo que se diga, sólo en variables monetarias y financieras; se centró en un sector agrícola expansivo que durante un período largo creció el doble del crecimiento demográfico y se centro en un crecimiento industrial dinámico que permitió, con adiciones a la oferta , precisamente con adiciones a la oferta y fortalecimiento del ingreso controlar presiones inflacionarias por una vía exactamente inversa a la que se aplica en esa estrategia monetaria de control de la demanda agregada como método para el combate a la inflación.
Y es ahí y qué bueno que de manera precisa el diputado Becerril ha centrado su intervención, es ahí uno de los puntos nodales del debate que estamos dando aquí sobre presupuesto de egresos y digo que es uno de los puntos nodales, porque mantiene la política de disminuir demanda agregada con un superávit que congela ingresos, usándolos para pagar deuda, en vez de fortalecer infraestructura productiva en materia de desarrollo rural.
Una economía donde el gasto público se autolimita para impedir presiones inflacionarias, es una economía estructuralmente desequilibrada, donde se ocultan desequilibrios esenciales en el conjunto de la nación, con esta contracción de gasto.
Estamos entonces ante un esquema donde desequilibrios básicos que vienen de 1981, 1982, 1983 no han sido resueltos. Tuvimos casi hiperinflación. A finales del sexenio de Miguel de la Madrid se aplican factos corporativos, se controla la inflación, se cubre una insuficiencia de oferta interna con apertura al exterior, se controla la demanda interna bajando salarios, bajando ingresos y bajando empleos y de esa manera entonces no tenemos un desajuste macro, global, entre oferta y demanda. Pero ni estamos fortaleciendo la estructura de la oferta y estamos haciendo una contracción extremadamente severa de la demanda, a través de contracción del gasto y a través de contracción del ingreso y del empleo de grandes sectores de la población.
Entonces, ¿Cómo podemos alegar un gran éxito en la política económica, donde un crecimiento mínimo del 5 ó 6% dispara presiones en materia inflacionaria y dispara presiones en materia de comercio exterior? Evidentemente no es para esta vía, contraccionista y reduccionista, como podremos lograr una solución duradera al problema de inflación.
Nuestro punto de vista, para terminar, es que hay que fortalecer la estructura productiva, el ingreso y el empleo y que el gasto debe ser un medio para fortalecer, precisamente, la salud de la economía nacional. Muchas gracias.
El Presidente: -A continuación tiene la palabra el diputado José Luis Durán, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Luis Durán Reveles: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
El proyecto de egresos para el ejercicio de 1992, presentado por el Ejecutivo Federal y que la comisión dictaminadora ha hecho suyo, salvo modificaciones mínimas, en apariencia sólo para que no se diga que se mantiene la larga tradición,
tan nociva en la historia de este país, de que el presupuesto programa de gobierno para un año es hasta el último peso resultado de la decisión presidencial y que esta Cámara también, por desafortunada tradición, ha desempeñado en esta importante materia sólo el papel de aprobadora.
Este proyecto debe analizarse no sólo en forma aislada, sino a la luz de su contexto, en especial del pasado reciente del que no puede desvincularse, pues como veremos, la estructura misma del gasto público que ahora se propone, está condicionada en muy buena medida por las decisiones tomadas en esta materia durante los años anteriores.
Clara muestra de lo anterior es que para el año de 1992 el servicio de la deuda pública y sólo por lo que corresponde al pago de intereses, se propone erogar más de 41 billones de pesos. Sólo para que se tenga idea de lo que significa una cantidad de esta magnitud: Representa seis veces el monto destinado al Programa Nacional de Solidaridad.
Se nos dirá que los intereses han venido representando en los últimos años una proporción cada vez menor del presupuesto global, ya que en 1987 significaba más del 47%. Es decir, uno de cada dos pesos gastados era para pagar intereses externos e internos y que ahora este mismo concepto apenas representa el 23% del gasto total. Casi una cuarta parte de lo que habrá de erogarse.
La disminución misma de ese concepto refleja sin duda un cambio en la política de endeudamiento, un cambio en la mentalidad gubernamental, pero sobre todo un instinto de supervivencia, pues quienes endeudaron al país hasta extremos increíbles, ya que con posterioridad nos enteramos de la ligereza con que endrogaron a la nación, pues bastaba un telefonema para realizar nuevas operaciones de crédito con cargo al pueblo y al futuro de la República, como ahora lo estamos comprobando, como dolorosa consecuencia de la política irresponsable.
No se vale argumentar simplemente que los intereses de nuestra deuda van en disminución, lo importante y que se pretende pasar inadvertido, es que siguen representando una pesada carga sobre los contribuyentes. Imagínense lo que se podría hacer con un presupuesto del programa nacional de solidaridad multiplicado por cinco o por seis veces en beneficio de quienes ahora están en la pobreza extrema, en buena medida como resultado de la mala conducción de las finanzas públicas.
Estamos en contra de este presupuesto de egresos, porque continúa limitando las participaciones a estados y municipios, a los que se pretende destinar durante el año próximo sólo 30 billones de pesos. Una comparación al respecto es más que elocuente, mientras que al pago de intereses es más de 41 billones de pesos, a las 32 entidades que conforman el pacto federal y a los 2 mil 500 municipios se destinan los mencionados 30 billones de pesos.
Por supuesto que no pretendemos que los estados y los ayuntamientos estén en espera de la generosidad del gobierno federal, sino que estamos en contra del esquema centralista, por ironía llamado federal, que con mezquinidad limitó a los estados en sus fuentes propias de tributación, teniendo como resultado que en el monto de los presupuestos locales, las participaciones que reciben de la federación representan del orden del 80% y del 90%. Este sometimiento económico, aunado al político, porque en el fondo se retroalimenta, ha convertido en una caricatura el concepto federal.
¿Díganme si es conforme al auténtico principio federal que cada uno de ocho pesos que para el gasto público aportan los mexicanos, vayan a las entidades locales, estados y municipios y, por cierto, luego de haber pasado por el gobierno federal.
Estamos en contra del proyecto de presupuesto de egresos por el monto, pero sobre todo por el destino que tienen buena parte de las transferencias de recursos, que durante el ejercicio hará el gobierno federal. Para 1992 se proponen transferencias por 12.3 billones de pesos, en este concepto se incluyen subsidios no solamente procedentes y razonables como los destinados a universidades, centros de investigación, instituciones de asistencia y seguridad social, pero también se incluyen partidas destinadas, sin duda, a cubrir ineficiencias, dispendios e improductividad; improductividad pasada, a actual y futura, en la medida en que los montos multimillonarios van a cubrir déficits de organismos y empresas que deberían de ser autosuficientes, por lo menos así lo indican los precios y tarifas con los que prestan sus servicios.
Sólo como botones de muestra, baste señalar que los ferrocarriles recibirán, de aprobarse este presupuesto, subsidio por más de 2 billones de pesos, de los que cuando menos 1 billón servirá para cubrir gasto corriente. El mismo destino tendrán el más de medio billón destinado al sector eléctrico y otro tanto a Fertilizantes Mexicanos y así podríamos seguir con otros ejemplos.
pero considero que con los mencionados es suficiente. Estamos en contra de este proyecto de presupuesto porque contra lo que pudiera decir el sentido común, una vez que constitucionalmente se ha declarado la terminación del reparto de tierras, el proyecto mantenga como dependencia la Secretaría de la Reforma Agraria, a la que el proyecto de decreto le asigna 422 mil millones de pesos, aunque en el cuerpo del dictamen se señalen 666 mil millones; es decir, el doble de la asignación total para el Poder Legislativo, o sea esta Cámara y el Senado más la Contaduría General de Hacienda, que sólo dispondrán de 348 mil millones.
A manera de justificación, el dictamen señala que el incremento propuesto a la Secretaría de la Reforma Agraria que es más del 50% en relación al cierre previsto para 1991, tiene por objeto y cito, avanzar significativamente en la ejecución de resoluciones presidenciales tendientes a agilizar los procesos de regularización, así como promover la organización campesina. Llama la atención que a estas alturas se pretenda finiquitar a la carrera, sin duda, lo que por una u otra razón no se hizo en 75 años.
Estamos en contra del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal porque su estructura mantiene el rezago que desde hace años se advierte en la inversión pública, de forma tal que el gasto de capital de la Federación, según el cuadernillo verde que contiene los criterios generales de política económica para el año próximo, en 1987 representaba el 4.5% del producto interno bruto en 1988 se redujo al 3.7% y para 1992 el monto del presupuesto significa apenas el 3.2%. La tendencia ha sido clara, el saneamiento de la finanzas públicas se ha logrado básicamente mediante la drástica reducción a la inversión y no precisamente al gasto corriente que hubiera sido lo verdaderamente saludable. Este retraso en la inversión pública que no fácilmente se recupera, habrá de manifestarle en el corto plazo serios cuellos de botella a la actividad económica, especialmente por lo que hace a la disponibilidad de capacidad instalada de energía eléctrica, refinerías, vías férreas y petroquímicos básicos.
Conviene aclarar, porque puede resultar engañosa, que si bien la inversión pública proyectada para 1992 se dice superior en 6.3% en términos reales, por encima del 2% del presupuesto en su conjunto; sin embargo debe tenerse presente que en varios años anteriores la inversión pública se redujo notablemente.
En fin, estamos en contra de este proyecto de Presupuesto de Egresos porque en los diversos sectores que comprende se observa lo que habremos de señalar para una dependencia del sector central Educación y de un organismo paraestatal; los Ferrocarriles Nacionales.
Respecto a la educación, podríamos citar aquí un buen número de párrafos leídos por el licenciado Salinas de Gortari, en su último informe, para hacernos ver que en materia educativa el país anda muy mal. Empezaremos por mencionar que si remotamente se destina a la educación y a la investigación el porcentaje del producto interno bruto que la Organización Educacional Científica y Cultural de las Naciones Unidas ha recomendado.
Para empezar, la asignación total para Educación es de 28.5 billones de pesos; es notoriamente inferior a los 41 billones que se pretenden canalizar sólo para el pago de intereses.
Bajo la anterior comparación, nada de extraño tiene que hasta estas alturas, a punto de entrar el Siglo XXI, haya todavía 4.5 millones de mexicanos mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, número igual de analfabetas a los que el país tenía a principios del siglo, en pleno porfiriato.
Nada extraño tiene que en términos reales el gasto educativo vaya a ser menor al del año de 1987.
El Presidente: -Compañero diputado, un momentito, por favor.
El diputado Javier Marcelino Colorado Pulido (desde su curul): -Señor Presidente, no podemos escuchar por estarnos interrumpiendo las personas que están dialogando aquí.
El Presidente: -Nuevamente por enésima vez rogamos a la asamblea y a los señores diputados guardar postura y escuchar con toda atención al orador. Continúe, por favor.
El diputado José Luis Durán Reveles: -Gracias. Nada de extraño tiene que en términos reales el gasto educativo vaya a ser menor al del año de 1987, cuando representó el .36% del gasto del gobierno federal.
Nada de extraño tiene que a la educación superior se le destine en este país el .37% del producto interno bruto, que en 1980 alcanzó el .69% en tanto en Estados Unidos se destina el 2.7% y en Canadá el 2.2% lo que nos coloca en situación de franca desventaja frente al eventual Tratado de Libre Comercio. Pero ante la objeción
de que la comparación no es válida porque se hace con grandes potencias económicas, veamos que a la misma educación superior en Egipto se destinan 1 mil 627 dólares, 943 en Honduras, 1 mil 45 en Costa Rica y escasos 726 en México.
Ni es de extrañar también que cada año se incorporen medio millón de alumnos a las filas del analfabetismo funcional, al abandonar el ciclo de educación primaria antes del 4o. grado. Hay quienes afirman que de continuar esta tendencia, para 1994 el rezago educativo alcanzará niveles inmanejables.
No es de extrañar, ante el deterioro de recursos destinados a la educación, que estados de menor grado relativo de desarrollo, como Chiapas, Guerrero, y Michoacán, tengan niveles de eficiencia terminal apenas del 23%, pero más grave se manifiesta en zonas indígenas, ya de por sí depauperadas, donde la eficiencia terminal sólo llega al 13%; es decir, la deserción alcanza el 87%.
Por último y por lo que hace a una de las paraestatales como lo es Ferrocarriles Nacionales México, que como lo reconoció públicamente uno de los últimos presidentes de la República, había caído en el olvido del gobierno federal, olvido que gráficamente se puede presentar con un dato relevante; tenemos prácticamente el mismo número de kilómetros de vías férreas del que había al inicio de la Revolución, red que se construyó en el último cuarto del Siglo XIX y que 100 años después no ha cambiado.
La desatención a Ferrocarriles no sólo significa una serie de problemas actuales para el país, como por ejemplo ése de la velocidad promedio que ahora desarrollan nuestros trenes, de sólo 25 kilómetros por hora.
Dato chusco, de no ser terrible y que plantea para el futuro una serie de desventajas del país ante el eventual Tratado de Libre Comercio, pues el transporte de nuestros productos a las costas y a nuestras fronteras eleva su costo final.
Pero todavía más: Para 1992 los Ferrocarriles Nacionales tienen proyectado un ingreso de 5 billones de pesos, dos de los cuales serán subsidio que recibirá el gobierno federal y de estos dos billones más de la mitad será para cubrir déficits de operación.
La cifra que se informa corresponde al número de pasajeros que habrán de transportarse al año próximo, habla por sí sola, 15 millones de pasajeros, menos de los que serán usuarios del metro de la ciudad de México en sólo tres días.
A tono con este descuido ya crónico de los ferrocarriles, está en el presupuesto que se destinará a obra pública, menos del 10%. Obra de la que están urgidos los ferrocarriles, al menos para evitar accidentes, como el ocurrido en los últimos días en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Cabe señalar que ya desde 1974 se había previsto la construcción de un puente en este sitio, pero nunca se hizo.
Si a la ausencia de inversión se le agrega que sólo el 1% de las vías serán rehabilitadas durante el ejercicio de 1992, significa que en 100 años a este paso quedará completa la rehabilitación de la red. Por lo antes expuesto, votaremos en contra del Presupuesto de Egresos para 1992. Gracias.
El Presidente: -En seguida se concede el uso de la palabra al diputado Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
El diputado Eloy Cantú Segovia: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La modernización política implica la voluntad de dar plena vigencia a las facultades que la Constitución otorga a estados y municipios. Un pacto federal vigoroso, no puede descansar simplemente en la voluntad del gobierno de la República, sino que supone un firme compromiso de los gobiernos estatales y municipales.
Así como la centralización de decisiones es un obstáculo para el desarrollo de la democracia en lo político y en lo administrativo, la concentración de la actividad en todos los órdenes, es un freno al avance de la democracia.
Este texto se contiene en el Plan Nacional de Desarrollo, justamente en lo referente al federalismo y justamente un documento, en el cual se ha pretendido fundar una actitud autoritaria y centralista del gobierno de la República.
Compañeras y compañeros diputados. El grupo priísta al evaluar el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo hacemos conscientes de este documento así como en nuestros documentos básicos del partido y encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, coherencia y encontramos con las disposiciones contenidas en el programa de acción del Partido Revolucionario Institucional que impulsa un federalismo, que impulsa un municipio más fuerte, con mayores recursos, encontramos respuestas claras en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ciertamente el mismo Plan Nacional de Desarrollo señala, no es posible corregir súbitamente una pesada herencia de centralismo y concentración. Consciente de esta realidad, sabemos que buscar un federalismo más vigoroso acompañado de una mayor descentralización requiere, por su misma naturaleza, de extenderse como un proceso gradual, pero firme.
En ese sentido y con este enfoque, estamos nosotros analizando lo referente a las participaciones. Se oye bien, se escucha bien, el reclamar y el pedir, las participaciones. Ciertamente debemos de tener presentes varios elementos, en primer lugar las participaciones a estados y municipios es esencialmente una materia que concierne a la hacienda pública, ya que es en la Ley de Coordinación Fiscal donde se establece la fórmula mediante la cual se asignan dichas participaciones a estados y municipios; es más una cuestión referente, en consecuencia, a coordinación fiscal, que a materia de gasto público. Sin embargo, visto como gasto "no programable", así se señala , habría que hacer algunas reflexiones antes de emitir un juicio en materia de participaciones.
En primer término, nosotros concebimos las participaciones dentro del marco de un federalismo mexicano; es decir dentro de un pacto de solidaridad entre los estados de la República, entre las entidades federativas. Este pacto de solidaridad significa que los estados con mayor grado de desarrollo relativo, contribuyen a estimular el desarrollo de aquellos de menor grado de desarrollo relativo. Este esfuerzo compartido se canaliza a través del gobierno federal, que es el vínculo de unión entre todos los estados, por ello un primer criterio fundamental antes de emitir un juicio en materia de participaciones, es ver en qué medida, efectivamente, se está estableciendo ese vínculo de solidaridad y de estímulo al desarrollo a través del gobierno federal. En otros términos, si se está cumpliendo o no con el principio de equidad.
Equidad significa tratar al igual como igual y al desigual como desigual. No se puede en ese sentido, establecer participaciones o más participaciones igual para todos; se tienen que establecer distingos y un distingo válido es justamente el del grado de desarrollo relativo. ¿Por qué? Porque el federalismo debe de buscar en este sentido atemperar las diferencias regionales que existen entre entidades federativas y hacer más justa la distribución de la riqueza nacional entre los estados. Ese sería un primer criterio.
Un segundo criterio, inherente al federalismo es el referente a la corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno. En efecto, en un régimen federal existe distribución de competencias entre órdenes de gobierno, pero también existen competencias coincidentes, facultades coincidentes entre varias órdenes de gobierno. Es el caso, entre otras materias, las más significativas es educación y salud, en donde existe un ámbito de corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno.
Aquí, lo que se debería de considerar a la hora de analizar cuántas participaciones a una entidad federativa, es en qué medida estas entidades federativas están colaborando en estos gastos coincidentes entre Federación y Estado.
Asimismo, a la hora de evaluar el apoyo del gobierno federal a los estados, se debe de considerar el apoyo que en estas materias otorga el gobierno federal a las entidades federativas y a los municipios. Este sería un segundo criterio.
Aquí también el principio de equidad se impone. No se puede tratar igual a desiguales, se debe hacer el distingo entre aquella entidad que mayor esfuerzo hace en materia educativa y de salud, para que sea reconocido dicho esfuerzo.
Tercer criterio en materia de federalismo y participaciones; aquí debemos de partir de un premisa: Federación, estado y municipio sirven a la misma población, se trata del mismo pueblo, es justamente ese mismo pueblo el que aporta con su esfuerzo los ingresos necesarios para gasto público y en ese mismo pueblo al que va destinado el gasto público, por lo tanto en ese sentido se impone tanto en la vertiente de gasto, se impone un elemento natural al federalismo; la coordinación.
En materia de ingresos la coordinación se establece a través de la Ley de Coordinación Fiscal y en el gasto público, la otra vertiente, existe un instrumento que propicia la coordinación programática entre órdenes de gobierno, específicamente entre el gobierno federal y los estados. Este instrumento es el Convenio Único de Desarrollo. Justamente a través de este instrumento se establece un acuerdo entre el gobierno federal y los estados, para definir el destino de los recursos que el gobierno federal descentraliza a los estados y a los municipios.
Yo considero, ya que aquí se ha calificado al Programa Nacional de Solidaridad como ajeno al federalismo, que no hay nada más federalista que todo aquello vinculado con el pacto, el pacto federal, aquí el pacto entre estados y gobierno federal para definir programas compartidos, es eminentemente del mejor corte federalista.
Y en este sentido, habría en consecuencia que sumar un tercer elemento a la hora de definir las participaciones estados y municipios y es ¿Cuántos recursos el gobierno federal descentraliza a los estados, a las entidades federativas y a los municipios, a través del Programa Nacional de Solidaridad y a través de los programas de Desarrollo Regional?
Así pues, no es factible esperar un juicio sencillo, un juicio somero en materia de participaciones. Es algo un poco más complejo que decir "se requieren más participaciones". "Habrá que preguntarse: ¿Más participaciones para qué? ¿Para cumplir más responsabilidades? Tiene sentido. En otros términos, un planteamiento de más participaciones federales, se debe de acompañar de un análisis, de un estudio, de una revisión de las tareas y de las responsabilidades a cargo de los gobiernos estatales, de tal manera que vaya de la mano un aumento en las participaciones, con un aumento en la corresponsabilidad de las tareas, particularmente en las materias que son coincidentes.
Ese es nuestro punto de vista, así lo hemos analizado en el seno de nuestro grupo priísta y hemos coincidido en la necesidad de impulsar definitivamente un federalismo más vigoroso, que se amplíe la corresponsabilidad, que definitivamente, en ciertas materias, la normatividad se mantenga a nivel central y la ejecución de programas y la priorización se establezca a nivel local. Hay en esto mucho que avanzar y vamos a analizar en ese sentido lo que ha sucedido en estos años.
Insisto, participaciones son ingresos propios de los estados que les corresponde por ley de coordinación fiscal y el gasto del Programa Nacional de Solidaridad y Desarrollo Regional, es gasto federal descentralizado. Pero viendo cómo ha aumentado éste, es satisfactorio observar que justamente los gastos sumados de estos conceptos son en mucho superiores entre 1988 y 1992 a los mismos ingresos federales. En lo que va de la presente administración, los ingresos federales han aumentado en un 22%; sin embargo, en participaciones, en el gasto del Programa Nacional de Solidaridad, de Desarrollo Regional, de Educación y de Salud, el incremento es del 51%.
Es importante considerar, por otra parte...
El diputado Juan Huesca Pérez(desde su curul): -¿Señor Presidente, acepta una interpelación el orador?
El diputado Eloy Cantú Segovia: -Al final, compañero.
Un incremento estimado, sumando los elementos que hemos señalado de participaciones, más recursos descentralizados, se estima un incremento de 11.3% para el año entrante, entendiendo que el presupuesto se incrementa en un 4% el gasto programable; es muy satisfactorio ver que el apoyo a estados y municipios es sensiblemente superior.
También se ha hecho alusión aquí a lo que se denominó deficiencias estructurales en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que se calificó también como de flagrantes violaciones a la Constitución.
Se hace alusión en esta acusación a cuatro principios que supuestamente se desprenden de la Constitución o que están en la Constitución más bien y que se violan en el actual presupuesto de egresos. Uno de ellos, es el primero, referente a anualidad. En efecto, este principio, por así llamarle, se encuentra en el artículo 74 de la Constitución, fracción IV. Cabe señalar que el principio de anualidad, lo que significa sencillamente es que la Cámara no puede conceder al Ejecutivo una autorización permanente para hacer erogaciones, sino que se debe de renovar cada año. El proyecto de presupuesto y el decreto cumple con ese principio, ya que no se está solicitando autorización a esta Cámara para erogaciones que no sean del año de 1992 que se van a ejercer. En otros términos, aquí no se están planteando gastos para el año de 1993. Se respeta plenamente el principio de la anualidad.
Ahora bien, lo anterior no es contrario a que existan casos en los cuales una vez concluida la vigencia del presupuesto, se procede a hacer pagos con base en el propio presupuesto, por conceptos efectivamente devengados durante la vigencia del mismo, aun cuando los pagos se hagan en un ejercicio siguiente. A guisa de ejemplos: Si a estas alturas del mes de diciembre en una obra pública federal se está ejerciendo un gasto y ese gasto su facturación, su proceso de un pago, no alcanza a salir durante este año, se pagará el año entrante. Sin embargo, el ejercicio, lo devengado fue durante el presente año. De tal manera que no afecte el principio de anualidad este tipo de situaciones. Tampoco el principio de anualidad está reñido con el que se autoricen proyectos de inversión cuya duración sea superior al término de un año.
Por otra parte se cuestionó el principio de unidad que quiere decir que hay un solo presupuesto.
Se señaló específicamente lo referente a entidades paraestatales que no están incluidas en el presupuesto y se hacía alusión al artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Dicho artículo lo que señala es en qué consiste el gasto federal; qué comprende el gasto federal. Pero no es propiamente el artículo que corresponde a señalar qué debe de comprenderse dentro del presupuesto de egresos, de la federación; es el artículo 16 el que señala: "El Presupuesto de Egresos de la Federación comprenderá las previsiones de gasto público que habrán de realizar las entidades a que se refieren las fracciones I a IV del artículo 2o. de esta ley. ¿Cuáles son justamente esas fracciones?, fracción I, el Poder Legislativo; fracción II, el Poder Judicial; fracción III, la Presidencia de la República; fracción IV, las secretarías de Estado y departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República".
Continúa el artículo 16 señalado: " El Presupuesto de Egresos de la Federación comprenderá también en capítulo especial, las previsiones de gasto público que habrán de realizar las entidades relacionadas en las fracciones VI a la VIII del propio artículo 2o. de esta ley y dice que se determine incluir en dicho presupuesto".
En otros términos, no existe la obligación de que las entidades comprendidas de la fracción VI a VIII, se incluyan en el presupuesto, en una facultad discrecional si se incluye o no se incluye. ¿Cuáles son esas fracciones?, fracción VI, organismos descentralizados; VII, empresas de participación estatal mayoritarias; VIII los fideicomisos y ciertamente aquí se excluye la fracción V, que es el Departamento del Distrito Federal, que tiene su propio presupuesto de egresos.
Así pues, el que no estén todas las entidades paraestatales comprendidas dentro del proyecto de presupuesto de decreto de egresos, no es violatorio de la Constitución y sí es coherente con las disposiciones de presupuesto, contabilidad y gasto público.
Por otra parte, aquí se ha señalado...
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): -Señor Presidente, pregunte al orador...
El diputado Eloy Cantú Segovia: -Al término de mi intervención.
El Presidente: - Un momentito, diputado: El Presidente es el que tiene que preguntar si acepta usted o no acepta. Continúe.
El diputado Eloy Cantú Segovia: -Gracias, señor Presidente.
Se ha cuestionado el proceso de formulación del presupuesto. Con todo respeto, pero se ha hecho una sobre simplificación de este proceso. Yo con todo respeto y sin alusiones personales, porque considero que así debe de ser; lo cierto es que el presupuesto en su proceso de formulación es mucho más complejo que como aquí se ha visto y sobre todo, mucho más democrático que como aquí se ha planteado. Aquí se ha señalado que desde gabinetes de funcionarios públicos, ellos deciden en qué gastar, en dónde gastar y cómo gastar. Francamente es, sin duda de buena fe la opinión, pero es una opinión que no conoce la realidad. La realidad del proceso es mucho muy interesante y mucho más apegada a los mejores principios de participación de la sociedad y de los municipios y de los estados.
Las propuestas de inversión pública, nacen en la comunidad misma; en las colonias, en el campo, en las comunidades agrícolas. Ahí se plantean las prioridades que se recogen en los comités de planeación de los municipios; ahí se discuten, se debaten , se jerarquiza y se van analizando poco a poco en función del número de beneficiarios, del impacto social que tengan etcétera.
De ahí la propuesta pasa al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, en donde están representados muchos de los organismos de la sociedad civil de cada entidad federativa; de ahí la propuesta, una vez validada por todos estos grupos y por servidores públicos municipales, estatales y federales, pasa a las oficinas de la secretaría respectiva y de la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde con base en los hechos financieros que se autorizaron para cada una de las dependencias y para los techos financieros por entidad federativa y la prioridades que señalaron las entidades, los municipios y dichas dependencias, se establece el proceso de inversión pública en nuestro país.
Yo a mi vez he tenido que resumir un proceso que es más amplio que esto, pero que ciertamente involucra a la sociedad, al municipio, a los gobiernos estatales, a las asociaciones diversas que conforman la sociedad civil y después, al gobierno federal.
No es posible establecer un presupuesto desde las oficinas; eso es definitivamente algo que no va en favor de la verdad.
Por otra parte, se ha cuestionado sensiblemente el gasto del año que entra. Ciertamente el
Presupuesto del año que entra tiene una característica fundamental: Es el presupuesto donde el gasto social es el más elevado, al menos que yo conozca Se trata de un presupuesto en el cual hay incrementos, por ejemplo en Programa Social de Abasto, en términos reales, de un 27.5%; en materia de educación, un 25.9% en materia de desarrollo rural; 20% de incrementos real en materia de solidaridad; 19% en lo global, el incremento real en gasto social conoce porcentajes sin precedente. Es un gasto orientado a atender la demanda social, a atender la justicia social. Es sin duda, un presupuesto que tiene insuficiencias, porque no habrá presupuesto jamás, capaz de colmar todas las demandas y satisfacer todas la exigencias. Pero sí tiene una característica: Se ha reestructurado y da gusto ver, sinceramente, cómo en el presupuesto cada vez el peso de la deuda es menor, el peso de la deuda pública y cómo cada vez es mayor el gasto social, son tendencias favorables, son tendencias positivas y da gusto ver que esto es posible en un contexto en el cual la inflación tiende a bajar y sin embargo a pesar de ciertas reducciones reales en el caso global, hay crecimiento, es consistente con el esfuerzo que hemos hecho estos años.
Los temas económicos han sido debidamente atendidos y tratados por compañeros que me han precedido en el uso de la palabra; sin embargo, hay un punto que hasta ahorita quizá no ha sido comentado por ninguno de mis compañeros priístas.
Aquí se ha señalado lo referente al superávit como un elemento que no es compatible con la situación económica que vivimos. Yo quisiera señalar que en las condiciones de incertidumbre que nos da el escenario económico internacional, de crisis económica internacional, específicamente la recesión de Estados Unidos, el programa económico ha sido muy prudente, ha sido cauto; por ejemplo, al fijar los precios del petróleo entre dos o tres dólares menos de lo que estaba cuando se formuló, en considerar la tasa libor a un punto porcentual superior a lo que estaba cuando se consideró y en considerar también éste superávit que nos da un margen de acción en caso de tener dificultades económicas internacionales, repercutan más en nuestro país.
En términos generales, compañeros y compañeras, yo siento que podemos afirmar que este Presupuesto de Egresos sí es definitivamente una fiel expresión de política económica que estamos viviendo, es un elemento coherente con dicha política económica, se mantiene dentro de una línea cuya consistencia sea traducido en confianza de la ciudadanía, sea traducido en confianza, porque la ciudadanía empieza a ver, gradualmente es cierto, que se atiende más las demandas sociales y que a la vez hay más empleo y que el salario empieza a tener una estabilidad en lo que concierne su poder de compra o que éste disminuya menos.
Es en consecuencia, por estas razones, que nosotros hemos visto con simpatía a este presupuesto, un presupuesto que es coherente con nuestros valores políticos, que es coherente con nuestros valores sociales y que ciertamente desde su formulación y en su destino, también es coherente con ese valor de la democracia que aquí en mi opinión y justamente ha sido cuestionado, señalando de autoritarismo y de centralismo, lo que en mi opinión, en los hechos se demuestra, que es y viene de la democracia y para mejorar la democracia mexicana.
Estoy a las órdenes de los compañeros que pidieron interpelación.
El diputado Juan Huesca Pérez (desde su curul):
-Con el respeto que pueda merecerse, señor diputado, yo le pregunto a usted y le comento, que con mucha frecuencia escucho en los medios una promoción al Programa Nacional de Solidaridad.
En esas condiciones, cada 10 ó cada 15 minutos que escuchamos la promoción al Programa Nacional de Solidaridad, escucho que dicen que el gobierno por conducto del Programa Nacional de Solidaridad te da el 50%, mexicano. Yo pregunto: ¿El gobierno de dónde le da al pueblo?
El diputado Eloy Cantú Segovia: -¿El gobierno de dónde le da al pueblo?
El diputado Juan Huesca Pérez (desde su curul): -Sí señor, yo diría, te devuelvo un poquito de tus impuestos, pero no te da por conducto del Programa Nacional de Solidaridad ni un centavo.
Segundo. Aunque el doctor Zedillo nos dijo: "Que el espacio que se cubre en los medios, es el que corresponde al sistema". Pues a mí me parece un exageración, que cada 10 minutos estemos escuchado ese tipo de promociones. Vamos a pensar que tenga razón el doctor Zedillo.
Le pregunto también, señor diputado: ¿Qué función desempeñan los gobiernos estatales y municipales, si el dinero de la federación se maneja a través de un programa que se llama Programa Nacional de Solidaridad.
También le pregunto: ¿Cuánto cuesta el salario a los delegados del Programa Nacional de Solidaridad y quién lo paga?
Finalmente, cuando tenemos campañas electorales, ¿ Por qué se incrementa la difusión del Programa Nacional de Solidaridad? Muchas gracias.
El diputado Eloy Cantú Segovia: -Bueno, pues son muchas preguntas. Déjeme decirle en lo general lo siguiente: En primer lugar, aquí se ha cuestionado que existe una superestructura del Programa Nacional de Solidaridad. Yo creo que es, una vez más, una ignorancia total de la realidad.
El Programa Nacional de Solidaridad trabaja a través de las estructuras sociales que la sociedad se ha dado a sí misma; tiene sus propios grupos que a veces provienen de clubes, de asociaciones diversas y ahí está trabajando el Programa Nacional de Solidaridad.
Por otra parte, el mayor esfuerzo de gasto del Programa Nacional de Solidaridad se hace no a través del gobierno federal ni de oficinas burocráticas. Se hace a través de los municipios, sea quien sea el municipio.
Yo provengo de..., mi cabecera distrital es un municipio panista y ahí el gobierno es del alcalde y lo ha dicho públicamente, más contento y más feliz con el Programa Nacional de Solidaridad. Les fue tan bien que hasta volvieron a ganar el municipio, sin duda no es ajeno a su inquietud... (Aplausos.)
Lo real es que eso está sucediendo y ciertamente el que haya muy buena difusión y muy buena comunicación del Programa, es en beneficio de la comunidad para estimular la organización social y no es otro el propósito más que de esta manera hacer crecer la de por sí ya muy amplia confianza ciudadana en este programa.
Enhorabuena que se sepan usar los tiempos oficiales a que tiene derecho el gobierno, para beneficio no del gobierno, sino de la comunidad, que es el beneficiario del Programa Nacional de Solidaridad. (Aplausos.)
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): -Diputado, hace un rato usted argumentaba que no rompía este presupuesto con el principio de unidad y alegaba que en el artículo 16 de la Ley de Programación, de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se permitía excluir determinados gastos del Presupuesto. ¿Es así?
Es decir, ¿ Qué es posible que haya pagos que no estén comprendidos en el presupuesto, en virtud de esta disposición de la Ley? Así es, ¿Verdad?, ¡Bueno!
Si esto es así en su argumentación, yo quisiera leerle lo que dice la Constitución y le pediría su comentario.
Usted argumentó que puede haber gastos que no estén comprendidos en el presupuesto, pero el artículo...
El diputado Eloy Cantú Segovia:- ¿Me permite, compañero?
El artículo 126 de la Constitución, es el que usted me va a leer.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): -"No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto".
El diputado Eloy Cantú Segovia: -Mire, compañero, yo conozco muy bien ese artículo.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): -¡No parece!
El diputado Eloy Cantú Segovia: -Me anticipé a su artículo porque en mi exposición traía el artículo 126, pero me distraje y no hice alusión a él.
Efectivamente el 126 lo conozco muy bien, pero no es por ahí, compañero Felipe Calderón y usted es jurista, que iba mi razonamiento. No es por ahí es muy obvio un error de esa naturaleza.
No, señor. Es simplemente y le recuerdo a usted que está muy claro que la última parte señala, en relación con las entidades paraestatales, que se determine incluir en dicho presupuesto.
¿Por qué se da esta facultad discrecional? Por que, mire compañero Calderón, usted sabe perfectamente bien que hay un gran número de entidades paraestatales entre las empresas de participación estatal mayorista o inclusive puede haber organismos descentralizados que no requiere de recursos fiscales de transferencias, como se dice técnicamente, para operar, porque están muy bien administradas, porque son superavitarias, porque con sus recursos propios pueden salir adelante. y usted sabe perfectamente bien que los organismos públicos descentralizados y las empresas de participación mayoritaria, unas, las primeras, organismos creados
por ley o por decreto y la segunda, conforme a la Ley de Sociedades Mercantiles, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. En consecuencia se distinguen de la personalidad del estado, no forman parte de la administración central, es otro ente jurídico.
Y si no tiene necesidad de tener transferencias, ¿Qué necesidad hay de incluir en el presupuesto a esas empresas, que la buena administración de ellas las hace perfectamente rentables? No hay lugar para ello, por eso existe la facultad discrecional. (Aplausos.)
El Presidente: -Dígame, diputado Lujambio.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul): - Pido la palabra, en términos del artículo 100.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: -Señor Presiente; compañeros diputados:
El contenido del mensaje que acabamos de escuchar del diputado Cantú, tiene algunas frases, algunas afirmaciones que me parecieron realmente de importancia vital no dejarlas pasar por alto, porque si establecemos un debate en el cual se afirma una cosa y se vienen a contestar cosas diferentes, como que no avanzamos mucho, es el diálogo de los sordos.
Se habló aquí, se acaba de decir aquí, habló de algunas cosas, habló de Pacto Federal, nos habló también del Plan Nacional de Desarrollo, que es coherente con el Presupuesto de Egresos, nos dice el diputado Cantú también que reclaman o que reclamamos, posiblemente se refiere a nosotros, la oposición o a Acción Nacional, más participaciones y preguntaba que para qué. Qué para qué queremos más participaciones. Que si para cumplir más responsabilidades, añadiría.
También nos mencionó el Convenio Único de Desarrollo, nos habló del Programa Nacional de Solidaridad, de algunos otros puntos, que me parece que todos son materia y dan pie para hacer alguna contra argumentación, que esperemos sea sustentada por la razón.
En relación al Pacto Federal y el concepto que se tiene del Pacto Federal, según lo he podido percibir, Yo creo, reconociendo como lo he hecho en otras ocasiones que sin ser un experto en leyes ni mucho menos, pero contando afortunadamente con el consejo de buenos compañeros que lo son,. ¿Qué es lo que se supone que es un Pacto Federal y cuál sería el propósito de realizar este pacto?
Esto viene a colación y como que resulta un poquito más de actualidad observando lo que está ocurriendo en este momento de la Unión Soviética, en donde las Repúblicas Soviéticas que formaban la Unión, decidieron de repente separarse, declarar que ya no existe la Unión de Repúblicas Soviéticas Sociales y establecer una nueva perspectiva de unión, pero sobre bases totalmente diferentes a las que prevalecían anteriormente.
El Pacto Federal, en todo caso, sería aquél en el cual los estados libres y soberanos que conforma a nuestra nación, haciendo uso de esa soberanía y de esa libertad, suscriben un pacto con una entidad superior que sería precisamente la federación, que sería el gobierno federal, en el cual se comparten atribuciones y facultades para darle cuerpo a la nación, al Estado nacional.
En relación a las participaciones que nos preguntara que reclamamos más participaciones. Yo quisiera rectificar al diputado Cantú, que nosotros en Acción Nacional de ninguna manera reclamamos más participaciones. No es éste el punto. Lo que nosotros pedimos y planteamos ante la opinión pública nacional, ante esta honorable Cámara, es que nos pongamos a revisar y a fondo cuál es la facultad y la responsabilidad de cada nivel de la administración pública. Por que, ¿Qué son los impuestos señores diputados?
Los impuestos no son más que la contraprestación en dinero y en especie por los servicios y obras que ofrece o que tiene la obligación de prestar la administración pública y se da el caso de que en nuestra patria hemos ido desvirtuando totalmente el concepto de los impuestos y esta correlación directa que debe de existir entre el pago de los impuestos que hacemos los contribuyentes y la contraprestación que la administración pública debe de hacer en obras y servicios que justifiquen estos impuestos.
Y se da el caso de que el 115 constitucional con toda claridad nos establece esas obras y esos servicios públicos. Ya mencionaba en otra ocasión en la tribuna, ustedes los conocen: Agua, drenaje, alumbrado, seguridad pública, recolección de basura, mercados, áreas deportivas etcétera.
Y se da el caso inconcebible, señores diputados, de que este nivel de la administración pública, que es el municipio y el que está más cerca, más inmediato a la vida del contribuyente, a la vida del mexicano, no tiene la facultad de cobrar los impuestos que le permitan atender eficazmente a esos servicios. ¿Por qué? Porque
mediante estos convenios de coordinación fiscal, mediante estos convenios únicos de desarrollo, se le han ido suprimiendo sus propias fuentes de ingresos a los municipios.
Entonces no reclamamos más participaciones, sino que simplemente pedimos las fuentes tributarias que deben de tener los municipios para poder entender en forma directa esas necesidades.
Señor Presidente, observo que algunos compañeros diputados están haciendo señas de tiempo. Le rogaría que aclarara en qué términos se me concedió el uso de la palabra, porque parece ser que lo ignoran o no se enteraron, si fuera tan amable.
El Presidente: -El señor diputado Lujambio pidió la palabra en los términos del artículo 100, por lo tanto, está en tiempo. (Aplausos.)
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: -Muchas gracias.
Así es de que quede bien claro, no estamos reclamando, ni limosneando más participaciones; lo que queremos es un trato digno y un trato justo a los estados y a los municipios de la República, eso sí lo reclamamos, eso sí lo exigimos; queremos sentarnos a hablar los tres niveles de la administración pública, para establecer las esferas de competencia y de atribuciones en prestación de servicios y en prestación de obras públicas y en función de eso, asignarle a cada nivel de la administración sus propias fuentes tributarias. ¡No queremos el esquema de participaciones; queremos fuentes propias y directas para cada nivel de la administración pública!, que quede bien claro, señores diputados de la mayoría.
Este tema parece ser que sí causa un poquito de incomodidad a quienes defienden este esquema y este escenario de centralismo y de concentración feroz de los recursos acá en la capital de la República y, sin embargo, nos proponemos a abordarlo y seguir sobre de él todo el tiempo que sea necesario, porque ésta es una reclamación del pueblo de México, no sólo de mi partido, Acción Nacional. Queremos trato justo entre los tres niveles de la administración.
¿Qué son los convenios únicos de desarrollo? A mí me ha tocado participar en la firma de estos convenios, como testigo presencial simplemente, en donde llega un Secretario de estado al Palacio de Gobierno de la entidad de que se trate y el señor Secretario de Estado es recibido con todos los honores de su investidura y se procede a leer un documento que ya casi es un patrón y un cartabón hecho, que se le da a firmar al señor gobernador del estado y que cómo se va a negar a firmarlo un gobernador, ¿A qué se expone el gobernador que tenga el valor civil o el espíritu de independencia, o el respeto a la soberanía de su propio Estado, que le reclame a la Presidencia o al ejecutivo mayor autonomía y mayor independencia?, por eso, estos convenios únicos de desarrollo, que nos los mencionan como una forma en que la Federación viene a los estados y a los municipios a hacer más gastos, parece como que es una dádiva generosa del gobierno central hacía los estados. ¡No se puede vivir de dádivas!, un país para que se desarrolle necesita forzosamente el esfuerzo de sus propios ciudadanos para lograr este desarrollo.
Nos hablaban de que ha habido aumento en las participaciones. No sé si habrá leído el diputado Cantú los criterios generales de política económica, que claramente establecen que en los últimos tres años las participaciones siguen exactamente igual en relación al producto interno bruto. Entonces, no nos equivoquemos, las participaciones dentro de lo que es la distribución de la riqueza en este país, siguen estando en la misma proporción en los últimos años, no ha habido absolutamente ningún incremento.
Nos dicen también que el presupuesto es muy democrático, que las propuestas de inversión vienen o nacen desde las comunidades, que es todo un proceso, que nacen allá, en las comunidades rurales, donde se establecen las demandas de aquel municipio, de aquel rancho, de aquel ejido, pasan a los comités de planeación, se nos dice y luego finalmente a la Secretaría de Programación y Presupuesto que es la que concentra y al final de cuentas asigna los recursos. Este esquema, señores diputados, no es más que un refrito de lo mismo, es otro sistema de control absoluto de la Federación, un sistema en que la planeación se nos dice, no, lo que queremos no es que se haga una planeación a nivel nacional desde el centro de la República, sino lo que queremos es que los estados puedan, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, verdaderamente desarrollar su propio esquema fiscal de común acuerdo a las posibilidades de los ciudadanos de su Estado, ya no queremos sistemas fiscales que desde aquí desde el centro nos recetan la misma medicina, los mismos impuestos, las mismas tasas impositivas a todos los estados, a los ricos y a los pobres. ¡Dónde está entonces este espíritu o este propósito de redistribución de la riqueza si estamos pagando los mismos impuestos? El estado
de Oaxaca, que ya decíamos que tienen un ingreso per capita cinco veces inferior al que tiene el Distrito Federal por poner un ejemplo, ¿dónde ha habido ese proceso de redistribución de la riqueza? Quisiéramos verlo, no que se nos enuncie exclusivamente en el discurso, que se demuestre que hay un proceso verdadero de redistribución territorial o regional del gasto público o de la riqueza, o del producto per capita.
Así es de que sí, que puede claro, los impuestos deben de tener la característica de adecuarse a las posibilidades y a la capacidad de pago de los contribuyentes; no puede pagar el mismo impuesto un nativo de la sierra de Oaxaca que un ciudadano que viva aquí en la colonia Nápoles, por ejemplo; se tiene que dar un tratamiento fiscal diferente y como aquí a esta tribuna se viene con frecuencia a citar lo que ocurre en otros países del extranjero, pues vale la pena y eso nos permite también citar a estos países en otros países y vamos a hablar ahora de Estados Unidos por la proximidad y por ser nuestro próximo probablemente socio comercial, el impuesto al consumo es diferente en cada estado. El impuesto sobre el ingreso de las personas físicas es inferior al impuesto que estamos pagando los mexicanos en muchos casos; entonces se necesita hacer diferenciación y se necesita que cada Estado y que cada región del país pueda verdaderamente desarrollarse, si, con la concurrencia de la Federación en alguna forma, pero básicamente como resultado de su propia energía que está actualmente atada por estos controles que ejerce la Federación a través de todos estos programas y planes nacionales de desarrollo, el Convenio Único de Desarrollo, la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, todos estos esquemas que no han resuelto las carencias del pueblo de México en lo más mínimo y que no son más que una manifestación clara del presidencialismo y del autoritarismo de que hablaba hace unos minutos en esta tribuna.
Decía también el orador que jamás habrá presupuesto suficiente, claro, estamos totalmente de acuerdo en esto, nunca habrá el presupuesto suficiente para todo lo que se necesita en un país pobre como el nuestro, razón de más y motivo mayor aún para que seamos tan celosos en el cuidado y en el buen uso del presupuesto y de los recursos, esa insuficiencia que tenemos en este país, crónica, es lo que nos obliga a tomar una actitud de vigilancia más cuidadosa.
También nos hablaban de que da gusto de ver al avance de cómo vamos, de todos los indicadores económicos que demuestran que vamos muy bien. Pues los hechos demuestran lo contrario, señores, no haya por qué dar gusto, tenemos que estar en actitud de preocupación y de verdadera consideración a las necesidades de todos esos mexicanos que están sufriendo la penuria de que hablaba yo hace unos minutos.
Así es de que dejo rectificado el pacto federal, tal como lo conciben no funciona, el pacto federal tiene que ser con base en estados y municipios fuertes. Ya no queremos un Estado centralista y centralizador, que toma las decisiones a nombre de 80 millones de mexicanos y a nombre de 32 estados de la República; queremos un país en donde compartamos entre todos estas responsabilidades y cada estado juegue un papel activo y decisivo en la construcción de su propio destino y de su propio futuro. Desde luego que sí tiene que haber coordinación fiscal, estamos de acuerdo, pero basándose esencialmente en la capacidad y en las potencialidades de cada estado y de cada región de este país.
Así es de que el centralismo que se decía que éste no es un sistema de planificación centralizada al estilo. vamos a decir de la Unión Soviética, la verdad es que la producción y el consumo no están controlados desde el centro, pero sí están controlados todos nuestros impuestos desde el centro, sí se escribe la historia desde aquí y nosotros los mexicanos queremos ser partícipes en escribir nuestra historia y tomar parte activa en la construcción de nuestro destino y de nuestro futuro. Gracias, señores diputados.
El Presidente: -¿Con qué objeto, diputado Rodríguez Prats? Tiene usted la palabra en los términos del 102, cinco minutos.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: -Con su permiso, señor Presidente:
Desde hace ya algunas sesiones hemos venido discutiendo este tema sobre las participaciones a los estados y a los municipios.
Creo que una de las políticas más complejas y que involucra muchos campos, es la política fiscal. México ha recorrido un camino difícil para precisar el hecho imponible, el hecho al que ha de gravarse, que refleje efectivamente la capacidad del ingreso del causante, para evitar los fenómenos de doble imposición, para diseñar aparatos de recaudación que no sean costosos, para evitar las repercusiones, para evitar la inflación, la inflación es un impuesto que no tiene una base gravable, obviamente, sino que se aplica indiscriminadamente, que no tiene una tasa y perjudica a la clase económicamente débil y en
este largo camino pasamos en el impuesto sobre la renta de aquel esquema celular a un esquema de acumulación de ingresos; en el impuesto sobre ingresos mercantiles, que era un impuesto en cascada; evolucionamos hacia el impuesto al valor agregado y fuimos caminando también para coordinar adecuadamente las tres entidades de gobierno en cuanto al cobro de los distintos impuestos, de las distintas contribuciones.
Ya en alguna ocasión aquí me refería a todo el siglo pasado con las leyes de renta nacionales y este siglo que se creó la Comisión Nacional de Arbitrios, que se trató de evitar en forma muy insistente aquellas viejas alcabalas cuando para salir de cada estado nos encontrábamos con las casetas fiscales y cuando los municipios para poder recaudar y obtener sus ingresos, muchas veces se iban por el esquema de autorizar centros de vicios, al grado de inclusive alcoholizar a su población, fenómeno que se dio a nivel municipal y precisamente a base de coordinación, a base de concertación, se llegó, vía convenciones fiscales que comenzaron en este siglo y recientemente vía Ley de Coordinación Fiscal, a primer lugar darle prioridad, en un sistema político fiscal moderno, al contribuyente. Se fueron evitando los casos de doble recaudación y se fueron celebrando convenios para efecto de que una sola entidad cobrara y se le hiciera llegar los ingresos a las otras entidades. Es un esquema mexicano, es un esquema al que las experiencias nos condujeron a él, a irlo afinando y de esta manera se ha impulsado al federalismo. En 1970 de una recaudación que apenas alcanzaba el 8% del producto interno bruto, se destinaba el 13% de participación a estados y municipios. En 1992 de una participación que se incrementa al 18% pero, a su vez, también se ha incrementado la recaudación, en lo que es vía contribución a un 10% del producto interno bruto, lo cual nos refleja en número relativos a casi triplicar los que recibe, vía política de ingresos, los estados y los municipios.
Pero si nos ponemos analizar también la política vía gasto, el 90% del Presupuesto de Egresos, se ejerce en los estados y en los municipios. Inclusive el gasto educativo que absorbe la federación, en estados como Oaxaca, triplica el presupuesto mismo del estado de Oaxaca y que lo absorbe la federación y hay un organismo que con todo y que su presupuesto aparentemente está centralizado, como podríamos hablar de la Comisión Federal de Electricidad, ahí están dos obras que se están construyendo sumamente importantes y que fueron un reclamo, por muchas décadas, de los pueblos de Nayarit, con la Hidroeléctrica Aguamilpa, que es una hidroeléctrica clásica de doble propósito y que va a ayudar a la agricultura de riego y la Hidroeléctrica de Zimapán, en la confluencia de los estados de Hidalgo y de Querétaro.
Nosotros compartimos esta preocupación de impulsar el federalismo, pero creo que en el esquema actual, con este diseño de esta política que recauda más, que simplifica el aparato recaudatorio, que protege al contribuyente para no caer en esquemas de doble tributación, creo que es el esquema adecuado para hacerle llegar a estados y municipios, efectivamente, en un esquema de coordinación, de diálogo, de firmas de convenios, de afinamiento de la ley de coordinación, el impulso otorgándoles recursos. Se les dio inclusive el impuesto predial a los estados y nos hemos encontrado con el fenómeno a los municipios, de acuerdo a la reforma al 115, que muchos de éstos no han reactualizado los valores catastrales, precisamente por ser la autoridad política que está más cerca del contribuyente.
Lo que quiero decir con todo, es que es una política compleja en la que hay que cuidar, superar, fundamentalmente, esa etapa que ya afortunadamente trascendimos de que las tres entidades salieran a cobrar porque, al final de cuentas, ni había justicia para el contribuyente ni se recaudaba lo suficiente ni las entidades obtenían los recursos para enfrentarse a las necesidades populares.
Creo que el esquema que contempla el presupuesto si es un impulso al federalismo. Creo que la política fiscal del Estado mexicano se ha ido afinando para que de acuerdo a nuestras condiciones económicas, a nuestra realidad actual, sea lo más adecuado y lo más idóneo de lo que correspondería a la modernidad de la política fiscal mexicana. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Calderón, para hechos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su permiso, señor Presidente, sólo una muy breve reflexión para hechos en términos de federalismo e inversión pública. Un preocupación que expresamos en otras ocasiones en tribuna tiene que ver con un aspecto adicional al problema de las participaciones federales y es el elemento que sucede con una extraordinaria frecuencia que las secretarías de Estado, organismos descentralizados y en ocasiones empresas paraestatales, deciden la realización de diversos tipos de proyectos de inversión pública, proyectos sectoriales o regionales en diferentes espacios geográficos de la República, sin el consenso, sin
la participación democrática de los habitantes de esas regiones y sin la opinión de las autoridades legítimamente constituidas en términos de gubernaturas de los estados y presidencias municipales.
Y hablo de esto porque un problema nodal, ya es el que las participaciones federales con mucha frecuencia, obedecen a un machote de convenio único de desarrollo que no se base en un auténtico consenso democrático del pueblo.
Pero estos problemas centrales precisamente, esta imposición autoritaria del Poder Ejecutivo Federal de decisiones de obras que pueden y doy el beneficio de la duda, ser útiles o convenientes para la población pero donde no se consensa su opinión y no se establecen las modificaciones y modalidades necesarias para que sea en beneficio de los pobladores.
Durante varios años se sabía mucho más en la capital de la República sobre un proyecto de desarrollo rural en el municipio de Lota, denominado Proyecto Lota - Piaxtla, se sabía mucho más aquí y sabíamos muchos más los sinaloenses radicados en el Distrito que el conocimiento que tenía de este proyecto, la autoridad municipal legítimamente constituida, donde esta obra de riego se realizaba y donde iba a ser aplicada y decisiones que tienen que ver por ejemplo con el proyecto de la Presa Huites, en el norte de Sinaloa y que beneficiaría al sur de Sonora, durante años han sido manejadas también de manera no concertada con los estados de la Federación.
Hay muchísima experiencia en términos de obras de riego o en términos de obras hidroeléctricas que no han sido consensadas y que generan después movimientos campesinos o luchas de pobladores afectados por desalojos de presas o de otro tipo.
Hay pues razón y ése el motivo por el cual quise hacer esta breve intervención, para cuestionar la relación entre los estados de la Federación y el Poder Ejecutivo Federal, no sólo en términos de la estructura de recaudación fiscal no sólo en términos de los contenidos de los convenios únicos de desarrollo que se imponen con mucha frecuencia a los estados y municipios, sino en términos de un hecho grave y es que la mayoría de las empresas paraestatales y secretarías de Estado no realizan un esfuerzo de consenso y concertación previa democrática con estados de la Federación, municipios y pobladores, en la definición de sus obras públicas. Formalmente sí, en algunos casos, pero no en términos reales, que es lo que importa para la salud de la República; por tanto hay motivo para una reflexión de la necesidad en futuros Presupuestos de Egresos de la Federación, de un esfuerzo previo de evaluar de manera precisa los impactos que la obra pública o la inversión pública de las diferentes secretarías de Estado va a tener en cada uno de los estados de la Federación y en cada uno de los municipios y ojalá que hubiera un mecanismo adecuado, con las reformas legales convenientes, para que previo a que esta Cámara llegara el proyecto de dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada estado involucrado en la inversión que va a realizarse en este estado, se realizara el esfuerzo de concertación previo con los estados y con los municipios de la Federación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Fauzi Hamdan.
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo creo que estarán de acuerdo los señores diputados Cantú y Rodríguez, que es un caso de excepción a nivel constitucional que concurran, llamadas también facultades coincidentes, la federación y las entidades federativas para fijar contribuciones en todas las materias para cubrir sus respectivos gastos públicos, excepto en los casos expresos que están previstos en la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, en que expresamente se señala que la federación dará participación a los estados y éstos a su vez a los municipios, a través de la ley reglamentaria, que es de manera exclusiva la mal llamada Ley de Coordinación Fiscal.
Para evitar lo que decía el diputado Rodríguez, se impuso unas bases de coordinación en las contribuciones que concurre la federación y los estados sobre la misma fuente gravable, para evitar la mal llamada doble tributación, pero las condiciones los términos de esa eliminación de tributación por las entidades federativas, las fijó unilateralmente el gobierno federal. Las fijó unilateralmente desde el punto de vista de facto, por la supeditación, subordinación a que han estado sujetas las entidades federativas frente al gobierno federal. Se les revistió de cierta formalidad desde 1925 en que empezaron las primeras reuniones de coordinación y que finalmente han desembocado en una sofisticación de la Ley de Coordinación y las bases de participación de las entidades federativas. Las entidades federativas recogen migajas de un derecho que les corresponde en forma originaria a ellos.
Es indiscutible que a las entidades federativas, para que gocen de una auténtica autonomía y que caminen con dignidad, tengan también la independencia económica; la tienen a nivel constitucional, pero se les pone el pie y se les subordina para mantener el control el gobierno federal sobre los recursos totales; que tiene que hacer hidroeléctricas o construir presas o caminos de jurisdicción federal, pues eso es parte de la competencia que le compete al gobierno federal conforme a la legislación correspondiente y con los recursos provenientes de las contribuciones a nivel federal, bastaba para hacerlo con base en la fracción XXIX y lo demás seria para el ámbito de las entidades federativas. Sin embargo, no es así: las entidades federativas no legislan en materias que tienen ellos competencia para subordinarse al gobierno federal y, a través de la Ley de Coordinación, inhiben su facultad legislativa originaria.
¿Qué significa esto? Que para no duplicar la carga tributaria al contribuyente y que es impolítico, obviamente "aceptan", por una relación de supraordinación, las condiciones de esa Ley de Coordinación; no imponen tributos estatales simplemente para recibir esas participaciones de impuestos.
¿A quién le es ajeno que constitucionalmente pueden imponer impuestos personales las entidades federativas, al igual que el gobierno federal? A nadie, está previsto en el artículo 73, fracción VII y no es un caso de excepción al 124 constitucional. Pero obviamente en materia federal impuesto sobre la renta, que es el tributo más importante, se inhibe la legislatura local de establecerlo y recibe participaciones. Lo mismo es el impuesto indirecto del valor agregado, del cual ya se discutió ampliamente y así de los diversos impuestos. ¿Qué le queda? Recaudos residuales, que muchos los tienen que imponer con dudosa constitucionalidad. Aquí está el caso del impuesto sobre nóminas del Distrito Federal: fue ampliamente discutido por la corte, finalmente fue, desafortunadamente, declarado inconstitucional por razones evidentes de recaudo para el Distrito Federal.
Impuestos de 1% sobre profesiones, que lo impuso en el período del presidente López Portillo, 1977-1978. Tuvieron que aumentar las participaciones federales para derogar ese impuesto del 1% sobre ingresos de profesionistas. Lo tienen algunas entidades federativas. Residuos, migajas que reciben las entidades federativas de tributos locales para las participaciones. Se les afectan las participaciones si no cumplen con determinados requisitos y un ejemplo claro hoy en día el impuesto federal sobre adquisición de inmuebles, es local por su propia naturaleza, es de lo que se llama impuesto reales sobre ingreso diferencial sobre la renta. Hay una ley federal de impuestos sobre adquisiciones de inmuebles, que está en suspensa su aplicación, siempre y cuando las entidades federativas no rebasen determinadas condiciones que impone ese impuesto federal. Tienen precisamente la bota encima las entidades federativas. Si se les dejara autónomamente a que fijaran sus tributos o bien que se elevara a rango constitucional, que es precisamente el gran reclamo del Partido Acción Nacional, evidentemente a nivel constitucional se dividirían las contribuciones y que ya no hubiera facultades concurrentes y gozarían entonces las entidades federativas de una autonomía legislativa y obviamente serían responsables, única y exclusivamente ellas, de qué estos impuestos cumplieran con los principios de proporcionalidad y equidad que establecen las leyes.
De manera que es una quimera hablar hoy en día de una verdadera coordinación y de un consenso de las entidades federativas. Hay hechos políticos evidentes que ponen de manifiesto que más que coordinación, es subordinación; más que concertación, es imposición. Por ello hay una debacle en la condición de las entidades federativas. Muchas gracias.
El Presidente: -Hay un orden de oradores.
Tiene la palabra el diputado González Curi y en seguida el diputado Eloy Vásquez.
El diputado José Antonio González Curi: -Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Acudo a esta tribuna en relación a diversos comentarios que han hecho los partidos de oposición referentes fundamentalmente al gasto público y la forma como se ejerce, como se programa en los Estados de la Federación y en los municipios.
Quisiera destacar con todo respeto que hay un absoluto desconocimiento de algo que para los mexicanos ha resultado muy importante construir, que es el Sistema Nacional de Planeación Democrática. El Sistema Nacional de Planeación Democrática, que tiene sustento jurídico en el artículo 26 constitucional, es el mecanismo precisamente en donde se da la coordinación estrictamente necesaria, indispensable en estos tiempos en donde la carencia de recursos se manifiesta con mayor énfasis, para conjuntar los esfuerzos y los recursos financieros de los tres niveles de gobierno, con el sector social y con
el sector privado. Para ello, el Ejecutivo Federal, en cumplimiento de lo que establece la Ley de Planeación y después de un amplio proceso de consulta popular, que se hace a través de foros especializados de carácter sectorial, con la participación del sector social y privado, establece el Plan Nacional de Desarrollo dentro de los seis primeros meses de su administración, que establece las líneas generales de trabajo de la República, tanto a nivel sectorial como en su carácter territorial. De tal forma que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales y el sector social y privado, puedan sumar sus esfuerzos de una manera armónica y coordinada en beneficio del desarrollo nacional.
Existen también, en virtud de ese sistema nacional a nivel estatal, sistemas estatales de planeación democrática, cuentan los estados también, cada uno de ellos con una Ley Estatal de Planeación, que los obliga en términos generales a presentar su plan estatal de desarrollo, en los primeros seis meses de su mandato. Hay en los estados los comités estatales de planeación del desarrollo. Estos organismos en donde participan los tres niveles de gobierno y el sector social y privado, lo preside el gobernador del Estado, del tal forma que la inversión pública que se hace en las entidades federativas surja de un proceso de programación específico que está bajo el control, bajo la dirección, bajo la organización de los gobiernos estatales.
Yo rechazo enfáticamente en esta alta tribuna de la nación, de que la inversión pública que se lleva a cabo con recursos federales inclusive, en los estados de la República, se haga de una manera autoritaria, impuesta y sin conocimiento de las autoridades estatales. Estos comités estatales de planeación del desarrollo funcionan a través de comité sectoriales en donde se decide también la inversión de impacto estatal, en el sector de desarrollo rural, en el sector de pesca, en el sector turismo y así en cada uno de los sectores fundamentales de la vida económica y social de los estados y en los municipios, con pleno respeto a la autonomía municipal, funcionan los comités municipales de planeación del desarrollo. En un número muy importante de municipios de la República, se cuenta con planes municipales de desarrollo, que establecen el contexto general de la forma en la cual podrían trabajar los sectores económico, el sector social, en beneficio del desarrollo municipal. Es en el seno de los comités municipales de planeación del desarrollo, con la participación decidida de la comunidad, con la participación del sector social y privado, de manera democrática, en un marco de especialización sectorial, donde se proponen al estado y a la federación, las obras específicas que se van a hacer en cada municipio en los diferentes sectores.
Es también en el seno de estos comités municipales, donde se negocia, donde se hacen las propuestas de aportaciones de recursos tanto municipales como estatales, como federales, como los que podría aportar el sector social y privado, en específico, en cada obra, para poder conjugar una mayor cantidad de recursos y poder atender una mayor demanda social, en un contexto nacional, como el que se da en la mayor parte de las naciones del mundo, de insuficiencia, de recursos financieros para poder atender la legítima demanda popular.
El Convenio Unido de Desarrollo es el documento en el que se sientan las bases precisamente de esta coordinación, precisamente de la forma en que participan los tres niveles de gobierno de los sectores social y los sectores social y privado.
Lejos de ser un mecanismo de imposición, lejos de ser un mecanismo que refleje autoritarismo de la autoridad central, es un mecanismo absolutamente democrático que refleja respeto a la soberanía de los estados y la capacidad que tienen cada uno de éstos para decidir los caminos para obtener su desarrollo.
Quiero destacar también aquí que cuando hablamos de que las participaciones y estímulos a los estados, dentro de la composición total del presupuesto y que este importante rubro se ha mantenido en un constante incremento en los últimos años, incremento que de 1989, al presupuesto que se propone para 1992 ha duplicado su participación dentro del monto total del presupuesto. Nos referimos a una muy importante fuente de financiamiento para los municipios, pero quiero insistir, para terminar, que no es la única. Concurren para el desarrollo de los municipios, también recursos federales, recursos estatales y recursos del sector social y privado que dentro de este gran Sistema Nacional de Planeación Democrática, se armonizan del tal forma que la inversión pública responda específicamente a la legítima demanda popular. Muchas gracias.
El Presidente: -Tienen la palabra el diputado Eloy Vásquez.
El diputado Eloy Vásquez López: -Con su permiso, señor Presidente.
Bueno, pedí la palabra no para alusiones personales, sino para alusiones estatales.
El diputado Rodríguez Prats, se sirvió mencionar mi estado para decir que efectivamente le daban en obra y en inversión pública, de las dependencias federales, el doble de lo que le daban en participación. Solamente que para la información de ustedes, en 1990 y 1991, la participación del estado de Oaxaca significó 430 mil millones de pesos y esto solamente corresponde al .55%; es decir, cinco milésimas del gasto programable de la administración central y si acaso fuera duplicado, significaría únicamente el 1% de lo que implicó el gasto programable de la administración central.
Esto quiere decir que la transferencia que se da a los estados, porque quiero decir que Oaxaca ha sido en este año uno de los estados que ha recibido mayor inversión pública federal y también de la inversión pública del gobierno federal; si, tanto del sector público como del gobierno federal. Oaxaca ocupa, ha ocupado un lugar privilegiado, sobre todo porque han canalizado recursos del Programa Nacional de Solidaridad. Esto quiere decir que los demás estados están en peores condiciones en relación con su participación dentro del gasto federal, significa entonces que las administraciones centrales ejercen, ocupan un porcentaje mayor que lo que transfieren a los estados y ése es precisamente el reclamo; la forma discresional en que si asignan los recursos para los estados a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Se nos mencionan los comités de planeación de desarrollo, ¿quién de nosotros, sobre todo, desde luego, quienes han sido presidentes municipales, quienes han estado a cargo de dependencias estatales, no me van dejar mentir, quién no ha negociado, de ustedes, con los delegados de la Secretaría de Programación y Presupuesto, el famoso Convenio Único de Desarrollo?, y ahí están los estirones y los jalones y al fin de cuentas lo que el delegado de la Secretaría de Programación y Presupuesto dice y aquí en México lo que dice. Carlos Rojas y lo que dicen cuando se va a negociar este asunto, es "señores, ya está autorizado, ya está cerrado esto... y ustedes tienen tanto y no se mueven de ahí"... y pueden ustedes decidir qué van a hacer con ese billón que se les va a asignar, pero no pueden cambiar las cifras, porque si quieren cambiar las cifras díganos entonces ¿de dónde vamos a sacar el dinero?, que me diga aquí que me venga a desmentir aquí un diputado, que le conste que se hayan incrementado, es decir, sobre partidas, una vez que están decididas por parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
En cuanto a los comités de desarrollo municipal, están peor, señores; ellos no solamente sufren el autoritarismo del gobierno federal, sino que también sufren el autoritarismo del gobierno estatal y al mismo tiempo concentra los recursos para obras que deciden en el Comité de Planeación de Desarrollo y sin tomar en cuenta lo que propongan los municipios. Porque el proceso de planeación democrática que establece la ley no se cumple, se da exactamente a la inversa, se da como una planificación normativa, primero se decide en el centro y después se distribuye de acuerdo como el centro decidió y así es de los estados hacia los municipios y así es de los municipios hacia sus subordinados, que son las congregaciones, agencias o etcétera.
Simplemente nosotros creemos que la visión debe invertirse, debe cambiarse, el proceso de planificación debe venir de abajo hacia arriba y ésa es la crítica que se hace, de las necesidades de los municipios, porque hay muchos municipios que aportan más de lo que reciben y aquí también algunos no nos van a dejar mentir. Existen estados, voy a concluir, en donde también se da esta misma situación y después, nada más para concluir, en el proceso de evaluación de la utilización de los recursos, también se viola la autonomía municipal y la soberanía de los estados, sobre todo también en la utilización de los recursos del Programa Nacional de Solidaridad, porque ni siquiera se permite que el ayuntamiento decida libremente sobre aquellos recursos del Programa Nacional de Solidaridad que no son utilizados por los comités que lo solicitaron y que finalmente se quedan en el municipio, ésos tienen qué regresarse directamente a la Secretaría de Programación y Presupuesto, de otra manera si se utilizan con el criterio del municipio, corre el riesgo el presidente municipal de ser destituido y se recluido en la cárcel.
Ese tipo de cosas que sucedieron, por ejemplo, en Putla, ahí en Oaxaca, el año antepasado y en año pasado y en Pochutla también, en donde destituyeron al presidente municipal, no debe suceder; debemos crear un verdadero proceso de planificación democrática que parta del municipio y termine en la Federación.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Calderón y luego el diputado Pereyra.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: -Gracias, señor Presidente: Pedí la palabra para rectificar hechos y a esto me voy a limitar:
El primer hecho es el siguiente: Al que alude el diputado Cantú, literalmente, en su intervención, dice: "Así pues, el que no estén todas las entidades paraestatales comprendidas dentro
del Proyecto de Presupuesto de Decreto de Egresos, no es violatorio de la Constitución".
Esta afirmación es, en sí misma, contraria a lo que dispone el artículo 126 de la Constitución, que dice que: "No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto".
Si se argumenta que no están en el presupuesto, porque no forman parte de la administración pública, eso es falso. Porque si bien es cierto no forman parte de la administración pública central, sí forman parte de la administración pública descentralizada o paraestatal, en los términos del artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde comprende a las empresas de participación estatal, a los fideicomisos públicos y a los organismos descentralizados.
Si al argumento es que no se incluyen porque son superavitarios, también es un argumento falso. ¿Por qué? En primer término, porque no es requisito que sean superavitarios o no para que realicen pagos, señores. Pago es a lo que alude la Constitución y si una empresa del sector paraestatal realiza pagos y si esa empresa pertenece a la administración pública, no sólo al poder constituido, debe estar comprendida en el presupuesto.
Y si ése es el argumento válido, ¿por qué entonces hay empresas superavitarias que se comprenda ahí? ¿O por qué entonces, cabría preguntarse, si valdría la pena incluir a dependencias que, en ese término tan rudimentario también, son superavitarias? O sigue el argumento y es válida la argumentación al absurdo, ¿por qué analizar un presupuesto que también es menor a los ingresos que ya percibiría la Federación?
El otro hecho que hay que rectificar, es el que se refiere el Programa Nacional de Solidaridad. Lo que el Partido Acción Nacional ha dicho, es que los recursos que se destinan, por ejemplo, a drenajes, a agua potable, alumbrado, obras que se realizan a través del Programa Nacional de Solidaridad, son de la competencia de los ayuntamientos, en los términos del artículo 115 constitucional y el hecho de que haya dependencias, Secretaría de Programación y Presupuesto, por ejemplo, o que haya organismos, sui generis si se quiere, que se interponen y además aquí hay otra violación constitucional, entre los ayuntamientos y los poderes estatales o federales, es en sí mismo un principio de destrucción del municipio libre.
No se trata de que los recursos de apliquen en el territorio municipal o en el territorio nacional, como vino a alegar Rodríguez Prats, sería absurdo que no se aplicara en el territorio nacional.
Lo que debe hacerse es que la autoridad municipal pueda decidir autónomamente sobre esos recursos y eso es lo que no ocurre y si en un ayuntamiento determinado se canalizan recursos por una instancia distinta al poder municipal, se está vulnerando y se está deteriorando y se está condenando a muerte a los ayuntamientos y al principio constitucional y verdaderamente revolucionario, del municipio libre.
No es el problema que beneficie o no localmente a personas pertenecientes a un municipio. El problema radica en que la autoridad municipal está atada de manos y no puede intervenir porque esos recursos ya están, como de dice, "etiquetados" para determinada obra y porque esos recursos no los decide la autoridad que la Constitución ha consagrado, que es el municipio libre, sino un comité o un delegado de solidaridad.
¡Eso es lo violatorio de la Constitución! ¡Eso es lo violatorio del Pacto Federal! ¡Eso es lo violatorio de un verdadero espíritu nacionalista que respete los principios constitucionales de autonomía de los estados y municipio libre!
De manera, señores, que ningún gasto puede estar fuera del presupuesto y estamos analizando un presupuesto que no comprende todos los gastos de la administración pública.
Y segundo, que no puede admitirse como bueno y valido, que solidaridad maneje recursos que deben manejar autoridades municipales, ¡Y hablo no sólo de oposición, señores; de su propio partido, del Partido Revolucionario Institucional, que maneja más de 2 mil ayuntamientos! ¡Tengan un poco de decoro y redignifíquense así mismo y a sus propios ayuntamientos! (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Pereyra García, en los términos del 102.
El diputado Ovidio Pereyra García: -Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Se ha hablado aquí en términos negativos para el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Pero yo voy a contestar desde dos puntos de vista: desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de la realidad; de la realidad que viven los estados y municipios y de la realidad que vive la Federación también.
Y voy a leer lo que dice el artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que se refiere a las participaciones de estados, municipios y Distrito Federal, en ingresos federales:
"Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los estados, municipios y Distrito Federal; establece las participaciones que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar las reglas de colaboración administrativa entre las distintas autoridades fiscales", etcétera.
En el tercer párrafo dice: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con los estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta ley. Dichos estados y el Distrito Federal participarán en el total de impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta ley, mediante la distribución de los fondos que en la misma se establezcan".
Me voy a remitir al artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal:
"Los estados que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establezca esta ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. Los estados que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán en los impuestos especiales a que se refiere el inciso 5, de la Fracción XXIX del artículo 73 constitucional, en los términos que establecen las leyes respectivas."
Y así otros artículos, en donde se señala la voluntad formal de los estados de adherirse a este sistema y pasaría al segundo punto de mi intervención, que sería lo que es la realidad. Ya lo dije en una ocasión aquí, cuando tuve el honor de estar en esta tribuna, de que la realidad es que los municipios y los estados estaban muy deteriorados en sus finanzas públicas y que fueron ellos, los estados, con la participación de gente capacitada, sus tesoreros o secretarios de finanzas, los que pidieron buscar un mecanismo que les permitiera un incremento sostenido de sus recursos y es así como nace la Ley de Coordinación Fiscal.
Con ello, los estados obtuvieron soberanía financiera, autonomía económica. Independientemente de que se diga aquí: "que se les han quitado sus atribuciones para legislar en materia fiscal". Pero ésa es una voluntad expresa de los estados de adherirse a este sistema. ¿O qué es lo que se desea con ello? ¿Qué se quiere tomar la determinación de establecer células aparte o desbaratar o distribuir el poder?, como decía un diputado compañero mío, "distribuir el poder", así oí. ¿Pero cuál sería el objeto de eso? Si ya vemos que otras naciones al distribuir el poder están perdiéndose. (Aplausos.)
Quiero decir que la distribución a las entidades era antes el 10%, que ahora tienen participaciones por el orden del 19% y que hay un garantía de participación en los convenios en la cual la Federación garantiza las participaciones que hayan obtenido en los años anteriores. Nunca ha habido necesidad de usar esta garantía y aquí también dijo un diputado, que en tres años anteriores, incluyendo este presupuesto, había una participación del 3.2% del producto interno bruto para participaciones a los estados y municipios. Pues yo le diría a este diputado, que es muy buena garantía tener incrementos sostenidos, porque es muy difícil que con administración tributaria ineficaz en los estados, por las presiones políticas de grupos, se pueda tener un incremento tan sostenido, como se tiene con este sistema de coordinación fiscal. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Rodríguez, para alusiones personales.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: -Con su permiso, señor Presidente:
Estamos en uno de los temas que más debate, que más confrontaciones legislativas ha provocado en la historia del federalismo. En 1840 fue famoso, en el congreso norteamericano, cómo hubo una muy fuerte discusión entre lo que eran las provincias y lo que era el aparato central del estado, lo vimos también en muchos estados europeos, en que este camino de la consolidación del federalismo, del equilibrio, no fue fácil; fue difícil, no es un problema que sólo contemple cuestiones de tipo jurídico, sino que involucra aspectos económicos, aspectos políticos, de balance de poderes, de cultura política y en donde México, desde 1824, adoptó ese esquema que está consignado en el 124, de las facultades explícitas y las facultades implícitas, que fue a su vez tomado de la constitución norteamericana y que provocó durante todo el siglo pasado una pugna entre entidades y poder federal. Repito no es un tema sencillo, no es un tema fácil y que simplemente se sugiera una solución ideal que pueda ser instrumentada en el breve plazo.
Yo confieso que en estos dos meses que llevamos de esta LV Legislatura, a veces contemplo con envidia a algunos diputados de la oposición. Pueden criticar e inclusive comprometer su voto en contra por un detalle en el que no estén de acuerdo, pueden asumir una actitud global de condenar la política del gobierno, en fin de cuentas, ellos están en busca de un electorado, tienen una legítima aspiración como partido político y como oposición es el papel ser críticos.
He venido, he admirado, al jurista Fauzi Hamdan, su conocimiento de la legislación fiscal, como litigante ha acumulado una gran experiencia y también la pasión de Felipe Calderón, cuando sube y exige rigor en las políticas gubernamentales. Pero yo les sugeriría a ambos, que tienen experiencia en el litigio y experiencia como legisladores, que pudieran platicar ahora con los gobernantes de Guanajuato y de Baja California, son compañeros de partido de ustedes y ellos les podrán informar cómo si se ha avanzado en escuchar, en diseñar las políticas de gobierno, en escuchar a los gobernantes, a los municipios, es diseñar juntos las políticas para realizarse en cada municipio e inclusive dejar a los mismos gobernadores que designen sus delegados en la Secretaría de Programación Presupuesto, para que se formulen los proyecto de gobierno conjuntamente y se canalicen los recursos en la medida de nuestra posibilidades porque ésa es otra de las cosas que también encuentro en los partidos de oposición, muchas veces hablan como si fueran condiciones ideales, como si no estuviéramos enclavados en una realidad, en un país subdesarrollado, con escasos recursos, saliendo de una crisis, sino en situaciones ideales en donde todas las alternativas y todas la posibilidades y todas las opciones las tiene el gobierno en sus manos y no es así; es una política, es un derecho, es una práctica que se desenvuelve en un momento preciso y una realidad que es la materia prima que maneja el gobierno y que maneja el político.
Yo sostengo aquí que la Federación es un punto de equilibrio en la inversión pública, que recauda en estados ricos e invierte en estados pobres, que hace obras que cada vez se van afinando más en una coordinación efectiva con todas las entidades de gobierno y escuchando a la ciudadanía.
Y por último una aclaración al compañero Eloy Vásquez, precisamente lo dije fue lo que él señaló, yo no hable de la participación de Oaxaca; yo dije de la inversión directa de la Federación en Oaxaca, que rebasaba el presupuesto de Oaxaca precisamente por ser una entidad que requería esos recursos. Nos vamos a la versión estenográfica y le agradezco mucho a mi compañero de Cámara que me dé la razón cuando venga a la tribuna, sobre todo si se supone que iba a contradecirme. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Para hechos, tienen la palabra el diputado Orihuela.
El diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas: -Compañeros diputados, he pedido la palabra solamente para hacer una precisión:
Hace un momento nuestro compañero , diputado Calderón, señaló aquí de lo que hace el Programa Nacional de Solidaridad en los diferentes municipios. El vino a señalar que el Programa Nacional de Solidaridad desplazaba a los presidentes municipales; yo quiero señalar algo que creo que es importante; como todos ustedes saben, Michoacán es un estado en el que el 50% de los ayuntamientos están gobernados por presidentes municipales que militan en partidos distintos al nuestro y en Michoacán, el Programa Nacional de Solidaridad ha tenido una gran participación en el desarrollo de nuestro estado, no sólo en los municipios priístas, nada más lejos de la realidad, lo que se vino aquí a decir, el Programa Nacional de Solidaridad no desplaza a presidentes municipales, el Programa Nacional de Solidaridad va en auxilio de ellos, va a apoyarlos y es mentira lo que se dice aquí, porque si bien es cierto que el presupuesto que se maneja y el Fondo de Solidaridad se hace a través de un Comité de Solidaridad, éste se integra dentro de la autoridad municipal, no lo integra el Programa Nacional de Solidaridad; lo integran adentro en el propio ayuntamiento.
Así es como el Programa Nacional de Solidaridad va y apoya realmente las acciones que los ayuntamientos consideran que son las más importantes; ahí se determina cuál acción necesita la comunidad y ahí es donde se determina cómo se van aplicando recursos, éste era el hecho que quería señalar y creo que el compañero Calderón al igual que yo es de Michoacán y sabe muy bien que en Michoacán los municipios están representados por varios partidos políticos. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -El diputado Calderón, para alusiones personales.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: -Lo primero es al diputado Rodríguez Prats, que evidentemente tomamos su consejo de consultar a nuestros gobernadores de Baja California
y Guanajuato. El hecho es que sabemos cuál es la situación de nuestro estado y también ustedes saben cual es la situación, la pelea que ha dado el estado de Baja California para lograr mayores recursos para los estados. Ustedes saben cuál ha sido la posición de Eugenio Elorduy, tesorero del estado, para lograr mayor participación. Lo ha hecho en reuniones de tesoreros estatales, lo ha hecho públicamente, por ejemplo en el programa de "Nexos", en televisión lo ha hecho en diversas instancias en que el estado ha buscado mayores recursos para Baja California, por supuesto, pero también para los demás estados y a veces es triste cómo hay tesoreros o funcionarios locales de otros estados, que comprenden y apoyan el esfuerzo de nuestros compañeros en Baja California, sabiendo que habría un beneficio también para sus respectivos estados, pero comprenden una realidad muy distinta que yo admito es difícil de modificar, pero es posible y sobre todo es necesario y yo creo que una contribución sana de esta Cámara de Diputados, sería lograr, sino en este presupuesto sí al terminar esta LV legislatura, podamos salir con un sistema fiscal y un sistema presupuestario que pueda ser gloria de un sistema federal, que pueda ser orgullo de todos los estados y municipios.
Yo creo que se requiere, sí, distribuir recursos, precisamente a los estados y municipios y no ocurrirá lo que ocurre en otras naciones, ocurrirá lo que ocurre en repúblicas verdaderamente democráticas y federales, donde los ayuntamientos o los estados tienen recursos más que suficientes para enfrentar sus necesidades apremiantes.
Y a la otra referencia que hace el diputado aquí a mi izquierda, efectivamente, Solidaridad canaliza, según nos dijo el secretario Zedillo, más recursos, se dice, la tasa promedio a los municipios de oposición es mayor que los demás ayuntamientos, pero es precisamente por lo mismo, precisamente destina más recursos a través de una autoridad o de un centro de decisión distinto a la autoridad de oposición y si fuera cierto que los ayuntamientos deciden autónomamente el destino de los recursos de solidaridad, no habría necesidad ni de los delegados de solidaridad ni de los comités, por que sería el ayuntamiento, que es la reunión de varios ciudadanos de una localidad, electos por voto directo, el que en estricta y legal representación de sus ciudadanos, decidiría las prioridades y cuidaría los gastos.
¿Cuál es la realidad? Que solidaridad es una bolsa de dinero que está controlada desde el poder central y muchas veces se ha llegado a decir que se controla así para evitar el dispendio en los gastos y las desviaciones de recursos. En este argumento, que no es por supuesto todo el que se esgrime pero es cierto que se esgrime, lo que hay en el fondo es temor de que el dinero de solidaridad se pierda en autoridades deshonestas y no habrá honestidad en las autoridades municipales, señoras y señores, mientras no haya sanción electoral clara y eficaz en cualquier elección municipal, mientras no haya la posibilidad de que los electores sancionen a los funcionarios ineficientes o deshonesto. Por eso se controla entre cosas desde el poder central y por eso los ayuntamientos nada más ven o acaso opinan, pero no deciden por su cuenta esos recursos.
Y si de Michoacán se trata, hay aquí un presidente municipal de Michoacán, panista, que puede corroborar lo que estoy diciendo, es Arnulfo y Vázquez y en obvio de tiempo yo lo invito a que converse con él y verá que es muy distinta la realidad que se platica muy distinta la realidad que viven esos ayuntamientos.
El Presidente: -Tiene la palabra el compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Enrique Rico Arzate: -Con su permiso, señor Presidente. Para alusiones municipales.
En mi calidad hasta el mes de mayo de presidente municipal en el estado de Guanajuato, en el municipio de Apaseo el Alto, pues tal parece que los compañeros diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional no conocen nada de los municipios, porque la realidad que vivimos allá es otra completamente diferente y en particular aquí hay compañeros del Partido Revolucionario Institucional que fuimos juntos presidentes municipales en el estado de Guanajuato y ellos también luchaban a brazo partido contra los presupuestos que no eran asignados directamente al municipio. Caso concreto el Programa de Solidaridad.
Y, bueno, el Programa Nacional de Solidaridad, yo siempre he estado en contra del Programa Nacional de Solidaridad, porque lo han utilizado para fines electoreros.
Y como un ejemplo concreto, en el municipio del que hablaba, hay una colonia que tienen 10 años solicitando la electrificación y otra colonia, hace tres meses solicitó al Programa Nacional
de Solidaridad y ya le están construyendo, lógicamente en esa colonia todos votaron por el Partido Revolucionario Institucional. Esa es la realidad, compañeros del Programa Nacional de Solidaridad, no es otra.
Quisiera también decirles rápidamente que no es cierto lo que hablaba aquí el compañero Curi; la planeación democrática municipal no existe. Cuando nosotros entremos como presidentes municipales, nos pidieron la planeación democrática; como no le hicieron caso, jamás la volvimos a hacer. Ellos nos entregaban las obras que querían, la que el señor gobernador decía y después la aprobaban los congresos de los estados. Esa es la realidad en los estados. Esa es la realidad en los municipios.
Y además no existe la autonomía municipal no sé de qué están hablando aquí. Quisiera también decirle al compañero, no sé, no recuerdo si fue el diputado Rodríguez Prats, que hay unas cifras y ojalá consultara con sus asesores en este momento, pero en 1900, el año de 1900 el producto interno bruto que se destinaba a los municipios era del 12.4% compañeros. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Arnulfo Vásquez Ramírez.
El diputado Arnulfo Vázquez Ramírez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En efecto, yo fui presidente municipal de Zamora, Michoacán, de 1987 a 1989 y he seguido, paso a paso, el desarrollo de los municipios, no solamente en Michoacán, sino en todo el país, porque me interesa mucho conocer sobre los aspectos administrativos municipales.
No quiero abundar mucho, sino quiero dar datos concretos. Zamora es un municipio que tiene 13 mil millones de pesos de presupuestos, es un municipio de 140 mil habitantes y el 65% o el 70% de los ingresos de ese municipio, son ingresos propios, solamente el 30% son recursos que manda la federación, porque nos dimos a la tarea de hacer de ese municipio, autónomo, tanto en lo político como en lo económico.
Les quiero comunicar que acaba de dar su informe el presidente municipal de Zamora y durante este año de 1991 se recibieron el Programa Nacional de Solidaridad, en el aspecto más importante, que es educación, 96 becas de solidaridad, para 20 mil, niños que tienen necesidad de esos apoyos. El apoyo de solidaridad significó de 300 a 400 millones de pesos para un municipio que tienen 13 mil millones de pesos de presupuesto, pero se hizo mil veces más publicidad a esa situación de solidaridad, que a toda las obras que fueron 7 mil millones de pesos que llevó adelante el ayuntamiento municipal de Zamora, Michoacán.
Yo quiero decirles, ¿hay alguna comparación entre las obras que desarrolla un municipio y las obras que se mandan de solidaridad? Por eso siempre he dicho yo que solidaridad es solamente un programa demagógico, porque con hechos lo estoy demostrando.
Y quiero denunciar también ante esta soberanía, que en lo tres años que yo fui presidente municipal, tuve por desgracia, también para Michoacán, un proyecto que se llamó Comités de Participación Ciudadana, que consistió en quitarles a los ayuntamientos los recursos que tenían del Programa de Apoyo Municipal, para dárselos a comités de franca filiación priísta que prácticamente estuvieron condicionado todos los apoyos del gobierno del estado o los presidentes municipales de Michoacán.
Esto, señores, yo estuve totalmente en desacuerdo y se lo manifesté muchas veces al señor gobernador, pero sin embargo es imposible el que los recursos del pueblo estén manejados por ya ni siquiera gente del gobierno, sino por particulares, por gente particular que no tiene ninguna calidad oficial y que ésos estén condicionando a los presidentes municipales de un estado como Michoacán.
Es conveniente que esto se revise, porque inclusive un diputado federal entonces, el exdiputado Rodolfo Paniagua, era el que integraba esos comités municipales en Zamora, Michoacán. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tienen la palabra el diputado Guerrero, para hechos.
El diputado Javier Guerrero García: -Me permití solicitar el uso de la palabra a propósito de las dos últimas intervenciones. Yo les quiero comentar que así como los compañeros que me antecedieron, yo también fui presidente municipal en el estado de Coahuila y también nosotros conocemos en la práctica, en los hechos al Programa Nacional de Solidaridad.
Yo quiero decirles, compañeros, que en efecto, hay una realidad municipal a la que nosotros nos podemos referir y a la que seguramente muchos de nosotros tendremos reflexiones y tendremos aportaciones que hacer.
También les quiero decir que en el caso de nuestra experiencia muy concreta el Programa Nacional de Solidaridad permitió que la estructura del municipio se fortaleciera y que pudiésemos, de esa manera, responder con mayores argumentos y mayores recursos a la problemática que enfrentábamos de manera muy concreta y que una lucha cotidiana que libramos los presidentes municipales ahí donde están los problemas, es precisamente avanzar en el desarrollo de estructuras que vayan incorporando cada vez más a la población en todas y cada una de las decisiones que afectan su vida cotidiana.
Y también les quiero decir que una lucha permanente que libramos los presidentes municipales, es para poder dar respuesta a las necesidades económicas y de servicios que enfrentamos en nuestras comunidades y que el Programa Nacional de Solidaridad, con la concepción y con la estructura que tiene, nos ha permitido avanzar en estos propósitos, en cada una de las regiones y en cada uno de los municipios donde nosotros podemos actuar y aquí en la Cámara de Diputados, no solamente habemos uno o dos o tres presidentes municipales, habremos muchísimos expresidentes municipales que podemos constar con hechos y con palabras cuáles son las características fundamentales del Programa Nacional de Solidaridad y no es, compañero del Partido Acción Nacional, un programa demagógico, porque allá, en la realidad municipal podemos discutir hacia dónde van los recursos.
Compañero Calderón, ahí en el municipio de San Pedro, yo lo invito a que vayamos al municipio de San Pedro y ahí podemos ver, de manera muy puntual, cómo se discute hacia dónde se orientan los recursos.
Yo creo que el Programa Nacional de Solidaridad es un programa que está avanzando en el desarrollo de las estructuras de coordinación y de concertación social y política en nuestro país y creo que también que el Programa Nacional de Solidaridad está permitiendo atender muchas de las necesidades y de los rezagos sociales que privan en las comunidades y en los municipios.
Yo creo que hay problemas y hay que construir una nueva realidad municipal en este país, pero la vamos a construir a partir de propuestas muy concretas, compañeros, a partir de que podamos reconocer los avances que vayamos teniendo en cada uno de los instrumentos con los que contamos, para avanzar en la atención de las necesidades.
Creo pues, compañeros, que si del Programa Nacional de Solidaridad se trata, tenemos que hablar a partir de hechos y tenemos que hablar en función de experiencias muy concretas y no, compañeros, a partir de prédicas ni de convocatorias abstractas que no podemos sostener en los hechos. Muchas gracias.
El diputado Arturo Torres del Valle (desde su curul): -Señor Presidente, quisiera hacerle una interpelación al orador.
El Presidente: -¿diputado Guerrero, acepta usted una interpelación?
El diputado Javier Guerrero García: -Sí, la acepto.
El Presidente: - Tiene usted la palabra, diputado.
El diputado Arturo Torres del Valle (desde su curul): -Señor diputado Guerrero, nada más dígame ¿a qué partido pertenece usted, porque no se mencionó a la hora que subió?
El diputado Javier Guerrero García: - Le voy a contestar, compañero, con todo respeto, con el respeto que usted me merece y que creo que yo también me merezco; pertenezco orgullosamente al Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente: -Tiene la palabra la diputada Laura Pavón Jaramillo.
La diputada Laura Pavón Jaramillo: -Compañero diputado Presidente; compañeros diputados:
Escuché con atención lo aquí señalado en relación a la vida municipal. Confieso que me sentí profundamente motivada cuando escuché a alguien que ha sido Presidente municipal y que afirma que la vida municipal no es democrática o que no tiene un sustento popular. Expreso con respeto que los municipios son sin duda los organismos políticos más cercanos a la comunidad, aquéllos políticos más cercanos a la comunidad, aquéllos en donde los sentimientos populares, en donde las necesidades y las carencias más sentidas de cualquier población se reflejan.
El municipio recoge en su esencia, en su concepción democrática, los más preciado, los sentimientos en los cuales las comunidades reflejan su sentir y su pensar.
Quiero recordar que el municipio tiene un cuerpo de gobierno denominado cabildo, en donde están representados los organismos públicos, los
partidos que tienen mayor vigencia en los diferentes municipios del país y ahí es donde se establece la planeación democrática, ahí es donde se establece y donde se conjuga en el Plan de Desarrollo Municipal, en donde se recogen las acciones y los programas de ese municipio en particular o de cualquiera de los país.
y bien, en este espacio en donde la planeación democrática y en donde se recobren las aspiraciones de los ciudadanos, en esa planeación democrática, nunca hemos sentido, por lo menos no lo sentimos en Toluca, nunca sentimos el Programa de Solidaridad como una superestructura o como un grupo que viniese a desplazarnos en nuestros trabajos y en nuestras participaciones con la comunidad; por el contrario, el Programa de Solidaridad fue en particular en el municipio que en algún momento tuve la fortuna del gobernar, no fue sino un apoyo más, con recursos frescos que vinieron a darnos oportunidad de responder a las demandas más sentidas de la comunidad y no sólo en la parte rural, que se dejó sentir a través de caminos y a través de sistemas de agua potable y a través de sistemas de alcantarillado, sino también en las colonias populares, donde los colonos se organizaron para solicitar aquellas obras que estimaron de necesidad imperiosa para sus mejores niveles de vida. Estos recursos de Solidaridad, que pudieron ser compartidos con los municipios del estado, sin duda alguna que sirvieron para mejorar y elevar el nivel de vida. Por eso quiero dejar sentado que a lo mejor lo que haría falta es ir al lugar donde se están apropiando todos los ciudadanos del programa y donde están sintiéndolo y haciéndolo suyo y en donde hay esa participación democrática de la gente para elegir, para decidir, para buscar cuál es la obra prioritaria a la que ellos desean aportar su fuerza, su participación económica y además su imaginación y su cariño.
Yo creo que para entender el Programa de Solidaridad y para entender la vida de los municipios, hay que estar ahí; hay que vivirlo ahí; hay que estar presente, involucrado en lo que es realmente la vivencia municipalista y fundamentalmente el respecto a la que es sin duda alguna la institución política más importante de este país.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Jorge Zermeño, para hechos.
El diputado Jorge Zermeño Infante: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Viene aquí un compañero de Coahuila a presumirnos del trabajo desarrollado en un municipio que hace dos meses se quedó aislado durante casi mes y medio por no contar ni siquiera con un puente por haberse desbordado el Río Nazas y en una situación de catástrofe San Pedro de las Colonias, se quedó aislado casi dos meses por la carencia de un puente.
El sabe perfectamente, como lo saben ustedes, que el Programa Nacional de Solidaridad, ha sido un programa de caridad partidista, un programa manipulador desde el centro de la República, un programa que se ha manejado desde las oficinas del partido oficial y que ha violado, como dijo aquí Felipe Calderón, el artículo 115, la soberanía no solamente de los estados, sino también de los municipios.
No estamos en contra de que existan programas que ayuden a las clases más necesitadas; de lo que estamos en contra es de que se manipule precisamente a las necesidades más sentidas del pueblo mexicano, en aras de fortalecer una estructura partidista.
Los convenios que se celebran entre el estado y la Federación, han venido a centralizar las finanzas públicas, que cada vez los estados y los municipios resienten más la carencia, resienten más este centralismo económico. En un convenio de coordinación fiscal que ustedes lo saben muy bien, muy pocos tesoreros estatales y muy pocos tesoreros municipales entienden como se manejan estos convenios, porque cada año para estas fechas llegan los gobernadores a algunos municipios como si se tratara de un Santa Claus, a decir que llevan participaciones extraordinarias, cuando en realidad lo único que están dándole a los municipios, es parte de las migajas que le corresponden en derecho a cada uno de los municipios y que no se atreven los presidentes municipales a reclamar, porque desconocen los mecanismos que se establecen en esta Ley de Coordinación Fiscal para reclamar lo que en derecho les corresponde.
Solamente por mencionar un ejemplo: el municipio de Torreón, Coahuila, puede destinar de todos los ingresos que tiene y ahí están las publicaciones en la Prensa, solamente un 3% para obra pública y esto, señoras y señores, en lugares de tantas carencias, con tantas necesidades, no es ciertamente hablar del fortalecimiento del municipio libre en México, se requiere revisar a fondo los mecanismos con los cuales está estructura este sistema de coordinación fiscal. No estamos pidiendo para municipios de Acción Nacional, estamos pidiendo fortalecer el
municipio libre en México, fortalecer las finanzas estatales. Que estos convenios de coordinación fiscal tomen en cuenta realmente las necesidades, los ingresos que se tienen en cada una de las entidades, para que haya verdaderamente una equidad en la distribución de los ingresos. Esto es lo que señala Acción Nacional. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra la diputada Yolanda Elizondo.
La diputada Yolanda Elizondo Maltos: -Señores diputados: ¡Hablar del Programa Nacional de Solidaridad es un tema espinoso! Es un tema debatido y comentado, más que por los legisladores, por el pueblo.
Es una gran realidad nacional el Programa tan comentado y que lo vitorea la mayoría representada en este Congreso, pero es una realidad nacional, que el Programa de Solidaridad tiene netamente, 100%, raíces y programas electorales. (Aplausos.)
Con todo respeto, mi compañero legislador Javier Guerrero, es cierto que cuando fue presidente municipal tuvo buena administración. Pero claro, con la representación de un partido político mayoritario; ojalá tuvieran todo el apoyo los presidentes de partidos de oposición que llegan a esa representación popular, a las presidencias y reciban el mismo apoyo cuando se recibe cuando es del Partido Revolucionario Institucional.
Es importante señalar, con todo respecto, Javier Guerrero fue mi contrincante en el séptimo distrito electoral. Si bien existió una campaña de respeto, como partido de oposición que somos y respetuosos del quehacer político electoral, es cierto que en algunos lugares que llegamos, de ese distrito, no podíamos lograr que la ciudadanía votara hacia otros partidos, porque tenían compromisos con este partido en embaquetados, en cantidad de acciones pagadas por el Programa Nacional de Solidaridad.
Señores: una lucha electoral así, es una lucha electoral muy desigual. Tenemos, por lo tanto, aquí, en esta gran tribuna, que reglamentar, con presencia de todos los partidos políticos, este Programa, que en el futuro lo vemos como estafeta política 100% para el Partido Revolucionario Institucional. No es justo y por lo tanto yo convoco a todos los legisladores de todas las fracciones, que este Programa se debe de reglamentar con observancia y con determinación de una fuerza plural política del país. No podemos permitir que sean los funcionarios encargados, a nivel nacional, estatal y municipal, los que manejen los recursos. Aquí tendrá que haber participación y reglamentación de todos nosotros, de todas las fuerzas políticas del país, para que así podamos decir que realmente es a favor del pueblo y a favor de todos los partidos políticos.
Y además...
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): -Señor Presidente...
El Presidente: -Dígame, diputado Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): -Pregunte a la diputada si acepta una interpelación.
El Presidente: -¿Acepta usted, compañera diputada?
La diputada Yolanda Elizondo Maltos: -¡Adelante, diputado!
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): -Diputada, en su campaña el candidato a senador del Partido Revolucionario Institucional fue antes delegado de solidaridad de su estado. ¿Eso influyó en el proceso electoral y considera que puede haber reglas que hacen más favorable al partido que maneja los recursos al mismo tiempo meter gobernadores o senadores, perdón, que ustedes sepan?
La diputada Yolanda Elizondo Maltos: -Así es, y lo repito, señor diputado, es una lucha desigual entre partidos, porque se convence a la gente comprando el hambre, comprando las necesidades del pueblo a través de este programa. (Aplausos.)
Pero aquí lo que más inquieta es que si somos representantes de toda la nación y que venimos del norte, sur, de todos los lugares, es importante señalar y es una realidad, que el 115 constitucional se viola a cada instante. Por lo tanto a través de esta tribuna convoco a todas las fuerzas políticas representadas a que hagamos un detenimiento y no permitamos más que la soberanía municipal sea violada, como lo hace la mayoría de los presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Enrique Rico Arzate.
El diputado Enrique Rico Arzate: -Con su permiso, señor Presidente; quisiera rectificar hechos en referencia, primero, con la diputada Pavón.
Nosotros estamos de acuerdo que son los municipios los órganos más cercanos a la comunidad, ahí es donde vivimos, ahí es donde están nuestros problemas y ahí es donde los vamos a resolver y precisamente es el cabildo el órgano supremo el cual debe planear y cómo resolver los problemas de un municipio, yo estoy de acuerdo con ella, pero no es a través del Programa Nacional de Solidaridad como vamos a resolver los problemas, es a través del artículo 115 que faculta a los municipios el entregar obras y servicios, cultura y además, a cada uno de los habitantes de los municipios.
Yo desde hace tiempo me he preguntado y ahora me estoy dando cuenta, ¿no será la siguiente reforma constitucional al 115, para desaparecer los municipios y que siga el Programa Nacional de Solidaridad? Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Huesca Pérez.
El diputado Juan Huesca Pérez: -Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Definitivamente, después de haber debatido en voz una serie de oradores el problema, porque yo lo llamo problema, el soportar a este programa; sigo insistiendo al igual que algunos oradores que me antecedieron que es un programa electorero, lo vivimos en Tamaulipas también.
Este programa definitivamente que fue un factor decisivo para que el pueblo de Tamaulipas sintiera la presión con el pretexto de irles a aliviar sus carencias; primero el sistema empobrece al pueblo con impuestos, con incrementos a hidrocarburos, a luz y a los políticos en general y después generosamente, les viene a repartir recursos económicos, como dije antes, regalándoles un 50% de obras. Vuelvo a repetir, ¿de dónde regala el 50% el gobierno si es dinero del pueblo?, es dinero captado por Hacienda de los impuestos que cada uno de nosotros y de los demás habitantes del país que generamos.
Realmente lo conceptúo como una burla sangrienta al pueblo humilde de México, lo conceptúo como una forma de represión para conseguir el voto popular, lo conceptúo como un descaro del sistema para el pueblo mexicano del que somos parte.
No podemos seguir soslayando que los fines electoreros de este programa van a pretender continuarlos, no podemos pasar de largo en esta vida política en la que estamos inmersos, que el sistema no quiere ceder, no quiere reconocer ni aceptar los triunfos de la oposición y las pruebas saltan en cada elección; cuando su programa no les da resultado y algún candidato de oposición triunfa, se valen de miles de argucias y por eso insisten en seguirle jugando el dedo en la boca al pueblo, haciéndoles creer que les están dando obras, es falso y debemos de luchar porque ese dinero que se está dispendiando en sueldo a delegados, sea encausado para bienes públicos, para escuelas, para calles, carreteras, alumbrado y todas las necesidades del país.
Por alguien que fue alcaldeza en algún municipio, considera que sí recibieron muchas obras y yo le pregunto: ¿Qué cuando hizo campaña, no conoció las carencias de su pueblo? ¿Qué cuando tomó el poder, no supo cuál era la obligación como alcaldeza? Y la obligación de un alcalde, es darle al pueblo lo que es del pueblo, no perder el tiempo ni tampoco haciendo papeles ridículos, pensando que apoyar un programa de esta naturaleza es la labor de cualquier gente sumisa. Muchas gracias, señor. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Alfredo Ling Altamirano.
El diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano: -Con su venia, señor Presidente:
¡Cómo se ve que contrasta la teoría con la realidad! La teoría más bien parece poesía. La realidad es la cruda vivencia de los mexicanos allá enclavados en los más de dos mil municipios en nuestra patria.
Se ha venido a argumentar aquí desde un punto de vista, que el Programa Nacional de la Solidaridad ha favorecido a las clases marginadas. Nadie está discutiendo el beneficio de establecer programas encaminados hacia los que menos tienen, que son la inmensa mayoría de los mexicanos.
¡Lo que se está discutiendo es, a final de cuentas, los graves riesgos de que exista en un presupuesto, que se va a convertir en ley después de ser votado, la discrecionalidad enorme a la federación para ejercitar 6 billones 800 mil millones de pesos!
Yo pregunto a los señores auditores ¿cómo van a ser para poder registrar en los libros de cuenta esos créditos a la palabra?, que si bien es cierto
son entregados a los campesinos, que sí tienen palabra y seguramente habrán de pagar lo que a ellos les fue entregado. ¿Con qué comprobante vamos a tener nosotros, los legisladores, los que tendremos que aprobar las cuentas públicas de la federación? ¿En qué papeles nos vamos a basar para conocer si regresó o no regresó el dinero que se le dio a los campesinos o a los demás beneficiarios del Programa Solidaridad? ¿A qué palabra se refieren? A la palabra del funcionario o a la palabra del campesino. ¿En cuál tendremos que confiar los señores legisladores?
Por otra parte, amigos, se habla aquí de la Ley de Coordinación Fiscal, cuando bien decía Fauzi Hamdan, debía llamarse: "Ley de Subordinación Fiscal". A todos nos consta la forma en que se forman los convenios únicos de desarrollo. Y se dice que Fauzi Hamdan y Felipe Calderón le vayan a preguntar a los gobernadores de Baja California y de Guanajuato. Será por una de dos razones:
¿O por que viviendo ellos en el Distrito Federal, no hay gobernador en el Distrito Federal; o bien, porque preguntándole a estos gobernadores tendrán una cabal respuesta a sus inquietudes?
Señores, no estamos aquí discutiendo si el Programa Nacional de Solidaridad se destina a los municipios de un partido o de otro partido, que si se subsidian, campañas o no. Estamos discutiendo sobre la institucionalidad de una partida presupuestal.
En lo personal me parece que podríamos aplicar con justa precisión aquella máxima de Santa Teresa...
¡Qué tendría de extrañó, si ya acabamos de aprobar nosotros el 130 constitucional! (Aplausos.)
Santa Teresa dijo: ¡Me río de los ricos que le piden dinero a Dios para regalárselo a los pobres, cuando bien podían pedirle a Dios que diera ese dinero directamente a los pobres sin pasar por sus sacrosantas manos! (Aplausos.)
¡Lo mismo estamos pidiendo a la federación que haga con el dinero del pueblo! ¡Es ridículo que la federación le pida dinero directamente al pueblo para dárselo a los ayuntamientos y a los estados, cuando bien podían pedirle al pueblo que entregaran ese dinero directamente a los ayuntamientos y a los estados sin pasar por sus sacrosantas manos! ¡Eso es lo que estamos exigiendo! ¿Es lo que estamos poniendo sobre el tablero de las discusiones! (Aplausos.)
¡Subsidiaridad! ¡Qué no haga la federación lo que pueden y deben hacer los ayuntamientos de la soberanía popular y los estados que bien integran el poder!
Amigos, solamente les pedimos institucionalidad y racionalidad. ¡Acabemos con la discrecionalidad partidista de programas, que siendo muy buenos se han venido a corromper en manos de funcionarios de tercera! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra, para hechos, el diputado Cuitláhuac Vázquez.
El diputado Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo: -Con su permiso, señor Presidente:
Quiero manifestar que yo no he sido presidente municipal, pero he sido dirigente del Movimiento Urbano Popular en Tabasco y conozco a fondo como funciona el Programa Nacional de Solidaridad.
En primer lugar, quiero decirles que se utiliza con fines políticos en épocas electorales. ¡Y además sirve para beneficiar a funcionarios públicos! Esto lo digo porque en la legislatura pasada nosotros y yo estuve aquí también presente, pusimos, sí ¡presentamos un juicio político al gobernador de Tabasco Salvador Neme Castillo, con las pruebas de corrupción del Programa Nacional de Solidaridad! ¡Y consta, porque trajimos todo aquí, a esta Cámara y la cuál fue desechada!
Y por otra parte quiero decirles que sí se utiliza con fines políticos. Y para mayor prueba también quiero manifestar, que pasadas las elecciones del 17 de noviembre, el Coordinador General del Comité Ejecutivo Estatal, el señor Reyes Vives, informó a los medios de comunicación "que únicamente se atendrían las comunidades que hubieran votado por el Partido Revolucionario Institucional y que hasta lo último se dejarían a las comunidades perredistas". Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra, para hechos, el diputado Salvador Abascal.
El diputado Salvador Abascal Carranza: -Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Hay algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional que cuando la oposición habla fuerte, no sólo de tono, sino también de ideas, expresan un siseo muy especial, porque les duele
aquello que se dice. En cambio cuando sus propios compañeros están hablando, se ponen a platicar alegremente y a veces hasta a soltar carcajadas.
Esto nos lleva a aquella frase que Don Quijote decía a Sancho: "Ladran Sancho, luego cabalgamos". (Aplausos.)
Hacen muy mal también los diputados priístas en adoptar un tono triunfalista y autosuficiente, cuando vienen a defender su propio programa; el programa de su Presidente.
No les vendría en estos tiempos navideños, un poco de humildad. Sobre todo porque parece ser que no hay un punto en el que se reconozca que la oposición tiene algún alarme de razón. Toda la razón la tienen ellos. Todos los elementos tienen su razón profunda y no hay nada que a la oposición le asista. ¡Eso no es posible en ninguna parte del mundo! ¡Y todavía dicen que son democráticos!
No vendría mal, repito, un poco de humildad, de reconocimiento de errores, de carencias, de deficiencias y también de antidemocracia. ¡Esto los elevaría mucho más, que negar la realidad y tratar de tapar el sol con un dedo! (Aplausos.)
Ellos dicen que los estados estaban muy mal, que la Ley de Coordinación Fiscal se creó porque el todopoderoso gobierno se dio cuenta de que los estados estaban muy mal. Y entonces tuvo que acudir en auxilio de los estados, para ayudarle a organizar sus finanzas. Y luego, el colmo, como vieron que los municipios también estaban muy mal, crearon el Programa Nacional de Solidaridad para ayudar a los pobres presidentes municipales a organizar su gasto.
El hecho es que el Programa Nacional de Solidaridad, es un programa inconstitucional. ¡Esa es la realidad y éste es el centro del debate! Podrán decir que ha sido conveniente. Podrán decir que el Programa Nacional de Solidaridad ha tenido algún resultado positivo; no lo negamos, que ha funcionado en algunos aspectos; tampoco lo negamos. ¡Pero que es ilegal y que es inmoral en el fondo, eso lo afirmamos rotundamente!
Que vengan a decir aquí, que demuestren los señores de la mayoría, que no vulnera el artículo 115 constitucional; ése es el fondo de la cuestión, que sustenten con la ley en la mano su legalidad, porque también podríamos decir: bueno ha funcionado en algunos aspectos, es cierto, pero también la fortuna ha funcionado para arrancar verdades, pero es ilegal y es inmoral, a falta de procedimientos criminalísticos de investigación criminal, los torturadores arrancan la verdad, ¿y saben lo que dicen los policías judiciales?, "bueno, para mí funciona" y también pueden decir ellos: "para nosotros funciona porque ganamos elecciones" y de lo que se trata es de que funcione el municipio libre y el Estado Libre y Soberano.
Y qué bueno que vino el tema del Programa Nacional de Solidaridad, que se nos estaba pasando, pensaba yo, en un momento dado, de la discusión, porque precisamente los propios diputados del Partido Revolucionario Institucional lo pusieron en la balanza como la gran hazaña del presente sexenio, como el toral, como el centro de la administración y, sobre todo, como el galardón del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Evidentemente que los diputados que intervinieron hace rato, del Partido Revolucionario Institucional, bueno, pues no sabían cómo sacar el buey de la barranca y llegó un momento en que se contradijeron tanto que dijeron, por ejemplo, que si el poder se distribuía, que era lo que queríamos, que es lo que queremos nosotros, que el poder verdaderamente se distribuya, que el poder le corresponda a aquél que verdaderamente lo tenga, aquel que verdaderamente le corresponda, perdería el poder, como sucedió y como está sucediendo en la Unión Soviética, ese señor que dijo eso sabe mucho de política. Cuando el poder central se distribuye se pierde de las manos de los pocos que lo tienen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra el diputado Rincón Gallardo.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: -Con la idea de que este breve debate, pero importante debate que se ha suscitado, a propósito del presupuesto y los poderes municipales, decía yo con la idea de que este debate pudiera cristalizar en algo, aquí se han expresado diversos propósitos, al parecer todo mundo coincide, el Partido Revolucionario Institucional y oposición, en los propósitos respecto a los presupuestos y los municipios.
Por lo tanto, quisiéramos hacer una propuesta de punto de acuerdo, que dice así:
PUNTO DE ACUERDO
"Considerando la necesidad de fortalecer en materia de gasto público el pacto federal y la
concertación de acciones entre las distintas secretarías de Estado y entidades paraestatales, el Poder Legislativo Federal y los órganos de gobierno de los estados y municipios, la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 62 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General, en próximos periodos de discusión del presupuesto de egresos de la federación, convocará a audiencias públicas de consulta sobre el presupuesto, a las que concurrirán representantes de los poderes municipales y estatales de cada Estado de la Federación."
Firman; la diputada Rosa Albina Garavito, diputado Gilberto Rincón Gallardo, diputado Jorge Calderón y el diputado Eloy Vásquez y el diputado Raymundo Cárdenas. (Aplausos.)
El Presidente: -Regístrelo la secretaría para ponerlo a votación en su momento.
Tiene la palabra el diputado Servando Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra.
El diputado Antonio Servando Hernández Camacho: -Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
1992 sin duda alguna será un año difícil, con un entorno económico internacional con perspectivas oscuras, un entorno también imprescindible en el que en materia de semanas y aún de días desaparecen naciones y aparecen otras, ya hay cambios, muchos de ellos impredecibles con repercusiones por ejemplo en el mercado del petróleo y en las bolsas de valores que sin duda tendrán impactos directos en la economía mexicana, de ahí que el Poder Legislativo deba abordar el debate sobre el presupuesto de egresos de la federación para 1992, con la mayor seriedad, consciente de que pesan sobre nuestros hombres el bienestar de los mexicanos y la fortaleza de la nación.
El trabajo en la Comisión de Programación y Presupuesto fue sin duda acucioso, serio y enriquecedor para quienes ahí participaron; la redacción original del dictamen por parte de la comisión así las modificaciones que se hicieron a la iniciativa enviada por el Ejecutivo muestra un saludable abandono de la nociva práctica de las comisiones parlamentarias de reducirse a parafrasear las iniciativas recibidas, de hecho la limitante más importante del trabajo de la comisión fue la apretada agenda legislativa en la que estamos todos involucrados, la discusión de trascendentes cambios a la Constitución implicó que en la práctica se recortara el calendario de trabajo previsto para esta comisión.
Asimismo debemos reconocer y lo hacemos con gusto, que las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas por nosotros fueron escuchadas y atendidas diligentemente por la Presidencia de la comisión, varias de ellas están recogidas en el dictamen. Sentimos que con un calendario legislativo más flexible, hubieran sido posible enriquecer más aún el dictamen y mediante el contacto directo con los funcionarios del ramo, saber al Ejecutivo que la Cámara de Diputados observa y vigila detenidamente su trabajo.
Antes de examinar detenidamente el presupuesto, es necesario examinar con más detalle el contexto internacional pues los presupuestos de ingresos y egresos sin duda toman en cuenta los factores externos que incidirán en la economía nacional. De hecho, muchas de las medidas económicas tomadas se basaron en la expectativa de celebración del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Parece ser, por los magros resultados obtenidos en la reciente reunión entre el presidente Bush y Salinas en Campo David, se pospondrá firma del Tratado de Libre Comercio por lo menos hasta 1993 aunque 1993, resulta irónico que no sea por iniciativa mexicana que se posponga, debemos aprovechar esta coyuntura para revisar con más mesura y calma las propuestas gubernamentales de los diversos sectores productivos para el borrador del Tratado de Libre Comercio.
Nos queremos asociar con los Estados Unidos y dependiendo de las circunstancias, como en el matrimonio, del dulce juego a veces se puede transformar en opresivas cadenas. El candidato elegido, como ya lo dijo el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana alguna vez en esta tribuna, se encuentra gravemente enfermo. Curiosamente la economía mexicana, fuertemente proteccionista de años anteriores, incluía ciertas barreras que amortiguaban algunos efectos del comportamiento de la economía norteamericana; sin embargo, con la apertura radical y súbita efectuada recientemente, se han derivado esas barreras.
Así, algunos analistas ya observan que el impulso del crecimiento de la economía mexicana, se ha reducido notablemente en estos dos últimos trimestres, probablemente como resultado de la recesión norteamericana.
Decía que el gobierno ha escogido un candidato que si bien es una gran potencia y nuestro
principal socio comercial, hoy se encuentra produciendo una gran y prolongada crisis económica. Sólo para 1991, se estima que habrá despidos en los Estados Unidos de casi 500 mil trabajadores, son 200 mil más que en 1990.
Muchas compañías que entraron al juego de la desregulación, que de manera acrítica ha copiado nuestro gobierno, han quebrado por la guerra de un mercado que se empequeñece por la crisis, tal es el caso de la Eastern o de la Panam. Sólo en 1991, han quebrado 400 bancos y compañías aseguradoras, cadenas comerciales, administraciones estatales y municipales también se hallan en crisis. Es fundamental que tomemos en cuenta esta delicada situación, pues el déficit de la balanza comercial de nuestro país, se ha financiado últimamente con recursos de inversión extranjera, la gran parte de ellos, inversiones en cartera de características especulativas. Asimismo, el gobierno ha inducido que paraestatales como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad se financian hasta en un 50% de recursos del exterior.
¿Qué pasaría si nuestro explosivo déficit comercial no pudiera seguir siendo financiando por recursos externos? Vuelvo a recordar que en el segundo semestre de 1991, los recursos externos que llegaron fueron pocos. Por ello nos preocupa y nos oponemos a que se plantee que precisamente por prudencia de destinar el superávit que se piensa obtener y los recursos provenientes de la venta de paraestatales, a la amortización de la deuda pública.
Precisamente porque hay incertidumbre en el entorno que nos rodea, debemos utilizar esos recursos, especialmente los provenientes de las ventas de empresas públicas, a inversiones productivas y en el caso de los recursos del llamado superávit, elevar el gasto social.
Es cierto que el presupuesto que nos presenta el Ejecutivo registró aumentos sustanciales en áreas prioritarias: sin embargo, es tan grande el rezago y la miseria que resulta francamente inmoral hablar de superávit; existe ciertamente un límite a la capacidad de absorción del recurso, un límite impuesto, por desgracia, por el saqueo a que han sido sometidos la población y la propia base productiva. Sin embargo, ciertas partidas pueden aumentarse y así lo propondremos en lo particular.
Destacan por su capacidad para recibir y absorber más recursos la inversión en el campo, la inversión en la educación, las partidas a los estados y municipios, así como lo destinado a Pesca, Salud, Banco de Desarrollo, Comunicaciones y Energéticos.
Los casos de educación y desarrollo rural, se destacan por su crecimiento, pero éste, sólo resulta notable por partir de una base sumamente erosionada. En el caso del campo se ha abandonado en tal medida el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura hidráulica de los centros de investigación y extensionismo de los caminos alimentadores, etcétera, que lo asignado apenas modifica la situación extremadamente difícil en que vive el productor agrícola .
Veamos, por ejemplo, Banco Nacional de Crédito Rural, que calcula ingresos por siete billones de pesos, cantidad insuficiente para un financiamiento que permita, por ejemplo, la renovación de la planta de maquinaria agrícola, totalmente diezmada por la misma crisis.
Se nos ha hablado también de una reestructuración de la certera vencida en el campo. Al respecto se habló de un tratamiento casuístico de esta voluminosa cartera. También está el caso de la cartera vencida de las cooperativas pesqueras, que se habló de varios cientos de miles de millones asignados al Banco de Comercio Exterior, para fondear a la banca de primer piso y reestructurar esta cartera.
Pero la realidad fue muy distinta, no se reestructuró una cantidad significativa, en cambio se embargaron cientos de barcos, se vendieron miles de millones de activos y se debilitó casi mortalmente al sector cooperativista. Que no suceda lo mismo en el caso de la certera vencida del campo, por ello vemos necesario aumentar las transparencias al Banco Nacional de Crédito Rural.
En el caso del sector energético, petróleo y electricidad, el presupuesto resulta demasiado insuficiente, particularmente en el caso de Petróleos Mexicanos que es el más delicado, pues siendo una empresa tan estratégica, que aporta aproximadamente el 20% de los ingresos fiscales a la Federación, se encuentra descapitalizada.
Recientemente incluso ha despertado suspicacias entre los acreedores internacionales de Petróleos Mexicanos el debate desatado sobre la magnitud de las reservas probadas. Estamos ciertos que existen vastas reservas potenciales pero también estamos ciertos que la actividad exploratoria se ha frenado. No debilitemos a Petróleos Mexicanos obligándolo al endeudamiento externo riesgoso, precisamente, cuando la señora Carla Hill, hizo explícita la intención
de los Estados Unidos de obtener la máxima liberación posible en el área petrolera, como condición de la firma del Tratado de Libre Comercio.
En el caso de comunicaciones, por ejemplo, no se observan más que partidas para mantenimiento y rehabilitación de vías, pero no se observa un gran proyecto de modernización y los proyectos para electrificar vías, proceden muy lentamente. ¿Cómo hablemos de un país moderno con ferrocarriles de principios de siglo?
Lo mismo también es para el caso de la ciencia y tecnología que abordaremos más ampliamente pidiendo la palabra para hechos.
En el caso del ya muy discutido participaciones a los estados y municipios, uno de los renglones más debatidos en el seno de la Comisión y aquí también, siempre se habló de un pastel pequeño para repartir, sin embargo, si aplicamos recursos reservados para el superávit, este pastel puede crecer y así lo vamos a proponer en lo particular.
Otros renglones los tocaremos específicamente en lo particular. Pediremos igualmente modificaciones al artículo 13 para evitar que el Poder Ejecutivo haga uso discrecional de los más de 22 billones que se esperan para 1992, como producto de las paraestatales. Esto son recursos de la nación y debe ser la nación, a través de sus representantes en el Poder Legislativo los que decidan qué hacer con ellos.
Compañeros diputados, siendo una reflexión a lo tanto que se habló cuando se tocó el sistema tributario, primeramente se dijo que era un sistema de tributación del primer mundo y hoy estamos discutiendo la aplicación de un presupuesto también del primer mundo y por la misma definición que hizo el licenciado Rodríguez Prats, de que somos un país de tercer mundo, esta reflexión nos lleva a pensar más en este presupuesto de primer mundo y en esta tributación de primer mundo.
Por todas estas razones compañeros, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana votará en contra. (Aplausos.)
El diputado Leonides Samuel Moreno Santillán (desde su curul): -Señor Presidente, pido la palabra para hacer una proposición.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Moreno Santillán.
El diputado Leonides Samuel Moreno Santillán: -Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Antes de expresar a ustedes el propósito de mi presencia en ésta, la mayor tribuna de la República, quiero felicitar y hacer un reconocimiento a nuestra compañera diputada, la señora María de los Angeles Moreno Uriegas, por la delicadeza, su esfuerzo, dedicación y responsabilidad, con que condujo los trabajos de análisis en la Comisión de Programación, y Cuenta Pública, que dignamente preside.
Sin embargo, por todas las razones manifestadas por los diferentes diputados de las fracciones que representan a la oposición en esta legislatura y como lo concretara mi compañera, la diputada Cecilia Soto y mi compañero Servando Hernández Camacho, nuestro voto será en contra, tanto en lo general como en lo particular, del presente dictamen a discusión.
Sobre todo, que no satisfechos por los términos en que se siguen manejando las bondades de la supuesta renegociación de la deuda externa y que de una manera absoluta incide como base para la formulación de los proyectos de los presupuestos de Ingresos y Egresos de la Federación, así como también coincidiendo en el deseo de que exista una absoluta transparencia en los compromisos del pueblo y de México que ejecuta el área responsable de gobierno a través de las operaciones diversas de crédito externo, donde este momento se afirma tenemos un presupuesto superavitario, que tampoco creemos y deseamos también que México tenga una capacidad real de endeudamiento que canalice verdaderamente a programas reales y prioritarios y particularmente con objeto de hacer un adecuado seguimiento y darle legitimidad en el futuro a las gestiones de renegociación de la deuda externa por el conjunto de las fracciones parlamentarias, representadas en esta Cámara de Diputados, donde a partir de esta verdad exista consenso en la realidad de la base de los proyectos de Presupuestos de Egresos e Ingresos de la Federación, que validen no sólo la renegociación de la deuda y calendario de pago de la misma, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Que se designe una comisión legislativa plural del Congreso de la Unión, en carácter de observadores, que intervengan en cada uno de los trámites y materialización de los créditos externos y renegociaciones futuras de dicha deuda externa."
De existir honestidad y transparencia en estos actos económicos de gobierno, creemos no habrá por parte de la mayoría mecánica representada
en esta honorable asamblea, en apoyar este punto de acuerdo, que incluso servirá para legitimar estos actos de gobierno y dar salud pública al sistema económico de México en lo interno y en lo externo.
Firman este acuerdo, por parte de los partidos políticos de oposición, los siguientes compañeros diputados: por la fracción parlamentaria de mi partido, su servidor y la diputada Yolanda Elizondo Maltos; por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el diputado y compañero Jorge Calderón Salazar; por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, el diputado Salvador Abascal Carranza.
Solicito, señor Presidente, ponga a consideración de esta asamblea el punto de acuerdo a que me he referido. Muchas gracias.
El Presidente: -Igualmente rogamos a la Secretaría registre esa propuesta.
Se concede la palabra a la diputada Liliana Flores Benavides, del Partido Revolución Democrático, en contra.
La diputada Liliana Flores Benavides: -Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A lo largo del día, compañeros de mi partido han venido a exponer aquí sus puntos de vista y las apreciaciones que tenemos acerca del dictamen del Presupuesto de Egresos.
Mi participación va a ser breve y se sintetizará en varias propuestas. Sé que todos están muy cansados, sé que es un tema árido y les rogaría que me prestaran su atención, prometiendo ser breve.
El eje de la policía económica en este país ha sido el combate a la inflación. Nosotros vamos a proponer un programa antiinflacionario alternativo.
El gobierno ha venido utilizando el instrumento de la austeridad financiera, reflejado en el tan llevado y traído superávit, del cual se ha hecho tanta apología; ha utilizado también otro tipo de instrumentos, como es el control administrativo de precios y salarios, a través de ese remedo de concertación social profundamente antidemocrático llamado, Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico controlado así los factores inerciales de la inflación. Pero al fin un pacto corporativo de carácter cupular, no resuelve los enormes rezagos en los precios relativos de quienes perdieron la batalla ante los monopolios en el período de la inflación acelerada. Estos rezagos del Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico no sólo no los ha corregido, incluso se han acrecentado durante su vigencia. Entre los precios rezagados, se encuentran el de la fuerza de trabajo, los salarios, el de los bienes agropecuarios y el de una gran variedad de productos de pequeñas y medianas empresas, orientados a satisfacer el mercado interno.
En consecuencia el Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico si bien ha logrado frenar presiones inerciales de la inflación, no ha resuelto los daños sociales y productivos que el proceso de inestabilidad produjo...
El Presidente: -Permítame, diputada.
Nuevamente recomendamos a la Oficialía Mayor, no sin un extrañamiento, para que proceda a desalojar el nivel que divide la cámara de las galerías, que es a donde se registra el murmullo que por cierto es muy elevado y no permite que la oradora se comunique con el auditorio. Continúe, compañera.
La diputada Liliana Flores Benavides: -Gracias. Esto ha tenido el doble efecto de debilitar el mercado interno y la capacidad de respuesta productiva de un vasto segmento de nuestra estructura productiva.
Ante las deficiencias del abasto que se derivan de fallas del aparato productivo, que con el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico se han profundizado, la solución del gobierno ha consistido en una tercera línea de su política de liberación unilateral del comercio exterior, que se acelera a partir de 1988. Esta política también ha contribuido en el corto plazo, a reprimir la inflación, pero a costa de dañar aún más, la estructura productiva nacional, ya que se obligó a un gran número de ramas y empresas a enfrentar una competencia externa en condiciones muy desventajosas, después de una larga recesión interna.
En el largo plazo esta política generará presiones adicionales de inestabilidad monetaria a través de la balanza de pagos.
En conclusión, la política de estabilización de precios practicada por el gobierno, utiliza instrumentos como el superávit de las finanzas públicas, que son sólo muestras de la debilidad
del sistema económico y que ha mostrado ya ineficiencia en años anteriores, junto con otros instrumentos, como el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico y la liberación comercial, que si bien han logrado reducir la inflación y bajar su tasa anual, no han resuelto muchas presiones inflacionarias básicas y al contrario, las han profundizado.
La inflación sigue siendo una amenaza que impide un crecimiento económico más acelerado y sobre todo más generalizado y equitativo. Ante este panorama nosotros proponemos aquí las líneas generales de una política antiinflacionaria diferente. En primer lugar debe mantenerse un control concertado de los precios, pero a través de un pacto social muy distinto al actual, tanto por su representación social, como por sus objetivos y el contenido de sus acuerdos. Un pacto socialmente más democrático y representativo, por tanto, no cupular como el actual; que participen en él una representación plural del Poder Legislativo, no sólo las organizaciones obreras y campesinas oficialistas, sino también las independientes; no sólo los representantes cúpula del sector empresarial, sino también auténticos representantes de los pequeños y medianos empresarios; un pacto no sólo para reprimir la inflación, sino que incluya otros objetivos, como la equidad para los precios se han rezagado, en particular salarios, precios agrícolas y los de algunas industrias orientadas al mercado interno.
Una segunda línea de la política antiinflacionaria que proponemos, debe ser de disciplina fiscal sin llegar al extremo de los sacrificios en el gasto público que se han padecido en los últimos años y que en el Presupuesto de Egresos que hoy discutimos, se manifiestan en un histórico superávit financiero.
Esto no tiene razón de ser; durante muchos años se demostró en México que no es el gasto deficitario el que provoca la inflación; menos necesario es, por lo tanto, determinar un superávit.
Proponemos por tanto, compañeros, en una tercera línea, de política de nuestra propuesta antiinflacionaria, que los 18 billones que se proyectan de superávit, se utilicen en fomentar el desarrollo rural, mejorar el bienestar social en materia de salud, vivienda, educación , desarrollo urbano y el apoyo a la producción y abasto de bienes de consumo popular.
Proponemos solucionar de esta forma las presiones inflacionarias que se ubican en deficiencia de oferta, al contrario de los que ahora se hace, pretender que se resuelva desde el exterior el abasto de bienes, un vigoroso programa de fomento a la producción y distribución de los alimentos, vivienda, consumo social y otros bienes de demanda masiva; contribuirían a reducir presiones inflacionarias. Al mismo tiempo se generaría empleo y se ampliaría el mercado nacional, con lo cual se estimularía el crecimiento de la productividad y del salario.
Compañeros secretarios de la cámara: con fundamento en lo que disponen los artículos 88 y 119 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta su voto particular en contra del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1992. En atención a esta postura, formulamos modificaciones en lo particular a los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., y 13 del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercito Fiscal de 1992, en los siguientes términos:
"Artículo 2o.: Las erogaciones previstas importan la cantidad de se tenía presupuestada o se propone: 87 billones -, proponemos un incremento de 12 billones y se distribuya de la siguiente manera: proponemos que se distribuya en el ramo presupuestal de agricultura y recursos hidráulicos, un incremento de 3 billones; en el ramo presupuestal, de educación pública, proponemos un incremento también de 3 billones; en el ramo presupuestal de salud, proponemos un incremento de 3 billones y en el ramo presupuestal de desarrollo urbano y ecología, proponemos un incremento de 3 billones."
"Artículo 3o. Las erogaciones previstas importan la cantidad de 40 billones antes estaban 37 billones. En la rama presupuestal, en el artículo 3o. de participación a estados y municipios, proponemos un incremento de 3 billones.
" "En el artículo 6o. Proponemos in incremento en el ramo presupuestal 10 mil 125, que sería Compañía Nacional de Subsistencia Populares, un incremento de 3 billones."
"En el artículo 7o. Se propone modificar el 5o. párrafo para que quede en los siguientes términos:
El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda en términos nominales."
Y por último, en el artículo 13, se propone modificar el segundo párrafo de la fracción IV, para que quede en los siguientes términos:
"El monto de los ingresos adicionales que resulten de las operaciones señaladas, en el párrafo anterior, se destinarán a financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas y prioritarias existentes, o para la constitución de nuevas entidades paraestatales que se justifique de acuerdo a los requerimientos del desarrollo del país". Gracias, compañeros.
El Presidente: -Antes de consultar a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general, ruego a la Secretaría dé cuenta de la propuesta presentada por el diputado Gilberto Rincón Gallardo.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: -Propuesta: punto de acuerdo, considerando la necesidad de fortalecer en materia de gasto público el pacto federal y la concertación de acciones entre distintas secretarías de Estado y entidades paraestatales, el Poder Legislativo Federal y los órganos de gobierno de los estados y municipios, la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 62 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General, en próximos periodos de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, convocará a audiencias públicas de consulta sobre el presupuesto, al que concurrirán representantes de los poderes municipales y estatales de cada estado de la Federación.
México, Distrito Federal, a 19 de diciembre de 1991. - Diputados: Rosa Albina Garavito, Gilberto Rincón Gallardo, Jorge Calderón, Eloy Vásquez y Raymundo Cárdenas.
El Presidente: -Consulte la Secretaría en votación económica, si se acepta o no a discusión la propuesta por el diputado Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: -Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se acepta o se rechaza la proposición.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: -Dé cuenta con la propuesta presentada por el diputado Moreno Santillán.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: -Punto de acuerdo: Que se designe una comisión legislativa plural del Congreso de la Unión, en carácter de observadores, que intervengan en cada uno de los trámites y materialización de los créditos externos y renegociaciones de dicha deuda externa.
Leonídes Samuel Moreno, por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; diputado Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional; diputada Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El Presidente: -Consulte la Secretaría en votación económica, si se acepta o no a discusión la propuesta presentada por el diputado Moreno Santillán.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: -En votación económica se consulta a la asamblea, si se acepta o se desecha la proposición antes leída.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: -Respecto de la propuesta de la diputada Liliana Flores, por lo que hace al voto particular, se ordena a la Oficialía Mayor se inserte íntegro en el Diario de los Debates.
Por lo que hace a los artículos mencionados, se tienen por reservados para su discusión en lo particular.
Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: -Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar
algún artículo para discutirlo en lo particular y, si es así, se especifique el artículo del decreto que se desea impugnar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): -En las dos votaciones anteriores, la Secretaría hizo la consulta de si se admitía o no a discusión las propuestas de punto de acuerdo.
Teníamos entendido que lo que procedía en este caso era la votación específica, si se aprobaba o se rechazaban esas propuestas de punto de acuerdo.
El segundo punto. Tengo entendido que lo pertinente es votar en votación nominal el Presupuesto de Egresos de la Federación, en lo general y posteriormente hacer la precisión de los artículos que las diferentes fracciones parlamentarias hemos reservado para su discusión en lo particular.
Ruego a usted hacer las aclaraciones pertinentes, en su carácter de Presidente, a la Secretaría, para los fines del caso.
El Presidente: -Con mucho gusto.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada (desde su curul): -Señor Presidente, es una aclaración sobre el procedimiento que está sugiriendo el diputado Calderón.
En este caso, la reserva de los artículos se hace antes de la votación general, porque de otra manera éstos se considerarían ya votados y por lo tanto aprobados.
De tal manera, que el procedimiento que hemos estado siguiendo en éste como en anteriores leyes que hemos aprobado, es que primero se reservan los artículos y posteriormente se lleva la votación en lo general.
El Presidente: -Informe a la asamblea que se han reservado los artículos 2o., 3o., 4o., 6o., 7o., 8o, 13, 14, 20, 24, 28, 39 y segundo transitorio
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: -Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 270 votos en pro y 35 en contra, señor Presidente.
El Presidente: -Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados.
La diputada Liliana Flores Benavides (desde su curul): -Señor Presidente, el objeto de esta participación más es que yo estuve contando las participaciones en pro y fueron 250 y no 270... Así es.
Y, por lo tanto, pido que se rectifique... Así es.
El Presidente: -Como se observa, la Secretaría está compuesta por partidos diferentes. En consecuencia, esta mesa le da la validez a la contabilidad de ellos. (Aplausos.)
Diputado Alejandro.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde su curul): -No es un problema de validez de la Presidencia. ¡Aquí hay una desviación de más del del 10% de la votación y no estamos conforme con ella! ¡Ya van varias votaciones en que coincide este recuento con la votación de la Secretaría! ¡En ese sentido, exigimos que se repita la votación!
El Presidente: -Esta mesa ratifica como correcta la votación que ha anunciado la Secretaría.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde su curul): -Señor Presidente, todos exigimos que de acuerdo al video que está grabando de esta votación, se analice por parte de la Presidencia y, en su caso, rectifique el resultado de acuerdo a la votación emitida en el video.
Dejamos constancia de nuestra protesta por el resultado una vez más.
El Presidente: -Regístrese esa protesta.
Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 24, 28, 39 y segundo transitorio.
Y se han registrado para su discusión los siguientes diputados:
Cecilia Soto, Hildebrando Gaytán, Gabriela Guerrero, Heli Herrera Hernández, Jorge Tovar
Montañez, Israel González Arreguín, Guillermo Flores, Jesús Martín del Campo, Elpidio Tovar, Enrique Rico, Jorge Torres, Manuel Huerta, Raúl Alvarez, Atalo Sandoval, Camilo Valenzuela, María Esther Scherman, Rodolfo Becerril, Rogelio Villareal, Ángel Aguirre, Isaías Rodríguez, Tomás Yarrington y Fidel Herrera.
Ellos para el artículo 2.
Esta Presidencia tiene conocimiento que las fracciones parlamentarias que integran esta Cámara han convenido que las intervenciones de los diputados se ajusten a un tiempo máximo de 15 minutos, aclarando que no necesariamente están obligados a agotar dicho lapso, para que nos obsequien siendo concretos
. Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto... Dígame, diputado Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): -Señor Presidente, en el sentido de mi aclaración es el siguiente: Por diálogo entre diferentes fracciones parlamentarias, en atención a lo prolongado que ha sido esta discusión, y la necesidad de dar fluidez al debate que tendremos en lo particular, pensamos que era pertinente el sugerir a los distintos oradores que, aunque reglamentariamente tienen derecho todos los oradores a 30 minutos según el propio reglamento, se hiciera una exhortación desde la Presidencia para que los oradores, en la medida de lo posible, hicieran su exposición en un tiempo máximo de 15 minutos, como exhortación formal, pero sin coartar el derecho a esta intervención estatutaria que ojalá no sea necesaria.
Yo desearía que esto fuera tomado en cuenta en el curso de la discusión, de que es una exhortación, mas no un candado en términos de tiempo.
El Presidente: -Esta Presidencia ya expresó respecto del acuerdo de las fracciones esa recomendación. Por tanto, se concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: -Vengo yo a proponer, compañeros diputados, algo que creo que también va a agilizar el debate; vengo a proponer modificaciones, en paquete, a los artículos 2o., 3o. y 6o.
Creo que la argumentación fundamental de por qué proponemos mayores recursos a las diferentes partidas que se proponen en los artículos 2o., 3o. y 6o. han sido básicamente expuestos.
Nuestro partido ha planteado que considera "un truco contable", ya lo habíamos dicho y lo repetimos, el presupuesto que se nos presenta, puesto que el ejecutivo ya le asigna, ya nos avisa de que le asignará...
Señor Presidente ¿pudiera pedirles a los compañeros diputados que prestaran atención a la discusión sobre el presupuesto que va a regir su vida el próximo año?
El Presidente: -Señores diputados: Les rogamos nuevamente que nos ayuden a acelerar las discusiones y a que esta asamblea no se agite ni se canse.
Rogamos a los diputados que están allá en el pasillo, que tomen sus lugares. Y a los invitados con todo respeto les pedimos que se coloquen en las tribunas y si no, que por favor se retiren.
La diputada Cecilia Soto González: -Muchas gracias, señor Presidente.
Decíamos entonces que vamos a proponer una distribución diferente de los recursos presupuestales que planea, que prevé resumir el Ejecutivo. La argumentación básica ya ha sido planteada. Solamente nos detendremos en algunas ramas que consideramos ejemplares de ese asunto.
Propuesta de modificaciones a los artículos 2o., 3o. y 6o. del proyecto de presupuesto presentada por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas importan la cantidad de 97 billones 305 mil 727 millones de pesos moneda nacional. Una anotación al margen, es decir, la propuesta original es de 87 billones; nosotros proponemos 97 billones y estos recursos que originalmente eran parte de este superávit presupuestal, los asignamos a las siguientes ramas:
Agricultura y Recursos Hidráulicos, es el renglón ocho, asignamos 8 billones 931 etcétera; en vez de los cinco originales.
Comunicaciones y Transportes: 6 billones, en lugar de 5 billones.
Educación Pública: 32 billones, en vez de 28.
Salud: 5 billones, en vez de 4.
Pesca, aumentamos 100 mil millones, o sea, sube a 37 mil 297 millones.
Y erogaciones no sectorizables los aumentamos 1 billón, a 18 billones. Con el propósito de que estos recursos fueran a banca de desarrollo; lo que quede de la banca de desarrollo.
En este sentido colegas míos van a enfatizar alguno de estos renglones, pero quisiera detenerme en el caso de Educación Pública. Se ha mencionado tanto en el informe del licenciado Salinas de Gortari, como en la presentación del doctor Zedillo, la importancia que se le da al sector Educación Pública. Es cierto que se percibe un incremento real importante. Sin embargo, visto en detalle, visto partida por partida, programa por programa, este aumento no es suficiente para superar el enorme rezago que existe en el caso de Educación Pública y, en lo particular, en el caso de ciencia y tecnología.
Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, se le da un aumento bastante pequeño, probablemente considerado apriori que se va a implementar el sistema de cuotas, o de otra manera obligando a la Universidad Nacional a imponer este sistema de cuotas. Resulta verdaderamente demagógico hablar de que nos estamos enfrentando a la modernidad, de que tenemos sistemas tributarios etcétera, de primer mundo, cuando tenemos un nivel de escolaridad de cuatro años. Señores, si nosotros continuamos con esta situación tan miserable en la educación, nos estamos condenando a que, según la orientación que le da el gobierno con alianza probable del Tratado de Libre Comercio, se nos reduzca simplemente, en el mejor de los casos a gerentes de las plantas maquiladoras norteamericanas y canadienses.
Si hemos de destacar, si hemos de ser un país de primer mundo, quiere decir que el talento, el enorme talento de los mexicanos, se debe destacar fundamentalmente en el campo del saber humano: ciencia y tecnología.
Es importante y así lo ha sido, en los últimos años hemos destacado por algunos deportistas muy connotados, el sonorense Fernando Valenzuela y otro muy importante, mucho beisbolero sonorense hay en el nivel internacional, pero no hemos destacado lo suficiente en el campo de la ciencia y la tecnología; nuestros cerebros, nuestras eminencias matemáticas, biólogos, físicos etcétera, ingenieros, se encuentran muchos de ellos literalmente en calidad de asilados en otros países. Nuestro sistema les da primaria gratis, les da secundaria les da preparatoria, les da universidad, los manda a doctorarse en Estados Unidos o en Inglaterra o en Europa y se quedan allá.
Estamos subsidiando al primer mundo con los recursos más valiosos que tenemos nosotros, que son nuestros recursos humanos calificados.
Ya algún compañero que me precedió en la palabra, en la discusión en lo general dio las cifras respecto al porcentaje del producto interno bruto a que asciende el nuevo presupuesto en ciencia y tecnología. Todavía muy por debajo de los estándares internacionales.
Vuelvo a caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Si continúan los bajos presupuestos de sueldos y salarios con todo y el sistema nacional de investigadores, con todo y los demás estímulos salariales que se han ideado, nuestras universidades públicas van a ser desmanteladas sistemáticamente, pues los cuadros más calificados se están yendo a las universidades privadas que pueden pagar salarios superiores.
Un doctor en ciencias, con el máximo nivel académico, con el sistema nacional de investigadores, con estímulos etcétera, a lo sumo en el mejor de los casos, gana 5 millones de pesos mensuales. El ITAM, el Instituto tecnológico de Monterrey, está pagando 10 millones a profesionales de ese mismo nivel, sin que tengan que llegar y llevar el proceso burocrático de llenado de formas y de redacción de papel obligatorio que hace el sistema de evaluación actual.
En ese sentido, es importantísimo que aumentemos el gasto tanto en educación superior universitaria como directamente en ciencia y tecnología. Es cierto que hay un aumento importante, por ejemplo en promoción a la investigación científica hay un aumento importante, de alrededor del 17%, sin embargo es posible totalmente que las universidades, los centros de investigación absorban aún más recursos.
Las universidades de provincia, que dependen de estas transferencias, se encuentran en una situación extremadamente difícil.
Como resultado de la década perdida, la comunidad científica mexicana no ha crecido, se están inscribiendo en las facultades de Ciencias el mismo número de alumnos que se inscribían hace 20 años; es decir, que mientras que la población ha crecido considerablemente en los últimos 20 años, el número de estudiantes en Física, Matemáticas, Ingeniería Básica, Biología, se ha mantenido constante. Creo que este año en Matemáticas en la Universidad Nacional no se inscribieron siquiera 50 alumnos; en la Facultad
De Ciencias en Física se inscribieron menos de 150 alumnos, se podrá decir que estas carreras se dan ya en otros centros universitarios, en Sonora en la carrera de Física se inscribió una persona y no se inscriben en estas carreras porque no resulta seguro vivir de la ciencia, no solamente están emigrando nuestros cerebros a los Estados Unidos y a otras partes del mundo, sino que científicos que alcanzaron incluso el grado de Doctorado se están dedicando a otras actividades más redituables.
Es común encontrar matemáticos y especialistas en estadísticas dedicarse ahora a la Bolsa de Valores, digo, no porque sea malo dedicarse a la Bolsa de Valores, pero en realidad necesitamos científicos para poder ser realmente soberanos, ¿es demagógico hablar de soberanía?, ¿es demagógico hablar de condiciones de igualdad?, ¿de que no será explotada nuestra mano de obra barata con el Tratado de Libre Comercio, cuando nos estamos quedando sin inteligencias, sin esa elite científica, académica, que puede realmente conseguir condiciones de igualdad, soberanía, para nuestra nación? en particular se estima por la comunidad científica, muchos de cuyas propuestas a través del Consejo Consultivo de la Ciencia fueron y lo debo reconocer, tomadas en cuenta por el Ejecutivo; se estima que ni aun con el aumento sustancial que se propone para el rubro de Educación Pública y Ciencia y Tecnología se llegará a igualar las condiciones que existían para la comunidad científica en 1982.
Un estudio más detallado nos muestra que el momento más alto que alcanzó la comunidad científica en términos de salarios y financiamiento para sus proyectos fue en 1974; quiere decir que ahorita nos encontramos con este presupuesto 17 años atrás de lo que se logró en 1974; por ello, compañeros, entre otros rubros pedimos mayor presupuesto para la Educación Pública.
Quisiera ahora plantear y hacer una breve reflexión sobre el sector de Comunicaciones y Transportes; ya en la intervención en lo general que hizo nuestro compañero Servando Hernández, se planteó que un examen de las erogaciones planteadas para Ferrocarriles Nacionales por el sector Comunicaciones es bastante minúsculo, según si los documentos desglosados que nos presenta la Secretaría de Programación y Presupuesto, porque me han dicho que en realidad todas esas ramitas y esos proyectos no nos sirven de mucho, pero si es cierto ese desglose, no hay previsto para el caso de Ferrocarriles Nacionales inversiones genuinas y audaces en el sentido más estricto de la palabra; hay recursos para mantenimiento y recursos para rehabilitar vías y para terminar algunos proyectos iniciados anteriormente, supongo que por ejemplo la electrificación de la vía México- Querétaro, no sé. ¿Cómo se puede hablar de un país moderno, como decía nuestro compañero, con el promedio de velocidad que también mencionaba ya otro colega, de Ferrocarriles Nacionales, de 25 kilómetros por hora?
Los economistas y es importante aquí comentar al compañero Becerril Straffon, que la economía no es un asunto de matemáticas; las matemáticas es el último instrumento de la economía, el instrumento fundamentalmente trata de la producción de los bienes necesarios para que la sociedad se reproduzca; en ese sentido he sabido que la forma más barata para transportar grandes cantidades de productos, es el ferrocarril; es decir, el costo para la sociedad por tonelada kilómetro transportada, es mucho más barato el ferrocarril que en carretera. El modelo económico que siguió nuestro país hizo que se desviara este concepto y por lo tanto una gran mayoría de la carga se transporta por carretera, en vez de transportarse por ferrocarril. No se puede hablar de un país moderno si no se hace una transformación radical del sistema de ferrocarriles.
Y no se trata de copiar los pasos que siguieron hace 20, 30 ó 40 años en Europa o en los Estados Unidos; se trata, sería de ser tan ambiciosos como para saltarnos etapas de electrificación de ferrocarriles, por ejemplo, que se hizo en Europa, e impulsar proyectos realmente ambiciosos, como el tren rápido , por ejemplo, que están planeando los franceses o el tren rápido japonés que ya existe. Inversiones de una sola vez, como dice el doctor Pedro Aspe.
Artículo 3o. Las erogaciones importan aquí la cantidad de 39 billones 390 mil 221 millones 400 mil pesos y se distribuyen de la siguiente manera. En el artículo 3o. también hay un aumento de 37 a 32. Aquí en particular aumentamos el renglón 028 de participaciones a estados y municipios, a 32 billones 590 mil 221 millones 400 mil pesos.
El debate en lo general fue muy amplio con el término de erogaciones y participaciones a los estados, así que no voy a agregar nada al respecto.
El artículo 6o. Las erogaciones previstas aquí se distribuyen de la siguiente manera: para la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 7 billones 473 mil 015 millones, a diferencia de lo que plantea el dictamen original de 6 billones. Para la Comisión Federal de Electricidad, 18
billones 845 mil 946 millones y para Petróleos Mexicanos proponemos un aumento sustancial de 28, del origina que presenta el Ejecutivo, de 24 billones a 28 billones 116 mil 200 millones de pesos. Presentamos no un presupuesto tabla, presentamos un presupuesto deficitario en 1 billón 100 mil millones.
Muchas gracias, compañeros diputados. De nuevo insisto, creo que la argumentación en torno por qué hacemos uso de este superávit ya ha sido planteada largamente. Los invito a reflexionar sobre los cambios positivos que podríamos inducir a la economía con un uso razonable de este presunto superávit, en momentos en que estamos inciertos, por la dificultad que existe en la economía internacional, que puedan seguir llegando los recursos que hasta ahorita han financiado el déficit de la balanza comercial etcétera. Muchísimas gracias. Entrego la propuesta.
El Presidente: -Gracias, diputada.
Se concede la palabra al diputado Elpidio Tovar, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
El presupuesto que hoy nos ocupa otorgar pretende otorgar a la política de gasto social la más alta prioridad; sin embargo, una política social circunscrita únicamente a servir de eje a la política de gasto gubernamental, resulta muy limitada, en virtud de que para superar los regazos sociales acumulados, es preciso que todas las acciones e instrumentos de la política económica, sean puestos en esa dirección.
Por ello, creemos que la política de gasto social debe ubicarse como el ejerce central de la estrategia macroeconómica, en donde además de tener un mayor gasto social se aplique una política salarial y de empleo a fondo.
Resulta pertinente valorar la importancia que tendrá el gasto social, tanto por sus montos, por las características y ritmos que se le imprimen, así como las repercusiones que tendrá éste en el bienestar de la población.
De 1988 al presupuesto de 1992 se registra un movimiento en la distribución sectorial del gasto programable en favor del llamado sector de desarrollo social, que ahora incluye educación, salud, laboral, solidaridad, desarrollo urbano, agua potable, ecología y programa social de abasto.
En 1988 de cada peso del gasto programable, 33 centavos eran para el sector de desarrollo social; para 1992 se propone para este sector gastar 49 centavos por cada peso del gasto programable y 34 centavos del gasto neto del sector público presupuestal. Esto, a pesar de que el ritmo de crecimiento de este gasto será menor en 1992 que en 1991, en este año creció al 24% y en 1992 sólo registrará según lo presupuestado un crecimiento del 17.8%.
La contraparte del crecimiento del gasto social, es la disminución en términos reales del gasto productivo y comercial, incluso la caída que en los últimos años ha registrado el gasto en desarrollo rural, que sólo para 1992 tendrá un repunte significativo.
Otro aspecto negativo es que los propios trabajadores del sector social, la mayoría de los cuales son los maestros de educación básica, financian el gasto en inversión física para este sector, que representará en 1992 el 17% del total, al tener que aceptar un salario real por debajo del que corresponde a su labor profesional.
Un cambio indispensable para lograr un verdadero resurgimiento de los servicios sociales más generalizados que otorga el sector público: educación y salud, es una valoración real de la labor profesional de los maestros y de los médicos, la cual está muy lejos de cumplirse en el presupuesto de 1992.
Junto con el deterioro que ha sufrido la calidad de los servicios sociales del sector público, se presenta una disminución de su demanda relativa. Ha habido un estancamiento y en algunos casos una disminución de la matrícula de las escuelas públicas en todos los niveles.
El proceso de privatización de estos servicios no es garantía de mejor calidad, por ejemplo, en los últimos años ante el prestigio de la escuela pública han proliferado escuelas privadas que trabajan con el personal improvisado, escuelas motivadas sólo por el interés mercantil, carentes de valores pedagógicos. La crisis de la educación en nuestro país rebasa ya en mucho a la escuela pública.
Otra característica del gasto social es la creciente discrecionalidad por parte del Ejecutivo en el manejo de cuantiosos recursos, principalmente a través del Programa Nacional de Solidaridad. El ramo XXVI al que pertenece solidaridad, no está entre los que en el artículo 2o. del decreto de presupuesto tiene la obligación de ejercer el presupuesto por programa; está en el artículo
3o., junto con el ramo XXVIII, participación a estados y municipios, que no tienen esta obligación mencionada.
En el artículo 17 de este mismo decreto se encomienda a la Secretaría de Programación y Presupuesto, junto como el Ramo de Erogaciones No Sectorizables, la administración, control y ejercicio de los recursos destinados a solidaridad.
Por eso, el Partido de la Revolución Democrática, ha insistido en que el programa Nacional de Solidaridad, es un instrumento del Ejecutivo para ejercer presupuesto sin programa, al encomendarlo a la Secretaría de Programación y Presupuesto Se concentran a esta secretaría funciones que por ley corresponden a otras dependencias del Gobierno Federal.
Dada la magnitud que ha venido adquiriendo este programa y la amplitud de sus acciones que van, desde las organizaciones de empresas rurales y créditos al campo hasta obras urbanas en colonias populares y viviendas, becas, comercio y abasto, q de escuelas y hospitales etcétera, funciones que claramente asigna la a ley otras dependencias, la Secretaría de Programación y Presupuestos se convierte así en una supersecretaría de Estado que atropella toda organización administrativa y dificulta el control de un macroprograma sin proyectos específicos.
La obra multilateral de atención a las zonas y pobladores que padecen pobreza extrema, deben realizarse a través de cada una de las dependencias públicas en el ámbito de su competencia. Por ejemplo, la Secretaría de Salud debe tener un programa de atención preferente a los pobladores en pobreza extrema, lo mismo que la Secretaría de Desarrollo urbano y Ecología, la Agricultura y Recursos Hidráulicos, la de Educación Pública etcétera, así de procuraría elevar el nivel de vida de los mexicanos con menores recursos, como una obligación primordial del Estado y no mediante un programa sexenal, personalizado y centralizado en una supersecretaría, como obra de justicia que es causa propia del estado, en cambio solidaridad significa ser nuestra la causa de otros.
Nosotros no estamos por la eliminación de un programa que ataque a la pobreza extrema, estamos por su multiplicación legal, estamos en contra de la incongruencia que consiste en levantar con una mano la bandera de solidaridad y con la otra la de un avance de un capitalismo salvaje que produce, junto con el empobrecimiento general del país, la pobreza extrema.
Estamos por una política macroeconómica, que como tal genere bienestar social para las mayorías, porque la solidaridad es una red que el pueblo ha tejido para su propia sobrevivencia y al fortalecer el mundo del trabajo, esa red será más eficaz en el logro del bienestar social. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Heli Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista.
El diputado Heli Herrera Hernández: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Mi partido me ha dado la encomienda de tocar un tema que tal vez en muchas discusiones como la que hoy estamos nosotros celebrando, no se le ha dado la importancia que requiere y se le ha ubicado hasta cierto punto a un nivel, a una categoría en tercero o cuarto sitio. Sin embargo, en esta ocasión queremos dar la opinión del Partido Popular Socialista respecto al sector deporte en nuestro país y por consecuencia nuestro desacuerdo en cuanto a la cantidad asignada a la planeación, al impulso del sector deportivo en nuestra patria.
¿Cuánto es lo que se consigna en cuanto a cantidades para el deporte en México? ¿y cuánto diríamos nosotros también el sector educativo y cuánto diríamos también al sector salud, porque van ligadas un cosa con la otra?
El presupuesto destinado a la recreación, al deporte y al esparcimiento, es de 159 mil 268 millones de pesos, y se dice que es para atender a aproximadamente 5 millones de deportistas. De tal cantidad, sólo se consigna prácticamente 134 mil 14 millones de pesos, al Consejo Nacional del Deporte o Comisión Nacional del Deporte y de éstos mismos, 21 mil 717 son para el Comité Olímpico Mexicano y 4 mil 286 a la Confederación Deportiva Mexicana, haciendo la precisión de que estas cantidades que nosotros acabamos de señalar, son de las que se transfieren a estos organismos deportivos, por la vía de los recursos que se le han destinado a la Secretaría de Educación Pública.
Y hay una partida especial de 24 mil 468 millones de pesos y 5 mil 753, la primera también para el Comité Olímpico Mexicano y la segunda para la Confederación Deportiva, a través de partidas no sujetas de control presupuestal, que en total nos darían una cantidad de 46 mil 203 millones para el Comité Olímpico Mexicano y 10 mil 39 para la Confederación Deportiva Mexicana, y
estos dos organismos son los que se encargan en nuestra patria de impulsar el deporte en todos los estados.
Nosotros, al inicio de esta intervención, afirmábamos que tanto el deporte como el sector salud y el sector educativo van juntos. Hemos dicho en varias ocasiones que en México no se le ha hecho caso a las recomendaciones que tanto la Organización de las Naciones Unidas como la propia Organización Educacional Científica y Cultural de las Naciones Unidas han señalado en cuanto a un porcentaje que se debe destinar en todo presupuesto para el sector educativo y que es del 8% y nos referimos nosotros al sector educativo, porque el deporte debe ir planeando precisamente desde las escuelas de párvulos, desde las escuelas de jardín de niños, desde las escuelas primarias, para de ahí ir seleccionando a los mejores escolares, que se vaya haciendo por ramas, los mejores futbolistas, los mejores volibolistas, los mejores basquetbolistas, de acuerdo precisamente a las cualidades que cada uno de ellos vaya demostrando, pero también juega un papel importante el relativo a la alimentación que cada uno de ellos pueda llevar primero en su hogar y posteriormente en el momento en que vaya a ser seleccionado por los profesores de educación física en las escuelas de jardines de niños o en las escuelas primarias.
La primera pregunta, hechas estas primeras afirmaciones, sería: ¿cómo se encuentra el deporte en México? ¿Cuál es la situación real del deporte en nuestro país? y nosotros, aunque no somos personas que entendemos a la perfección el análisis que hacen los verdaderos comentaristas que se refieren respecto, los que se dedican a estos menesteres, sí podemos nosotros darnos cuenta a "grosso modo" de que andamos muy mal en cuestiones deportivas y aunque no somos especialistas, insisto, en la materia, podemos nosotros escuchar los comentarios lo mismo en el Metro, lo mismo en los autobuses que en cualquier corrillo, de las derrotas que sufrimos nosotros en fútbol, de los problemas que tenemos para el beisbol; es decir, en todos los deportes andamos muy mal y a veces, cuando nosotros tenemos algunos aciertos, como sucedió en la caminata, después surgen hasta problemas, por que los que se han encargado de estar en las direcciones de atletismo, les niegan incluso a nuestros competidores los recursos, los viáticos para que ellos puedan trasladarse a prepararse a los lugares fuera del país que se requieren por cuestiones de altitud para sus próximas contiendas.
Y diríamos nosotros de que el deporte en nuestro país se encuentra muy mal, no solamente porque no se ha planificado, no solamente porque desde abajo no se ha cuidado, no le ha dedicado el gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud y de una secretaría del deporte, el cuidado necesario que se requiere precisamente para ir viendo, para ir planificando para ir adecuando con todo un programa que se le impulse claro, con los recursos económicos que se le inyecten, con los recursos económicos que sean necesarios, pero que sea a través de toda una gran planificación, porque tal parece que el deporte y así son los resultados, así lo demuestran los resultados, no se ha seguido con esa planificación que otros países lo han hecho, lo han realizado.
Y ahí están. Vimos nosotros los resultados en cualquier rama del deporte. Esto se debe y no podemos nosotros soslayarlo, a la unidad que han hecho los televisivos, que han visto un negocio, el patrocinio exclusivamente de los deportes, pero que no le han inyectado los recursos suficientes a través de convenios, para poder planificar el deporte, hacerlo social. Muchos deportes en nuestro país son elitistas y lo que nosotros pensamos es que debe de hacerse más social el deporte, llegarlo más al pueblo, hacerlo más popular con el propósito, insistimos nosotros, de ir buscando ahí la selección que se requiere de los mejores de cada una de las ramas deportivas.
Tenemos nosotros infinidad de ejemplos a los cuales pudiéramos nosotros llegar, países incluso más pequeños comparados con países más grandes, podemos nosotros decir que donde se planifica el deporte, en donde desde un principio, desde las escuelas de párvulos, se empieza a hacer una selección propicia de cada uno de los mejores en las ramas deportivas, para ubicarlos en la escuelas primarias, precisamente en esas ramas deportivas, para desde ahí impulsarlos para que los maestros de educación física presten la atención debida a ese seleccionado, para que se empiece a vigilar la alimentación que le tiene que dar, para empezarlo a adecuar de todas las cuestiones materiales que requiera para hacer más efectivo la práctica del deporte. Hemos visto que llegan a profesionalizar a todos estos jóvenes y los resultados que obtienen, en principio, nacionalmente, localmente, empiezan a ponerlos en una lucha competitiva para posteriormente ganarse el lugar y participar en forma internacional en la rama deportiva de que se trate.
En México se ha elegido, decía yo, la iniciativa privada con el deporte y ni en los que controla
exclusivamente el deporte, como el tenis, que es un deporte propio de la iniciativa privada, de la burguesía ni ahí hemos obtenido nosotros logros y ha ido en decadencia. El fútbol igual y no podemos nosotros prácticamente hacer una excepción, porque insistimos, hasta en la caminata, que éramos nosotros en donde teníamos más o menos una planificación, hasta ahí ha caído.
En cambio en los países en donde se está planificando este sector deportivo, vemos nosotros que son los resultados y bastaría comparar, compañeros y compañeras, los últimos resultados de los Juegos Panamericanos que se celebraron en la Habana, Cuba, vimos ahí como se dio la lucha entre una potencia capitalista, la potencia más grande, la potencia con incalculables recursos económicos, de la que mucho se refiere para hacer citas, a las que algunos de aquí admiran, y un país pequeño, un país que es criticado también por los enemigos que tiene una pequeña nación, que puede ser tan igual o un poco más grande que el estado de Veracruz y que sin embargo, pese a todo lo que se decía, pese a todo lo que se afirmó, demostró cómo su deporte por la planificación que tiene de éste, ha dado óptimos resultados y me refiere, precisamente en primer lugar a la potencia capitalista más grande del mundo, más importante del mundo, como son los Estados Unidos de América y con todo lo que encierra detrás de su deporte, esa potencia capitalista y por el otro lado, a un pequeño país, como lo es Cuba. Insisto en poner este ejemplo, por lo pequeño que es este país, el cual ha recurrido a una extraordinaria planificación de su deporte ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues bueno, nada fuera de lo común de lo que nosotros en breves palabras hemos estado explicando aquí.
El gobierno al planificar su presupuesto le ha dedicado extraordinarios recursos al sector educativo, a tal grado que no hay analfabetismo. Desde ahí se ha empezado a seleccionar a los mejores, a los que demuestran sus cualidades en las mejores ramas y los van ubicando a través que van pasando cada uno de los sectores educativos, en esa rama en donde ha demostrado sus mejores cualidades para irlo profesionalizando y los resultados están ahí. Ha puesto también especial cuidado el gobierno para que se complemente todo lo que desde su casa empieza a recibir el niño desde muy chico, para que ya en las unidades deportivas se le complemente también en su alimentación.
Y ese logro acaban de tener en los pasados Juegos Panamericanos al obtener mucho más medallas de oro que los Estados Unidos, es una muestra de cómo cuando un gobierno decide hacer más social su presupuesto, cuando un gobierno decide planificar mejor su presupuesto y otorgar mayores recursos al sector social, tanto educativos como de salud e incluyendo ésta que me estoy refiriendo, del deporte, son mejores los resultados.
Creo, compañeros diputados, que me sobrarían ejemplos para seguir demostrando cómo al planificar las cosas los resultados son distintos.
Estos países han llegado a planificar enormemente estas ramas deportivas, sus profesionales o amateurs han llegado a darles muchas glorias a sus países y nosotros con excepciones y creo que aquí se encuentra una de ellas, un campeón mundial, un campeón olímpico, creo de ahí no tenemos nosotros otros de las que podamos nosotros ufanarnos, de no ser exactamente por el diputado "Tibio" Muñoz y por nuestros marchistas, no hay más que esconder la cabeza porque ahora hasta en fútbol los pequeños países de Centro América y del caribe nos están ganando, precisamente por esos problemas.
En resumen, compañeros, a juicio del Partido Popular Socialista, requerimos que se eleve en por lo menos un 100% la partida que en estos momentos consigan el actual Proyecto de Presupuesto que ejercerá para 1992. pero que no solamente se le dé, escúchese bien, ese 100% de más; creo que no radica en darle más dinero, más recursos, a una Comisión Nacional del Deporte o a una Secretaría del Deporte. Junto a eso hay otras medidas que tienen que darse, junto a eso hay que empezar por planificar el deporte. ¿Qué es lo que queremos? ¿en dónde podemos nosotros inyectarle esos recursos? si nosotros tenemos excelentes marchistas, creo que por ahí tenemos nosotros que ver si podemos nosotros alentar a esos marchistas, planificar un trabajo con ellos y que empiecen a crearse las escuelas para marchistas mexicanos. Si tenemos nosotros también unas escuelas de amateurs futbolistas, creo que también tiene que planearse el deporte amateur desde abajo.
Para el Partido Popular Socialista no basta con que se doblen o se tripliquen las cantidades si no son bien orientadas. creo que hay que darle una verdadera orientación, planear mejor las cosas, hacerlo desde abajo y bajo ese planteamiento, bajo esa proyección que se haga en donde nuestro país puede inyectarle esos recursos económicos que nosotros estamos planteando desde aquí, hacer factible que de hoy en adelante, se repitan los logros que unos cuantos mexicanos
nos han dado y creo que no con mucho apoyo del gobierno.
Esa es la propuesta que hace mi partido, el Partido Popular Socialista. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra para hechos, el diputado Felipe Muñoz.
El diputado Felipe Muñoz Kapamas: -Con su permiso, señor Presidente; Yo creo que mucho de lo que acaba de decir el diputado que me antecedió en la palabra es verdad, yo estoy de acuerdo que también se tiene qué invertir más dinero, principalmente para nuestra juventud y para que tengamos más campeones. Pero Yo creo también como deportista que soy, que hay qué marcar prioridades.
El mencionó cómo el vecino país, Cuba por ejemplo, con una población de menos de 10 millones de habitantes, pudo enfrentársele al país más poderoso, al capitalista número uno, a los Estados Unidos y ganarle más medallas de oro, inclusive, eso es verdad, pero en Cuba existe una prioridad para el deporte, antes que cualquier cosa; ellos utilizan el deporte como una fachada, para que la gente afuera piense que Cuba como tiene excelentes deportistas, la gente vive muy bien; nosotros no lo podemos hacer así.
El diputado Odilón Cantú Domínguez (desde su curul): -Lo que quisiera preguntarle, toda vez que se adhiere a la propuesta de nuestro compañero del Partido Popular Socialista, es lo siguiente:
Quiero decir que un país capitalista como es Estados Unidos, que destina grandes recursos económicos al deporte, que también lo hace para aparatos, señor pero creo que Cuba le ha dado mayor importancia al deporte por desarrollar al ser humano y no por hacer de esta actividad de corte comercial, como lo hace el país capitalista al que usted se refiere también.
Mi pregunta es: ¿si destinando más recursos económicos, podemos tener mejores deportistas? Si países a los que hacía referencia nuestro compañero del Partido Popular Socialista, con muchos menores recursos han superado deportivamente a nuestro país, mi pregunta es: ¿hay qué destinar más recursos o hay qué revisar en el plano administrativo la forma o la política que se está siguiendo para el fomento del deporte? Muchas gracias.
El diputado Felipe Muñoz Kapamas: -Yo creo que también tiene usted mucha razón, hay qué destinar más, pero vuelvo a repetirlo con lo que inicié mi plática aquí con ustedes, hay prioridades.
La misma Cuba inició con su prioridad, antes de que fueran una potencia deportiva, fueron una potencia educativa, nosotros lo sabemos, en Cuba no hay analfabetas, nosotros todavía tenemos analfabetas; antes de ser campeones olímpicos o de tener finalistas mundiales, etcétera, pues debemos de vivir mejor, debemos de educarnos mejor, al menos en este punto debemos de estar todos de acuerdo, hay prioridad, es verdad.
Uno de los problemas que hemos tenido en México para no progresar deportivamente y hay qué decir la verdad, es de que no hemos tenido continuidad, cada sexenio que ha pasado en los últimos cinco o seis ha habido un programa diferente del deporte; actualmente tenemos el Consejo Nacional del Deporte, la administración pasada era la Subsecretaría del Deporte, la pasada el Instituto Nacional del Deporte, la pasada la Confederación Deportiva, o sea, estamos hablando de más de 20 años en donde se cambian siembre los programas deportivos; el deportista necesita más de un sexenio para progresar. Hemos tenido problemas así, pero ahora se está poniendo una cosa muy importe, se plantó la semilla de la Ley del Deporte, esta Ley del Deporte que desafortunadamente todavía es ley muerta, porque no se ha aplicado, porque no tenemos todavía el reglamento que estamos esperando debe de llegar en cuestión de días, pues todavía tenemos qué revivirla o no revivirla, hacerla valer. Eso es uno de lo problemas.
Esta ley del deporte va a obligar aquella continuidad; nosotros, la gente del deporte, estamos contentos por eso, porque necesariamente la próxima administración va a tener qué tomarla y no va a poder cambiarla o al menos no tan fácil y va a ser una cosa muy positiva. Pero entonces debemos de aceptar que hay cosas prioritarias al deporte y lo digo yo, aunque lo siento mucho, hay qué primero comer mejor, hay qué educarnos más es una de las cosas por las que debemos de hacer.
A parte, el presupuesto que estamos viendo ahora, en donde hay un incremento, no es lógico lo que requiere, es la verdad el deporte; sin embargo es un inicio para mejorar.
Nosotros con este presupuesto se están haciendo, al menos en el Comité Olímpico Mexicano y ustedes últimamente han de haber escuchado comerciales de un banco donde está proponiendo:
utilicen la tarjeta de crédito equis, para que de ahí ellos puedan dar un porcentaje de ese dinero a ayuda a los deportistas. Es una cosa positiva que se está utilizando ahora creo y que está funcionando, porque esta llegando más dinero a los deportistas.
Pero hay que aclarar, de lo se está exponiendo aquí, el dinero que va para la Confederación Deportiva Mexicana y para el Comité olímpico Mexicano es exclusivamente para el deporte de alto rendimiento, no es para el deporte popular. Existen también diferentes rubros para el deporte popular.
En conclusión, el deporte necesita más pero hay prioridades. Muchas gracias.
El presidente: -Para hechos, tiene la palabra el diputado Heli Herrera.
El diputado Heli Herrera Hernández: -Trataré en cinco minutos de ordenar mis ideas por una sencilla razón: no estamos de acuerdo, definitivamente no estamos de acuerdo en una sóla cosa con el diputado Muñoz y más cuando dice que en Cuba es una fachada el deporte. ¡Eso es falso! Totalmente falso.
Y como decimos los abogados; a confesión de parte, relevo de Pruebas. Un país que no está bien alimentado, es un país que no puede tener grandes profesionistas; un país que no está bien alimentado, no puede tener excelentes deportistas y en todas las ramas, no en una sóla. Un país que no esté bien alimentado, es un país que no puede tener mejor a los mejores intelectuales, que están ante un bloque inmoral demostrando cómo cada día a través de la ciencia encuentra nuevas cosas para poder darle a su pueblo, mantenerle, seguirle impulsando con los alimentos que requiere.
Yo creo que los pueblos demuestran su grandeza ante las adversidades más grandes. ¿Quién de aquí no me puede decir que somos los pueblos cuando sufren las agresiones más inmorales cuando demuestran su grandeza? y nuestro país es uno de ellos, ante la invasión francesa fueron los mexicanos patriotas los que salieron a enfrentarse al ejército más poderoso, los franceses, para hacerlos tragar la tierra, para hacerlos tragar el polvo y eso nadie lo puede negar tampoco.
Fue Benito Juárez quien anduvo con un grupo de mexicanos patriotas de lugar en lugar y fueron miles de mexicanos los que tuvieron que luchar en desigualdad con el mejor ejército, con el imperio más grande que en estos momentos registraba la historia.
Los pueblos se miden precisamente por sus adversidades, por esa fortaleza que demuestran ante las adversidades que tienen.
Cuba, compañeros diputados, lleva más de 30 años demostrando su fortaleza ante el bloqueo inmoral que los Estados Unidos le han mantenido. ¿Quien puede afirmar lo contrario? Hubo muchas naciones incluso que tuvieron que sumarse a ese bloqueo decretado por los Estados Unidos y fue nuestro país, México, el único que no obedeció la directriz que el imperialismo norteamericano señalaba.
Lleva 30 años este país soportando este bloqueo de que no llega ni tan siquiera una navaja de rasurar por estos americanos, este gobierno americano que habla de libertad, que siempre habla de libertad.
Yo preguntaría, haría yo esta pregunta para todos, ¿cuánto tiempo aguantaría nuestro país un bloqueo similar al que los Estados Unidos ha decretado? ¿Cuánto tiempo? ¿30 años que no llegaran ni tan siquiera las hojuelas de maíz o las navajas de afeitar? ¿15 ó 10 años? Creo que muchos han afirmado, muchos articulistas lo han señalado: de que creo que ni seis meses.
¡Ahí está la fortaleza de los cubanos! ¡Ahí está la fortaleza de un pueblo y que sigue dando y sigue registrando hazañas en los tiempos más adversos! Eso es todo. Muchas gracias.
El presidente: -Tiene la palabra el diputado Guillermo Flores, del Partido de la Revolución Democrática... ¿No se encuentra?... Tiene la palabra la diputada María Esther Sherman, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Esther Scherman Leaño: -Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Compartimos la idea vertida aquí en esta tribuna de la importancia del análisis de este artículo 2o. del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1992.
Se ha hablado aquí, momentos antes, respecto a la distribución del superávit en estas propuestas de distribución económica para los distintos ramos que engloban el artículo 2o.
Brevemente yo quisiera compartir con ustedes un análisis respecto al superávit y lo que considero le justifica en la propuesta de presupuesto. El superávit tiene como uno de sus objetivos,
no el último de política económica, avanzar hacia una tasa de inflación similar a la que tienen nuestros principales socios comerciales y como condición necesaria, también, para alcanzar una tasa de crecimiento razonablemente elevada y en forma sostenida.
Eso nos permitirá como país, superar sin duda el poder adquisitivo de los mexicanos, elevar sin duda el nivel de vida de los mexicanos y como fin último de la economía de nuestro país situar a la inflación por debajo del 10%.
Sabemos que nunca será suficiente el gasto social presupuestal para un país que como el nuestro enfrenta grandes rezagos. Sabemos también que esté país enfrenta con este presupuesto los retos de crecer, pero sin duda con atención a las que son sus prioridades.
La estructura y la distribución planteada en este artículo 2o. del presupuesto es acorde a una aspiración que compartimos todos; es decir, favorece la educación favorece la salud, el trabajo, la seguridad y la ciencia y la tecnología, entre otros aspectos.
Este comportamiento que consideramos los diputados del Partido Revolucionario Institucional favorable del gasto social, ha sido posible para la economía mexicana, gracias a lo que se ha definido como el estricto manejo y disciplina en el gasto público.
Los criterios de rentabilidad social en la asignación de recursos entre sectores y programas; el profundo saneamiento del balance fiscal del sector público, que ha propiciado la reducción de la deuda y la reducción de su servicio y además la liberación de los recursos por la desincorporación de entidades no estratégicas para el Estado.
En este presupuesto de egresos en el ámbito especial de desarrollo social y cuya propuesta está contenida en este artículo que hoy examinamos, podemos encontrar una asignación importantísima: 88 billones de pesos. 17.8% de variación real con respecto a lo previsto en el cierre de 1991. Estimado en el cierre de 1991 en 66.9 billones.
Hoy constituye en este presupuesto, en 1992, un 51.4%. Cifra importante destinada al desarrollo social de nuestro país, en lo que se refiere a la participación en el gasto programable presupuestal, a diferencia del 45.5% de 1991.
Es importante recalcar, aquí se ha dicho, que el presupuesto asigna la más alta prioridad presupuestal al gasto social, a promover el desarrollo social, a encaminar la inversión, principalmente a satisfacer las necesidades de las capas de menores ingresos de nuestro país, a modernizar por ende el campo y la educación, a generar apoyos relevantes a la salud y a la seguridad social, a aplicar los recursos necesarios para incrementar la calidad de vida de la población, a que con las tareas sectoriales se enfoque además el trabajo indispensable que le permita a nuestros conciudadanos contar con mejores condiciones de servicios urbanos, equipamiento, agua, entre otras y esto principalmente enfocado a las zonas marginadas de México.
Hablar de 15 billones 187 mil 7 millones de pesos, podría considerarse una cifra así de fría, de inversión física que engloba este presupuesto para el desarrollo social, podría significar solamente referirnos a un monto en números, en cifras, pero creemos que independientemente que significa el 39.3% de inversión física, del total de la inversión pública de nuestro país, también significa metas sustantivas que es sumamente importante reflexionar, incorporadas a esta asignación que el artículo 2o. que analizamos propone. Estas metas sustantivas, entre otras, detalla, por ejemplo, 5 mil 972 aulas, 559 laboratorios, 1 mil 056 talleres, 14 mil 902 anexos, 6 mil 400 aulas equipadas.
Nos permitirá también esta propuesta incorporada en el artículo 2o., a avanzar en la construcción de hospitales, en el equipamiento y en la remodelación de los grandes espacios al sector salud y la rehabilitación y construcción de las llamadas unidades de medicina familiar. ¿A quién no le interesa que este presupuesto englobe, incorpore la atención a guarderías, tiendas populares y farmacias?, ¿a quién no le interesa que se incorpore la construcción de obras de infraestructura urbana y que nos permita, como decía el compañero, mejores condiciones de vida, para así mejorar el deporte de alto rendimiento y popular, que nos permita la posibilidad de alcanzar mejores estadios de recreación y cultura para más mexicanos y para mejores mexicanos?
Creemos que tenemos una coincidencia fundamental, la política económica y social deben impulsar sólidamente la recuperación de bienestar y la prosperidad; añadiríamos que además los mexicanos deseamos que el bienestar y la prosperidad no sean un asunto pasajero; deseamos que exista certidumbre, que sea real y que se convierta en un largo período de prosperidad y bienestar para las familias de México.
Por ello debemos destacar que el Presupuesto de Egresos para 1992, tiene como finalidad
implícita no lo que pudiera imaginarse como una simple inyección de números y cifras o recursos que sólo generarían una aparente recuperación de la demanda interna, sino la consolidación de los cambios estructurales, cambios estructurales que propicien la recuperación de México sea estable, que la recuperación de México sea duradera. El presupuesto a discusión es un instrumento dirigido a ampliar esas bases, a ampliar la infraestructura del bienestar de los sectores que nos permiten conformar que este crecimiento sea real y nunca se considere como un crecimiento ficticio.
Seguramente tenemos diferencias en diversos instrumentos económicos, pero hemos coincidido en los fines esenciales, por eso a este esfuerzo, quisiéramos pedir a esta asamblea, la aprobación, en sus términos, del contenido en el dictamen del Proyecto de Decreto de Presupuesto para 1992. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra en seguida, el diputado Hildebrando Gaytán, del Partido Popular Socialista.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: -Señor presidente, señoras y señores diputados:
El comentario al proyecto de decreto sobre el presupuesto, lo voy a hacer en el ramo educativo sobre tres temas; uno sobre la Escuela Básica, sobre lo que señala respecto de la organización educativa y la política de Modernización y un breve comentario también en el área de la Educación Tecnológica.
En el primer aspecto se dice que se está trabajando para vertebrar pedagógicamente preescolar, primaria y secundaria en un modelo articulado y continuo y que sobre esto se están elaborando los planes y programas.
Formulo estas preguntas: ¿por qué no se establece como obligatoria la educación básica en estos tres aspectos de preescolar, primaria y secundaria, de manera que sea congruente la formulación de un programa continuo, porque un programa articulado es cierto que es necesario, es conveniente en cuanto a que hay una continuación pedagógica en cada uno de estos tres subsistemas y cuando se habla de que se está dando a entender que entre el contenido de la escuela primaria y la secundaria de manera integral se requiere necesariamente que el alumno cumpla toda la educación hasta secundaria y como tanto el programa de Modernización está incidiendo en que la educación primaria es en la que va a descargar todo el esfuerzo educativo, entonces esto nos está dando a entender lo siguiente: que se va a formular una programación en primaria de tal suerte que quienes no continúen la educación secundaria van a tener una educación incompleta y esto se observa por ejemplo en el área de la Historia se tomarán en primaria y otras en secundaria; esto quiere decir que no siga estudiando la escuela secundaria no va a tener una concepción integral de la Historia. Esta es una incongruencia dentro de este trabajo en la educación básica, pero continúo con este tema.
Compañeros diputados, en el área de Educación Básica la Secretaría de Educación Pública está totalmente sin dar una respuesta de qué quiere en Educación Básica.
Primero formularon lo que le llamaron el Programa Pedagógico y un año después luego que le pusieron a prueba en algunas escuelas y que fracasó ese programa, presentaron otro que le llamaron modelo educativo y aquí ya tenemos dos modelos, el pedagógico y el educativo. Del modelo educativo se desconoce en qué va a consistir sus programas; del modelo pedagógico que debería de estar desechado, se sigue en la prueba operativa; del modelo educativo que se supone iba a sustituir a pedagógico porque el primero, es decir, éste, presentaba serias lagunas en educación científica, resulta que el modelo educativo en los trazos generales resulta peor, puesto que desecha por completo las concepciones del artículo 3o. y traza una nueva concepción en la educación, totalmente baja en lo que deben ser los contenidos educativos y todo esto en gran parte porque el Presidente del Consejo Nacional Técnico de la Educación, evidentemente tiene un criterio adverso al artículo 3o., constitucional en sus orientaciones filosóficas y sociales. El problema por lo tanto es muy grave.
¿Cómo se va a cumplir esto que dice el dictamen de que se piensa fortalecer la educación elevando su calidad, incrementando su cobertura y vinculando su administración con la comunidad a la que sirve, si quienes tienen en sus manos estos trabajos no encuentran el rumbo porque tienen una concepción totalmente divorciada de lo que es la educación mexicana?
Por otra parte, ¿cuánto se establece para el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública? Se le establecen 28 millones de los 87 billones del Gobierno Federal, del área del Gobierno Federal, es decir, el 32% y de este porcentaje, de estas cantidades, a educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, se le
destinarían o se le van a destinar 12 billones, que es el 44% de la Secretaría de Educación Pública pero no sólo el 14.5% del total del Gobierno Federal y a la escuela primaria, que es donde está el mayor número de maestros y por lo tanto de alumnos, serán 6 billones; o sea, el 23% del presupuesto de la Secretaría y el 7% del total del Gobierno Federal.
Pensamos que este presupuesto es totalmente bajo, totalmente insuficiente y si lo contrastamos con lo que se va a destinar por ejemplo a la deuda externa o a la deuda pública, que del total de la deuda van a ser 45 billones, pero vamos a hacer la consideración solamente en los 34.9 billones que el Gobierno Federal va a destinar a intereses de la deuda.
Por la deuda del Gobierno Federal, sin incluir las paraestatales ni Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores, se van a destinar 95 mil 700 millones diariamente y en el presupuesto total de la Secretaría de Educación Pública, diariamente se van a gastar 78 mil 100 millones; es decir, cada día son casi 20 mil millones; los que se pagaran a la deuda de todo lo de los que se gasta en educación pública.
Ni qué decir de lo que se va a destinar a la educación primaria, solamente 18 mil millones al día, frente a 95 mil millones al día en el pago de los intereses de la deuda.
Entonces la educación, a pesar de que conserve un aumento en el gasto del presupuesto, vemos nosotros cómo no solamente es insuficiente, sino que otros gastos como el de la deuda nos están quitando el dinero que se requiere para atender las necesidades del pueblo.
Se habla que se van a reforzar esquemas que tiendan a organizar la educación para adecuar la distribución de la función educativa a los requerimientos de su modernización, distribución de la función educativa. Yo pregunto, ¿qué se quiere decir con esto?
Afortunadamente aquí no se habla de lo que fue un tema y esperamos que en esto no se insista, de lo que llamaron una descentralización educativa, porque luego se habla de que se volvería al original de 1917 y ésas son falsedades.
Quiero rápidamente hacer un bosquejo de cómo ha sido la organización de la educación en México. En el siglo pasado, después de que Valentín Gómez Farías, creó la instrucción de dirección pública en 1833, para que interviniera el gobierno federal en la educación de México, se da la primera disposición en 1836 con la Constitución centralista que estableció, óigase bien, la descentralización de la educación y se insistió en que debían ser los municipios los que tuvieran el control de la educación, ayudados por los gobiernos del estado en cuanto a establecer las orientaciones educativas.
Corresponde, pues, a la Constitución derechista, centralista, de 1836, la concepción de la descentralización educativa.
En 1867, Benito Juárez , establece por primera vez en México la intervención del gobierno federal, primero en el Distrito Federal y territorios y durante el porfiriato fueron los estados los que debían impulsar la enseñanza y, por supuesto, no lo hicieron.
Por esta razón, en 1917, viendo que la educación en manos de los gobiernos de los estados había sido un fracaso, el Constituyente pensó que debía ser el municipio el que tuviera en sus manos la educación, a eso se debe la primera medida del Constituyente. Pero bastó un año para ver que aquello era un completo fracaso y más que por la cuestión económica, por el hecho de que se requería una educación de carácter nacional con programa, planes orientación pedagógica y filosófica de carácter nacional, por eso el gobierno de Alvaro Obregón promovió la reforma en la Constitución y dio entrada a la educación federalizada, que es la que se mantiene hasta hoy como la predominante.
Nosotros pensamos al respecto lo siguiente: que esta educación federalizada debe mantenerse y cuando se habla de que se va a modernizar en el área de distribuir las funciones de la educación, estamos de acuerdo en que esto se haga en el aspecto administrativo, pero de ninguna manera en el aspecto pedagógico y en el aspecto de la supervisión y del financiamiento que tiene el gobierno federal y que para esto, inclusive para estas medidas que se quieran establecer, se escuche en primer lugar, como no se ha hecho hasta hoy, a los maestros de la República, porque todas las encuestas han sido encuestas limitadas, y selectivas y que no han recogido la opinión del magisterio ni de su organización, el sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Voy a a continuar mi intervención y aseguro a ustedes que no voy a pasarme de lo que marca el reglamento.
En el mundo se han hecho reformas educativas en los últimos años. Japón, uno de ellos, manteniendo rígidamente el estado el control educativo. Sí Japón ejerce un rígido control educativo;
Canadá, dentro del neoliberalismo, procedió a una privatización de la enseñanza y los maestros de Canadá nos han dicho directamente, sus organizaciones con las que hemos platicado, que hoy la educación sale más cara, es más cara, es mayor la suma económica que cuando la tenía el gobierno de aquel país; hoy se gasta más y no se ha elevado la calidad educativa.
En Chile, que también han venido y se ha platicado con ellos, Pinochet municipalizó y privatizó la educación, los contenidos educativos en el suelo, de las más baja desde el punto de vista de la calidad. Estados Unidos, que en general tiene un sistema descentralizado donde los estados determinan los planes y programas y las comunidades. El Presidente de este país tiene el problema de que no puede elevar la calidad de la educación precisamente por esa dispersión de controles y Busch dijo que quería ser la primera nación del mundo en matemáticas y en ciencias, para poder controlar económicamente al mundo y tiene el problema de que los estados tienen el control, la organización y está buscando, óigase bien, cómo tener controles de centralización para poder elevarla. Eso también lo hemos conocido directamente de las dos organizaciones más importantes de este país.
Entonces aquí, si la Secretaría de Educación Pública no toma en cuenta la experiencia de México, la experiencia mundial, la necesidad, sí, de elevar este contenido educativo y procede a ciegas, sin ton ni son, en forma de querer entregar la educación y deshacer de la rectoría y del control de los planes y programas y de supervisión, se va a dar un grave retroceso.
Finalmente, en el tercer aspecto que señale, se habla aquí, dentro de la exposición de motivos del presupuesto, en el área educativa, que se piensa impulsar el proyecto para establecer el Sistema de Educación Tecnológica Superior Abierta como un organismo descentralizado del Gobierno Federal. Esto nos ha llamado mucho la atención. Existe el Instituto Politécnico Nacional, que es una institución respetable, a la que hace unos cuantos días, precisamente en esta sala se rindió homenaje a uno de sus institutos de investigación científica.
¿Cómo es posible que se esté aquí hablando de un sistema de educación tecnológica superior abierta, que se busca presentar como una institución paralela, frente al Instituto Politécnico Nacional o a los institutos tecnológicos regionales que existen en el país? ¿Sobre qué bases se está hablando aquí para esta institución? Queremos saber qué es lo que piensa el gobierno al respecto ¿Cómo la está ideando? ¿Qué objetivos persigue? Porque una educación tecnológica abierta, nosotros pensamos que es perfectamente posible en base a las instituciones y planteles educativos que existen actualmente, porque se aprovecha la experiencia, el personal docente y toda la planta establecida; de otra manera hay una delipadación de recursos y, lo más grave, se está creando una institución que venga a vulnerar a las que existen actualmente.
En consecuencia y sintetizando, el presupuesto en términos generales es raquítico porque no supera de manera significante, es más, no supera al presupuesto del año pasado, si tomamos en cuenta la inflación existente; no hay un presupuesto que lo supere y por lo tanto sigue siendo un presupuesto reducido, insuficiente.
Por eso a pesar de que se eleven los porcentajes, siguen siendo insuficientes. Claro, el mal de origen en está la Ley de Ingresos, y aquí estamos únicamente comentando todas las insuficiencias y las repercusiones negativas que conllevan.
Exigimos, demandamos que se considere para el presupuesto del año que entra, elevar de manera sustancial lo destinado a la educación básica, porque no vamos aquí a presentar una propuesta de cambiar números si hay un proyecto de ingresos aprobado, pero para el año que entra que se tome en cuenta por la comisión respectiva este pronunciamiento del Partido Popular Socialista: elevar lo destinado a educación básica, Que se tomen en cuenta nuestros juicios sobre la organización educativa, para que la propia Comisión de Educación tome medidas en el asunto y sobre este llamado y sistema de educación tecnológica superior abierta.
Son nuestros comentarios a esta parte del presupuesto que esperamos nos brinden aquí mismo, la parte del partido mayoritario, sus juicios al respecto, y lo que hemos llamado para el año que entra, pues se tome en cuenta. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo. del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Martín del Campo: Castañeda: - Mi intervención versará fundamentalmente sobre el asunto del presupuesto federal en educación para 1992.
El presupuesto asignado al sector educación en 1992, es de 28 billones de pesos, cifra superior
en 25% en términos reales, respecto al gasto de 1991 y 13% superior al gasto realizado en 1982. Cito esta última cifra porque sólo 10 años después de 1982, ha aumentado el gasto en educación en términos reales, ya que entre 1983 y 1991, los montos de gastos reales en educación, fueron inferiores a los asignados en 1982, de manera que ya era estrictamente necesario incrementar el presupuesto en este sector, después de 10 años de rezagos.
En cuanto a su participación dentro del producto interno bruto, en 1982 era de 3.8% y en 1992 será de 3.68%, es decir, el siguiente año continuará por debajo de los niveles logrados a principios de la década anterior y todavía muy lejos del 8% recomendado por la Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas para este sector.
Además, es necesario señalar que en este aspecto, también es necesario que se incremente el presupuesto dedicado a investigación científica, porque queda por debajo de lo requerido.
En general, el presupuesto para 1992, se incrementará en términos reales, lo cual es importante, pero todavía es insuficiente para revertir los rezagos acumulados por años de recesión, austeridad y decrementos reales del presupuesto, así como de una administración deficiente.
En todo caso, el gasto incrementado en sólo uno de los pasos para mitigar en cierta medida el grave deterioro social al que hemos llegado tanto en otros renglones, como en el educativo.
Dentro de este contexto, aun con el aumento del presupuesto asignado al sector educativo respecto a años anteriores, siguen siendo insuficientes para revestir la involución, reitero y los rezagos provocados por las caídas reales del gasto durante la década anterior y principios de la presente, lo cual provocó un retroceso en la calidad y resultados concretos.
Los siguientes datos fundamentan las afirmaciones anteriores.
Primero, en la matrícula a nivel primaria aumentará en 1.2% respecto a 1991, pero será inferior en 5.1% respecto a 1984.
En cuanto a la secundaria, disminuirá respecto a 1989 en 2% Además, aunque con el incremento del presupuesto se pretende elevara atención educativa a la población, todavía es muy deficiente, pues el porcentaje de atención a la demanda de servicios educativos escolarizados en el ciclo 1991 - 1992, es de 59.1%; es decir, sólo 59 de cada 100 personas en edad de encontrarse en algún nivel educativo, disfrutan o disfrutarán todavía en 1992, de esa atención.
En segundo lugar, dentro de los objetivos de la política de gasto de presupuesto para 1992, se encuentra señalado que de manera especial se realizarán aciones orientadas a la modernización de la educación. Este planteamiento se ha manejado desde el principio de la presente administración, aunado al de que es necesario elevar la calidad educativa.
La formulación de objetivos como la modernización y la elevación de la calidad educativa, son inobjetables y son necesarios. Estamos de acuerdo en que deben llevarse a cabo. El problema radica en que durante los tres años de la actual administración, la Secretaría de Educación pública ha hecho exactamente lo contrario: se ha encaminado desordenadamente por una vía que en los hechos degrada la calidad formativa de educación en el nivel básico y también en la formación de docentes.
Se han elaborado planes que se pretende sean los nuevos planes de estudio para educación básica y también se han elaborado muchos discursos bajo distintas denominaciones. Una denominación recibió el nombre de modelo pedagógico y otra denominación recibió el nombre de modelo educativo.
En los documentos que se llaman "Modelo Pedagógico" y "Modelo Educativo", no se hace mención a lo largo del texto de este documento acerca de las características básicas del artículo 3o. y sólo se han quedado entonces términos confusos llenos de trampas ideológicas y totalmente imprácticas para que puedan ser aplicables por los docentes en servicio.
Además, para mencionar un aspecto concreto de los problemas que se enfrenta en la modernización educativa, cabe afirmar que los profesores de educación básica, en preescolar, primaria y secundaria, pero sobre todo en primaria y secundaria, siguen contando casi exclusivamente con el Libro de Texto como recurso didáctico para trabajar o con el gis y el pizarrón, si acaso.
No hay, pese a la afirmación de que necesitamos modernizarnos y ponernos a la altura de los futuros socios del Tratado de Libre Comercio y que requiere el incremento de computadoras en las escuelas primarias y secundarias, no hay una
adecuada distribución de la mismas. En las secundarias donde han llegado las computadoras, son guardadas celosamente bajo llave por los directores, por instrucciones de los supervisores y ningún alumno puede usar ni ningún maestro, adecuadamente, estas computadoras para que los alumnos accedan al conocimiento y manejo de las mismas.
Por citar sólo algunas cifras antes de analizar el contenido de los nuevos libros que se pretende elaborar, mencionaremos que para 1992 el servicio de libros de Texto Gratuitos será de 90.08 millones de ejemplares, cifra superior en apenas .75% respecto a 1991 e inferior en 5.87% respecto a 1983, a pesar de la importancia que tienen en la educación básica.
Hay un planteamiento de parte del Partido de la Revolución Democrática en el sentido de que debería haber una erogación especial para experimentalmente elaborar un libro de texto gratuito para los alumnos de secundaria, toda vez que el ciclo secundario se considera ya, parte del ciclo básico de educación en nuestro país.
Los nuevos textos han causado en amplios círculos de intelectualidad y científicos, una gran alarma, me refiero a los que están elaborando el Consejo Nacional Técnico de la Educación, debido a que no resisten el más superficial análisis crítico, Están plegados de una gran miseria intelectual y educativa. El empobrecimiento se da en todas direcciones; los temas seleccionados; carecen de congruencia y coherencia interior y no resisten tampoco la más mínima crítica sicopedagógica.
Coinciden en estas aseveraciones, miembros del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación de Estudios Avanzados, que es del Instituto Politécnico Nacional, y del Centro de Estudios Educativos. También coinciden en estas afirmaciones expertos que contrató la Secretaría de Educación Pública, de la Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas, como Juan Carlos Tedesco, que han afirmado que la propuesta de los nuevos libros de texto está muy endeble y que en todo caso tenemos derecho a sospecharlo, está más vincula a intereses de algunas editoriales que ya tienen contratados a algunos profesores que para elaborarlos, para el caso de las secundarias y no tanto obedecen a la tan mentada modernización en la educación.
El actual secretario de Educación, Manuel Bartlett, ha anunciado el cambio de Texto Gratuito a partir del próximo ciclo escolar.
Por elementales razones es preciso detener esta acción, porque no ha contado con un procesamiento adecuado tanto en lo que se refiere a la opinión de los maestros en servicio, como a la de la comunidad de investigadores que conocen de la problemática educativa.
Consideramos que el país es capaz de una obra educativa, inteligente y creativa; contamos con maestros competentes, profesionistas preparadores, educadores con ideas y científicos dispuestos a colaborar. Es necesario la participación de todo este potencial humano para lograr una verdadera modernización educativa.
Hicimos en su momento y lo hacemos ahora, aquí en esta Cámara, una crítica a los directivos del Consejo Nacional de la Educación, porque suspendieron, por razones políticas, las consultas públicas que estaban haciendo para elaborar los nuevos planes y programas y para elaborar los libros de texto.
El director del Consejo Nacional Técnico de la Educación, Luis Benavides, reconoció incluso, que había suspendido las reuniones de consulta por razones políticas y no quiso argumentar cuáles eran estas razones políticas.
Por otra parte, debe considerarse como algo primordial elevar la situación económica de los profesores de educación básica y de todos los niveles. Se les debe ayudar a lograr un mayor nivel social para valorar la contribución tan importante que hacen al desarrollo nacional.
Por ahora, un profesor de educación básica gana 2.6 salarios mínimos, 900 mil pesos nominales, 850 mil pesos reales al mes, lo que como cualquiera de nosotros sabe no alcanza para sostener los mínimos gastos necesarios para un profesionista que ahora requiere estudios de licenciatura.
Un profesor de tiempo completo de universidades públicas gana sólo 3.4 salarios mínimos, por debajo de los 2 millones de pesos, lo que reciben realmente en su salario y también todos sabemos que ningún profesor de educación superior de tiempo completo puede dedicarse íntegramente a la investigación o a la docencia con este tipo de salarios. Pese a que se reconoce que ha habido aumentos frecuentes a los profesores, todavía quedan con un rezago muy importante frente a las necesidades que supone la modernización.
Otro renglón fundamental de la educación en México es la educación superior. Dos
instituciones importantes de este nivel para citar algunos ejemplos. la Universidad Nacional Autónoma y la Universidad Autónoma Metropolitana, aumentarán su asignación de recursos, según las cifras que tenemos respecto al año anterior, en un 28% y 24% respectivamente. Este aumento no será suficiente considerando los rezagos existentes y su reducción en la atención a la población que año con año ha estado disminuyendo, pues en el ciclo escolar 1979 - 1980 el porcentaje de atención a la demanda era de 90.3% y en el ciclo 1991 - 1992 disminuyó a 66%. Una reducción de aproximadamente la tercera parte en 12 años.
Esto se ve reflejado en la cantidad creciente de jóvenes que desean estudiar y que las deficiencias educativas de atención a la demanda les impide ingresar a las universidades del país.
Algo que es muy importante anotar en este aspecto es que en su más reciente Informe Presidencial, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, dejó claro que los grandes temas de su gobierno, en este momento, serían el campo y la educación. Vistas ya las modificaciones aprobadas al artículo 27 de nuestra Constitución relativas al campo, es de esperarse la incursión del actual gobierno en el artículo 3o., además de la reforma recientemente aprobada en otros conceptos fundamentalmente de la educación, como son el de la gratuidad y el de los contenidos de orientación nacionalista que mantenga nuestra identidad.
No hay duda que la autonomía de las universidades será uno de los principales que están involucrados en la discusión acerca del futuro de la educación en su conjunto y de las universidades en particular. Para algunos de los gobiernos posrevolucionarios la autonomía ha sido un estorbo, pues el autogobierno que garantiza la autonomía es uno de los obstáculos principales para que las universidades puedan ser vehículos de política ajenas al interés nacional.
La autonomía de las universidades figura, sin lugar a duda, entre los conceptos que forman parte del debate nacional. La autonomía garantiza que son las propias universidades las que definen sus programas académicos; es decir, son las universidades las que determinan la orientación de sus actividades, puesto que son instituciones esencialmente académicas.
Cabe preguntarnos: ¿estaremos ante un concepto caduco que debe ser modificado?, porque ahora está en boga hablar de la caducidad de conceptos como soberanía, democracia, autonomía. etcétera.
¿Estaremos ante un concepto caduco que será modificado en el siguiente período de sesiones de esta Cámara? ¿La inserción de México en los cambios mundiales, la globalización y la
estructuración de bloques económicos, justificarán eliminar o transformar este principio?
Lo que ahora sucede en la universidad de Sonora, nos parece que es la punta de iceberg y nos preocupa y alarma sobre el destino que tendrán las universidades públicas.
El licenciado Carlos Salinas de Gortari en su Tercer Informe Presidencial dijo que "El país no podría el reto de la globalización y la competencia si no se construye un sistema educativo, cuya calidad formativa sea también competitiva", lo cual hace pensar que se está planteando ubicar a las universidades quizá en un marco de utilitarismo mercantil, sujeta al juego de la oferta y la demanda y hay una tendencia ya que ha sido mencionada por varios rectores de universidades que por quedar bien con el Ejecutivo plantean ya sujetar la currícula universidad a la oferta de empleo.
Cuando se sujete el conocimiento universitario a la oferta del empleo, se disgrega, se pragmatiza la elaboración de currícula por las modas que supone la oferta y se suprime la capacidad de las universidades de generar un conocimiento general avanzando en el campo científico y en las humanidades y se dificulta la posibilidad de que tengamos un potencial humano que pueda competir en condiciones de igualdad con los científico de otra parte.
hay una tendencia ya, que se está debatiendo en la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Estudios Superiores, respecto a esta disgregación del conocimiento y a esta subordinación de la currícula universitaria a la oferta de empleos.
Escuche decir en una reunión en Oaxtepec, hace dos años, al subsecretario Luis Eugenio Todd, con un concepto de humanismo tecnocrático, por ejemplo, que para los oaxaqueños era injusto e innecesario que hubiera universidades, que tuvieran carreras universitarias, porque ahí lo que convenía era colocar era escuela de guías de turistas y escuelas en técnico de artesanías, que sería más rentable.
Con este concepto de insumo - producto que domina ya en algunas áreas de la planeación de
la Secretaría de Educación Pública, se plantea que no hay necesidad de carreras universitarias para la mayoría de la población, sino de aquellas que se adecúen a los intereses mercantiles dominantes en una perspectiva muy utilitarista y reduccionista de nuestro vínculo con el Tratado de Libre Comercio.
Debe tenerse presente que la autonomía permite examinar con libertad todas las corrientes de pensamiento, lo cual conlleva la exploración de modelos diferentes a las tendencias predominantes y lograr el interés no sólo en el comercio o en el poder político, sino en el bienestar social y el avance general del conocimiento. Además las universidades autónomas como depositarias de un parte importante del conocimiento y la riqueza cultural de la nación, son indispensables en la preservación de nuestra identidad como mexicanos.
Pareciera que la modernización educativa implicara ausencia de autonomía ausencia de libertad de cátedra y de investigación propia y nacional para nuestro desarrollo. Aún más, la autonomía es un concepto íntimamente ligado a la democracia. Por ello, si se atenta contra la autonomía, será como dar un paso atrás en la democracia y un paso adelante en el autoritarismo que ha caracterizado al actual régimen en muchos renglones de su actividad. Dicho de otra manera, creemos que preservar la autonomía en el próximo debate que suponemos se dará en el siguiente período de sesiones respecto al contenido de la educación en nuestro país, es un asunto prioritario.
Por todas las razones anteriores, proponemos que el presupuesto que se dedica a educación para el próximo sea incrementado en 3 billones y puede utilizare para becas para estudios de posgrado para los maestros en servicio y también para generar, así como se hace en el deporte, según decía Felipe Muñoz, "deportista de excelencia", también se deberían generar "investigadores de excelencia", en nuestro país.
Quiero decir por último en relación a algo que comentaba el diputado Felipe Muñoz, que estoy de acuerdo con él en que antes que el deporte es necesario la educación y una educación integral supone también educación física, supone una cultura física a la que puedan acceder todos los niños, además de estar bien alimentados. Pero le quiero decir que hay incongruencia en las políticas oficiales a esta idea, en la que concuerdo con él, porque recientemente al inicio del ciclo escolar presente, fueron suprimidos todos los maestros de educación física para las escuelas primarias oficiales del país, bajo una consideración de austeridad. ya no hay maestros de educación física para los niños, pese a que hay escuelas que los capacitan y ahora en las escuelas primarias del profesor normalista general es el que tiene que dar educación física, música, artes plásticas. Cuestionadas en las que se había avanzado ya tener plazas asignadas en este rubro.
Por lo tanto creo que en congruencia con esto que planteaba el diputado Felipe Muñoz, deberíamos, los diputados de todos los partidos representados en esta cámara, exigir a la Secretaría de Educación Pública que vuelvan a haber maestros de educación física en las escuelas primarias, para que si bien no tengamos "finalistas" en todas las competencias internacionales, tengamos niños que además de estar bien informados sobre la ciencia y la tecnología, también tengan una buena formación física y un desarrollo integral. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Israel González Arreguín: - Señor Presidente, compañeras diputadas , compañeros diputados:
La Comisión de pesca de esta honorable Cámara de Diputados, ha señalado la importancia estratégica que para nuestro país reviste el apoyar el desarrollo de la actividad pesquera y para tal fin es imprescindible que el presupuesto que la Federación destine a la pesca sea de mayor magnitud a la que en los últimos años se ha propuesto.
Desde el gobierno del abuelo, Adolfo Ruiz Cortines, se planteo la marcha al mar; pero desgraciadamente hasta la fecha no ha habido quien encabece ese desfile. es difícil encontrar coherencia entre el consenso nacional acerca de los beneficios potenciales que la pesca tiene para delinear un proyecto nacional que ejerza soberanía sobre la bastedad de más de 2 millones de Kilómetros cuadrados de zona económica, marítima y una escasísima inversión de apenas el 0.4% de la inversión federal; la resolución de ingentes problemas de apoyo financiero a los productores pesqueros requeriría que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1992 se tendría que quintuplicar.
No se trata únicamente del incremento de presupuesto para el desarrollo de la pesca, así lo hemos dicho explícitamente al analizar la Cuenta pública pasada. Pero sin recursos mínimos podemos
simplemente estar posponiendo soluciones que más tarde le van a salir mucho más onerosas a la nación. Frente a ese marco global, a continuación presentamos algunas consideraciones sobre el crecimiento del gasto, algunas observaciones sobre la distribución presupuestal por programas, que nos proponen, así como algunas reflexiones y propuestas.
El proyecto de gasto total del sector pesca presupuesto para 1992, es de 237 mil millones, 257 mil pesos, es decir, el 23.8% mayor nominalmente, respecto del gasto total programado para 1991. Pero al descontar la partida de transferencia del gasto directo, éste se estima será de sólo 225.6 miles de millones de pesos, por lo cual el crecimiento nominal será menor y más si se considera que hay la expectativa oficial de que en 1991 el gasto será mayor al programado.
En su composición global el proyecto mantiene la misma estructura que la programada para 1991, así, en relación al gasto total de 1991 y 1992, se mantiene un gasto corriente prioritario cercano al 63.4% del gasto total, donde la partida de servicios al personal, esto es salarios, es aproximadamente el 50% de ese gasto corriente, en tanto el gasto de capital global mantiene la misma proporción alrededor de 36.6%.
Como en su oportunidad se señalo en la revisión de la Cuenta Pública de 1988, llevada a cabo al interior de la Comisión de Programación y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la partida de servicios al personal resultó, en la mayoría de los casos, mayor al monto de cualquiera de los proyectos de inversión productiva y además fue absorbida por una muy reducida minoría del personal de la Secretaría. En estas circunstancias, el proyecto global de presupuesto sectoral tiende con más fuerza a ser un proyecto de estancamiento e incluso de regresión.
Sobre la distribución presupuestal por programas el Proyecto de Presupuesto Sectorial para 1992 mantiene en lo general las mismas prioridades por programas aunque vale destacar algunas modificaciones que no por menores en su monto, son verdaderamente importantes y de igual manera, se siguen relegando actividades que son de importancia estratégica.
El gasto de capital en cuanto a inversión directamente relacionados con la producción, se ubica dentro del Programa de Infraestructura el cual se espera que cierre con un monto de 79.6 miles de millones de pesos en 1991, en tanto que el proyecto nos propone un monto para 1992 de 86.9 miles de pesos, esto significa un crecimiento nominal de 90.2% pero un decremento real de 2.3%. En el proyecto que se nos propone también se puede apreciar el gasto de capital del Programa de Infraestructura, se propone sea de 54.4 miles de millones de pesos comparado con los 50.8 miles de millones de pesos programados para 1991, por consiguiente el crecimiento nominal aparente sería de 7% pero en la realidad se propone una regresión mayor al 14%.
Esta situación resulta muy delicada ante los retos que el sector tiene en materia de inversión básica, como por ejemplo los Laboratorios de Sanidad Acuícola o de Producción de pos larvas de camarón, los primeros son estructuras fundamentales ante la necesidad insoslayable de elevar el control de calidad sanitaria de los productos pesqueros tanto en el mercado nacional como para exportación. Los segundos son cada día más demandados tanto para sustentar un programa estratégico de camaronicultura nacional como para realizar labores de rehabilitación ecológica. Por otra parte, frente a las restricciones presupuestarias que el proyecto propone, es evidente que se requiere racionalizar el gasto e infraestructura productiva; la Cámara de Diputados ha recogido múltiples opiniones acerca de la necesidad de las obras de dragado la lagunas costeras y la construcción de estructuras de estabilización pero simultáneamente crece la opinión de que se necesitan fundamentar ecológicamente dichas obras, ya que la proyección empírica de estas obras sin el fundamento sobre el impacto ambiental y una vez realizadas y en su evaluación objetiva los supuestos beneficios a la producción corren riesgos de convertirse en buenas intenciones y dudosos resultados.
Contrario a lo anterior, debemos señalar otras propuestas significativas en el proyecto de presupuesto, entre ellas está el incremento en la inversión para dar mantenimiento, conservación y equipamiento de los centros regionales de investigación pesquera y embarcaciones; a los centros de capacitación pesquera y a las oficinas y delegaciones de pesca. Es importante enfatizar que las inversiones en estos rubros son fundamentalmente, toda vez que son parte de los programas sustantivos de la estrategia de modernización de la pesca y por ello debe asegurarse, como las restantes tareas, de su realización oportuna. Sin embargo deseamos señalar que dada la información disponible no resulta comprensible por qué al mantenimiento, conservación y equipamiento de los centros acuícolas productivos de la Secretaría de Pesca eslabón fundamental de la producción acuícola nacional, sólo se le
asignan 1.2 miles de millones de pesos, cantidad por demás insuficiente según diagnóstico interno de la propia Secretaría de Pesca; en cambio el proyecto n o explica por qué el Programa de Planeación y Presupuesto se le asignan 4.1 miles de millones de pesos en obras no explicadas.
Entre las apreciaciones de rezagos del proyecto de 1992, mantiene, destacando; el programa de capacitación de productores y el de capacitación a los trabajadores. En el primero, no obstante el rezago manifiesto en la actividad, ante las organizaciones del sector social, opinión generalizada de trabajadores de la Secretaría de Pesca y de los propios cooperativistas y ejidatarios, se le mantiene en el estancamiento.
Respecto a lo segundo, es lamentable que la meta sea capital sólo a 60 trabajadores de la Secretaría de Pesca, cuando es evidente que una buena porción del incremento de la eficiencia y la eficacia de la Secretaría de Pesca, se encuentra en la verdadera capacitación masiva de su personal, En esto último, no sólo cuenta el aumento de los recursos financieros, sino ante todo, la estructura de la política de capacitación participativa con los trabajadores, su retribución escalafonaria y la modernización de los esquemas de trabajo. Sería deseable la elaboración e instrumentación de una propuesta por parte de la Secretaria de Pesca.
Por todo lo expuesto con anterioridad, en el combate a un proyecto regresivo, nuestra propuesta es que al sector pesca se le incremente cinco veces más el presupuesto programado. Para nosotros, el argumento de que el sector se abre a la inversión privada y ésta sea la razón para que este proyecto presupuestal sea tan regresivo, nos parece muy endeble, toda vez que el estado constitucionalmente no puede abandonar su responsabilidad de ser promotor y rector de la actividad pesquera. Muchas gracias.
El Presidente: - Para hechos, tiene la palabra la diputada Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Soto González: Con su venia, señor presidente; compañeros y compañeras diputados:
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico, venimos aquí a apoyar la propuesta presentada por el diputado, que es a su vez, presidente de la Comisión de Pesca.
El caso del monto asignado para la secretaría de Pesca es verdaderamente de escándalo y lo que se busca es desaparecer a la Secretaría de Pesca como tal y sentar las bases para que el cooperativismo pesquero no cumpla el papel que cumple actualmente y ceda su lugar básicamente a la iniciativa privada; estamos enterados que probablemente para el próximo período legislativo, recibamos iniciativa que quita el carácter reservado a los ocho especies reservadas actualmente para las cooperativas. Nosotros creemos que se están provocando una situación en cierto sentido parecida a lo que pasó con los ejidatarios: se les abandona durante décadas, se destruye su base productiva y luego se dice que lo que no sirve es el artículo 27.
En ese sentido ya en la exposición general mencionamos el caso de la cartera vencida de las cooperativas pesqueras. es muy importante mencionar que las cooperativas pesqueras han sido sustento también, al igual que el campo, del voto político para el Partido Revolucionario Institucional y que recientemente se intentaron y se llevaron a cabo movimientos democratizadores muy importantes en las cooperativas, para librarlas del caciquismo y la corrupción en las que las había sumido la tutela oficial. Se llevo a cabo específicamente en el puerto de Guaymas, Sonora.
Un movimiento muy importante de saneamiento de las cooperativas, de una dirigencia verdaderamente surgida de la base, con un sentido moderno, con un sentido empresarial para hacer cooperativas muy productivas. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? palabras, señores, vamos a reestructurar la cartera, vencida de las cooperativas. La oficina de Antonio Benítez en Hacienda, dispuso de 500 mil millones o algo así para reestructuración de cartera vencida a través del Banco de Comercio exterior.
Pero como la banca privada, la banca estaba en el proceso de privatizarse, no tenía la menor intención de respaldar una actividad que dependen de ciclos, de ciclos climáticos y ciclos biológicos que son inciertos. En el caso, por ejemplo de la pesca del camarón, se ha sufrido durante más de cuatro años un grave problema de escasez del recurso en una parte por razones de sobreexplotación, la flota camaronera es demasiado grande, la cooperativista, además, va a entrar la privada, es demasiado grande, pero también por razones climatológicas que dependen de ciclos, por ejemplo, los ciclos de las manchas solares que se repiten cada 11 años.
En el caso, por ejemplo hubo especie de corriente del niño, que no era una corriente el niño, que enfrió las aguas superficiales y causó
una catástrofe ecológica en el camarón. Sin embargo, los cooperativistas pesqueros, no tenían manera de asegurarse contra esa catástrofe, no podían recurrir, como en caso, por ejemplo, de los productores agrícolas de Sinaloa, que pudieran respaldarse en Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Sociedad Anónima y en otras aseguradoras cuando se inundaron los distritos de Ahome, los pescadores no pudieron hacer eso, fueron dejados al desamparo totalmente por el gobierno, ¿para qué¿ para decir que el cooperativismo no funciona y hay que quitar el carácter reservado a las especies.
Los bancos, en primer caso, hicieron caso omiso de los telex, fax, etcétera, llamadas telefónicas de la Secretaría de Hacienda y dejaron ahí congelados cientos de miles de millones de pesos que se dieron para la reestructuración de la cartera vencida. Tiempo es lo que piden los cooperativistas, señor, exactamente. Voy a seguir.
En ese sentido el presupuesto que nos presentan es inaceptable, no solamente se está calculando ya lo que vamos a probar, supuestamente, en abril, que la iniciativa privada va a entrar directamente y no vía cooperativa, ya se está tomando en cuenta nuestro voto de abril. Sino que además como lo plantea correctamente el compañero González Arreguín de la Comisión de Pesca, la Secretaría de Pesca no programa de manera adecuada, no recibe fondos de manera adecuada, para llevar a cabo sus labores de dragado y de escolleras, que solamente la Secretaría de Pesca pude llevar a cabo.
Hay un grave problema de contaminación en las bahías que también incide en la reproducción en los biológicos de las especies marinas, que tampoco es atacado de manera correcta, Por ahí en la comisión se mencionó en algún momento que parte del presupuesto de Pesca, se debe contemplar en el presupuesto de ecología. No es cierto. No hay suficiente presupuesto.
Y de nuevo, sí queremos ser un país moderno, tenemos que ser entonces un país que genere grandes recursos de proteínas y alimentos para su población y que pueda ser capaz de explotar de manera eficiente.
Por ello, compañeros, nosotros aprobamos y apoyamos la propuesta traída aquí a tribuna por el compañero González Arreguín. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, la diputada Gabriela Guerrero del Partido Popular Socialista.
La diputada Gabriela Guerrero García: - Con su venia, señor presidente; señoras y señores diputados:
Para un país como el nuestro, pobre y con muchas carencias y necesidades ningún presupuesto es suficiente para emprender las obras indispensables para desarrollar a la nación y para satisfacer legítimas demandas del pueblo de una vida con el mínimo de niveles de bienestar. Esta situación se agudiza cuando de una manera planificada y consciente, el Poder Ejecutivo aplica una política de disminución constante del gasto público.
En estas condiciones, sí demandamos que se modifique un determinado rubro en el presupuesto de Egresos de la Federación; para incrementar el presupuesto respectivo, sería a costa de otro sector, quizá tan estratégico o prioritario como aquél para el que estaríamos demandando el incremento.
Sin embargo, existen problemas que tocan tan profundamente la perspectiva, el desarrollo y las posibilidades de bienestar del pueblo, que no podemos sino al menos plantear nuestras inquietudes correspondientes. este es el caso del presupuesto programado para el desarrollo científico y tecnológico del país, en el ejercicio fiscal para 1992.
No podemos dejar de reconocer que en los últimos tres años, a partir de 1990, se ha revestido positivamente la política de asignaciones para este rubro, con incrementos en términos reales año con año, en muchos gracias a la posición adoptada por esta Cámara de Diputados en la LIV Legislatura, en constante demanda de mayor presupuesto para la ciencia y la tecnología.
Para el año fiscal de 1992, se propone un incremento de 796 mil millones de pesos respecto del presupuesto en este año de 1991, lo cual representa más de un 21% en términos relativos y de 14.2% en términos reales.
Sin embargo, con ser aceptable este incremento para 1992, queremos expresar nuestra preocupación profunda por el hecho de que el ritmo de incremento esté disminuyendo, lo cual puede indicar que el esfuerzo del gobierno para impulsar nuestro desarrollo científico y tecnológico, tienda a disminuir para los próximos años, lo cual no sería consecuente con la necesidad urgente perentoria que se está presentando a la industria nacional, de acelerar su innovación tecnológica a un ritmo sin precedente en la historia nacional, si es que no deseamos que
sucumba ante la desigual competencia con las poderosas empresas trasnacionales, particularmente las norteamericanas y tampoco sería consecuente con los compromisos asumidos por nuestro país en la Cumbre Iberoamericana en Guadalajara, de dar forma a nuevos mecanismos de colaboración en la educación superior, en investigación científica y en el desarrollo tecnológico, como premisa para incorporarnos juntos a la revolución tecnológica que se opera en la producción industrial.
En este sentido queremos llamar la atención respecto de las ideas, planteamientos y propuestas hechas por un distinguido invitado de la Comisión de Ciencia y tecnología de esta honorable Cámara de Diputados, en una reunión celebrada hace siete días, a la que por la prematura del tiempo y excesivo trabajo, no tuvimos la posibilidad de invitar a todos los integrantes de esta comisión que me honra en presidir.
Se trató de la visita, a invitación nuestra, del doctor Juan José Yamblialli una de las grandes personalidades científicas de América Latina, que vino a nuestro país a recibir de manos del Primer mandatario el Premio México, que nuestro país ha instituido para estimular a los científicos más creativos de nuestro subcontinente.
En esta fructífera reunión, el doctor Yambialli, con base en su gran conocimiento sobre las situaciones de la Ciencia en América Latina, logrando desde su cargo de director del Centro latinoamericano de Física, planteó en profunda conciencia con opiniones de distinguidos científicos mexicanos, las siguientes tesis: Ningún país de América Latina tiene por sí solo, el número crítico de científicos o tecnólogos necesarios para abordar los grandes problemas de cada país, en el orden del desarrollo industrial o de otros campos de la economía o de la vida social; trabajando por separado, será prácticamente imposible que cada uno se incorpore al ritmo de los cambios que se dan en la tecnología o en la ciencia; ningún país latinoamericano por sí solo tiene los recursos económicos que exigen proyectos tecnológicos de vanguardia y de impacto real en la economía nacional.
Sin embargo, señoreas y señores diputados, el doctor Yambialli, no tenía una actitud pesimista la de hacer estos planteamientos, todo lo contrario, con bases de una evolución serena y equilibrada para sustentar una propuesta de solución en los siguientes términos; juntos, los países de América Latina, sí tendría la masa crítica de científicos o tecnólogos para emprender proyectos conjuntos de gran proyección económica o social. La base de la unión serían algunos de nuestros problemas comunes en el campo tecnológico o en los problemas generales de la agricultura y de la ecología, proponiendo problemas concretos vinculados a la petroquímica, a la núcleoelectricidad, la biotecnología, la tecnología satelital y la informática, entre otras. Y habló también de problemas atmosféricos o marinos, vinculados al clima y a las precipitaciones pluviales que, como todos sabemos, inciden directamente sobre la agricultura de los países latinoamericanos.
Necesita América Latina crear un sistema de becas para los jóvenes de la región que aspiran a prepararse para la investigación, en cantidad suficiente para las necesidades que la perspectiva no está planteando.
Estas becas latinoamericanas deben ser para estudiar en centro de investigación de América Latina, los que deben ser de excelencia, para lo cual deberían ser objeto del apoyo de los gobiernos de la región, hasta aquí las tesis del doctor Yambialli.
Señoras y señores diputados, quizá lo que más importa destacar de la exposición del eminente doctor, receptor del Premio México, es el hecho de que nuestro invitado señalara que México es uno de los tres o cuatro países de América Latina que tiene las condiciones para tomar la iniciativa en la tarea urgente de dar pasos concretos para hacer realidad esta cooperación con la que todos ganarían, incluido por supuesto nuestro país, por que nos permitiría abordar la solución de nuestros grandes problemas latinoamericanos de modernización de la industria y de los servicios.
Por está razón, cuando analizamos el presupuesto que hemos de dedicar a la política científica y tecnológica, pensamos que no debe ser sólo pensando en el ámbito nacional, que por supuesto es lo más importante para nosotros, pero estratégicamente debemos plantearnos ya como parte integral de nuestra política científica y tecnológica esta vinculación, haciendo todo lo que nos corresponda, desde el punto de vista de la creación de instituciones, de medios y de iniciativa para hacerla realidad. No sólo por un interés altruista de solidaridad con América Latina, sino porque siendo la capacidad de innovación tecnológica el capital más estratégico y valioso de nuestro tiempo, sumados los mejores hombres de ciencia y los mejores tecnólogos de la región, se generarían descubrimientos o innovaciones que llevarían a la producción industrial los países latinoamericanos que tuvieran la capacidad para hacerlo así.
Esta política señoras y señores diputados, en ciencia y tecnología, es válida en el campo de la educación y de la ecología; política a la que nos obligan los compromisos contraidos por nuestro país en la Cumbre Latinoamericana.
Por tal motivo, si por cuestiones prácticas como lo comprendemos, no fuese posible que en esta vez la mayoría acepte modificar el presupuesto asignado al desarrollo científico y tecnológico para 1992, lo dejamos como una preocupación para ser considerada con toda oportunidad en el Presupuesto de Egresos para 1993.
No obstante, desde ésta, la más alta tribuna de la Nación, tendemos la mano en demanda de que ya se prevee un superávit de 18 billones de pesos en el Presupuesto de Egresos de 1992, éste se destinó al desarrollo científico y tecnológico, a la educación superior y a la investigación en materia ecológica, como incrementos adicionales para estas tres actividades fundamentales para nuestra perspectiva de desarrollo.
Señoras y señores diputados: Siendo tan inciertas nuestras posibilidades de enfrentarnos a la competencia internacional, no sería legítimo ni racional, que se dejara de gastar un sólo peso, tratándose de construir sólidas bases para la independencia de la nación y el bienestar del pueblo mexicano. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rogelio Villarreal Garza, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rogelio Villarreal Garza: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
Mi presidencia en esta tribuna obedece fundamentalmente a apoyar el artículo 2o. y especial a lo que se refiere en educación.
En la actualidad el desarrollo de la nación demanda un vínculo entre el Estado y la sociedad. Para lograrlo se requieren cambios sustanciales, fundamentalmente en lo que respecta al quehacer educativo.
El avance económico del país no podemos entenderlo como una última meta, sino como condición de la justicia a la que aspiramos. Entendemos que la capacidad económica del país es soporte de su independencia política. Esa condición económica requiere de una permanente extensión de la educación.
Para el presidente Salinas en su gobierno, la educación, así lo ha manifestado, es acción prioritaria, parte fundamental para el desarrollo del país. En ese propósito, se plantea la necesidad de una revisión a fondo de todos los aspectos para estar en esa forma en cumplimiento a los requerimientos que demandan nuestro tiempo de cambios y transformaciones que requieren una adecuación de la educación a nuestra realidad.
Asimismo, aspira a un sistema que no permita ser más competitivos, un sistema en donde se entienda una educación más digna y coherente, más libre y moderna, porque no basta que la educación enseñe la democracia, es preciso que la educación misma sea democrática.
El esfuerzo del gasto público ha de estar encaminado a proveer los medios necesarios para el cumplimiento de esta propuesta, porque es pivote para que la educación sea una preparación para la justicia, en donde las libertades no sean facultades desprovistas de realidad.
El gasto público es herramienta fundamental de la política económica; se exige el que sea bien dirigido, con buen manejo, ejercido con honestidad y eficacia, sobre todo, estar encauzado fundamentalmente a áreas estratégicas y prioritarias de la acción estatal directa.
Para 1992, uno de cada dos pesos van destinados al sector educativo. En muchos países sus gobiernos y la sociedad están inconformes con sus sistemas educativos. Nuestro país no escapa ni es privativo de esa inconformidad. En esa insatisfacción e inconformidad se entrelazan la economía y la justicia social. Sin una economía satisfactoria y sin una democracia y amplia justicia social, la libertad del hombre estaría en riesgo de perecer en cada instante.
El Ejecutivo considera tal aspecto como asunto de gran importancia, prioritario y atiende a la política del gasto público para 1992, como determinante para lograr transformar la estructura de las actividades educativas. Actualizar su equipamiento, diversificar las fuentes de su financiamiento y reformular su contenido y métodos; lograr cumplimentar el requerimiento de nuestra sociedad, que demanda un nuevo sistema de educación, que por una parte se inclina a conservar, acrecentar y fortalecer la unidad nacional, destacando nuestros valores, y por otro lado, en otra vertiente, de lograr una educación más competitiva; establecer como premisa básica una correspondencia de la escuela con la realidad; una educación dinámica, vigorosa, en la que los protagonistas aprovechen elementos, planes y
métodos de responsabilidades con eficacia, con imaginación y sobre todo, con la insistencia de esa unidad nacional.
El gasto público apoya importantes tareas y con un aumento real del gasto para educación de un 25.9, con ello el incremento real acumulado para 1988 y 1991, equivaldría al 62.9%.
Este aumento presupuestal corresponde fundamentalmente al renovado empeño para destacar las funciones educativas; lograr abatir el rezago y realizar cambios para lograr una educación que corresponda a nuestra época.
Una educación que amplíe en el alumno la visión del país y del mundo, un sistema donde se logre mejorar el nivel de la educación básica primaria; que nuestros niños dominen su idioma, su historia, las matemáticas, en un nuevo plano avanzar en la conformación de un nuevo modelo pedagógico que articule razonadamente los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, en el marco de un esquema que elimine rezagos.
Se busca que la educación primaria no sea ya la terminal de miles de niños mexicanos; lograr el acceso al 100% de la demanda potencial en educación primaria, con participación solidaria y activa de la sociedad.
En el ciclo 1992 - 1993 se atenderá una matrícula de 18 millones de alumnos; son 557 mil alumnos más que el ciclo anterior, lo que representa un incremento del 3%.
Los recursos asignados al sector educativo, incluyendo el paquete salarial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, etcétera, ascienden a 36 mil miles de millones de pesos, que representan respecto a 1991 y 1988 el crecimiento real que hemos mencionado de 25.9 y 62.9, respectivamente.
A través de varias generaciones se ha venido arrastrando un déficit, no sólo en las percepciones a los maestros, sino en sistemas, métodos, programas, equipamiento educativo, es un panorama que asienta demandas, requerimientos, necesidades educativas, que crecen en forma geométrica frente a presupuestos que lo hacen aritméticamente.
Desde 1988, se ha hecho manifiesta la voluntad del Ejecutivo para mejorar los incentivos para los maestros, se han aumentado de 1988 a 1991 en un 150%, en el nuevo esquema presupuestal se apunta un nuevo aumento, se busca lograr el profesionalismo del magisterio, mejorar su nivel de vida, porque el camino cierto para fincar el carácter de los alumnos, enseñarlos a pensar y a vivir en la libertad.
El maestro verdadero, es aquél que sabe cuándo es aprendiz, el que tiene el propósito de erigir una enseñanza más concreta, práctica y objetiva, que guíe al escolar por el camino de su propio descubrimiento, que sea alma y cuerpo libres y perfectibles y quien llega más tarde a la fuerza del concepto abstracto.
En el presupuesto para 1992 se contempla, por otra parte, el respaldo a programas y acciones como a elaboración de un nuevo modelo pedagógico, en donde se destacará la enseñanza de la lectoescritura, las matemáticas, el civismo, las ciencias y la historia además proporcionará medios que eleven la calidad de la educación en los planes que operen en condiciones favorables.
Se contempla, por otra parte, la construcción de nuevos espacios educativos; para 1992 se construirán y equiparán 22 mil 489 espacios educativos, se equiparán 6 mil 400 aulas, se reforzará el programa de rehabilitación de escuelas, 115 mil becas, caso 10 mil más que en 1991 a estudiantes de escasos recursos, se producirán 93 millones de libros de texto gratuito y cuadernos de trabajo para alumnos y maestros.
Para las entidades federativas con mayor rezago educativo, se aplicarán nuevas fórmulas de participación que incrementan la disposición de recursos.
Por otra parte, el Programa nacional de Solidaridad, destinará en sus planes de apoyo al sector educación, programas de infraestructura educativa, escuela digna, fomento al deporte, servicio social, niños en solidaridad; por un monto de 1 mil 215 miles de millones de pesos, adicionando recursos, el presupuesto para la educación asciente a 37 mil miles de millones de pesos.
1992 representa en términos de gastos públicos para el renglón de educación, nuevos incentivos para el magisterio camino a su profesionalización, nuevos sistemas, mayor apoyo a las zonas con mayor rezago, nuevas aulas, equipamiento y rehabilitación, nuevas plazas para maestros, más becas para estudiantes de escasos recursos económicos, apoyo a programas de escuela digna, niños en solidaridad, éste es el empeño del pueblo de México, de participar en una solución, donde gobierno y sociedad entrelazan esfuerzos para el logro de una mejor educación.
En esta tarea, noble oficio, habrá seguramente de recurrir en un plural esfuerzo, en donde nuestras diferencias nos aproximen al igual que nuestras coincidencias o semejanzas, para que aprovechemos aquellas, para cancelar nuestras preocupaciones por el problema educativo de nuestra patria. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Hildebrando Gaytán, para hechos.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor presidente; señoras y señores diputados:
Nos sorprendió la intervención del orador que acaba de hablar inmediatamente antes que yo. No sé de dónde sacará las cuentas para decir que uno de cada dos pesos se van a dedicar a educación. Si la Secretaría de Educación se destinan 34 billones de los 87 del gobierno federal y menos aún de los 249 billones que constituyen el presupuesto federal.
Por otra parte, viene aquí también con un desconocimiento del tema. En dos ocasiones dijo que se está trabajando por un nuevo modelo pedagógico. Está ignorando que precisamente está el pleito en la Secretaría de Educación Pública, respecto de modelo pedagógico o modelo educativo, porque el área de la Secretaría de Educación, el secretariado presentó un modelo pedagógico y el Consejo Nacional Técnico de la Educación presentó un modelo educativo, que es el que según esto iban a hacer avanzar y sobre el cual se están estableciendo las destrezas básicas.
Y nos da la razón para preguntar, ¿qué es pues lo que va a predominar en la educación básica? ¿El modelo pedagógico o el modelo educativo, que es el que han estado repartiendo últimamente los libros?
Ahora habló virtudes del modelo del Consejo Nacional Técnico de la Educación. Precisamente se le ha hecho la crítica porque hay tres modelos para estructurar el contenido de los programas, el curriculum de los programas: el modelo tradicional, el modelo tecnocrático y el modelo crítico - científico. Eso son los tres que hay en la pedagogía y que se analizan en todos los países del mundo.
Y aquí se le ha señalado las críticas de que está basado en el modelo tradicional y tecnocrático y está desechando lo más avanzado: El crítico - científico.
De manera que viene aquí a exaltar donde precisamente están todas las deudas, las confusiones que están saliendo de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional Técnico de la Educación.
Señalaba en mi intervención que el asunto es grave por todo este desconcierto que existe. Y el propio diputado que habló nos da la razón refiriéndose indistintamente de una manera que desconoce cómo está en la práctica toda esa crítica.
Y señala con datos: A la educación primaria, general e indígena, se le destinan 6 billones de pesos, que es completamente insuficiente si tomamos en cuenta la magnitud del Magisterio en esta tarea.
Por eso, mantenemos nuestra crítica y nuestro comentario de que los montos que se están señalando para pagar la deuda externa o lo que se considera como superávit, sea tomado en cuenta para canalizarse una parte de esto a educación y a otros aspectos que requieren de la atención del pueblo de México. Gracias.
El Presidente: - En su turno el diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Jorge Tovar Montañez: - Señor Presidente; señores diputados:
Queremos pedirles que atendamos un rubro señalado en el artículo 2o., el rubro DC, que corresponde a la Educación Media Terminal Tecnológica.
Este rubro, este renglón o este nivel educativo corresponde a un conjunto de instituciones, como con los Centros de Estudios de Bachillerato Técnico Institucional y de Servicios, Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Agropecuario y de Servicios, Centro de Estudios Técnicos Industrial y de Servicios, etcétera. Su importancia para el desarrollo de educación nacional y el desarrollo tecnológico es indudable. ¿Por qué? Acuden a estas escuelas a estas instituciones jóvenes con una clara vocación técnica, inconfundible. Provienen de la clase media y de los niveles económicos de bajos ingresos. Pero es muy importante porque este nivel debería ser, se supone que debe ser, la base de una subsecuente educación tecnológica, fundamentalmente dirigida a los tecnológicos regionales. Pero de cualquier manera es la base de la formación de los técnicos mexicanos a nivel medio, superior.
Tanto es así, que el sexenio de 1970 - 1976 el Ejecutivo multiplicó considerablemente este tipo de instituciones, había alrededor de 55 y en muy poco tiempo se elevaron a más de 500 instituciones de este tipo. Pero nosotros pensamos que este nivel educativo se encuentra en una situación de discriminación. Como reflejo, pensamos
nosotros, del abandono relativo en que se ha tenido a la educación técnica oficial, desde el Instituto Politécnico Nacional y consecuentemente los Institutos Tecnológicos Regionales.
Se les ha dejado abandonados a sus propias fuerzas. Los sueldos de los maestros son bajo, que ha creado descontento, falta de vocación entre el magisterio de estas instituciones y mucha movilidad por lo mismo; falta de estabilidad en el empleo.
Sus instalaciones y anexos son inadecuados. Inadecuados para atender la educación de estos jóvenes, son adolescentes, de alguna manera integral, en una etapa eminentemente formativa de la vida. También porque se han eternizado los órganos y elementos directivos a nivel nacional y en las entidades, como resultado de cuotas de poder en que ha quedado la dirección y la administración de estas instituciones a nivel nacional.
Por supuesto los talleres y laboratorios se encuentran deficientemente equipados. ¿Qué consecuencias ha traído esto? Son instituciones que se han quedado rezagadas, obteniendo una calidad educativa en general de carácter académico inferior a otras instituciones de educación media - superior y están condenando a sus egresados al fracaso, a la frustración y a ser "carne de cañón" de las maquiladoras.
Su presupuesto, sí nosotros nos fijamos en ese rubro, el DC del artículo 20., su presupuesto para estas instituciones ocupa el penúltimo lugar del presupuesto que se plantea, el penúltimo lugar de entre todos los niveles de la educación, desde la educación básica hasta la educación superior y el posgrado, a estas instituciones, estos Centros de Estadios de Bachillerato Técnico Industrial y de Servicios, a estas escuelas de educación media superior tecnológica, se les asigna un presupuesto que se encuentra en el penúltimo lugar de los presupuestos designados a los distintos niveles educativos; solamente por el bajo presupuesto que se le quiere asignar, solamente es superado por lo que se le quiere asignar al posgrado.
Creo que no hace falta insistir mucho en esto, todos, creo, entendemos la importancia de dar, de reforzar, de hacer de estas instituciones de educación media superior tecnológica, en particular, instituciones de gran calidad, son las escuelas preparatorias técnicas y esto lo dice todo y sobre todo que su composición escolar es, está conformada por los jóvenes de clase de menores recursos económicos y con vocación tecnológica.
Por lo tanto, en nombre de mi partido, yo hago la proposición que la haré al terminar mi intervención por escrito, de que se incremente el presupuesto, que es actualmente en el proyecto de alrededor de 413 mil millones de pesos, que se incremente por lo menos al doble, que se duplique ese presupuesto, porque lo amerita la educación nacional; los objetivos de la educación nacional lo amerita, debe incrementarse por lo menos al doble lo destinado a esas instituciones, para subsanar todas las deficiencias o algunas de las deficiencias que vienen arrastrando.
El otro aspecto que yo me permito abordar y espero que me permitan hacer uso del tiempo necesario, no voy a extenderme mucho, es también en el artículo 2o., por supuesto, el rubro d - 1 por favor d - 1 que se refiere a la difusión cultural. Examinando el presupuesto de egresos encontramos que se refiere a lo que se va a invertir en bibliotecas, en incremento del acervo, de los acervos informativos de diferentes instituciones y para cuidar, vigilar y proteger el patrimonio histórico, cuando oímos esto último de patrimonio histórico, pues nos imaginamos que es la protección, sobre todo de la herencia cultural histórica plasmada en múltiples edificios, construcciones, obra de cultura y del arte antiguo de lo cual México es riquísimo. Pero si nos fijamos, para este rubro de difusión cultural se piensa o se quiere destinar alrededor de 670 mil millones de pesos y particularmente para patrimonio histórico para cuidar los miles de monumentos históricos que tenemos, que son todos, apenas 163 mil millones de pesos; ¡imaginemos si es posible que se dé una adecuada atención a la riqueza que tenemos histórica, con 163 mil millones de pesos!
Yo aquí quisiera comentar algo, estamos perdiendo, se está perdiendo mucho del patrimonio histórico que hemos heredado de nuestros antepasados y muchos de nuestros recursos naturales, que podrían servir hasta para incrementar el turismo y más ahora que ya van a quedar muchas tierras que antes eran ejidales o que hasta el momento son ejidales, que van a pasar a manos de particulares; en nuestra tierra, en Chihuahua, hemos visto esto, lo decimos como gentes del pueblo, hemos visto como en algunos ejidos, piedras preciosas, geodas: ágatas, que están a flor del suelo o en otras partes en nuestro estado original, fósiles marinos, a flor de tierra, han llegado los güeros, los americanos, nuestros vecinos y que por unos cuantos pesos entregados a los ejidatarios que no tienen a veces son ciencia de lo que hay en esas tierras ejidales se han llevado por carretadas, por camiones, por costales enteros, por cargas enteras ese patrimonio que podría servir para muchas cosas a los mexicanos
y ya no están en nuestro país, en nuestro suelo y ese es parte del patrimonio natural e histórico y cultural y tenemos que conservarlo; por eso nosotros y yo en nombre de mi partido, quiero plantear que fijemos nuestra atención en ese rubro dedicado a la conservación de nuestro patrimonio histórico cultural que es muy bajo y que en general, es el renglón BL, también debe incrementarse por lo menos al doble, debe duplicarse esa cifra que ahí se señala que es alrededor de 700 mil millones de pesos.
Por lo tanto, con fundamento en los artículos 124 y 125 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista me permito hacer las siguientes propuestas de modificación al dictamen del presupuesto de egresos de la federación para 1992, en los siguientes apartados; artículo 2o., fracción DC, correspondiente a la Educación Media Terminar Tecnológica, incrementarse el presupuesto de 413 mil millones duplicando esta cifra. Artículo 2o., fracción DL, correspondiente al ramo de difusión cultural, increméntese de 670 mil millones de pesos al doble particularmente en lo relativo a Patrimonio Histórico. Dado en la sala de sesiones del honorable Congreso de la Unión a los 19 días del mes de diciembre de 1991: Ya es día 20.
Bien, hago entrega de este documento a la Secretaría, Gracias. ( Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra, al diputado Jorge Torres Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Torres Castillo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A nombre del Partido de la Revolución Democrática vengo a formular propuestas para modificar el dictamen que se está discutiendo. Me referiré a un apartado del artículo 2o., referente a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a un apartado del artículo 6o., relativo a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Después lo relativo al capítulo de desarrollo rural.
El gasto asignado al sector de desarrollo rural para 1992 que está marcado por la intención política de propiciar la contrarreforma agraria contenida en los cambios al 27 constitucional. También por el interés económico de favorecer a los empresarios privados, sociedades mercantiles nacionales o extranjeras, para que inviertan en el campo con recursos públicos que el gobierno sistemáticamente negó a los campesinos. Ahora los empresarios que inviertan en el campo recibirán apoyo presupuestal.
La política de abandono presupuestario al sector de desarrollo rural, que se inició durante el sexenio pasado, a diferencia del sector de desarrollo social se mantiene casi intacta durante los tres primeros años del actual sexenio. Si en 1982 al sector de desarrollo rural que destina el 9.4% y para 1991 ya en esta administración bajó al 4.7%, esa línea de política de abandono al desarrollo rural está consagrada en el Programa Nacional de Modernización del Campo, publicado el año pasado.
Como la agricultura es un sector en el cual el estado ha tenido una gran presencia desde la construcción de infraestructura hidráulica y su mantenimiento, hasta la producción de fertilizantes y semillas mejoradas, la asistencia técnica, el crédito y la comercialización de granos, lo moderno, según el Programa Nacional de Modernización del Camo, es que el capital privado supla esa presencia del Estado.
Esa tesis aparentemente se rompe con el presupuesto de egresos de 1992. En este se anuncia un aumento del 20% en términos reales al sector de desarrollo rural Después de educación es el aumento sectorial más alto que se programa, educación es el aumento sectorial más alto incluso que el destinado para el Programa Nacional de Solidaridad, lo que ya es mucho que decir.
El aumento al sector de desarrollo rural forma parte del programa de 10 puntos que anunció el titular del Ejecutivo Federal, una semana después de haberse publicado su iniciativa de reformas al artículo 27; pero ese programa de 10 puntos es incompleto e insuficiente. Incompleto porque no toca elementos que han determinado la caída de la rentabilidad en la producción agrícola y con ello la descapitalización del sector. Entre ellos los precios agrícolas, la contracción del mercado interno y la apertura a una competencia externa en condiciones de grandes desventajas para los productores nacionales; desventajas ante nuestro casi único competidor en el mercado interno que es Estados Unidos, que además de tener rendimientos por hectáreas muy superiores al nuestro, otorga cuantiosos subsidios a sus agricultores.
El programa es además insuficiente. El aumento al gasto en el desarrollo rural del 20%, no alcanza ni siquiera a ubicarlo en el nivel que ya tenía en 1987.
Aún con aumento será inferior en 47% al de 1983; respecto al de 1981, el gasto presupuestado para 1992, será menor en un 63%.
Además el gasto, por su clasificación al interior del sector rural, tiende a favorecer a los empresarios agrícolas que ya están en el sector y al que entrarán otros motivados por la nueva legislación agraria. La inversión física en el sector aumentaría en un 28%.
De este gasto en inversión, la mayor parte irá a construcción y rehabilitación de distritos de riego que el gobierno pretende entregar al sector privado.
En zonas de riego habrá una inversión física de 1.4 billones de pesos, en cambio, en las zonas de temporal, en donde se ubican la mayor parte de los campesinos y se producen granos básicos, especialmente el maíz, se realizarán inversiones por sólo 135 mil millones de pesos, menos del 10% que se destinará a las zonas de riego.
Otros programas de apoyo específico a la productividad, como la producción y distribución de fertilizantes a través de Fertilizantes Mexicanos tienden a desaparecer, ya que el subsidio oficial a esta empresa es cada vez menor, lo mismo que los programas orientados a la producción y distribución de semillas mejoradas que prácticamente desaparecen del presupuesto.
Nosotros consideramos que no es el ejido como tal el que está en crisis sino el conjunto de la agricultura nacional como sector económico o como estructura agraria que contiene las diferentes formas de tenencia de la tierra y distintas formas y niveles de producción.
Esta crisis se debe a la propia política económica y agrícola, practicada por el gobierno en los últimos años. Se debe también a la caída de un mercado interno deprimido y a una abrupta liberación desventajosas para los agricultores del país.
Ha caído la rentabilidad se ha descapitalizado al sector agrícola en su conjunto. Ejidos que antes eran prósperos, hoy están en la miseria, lo mismo que pequeños propietarios y empresarios que antes eran prósperos agricultores, hoy están en la ruina o han cambiado de actividad. Entonces, ¿por qué se pone en el banquillo de los acusados al ejido?
Nosotros proponemos que primero se reviertan todos y cada uno de los factores que han determinado la crisis agrícola. La política de precios, de crédito, de subsidios, de comercio exterior e interior, de fomento hidráulico y tecnológico, etcétera, que mejoren también las condiciones internas del mercado. Después que se vea si el ejido y las otras formas de tenencia de la tierra y de producción agrícola responden o no en términos productivos.
Defender el sector social en el campo y mantener la capacidad de decidir en forma autónoma la política agraria mexicana, precios, subsidios, créditos, etcétera, rechazando la integración forzada a Estados Unidos, es hoy una de las tareas más importantes para restaurar la república y como entidad soberana; defender la soberanía nacional y la integridad territorial.
Contrariamente a los postulados tecnocráticos, sostenemos que el sector social, apoyado por un genuino gobierno popular, surgido de una profunda revolución democrática, debe convertirse en la columna vertebral del desarrollo rural en México.
El ejido, la comunidad y las diversas formas asociativas de segundo y tercer nivel, tales como las uniones del ejidos, las asociaciones rurales de interés colectivo y las uniones de créditos y autoseguro agrícolas, deben ser apoyadas en forma decidida. Estas asociaciones de segundo y tercer nivel, deben democratizarse para defenderlas de la corrupción. Un gobierno democrático deberá realizar una profunda revisión del proceso de desnacionalización y privatización de empresas públicas, particularmente las que están vinculadas al desarrollo rural.
Igualmente es preciso fortalecer el control social campesino sobre las instituciones y empresas públicas agropecuarias. Mejorar su eficiencia y productividad y aumentar significativamente el apoyo financiero y tecnológico.
Recuperar la autosuficiencia alimentaria y avanzar en la seguridad alimentaria de las grandes mayorías de la población, constituyen la prioridad fundamental en una estrategia nacionalista y popular.
Ante la descapitalización del sector social de la agricultura que sintetiza el aspecto central de la crisis y ante la polarización de la estructura agraria, planteamos un camino viable para un resurgimiento de la producción y de la productividad rural.
Recapitalizar al sector, para ello se debe iniciar un proceso, para revertir de manera
gradual, pero firme y significativa, todos los elementos los que causan esa descapitalización, por ejemplo ubicar a los precios, agrícolas reales en el nivel que tenían en 1982, incrementar el gasto, la inversión y el crédito público, para que se ubiquen en el nivel que tenían en 1982 como proporción del gasto público total.
Además coincidimos en la idea de una mejoras administración de los recursos destinados al campo mediante una participación decisiva de las organizaciones autónomas de productores.
La grave crisis agrícola y alimentaria que experimenta el país desde hace varios años, hace necesario un gran acuerdo nacional para impulsar el desarrollo rural y el bienestar de los productores del campo, particularmente requerimos un poder democrático que dé un apoyo decidido a los ejidatarios que han sido el sector más afectado, el sector más golpeado por la crisis de la producción de granos básicos.
Por todo lo anterior y en base al artículo 13 del propio dictamen, proponemos una erogación adicional a los programas y proyectos prioritarios, estratégicos del desarrollo rural, sobre todo en base al superávit con el que se cuenta actualmente, que fueron precisamente los excedentes por ingresos ordinarios y extraordinarios.
Queremos precisar, en relación a los artículos 2o. y 6o., en apartados correspondientes, que para alentar una verdadera recapitalización del campo, se impone la necesidad imprescindible de que esta legislatura aprueba la asignación de mayores recursos a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. En ese sentido, nuestra propuesta consiste en incrementar el presupuesto para esas dos entidades del Ejecutivo en tres billones de pesos para cada una ; en Agricultura y Recursos Hidráulicos para fortalecer los programas de extensionismo agrícola, zonas temporaleras, mediana y pequeña irrigación, mejoramiento de suelos y en general para apoyar al sector social y comunal del campo.
En cuanto a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, el incremento que propone el Partido de la Revolución Democrática se orienta al apoyo de los programas de compra, además de maíz y frijol, de trigo y arroz para regular el mercado nacional, regulación de precios de sorgo, soya y para fortalecer el abasto popular de alimentos, tanto en el campo y la ciudad. Muchas gracias (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene usted la palabra, para hechos, diputado Aguirre Rivero, para hechos.
El diputado Ángel Heladio Aguirre Rivero: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Pedí el uso de la palabra para destacar algunos aspectos que a la fracción parlamentaria de mi partido nos parece de mayor importancia con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992.
Me referiré específicamente a la orientación social que ha tenido y tendrá el gasto público para el próximo ejercicio presupuestal, lo que sin duda habrá de contribuir en el proceso de transformación y modernización de nuestro país, para alcanzar un crecimiento económico sostenido con justicia social.
Como ya lo señalaba la compañera diputada Scherman, en los últimos tres años existen avances tangibles de los programas que se han incrementado en el sector del desarrollo social, así entre 1988 y 1991 sectores tan importantes como la educación, la salud, el desarrollo regional, la ecología, el abasto social y el Programa Nacional de Solidaridad, acumularon un incremento de un 59% en términos reales.
Para 1992, se estima que dichos recursos habrán de incrementarse en un 17% con relación a 1991, lo que refleja la voluntad y el interés del gobierno de la República por atender principalmente sus compromisos sociales.
Para quienes provenimos de estados tan pobres, como el estado de Guerrero, vemos con enorme simpatía la asignación presupuestaria que en materia de desarrollo urbano y agua potable habrá de realizarse en el presupuesto de 1992 y que ascenderá a casi 5 billones de pesos y lo vemos con enorme simpatía porque estamos ciertos de que ello contribuirá para atender y elevar el nivel de vida de muchos de los pueblos y comunidades que aún carecen de este servicio tan fundamental para el desarrollo humano.
La política de desarrollo social, se ha propuesto a realizar una inversión de 9 billones 377 mil millones de pesos, que significa un 20% más con relación a 1991.
Llama particularmente la atención los recursos que habrán de canalizarse a las obras de infraestructura hidroagrícola, las cuales tendrán un incremento de un 30% con relación, con respecto al nivel ejercido en el presente año.
Quisiera, compañeros diputados, hacer un paréntesis para referirme a la experiencia de la
región que me toca representar, que es la Costa Chica de Guerrero, región con elevados índices de atraso y marginación, a pesar de nuestro extraordinario potencial productivo.
Cuando hemos, indagado sobre las causas de nuestra pobreza, hemos encontrado que han sido las faltas de vías de comunicación las que no nos han permitido incorporarnos plenamente al desarrollo de nuestra entidad. Pero otro factor, no menos importante, lo ha sido también el régimen de producción de nuestras tierras, ya que hasta hoy, más del 80% de éstas se explotan a base del temporal, cuando todos sabemos los riesgos y la inseguridad que ello implica.
En la Costa Chica existen dos grandes proyectos de irrigación, el Proyecto Nexpa y el Proyecto Cuahinicuilapa, los cuales desde hace 20 años se encontraban paralizados y que hoy, gracias a la orientación del gasto público a partir de 1991, se destinan recursos por un monto superior a los 200 mil millones de pesos, que servirán para concluir estos dos proyectos de irrigación, para incorporar 36 mil hectáreas al riego, para que nuestro campesino de nuestra región incremente su producción, su productividad, diversifiquen cultivos, aprovechen sus tierras durante todo el año y, en una palabra, eleven sus ingresos económicos, sobre todo, compañeros diputados, a la luz del proyecto de la nueva autopista México - Acapulco, la cual se prevé entre en funcionamiento el próximo año, y la cual, según expertos conlleverá una mayor afluencia turística a este destino por excelencia en el ámbito nacional e internacional.
Ahí está otro vivo ejemplo de la importancia que tiene la orientación del gasto público hacia el desarrollo social.
Los guerrerenses anhelábamos desde hace 40 años la construcción de esta nueva autopista, pero que sin embargo por sus elevados costos, la veíamos como inalcanzable. Por eso nos congratulamos de que se nos haya informado en los criterios de política económica, que en la presente administración se construirán más carreteras que en toda la historia de nuestro país.
Otro de los aspectos que nos llama particularmente la atención, es el relativo a la creación de un fondo nacional para empresas de solidaridad, porque si bien es cierto el artículo 25 de nuestra Constitución establece la obligación de impulsar a las empresas y organizaciones del sector social de nuestra economía, nosotros consideramos que dichos apoyos hasta hoy han sido insuficientes. Por eso vemos con beneplácito que se dé este primer peso, así como en momentos de nuestra historia recibieron el impulso el sector público y el sector privado, toca hoy hacerle justicia al sector social de nuestra economía Coincido con nuestro compañero del Partido de la Revolución Democrática.
Quiero también expresar nuestro conocimiento por los esfuerzos que el gobierno realiza para incrementar los recursos del Programa Nacional de Solidaridad. Ese programa que está llegando hasta lo más lejano de nuestra geografía nacional. Ese programa que como lo expresara un distinguido político mexicano, está llegando hasta donde viven los pobres más pobres de México. Ahí donde la canchita de basquetbol, donde el aula comunitaria, donde la clínica rural o el pequeño sistema de agua potable o de drenaje, se volara en su justa dimensión y encuentra un alto significado social.
Sería ingenuo no reconocer de nuestra parte que dichos recursos resultan insuficientes para atender muchas de las carencias en que viven nuestros coterráneos. Pero también sería ingenuo no reconocer el avance tan significativo que tiene dicho programa, al destinar un 19% más con relación a 1991.
Compañeras y compañeros diputados, en la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, consideramos que lo alcanzado hasta hoy, no es para echar las campanas al aire, porque si bien es cierto que con el esfuerzo de pueblo y gobierno hemos podido superar algunos obstáculos, porque si bien es cierto que hemos podido avanzar en la consecución de las metas del Plan Nacional de Desarrollo para 1989 - º1994, reconocemos también compañeras y compañeros, que nos queda y nos falta mucho por hacer.
En la fracción priísta, nosotros pensamos que la recuperación del crecimiento económico de nuestro país que la disminución de nuestra deuda externa, que el superávit de las finanzas públicas, que la disminución de los índices inflacionarios, entre otras variables macroeconómicas, tienen y tendrán que reflejarse necesariamente en la elevación del ingreso per capita de todos los mexicanos. Tienen necesariamente que reflejarse en le mejoramiento del nivel de vida de muchos de los mexicanos y preferentemente de los que menos tiene.
A ello compañeros y compañeros diputados debemos dedicarnos como representantes de la nación, con la firme convicción de que todos los mexicanos habremos de luchar juntos para
construir sobre bases y fundamentos más sólidos un desarrollo económico con soberanía, con libertad con justicia y con democracia fortalecidas. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Si hemos subido a esta tribuna, no es con la idea de que nuestra intervención quede inscrita tan sólo en el Diario de los Debates. Hemos subido a esta tribuna para tratar de romper con los monólogos alternados que está imponiendo el partido mayoritario y que realmente busquemos elevar el nivel del debate.
Nosotros vamos a intervenir sobre el presupuesto en materia de desarrollo urbano y ecología.
Empezaremos diciendo que el sector de desarrollo urbano y ecología, ahora considerado dentro del desarrollo social, recibirá un monto de 4 billones 911 millones de pesos, lo cual representa un aumento del 12% en términos reales, respecto al presupuesto de 1991.
Además es superior el monto para este año, comparado con los 10 años anteriores.
La proporción porcentual de este sector dentro del producto interno, es muy pequeña. Del 0.50% en 1992. Sin embargo, es el año que mayor participación tiene desde 1982. Estos incrementos se deben a que por primera vez entre las tareas que tiene que atender este sector, como: vivienda, agua potable, alcantarillado, se encuentra también " el cuidado del medio ambiente", el que ha sido colocado entre los objetivos centrales de la política económica.
Para 1992 se le incluye como uno de los cuatro propósitos que serán usados por la estrategia de modernización económica, con el mismo rango que la disminución de la inflación, la recuperación del crecimiento y el mejoramiento del nivel de vida.
Sin embargo, en este país, por la falta de democracia va a ser difícil lograr enlazar el Proyecto de Egresos Federal, con una política de crecimiento económico sostenido, que nos lleve a lograr la libertad y justicia social que tanto reclama nuestro país y que es necesario que se implemente para que repercuta en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra sociedad.
En esta Cámara no se ha querido discutir el asunto relacionado con el Tratado de Libre Comercio, mucho menos se han querido discutir aquí, los impactos que la firma del Tratado de Libre Comercio va a tener en el conjunto de la sociedad. Lo hemos visto en los debates que en el 27 constitucional se dieron, en la reforma que aquí hicieron; no vimos esta discusión en los impactos que iban a tener las políticas de desarrollo urbano y medio ambiente y mucho menos vemos consecuencia en las inversiones para el agro en nuestro país.
Nosotros hemos discrepado de las políticas superarvitrarias en tanto que las consideramos medidas espectaculares del régimen y que además están sostenidas sobre una década, como ya lo explicó nuestro compañero, el diputado Calderón, de genocidio económico, donde han estancado el producto interno bruto, donde se ha reducido el salario real de los trabajadores, donde tienen una población de 8 millones de desempleados y subempleados y donde aunque existen aumentos en el gasto social, esto va en contra de un aumento en la capacidad productiva y comercial de nuestra planta productiva. Está basada esta década, también, en una disminución de cerca del 60% del ingreso real de los trabajadores, en comparación con lo que se obtenía en los años 80. Con una reducción del 30% en el consumo en alimentos de los mexicanos, en relación con los años 80.
En síntesis, estos 10 años de política económica, de contracción del gasto público, han atentado contra los intereses del pueblo y de la nación y aunque es positivo que se aumente el gasto social, es insuficiente en tanto que está en contra y está considerado contra un , o más bien es un leve repunte dentro de una tendencia general a la baja.
De esta manera consideramos en primer lugar, pues, uno de los rubros importantes de este sector, que es la vivienda.
De 1980 a 1991, se ha mantenido constante la proporción entre la vivienda propia y no propia; esto es, del 67% y 33% respectivamente. Esto significa que se tienen que reforzar los trabajos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Fondo Nacional de Habitación Popular y organismos afines para avanzar o cubrir esta necesidad de
nuestra población, pues una gran cantidad de personas no poseen una vivienda y tiene qué alquilarlas. Una característica que se está incluyendo en nuestros organismos para la construcción de casas para la población, es que ahora están conectándose con la banca comercial para otorgar los créditos de vivienda, lo cual encarece la adquisición de las casas para los trabajadores y por tanto se obstaculiza la construcción de casas propias.
Así de 1980 a 1990, las viviendas no propias han aumentado en un 53%, además actualmente, del total de viviendas el 67% sólo es de dos cuartos, el 27% es de tres a cinco cuartos. Con estos datos se puede observar que el problema de la vivienda es muy grave, pero con los montos asignados en las políticas existentes parece difícil que se puedan solucionar esos problemas y cumplir con el mandato constitucional, de que todos los mexicanos cuenten con una vivienda digna.
Otras grandes carencias registradas para 1991, son que el 40% de viviendas no cuentan con drenaje, el 15% presciden de energía eléctrica y el 49.5% de servicios de baño. En cuanto al agua entubada, son 3.7 millones de viviendas las que la tienen fuera de la vivienda y otros 3.7 millones no disponen de éste indispensable servicio.
Como se observa, es necesario atender la demanda de vivienda con los requerimientos indispensables y no sólo en las ciudades, sino a lo largo del territorio nacional, para evitar la fuertes concentraciones en las grandes y medianas urbes del país, lo cual provoca problemas tan fuertes como son los cinturones de pobreza y como repercute entre la salud de los habitantes de estos sectores. En este sentido el presupuesto pretende hacer valer el precepto constitucional, para que cada familia tenga acceso a una vivienda digna y decorosa, en razón de la cual destinará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología casi el 27% de su gasto al programa de vivienda. Frente a un déficit de 6 millones de viviendas se requieren más recursos para cumplir este precepto, ya que los diversos fondos de viviendas cubren apenas el 30% de las necesidades en este renglón.
Pero también aquí se requieren más democracia, porque recientemente hemos visto cómo ante las demandas de un conjunto de organizaciones sociales, hubo una respuesta institucional de crear una comisión de seguimiento al problema de la vivienda, pero a los pocos días, cuando se empezaban a hacer propuestas para resolver este problema, evidentemente se suspendió esta comisión.
No funciona la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología cuando se le proponen programas alternativos de vivienda popular y ustedes saben que solamente bajo el mecanismo de la auto construcción podemos encontrar una respuesta a esto, aquí no existe esa capacidad de entender por parte de las instituciones.
No hay claridad en las políticas, que se están siguiendo en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; al día de hoy todo se está negociando entre las cúpulas obreras y las cúpulas del sector público y el conjunto de los trabajadores no tienen idea qué va a pasar con la suerte de esta institución y permanente se están privatizando los servicios públicos como el agua, la basura, etcétera, y es una tendencia que se está siguiendo en el conjunto de desarrollo urbano y que evidentemente va a afectar a la población de nuestro país.
Otro rubro importante atendido por este sector, es el ecológico. Este renglón tendrá un incremento del 31% en términos reales, del gasto público dedicado a la protección ambiental, el cual será de 2.4 billones de pesos. Aunque no sea esto una cantidad insignificante tampoco es todavía un monto suficiente debido a las urgencias derivadas del deterioro ambiental y a la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar que se profundice la situación a la que hemos llegado y si nosotros hemos sostenido que deben centrarse las acciones en la prevención del problema, en programa sistemáticos, coherentes y organizados de educación para la preservación medioambiental en todos los niveles, en utilizar los medios masivos de comunicación para que la población reciba educación medioambiental y no sea bombardeada con modelos de consumo depredador, en acciones orgánicas institucionales que coordinen los poderes ejecutivo, federal, estatal y los poderes municipales con programas de largo alcance, es porque hemos observado la experiencia de las políticas anticontaminantes, seguidas en otras naciones desde los años cincuenta a los setenta y que nos han mostrado que no es con espectacularidad, como en este presupuesto lo hemos demostrado, con situaciones como el superávit y con declaraciones impactantes, como puede mejorarse el problema medio ambiental, sino se requiere, insistimos de acciones y relaciones intersectoriales adecuadas. Es decir, políticas en distintos ámbitos y sectores.
La importancia que se le empieza a dar a los criterios ambientales, aunque sea una reacción tardía, es un paso importante, pues está dejando de considerarla como algo accesorio o externo a la política económica.
Cabe aclarar que el interés gubernamental por los aspectos ecológicos o ambientales, se ha dado debido a la presión social como consecuencia de pronunciamientos, de instituciones, organismos especializados y en la misma ciudadanía, pues las causas principales del deterioro ambiental han sido el crecimiento urbano industrial no planificado, fuertemente orientado a la rentabilidad de corto plazo y ante una legislación deficiente o sin aplicar.
Todo lo cual ha influido notoriamente en la situación actual de la ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México y ya se resienten efectos similares en ciudades como: Monterrey, Guadalajara, Coatzacoalcos, entre otros lugares de nuestro país.
En cuanto al presupuesto correspondiente para atender estos problemas, parece reflejar que su orientación será encaminada a acciones correctivas más que a las preventivas del deterioro. Atacar la contaminación es una prioridad incuestionable; sin embargo, ello no debería suplir lo que también es otra urgencia; frenar y revertir expresiones del deterioro ambiental que están teniendo consecuencias muy graves.
Esto se refleja por la poca atención que reciben los programas de reforestación, recuperación de suelo, conservación de ecosistemas, protección de flora y fauna y otros objetivos básicos para prevenir la grave contaminación que tanto nos afecta.
Esto es producto de la actitud general de los funcionarios públicos que tienen un horizonte temporal de acción, al final del cual están más preocupados por su porvenir y fines políticos y por otra parte, la iniciativa privada no está muy interesada en el asunto. Por lo tanto, el compromiso de velar por las cuestiones ecológicas, termina recayendo en la sociedad civil y si no, aquí mismo insistimos por enésima vez que represente la propuesta mexicana que se planteará en la Cumbre de Río de Janeiro 1992 sobre medio ambiente y desarrollo que seguramente exhibirá las estrategias mundiales, sobre modelo de desarrollo y su impacto ambiental.
¿Por qué nos urge conocer esta propuesta? ¿Por qué hablar de desarrollo cuando se habla de medio ambiente? Porque como hemos sostenido en esta tribuna, a diferencia de una visión de preservación del medio ambiente que solamente enarbola una política conservacionistas y hasta recibe premios importantes de la Organización de las Naciones por cuidar los defines, con el desarrollo, eso, entre otras cosas, asumir las transformaciones en curso en diversos campos de la ciencia y la tecnología para lograr un sistema integral en materia agrícola industrial y una política en materia de ordenamiento territorial urbano que integre al hombre con la naturaleza y la producción y que al mismo tiempo permita preservar el medio ambiente.
Mientras tanto, es urgente que todos los sectores de la sociedad participen activamente no sólo en la corrección, sino más importante es aún en la prevención de este problema, que a corto y mediano plazos nos afecta a todos.
Es necesario descentralizar las industrias que tan fuertemente se han concentrado en las ciudades, multas drásticamente a las empresas contaminantes y con el uso de tecnología y métodos adecuados reducir la contaminación que provocan.
En el caso del transporte, sería muy conveniente promover el servicio público de vehículos con equipo anticontaminante: trenes ligeros, impulsar los tranvías y los trolebuses; el metro debe crear nuevas líneas que alienten a dejar el coche en casas. Si no hay un transporte público eficiente no se podrá alentar el dejar de usar vehículos particulares, que son otra fuente notable de contaminación.
Consideramos que lo hecho hasta ahora es insuficiente, no se ha entrado al problema de fondo y no es que esperemos soluciones magníficas y sin costos, concedemos pues la gradualidad a cualquier medida. Sin embargo, es necesario una mayor participación no sólo del sector social, que es el más ha trabajado en este sentido, sino también se requiere mayor colaboración del sector privado y como elector y eje de la acciones a realizar a mediano y largo plazos al sector del gobierno.
Por lo tanto proponemos, como ya ha quedado asentado también en esta tribuna, el incremento... al incremento... al incremento... al proyecto deee, deee....al proyecto deee... deee...
(Desorden.)
Por lo tanto, como hemos dicho en esta tribuna y seguiremos insistiendo, se requieren acciones orgánicas y una política de inversión y gasto público que fundamente una correcta política de desarrollo urbano y ecología. Necesitamos que en puntos nodales del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992 se note reflejada la voluntad política para lograr un armonioso desarrollo urbano y preservación medioambiental.
Reafirmamos por lo tanto la propuesta de nuestra fracción parlamentaria, la del Partido de la Revolución Democrática, para que se modifique en la participación del proyecto de decreto el Presupuesto de Egreso de la federación para el Ejercicio Fiscal de 1992 en el área de Desarrollo Urbano y Ecología y se presupueste sobre la base de 4 billones 139 mil 427 millones 800 mil pesos, en lugar de lo que está contemplado, que es 1 billón 139 mil 427 millones 800 mil pesos. Es decir, proponemos un incremento de más de 3 billones de pesos, un incremento de casi el 300% de lo que se ha presupuestado. Lo que se justifica por el déficit de 6 millones de viviendas y las necesidades de impulsar una política ecológica preventiva.
Finalmente, como sabemos que aquí difícilmente van a recuperar la dignidad del Poder Legislativo y seguramente van a votar el proyecto que el Ejecutivo ha mandado aquí, nosotros queremos también, con conjunto de compañeros de distintas fracciones, hacer la siguiente propuesta de Punto de Acuerdo sobre el problema de la contaminación atmosférica en la zona metropolitana de la ciudad de México y dice:
" México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 1991.
Cámara de Diputados de la LV legislatura:
El problema de la contaminación atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México sigue siendo muy grave, a pesar de las medidas anunciadas hace algunos días por el gobierno.
La sociedad de esta región del país ha reclamado y continúa reclamando medidas de fondo que contribuyan a resolver este grave problema. Sin embargo el gobierno federal parece no darse por enterado y da la impresión que considera que con declaraciones y conferencias de prensa se puede resolver el asunto.
¿Qué es lo que espera el gobierno que suceda con este gravísimo problema?., ¿qué medidas adicionales se tomarán para atacarlo? ¿Se montará nuevamente un espectáculo para anunciar algunas medidas que no se aplicarán? ¿Es acaso que las situaciones de emergencia sólo se calificarán así, cuando veamos habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de México muriéndose en las calles?
Por lo antes citado y con el debido respecto a esta soberanía, los diputados abajo firmantes nos permitimos, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, proponer el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. la Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión acuerda la comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, licenciado Patricio Chirinos, a fin de que exponga ante esta soberanía las medidas que tomará el gobierno federal para resolver el problema de la contaminación atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México.
Atentamente.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática; Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática".
Dejamos, pues, en la Secretaría, esta propuesta de punto de acuerdo, para que se discuta, por obvia y pronta resolución. Muchas gracias.
El diputado Manuel Díaz Infante (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - ¿Con qué objeto?
El diputado Manuel Díaz Infante (desde su curul): - Para hechos.
El Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Manuel Díaz Infante.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Con su venia, señor Presidente.
Hemos escuchado con mucha atención las palabras del compañero diputado Manuel Huerta. Nos ha hecho aquí una síntesis muy interesante de lo que es el Presupuesto de Egreso desde su muy personal punto de vista. El dijo aquí que venía a tratar de romper el monólogo que se había establecido, también es su punto de vista, que no compartimos, por supuesto y nos hace una serie de reflexiones en torno a que no existe una política ecológica en el régimen; que es muy difícil poder enlazar un proyecto con un presupuesto; que el presupuesto asignado a Sedue, del orden de 1 billón 211 mil millones es muy poco, no obstante que se reconoce que tiene un incremento de más del 44% en relación a 1991 dice que no hay claridad que parte de los políticos en torno a este sistema y dice también
que están buscando acciones espectaculares que llamen la atención y el lucimiento de los servidores públicos y nos dice que en otras partes, del mundo sí se ha logrado contener este problema.
Hablo también de viviendas, habló que se requiere de acciones preventivas, no correctivas, en fin, tocó muchos temas. Yo pedí la palabra para hechos y me voy a sujetar a ello, simplemente quiero hacer una acotación.
En los países industrializados, como podría ser Japón, como podría se Gran Bretaña, concretamente en la ciudad de Londres, como podría ser Estados Unidos concretamente en la ciudad de los Ángeles, han invertido cantidades que van muy encima de los 100 mil millones de dólares y no han podido controlar este problema. En los ángeles hoy por hoy el problema del ozono sigue siendo un problema sumamente complicado y se viola la norma más de 300 días al año, en Londres, efectivamente se logró quitar la contaminación ambiental que causaba el consumo de carbón en las estufas, en los radiadores de las casas y en Japón tuvieron que hacer unas acciones sumamente complicadas también, que no les han resuelto el problema, han llegado a medidas tales como que autos mayores de tres años de antigüedad, no pueden circular por las calles de Tokio, obviamente no estamos en condiciones económicas en la República Mexicana o en la ciudad de México para tomar una iniciativa de este tamaño.
Yo creo que de verdad sí se ha avanzado mucho en torno a este problema. Hay reservas ecológicas ya en toda la República Mexicana, hay vedas, hay protección especial para algunas especies en vías de extinción, hay problemas específicos en las grandes ciudades de toda la República Mexicana, concretamente en la ciudad de México se cuenta con un programa integral de lucha contra la contaminación ambiental del orden de los 2 mil 520 millones de dólares, está en práctica, además de las medidas especiales que se están tomando para este invierno.
Aquí se ha solicitado la comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, para que venga ante esta soberanía a explicar qué está sucediendo con el medio ambiente. Yo pedí la palabra para hechos, para a nombre de mi partido oponernos a esa comparecencia, y les voy a comentar por qué. La fracción cuarta en su segundo párrafo, del artículo 74 de la Constitución, es muy clara cuando dice que el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara las correspondientes iniciativas de leyes de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto a más tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el día 15 de diciembre, cuando inicie su encargo, en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el Secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. Puntualmente en esta Cámara asistieron los secretarios de Programación y Presupuesto y el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
El Artículo 93 de nuestra Constitución consigna que cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estados, cuando se discuta una ley concerniente a sus respectivos ramos, situación que sucedió cuando entramos al debate del artículo 27 constitucional en que se citó a los secretarios de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos y también se cumplió con los extremos al acudir el Jefe del Departamento del Distrito Federal. En estos momentos ya estamos de acuerdo todos nosotros, no se discute ni una ley ni un decreto que sea materia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Adicionalmente hace unos días compareció el Jefe del Departamento del Distrito Federal en donde también hizo una amplísima exposición de la problemática ambiental de la ciudad de México, así como de las acciones que se estaban llevando a cabo.
Nosotros pensamos que por esos motivos constitucionales que son perfectamente claros, no es posible que asista el Secretario de Desarrollo Urbano de Ecología porque no es un negocio concerniente al ámbito de su Secretaría el que se está llevando a cabo en estos momentos. Pero independientemente de todo ello, el artículo 70 de nuestra Constitución es muy claro, toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o de decreto. ¿Qué sentido tiene que venga el Secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología si no estamos aquí analizando ninguna ley de su competencia? por eso la fracción del Partido Revolucionario Institucional votará en contra de esta propuesta. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Manuel Huerta.
El diputado Manuel Rafael Ladrón de Guevara: - Nosotros centramos nuestra intervención hace un momento en que justamente en este proyecto de Presupuesto de Egreso hace falta que se complemente con un ejercicio de la democracia en este país; de hecho nos atrevíamos a imaginar que el partido oficial difícilmente va a permitir que a uno de los secretarios de Estados preferidos del Ejecutivo, lo trajeron a esta tribuna a ser
cuestionado por uno de los problemas que la ciudadanía de la zona metropolitana del Valle de México tiene mucho interés en conocer qué se está haciendo, porque allá afuera en la calle, por el problema de la contaminación ambiental, la gente no entiende qué está haciendo el gobierno federal y la gente, la sociedad civil, está empezando a actuar sola.
Hace un rato, cuando el diputado que me antecedió en la palabra leyó el artículo 93, parece que le faltó leer una parte complementaria y entonces lo interpreta a su gusto. Yo quisiera pedir que la Presidencia instruyera a la Secretaría para que se le diera lectura al segundo párrafo del artículo 93, si es tan amable.
El Presidente: - Proceda la Secretaría.
El secretario José Ascención Orihuela Bárcenas: - Leyendo: " Cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estados y a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y administrativos de los organismos descentralizados federales, de las empresas de participación, estatal mayoritaria, para que informe cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades".
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Bueno, nosotros decíamos aquí se está dando una situación de monólogos alternados y faltó leer esa parte final donde reiteramos: " Cuando se discute una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades", en efecto parece que para el licenciado Chirinos el problema de la contaminación ambiental no es un asunto de su ramo, parece que él prefiere estar de asesor en Los Pinos. Gracias ( Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Eloy Cantú, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Eloy Cantú Segovia: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Permítanme en primer término renovar la exhortación que hizo el señor Presidente, para que todos los oradores que pasemos a esta tribuna, cumplamos cabalmente con el tiempo acordado entre los dirigentes de nuestras fracciones parlamentarias, de 15 minutos. Esta exhortación la hago a los oradores que vendrán después, no importa de qué partido sean, en beneficio de la discusión y de nuestro propio bienestar. Compañeras y compañeros: hemos escuchado gran número de oradores discutir el artículo 2o. del decreto. Yo voy a ser breve y a tratar de predicar con el ejemplo en lo que acabo de decir. Permítame hacer una recapitulación muy sencilla de por qué nosotros los diputados del Partido Revolucionario Institucional, estamos apoyando este artículo.
Consideramos que este artículo fielmente las características del Presupuesto de Egresos de la Federación, en primer término es coherente, aquí se ve una coherencia global y se ve una congruencia con otros instrumentos de la política económica del gobierno federal, específicamente es congruente con la Ley de Ingresos, con quien está perfectamente entrelazado.
En este sentido, esta congruencia, esta coherencia global, genera, confianza, hay un ambiente de confianza cuando se analizan estos instrumentos. Segundo, vemos una consistencia en los esfuerzos que se han venido realizando y en los presupuestos de egresos previos, de tal suerte que ya uno observa tendencias favorables que se han ido manteniendo en estos años y, tercero, lo que es sumamente importante para nosotros, refleja con claridad nuestras, prioridades y nuestra preocupación por impulsar el desarrollo social, ya que este presupuesto tiene como su principal rubro de gasto, justamente el gasto para impulsar el desarrollo social.
¿Cuál es el objetivo o uno de los objetivos fundamentales del Presupuesto de Egreso de la Federación? Evidentemente es elevar el bienestar social del pueblo mexicano, ése es el objetivo y consideramos que este presupuesto es un medio idóneo, es un medio lógico, es un instrumento coherente con este objetivo. ¿Por qué? Porque para poder alcanzar este objetivo se requiere como algo indispensable, en primer lugar, reducir la inflación; además de reducir la inflación, se requieren tasas de crecimiento económico sostenidas, por encima de la tasas de crecimiento de la población y, tercero, se requiere incrementar el gasto social.
Lo interesante de este Presupuesto de Egresos de la Federación es que logra conciliar, logra armonizar estos elementos, reducir la inflación, propiciar crecimiento con tasas por encima de las tasas de crecimiento de la población y además incrementar el gasto social. Esto es justamente lo que por una parte genera confianza, un ambiente de confianza, hemos visto cómo se ha
incrementado la inversión productiva y el aumento en el gasto social genera esperanza entre la población de más bajos ingresos.
Por otra parte, se ve una consistencia y en la consistencia vemos con satisfacción que el gasto programable, por ejemplo, sigue incrementándose y, por otra parte, a pesar de que aumentan las participaciones que están en el gasto no programable, el gasto no programable tiende a reducirse, aumenta el gasto programable, tiende a reducirse el gasto no programable, tendencia favorable y esto significa que se está reduciendo el pago de intereses de la deuda, se ve también como algo positivo que continúa el ahorro interno en el sector público. Gracias a este ahorro, se logra libelar recursos para la inversión privada; gracias a este ahorro del sector público, estamos viendo que bajan las tasas de interés y esto estimula la inversión productiva; gracias a este esfuerzo se logra contar con un superávit que disminuye los riesgos que se pueden venir para nuestro país por la crisis económica internacional, de la que aquí se ha hablado.
En fin, lo fundamental para nosotros, es que con este ahorro, se genera la posibilidad de que el ahorro nacional se traduzca en inversión, inversión se traduce en crecimiento, el crecimiento se traduce en más empleos y más empleos se traduce en más bienestar y ése es el objetivo que estamos buscando.
Ahora bien, ¿qué sucedería si se le abre más fuerte al gasto, independientemente de los efectos que tendría sobre otros instrumentos de la política económica como la política de ingresos en particular? Muy probablemente si se gasta más, definitivamente habría una posibilidad de tener un crecimiento económico superior al que esperamos el año que entra, del 4%.
Sin duda, puede ser superior al crecimiento económico, admitámoslo, pero también, sin duda, va a ser superior la inflación y la relación, más crecimiento y más inflación, esa relación positiva entre crecimiento e inflación, nada más dura en el corto plazo, porque muy pronto se cambia a una relación inversa, a una relación negativa. Esa relación es, más inflación y menos crecimiento y nosotros, en este país, ya aprendimos lo que eso significa.
¿Qué es lo queremos? Si el objetivo es bienestar de la población y éste es nuestro objetivo, elevar el bienestar social de la población, requerimos, menos inflación y más crecimiento. Menos inflación y más crecimiento, se logra con este Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por eso la fracción del Partido Revolucionario Institucional y en particular, este artículo votará a favor y yo ruego a los miembros de esta asamblea que aprueben el dictamen de la Comisión de Programación y Presupuesto y, a su vez se pregunte a la asamblea si este asunto, que ha sido tan ampliamente discutido, ya lo ha sido lo suficiente como para proceder a votar.
El Presidente: - Antes de consultar a la asamblea si considera suficientemente discutido el artículo, ruego a la Secretaría dar cuenta y en su orden, de las propuestas registradas por los diferentes oradores que las plantearon.
En primer lugar, la propuesta de la diputada Cecilia Soto, de la fracción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Artículo 2o. Las erogaciones previstas importan la cantidad de 97 billones 305 mil 727 millones de pesos, moneda nacional y se distribuye de la siguiente manera:
8. Agricultura y Recursos Hidráulicos 8 billones, 931 mil 383 millones 600 mil pesos.
9. Comunicaciones y Transportes 6 billones, 050 mil, 133 millones, 500 mil pesos.
11. Educación Pública 32 billones, 539 mil, 253 millones, 500 mil pesos.
12. Salud 5 billones, 092 mil, 013 millones, 700 mil pesos.
16. Pesca 337 mil, 297 millones, 100 mil pesos.
23. Erogaciones no Sectorizables 18 billones, 827 mil, 810 millones, 800 mil pesos.
Es el artículo 2o., señor Presidente.
El Presidente: - En votación económica consulte la Secretaría si se acepta o no a discusión la propuesta de la diputada Cecilia Soto, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta que se acaba de leer.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Se ruega a la Secretaría dé cuenta con la propuesta planteada por el diputado Helí Herrera, del Partido Popular Socialista.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Inciso a) Aumentar un 100% en la partida actual destinada este sector del deporte.
b) Que dicho aumento sea canalizado para planear e impulsar, mediante mecanismos propios que se creen en la Secretaría de Educación Pública a través de su Dirección de Educación Física, el deporte desde las escuelas de párvulos y primarias, seleccionando desde ahí a los mejores alumnos en cada rama para profesionalizarlos. Francisco Hernández Juárez y Héctor Morquecho.
El Presidente: Consulte a la asamblea en votación económica si se acepta o no a discusión la propuesta del diputado Helí Herrera, del Partido Popular Socialista.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta presentada por el Partido Popular Socialista.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar cuenta con la proposición del diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Artículo 2o., fracción D - C correspondiente a la educación media, terminal tecnológica. Increméntese el presupuesto de 413 mil millones duplicando esta cifra.
Artículo 2o., fracción D - L correspondiente al ramo de difusión cultural: Increméntese de 670 mil millones de pesos al doble, particularmente en lo relativo al patrimonio histórico.
Diputado Jorge Tovar Montañez.
El Presidente: - En votación económica consulte la Secretaría si se acepta o no a discusión la propuesta del diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta presentada por el Partido Popular Socialista.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Ahora rogamos a la Secretaría que dé cuenta con la propuesta del diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente, el Partido de la Revolución Democrática presentó una propuesta integrada que posteriormente fue ratificada de manera particular por el diputado Jesús Martín del Campo, para educación pública, por el diputado Jorge Torres Castillo, para Agricultura y Recursos Hidráulicos, por el diputado Manuel Hernández, para lo relativo a Desarrollo Urbano y Ecología y, por un servidor, en una intervención de conjunto y por la diputada Liliana Flores, para lo que se refiere al conjunto del artículo segundo. Por tanto, respetuosamente desearía girara usted instrucciones a la Secretaría para que fuera sometido a votación a esta soberanía el conjunto del texto propuesto para al artículo segundo que incluye tanto la erogación total por 99 mil millones, como la erogación específica para Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública, Salud y Desarrollo Urbano y Ecología. Gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Queremos comentar que si ha habido deficiencias en la propuesta, es debido a su muy mala redacción, no es responsabilidad de la Secretaría. Sin embargo, es de aceptarse la recomendación y propuesta que hace el diputado Calderón. Le ruego a la Secretaría que proceda en esos términos.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Artículo 2o. Las erogaciones previstas importan la cantidad de 99 billones 305 mil 727 millones, moneda nacional y se distribuye de la siguiente manera: Agricultura y Recursos Hidráulicos, 8 billones 931 mil 363 millones 600 mil pesos; Educación Pública, 31 billones 539 mil 253 millones 500 mil pesos; Salud, 7 billones 92 mil 13 millones 700 mil pesos; Desarrollo Urbano y Ecología, 4 billones 139 mil 427 millones 800 mil pesos. La propuesta de Rosa Albina Garavito y demás firmantes del Partido de la Revolución y demás firmantes del Partido de la Revolución Democrática Jorge Calderón, Francisco Saucedo Pérez, René Bejarano Martínez y
Miguel Ángel León Corrales. Todos ellos diputados.
El Presidente: - En votación económica, consulte la Secretaría si se acepta o no a discusión la propuesta que se ha presentado.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta presentada por el Partido de la Revolución Democrática.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Pregunto a la Secretaría si queda otra propuesta.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Hay otro punto de acuerdo, señor Presidente, firmado por compañeros del Partido Popular Socialista, Frente Cardenista, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido de la Revolución Democrática. Punto de acuerdo. Único. La Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, acuerda la comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, licenciado Patricio Chirinos, a fin de que exponga ante esta soberanía las medidas que tomará el gobierno federal para resolver el problema de la contaminación atmosférica en la zona metropolitana del valle de México. Atentamente, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, Israel González Arreguín, del Frente Cardenista, Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Rosa Albino Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática. Servido, señor Presidente.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente: - ¿Con qué objeto, diputado Huerta?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde su curul): - Sí, es que parece nada más nos interesaba dejar claro, que parece que la Presidencia no conoce el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, porque desde hace un rato habíamos fundamentado ese punto de acuerdo en el artículo 59. Por sensibilidad política nosotros no lo quisimos hacer evidente hace un rato, pero ante la grosería que usted acaba de cometer, le queríamos reiterar si puede ser tan amable de darle lectura al artículo 59 y ver cómo hace un rato se violó el reglamento por parte de la Presidencia, al no consultar por ser de obvia y pronta resolución, con la asamblea, su votación en el momento que se presentó la propuesta. Si se puede dar lectura a ese artículo y para confirmar lo que decimos.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura al artículo 59.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Artículo 59. En los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de algunos de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura.
El Presidente: - Esta Presidencia de verdad no encuentra en dónde esté fijada esa urgencia y obvia resolución. Por lo tanto, en votación económica, consulte la Secretaría si se acepte o no a discusión la propuesta del diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde su curul): - Para aclararle que eso no lo califica la Presidencia, lo califica la asamblea, con el voto de las dos terceras partes.
El Presidente: - Continúe la Secretaría.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se consulta si este punto de acuerdo se somete a discusión del pleno.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo 2o., se encuentra suficientemente discutido.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde su curul): - Falta la propuesta sobre pesca.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Acaba de llegar una propuesta, señor Presidente.
El Presidente: - Dé cuenta con ella, por favor.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - De un proyecto regresivo, nuestra propuesta es que al sector pesca se le incremente cinco veces más, el presupuesto programado. Diputado Israel González Arreguín, señor Presidente.
El Presidente: - En votación económica consulte la Secretaría si se acepta o no a discusión la propuesta presentada por el diputado Israel, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta del señor diputado Israel González Arreguín o se desecha.
Los compañeros diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo 2o., se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica, se consulta a la asamblea si el artículo número 2o., está suficientemente discutido.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Antes de abrir el registro de oradores para la discusión del siguiente artículos, esta Presidencia quiere dar cuenta a la asamblea del acuerdo de los grupos parlamentarios que han por consenso aprobado que los artículos 3o., 4o., 6o., 7o., 8o., 13, 14, 19, 20, 28, 39 y segundo transitorio, que aún faltan por discutirse del presupuesto de egresos de la federación 1992, en caso de que algún orador este inscrito en la discusión de más de uno de los de estos artículos en una sola intervención hará, si así lo considera, referencia a dichos artículos, mismos que serán reservados para su votación nominal en conjunto.
Esta Presidencia tiene registrados a los siguientes oradores: el diputado Raymundo Cárdenas, el artículo 3o.; Ovidio Pereyra, Jorge Calderón, los artículos 4o, 7o. y 8o.; Armando Romero, Raúl Alvarez, el artículo número 6o.; Juan Cárdenas García, artículo 6o.; Rufino Rodríguez, el número 6o.; Tomás Yarrigton, Cecilia Soto, artículos 7o. y 13; Enrique Jacob, Héctor Morquecho, los artículos 13, 14, 19 y 20; Oscar Luebbert, Demetrio Hernández, los artículos 14 y 28; Laura Garza, Jorge Calderón, 39 y segundo transitorio y Guillermo Hopkins.
Tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es verdaderamente sorprendente la sangre fría o cinismo, depende como se vea, de quienes se suben aquí con la seguridad, con una seguridad que a todos nos sorprende, para decir que todo el presupuesto que se presenta es correcto y que el desarrollo del país está asegurado, que habrá justicia social, que habrá menos inflación, que habrá, en fin, el paraíso terrenal.
No parece que los representantes de la mayoría sean los mismos que condujeron al país a la más grave crisis de su historia; no parece que muchos de los compañeros aquí presentes hayan sido copartícipes de las decisiones que tomaron Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid. No parece que muchos de ustedes hayan sido ya sea dirigentes sindicales o funcionarios de las administraciones estatales o nacionales y que condujeron a que en este país haya 40 millones de pobres, 17 millones de ciudadanos en extrema pobreza...
(Desorden.)
El Presidente: - ¡Orden! Orden a la asamblea y moderación al orador, por favor.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - ...Esos datos deberían siquiera moderar la soberbia y la prepotencia, admitir que se pueden equivocar. No parece, en el tono y a la hora de poner en acción a la ola votadora, que ustedes, ciudadanos hayan sido parte del equipo que ha dirigido este país y que nos ha conducido a la situación en que estamos.
Entendemos que el presupuesto de la federación es un instrumento de la política económica y que la política económica debiera tender a moderar la desigualdad, a producir el bienestar generalizado.
Pero no se entiende cómo se van a moderar las desigualdades, cuestión que a muchos de nosotros nos preocupa, así sea como una utopía que hoy por hoy parece inalcanzable, pero que para muchos es motor de nuestra actividad vital.
Durante años la política económica apoyada por ustedes produjo las desigualdades Sociales a las que me he referido. Pero también produjo una desigualdad entre las regiones que se agudiza.
Desde 1940 hasta la fecha, se aplicó una política que privilegió el desarrollo de los grandes centros urbanos. Ahí se concentró el gasto principal, en la construcción de infraestructura energética de comunicaciones. En estos grandes centros de población, el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, se concentraron las principales instituciones educativas, se subsidió la alimentación de sus habitantes y se sacó capital de las zonas atrasadas por medio del mecanismo financiero que operaba la banca privada y que hacia que de los estados atrasados se captura un ahorro, pero se prestaba para financiar el desarrollo de estas zonas privilegiadas.
Con el bum petrolero otras zonas del país entraron al desarrollo: Tabasco, Campeche, Veracruz y así se creó la actual situación de desigualdad; algunos estados atrasados con una altísima tasa de migración, ocupados principalmente en producir alimentos baratos y mano de obra para que sirva de control a las ganas de mejores salarios, a las luchas por mejores salarios de la gente, de los obreros, en las zonas urbanas. Esta desigualdad hace que en distintas zonas del país, aunque la tasa de natalidad es mayor que la nacional, que la promedio nacional, no crezca la población que ahí vive, porque la gente se va, ya sea a los Estados Unidos o a los centros de desarrollo a que me he referido.
Con esta política se ha descapitalizado a esas zonas y se ha propiciado también la fuga de sus cerebros, de las universidades de Oaxaca, de Zacatecas, de Tlaxcala, de Durango, salen los profesionistas y emigran, no se quedan ahí. Sigue hoy ese tipo de entidades subsidiando el proceso de desarrollo que ustedes están apoyando, la política económica del Estado produjo esta desigualdad y ahora el Estado se retira, estados eminentemente agrícolas, con una altísima proporción de tierras de temporal, sólo tenían la esperanza de que cambiara la política económica del gobierno hacia el campo y que pudieran tener una política que los ayudara para salir de la pobreza en que están y ahora el Estado, que ya produjo esa desigualdad, dice que las fuerzas del mercado resuelvan la situación.
Yo les quiero preguntar a los diputados de Oaxaca, de Durango, de Zacatecas, de Tlaxcala, ¿a ver si las fuerzas del mercado van a ir a resolver el problema del semidesierto?, no es así, no van a ir las fuerzas del mercado, no van a ir los capitalistas ni mexicanos ni canadienses ni norteamericanos a invertir en Mazapil, Zacatecas, no van a invertir en las zonas semidesérticas de San Luis Potosí; eso no me han dicho cómo lo van a resolver con un presupuesto como el que estamos aprobando, no hay solución... aunque se burle el compañero de la porra que sólo saben gritar.
(Desorden.)
Compañeros, es necesario que vamos la realidad, puede ser que en las cifras macroeconómicas la situación pudiera parecer que va muy bien, en nuestro voto particular está muy bien descrita esta fantasía. Hay qué ver cómo está repercutiendo esta política económica en los hombres de carne y huesos, en los bolsillos de los hombres y de las mujeres que no están asociados con las transnacionales o con los amigos de Salinas, que están comprando bancos a las empresas paraestatales, cómo le va a los obreros, cómo les está yendo a los campesinos, cómo nos está yendo a los maestros universitarios, cómo les va a los maestros de la educación primaria.
¿Vamos bien? Yo creo que no y por ello, es necesario plantear con mucha fuerza que para eliminar o moderar las desigualdades tanto sociales como regionales, se necesita una intervención estatal fuerte, no hay otra salida.
En una utopía, ahí sí, pensar que estas grandes desigualdades regionales las van a resolver las fuerzas del mercado. Porque los capitalistas de hoy o se vienen a especular a las casas de bolsa o se van a invertir en la frontera para exportar bien a Estados Unidos o habrán de irse a los puertos para exportar a otros países. Pero no hay solución para las entidades que he hablado.
La solución tal vez sea el Programa Nacional de Solidaridad: despensas, para que la gente no se muera de hambre; ayuda para que haya agua potable. Ese es el segundo México que no quiere ver, ciudadanos del Partido Revolucionario Institucional.
Dense una vuelta por esas zonas para ver cómo vive la gente y vayan a ver si les pueden animar para seguir viviendo en este país y que no nos digan como un ciudadano productor de frijol y ganadero de Tepetongo que decía: este país ya no me da nada, mejor vendemos para irnos con nuestros hijos a Los Ángeles.
Ciudadanos, es necesario revertir esta situación y uno de los mecanismos es el de la política económica, pero en lo que nos ocupa en este artículo 3o., lo que corresponde a las participaciones a los estados.
Nosotros proponemos que se agreguen otros 3 billones de pesos a la partida correspondiente a estas transferencias. Creemos que es mejor aliviar aunque sea un poco esta situación que he descrito, antes que tener un presupuesto que nos permita tener un superávit.
Yo creo que es mejor aliviar esta situación, empezar a generar más empleo, más posibilidades de trabajo en esas zonas, que tener un mérito histórico para los funcionarios que dirigen la política económica de este país.
Nosotros creemos que no es suficiente, porque se puede promover el desarrollo de distintas entidades también por la obra pública federal. Ustedes me podrían refutar diciendo: es que la obra pública va a las zonas más atrasadas y es falso. A Zacatecas con el 1.5% de la población nacional, con la mitad de su población todavía trabajando en el campo, el año pasado se le canalizaron sólo el 6% del presupuesto para la obra pública federal y este año se le canalizó una décima menos, 0.6%, 0.7% y 0.6%. Tal vez ahora será 0.5%.
¿Ese es el desarrollo con justicia que nos proponen? Yo sostengo que la nación tiene una deuda con todas estas zonas atrasadas. En estas zonas hemos estado gobernando por muchos años, en esta zona hemos sido gobernados por muchos años por gobernantes impuestos por los caciques, estilo Gonzálo M. Santos o Leobardo Reynoso y en otros tiempos impuestos desde el centro, por gente desarraigada, como el actual gobernador, que nunca vivió en Zacatecas, que estuvo aquí, amigo de los que llegaron al poder y se va a gobernar. A preocuparse sólo de que no le quede la regla aquélla de Carlos Hank: "De que político pobre, es un pobre político".
Señoras y señores: Es necesario que la nación pague su deuda con esas regiones que han subsidiado con sus alimentos baratos, con su manos de obra barata, con sus ahorros, el desarrollo de las zonas que hoy tienen las mayores tasas de empleo.
Y esta soberanía debería de manifestar esa voluntad en los hechos. Con presupuestos. Con obra pública. Con apoyo. Con subsidios a los campesinos y con transferencias. ¡Por eso proponemos que haya 3 billones más de pesos en esa partida! Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ovidio Pereyra, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Ovidio Pereyra García: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna a solicitar a esta honorable asamblea su aprobación para las partidas señaladas en el artículo 3o., del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1992 y dictaminado por la comisión del ramo de Programación, Presupuesto y Gasto Público. Son las siguientes:
Para Solidaridad y Desarrollo Regional: 6 billones, 800 mil millones de pesos.
Para participaciones a Estados y Municipios: 30 billones, 590 mil 221 millones, 400 mil pesos.
Yo me referiré en forma específica y se pide su apoyo, para las cantidades presupuestales para los recursos a estados y municipios, en los términos del contenido de la Ley de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa, que incluyen el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, la Reserva de Contingencias y los productos por los que la Federación participa a estados y municipios.
Todo esto condicionado a la recaudación real que se obtenga.
Es importante señalar, por la fuente y fundamento de esta partida, que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha fortalecido las finanzas de los estados y municipios, sus recursos se han ligado a los ingresos tributarios de la Federación sin el desgaste político que representa incrementar las contribuciones para hacer frente a los gasto públicos por parte de estados y municipios.
Se han bajado considerablemente los costos administrativos en este rubro. Se han aumentado los montos de gasto de inversión en forma
consistente y sostenida. Aquí se ha cuestionado en esta honorable asamblea al sistema fiscal mencionado. Se ha dicho que es injusto y que los estados y municipios pierden soberanía. Eso ya ha sido discutido ampliamente. Yo sólo concluiré con los dos siguientes puntos:
Uno. La soberanía reside en el pueblo y ha sido voluntad de éste en constituirse en una República representativa, democrática y federal. Compuesta de estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior y unidos en una Federación. Los estados tendrán constituciones que no podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Primero es la Federación para la salvaguarda de la soberanía, y la Federación a pesar de las finanzas difíciles y deficitarias, mantuvo un sistema fiscal que era superavitario en estados y municipios.
Dos. Los estados pueden adherirse o no al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Si se adhirieron en 1980 y permanecen en él, es por su propia voluntad. Las razones que tienen son de carácter político y financiero. No tienen necesidad de cobrar impuestos, ni cobrar en doble o triple concurrencia de tipos de impuestos; con la Federación hay recursos cómodos, seguros, ésta es la realidad.
En 1992, se participarán a los estados y municipios 30 billones 590 mil millones a bajo costo, esto es productividad y autonomía financiera y por eso pido con respeto, la aprobación al artículo 3o. del dictamen a discusión. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte a la Secretaría a la asamblea si el artículo 3o. del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se pregunta a la asamblea si el artículo 3o., del decreto se encuentra suficientemente discutido.
Los compañeros diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite o no a discusión la propuesta del diputado Raymundo Cárdenas.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica, se pregunta a los diputados si se acepta o se rechaza la propuesta del compañero Raymundo Cárdenas.
El Presidente: - Por favor, señor secretario, dé cuenta con la propuesta, para ilustrar a la asamblea.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - "Artículo 3o. Las erogaciones previstas importan la cantidad de 40 billones, 390 mil 221 millones, 400 mil pesos, que se distribuyen de la siguiente manera: Participaciones a estados y municipios 33 billones, 590 mil 221 millones, 400 mil pesos".
El Presidente: - Consulte a la asamblea si se aprueba la propuesta formulada por el diputado Raymundo Cárdenas.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta presentada.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta del Partido Auténtico de la Revolución Democrática.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - "Artículo 3o. Las erogaciones importan la cantidad de 39 billones, 390 mil 221 millones, 400 mil pesos, moneda nacional y se distribuyen de la siguiente manera: participaciones a estados y municipios, 32 billones, 590 mil 221 millones, 400 mil pesos".
El Presidente: - Consulte a la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta presentada.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte a la asamblea si considera suficientemente discutido el artículo 3o.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se consulta a la asamblea si el artículo 3o. está suficientemente discutido.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación nominal en conjunto. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Antes de presentar a la consideración de esta soberanía algunos comentarios sobre los artículos, comentarios y propuestas sobre los artículos 4o., 7o. y 8o., una reflexión más de tipo general quisiera presentar a ustedes y es el hecho de los ritmos en los que esta cámara está discutiendo. Alguien me decía que aceptara las cosas como son que mejor asumiera que ésta es la dinámica y punto, pero desde hace varios días tenía interés en presentar a la consideración de ustedes si esto pudiera ser modificado en este período, o al menos reflexionar para el siguiente, el que se está volviendo normal lo que debiera ser considerado inadecuado, incorrecto y dañino para la salud, me estoy refiriendo a sesiones de 20, 24, 25 horas prácticas parlamentarias que no son convenientes para la lucidez, integridad y reflexión crítica adecuada de los puntos que estamos discutiendo. Consideraciones políticas que no voy aquí a desarrollar ni a comentar, han estado imponiendo, repito, ritmos con los que el Partido de la Revolución Democrática no concuerda y en ocasiones a la natural polémica y pasión política que los diputados de las diferentes fracciones ponemos en nuestros debates, se añade un factor extralógico que es el cansancio, que crea confrontaciones inadecuadas y expresiones verbales que no son de la dignidad de un Poder Legislativo Federal; había pues necesidad, para esto se ha creado ya una Comisión de Concentración Política, dado que este período de sesiones prácticamente está por terminar, pero que se reflexionara y llamo muy respetuosamente a todas las fracciones y a la fracción mayoritaria a que reflexione en siguientes periodos de sesiones sobre ritmos, tiempos y esta dinámica de discutir 10, 15, 20, 25 ó 26 horas seguidas, cosa que repito no resulta, visto desde una visión desapasionada, conveniente para un Poder Legislativo que tendrá por delante un período de todavía tres años y reformas sustanciales a una serie de puntos nodales de la vida nacional.
Entrando en materia, solicité a este período de discusión sobre presupuesto, que se considerara el interés del Partido de la Revolución Democrática en discutir el artículo 4o. no porque tuviéramos una propuesta específica de modificación y asignación presupuestaria, sino por algunas breves consideraciones.
En primer término es positivo, ya lo ha dicho el diputado Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática, es positivo que haya habido una modificación en términos de 52 mil millones de pesos adicionales para el presupuesto del Poder Legislativo tal como lo establece la fracción IV; es positiva pero insuficiente y es insuficiente porque, como lo hemos comentado en discusión sobre Cuenta Pública, como lo hemos comentado en discusión sobre la Miscelánea Fiscal y sobre otros momentos de la vida de esta LV Legislatura, el reto de la internacionalización global, el reto de la globalización y de la extrema complejidad de las funciones públicas y particularmente de la regulación legislativa, implica que este Poder Legislativo asuma la necesidad de una transformación cualitativa en términos de la infraestructura técnica y de apoyo global a las funciones que realiza en todas las áreas y en todas las comisiones y las comisiones deben tener capacidad para de una manera plural y democrática, tener posibilidades de análisis propio y de estudio y evaluación de sectores y de secretarías y de leyes propias, para no depender de los equipos técnicos provenientes del Poder Legislativo.
Cualquiera que sea la mayoría parlamentaria que exista en esta Cámara, nada puede ser discutido en contra de un Poder Legislativo sólido, autónomo, eficiente y acorde con los nuevos tiempos y con las necesidades en un México complejo, moderno y en proceso de transformación creciente.
Es preciso pues asumir que 52 mil millones de pesos adicionales son positivos, pero insuficientes.
Y asumir otra cosa que me arriesgo a opinar, aunque mi profesión desde hace 20 años es la economía, que el edificio de San Lázaro es infuncional, que no tiene ni siquiera el conjunto de estructuras de apoyo en auditorios y muchos aspectos más que tiene este edificio provisional, que una serie de auditorios y salas de reunión de San Lázaro son frías, oscuras e inadecuadas,
que no hay un equipo de cómputo y de apoyo de base de datos adecuados y que este magnificente auditorio creado para glorificar la figura Presidencial, diseñado por el arquitecto Ramírez Vázquez en el Palacio de San Lázaro, será quizá muy elegante, pero ineficiente para un trabajo orgánico, regular y sistemático que implica no sólo sesiones plenarias y un conjunto de reuniones de trabajo cotidianas.
Habría pues, hice una respetuosa consideración que presentamos en su momento en la Comisión de Programación y Presupuesto, necesidad de que las fracciones parlamentarias, la Comisión de Concentración, la Gran Comisión, la Oficialía Mayor, hicieran estudios pertinentes no sólo para lo que podríamos llamar la reconstrucción del Palacio de San Lázaro en la misma forma y en la misma estructura antes de que se quemara, sino una radical transformación, que para eso existen arquitectos e ingenieros y gente muy capaz que puede, con imaginación y con mucho esfuerzo de transformación, diseñar otra forma, otra estructura u otro mecanismo de trabajo del Palacio Legislativo.
Detengo aquí estas reflexiones, pero desearía y llamaría respetuosamente que no fueran tiradas en saco roto por ser formuladas por diputados de un partido de oposición, como es el Partido de la Revolución Democrática. Todos salimos ganando con una reformulación global en materia de gasto y en materia de reelaboración del proyecto de reconstrucción.
Lo someto a su atenta consideración, solamente lo presento aquí, es positivo pues, 52 mil millones adicionales más para el Poder Legislativo es positivo esa frase en los artículos transitorios de que se faculta al Poder Ejecutivo Federal para que asigne las partidas presupuestales necesarias para la reconstrucción de San Lázaro, qué bueno que se estableció así, pero hay que pensar con imaginación y creatividad hacia un mundo del siglo XXI, que implica un Poder Legislativo complejo, dinámico, acorde con los nuevos tiempos y con infraestructura técnica y apoyo adecuado.
En lo que se refiere al artículo 7o., particularmente el de las erogaciones previstas para el Presupuesto de Egresos relativos al servicio de la deuda pública, nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, ha hecho una propuesta que consideramos de vital importancia, hemos escuchado ya argumentos en contra, sin embargo brevemente ratificamos lo que hemos dicho varios oradores del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que pensamos absolutamente pertinente y necesario para la salud de la República y de la economía del país, quitar de ese artículo, por eso propusimos la modificación, la frase que dice textualmente: "Adicionalmente podrá amortizar deuda pública hasta por el monto del superávit presupuestario". Una simple frase perdida en un documento relativamente extenso, de casi 34 páginas, pero que está facultando al Ejecutivo Federal para canalizar 18 billones de superávit previsto hacia la amortización de deuda pública.
Ha habido muchas intervenciones, no quiero repetir la argumentación global, pero consideramos de vital importancia y lo reafirmamos, pese a que conocemos el sentido de las intervenciones de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, consideramos de vital importancia insistir y lo seguiremos insistiendo después de la votación, cualquiera que sea el resultado, en el sentido de que una canalización adecuada y conveniente de esos 18 billones a distintos rubros de la administración pública en desarrollo rural, bienestar social y participaciones a estados y municipios, no desequilibra el conjunto del presupuesto, no genera presiones inflacionarias, fortalece la estructura de la oferta que permite un combate a la inflación duradero y de largo plazo y permite fortalecer el pacto federal, el bienestar de las grandes mayorías y la estructura de la producción agrícola, de la cual viven grandes regiones del país.
No argumento más, pero nos parece y seguiremos, repito, insistiendo, de vital importancia, porque ésta es una tribuna de la nación, independientemente del resultado circunstancial de votaciones en este recinto.
Y, por último, para este punto que estamos comentando, lo que se refiere al artículo 8o. de las erogaciones previstas para el presupuesto de egresos del Ramo XXII, Órganos Electorales. Nos parece positivo que se haya establecido una parte del Transitorio Segundo facultando al Ejecutivo Federal para modificaciones presupuestales que requiera el poner fotografías, el incluir la fotografía en las credenciales de elector. No se modifica, en consecuencia, la cantidad total asignada a órganos electorales.
Pero hay un elemento que quisiéramos destacar a ustedes y es el hecho de que el artículo 36 de la Constitución, cuando establece las obligaciones del ciudadano de la República, en la primera fracción dice textualmente lo siguiente: "Inscribirse en el catastro de la municipalidad manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo que subsista, así como también inscribirse en el
Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes".
Algunos diputados dirán: ¿qué tiene que ver la fracción del 36 constitucional con Órganos Electorales? Pues tiene que ver precisamente en aspectos fundamentales de la vida nacional. En muchas naciones del mundo, en muchos países de Europa, algunos de América Latina, la forma como el ciudadano recibe un documento que lo identifica con facultades para participar en procesos electorales, es precisamente la cédula nacional de identidad. No hay en muchos países este sistema específico de identificación particular para fines electorales; muchos jóvenes europeos cuando cumplen 18 años de edad, van simplemente a la oficina gubernamental respectiva, reciben el documento nacional de identidad y automáticamente con ello son inscritos en el registro ciudadano para tener el derecho de voto en la circunscripción que les corresponda, sin necesidad de trámite especial, de expedición de tal o cual documento.
Ha habido una discusión larguísima, no voy a repetirla, sobre el hecho de que más de 10 millones de ciudadanos mexicanos no recibieron su credencial de elector y no pudieron votar en las elecciones del 18 de agosto. No voy a repetir esta discusión.
Lo que quiero destacar a ustedes, es que una discusión tendiente, quizá para 1993, quizá todavía tengamos 12 meses en 1993 para esto y el Partido de la Revolución Democrática presentará una propuesta global de reformas en materia electoral, que será precisamente no solo en la voluntad política de aplicar el Registro Nacional Ciudadano que establece el 36 constitucional, sino ejercer un gasto público, quizá en el rubro de Secretaría de Gobernación, quizá bajo una reglamentación específica en el rubro de Órganos Electorales, esto está a discusión, que permita un sistema moderno, eficiente, transparente y carente de discrecionalidad y de corrupción para expedir a todos, los documentos a aquellos que ya han cumplido 18 años y los que cumplan en el futuro esta edad, a expedir este Registro Nacional Ciudadano, que sea la base de un sistema electoral transparente y en su momento, tendremos que hacer una discusión de gasto público específica para este punto.
Por tanto y a fin de respetar los tiempos que por propia voluntad nos hemos fijado, deseamos pues dejar constancia en esta alta tribuna, a reserva de intervenir sobre dos puntos adicionales posteriormente, la importancia que tiene el que en futuras reglamentaciones de gasto público y en futuras reglamentaciones en materia electoral, retomemos para renovar nuestro sistema democrático, la propuesta del Registro Nacional Ciudadano y le demos las asignaciones presupuestarias necesarias que permitan una transformación fundamental de nuestra vida republicana. Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos.)
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde su curul): - Señor Presidente , quisiera rogarle al diputado Calderón que lea su propuesta de redacción del artículo séptimo, por favor.
El Presidente: - Le rogamos diputado Calderón que nos repita su propuesta.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - La propuesta original que presentó a consideración de esta Cámara el Partido de la Revolución Democrática, para el artículo 7o., es la siguiente:
Proponemos para el artículo 7o. la siguiente redacción: El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda en términos nominales.
Y proponemos que el resto de lo redactado, de lo estipulado en este quinto párrafo del artículo 7o., sea omitido. Pero estamos abiertos al diálogo, particularmente de una propuesta que ha sometido a nuestra consideración el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y que en su momento podrá ser discutida y votada específicamente.
El Presidente: - Se concede la palabra al diputado Armando Romero, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Armando Romero Rosales: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados.
Quiero referirme en primer término al artículo 4o. al que hizo alusión el compañero diputado Jorge Cárdenas. Conforme al proyecto de gasto que el Poder Legislativo envió para su inclusión en el Proyecto de Egresos de la Federación para 1992, se le asigna un presupuesto de 340 mil 700 millones de pesos, monto que incluye la previsión del paquete salarial.
Su reducido gasto de inversión del Poder Legislativo está destinado principalmente a la adquisición de mobiliario y equipo de transporte y a la terminación de las oficinas que albergarán
las comisiones de la honorable Cámara de Senadores. Dicho presupuesto es reducido si consideramos la urgente necesidad de que el Poder Legislativo cuente con un recinto adecuado y los recursos necesarios para su cumplimiento. Por ello el presupuesto que se propone ahora a la recta consideración de esta honorable asamblea, correspondiente al Poder Legislativo para 1992, es de 392 mil 700 millones de pesos, en lugar de los 340 mil 700 millones como originalmente se planteaba.
El destino final del mismo es la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la Contaduría Mayor de Hacienda.
El proyecto de presupuesto para 1992 de la Cámara de Diputados, contempla un gasto programable de 272 mil 200 millones de pesos, mayor en 21.8% del cierre de 1991. El corriente será de 258 mil 200 millones de pesos. La inversión ascenderá a 13 mil 400 millones de pesos y las transferencias a sólo 600 millones.
El gasto corriente atiende el pago de dietas a los 500 legisladores y el correspondiente a las sesiones de análisis y discusión de proyectos de ley e iniciativas propuestas por el Ejecutivo y Legislativo, así como las erogaciones asociadas con los periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones y la instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El gasto de inversión está destinado principalmente a la adquisición de mobiliario y equipo de administración, así como de transporte y a la adaptación de oficinas para legisladores y personal operativo de la Cámara.
Con la cifra rango destinada, no se atiende la reconstrucción del Palacio Legislativo, que consta de cuatro etapas y que en opinión de la misma Cámara de Diputados, éstas tienen un costo total de 114 mil 300 millones de pesos, por lo que la posibilidad de este gasto contemplado en el artículo transitorio segundo que propone la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en el dictamen que nos ocupa.
Cabe señalar asimismo que en el seno de la propia comisión, distintas fracciones parlamentarias demandaron la necesidad de aumentar el presupuesto de la Cámara de Diputados, a fin de mejorar la atención de los trabajos de los legisladores, por lo que, en pleno ejercicio de su autonomía, se propone pues el aumento de 52 mil millones de pesos, que se obtendrá reduciendo el monto del gasto destinado al ramo de erogaciones no sectorizables, por lo que se propone modificar su artículo segundo. Por estas dos propuestas de modificación a la iniciativa, deseo dejar mi profundo reconocimiento a las distintas fracciones partidistas de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Por lo anterior y de acuerdo a las inquietudes expresadas por nuestro estimado colega, don Jorge Cárdenas, quiero decirle que si bien no es del todo suficiente esta propuesta de 52 mil millones de pesos, sí desahoga en gran medida las necesidades de la Cámara de Diputados Sabremos desde luego racionalizar el gasto.
Por otra parte y respecto también a la inquietud al recinto parlamentario de San Lázaro, quiero decirle que por ello se creó y nosotros mismos lo aprobamos, una comisión plural que se encargará precisamente de analizar a fondo cuál será el mejor proyecto para su realización y podamos llevar a cabo con mayor eficiencia nuestros trabajos.
Por otro lado, estimados compañeros, quiero referirme también al artículo número 8 de nuestro proyecto de presupuesto, respecto a los órganos electorales. Quiero comentarles que de enero de 1991, la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, con fundamento en el artículo 10 transitorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentó el dictamen técnico en el que señalaba la imposibilidad de utilizar la fotografía en el proceso electoral del presente año, ya que la tecnología disponible en esos momentos no permitía elaborar dicho trabajo en período de seis meses, plazo previsto para concluir los trabajos del nuevo padrón electoral.
El 18 de octubre de 1991 se celebró la Reunión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en ella se manifestó por parte de los señores consejeros y representantes de los diferentes partidos integrantes del propio consejo, su preocupación de que dicho organismo cumpliese con los preceptos constitucionales y legales, en el sentido de incorporar la fotografía del ciudadano en los documentos electorales, como son la solicitud de inscripción al padrón electoral y la credencial para votar.
Es de destacarse, por una parte, la obligación legal invocada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la propia Constitución, y por otra, la del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como de los dirigentes o representantes de los partidos políticos y fundamentalmente la voluntad del propio Ejecutivo Federal para avanzar con
decisión en el perfeccionamiento de los instrumentos electorales. Sin embargo, tenemos que analizar y reflexionar en el sentido de que en el desarrollo tecnológico para esta actividad, no tiene procedente a nivel internacional, dada su complejidad, cobertura y plazos en que se plantea. Ello lo convierte en un proyecto inédito.
Existen, sin embargo, antecedentes en relación a empresas a nivel mundial en procesos informativos o de técnica fotográfica que actualmente realizan los estudios necesarios a fin de desarrollar su tecnología y poder dar respuesta a esta necesidad. Además de la infraestructura tecnológica, se requiere llevar a cabo en primer término los trabajos de reedificación a que obliga el artículo 53 constitucional.
La interrelación de ambos proyectos, redistribución e incorporación de la fotografía dadas sus diversas implicaciones, son motivo de delicados análisis técnicos y de la operatividad de que se va a requerir para su ejecución, ya que las tecnologías existentes deben adaptarse a las características del proyecto para asegurar los requerimientos de seguridad y control establecidos en el ordenamiento legal como en el solicitado por los partidos políticos.
Es por esto que el consejo general del Instituto Federal Electoral, como organismo autónomo, señaló en su proyecto de presupuesto de 1992, que una vez concluidos por parte de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores el estudio y revisión de ambos proyectos, podría estar en condiciones de emitir un dictamen técnico y financiero.
En consecuencia y por tal motivo, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, consideró establecer en el segundo artículo transitorio, del dictamen correspondiente, la facultad al Ejecutivo Federal, para atender dentro de los montos aprobados, el programa autorizado conforme a los resultados aplicables que permitan que las credenciales para votar contengan la fotografía del ciudadano, dando cumplimiento al inciso A del número 2 del artículo 164 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con su aprobación a lo anterior, compañeros diputados, demostraremos una vez más la voluntad y decisión del Poder Ejecutivo Federal y de esta Poder Legislativo por fortalecer y perfeccionar las prácticas democráticas en los procesos electorales de nuestro país.
Espero haber dado satisfacción a los planteamientos hechos en tribuna. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede la palabra a la diputada Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo aquí a proponer la decisión de la modificación al artículo 7o. que propone la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Para los compañeros diputados que no estén familiarizados con el dictamen, es el artículo sobre deuda pública y el párrafo a que nos estamos refiriendo, es el que faculta al Ejecutivo para hacer uso si así lo dispone él, del superávit para amortizar deuda pública.
Ya se ha discutido lo suficiente al respecto, solamente quisiera reiterar la importancia de que el Poder Legislativo sea el que autorice explícitamente este tipo de decisiones.
La redacción que propongo es el siguiente: "El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por el monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda en términos nominales.
El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos a la Cámara de Diputados al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. El uso y destino del superávit presupuestario, deberá ser autorizado previamente por el Poder Legislativo". Eso es.
Lo dejo en la mesa por favor para que se consulte. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Enrique Jacob, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Señor Presidente; con su permiso; señores diputados:
Efectivamente se ha comentado ya mucho acerca del superávit presupuestal. Sin embargo yo quisiera invitarlos a una reflexión que es muy importante tener en cuenta para en su momento emitir nuestra opinión a través del voto, en relación a la propuesta que hicieran nuestros compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Tengamos muy presente que el objetivo central de la política económica para 1992, es disminuir.
el proceso inflacionario, continuar con esta consistente disminución en el crecimiento de los precios.
Se ha observado, se observa, una relativa rigidez en poder disminuir el crecimiento de los preciso a nivel cercanos a la de nuestros principales socios comerciales; me refiero a tasas de inflación menores al 10%.
Es muy importante que se consolide este proceso de disminución en la inflación para con esto continuar proporcionando un ambiente macroeconómico estable que continúe dando bases para el crecimiento de la inversión y la generación de empleos bien remunerados.
La inflación, aquí ya también se ha dicho en esta tribuna, es un impuesto regresivo en el sentido de que en un ambiente inflacionario, los agentes económicos que mejor puedan ajustarse a este ambiente inflacionario, son aquellos que cuentan con excedentes, con recursos y de esta manera el proceso inflacionario proporciona las condiciones para que se lleve a cabo un proceso de concentración del ingreso. Por eso, ahí la importancia que tiene el continuar avanzando en el combate a la inflación.
Tengamos presente que en el artículo 7o. en donde se señala que adicionalmente el Ejecutivo podrá cancelar deuda hasta por el monto del superávit, le proporciona al Ejecutivo margen de acción para llevar a cabo una sana conducción de la política monetaria y crediticia, indudablemente que esta conducción de la política monetaria y crediticia, se debe llevar a cabo en un ambiente que proporcione una constante disminución en las tasas de interés, con objeto de contribuir al proceso de combate a la inflación y también con tasas de interés más bajas, estimular la inversión, estimular el consumo. En suma, estimular el crecimiento de la economía.
Al proporcionar este margen de acción al Ejecutivo, para que eventualmente pueda llevar a cabo cancelaciones de deuda, se plantea esa posibilidad, que también ha sido un conflicto en esta tribuna, en el sentido de que se sustituye y esto es como lo ve la fracción del Partido Revolucionario Institucional, que se sustituye el llevar a cabo un gasto de una sola vez, por un ahorro permanente en cuanto a menores gastos en servicio de la deuda.
Aquí se decía al principio de la discusión en torno del Presupuesto, acerca de la definición de la inversión. Sin embargo, bueno, pues si nosotros aplicamos una definición similar a la disminución de la deuda, pues bueno, también nos va a proporcionar un ahorro permanente, no nada más de una sola vez, sino permanente, en erogaciones por concepto de servicio de deuda.
Es por esta razón que los diputados del Partido Revolucionario Institucional, habremos de votar en contra de ambas propuestas. Muchas gracias.
El Presidente: - Antes de consultar a la asamblea si los artículos 4o., 7o. y 8o. están suficientemente discutidos, ruego a la Secretaría dar cuenta con las propuestas que se han presentado por quienes han hecho uso de la tribuna para estos asuntos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Solamente para informar y solicitar que tome nota de esto la Secretaría, que el Partido de la Revolución Democrática retira la propuesta que había formulado, de modificación al artículo séptimo, quinto párrafo y se adhiere a la propuesta que ha formulado el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Por tanto, solicitamos que no sea votada la propuesta que nosotros presentamos a consideración de esta asamblea.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar cuenta con las propuestas.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Artículo 6o: Las erogaciones previstas se distribuyen de la siguiente manera: Compañía Nacional de Subsistencias Populares 7 billones, 473 mil, 015 millones; Comisión Federal de Electricidad 18 billones, 845 mil 946 millones... El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Nos reservamos, el Partido de la Revolución Democrática, hacer dos breves intervenciones sobre modificaciones de asignaciones presupuestarias, para el capítulo sexto. Es por ello que la intervención de un servidor, fue sobre los artículos 4o., 7o. y 8o. y por tanto rogaríamos, que tuviera a bien usted, autorizar que no fuera votado en este momento el artículo 6o., sino que se votaran 4o., 7o. y 8o. Gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Así lo encargamos a la Secretaría.
El mismo secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Artículo 7o.: El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por el monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda en términos normales. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos a la
Cámara de Diputados; al rendir la cuenta de la Hacienda Pública Federal, el uso y destino del superávit presupuestario, deberán ser autorizados previamente por el Poder Legislativo.
Diputada federal, Cecilia Soto González.
El Presidente: - En votación económica, consulte la Secretaría si se acepta o no a discusión la propuesta hecha por la diputada Cecilia Soto.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, si se acepta o se rechaza a discusión la propuesta presentada.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si los artículos 4o, 7o., y 8o. del proyecto están suficientemente discutidos.
El Secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:.- En votación económica se consulta a la Asamblea, si los artículos 4o., 7o., y 8o. están suficientemente discutidos.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Tiene la palabra el diputado Raúl Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Luis Raúl Alvarez Garín: - Con su permiso, señor presidente:
Voy a tratar un solo tema que es cuestiones referidas a la industria petrolera. Creo que es un momento adecuado, no podría decir oportuno, adecuado, porque tenemos frescas las cifras y en consecuencia es fácil darnos cuenta del tamaño, del problema que quiero comentar. Para esto hay que precisar algunos aspectos esenciales de la situación que se vive en el sector petrolero y dilucidar esta situación, porque una de las funciones, además de las asignación del presupuesto, es la vigilancia de su ejercicio y esta tarea de vigilancia de su ejercicio creo que va a ocuparnos gran parte del año próximo.
Principalmente porque estamos en una situación en que el petróleo mexicano está siendo víctima de una presión muy fuerte de intereses norteamericanos, para incluirlo en el Tratado de Libre Comercio.
Yo quisiera precisar dos, tres cuestiones en la siguiente dirección: es una industria de muy altos rendimientos económicos. La industria petrolera participa con un porcentaje muy alto en los ingresos tributarios del Estado. Sin embargo, Petróleos Mexicanos está siendo sangrado con también muy altas contribuciones de diversa naturaleza impositiva. Esta sangría es producto de una decisión política del gobierno, lo dijo el Secretario Aspe aquí, diciendo que la decisión era para extraer toda la utilidad de la empresa e incluso lo ilustró con un gesto significativo de extraer toda la utilidad de la empresa mediante el pago de estos diversos impuestos que ascienden a más de 40 billones, que pueden ser 12 mil, 13 ó 14 mil millones de dólares.
En estas condiciones, cada vez que hablemos de Petróleos Mexicanos, tenemos que recordar este papel excepcional de la industria en la actividad económica y en la contribución impositiva.
Por estas razones es un contraste inexplicable que las inversiones de la industria petrolera se encuentren deprimidas desde hace muchos años y que incluso se estén presentando ya fenómenos negativos en niveles muy significativos. La importación permanente de 100 mil barriles diarios de gasolina, mientras se mantienen con retraso la construcción de refinería o se procede a dar contratos ya de mano para construcción de nuevas refinerías.
Lo más preocupante es la reciente discusión respecto al monto de las reservas En la prensa se ha estado señalando de parte de ingenieros muy autorizados, un cuestionamiento a cuál es el nivel real de las reservas que se tienen en Petróleos Mexicanos y los niveles de explotación a que se han sometido los campos.
En esta temática del problema es urgente porque en poco tiempo se podría importar crudo. Los datos que se están mencionando, es de que en muy poco tiempo, en dos años, tres años, se podrá estar en niveles de más del 45% de explotación de los hidrocarburos en la campos y entonces las condiciones de declinación podrían ser aceleradas.
Y con este elemento, yo quiero llamar la atención respecto a una campaña de informaciones a medias, parcial, que presenta una imagen de Petróleos Mexicanos falsa, distorsionada y que no
corresponde a la realidad. En esta imagen artificial se pretende presentar a Petróleos Mexicanos como una empresa en grandes dificultades financieras, sobre todo debido a excesos de personal y a dispendios en gastos superfluos provocados por presiones sindicales. Todo esto es falso.
La otra cara de la moneda y ésa es la que debemos de vigilar, es la participación creciente de empresas norteamericanas en actividades petroleras. Ya existen contratos que están prohibidos con empresas con la Traiton, la British Petroleum, la Chevroun, la Mac kintey, que desde hace muchos años está interviniendo en un estudio de reorganización administrativa de Petróleos Mexicanos y que es la responsable de esta recomendación de transformarle en una holding y prácticamente reducirá a funciones de administración.
El personal de Petróleos Mexicanos se ha disminuido de 200 mil trabajadores a 100 mil o menos y hay proyectos en este momento en curso para reducir el personal hasta 30 mil trabajadores solamente.
Esto no es posible permitirlo en las condiciones en que se está viviendo el país, y menos cuando es evidente que Petróleos Mexicanos sí es una empresa con altísimas utilidades y responsable de gran parte del presupuesto. Lo que está en juego es por el contrario, una campaña para privatizar, para bajar la atención del pueblo, para dar una imagen falsa y poder proceder a procesos de privatización encubiertas, como son estos manejos de compañías contratistas.
Recordemos todos que la señora Hill, dijo que había que buscar la manera para intervenir en Petróleos Mexicanos y éstas no pueden ser cuestiones que se permitan y precisamente sobre estas cuestiones queremos llamar la atención.
En resumen, yo diría: no existen razones financieras, ni técnicas, para otorgar este tipo de contratos, menos los contratos de Yaber Nano ni el Petróleos ni tampoco en la Comisión Federal de Electricidad, que también se está procediendo de esa manera.
Eso es todo, gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el compañero diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Voy a abordar concretamente lo referente a las partidas para el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado.
Estas partidas, para dos instituciones producto de las largas luchas de la clase trabajadora, reflejan indudablemente la política antipopular del régimen. Reflejan fielmente cómo el Estado ha ido abandonado sus funciones de tutelar los intereses de la clase trabajadora.
En el dictamen se establece la importancia de la salud y la seguridad social y se dice que van a recibir apoyos relevantes para todos los servicios que prestan: para medicina preventiva, sanidad ambiental, servicios de planificación familiar, prestaciones económicas y seguridad social etcétera.
Sin embargo, del aumento con respecto al presupuesto de 1991 de apenas 6% para el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y de 8% para el Instituto Mexicano del Seguro Social, no garantizan el que se atiendan de manera adecuada todos estos renglones.
Nada más un dato muy simple. Este aumento no corresponde de ninguna manera al nivel de inflación con que se va a terminar 1991. No se va a cubrir y menos la inflación acumulada durante muchos años. El rezago que se ha producido. Pero los hechos reales, la situación real de estas dos instituciones son las que más deben preocuparnos. Porque todos nosotros sabemos muy bien de que a pesar de que el Gobierno Federal ha dicho reiteradamente que en la caída del presupuesto no se afectaba a los renglones de salud, de educación, etcétera, la realidad es que sí se ha venido afectando de manera dramática. De tal manera que el ritmo de crecimiento de estas instituciones se detuvo en 1982 y empezó a caer.
Por eso llegamos en este año a la situación en que los principales hospitales los principales centros médicos, toda la estructura sufre de una falta total de equipo, de medicinas, y se refleja también en la calidad de los profesionales que sirven a la institución.
Hoy mismo o ayer leíamos en la prensa una situación que reiteradamente se está presentando: la queja de derecho habientes que se enfrentan a la situación de la pérdida de uno de sus familiares, porque no recibieron la atención adecuada en estas instituciones. Estos son problemas que se generan precisamente por la disminución
reiterada del presupuesto para estos renglones, cuando debería ser, efectivamente, objeto de la mejor atención del gobierno federal.
Pero la situación que guarda el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado debe ser motivo para atender y hacer lo que están haciendo en otras áreas otros países hermanos. Por ejemplo, los países andinos están en un proceso de buscar cómo integrar sus sistemas de seguridad social para mejorar las condiciones de salubridad de sus 90 millones de habitantes, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, están ya al más alto nivel buscando caminos para integrar esos servicios.
¿Cuáles serían sus efectos de la integración en el campo de la salud? Se podrían abaratar el costo de los medicamentos, crear un mercado de servicios para el trasplante de órganos para dotar y dotar a los viajeros de una tarjeta de atención médica, entre otras muchas ventajas que trae la integración y la falta de integración en estos países, trajo una consecuencia negativa cuando se presentó el problema del cólera; no se pudo atender de una manera conjunta, porque no existían todavía las bases de una integración adecuada.
Por eso, el Partido Popular Socialista, mi partido, plantea una vez más que el Gobierno Federal, incluso para estas cuestiones fundamentales, debe buscar la integración con nuestros países hermanos de América Latina, a fin de resolver conjuntamente los esfuerzos. Pero todavía más, ni siquiera a nivel nacional hay una integración de todos los institutos y todos los organismos descentralizados que tiene que ver con la salud; muchas veces duplican esfuerzos, porque no hay una política de integración de todos los sistemas y esto se refleja en un hecho totalmente negativo, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado los que más consumen medicina, no han podido impulsar la creación de un laboratorio que produzca la medicina que necesitan, cuando menos los renglones del cuadro básico de esas instituciones; existían un laboratorio incipiente, pero desapareció y sucede que uno de los renglones en que más gastan, esas instituciones es precisamente en el renglón de medicamentos.
Entonces, frente a todos estos hechos concretos, nosotros consideramos que debe aumentarse sustancialmente el presupuesto para que cumpla con sus objetivos. Sin embargo, cabe mencionar un hecho que se está produciendo, tal parece que como cooperó con otros organismos paraestatales, se están creando condiciones a pretexto de carencia de recursos para llamar la inversión privada, el rostro de la reprivatización asoma también en estos institutos, lo que sería totalmente negativo para los intereses de la clase trabajadora.
Y a pesar de esa evidente baja de la calidad de la atención de esos institutos para quienes han sacrificado muchas cuestiones para que existieran, hay un hecho que aquí ya se ha venido a mencionar reiteradamente, el de que se sigan destinando enormes cantidades para cubrir el servicio de la deuda externa de manera puntual y se ha festinado el combate a la inflación, pero nuevamente advertimos nosotros que no se quiere decir que ha sido a costa de comprimir aún más las condiciones de bienestar de las grandes mayorías. Estos son los hechos que no pueden suceder más y que no se puede aceptar que se venga a decir que ahora se va a destinar más presupuestos a esos renglones cuando los propios datos estadísticos que se mencionan en el dictamen demuestran que una vez más va a caer en términos reales el presupuesto para estos renglones y por lo tanto bajará aún más la calidad del servicio que presentan, en perjuicio de la salud de los más de 50 millones de derechohabientes que atienden estas dos instituciones.
Por lo tanto nosotros consideramos, primero: debe aumentarse sustancialmente el presupuesto pero sobre todo debemos considerar la necesidad de que la Cámara de Diputados demande un cambio en la orientación de la política social del gobierno; es tiempo ya de retomar el camino revolucionario, de mirar por el interés de las mayorías y no el interés de una minoría que se sigue enriqueciendo a costa de la miseria de los demás. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente:
En atención a lo avanzado de la discusión, la hora en la cual estamos discutiendo estos puntos, voy a comentar brevemente tres artículos y en virtud de que en una intervención previa hice un comentario sobre el segundo transitorio, omito pues hacer un nuevo comentario sobre estos aspectos. Voy pues a referirme específicamente a los artículos 6o., 13 y 39.
En primer término en lo que se refiere el artículo 6o. quisiera destacar a ustedes que nuestro
partido ha formulado una propuesta de modificación de la asignación presupuestaria para la Compañía Nacional de Subsistencias Populares a fin de incrementarla en tres billones de pesos. Lo hacemos porque sabemos que la Compañía Nacional de Subsistencias Populares es heredera del Comité de Regulación creado en el período del General Lázaro Cárdenas y que posteriormente fue adquiriendo características de ser un puntual básico en nuestro desarrollo rural y puntual básico en nuestro desarrollo rural y sistema de abasto. Pensamos que un incremento de tres billones en el presupuesto de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares permitiría así fuera en pequeña escala, recuperar parte del tremendo deterioro que ha habido en materia de apoyo para infraestructura de desarrollo rural.
Pero qué es más importante y decimos esto, lo seguiremos insistiendo sea cual sea el resultado de la votación de hoy, pensamos y tenemos la convicción como partido político nacional que hay que defender a la compañía nacional de subsistencias populares, que la compañía nacional de subsistencias populares, debe regresar a la comercialización no sólo de maíz y frijol sino también a la comercialización de trigo y de arroz prioritariamente y además de ser posible, que intervenga en la regulación del mercado nacional de sorgo y soya, incluso aceptando la persistencia de precios de concertación, creemos que con recursos adicionales la Compañía Nacional de Subsistencias Populares puede regular, aunque no compre el 100% de tal o cual grano básico, pero si interviene decisivamente en el mercado de ciertos granos puede regular de manera muy importante el mercado nacional de granos y en una estrategia de protección de los granos básicos frente a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, creemos que una entidad como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares fuerte, con intervenciones decisivas en regiones en la adquisición de granos básicos, combinada con el cierre de las fronteras hasta en tanto no se venda íntegra la cosecha nacional de granos básicos, combinada con una política correcta de subsidios y apoyos al productor, cosa que ya fundamentamos en otras intervenciones, podría permitir una nueva era de prosperidad rural de una importancia extraordinaria.
Y en ese sentido nos parece también preocupante que en un documento que comentamos ya en ocasión previa, nos referimos al documento 5 mil 520 ME del Banco de México, de fecha 29 de mayo de 1991, en la página 15 y 16 de este documento, se establecen recomendaciones particularmente en los puntos 51, 52, 53 de este documento, en donde se habla de la recomendación del Banco Mundial de continuar con la privatización de paraestatales vinculadas a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Lo más preocupante, sin embargo, es que específicamente se señala que debe proseguir la privatización de Industrias Conasupo Liconsa debe proseguir la privatización de Almacenes Nacionales de Depósito Andsa y considera conveniente la liquidación de Triconsa, una planta de procesamiento de trigo Industrializado de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares S.A. y la reestructuración de 500 tiendas de Distribuidora de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima. Además se sugiere que Bodegas Rurales Conasupo, Buroconsa, se abra a uso comercial para el sector privado y el cierre de 569 supermercados urbanos. No hay una previsión específica ni en el presupuesto de egresos de la federación ni en el documento del Banco Mundial, sobre qué suerte tendrá Leche Industrializada Conasupo (Liconsa.)
Para la suerte de millones de familias que dependen de este sistema de abasto de lácteos, discutir estos problemas, así sean las cuatro de la mañana o 3.29 de la mañana, es de la mayor importancia porque cada mañana a partir de las cinco, seis o siete horas del día, miles de familias mexicanas hacen cola en centros de distribución de leche Conasupo, para poder cubrir sus necesidades de lácteos a un precio subsidiado. Continuar con este programa de leche subsidiada a estos cientos de miles de familias, continuar y fortalecer las plantas que rehidratan leche para distribuirla a precios subsidiados, consideramos que es de la mayor importancia.
Fortalecer el sistema de Bodegas Rurales Conasupo y fortalecer la intervención de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares en la comercialización de granos básicos, no sólo de maíz y frijol sino también en arroz y trigo, e intervenciones específicas en sorgo y soya, nos parece que sería un pivote fundamental para el desarrollo rural y por ello pese al natural cansancio que tenemos todos a estas horas de la mañana, insistimos y lo seguiremos insistiendo, sea cual sea el resultado de la votación, en que hay que defender la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y lo diremos en todos los foros donde sea posible hacerlo, a pesar de que nosotros no hemos sido funcionarios de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, lo hacemos por convicción política, decimos "hay que defender la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, "hay que fortalecer la
Compañía Nacional de Subsistencias Populares" y nos parece inconveniente desde todos puntos de vista, que haya una disminución en términos reales del presupuesto de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares en los últimos años.
Por ejemplo, de una comercialización de 10 millones de toneladas de alimento en 1985 y en 1992, sólo se van a comercializar 4 millones 300 mil toneladas de alimentos. Y en términos presupuestales, el presupuesto de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares del año 1990 y por tanto no estamos de acuerdo en que caiga el presupuesto de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares en un 38%.
Y creemos que debe ser fortalecido en programas en materia de abasto popular a todos los niveles, con participación popular.
Baste señalar que hay una caída del gasto corriente de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, en términos reales muy significativa, entre 1990 y 1992.
No quiero cansar a esta agotada soberanía con cifras estadísticas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares pero sí quiero destacar la caída del 38% en términos reales del presupuesto de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, entre 1900 y 1992. No estamos de acuerdo con esto y si en esta ocasión nuestras propuestas no lograran ser consensadas volveremos a insistir cada vez que podamos. Y en que no estamos de acuerdo con el Banco Mundial en sus recomendaciones de desmantelar la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, no estamos de acuerdo en la privatización de industrias Conasupo, no lo estamos en la privatización de Trigo Industrializado de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, S.A. no estamos tampoco de acuerdo en el cierre de supermercados Conasupo y mucho menos en la privatización eventual o cierre de Leche Industrializada Conasupo.
Queremos que la Compañía Nacional de Subsistencias Populares comercialice trigo y arroz y que comercialice también, aunque sea de manera secundaria, sorgo y soya.
Por ello es que proponemos esta adición al presupuesto de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares de tres billones de pesos.
Pasando a otro punto y en lo que se refiere al artículo 13 nuestro partido había formulado previamente una propuesta de modificación al segundo párrafo de la fracción IV. Para los compañeros diputados que no están familiarizados con lo que estamos discutiendo, quisiera retomar a ustedes lo siguiente:
El artículo 13 se refiere a los mecanismos de administración de recursos provenientes de venta de paraestatales y la fracción IV dice explícitamente: "Ingresos que obtenga el Gobierno Federal como consecuencia de la liquidación o extinción de las entidades paraestatales que se determine del retiro de la participación estatal en aquellas que no sean estratégicas o prioritarias o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos así como de los provenientes de la recuperación de seguros".
El párrafo siguiente señalaba que: es facultad el que los montos adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior, se destinen a proyectos productivos; se destinen (dice la propuesta de la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública), para amortizar deuda pública o para construir nuevas entidades paraestatales.
Por este conducto y dirigiéndome a esta soberanía, el Partido de la Revolución Democrática quisiera retirar la propuesta original de nueva redacción del segundo párrafo de la fracción IV y se adhiere a una propuesta de modificación al segundo párrafo del inciso 4o. del artículo 13 que es apoyada por las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Auténtico de la Revolución Mexicana y Partido Popular Socialista.
La nueva propuesta que presentamos a su consideración del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 13 es la siguiente:
"El uso y destino de los ingresos extraordinarios adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior, se someterán previamente en ejercicios trimestrales a la consideración y aprobación, en su caso, de la Cámara de Diputado, proyectándose prioritariamente a la inversión productiva".
La redacción propuesta establece una consideración específica de que el ejercicio de uso de ingresos extraordinarios ya descritos de venta de paraestatales, se someta la consideración de la Cámara de Diputados y se deja abierta la posibilidad de varios usos de este ingreso extraordinario pero con una especificidad, la prioridad a la inversión productiva.
Entregaremos al término de nuestra exposición a la Secretaría esta propuesta rogando que sea sometida para su votación en esta ocasión.
Finalmente, quisiéramos referirnos al último artículo, al artículo 39 del proyecto de decreto, que establece que para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por ley o decreto del Congreso, se requerirá autorización previa.
Aquí no tenemos, como Partido de la Revolución Democrática, una propuesta específica de modificación. Quisimos sin embargo reservar la discusión de este artículo y lo haremos en unos cuantos segundos, solamente para dejar constancia de un párrafo que es de la mayor importancia en términos de ejercicio efectivo de facultades del Congreso de la Unión y de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y es el siguiente:
En base a varios artículos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, se faculta al Ejecutivo para desincorporar, liquidar, disolver o vender paraestatales. Pero hay dos elementos que si esta Cámara, en ejercicio de su soberanía los ejerce en plenitud, dos elementos que están en este decreto, que si esta Cámara los ejercita a plenitud, le da a este proceso de liquidación, venta o transferencia, una gran legitimidad y transparencia. Me refiero a la siguiente:
El apartado b) dice: Enviar previamente informe escrito a la Cámara de Diputados y subrayo el "previamente", de las razones y criterios para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones (se refiere a la liquidación, transferencia, etcétera), y añade otro párrafo más, también de la mayor importancia: La Cámara de Diputados, vía la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la información a que se refiere el inciso b) y, en su caso dará su opinión.
Si estos dos párrafos se consideraran, no como simple trámite de que recibimos información de la Comisión de Gasto Financiamiento, la aprobamos y la regresamos, sino como un análisis riguroso de la propuesta gubernamental previa a la liquidación de paraestatales de que tiene esa intención de hacerlo y de sus razones y esta Comisión de Programación y Presupuesto emite un dictamen riguroso, que puede ser favorable o negativa, e informa de esto al pleno de la Cámara, esto puede fortalecer la autonomía del Poder Legislativo y la capacidad de control del Legislativo.
Aún así, el punto de vista del Partido de la Revolución Democrática y con esto termino, es que en general todo proceso de liquidación de paraestatales debe ser cuidadosamente examinado y deber ser transferido; voy a terminar para quien acaba de chiflar, ya voy a acabar y les pido atención. En este caso nuestro criterio es el que deben ser mantenidas como estratégicas, dentro del ámbito estatal, aquellas empresas estatales fundamentales y la que se privaticen deben serlo en un sentido que no sea la entrega al sector privado sino sea al sector social. Pero en aquel caso en que se proceda a esta decisión, así sea una decisión que como partido cuestionemos, independientemente de eso, pensamos que esta facultad establecida en estos dos párrafos del artículo 39, debe ser ejercida a plenitud, la facultad de supervisión, control y opinión previa a la aplicación de la decisión, debe ser ejercida a plenitud por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y creemos que debe ser interpretado este articulado, de que la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública en su momento debe emitir un juicio específico, una opinión fundada e informar de ello al Pleno de la Cámara de Diputados.
Por su atención estimados compañeros legisladores, muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Tomás Yarrington, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Ç
En atención a la hora y en atención a la cantidad de preocupaciones expuestas en torno al artículo 6o. trataré de hacer una apretada síntesis de la posición de mi partido, el Revolucionario Institucional con respecto, a lo que aquí se ha planteado.
Empezaré por señalar que el presupuesto que se contempla para el Instituto Mexicano del Seguro Social para 1992, del orden del 23.7 billones de pesos, crece en 8%, pero en términos reales. Eso quiere decir, descontando la inflación. Que el presupuesto para el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado crecerá del orden de 6.5% billones de pesos, crecerá en el orden del 6% real para 1992. Con esto quisiéramos apuntar que es en términos reales y no en términos nominales, como parecía ser la preocupación del compañero diputado que, al hacer uso de esta tribuna, hablo sobre particular.
Algo de la mayor relevancia para todos los mexicanos, es lo que tiene que ver con los energéticos y que en esta tribuna se ha expresado.
En México, todos lo sabemos, el sector energético como sector estratégico queda reservado en exclusiva al estado. La Constitución de la República consagra para la nación el dominio sobre los recursos naturales, la propiedad de las empresas que realizan la explotación de los hidrocarburos y minerales radioactivos, la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica, así como la fabricación, aprovechamiento y custodia de los combustibles nucleares.
El carácter estratégico del sector es evidente, en tanto que proporciona la energía necesaria para el funcionamiento y expansión del aparato productivo, y para la elevación del bienestar social, como demandante de bienes y servicios, y a través de sus encadenamientos hacia adelante, impulsa el desarrollo de múltiples industrias.
La modernización de la infraestructura energética ocupa un lugar primordial en la modernización global de la economía y la sociedad mexicana. Asimismo, el uso adecuado de los recursos escasos, como lo son los hidrocarburos, está ya en el orden del día de la actividad energética de México.
La añeja discusión sobre las reservas de hidrocarburos, debe dar el paso a la consideración de eficientar la operación de Petróleos Mexicanos, y ¿en qué medida esta entidad cumple con la función primordial que los mexicanos le hemos asignado?
La estrategia de desarrollo mantiene al sector como un apoyo importante, pero ya que no el único para soportarla. El sector energético, es, en suma, la actividad que en manos del estado da el soporte necesario para avanzar en la modernización de la economía y la sociedad, en la medida en que está debe satisfacer los requerimientos del crecimiento sostenido, proveyendo la energía necesaria, demandando bienes y servicios y generando recursos.
En este sentido, una estrategia de desarrollo para el sector energético, tendrá que combinar de manera óptima su consolidación y mejoramiento productivo con un incremento de su acervo de capital y en eso estamos totalmente de acuerdo con lo que se planteó en esta tribuna por el compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática.
Por eso, en estos últimos años, se ha requerido fortalecer la infraestructura del sector, romper discontinuidades y rigideces en sus diversas fases productivas, incrementar la eficiencia y productividad, consolidar la integración del propio sector y racionalizar la demanda de energía. En un contexto de limitación de recursos financieros, ésta adquiere la mayor relevancia como un complemento efectivo del gasto de inversión.
Y en paralelo, en los últimos años se ha recuperado el gasto de inversión en Petróleos Mexicanos y ése es el propósito que habrá de continuarse para 1992.
En los criterios para la integración del presupuesto que ahora analizamos, podemos observar que en el caso particular de Petróleos Mexicanos, éstos se orientan a consolidar la oferta de hidrocarburos en términos de su explotación y transformación industrial, a fin de estar en posibilidad de cubrir la creciente demanda interna y atender el mercado externo, así como atender el mejoramiento financiero y evitar daños ecológicos de la industria.
Tendríamos que resaltar, en el presupuesto que hoy analizamos, que el gasto inversión para 1992, será de cerca de 10 billones de pesos, lo que representa un 14.5 superior en términos reales a lo ejercido en 1991.
Hay otra preocupación que aquí se externó, que ya la habíamos escuchado en días anteriores acerca de la contratación de servicios para explotación. Aquí quisiéramos repetir lo que dice el artículo 6o. de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. Cito: "Petróleos Mexicanos podrás celebrar con personas físicas o morales, contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades se requiere.
Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten a las obras que se ejecuten, porcentajes en los productos ni participación en los resultados de las explotaciones."
Esta es la letra del artículo 6o. de la ley reglamentaria del artículo 27 que la fracción del Partido Revolucionario Institucional apoya al pie de la letra lo que aquí se dice.
Con respecto a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, ¿cuál es la posición del Partido Revolucionario Institucional, que se refleja en el presupuesto de egresos de la federación, para 1992?, para 1992, compañeros diputados la Compañía Nacional de Subsistencias Populares tiene previsto un gasto programable de casi 6.5 billones de pesos que es superior en
términos reales, en un 3.7% respecto al cierre estimado para 1991.
La entidad Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mantendrá al cierre de este año un inventario de alrededor de 1 millón de toneladas de maíz y casi 500 mil toneladas de frijol, considerando que es suficientemente para cubrir la reserva técnica que se requiere para garantizar el abasto, por ello no se tienen previstas importancias de estos granos en 1992.
El programa "Tortilla Solidaridad" contempla recursos por 1.1 billones de pesos con una variación de casi 31.0% y con ello se prevé ampliar la cobertura de 2.2 millones de familias beneficiadas al cierre de 1991 a 2.9 millones de familias durante 1992.
Leche industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima la preocupación por la leche es una preocupación que compartimos los diputados de la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Para tranquilidad de todos, podríamos hablar de una variación real del orden del 61% dentro del abasto de productos básicos a través de Leche Industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima.
A partir de 1992, se propone reforzar la atención de la entidad al programa de abasto social de leche y este objetivo se enmarca además en el propósito de fomento a la ganadería que considera el sector agricultura y recursos hidráulicos.
El gasto programable para la entidad para 1992, asciende a 1.8 billones de pesos que es 7.1% superior en términos reales respecto al cierre de 1991. Con ello el número de niños atendidos será de 7.3 millones, que son 900 mil más de los que se atendieron durante el presente año, lo cual representa un 14% de incremento.
Podríamos seguir con las cifras. La preocupación que desde el Partido Revolucionario Institucional se ha observado en las diferentes propuestas de las diferentes fracciones parlamentarias, tienen un común denominador y ese común denominador nosotros lo compartimos. Tan lo compartimos, que la orientación del gasto social para 1992, sigue dando la pauta de cuál ha sido la estrategia del gasto, entendido éste como un formidable instrumento de desarrollo económico y social, que ha dado el régimen de Carlos Salinas, apoyado por nuestro partido el Revolucionario Institucional en los últimos años.
Cabría aquí, rescatar algo de lo que se ha dicho. Nosotros sí, entendemos el gasto como un instrumento de desarrollo, pero enmarcado en una política económica congruente, con una variable adicional que no podemos mover a nuestro antojo, sin perjuicio de afectar negativamente otras variables macroeconómicas que puedan redundar en contra de los objetivos que todos aquí, al menos en tribuna, hemos expresados que estamos buscando.
Por eso, nosotros compartimos los criterios establecidos en el presupuesto de egresos o en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para 1992, y respetuosamente desde esta tribuna les solicitamos a todos los diputados de todas las fracciones, su apoyo. Su apoyo para el proyecto en términos generales y su apoyo para la redacción del artículo 6o. dictaminado por la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública.
Para terminar y dentro del tiempo concedido, no quisiera dejar pasar una inquietud que como legislador se me presentó en la discusión de ayer por la tarde. Cuando en lo acalorado del debate parecía que nosotros estábamos aprobando un presupuesto que no consideraba todas las empresas paraestatales. Quisiera nada más a manera de aclararlo, que todas las empresas paraestatales forman parte de este presupuesto que hoy estamos a punto de aprobar. Y que la única diferencia es que algunas empresas paraestatales, las de este artículo 6o. están sujetas a control directo y otras, no están sujetas a un control directo presupuestal, pero sí se controlan, así sea indirectamente, con los mismos criterios con los que controlan las empresas paraestatales que abarca el artículo 6o. del decreto.
Se hablaba también que las transferencias a estas empresas no sujetas a control directo, se habían incrementado sustancialmente. ¡Enhorabuena! que así sea. El 80% de estas empresas tienen que ver con la educación media y superior de nuestro país, con la salud y con el sector agrícola.
Por último, hacemos nuestra la propuesta del compañero Calderón. La última propuesta, con lo que se refiere a los dos últimos párrafos del artículo 39.
Esta Cámara de Diputados tiene que estar permanentemente enterada de lo que se haga en cuanto a la privatización de las empresas, así lo establece ya la ley y nosotros en el seno de la Comisión de Programación y Presupuesto y en el pleno, tendremos que ser responsables y estar al pendiente para que así se cumpla. Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente: - Antes de consultar a la asamblea si está suficientemente discutido el artículo 6o. ruego a la Secretaría dar cuenta con las propuestas planteadas por los oradores de este ciclo, por orden.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Artículo 6o. Las erogaciones previstas se distribuyen de la siguiente manera:
"Compañía Nacional de Subsistencias Populares: 7 billones, 473 mil 15 millones de pesos. Comisión Federal de Electricidad: 18 billones 845 mil 946 millones de pesos. Petróleos Mexicanos: 28 billones 116 mil 200 millones de pesos; menos transferencias, importe financiado con recursos propios y créditos. Total: 86 billones de pesos 746 mil 753 millones de pesos 500 mil pesos."
El Presidente: - Es la propuesta de quién, señor secretario.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de Cecilia Soto.
El Presidente - En votación económica consulte en asamblea si se acepta o no a discusión la propuesta de la diputada Cecilia Soto.
El Secretario Diputado Domingo Alapizco Jiménez: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea en votación económica, si se acepta o se desecha la propuesta presentada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar cuenta con la propuesta siguiente, me parece que es la del diputado Juan Cárdenas García.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Las erogaciones se distribuyen de la manera siguiente: Compañía Nacional de Subsistencias Populares, 9 billones, 473 mil, 015 millones de pesos.
Propuesta por el Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se acepta o no la modificación propuesta por el compañero diputado Juan Cárdenas García.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea, si se acepta o se desecha la propuesta presentada.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Moción de procedimiento, señor Presidente, pero fue la propuesta formulada por el Partido de la Revolución Democrática, particularmente por un servidor, Jorge Calderón. Sólo para fines de trámite lo preciso.
El Presidente: - Luego seguiremos con la suya, diputado.
(Desorden.)
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si el artículo 6o. se encuentra suficientemente discutido.
El secretario Diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se consulta a la asamblea, si el artículo 6o. se encuentra suficientemente discutido.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Tiene la palabra el diputado Héctor Morquecho, del Partido Popular Socialista, para referirse a los artículos 13, 14, 19 y 20.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor Presidente: Quiero antes de hacer las reflexiones y presentar las propuestas, compañeras y compañeros diputados; el diputado Jorge Calderón del Partido de la Revolución Democrática presentó una propuesta para el artículo 13. Entonces por esa razón, como la firmamos también nosotros los del Partido Popular Socialista voy a retirarla.
Entonces de esa manera queda la aclaración.
Lo se que estamos viendo los del Partido Popular Socialistas y como se ha expresado en esta tribuna,
debemos antes que nada, establecer que no han existido las congruencias que el gobierno anunció hace tres años para su Plan Nacional de Desarrollo, con lo que ha venido implementando en su política económica. Decimos eso porque hay grandes rezagos sociales, grandes disparidades dentro de las clases sociales de nuestro país.
Por el lado de las finanzas públicas, es cierto que ha habido cierta estabilidad relativa a pesar de los problemas de falta de liquidez, pero esto se ha debido, a la cuestión de cierta estabilidad, en base a las medidas de desincorporación y ventas del sector paraestatal.
Como todos sabemos, además las tasas de interés han bajado y esto ha hecho que baje también la deuda pública interna, desde luego que a un ritmo menor, sin embargo, dicha deuda pública interna sigue representando casi un tercio del producto interno bruto a nivel acumulado.
La recuperación nacional se ha dicho aquí varias veces, sigue descansando en la inversión nacional doméstica y extranjera, en virtud de que la regulación del papel del Estado en la economía nacional ha dejado grandes espacios al capital privado y ahí están los casos de Cananea de Sonora, Sidermex, de la Banca, Teléfonos de México y casi 600 empresas más.
Esto quiere decir que esta recuperación económica se ha centralizado propiamente en las maquiladoras y en el sector privado de la exportación, al calor de la apertura comercial con lo cual ha aumentado sus ventas con Estados Unidos, Japón, Alemania y América Latina.
Es precisamente este sector exportación, el que absorbe la mayor parte de los recursos financieros, de divisas y la aplicación de la tecnología moderna de punta. Basado todo ello en un posición unilateral, propiamente egoísta de este sector ante los grandes retos que tiene nuestra nación para implementar el crecimiento económico con estabilidad de precios.
Los precios, precisamente reflejan que no hay un avance sustancial en beneficio de las clases mayoritarias. Como lo dijo el propio Pedro Aspe Armella, el día 19 de noviembre de este año, los precios hace cuatro años no están subiendo al ritmo de 300% pero sigue el ritmo sí ha bajado, pero ha sido mayor el ritmo hacia la baja de los niveles salariales, mucho mayor que los precios en cuanto a la inflación.
Es decir, en lo barato y en lo muy mal pagado que está el precio de la fuerza del trabajo; en ello sigue descansando el proceso de acumulación, multiplicación, centralización de ganancias y de capitales de los grandes consorcios, incorporaciones de la industria, el comercio, la agricultura, la banca tanto nacional como extranjeras.
Esos son, a grandes rasgos, los resultados de esa política económica que se ha implementado y los propios datos del Programa Nacional de Solidaridad, señala los grados de pobreza y extrema pobreza en los que se ha llevado a millones de compatriotas, que viven un presente de inseguridad y de gran temor al futuro, dada la perspectiva que vivimos.
Por el lado de la distribución de la riqueza, del producto, se ha venido reduciendo cada vez más la participación o lo que corresponde al sector trabajo, es decir a las clases trabajadoras.
Por ello el informe establecido de los fundamentos del dictamen que en este momento se discute. Precisa por otra parte en cuanto, al costo de la deuda que este costo se ha venido reduciendo.
Se dice que en 1988, la deuda pública era del 17.6% del producto interno bruto; y en 1991 se dice en el texto del fundamento de este dictamen, que bajó a 6.3% del producto interno bruto. Nada más que esto se ha logrado no por la vía del crecimiento de la producción, sino por la vía de bajar las tasas de interés internas y mediante la venta del patrimonio de la nación y de los bancos.
Y aun cuando el doctor Pedro Aspe, ustedes saben que estuvo insistiendo en esta tribuna hace algunos días, que la deuda externa de México era del orden de los 75 mil millones de dólares. Pero resulta que hace dos o tres días la prensa nacional e internacional informó que la deuda externa de México era de 96 mil millones de dólares, lo cual sigue siendo una pesada carga para nuestro país.
Es en este contexto, precisamente en este marco, en este entorno, en el que se presentan los graves problemas que padece nuestro pueblo, que padecen los sectores interesados en impulsar las fuerzas productivas de nuestro país con independencia, respecto del exterior.
Y asimismo, constituye también este contexto con la respuesta que el gobierno ha dado como programa de gobierno, como plan de desarrollo, a las clases mayoritarias de nuestra nación. Y en ese marco, presenta este programa de gobierno para 1992, con una serie de criterios que
hemos denominado "neoliberales, privatistas de favorecedores de la clase patronal de una manera amplia y para favorecer también al capital extranjero." Entonces sobre esa base voy a presentar tres propuestas, que en este caso primeramente se refiere al artículo 14, de este dictamen que se refiere, voy a señalarlo, se refiere precisamente a los ajustes, reducciones de los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades.
Nosotros consideramos que precisamente la política de reducción del gasto público, si bien es cierto que ha creado desde el punto de vista de que no ha sido un gasto con rendimientos, es decir, un gasto productivo, toda vez que se deja en manos de la especulación del capital extranjero la dirección de este gasto público y que por lo tanto genera inflación, consideramos que sobre la propuesta dice:
"Que se elimine totalmente el artículo 14 de este dictamen con todos sus párrafos y sus contenidos."
Dejo aquí, la propuesta.
Tocante al artículo 19 del presente dictamen. Este es con relación al problema que se ha venido presentando sobre la no creación de nuevas plazas, la no creación de reponer las plazas que quedan vacantes en diversas entidades de la administración pública federal y de los organismos y entidades paraestatales. Sobre esa base, dice la propuesta lo siguiente:
"Que el artículo 19 del presente dictamen se modifique, quedando de la siguiente manera:
Artículo 19. Las dependencias y entidades de la administración pública federal y los órganos del gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de nuevas plazas que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia, vivienda y seguridad nacional." Es decir, se elimina todo el resto del artículo.
Y finalmente el artículo 20. Este artículo se refiere también, en este mismo sentido, a la creación de las plazas, el traspaso de las plazas y de los recursos asignados en cuanto a los presupuestos de las acciones de descentralización, se afirma que se dará prioridad a lo que ya existe, desde el punto de vista del personal, pero que cuando haya modificaciones dentro de la estructura ocupacional, por esta descentralización, no se crearán nuevas plazas. Como estamos en contra de lo que establece este artículo, dice la propuesta lo siguiente:
Que se modifique el artículo 20 del dictamen, para quedar como sigue:
"Artículo 20, Fracción I, el primer párrafo queda igual y luego dice fracción 1. "En las acciones de descentralización dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuesto, entre sus unidades responsables y programas, incluso implique la creación de nuevas plazas."
"Fracción II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores, en base a la Ley Federal de Trabajo, apegarse estrictamente...", y queda el resto del párrafo como está en el dictamen, se le agrega:"... en base a la Ley Federal del Trabajo".
Segundo párrafo de esta fracción II. "Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación, por aportaciones en las innovaciones técnicas en la producción y otras prestaciones se regularán por las disposiciones que en base a la Ley Federal del Trabajo establezca la Secretaría", el resto del párrafo queda igual y se introduce lo relativo a la Ley Federal del Trabajo y a lo de las aportaciones y las innovaciones técnicas, es decir, el estímulo para los trabajadores manuales intelectuales que tengan un estímulo por la creatividad, su aportación. El resto del párrafo queda igual.
Igualmente el tercer párrafo queda igual de esta fracción dos. La fracción tercera queda igual. Esas son las propuestas que son sometidas a esta consideración. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Jacob, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha (desde su curul): - Declino. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Luebbert, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Oscar Luebbert Gutiérrez: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
He pedido el uso de la palabra a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, para hacer comentarios sobre la propuesta de los artículos 13, 19 y 20, y las demás proposiciones que se han realizado y han sido abordadas por compañeros de mi partido en anteriores intervenciones.
Sobre las propuestas del diputado Morquecho, del Partido Popular Socialista, quisiera exponer algunas consideraciones sobre sus propuestas, sobre las del artículo 19 y 20, en relación a la no creación de nuevas plazas, solamente me gustaría aclarar el que el proceso que se ha venido obteniendo en la distribución de plazas por sectores y que está de hecho considerado en el artículo 19 y 20, es que ha habido una evolución y un redimensionamiento del sector público.
Si bien es cierto que en las áreas administrativas y operativas de servicios generales de la administración pública federal se han venido disminuyendo el número de plazas, esto ha permitido liberar recursos financieros y humanos para que se reasignen a otras áreas como él mismo lo comentaba en el área de educación, salud. Seguridad nacional e impartición de justicia; y así podemos ver retrospectivamente que por ejemplo el dotar de plazas que tenía el sector Público en 1983 eran en miles, más de 1 mil 300, un millón 315 mil plazas. Actualmente en 1991 en este mismo rubro se tienen 1 millón 436 mil plazas; para 1992 se prevé un millón 460 mil plazas, hay una evolución de crecimiento positivo pero fundamentalmente este tiene mayor significancia al ver como se distribuye por sectores. Vemos incrementos muy importantes que se van a perder también para 1992 en el área de Educación. En 1988 en el sector Educación se contaba con 783 mil plazas, para 1992 se contemplan 859 mil plazas, esto se compara que en las áreas administrativas de hecho sí se ve una disminución como se puede observar en 1988 que se contaba con 308 mil plazas y para 1992 se contemplan 240 mil.
En este redimensionamiento del sector público se están privilegiando aquellas áreas de servicios esenciales como los que aquí se mencionaron y lo reiteramos una vez más en educación, salud, seguridad nacional e impartición de justicia, estas son las áreas que sí han venido incrementando sustancialmente el número de plazas y se han reducido solamente en las áreas administrativas para darle una mayor eficacia y funcionalidad al sector público. Asimismo, sobre las consideraciones del artículo 13, nosotros podríamos comentar aquí para apoyar los términos en que se encuentra el dictamen, cómo es que los recursos no pueden gastarse libremente porque así lo establece el artículo 13 y hay algunos lineamientos contenidos en el proyecto de decreto que es conveniente aquí resaltar, con los recursos adicionales se propone en el texto del proyecto de dictamen, financiar proyectos de inversión productiva en primer término, amortizar deuda así lo establece en el segundo y también en tercer término la constitución de nuevas entidades paraestatales de acuerdo a requerimientos del desarrollo.
La Cámara tiene forma de vigilar el uso del pago de estos recursos en la facultad que nos da de vigilar a través de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Esto tiene una razón de ser pues un manejo prudente, impide el ejercicio de gasto sobre ingresos por haber. Nuevamente podríamos comentar que estas asignaciones se harán según las circunstancias económicas, una estabilidad en los mercados financieros, evolución de la inflación en el año y otras situaciones de contingencia que se preverán y que el artículo 13 establece puntualmente para el uso de estos recursos adicionales.
Por estos motivos mi partido votará en contra de estas propuestas y apoyará los términos en que se encuentra el dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Antes de consultar a la asamblea si se encuentran suficientemente discutido los artículos de referencia, ruego a la secretaría dar cuenta con la propuestas de modificación, iniciando con la que presentó el diputado Jorge Calderón que es una propuesta conjunta signada por el Partido Acción Nacional, el Auténtico de la Revolución Mexicana, de la Revolución Democrática y Popular Socialista.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Propuesta de modificación al segundo párrafo del inciso 4o., del artículo 13, presentadas por las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Auténtico de la Revolución Mexicana y del Popular Socialista.
El uso y destino de los ingresos extraordinarios adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior, se someterán previamente en ejercicios trimestrales, a la consideración y aprobación en su caso de la Cámara de Diputados, proyectándose prioritariamente a la inversión productiva. Por Acción Nacional Alfredo Lujambio, por el Auténtico de la Revolución Mexicana, Cecilia Soto, por el Partido de la Revolución Democrática Jorge Calderón y por el Partido Popular Socialista Cuauhtémoc Amezcua.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia y en
votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta leída.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvase manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente:- Ruego a la Secretaría dar cuenta con la proposición, con la modificación propuesta por el diputado Héctor Morquecho, del Popular Socialista.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:- Propuesta. que se elimine totalmente el artículo 14 de este dictamen, con todos sus párrafos y su contenido. Atentamente, Héctor Morquecho Rivera.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la propuesta.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta presentada por Héctor Morquecho, del artículo 14 que se elimine.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - ¿No hay más propuesta de modificación?
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Sí, señor.
El Presidente: - Ruego dar cuenta de ellas.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Que el artículo 19 del presente dictamen se modifique, quedando su redacción de la siguiente manera:
"Artículo 19. Las dependencias y entidades de la administración pública federal y los órganos del gobierno de las entidades paraestatales, podrán autorizar la creación de nuevas plazas que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia, vivienda y seguridad nacional. "Se elimina todo el resto del artículo. Firman Héctor Morquecho Rivera, diputado.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Morquecho.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta del diputado Morquecho.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Artículo 20, fracción I. En las acciones de descentralización, dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre o sus unidades responsables y programas incluso, implique la creación de nuevas plazas.
Fracción II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores de base, en base a la Ley Federal del Trabajo apegarse estrictamente. El resto del párrafo queda igual.
Segundo párrafo. Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación por aportaciones en las innovaciones técnicas en la producción y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que en base a la Ley Federal del Trabajo establezca la secretaría. El resto del párrafo queda igual a como está en el dictamen. Igualmente tercer párrafo de esta fracción II. Fracción III queda toda igual. Atentamente, diputado Héctor Morquecho Rivera.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Héctor Morquecho.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta del diputado Morquecho.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si los artículos 13, 19 y 20 se encuentran suficientemente discutidos.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se consulta a la asamblea si los artículos 13, 19 y 20 están suficientemente discutidos.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Se reservan para su votación nominal en conjunto.
Tiene la palabra el señor diputado Demetrio Hernández del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: - Voy a ser muy breve. Ya que se ha expuesto de manera suficiente la argumentación y ya que la mayoría de los compañeros legisladores conocen el proyecto de dictamen, solamente diré que nuestra propuesta de modificación al artículo 14, es que en lugar de que sea el 12.5% nosotros proponemos que sea el 10% el porcentaje en cuanto a la contingencia.
Esta propuesta la dejo a la Secretaría para que la lea en el momento adecuado.
En base al acuerdo de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, quiero manifestar otra propuesta respecto al artículo 28, sobre una modificación de la fracción II, referente a la fecha en que las entidades paraestatales tienen como límite para presentar su programa de convenio de saneamiento financiero. Esta fecha fue modificada después de analizarse la propuesta en la Comisión con funcionarios de la Secretaría de Programación y Presupuesto y ya que ante el menor número de entidades paraestatales que están sujetas a este tipo de programa, se propone que se reduzca la fecha para presentar el convenio de saneamiento financiero un mes, es decir, que en lugar de que fuera el 31 de julio, nosotros proponemos que sea el 30 de junio.
Dejo a la Secretaría también esta propuesta. Muchas gracias.
El Presidente: - Ruego a la Secretaría dar cuenta con las propuestas de modificación formuladas por el diputado Demetrio Hernández.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Artículo 14, párrafo cuarto. En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que significa una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 10%, el Ejecutivo Federal en el contexto de los párrafos anteriores procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará también de inmediato a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Diputado Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por el señor diputado Demetrio Hernández.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta del señor diputado Demetrio Hernández Pérez.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que están porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Sírvanse la Secretaría dar cuenta con la siguiente propuesta
. El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Artículo 28, fracción II:
El saneamiento financiero mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales estratégicas y prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesario, de acuerdo a los fines para los que fueron creados y siempre que la entidad que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente a más tardar el 30 de junio de 1992, a la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento y sea aprobado por ésta. Diputado Demetrio Hernández Pérez.
El Presidente: - En votación económica consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Demetrio Hernández.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta del diputado Hernández Pérez.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si los artículos 14 y 28 se encuentran suficientemente discutidos.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si los artículos 14 y 28 están suficientemente discutidos.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos, señor Presidente.
El Presidente: - Se reservan para su votación nominal en conjunto.
Se concede el uso de la palabra al diputado Guillermo Hopkins, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Guillermo Hopkins Gámez: - Señor Presidente; honorable asamblea:
Yo creo que es necesario reconocer los logros alcanzados hasta ahora en materia de política económica y de política social. Los resultados obtenidos nos permiten valorar en su verdadera magnitud la congruencia de ambos, pero fundamentalmente el éxito alcanzado hasta ahora a través del Programa Nacional de Solidaridad.
Y vine a esta tribuna a plantear algunas consideraciones que nos permitan buscar puntos de acuerdo en torno a la asignación presupuestal y a la operación del Programa Nacional de Solidaridad.
La gran mayoría de ustedes conoce el programa, algunos en mayor grado que otros. Ustedes han podido constatar los aciertos y ¿por qué no reconocerlo?, también los errores que por la condición humana que rodea a solidaridad se pudieron cometer.
De ninguna manera los diputados priístas aseveramos que el programa sea perfecto, al contrario, estamos convencidos que es perfectible pero sólo con la participación de esta honorable asamblea. Tampoco afirmamos que sea la panacea que algunos pregonan, ni el instrumento mágico que resolverá todas las carencias de millones de mexicanos, de un día para otro.
Ustedes han visto las acciones del Programa de Solidaridad, lo mismo en Tijuana, en Matamoros, en Cancún, en Tapachula, Monterrey y Chalco; de igual forma, en la sierra norte de Puebla, en la montaña de Guerrero y en la Sierra Tarahumara, que en el desierto sonorense y en el semidesierto de Zacatecas, en la Comarca Lagunera, en la Huasteca Hidalguense y Potosina, en el oriente de Michoacán, en la Mixteca y en la Cañada de Oaxaca, en la zona henequenera de Yucatán, así como en el Soconusco y en la Selva Chiapaneca.
Detrás de estas cifras, detrás de este debate sobre si los 6.8 billones propuestos para 1992, son suficientes o insuficientes, si son recursos manipulables o no, centralistas o descentralizados, de que si tienen un claro signo partidista, detrás de todos los calificativos que en esta tribuna le han otorgado al Programa de Solidaridad, están las esperanzas de millones de mexicanos que desean que esta honorable legislatura aprue - be los dineros necesarios para construir los sistemas de agua potable, las obras de electrificación, los caminos, las pequeñas obras de infraestructura rural, la vivienda y las carreteras. Esperan que esta legislatura otorgue su autorización para otorgar becas a niños y jóvenes, para asignar recursos para que las mujeres se puedan incorporar al proceso productivo y lograr así el ingreso familiar que hasta ahora perciben, para continuar el proceso de construcción y regularización de escuelas, clínicas y hospitales y para poder otorgar créditos con un alto índice de recuperabilidad a los productos rurales y grupos indígenas que tienen el Programa de Solidaridad su única fuente de financiamiento.
En esta legislatura, hemos escuchado diversas y encontradas opiniones respecto al Programa de Solidaridad.
Cuando de asuntos electorales se trata, se dice que los cuantiosos recursos canalizados a través del programa, fue una de las principales razones para alcanzar los triunfos y cuando se debate como hoy de la asignación presupuestal para 1992, se afirma que con la cifra propuesta les tocará una asignación de 187 pesos diarios a millones y millones de mexicanos.
Pero estoy seguro de que mientras sigamos analizando al Programa de Solidaridad de términos absolutos, es decir, en términos de pesos y centavos, no encontraremos puntos de acuerdo en torno a los beneficios del programa.
El Programa de Solidaridad, amigos diputados, no es sólo pesos, es una forma distinta de hacer las cosas, es darle la oportunidad a la ciudadanía, en especial a los que poco o nada tienen, a que ellos decidan qué obra hacer, a que ellos autoricen su costo y quién lo construyan, a que ellos autoricen su costo y quién lo construya, a que ellos decidan en qué plazo se va a realizar y, lo que
es más importante aún, a supervisar que la obra se haga tal y como fue diseñada, para que así sí satisfaga la necesidad originalmente planteada y no se construyan elefantes blancos ni haya obras inconclusas. Es, en síntesis, regresarle a la comunidad el poder de decisión que las estructuras burocráticas paulatinamente le fueron quitando. Y ésta, la comunidad, se apropió del programa, se despertó del sentido de apropiación, de otra forma no sería posible poderse explicar que sin importar distingos partidistas, que sin importar tamaños de ciudades o de comunidades, que sin importar el tipo de organización de que se trate, que sin importar en mano de qué partido político se encuentra el ayuntamiento en todos los casos, absolutamente en todos, se han apropiado del programa.
Solidaridad no es del gobierno ni de ningún partido político, solidaridad es de la comunidad. Yo no creo que sea más importante la opinión nuestra, de todos los diputados aquí reunidos, que la de más de 10 millones de mexicanos que han sido beneficiados. Otorguémosles, amigos diputados, el beneficios de la duda.
Y decía que solidaridad no es sólo pesos, solidaridad le otorga a los estados la real y auténtica capacidad para que en el seno del Convenio de Planeación Democrática y en el Marco del Convenio Unidos de Desarrollo, se decidan los destinos de los recursos asignados a través del ramo 26 a las 31 entidades federativas. y esto, compañeros legisladores, en un proceso que se inició desde 1977, 14 años de práctica que han permitido al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales corregir vicios, representar estrategias, métodos y procedimientos y lograr consensos. Y con el Programa de Solidaridad se avanzó aún más a partir de 1990, al lograr por primera vez asignar recursos a los ayuntamientos en forma directa y concertada en el Convenio de Planeación Democrática.
Se avanzó así en el proceso de centralización interna de cada entidad federativa. En el pasado los recursos se asignaron en su totalidad a los gobiernos estatales, ahora dichos recursos tienen su exposición más amplia y cercana a la ciudadanía. Esto es, en el municipio. Y es ahí, en el municipio, en donde se incita el verdadero proceso de programación, el proceso de presupuestación y el proceso de construcción de la obra pública, con el otorgamiento de los servicios públicos. Ahí, en el municipio, con la participación de los comités de solidaridad en estos de colonias populares, de las comunidades indígenas o de los poblados rurales, es en donde se desata el verdadero proceso, en donde descansa el programa. Es ahí en la colonia o en el poblado rural, donde mejor se puede asegurar el lograr, el logro de los objetivos y el cumplimiento de metas.
Solidaridad se ha convertido en un elemento fundamental del fortalecimiento municipal. Solidaridad le da contenido y forma en los hechos a la esencia del artículos 115 constitucional.
La comunidad de solidaridad ha transformado la autorización misma de la estructura municipal y ha permitido actuar en los marcos democráticos de la participación ciudadana.
Compañeras y compañeros diputados: aquí en esta Cámara, estamos debatiendo sobre si se autoriza al Ejecutivo Federal el presupuesto de egresos para 1992.
Aquí estamos debatiendo sobre la conveniencia o no del Programa de Solidaridad. Y allá, en las colonias populares y en las comunidades rurales, están esperando los indudables beneficios del programa. Y aún más, muchos de ellos ni enterados están sobre lo que hoy hemos estado debatiendo. Detrás de estas cifras están los anhelos y aspiraciones de muchos millones de mexicanos; atrás del debate sobre estos valores absolutos y de los procedimientos están el respeto y la dignidad de los marginados de México.
El combate a la pobreza amigos diputados, no debe tener signos ideológicos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos el diputado Eloy Vásquez, en los términos del 102.
El diputado Eloy Vásquez López: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros desvelados:
Esto es lo que yo llamo precisamente, ser trasnochado.
El compañero interviene fuera de tiempo, lo del Programa Nacional de Solidaridad lo discutimos hace ya más o menos como 12 horas ó 10, cuando menos.
Y lo malo precisamente de ser un diputado del Programa Nacional de Solidaridad, es haberse aprendido la receta y no tener forma de cambiar el discurso.
De todo lo que se cuestionó del Programa Nacional de Solidaridad aquí durante el debate,
nada fue respondido por el compañero que vino aquí a hablar. Vino a decirnos lo que dice del Programa Nacional de Solidaridad el manual. No explica ni pone ningún ejemplo puntual, que rebata los argumentos que se dieron.
Habla del Convenio de Planeación Democrática, del Convenio Unido de Desarrollo. pero no desmiente lo que dije aquí de cómo se da el forcejeo para la asignación de los recursos y hay que decir de una vez por todas que solidaridad no es nada nuevo. En Oaxaca hay décadas de experiencia en relación con que la comunidad aporte la mano y obra y el gobierno aporte los materiales y el apoyo técnico. Eso no tiene absolutamente nada de novedoso y solamente la publicidad de la época es lo que le ha dado relevancia, por lo menos en aquel estado.
Yo quiero decirles que esos 6.8 millones que se van a destinar el Programa Nacional de Solidaridad si de veras se quisieran canalizar al desarrollo regional y al desarrollo de los lugares más pobres, se podrían incrementar justamente a la distribución, al renglón de transferencia que se refiere a las participaciones municipales y estatales.
Voy a poner algunos ejemplos de señores que han sido presidentes municipales, yo les quiero decir que el 70% de los municipios de Oaxaca, recibe de un millón 225 mil pesos en promedio, de participación, mensual. Que de las ciudades grandes de Oaxaca, que son las cabeceras de distrito, reciben alrededor de 12 y medio millones de pesos mensuales, de participación y que solamente los municipios más grandes reciben entre 60 y 160 millones mensuales.
Con esas cantidades; ¿quién puede realmente planificar el desarrollo municipal? Hemos dicho aquí y no se ha rebatido, que un sistema de planificación democrática, tiene que ser de abajo hacia arriba y con la participación de las autoridades, no solamente como espectadores, sino como planificadores, como formuladores de los proyectos, como ejecutadores y como evaluadores de las obras.
Y estos aspectos son los que la federación a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto le arrebata al municipio y ése es el centralismo y preferimos que esos recursos se canalicen a los ayuntamientos, para que los ayuntamientos los planifiquen, porque además y ya lo dijimos en esta tribuna y tampoco fue rebatido en alguna ocasión cuando lo establecimos, es mucho lo que se destina pero es poco lo que se ejerce, porque la secretaría de Programación y Presupuesto, pide los expedientes técnicos y aquellos expedientes técnicos que siempre tienen errores de forma, son rechazados y los recursos son retenidos y no se vuelven a asignar hasta el siguiente ciclo y ese jueguito de que les damos tantos billones y después se ejerce la mitad o la tercera parte, es un jueguito que ya conocemos.
Por lo tanto, mientras la planificación no sea democrática, mientras los ayuntamientos sean sustituidos por comités priístas, para la utilización de los recursos públicos, seguiremos insistiendo en que la democracia está en aquellos órganos electos a través, aunque sea, de los mecanismos que se ejercen por parte de ustedes para elegir sus ayuntamientos. Les exigimos también respeto a los ayuntamientos; no les anden formando comités paralelos. Muchas gracias.
El Presidente: - Quedando reservado todavía el artículo segundo transitorio y no habiendo orador registrado para el efecto, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido el referido artículo segundo transitorio.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica, se consulta a la asamblea si el artículo segundo transitorio se encuentra suficientemente discutido.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo particular, de este artículo y los anteriormente discutidos y reservados, en un solo acto.
El secretario diputado José Ascención Orihuela Bárcenas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo particular de los artículos reservados en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Señor Presidente, se emitieron 268 votos en pro y 36 en contra.
El Presidente: - Aprobados los artículos por 268 votos.
Se aprueba en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 1992.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY GENERAL DE BIENES
NACIONALES
El Presidente: - Honorable asamblea: en el transcurso de la sesión, la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial entregó a esta Presidencia el dictamen relativo al decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo a los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea, si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
«Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
Honorable asamblea: A la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, que enviara a esta Cámara de Diputados la Cámara de Senadores en los términos del artículo 72 inciso A, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
Con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior, sometemos a la consideración de este honorable pleno el siguiente
DICTAMEN
En los términos del artículo 73 fracción XVII, y del artículo 27 en sus párrafos primero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el honorable Congreso de la Unión tiene clara competencia para legislar en materia de bienes nacionales, competencia que queda ampliamente señalada por el texto de la citada fracción XVII del artículo 73 de nuestra Carta Magna, que le otorga facultades al Poder Legislativo Federal para expedir leyes "sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal".
De igual forma, el texto constitucional en el ya citado artículo 27 señala a la nación como propietaria original de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional y le otorga el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares.
I. Consideraciones generales
Después del estudio que realizó la comisión, tanto de la iniciativa del Ejecutivo Federal como del proyecto de dictamen de la Cámara de Senadores como Cámara de origen, en conferencia de comisiones de ambas cámaras, coincidimos en la necesidad de propiciar un desarrollo armónico de la población a todo lo largo y a lo ancho del territorio nacional y revestir la concentración humana en las grandes urbes. Para lograr el desarrollo de las costas es necesaria la actualización de las disposiciones legales para propiciar el fortalecimiento del principio de seguridad jurídica a través de la revisión de las normas de derecho que permiten la planeación segura de las inversiones de mediano y largo plazos, como una estrategia toral, dentro de la política general económica que viene instrumentando el gobierno de la República.
La Ley General de Bienes Nacionales es el orden jurídico que determina cuáles son los bienes y el régimen de derecho a que están sometidos los bienes de dominio directo y los de propiedad de la nación. Coincidimos con la colegisladora al señalar que se hace necesario adecuar la mencionada ley a las necesidades del país con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos.
La reforma que se propone a la citada ley, tiende genéricamente a facilitar el desarrollo de las actividades económicas, respetando los derechos legítimos que hayan adquirido terceros y salvaguardando en todo momento los intereses de la nación en materia inmobilitaria. Para la zona federal marítima - terrestre se busca con esta reforma, establecer normas que permitan superar las confusiones y problemas a que han dado lugar algunas disposiciones del instrumento legal que analizamos, a fin de darle agilidad y certeza jurídica a la norma.
La comisión coincide de igual forma en la necesidad que señala el Senado de la República en su dictamen para que, dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, en donde se adopta la estrategia de modernización del país, basada en el crecimiento de la economía para elevar la calidad de vida de los mexicanos, se adopte un marco jurídico moderno que regule la actividad económica de la sociedad.
El patrimonio nacional se compone de los bienes del dominio público y de los bienes del dominio privado de la Federación. Los del dominio público se encuentran claramente señalados en el artículo 2o. del ordenamiento jurídico a estudio, y son sujetos de concesión por parte del poder público.
De igual forma, como lo señala el artículo 20 de la Ley General de Bienes Nacionales, las concesiones sobre bienes del dominio público no crean derechos reales, sino que otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, derechos a realizar los usos, aprovechamiento o explotaciones, de acuerdo a las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el acto o título de concesión.
El Estado tiene la obligación de cumplir sus compromisos, siendo rector, conductor y promotor de las actividades que conlleven al interés nacional. En este contexto, se plantea la adecuación del marco regulador de la actividad económica, toda vez que existen disposiciones que no responden a las condiciones ni a los retos actuales y con su actualización propiciarán el establecimiento de reglas claras y estables que permitan la planeación tanto a mediano como a largo plazo, encontrándose en este caso la Ley General de Bienes Nacionales, que tiene entre sus objetivos regular el uso, aprovechamiento, vigilancia y control del patrimonio inmobiliario federal. Con la adecuación de dicho cuerpo normativo, se logrará introducir posibilidades diversas para el mejor desarrollo del país y específicamente de sus costas.
II. Reformas propuestas
En las modificaciones que se proponen al artículo 20 en esencia destacan, en primer lugar, el aumento del plazo de concesión de un máximo de 20 a un máximo de 50 años. La posibilidad de otorgar plazos de concesión de duración variable entre cero y cincuenta años permite abarcar proyectos que van desde palapas hasta mega - proyectos turísticos y puertos industriales. En estos últimos el plazo máximo de 20 años hasta ahora vigente no es suficiente y la incertidumbre de la prórroga al momento de arrancar el proyecto, en muchos casos inhibe las inversiones más importantes, con lo que es indudable que las inversiones en infraestructura, para la explotación de un inmueble del dominio público, tendría un margen mayor de posibilidades.
Se debe destacar que, en todo caso, las concesiones no crean derechos reales, sino que éstos son personas frente a la administración pública y terceros por lo que los concesionarios deberán apegarse estrictamente a los términos establecidos en la propia concesión, la que, como ya se dijo, tendrá un plazo máximo de 50 años pudiéndose otorgar únicamente a las personas que por la magnitud de sus proyectos y cuantiosas inversiones necesiten de este tiempo.
En segundo lugar, la reforma a este artículo 20 prescribe el plazo en el cual el concesionario podrá solicitar la prórroga de la concesión, con lo que se clarifica en el tiempo su derecho de preferencia que ya le concede actualmente la ley.
Dado que al concesionario se le otorga un estímulo y un derecho mayor con el nuevo plazo que se propone, en el artículo 22, fracción I, se busca evitar que el bien propiedad de la nación se utilice inadecuadamente, de ahí que se aumenten los casos para que las concesiones puedan ser revocadas, agregando las que de no usar el inmueble de acuerdo con lo dispuesto en la propia ley, reglamentos o el propio título concesión.
Al no reformar el primer párrafo del artículo 20, queda salvaguardada la soberanía nacional, al fortalecerse y consolidar su economía incrementando su patrimonio e ingresos a través de la derrama económica. Es intención del legislador, robustecer la hacienda municipal con los beneficios que se allega mediante la generación de empleos y la captación de ingresos. Resultante de la ampliación del plazo de la concesión de que se trata se evitan posibles desinversiones en los años previos al vencimiento, que se daría en periodos más cortos y se previene el abandono y el deterioro paulatino de la inversión en caso de retraso en la renovación.
No es inadvertido para esta comisión el aspecto ecológico que establece la fracción V del artículo 22 como causa de revocación de las concesiones.
El gran reto de la humanidad para el próximo siglo será la preservación del equilibrio ecológico, por lo que los preceptos contenidos en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del
Ambiente adquieren especial importancia como prerrequisito a las concesiones de la zona federal marítimo terrestre.
El artículo 49 propuesto es el que sufre más modificaciones, ya que con el propósito de señalar con toda claridad la extensión de la zona federal marítimo terrestre, se reforman sus tres fracciones, añadiendo una cuarta. Por lo que se refiere a la primera fracción, no obstante que se buscaron varias soluciones, para señalar con claridad la extensión de la zona federal marítimo terrestre en las riberas de los ríos, se coincide con el criterio del Senado de la República, en el sentido que es más adecuado el texto de la iniciativa que la señala en un trecho de cien metros río arriba, contados a partir de su desembocadura, con lo que se evita la relativa indefinición de su extensión que en el texto vigente la remite al mayor flujo anual, y de esta forma se evita un posible conflicto de competencias entre autoridades.
En la fracción II de este mismo artículo 49 se suprime una primera parte, con lo que se evita una confusión en la determinación de la zona federal marítimo terrestre, quedando claro que la totalidad de los arrecifes pertenecerán a ésta.
Se consideró necesario en conferencia de comisiones de ambas cámaras, modificar la fracción III de la iniciativa, con el propósito de que sea el reglamento correspondiente el que determine con exactitud, y de acuerdo a lo prescrito por dicha fracción, la extensión de la zona federal marítimo terrestre. Dado que también es necesario fomentar las actividades de acuacultura, se suprimen a los depósitos de agua marítima como parte de la zona federal marítima terrestre, ya que no todos estos depósitos son naturales y podrían existir algunos artificiales para la explotación de especies marinas.
Por último, se propone agregar al artículo 49 una fracción IV que, consonancia con la fracción II, posibilita que los particulares se dediquen a la acuacultura, en los esteros naturales o artificiales, sin que se delimite la zona federal marítima terrestre, cuando entre ésta y el mar medie zona federal. La zona federal marítima terrestre correspondiente a marinas que no se encuentran en el supuesto de la fracción IV, no excederá de tres metros de ancho, cuidando que no interfiera con el uso o destino de sus instalaciones, con lo que es evidente que, aún en esta situación la inversión será conveniente para los particulares y para el Estado, al propiciar polos de desarrollo turístico.
Continuando con el fomento a las inversiones, en especial a las relativas a las pesca o acuacultura, se propone añadir un segundo párrafo al artículo 52 cuya finalidad es hacer expedito el otorgamiento de las concesiones en la zona federal marítima terrestre, cuando su uso o explotación sea estrictamente necesario para el mayor aprovechamiento de una concesión, permiso o autorización otorgando con anterioridad por una autoridad, entendiéndose la inmediatés, dentro del plazo que establece el artículo 26, tercer párrafo del regimiento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados la mar.
Con la finalidad de que participen coordinadamente todas las secretarias de Estado que tengan competencia en la materia, se propone modificar el párrafo cuarto del artículo 53, agregando a las secretarías de Turismo y de Pesca, todo ello en el marco de la simplificación administrativa. Dentro de este mismo contexto se deroga el último párrafo del artículo 53, ya que la hipótesis que señala se encuentra definida en la propia ley, con lo que queda claro que los particulares colindantes no podrán adquirir por simple accesión al área que resulte de la reducción de la zona federal marítima terrestre, ya que los bienes del dominio público son imprescriptibles e inalineables. Por lo anterior, la comisión que suscribe se permite proponer a esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL DE BIENES
NACIONALES
Artículo único. Se reforman los artículos 20 párrafo segundo y último; 22, fracción I; 49, fracciones I, II y III, y 53, párrafo cuarto; se adicionan los artículos 52 con un segundo párrafo, 49 con una fracción IV y se deroga el último párrafo del artículo 53, de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:
"Artículo 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las concesiones sobre inmuebles de dominio público, salvo excepciones previstas en otras leyes, podrán otorgarse hasta por un plazo de cincuenta años, el cual podrá ser prorrogado hasta por plazos equivalentes a los señalados originalmente, a juicio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, atendiendo tanto para el
otorgamiento de la concesión como para la prórroga, a lo siguiente:
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. El titular de una concesión gozará de un plazo de cinco años, previo al vencimiento de la concesión, para solicitar la prórroga correspondiente, respecto de la cual tendrá preferencia sobre cualquier solicitante. Al término del plazo de la concesión, o de la última prórroga en su caso, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble concesionado revertirán en favor de la nación."
"Artículo 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Dejar de cumplir con el fin para el que fue otorgada la concesión, dar al bien, objeto de la misma un uso distinto al autorizado o no usar el bien de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, los reglamentos y el propio título de concesión;
II a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" "Artículo 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre estará constituida por la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas, o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta cien metros río arriba;
II. La totalidad de la superficie de los cayos y arrecifes ubicados en el mar territorial, constituirán zona federal marítimo terrestre;
III. En el caso de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina que se comuniquen directa o indirectamente con el mar, la faja de veinte metros de zona federal marítimo terrestre se contará a partir del punto a donde llegue el mayor embalse anual o límite de la pleamar en los términos que determine el reglamento.
IV. En el caso de marinas artificiales o esteros dedicados a la acuacultura, no se delimitará zona federal marítima terrestre, cuando entre dichas marinas o esteros y el mar medie una zona federal marítimo terrestre. La zona federal marítimo terrestre correspondiente a las marinas que no se encuentren en este supuesto, no excederá de tres metros de ancho y se delimitará procurando que no interfiera con el uso o destino de sus instalaciones.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" "Artículo 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando se cuente con concesión, permiso o autorización de autoridad competente para el aprovechamiento, explotación o realización de actividades reguladas por otras leyes, incluidas las relacionadas con marinas, instalaciones marítimo - portuarias, pesqueras o acuícolas y se requiera del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, la Secretaría de Desarrollo Urbano y ecología otorgaría de inmediato la concesión respectiva, excepto cuando se afecten derechos de preferencia de los colindantes o de otros concesionarios, sin perjuicio de que se cumpla la normatividad general que para cada aprovechamiento, explotación o actividad expida previamente dicha Secretaría en lo tocante a la zona federal marítimo terrestre."
"Artículo 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
. Las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología, Comunicaciones y Transportes, Turismo y Pesca, en el ámbito de sus atribuciones legales, se coordinarán para fomentar la construcción y operación de infraestructura especializada en los litorales.
Ultimo párrafo. (Se deroga.)"
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología proveerá lo necesario para adecuar la zona federal marítimo terrestre a lo dispuesto por este decreto.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 19 de diciembre de 1991.»
Trámite: - Primera lectura.
LEY DE TRATADOS
El Presidente: - Igualmente, la Comisión de Relaciones Exteriores, entregó a esta Presidencia el dictamen relativo al proyecto de Ley sobre la celebración del Tratado.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
«Comisión de Relaciones Exteriores.
Honorable asamblea: El Titular del Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XXX; 89, fracción X; 76, fracción I y 133 de la propia Carta Magna, presentó al honorable Congreso de la Unión, por conducto de la honorable Cámara de Senadores, en calidad de Cámara de origen, la iniciativa de Ley de Tratados.
El proyecto de referencia fue estudiado y discutido ampliamente por la colegisladora, la cual, luego de introducir las modificaciones a que se alude más adelante se sirvió enviarlo para su discusión a la honorable Cámara de Diputados, de conformidad con lo ordenado por el artículo 72 de nuestra Ley Fundamental.
La iniciativa fue turnada a esta Comisión de Relaciones Exteriores, en los términos de lo dispuesto por los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para su estudio, discusión y formulación del presente dictamen.
Con base en el acuerdo celebrado por los coordinadores de las fracciones parlamentarias representadas en ambas cámaras, se integraron las respectivas comisiones a fin de tener conferencias entre sí e intercambiar impresiones sobre la iniciativa que nos ocupa.
También se tuvieron intercambios de opiniones entre los diputados que integran la comisión, con el objeto de disponer de mayores elementos de juicio respecto del alcance y motivación del proyecto.
Una vez realizados el estudio y las discusiones a que hubieron lugar, la Comisión de Relaciones Exteriores presenta al pleno de esta honorable asamblea, el siguiente
DICTAMEN
El mundo actual se caracteriza por un acelerado proceso de cambio que repercute en las cada vez más diversas y complejas relaciones reguladas por el derecho internacional. Esta transformación del contexto internacional actual es no sólo cuantitativa sino también cualitativa. Se distingue un orden internacional diferente al que había regido a partir de la segunda postguerra. Este orden de cosas ha implicado un mundo con mayores influencias recíprocas y una creciente globalización de las relaciones internacionales.
Ante los cambios descritos, que generan incertidumbre política y económica, y que exigen una actitud vanguardista y moderna del Estado mexicano, nuestro país fortalece su política exterior con puntual apego a los principios internacionales recogidos en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Entre éstos, el principio de la soberanía nacional; la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 reconoce en la política exterior de México un instrumento fundamental para dirimir los asuntos relacionados con la independencia y seguridad del país; y le señala como objetivos generales que orientan su acción: la preservación y fortalecimiento de la soberanía; el apoyo al desarrollo económico, político y social del país a través de una mejor inserción de México en el mundo; la protección de los derechos e intereses de los mexicanos en el exterior; la ampliación de la presencia de México en el mundo por medio de nuestra cultura: ; la promoción de un imagen positiva de México en el exterior; y el apoyo a la cooperación internacional en todos sus aspectos.
Es menester que ante los nuevos retos derivados de los profundos cambios antes aludidos, los principios históricos y constitucionales de la política exterior mexicana se fortalezcan y propicien una mayor integración de nuestro país al mundo actual, buscando beneficios concretos para el pueblo de México, a través de una política exterior activa y diversificada que se valga de instrumentos novedosos. Nuestra diplomacia necesita vías que respondan a estos desafíos.
En este sentido, la iniciativa de Ley de Tratados pretende responder a tales requerimientos, establecido un marco legal que, de manera eficaz y coordinada, permita al país, con absoluto
respeto de su soberanía, integrarse en el nuevo contexto internacional.
En lo interno, se hace indispensable una normativa general que permita mayor seguridad y coordinación en la actuación que, fuera de nuestras fronteras, realiza cualquier dependencia o entidad del gobierno mexicano en los niveles federales, estatal y municipal, con el fin de que no se vulnere la facultad exclusiva del Presidente de la República de dirigir la política exterior mexicana que le otorga el artículo 89 fracción ó de la Constitución general de la República.
La facultad del honorable Congreso de la Unión para expedir la Ley sobre la Celebración de Tratados se apoya en el artículo 73 fracción XXX, en relación con los diversos 89 fracción X, 76 fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos.
A. Distinción entre tratado y acuerdo interinstitucional
El artículo 76 fracción I de la Constitución faculta al Senado de la República para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.
Recogiendo las prácticas internacional y nacional en este sentido, la iniciativa, con las modificaciones aprobadas por la colegisladora, distingue con nitidez los tratados de los acuerdos interinstitucionales.
Para los efectos de esta ley, por tratado s entiende "el convenio regido por el Derecho Internacional Público celebrado por escrito entre el gobierno de los Estado Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdo en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos".
Congruente con los artículos 76 fracción I y 133 de la Constitución General de la República, la iniciativa modificada establece que dichos tratados deberán ser aprobados por el Senado de la República, y tendrán la categoría de Ley Suprema de la Unión.
Por el contrario, de conformidad con la iniciativa, por acuerdo interinstitucional se entiende "el convenio regido por el Derecho Internacional Público celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado".
En razón de sus diferencias sustanciales con los tratados a que se refiere el artículo 76 fracción I de la Constitución, estos acuerdos no requieren aprobación del Senado, puesto que como lo señala expresamente el artículo 2o. apartado II, párrafo segundo de la iniciativa modificada, "el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberán circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles mencionados que los suscriben".
Tales acuerdos únicamente ejercitan el ámbito competencial de las dependencias u organismos de que se trate, los cuales, no obstante convertirse en parte del orden jurídico mexicano, no son Ley Suprema de la Unión en términos del artículo 133 constitucional.
Tampoco pueden afectar derecho de particulares, ni el ámbito competencial de otras dependencias u organismo descentralizados, ni mucho menos, los del Poder Judicial o Legislativo, en cualquiera de los niveles de gobierno.
Estos acuerdos no comprometen a los Estados Unidos Mexicanos como Estado independiente en el Derecho Internacional Público. Por ello, no es necesario su publicidad a través del Diario Oficial de la Federación.
Las ideas anteriores son aplicables para las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal.
Debe tomarse en cuenta que los tratados tienen por objeto, fundamentalmente, lograr acciones bilaterales o multilaterales que puedan abarcar un gran número de eventos de diferente carácter, y que los estados como tales se comprometen a su cumplimiento; mientras que los acuerdos interinstitucionales, son instrumentos de mayor especificidad, de mutua cooperación, mediante los cuales se logran acciones conjuntas en favor de la vivienda, el amistoso acercamiento entre ciudades, la educación, la ecología, o la salud, entre otros intereses.
Los criterios básicos para precisar las definiciones tratado y acuerdo interinstitucional encuentran, además, sustento en los conceptos que recoge la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ratifica por nuestro país en 1974, y la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986, ratificada por México en 1988.
Por otra parte, el acuerdo interinstitucional, recoge las características esenciales que han sido aceptadas por la costumbre internacional y por la práctica nacional. En congruencia con el esfuerzo nacional por lograr la descentralización, la ley que se dictamina permite que estos acuerdos sean suscritos a nivel estatal e incluso municipal.
Es evidente que ni los tratados ni los acuerdos interinstitucionales podrán autorizar la celebración de tratados para la extradición de reos políticos; ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados que alteren las garantías y derechos establecidos por la norma fundamental para el hombre y el ciudadano; extremos éstos prohibidos expresamente por el artículo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por último, la colegisladora dio contenido al artículo 4o. del proyecto para el efecto de que se precise que los tratados que se sometan a su consideración en los términos del artículo 76 fracción I de la Constitución, se turnarán a comisión para ser dictaminados de conformidad con lo que se dispone en la Ley Orgánica del Congreso General y que, en su oportunidad, se comunique al Presidente de la República su resolución.
B. Definición de otros conceptos
La iniciativa contiene las definiciones de otros conceptos básicos en el Derecho Internacional de Tratados, como son los de: firma ad referendum; aprobación; ratificación; adhesión o aceptación; plenos poderes; organización internacional; y reserva, que introdujo la colegisladora.
En estos términos es que el artículo 2o. del proyecto siguiente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, recoge los conceptos enunciados.
C. Intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores
El artículo 89 fracción X de la Constitución General de la República establece la facultad del Presidente de la República para dirigir la política exterior. Es evidente que el ejercicio de esta facultad requiere coordinar y controlar la celebración de cualquier instrumento de derecho internacional.
Dentro de la distribución competencial del ámbito de la administración pública federal, le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo al artículo 28 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones, coordinando las diversas acciones de las dependencias y entidades partes en dichos acuerdos.
Congruente con lo anterior, la iniciativa de Ley de Tratados modificada, en su artículo 6o. facultad a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que coordine las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado, y para que formule una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo. Al ser esta dependencia la encargada de dirigir la política exterior, esta comisión entiende que la opinión vincula a la dependencia o entidad de la administración pública federal de que se trate, sin perjuicio de la decisión última del Presidente de la República en su carácter de titular exclusivo del Poder Ejecutivo, para celebrar o no el tratado en cuestión.
Asimismo, el Artículo 7o. de la iniciativa con las variaciones aprobadas por la colegisladora establece que, por lo que respecta a los acuerdos interinstitucionales, las dependencias y organizaciones descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal, deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. En estos casos, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe formular un dictamen acerca de la procedencia de suscribirlos.
Igualmente, esta comisión considera que dicho dictamen debe ser entendido como una autorización para celebrar el acuerdo interinstitucional de que se trate, a efecto de que su firma no incida en el ámbito competencial del Poder Ejecutivo Federal, ni afecte en forma alguna las estrategias y los objetivos de la política exterior mexicana.
Por otra parte, el proyecto de ley establece la necesidad de que exista un registro, en el cual se inscriban los tratados y acuerdos interinstitucionales que se celebren, lo que otorga
seguridad jurídica y fortalece la coordinación de los esfuerzos de los tres niveles de gobierno.
D. Facultades constitucionales de los estados para celebrar acuerdos interinstitucionales
El Artículo 117 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohibe a los estados "celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado y con las potencias extranjeras."
La interpretación histórica y jurídica del precepto en cuestión, permite concluir a esta comisión, que los acuerdos interinstitucionales no se encuentran contenidos en dicha prohibición, a saber:
La fracción I del artículo 117 de la Constitución, al igual que otros preceptos similares que existen en constituciones extranjeras, tuvo como finalidad evitar la celebración de tratados en materia política (alianzas y coaliciones) por parte de los estados miembros de la federación y potencias extranjeras; así como la de prohibir la celebración de tratados en sentido estricto, es decir, aquellos compromisos internacionales que un estado miembro de la Comunidad Internacional asume frente a otro u otros miembros de la comunidad Internacional.
Esta comisión interpreta que los acuerdos interinstitucionales no están vedados a los estados, puesto que la prohibición del artículo 117 fracción I es una excepción al principio general de distribución competencial consagrado en el artículo 124 de la Constitución, y como toda prohibición y excepción tiene que ser interpretada en sentido estricto.
De cualquier manera, para evitar que dichos acuerdos interinstitucionales excedan las facultades de los estados, se requiere, como ya se indicó, la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que puedan ser suscritos.
Desde luego, los acuerdos interinstitucionales suscritos por los estados no pueden referirse a las actividades expresamente prohibidas por el artículo 117 constitucional; ni tampoco, sin autorización del honorable Congreso de la Unión, a los rubros contenidos en el artículo 118 de la Constitución. Tampoco se podrán celebrar, en tratándose de asuntos de competencia federal, aún cuando no se encuentran referidos en prohibición expresa.
E. mecanismos internacionales para la solución de controversias
De acuerdo a la práctica internacional, y a efecto de otorgar igualdad a los mexicanos en los conflictos que puedan surgir de los instrumentos internacionales firmados para dependencias y entidades mexicanas en los tres niveles de gobierno, la iniciativa establece mecanismos internacionales de solución de controversias.
Esta comisión interpreta, y en este sentido debe ser interpretada la iniciativa, que tales mecanismos internacionales de solución de controversias son optativos para nuestros nacionales. Es decir, éstos podrán acudir a dichos mecanismos internacionales o accionar directamente ante los tribunales nacionales competentes. Con esto, la competencia de los poderes judiciales de la Federación y de los estados permanece intacta y se respetan las garantías individuales de los gobernados mexicanos.
La iniciativa que se dictamina tiene cuidado en establecer en su artículo 8o., que los mecanismos de solución de controversias deben otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional; deberán asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de su defensa; así como garantizar que la composición de los órganos de decisión asegure su imparcialidad.
Debe destacarse, que el principio conocido como "Cláusula Calvo", no se altera con la presente ley, en la inteligencia de que, al someterse a un mecanismo internacional de solución de controversias, en modo alguno podría pensarse que se está invocando la protección de un gobierno extranjero.
Respecto a las sentencias, laudos arbitrales o resoluciones, cualquiera que sea su denominación, dictadas por un mecanismo internacional, serán reconocidas en términos del artículo 569 del Código Federal de Procedimientos Civiles; de esta manera la Federación o personas físicas o morales mexicanas que lleguen a ser parte en controversias que pudieran estar sujetas a mecanismos internacionales de solución, contarán con un marco jurídico que recoge los principios básicos que nuestra Constitución traduce en garantías.
Debe destacarse que de conformidad con el artículo 9o. de la iniciativa modificada por la colegisladora, el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no reconocerá cualquier resolución de los órganos de decisión de los mecanismos internacionales para la solución de las controversias a que se refiere el artículo 8o., cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés de la nación.
Esta comisión entiende que la conceptualización de los términos anteriores para un caso concreto son una facultad discrecional del titular del Poder Ejecutivo, lo que constituye la mayor salvaguarda de nuestra soberanía respecto de los órganos de resolución de controversias establecidos en el proyecto que se dictamina.
La comisión entiende que este artículo es una garantía frente a decisiones de instancias internacionales que amenacen la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés esencial de la nación.
El artículo debe entenderse desde un punto de vista del derecho interno como una norma jurídica cuya función es evitar que se ponga en riesgo la soberanía de México al aplicarse cualquier mecanismo internacional de solución de controversias. Desde el punto de vista del derecho internacional, la fórmula consagrada en este artículo se incluye en gran cantidad de tratados, incluso en algunos de los que México es parte.
Hasta esta fecha, México ha suscrito múltiples tratados internacionales. Tales tratados, aprobados por el Senado de la República y conformes con la Constitución, obligan a nuestro país en el exterior y en lo interno constituyen ley Suprema de la Unión, en los términos del artículo 133, de la Constitución. En tal virtud, esta comisión interpreta que el proyecto modificado no abroga ni deroga en forma alguna los tratados suscritos por México con anterioridad y que forman parte del orden jurídico mexicano.
F. Adecuaciones y aprobación del senado de la República
La colegisladora, una vez analizada y estudiada la iniciativa, realizó una serie de adecuaciones. Gran parte de las motivaciones en cuestión han sido referidas en el texto del presente dictamen, pero en mérito de una mayor claridad, se detallan a continuación.
Por lo que respecta al artículo primero, se le adiciona: Los tratados sólo podrán ser celebrados entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público. Los acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia y organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.
Al artículo segundo se le incorpora: por lo que se refiere a la fracción I, la aseveración de que, al suscribirse un tratado, los Estados Unidos Mexicanos asumen un compromiso. Se menciona también que los tratados deberán ser aprobados por el Senado.
A la fracción II, se le incorpora un párrafo que determina que el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles mencionados que los suscriben.
Se le incorpora una fracción VII en la que se define reserva, como declaración que se formula al firmar, ratificar, aceptar o adherirse a un tratado, excluyendo o modificando los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado.
Se incorpora un nuevo artículo 4o. a la iniciativa originalmente presentada, en la que se recorren los artículos subsiguientes; y se elimina, como artículo, el 11 original, cuyo contenido se incorpora como segundo párrafo al artículo 4o. Este artículo reafirma que los tratados se someterán a la aprobación del Senado y se señala el procedimiento. Se determina además, que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Al artículo 8o., que en versión original era el 7o., se cambia la redacción de la fracción III, dándole mayor claridad a que la composición de los órganos de decisión será imparcial.
El artículo 9o., 8o. de la iniciativa original, también se clarifica, dándole contundencia al reconocimiento potestativo del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a cualquier resolución de los órganos de decisión de los mecanismos internacionales.
El artículo 11 del documento enviado por el Ejecutivo, como se menciona anteriormente, se incorpora como segundo párrafo del artículo 4o.
Por último, la colegisladora consideró, con el objeto de propiciar que en su denominación se refleje mayormente su propósito y contenido, modificar su título por el de "ley sobre la celebración de tratados".
CONCLUSIÓN
Intensificar la actividad internacional de nuestro país, participar dinámicamente en un mundo sujeto a un proceso histórico de cambio para contribuir a hacer de él un ámbito en el que
priven la justicia, la cooperación y la paz como condiciones indispensables del desarrollo de la humanidad, hacen necesarios el cumplimiento integral de las disposiciones constitucionales en la materia, así como un marco jurídico sólido, moderno y preciso que permita a la administración pública la concertación en el plano internacional, a la vez que se asegure el pleno cumplimiento de los objetivos esenciales que orientan la política exterior de México.
Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la Comisión de Relaciones Exteriores se permite someter a la consideración de este honorable pleno, el siguiente
PROYECTO DE LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS
Artículo 1o. la presente ley tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados sólo podrán ser celebrados entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público. Los acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia u organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.
Artículo 2o. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
I. "Tratado": El convenio regido por el Derecho Internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiere o no la celebración de acuerdos en materias específicas cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.
De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución.
II. Acuerdo interinstitucional": el convenio regido por el derecho Internacional Público celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que se derive o no de un tratado previamente aprobado.
El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.
III. Firma ad referendum: el acto mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar que su conocimiento en obligarse por un tratado requiere, para ser considerado como definitivo, de su posterior ratificación.
IV. "Aprobación". el acto por el cual el Senado aprueba los tratados que celebra el Presidente de la República.
V. "Ratificación", "adhesión" o "aceptación": el acto por el cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado.
VI. "Plenos poderes": el documento mediante el cual se designa a una o varias personas para representar a los Estados Unidos Mexicanos en cualquier acto relativo a la celebración de tratados.
VII. "Reserva": la declaración formulada al firmar, ratificar, aceptar o adherirse a un tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación de los Estados Unidos Mexicanos.
VIII. "Organización internacional": persona jurídica creada de conformidad con el derecho internacional público.
Artículo 3o. Corresponde al Presidente de la República otorgar plenos poderes.
Artículo 4o. Los tratados que se sometan al Senado para los efectos de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la ley Orgánica del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad la resolución del senado se comunicará al Presidente de la República.
Los tratados para ser obligatorios en el territorio nacional deberán haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 5o. la voluntad de los Estados Unidos Mexicanos para obligarse por un tratado se manifestará a través de intercambio de notas diplomáticas, canje o depósito del instrumento de ratificación, adhesión o aceptación, mediante las cuales se notifique la aprobación por el Senado del tratado en cuestión.
Artículo 6o. La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el registro correspondiente.
Artículo 7o. Las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal deberán mantener informada a la secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el registro respectivo.
Artículo 8o. Cualquier tratado o acuerdo interinstitucional que contenga mecanismos interinstitucionales para la solución de controversias legales en que sean parte, por un lado la Federación, o personas físicas o morales mexicanas y, por el otro, gobiernos, personas físicas o morales extranjeras u organizaciones interinstitucionales, deberá:
I. Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional;
II. Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas; y
III. Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su imparcialidad.
Artículo 9o. El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no reconocerá cualquier resolución de los órganos de decisión de los mecanismos internacionales para la solución de controversias a que se refiere el artículo 8o. cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés esencial de la nación.
Artículo 10. De conformidad con los tratados aplicables, el Presidente de la República nombrará en los casos en que la federación sea parte de los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales a los que se refiere el artículo 8o., a quienes participen como árbitros, comisionados o expertos en los órganos de decisión de dichos mecanismos.
Artículo 11. las sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales derivados de la aplicación de los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales a que se refiere el artículo 8o., tendrán eficacia y serán reconocidos en la República, y podrán utilizarse como prueba en los casos de nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica, de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados aplicables.
TRANSITORIO
Único. la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México Distrito Federal, a 19 de diciembre de 1991."
Trámite: - Primera lectura.
CÓDIGO PENAL
El presidente:- De igual manera, la Comisión de justicia entregó a esta presidencia el dictamen relativo al proyecto de decreto que forma el Código Penal para el Distrito federal, en Materia de Fuero Común y para la República en Materia de Fuero Federal.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
"Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, le fue turnado para su estudio, el diverso dictamen emitido por la honorable Cámara de Senadores, respecto de la iniciativa de ley para reformar los artículos 234, 235, 236, 237, 238 y 240 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del fuero Federal, que con fundamento en la fracción I del artículo 73 constitucional, remitió al Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo.
Del análisis de la iniciativa en cuestión y con fundamento en los artículos 56 y 64 de la ley Orgánica del Congreso Federal y los numerales 87 y 88 del Reglamento para el gobierno Interior del congreso federal de los Estados Unidos mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
DICTAMEN
I. Fundamento constitucional
El artículo 5o., Señala que toda persona podrá dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que quiera, siempre y cuando éste sea licito.
En el artículo 6o., se regula la manifestación de las ideas, las que no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso de ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
El artículo 17, manifiesta que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales correspondientes, que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
El artículo 18, señala que sólo por delito que merezca pena corporal , habrá lugar a prisión preventiva.
En el artículo 71, se le concede el derecho al Presidente de la República de iniciar las leyes.
El artículo 73, fracción XVIII, señala que el congreso tiene facultad para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adaptar un sistema general de pesas y medidas.
La fracción XXI del mismo ordenamiento, le concede al Congreso la Facultad para definir los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse.
La fracción XXIX - B del artículo 73, señala que el congreso tiene la facultad para legislar sobre las características y uso de la bandera, Escudo e Himno nacionales.
El artículo 94 regula la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales de circuito y juzgados de distrito, quienes se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que la propia Constitución establece.
Por último el artículo 104, en su fracción I, señala que los tribunales de la Federación conocerán de todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales y en la fracción III, de aquellos en que la Federación fuera parte.
II. Trabajos preparatorios del dictamen
En la forma y Términos del artículo 97 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, funcionarios relacionados con la materia que nos ocupa, participaron en varias reuniones de análisis, aportando conceptos que permitieron a la comisión conocer elementos informativos para la elaboración del presente dictamen.
III. Disposiciones generales
De la lectura de la iniciativa presidencial, se deduce que el Estado moderno es el que garantiza la seguridad de la nación y la de sus ciudadanos.
Para el sano desarrollo de las relaciones jurídicas, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, destaca la necesidad de adaptar la normatividad a las necesidades y requerimientos actuales, robusteciendo las medidas tendientes al fortalecimiento del sistema económico y de las finanzas públicas.
Para lograr esto, es necesario proteger la circulación monetaria, contando con mejores instrumentos para combatir los delitos de falsificación, alteración y destrucción de moneda, que producen un serio impacto en la economía, por lo sofisticado y reiterado en los casos que se presenta.
La presente iniciativa tiene por objeto el actualizar las disposiciones previstas en esta
materia por el Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal.
La reforma que se propone, uniformaría el régimen correspondiente a la falsificación y alteración de signos monetarios, ya que en la actualidad se encuentra regulado por capítulos separados.
También, proveería de mayor seguridad a la circulación de los billetes de banco y moneda metálica, garantizando que sólo se utilicen para los fines propios de su naturaleza y funciones económicas.
La presente iniciativa, restaurará los capítulos I y II del título Decimotercero del libro Segundo del Código Penal, para ubicar en un mismo capítulo a los delitos de falsificación y alteración de moneda, ya sean billetes o metálicas.
Asimismo se busca describir objetivamente las diversas conductas concernientes a la falsificación y alteración de moneda y recoger en los tipos penales, las conductas nuevas, en su mayoría sofisticadas, que realizan los falsificadores para cometer este género de ilícitos.
Con la redefinición de los delitos, se pretende alcanzar una mayor seguridad jurídica, ya que al aumentar las penas aplicables a la falsificación y alteración de moneda metálica, se igualarán a las previstas actualmente para la falsificación de billetes.
Se propone tipificar como ilícito, a la acción parcial o total de destruir la moneda acuñada, para inhibir las conductas tendientes a cometer el delito, salvaguardando los intereses del público en cuanto a la adecuada permanencia en circulación de los signos monetarios.
También, se propone penalizar las conductas de producción, almacenaje o distribución de piezas de papel, con tamaño similar o igual al de los billetes de curso legal, cuando dichas piezas presenten imágenes o elementos que originen confusión en el público, en cuanto a la autenticidad y valor de las mismas.
Con la misma penalidad se castigaría a la persona que marque la moneda con leyendas, sellos o cualquier otra forma, para divulgar mensajes dirigidos al público.
Hay que tener presente que la ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, no otorga el curso legal a las monedas que estén marcadas, presentando vestigios de usos no monetarios, quedando en consecuencia privadas del poder libratorio que la ley les confiere, efecto que origina quebrantos económicos en quienes reciben esas piezas considerándolas monedas de curso legal.
La reforma propuesta, propone que la alteración de billetes, consistente en la unión de dos o más fracciones procedentes de diferentes piezas, se constituirá como delito.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión se permite presentar a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DEL FUERO FEDERAL
Artículo primero. Se reforma la denominación e integración de los capítulos I y II del título Decimotercero del libro Segundo del Código Penal para el Distrito federal en materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, para quedar integrado el Capítulo I por los artículos del 234 al 238 y con la denominación de "falsificación, alteración y destrucción de moneda", y el Capítulo II por los artículos 239 y 240, bajo la denominación de "falsificación de títulos al portador y documentos de crédito público".
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 234, 235, 236, 237, 238 y 240 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 234. Al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa.
Se entiende por moneda para los efectos de este capítulo, los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeras, que conforme a la ley vigente tengan curso legal en el país del emisor.
Comete el delito de falsificación de moneda, el que produzca, distribuya o introduzca el territorio nacional cualquier documento o piezas que contenga imágenes otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, y por ser
confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito, en grado de tentativa, se le impondrá la misma pena que si lo hubiera consumado.
Igual pena se impondrá al que, a sabiendas, hiciere uso de moneda falsa"
"Artículo 235. se impondrá de tres a cinco años de prisión y hasta quinientos días multa:
I. Al que, con cualquier fin, produzca, almacene o distribuya piezas de papel con tamaño similar o igual al de los billetes, cuando dichas piezas presenten alguna o algunas de las imágenes o cualquier otro elemento de los contenidos en los billetes, aunque contengan otras características que los distingan de los billetes;
II. Al que marque la moneda con la leyenda, sellos o en cualquier otra forma, para, para divulgar mensajes dirigidos al público;
III. AL que permita el uso o realice la enajenación, por cualquier medio o título, de máquinas, instrumentos o útiles que únicamente puedan servir para la fabricación de moneda, a personas no autorizadas legalmente para ello
" "Artículo 236. Se impondrá prisión de cinco a doce años y hasta quinientos días multa, al que altere moneda. Igual sanción se impondrá al que a sabiendas circule moneda alterada.
Para los efectos de este artículo se entiende que altera un billete, aquel que forme piezas mediante la unión de dos o más fracciones procedentes de diferentes billetes y que, altera una moneda metálica aquel que disminuye el valor de las piezas de oro, plata, platino o paladio, mediante limaduras recortes, disolución en ácidos o empleando cualquier otro medio."
"Artículo 237. Se impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa, al empleado de quien fabrique cospeles o acuñe moneda, legalmente, que por cualquier medio, haga que las monedas de oro, plata, platino o paladio contengan metal diverso al señalado por la ley o tenga menor peso que el legal o una ley inferior"
"Artículo 238. Se le impondrá de tres a siete años de prisión y hasta quinientos días multa, al que aproveche el contenido metálico destruyendo las monedas en circulación, mediante su condición o cualquier otro procedimiento.
Lo dispuesto en este artículo, no es aplicable al banco de México, ni a las personas que éste autorice."
"Artículo 240. Al que introduzca en la República o pusiese en circulación en ella los documentos falsos de que habla el artículo anterior, se le aplicará la sanción ahí señalada."
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Deberán continuar aplicándose las disposiciones reformadas o modificadas por el presente decreto, por los hechos ejecutados durante la vigencia, a menos que los acusados manifiesten su voluntad de acogerse a las disposiciones que estimen más favorables, entre las vigentes a partir de la fecha señalada en el artículo anterior o bien aquellas que regían en la época de perpetración del delito.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 19 de diciembre de 1991.- Diputados: Fernando Gómez Mont Urueta, Presidente; secretarios; Juan José Castillo Mota y Jaime Muñoz Domínguez."
Trámite: - Primera lectura.
ARTICULO 254 DEL CÓDIGO PENAL
El presidente:- Asimismo, La comisión de justicia entregó a esta Presidencia el dictamen relativo al proyecto de decreto que adiciona un artículo, el 254 - bis, al Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen.
"Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la Comisión de Justicia de esta honorable Cámara de Diputados le fue
turnado para estudio y dictamen, el proyecto de decreto que adiciona el artículo 254 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia Del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, que fue remitido por el Senado de la República, en cumplimiento a lo señalado por el artículo 72, inciso a, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 56 y 64 de la ley Orgánica del congreso General y 87 y 88 del reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
DICTAMEN
I. Fundamento constitucional
El artículo 5o., establece que toda persona puede dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que desee, siempre y cuando éste sea lícito.
El artículo 27, señala que corresponde a la nación, el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; también, que son de su propiedad, las aguas de los mares territoriales y que su uso y aprovechamiento por parte de particulares o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal.
El artículo 73, fracción XXI, establece como facultad del Congreso de la Unión, el definir los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse.
También, la fracción XXIX - D determina la expedición de leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social y la fracción XXIX - E la de expedir leyes referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes de consumo.
Así mismo, las fracciones XXIX - F y XXIX - G del artículo 73, manifiestan la facultad del Congreso para expedir leyes referentes a la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional y las correspondientes en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
II. Consideraciones generales
El uso de nuestros litorales y sus recursos marinos, es necesario para el desarrollo integral que buscamos. Por ello, su explotación debe hacerse racional y cuidadosamente, para que mediante el manejo correcto, llegar al óptimo aprovechamiento constituyendo así al cumplimiento de los objetivos nacionales.
Para el Plan Nacional de Desarrollo, la modernización de la pesca es una exigencia prioritaria para contribuir al mejoramiento de la población.
Dentro de las estrategias previstas para el propio plan, están la de conformar un sistema de inspección y vigilancia para garantizar la protección de la flora y fauna silvestre y acuáticas, así como de las áreas naturales.
En la actualidad, la protección ecológica ha tomado dimensión internacional, y en ella la de los recursos pesqueros. México, se manifiesta por una decidida acción en la lucha por la preservación del medio natural, para mantener y mejorar la calidad de la vida humana y amplía con hechos la conciencia ecológica, a través de las medidas ya dictadas para la protección de las especies.
Se sostiene diariamente un combate serio contra la contaminación. Se han establecido vedas temporales y permanentes y zonas de reserva y santuarios para especies como la mariposa monarca y áreas de refugio para mamíferos y tortugas marinas.
Es primordial y necesario el desarrollar nuestros recursos naturales, asegurando siempre el mantenimiento de los equilibrios impuestos por la naturaleza.
Insistimos que no se contrapone la recuperación económica con la protección del medio ambiente. Hay métodos y Tecnologías que con organización y sin dañar el entorno, posibilitará la creación de más empleos, tan necesarios para los mexicanos.
Sin imponerle al desarrollo el costo de una menor calidad de vida o de un futuro incierto para nuestros hijos, la lucha de México por un mejor ambiente, es vital y la entendemos no sólo como la decisión prioritaria frente al reclamo social, sino como una responsabilidad política.
La pesca significa alimento y empleo para los mexicanos. Por ello, se debe fortalecerla, sin
dañar las especies, en especial a la tortuga y a los mamíferos marinos.
Para reforzar e implementar los cuidados de las especies marinas que puedan dañarse durante la actividad pesquera, se requiere del Compromiso de toda la Sociedad, y particularmente, de los pescadores, científicos y aquellas instituciones comprometidas con la conservación del medio ambiente.
En el presente año se instrumento el programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y Protección del Delfín, también denominado "Código de Ensenada", que incluye dentro de sus fines, el proponer el Congreso de la Unión, las medidas que permitan sancionar penalmente a quienes realicen actos ilícitos que atenten contra la ecología marina y la protección de las especies.
También es prioritario el proteger a aquellas especies que se encuentran en veda temporal o permanente, ya que con ello se logrará la reproducción y en consecuencia la conservación de las especies pesqueras, que constituyen una riqueza pública que el Estado protege en beneficio de la población.
La presente iniciativa, que se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, de ser aprobada, adicionará un artículo bis al artículo 254 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, para sancionar a quienes de manera intencional capturen, dañen gravemente o priven de la vida a mamíferos o quelonios marinos, en contra de las disposiciones legales.
Así mismo, se propone sancionar la recolección o comercialización de sus productos, con la finalidad de combatir el tráfico y consumo de huevos de tortuga y la captura de especies pesqueras declaradas en veda.
No escapa a esta comisión, que la pena prevista por la norma sea exclusivamente corporal en su enunciado, toda vez que por diversas reformas al Código Penal aprobada por esta legislatura, se faculta al juzgador a que si lo amerita, llegando el momento de dictar sentencia, se pueda sustituir por otra de tipo no corporal.
La pena que se propone establecer, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, es la de privar de la libertad al infractor por un mínimo de seis meses y hasta por tres años, con lo que se buscará abatir las conductas atentatorias contra los ecosistemas acuáticos y contrarias al interés general.
Dicho artículo se incluirá en el capítulo relativo a los delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, ya que las especies que se pretenden proteger, con recursos biológicos importantes de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, la comisión dictaminadora que suscribe, se permite solicitar de ustedes, la aprobación del siguiente
DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 254 - BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DEL FUERO FEDERAL
Artículo único. Se adiciona un artículo 254 - bis al Capítulo I, del Título Decimocuarto, del libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 254 - bis. Quienes de manera internacional capturen, dañen gravemente o priven de la vida a mamíferos o quelonios marinos, o recolecten o comercialicen de cualquier forma sus productos sin autorización, en su caso, de la autoridad competente, se les impondrá pena de seis meses a tres años de prisión.
Se impondrá la misma pena señalada en el párrafo anterior, a quienes capturen intencionalmente especies acuáticas declaradas en veda, sin autorización, en su caso, de la autoridad competente.
Lo anterior se aplicará sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes."
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 19 de diciembre de 1991.- Diputados: Fernando Gómez Mont Urueta, Presidente; secretarios: Juan José Castillo Mota y Jaime Muñoz Domínguez."
Trámite: - Primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN (II)
* PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente:- El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
RECESO
El Presidente (a las 5.04 horas):- Esta Presidencia decreta un receso y cita para el día de hoy a las 12.00 del día. Se levanta la sesión.
PUNTO DE ACUERDO
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
El Presidente (a las 13.50 horas):- Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si autoriza se continué esta sesión con el mismo quórum que ha sostenido durante la sesión que concluyó.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se autoriza se continué esta sesión con el mismo quórum que se ha sostenido durante la discusión que concluyó.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se autoriza, señor Presidente.
El presidente:- Se reanuda la sesión y se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Encinas.
* Este dictamen fue publicado en el Diario No. 22 del día 17 de diciembre de 1991.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He solicitado el uso de la palabra para presentar un punto de acuerdo en relación a la ley reglamentaria que habrá de regir el artículo 27 constitucional.
Como ustedes recordarán, durante el debate de la reforma constitucional, tanto en las sesiones de comisiones unidas, como en las conferencias que sostuvimos con el senado de la República y la discusión del pleno, reiteradamente se asumieron compromisos para recoger diversas propuestas de los partidos de oposición en la ley reglamentaria del 27 constitucional.
Hemos hecho diversas discusiones al interior de las comisiones y consideramos que estamos en condiciones para que esta Legislatura forme un grupo pluripartidista a través de las comisiones unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria, para que formulen, dentro del Poder Legislativo, la iniciativa de ley reglamentaria al artículo 27 constitucional
. Nosotros creemos que no solamente hay las condiciones, sino incluso ya hay planteamientos concretos de los partidos que permiten avanzar en la formulación de esta ley.
El partido de la revolución Democrática ha insistido fundamentalmente en tres ejes que deberá contener la ley reglamentaria:
En primer lugar, debería de avanzar en un proceso de desregulación jurídica que permitiera integrar en un solo ordenamiento el conjunto de leyes, reglamentos, tratados, que actualmente representan más de 100 ordenamientos y que rigen la vida rural del país.
También hemos considerado como un segundo eje de la nueva ley reglamentaria la necesidad de avanzar en una reforma institucional que desburocratice a las instituciones del campo y permita avanzar en la conformación de un mando único; lo que pudiera ser una nueva Secretaría de Desarrollo Rural, que pudiera integrarse a través de un sistema, producto y rama de producción y que permitiera terminar una gran cantidad de instituciones como la que representa Reforma Agraria, Agricultura, pesca, la propia Secretaría de Hacienda, en lo que corresponde al Banco Nacional de Crédito Rural, la Secretaría de Comercio en lo que se refiere a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares; la Secretaría de Patrimonio en lo que se refiere a diversas instituciones productoras de insumos
básicos para la producción y permitirá avanzar hacia un no solamente mando único, sino a una ventanilla única para la gestión, organización y tratamiento de todos los problemas desarrollados por el sector rural.
Y un tercer eje que permitiera avanzar hacia una descentralización efectiva de las funciones que actualmente están en el gobierno federal, hacia los estados y municipios, pero particularmente hacia las organizaciones de productores, para hacer efectiva la autonomía que se plantea deben tener las organizaciones de productores, los ejidos y las comunidades, de acuerdo a la reforma al 27 constitucional.
Sobre estas consideraciones, nosotros creemos que lejos de recibir una iniciativa del Poder Ejecutivo o de una sola de las fracciones parlamentarias representadas en esta legislatura, es conveniente, a fin de buscar consensos de acuerdo entre los distintos partidos que se integre una comisión pluripartidista que elabore durante el período de receso y particularmente en el mes de enero, la nueva ley reglamentaria del artículo 27 constitucional.
Sobre estas consideraciones y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
Único, que las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos integren un grupo de trabajo pluripartidista que se aboque a la elaboración del proyecto de ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, para ser presentado en el mes de enero de 1992."
Firmamos por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la diputada Liliana Flores Benavides y un servidor Alejandro Encinas Rodríguez."
Dejo a la Secretaría la propuesta, esperando la consideración de ustedes. Muchas gracias, compañeros. (aplausos.)
El Presidente:- Recíbase y túrnese a las comisiones unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria.
ESTADO DE SONORA
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, para presentar un punto de acuerdo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:- Un grupo de trabajadores académicos, perteneciente al Sindicato de la Universidad de Sonora y también un grupo de estudiantes de aquella comunidad universitaria, nos hicieron llegar a varios diputados del Partido de la Revolución Democrática, una serie de consideraciones acerca de la situación que vive la Universidad Autónoma del Estado de Sonora, que ahora planteamos aquí para presentar un punto de acuerdo. Dice así:
"Cámara de diputados de la LV legislatura del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
El pasado 26 de noviembre de 1991 fue publicada la nueva ley Orgánica de la Universidad de Sonora, en el boletín oficial del gobierno del estado. La ley orgánica de la misma universidad, publicada en el boletín oficial del 25 de agosto de 1973, conocida como ley 103, establece como autoridades de la universidad las siguientes:
I. El consejo universitario;
II. El rector;
III. La Comisión de Asuntos Hacendarios;
IV. Los consejos directivos de las facultades, escuela o unidades;
V. Los coordinadores ejecutivos de los consejos.
La nueva ley orgánica, conocida como ley número cuatro, establece en un artículo número 13, que serán órganos de gobierno de la universidad los siguientes:
I. La junta universitaria;
II. El colegio académico;
III. El rector;
IV. Los consejos académicos;
V. Los vicerectores;
VI. Los consejos divisionales;
VII. Los directores de decisión;
VIII. Los jefes de departamento."
Como resulta claro de lo anterior, se establece una estructura nueva, más compleja, pero también, desde nuestro punto de vista, menos democrática que la que establecía la anterior ley orgánica.
Señalaré de manera breve algunos de los asuntos más polémicos de la nueva legislación universitaria. En primer lugar, el Capítulo III, que establece como órgano superior de la universidad a la junta universitaria, las condiciones que se requieren para ser miembro de la misma y las atribuciones de este órgano.
Dice la nueva ley orgánica, que la junta universitaria estará integrada por 14 miembros, cinco de los cuales serán miembros del personal académico de la institución. Es posible, desde luego, que en el reglamento la anterior ley orgánica jamás fue reglamentada; de la nueva ley orgánica se precisen los términos y las características que deberán tener los otros nueve miembros de la junta universitaria, sin embargo, la ley no lo prevé de manera clara; lo que permite pensar en la discrecionalidad como criterio central para su designación.
El artículo 16 de la misma ley, en su párrafo séptimo, señala que para ser miembros de la junta Universitaria es condición no ser dirigente de Partido político, ni haberlo sido en los últimos tres años, lo cual constituye una violación a los derechos políticos de los ciudadanos y más aún, una violación a los derechos humanos, dado que ésta es una forma de discriminación que en los albores del siglo XXI sólo podría ocurrírsele al gobernador con mentalidad de virrey del estado de Sonora.
Por otro lado, la llamada Junta Universitaria tiene entre sus facultades la de reproducirse; esto es, la junta propone una terna al Consejo Universitario, para que éste escoja a quien reemplace las vacantes en la misma junta; es verdaderamente asombroso, pero no es lo único.
Por otro lado, en las atribuciones del Colegio Académico, en el artículo 21, párrafo octavo, se dice:" Elegir de la terna propuesta por la junta Universitaria , si transcurridos 30 días naturales desde que se envió la terna al Colegio Académico no elige, la junta designará directamente...", pero ya no habla de ternas, cuartetos o lo que sea.
En el capítulo V, encontramos lo puede constituir una de las violaciones más graves al estado de derecho, a la legalidad y a la Constitución. El rector, sí, el rector, tiene como facultad nombrar al personal académico y administrativo de la universidad, lo cual es una gravísima violación a la legalidad que se ha venido construyendo por consenso entre los trabajadores y las autoridades universitarias en la mayoría de instituciones de educación superior de este país.
Para seguir con la revisión de los mecanismos institucionales de control, pasemos al artículo 25, fracción II, del capítulo V, que señala las atribuciones del rector:
Convocar al Colegio Académico por sí o a petición de más de una tercera parte de la totalidad de los miembros propietarios de éste.
Esa tercera parte como se conforman de acuerdo con el Colegio Académico, en total, de acuerdo con la nueva legislación, lo conformarán 36 personas, 27 de las cuales son designadas por el rector y los nueve consejeros alumnos deben tener un promedio superior a 80 en una escala de cero a 100 y superior al promedio alcanzado en el plan de estudios en el que está inscrito lo cual significa que sólo podrán ser consejeros estudiantiles los alumnos de élite o quizá los consentidos de una parte del personal académico nombrado por el rector.
Para no abusar de su tiempo, sólo agregaré algunos párrafos más de la nueva ley orgánica:
Capítulo III artículo 52. El personal académico será nombrado por el rector Los alumnos tendrán las siguientes obligaciones:
Artículo 51, Fracción II. Cubrir cuotas por concepto de inscripción, colegiaturas y además servicios que reciban. Lo que sin lugar a dudas es violatorio de la Constitución General de la República, tanto por quien determina como por el monto de las cuotas que se está estableciendo.
Establece esta ley en su capítulo de responsabilidades lo siguiente:
Son faltas graves de responsabilidad para los alumnos, la realización de actos que promuevan la suspensión de actividades académicas o administrativas de la Universidad, lo cual simple y sencillamente significa que se expulsará de la Universidad a todos los que promuevan, si así se requiere, huelga o pagos o cierres temporales de instalaciones, universitarias, que nosotros consideramos, en ciertos momentos críticos de las instituciones de educación superior, han sido legítimos para abrir brecha en cuanto se pierde la capacidad de consulta o de interlocución entre los sectores de la comunidad universitaria.
Otro asunto más a destacar es el siguiente: La junta nombrará al rector, resolverá sobre su renuncia y lo podrá remover por causa justificada. Esto es regresar a la época de la Real Academia Pontificia, es negar la evolución de la sociedad en la búsqueda de mecanismos más participativos y no excluyentes, menos autoritarios.
Finalmente concluiré con dos ejemplos más: uno, la integración de la primera Junta Universitaria se hará, por esta única vez, por un nombramiento del Congreso del Estado. Dos, el actual rector continuará en el desempeño de su cargo, hasta la conclusión del período para el que fue nombrado.
Este es otro de los elementos de antidemocracia que hay en la situación actual de la Universidad; hay violación del estado de derecho. El rector distituido por el anterior Consejo Universitario, será el rector de la modernización que ahora se plantea, una modernización autoritaria. La primera junta de gobierno será la que decida el señor gobernador.
Es interesante revisar los intrincados laberintos por los que tuvieron que meterse las mentalidades antidemocráticas para garantizar el control absoluto sobre la institución universitaria de parte del gobierno.
La nueva ley orgánica crea el nuevo modelo de institución pública de educación superior que se quiere implantar en muchas partes del país, pero un pequeño detalle, esto viola el precepto constitucional relativo a la autonomía universitaria y genera conflicto social entre los sectores de la comunidad universitaria como respecto al conjunto de la población. Significa también la privatización o una tendencia a la privatización de la institución, porque además de implantar cuotas como se señaló anteriormente, elimina su máximo órgano de autogobierno, el Consejo Universitario y lo suple por una justa directiva dominado por agentes externos.
Crea además un Consejo Jurídico que se convertirá en un tribunal inquisitorial que interpretará y aplicará las leyes y sancionará todos aquellos actos que a su juicio lesiones el proceso académico.
Es comprensible que la antigua comunidad universitaria se encuentre bastante preocupada y en estado de movilización desde hace ya bastantes días.
Nosotros creemos que es conveniente apoyar al movimiento universitario de la Universidad de Sonora, porque además de que se viola lo establecido en el artículo 3o. constitucional en su párrafo primero, en el inciso a, de la fracción I, viola la fracción VII y la fracción VIII del mismo ordenamiento constitucional. Dicha Ley Orgánica atenta contra el principio de seguridad jurídica y por tanto contra el estado de derecho, al permitir y tolerar la absoluta discrecionalidad facciosa para el manejo de la institución pública.
Con base en lo anterior y en la búsqueda de una información suficiente para que sea manejada por los miembros de esta Cámara, proponemos varios diputados el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Que la Comisión de Educación de esta honorable Cámara de Diputados, en respeto a la soberanía del estado de Sonora y a la autonomía de la Universidad de ese mismo estado, solicite la información que voluntariamente se sirvan allegarle y haga valer sus buenos oficios, en beneficio de una solución al problema planteado.
Lo firmamos el diputado Jesús Martín del Campo, servidor; el diputado Jorge Calderón Salazar y el diputado Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.»
El Presidente: - Recíbase y túrnese a la Comisión de Educación.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Rivera del Campo, del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia.
El diputado Manuel Rivera del Campo: - Señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Hace unos días en el estado de San Luis Potosí se desarrollaron elecciones para renovar los ayuntamientos; si bien éstas con altibajos y con luces y sombra se desarrollaron, puedo decir, generalmente sin incidentes graves. Las elecciones para renovar los 56 ayuntamientos del estado fueron así, más o menos pacificas, tranquilas y sobre todo sin incidentes que denunciar.
Sin embargo, quiero denunciar el hecho de dos municipios, concretamente de la Huasteca Potosina, donde con actas el mismo día de las elecciones, teníamos la certeza del triunfo electoral, me refiero a los municipios de Aquismón y de San Martín Chalchicuautla.
Ahí, en Aquismón, San Luis Potosí, tenemos una ventaja en actas de 729 votos sobre el Partido Revolucionario Institucional y en San Martín Chalchicuautla con 261 votos arriba. Todos tenemos la certeza de haber ganado; sin embargo, al siguiente domingo, día del cómputo, en una acción incomprensible de chicanería, fueron anuladas casillas sin mediar ningún recurso válido, sin probar nada, fueron arrebatados los triunfos porque anularon tres casillas en San Martín y cinco casillas en Aquismón.
Además, al día siguiente, como lo marca la ley, presentamos el recurso de queja y el recurso de revocación, ambos distintos, uno dirigido al Tribunal Contencioso Electoral y en el caso de Aquismón, del cual soy testigo, estuvimos tratando de interponer el recurso y, sin embargo, siempre estaban cerradas las oficinas del Comité Electoral.
Se habló a la ciudad de San Luis Potosí donde radica el Consejo Estatal Electoral y supletoriamente hubo de presentarse el recurso.
Esta omisión grave del Comité Electoral nos ponía en estado de indefensión y en el caso de Martín Chalchicuautla, por fin, después de muchas horas de estar tratando nos fue recibido el recurso de queja, firmando tan sólo el secretario. Sin embargo, el recurso de San Martín Chachicuautla jamás llego al tribunal contencioso, éste es el segundo atraso para la ciudadanía de San Martín en este proceso electoral.
Me hablaron a mí en esos días de que querían tomar los palacios municipales. Se les aconsejó y así fue, se corroboró, que se hicieron plantones frente a los palacios municipales de esas dos cabeceras. Sin embargo, la noche histórica, en que aquí se debatió el cambio al artículo 130, para hacerlo más asequible a los tiempos que vivimos, a las tres de la madrugada en tres poblaciones de la Huasteca Potosina, la policía antimotines, o como se le quiera denominar irrumpió sin previo aviso a golpeara a la gente que estaba en plantón no tomando los palacios municipales y rompió costillas y rompió cabezas, Aunque ahora el gobernador mande decir a Gobernación, que fue porque la gente se espantó de verlos y corrió y se rompió las costillas contra bardas y contra las piedras y contra otros objetos.
Esto, de suyo grave, representa tres atrasos a esas dos poblaciones: San Martín Chalchicuautla y Aquismón. Se les roba lo que ganaron en votos, se les hace boruca con los recursos electorales y todavía después se les garrotea. Ahí está ahorita en la plaza de armas de la ciudad de San Luis Potosí el grupo de gente golpeada, exigiendo justicia, justicia electoral y que se castigue a los represores.
Yo pido a usted, señores, que por favor atienda en esta tribuna, la más alta de México que estoy usando, se atienda a estos pueblos que claman justicia para que se les respete el voto y puedan tener las autoridades que ellos eligieron.
Yo tengo siempre, por un gran mérito, el tener las palabras de Melchor Ocampo que pronunciara alguna vez y creo que sintetiza perfectamente el parlamentarismo que debe privar en todos nosotros: es hablándonos y no matándonos como debemos hablar los mexicanos. Muchas gracias.
75o. ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Abraham Talavera, del Partido Revolucionario Institucional, quien presentará un punto de acuerdo en relación al 75 aniversario de la Constitución de 1917.
El diputado Abraham Talavera López: - Señor Presidente; señores diputados:
Vengo a nombre de la Comisión del Instituto de Investigaciones Legislativas a dar lectura a un punto de acuerdo a consideración de los integrantes de esta Legislatura del Congreso de la Unión.
La Revolución Mexicana fue un poderoso movimiento social orientado a la destrucción del viejo orden porfirista y a la edificación de un nuevo proyecto político para la nación. El México moderno resultaría inexplicable, en ausencia de la amplia movilización social que propició el movimiento armado de 1910.
El mayor reto para un movimiento revolucionario, consiste en hacer irreversibles las posibilidades que el propio cambio inaugura; por ello la sociedad mexicana, puesta en pie de lucha por los pronunciamientos revolucionarios de las primeras décadas de nuestro siglo, se propuso construir un nuevo acuerdo político a partir de una Carta Magna que incluyera, por una parte las demandas de amplios grupos sociales y por la otra, las coordenadas de un proyecto nacional basado en las libertades políticas.
La Constitución de 1917 es resultado genuino del surgimiento de México a la avanzada social del Siglo XX y también es, sin duda, producto del talento político de una notable generación de mexicanos. Los integrantes del Congreso Constituyente de 1916-1917, conservan un lugar de honor en la memoria histórica de nuestra patria.
En el año de 1992, se cumplirán 75 años de vida constitucional, Los avatares políticos del país, incluso cuando las facciones atentaron contra el imperio de la Ley Suprema, se resolvieron en favor del marco político y jurídico que inauguró la Constitución de 1917.
A 75 años de distancia, es inaplazable que los mexicanos nos convoquemos para reflexionar colectiva y pluralmente sobre el significado
presente del proyecto político de nuestros diputados constituyentes. De igual manera 1992 puede ser un año donde la Cámara de Diputados y las instituciones políticas del país emprendamos la tarea de proyectar nuestra Carta Constitucional hacia el tercer milenio que pronto habrá de comenzar.
Por todo lo anterior, en virtud de la valía de que nuestra sociedad preserve y acredite la memoria histórica de los momentos constitutivos de la nación, la Comisión del Instituto de Investigaciones Legislativas propone a la consideración de este pleno lo siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. El Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados elaborará un programa de actividades destinado a conmemorar el 75 aniversario de nuestra Carta Magna. Para ello se apoyará en la comisión plural de diputados que es un órgano auxiliar del propio instituto.
Segundo. De igual manera se faculta al Instituto de Investigaciones Legislativas para establecer convenios de cooperación con instituciones de los sectores público y privado, a fin de concretar acuerdos que contribuyan a la más amplia difusión y estudio de nuestra Carta Magna.
También las diversas comisiones legislativas, tanto permanentes como especiales, podrán establecer programas específicos para definir su participación en las actividades conmemorativas.
Tercero. El financiamiento de las actividades será con cargo al presupuesto ordinario de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Instituto de Investigaciones Legislativas podrá, de acuerdo con su reglamento interior, recibir donaciones y suscribir convenios interinstitucionales que multipliquen la difusión de los proyectos conmemorativos.
Cuarto. Por única vez se establece la Medalla de Honor "Constituyentes de 1917", misma que será impuesta al mexicano más destacado en el estudio y divulgación de nuestro régimen de derecho. El jurado estará constituido por los miembros de la comisión especial del Instituto de Investigaciones Legislativas.
Quinto. También por única vez, se convocará a todos los ciudadanos mexicanos participar en un certamen que premie los mejores ensayos sobre la génesis y perspectivas del proyecto constitucional de 1917. Los tres primeros lugares serán motivo de un reconocimiento de la Cámara de Diputados, celebrado en ceremonia especial y fungirán como miembros del jurado los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política, además de la Comisión del Instituto de Investigaciones Legislativas.
Sexto. Toda correspondencia oficial de la Cámara de Diputados, deberá inscribir en su contenido de manera destacada la leyenda "México, 75 años de vida constitucional 1917-1992".
Séptimo. Los asuntos no previstos en el presente acuerdo, serán atendidos y resueltos por la Comisión del Instituto de Investigaciones Legislativas.
Sala se sesiones de la Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, diciembre de 1991.- Firman los miembros de la Comisión del Instituto de Investigaciones Legislativas, un servidor, el Presidente, Cesáreo Morales; secretario el diputado Diego Heriberto Zavala; secretario, el diputado Cuauhtémoc Amezcua; el diputado Eloy Cantú, el diputado Fernando Charleston, el diputado Rodolfo Echeverría, el diputado Alejandro Encinas, la diputada Julieta Guevara, el diputado Salvador López Sánchez, el diputado Roberto Madrazo, el diputado Alejandro Nieto y el Diputado Rodrigo Tapia. Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta o no el punto de acuerdo propuesto por el diputado Talavera.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se admite el punto de acuerdo presentado por el diputado Abraham Talavera, del Partido Revolucionario Institucional.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se acepta el punto de acuerdo, señor Presidente.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Hugo Sergio Palacios Laguna, del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia.
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna: - Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados.
Es importante que la representación nacional conozca los problemas políticos que afectan a nuestras comunidades, máxime cuando es posible evitar conflictos, por ello siento la obligación de denunciar las violaciones a la ley y al voto público que se están realizando en los municipios de Tónala y Arriaga, del estado de Chiapas.
He solicitado el uso de esta tribuna para atender la justificada queja de un gran número de ciudadanos chiapanecos, en relación con lo que a la luz de las pruebas que aquí podría exhibir si fuese necesario, constituye una burla a los derechos políticos de quienes cumpliendo un deber y ejercitando un derecho, fueron a votar el pasado 18 de agosto en 105 municipios de Arriaga y Tónala, para la renovación de los poderes municipales.
Ninguna novedad es, compañeros diputados, informarles que las elecciones municipales indicadas adolecieron de vicios e irregularidades de todo tipo, manipulación de credenciales de electores, acarreo de votantes, incumplimiento de requisitos de elegibilidad, parcialidad de los organismos electorales, etcétera. Baste decir que en el municipio de Arriaga, precisamente por ser tan notorios estos vicios e irregularidades, las elecciones tuvieron finalmente que anularse; en estas circunstancias, en lugar de convocar a nuevas elecciones y garantizar previamente su limpieza, el gobernador de Chiapas, licenciado Patrocinio González Garrido, pretende integrar un consejo municipal encabezado por el que fue candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia municipal, lo cual lejos de satisfacer la voluntad popular del pueblo de Arriaga, ratifica el inocultable propósito de imponerle una autoridad encabezada por una persona que la ciudadanía rechazó en las urnas.
En el caso del municipio de Tónala, está plenamente comprobada la inelegibilidad de dos integrantes de la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional. Oportunamente impugnada ante las autoridades electorales, portavoz de un considerable número de ciudadanos a los que se pretende atropellar en sus derechos políticos, me hago eco de su justo reclamo, ratifico la disposición para examinar con ustedes la pruebas que en mi poder existen y solicito la solidaridad de esta representación popular para escuchar y atender su queja.
En atención a que está cercano el 1o. de enero de 1992, día en que por ley los poderes municipales deben de quedar constituidos, si ese día llega sin atender estas justas reclamaciones ciudadanas, el gobierno chiapaneco mostraría una indeseable complicidad con el fraude electoral y un desprecio tal al pueblo que la justicia más elemental no debe de permitir.
Por todo lo expuesto pido a ustedes solidarizarse con los ciudadanos chiapanecos que están inconformes y buscar apoyados en el derecho y la razón, que su queja sea escuchada y atendida, por que de no ser escuchados, hago responsables a las autoridades correspondientes, lo que suceda o deje de suceder el día 1o. de 1992. Muchas gracias.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
El Presidente: - Honorable asamblea: en el transcurso de la sesión, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, entregó a esta Presidencia varios dictámenes relativos a permisos para ciudadanos mexicanos, para aceptar y usar condecoraciones y prestar servicios a gobiernos extranjeros para su primera lectura.
Consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que se lea solamente los respectivos proyectos de decreto.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que se lea solamente el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa... Se autoriza, señor Presidente. El Presidente: - Proceda.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, aprobada por la honorable Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano Manuel González Valle, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de
caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Manuel González Valle, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 1991.- Diputados: César A. Santiago Ramírez, Presidente; Juan de Dios Castro Lozano, Salvador Valencia Carmona, secretarios; José Octaviano Alanís Alanís, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E. Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltran, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique G. Jiménez Remus, Adolfo Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Alspuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, Ma. Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Valero Recio Becerra, Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Nahum Idelfonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Trámite: - Es de primera lectura.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, aprobada por la honorable Cámara de Senadores, por lo que se concede permiso al ciudadano ingeniero Juan José Agustín Reyes Rodríguez, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Agrícola, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano ingeniero Juan José Agustín Reyes Rodríguez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Agrícola, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 1991.- Diputados: César A Santiago Ramírez, Presidente; Juan de Dios Castro Lozano, Salvador Valencia Carmona, secretarios; José Octaviano Alanís Alanís, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Crstóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Ávila, José
Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E. Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique G. Jiménez Remus, Adolfo Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, Ma. Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Valero Recio Becerra, Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Nahum Idelfonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»t
Trámite: - Es de primera lectura.
La misma Secretaria diputada:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, al expediente con la minuta proyecto de decreto, aprobada por la honorable Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano Javier Ricardo de la Mora y Garibay, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, Rayos Dorados y Collar, que le confiere el Gobierno de Japón.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Javier Ricardo de la Mora y Garibay, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, Rayos Dorados y Collar, que le confiere el Gobierno de Japón. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 1991.- Diputados: César A. Santiago Ramírez, Presidente; Juan de Dios Castro Lozano, Salvador Valencia Carmona, secretarios; José Octaviano Alanís Alanís, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E. Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique G. Jiménez Remus, Adolfo Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Alspuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rin - cón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, Ma. Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Valero Recio Becerra, Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Nahum Idelfonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Trámite: - Es primera lectura.
NOMBRAMIENTO
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 18 de diciembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Juan Pedro Mario Pablo Ghislain Duez Nelis, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Bélgica, en Puebla.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 19 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará, serán de carácter estrictamente consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Único. Se concede permiso al ciudadano Juan Pedro Mario Pablo Ghislain, Duez Nelis para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Bélgica en Puebla.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 1991.- Diputados: César A. Santiago Ramírez, Presidente; Juan de Dios Castro Lozano, Salvador Valencia Carmona, secretarios; José Octaviano Alanís Alanís, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E. Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique G. Jiménez Remus, Adolfo Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Alspuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pedro Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, Ma. Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Valero Recio Becerra, Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Nahum Idelfonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Trámite: - Es de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea: En oficio fechado el 18 de diciembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Eloisa González Parcero, para que pueda prestar sus servicios como secretaria en la Embajada de Tailandia, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 19 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará, en la Embajada de Tailandia, en México, será como secretaria y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Único. Se concede permiso a la ciudadana Eloisa González Parcero, para que pueda prestar sus servicios como secretaria, en la Embajada de Tailandia en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 1991.- Diputados: César A. Santiago Ramírez, Presidente; Juan de Dios Castro Lozano, Salvador Valencia Carmona, secretarios; José Octavio Alanís Alanís, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Manuel Garza González, José Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E. Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique G. Jiménez Remus, Adolfo Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Alspuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, Ma. Esther Scherman Leaño, Manuel Solano Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Valero Recio Becerra, Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Nahum Idelfonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Trámite: - Es de primera lectura.
TOMA DE PROTESTA
El Presidente: - Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Manuel Horacio Vega Soto, diputado suplente por el IV distrito electoral del estado de Sonora.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a los siguientes diputados: Fernando Ortiz Arana, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Manuel Terrazas Guerrero, Raúl Burton, Quinardo Meléndez Montijo y Guillermo Hopkins.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Sírvase la comisión cumplir su cometido...
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente: - Ciudadano Manuel Horacio Vega Soto: ¿Protestais guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo, os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Manuel Horacio Vega Soto: - Si, protesto.
El Presidente: - Si así no lo hiciereis, que la nación os lo demande. (Aplausos.)
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (II)
* PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 1992.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
Trámite: - Es de segunda Lectura.
El Presidente: - Se abre el registro de oradores.
El diputado Manuel Díaz Infante (desde su curul): - Señor Presidente: Con fundamento en el artículo 108, designaríamos a un miembro de la comisión para que pase a fundamentar el dictamen. Si usted lo acepta, propongo al diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El Presidente: - Con esa propuesta, la relación de oradores quedaría de la siguiente manera:
Para fundamentar el dictamen, el diputado Fernando Lerdo de Tejada; por el Partido Popular Socialista, el diputado Héctor Ramírez Cuéllar; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Adolfo Kunz y Bolaños; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Demetrio Hernández, por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Francisco Saucedo; por el Partido Acción Nacional, el diputado Gonzalo Altamirano Dimas y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Manuel Díaz Infante.
* Este dictamen fue publicado en el diario No. 22 del día 17 de diciembre de 1991.
Se concede la palabra al diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He pedido el uso de la palabra para fundamentar el dictamen que presenta la Comisión del Distrito Federal, relativo al Presupuesto de Egresos para 1992, del Departamento del Distrito Federal.
Pero la he pedido también para hablar sobre el esfuerzo que realiza la población capitalina, con el propósito de vivir mejor y de elevar la calidad de vida. Esfuerzo no fácil que ha implicado un sacrificio, importante y que muchas veces es pasado por alto y no visto ni considerado, principalmente, por la provincia.
Hay personas y me refiero a todos los partidos políticos y en todos los grupos sociales, que ven a la capital como una carga pesada de la República y queremos comentar algunos puntos sobre ello.
Empezaré diciendo que en la zona metropolitana de la ciudad de México vive uno de cada cuatro mexicanos que habitan en la República. Y de éstos, 8 millones en los límites del Distrito Federal.
Señaló también que el presupuesto para el próximo año es un poco menos de 13 billones de pesos. Definitivamente no es un presupuesto que nos permitirá cubrir todas las necesidades de una ciudad de la magnitud de la nuestra.
Pero no pretendemos cubrir en 1992 todas esas necesidades o arreglar de una vez por todas nuestros problemas. Eso no es viable, no es posible y somos conscientes de ello.
Y es que por sí mismo la magnitud de los servicios en esta magna capital constituye ya un problema. No se trata de traer agua; se trata de un problema de 3 mil 300 millones de litros que consume esta ciudad todos los días. No se trata de una situación del transporte, se trata de satisfacer una demanda de 30 millones de viajes por persona todos los días. No es una cuestión de recoger la basura, es una situación de 12 mil toneladas de basura diariamente
. Por lo tanto, la propia magnitud de los servicios públicos que se presentan en una ciudad como ésta, significan ya un problema. Problema que no arreglaremos solamente con más dinero.
¡Por supuesto que nos gustaría tener más dinero! ¡Por supuesto que sería conveniente contar con mayores recursos para hacer frente a estas necesidades! Sin embargo, los dineros requieren de un origen, de un esfuerzo, que alguien los preste.
Y esto nos lleva a analizar, aunque sea, de manera muy breve, muy somera las fuentes que tiene el Distrito Federal para sus ingresos.
Inicio con las participaciones federales, no con el propósito de abrir un debate que se dio prácticamente el día de ayer, sino sobre todo con la finalidad de señalar algunos puntos y algunos rubros que tienen que ver con el Distrito Federal.
Se ha dicho y se ha señalado que la Constitución, en su artículo 31, establece la obligación de todos los mexicanos para contribuir a los gastos de la Federación, los estados y los municipios. De aquí precisamente que sean éstos tres ordenes o niveles de gobierno los que tengan facultad para imponer impuestos y esta situación que no le da, que no excluye a la Federación de los estados y de los municipios, sino se establece y se plantea, a través de lo que Fauzi Hamdan llamaba ayer "facultades concurrentes", determina los posibles problemas de doble tributación.
Ya hace más de 100 años Miguel Lerdo de Tejada, en un espléndido libro, nos hablaba sobre los problemas que causaba las alcabalas y los peajes en nuestro territorio nacional.
Esta situación que empezó a resolverse desde entonces, continúa sin embargo con el mismo marco jurídico en la Constitución de 1917.
¿Cómo resolver este problema de doble imposición que en un momento determinado estaba secando las fuentes productivas del país y causando graves problemas a la generación de riquezas?
Esa fue una de las principales preguntas que se hicieron y básicamente se planteó resolverla de dos maneras:
En primer lugar, a través de la división específica de fuentes tributarias y un planteamiento que se hizo el día de ayer entre Federaciones, estados y municipios. Se habló de las fuentes directas o de los impuestos directos para un orden de gobierno; de los indirectos para el otro y así durante la primera y la Segunda Convención Nacional Fiscales, realizadas en el transcurso de los años treinta, a principios sobre todo, se trató de establecer un sistema precisamente basado en la división específica de fuentes tributarias.
Los avances no fueron muchos, de tal manera que se inició un proceso para llegar a la coordinación en los impuestos. Sistema que ha seguido nuestro país aproximadamente desde 1942. Participaciones por impuestos únicos. Hay dos tipos de participaciones:
Participaciones obligatorias, como aquellas que señala la Constitución en el 73-29 y Participaciones Concertadas. Estas participaciones concertadas tienen básicamente una serie de criterios para poder distribuir de la manera más equitativa los impuestos recaudados. Básicamente los criterios son tres:
El primero es el número de población, de acuerdo con los datos que tiene el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Así, las entidades con mayor población, supuestamente tienen una mayor necesidad de servicios públicos y por lo tanto se les da una mayor participación en este Fondo General de Participaciones.
Un segundo criterio que la ley establece a través de una serie de fórmulas, se llega a resumir en la realidad como la participación de una entidad en el producto interno bruto. Así, a mayor actividad económica, también mayor participación en el fondo.
Y un tercer criterio va en relación a la proporción inversa en las participaciones por habitante. Esto es, aquellos estados que por habitantes reciben menos, reciben una mayor participación. Esta situación ha tenido un impacto definitivo en el Distrito Federal.
Y déjenme decirles que podríamos coincidir en dialogar sobre los criterios de distribución, si son los más adecuados o no los más adecuados aun sobre los porcentajes específicos que la ley señala.
En el Distrito Federal las participaciones han venido bajando.. Han venido bajando como resultado de una población que se ha reducido de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática en los últimos 10 años, en aproximadamente un millón de habitantes. Sin embargo no se ha visto que de ese millón de habitantes el 60% ha ido a vivir al área metropolitana de la ciudad de México, a los municipios conurbados del estado y que por lo tanto gran parte de la actividad económica que desarrollan la continúan llevando a cabo aquí en la ciudad de México. Sin embargo la participación es menor, con base en ese criterio.
Podemos señalar, por lo tanto la posibilidad de revisión de criterios, mas no así, creemos nosotros, que el sistema sea injusto como tal. Creemos que el sistema, en realidad, viene a otorgar proporcionalidad y equidad a nuestro sistema fiscal mexicano. Esto es así, porque en primer lugar permite la participación en impuestos de todas las entidades de la República, en muchos de aquellos que son federales, por ejemplo, el de hidrocarburos, aquellas entidades que no tuvieran ese precisado recurso, no participarían de manera alguna en los impuestos establecidos en el mismo.
Pero, en segundo lugar, viene a equilibrar a estados cuya naturaleza de la producción no permite una base generalizada de impuestos. Esto es, por dar otro ejemplo, lo que sucede muchas veces si aplicáramos el otro criterio en Zacatecas, cuya producción, principalmente agropecuaria, no está gravada y por lo tanto implicaría una disminución en la fuente de ingresos.
En tercer lugar, constituye un medio de distribución de la riqueza nacional, puesto que da más a quien menos tienen. De esta manera, creemos que el sistema es perfectible, que el sistema se puede mejorar; sin embargo, no es un sistema injusto por principio o por naturaleza. Por este medio el Distrito Federal recibirá para el próximo año una cantidad que va aproximadamente en un poco más de los 5 billones de pesos.
El segundo elemento que podríamos hablar, son las transferencias. ¿Qué decir sobre las transferencias? Las transferencias son generalmente subsidios que otorga la Federación a los Estados y que la ciudad de México los ha tenido o los había tenido durante mucho tiempo. Pero sentimos que estas transferencias han sido inadecuadas realmente, porque han causado desequilibrios en la relación con el resto de la República. Creemos que las transferencias pueden tener un mejor uso en el interior de la República, sobre todo para fomentar el desarrollo y el crecimiento de muchas áreas de provincia.
Llegó un momento, principalmente de 1965 a 1980 que la ciudad de México se nos fue de las manos, su crecimiento fue explosivo y nos preguntamos ¿por qué? Bien, pues el agua en el Valle, no obstante que había que traerla a más de 3 mil metros de altura, 2 mil 241 de la ciudad, más la elevación, resultaba más barata aquí que en resto del país. El transporte siempre ha sido más económico; a partir de hace un mes esta situación se cambió, seguimos siendo el más barato de la República, pero ya nos igualamos con otras ciudades, pero ya no somos los únicos en esa situación. La tortilla tuvo un subsidio permanente, de tal manera que resultaba más barato comprar tortillas en la capital de la República, que comprarlas en cualquier lugar del interior, no obstante que fuera ésta una zona rural alejada. Así nos sucedió con el predial. con la energía eléctrica etcétera. de tal manera que si agregamos a la natural atracción de la ciudad, factores económicos que privilegiaban a quienes aquí vivíamos, nos encontramos precisamente esa enorme explosión.
La ciudad de México en 1970, según datos de la Organización de Naciones Unidas era aproximadamente la sexta ciudad en población; para 1990 todas las proyecciones nos daban ya como la ciudad más poblada del mundo, esto nos sucedió en un lapso de 20 años.
No se mal interprete esta situación en que queremos hacer una ciudad cara, no, para nada, nada más lejos de esta situación, no queremos expulsar población del Distrito federal por la vía de precios altos, no queremos hacer tampoco una ciudad elitista, pero en el futuro la ciudad tendrá que ser más equilibrada con relación al resto de la República. Este es un segundo elemento que a partir de 1992 el Distrito Federal recibirá únicamente 200 mil millones de pesos por concepto de transferencia del gobierno federal, el más bajo de toda la República per capita.
Un tercer elemento serían los ingresos propios, los ingresos tributarios; sin embargo sentimos que no es el momento para hacerlo, la carga fiscal en el Distrito Federal, no es alta en comparación con las grandes ciudades del mundo, asciende en promedio a solamente el 2% del producto interno de la actividad económica de nuestra ciudad. No es baja para algunas clases ni tampoco para algunas actividades comerciales e industriales, sin embargo no vemos en este momento la forma y la necesidad de elevarla en forma generalizada se ha establecido, como ustedes lo han aprobado en la Ley de Ingresos, factores de ajuste que ya estaban previstos con anterioridad, pero no aumento generalizado de recursos.
Con este panorama, señores diputados, señoras diputadas, lo único que nos queda para obtener mejores recursos es mejorar la administración de aquellos que tenemos, es un uso más eficiente de aquello con lo que contamos, es tener prioridades claras en lo que queremos hacer, en el propósito y objeto de nuestro hogar, dirigirlo principalmente a lo social, a los rezagos de quienes menos tienen. Ese es precisamente el presupuesto de 1992 para el Distrito Federal
integra una serie de principios que nos permitirán el próximo año dar respuesta a aquellos rezagos sociales más importantes, nos permitirán asimismo avanzar en la calidad de vida de la generalidad de la población; esto será el futuro de la ciudad en 1992.
Algunos compañeros hablarán posteriormente de las características específicas de este presupuesto y de su distribución; sin embargo quisiera decirles compañeros, sobre todo a aquellos que son de provincia que no vemos este panorama como negativo; los capitalinos lo vemos con optimismo, sabemos que la vida en la ciudad y más cuando hablamos de la ciudad más poblada del mundo, no será fácil pero estamos dispuestos a realizar este esfuerzo; en esta época de globalización, de consecuencias, de fusión internacional; paradógicamente lo cual, lo regional, se ha vuelto más relevante, lo estamos viendo en el mundo; no obstante la globalización, la regionalización ha tomado fuerza y eso pasa también con otras características, desde luego, pero también sucede en el Distrito Federal. Por primera vez en muchos años el Distrito Federal se reencuentra, se ve a sí mismo; por primera vez en muchos años quienes aquí vivimos tenemos orgullo de ser capitalinos.
Queremos seguir siendo la Ciudad de los Palacios, desde luego la ciudad de todos, la ciudad de todos los mexicanos, pero no por eso la ciudad de nadie, Los capitalinos queremos rescatarla precisamente para quienes aquí viven y para quienes nos visitan.
Sabemos que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr entre otras cosas porque contamos con el respaldo, con la comprensión de la rica provincia mexicana.
Estas son las características que comentaremos con más profundidad en las siguientes intervenciones, Muchas gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia ratifica que los oradores inscritos para la discusión en lo general del proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, son los siguientes señores diputados: Héctor Ramírez Cuéllar, Adolfo Kunz y Bolaños, Demetrio Hernández, Francisco Saucedo, Gonzalo Altamirano Dimas y Manuel Díaz Infante. Se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados: Me he inscrito para hablar en contra del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Departamento del Distrito Federal para el año próximo 1992.
El presupuesto que hoy estamos examinando, supera los 12 billones de pesos, de los cuales 9 billones son para el sector central y 2 billones son para organismos y entidades coordinadas del Departamento del Distrito Federal.
La primera observación que deseamos hacer al monto general del presupuesto, es la de que crece a una tasa anual del 18%, en tanto que la meta de inflación que el gobierno ha previsto con que termine el año actual, será de 19%. Esto quiere decir que este presupuesto ya entra a funcionar con un nivel por debajo del crecimiento de los precios en todo el país y en la ciudad de México y ya comenzará a ejercerse con un gran déficit desde el punto de vista real para el mes de diciembre. Si a ello le agregamos la inflación con que va empezar el año de 1992, veremos que este presupuesto comenzará a aplicarse, en el mes de enero, con una gran insuficiencia, frente a lo que se había proyectado para el año próximo.
También debemos considerar que la inflación en la ciudad de México en realidad, según datos de la Confederación de Trabajadores de México y de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México son superiores al 19%. Los datos de la Confederación de Trabajadores de México nos confirman que la tasa de inflación en la capital de la República es considerablemente superior a la que fija el gobierno federal, el 19%, que es la tasa oficial, es un cálculo impugnado por distintos organismos, entre ellos, por los que ya he señalado.
Si nosotros consideramos los datos que nos da la Confederación de Trabajadores de México y la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces el presupuesto del Departamento es aún más insuficiente de lo que ya lo es, si lo comparamos con la tasa anual de inflación.
Desde luego que coincidimos con el Diputado Lerdo de Tejada de que este presupuesto es insuficiente y lo han sido los otros presupuestos con que ha ejercido el gobierno, el jefe del Departamento, licenciado Manuel Camacho Solís.
Hay que recordar que en materia presupuestal el gobierno de la ciudad desde que comenzó su mandato, ha ejercido un presupuesto que ha estado muy por debajo, no sólo de las demandas de la población en cuento a mejoramiento de servicios se requiere, sino a problemas del momento presente.
Los dos presupuestos anteriores apenas han estado paliando algunas de las demandas más urgentes de la población de la capital y han estado muy lejos, pero muy lejos, de atender problemas sociales que se han acumulado en la ciudad de México desde hace varias décadas.
Al igual que con el presupuesto anterior, se insiste en que este presupuesto tiene como propósito elevar el nivel de vida de la población, pero francamente no vemos, ni en su momento ni en la distribución de sus partidas, que en verdad se tienda a lograr este objetivo, que es la elevación del nivel de vida de la población de la capital de la República.
Según datos económicos de la Confederación de Trabajadores de México, la mitad de la población de la ciudad de México apenas percibe un salario mínimo y ha sido notable el crecimiento de la llamada economía informal que muchas veces oculta desempleo o subempleo. La llamada economía informal ya representa el 10% de las operaciones comerciales totales del sector y este porcentaje se incrementa cada vez más en la capital de la República, porque la economía en la ciudad no está capacitada para ofrecer empleos bien remunerados, empleos estables.
Así vemos que gran parte de la población que pudiera estar ocupada como, por ejemplo, empleados o profesionistas, se ven obligados a "trabajar" en la llamada economía informal, vendiendo objetos en las calles, en las avenidas, en las plazas de esta gran ciudad.
Por eso no vemos, ni siquiera por asomo, que el objetivo de mejorar el nivel de vida de la población se vaya a lograr con el presupuesto que hoy estamos comentando.
Si nosotros lo vemos ya con una óptica más particular, veremos que ante la carencia de recursos económicos el presupuesto se concentra prácticamente en cuatro áreas, o yo diría mejor dicho en tres áreas: en la prevención contra la contaminación, en el transporte y en la seguridad pública.
En materia de ecología, en el presupuesto se hace una considerable inversión para implementar un programa a mediano y a largo plazo que controle los distintos factores que contaminan la biosfera en la ciudad de México, pero los resultados de este programa, que cuenta con financiamiento del extranjero, no será posible desgraciadamente verlos a corto plazo. El jefe del Departamento ha informado que los resultados del combate al control a la contaminación, se verán en un período de 6 a 10 años, de tal manera que la inversión es muy cuantiosa, es muy considerable, pero sus resultados no están a la vista y tenemos siempre latente el peligro de la contaminación, de la inversión térmica, del ozono, del azufre, del bióxido de carbono y de los demás contaminantes que sufre la gran ciudad de México.
En lo que se refiere a transporte, uno de los aspectos que señala el presupuesto digno de mencionar, es la ampliación del metro, 7 kilómetros de la línea 8, que transcurriría de Garibaldi a Iztapalapa y el mantenimiento de 2 mil 424 unidades del parque vehicular, así como el fortalecimiento de Ruta - 100.
Aquí queremos señalar que aunque al transporte se le asigna en el programa una gran prioridad, los recursos del Departamento para transporte, apenas permiten efectuar las operaciones normales del sistema, por lo que se requiere, a nuestro modo de ver, un apoyo sustancial del gobierno federal para la inversión de esta línea del Metro, porque la otra disyuntiva sería la creciente privatización del transporte público en la ciudad de México.
Se ha hablado de introducir unidades operadas por concesionarios privados, unidades de lujo, pero la tarifa que cobrarían sería muy elevada si la comparamos con los niveles de ingreso de la población y resultaría finalmente contraproducente, pero además, mientras el problema de la entrada de los autobuses del estado de México no se resuelva en forma satisfactoria, autobuses muy viejos, absoletos, que contaminan, el problema del transporte, por lo menos en este aspecto, continuará sin una solución importante.
Quiero señalar a ustedes que del número total de viajes hora - día, 30 millones, la mitad lo hace el transporte privado en sus diferentes modalidades, y que todavía hace un año era más de la mitad de la cobertura. Esto quiere decir que ha crecido más el transporte privado que el transporte público, con el consiguiente aumento de los costos para los trabajadores, ya que se calcula que el año pasado un trabajador utilizó la tercera parte de su salario para sufragar los gastos de transportes de él y de su familia.
Esto se debe a que un trabajador, un empleado, un estudiante, se ve obligado a utilizar el transporte privado y el transporte público las dos modalidades, lo que grava en forma muy considerable su ya de por si precario ingreso que, como señalaba, representa la tercera parte de su salario, del salario mínimo que percibe.
Hay una serie de programas que quisiera comentar a la Cámara de Diputados, cuyos montos presupuestales no nos parecen positivos, me refiero a la atención curativa y a la atención preventiva en lo que se refiere a la salud en la ciudad de México.
En este aspecto hay que señalar que en materia de atención preventiva, el aumento del presupuesto fue, en términos nominales, del 5%, y en la atención curativa fue del 9%, porcentajes verdaderamente ridículos, verdaderamente nimios en comparación a las patología que vive la ciudad de México. Hay que agregar a esto, que el presupuesto para los edificios de salud y seguridad social, desciende, no sólo crece, sino que desciende en un 56%.
Esto lo queremos señalar porque en el dictamen que hoy comentamos, se habla de que habrán recursos para terminar el Programa de Vacunación Total, para combatir el peligro de la proliferación del cólera y también la multiplicación de los casos del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.
En lo que se refiere al primer objetivo, sí consideramos que el Departamento va a cumplir con este propósito, porque la campaña de vacunación de todas las vacunas para todos los niños, en términos generales ha sido exitosa y muy posiblemente se cumpla para el año de 1992, lo cual sería un reconocimiento al gobierno de la ciudad por el cumplimiento de este programa.
Sin embargo, en lo que se refiere a la proliferación del cólera, no hay un programa específico que prevea la proliferación de esta enfermedad, que está presente ya en la ciudad de México, pero cuyos resultados se han estado ocultando a la opinión pública.
Casos de cólera se han presentado en las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Xochimilco y Milpa Alta, pero por una razón que no hemos alcanzado a entender , estos casos de cólera, que se atienden en hospitales del propio Departamento y en hospitales de otras dependencias, no se han dado a la publicidad, como si ocultando la información del cólera, esta enfermedad por arte de magia dejara de presentarse como una patología en crecimiento en la ciudad de México.
Creo que a nadie conviene ocultar la presencia de esta enfermedad de la pobreza en zonas, en colonias, en donde no hay agua potable, no hay drenaje, hay fecalismo al aire libre y que en lugar de ocultar con fines políticos la información del cólera, el gobierno de la ciudad, en coordinación con las otras dependencias, debiera afrontar con recursos, con planes, con proyectos, este problema que tiende a crecer y que tiende a estar muy vinculado con los municipios conurbados del estado de México. La política del avestruz, en el caso del cólera, creo que no conviene a nadie y menos a la ciudad de México, Lo mismo debemos señalar en el caso de la otra patología que está afectando a la capital, que es el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. La ciudad de México ocupa el primer lugar en la República mexicana, en casos de infección por el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida y el segundo lugar en América Latina, después de Sao Paulo, en esta enfermedad.
Se afirma, según datos oficiales, con las reservas del caso que siempre debemos tener cuando son datos oficiales, que hay 2 mil 400 infectados de esta temible enfermedad, hasta hoy mortal. Pero de ellos, por cada uno de los infectados hay 40 potenciales portadores de este virus que destruye como todos sabemos, el sistema inmunológico del cuerpo humano. Hasta ahora no ha habido la debida atención presupuestal del gobierno de la ciudad, para atender este grave problema que está afectando y que afectará a miles de capitalinos en los próximos años. Incluso, pudiera afectar a millones de seres humanos en esta gran ciudad. Todo se está concentrando en los recursos que en materia de salud tiene el gobierno federal en sus hospitales, en sus instalaciones. Pero no hay en el Departamento un programa ni recursos para contribuir a frenar esta situación que nos parece sumamente grave y que debemos enfrentar porque de no ser así, la proliferación del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida seguirá siendo la patología más virulenta de la capital de la República en los próximos años.
Existen algunos renglones del presupuesto que están repercutiendo en la vida de la población de la capital y que no vemos en ellos ninguna preocupación de carácter económico.
En primer lugar quiero señalar que para el rubro de educación, cultura y deporte, éste apenas crece en un 15%. O sea, que más bien decrece en términos reales. En este aspecto, contrasta con el rubro que se asigna a la actualización y especialización de cuerpos policiacos a cuyo programa se asigna 1 billón 836 mil millones de pesos, lo que significa el 14% del presupuesto. Si nosotros vemos una simple comparación entre lo que se asigna a la policía y lo que se asigna a la educación, a la cultura y al deporte, veremos que no hay ningún punto de comparación. Mientras el primer rubro se lleva una parte
considerable del presupuesto, el segundo rubro prácticamente no cuenta con los recursos que gasta o que gastará el gobierno de la ciudad de México. Hemos considerado nosotros, que si bien los índices de delincuencia han bajado en relación con años anteriores y con el sexenio anterior, todavía estos índices siguen siendo muy elevados y todavía se presentan los mismos delitos en términos generales, el robo en sus diferentes modalidades, el homicidio imprudencial y la violación . La violación ocupa el tercer lugar en el índice de delitos en la capital de la República. De tal manera que no consideramos nosotros que por la vía de aumentar el presupuesto a los cuerpos policiacos, vaya a frenarse este alto índice de violaciones que hay en la capital de la República, porque este problema, el de la violación, no es un problema estrictamente de orden policiaco, sino es un problema de carácter social, de carácter cultural, que ni siquiera aparece en el programa, en los programas del Departamento del Distrito Federal, ni siquiera aparece con un enfoque cultural y social, como debiera serlo.
En lo que se refiere a la operación del Sistema Hidráulico, crece nominalmente en un 3% y por lo tanto también decrece en términos reales. Esto lo queremos señalar, porque la red de agua potable y de drenaje en la capital, tiene un grado de obsolescencia de más de 40 años en la mayor parte de las colonias de la ciudad de México. Gran parte de la red de drenaje y de agua potable de la ciudad, desde los sismos de 1976, ha quedado fracturada, ha quedado rota, de tal manera que esta red debiera sustituirse mediante un programa a mediano y a largo plazos.
Sabemos, desde luego, lo que costaría a la ciudad la sustitución de la red de agua potable, alcantarillado y drenaje; conocemos las magnitudes que se requerirán para esta obra, pero se requiere un volumen mayor de recursos para por lo menos iniciar la programación y la planeación que sustituya en un futuro no muy lejano, esta rey y que nos permita dos resultados. Uno de ellos el ahorro de agua potable, porque gran parte del agua potable que se pierde en la ciudad de México, no se debe al descuido de los consumidores, sino se debe a las fracturas que sufre la red de agua potable.
También habría otro resultado que sería el de disminuir la enfermedades gastrointestinales que junto con las de carácter respiratorio, siguen representando las dos enfermedades más generales de la capital de la República.
Todos sabemos que las causas de las enfermedades gastrointestinales, están ligadas a un agua potable que no existe en condiciones optimas en muchas colonias de la ciudad de México.
Lo mismo podemos señalar porque el rubro de drenaje y tratamiento de aguas negras, apenas se aumenta al 16%. O sea que también aquí decrece en términos reales el gasto.
Y otro renglón, el abandonado de siempre por el Departamento, es el de la vivienda. Hubo por parte de la comisión dictaminadora un ligerísimo aumento, apenas imperceptible para los gastos de vivienda de las dependencias del Departamento. El gasto de vivienda, es del 5%, o sea, que no tiene ninguna importancia en el presupuesto ni en el deporte que el gobierno de la capital debe hacer para el crecimiento de la vivienda disponible. Esto contrasta con el hecho del enorme déficit de vivienda que hay en la capital, que genera lo que el diputado Lerdo de Tejada vino a plantear aquí, la expulsión de las zonas periféricas a las zonas aledañas al centro de la capital de la República, dado que en lo que se llama las delegaciones centrales, prácticamente ya no hay vivienda disponible y la que existe adquiere precios exorbitantes que no pueden pagar obviamente los empleados ni los trabajadores. Sabemos, claro, que hay dependencias federales que construyen vivienda en la ciudad de México, como el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pero nos preocupa que el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano, que el Fondo Nacional de Habitación Popular, prácticamente no tengan recursos para atender las demandas de la población, de los grupos organizados en materia de vivienda. Antes de terminar nuestra intervención, queremos sumar nuestra solidaridad a
los dirigentes de los jubilados y pensionados, que el día de hoy se han presentado con distintas fracciones parlamentarias, para... aunque ya no estamos obviamente en el tema de Ley de Ingresos ni el tema de la Ley de Hacienda, por lo menos sí reiterar nuestra demanda de que tratándose de los jubilados y pensionados, sean declarados exentos del pago del impuesto predial y del cobro de la tarifa de agua, si es que en verdad, como lo dice la iniciativa y lo afirma el dictamen, se pretende mejorar el nivel de vida de la población;
Si hay, como se dice, ese objetivo, entonces debiéramos atender la demanda de jubilados y pensionados que en la capital son una gran cantidad de personas.
Por esas consideraciones, es que mi partido votará en contra del Presupuesto de Egresos para 1992 de la capital de la República. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz y Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz y Bolaños: - Con su venia, señor Presidente:
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el análisis del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, no puede ser únicamente un ejercicio contable que revise partidas y movimientos.
El Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, sirve para inducir cuáles son los planes que tiene el gobierno capitalino, en relación con la ciudad de México.
Como todo presupuesto, la cuantificación de un programa y el programa debe de reflejar los fines u objetivos que se buscan en la administración. Una revisión inicial del mismo nos lleva a concluir que no existe un plan integral que oriente el desarrollo urbano de la capital.
Lo que se confirma con la afirmación expresa, en el sentido de que la estrategia presupuestal se enfoca a satisfacer las principales demandas ciudadanas y a sanear las finanzas del Departamento del Distrito Federal.
En cuanto a la estrategia de satisfacer las principales demandas ciudadanas, el presupuesto contempla 42 programas, 12 de los cuales son considerados prioritarios y esto viene a reforzar nuestra afirmación de que la problemática del Distrito Federal se contempla en forma aislada por separado y no en conjunto como un sistema que es con partes interdependientes.
Quisiera comentar algunos de estos programas que fueron referidos, como ejemplo, algunos de ellos, por el compañero diputado Lerdo de Tejada.
Quiero mencionar, previamente a esto, que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, señala como la causa de los problemas de la ciudad, principalmente el gigantismo de la misma. Todos estos problemas representan una dificultad por sí mismos, pero dado el tamaño de la ciudad se multiplica esta dificultad.
El problema fundamental de la administración capitalina, que señalaba yo como una administración sin objetivos determinados, o sea, sin definir el modelo de ciudad que buscamos para la ciudad de México, es que maneja algunas acciones que pueden ser contraproducentes.
Hablemos, por ejemplo, en el caso de economías que se presentan en una ciudad como la de México. Muchos de los servicios que aquí se prestan a cierto nivel son muy rentables; o sea, la demanda justifica y esto se puede seguir incrementado el servicio, en la medida que crece la demanda y se vuelve a equilibrar a cierto nivel. Pero llega un momento en que este equilibrio se rompe y ya no se recupera. El caso muy concreto y lo señalaba Fernando, es el caso del agua. El agua en la ciudad de México hay que traerla de afuera, de la cuenca y obviamente los costos de introducción del agua se multiplican en comparación con una ciudad más chica. O sea, no sólo hay que traer el agua en mayor cantidad, lo cual ya representa una dificultad bastante seria, sino también hay que traer el agua de más lejos, que esto complica la dificultad y llega a tener un nivel de costo.
Todos estos ejemplos que pudiera haber de servicios que presentan desde economías, la solución y la plantea también el Plan Nacional de Desarrollo, estaría en limitar el crecimiento de la ciudad. Así lo mencionó el licenciado Camacho en su comparecencia.
Sin embargo, no vemos acciones concretas en este sentido. Por ejemplo, otro ejemplo señalado aquí, el caso del transporte. El caso del transporte nos permite observar cómo se resuelve un problema a corto plazo, pero a mediano plazo se incrementa el problema.
En relación a la ruta - A del Metro, efectivamente se resuelve un problema de transporte muy grave de la zona que se comunica a través de la avenida Ignacio Zaragoza, pero también resulta evidente que este acercamiento de esa zona, permitirá a mediano plazo el crecimiento de la mancha urbana. Esto es muy fácil de entender, las personas destinan cierto tiempo y recursos a trasladarse de un lugar a otro y si ese tiempo se abate, obviamente pueden tener un domicilio más alejado.
Entre otro ejemplo que podemos señalar que resuelve un problema, pero que si no se maneja adecuadamente genera un problema mayor, es el problema de la inversión en la ciudad de México. Esto respondería en buena medida a la solicitud que hizo la Asamblea de Representantes, de que se considerara el caso del empleo, pero curiosamente no fue recogida en las
propuestas ninguna medida que tienda a incrementar el empleo.
Pero por ejemplo la inversión. Si la inversión no es selectiva y genera indiscriminadamente fuentes de empleo, puede resolver desde luego un problema de desempleo, pero a la vez genera otro problema de migración que trae como consecuencia mayores presiones sobre el crecimiento urbano.
Y en el caso del transporte hay otro ejemplo del cual se ha hablado muy poco y se refiere al ferrocarril interurbano. Este ferrocarril ya está en construcción, ya están las vías, los postes. Hay zonas en donde se ve perfectamente claro y el argumento es muy simple, o sea, va a permitir comunicar ciudades dormitorios con la zona trabajo y si no hay paradas intermedias, según esto, va a impedirse que crezca la ciudad y se va a facilitar el acceso.
Pero indudablemente que las personas que vivan en las ciudades dormitorio tendrán necesidades de ciertos bienes que no podrán satisfacer en su ciudad - dormitorio y estos los van a satisfacer en la zona central. Con lo cual reforzarán la economía de la zona central y el crecimiento de la zona central.
Otra medida, esta que se refiere mas a resolver síntomas que a resolver la causa del problema, son las que se adoptan en materia de contaminación y yo no me voy a referir al auto eléctrico, del cual oímos muchos cuentos a fines del año pasado, sino de todas las medidas que se adoptan en materia de transporte, por ejemplo como el "Hoy no circula". Todas estas medidas tratan de resolver un problema concreto, pero no tienen resultado esperado porque no se resuelve el problema de fondo y que es, como se señaló: el crecimiento de la ciudad
Cabe hacer también, en relación a este Presupuesto de Egresos, algunos comentarios. El Presupuesto se está incrementando por abajo de la inflación. El incremento del Presupuesto es del 18.5% y el presupuesto estimado de la inflación anda alrededor del 20%. Pero aunque fuera exactamente igual, se reconoce expresamente, se reconoció aquí y se reconoció en el escrito que los recursos son suficientes para satisfacer todas las demandas y los rezagos que ya tiene la ciudad de México.
Con un presupuesto que únicamente contempla ciertas reasignaciones en algunos sectores y que incluso fue modificado aquí también por la Comisión, haciendo algunas reasignaciones que le fueron descontadas al sector ecológico, veremos que la problemática de la ciudad, dentro de la misma lógica que aquí se plantea, no solo no se va a resolver, Sino que los rezagos se seguirán incrementándose.
El caso concreto del transporte, que es el rubro que lleva la mayor parte del presupuesto, pues nos demuestra en la exposición de motivos la ineficiencia con que se ha manejado este asunto. Se habla de que se van a reparar o a meter en mantenimiento 2 mil 113 motores y 3 mil 896 autobuses; considerando que la planta de Ruta - 100 son 3 mil 850 autobuses, nos podemos dar cuenta en las condiciones en que están.
Pero aquí quisiera yo diferir del compañero Ramírez Cuéllar, en relación a las rutas privadas de transporte. Esta alternativa que ha planteado el gobierno capitalino es una alternativa viable; obviamente estas rutas, con un costo superior, podrían satisfacer la demanda en zonas residenciales, como alternativa al uso del automóvil y Ruta - 100 podría contar con mayor número de uniciades para atender las zonas populares. Sin embargo, esto se anunció hace más de un año y no ha habido la capacidad para implementar estas medidas, que sí incidirían tremendamente en la contaminación de la ciudad de México.
Quiero insistir en que a pesar de que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que sinceramente espero el año entrante esté atendiendo estos temas, junto con el Presupuesto de Ingresos y la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, porque creo que ese organismo está más cerca de la población capitalina y aquí quiero hacer un comentario al compañero Lerdo de Tejada, yo creo que no nos hemos reencontrado en la Ciudad de México, yo creo que los chilangos siempre hemos estado conscientes de que esta ciudad, además de ser la capital de la República, es el pueblo de nosotros, los que nacimos aquí y nos preocupa mucho que una ciudad tan valiosa, tan bella, tan importante, haya sido abandonada por los gobiernos anteriores, que se dedicaron a hacer muchas cosas que no sirvieron para mucho.
También creo que no es el subsidio que tenía la ciudad lo que la hacía atractiva, la ciudad es atractiva por sí misma, pero una de las bases económicas más importantes que ha tenido la ciudad tradicionalmente, es la burocracia y la burocracia descentraliza, debido a nuestro sistema político que ha concentrado una gran cantidad de facultades en el gobierno federal, facultades que deberían estar dentro del ámbito de los estados; esto es lo que ha generado una
gran concentración aquí, porque cada empleo en la burocracia va a generar un empleo adicional y cada empleo, además, representa una familia de unas cinco personas.
Lo que sí es conveniente señalar, es que la ciudad de México subsidia al gobierno federal, ya que todos los impuestos locales no los paga, ni tampoco paga los servicios y aunque en la Ley de Bienes Nacionales se hizo una reforma para que los organismos paraestatales paguen impuesto predial donde tiene sus oficinas, en los inmuebles donde tienen sus oficinas, hasta el día de hoy Petróleos Mexicanos se ha negado a pagar el impuesto predial, debido a la ley que lo crea; ante esta situación, no cabe duda que los habitantes de la ciudad de México estamos financiando en buena medida al gobierno federal y a los organismos descentralizados que se niegan a cumplir con el pago de los impuestos locales.
Considerando que el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal resulta una prueba sólida de que no existe un plan integral para orientar el desarrollo urbano en la ciudad de México, lo que está sujeto a lo que se conoce como administración en crisis, si ustedes analizan cada programa, corresponde la respuesta a un problema que ya se dio en este momento, pero desconocemos las medidas que vean al futuro, seguimos sin objetivos definidos, seguimos sin entender que vivimos dentro de un sistema que incluso abarca más allá del Distrito Federal y que en forma directa afecta a los municipios conurbados del estado de México.
Considerando igualmente que el único objetivo visible que tiene el sistema financiero del Distrito Federal es el sanear sus finanzas, ya afirmamos aquí que su política fiscal es eminentemente recaudatoria y que sus acciones administrativas están condicionadas por esta situación, nosotros consideramos, nosotros me refiero a la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; que es necesario votar en contra tanto en lo general como en lo particular del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal me sobraron 10 minutos, yo sí sigo los consejos de la abuelita del compañero del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Demetrio Hernández, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Subo a esta tribuna para razonar el voto de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en contra del Dictamen del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional las dificultades de la ciudad de México alcanzan grandes magnitudes y significativos niveles de interdependencia que obligan desde cualquier perspectiva a buscar soluciones eficaces y multidireccionales. Es indudable que dado el grado de concentración de actividades que en la capital históricos resultado de un afán centralista, los problemas que han surgido y siguen presentes han ido interconectándose hasta crear una compleja red de refuerzos mutuos y resistencias diversas que son de difícil solución, si se toman aisladamente por supuesto.
Si a lo anterior agregamos las inercias burocráticas en la administración de recursos para la ciudad, tenemos un panorama complejo respecto de las soluciones para los grandes retos de la capital del país. En materia de egresos nuestra fracción parlamentaria considera que las expectativas de inversión presupuestadas para 1992, no varían ostensiblemente de las metas trazadas para 1991. Si bien el gasto total proyectado es de 12.8 billones de pesos, la distribución que se hace del mismo no refleja las expectativas de un crecimiento económico equilibrado con la solución de las demandas sociales.
Insistimos en que la búsqueda de eficiencia y racionalidad en el manejo del gasto público, no implica el descuido de las áreas asistenciales. Por ello, nos preocupa que el proyecto de egresos para 1992, se limite, tanto el gasto en materia de servicios comunitarios, como educación para adultos y vivienda.
Si nos atenemos a las cifras proyectadas, resulta que en materia de bienestar social es más relevante el sector de recreación, esparcimiento y deporte, que la atención a indigentes y menores en alto riesgo, entre otros.
Cómo proponer un gasto de 215 mil millones de pesos en recreación, deporte y esparcimiento, cuando una ciudad como la nuestra concentra un alto índice de indigencia y subempleo informal, en donde los más afectados son los viejos y los menores.
Consideramos que es necesaria la revisión de la distribución del gasto en materia de bienestar social, pues además y previo a recrear y darle
actividades deportivas a los capitalinos, debe garantizarse sus condiciones mínimas de existencia, mínimo vital que se constituye por atención preventiva, asistencia social, servicios comunitarios y vivienda.
Es necesario que reconozcan que las acciones encaminadas a mejorar el nivel de vida de los habitantes de esta ciudad, han sido resultado de una amplia participación ciudadana y una muy poco eficaz intervención de la administración del Departamento del Distrito Federal. Muestra de ello, es el peso específico que se da a los programas "Hoy No Circula" y "Cada Familia un Árbol".
En el combate a la contaminación, consideramos que en materia ecológica, para el abatimiento de los Índices de contaminación no basta la acción ciudadana y mucho menos el control que se pueda ejercer sobre la generada por fuentes móviles, como son transportes particulares y de servicio público.
Estamos plenamente convencidos que la mayor parte de los contaminantes del suelo, del aire y las aguas, proviene de fuentes fijas y particularmente de las industrias ubicadas en el Valle de México. En este contexto, surgen dudas respecto de las acciones que se desarrollan para la regulación y control de estas fuentes contaminantes.
A nuestro parecer, el presupuesto de 1.2 billones de pesos resulta insuficiente para tomar medidas integrales que abatan este problema.
Por otro lado, en materia de transporte, reiteramos nuestra preocupación por el hecho de la insuficiencia para desarrollar un plan integral de transporte metropolitano. Consideramos que el presupuesto es bajo para abrir la expectativa de reestructurar el sistema de transporte en la capital y en el área conurbada.
¿Cómo pretender eficiencia cuando el parque vehicular de la Ruta - 100 y del Servicio de Transportes Eléctricos, funciona a menos del 50% de su capacidad? Consideramos que para garantizar un servicio de transporte rápido, seguro y económico, se requiere de una inversión muy superior a la propuesta en el proyecto de egresos.
El servicio de Tren Ligero constata nuestro escepticismo en materia de transporte. Desde sus inicios este servicio se ha caracterizado por fallas considerables que han obligado a una asignación extra para mantenerlo en funcionamiento medio. Las metas proyectadas son loables, sin duda, pero el problema está lejos de ser solucionado, tanto en términos de infraestructura como de coordinación de servicios y tarifas de los medios que trasladan a los individuos entre la ciudad de México y el área conurbada perteneciente al estado de México.
La cuestión de la vivienda es otro de los problemas ingentes que aquejan a esta ciudad. Con el incremento de 4.8% en términos nominales, el presupuesto asignado a vivienda, que representa 216 mil 714 millones de pesos, dudamos que logre atenuar siquiera el déficit existente, sobre todo si consideramos que las metas programadas para el año pasado no fueron cubiertas, lo que incrementa, junto con el crecimiento de la población, el déficit existente.
La pretensión de adquirir viviendas terminadas en el marco de la estrategia de ataque a la escasez habitacional, nos parece excesiva, tomando en cuenta los problemas señalados.
Mención especial merece la cuestión de la seguridad pública. De acuerdo a las cifras presentadas en el III Informe de Gobierno, la incidencia delictiva aumentó en 2.8%.
Respecto a la reducción de delitos tales como asaltos domiciliarios, bancarios y robo de automóviles, han habido otros. Los homicidios y delitos sexuales que han incrementado su incidencia e incluso han dado lugar a la creación de fiscalías especiales y agencias del Ministerio Público especializadas.
En tiempos de crisis económica la disminución de expectativas de desarrollo individual y colectivo, crean situaciones de vulnerabilidad, en el equilibrio de motivo de las personas. He ahí, por ejemplo, que se hayan incrementado delitos que implican agresiones físicas a los individuos, a veces, sin otro motivo, que el simple hecho de dar salida a la tensión y a la frustración. Así los índices de violaciones, maltrato a menores, accidentes por ingestión de licor o enervantes, han aumentado.
Nosotros consideramos que la atención de este tipo de actos delictivos va más allá del mero seguimiento penal del acto ilegal, recaen a nuestro juicio en el ámbito de la procuración de niveles, cada vez más altos, de bienestar para la población, situación que difícilmente puede alcanzarse con programas de gasto e inversión restrictivos del desarrollo asistencial, social y comunitario.
Consideramos que la cuestión de seguridad pública involucra igualmente el establecimiento de
controles efectivos sobre los miembros de los cuerpos de seguridad del Departamento del Distrito Federal. Así nos preguntamos: ¿cómo se pueden erradicar las violaciones a los derechos humanos que realizan los miembros de estas corporaciones? ¿Quién no sabe en esta ciudad cuando se comenta en la calle que es preferible enfrentarse a los pandilleros que a los cuerpos de seguridad del Distrito Federal?
Queremos señalar que la escasa atención que se brinda al comercio ambulante, consideramos que no hay definitividad en las acciones para evitar la proliferación de este fenómeno. La construcción de nuevos espacios no conlleva a un ordenamiento del comercio ambulante dado su constante incremento
. Aparte de los problemas de invasión, de espacios destinados para otro fin como son calles, instalaciones del Metro, la incorporación de un mayor número de personas a esta actividad informal, provoca también una retracción en los ingresos que pueda obtener el Departamento del Distrito Federal.
El programa puesto en marcha para la reordenación del comercio ambulante, nos parece injusto, ya que consideramos no debe atropellarse los derechos de las familias que durante más de 30 años han venido constituyendo una tradición y ahora han sido desplazados de sus fuentes de trabajo. Ese problema debe ser enfrentado con un alto contenido social, mejorando su imagen y cambiando los mecanismos de comercialización.
En el presupuesto para el Distrito Federal, no se contempla en forma específica las acciones y montos que se canalizan para lograr que exista un orden en el comercio ambulante.
Finalmente, pensamos que la orientación social del gasto del Departamento del Distrito Federal, debe ser una actitud permanente en la planeación y proyección del mismo y no una actitud asistencialista, solidaria como paliativo a un ferviente reclamo popular y a una necesidad social, sino un compromiso serio, responsable y compartido entre autoridades y ciudadanía, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta ciudad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Francisco Saucedo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: - Con su permiso, señor Presidente.
Volvemos a estar en esta tribuna, después de todo este período de sesiones. Haber presentado, por parte de la Revolución Democrática, en el tema referente al Distrito Federal una serie de ideas, fundamentalmente políticas, que se han venido confrontando con lo que nosotros pensamos es la necesidad de plantear un proyecto alternativo, al que el gobierno en particular de la ciudad de México, viene implementando, impulsando en la ciudad.
En este sentido, comunicamos que el Partido de la Revolución Democrática expone su voto particular en contra del dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año de 1992.
Debido a que este documento refleja una política de gasto que no responde a las necesidades de la población ni a la exigencia de la ciudadanía ni a la demanda de nuestros sectores productivos.
Es evidente que el modelo de desarrollo es impuesto a la entidad de exigencias provenientes del exterior, en específico de los organismos financieros internacionales.
En menos de un mes hemos podido constatar nuevamente que la Cuenta Pública no cumple con los requisitos de evaluación exigidos por la ley; que la Ley de Ingresos elude el control de esta honorable soberanía; que las modificaciones a la Ley de Hacienda responden a las necesidades crecientes de un Estado cada vez más reducido. Más aún, y esto nos parece grave, observamos que el Regente del Distrito Federal regateó información durante su comparecencia ante la comisión correspondiente, una actitud totalmente contraria a la complacencia con la que atiende a la Prensa extranjera y le anuncia sobre sus planes de gobierno y metas que no consideró pertinente anunciar aquí a donde debería hacerlo.
Se va haciendo costumbre que el partido de Estado obstaculice las iniciativas de la oposición para años después enarbolarlas, que ante la opinión pública nacional e internacional proporcione una imagen de lo que no es, pues carece del compromiso necesario y de la capacidad suficiente para llevar nuestros programas de gobierno a buen fin.
No podría ser de otra manera, su responsabilidad no es hacia el interior; sus directrices en materia económica y social son elaborados en las oficinas de las grandes corporaciones trasnacionales y en las capitales de los países desarrollados.
Para el caso del Distrito Federal y del desarrollo urbano de la entidad, basta ver las propuestas
del Banco Mundial para el desarrollo urbano en los países subdesarrollados.
El documento elaborado por el Banco Mundial, dado a conocer en febrero de 1991, bajo el título "Política Urbana y Desarrollo Económico, un Programa para el Decenio de 1990". Este documento aquí lo tenemos. Señala que los primordiales desafíos urbanos en los países subdesarrollados son, en orden de importancia, los siguientes: en primer lugar, la productividad de la economía urbana; después intensificar la productividad de los pobres de la ciudad; le sigue el revertir el deterioro del medio urbano y, por último, la de llenar las grandes lagunas en el conocimiento de los problemas urbanos.
Las prioridades se manejan aquí como en un juego de baraja: medio ambiente mata conocimiento; los pobres matan el medio ambiente y la productividad mata a todos. En un país pobre como el nuestro y con el dogmatismo que caracteriza a los conservadores que detentan el poder, la productividad de la economía urbana se convierte en el primero y único objetivo del gobierno.
El Banco Mundial ha señalado que no va a destinar créditos para causa menores, cito, lo que dice el Banco Mundial, de escasos efectos a nivel de toda la ciudad, como fueron los proyectos de lotes y servicios y de mejoramientos de tugurios en los años setenta y los proyectos de desarrollo municipal y de financiamiento de vivienda en los años ochenta.
Ahora el Banco Mundial invertirá su dinero, cito de nuevo, en la reforma de políticas a nivel de toda la ciudad, en el desarrollo institucional y en las inversiones de alta prioridad y situar su asistencia al sector urbano en el contexto de los objetivos más amplios del desarrollo económico y el desempeño macroeconómico.
Para continuar accediendo a los créditos de los organismos financieros mundiales, para que rindan frutos la inversión que es el gran endeudamiento en que nos situaron tanto los organismos financieros internacionales como el partido de Estado, deberemos fijarnos como principal objetivo y único por los recursos disponibles, el de la productividad económica de la ciudad.
Para no dar lugar a equivocaciones, el Banco Mundial ha explicado que la productividad urbana, cito lo que dice el Banco Mundial, es considerar los problemas urbanos, desde una perspectiva más amplia, que vaya más allá de la vivienda y la infraestructura residencial, haciendo hincapié en la necesidad de reducir los obstáculos a la productividad.
Precisamente el gobierno de la ciudad ha decidido destinar buena parte de sus recursos a eliminar estos obstáculos que plantea el Banco Mundial. El primer obstáculo lo constituyen las deficiencias de la infraestructura, pues son un impedimento para la productividad e inversión privada, como son el suministro de agua y energía eléctrica, la vialidad, la red de telecomunicaciones, la recolección y eliminación de residuos sólidos y dice el Banco: "Estos servicios públicos de infraestructura, constituyen insumos medios necesarios, para las actividades económicas".
En consecuencia, el Banco Mundial insta a los países subdesarrollados, a fortalecer la administración de la infraestructura urbana a nivel de la ciudad, mediante el mejoramiento del nivel y la composición de las inversiones, el reforzamiento de la capacidad institucional en materia de operaciones y mantenimiento y la búsqueda de oportunidades de una mayor participación del sector privado.
El gobierno capitalino se ha esmerado para cumplir cabalmente esta directriz. El presupuesto para programas y entidades encargados de la habilitación de la infraestructura, muestra elevaciones considerables en términos reales. Es el caso de los programas de urbanización, 43% más a lo presupuestado en 1990, de construcción y operación de agua potable.
El diputado Miguel Ángel León Corrales (desde su curul): -¿No podría poner orden en aquella parte del salón?
El Presidente: -¿Con mucho gusto?
Se ruega a los diputados poner atención al orador.
Continúe compañero diputado.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: -Gracias, señor Presidente.
Decíamos que en el caso de los programas de urbanización, donde hay un 43% más de lo presupuestado en el año de 1990 de construcción y operación de agua potable, con un 5% más, así como la Dirección de Servicios Urbanos, con recursos mayores en 68 puntos, a lo que se presupuestó en el año 1989.
La Dirección General de Obras Públicas, con 7% más y la planta de asfalto con 15% más.
En el caso de los programas que muestran reducción en su presupuesto en referencia a 1989,
se muestra un esfuerzo considerable para revertirlo.
El presupuesto a la Secretaría General de Obras, sufrió una reducción considerable en 1991, por un 26%. Para 1992, esta disminución será apenas de 9%. La situación es similar para la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, cuya reducción pasó de 21% en 1991, a 5% en el proyecto de egresos que hoy revisamos. La construcción de vialidades, su mantenimiento y adecuación, ocupan un lugar preponderante en las acciones que realizará el Departamento del Distrito Federal en el año de 1992. No podía ser de otra manera.
Al Banco Mundial, le inquieta este problema, pues el tránsito de vehículos en la ciudad de México es tan deficiente que obstaculiza el movimiento de bienes y servicios y reduce por consiguiente, las economías de concentración de mercados urbanos.
Los efectos generados por esta política, son secundarios frente a la prioridad establecida; que se aliente el uso de los vehículos particulares, que esto genera mayor contaminación, que se vea afectada la salud de los habitantes, pareciera a carecer de importancia para el gobierno central de la ciudad de México.
De esta manera, que definamos aquí programas prioritarios no afecta la real prioridad que asumen este tipo de programas. En 1990, mientras más de la mitad de los programas prioritarios perdieron su participación relativa en el presupuesto total, dos programas no prioritarios: el de regulación y organización de las comunicaciones y el transporte, así como el de urbanización, vieron aumentar sustancialmente sus recursos e incluso su participación porcentual respecto al total ejercido.
Estos criterios de gasto, no funcionan para el presupuesto asignado en programas de bienestar social. En términos reales, por ejemplo, vivienda recibirá recursos menores a los asignados en este rubro en 1989, por cinco puntos porcentuales.
En cuanto al programa de ampliación y mejoramiento de la planta física, para educación y capacitación, ha sufrido un decremento de 37% respecto a 1989.
Edificios para salud y seguridad pública, cuentan con un presupuesto menor en 24% al que ejerció al inicio de esta administración.
En atención curativa, esta disminución es de 4%.
Efectivamente, incrementaron en el programa de atención preventiva, pero una golondrina no hace verano y el gasto federal en salud impone al gobierno local, erogaciones que lo limitan para otros programas.
Por ejemplo, para hacer viable este aumento y el realizado en vivienda, la comisión debió disminuir el Presupuesto en los Programas de Regulación y Preservación Ecológica, en el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras y en transporte colectivo Metro y tren ligero.
Sin embargo, de esos recursos arrancados, una parte sustantiva: 50 mil millones de pesos, fueron a atención y mejoramiento de la planta física para la educación y la cultura. Esto es, que de tres programas designados como prioritarios, sufrieron una fuerte merma para financiar a otro que no es un programa prioritario.
En lo que respecta a la privatización de los servicios y de infraestructura, parece no ir por buen camino. Los pequeños y medianos empresarios nacionales, no encuentran suficientes apoyos y alicientes ni para intervenir en el Centro Histórico, mucho menos para hacer realidad el paraíso que se planteó con las plantas de tratamiento de agua.
Los grupos empresariales importantes, no encuentran razón para hacer lo que el gobierno quiera; prefieren imponer sus condiciones en Polanco o en la Alameda Central.
El segundo obstáculo a la productividad urbana, nos dice el Banco Mundial, lo constituye el costo que entrañan las inadecuadas normas de regulación urbana normas de control que afectan el establecimiento de actividades productivas y obstaculizan considerablemente la rapidez y la eficiencia de las inversiones.
Entonces, se impone que deba ser mejorada la estructura normativa a nivel de toda la ciudad, a fin de aumentar la eficiencia del mercado. Palabras del Banco Mundial.
Una tarea de este tipo implica modificar sustancialmente los artículos 25 y 27 de nuestra Constitución que por ahí la llevamos y también las leyes que de ella se derivan, la de la planeación, la de Asentamientos Humanos, la Ley Orgánica del Distrito Federal, la de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Sin embargo, esto en realidad no ha sido obstáculo para que el interés se materialice simplemente con un desacato a la normatividad.
El desconocimiento que se ha hecho a las obligaciones impuestas por la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, de su programa directo y de sus programas generales, el incumplimiento de las metas, incluso de las de corto plazo y las modificaciones sustanciales que se han hecho en las zonas de desarrollo controlado, adecuando los planes parciales a la precisión del mercado, factor este fundamental por el cual se consideró necesario planificar la urbanización, como sucede en Santa Fe y en el Centro Histórico, muestran un interés desmesurado del gobierno central, por cumplir con las recomendaciones de organismos financieros internacionales, sin escatimar ningún costo.
El Proyecto Alameda es el caso más reciente, pero desafortunadamente no es el único. En la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se han hecho ya las consideraciones pertinentes y se evidenció la razón por la cual el gobierno del Distrito Federal no hace públicos sus proyectos. El proyecto viola normas fundamentales referentes al Centro Histórico, a la conservación de monumentos y al patrimonio histórico; modifica el plan parcial para ampliar predios, aumentar densidades y desestima la participación de los inversionistas nacionales y de los residentes también de la zona del centro.
Es evidentemente, la necesidad de reactivar económicamente la zona, pero no existe la intención de incentivar la participación de pequeños y medianos inversionistas nacionales, porque los mecanismos financieros necesarios para ellos, son considerados en el dogma neoliberal como necesariamente negativos y desequilibrarían las finanzas públicas.
Necesariamente estos proyectos son viables y positivos, si existiera una real concertación, esto es dentro de los marcos estrictamente legales y en donde el gobierno participe, fundamentalmente facilitando los mecanismos para que el pequeño, mediano y gran comercio puedan acceder a esos espacios y además cumplan con los criterios de desarrollos que se elaboren de manera colectiva, donde la intervención de los residentes se caracterice por ser una intervención fundamental; pero al parecer el Regente comparte plenamente la opinión del Banco Mundial, en el sentido de que los pobres son poco productivos y es necesario incentivarlos. Como no tenemos recursos, por lo pronto que salgan de las zonas donde impera la productividad económica.
Otro obstáculo a la productividad urbana, instruye el Banco Mundial, cito: "Es la deficiencia de los servicios financieros para el desarrollo urbano; un sistema financiero débil no es capaz de movilizar el ahorro privado y obliga al gobierno a utilizar recursos públicos para financiar la vivienda".
La presión para obtener subsidios financieros para la vivienda, puede tener efectos macrofinancieros.
Ante esto, la solución será: reforzar los sistemas financieros para el desarrollo urbano. El Banco Mundial, en este caso, se sorprende de que Polonia destine el 5% del producto interno bruto a vivienda. Debe sentir se satisfecho al ver que en nuestro país el financiamiento de vivienda haya sido reducido del 1.6% del producto interno bruto en 1988 a 0.5% del producto interno bruto para 1992.
Contento ha de estar también de que el departamento del distrito federal haya decidido disminuir el presupuesto para vivienda, en términos reales en más de 10 puntos porcentuales respecto del presupuesto de 1989.
Complacido debe sentirse incluso con los funcionarios que se esfuerzan por justificar este modelo, como el director de crédito de fomento del banco de México, quien no tuvo empacho en declarar, cito lo que declara: "sin las mesas de rentabilidad, las instituciones públicas de financiamiento, sean bancos o fondos de tipo social, tienden a volver aliados de los sectores que propugnan indiscriminadamente por mayores subsidios; lo que conduce a pérdidas patrimoniales y a la inviabilidad de los programas de vivienda que apoyan.
Por último, el Banco Mundial explica que un obstáculo más para la productividad urbana, está en la virilidad de las instituciones locales, como sería los municipios y, en el caso del Distrito Federal, las delegaciones, tanto financiera como técnicamente.
La debilidad financiera, dice el Banco Mundial, de los gobiernos locales afecta el desempeño macrofiscal, por lo que es necesario ocuparse de las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos locales, a fin de asegurar una base financiera local, estable y proteger el equilibrio macroeconómico.
El Banco Mundial, como tiene respuesta para todo lo que se le pregunta a asimismo y además la que considera la única acertada, nos dice que para ir por buenos caminos, debemos mejorar la capacidad técnica y financiera de las instituciones municipales mediante una división más eficaz de los recursos y las responsabilidades entre los gobiernos centrales y los locales.
Pensamos, creemos, que estos son los límites de la propuesta supuestamente política que recientemente anunció el Regente de la ciudad. No debemos hacernos ilusiones; es una simple reforma administrativa, donde el papel de la desconcentración es más importante que el de la descentralización. Esta reforma lo que busca es resolver problemas, como el señalado por el Banco Mundial en el documento que es: "El control que ejerce el gobierno central sobre el proceso de inversiones públicas, ha debilitado la voluntad y la capacidad local de administrar y mantener la infraestructura y los servicios públicos. Lo que afecta directamente a la eficiencia de la utilización de los recursos. En México había unas 200 plantas de tratamiento de agua fuera de servicio por falta de mantenimiento.
No es pues con un objetivo democrático sino de mera eficiencia administrativa lo que se persigue con la reforma política en el Distrito Federal. Se impondrá el modelo que lleva años esperando reducir los límites de las delegaciones, desconcentrar las funciones del Departamento Central, pero sin eliminar el control sobre la aplicación de los recursos.
En conclusión, el Banco Mundial supone que los países subdesarrollados deberán modificar el papel de los gobiernos centrales, que de proveedores directos de servicios e infraestructura urbana, podrán ser habilitadores. Que crearán un medio financiero y normativo propicio para que las empresas privadas, las unidades familiares y las agrupaciones comunitarias cumplan un papel cada vez más importante en la satisfacción de sus propias necesidades.
Requerirán también cierta medida de descentralización de las responsabilidades hacia las municipalidades, en el caso del Distrito Federal, a sus delegaciones, en lo que respecta a las finanzas urbanas y la administración de la infraestructura.
Pero el Banco Mundial advierte que deben tener cuidado, pues éste será un proceso complejo y políticamente difícil que requerirá el establecimiento de un equilibrio productivo y sostenible entre la autonomía local y el control central.
En efecto, el peligro está en que existen alternativas reales de productividad económica, bienestar social y democracia en la entidad. La base fundamental está en la descentralización. Las Delegaciones no requieren ser disminuidas, requieren ser refuncionalizadas, de manera que puedan enfrentar la habilitación y el mantenimiento de la infraestructura. Para ello es fundamental que cuenten con recursos propios ingresos provenientes del predial, el consumo del agua y de contribuciones de mejoras.
Asimismo deben contar con atribuciones para controlar el desarrollo racional. Esto permitirá un desarrollo local adecuado con las necesidades de la población y con la potencialidad de la zona. Y el principio esencial para una participación determinante de la sociedad.
Obviamente esta incidencia debe enmarcarse en un marco general, como lo es el Plan Director, pero que se elabore de manera colectiva, donde la Asamblea de Representantes del Distrito Federal podrá jugar un papel fundamental.
Los servicios urbanos deberán ser coordinados por el Departamento Central y controlados por la Asamblea de Representantes.
Es necesario que existan contrapesos a la decisión centralizada. Para ello se requiere no solo la elección de delegados, sino la conformación de Consejos Delegacionales, integrados por elección directa.
En fin, el problema del Distrito Federal no se encuentra en su población, ni en causas predestinadas, es la estructura de gobierno quien ha llevado a que la población del Distrito Federal encuentre cada vez mayores dificultades para ejercer sus derechos civiles fundamentales. Incluido el derecho a participar en la reactivación económica de la entidad.
Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifiesta su voto en contra del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Departamento del Distrito Federal, sometido a consideración de esta Cámara. Muchas gracias.
Dejo aquí a la Secretaría el voto particular del partido.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Salvador Abascal, del Partido Acción Nacional.
El diputado Salvador Abascal Carranza: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados y diputadas:
El panorama que se observa de la Cámara el día de hoy, similar al de algunos otros días a la misma hora, me sugiere, señor Presidente, que no es solamente la hora, sino algo más de fondo, que es parte de mi tema y es que el tema del
Distrito Federal y de las finanzas del Distrito Federal no atrae mucho la atención de los compañeros diputados, sobre todo de los de provincia, aunque debería ser también un tema importante a debatir en las propias diputaciones, por lo que voy a comentar a continuación.
Con éste ya son cuatro los dictámenes que discutimos en esta Cámara de Diputados, relativo al Distrito Federal, dos de ellos, los que son ley, pasan al Senado, pero, señores diputados, hay solamente dos senadores tendrá que aprobar la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y la Ley de Ingresos. Esto es verdaderamente Kafkiano, pero también de los 500 diputados, 499, que forman esta Cámara, solamente 65 estamos en la Comisión del Distrito Federal, por cierto, algunos de providencia, a los que admiro por haberse inscripto en esta comisión, porque creo que tiene un interés particular en ver cómo afecta a la provincia, a sus estados, las finanzas del Distrito Federal; pero la desproporción es muy grande, 65 de 500. En la Asamblea de representantes hay 66 miembros de la asamblea, todos obviamente del Distrito Federal y ahí el interés es otro, es del Distrito Federal.
Pero aparte, yo quisiera preguntar si todos los diputados leyeron los cuatro dictámenes relativos a las finanzas del Distrito Federal. Estoy seguro de que la mayor parte de los diputados la recibieron y tal cual archivaron, sin ponerles mayor atención.
Ciertamente, muchos diputados de mi fracción parlamentaria sí lo leyeron, sí se inquietaron y por lo que voy a decir después y el sentido del voto. precisamente porque los leyeron, se inquietaron y debatieron internamente en el partido, me doy cuenta de que tiene interés en las finanzas del Distrito Federal y en su impacto en las finanzas las finanzas de todo el país.
Pero si se dan cuenta también de que estos cuatro dictámenes, el debate de estos cuatro dictámenes no se han llevado muchísimo tiempo, este tiempo le cuesta también mucho dinero a la nación y mucho desgaste. Resulta pues obsoleto, absurdo que sigamos discutiendo en la Cámara de Diputados y luego en la de Senadores, proyectos de dictamen relativo al Distrito Federal cuando deberán ser un asunto estrictamente local.
Sin embargo, vale la pena aprovechar esta conyuntura y esta circunstancia, para señalar dos cosas importantes; primero, que los diputados de provincia, que sus representaciones en los estados tomen mayor interés en lo que está sucediendo en las finanzas del Distrito Federal. Y, segundo que precisamente por ser un asunto local, pero donde se encuentran asentados los poderes federales, deba interesar a otro estado y a otras cuestiones políticas, para ver si realmente vale la pena o no seguir discutiendo esto en la Cámara de Diputados. Es mi opinión y la de mi partido que es necesario lo más posible crear un congreso local, pero donde se encuentran asentados los poderes federales, daba interesar a otros estados y a otras cuestiones políticas, para ver si realmente vale la pena o no seguir discutiendo esto en la Cámara de diputados. Es mi opinión y la de mi Partido que es necesario la más pronto posible crear un congreso local que trate estos asuntos en lo particular, y que en el marco de la discusión de las finanzas públicas y de los Poderes federales en esta capital. Y entonces sí podría tener interés la Cámara de diputados y la de Senadores ya en este marco referencial por toda la República, específicamente en el impacto de la capital con respecto a los estados.
De tal manera que esperamos, reiteramos que ésta sea la última vez que discutimos estas finanzas, que discutimos estos proyectos de dictamen en esta Cámara de diputados, es desgastante, es inútil, es absurdo que sigamos gastando el tiempo y el dinero del pueblo en estas cuestiones cuando debería haber un órgano, cuando la Asamblea de Representantes constituida en Congreso Local debería estar ya discutiendo estos asuntos en su propio seno.
Debería haber ya iniciativas para cambiar la Constitución, nosotros vamos a proponer algunos cambios, ya tenemos hecha nuestra plataforma y algunos estudios relativos al cambio del estatuto político del Distrito Federal o de la Capital.
Es interesante, de cualquier manera, ver la proporción y la desproporción entre en gasto del Distrito Federal y el gasto de cada uno de los Estados, no con el deseo de continuar por supuesto el debate de ayer, pero sí es curioso observar algunas cifras que han salido precisamente de este debate interior en Partido Acción Nacional que por ejemplo nos llevan a consideración como las siguientes.
El Distrito Federal tiene un gasto per capita cuatro veces mayor que el del estado de México podría alegarse que no tiene los mismos problemas el estado de México que el Distrito Federal y yo les puedo decir que no hay diferencias substancial entre los problemas del distrito federal y los problemas del estado de México tiene la misma contaminación, además la compartimos la contaminación cuando los vientos soplan del norte, llega la
contaminación cuando los vientos soplan del sur les comunicamos también nuestra contaminación y los vehículos, la enorme cantidad de vehículos que hay en la zona metropolitana y todos los municipios conurbados, son comunes, es un problema común y es el más grave de los problemas no sólo del Distrito Federal, sino del estado de México, no se puede alegar pues que haya un mayor problema del Distrito federal en este renglón que en el estado de México.
Podría decirse también el problema del transporte, es exactamente igual, con la gran diferencia de que el estado de México no tiene problemas mucho mayores en muchos municipios conurbados en relación con el transporte , que el Distrito Federal, Se puede alegrar también el problema de seguridad, pues sabemos que en el estado de México, es exactamente igual o peor en algunos municipios, el problema de la seguridad pública que en el Distrito Federal además en el estado de México tiene más habitantes que en el Distrito Federal y en zona conurbada prácticamente 2 millones más de habitantes que el Distrito Federal ¿De dónde pues la desproporción cuando los habitantes el Distrito Federal tiene 4 veces menos gasto que en el Distrito Federal, el estado de México que el Distrito Federal.
En San Luis Potosí, capital, el gasto per capita en 18 veces menor al del Distrito Federal; en Mérida es 20 veces menor que en el Distrito Federal y así podemos seguir hablando de otros municipios.
Por supuesto que no queremos que se iguale a todos los municipios y a todas las entidades hay municipios urbanos, semiurbanos, rurales, semirurales, etcétera, pero sí hay que establecer ciertos criterios de equidad de cierta igualación de los municipios, en relación con sus necesidades, para que los gastos sean similares; de otra manera se sigue viendo estas enormes desproporciones, no solamente respecto al Distrito Federal, sino algunas capitales del interior de la República.
El Distrito Federal ciertamente es autofinanciable, ya tenemos que quitarnos esa idea vieja de que el Distrito Federal era el receptáculo de todos los impuestos de la República. Ciertamente no es así, tiene todo la razón el diputado Lerdo de Tejada, es autofinanciable.
Pero algo ocurre con las finanzas públicas, que arrojan resultados muy dispares e juntos en su distribución. Lo que podemos observar con toda claridad es que si el Distrito Federal es autofinanciable, los estados y los municipios son deficitarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el Distrito Federal se encuentran los poderes federales, que por un lado el Distrito Federal, los habitantes del Distrito Federal estamos subsidiado al gobierno, es la realidad, el gobierno federal no paga los impuestos que debería pagar y ciertamente aunque dice el diputado Lerdo de Tejada que no es equivalente el impuesto que se paga en otras entidades, bueno, yo diría que en el Distrito Federal por lo menos en algunos renglones, en predial y otras cosas, debería ser también equivalente con los gastos federales y el gobierno federal contribuir con los gastos del Distrito federal, pero el Distrito Federal entonces está contribuyendo al gasto del gobierno federal.
Pero no solamente el Distrito Federal. También la provincia. Ahí es donde se encuentra quizá la mayor desproporción. Por ejemplo en el estado de Baja California, el estado general cerca de 3 billones de pesos y solamente le regresan 800 mil millones de pesos, 400 mil tiene que ser generados por la propia entidad, cuyo presupuesto es de 1, 2 billones de peso. ¿en dónde se queda el resto? Si vemos comparativamente con otras entidades, podemos ver casos similares. Es cierto que en esta redistribución puede haber estado muy pobres a los que les toque más de lo que procede, por lo mismo pero debe ser la excepción. Lo que pasa es que el Gobierno federal está absorbiendo la mayor cantidad de la productividad de los municipios y de 105 estados.
Todos estos provoca sin duda malestar e irritación entre los ciudadanos de provincia.
Yo quisiera también ver que los diputados representarán dignamente, como ha sucedido en mi partido, representara dignamente a sus ciudadanos, que se sintieran molestos e irritados que sus ciudadanos porque los presentantes. Algunos de San Luis Potosí de mi partido me dijo: es que nos sentimos agredido por esta desproporción.
Esto se ha visto reflejado con mucha vehemencia pues al interior de mi partido
Tengo que dejar sentado el sentido muy claro de nuestro voto, respecto a este dictamen, porque los miembros de Partido Acción Nacional en la Comisión del Distrito Federal, Nuestras propuestas
fueron incluidas y nuestros comentarios fueron considerados, de tal manera que pensamos por ello, que ciertamente avances en este presupuesto.
Sin embargo, a pesar de nuestra disposición favorable al dictamen, digo nuestra, de los miembros de la Comisión del Distrito Federal, el partido Acción Nacional. A pesar de nuestra disposición favorable al dictamen elaborado por la Comisión y por la posición más bien, de nuestros compañeros Diputados de provincia, que se entienda, sino con los ciudadanos de los estados y de los municipios que ellos representan, por solidaridad con ello votaremos en contra de este Dictamen. Espero que lo consideren también así nuestros compañeros de la Comisión del Distrito Federal.
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Manuel Díaz Infante, del partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Con suvenia, señor Presidente; compañeras y compañeros Diputados:
En el senado de la Comisión del Distrito Federal los diputados de cada grupo partidista hemos tenido en días pasados la oportunidad de profundizar en la ardua y delicada tarea que representa la conservación de las condiciones de habitalidad y la promoción al desarrollo de la ciudad más grande del mundo, el Distrito Federal.
La ciudad en la que vivimos, como es sabio de todos, se ha venido desarrollando desde hace más de 500 años, a pesar de las condiciones adversas que caracterizan su ubicación geográfica. Desde su fundación era escasa el agua potable y en aparenta paradoja era arrastrada también por grandes inundaciones
. Por lo anterior, los aztecas tuvieron que, desde entonces, desarrollar obras hidráulicas tan importantes como los acueductos de Chapultepec y Churubusco y el dique que se separaba la Laguna de México de la Laguna de Texcoco, que servía para controlar los niveles del agua.
Me he permitido esta breve disgresión porque es precisamente la condición físico - geográfico de la ciudad uno de los componentes más importantes de esta problemática y quizá la limitante más importante en la solución de problemas relacionados con el equilibrio ecológico y la saturación urbana.
El Distrito federal no solamente sufre carencias de agua potable por encontrarse dentro de una cuenca sin salidas naturales, requiere también de sistemas de drenaje profundo y semiprofundo, cuya magnitud no podemos apreciar la mayoría de los capitalinos.
Esta ciudad, está en un proceso de deterioro permanente, por su geografía y por sus antecedentes lacustres. Una parte del subsuelo es de estructura fangosa y otra está en movimiento constante, causando la ruptura de las redes de agua, drenaje, luz y teléfono, así como la proliferación de baches y el hundimiento de las edificaciones.
Cuando a los efectos adversos de la naturaleza adicionamos la problemática social que resulta del hacinamiento de casi diez millones de personas, la conurbación con los municipios del estado de México, el deterioro económico y las crisis ecológicas derivada de los patrones de producción y consumo, se antoja pensar que está ciudad para ser gobernada en forma optima, requiere de un presupuesto ilimitado. Este por desgracia no es posible.
Y por ello, debemos ajustarnos como todo el país a las limitantes económicas que nos impone nuestra condición de desarrollo.
Definitivamente el presupuesto es muy limitado y como dirían las amas de casa: apenas alcanza.
Como representante popular y como habitante comparto con mis compañeros el deseo no debe, bajo ningún motivo, ofuscaron para dejar de considerar que todo recurso que se adiciona al Distrito Federal tendrá que tomarse de otra parte y por lo tanto generar una carencia, o bien que se busque el incremento vía los impuestos y el pago de derechos más allá de lo razonable. No se puede hacer un agujero para tapar otro; no es justo ni atiende al principio de comentar el equilibrio en el bienestar como lo establece claramente el Plan Nacional de desarrollo. El que nuestros recursos presupuestales sean limitados, es una realidad que debemos asumir; no podemos incrementarlos arbitrariamente, pero aún si lo hiciéramos, ello no bastaría para solucionar los problemas
Las soluciones requieren de otros ingredientes como una mayor eficiencia administrativa y sobre todo una mayor participación ciudadana. Es
evidente que los procesos de urbanización que se han venido dado en el Distrito Federal bajo presión de un crecimiento demográfico desmesurado y en el marco de las limitantes físico - geográficas, plantean hoy problemas donde los recursos presupuestales no son los determinantes en las soluciones .
Un ejemplo de esto es la sobreexplotación de los acuíferos del subsuelo, pero p para evitar la pérdida de esta recurso y que continué el hundimiento de la ciudad tampoco podemos seguir con el cualquier precio y afectar el equilibrio ecológico de donde se extrae.
Lo que se debe hacer es modificar radicalmente las pautas del consumo y reciclar el agua disponible médiente el desarrollo de técnica para el tratamiento de las mismas.
Menos consumo y uso racional por parte de la población, es lo que se requiere. No más gastos en sistema de extracción lejana y bombeo.
Pese a sus limitaciones, el proyecto de Presupuesto para el Distrito Federal de 1992, se ajusta en sus términos a la política social del Plan Nacional de desarrollo y a las demás de la ciudadanía que los diversos partidos captaron y canalizaron a la Asamblea de Representantes.
El paquete de recomendaciones que con toda oportunidad turnó este órgano democrático y plural, se encuentra reflejado en cada uno de los programas que desarrolla el Departamento del Distrito Federal con el Presupuesto de 1992, y más específicamente en los programas prioritarios.
En el presupuesto para 1992, los programas prioritarios representan el 60% del total del gasto Estos programas corresponden a acciones en transporte, seguridad pública, ecología, drenaje, promoción de justicia, salud y agua potable. De ello depende la calidad de vida de nuestra ciudad.
Ninguna de las acciones que se contemplan pueden posponerse ni cancelarse, por eso coincido plenamente con mis compañeros diputados en que dichos programas no deben ser afectados por ningún motivo por ajustes o cambios que los reduzcan y así hemos plasmado en el cuerpo del articulado.
Una preocupación fundamental en el análisis para el dictamen del proyecto es la relativa al impacto que sobre el gasto corriente tiene los, servicios personales, esto es la nomina. En este rubro, nos encontramos nuevamente con que los aspectos de mantenimiento de los servicios absorben la mayor parte del personal, por lo que este renglón se justifica plenamente.
No podemos reducir al personal sin afectar el bienestar de la ciudadanía. El número de trabajadores que participan en labores de seguridad, transporte, limpieza, desazolve, alumbrado, mantenimiento de las redes de agua potable, recolección de basura y en todas aquellas actividades que permiten mantener al ciudad, no existen empleados que no cumplan una función social específica y asimismo es notorio ver que en las delegaciones como el personal es reagrupado continuamente para aprovechar su capacidad al máximo, de acuerdo a la temporada.
Por lo que toca a la inversión, que representa el 41.5% del gasto programable, los proyectos que integran el programa para 1992, sirve a las mayorias y representan un alivio a la problemática de la ciudad. Destacan el de Comunicaciones y transporte Interno, tal es el caso de la linea 8 del metro, la ampliación del anillo Periférico y las nuevas obras de vialidad en el Circuito Interior, Miramontes y Tlalpan.
Asimismo, las obras previstas impactarán positivamente el equilibrio ecológico al mejorarse la vialidad y, en caso del Programa Metropolitano de Dispersión de Residuos Sólidos, a reducir la contaminación del suelo y del aire.
Es importante considerar que una de las mayores preocupaciones que guiaron las actividades de los miembros de la comisión, fue el establecimiento de todas aquellas medidas de control que permitiese el ejercicio eficiente y racional del gasto, así como la plena trasparencia en su utilización.
En este aspecto es de considerar el artículo 20 del decreto, donde se indica que sólo podrán la disponibilidad de recursos y que tendrá prioridad aquellos proyectos y obras de modernización de infraestructura básica.
En el mismo artículo, se establece que debe ser aprovechada la mano de obra local y que solamente podrán ser utilizados créditos externos para aquellos proyectos ya contemplados en el presupuesto y sujetados a las autorizaciones de las secretarías de programación y de hacienda.
En este marco, la comisión estableció a su vez que cualquier excedente que resulte en el
presupuesto, deberá canalizarse a programas prioritarios.
Por lo que toca a las adquisiciones, de la misma manera que las obras, estarán sometidas a lo dispuesto en las leyes de adquisiciones y de obras públicas.
El amplio sistema de control para el manejo de recursos presupuestales, se complementan con la verificación periódica que realiza la Contraloría General de la Federación, que está encargada de comprobar, mediante inspecciones y auditorías, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del decreto del Presupuesto de Egresos del Propio Departamento, Independientemente de las que realiza esta soberanía por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Por otra parte, considero que le proceso de análisis que se dio en el seno de la comisión del Distrito Federal y específicamente en la subcomisión que estuvo a cargo de analizar el Presupuesto de Egresos para el próximo año, resulto más fructífero por muchas múltiples razones.
En primer lugar, se estableció un diálogo franco y permanente con el grupo plural que integró la subcomisión, lo que nos permitió encontrar las coincidencias, que fueron muchas, respecto de lo que consideramos prioritario e impostergable para el bien de los habitantes de esta ciudad que tanto queremos.
Por otra parte, el trabajo de análisis tuvo frutos tan importantes, como fueron el haber introducido en el ámbito de bienestar social la instrumentación de un programa especial de prevención y control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y también el de atención sanitaria para la erradicación del cólera.
En el área de la asistencia social, se logró reorientar el programa para dar mayor atención a los menores desvalidos y promover más acciones de apoyo a la participación de la mujer.
Por la iniciativa de la comisión, se logro atender una demanda generalizada de mayor atención a la infraestructura educativa, con la reasignación de 50 mil millones de pesos para el Programa de Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la educación y Capacidad en el Distrito Federal.
También la vivienda, cuya construcción nos forma parte del objetivo central de los servicios y acciones que competen al departamento, pero a la preocupación de todos los grupos partidistas que integraron esta Legislatura, recibe una asignación adicional de 20 mil millones de pesos para apoyar la autoconstrucción y ampliación habitacional, para aquellos habitantes con necesidades de vivienda, que por cualquier caso no tenga acceso a los programas intensivos que en la materia están realizando otras instancias del gobierno.
Así también se incrementaron 2 mil millones de pesos a agencias especializadas del Ministerio Público en delitos sexuales y encuentros de desarrollo infantil. Además de las reasignaciones presupuestales y del énfasis que se logró dar a diversos programas, la comisión en su conjunto establecido que aquellos recursos extraordinarios que se obtengan como resultado del impuesto local sobre tenencia de vehículos de modelos anteriores a 1983, se utilicen perfectamente, en los programas de control ambiental.
Mención especial compañeros diputados debemos hacer al artículo 3o. bis, que introduce la comisión y donde se establece la asignación presupuestal correspondiente al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, separado como siempre decía haber sido, del presupuesto de las unidades administrativas
Todo lo anterior, insisto, no se hubiera logrado sin la amplia concertación que dio entre los miembros de la comisión y el predominio en ello, del deseo de servir a la comunidad por encima de cualquier otro objetivo particular o de grupo.
Compañeros diputados: Debemos reconocer que en materia del presupuesto aún es mucho lo que tenemos que trabajar para perfeccionar nuestra participación como legisladores, independientemente de que es una materia que evoluciona en relación directa con la problemática urbana y con las condiciones económicas que determinan las posibilidades del ingreso.
Por ello, es conveniente que a fin de lograr una mayor profundidad y continuidad en esta importante labor, iniciemos el próximo año, las actividades de esta subcomisión durante el mes de abril, a partir de que la Asamblea de Representantes, emita sus reconocimientos sobre el particular. Y así desarrollemos conjuntamente con los especialistas del departamento un diálogo más fructífero que el presente, que tenga por resultado un proyecto presupuestal que busca que satisfacer nuestra expectativa en el marco de un realismo, objetividad y conocimientos plenos.
Finalmente quiero reiterar que además de recursos para financiamiento de los programas, es fundamental si queremos seguir avanzando en el logro de una ciudad más humana y apta para el desarrollo de los nuevos habitantes, el lograr un cambio de mentalidad, una nueva conciencia que lleve a la ciudadanía, a los habitantes a nuevas pautas de consumo y a un uso más racional de los. recursos.
Solamente si logramos evitar el desperdicio y la destrucción de lo que ya tenemos, lograremos organizar los recursos presupuestales. Debemos esforzarnos en despreciar menos y ahorrar más en todos los aspectos de la conducta social e individual.
Por todo lo anterior es que solicito a nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, el voto aprobatorio de esta asamblea para el Presupuesto de Egresos del departamento del Distrito federal, para el año de 1992. Muchas Gracias, por su atención.
- El Presidente:- Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria Diputada A, Irma Piñeiro Arias - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa. sírvanse manifestarlo... Gracias.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Artículo reservados para su discusión en lo particular respecto del Presupuesto de Egresos del Departamento del distrito Federal: El artículo 5o., el diputado Héctor Martínez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, la diputada Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el artículo 8o. el diputado Guillermo Flores, del Partido de la Revolución Democrática; el artículo 11, la diputada Patricia Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática; artículo 13 el diputado Víctor Ortuña, del Partido Acción Nacional, y el artículo 15, los diputados Patricia Ruiz del Partido de la Revolución Democrática y el Diputado Víctor Orduña, del Partido Acción Nacional.
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículo no impugnados, en un solo acto.
La secretaria A. Irma Piñeiro Arias: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular no impugnados en un solo acto.
Se ruega a la oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente; se emitieron 268 votos a favor de 34 en contra, señor Presidente.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 268 votos.
Esta Presidencia ratifica la lista de oradores que se han registrado para la discusión en lo particular.
Diputado Héctor Ramírez Cuéllar, el artículo 5o., junto con la diputada Luisa Alvarez, diputado Guillermo Flores, el artículo 11, diputado Víctor Orduña, artículo 13, diputada Patricia Ruiz, artículo 15, diputado Víctor Orduña el mismo artículo 15, diputado Salvador Abascal, para una adición.
En ese, orden, tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputado
En nuestra intervención en lo general, en la última parte de ella, hicimos alusión una demanda que ha llegado a la Cámara de Diputados, que consiste en exentar del pago del impuesto predial y del consumo de cuota de agua anual, a los jubilados y pensionados en la ciudad de México.
Creo que no se requiere abundar mucho en la necesidad de que se tome esta medida.
En algunos estados de la República Mexicana ya la extensión de estos pagos a jubilados y a pensionados, existen. Por lo menos tenemos datos de que ocho estados se exenta del pago a jubilados y pensionados.
Y en el caso de la ciudad de México, la Asamblea de Representantes ya había logrado, en el pasado inmediato, que la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, excentara del pago a estos ciudadanos, con la única condición o requisito de que al presentarse a las cajas registradoras, mostraran su recibo de pensionado se les hacía un descuento de por lo menos el 50% de estos dos gravámenes.
Para nadie se extraño que los jubilados y los pensionados son de los sectores que menos ingresos tiene en nuestro país; son trabajadores que han agotado su vida productiva en las fábricas, en las oficinas públicas y que siguen percibiendo como todos sabemos, muy bajas percepciones, lo cual ha sido motivo de preocupación por esta asamblea en otro momento.
Consideramos que ésa sería una razón.
La otra razón para pedir la exención de estos pagos, sería la de que muchos de estos jubilados y pensionados, viven habitan en viviendas modestas en donde estas cuotas, tanto la del predial como la del consumo de agua son de las más bajas, están en el rango de la mayoría de las causantes de esta dos o impuestos.
De tal manera que al Departamento del Distrito Federal no les sería muy gravoso para la hacienda pública, exentar del pago a jubilados y pensionados puesto que fácilmente recuperaría estos recursos por otro conductos fiscales y sí en cambio abría un beneficio social, bueno si ustedes quieren pequeños, si ustedes quieren mínimo, pero al fin al cabo un respaldo aunque fuese en esa dimensión, a las familias de jubilados y pensionados.
Esas serían las razones, no creo que debamos abundar más en ellas, para proponer en el artículo 5o., inclúyase en el rubro de prestaciones económicas de o con la cantidad de 131 billones 902 mil 500 millones, el pago de impuesto predial y la cuota de consumo de agua anual a los jubilados y pensionados de la ciudad de México.
Firma el diputado Héctor Ramírez Cuéllar por la fracción del partido Popular Socialista."
Gracias y dejo aquí en la secretaría.
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Benjamín González Roaro.
El diputado Benjamín González Roaro: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Antes que nada quisiéramos comentar a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, que coincidimos con el diputado Ramírez Cuéllar, en el sentido de que debemos de buscar instrumentos y mecanismos que permitan hacer más llevadera la difícil situación de los compañeros jubilados.
Sin embargo, sentimos que no es en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, donde quepa una situación como la ustedes están planteando, las compensaciones, los estímulos a los que se refieren y las prestaciones a las que se refiere esta partida, es a trabajadores del Departamento del Distrito Federal y además quisiera recordar que en la Ley de Hacienda que aprobamos hace algunos días se señale que se rectifica el acuerdo que el Jefe del Departamento ya había establecido, en el sentido de exentar de un 50% del pago de impuestos predial y derechos de agua a los jubilados y nosotros lo que hicimos en esa ley fue confirmarlo.
Por tal motivo, sentimos que no es este el ámbito donde debemos de discutir este aspecto, aunque si coincidimos en la necesidad de que todas las fracciones busquemos en los mecanismos correspondientes de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, en su momento buscar mejores incentivos para los trabajadores jubilados Muchas gracias.
El Presidente: - Sírvase la Secretaría dar cuenta a la asamblea de la proposición formulada por el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias - Propuesta de modificación del diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del partido Popular Socialista.
Única. Que se modifique el artículo 5o., para quedar como sigue; "Artículo 5o., Inclúyase en el rubro de prestación económica D - O, con la cantidad de 131 mil 92 millones 500 pesos, el pago del impuesto predial y la cuota de consumo de agua, no van a los jubilados y pensionados de la ciudad de México"
. El Presidente: - En votación económica, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta o no a discusión la propuesta formulada por el diputado Ramírez Cuéllar.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por intrusiones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El diputado Tomás correa Ayala (desde su curul): -Que se cuenten los votos, porque está dudosa la votación.
El Presidente: Tengo anotada a la diputada Luisa Alvarez y estoy haciendo una moción.
Está anotada la diputada Luisa Alvarez, del Partido del Frente Cardenista, para el mismo artículo...
(Desorden.)
Muy bien, proceda la secretaría.
La secretaría diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Señor Presidente, que se desechara la moción propuesta.
El diputado Juan Huesca Pérez (desde su curul) -Que se cuenten los votos, señor Presidente, la votación es demasiada dudosa.
El Presidente: - No tiene caso enfrascarnos, ya están llegando los diputados, compañeros.
(Desorden.)
Se concede la palabra a la diputada Luisa Alvarez, para el artículo 5o.,
La diputada Luisa Alvarez Cervantes (desde su curul): - No puede hacer eso.
El presidente: ¿Por qué no?
El diputado Juan Huesca Pérez (desde su curul): -¡Porque no está echa la votación oportunamente, señor!
El Presidente: - Es que yo me anticipe en la votación.
El diputado Juan Husca Pérez (desde su curul): -¡Para que me escuchen!
El Presidente: -Doctor, está reservado el artículo 5o., por la diputada.
El diputado Juan Huesca Pérez (desde su curul)): Pero se puso a votación y no se contabilizó Mientras no se pase esta votación en tiempo y forma, no estamos de acuerdo. señor Presidente.
El Presidente: - Solamente que retire la compañera su propuesta, entonces sometemos a consideración.
El diputado Juan Huesca Pérez (desde su curul): - No podemos pasar a otro punto mientras no quede terminado el anterior. ¡no estamos de acuerdo, señor Presidente!
El Presidente: Compañeros Fernando Lerdo de Tejado.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna (desde su curul): - Señor P Presidente, yo quisiera señalar, en primer ligar, que lo que se votó no fue el artículo; se si no la propuesta presentada en votación económica. El artículo se reserva.
Sin embargo, quisiera yo, señor Presidente, sugerir, como hemos seguido en trámite en todos los demás procedimientos que han llevado a cabo esta Cámara, que las proposiciones se reserven para el final, a efecto, como lo hemos hecho con anterioridad, de que ahí se vea cuáles se aceptan y cuáles no se aceptan y posteriormente se lleve a cabo y se recoja la votación nominal.
De tal manera que, en primer lugar, no se votó el artículo; se votó, en votación económica una propuesta y sugerimos en sí el procedimiento que hemos estado llevando con anterioridad.
El Presidente: - Sí doctor.
El diputado Juan Huesca Pérez (desde su curul): - Estoy de acuerdo en parte de lo que dice el diputado en parte de lo que dice el diputado. Pero no podemos aceptar que esa votación se haya tomado a vapor para un sentido o para otro. Consideramos que esta votación debe quedar definida plenamente y ya después se tomará en lo particular o en la forma en que lo decidan.
El diputado Hiram Luis de León Rodríguez (desde su curul): En vez de que se estén adivinando un poco la votación, dijo que ya llegaron lo que van a votar en contra. Yo le quiero fundamentar el artículo 151 del Reglamento, la proposición que hace el doctor Huseca y tiene que darle trámite. Dice que "cuando un diputado exige que se haga el recuento, debe recontarse".
El presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura al artículo 151.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: -"Artículo 151. Si al dar la Secretaría cuenta del resultado de la votación económica, algún miembro de la Cámara pidiera que se cuenten los votos, se contarán efectivamente. a ese fin se mantendrá todos, incluso el Presidente y los Secretario en pie o sentados, según el sentido en que hubiere dado su voto; dos miembros que hayan votado, uno en pro u otro en contra contarán los aprueban y otros dos de la misma clase a los que reprueban; estos cuatro individuos que nombrará el Presidente, dará razón al mismo en presencia de los secretarios del resultado de su cuenta y hallándose conforme se publicará la votación".
El presidente: - Proceda la secretaría a recabar la votación.
La secretaría diputada Ana Teresa Aranda Orozco: -¿Nuevamente?
El Presidente: Fue un error de mi parte y tenemos que subsanarlo de la mejor manera.
La secretaria diputada Ana Teresa Arana Orozco: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a esta asamblea si se acepta la propuesta del diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo poniéndose de pie...
Son 96 votos en contra, señor Presidente.
A favor, perdón. A favor, señor Presidente.
Los diputados, que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Son 243 votos en contra, señor Presidente... ¡Desechada, señor Presidente!
El Presidente: Tiene la palabra la diputada Luisa Alvarez Cervantes: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
La magnitud de la ciudad de México ha venido generando la agudización de problemas económicos, y sociales, específicamente en los ámbitos de la vivienda, el transporte, la contaminación y la seguridad pública. Se han ido exacerbado los problemas, al grado de que algunos de ellos no han sido posible atentarlos desde una perspectiva integral y en consecuencia con un diseño de la técnica presupuestal que permita aproximarnos al diseño de presupuestos acorde a la problemática urbana; social y ecológica.
El crecimiento constante y anárquico de la población del Distrito Federal y en su área conurbada, exige soluciones de fondo y más enérgicas. De lo cual se ha carecido en la administración capitalina. Las soluciones que se han dado a estos problemas ha ido empeorando las comisiones de vida de los habitantes capitalinos.
La ciudad de México, desde varios años ha dejado de ser aquélla ciudad barata de los años setenta y se ha equiparado con las consideradas caras. Los impuestos que hoy se cobran resultan elevados. Sin embargo su aplicación en el gasto del Distrito Federal no se traduce en avanzar hacia la satisfacción de las necesidades más apremiantes.
Los problemas de vivienda, transporte, contaminación y seguridad pública no se pueden plantear ni abordarlos de manera unilateral y separadamente, ya que conforman una interrelación que requiere de una atención integral. De nada sirve destinar grandes montos de presupuestos para solucionar un problema, cuando los otros se agravan.
Se necesita iniciativa decididas y extraordinarias para solucionarlos. No las medidas que actualmente adopta el Departamento del distrito federal, que solo constituye paliativos a la población. En forma integral estas medidas deben de ir acompañados de una gran participación popular, en donde todos los sectores opinen y contribuyan en las decisiones adoptadas.
El ejercicio de novedades formas de participación social que se señalan en el dictamen hasta ahora, han quedado en el plano meramente declarativo.
Quisiéramos señalar que en el Distrito federal existe una gran participación social. Esta gran participación social ha ido avanzando a tal grado que por las demandas planteadas rebasan ya a las autoridades del Departamento del distrito federal y éstas no han podido o no puedan aprovechar toda esta participación popular para resolver los problemas más sentidos de esta ciudad capital.
Nosotros observamos que la política económica y social instrumenta de por las autoridades capitalinas va íntimamente relacionado con los intereses de los núcleos que ostentan el poder económico. En muchos casos, ante las urgencias y necesidades sociales, se accede a las demandas de grupos dominantes.
En esta intervención queremos rectificar puntos de vista de nuestro partido manifestando en otros foros, que tiene íntima relación con lo que se está discutiendo. El problema central en la planificación y crecimiento y desarrollo de la ciudad de México lo constituye el de la vivienda. En este rubro las iniciativas de los organismos responsables, como el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano, etcétera, no corresponde a una política que permita ordenar el crecimiento anárquico presentado hasta la fecha. Este crecimiento ha rebasado en muchos las acciones que han adoptado para solucionar las autoridades para la modernización emprendida por el Ejecutivo Federal.
Consideramos nosotros que en muchas ocasiones las autoridades tienen temor, como es en caso del Distrito Federal, de emprender medidas extraordinarias para resolver los problemas, aun que estas medidas extraordinarias tiendan a afectar grupos económicos. Tal pareciera que lo que se pretende es no resolver los problemas en su dimensión, como se exige, sino dejarle la problemática a las futuras autoridades que vengan al Departamento del Distrito Federal.
En el dictamen de Presupuesto de Egresos se asignan para la vivienda 216 mil millones de pesos y en el documento presentado por la Comisión del Distrito federal, se resalta la reactivación de 20 mil millones, lo cual resulta totalmente insuficiente ante un déficit de cerca de 400 mil viviendas y en el III Informe de Gobierno se señala que en 1991 se construyeron 4 mil 500 viviendas, pero esto es absorbido por el crecimiento de la población que ya mencionamos. Anulo a este déficit, encontramos que aún existen campamentos de damnificados del sismo de 1985, vecindades en mal estado e irregularización de viviendas, entonces, con un presupuesto reducido afrontar problemas nuevos, cuando no se han solucionado los que han ido ya envejeciendo?
Vamos a dar un ejemplo. En el caso de la capital, se pretende una gran remodelación de su Centro histórico, pero en esta gran remodelación hay tantos intereses mezquinos que han tratado de expulsar a los habitantes históricos, pobres posiblemente, pero que también reclaman su derecho a una vivienda digna. Ordenar el crecimiento es una capacidad que tiene y que han tenido los habitantes del Distrito Federal, si podemos arrancar, junto con el gobierno capitalino, esta gran iniciativa de transformación.
En nuestra intervención señalaremos en forma general la problemática del transporte urbano. Vemos en el dictamen que se asigna 1.1 billones de pesos al servicio del transporte, a fin de elevar la calidad y cobertura de este servicio, sin embargo, la aplicación de este programa está lejos de ser integral; el crecimiento no controlado del transporte colectivo, denominado peseras, pareciera ser que en forma intencional cerca del 50% del parque vehicular está fuera de servicio y en el dictamen se deja ver cuando se propone para reparar 2 mil 113 unidades de Ruta - 100, la reconstrucción de 61 trolebuses. ¿No sería conveniente incorporar unidades nuevas, movidas por energía eléctrica, que permitan mejorar el servicio y que no se construyan en fuentes contaminantes?
Existen en el Distrito Federal zonas en las que se carece de transporte urbano, las rutas que existen son del transporte colectivo, denominadas peseras, las cuales encarecen el transporte de las personas. Estamos de acuerdo en que se amplíe el Metro, porque por esto desahogaría en parte el transporte en las zonas que se proyectan su construcción, pero no se trata de soluciones parciales; la atención del problema debe de ser integral, con medidas serias y extraordinarias.
En cuanto a la contaminación, en el dictamen se manifiesta que se ampliará la cobertura de programa de verificación vehicular, a fin de reducir la emisión de contaminantes. Para combatir el problema de la contaminación se asigna 1 billón de pesos. Nos preocupa el monto que se destina por la concepción de las autoridades capitalinas sobre las fuentes generadoras de contaminantes que siguen recayendo o concibiéndose como el parqué vehicular, cuando bien se sabe que las fuentes fijas son las más contaminantes y de las fuentes fijas son las más contaminantes y de las cuales no se han tomado medidas enérgicas La clausura de fábricas es una solución parcial pero no definitiva, consideramos que en este aspecto urge una relocalización de las industria, la cual no ha sido afectada por las presiones de los grupos ecológicos. El ejemplo del cierre de la refinería de Azcapotzalco quedó únicamente en ejemplo porque nadie lo siguió: urge tomar medidas más drásticas que permitan lograr soluciones integrales y definitivas.
Finalmente queremos hacer referencia al presupuesto asignado a Seguridad Pública, 1.3 billones que resulta ser uno de los más elevados. Estamos consientes que en una ciudad de la magnitud del Distrito Federal los problemas de seguridad pública se incrementan, pero cada año a este programa se le asigna mayor presupuesto a lo que se asigna para atender a necesidades sociales y por el contrario, los índices de delincuencia no disminuyen. De acuerdo a las cifras del III Informe de Gobierno, el índice delictivo aumentó en 3% de 1990 a 1991, consideramos nosotros los integrantes del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional que es muy importante y sumamente difícil posiblemente ver los problemas de esta capital; sin embargo los que son de fuerza con el tiempo que han estado en la ciudad, saben lo que significa vivir en el Distrito Federal ante estas medidas, ante estos problemas, consideramos nosotros, las autoridades capitalinos. Por esos argumentos consideramos que las asignaciones para los programas que se indican en el artículo 5o., no corresponden a los graves problemas de esta capital. Muchas gracias compañeros. (Aplausos.)
Es el voto, las razones porque se vota en contra, ya se votó en contra en lo general y éste es uno de los elementos del porqué es el voto en contra.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado José Merino Castrejon.
El diputado José Merino Castrejón: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados quiero referirme de manera especial a tres programas que se han mencionado, uno de ellos es el de vivienda, en donde ha habido una importante discusión en comisión y en donde la tarea del gobierno de la ciudad ha diseñado una estrategia, en la cual no se trata de incrementar con recursos propios, los destinos del presupuesto para los efectos de construir directamente la vivienda; aquí la estrategia es apoyar a la vivienda fundamentalmente en las áreas de autoconstrucción y de aplicación de la vivienda con lo cual se determinó en la Comisión que se incrementa y así quedó en 20 mil millones el presupuesto correspondiente.
Y se están intensificado de la misma manera los programas tanto de regularización de la tenencia de la tierra, como en el caso de los usos y destinos para que a través de su documentación y su escrituración se pueda obtener los créditos de las distintas instituciones y se pueda fortalecer a través de la autoconstrucción.
En el caso del transporte, se habla de los destinos y del cómo se ha repercutido en el presupuesto para resolver éste que es uno de lo problemas fundamentales de la ciudad y por esta razón, se han destinado más de tres y medio billones de pesos en infraestructura y operación, con lo cual se amplía la red de cobertura y de esta manera en área sobre todo del oriente de la ciudad hacia Iztapalapa, hacia donde había una deficiencia en la cobertura, es hacia se están dirigiendo fundamentalmente los programas de transporte en su operación.
Y en el caso concreto de la contaminación que ha sido odordado en distintas partes de esta sesión, se ha hablado de la deficiencia en el tratamiento de la contaminación y queremos mencionar que esté es precisamente, el programa al que más recursos de le ha destinado. Estamos hablando de 2 mil 500 millones de dólares, con la participación del Banco mundial, del gobierno de Japón, del Banco Interamericano de Desarrollo y este programa es el más amplio que se lleva en la ciudad alguna del mundo.
Así es fundamentalmente en la problemática de estos tres programas. Se ha hablado de que es el número que en su demanda lo que ha complicado, tanto el medio ambiente, tanto el déficit en transporte como en el caso de vivienda.
Y obviamente se trata de la ciudad que tiene el menos del 1% del territorio nacional, el 10% de la población nacional en el Distrito Federal y el 20% en su área conurbada. Esto es en su crecimiento una complicación constante, pero las respuestas de estos tres programas es fundamentalmente en donde se ha acentuado la tarea, la acción del gobierno de la ciudad y en donde se manifiesta en el presupuesto una respuesta más contundente y más radical Muchas Gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 5o.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El presidente: - Resérvese para su votación en conjunto. Está a discusión el artículo 8o., del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal que ha sido reservado y se abre el registro de oradores. Tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
El Partido de la Revolución Democrática hace la siguiente propuesta que dice así: "Unas de las causas fundamentales que han afectado seriamente la salud de nuestra finanzas, es el poder discrecional con el que cuenta el Poder Ejecutivo para decir la contratación de la deuda externa. Esta actitud sumió en serios problemas a la estructura financiera del Departamento del Distrito federal. El ejercicio de estos empréstitos externos por parte del departamento del Distrito federal durante los últimos dos años y la acumulación dos años y la acumulación que se está dando en los montos, alertan una tendencia que . hace peligrar nuevamente las perspectivas de un futuro mejor de la entidad.
En el artículo 8o., se pide que el Ejecutivo, para contratar deuda, pida la autorización asimismo, de manera que el poder Legislativo en específico esta honorable soberanía, no pueda ejercer las atribuciones que le otorga la Constitución en materia del Distrito Federal.
Por todo lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática propone a esta soberanía la modificación del artículo 8o., del proyecto del Distrito federal para ejercicio de 1992 en sus párrafos primero y octavo, para quedar redactado en los términos siguientes:
Artículo 8o. Para que el Departamento del distrito Federal y las entidades puedan ejercer crédito externo destinados a financiar proyectos o programas específicos, será necesario que la totalidad de los recursos a ejercer se encuentra en incluidos en sus respectivos presupuestos aprobados, o se cuente con la autorización previa y expresa de la Cámara de Diputados.
El párrafo cuarto de este mismo artículo que daría de la siguiente manera:
Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos puedan redundar en un incremento de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá la autorización previa de la Cámara de Diputados.
Atentamente.
Partido de la Revolución Democrática. Diputados: Gilberto Rincón Gallardo, Francisco Javier Saucedo Pérez, Patricia Ruiz Anchondo y Guillermo Flores Velasco."
Dejo esta propuesta debidamente firmada por los que señale, a la Secretaría para que se proceda. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Alicia Garza, del Partido revolucionario Institucional.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo: Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea.
No cabe duda que ha habido un gran esfuerzo corresponsable entre la sociedad capitalina y el gobierno del Departamento del distrito federal por sanear las finanzas públicas de ésta cada vez más compleja capital nacional que a todos los mexicanos compete.
Habría que notar que las trasferencias del gobierno federal al gobierno de la ciudad han disminuido considerablemente. Antes, por ejemplo en 1986 que fue el nivel más lato, llegaron a representar más del 33% del gasto. Para 1992 se proyecta que su distribución al gasto total llegue al 1.6%. Tenemos entonces que la composición del presupuesto de 1992 es la siguiente: 44% de recursos propios, 41.1% participaciones por impuesto, 10.9 ingresos propios de organismo tales como Metro, Servimex, Ruta - 100 etcétera, 1.6 como antes se refería a transferencias y 2.0% de financiamientos externos que significan 187 mil millones de pesos, que son el objeto de mi participación referirme a ellos, en el contexto establecido en el artículo octavo del proyecto de dictamen del Presupuesto del Departamento del Distrito Federal.
Es en este sexenio cuando menos créditos internos y externos se han contratado por parte del Departamento del Distrito federal. El saldo final en 1988 era de 234 mil millones de pesos y se espera para finales de 1991 que sean 226 mil millones de pesos, habiendo habido una
amortización de 8 mil millones de pesos, que es una cifra récord en materia de amortización de deuda.
Compete entonces comentar que ese 2% de financiamiento externo habrá de aplicarse en obras del Metro, 99 mil millones de pesos; reforestación, 80 mil millones de pesos.
Estos primeros 99 mil millones de pesos provienen de créditos con el Protocolo Francés; estos segundos 80 mil millones de pesos, de reforestación, fueron contratados con el Banco Internacional de Desarrollo y con el Fondo cooperativo Económico de Japón y, por último, 8.4 mil millones de pesos, contratados con el Banco Mundial, para control de la contaminación atmosférica, compra de equipo computarizado para eficientizar la verificación de automotores.
Estos recursos externos se asocian a 56.7 mil millones de pesos, dando un total de 244 mil millones de pesos.
Es importante destacar que estos tres proyectos giran en torno al mejoramiento del medio ambiente en forma directa, lo que se refiere a reforestación y a los mecanismos de control de la contaminación atmosférica, e indirectamente la ampliación de las obras del Metro para que se genere, se amplíe la construcción de transporte no contaminante, sustitutivo del uso del automóvil.
Se tiene claro que estos mecanismos deben eficientarse para mejorar la calidad del ambiente, para mejorar la calidad de vida de los capitalinos.
Estos recursos serán intransferibles y sólo podrán aplicarse en los proyectos prioritarios para los cuales fueron contratados.
Respecto al comentario expresado y a la propuesta expresada aquí por mi compañero diputado Guillermo Flores, me permito expresarle que su preocupación no debe ser tal. Estos créditos externos no están manejados, contratados a partir de discrecionalidad alguna del Ejecutivo Federal; se encuentran incorporados al interior del monto de contratación de créditos externos, autorizados por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992.
Señores diputados; por la trascendencia y bondad de este artículo octavo, solicitamos sea sometido de inmediato a votación para su aprobación por parte de esta asamblea. Muchas gracias.
El diputado Guillermo Flores Velasco (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:- Adelante, diputado Flores, para hechos.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su permiso, señor Presidente:
Bueno, la propuesta que hemos hecho, no tiene nada que ver con la estructura del gasto, la propuesta que hemos hecho tiene que ver con dos problemas, desde mi punto de vista, centrales; un primer problema son las atribuciones que tiene esta soberanía, o sea, tiene atribuciones establecidas en la Constitución y lo que estamos planteando es que no lo hagamos, lo mismo que está a nivel federal lo hagamos a nivel del Distrito Federal, de extender un cheque en blanco al Ejecutivo para que cuando se le ocurra o no le salgan ahora sí los planes, endeude a nuestro país.
Tiene que ver también con el sistema de contrapesos necesarios en este sistema republicano. Esa es en esencia la propuesta que estamos haciendo.
Cuando hemos estado hablando y discutiendo estos últimos días sobre todo el presupuesto, sobre las finanzas, la Cuenta Pública, simplemente al observar la Cuenta Pública, vemos que lo que menos tiene el gobierno de esta ciudad, es disciplina, que a la mera hora se tienen ingresos adicionales en cada uno de los rubros y también a la hora de revisar al final, cuando se gasta, se gasta de manera discrecional o sea, no se respetan los acuerdos que tiene esta soberanía en su Ley de Ingresos, en su Presupuesto de Egresos. Esto lo hemos estado viendo, recientemente en esta administración y lo hemos estado viendo en todas las administraciones, en los más de 10 años últimos si queremos checar problemas de cifras. No son problemas de cifras ahorita, son problemas de políticas, que tiene que tener esta soberanía muy claras para el Distrito Federal.
Creo yo que como lo ha insistido nuestro partido y ha llamado a otros partidos de estos grandes problemas tanto de democracia, que también tiene que ver con la democracia el problema éste de autorizar o no al Ejecutivo a que se endrogue cuando quiera y como pueda, porque así lo ha hecho en el pasado, tiene que ver con la democracia, con el modelo de la ciudad. Hay muchos problemas que actualmente como se están resolviendo no es lo más positivo, no es la
mejor forma de resolver estos problemas. Una ciudad no resuelve el problema del agua, el problema de su energía, el problema de su producción, no tiene futuro y hemos estado viendo que el modelo que lleva adelante nuevamente este gobierno, no está resolviendo de la mejor forma estos problemas y se requiere llevar a un gran debate nacional a un gran debate de esta Cámara, para que estas atribuciones que ahora tenemos nosotros, las cedamos a la asamblea, para que puedan discutir los ciudadanos y se puedan aclarar muchos de esos problemas que quedan todavía dudas. No es cierto que el Distrito Federal cargue con el resto del país. Esto lo tenemos que discutir pero no tiene que ver en concreto y tiene que ver con nuevas formas de gobierno, nuevas formas de administración, nuevas formas de economía que tienen que discutir los ciudadanos de esta gran ciudad.
Yo pido su voto a favor de esta modificación, porque son necesarios los contrapesos, esta soberanía cuando nos llegue la propuesta del Ejecutivo, si es necesario concerta un empréstito con algún gobierno, con algún banco mundial, esta soberanía tendría todos los elementos, toda la madurez para que llegado ese momento lo apruebe o lo rechace. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea:
Yo francamente creo que no es de aceptarse la modificación que solicita mi compañero diputado Guillermo Flores, porque hay en efecto nuevas formas de transparencia en el manejo presupuestal.
Estos créditos externos de los que hablamos están incorporados, insisto, al monto de créditos autorizados en el presupuesto de 1992, por esta soberanía.
No es en consecuencia, un cheque en blanco. no está sujeta a discredcionalidad del Ejecutivo Federal; son recursos intransferibles, son recursos para programas prioritarios, son cuestiones que cuidó muy a fondo la comisión que revisó este dictamen de presupuesto. Se agregó un párrafo expreso en el artículo 8o., es el segundo párrafo, voy a permitir darle lectura y dice:
"Los recursos que se prevea ejercer por este concepto serán intransferibles y sólo podrán aplicarse en los proyectos prioritarios para los cuales fueron contratados.
Nosotros consideramos que la incorporación de este párrafo, en el seno de la comisión en donde fue ampliamente discutido, es una garantía más de transparencia del gasto. Yo por eso considero que no es de aceptarse la modificación que pide mi compañero diputado Guillermo Flores y solicito de nuevo, a la Presidencia, someta a votación este artículo 8o., para su aprobación inmediata. Muchas gracias.
El Presidente:- Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta presentada por el diputado Guillermo Flores, en los términos en que fue presentada.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:- Propuesta presentada por el diputado Guillermo Flores, del Partido de la Revolución Democrática. Artículo 8o.
"Para que el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas puedan ejercer créditos externos destinados a financiar proyecto o programas específicos, será necesario que la totalidad de los recursos a ejercer, se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos aprobados o se cuente con la autorización previa y expresa de la Cámara de Diputados".
El párrafo cuarto de ese mismo artículo quedaría de la siguiente manera:
"Cuando la contratación de estos créditos tratándose de fideicomisos públicos pueda redundar en incremento de los patrimonios difeicomitidos, se requeriría la autorización previa de la Cámara de Diputados."
Atentamente, Partido de la Revolución Democrática y firma el diputado Guillermo Flores.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a poner a consideración de la asamblea la propuesta a la que se le ha dado lectura.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se consulta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si considera suficientemente discutido este artículo.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 8o.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El presidente: -Resérvese para su votación nominal posterior. Esta Presidencia informa que ha sido reservado el artículo 11, por la diputada Patricia Ruiz, del partido de la Revolución Democrática. Se informa también.. Se abre el registro de oradores. Se informa que ha sido registrado para hablar en pro el diputado Guillermo Pacheco Pulido. Tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz.
La diputada Martina Patricia Ruiz Anchondo: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Acudo a esta tribuna para referirme a la política del Departamento del Distrito Federal en torno al problema de la vivienda. Pero antes de iniciar mis apreciaciones en torno a este problema, quiero señalar que durante la discusión de la Comisión del Distrito Federal, para la elaboración del dictamen, las diputadas que pertenecemos a la Comisión, tanto del Partido de la Revolución Democrática, como del Partido Revolucionario Institucional, hicimos dos propuestas a favor de las mujeres de la ciudad.
Una de estas propuestas fue para reforzar los programas de atención y operación de los centros de desarrollo infantil que tiene el Departamento del Distrito Federal y la otra, para incrementar el número y la calidad de agencias especializadas en la atención a las víctimas de violencia sexual; delito que en el Distrito Federal, se ha incrementado en casi el 70% principalmente, en lo que se refiere a violación y delito sexual. La propuesta se centró particularmente en que se hiciera una transferencia del 1% del presupuesto asignado para el área de seguridad pública, que corresponde al 11% del total del Presupuesto de Egresos del Departamento de Distrito Federal para la atención de estos problemas.
Esto significaba transferir un monto de 13 mil 149 millones 460 mil pesos a estas áreas; si buen no se logró que se cumpliera exactamente nuestra propuesta, sí obtuvimos que se transfirieran para la atención a estos problemas 2 mil millones de pesos. Aunque consideramos que es una cuestión insuficiente, también considero que hubo cierta sensibilidad por parte del Presidente, los secretarios y demás miembros de la Comisión del Distrito Federal, para tomar en cuenta nuestras peticiones.
Quiero también resaltar el esfuerzo de las diputadas que pase a que somos de diferentes partidos pudimos coincidir para realizar esta propuesta que es una demanda sentida de las mujeres de la ciudad.
Quise aclarar esta situación antes que nada, porque volamos en contra del dictamen y no lo hicimos por una posición irreductible e intransigente de siempre estar en contra, por votar en contra Votamos en contra porque no estamos de acuerdo con el proyecto de ciudad que se impulsa desde la jefatura del Departamento del Distrito Federal, donde consideramos que no se retribuye como se debe a los ciudadanos, que son los que pagan la ciudad; porque si bien se lograron algunos cambios mínimos y transferencias como las señaladas, el Departamento del Distrito Federal sigue aplicando una política autoritaria de espaldas a la ciudadanía.
En el dictamen se habla de haber tomado en cuenta la opinión ciudadana para la asignación del presupuesto, sin embargo, a pregunta expresa en los trabajos de la comisión, se nos aclaró que la consulta que se llevó a cabo fue sólo entre funcionarios y autoridades del Departamento del Distrito Federal y que se tomaron encuentra algunas recomendaciones de la Asamblea de Representantes.
Pienso yo que por lo menos hubieran tomado en cuenta las demandas que llevan las organizaciones sociales y civiles, en las cientos de manifestaciones que acuden el zócalo.
De estas demandas y esto lo tiene consignado el mismo Departamento del Distrito Federal, el 70% han sido en relación al problema de la vivienda.
Para nadie en un misterio que la generación de riqueza mediante la actividad económica, el trabajo, es la pieza fundamental para generarla.
En la ciudad de México y en el Distrito Federal se concentra el 48% de la fuerza de trabajo en el sector formal de la economía. Esta fuerza demanda mejores condiciones de vida y de trabajo capacitación, educación, servicios urbanos, abastos, servicios médicos, transporte eficiente,
barato y no contaminante, vivienda, esparcimiento, seguridad y servicios comunitarios.
Bajo la lógica del Departamento del Distrito Federal, de que la ciudad fue ésta y además de que los ciudadanos la están pagando, no hay una retribución al esfuerzo de los habitantes de la ciudad en materia de los requerimientos necesarios para llevar una vida digna.
Bajo una concepción creada por el desarrollismo urbano, el Departamento del Distrito Federal se siente satisfecho con invertir y gastar en la infraestructura urbana, que simula un bienestar que no posee la mayoría de sus habitantes.
Desde esos puntos de vista y pese a que declaratoriamente se afirma que son prioritarios los intereses de la comunidad en la definición del gasto presupuestal, la política de egresos es raquítica, insuficiente, excluyente y contraria al esfuerzo de los que realmente pagan la ciudad.
De poco sirve la inversión en la infraestructura urbana, si no existe una política de control a la especulación con el suelo urbano, a fin de planificar sus usos en beneficio de la ciudad y fundamentalmente en sus habitantes.
El Departamento del Distrito Federal tiene años eludiendo disponer de una política de suelo para la planificación del crecimiento y el desarrollo de los servicios. La regularización del suelo, festejada como parte de una política social generosa, constituye solamente el reconocimiento de lo que la sociedad ya creó. Y, por otra parte, es una ampliación en el padrón de contribuyentes en 72 mil 521 personas.
La excepción del pago por regularización en tiempo de elecciones fue solamente no cobrar el derecho de "cover" a los nuevos contribuyentes, que en adelante pagarán los servicios urbanos, muchos de ellos ya en uso con anterioridad.
La Tesorería manifiesta en registro de un millón 400 mil predios, de los cuales el 9% son baldíos y ocupan una superficie conservadoramente calculada de 25 millones de metros cuadrados. Es decir, 2 mil 500 hectáreas de suelo intraurbano.
Por otro lado, refiriéndonos a otro aspecto, el problema de la vivienda, el 46.9% de las viviendas en la ciudad de México son rentadas. En 1990 el incremento en las rentas alcanzó el 194%. En días pasados se anunció un nuevo incremento de 100% en las rentas.
El 30% de los salarios se destinan al pago de este rubro. Esto significa una transferencia neta del trabajo a la actividad especulativa e improductiva. En 1991 el Tribunal Superior de Justicia sentenció a 5 mil familias a ser desalojadas. Es decir, 15.4 familias mexicanas en la ciudad, en el Distrito Federal, fueron desalojadas de sus viviendas diariamente.
Sin embargo, el presupuesto que se asigna para la adquisición, para tener un crédito para acceder a una vivienda digna, es raquítico. Por ejemplo, en el caso de la vivienda en renta, se acaba de aprobar por parte de la Asamblea de Representantes, hacer una recomendación para la abrogación del problema de las rentas congeladas. Sin embargo, esto no está acompañado de un monto crediticio que ayude a los ciudadanos a tener acceso a esa vivienda, ejercer su derecho al artículo 4o., constitucional y tener ese derecho de poder tener esa vivienda, ejercer el derecho al tanto.
El presupuesto en casa propia que sería el programa destinado para esta situación, tan solo cuenta con 7 mil millones de pesos.
Del déficit habitacional en la ciudad, se calcula que 3 millones de niños carecen de vivienda digna. Estos 3 millones de niños, cada vez más, esta nueva generación les ve más restringido su acceso al espacio urbano.
En realidad creo que no existen objetivos de atacar las carencias de los ciudadanos del Distrito Federal. Analizando los programas que se incluyen en el presupuesto, observamos que lo referente a diversos servicios públicos, su orientación se reduce o se mantiene el nivel actual de los mismos, pese a la existencia de fuertes rezagos.
Difícilmente puede hablarse de resolver problemas, cuando ni siquiera se contempla abatir el déficit acumulado al corto plazo.
Programas tan importantes como vivienda, condición esencial para mejorar la calidad de vida, no son motivo de prioridad presupuestal, como demagógicamente se señala, pese a que la vivienda es parte estructural de la misma ciudad. De poco sirven obras de desazolve, de ejes viales, puentes etcétera, si no se atiende a la vivienda como parte esencial de la ciudad misma.
La Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados reasignó recursos al rubro de vivienda para no reducir los recursos en este rubro respecto al año anterior, con lo cual el
aumento real será de 3.5% respecto a 1991 e inferior en 5% a los recursos aportados en 1989.
Con los recursos destinados desde 1989 el gobierno del Distrito Federal apenas ha logrado realizar un poco más de 8 mil acciones de vivienda, cuando el déficit de vivienda es calculado en 1 millón 299 mil.
Por lo tanto, con el presupuesto asignado para el siguiente año 216 mil 714 millones de pesos, no es posible pensar que a este ritmo para el largo plazo pueda ser cubierto siquiera el rezago anual en la entidad calculada en 300 mil viviendas.
Por otra parte; es importante hacer notar que los programas de vivienda están siendo reestructurados, de manera que el financiamiento funcione a manera de la banca comercial lo cual excluye a la población de recursos menores a tres salarios mínimos. Precisamente ésta es la población mayoritaria que padece el problema habitacional. Tal es el problema que el gobierno ha pensado en maravillosos planes de financiamiento y en originales programas de vivienda.
En julio de 1991 un funcionario de Banco de México declaraba, cito:
"La banca debe reconocer que su misión no debe circunscribirse a la atención de medianos y grandes promotores, sino que debe inclusive extender los servicios más allá de los promotores y hasta la familia misma y alentar el mercado secundario de vivienda."
Además del financiamiento vía la Banca, el gobierno del Departamento del Distrito Federal tiene que reconocer como problema de primer orden, en serio y no demagógicamente, el asunto de la vivienda Para esto, se tienen que implementar otras medidas, además de la cuestión de lo del gasto, que faciliten la apropiación del suelo en la ciudad, en favor de sus habitantes.
Con esto se podría realizar un nuevo ordenamiento urbano: la expropiación por causa de utilidad pública de los precios baldíos sigue siendo una alternativa para la ciudad. Del mismo modo que lo fue en 1985, a raíz de los sismos.
Para esta parte de los artículos 11 y 15, me voy a limitar en una sola exposición a hacer dos propuestas que voy a solicitar que se voten por separado. Para el artículo 11, tenemos una propuesta que dice
"Los excedentes sobre los ingresos ordinarios presupuestados de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria del sector Departamento del Distrito Federal, serán canalizados para fortalecer, en el caso de que correspondan a los programas prioritarios definidos en el artículo 15 de este proyecto, su propia situación financiera."
Proponemos, asimismo y con el fin expuesto anteriormente, el Partido de la Revolución Democrática propone la siguiente adición en el artículo 11. Es otra adición para el mismo artículo:
"El Departamento de Distrito Federal aplicará dichos ingresos tomando en consideración preponderantemente la proporción original asignada a los programas prioritarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 del presente decreto."
Para el artículo 15, proponemos lo siguiente:
"Los programas prioritarios aquí señalados no podrán ser afectados a la baja, ni podrán ser disminuidas sus participaciones relativas que presenten en el presente proyecto.
Atentamente.
Partido de la Revolución Democrática.
Diputados Gilberto Rincón Gallardo, Francisco Javier Saucedo Pérez, Guillermo Flores Velasco y su servidora." Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos, la diputada Gloria Brasdefer.
La diputada Gloria Brasdefer Hernández: - Con su venia, señor presidente.
He considerado de la mayor importancia el subir a esta tribuna para abundar sobre el tema en el que hace un momento hacía referencia mi compañera diputada Patricia Ruiz y es el que se refiere a la transferencia de 2 mil millones de pesos, que se llevó a cabo en la Comisión del Distrito Federal para reforzar el gasto de operación de las agencias para atender a las víctimas de delitos sexuales.
Los antecedentes son los siguientes: en la Comisión del Distrito Federal, las diputadas miembros de ella, Paloma Villaseñor, Victoria Reyes, Evangelina Corona, patricia Ruiz y Gloria Brasdefer, presentamos ante el Presidente de la Comisión, diputado Fernando Lerdo de Tejeda, solicitud de trasferencia d gasto de programas y rubros no considerados como prioritarios a estas agencias.
El licenciado Lerdo de Tejada, junto con el secretario de la Subcomisión de Presupuesto, hicieron análisis a fondo y lograron que se pudieran transferir 2 mil millones de pesos. Esto es muy importante, porque los delitos contra la integridad física, la seguridad, la vida y la libertad de los seres humanos, son un atentado a los derechos y a la dignidad de la persona humana.
En 1989, ante el incremento de la violencia sexual, ante lo obsoleto de la legislación de la materia, la LIV Legislatura auspició un foro en el cual organizaciones no gubernamentales, estudiosos del tema, luchadores sociales, investigadores y académicos, expusieron sus puntos de vista para, entre otras cosas, modificar la legislación de la materia. De este foro resultaron las propuestas para modificar el Código Penal, el Código de salud.
Las legisladoras de la LIV Legislatura, es una acción sin procedentes iniciaron la reforma de esta legislación, con los resultados que conocemos a la fecha dentro de los mecanismos propuestos fue la creación de esas agencias para atender a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar.
A nadie escapa que incrementar este presupuesto para dichas agencias, representa una alternativa viable para disminuir la violencia sexual, buscando que la sociedad tome conciencia y participe de las diferentes acciones encaminadas a combatirla, lo que, dicho sea de paso, se ha reflejado en la creación de centros no gubernamentales de atención a víctimas, las que han constituido redes de información y grupos de autoayuda.
Los delitos sexuales denunciados por año, ya sea por violación, tentativa de violación, abuso sexual, estupro y otros, ascendieron en 1989 a 2 mil 269, de los cuales las agencias especializadas atendieron el 64%; en 1990 a 2 mil 679 y se atendió el 90.8; en octubre de este año a 2 mil 645 y se cubrió el 94.6% Por esta razón, el apoyo a nuestra petición por parte de la Comisión del Distrito Federal y la aprobación, por parte de esta Cámara, de los 2 mil millones de pesos para las agencias especializadas en delitos sexuales, distinguen a esa legislatura por su sensibilidad al reclamo de amplios sectores de la sociedad civil, para atender estos problemas de violencia sexual e intrafamiliar y, en particular, a la lucha de las mujeres, la de sus organizaciones y el recamo de sus reivindicaciones. Muchas gracias. (Aplausos.
) El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Pacheco Pulido, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido: - Con su permiso, señor Presidente compañeras y compañeros diputados:
En atención a lo expuesto aquí por la compañera diputada Patricia Ruiz, quisiera señalar que tanto el diputado Fernando Lerdo de Tejada como Manuel Díaz Infante, nos hicieron ya dentro de las explicaciones y lo que aquí se manifestó, los fundamentos diversos que se tienen para estructurar el dictamen del proyecto que está a discusión.
Yo quisiera agregar que a veces es muy fácil para todos señalar los problemas, los cuestionamientos pero lo más difícil, también para todos y lo más honesto a veces es señalar los caminos de solución. Escuchamos a través de este debate diversos comentarios en los que se reconoce que el Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal efectivamente y así lo hemos aceptado, es un presupuesto que no es ni puede ser la varita mágica que venga a resolver la inmensidad de problemas que atañen a esta gran ciudad y bajo esa perspectiva de que no hay una varita mágica en ninguna parte del mundo, nosotros no solamente invitamos a que se reflexione con esa verticalidad que todo tenemos, no es nada más el enfoque dentro del mismo Dictamen de este Proyecto que es está discutiendo; debemos observar que independientemente de que la ley está plasmada para los habitantes de la ciudad de México, hay un grave problema, la conurbación; la conurbación utiliza servicios que son para determinados habitantes pero que vienen a aumentar el desgaste y el uso de estos servicios.
Frente a la conurbación también tenemos nosotros la gran migración que representa a esta ciudad el Distrito Federal; también la migración genera el uso de servicios; yo diría que la migración, la conurbación, entre otras situaciones la misma gran población flotante del Distrito Federal vienen a romper necesariamente el esquema estructural de una proyección económica. Bajo ese punto de vista yo quisiera señalar que por un lado felicito a la diputada Patricia Ruíz porque no solamente nos señaló muchos problemas por lo que hace el artículo 11, sino que con toda verticalidad y con toda honestidad, plantea una solución y quiero decirle que la Comisión acepta la solución que usted propone en parte, en la correspondiente que usted señala y que dice que el Departamento del Distrito Federal aplicará dichos ingresos tomando en consideración preponderantemente la proporción original asignada a los programas prioritarios sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 del presente Decreto.
Esto se acepta, repito, porque hay congruencia en lo que usted señala, hay verticalidad y yo diría que hay lo que todos aquí tenemos, el gran sentido de servir a esta gran familia del Distrito Federal con el sentido universal que debemos de tener de servir al hombre.
Por eso a nombre de la Comisión Dictaminadora, exclusivamente en la parte que se acaba de señalar, estamos rogando que se tome en consideración esta propuesta que hace la diputada en la parte que se acaba de leer, para que forme parte como párrafo 2o., del punto primero del artículo 11.
Y muchas gracias y felicidades, Diputada, por su propuesta. (Aplausos.)
El Presidente: - Se solicita a la Secretaría dé lectura... un momento, por favor Tiene la palabra para hechos el diputado Guillermo Flores, del Partido de la Revolución Democrática,
El Diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su permiso señor Presidente.
Creo que es positivo que hayan aceptado, compañeros del Partido Revolucionario Institucional la adición al párrafo segundo de la primera parte del artículo 11; sin embargo, en el mismo sentido, nuestra compañera Patricia Ruíz hizo otra propuesta en el mismo artículo 11, que se refiere a los ingresos extraordinarios que se obtengan por los organismo que no son del sector central, o sea, los organismos coordinados, y se está proponiendo, concretamente, que si existen excedentes de los que están sentados que se puedan obtener, que éstos sean canalizados a los programas prioritarios de esa parte de los organismos que son coordinados. Ya no se trata de hacer transferencias de los organismos coordinados al sector central, sino que los excedentes que se obtengan en la parte de esos organismos coordinados, se destinen a los programas prioritarios.
De esa manera tendremos congruencia y efectivamente que estos ingresos extraordinarios fortalezcan todo ese concepto que desde mi punto de vista ha sido muy positivo, desde que se incorporó en señalar que del total de los programas existe una serie de programas prioritarios y tendríamos que ser entonces consecuentes y aceptar ambas propuestas.
También en el mismo sentido, porque tanto el artículo 11 como el artículo 15 tienen que ver con los programas prioritarios. Ha hecho la propuesta la compañera Patricia y se refiere, en concreto dice:
"Los programas prioritarios aquí señalados no podrían ser afectados a la baja, ni podrán ser disminuidas sus participaciones relativas que se presentan en el presente dictamen."
Lo que estamos haciendo con esta propuesta es garantizar también que no se disminuyan lo que hemos presupuestado nosotros aquí a los programas prioritarios, también hemos visto en el pasado al revisar la Cuenta Pública de 1989 y al revisar todo lo que han hecho en le pasado, que a la mera hora no se respeta lo que hemos aprobado aquí en la Ley de ingresos, nunca se ha respetado.
Aquí estamos en esta Soberanía determinando ciertos programas prioritarios con ciertos presupuestos definidos; sin embargo, ya en el ejercicio, si nosotros no aseguramos que en este proyecto de presupuestos quede garantizado ese derecho a los programas prioritarios de que no vayan a ser afectados, creo que dejamos en indefensión a esos programas prioritarios.
Por eso yo pido el apoyo a esas tres propuestas y pido también que se voten, por separado, cada una de estas fracciones, ya que en un sólo acto nos las borran con una mayoría mecánica. Muchas gracias.
El Presidente: - Tal como lo solicita el Diputado Flores, vamos a votar por separado en este momento las propuestas al artículo 11.
Las del 15 las dejaremos en su oportunidad, cuando se discuta este artículo. Voy a solicitar a la Secretaría dé lectura a la primera propuesta del artículo 11, por favor.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - El Partido de la Revolución Democrática propone la modificación artículo 11 fracción II del proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1992, de manera que ordene lo siguiente: "Segundo. Los excedentes sobre los ingresos ordinarios presupuestados de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria del sector del Departamento del Distrito Federal, serán canalizados para fortalecer, en el caso de que correspondan a los programas prioritarios definidos en el artículo 15 de este proyecto, su propia situación financiera." Asimismo y con el mismo fin expuesto el Partido de la Revolución Democrática propone adicional un segundo párrafo a la acción primera del artículo segundo del decreto aprobatorio para
quedar como sigue: Artículo 11 fracción II "El Departamento del Distrito Federal aplicará dichos ingresos tomando en consideración preponderantemente la proporción original asignada a los programas prioritarios sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 15 del presente Decreto".
El Presidente: -Un momento, vamos a votar por separado, vamos a votar primero lo que se refiere al párrafo dos del Artículo 11. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por la diputada Patricia Ruiz, en relación al párrafo dos del Artículo 11.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta, en relación al párrafo 2 del artículo 11. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente: - Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por la diputada Patricia Ruiz la segunda propuesta.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta en relación a la fracción primera del artículo 11 del decreto aprobatorio.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada señor Presidente.
El Presidente: - El artículo 11, únicamente el artículo 11, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..
Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto. Tiene la palabra el diputado Víctor Orduña, del Partido Acción Nacional.
El diputado Víctor Orduña Muñoz: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Resulta paradójico que mientras en esta representación Nacional existe un desinterés, podríamos decir, de algunos legisladores sobre el tema del Distrito Federal, en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal existe una gran ansia y expectativa para que este Congreso pueda legislar al respecto, y esta facultad que estamos ejerciendo sea cedida, sea pasada a está Asamblea. Esperemos que no tarde mucho tiempo en que podamos darle a esa Asamblea de Representantes la posibilidad de discutir con mayor amplitud, con mayor conocimiento de causa tal vez, estos programas que son prioritarios para lo que aquí vivimos.
Pero en atención a la falta de interés de algunos, trataré de ser extremadamente breve en las propuestas que voy a hacer.
La Constitución general de la República establece como facultad única para esta Cámara de Diputados la aprobación del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y si establece como facultad única la aprobación de este presupuesto, no vemos por qué se establezca la posibilidad de que abramos una puerta para que el Ejecutivo pueda hacer trasferencias a su arbitrio.
Si bien es cierto, y debemos reconocerlo, que en este proyecto, en el artículo 15 se establece un candado ya para que en los programas prioritarios no pueda haber transferencias de uno a otro, que no puedan ser afectados a la baja, si es cierto que en programas no prioritarios pude haber transferencias de acuerdo al arbitrio o conveniencia de los servidores públicos en cargados de la aplicación del presupuesto.
No queremos por eso decir que estemos por un presupuesto extremadamente rígido; por lo que estamos es por lo que se establezcan márgenes legales de flexibilizad para que se pueda ejercer este presupuesto sin variarlo sustancialmente, porque resulta que cuando analizamos la Cuenta Pública del año anterior, nos enteramos de que hubo una gran variación de lo que aquí se autorizó con lo que se ejerció.
Por ello señores, nos permitimos proponer a la consideración de ustedes dos propuestas y le pediría a la Presidencia me autorizara para que presentara las dos, la del artículo lo y la del artículo 1k, que en esencia se refieren a lo mismo, señor presidente.
El Presidente: - Autorizado señor diputado.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz - Con respecto al artículo 13, proponemos un texto alterno para quedar en los términos siguientes:
"En el caso de que se presenten reducciones en los egresos presupuestarios, en magnitud superior al 12.5%, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar, de lo que informará a la Cámara de Diputados al someter a su aprobación lo correspondientes ajustes presupuestarios.
Y proponemos también una adición con un último párrafo, al artículo 15, para quedar en los términos siguientes: "Se faculta al Ejecutivo Federal para ordenar, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, traspasos entre las partidas aprobadas, conforme al presente decreto. Se requeriría aprobación de la Cámara d Diputados, cuando los traspasos realizado durante el curso del ejercicio equivalgan a más de 10% de la asignación aprobada para la partida que se afecte". Por el grupo parlamentario de Acción Nacional, firma el diputado Víctor Orduña Muñoz. Lo dejo a la consideración de la asamblea y espero que con este ánimo navideño que está caracterizando a mis compañeros diputados, sean vistas con buenos ojos estas propuestas, que dejo en poder de la secretaría. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Díaz Infante, el Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Con su venia, señor presidente: La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional no acepta la propuesta del Partido Acción Nacional por las siguientes consideraciones, y sin embargo hará también una propuesta alterna para someterla a consideración de esta soberanía.
En atención a los siguientes razonamientos: "El departamento del Distrito Federal, sólo puede efectuar reducciones o ajustes de los importes de los presupuestos en los términos del artículo 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación".
El artículo 14 de dicho Presupuesto de Egresos que ya aprobó esta soberanía, dispone que se podrán hacer reducciones sólo en caso de contingencias, pero para evaluar esto tienen que tomarse en cuenta las características económicas que están privando, las características sociales del país, el alcance del propio programa, los conceptos de gasto y algunas otras más.
El artículo 15 del Presupuesto, del Proyecto de presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal y como aquí lo ha reconocido ya el compañero Víctor Orduña, contiene un candado. No podrán ser afectados a la baja los presupuestos de programas prioritarios, hasta en tanto no se hayan cumplimentado a los mismo, podrán transferirse pero a otros de los programas prioritarios, esto es, queda un candado puesto dentro de los 12 programas prioritarios.
Yo creo que de aceptar la propuesta que nos ofrece aquí el compañero Víctor Orduña, se podría desvirtuar la continuidad en el ejercicio, en el gasto del propio presupuesto.
Y nosotros pensamos también que no es de aceptarse, como dice la propuesta, que la Secretaría de Programación y Presupuesto lo aceptara, adoptara las medidas a que hubiere lugar.
Por todo ello, y pensando también en una consideración más de, ¿qué sucedería si no estuviera sesionando esta soberanía cuando se dieran estos cambios? Creemos nosotros que debe desestimarse la propuesta, en virtud de que contradice la lógica en la formación y aplicación de 105 recursos públicos
. La pretendida modificación atribuiría facultades extraordinarias, a mi criterio, a la Secretaría de Programación y Presupuesto y podría incluso darle la facultad de resignar libremente los recursos fiscales o imponer quizá contribuciones no previstas en las propias leyes fiscales.
La propuesta concreta que hacemos nosotros en contraparte, es la siguiente: "Cuando derivado de la disminución en los ingresos del Departamento del Distrito Federal se presenten reducciones superiores al 12.5% en el importe de los programas originalmente aprobados, el Ejecutivo Federal adoptará de inmediato las medidas conducentes para asegurar la asignación prioritaria del gasto, e informaría de ellas a la Cámara de Diputados".
Firman la propuesta de diputada Laura Alicia Garza, El diputado Fernando Lerdo y su servidor, Manuel Díaz Infante. Dejamos en la secretaría dicha contrapropuesta.
El Presidente: - Tiene la palabra el Diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna: - Gracias, señor presidente:
Quiero referirme muy brevemente al planteamiento hecho por Víctor Orduña, con relación al artículo 15, que ya ha sido tratado por Manuel Díaz Infante, simplemente para aclarar un punto:
Hay un doble sistema en el presupuesto de Egresos: Uno, por lo que se refiere a las partidas prioritarias; otro, respecto a aquéllas que no lo son.
Respecto de las partidas prioritarias hay un candado todavía mucho más rígido que el aquí solicitado. No pueden ser disminuidas por motivos de austeridad; no puede haber transferencia entre partidas; no pueden ser afectadas a la baja sólo cuando las metas estén cumplidas y todos los ingresos excedentes que obtenga el Departamento del Distrito Federal por impuestos ordinarios, deberán ir a estas partidas.
Creemos que por lo tanto es un candado rígido bastante riguroso que se aplica en aquellos casos que se consideran prioritarios.
Por lo que se refiere a las partidas no prioritarias, esto no quiere decir que estén bajo la subjetividad de los funcionarios. En todo caso, cualquier transferencia entre estas partidas, debe de sujetarse a lo que establece la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Esto es, debe de haber una solicitud expresa, debe de mediar una justificación, se debe de analizar cuál es el impacto del programa por último, debe de también haber una autorización por escrito de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Creemos que es necesario en estas partidas no prioritarias, tener una mayor flexibilidad cuando existe por supuesto, justificación al respecto. De otra manera, estaríamos atentado de manos realmente a la administración. Doy un ejemplo concreto: Uno de los rezagos que sufrió el programa del Sistema de Transportes Eléctricos, durante el presente año, fue el que no se encontraban y no se encontraron algunas refacciones y partes para los trolebuses, aún a nivel internacional. ¿Qué caso tendría dejar esos recursos ahí sin tocar, cuando pueden ser transferidos a otras partidas y por lo tanto beneficiarnos de ese gasto?
De tal manera que sentimos que en las partidas no prioritarias, al contrario de las prioritarias, debemos de tener una mayor flexibilidad. En una palabra, lo que sugerimos es un sistema totalmente rígido por lo que a las partidas prioritarias y a los programas se refiere y un sistema formal mas no rígido, por lo que se refiere a los programas no prioritarios.
La compañera Patricia Ruiz, también nos hace una propuesta en este artículo 15, y esta propuesta consiste en quitar la posibilidad de que sean transferidas entre programas prioritarios, algunas partidas cuando ya se haya cumplido con las metas establecidas en los programas. Esto es, que aun cumplida la meta, en ésta se debe de seguir ejerciendo el presupuesto correspondiente. Nosotros sentimos que una vez más, esto sería establecer una forma demasiado rígida al ya de por sí rígido sistema que tenemos.
Por lo tanto, cuando existe el cumplimiento de determinadas metas en los programas prioritarios, consideramos que los recursos puedan transferirse a otro programas que nosotros mismos, que esta Soberanía ha considerado prioritario.
Por esa razón es que la propuesta también, que ha comentado la compañera Patricia Ruiz, la votaremos en contra.
Quisiera yo aprovechar el uso de esta Tribuna para hacer un comentario; no tiene ni siquiera el carácter de aclaración.
En mi intervención inicial, alguna compañera diputada hacía mención a que mi uso del término "provincia" pudiese haberse malinterpretado y considerarse en un sentido negativo. Yo quisiera señalar que nada más lejos de esto, sino que por el contrario, existe un pleno, una plena conciencia de los capitalinos y además nos sentimos profundamente orgullosos de todas las entidades que componen nuestra gran República. De tal forma que si así se interpretó, jamás hubo esa intención al respecto. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Se va a proceder a votar las propuestas relacionadas con el artículo 1o- A. Tiene la palabra para hechos, el diputado Víctor Orduña.
El diputado Víctor Orduña Muñoz: -Bueno, indudablemente que no es solamente a base de candados como debe de controlarse el ejercicio del presupuesto, sino que también este Congreso no puede abdicar a una responsabilidad que tiene, y desafortunadamente muchas de las facultades de este Congreso, se han ido aplicando en favor del Ejecutivo con pretextos como el que, qué pasaría si nos encontramos en receso, Bueno, pues si hay necesidad de que este Congreso se reuniera, pues tiene que reunirse, no estamos hablando de uno, o de dos o de tres pesos, estamos hablando de cantidades grandes de dinero que hacen necesario que este Congreso se reúna y que cumpla con la responsabilidad
para la que fuimos convocados y la que aceptamos cumplir. no se trata de que el Ejecutivo, porque nosotros estamos en receso, él pueda tomar decisiones y pueda alterar el presupuesto que aquí aprobamos.
Hay dos tesis de constitucionalistas, de Tena Ramírez y de Lanz, en las que dice que cualquier modificación de presupuesto, debe ser ejercido en forma directa por el órgano que es el encargado de aprobarlo. No veo por qué tengamos que estar cediendo facultades.
Y para informas, bueno, pues se informa incluso hasta por los periódicos, entonces lo que necesitamos no solamente es la información, necesitamos que haya informe y que haya aprobación de este órgano. Por ello, insistimos en la propuesta que formulamos hace un momento. Muchas gracias.
El Presidente: -Vamos a proceder a votar las propuestas del artículo 13. Proceda la Secretaría a dar lectura de la propuesta presentada por el diputado Víctor Orduña, en relación al artículo 13.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda: - Propuesta presentada por el diputado Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional:
Artículo 13. "En el caso de que se presenten reducciones en los egresos presupuestarios en magnitud superior al 12.5%, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Programación y Presupuesto, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar, de lo que informaría a la Cámara de Diputados al someter a su aprobación los correspondientes ajustes presupuestarios".
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Pregunte la Secretaría si se acepte la propuesta presentada por el diputado Víctor Orduña, en relación al artículo 13.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Víctor Orduña, con relación al artículo 13.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta presentada por el diputado Manuel Díaz Infante...
El diputado Pablo Emilio Madero Balden (desde su curul): - Señor Presidente, para una proposición, después de la que esta usted planteando.
El Presidente: - Bien, terminamos de votar la propuesta y tiene usted el uso de la palabra.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta presentada por el diputado Manuel Díaz Infante, en relación al artículo 13.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Propuesta presentada por el diputado Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional. Se incluye un segundo Párrafo en el artículo 13 del decreto aprobatorio de Presupuesto de Egresos de la Federación que a la letra diga: "Cuando el derivado de la disminución en los ingresos del Departamento del Distrito Federal se presenten reducciones superiores al 12.5% en el importe de los programas originalmente aprobados, el Ejecutivo Federal adoptará de inmediato las medidas conducentes para asegurar la asignación prioritaria del gasto e informará de ellas a la Cámara de Diputados".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Manuel Díaz infante.
La secretaria diputada Ana Teresa Arana Orozco: - En votación económica se consulta a la asamblea, si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Manuel Díaz Infante al artículo 12.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si el artículo 13 está suficientemente discutido.
La secretaria Diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 13o., de la Ley de Egresos del Distrito Federal
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto.
Vamos a proceder a votar las propuestas relativas al artículo 15. Proceda la Secretaría a dar lectura de la propuesta presentada por la diputada Patricia Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Propuesta presentada por la diputada Patricia Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática.
"Artículo 15: Los programas prioritarios aquí señalados, no podrán ser afectados a la baja ni podrán ser disminuidas sus participaciones relativas que presentan en el presente proyecto".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite la modificación propuesta por la diputada Patricia Ruiz.
La Secretaria Diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea, si se admite la propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestado Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la adición al artículo 15, propuesta por el diputado Víctor Orduña.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: -Ultimo Párrafo. "Se faculta al Ejecutivo Federal para ordenar por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, traspasos entre las partidas aprobadas conforme al presente decreto. Se requerirá la aprobación de la Cámara de Diputados cuando los traspasos realizados durante el curso del ejercicio equivalgan a más del 10% de la asignación aprobada para la partida que se afecte".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite la adición propuesta por el diputado Víctor Orduña al artículo 15.
La Secretaria Diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea, si se acepta la propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a preguntar a la asamblea, si está suficientemente discutido el artículo 15.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro - Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea en votación económica, si el artículo 15 está suficientemente discutido.
Los diputados que están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Lo que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto.
Tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Abascal, del Partido Acción Nacional.
El diputado Salvador Abascal Carranza: - Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados
En relación con la exposición de motivo de este proyecto que discutimos esta tarde, en la página 8, en el párrafo cuarto, la redacción sugeriría que el Departamento del Distrito Federal tiene alguna partida especial, en relación con el Programa de Sustitución de Taxis y microbuses de modelo no reciente. Sin embargo, en el análisis de las partidas presupuestales se observa que esto no es así, porque el hecho el programa en cuestión impacta directamente al propietario de los vehículos, es decir, a los taxistas y a los dueños de microbuses.
Y precisamente porque el espíritu de este concepto, es noble, es decir, el de la sustitución de taxis, por ejemplo, de modelo no reciente por taxis nuevos que tendrían la ventaja del convertidor catalítico y de un mejor funcionamiento, creemos muy importante que con el fin de abatir la contaminación este programa se amplié, este programa además contemple algunas mejoras que beneficiarán directamente al propietario de taxis.
Porque, por un lado, la sustitución integral del modelo, de la unidad puede ser demasiado gravosa para el propietario. Y, por otro lado, los automóviles, los taxis, por ejemplo, de modelos no recientes, de los modelos no recientes. Pero que no tienen convertidor catalítico seguirán...
El presidente: - Un momento, señor diputado. Perdón, señor diputado.
Vamos a insistir, principalmente en el pasillo de atrás que hay muchas conversación y están dañando la atención de los compañeros diputados que están participando. Les insistimos que guarden silencio en esa zona de la sala. Gracias. Proceda usted.
El diputado Salvador Abascal Carranza: - Gracias, señor Presidente.
Repito, actualmente el Programa de Sustitución incluye la unidad completa. Esto impacta directamente al presupuesto, al bolsillo del dueño del taxi o del microbús. Y, por otro lado, las unidades de modelo reciente que no contienen convertidor catalítico, seguirán contaminado. Pero si nosotros vemos que la mayor parte de taxis en el Distrito Federal son de ese modelo muy económico, (Volkswagen), o también de otros modelos económicos, podríamos pensar que en lugar de pedirles, de obligar al dueño del taxi a cambiar la unidad completa, simplemente se favorezca con el Programa, con el financiamiento que se está dando por parte de Banobras dicha sustitución únicamente del motor, que ya contendría el convertidor catalítico.
Esto representa un gran ahorro para el propietario de los taxis....Si la unidad volkswagen, por ejemplo, cuesta 20 millones de pesos y el motor cuesta solamente 3 ó 4 millones, es un ahorro para el dueño de los taxis de cerca de 16 millones de pesos, lo cual no es nada despreciable. Y, por otra parte, habría que incrementar o que implementar el mismo programa de instalación de convertidores catalíticos en esas unidades que van a seguir circulando, que son de modelo más o menos reciente, pero que no contiene el dicho convertidor catalítico.
De tal manera, que también sería conveniente fomentar y ayudar a estos, a los propietarios de estas unidades, para que instalen en ellas el convertidor catalítico. En estos términos, nos permitimos hacer la siguiente propuesta de adición que consiste, en el quinto párrafo la página 8, se escriba lo siguiente:
"Esta Comisión adicionalmente recomienda se instrumenten programas de fomento para la reposición total o parcial de motores en los vehículos destinados al transporte público de pasajeros en la ciudad. Tal acción procurará recoger los avances tecnológicos de la materia, a fin de lograr condiciones eficientes de operación y reducir la emisión de gases tóxicos a la atmósfer ". Dejo la propuesta en la Secretaría. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea sin se admite la adición propuesta por el diputado Salvador Abascal.
La Secretaria Diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la adición propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Aunque no es propiamente un artículo, pero consulte la Secretaría a la asamblea si este párrafo se encuentra lo suficientemente discutido.
La Secretaria Diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si este párrafo se encuentra suficientemente discutido.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa; sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo particular de los artículos 8o., 11, 13 y 15 en un solo acto.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 8o., 11, 13 y 15 en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los...
El Presidente: - Y del párrafo adicional, perdón. Omite mencionar.
Artículo 8o., 11 13 15 y el párrafo adicional.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 8o., 11, 13, 15 y del párrafo adicional.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 de Reglamento.
(Votación.)
La secretaria diputada a. Irma Piñeiro Arias: - Señor Presidente, se emitieron 267 votos en
pro y 100 en contra de todo y 65 a favor de la adición y en contra de todo lo demás.
El Presidente: - Aprobados los artículos 8o., 11, 13, 15 y el párrafo adicional por 267 votos.
Aprobados en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 1992.
(Aplausos.)
La Secretaria Diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Pasa al Ejecutivo para su efectos constitucionales.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Emilio Madero.
El Diputado Pablo Emilio Madero Belden: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Esta tarde, a mediodía, vino a esta tribuna el diputado, nuestro compañeros, Manuel Rivera del Campo y planteó un asunto relativo a San Luis Potosí. Yo soy coahuilense, vivo en Nuevo León pero me siento ligado a San Luis Potosí, en primer lugar por matrimonio y porque me casé con una potosina y, en segundo lugar, porque estuve en el Charco Verde de San Luis Potosí, que es un lugar infecto, en donde estuve unos días ahí arrestado. Entonces, me siento ligado a San Luis Potosí y vengo con mucho gusto a esta tribuna para hablar en favor de dos pequeños municipios que están, uno en la Sierra Madre de San Luis Potosí, que es Aquismón y otro es San Martín, que está en el vértice donde se une Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, son dos pequeñísimos municipios.
El día primero de este mes hubo elecciones para elegir alcaldes, los resultados, tenemos todas las actas, en Aquismón fueron 3 mil 367 por el Partido Acción Nacional, 2 mil 648 por el Partido Revolucionario Institucional en las 28 casillas, hay una diferencia de 729 votos a favor del Partido Acción Nacional. En San Martín fueron 21572 contra 2 mil 311, con 261 a favor. Pero el día 8, que fueron los cómputos, pues hubo el manipuleo ahí de los resultados y están sintiéndose agraviadas gentes de estos dos municipios. En uso de su derecho, un grupo de..., sobre todo mujeres, es decir, casi fueron solamente mujeres, no a apoderarse de los palacios municipales, fueron a hacer un plantón debajo de los arcos ahí, por que estaba lloviendo y fueron desalojados ahora el día 1o. por la policía; hubo gente lastimada, a la madre del candidato, Guadalupe Rivera, le rompieron las costillas, según la policía la señora se rompió sola las costillas, bueno, así hacen las cosas, ¿no?; estaban en los portales simplemente; a Manuel Rivera del Campo lo amenazan de muerte por estar apoyando a un ejidatario indígena, lo amenazan los blancos, porque allá los blancos están en contra de los ejidatarios indígenas, pero este hombre, el candidato nuestro, Guadalupe Rivera, es ejidatario del ejido "El Guayal", ahora...
El presidente: - Un momento, señor diputado.
Le aclaro al señor diputado que gritó a la Presidencia, que no es el procedimiento, puede usted pedir una moción de orden. (Aplausos.)
He estado llamando reiteradamente al orden en esta sala, no es un problema de la Presidencia, es un problema de personas que no entienden que están haciendo aquí. Proceda usted, señor diputado.
El diputado Pablo Emilio Madero Belden: - Muchas gracias, señor Presidente.
Hace unos días aquí se aprobó lo relativo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para todo el que se sienta agraviado en los derechos humanos, pero resulta que hubo una excepción, se dijo para materia electoral, sobre todo de resultados electorales, queda fuera. Entonces, esta gente, ejidatarios, gente desamparada en "El Guayal" y en otros ejidos del rumbo ¿a quién recurren? Las autoridades locales están atropellando su derecho, manipulan los resultados en las juntas computadoras, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no pueden recurrir porque no hay, es decir, en esa materia no puede intervenir, entonces, por eso se presenta a la consideración de ustedes una proposición.
La proposición, firmada por seis diputados de Acción Nacional y apoyada por toda la diputación, es la siguiente:
Presentamos a la consideración de esta soberanía una proposición en los términos del artículo 58 del Reglamento Interior.
"Le solicitamos que se integre una comisión plural de esta Cámara, para que investigue los hechos denunciados en esta sesión, por el diputado Manuel Rivas del Campo, respecto de la violación de garantías individuales, así como la agresión con saldo de varios herido, por elementos policiacos del gobierno del estado del San Luis Potosí, en contra de ciudadanos inermes
de los municipios de Aquismón, San Martín Chalchicuautla y San Vicente Tancuayalab, de ese Estado, la noche del día 17 de diciembre de 1991.
La gente desamparada, muy humilde, muy pobre, que se siente sola y abandonada en estos tres municipios, sobre todo uno en la sierra y otro en la confluencia de tres estados, recurre a ustedes para que ustedes aprueben que se integre una comisión para que la comisión investigue, para que investigue y si tiene razón se las damos y si no, no se las damos pero, pro el amor de Dios vamos a apoyar a la gente que no tiene a quién recurrir y por eso viene ante esta soberanía a solicitar su apoyo. Muchas gracias.
Entrego a la Secretaría el texto de esta solicitud.
(Aplausos.)
El Presidente: - Se solicita a la Secretaría dé lectura a la proposición presentada por el diputado Pablo Emilio Madero.
La secretaria diputado Ana Teresa Aranda Orozco: - "Presidente de la Cámara de Diputados. - Presente.
Los suscritos diputados, miembros de la LV Legislatura presentamos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición en los términos del artículo 58 del Reglamento Interior, se integre una comisión plural de esta Cámara para que investigue los hechos denunciados en esta sesión por el diputado Manuel Rivera del Campo respecto de la violación de garantías individuales así como la agresión con saldo de varios heridos por elementos policiacos del gobierno del estado de San Luis Potosí, en contra de ciudadanos inermes de los municipios de Aquismón, San Martín Chalchicuautla y San Vicente, de este estado, la noche del día 17 de diciembre de 1991.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados de Recinto Alterno, México, Distrito Federal, 20 de diciembre de 1991 y firma el diputado Pablo Emilio Madero Belden, el diputado Miguel Gómez Guerrero, el diputado Alberto Martínez Mireles, Manuel Rivera Martín del Campo y Juan Huesca Pérez y Juan de Dios Castro también". Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría la asamblea si se admite la propuesta presentada Por el diputado Pablo Emilio Madero.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica se consulta a la asamblea si se admite o se desecha la propuesta del diputado Pablo Emilio Madero.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente (a las 19.40 horas.): - Agotados los asuntos en cartera se levanta la sesión iniciada el 19 de diciembre.