Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19911220 - Número de Diario 24
(L55A1P1oN024F19911220.xml)Núm. Diario: 24ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Rigoberto Ochoa Zaragoza
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D. F., viernes 20 de diciembre de 1991 No. 24
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal para asistir al cívico conmemorativo del CLXXVI aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón. Se designa comisión.
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Zacatecas para informar sobre la integración de su Mesa Directiva. De enterado.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY DE AMPARO
Para adicionar un 4o. párrafo al artículo 211 de dicha ley presentada por el diputado Gabriel Jiménez Remus. Se turna a la Comisión de Justicia
De reformas a los artículo 73, 184 y 185 de dicha ley presentada por el diputado Juan de Dios Castro Lozano. Se turna a la Comisión de Justicia.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
INFORME DE LABORES
De la Secretaría de Turismo. De enterado y se turna a la Comisión de Turismo.
PAQUETES ELECTORALES
Presentada por el diputado Fernando Ortiz Arana.
Debaten los diputados:
Francisco Hernández Juárez en contra.
Rene Juvenal Bajarano Martínez en contra.
Amador Rodríguez Lozano en pro.
René Juvenal Bejarano Martínez
Amador Rodríguez Lozano
José de Jesús Martín del Campo Castañeda para rectificar hechos.
Diego Fernández de Cevallos
Rosa Albina Garavito Elías
Guadalupe Cecilia Soto González
Tomás González de Luna
Javier Centeno Ávila
Israel González Arreguín para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo en contra. Presenta punto de acuerdo.
Gabriel Jiménez Remus
Cesar Augusto Santiago Ramírez
Se desecha el punto de acuerdo presentado por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Se aprueba el punto de acuerdo presentado por el diputado Fernando Ortiz Arana.
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Punto de acuerdo presentado por el diputado Francisco José Paoli Bolio. Se aprueban. Se turna el Comité de Administración para su implementación.
VEHÍCULOS EXTRANJEROS
Punto de acuerdo presentado por el diputado Abundio Ramírez Vazquez. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
Propuesta presentada por el diputado Juan Jacinto Cárdenas García solicitando la comparecencia del Secretario de Educación ante la Comisión de Educación. Se desecha.
RECESO
ECLIPSE ANULAR
Sobre el tema interviene el diputado José Antonio Ruiz de la Herrán.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY DE BIENES NACIONALES
De la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicha ley.
Para su discusión en lo general intervienen los diputados: José Rodolfo Treviño Salinas para fundamentar el dictamen.
Héctor Ramírez Cuéllar
Servando Hernández Camacho
Eberto Croda Rodríguez
Julio Cesar García Hernández
Gilberto Zapata Frayre
Guillermo Mercado Romero
Jorge Calderón Salazar
Juan Antonio Nemi Dib para rectificar hechos.
Julio Cesar García Hernández para rectificar hechos.
Emilio Becerra González para rectificar hechos.
En la discusión de artículos reservados intervienen los diputados:
Luis Fernández Vega presenta propuesta.
Jorge Alfonso Calderón
Alfonso Rivera Domínguez
Se someten a votación las propuestas presentadas.
Julio Cesar García Hernández
Fernando Navarrete Magdaleno
Se aprueba en lo general y pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS
Se dispensa la lectura al dictamen y debaten los diputados:
José Miguel González Avelar.
Oscar Ricardo Valero Recio Becerra
Blanca Ruth Esponda Espinosa
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Juan Gualberto Campos Vega
Manuel Terrazas Guerrero
Luis Danton Rodríguez Jaime
Emilio Becerra González
Fernando Estrada Sámano
Aprobado en lo general, pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Espinosa habla respecto al artículo 147.
CÓDIGO PENAL
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma el Código Penal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Se dispensa la lectura la dictamen.
Debate sobre el tema los diputados:
Miguel Ángel León Corrales
Israel González Arreguín
Gabriela Irma Avelar Villegas
Aprobado en lo general y pasa para sus efectos constitucionales.
De la Comisión d Justicia con proyecto de decreto que adiciona un artículo 254 bis al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Se dispensa la lectura al dictamen.
Sobre el tema hablan los diputados:
Juan Hernández Mercado
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Emilio Becerra González
Aprobado en lo general y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Para contestar alusiones personales toman la palabra los diputados: Juan Hernández Mercado
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz
Emilio Becerra González
Víctor Martín Orduña Muñoz
Francisco Felipe Laris Iturbide
Rafael Cañedo Benítez
Enrique Gabriel Jiménez Remus
Juan José Castillo Mota, hace una propuesta.
Se retira el dictamen y se devuelve a la Comisión de Justicia.
CONDECORACIONES
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Manuel González Valle, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano ingeniero Juan José Agustín Reyes Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la orden del Mérito Agrícola que le confiere el gobierno de la República Francesa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Ricardo de la Mora y Garibay, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, Rayos Dorados y Collar, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
PRESTACIONES DE SERVICIO
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Pedro Mario Ghislain Duez Nelis, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Bélgica en Puebla.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Eloísa González Parcero, para desempeñar el cargo como secretaria en la Embajada de Tailandia en México.
PROCESO ELECTORAL EN GUANAJUATO
El diputado Enrique Rico Arzate habla sobre los sucesos en el Estado.
Debate sobre el tema los diputados:
Marco Antonio García Toro
Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
SOBRE EL CASO DE ERICK HONNECKER
El diputado Manuel Terrazas Guerrero habla al respecto.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO RIGOBERTO OCHOA ZARAGOZA
ASISTENCIA
El Presidente (A las 19:40 horas.): - Con una asistencia de 367 diputados, se abre la sesión del día de hoy.
ORDEN DEL DÍA
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Primer Período Ordinario De Sesiones.- Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
20 de diciembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito federal, invita al acto cívico que con motivo del 176 aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 22 de diciembre.
Comunicación del Congreso del Estado de Zacatecas.
Iniciativa de diputados
Para adicionar un 4o. párrafo del artículo 211 de la ley de amparo, que presenta el diputado Gabriel Jiménez Remus, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De reformas a los artículos 73, 184 y 185 de la ley de amparo, que presenta el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del grupo parlamentario del partido acción nacional.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite el informe de labores de la secretaría de turismo, correspondiente al período de 1990 - 1991.
Proposición de punto de acuerdo del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional que presenta el diputado Miguel Ángel Murillo Aispuro.
Dictámenes a discusión
De la comisión de patrimonio y fomento industrial con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley general de bienes nacionales.
De la comisión de relaciones exteriores con proyecto de ley sobre la celebración de tratados.
De la comisión de justicia con proyecto de decreto que reforma el código penal para el distrito federal en materia de fuero común, y para toda la república en materia de fuero federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que adiciona un artículo 254 bis, al código penal para el distrito federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Manuel González Valle, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de caballero, que le confiere el gobierno de la república francesa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano ingeniero Juan José Agustín Reyes Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Agrícola, en grado de caballero, que le confiere el gobierno de la república francesa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Ricardo de la Mora y Garibay, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, Rayos Dorados y Collar, que le confiere el gobierno del Japón.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Mario Pablo Ghislain Duez Nelis, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Bélgica, en Puebla.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadana Eloísa González Parcero, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de Tailandia, en México.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: -En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaría diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la Afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Celebrada el día diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y siete minutos del día diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de trescientos ochenta y seis diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, en virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios hayan recibido copias del acta de la sesión, la Asamblea dispensa la lectura y en votación económica la aprueba sus términos.
Se da cuenta con las solicitudes de licencia de los diputados Arsenio Duarte Murrieta y Fidel Hernández Puente y la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo respectivos. Llámese a los suplentes.
Una comunicación del Congreso del Estado de Aguascalientes, por la que informa de la elección de mesa directiva. De enterado.
Hace uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a lo que califica como violación del fuero constitucional de un diputado federal en el Estado de Tabasco y solicita que se haga un exhorto al Gobierno de ese Estado. La Presidencia procederá en los términos solicitados.
Para presentar un punto de acuerdo respecto de la guerra entre la República Arabe Saharauí y Marruecos, hace uso de la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra la diputada suplente Ana Patricia Ramos de los Santos y designa a una comisión para que la introduzca y la acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminando el acto protocolario, la diputada Ramos de los Santos entra en funciones de inmediato.
La Secretaría da cuenta con cinco minutas del Senado de la República, con proyectos de decreto, por los que se conceden los permisos constitucionales necesario para que: el ciudadano Manuel González Valle, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la república francesa; el ciudadano Juan José Agustín Reyes Rodríguez, pueda aceptar la condecoración que le confiere el Gobierno de la república francesa; el ciudadano Javier Ricardo de la Mora y Garibay, pueda aceptar la condecoración que le confiere al Gobierno de Japón, para que el ciudadano Juan Pedro Mario Pablo Ghislain Duez Nelis, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Bélgica en Puebla y para que la ciudadana Eloisa González Parcero. Pueda prestar sus servicios en la Embajada de Tailandia en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de labores de la Secretaría de Educación Pública, correspondiente al período mil novecientos noventa - mil novecientos noventa y uno. Se turna a la Comisión correspondiente.
Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura a los artículos doscientos siete y doscientos nueve del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente ordena a la Oficialía Mayor que se controlen los accesos al salón de sesiones.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil
novecientos noventa y dos, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra la diputada María de los Angeles Moreno Urigas, del partido Revolucionario institucional, presidenta de la comisión dictaminadora.
Para fundamentar los votos de cada uno de sus respectivos partidos, hacen uso de la palabra los diputados: Helí Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista, en contra; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en pro; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional, en contra y Porfirio Camarena Castro, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
A discusión en lo general, hace uso de la palabra los diputados Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en contra; José González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Enrique Sada Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Presidencia del diputado José Camilio Valenzuela
Continúa el debate y hace uso de la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y es interrumpido por el diputado Alvarez Garín, quien desde su curul reclama el quórum.
Hacen aclaraciones, desde sus respectivas curules, los diputados González Fernández y Araujo de la Torre, así como el Presidente.
Continúan externando sus opiniones sobre el mismo dictamen, los diputados Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional, en contra; Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional, en pro;
Presidencia del diputado Martín Tavira Urióstegui
Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos José Luis Durán Reveles, del Partido Acción Nacional, en contra;
Presidencia del diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza
Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta a interpelaciones de los diputados Huesca Pérez y Calderón Hinojosa; Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional, en los términos del artículo cien del Reglamento, Juan José Rodríguez Pratts, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos, y en el mismo sentido, los diputados Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional; José Antonio González Curi, del Partido Revolucionario Institucional; Eloy Vazquez López, del Partido de la Revolución Democrática; Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional; Ovidio Pereyra García, del Partido Revolucionario Institucional; Juan José Rodríguez Pratts, del Partido Revolucionario Institucional; José Orihuela Bárcenas, del mismo Partido; Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional; Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática.
También para rectificar hechos, suben a la tribuna los diputados Arnulfo Vázquez García, del Partido Acción Nacional; Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta una interpelación del diputado Torres del Valle; Laura Pavón Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Zermeño Infante del Partido Acción Nacional; Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien contesta a una interpelación del diputado Calderón Hinojosa; Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Huesca Pérez, del Partido Acción Nacional; Ricardo Ling Altamirano, del mismo Partido; Cuitláhuac Vázquez Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional.
Continua el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación en lo general y hacen uso de la palabra los diputados Gilberto Rincón Gallardo, quien hace una proposición y pone a consideración de la Asamblea un punto de acuerdo ; Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Samuel Moreno Santillán, del mismo partido, para hacer una proposición y Liliana Flores Benavides, para hacer proposiciones respecto de los artículos segundo, tercero, sexto, séptimo y decimotercero.
En votación económica se desecha la proposición del diputado Gilberto Rincón Gallardo, así como la del diputado Samuel Moreno Santillán.
Por lo que se refiere a la intervención de la diputada Flores Benavides, el voto particular insértese en el Diario de los Debates y los artículos se consideran reservados para la discusión en lo particular. Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y el diputado Calderón Salazar, desde su curul hace aclaraciones sobre el procedimiento, mismo que continua con las explicaciones del Presidente y del diputado Lerdo de Tejada, desde su curul.
Se reservan, para su discusión en lo particular, los artículos segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo, octavo, decimotercero, decimocuarto; decimonono, vigésimo, vigesimocuarto, vigesimooctavo, trigesimonoveno y segundo transitorio.
La Secretaría recoge la votación nominal en lo general y de los artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria por doscientos sesenta y ocho votos.
Desde su curul, la diputada Flores Benavides impugna el resultado de la votación y el Presidente informa que, estando integrada la Secretaría por individuos de diferentes partidos, la votación es válida.
Desde su curul, el diputado Alejandro Encinas reitera la impugnación a la votación y el Presidente confirma la validez de la misma.
El Presidente informa de un acuerdo parlamentario que limita las intervenciones de los diputados a quince minutos, pero aclara que esto no será obligatorio.
A discusión el artículo segundo, debaten los diputados Cecilia Soto González, del partido Auténtico de la revolución Mexicana, quien hace proposiciones acerca de los artículos segundo, tercero y sexto; Elpidio Tovar de la cruz, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Helí Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista, para hacer una proposición; Felipe Muñoz Kapamas, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y contestar a una interpelación del diputado Cantú Domínguez; Helí Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; María Esther Schreman leaño, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Hildebrando Gaytán Márquez, del partido Popular Socialista, para hacer una proposición; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hacer una proposición; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos, Gabriela Guerrero Olivares, del Partido Popular Socialista, en contra; Rogelio Villarreal Garza, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Continúan en el debate sobre el artículo segundo, los diputados Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; Jorge Tovar Montañez, del partido Popular Socialista, para hacer una proposición; Jorge Torres Castillo, del partido de la revolución Democrática, para hacer una proposición; Ángel Aguirre Rivero, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la revolución Democrática, para hacer una proposición y someter a la consideración de la Asamblea un punto de acuerdo en el que se solicite la comparecencia del Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; Manuel Díaz Infante, del partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y en contra de la comparecencia solicitada; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
En sucesivas, votaciones económicas se rechazan las proposiciones realizadas durante el debate y el diputado Huerta Ladrón de Guevara, aclara, desde su curul, que solicitó que el punto de acuerdo que puso a consideración de la Asamblea debe tratarse como de urgente resolución.
En votación económica, la Asamblea desecha el punto de acuerdo y en la misma forma considera suficientemente discutido el artículo segundo. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el artículo tercero, hacen uso de la palabra los diputados Raymundo Cardenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, y Ovidio Pereyra García, del partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo tercero y en votación económica desecha la proposición del diputado Cárdenas Hernández
. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se permite que los oradores puedan tratar más de un artículo en cada una de sus intervenciones y hacen uso de la palabra los diputados Jorge Calderón Salazar, quien hace proposición acerca de los artículos cuarto, séptimo y octavo; Armando Romero Rosales, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hacer una proposición respecto del artículo séptimo; Enrique Jacob Rocha, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del artículo séptimo.
Desde su curul, el diputado Calderón Salazar retira su proposición respecto del artículo séptimo y se adhiere a la que presentó la diputada Soto González.
En sucesivas votaciones económicas se rechazan las proposiciones y la Asamblea considera suficientemente discutidos los artículos cuarto, séptimo y octavo, mismos que se reservan para su votación nominal en conjunto.
Continúa el debate en lo particular, y hace uso de la palabra los diputados Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición respecto del artículo sexto; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, en contra del dictamen; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace proposiciones respecto de los artículos sexto, decimotercero y trigésimonono, Tomás Yarrington Ruvalcaba, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen.
En sucesivas votaciones económicas se desechan las proposiciones respecto del artículo sexto, mismo que se reserva para su votación nominal en conjunto. Para continuar con el debate, hace uso de la palabra los diputados Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, quien hace proposiciones respecto de los artículos decimotercero, decimocuarto, decimonoveno y trigesimonoveno y Oscar Luebber Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen.
En votaciónes económica se desechan las proposiciones y la Asamblea considera suficientemente discutido el artículo decimotercero, mismo que se reserva para su votación nominal en conjunto.
Continúe el debaten en lo particular y hacen uso de la palabra los diputados Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien hace proposiciones respecto a los artículos decimocuarto y vigésimo octavo.
En sucesivas votaciones económicas se desechan las proposiciones hechas durante el debate y se acepta la del diputado Demetrio Hernández respecto del artículo veintiocho. Se reservan para su votación nominal en conjunto.
Para finalizar con el debate del Presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y dos, hacen uso de la palabra los diputados Guillermo Hopkins Gómez, del Partido Revolucionario Institucional y Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
En votación económica la Asamblea considera suficientemente discutido el artículo segundo transitorio y la Secretaría recoge la votación nominal de este artículo y los anteriormente reservados, misma que resulta aprobatoria por doscientos sesenta y ocho votos.
El Presidente hace la declaratoria respectiva y Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
En virtud que los dictámenes de las comisiones de Justicia con proyecto de decreto que adiciona un artículo doscientos cincuenta y cuatro bis al Código Penal para el Distrito federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal; de la misma Comisión, que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de Ley sobre la Celebración de Tratados y de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Bienes Nacionales, han sido impresos y distribuidos entre los señores diputados, la Asamblea les dispensa la primera lectura.
A las cinco horas con tres minutos del día veinte de diciembre de mil novecientos noventa y uno, el Presidente ordena un
Receso
A las trece horas con cincuenta minutos, del día veinte de diciembre de mil novecientos noventa y uno, con el mismo quórum de ayer, se reanuda la sesión.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Encinas Rodríguez, quien presenta un punto de acuerdo de la preparación de la Ley Reglamentaria del artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria.
Sube a la tribuna el diputado Jesús Martín del Campo también del Partido de la Revolución Mexicana, quien presenta punto de acuerdo respecto a la Universidad Autónoma del Estado de Sonora. Se turna a la Comisión de Educación.
Hace uso de la palabra el diputado Manuel Rivera del Campo del Partido Acción Nacional quien denuncia hechos electorales en el Estado de San Luis Potosí.
Se concede el uso de la palabra al diputado Abraham Talavera López, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo respecto del septuagesimoquinto aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica se aprueba.
Para denunciar lo que calificó como violaciones al proceso electoral en el Estado de Chiapas, hace uso de la palabra el Diputado Hugo Palacios Laguna, del Partido Acción Nacional.
La Asamblea autoriza la primera lectura de los proyectos de decreto que autorizan a los ciudadanos Manuel González Valle, Juan José Agustín Reyes Rodríguez, Javier Ricardo de la Mora y Aragón, Juan Pedro Mario Pablo Ghislain Avez Nelis y Eloisa González Parcero, a diversar actividades con gobiernos extranjeros.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentran el diputado suplente Manuel Horacio de la Vega Soto y designa una comisión para que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley como diputado federal. Al terminar el acto protocolario, al diputado de la Vega Soto, entra en funciones de inmediato.
En votación económica, la Asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con Proyecto de Presupuesto de Egresos del Presupuesto del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y dos.
Para fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión, hace uso de la palabra el diputado Fernando lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional
. A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, en contra; Adolfo Kunz y Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra; Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, voto particular Acción Nacional, en contra; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y se reservan para su discusión en lo general, los artículos cinco, ocho, once, trece y quince.
La Secretaría recoge la votación nominal en lo general y de los artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y ocho votos.
Para hacer proposiciones y expresar su opinión respecto del artículo quinto, hacen uso de la palabra los diputados Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista y Benjamín González Roaro, del Partido Revolucionario Institucional.
En votación económica se desecha la proposición del diputado Ramírez Cuéllar, pero a solicitud de diputados de diversos partidos, se repite la votación, se cuenta los votos y se desecha por doscientos cuarenta y tres votos.
Para expresar su opinión respecto al artículo quinto hace uso de la palabra la diputada Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra.
Presidencia del diputado Felipe Calderón Hinojosa
Hace uso e la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición respecto al artículo octavo y en pro del dictamen la diputada Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos, en el diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional.
La proposición se desecha en votación económica y la Asamblea considera suficientemente discutido el artículo octavo, que se reserva para su votación nominal en conjunto.
Para referirse al artículo once, hacen uso de la palabra los diputados Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática; Gloria Brasdefer Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Guillermo Pacheco Pulido, del mismo partido; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Presidencia del diputado Adolfo Kunz y Bolaños
Se desechan las proposiciones excepto la que se refiere a la fracción primera del artículo once, presentada por la diputada Patricia Ruiz Anchondo, que se aprueba.
Suficientemente discutido, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Para hacer propuestas, respecto a los artículos trece y quince, hace uso de la palabra el diputado Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional; para expresar su opinión al respecto, el diputado Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional y Fernando Lerdo de Tejada, del mismo Partido.
Para ratificar hechos, el diputado Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional.
Se desechan las propuestas presentadas con respecto al artículo trece con excepción de la presentada por el diputado Manuel Díaz Infante.
La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo trece. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Se desechan la propuestas del artículo quince y hace uso de la palabra el diputado Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional, quien hace una propuesta que la Asamblea acepta
Se recoge la votación nominal de los artículos impugnados en un sólo acto y resulta aprobatoria por doscientos sesenta y siete votos
El Presidente hace la declaratoria correspondiente y pasa el Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Hace uso de la palabra el diputado Pablo Emilio Madero, del Partido Acción Nacional, para referirse a hechos electorales en dos municipios del Estado de San Luis Potosí.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diez y nueve cuarenta citando para la que tendrá lugar de inmediato.»
El Presidente: -Está a consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior si algún diputado desea hacer una observación a la misma. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior.
La secretaría diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo ... Aprobada señor Presidente.
INVITACIÓN
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza.- Presidente de la H. Cámara de Diputados.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXVI Aniversario Luctuoso del Generalísimo José Ma. Morelos Y Pavón. que tendrá lugar el día 22 de diciembre a las 11:00 horas, en el Monumento erigido a su memoria en la Plaza de la Ciudadela Delegación Política Cuauhtémoc.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un representante de esa H. Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento,
las seguridades de mi atenta distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Manuel Solares Mendiola, Alberto Celis, Velasco Martín Tavira Urióstegui.
COMUNICACIÓN
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos.- Legislatura del Estado de Zacatecas.
Honorable Cámara de Diputados.- México, D.F.,
La honorable LIII Legislatura del Estado, en sesión de esta fecha y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, eligió la directiva que fungirá durante el tercer mes del tercer año de su ejercicio Constitucional, comprendido del 15 del presente al 15 de diciembre próximo, quedando integrada de la forma siguiente:
Presidente diputado Antonio Soria Miramontes; Vicepresidente diputados Rito Ruiz Rodríguez; primer secretario diputado José Antonio Mota Hernández; segundo secretario diputado Erasmo Marquez Campos; y suplente diputado Cayetano Torres Gallardo.
Reiteramos a ustedes la seguridad de nuestra consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zacatecas, a 15 de noviembre de 1991. - Diputado secretario José Mota Hernández y Erasmo Márquez Campos.»
Trámite: - De enterado.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY DE AMPARO
EL Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gabriel Jiménez Remus del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de adición de un cuarto párrafo, al artículo 211 de la Ley de Amparo.
El diputado Gabriel Jiménez Remus:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados, LV Legislatura, Congreso de la Unión.- Presente.
Gabriel Jiménez Remus, diputado de la Nación, con la facultad expresa que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar ante el Congreso de la Unión la presente iniciativa de adición al artículo 211 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República.
Considero necesario fundar mi iniciativa en las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. La Ley de Amparo, en su artículo 211, establece las penas corporales y pecuniarias que sufrirán el quejoso y el tercer perjudicado que, en juicio de amparo, presenten testigos o documentos falsos, pero inexplicablemente no se extendió la apuntada causa de incriminación a las autoridades responsables, las que por ser parte en el juicio de garantías, eventualmente también tiene la oportunidad de presentar, al rendir su informe justificado o en cualquier estado de juicio, datos falsos o afirmativos también hechos falsos.
Esta extensión a la que me refiero, no fue contemplada por el decreto del 30 de diciembre de 1959, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951, que creó el artículo 211 citado y tampoco por el decreto que lo reformó de fecha 30 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1984.
Segunda. Tal omisión representa, sin lugar a dudas, un desajuste legal además de inequitativo, respecto de las demás partes, que eventualmente puede llegar a ser una verdadera incitación a las autoridades responsables, parte en el Juicio de Amparo, para faltar al principio de buena fe y de probidad con que deben conducirse en el proceso de control de la constitucionalidad ante cualquier aportación o afirmación falsa.
Tercera. No me es ajeno el hecho de que el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y de aplicación en toda la
República en materia de fuero federal, existe un capítulo de delitos que se pueden llegar a cometer en contra de la administración de justicia, dentro de los cuales eventualmente podrían llegar a tipificarse estas conductas, pero en primer lugar, no siempre las autoridades responsables son funcionarios judiciales o agentes representantes del Ministerio Público, sino simples autoridades de carácter administrativo y, en segundo lugar, hay leyes creadas para la reglamentación de problemas pertenecientes a áreas ajenas, en su mayor parte, al derecho penal, por lo que el legislador pretendió constituir normas técnicas adecuadas a cada una de ellas, de conformidad con las necesidades de la convivencia social y que, cuando advirtió la posibilidad de Conductas Legislativas a los Intereses Propios de esas Materias, de tal magnitud que ameritaran una verdadera represión entonces creó la norma penal especial, cuyo conjunto integra el Derecho Penal Especial.
Así podemos pensar que cuando se reguló lo referente a Quiebras y Suspensión de pagos, Ahorro Nacional, Seguro Social, Servicio Militar, Estadística, Juegos y Sorteos, Radio y Televisión, Reforma Agraria, Patrimonio Cultural de la Nación, Relación Laboral, Exportación de Oro, Explotación Forestal, Instituciones de Crédito y Órganos Auxiliares, Control de Nacionales y Extranjeros en el País, Títulos y Operaciones de Crédito, Culto Religioso, Explotación de Recursos Mineros, Derechos de Autor, Monopolios, Sanitarismo Nacional, Crédito Agrícola, Ejercicio de Profesiones, etcétera, repito, el legislador instituyó delitos especiales a cada una de las conductas delictivas que eventualmente podrían presentarse en estas leyes especiales.
Y este es el caso, por lo que se refiere a la autoridad responsable.
Por las razones anteriores me permito someter a su amable consideración el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo. Se adiciona con una fracción el artículo 211 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
"Artículo 211. Se impondrá prisión de 6 a 3 años y multa de 10 a 90 días de salario:
I.............................................................................
. II............................................................................
. III...........................................................................
. IV. A la autoridad responsable que al rendir su informe justificado o en cualquier estado o juicio, aporte datos o afirme hechos falsos.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Muy atentamente.
México, Distrito Federal, recinto alterno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de diciembre del año de 1991.- Diputado de la Nación, Gabriel Jiménez Remus.»
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Justicia.
LEY DE AMPARO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 73, 184 y 185 de la Ley de Amparo.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: -Señor Presidente; señoras y señores diputados:
«Con las facultades que me confiere a la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso General, me permito presentar ante el Congreso de la Unión la presente iniciativa que reforma el artículo 73 y adiciona los artículos 184 y 185 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República.
Fundo mi iniciativa en las siguientes
CONSIDERACIONES
Primero. El artículo 73 de la Ley de Amparo en su fracción V, dispone que el amparo es improcedente contra los actos que no afectan los intereses jurídicos del quejosos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto el problema comentado por la doctrina sobre el significado de la expresión "Intereses Jurídicos del Quejoso" y ha determinado que, por intereses jurídicos, deben entenderse los derechos subjetivos, esto es, los derechos que la ley o la norma jurídica confieren a un gobernado y que pueden
hacerse respetar por medio el poder coactivo del estado. Sin embargo en la realidad, se dan muchos casos en que actos de autoridad violatorias de la legalidad afectan los intereses de los quejosos, mas no sus intereses jurídicos y, no obstante que el acto de autoridad es violatorio de la ley, el amparo resulta improcedente por la no afectación de los intereses jurídicos de los gobernados. Piénsese, por ejemplo, en actos administrativos de autoridad que afectan situaciones de los gobernados para las que no tienen el derecho de reclamarlas con el poder coactivo del estado, sobre todo en materia administrativa. Por esta razón, propongo a los señores legisladores modificar la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo para que este sea procedente cuando se afecten los intereses de los quejosos, aunque estos no sean jurídicos.
Segundo. Existe una práctica en el desahogo de los asuntos que se tramitan ante los tribunales colegiados de circuito y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en que las partes litigantes tratan de conocer los proyectos de resoluciones elaborados por los magistrados o ministros relatores. Los litigantes por diversos medios conocen el contenido del proyecto; conocen los alegatos verbales emitidos por la contraparte al secretario proyectista y al ministro relator; tratan a su vez de desvirtuar los alegatos vertidos por la contraparte, exponiendo a su vez su propios alegatos e, incluso, se entrevistan con los secretarios, magistrados y ministros con el propósito de dar la argumentación más conveniente a su interés. Esta iniciativa tiene por objeto encauzar, dentro del marco legal, esta conducta de las partes en lo que pueda ser positiva para la mejor impartición de justicia. Para ello, me permito proponer adiciones a los artículos 184 y 185 de la Ley de Amparo, con el propósito de que una vez formulado por el Magistrado o Ministro Relator el proyecto de resolución, del mismo se dé copia a las partes para que éstas, antes de la fecha señalada para dictar sentencia, estén en posibilidad de formular alegatos con los que se dará cuenta a los magistrados o ministros que deban intervenir en el fallo definitivo del asunto a su consideración.
En mérito de lo expuesto, me permito someter a su consideración el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1o. Se reforma la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo para quedar en los siguientes términos:
V. Contra los actos que no afecten los intereses del quejoso.
Artículo 2o. Se adiciona con una fracción el artículo 184 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos:
Artículo 134.................................................................
. I.............................................................................
. II............................................................................
. III. El secretario del Magistrado relator pondrá a disposición de las partes, cuando menos cinco días antes de que se dicte sentencia, copia del proyecto de resolución. Las partes tendrán el derecho de presentar, hasta 24 hora antes de que se dicte sentencia, alegatos en relación con el Proyecto de Resolución con los que se dará cuenta de inmediato a los magistrados del tribunal.
Artículo 3o. Se adiciona el artículo 185 de la Ley de Amparo con un párrafo, que será el segundo, en los siguientes términos:
Artículo 185.................................................................
. Seis días antes de la audiencia, el secretario del Ministerio Relator pondrá a disposición de las partes del Proyecto de Resolución para que las partes puedan formular alegatos, en relación con el mismo, hasta 24 horas antes de la audiencia. Con los alegatos se dará cuenta de inmediato a los ministros de la Corte.
Recinto alterno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LV Legislatura.- México, D.F., a 20 de diciembre de 1991.- Diputado, Juan de Dios Castro Lozano.»
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Justicia.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
INFORME DE LABORES
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al Honorable Congreso de la Unión, la memoria de Labores realizada por la Secretaría de Turismo, correspondiente al período de 1990- 1991.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 29 de noviembre de 1991. -El Secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
El Presidente: - De enterado, y túrnese a la Comisión de Turismo para su conocimiento.
PAQUETES ELECTORALES
El Presidente: -Se concede la palabra al, diputado Fernando Ortíz Arana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición de punto de acuerdo.
El diputado Fernando Ortíz Arana: - Con su autorización señor Presidente. Señoras y señores diputados:
Vengo a solicitar a la Presidencia ponga a la consideración de ustedes un Punto de Acuerdo que suscribimos los diputados de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional y que dice lo siguiente:
ANTECEDENTES
En el Recinto Legislativo de San Lázaro, en un amplio espacio cuyo destino original es para oficinas propias de esta Cámara, existen paquetes que contienen papelería electoral que se utilizó en la elección federal de 1988 y que por disposición de la ley ya abrogada, estaban a disposición de la Cámara de Diputados durante la calificación de tales elecciones federales.
La práctica de poner a disposición los paquetes electorales la calificación de las elecciones; invariablemente ha concluido con la destrucción de los mismos, realizada por la Cámara a través de la Oficialía Mayor de la misma, primero, para evitar la acumulación de paquetería que no tiene ya ninguna utilidad ni legal ni práctica segundo, porque una vez calificada la elección es obvio que estos paquetes carecen de utilidad alguna.
Considerando: que la existencia de esos paquetes electorales no cumple objetivo ni finalidad alguna, que por el contrario, ocupan un espacio indispensable para el trabajo de la Cámara, motivan una erogación económica amplia, que constituyen sin duda un riesgo permanente por la posibilidad de un siniestro que pueda presentarse en el recinto de San Lázaro del Poder Legislativo, que además existe personal del Ejército Mexicano resguardando, de manera permanente y desde hace tres años todo ese material, lo que causa una erogación económica y por supuesto la utilización de elementos del Ejército Mexicano que podrían dedicarse a otras tareas.
Que no hay razón alguna, señores diputados, para mantener ese estado de cosas de manera indefinida, con las consecuencias que en materia de disponibilidad de espacios, utilización de recursos económicos y humanos y posibilidad de riesgo de siniestro, causan la existencia en la Cámara los paquetes de referencia.
Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de esta cámara, el siguiente
ACUERDO
Primero. Procédase a la destrucción de los paquetes electorales que se encuentran en el recinto legislativo de San Lázaro, ante la fe de un Notario Público, quien levante el acta correspondiente.
Segundo. El ciudadano Oficial Mayor de la honorable Cámara de Diputados procederá a ejecutar este acuerdo dictando las medidas necesarias para el efecto.
Tercero. El Oficial Mayor de la Honorable Cámara de Diputados, una vez concluido este procedimiento, solicitará a la autoridad competente el retiro de los elementos del Ejército Mexicano del recinto legislativo de San Lázaro
. Recinto Alterno del Centro Médico, 20 de diciembre de 1991. Lo suscriben los diputados: Manuel Jiménez Guzmán Cesar Augusto Santiago, Hugo Andrés Araujo de la Torre, José Antonio González y su servidor.
Dejo señor Presidente, este punto de acuerdo, rogándole de le dé el trámite correspondiente para someterlo desde luego a la consideración de este pleno. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -En contra, los diputados Hernández Juárez, René Bejarano, Adolfo Kunz, Cuauhtémoc Amezcua, diputado García Castro,
Juan Campos Vega y Camilo Valenzuela. A favor, Amador Rodríguez Lozano, Miguel Ángel Yunes, José Antonio González, Cesar Augusto Santiago, Agustin Basave, Efraín Zúñiga, Laura Alicia García y Juan José Castillo Mota.
Tiene la palabra el diputado Hernández Juárez.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - Señor presidente; señoras y señores diputados:
Los paquetes electorales de 1988, resguardados aún en el Recinto Legislativo de San Lázaro, constituyen la prueba documental pública irrefutable del fraude cometido el 6 de julio de 1988.
De ninguna manera debemos acordar la destrucción de esa documentación electoral, porque ahí está constatada la magnitud del fraude cometido para falsear la voluntad del pueblo mexicano.
Todos recordamos que la política económica y social que había implementado y llevado a cabo el gobierno de Miguel de la Madrid, de la cual era parte el licenciado Carlos Salinas de Gortari, había llevado a los trabajadores de la ciudad y del campo a una situación de pobreza tan grave que casi a gritos pedían un cambio a fondo para revertir su situación de miseria.
Las fuerzas nacionalistas, democráticas y revolucionarias, percibimos que la política neoliberal estaba encaminada a destruir y de los amplios sectores populares y de la nación misma. Por eso, ellos se refleja en los compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás centros financieros del imperialismo norteamericano, como de pagar cumplidamente la deuda externa y sus servicios, privatizar la economía, adelgazar el espacio, "reducir el gasto Público", vender las empresas del estado, hacer nugatorio el derecho trabajo, firmar el Tratado de Libre Comercio reformar nuestras leyes, hasta la propia Constitución, como ha sucedido, para satisfacer las exigencias de los inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros.
Por eso construimos el Frente Nacional Democrático, alrededor del cual se aglutinó la mayoría de votantes, hombres y mujeres del país.
Los diagnósticos del partido del gobierno de obtener 20 millones de sufragios para su candidato a la, Presidencia de la República, se esfumaron y por eso descaradamente realizaron el fraude electoral en todo el país, falsificando las actas de instalación de casillas, las actas de cierre de la votación y, sobre todo, las actas de escrutinio; sin ningún recato manipularon los paquetes electorales. Este hecho se generalizó al obtener Gobernación y los dirigentes del los datos de sus propios partidarios de que ellos estaban perdiendo la votación en todo el país y de que el ganador estaba resultando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y los candidatos a diputados y senadores del Frente Democrático Nacional.
A partir de ese momento decidieron hacer caer el sistema para ocultar los resultados y toda la noche y los días siguientes, manipularon los paquetes electorales a su antojo para hacer aparecer el triunfo a su favor.
Durante el Colegio Electoral para la calificación de las elecciones, la exigencia del Frente Democrático Nacional fue el de que se abrieran los paquetes, pero ante la cerrazón del gobierno y del grupo dirigente de la Cámara, los paquetes nunca se abrieron y con ellos se consumó el fraude electoral.
Han pasado ya 3 años y los hechos antidemocráticos se siguen realizando para conservar el poder y todo ha sido con mano dura. Los propios dirigentes sindicales y otra gente, progresista que no aprobó o no asintieron estos hechos vergonzosos, ahora están en las cárceles y otros están desplazados. Se ha impuesto el autoritarismo. Pero lo más grave es que están realizando las reformas a la Constitución General de la República en los artículos fundamentales, como el 27, el 130 y el 3o. constitucional que hace apenas unos días fueron reformados en esta Cámara.
La proposición que ahora se nos hace de destruir, de guardar en el olvido los paquetes electorales, es otra fase y medida que se está tomando para hacer desaparecer los testimonios de una contienda electoral llevada por parte del gobierno mañosamente y en forma antidemocrática. Por eso, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, se opone enérgicamente a esa proposición y a su juicio esos paquetes electorales deben microfilmarse y mandarse al archivo de la nación, porque, se puede desaparecer documentos que deben considerarse como parte de la historia de la lucha de nuestro pueblo, por ampliar nuestro régimen democrático. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado René Bejarano.
El diputado Rene Juvenal Bejarano (desde curul) : - De conformidad con el Reglamento,
que tendría que ser alterados los oradores. Acaba de hablar uno en contra, tendría que subir uno a favor.
El Presidente: - Lista. Ya la tenemos aquí.
Se concede el uso de la palabra al compañero diputado Amador Rodríguez.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Señor presidente honorable asamblea:
He pedido el uso de la palabra para apoyar la propuesta realizada por el presidente de la Gran Comisión en torno a este asunto de los paquetes electorales que como fantasma de Ibsen, va y viene en los últimos años en la política partidista.
El asunto nosotros lo circunscribimos a una cosa más sencilla; tenemos que recordar que la legislación electoral ya abrogada, esos artículos 299 y 301, establecían la obligación de los organismos electorales, de enviar los paquetes electorales a la Cámara de Diputados a través de su Oficialía Mayor, para su salvaguarda y custodia, en tanto, esto es lo importante en tanto se calificaba la elección respectiva. Es muy importante esta frase, porque esto es un mandato para esta Cámara de Diputados, porque le está ordenando que estos paquetes electorales, los custodie y los salvaguarde mientras se realiza la calificación electoral respectiva. Una vez que ésta se ha calificado, no hay ninguna razón jurídica para que estos paquetes electorales se mantengan.
La legislación electoral está abrogada; hoy tenemos una nueva legislación electoral que establece un nuevo procedimiento muy distinto al de la legislación anterior y establece ésta sí, con precisión, que una vez terminada la elección en el Consejo Distrital respectivo, los paquetes electorales se deben de destruir.
Por lo tanto, nosotros tendremos que vincular estos dos aspectos para poder concluir que hay un mandato para que estos paquetes se destruyan.
Pero además existe, como lo establece de manera precisa el documento que aquí fue leído, la práctica parlamentaria de que estos paquetes se destruyan Imagínense ustedes si mantuviéramos los paquetes electorales desde las primeras elecciones de este siglo, pues no sé dónde tuviéramos almacenados estos paquetes, aún pensando que ahora ya con técnica modernas se pudieran microfilmar.
Pero la lógica es otra. Aquí ha quedado claro que hay consecuencias muy importantes respecto al funcionamiento del poder...
La diputada Martha Patricia Ruiz (desde su curul): Señor Presidente:
Pregunte al orador si me acepta una interpelación.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - En cuanto termine, con mucho gusto; en cuanto termine contesto cualquier interpelación.
El Presidente: - Permítame, el orador.
La diputada Martha Patricia Ruiz (desde su curul): - Señor Presidente:
Pregunte al orador si acepta una interpelación.
El Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación, diputado Amador?
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Señor Presidente: Ya le dije que con mucho gusto, al término.
El Presidente: - No la acepta; solamente al terminar.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Yo creo que las ansias de poder justificar una política errónea, no tiene por qué combinarse con la grosería. Estamos aquí tratando de discutir un aspecto.
La diputada Rosa Albina Garavito (desde su curul): - Señor Presidente: Deseo formularle una interpelación al orador.
El Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación, señor diputado?
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Señor Presidente: Si me permite que termine con mi desarrollo, con mucho gusto les contestaré todas las interpelaciones.
El Presidente: - La acepta, cuando termine su intervención.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Decía que hay un aspecto muy importante para el funcionamiento de la Cámara. Nosotros aquí no hemos todavía desarrollado nuestras actividades; de manera normal en el Recinto de San
Lázaro; hemos desarrollado nuestra actividad aquí. Pero hemos sufrido las faltas de espacio.
En el Recinto de San Lázaro, un importante espacio está destinado a estos paquetes electorales, que tienen ahí, además, un problema permanente, que puede producir un siniestro como ya sucedió, desgraciadamente (y que seguimos viviendo la consecuencias de ese siniestro. Pero
es una realidad, es una posibilidad latente que ese siniestro pueda ocurrirse.
Decía además el documento que se habla leído aquí, que tenemos que destinarle recursos financieros, recursos materiales para buscar cuidar la limpieza del lugar donde se encuentran estos paquetes electorales.
Pero no es ese el principal problema, sino hay otros problemas que también tenemos que analizar y las razones por las cuales se deben de destruir esos paquetes.
Primeramente por que carecen de objeto. Las elecciones de 1988, concluyeron de acuerdo a los términos y a los procedimientos que establecía la legislación vigente en ese momento; se cumplieron todos los pasos y todos los procedimientos y concluyó con una declaración de los colegios electorales respectivos, estableciendo la legitimidad de las elecciones. Eso es cosa juzgada. No existe en el sistema jurídico mexicano, ninguna instancia superior a la decisión de los colegios electorales, es última instancia y jurídicamente inatacable.
Por otro lado, tenemos que tener la certeza jurídica y la legalidad de que un proceso se agota. No podemos estar aquí discutiendo ahora, dentro de tres años, dentro de diez años, de un proceso electoral que se dio en 1988 y que cumplió, como dije, todas sus etapas se cumplieron, todos los procedimientos establecidos por la ley.
No tiene caso mantener esos paquetes electorales por la razón de que no se pueden modificar, no se pueden revisar, no se pueden abrir esos paquetes electorales porque ya son cosa juzgada. Esto es muy importante que se tenga en mente; es una cosa juzgada.
También carecería de razón jurídica y política también, microfilmarlos y mandar los al Archivo Histórico de la Nación, por la sencilla razón que dentro de los fines y de los principios de esta valiosa institución, no está contemplando el material electoral, Y por otro lado, es de una función totalmente distinta, porque el propósito es que se mantenga la memoria histórica de los mexicanos, para que estos puedan consultar estos documentos que puedan ser valiosos para el futuro del país.
Pero estamos hablando, señores legisladores, de más de 150 mil paquetes electorales, de documentación electoral, que como he dicho, no tiene ya ninguna validez legal.
Pero hay algo muy importante que yo quisiera comentar con los compañeros legisladores que conformaron el extinto Frente Democrático Nacional.
Esta Legislatura se ha calificado de histórica, se ha calificado de historia no solamente por las modificaciones y las decisiones que está haciendo para cambiar la historia jurídica de éste país, sino también es histórica porque hemos abandonado actitudes del pasado que en nada beneficiaban la democracia y la dignidad del Poder Legislativo. Hemos abandonado actitudes de antagonismo que tampoco beneficiaban en nada el desarrollo social, político y cultural de nuestro país, hemos abandonado los maniqueísmos, hemos abandonado los antagonismos totales, hoy nos encontramos en una actitud distinta.
Yo califico a esta legislatura como la legislatura de la concordia, porque hemos eliminado una serie de obstáculos que desde hace mucho tiempo impedían la comunicación y el desarrollo armónico de todas las fuerzas políticas de éste país.
Así fue que con motivo de la reforma, del 27 logramos que una serie de antagonismos que se realizaban en el campo, hoy tengan nuevos cauces jurídicos para desarrollarse de manera armónica; lo mismo sucedió con las reformas más relacionadas con el estado y con la iglesia.
En ese sentido, yo creo que tenemos qué tomar una decisión importante, porque estos paquetes electorales que sirven de bandera política para algunos grupos y partidos políticos, no son pues el mejor elemento para poder continuar el desarrollo y el avance de la democracia en nuestro país, no es a través de esta bandera política como se pueden conseguir votos o como se puede avanzar en la lucha política por éste país ni tampoco se puede avanzar en el perfeccionamiento de la democracia. Tenemos qué partir, tomar la decisión política de romper con el pasado; no podemos tomar las causas del pasado como razones del presente; tenemos qué abrirnos al futuro, tenemos qué romper con estos fetiches políticos que impiden el desarrollo político de éste país, tenemos qué asumir una actitud madura, política y responsable; es con plataformas electorales, es con propuestas congruentes y responsables como se conquista el voto en el país.
Por esa razón, compañeros, yo les pido a ustedes que voten favorablemente la propuesta de mi partido. Estoy a disposición de mis compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado René Bejarano.
El diputado Juvenal Bejarano Martínez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En un procedimiento y en una dinámica de esta Legislatura, caracterizado por el sacar a toda costa una serie de acuerdos y de Imponer por sobre el Legislativo, el coordinador de la fracción priísta, en un clásico albazo, viene a aquí a proponer un punto de acuerdo, que no es tal y que obedece a una consigna política para dejar atrás las evidencias de un crimen, de un delito electoral que marcó la historia del país.
Las elecciones de 1988, fueron las presidenciales más discutidas de los últimos tiempos. En ellas, la confrontación política alcanzó niveles alarmantes y sólo la voluntad política de nuestro dirigente nacional, la decisión de no romper con la legalidad y la estabilidad política, evitó que los costos fueran mayores.
Pero recordemos que fue la fracción priísta la que se opuso a que se aclararan los resultados. ¡Nunca se conocieron los resultados casilla por casilla! ¡Nunca estuvieron dispuestos a abrir los paquetes electorales! ¡Siempre argumentaron cuestiones de forma, pero no de fondo, para evitar que la elección se limpiara!
¡En aquellos tiempos, Acción Nacional declaró, por boca de su líder, entonces candidato a la Presidencia de la República, que no se podía saber quién había ganado esa elección por la suciedad de ese proceso electoral! ¡Y ahora se pretende destruir la evidencia de un fraude, la evidencia de un delito, la evidencia de un crimen!
Sin que fuera la discusión se ha venido aquí a recordar esos acontecimientos y a tratar de quitarle al régimen la prueba, las pruebas, hacerle ligera la carga de un delito que cometió y que no ha quedado impune.
¡No es cierto, diputado Lozano, no es cierto que esta sea la Legislatura de la "concordia"! ¡Esta es la legislatura de "la modernización del fraude electoral"! ¡Esta es la legislatura donde con métodos, francamente, antidemocráticos, de forzar la máquina a deshoras, presionados por una política de trabajo francamente inconveniente, se nos ha metido en una dinámica de aprobar y modificar artículos constitucionales! ¡Si es histórica esta legislatura, pero no por las razones que ustedes dan, sino por las razones que están modificando el país a partir de un fraude cibernético, que es la continuación del fraude del 6 de julio de 1988!
¡Es falso que los argumentos que aquí se dan sean los argumentos de fondo para destruir esos paquetes! Si el problema es de espacio, si hacen falta más cajones de estacionamientos, podemos gestionarles ante diversas dependencias los lugares correspondientes para que se estacionen en lugar adecuado. Si los recursos que se destinan, si los recursos que se destinan para cuidar esos paquetes son muy elevados, podríamos disminuir los costos de las dietas, los gastos a algunos suntuarios que se llevan a cabo en este legislativo. ¡Pero eso son formalidades No es real.
La verdadera razón, es que se pretende quitar lo que fue la evidencia de un fraude, de la falsificación de las bolsas, de los votos, de las actas. Porque nunca se tuvo la disposición. ¿Por qué ahora sí, en algunos lugares, se atreven a decir que se abran los paquetes electorales y por qué no estuvieron de acuerdo en abrirlos en aquél entonces? ¿Por qué ahora supuestamente nos entregaron los resultados, casilla por casilla y en aquél entonces, cuando se iba haciendo evidente que las tendencias atípicas de la votación demostraban un fraude electoral de magnitudes gigantescas, se impidió, se interrumpió la expedición de los resultados casilla por casilla y se acalló esa información y después sólo se dieron resultados globales.
Las leyes no tienen aplicación retroactiva. Los documentos que integran los paquetes electorales constituyen no solo el soporte jurídico de la calificación electoral, sino el elemento testimonial más fehaciente para escribir y reescribir la historia política electoral de este país.
Quizá éste sea el segundo intento por destruir estos paquetes. Hubieran deseado que en el infortunado accidente que incendió las instalaciones de San Lázaro, también se hubieran quemado aquellos paquetes electorales. Pero ahora, mediante un "albazo" y un procedimiento totalmente irregular se pretende destruir la evidencia del fraude electoral que llevó a la Presidencia de la República al actual Presidente.
Y recordemos que son documentos públicos que por su naturaleza deben ser conservados para transmitirlos a las futuras generaciones de mexicanos. Conforme a la Ley General de Bienes Nacionales dichos documentos forman parte del patrimonio nacional y no deben dárseles el trato
de cualquier documento. Ciertamente no se conservarán toda la vida, pero al permitirse su estudio, al hacerse públicos, se conservarán los resultados de las investigaciones que se hagan.
La soberanía nacional radica esencial y originariamente en el pueblo es a él al que le interesa conocer su historia, saber la verdad sobre los actos públicos. No podemos negarles este derecho.
Esta Cámara, si nos detenemos a revisar en detalle la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, no tiene facultades para acordar y ordenar la destrucción de los paquetes electorales.
A los paquetes de la elección de 1988 tampoco debemos aplicarles retroactivamente las disposiciones del actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que ordenan destruir los paquetes electorales.
Insistimos que no tenemos facultades y aunque las tuviéramos, no sería una medida racional ni de carácter político lógico, por las razones que aquí se han dado.
Nosotros consideramos que los paquetes electorales de las comisiones federales de 1988 deben ser puestas a disposición del Archivo General de la Nación. Ahí se deberían conservar y hacerse del conocimiento público.
Por qué entonces el afán de destruirlos? ¿El problema es real de espacio? ¿Por qué no se permite su investigación? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es ese temor a los fantasmas? Que aquí se dijo, se confesó.
La cuestión no es tan sencilla, como aquí se dijo es una cuestión de faltas de comedimiento ni de modales. ¡La grosería es venir a proponer aquí con un procedimiento totalmente inconveniente la destrucción de los paquetes, sin que mediara una discusión! ¡Tiene prisa efectivamente el Ejecutivo! ¡Tiene prisa el Ejecutivo porque no tiene palabra! ¡Porque demostró que el Titular del Ejecutivo no cumple con su palabra a pesar de que se ha declarado insistentemente, insistentemente que no va a haber el intento de reelegirse, seguramente en el fondo se ésta avanzando para ese objetivo! ¡Y se trata de destruir las pruebas de la ilegitimidad, de la falta de la credibilidad de un gobierno que no supo llevar a cabo elecciones verdaderamente limpias! ¡No es cierto que el pasado este atrás! ¡El pasado no se ha ido y las prácticas fraudulentas electorales siguen siendo recurrentemente la mecánica del funcionamiento del sistema electoral que dirige el actual gobierno ¡lo mismo el 18 de agosto que en Monterrey, que en Veracruz, que en Tabasco la práctica electoral del fraude sigue siendo la misma. Ahí está para testimonio la caminata de ya más de 600 kilómetros de nuestros compañeros, que desde Villahermosa han salido de su estado hostigados por un gobernador con prácticas caciquiles y violentas, y que pretende violentar la voluntad popular una vez más. Que declara válidas unas elecciones y luego las anula; para tratar de violentar la voluntad popular.
Ahí están las evidencias del fraude en Guanajuato y en San Luis Potosí. Ahí siguen evidentes las razones, a pesar de todo, de un gobierno que se niega abrir paso a la democracia. No es cierto, de ninguna manera, que las razones formales ni los antecedentes son los que aquí se han venido a exponer. No hay razón jurídica de fondo. Lo que hay es una razón política y se pretende convalidar sin la menor anticipación, sin la menor consulta.
Nosotros consideramos que la destrucción que se pretende hacer de esos paquetes electorales, califica a quienes los van a destruir, a quienes van a votar por su destrucción, porque si no tuvieron el temor de que lo que ahí demostraría, se ventilara públicamente, estarían dispuestos a que investigadores de alto reconocimiento público y moral, estuvieran dispuestos a estudiarlos; ciertamente, jurídicamente tal vez no tendrían resultados, pero política e históricamente sí, y esta legislatura no sólo puede pasar a la historia como la que cambió la Constitución, sino como aquella que recurre a medidas precipitadas para tratar de detener el paso de la transición democrática que nuestro país requiere.
¡Nosotros no es que nos aferremos a fetiches, precisamente nadie de nosotros vino aquí a discutir los paquetes electorales, sólo a ustedes, a los de la mayoría ilegitima es a los que les preocupa el destino y el uso de esos paquetes! ¡Falso que sea el problema del espacio o de los recursos que se destinan a él, esto sería económica y fácilmente solucionable si debiera y si fuera la real razón! ¡Nosotros, si a ustedes les estorban, si requieren el espacio, nuestro partido, y seguramente otros partidos, podríamos asumir la custodia y el estudio de esos paquetes y su mantenimiento!, ¡Si el problema de fondo es que no tienen dinero para eso, nosotros podemos intentar realizar una colecta nacional para evitar que esos paquetes sean destruidos! ¡Falso que sea el problema de espacio, hay suficientes lotes baldíos, hay suficientes lugares propiedad del
Departamento del Distrito Federal hay suficientes casas particulares de algunos de ustedes, con suficiente extensión como para poderlas guardar ahí!, ¡falso que esa sea la razón! ¡falso que sobre el Ejército Mexicano pese la gran responsabilidad de cuidar esos paquetes y que se les esté distrayendo la atención que debiera tener el Ejército para otras cuestiones!
Es responsabilidad de la mayoría de la anterior legislatura, que no tuvo la voluntad política de limpiar la elección de 1988 y va a ser responsabilidad de la actual fracción priísta y de quienes quieran hacerse cómplices de ellos, de dejar atrás las pruebas, la evidencia de un crimen que se cometió en contra de la voluntad popular. Porque el destino que ha tenido el país desde entonces a la fecha, es un destino distinto al que los mexicanos expresaron en sus votos, porque el actual período presidencial, el actual gobierno ha violentado recurrentemente la voluntad popular y ha incumplido sus compromisos de campaña y ha implementado una política totalmente distinta a la que prometió en el período en el que desarrolló su campana electoral. Pero ahora, ahora, se pretende resolver un problema más de aquel entonces.
Nosotros no estamos convencidos, de ninguna manera, que las elecciones de 1988 hayan sido limpias, porque el gobierno no tuvo la capacidad de convencer, ni nacional, ni internacionalmente, porque internacionalmente quedó la evidencia de un gobierno incapaz de proporcionar los resultados inmediatamente, porque tuvo que pasar un tiempo para maquillar los resultados y porque no pudo cotejar los resultados con las actas, con las boletas, con los paquetes.
Por eso es que ahora, en la nueva legislación, previendo lo que les pasó en 1988 ya anuncian la destrucción de los paquetes. Hay procedimientos para ahorrar espacio, hay discos ópticos, hay sistemas de computación suficientes como para guardar la información que ahí existe y existen recursos suficientes también para ello. ¡No son argumentos verdaderos!
Por eso es que nosotros queremos que quede asentado en la historia, que así como se quedó inconclusa una calificación verdadera, así como cuando calificaron la lección presidencial los priístas de entonces se subieron a esta tribuna y leyeron atropelladamente el dictamen que calificó la elección presidencial e impidieron que se discutiera, así como no pudieron publicar los resultados casillas por casilla, así como se negaron a que los paquetes electorales se abrieran, así como ahora van a votar porque los paquetes electorales se destruyan, así nosotros decimos que eso no va a destruir el crimen, que eso no va a destruir la evidencia de que el resultado electoral de 1988 no es la que el gobierno anunció, que el verdadero presidente no es el que está en funciones, no debía haber sido, que es un presidente ilegítimo, que es un presidente que violentó la voluntad popular y que recurrentemente lo sigue haciendo, a pesar de que ha intentado limpiar su imagen y presentar una imagen distorsionada de lo que existe en el país, en el extranjero y que por eso, porque las razones políticas de fondo son otras históricamente el pueblo sabrá demostrar que aquí como en la sucesión presidencial del 10 los resultados increíbles que publicó la dictadura de Díaz finalmente fueron desechados, así los resultados increíbles que publicó el régimen actual en 1988 históricamente serán desechados porque no tuvieron la capacidad de demostrar porque prefieren destruir antes que comprobar, porque si tuvieran suficiente seguridad que el triunfo fue ese, estarían dispuestos a que un equipo de investigadores, a que un equipo suficiente capacitado, cotejara las actas y los resultados, pero saben que esos paquetes son como una Caja de Pandora en donde se van a hacer evidentes, se van a destapar todos los atropellos a la voluntad popular, todas las cifras falsas, todas las casillas zapatos, todos los lugares donde los resultados no coinciden con los resultados publicados en las cartulinas de las casillas, donde no coinciden con el número de votantes, con el padrón, con los resultados totales por hay casillas como se demostraron en la investigación con los pequeños resultados que se publicaron entonces, que había casillas en donde había más del 100% de la votación; el crimen se cometió y las evidencias, algunas de las evidencias están ahí.
El pueblo sabe que en muchos lugares del país los resultados oficiales fueron otros y la ilegitimidad no se quitará porque destruyan esos paquetes, podrán quemarlos, podrán destruirlos, podrán despedazarlos y podrán volar para hacerlo aquí pero evidentemente no podrán quitar de la memoria de muchos mexicanos, no podrán destruir la memoria de quienes votamos, de quienes concurrimos a las elecciones de 1988; que en ese entonces se cometió un fraude de magnitudes gigantescas y que eso va a quedar grabado y que ningún acto de incineración, ningún acto de destrucción va a quitar de la memoria de los mexicanos, de los que votamos y de los que creemos en la democracia, que el crimen se cometió y que tarde o temprano tendrá que pagarse y no quedará impune. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Señor Presidente; honorable asamblea:
Mi partido rechaza con firmeza que el triunfo de Carlos Salinas de Gortari haya sido un triunfo ilegítimo, fue un triunfo contundente.
(Desorden)
Cómo deploro que se confunda a la Cámara de Diputados con un Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Será la historia de México que se está transformando?
El Presidente: - Un momentito por favor. A ver ¿acepta usted una interpelación, señor diputado?
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - No, no la acepto señor presidente.
El Presidente: - No la acepta.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - No la acepto porque no es con estas actitudes como se avanza democráticamente, no es con estas actitudes escondidas en el anonimato de un grupo parlamentario como se avanza democráticamente, yo, le pido señor Presidente, que imponga orden.
El Presidente: - Orden señores.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Estamos cambiando la historia y los cambios de la historia siempre tienen obstáculos...
(Desorden)
El Presidente: - Ruego a la asamblea se nos permita continuar con la lista de oradores.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Hay varios puntos que es necesario aclarar, no son los aspectos de carácter material los verdaderamente importantes, sino los aspectos trascendentes, es que estos paquetes no se pueden quedar de manera indefinida guardados en un sótano de la Cámara de Diputados.
El Presidente: - Señores diputados y señores de los medios, rogamos orden para continuar con este debate.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Hay tres puntos importantes que clarifiquemos; primeramente éste no es un procedimiento irregular sino es un procedimiento que inveteradamente se ha seguido en todas las legislaturas de este Congreso de la Unión, es el procedimiento regular una vez que se termina la calificación del proceso electoral, hay que recordar que estos documentos han perdido su validez legal toda vez que deben de servir únicamente en tanto se califica la elección, ya no son documentos electorales, son simple y llanamente documentos. Primeramente los paquetes se abrieron, los paquetes se abrieron en donde se deben abrir, los paquetes se abrieron en los comités distritales electorales donde de acuerdo con el Código Federal Electoral y los procedimientos actuales se deben de abrir; es ahí donde se abrió.
Segundo.
Tercero. Es mentira, como se ha dicho aquí, que no se conocieron los resultados...
El Presidente: - ¿Acepta, señor Diputado, una interpelación?
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - No puedo aceptar señor. Lo siento mucho.
El Presidente: - No la acepta.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Tercero, compañeros. Se dice que no se conocieron los resultados de las casillas electorales. Bueno, no se trata de venir con argumentos contundentes que se quieran simplemente utilizar en la tribuna. Primeramente, los resultados electorales se conocen en la casilla donde están los representantes acreditados de cada una de las casillas.
Segundo. Los resultados electorales se conocen en aquel momento en los comités distritales electorales donde llegaba el paquete electoral y donde el secretario del Comité Distrital Electoral cantaba el resultado electoral y se establecía allí en un documento que tenían con todo propósito. De eso se le daba además información a los partidos políticos, y
Tercero. En la Comisión Federal Electoral se conocieron en aquel momento, de acuerdo con los tiempos, hasta 23 mil casillas, mismas que se les dieron a todos los partidos en documentos de cómputo, y después se les hicieron llegar a los demás, aquí, al Colegio Electoral, en la Cámara de Diputados, llegó toda la información respectiva de las 54 mil 464 casillas que se establecieron ese día para la elección, por lo tanto, no es posible decir que no se conocieron los resultados electorales.
Insistimos, nosotros, pedimos que se apruebe esta propuesta, por la sencilla razón de que no tienen ya ninguna utilidad ni jurídica ni política ni práctica. Por esta razón les pedimos el voto aprobatorio de esta propuesta que le estamos pidiendo.
Y, por último, quiero decirles, que mi partido rechaza enérgicamente la reelección en nuestro sistema político. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Martín del Campo, para hechos.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - No sé por qué los diputados del Partido Revolucionario Institucional de esta Legislatura quieren cargar con un paquete que les deja la Legislatura anterior y quieren limpiar a toda costa algo que no es posible limpiar, con un proceso de exorcismo y de brujería, digna de los brujos de Catemaco, porque quemando los paquetes no van a hacer que a la población mexicana se olvide el enorme fraude que el propio Salinas de Gortari reconoció cuando dijo que eran las elecciones más competidas de toda la historia moderna de México.
(Desorden.)
El Presidente: - Un momentito.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Señor Presidente, pido que llame al orden para que pueda continuar.
El Presidente: - Se ruega a los señores diputados guardar compostura.
El Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - En medio de este ambiente los miembros del Partido de la Revolución Democrática hacemos una fraternal invitación a los compañeros de Partido Acción Nacional, a los compañeros del Partido Popular Socialista, a los compañeros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a los compañeros del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a que no aceptemos este ambiente de abierta provocación de miembros del Partido Revolucionario Institucional.
Hace un momento un Diputado del Partido Revolucionario Institucional habló de que aquí había concordia y aquí hay conato de violencia provocada por miembros del Partido Revolucionario Institucional...
(Desorden.)
El Presidente: - Compañeros...
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Señor Presidente, pido...
El Presidente: - Compañeros, yo les voy a pedir...
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - A la asamblea para que podamos continuar.
El Presidente: - A los diputados de mi partido que escuchemos con respeto a los oradores, pero también demandamos de ellos el mismo respeto. Con todo respeto les ruego tomar sus lugares.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Planteo que todas y cada una de las afirmaciones que hizo el diputado del Partido Revolucionario Institucional que me antecedió en el uso de la palabra son falsas puesto que ningún paquete fue abierto en 1988, el desprestigio nacional e internacional con que contaron las elecciones de ese año no es ocultable y lo saben muchos miembros del Partido Revolucionario Institucional que estuvieron a punto también de desprenderse de ese partido porque consideraron que se estaba cayendo en manos de un grupo autoritario y tecnócrata que está entregando los intereses de la nación al extranjero y que no corresponde a los intereses de la mayoría de la población mexicana.
Saben también los del Partido Revolucionario Institucional, que esos paquetes son un testimonio vivo de fraude que se cometió en 1988; de otra manera no intentarían destruirlos. Lo que corresponde en este caso es enviar esos paquetes bajo microfilm al Archivo General de la Nación. No es cierto que haya correspondido en otras épocas que se destruyan. No es cierto que destruyéndolos dejen de ser un testimonio válido e importante para saber que se cometió un fraude, para saber lo que sucedió en 1988 fue un asunto que no ha sido totalmente juzgado.
Se equivoca el compañero del Partido Revolucionario Institucional que me antecedió, diciendo que carece de importancia revisar elecciones anteriores. Toda la discusión que se está dando incluso para las reformas a la Constitución, se soportan en revisar si se está fundamentando en la historia de nuestro país y no en los intereses del exterior, intereses foráneos que están presionando para que se avalen los fraudes como los de 1988 y los cambios a la Constitución que carecen de consenso.
Por eso yo llamo a todos los partidos aquí representados, incluido el Partido Revolucionario
Institucional, que no permitan una intentona más del pequeño grupo tecnocrático de borrar toda la historia del país y de mirar para adelante, como dicen, pero disolviendo a la nación, disolviendo a la soberanía popular y disolviendo los pequeños visos de la democracia que todavía existen en este país.
Por lo tanto, llamo a que el jefe de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional retire su punto de acuerdo para que pueda concluir los trabajos de esta Legislatura en un ambiente de verdadera dignidad democrática.
El Presidente: - Para poder continuar este debate, esta Presidencia exhorta a todos los diputados sin excepción, primero a que tomen su lugar; segundo, a que sea cual fuere el tono del orador, lo escuchemos con atención y respeto para que todos nosotros nos tratemos en esa misma tesitura.
Tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos. (Aplausos.)
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Sin más trámites y en primer término para la señorita reportera a quien mi forma o mi tono le pudo lastimar, públicamente dejo una clara y llana constancia de mi rectificación
. No fue mi propósito ofenderle; ninguna palabra fue ofensiva, pero si alguien y particularmente ella, tomó mi actitud en forma tal que le lastimó, le ruego retire mi expresión o mi tono. (Aplausos).
Segundo. Acción Nacional va una vez más a hacer lo que considera en este momento que debe hacer y no cae ni en la presión de un lado ni en la presión del otro, ni en la provocación de un grupo ni en la provocación del partido mayoritario. El grupo parlamentario de Acción Nacional ha tomado la intervención de Amador como una franca y clara provocación. (Aplausos.)
Pero claro, otra vez más por el bien de México, vamos a hacer lo que nos dicte nuestra conciencia.
Señores diputados, en su tiempo, cuando tenía significado jurídico, político y moral, Acción Nacional exigió que se abrieran los paquetes electorales, esos paquetes que se decía contenían los resultados del proceso electoral federal de 1988, entonces el grupo dominante se negó; físicamente se interpusieron elementos de la tropa a los diputados federales de Acción Nacional que reclamaban acceso a esos paquetes electorales.
Han pasado tres años y después de tres años, esos paquetes nada representan y nada significan; han sido custodiados por el gobierno, sin propósito alguno conocido y a esta fecha pueden contener o no los datos y los resultados que en aquel año contenían.
El proceso electoral de 1988 como tal forma ya parte de la historia, señores diputados, nadie la puede modificar.
Por lo demás, Acción Nacional tiene y lo ha demostrado muchas veces, como características fundamentales el mirar siempre para adelante y el buscar la unidad de todos los mexicanos.
Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan.
La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren, como reclamos que se regenere la vida pública de México. (Aplausos.)
El Presidente: - Diputada Garavito, tiene la palabra.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Lamento profundamente discrepar con mi compañero Diego Fernández de Cevallos. La historia no es letra muerta; ninguna regeneración de ningún documento puede hacer olvidar que la única manera en que los gobernantes se puedan elegir legítimamente es respetando la voluntad popular.
Los paquetes electorales que están en el recinto de San Lázaro, son todavía una oportunidad para que este país se reconcilie por las vías de la legalidad, por las vías de la restitución del estado de derecho; las pruebas documentales no son simples papeles que se tiran para después olvidarnos de algo que no está, no puede estar legalizado en ningún papel. Ningún gobernante puede violentar la voluntad popular.
En 1988 nuestro movimiento reclamó, como vía de solución a la crisis política que este país continúa viviendo y que esta Cámara en este momento es expresión nítida de esa crisis, de esa intolerancia, de ese ambiente de provocación, de esa precariedad política que en cada momento nos tensa y nos impide llevar adelante el trabajo legislativo, la única manera, digo, para poder abrir esos paquetes y que se demostrar que quien hubiese ganado ocupara la silla presidencial. Esto se le negó al pueblo mexicano, las consecuencias las estamos viviendo todavía ahora, y
eso entonces no puede de ninguna manera legitimarse.
Nos parece además simbólico que la primera vez que hace uso de la palabra en esta tribuna el coordinador de la fracción parlamentaria del partido oficial, sea justamente para anunciar un punto de acuerdo que aprobará la quema de la documentación en donde se encuentran las pruebas del fraude electoral de 1988
. Querer exorcizar con este acto el testimonio de la legitimidad con la que se detenta el poder presidencial, nos parece connatural a ese poder ilegítimo. Pueden hacerlo, se los permite esta mayoría ilegítima y lamentablemente el acuerdo con otros partidos que quisiéramos consecuentes con el reclamo de democracia, aun cuando tengamos profundas diferencias con su proyecto de país. Pero reconocemos que en esos partidos también existen voces independientes y consecuentes con la democracia, a ellos su reconocimiento.
Podrán quemar los paquetes electorales, pero nunca podrán desaparecer la voluntad ciudadana de elegir, libremente a sus gobernantes; ahí está el éxodo por la democracia para demostrarlo. La decisión de quemar los paquetes electorales, expresa de manera coherente el remedo de trabajo legislativo que esta Cámara ha realizado; la responsabilidad histórica de legislar a contrapelo de la voluntad ciudadana, queda bajo sus espaldas. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, deja constancia de su indignación y rechazo ante esta medida, con la salida de este recinto. ¡Democracia ya! ¡Patria para todos!
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - El saludo afectuoso de la solidaridad plena del Partido Popular Socialista para los compañeros del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos, la diputada Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Soto González: - Señor Presidente, con su venia; si fuera posible le solicitara calma y silencio a la sala.
El Presidente: - Rogamos a todos tomar sus asientos.
La diputada Cecilia Soto González: - Hace unos momentos, señor, Presidente compañeras y compañeros diputados, el Partido Auténtico abandonó momentáneamente la sala a consecuencia de que el señor diputado Javier Garduño Pérez, parece ser, por los modos que utilizó que es de la Confederación de Trabajadores de México, por eso se distinguen...tuvo a bien insultar a esta diputada que le pedía...
El Presidente: - Vuelvo a rogarles a los diputados que le tomemos respeto a la oradora y a todo el que esté en la tribuna.
El Presidente: - Vamos a respetarla primero para que luego nos respete a todos. Si, compañero Kunz.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz y Bolaños (desde su curul): - Señor Presidente, la actitud de mi compañera está perfectamente explicada. En este momento todo el mundo pide respeto, pero el diputado que ella mencionó la insultó. Creo que ella tiene la razón para estar indignada. Vayamos a concretar el aspecto y fue muy claro. Entonces creo que ahí debemos de partir y no exigirnos mutuamente respeto, cuando el que inició el problema fue perfectamente identificado como majadero además.
El diputado Javier Everardo Garduño Pérez (desde su curul): - Señor Presidente, para hacer una aclaración. Yo no ofendí jamás a la compañera diputada. Si ella lo sintió así, públicamente le ofrezco una disculpa. Yo no lo hice. No la ofendí. Me estaban ofendiendo sus compañeros, pero eso ahí lo dejo. Simplemente yo sí tengo los pantalones para pedirle a usted una disculpa.
La diputada Cecilia Soto González: - Compañeros diputados, pasando este incidente, quisiera comentar que fue realmente una pena que el diputado Amador Rodríguez no aceptara una interpelación en su intervención o en sus dos intervenciones, porque yo le hubiera preguntado si no fueron las elecciones de San Luis Potosí y Guanajuato cosa juzgada. Si no fueron cosa tan juzgada, que el señor Fausto Zapata tomó posesión frente al señor presidente Salinas de Gortari; si no fue la máxima instancia electoral de Guanajuato, el Colegio Electoral quien le dio constancia de mayoría al candidato del Partido Revolucionario Institucional. Fueron cosa juzgada; sin embargo, para la población, no estaba juzgada, para la población se había violado un principio más importante que el que se consagra simplemente en una ley. La población sabía que la verdad ahí había sido pisoteada.
No es válido entonces, señor diputado, su argumento en ese sentido.
Los mexicanos de las generaciones futuras tienen derecho a saber la verdad de lo que ocurrió en las elecciones de 1988. Es cierto que para la bancada priísta, el resultado está dado. Es cierto que aceptan las cifras oficiales dadas por el colegio electoral de 1988. Pero lo que acaba de suceder en esta Cámara, demuestra claramente y contundentemente, que para el resto de la población nacional, esos resultados son altamente cuestionables.
Quiero recordar en este sentido, que fue precisamente el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se atrevió a lanzar a la candidatura a la Presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, e iniciar el cataclismo electoral que conmovió al país. Que fue precisamente el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien sufrió los embates de un presidente saliente y un presidente entrante; que fue el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que tuvo que aguantar que la Secretaría de Gobernación armara a un monigote, como Pedro González Ascuaga, como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que respaldaba la candidatura del licenciado Salinas de Gortari. Fue el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana el que tuvo que custodiar su local por más de dos meses, porque estaba asediado por ese grupo armado directamente por la Secretaría de Gobernación.
Por eso el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no puede quedarse callado en este momento y por supuesto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, no puede votar a favor de la propuesta planteada por la fracción mayoritaria.
Planteaba el señor diputado Amador Rodríguez, que por razones prácticas es sumamente costoso mantener la custodia en los paquetes electorales; ¡Cierto! Planteaba que por razones logísticas se roba espacio importante a la Cámara de Diputados ¡Cierto! Planteaba también que representan, pueden representar cierto peligro, de un incendio, ¡cierto también! Estas razones son ciertas. Planteaba también que las razones jurídicas hacían ya innecesario tener estos paquetes electorales. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¡es cierto! Pero desde el punto de vista de la realidad, desde el punto de la incertidumbre de millones de mexicanos para saber exactamente las cifras de 1988, ¡eso no es cierto!, y esos argumentos son inferiores a la importancia vital de que el pueblo mexicano conozca la historia.
Estamos viendo en otras latitudes, lo que sucede en procesos como en la Unión Soviética, pueblos a los que se les ocultó la historia, a los que se les deformó la historia. No puede el partido oficial caer en algo que quisiera, que incluso pudiera parecerse en una sombra, al proceso stalinista de ocultar la verdad.
El pueblo mexicano necesita saber la verdad aunque sea en las generaciones futuras. Por ello, pesan más estos argumentos, que los argumentos meramente prácticos y meramente jurídicos.
Podríamos conceder incluso, que no fueran las generaciones de este momento las que abrieran los paquetes, podríamos conceder que esos paquetes se mantuvieran sellados por una década o dos décadas en el Archivo Histórico de la Nación, porque no son solamente papeletas electorales, diputado Amador, no son solamente documentos electorales que ya no va a revisar ningún Colegio Electoral, son documentos históricos y el pueblo mexicano tiene derecho a conocer su historia, aunque sea en las generaciones futuras.
Para la historia debemos guardarnos, no sabemos qué mexicano talentoso en este momento, niño o adolescente, se está desarrollando, qué historiador formidable está acunando nuestras agonizantes universidades públicas, para que dentro de una década o dos examine esos paquetes y le dé tranquilidad al pueblo mexicano, para saber exactamente cuáles fueron los resultados electorales de 1988, que cambiaron la historia del país.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana votará en contra. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Tomás González de Luna.
El diputado Tomás González de Luna: - Compañeras diputadas y diputados:
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional por mi conducto, quiere manifestar su posición con respecto a éste punto que se planteó como un punto de acuerdo.
En primer término, consideramos que es necesario que en esta Cámara prive una seriedad y un respeto en el trato entre nosotros, puesto que estamos representando al pueblo de México. Se exige una conducta apropiada en la discusión de las posiciones que sostenemos a pesar de los diferentes problemas y de la gravedad de ellos.
No es con berrinches, con actitudes infantiles como se pueden discutir los problemas nacionales. Si bien este elemento al que se ha hecho referencia, de la persistencia o de la presencia de unos paquetes electorales, que en un momento se llega a convertir como un fetiche del cual depende la vida democrática del país, creo o creemos el Partido del Frente Cardenista que esto es un error.
Por otra parte, es imposible significar a una personalidad como ilegítima y por el otro lado, se pide por los medios de comunicación establecer el diálogo político, o es legítimo o no legítimo, si es legítimo entonces reconózcasele como tal, diríjasele con el respeto debido, porque su personalidad o su persona representa la historia del país, representa los esfuerzos, la trayectoria de los mexicanos por hacer de esta patria una patria respetable en el concierto internacional.
En el Partido del Frente Cardenista estimamos, que debe haber entre los poderes un respeto recíproco y nosotros debemos reconocer lo siguiente: El Partido del Frente Cardenista como miembro del Frente Democrático Nacional, participó como cualquier otra de las organizaciones políticas, para defender sus posiciones en el momento oportuno; hoy la realidad es otra y la política se nutre de realidades, otro es el clima que existe en el país y en función de este clima debemos conducirnos todos los mexicanos.
Creo que no son las razones prácticas, los elementos fundamentales que pueden llevarnos o conducirnos a la quema de esos paquetes electorales. Pero jurídicamente no tienen ningún valor y políticamente no tienen ningún valor, porque los resultados de esas elecciones son los que encontramos nosotros en el concierto de la política nacional. Ahí está el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Cuando una fuerza política no tiene la suficiencia para hacer que la población encarne sus puntos de vista, esa fuerza política cualesquiera que sea ésta, debe reconocer que no está en capacidad de imponer su criterio al país y no hay otra en una sociedad democrática que reconocer que se perdió y que hay otra fuerza política que tiene esa presencia.
En función de esta situación, el Partido del Frente Cardenista considera que si ni ayer se tuvo la fuerza política para imponer una solución, existiendo determinadas condiciones; hoy existen menos esas condiciones. Por lo cual, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la realidad, todo induce a reconocer que ese punto se debe dar por concluido. Es la razón por la cual el Partido del Frente Cardenista se inclina por "incinerar" esos documentos. Y que sean los historiadores y no los políticos. Nosotros estamos haciendo una labor de diferente naturaleza. Sean los historiadores que en el momento oportuno escudriñen y reconozcan la razón a quien la tenga. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Javier Centeno.
El diputado Javier Centeno Ávila: - Con su permiso, señor Presidente; señores diputados; señores compañeros legisladores de esta LV Legislatura:
A nombre de cuatro compañeros hago uso de la palabra. Los compañeros son: el compañero Toxtle Tlamani, el compañero Téllez Rincón, el compañero Nicolás Olivos Cuéllar y el nombre mío, un servidor, Javier Centeno Ávila.
En 1988 el sistema político mexicano se deslegitimó. Consideramos que no es quemando los archivos como se va a borrar la verdad histórica del pueblo mexicano. Se quiere destruir la evidencia documental de un proceso electoral, imposibilitando así al pueblo de México un análisis científico de la verdad.
¿Por qué existe gran temor de que el pueblo mexicano conozca esta verdad? Nosotros consideramos que la verdad es objetiva. No depende de ningún clima político. Si es que el Partido Revolucionario Institucional es objetivo y democrático, que deje este testimonio documental para el análisis en microfilm o en cualquier otra forma objetiva para que tengamos ese testimonio documental que nos lleve a la verdad histórica. Esto es fundamental.
Como consideramos que no existe ningún indicador de que el partido mayoritario acepte esta propuesta, evidentemente que nosotros votaremos en contra. Pero antes de votar en contra nos retiraremos; no coincidimos con esta forma de pensar del partido mayoritario ¡Permítanme!, no coincidimos con esta forma de pensar del partido mayoritario y naturalmente consideramos que es fundamental el que estos paquetes electorales se dieran a la luz pública. Recordamos que en 1988 el propio Secretario de Gobernación se había comprometido a que estos paquetes se les abrirían y se haría un estudio casilla por casilla. ¡Esto no se cumplió! ¡Para
que el pueblo mexicano conociera la verdad histórica, sería fundamental que este estudio documental se pusiera a disposición! ¡No existe esta posibilidad, no existe este ánimo del partido mayoritario!
¡Por esta razón nos retiramos!
El diputado Israel González Arreguín (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Israel González Arreguín (desde su curul): - Para hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos.
El diputado Israel González Arreguín: - Señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Desde cualquier ámbito que se le quiera ver, 1988 marcó un camino de insurgencia electoral que motivó la extraordinaria rebelión cívica de julio de 1988.
Que levantó por toda la patria una esperanza en el mañana; esperanza que quedó sepultada por quienes mayor responsabilidad tenían, tuvieron y tienen ante la historia ¡por haber destruido dicha esperanza, la cual fue asesinada por su protagonismo enfermizo, gracias al cual siguen destruyendo día a día, paso a paso, las ansias libertarias del pueblo de México!
¡Esa es la gran verdad! ¡La democracia asesinada en México fue agredida desgarradoramente por los seudorrevolucionarios pequeños burgueses que hoy pretenden dar lecciones de actitud revolucionaria abandonando los campos de batalla!
Efectivamente, la historia requiere análisis científico de la verdad. Estamos de acuerdo en que la verdad es objetiva. ¡Y qué mejor verdad objetiva que la práctica diaria que están dando los grupos políticos que ayer, durante más de un año estuvieron señalando a quienes buscamos la institucionalidad de un frente patriótico - revolucionario en la lucha plena y llegaron, como los furtivos asaltantes, "agarrándose del cabús" del ferrocarril para sobrevivir políticamente y ahora quieren darnos lecciones de democracia!
¡Nosotros desde un principio tomamos una posición política! ¡Gracias a ello alcanzamos dos millones de votos, que defendimos aquí y en todas las tribunas de la patria, dígnamente!
¡Ese 1988, compañeros, nosotros consideramos es un fenómeno superado! ¡Seguimos pensando que el único gobierno posible en esta patria tan nuestra, es el gobierno de un frente enriquecido por la participación de la unidad democrática del pueblo! ¡Que establezca, como en el ayer, verdaderas medidas antiabstencionístas de combate a los anhelos bipartidistas!
¡Ayer y hoy nosotros los cardenistas, de Cárdenas el Grande, de frente y sin miedo a nadie tomamos una posición digna de combate! ¡Hemos dado las mejores luchas por la democracia! ¡Tenemos una posición política que muchos no quieren entender porque les perjudica gravemente! ¡Nosotros con lo que no estamos de acuerdo es que se pretendan revivir aquí cadáveres políticos que fueron sepultados por su propia actitud!
¡En todas las colonias de la patria, en las comunidades rurales, en los ejidos, por las calles de los barrios de México, la patria toda ha retomado un camino diferente! ¡Si algo enseño al pueblo 1988, es que puesto de pie debe ser capaz de dirigir su propia lucha! ¡Nuestro culto a los muertos, repito jamás será el culto a los cadáveres!
La historia no es cierto que se escriba única y exclusivamente por quienes se hacen llamar historiadores, la historia se escribe diariamente por el pueblo trabajados, que desde la resistencia de la producción por la patria, diario está dando su esfuerzo, su sudor y su sangre para que México sobreviva. ¡Por México, adelante! (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Cuautémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Ciudadanas y ciudadanos diputados:
Esta LV Legislatura, en opinión del Partido Popular Socialista, le toca porque, no porque así lo haya escogido, sino porque así lo han determinado las circunstancias generales por las que atraviesa el país, le toca una grave responsabilidad, le toca una etapa difícil, complicada, conflictiva. Por esa razón, entre otras, fue que la fracción parlamentaria de mi partido, desde que fijó posición al inicio de los trabajos del Colegio Electoral y nuevamente cuando hizo su primera intervención, al inicio de los trabajos de Cámara, hizo un llamamiento a todas las fracciones parlamentarias diversas y un voto público por parte de la nuestra propia, en el sentido de esforzarnos todos porque en este recinto campee la serenidad y el respeto, campee la
tolerancia a las ideas ajenas y, sobre todo, se dé el debate mismo de las ideas.
No somos de la opinión, en un modo alguno, de que ésta sea una Cámara de concordia. Pensamos que la concordancia solamente se puede dar cuando hay afinidad en los intereses que se defienden. Pensamos y lo corroboramos todos los días de sesión, con nuestras propias observaciones, que la concordia se ha venido manifestando aquí, permanentemente, entre las fuerzas de derecha de fuera y de dentro del poder público, hemos visto las coincidencias, hemos visto el trato versallesco, las sonrisas, las coincidencias plenas, ¡ahí, hay concordia!; no es el caso nuestro.
Nosotros venimos a esta Cámara a luchar, a combatir, a debatir, a enfrentarnos, pero pensamos que la lucha política, que la lucha de fondo, que la lucha de principios, que la lucha de ideas no necesariamente requiere de formas bárbaras para expresarse, no necesariamente requiere de violencia y menos de violencia verbal que en el mejor de los casos es estéril; hay ocasiones en que el devenir de la lucha de los pueblos lleva a tomar las armas, pero ésas son otras circunstancias y de ninguna manera en un recinto como éste se pueden ventilar ni resolver las cosas a base de injurias, de improperios, de gritos, o sombrerazos.
Por todas estas razones mi fracción parlamentaria, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista ha considerado conveniente y me ha dado este mandato de venir a plantear en primer término, a replantear en primer término, otra vez nuestros vehemente llamado a la serenidad y a la altura de miras, a la discusión de fondo, de principio, fuerte, vigorosa, si se quiere, pero respetuosa de los interlocutores.
En este ambiente de respeto dejar constancia de la crítica enérgica que la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista hace a la anterior intervención del diputado Amador Rodríguez Lozano, me refiero específicamente a esa intervención en términos generales tengo una excelente opinión del diputado Rodríguez Lozano, me parece que quizá el ambiente caldeado lo llevó, en efecto, coincidimos los del Partido Popular Socialista, a iniciar un proceso de provocación que llevó a esta Cámara a vivir momentos deplorables, de sainete, que de ninguna manera contribuyen a elevar la dignidad y el rango del Poder Legislativo de la representación nacional del pueblo de México.
El problema de 1988 no es de ninguna manera un problema saldado, pudiera serlo jurídicamente en los términos de la ley que entonces regía para los procesos electorales y que hoy ha sido sustituido por una nueva, pero de ninguna manera es un proceso saldado desde el punto de vista político; la mejor prueba y la que salta más a la vista de esta afirmación es justamente lo que aquí ha ocurrido, una feroz batalla, un feroz enfrentamiento, es un problema político totalmente vivo, totalmente vigente.
Destruir los documentos electorales de 1988, los paquetes electorales, pudiera en efecto sustentarse esa demanda, esa petición en términos correctos y aceptables sólo desde el punto de vista jurídico.
No es válido hablar de la elección de 1988 como en general, genéricamente, en los procesos electorales en México, hay muchos elementos que nos lo demuestran, simplemente basta comparar las cifras oficiales, sin especulaciones ningunas, sin ponerlas en duda, jamás se había dado el caso de que las cifras del partido ganador fueran tan reducidas comparativamente con las de sus opositores, basta recordar las grandes concentraciones populares en el Zócalo y en tantas otras plazas de nuestro país, como no han ocurrido por lo menos en 30 ó 40 años antes y no han vuelto a ocurrir después basta recordar la vehemencia de la participación espontánea de la gente, es un problema político vivo y muy difícil de ventilar en un ambiente de serenidad y de tranquilidad, pero, sin embargo, estamos obligados a hacerlo así, sobre todo en este recinto.
¿Qué sucedió en verdad en 1988? ¿Los resultados oficiales del proceso electoral son los correctos o no lo son? Nadie lo sabe hasta hoy de una manera cierta sustentada en prueba. Cada quien tiene sus convicciones; para el Partido Popular Socialista, la convicción es clara y no tiene la menor duda de que el triunfo del frente democrático nacional fue abrumador y de que en la elección de 1988 no se respetó el voto del pueblo, no como una excepción en lo cualitativo, porque el Partido Popular Socialista sostiene y ha sostenido que hasta hoy, todavía hoy, lamentablemente no hemos llegado a la etapa en que en nuestro país el voto se respete, el voto cuente, los votos se cuenten y cuenten, pero sí con una enorme diferencia de magnitud de carácter cuantitativo en 1988.
Porque en esta ocasión las evidencias que aparecieron en muchos ámbitos de la vida nacional fueron de un tamaños distinto, fueron incluso de carácter distinto muchas de ellas. No se recuerdan elecciones anteriores a las de 1988 ni
posteriores, en que hayan aparecido en las cañadas en los lotes baldíos, en los llanos, paquetes enteros de documentación electoral, distrital, semiquemados, medio destruidos, como en esta ocasión. No se recuerda el caso de una caída de un sistema de cómputo electrónico moderno que no sé cuántos millones de pesos costó, es un problema demasiado cargado de dudas.
No se vale en términos generales tratar de obligar a las distintas corrientes, a los interlocutores, a considerar que la interpretación de cada quien, es la válida y la correcta.
Los militantes del partido del gobierno sostienen que los resultados oficiales son los correctos; nosotros sostenemos lo contrario, ¿y, cómo averiguar la verdad científica? ¿Habrá forma? Por hoy, parece ser que la única posibilidad de sustentar una u otra verdad, con hechos reales, está en esos paquetes, y en efecto, si estos paquetes se destruyen, ni políticos ni historiadores, podrán jamás determinar de estas concepciones cuál fue válida. ¿La elección fue justa, el resultado oficial fue el producto de un gigantesco fraude, como no se había producido nunca antes, ni ha vuelto a ocurrir después?
No es el problema para el Partido Popular Socialista tampoco de legitimidad o ilegitimidad. Nosotros sabemos cómo son las luchas sociales. En una buena ocasión, cansados de una tiranía y de una explotación, que se vuelve intolerable, los pueblos se alzan en armas y derrocan a un gobierno que había llenado todas las formalidades, desde el punto de vista jurídico e imponen un nuevo gobierno de facto y ¿qué diríamos?, ¿éste es legítimo o ilegítimo? Para nosotros es mucha más legítimo, a pesar de que no haya sido producto del voto que uno que haya cumplido o cubierto todas las formalidades jurídicas electorales. No es problema, para nosotros, de legitimidad o ilegitimidad.
Nosotros, en efecto, no es un secreto para nadie tenemos enormes y profundas discrepancias del actual gobierno. Chocamos constantemente. Debatimos constantemente. Criticamos su política económica, su política de apertura a las inversiones extranjeras, su política de privatización, su política que ha ido empobreciendo masivamente al pueblo y que ha concretado la riqueza de manera acelerada en muy pocas manos. Prácticamente no hay punto de coincidencia, pero no es una crítica a partir de que sea legítimo o ilegítimo; éste es un problema aparte, pero no deja de ser un problema también el que si no hay, algún día se pudiera averiguar y yo creo que podría ser satisfactorio para todos quienes veamos este problema con limpieza, el que tarde o temprano se pudiera sustentar en pruebas irrebatibles el resultado electoral de 1988, victorioso para el presidente Salinas de Gortari o no, pero sustentarlo en pruebas.
Nos preocupa mucho la destrucción de estos documentos. Al destruirse estos documentos se destruye la única posibilidad de prueba para dar sustento a una u otra versión.
Esta es la manera en que el Partido Popular Socialista ve este problema, un problema con una enorme carga política, con una enorme carga moral, con una enorme carga histórica. No nos parece válido manejarlo en términos jurídicos como si fuera cualquier otra elección sin trascendencia. Estamos decidida y enérgicamente en contra de que se destruyan estos paquetes electorales. Nos parece, sin embargo, que esto se puede decir, se puede sostener, se puede sustentar con serenidad y con tranquilidad bueno, la iniciativa de la destrucción vino del partido en el gobierno, tiene los votos suficientes solo el partido del gobierno para decidir la destrucción; probablemente voten en ese mismo sentido otras fracciones parlamentarias, ya escuchamos aquí al diputado Fernández de Cevallos razonar el voto en pro de la destrucción de esos documentos, no hay forma de impedirlo ni con argumentos y menos aún con violencia; es un problema simple y llanamente de correlación de fuerzas como son todos los problemas en la vida política; no es tampoco problema de maratón de oradores. Habíamos registrado siete intervenciones la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista; vengo a retirarlos, ésta será la única intervención nuestra en este asunto. Creo que queda expresada con claridad nuestra posición y vengo a proponer una alternativa a la que propuso el partido mayoritario, un punto de acuerdo en sentido diverso, formalmente firmado por todos los miembros de mi fracción parlamentaria, y yo pediría al señor Presidente se sirva instruir a la Secretaría para que dé cuenta con esta proposición a esta soberanía.
Dejo aquí el documento en espera de ese trámite, señor Presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Gabriel Jiménez Remus.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus: - Señoras y señores diputados:
Por instrucciones del coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, he solicitado el
uso de esta tribuna con objeto de poner un especial énfasis en las palabras que pronunció el diputado Diego Fernández de Cevallos en esta tribuna en esta ocasión y en este punto del orden del día.
Después de tres años de conservarse los paquetes electorales de la dirección federal en el recinto de San Lázaro, de la Cámara de Diputados, si somos objetivos dentro de un ánimo de serenidad, forzosamente tendríamos que llegar a la conclusión que el diputado Fernández de Cevallos anunció como conducta y posición de los diputados de Acción Nacional de esta Cámara de Diputados. No tiene valor jurídico alguno, ni siquiera contemplado desde el mismo régimen constitucional de las elecciones de 1985. Pero con independencia y más allá del valor jurídico que eventualmente quisiera atribuírsele por algún grupo político representado en esta Cámara y fuera de ella, ya no tiene ni siquiera el valor moral que en su tiempo y con toda puntualidad, los partidos políticos que contendieron en aquella elección dijeron y sostuvieron y probaron en todos los foros de México, pero fundamentalmente en uno que fue, si aceptamos la vigencia de nuestro derecho, el Colegio Electoral de la LIV Legislatura al Congreso de la Unión.
Habrá otra interpretación que vale la pena dejar aquí en este ambiente de discusión, que sería la interpretación que se le quiere dar, con razón o sin ella, a la existencia misma de los paquetes electorales de una elección, quizá la más cuestionada de la historia contemporánea de México.
Y, señores, si somos responsables, si somos realmente auténticos representantes del pueblo de México y si somos en alguna forma líderes de opinión de México, tenemos una obligación moral para con la patria, que es el efecto que nosotros también nos interesa considerar.
Para la juventud de México estos paquetes electorales ni remotamente tienen algún punto de referencia. Ya no podemos seguir anclados en la discusión que se dio hace tres años y yo sí digo con mucha sinceridad y representando el sentir de mi diputación, que sí reconocemos que esos paquetes tienen "algo" y que alguien quiere aprovecharlo y debemos estar alertas.
Esos paquetes ya, que no tienen contenido jurídico alguno, que ya no tienen contenido constitucional alguno, sí tienen un contenido que es de odios y de rencores, que tenemos que aprovechar simbólicamente esta destrucción material, física, de esos documentos, para enterrar... (Aplausos.)
...Para siempre la descomposición de la vida pública de México.
Esta ocasión, con profundo amor a México, con testimonio a las generaciones futuras de México, tenemos que aprovecharlas, señoras y señores diputados, para enterrar no sólo los odios y rencores que ahora es su contenido, sino algo a futuro: enterrar para siempre la deformación de la política mexicana en el aspecto electoral. Que sea ocasión propicia para que, en memoria y recuerdo de esa gesta electoral, nos enseñemos todos, todos absolutamente, a respetarlos en nuestras ideas y posiciones políticas, a respetar el voto ciudadano, gane quien gane y pierda quien pierda. Esa es la lección para la juventud de México en el futuro.
Si no le damos, si no le damos esa interpretación simbólica de enterrar el pasado, de que nazca en serio la cohesión en este enterramiento de documentos de odios y de rencor, lamentablemente perderemos otra ocasión para reafirmar nuestra vocación de un México democrático.
El Partido Acción Nacional y esto pondré especial énfasis, no solamente a nombre de todos los diputados de Acción Nacional, y en el mío propio desde luego, en este momento de decisión de la proposición hecha por el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional está más allá y más adelante del contenido mismo de quien presentó la proposición.
A Acción Nacional no le interesa para normar su juicio, que se verá en la votación, ni la mezquina cerrazón, del partido oficial que se registró hace tres años para la apertura de los paquetes electorales, pero tampoco señoras y señores, la crítica mezquina de grupos políticos que se quieren reciclar en un pasado de odio y de rencor para los mexicanos. Tenemos decisión propia y por México, por las generaciones futuras de los mexicanos, combatimos la destrucción de esta documentación para enterrar odios y rencores y lo que más nos interesa, señores, Acción Nacional, tiene los ojos en la frente; no en la nuca. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Cesar Augusto Santiago.
El diputado Cesar Augusto Santiago Ramírez: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Algunas reflexiones finales de mi partido en este tema: no tenemos duda que los diputados de
la nación llegan al Poder Legislativo por la voluntad y la decisión de aportar a México. Todos aportan, desde sus distintos ámbitos, con sus propios prestigios, con su voluntad firme, con su honestidad.
El Partido Revolucionario Institucional, sostiene esta tesis honestamente. Creemos que aquí estamos todos por encima de divergencias políticas, pensando sólo en cómo logramos que nuestro país avance, por el bien de México, han dicho algunos.
Somos sin duda un Poder Legislativo diverso. No quisiera calificarlo, tan sólo baste decir que somos un Poder Legislativo, para que la comprensión total de lo que esta afirmación encierra, busquemos cómo a través de nuestras diferencias, demos a la patria, una visión plural de nuestras convergencias.
La diversidad es así sin duda, la mayor fortaleza de este Poder Legislativo; la diversidad es así, nuestra mayor fortaleza, nuestro mayor mérito. Todos los asuntos consecuentemente, que tienen que ver con la política y la política electoral, especialmente, traen detrás de sí una profunda vehemencia partidaria y qué bueno. Yo creo que a los políticos de verdad, nos satisface plenamente que así sea, que a las cuestiones políticas les demos el sello de nuestra vehemencia partidaria; de no ser así, señoras y señores diputados, qué caso tiene que debatamos en la tribuna que todos llaman la más alta de la patria.
Pero eso no es un defecto ni del Poder Legislativo actual ni de los temas político - electorales; es una virtud la vehemencia partidaria, es quizá, lo que da sustento, lo que da vida, lo que debe sostener por siempre la lucha entre un sistema democrático de partidos políticos.
Por eso, señoras y señores diputados, creemos que todos aquí venimos a aportar para que el Poder Legislativo en verdad constituya una opción de los mexicanos para encontrar el foro más amplio de la discusión de sus problemas y de la propuesta razonada de soluciones.
Y por eso, señores, tengo que hacer una reflexión sobre el tema que nos trae, con la esperanza de que por mi posición partidaria, se entienda también con sinceridad, mi vehemencia política.
La propuesta de Ortiz Arana, tiene una relación de antecedentes y algunas consideraciones finales. ¡Y eso es todo!
Un señalamiento puntual del por qué y una reflexión muy sensata de lo que tenemos que hacer.
Es verdad que es un tema que no puede asépticamente aislarse de las conclusiones a que todos los partidos llegaron con la elección de 1988 No es posible hacerlo; no hemos pretendido hacerlo. Lo que queremos insistir, es que la propuesta de Ortiz Arana, está contenida en ese documento en sus términos y no tiene nada más allá.
Por eso creo que podríamos en este tema, intentar explicaciones del por qué de los paquetes, abundar en comentarios de cuál es su significado político - jurídico o moral, han dicho algunos, de cuál es la utilidad o no, de mantenerlos indefinidamente ahí, de qué han hecho otras legislaturas con asuntos similares, de cómo podemos encontrar una explicación que satisfaga a todos, cosa en verdad difícil, si entendemos nuestra diversidad de origen.
Pero, señoras y señores diputados: los asuntos políticos también tienen que tener una conclusión. No puede ser posible ni es lícito ni ayuda ni beneficia a nadie que los asuntos se arrastren indefinidamente; que los problemas que pueden tener una acotación muy franca, se busca, se busquen cómo complicarlos para no encontrar una concreción y una solución muy real.
Por eso, señoras y señores diputados, quiero concluir pidiendo un consenso general, para que votemos en favor esta propuesta, para que por las razones de todos, avancemos como nunca en concretar un Poder Legislativo más vivo, más vehemente, más activo y más plural, por el bien de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - De las intervenciones de los diversos oradores se desprenden dos propuestas. Ruego a la Secretaría que dé cuenta con la propuesta formulada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
La Secretaria A. Irma Piñeiro Arias: - Punto de acuerdo. Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, resuelva integrar una comisión...
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Señor Presidente. Sugiero que sea leído el documento con su exposición de motivos. Es una cuartilla y media.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a leerlo en los términos que lo propone el diputado Amezcua.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y demás relativo del Reglamento para el Gobierno Interior, para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su escrito, en nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, la proposición consistente que la documentación y paquetes electorales relativos a las elecciones federales de 1988, que se encuentran en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, de esta ciudad, bajo la custodia del Ejército nacional mexicano, sean microfilmados y enviados para su resguardo al Archivo General de la Nación, en donde puedan ser consultados por los investigadores nacionales y extranjeros".
El propio titular del Ejecutivo Federal, licenciado Carlos Salinas de Gortari, ha reconocido que las elecciones federales de 1988 han sido las más debatidas y cuestionadas en los últimos años.
En consecuencia, se trata de documentación que tiene qué ver con un importante momento de la historia reciente de México.
Por otra parte, quedó plenamente demostrado que la única documentación confiable para probar y demostrar la veracidad de por lo menos 25 mil casillas de las instaladas para recibir la votación de 1988 en diversos lugares de la República, es la que se encuentra en los paquetes electorales de referencia; toda vez la comisión de presuntos diputados integrada por el Colegio Electoral de la LIV Legislatura, para el efecto de recibir los resultados pormenorizados de dichas casillas de parte de la Comisión Federal Electoral, que no los había entregado todavía, por lo que se denominó la caída del sistema de cómputo, sólo recibió los datos pero no la documentación que comprobara su veracidad y certeza, por lo que la duda continúa.
Por las razones anteriores, solicito la discusión y aprobación en su caso, del siguiente punto de acuerdo: Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, resuelva integrar una comisión constituida por diputados de todos los grupos parlamentarios de su seno, que se aboque a realizar lo necesario para microfilmar la documentación electoral que se encuentra resguardada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, relativa a las elecciones federales de 1988.
Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de diciembre de 1991.
Atentamente por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputados: Francisco Hernández Juárez, Cuauhtémoc Amezcua, Juan Campos Vega, Juan Cárdenas, Gabriela Guerrero, Héctor Ramírez, Martín Tavira y Jorge Tovar."
Son los que firman el punto de acuerdo.
El Presidente: - En votación económica consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse o no la propuesta formulada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea, si se admite o se desecha el punto de acuerdo presentado.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los, diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechado, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría, en votación económica, a la asamblea, si es de aprobarse o no el punto de acuerdo presentado por el diputado Fernando Ortiz Arana.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el diputado Fernando Ortiz Arana, del Partido Revolucionario Institucional.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado el punto de acuerdo señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia, esta Presidencia ordena a la Oficialía Mayor de esta Cámara de Diputados, proceda en los términos contenidos en el acuerdo aprobado por esta asamblea. (Aplausos.)
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco José Paoli, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco José Paoli Bolio: - Con su venia, señor Presidente; ciudadanos diputados de la Nación:
Después de esta tormenta, tras un punto de acuerdo que esperamos traiga la conciliación, me permito poner a consideración de ustedes un punto mucho más modesto, pero que atañe al trabajo serio, responsable y fundado de esta Cámara de Diputados.
Este punto de acuerdo lo someteré a consideración por escrito, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento del Congreso y consiste en buscar la forma de optimizar nuestros recursos para el trabajo legislativo.
Existen, como ustedes seguramente están informados, dentro de la Cámara de Diputados, una biblioteca legislativa y un sistema de información legislativa, que en alguna medida importante repiten o reproducen elementos iguales.
El planteamiento que muy sintéticamente hago, es la necesidad de crear un sistema orgánico que sea capaz de dotar de información ágil y confiable a los señores diputados y diputadas, para que puedan hacer mucho mejor su trabajo legislativo, integrando esos dos sistemas que, en alguna medida, se repiten, para tener uno solo que con agilidad y expedición pueda prestarle servicios y apoyar con seriedad su trabajo legislativo.
Estos serían los considerandos que no leeré, dichos sintéticamente, para plantear a ustedes un punto único de acuerdo, que sería el siguiente:
"A partir de esta fecha se crea el Sistema Integral de Información y Documentación de la Cámara de Diputados, fusionando el actual Sistema de Información Legislativa y la Biblioteca Legislativa, para lo cual se encarga al Comité de Bibliotecas la función de normar y vigilar dicho sistema. Asimismo, será responsabilidad del nuevo sistema integral de información y documentación, diseñar sus programas de trabajo, elaborar informes generales y todos los demás que de manera especial le soliciten los ciudadanos diputados para el cumplimiento de sus funciones.
Recinto Alterno de la Cámara de Diputados, 20 de diciembre de 1991. Y firmo como el Presidente del Comité de Bibliotecas, pidiendo a la Presidencia dé trámite a este punto de acuerdo que dejo en manos de la Secretaría. Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría, en votación económica, a la asamblea si es de aprobarse la propuesta del diputado Paoli.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite o se desecha el punto de acuerdo presentado por el diputado Francisco Paoli Bolio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén por la negativa... Aceptado, señor Presidente.
El Presidente: - Túrnese al Comité de Administración para su implementación
. VEHÍCULOS EXTRANJEROS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Abundio Ramírez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Abundio Ramírez Velázquez: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: Voy a pedir a la Presidencia que ordene la asamblea, para hacer la intervención.
El Presidente: - Le rogamos a los diputados que nos permitan continuar con el orden del día y les rogamos tomar sus lugares.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez: - Durante varios años... Lo que voy a leer es la proposición para un punto de acuerdo, compañeros diputados y esperamos que sea apoyada por las diferentes fracciones partidarias. Es una propuesta que creo que a todos los partidos nos atañe, a todos los partidos. Es un problema que nos tienen miles de ciudadanos, sobre todo en los estados fronterizos y aquí en el Distrito Federal; en la República en general.
Durante varios años la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha otorgado algunas facilidades para que los vehículos de procedencia extranjera que se han introducido al país en forma irregular, puedan ser debidamente documentados, como un apoyo a todos aquéllos que los dedican al servicio de su trabajo. Sin embargo, a últimas fechas, por diversos medios se ha dado a conocer que algunos plazos y facilidades antes proporcionados vencen y también se ha dado a conocer y ya se llevan a cabo medidas persecutorias por parte de la Policía Fiscal o por la dirección de aduanas, en contra de quienes transitan en este tipo de vehículos.
Considerando que en este período vacacional miles de ciudadanos emigrados ingresan al país y considerando que el problema de los cientos de miles de vehículos de procedencia extranjera representan un problema eminentemente social, los diputados abajo firmantes nos permitimos proponer el siguiente
PUNTO DE ACUERDO "Que la Comisión de Hacienda y Crédito Público en esta Cámara de Diputados se allegue toda la información posible al respecto de este problema y que al mismo tiempo haga valer sus buenos oficios ante las autoridades hacendarias, con el fin de que se busque una solución para los poseedores de estos vehículos, para los ciudadanos que sean o que son de escasos recursos fundamentalmente y que usen dichos vehículos para el uso exclusivo de sus actividades de trabajo.
Diputados firmantes: Luisa Alvarez Cervantes, Jorge Oceguera Galván, Rodolfo Barbosa Rodríguez, Demetrio Hernández Pérez, Juan Manuel Huezo Pelayo, José de Jesús Berrospe Díaz, Abundio Ramírez Vázquez y el compañero coordinador de nuestra fracción parlamentaria.
Esperamos que sea apoyada esta propuesta por el problema social y económico, porque tiene también implicaciones económicas porque miles de ciudadanos se trasladan y trabajan con este tipo de vehículos. Gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia ordena se turne de inmediato a la Comisión de Hacienda.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Señor Presidente; señóres diputados:
Durante la discusión en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, mi compañero Hildebrando Gaytán Márquez, externó la preocupación de nuestra fracción parlamentaria, acerca de una partida presupuestal destinada a un sistema nacional de educación tecnológica abierta superior.
Para la mayoría de los diputados pasó inadvertida esta cuestión, que nos parece que tiene una importancia relevante, porque se trata de un sistema nacional de educación tecnológica abierta de carácter superior, que no se ha dado a conocer, que no tiene aún existencia y sin embargo se le destina ya una partida presupuestal. Pero todavía más, no sabemos qué estructura va a tener, quiénes van a intervenir en ella, etcétera. Pensamos si existe el Instituto Politécnico Nacional como rector de la educación técnica, si existe todo un sistema de educación tecnológica, institutos tecnológicos y toda una estructura administrativa con dos o tres direcciones de educación tecnológica y una Subsecretaría de Educación Técnica, ¿a qué se debe que de manera sorpresiva y furtiva se crea una partida presupuestal para algo que aún no está estructurado o cuando menos no se ha dado a conocer?
¿Se estructura al margen del Instituto Politécnico Nacional y de más institutos, escuelas y centros de educación técnica?, ¿quién elaborará los planes y programas de estudios?, ¿cómo operaran sus talleres, pensando en que son éstos un aspecto fundamental en cualquier nivel de enseñanza técnica?, ¿quiénes los van a dirigir? Estas y muchas preguntas nos hacemos quienes estamos interesados en que nuestro sistema de educación técnica forme cada vez mejor a los técnicos, investigadores y tecnológos que requiere nuestro desarrollo con independencia del exterior.
Para el Partido Popular Socialista es indispensable que la Cámara de Diputados tenga una información amplia acerca de este nuevo sistema. Por lo tanto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento y demás relativos, ponemos a consideración del pleno la siguiente
PROPOSICIÓN
Única. Se invita al Secretario de Educación Pública, Manuel Bartlett Díaz, a comparecer a la Comisión de Educación de esta Honorable Cámara, para informar acerca de la estructura y objetivos del Sistema Nacional de Educación Tecnológica Abierta Superior.
Dado en la sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de diciembre de 1991.
Dejo a la Secretaría para su trámite.
El Presidente: - En votación económica, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse o no la propuesta formulada por el diputado Juan Cárdenas.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta del Partido Popular Socialista.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
RECESO
El Presidente (a las 22.27 horas): - Esta Presidencia se permite decretar un receso y se cita para continuar la sesión del día de mañana 21 de diciembre a las 11.00 horas. se levanta la sesión.
(A las 12.47 horas): - Ruego a la asamblea, en votación económica, si se autoriza se continúe esta sesión con el mismo quórum que se ha sostenido durante la sesión que concluyó.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se autoriza se continúe esta sesión con el mismo quórum que se ha sostenido durante la sesión que concluyó.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza, señor Presidente.
ECLIPSE ANULAR
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Antonio Ruiz de la Herrán.
El diputado José Antonio Ruiz de la Herrán y Villagómez: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados de esta Legislatura:
Es para mí un alto honor tener la oportunidad de dirigirme por primera ves desde este sitio y de comunicar a ustedes un asunto que no es ni de carácter político ni tampoco legislativo.
Se trata de informarles sobre la ocurrencia de un eclipse anular parcial de sol que va a tener legar el día 4 de enero del próximo año 1992. Este eclipse anular parcial va ser especialmente agradable ver en la región noroeste de la República Mexicana, como anular se verá al atardecer especialmente en la región comprendida entre Ensenada, Baja California y Los Angeles, California, Estados Unidos de América.
Como parcial va ser visible en la mayor parte de la República, repito esto es al atardecer y por ello en la Costa del Pacífico y del Mar de Cortés, en donde será mejor su visibilidad. Habrá la oportunidad, muy extraña por cierto, de ver ponerse el sol casi totalmente eclipsado por la luna.
El horario es como sigue: en la región comprendida entre Ensenada, Baja California y Los Angeles, el eclipse como parcial comienza a las 13.35 horas, tiempo de Baja California. El máximo del eclipse ocurre a las 16.52 horas en la misma región y desde luego más tarde en la parte central de acuerdo con el cambio de horario de la hora del Pacífico a la hora del centro de la República.
Es por demás insistir en la belleza de un eclipse de sol, todos los mexicanos por lo menos, 50 millones de nosotros, tuvimos la oportunidad de apreciar el del 11 de julio próximo pasado y fue motivo de unión en siete minutos que duró la totalidad en la cual pienso que todos los que estábamos bajo esa sombra de la luna nos sentimos unidos en la contemplación de un fenómeno natural extraordinario y aunque este eclipse que estoy anunciando para el 4 de enero próximo, cuatro días después de comenzado 1992, no es total, es casi total especialmente en las regiones que he mencionado, que comprenden desde Ensenada repito, hasta los Angeles, California y desde luego toda la región de San Diego, Tecate, etcétera.
La Sociedad Astronómica de México ha donado a esta Legislatura 500 visores que están en la Oficialía con el objeto de que aquellas señoras y señores diputados que deseen llevárselos desde hoy o mañana que será la clausura, puedan pasar a la Oficialía Mayor de este recinto alterno y lleven un visor cada uno. Solamente son 500 visores los que pudimos conseguir, pero que lo puedan utilizar con el objeto de que durante el período de mucho brillo del sol, protejan ustedes y hagan proteger a sus familiares y amigos, los ojos.
La forma del visor es la siguiente y quiero anunciarles que este visor es doble, tiene una doble película y que como el eclipse va a ocurrir al atardecer, cuando normalmente el sol ya no tiene el brillo tan fuerte, les recomiendo que, según las condiciones, quiten ustedes la película roja que está al frente y que se retira muy fácilmente
y usen solamente el resto del filtro y esta parte la guarden si ustedes lo desean, es un filtro rojo pero no creo que sea suficiente para proteger durante esta ocurrencia del eclipse. De manera que repito es el 4 de enero de 1992, la ocurrencia es al atardecer, por lo tanto el sol se pondrá eclipsado, especialmente bello esto, en las Costas del Pacífico, en el noroeste de nuestra República y desde luego en las costas del Mar de Cortés.
Como dije antes, siento que estos siete minutos de la totalidad el pasado 11 de julio fueron para todos un motivo de unión, ojalá que haya más razones para que todos los mexicanos estemos unidos y trabajemos por nuestro país para engrandecerlo y perfeccionarlo. Muchas gracias.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
* LEY DE BIENES NACIONALES
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga, diversas disposiciones de la Ley de Bienes Nacionales.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
Trámite: - Es de segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general.
Tiene la palabra el diputado Enrique Sada.
El diputado Enrique Sada Fernández (desde su curul): - Señor Presidente, con base en el artículo 108 del Reglamento, solicito que a nombre de la comisión pase el Presidente de la misma a fundamentar el dictamen, el diputado Treviño Salinas. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Treviño Salinas.
El diputado José Rodolfo Treviño Salinas: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
A esta honorable asamblea, en los términos del artículo 73 fracción XVII y del artículo 27 en sus párrafos primero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene clara competencia para legislar en materia de bienes nacionales. Esta competencia queda ampliamente señalada por el texto del citado artículo 73, que otorga facultades al Poder Legislativo Federal para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
De igual forma el texto constitucional en el también citado artículo 27 señala a la nación como propietario original de tierras y aguas y le otorga el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares.
El litoral mexicano es uno de los más extensos del mundo: medidas linealmente, nuestras playas superan los 10 mil kilómetros y si consideramos, además, las lagunas de agua salada que abundan en nuestras costas, la cifra total de litorales nacionales llega a 13 mil 874 kilómetros.
El desarrollo de las costas de nuestro país a través de los siglos ha sido escaso y lento, los centros urbanos y económicos de México se han erigido en ciudades alejadas del mal, de tal manera que en la actualidad, el 80% de los mexicanos, viven en poblaciones que distan más de 60 kilómetros de las costas y casi el 50% se concentra en sólo seis ciudades.
Mucho se ha hablado de la riqueza que representa tener tal extensión de litoral en un clima templado y la excelente oportunidad que las costas ofrecen para el sano crecimiento democrático y para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros compatriotas. Sin embargo, el vivir junto al mar, en un país que como el nuestro, está constantemente expuesto a fenómenos naturales, requiere de grandes inversiones, en obras que resistan huracanes y terremotos y por tanto demandan construcciones fijas, de muy larga duración y con muy alto costo.
El reto para el crecimiento de las costas en México, consiste en crear polos de desarrollo
* Este dictamen fue publicado en el Diario No. 23 del día 19 de diciembre de 1991,
que generen fuentes de empleo seguro y de largo plazo y qué mejor que destrabar aquellas actividades que como las marinas turísticas y las granjas acuícolas, son actividades económicas naturales para nuestras playas.
Actualmente el patrimonio nacional está constituido por una franja de 20 metros de zona federal marítimo terrestre, que sin contar las lagunas y las marismas representan aproximadamente una superficie de 200 millones de metros cuadrados o sea casi 20 mil hectáreas. Sin embargo, dada la constitución de nuestros litorales, que como en el caso de Tamaulipas, el norte de Sinaloa, el sur de Sonora, Tabasco, Veracruz y otros estados, cuentan con abundantes lagunas y marismas, la superficie real puede ser hasta cien veces mayor.
Para dar un ejemplo: solamente en la zona de la playa Lauro Villar, frente a Matamoros, Tamaulipas, en una extensión de 30 kilómetros lineales se tiene un área de marismas que en metros cuadrados es equivalente a toda la franja teórica de la zona federal marítimo terrestre. De no aprovechar de una mejor manera estas zonas federales cuando se busca la descentralización en base a polos de desarrollo con viabilidad real se desviaría de la estrategia de la política económica general que se viene instrumentando en la República.
Por esto, la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial revisó con detenimiento la minuta enviada por nuestra Colegisladora, en la que se contiene su dictamen al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.
Después del estudio que realizó la comisión tanto de la iniciativa del Ejecutivo Federal como del proyecto de dictamen de la Cámara de Senadores que actuó como Cámara de Origen, coincidimos en la necesidad de propiciar un desarrollo armónico de la población a todo lo largo y a lo ancho del territorio nacional y revertir la concentración humana en las grandes urbes.
Las reformas a cinco artículos de la Ley General de Bienes Nacionales, se orientan a la definición precisa de la zona federal marítimo - terrestre, que en la actualidad varía según la medición, según la temporada o de acuerdo a fenómenos meteorológicos. Esta situación no permite la seguridad a los inversionistas particulares, además, el proyecto del Ejecutivo eliminara trámites burocráticos y provee de un horizonte que se amplía de plazos de hasta 20 años a plazos de hasta 50 años para las concesiones que son imprescindibles para incentivar inversiones en megaproyectos marítimos que son los verdaderos detonadores de la actividad económica en las zonas costeras.
Es cierto que a través de los años ha habido inversiones en los litorales, pero han sido más bien pocas y es notable que únicamente con la distracción de fondos federales han sido posible arrancar los proyectos masivos y de largo plazo. El arranque de inversiones en marinas turísticas requiere de grandes inversiones en dragados y rellenos, por lo que el período de construcción es generalmente mayor a cinco años y el período de concesión máximo, con el período actual, le deja en realidad solamente menos de 15 años para la operación a los particulares.
Los proyectos de marinas turísticas más conocidos como Cancún y Puerto Escondido, han tomado muchos años para desarrollarse, aun con un organismo como el Fomento Nacional de Turismo teniendo seguridad en concesiones y relativa abundancia de recursos.
Los proyectos privados son mínimos en proporción al tamaño y potencia de nuestras costas y los que han arrancado bajo el esquema actual como el de Juluapan en Colima, Bacochibampo en Sonora y Barra de Navidad en Jalisco, no parecen haber tenido éxito para recuperar su inversión en el período original, pues en estos, como en otros casos, a los altos costos de inversión hay que sumar los gastos de operación del dragado por mantenimiento.
Como lo señala el artículo 20 de la ley en cuestión, las concesiones sobre bienes del dominio público no crean derechos reales, sino que otorgan, frente a la administración y sin perjuicio a terceros, derechos a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo a las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el acto o título de concesión.
El Estado, por su parte, tiene la obligación de cumplir sus compromisos, siendo rector, conductor y promotor de las actividades que conlleven al interés nacional.
En este contexto, la iniciativa plantea la adecuación del marco regulador de la actividad económica, toda vez que existen disposiciones que no responden a las condiciones ni a los retos actuales. Con su adecuación se propiciará el establecimiento de reglas claras que permitan la planeación, tanto a mediano como a largo plazo.
Actualmente existen en todo el país un total de 17 marinas turísticas operando, seis más en construcción y por lo menos cinco proyectos importantes, frenados por falta de rentabilidad en el período mencionado de 20 años.
Para dar una idea de la escasez de estas instalaciones en la actualidad y de su potencial en un futuro no muy lejano, baste decir que en toda la Península de Baja California existen tan sólo tres marinas, para una extensión de más de 4 mil kilómetros de litoral, que es además vecino del mercado de turismo náutico más grande del mundo.
El caso del Golfo de México es aún más dramático, pues con 4 mil 500 kilómetros de costa, sólo ha atraído la construcción de una pequeña marina en Yucatán.
Dado que al concesionario se le otorga un estímulo y un derecho mayor con el nuevo plazo que se propone, en el artículo 22, fracción I, se busca evitar que el bien propiedad de la nación se utilice inadecuadamente. De ahí que se aumenten los casos para que las concesiones puedan ser revocadas, agregando las cláusulas ya existentes, las de no usar el inmueble de acuerdo a lo dispuesto en la propia concesión en la ley o en los reglamentos.
Actualmente se revocan alrededor de un 10% de las concesiones por no cumplir con los requisitos fijados.
Al no reformar el primer párrafo del artículo 20, queda salvaguardada la soberanía nacional; además, se fortalece y consolida la economía de los municipios costeros, incrementando si patrimonio e ingresos a través de la derrama económica por el cobro de derechos.
Es intención del legislador robustecer la hacienda municipal con los beneficios que se allega mediante la retención del 80% del ingreso por derechos y en general mediante la generación de empleos.
Al abrirse la posibilidad de mayores plazos en la concesión, se evitan además posibles desinversiones que se podrían dar en los años previos al vencimiento; se promueve la construcción de instalaciones permanentes y se previene el abandono y deterioro paulatino de la inversión en los casos de retaso en las renovaciones.
No fue inadvertido para la comisión el aspecto ecológico, que claramente se establece en la fracción V del artículo 22 como causa de revocación en las concesiones.
El gran reto para la humanidad en el próximo siglo será la preservación del ecosistema, por lo que los preceptos contenidos en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, adquieren especial importancia como prerrequisito a las concesiones en la zona federal marítimo - terrestre.
Se consideró necesario en conferencia de comisiones de ambas cámaras, modificar la fracción III del artículo 49 de la iniciativa, con el propósito de que sea el reglamento correspondiente el que determine con exactitud y de acuerdo a los prescrito por dicha fracción, la extensión de la zona federal marítimo - terrestre.
La iniciativa también propone agregar al artículo 49 una fracción IV, que en consonancia con la fracción III, posibilita a los particulares para que se dediquen a la acuacultura, ya sea en esteros naturales o en estanques artificiales, sin que se delimite la zona federal marítimo - terrestre, cuando entre ésta y el mar medie zona federal.
Dadas las condiciones de temperatura en nuestras costas, es posible obtener hasta dos cosechas de camarón en las granjas acuícolas que han empezado a desarrollarse en los abundantes esteros de nuestros litorales.
En cada caso se requiere acondicionen por lo menos 500 hectáreas para hacer costeable la explotación. Los costos de infraestructura y el tiempo necesario para realizar las construcciones ha sido en la opinión de la Federación de Cooperativas del Norte de Sinaloa, el principal obstáculo para aceptar bajo el actual sistema de concesión a 20 años, el introducir la tecnología de punta que los pudiese llevar de la producción actual de una tonelada por hectárea, ala producción media internacional que es cuatro veces más alta.
Según los datos de protección que la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial pudo recabar, solamente en la zona norte de Sinaloa, el potencial acuícola supera las 16 mil 500 hectáreas que ahora están en su mayor parte inutilizadas.
Si el período de construcción para marinas turísticas y granjas acuícolas es de 5 a 10 años y se requiere de inversiones considerables, la inversión para el desarrollo de proyectos en puertos industriales, es todavía mayor, como lo ha demostrado la experiencia del gobierno federal en Altamira, en Dos Bocas y en Salina Cruz.
Si en épocas pasadas las costas se fortificaban con cañones para impedir el paso a posibles
invasores, en la actualidad las naciones más avanzadas las han utilizado para generar fuentes de empleo y para ganar competitividad en la conquista de los mercados internacionales, ya que en general el ahorro en costos de transporte es sustancial para quienes se instalan cerca de los litorales.
En términos gruesos, para efectos de volumen de carga, el transporte marítimo es tres veces más barato que el transporte ferrocarrilero y caso nueve veces más económico que el autotransporte.
Es pues lamentable que el volumen de productos mexicanos que se mueve a través del puerto de Houston, es superior a la suma de los volúmenes de carga de todos los puertos nacionales y del Golfo de México.
Continuado con el fomento a las inversiones y en especial a las relativas a la pesca o acuacultura, la iniciativa propone añadir un segundo párrafo al artículo 52 cuya finalidad es hacer expedito el otorgamiento de las concesiones en la zona federal marítimo - terrestre y con la finalidad de que participen coordinadamente todas las secretarías de Estado que tengan competencia en la materia, se propone adicionar el párrafo IV del artículo 53, agregado a las Secretarías de Turismo y de Pesca.
Todo esto encuadra dentro del marco de modernización de la administración pública.
Compañeros diputados: el desarrollo de las costas es vital para el crecimiento armónico de la población y de la economía en México, por lo que coincidimos con nuestra colegisladora en su dictamen para actualizar las disposiciones legales y propiciar el principio de seguridad jurídica que permita la planeación de las inversiones a largo plazo, pues no hay duda de que dada la extensión y oportunidades que presentan nuestros litorales, la presencia de la inversión privada mexicana, será necesaria para complementar una inversión pública que cada día está más orientada a su función social,
México será cada vez más fuerte en la medida en que sea capaz de evitar la concentración en las grandes ciudades y más soberano en la proporción en que pueda construir en sus costas la infraestructura necesaria para atraer a los mexicanos a los sitios donde hay más agua y más alimentos, donde la perspectiva de un mejor nivel de vida para su pobladores, es un hecho real.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, los integrantes de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, nos permitimos recomendar a esta honorable asamblea, la aprobación del dictamen. Muchas gracias.
El Presidente: - Se abre el registro de oradores. Esta mesa da cuenta con la relación, que se integra en la forma siguiente: por el Partido Popular Socialista, el diputado Héctor Ramírez Cuéllar; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Servando Hernández; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Eberto Croda; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Julio Cesar García; por el Partido Acción Nacional, el diputado Gilberto Zapata y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Guillermo Mercado Romero.
Tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Nos hemos inscrito para hablar en contra de las reformas que envía el Senado de la República a cuarto artículos de la Ley de Bienes Nacionales, porque consideramos que la ampliación de los plazos para las concesiones es muy grande, dado que la concesión duraría 50 años, con la posibilidad de renovarse otros 50 años.
Queremos fundamentar nuestra preocupación al respecto, porque se trata de una zona, la zona marítima federal, que es muy importante en nuestro país, no sólo por los recursos naturales que hay, sino por su valor estratégico para la seguridad nacional.
Es verdad, como lo dice el dictamen, que el artículo 27 de la Constitución establece que la nación es la propietaria de las tierras y las aguas de nuestro país; que le otorga a los particulares, el derecho, el dominio para explotar esos recursos.
Tenemos más de 10 mil kilómetros de litorales en la República Mexicana. Pero también es cierto que la distribución de la población en los litorales, no es la más adecuada. Hemos padecido una excesiva centralización; la población se concentra en las grandes ciudades y encontramos una gran despoblación en los litorales.
Sin embargo, vemos, por la experiencia de muchos años, que éstas son zonas que por estar despobladas, en donde hay municipios con muy
bajo numero de habitantes, en donde hay ejidos, ejidos turísticos, podríamos llamarles, se ha presentado una invasión lenta pero persistente de concesionarios extranjeros. Prácticamente tenemos toda la costa de Baja California, desde Tijuana hasta el Puerto de San Carlos, en el estado de Sonora, en donde desde el gobierno de Luis Echeverría se permitió el establecimiento de los fideicomisos de carácter turístico. Estos fideicomisos que otorgan a los extranjeros el derecho de posesión, pero no el derecho de propiedad, de acuerdo con la Constitución, se establecieron con el fin de atraer inversión a esas zonas ante la imposibilidad del gobierno federal de desarrollarlas con recursos propios. Pero a más de 20 años de distancia, del establecimiento de los fideicomisos de carácter turístico, vemos nosotros que no se ha cumplido con el objetivo de atraer grandes inversiones como se esperaba en el gobierno, que ya he mencionado.
El hecho es de que los concesionarios extranjeros, sobre todo norteamericanos, se han apoderado en todo ese litoral de los mejores sitios de nuestras costas y de nuestras playas. Ellos dominan los cayos, los arrecifes, los acantilados y las mejores playas de todo el litoral del Mar de Cortés, que han provocado que la mayor parte de la zona marítima - terrestre, que formalmente es propiedad de la nación, en realidad esté sustraída al control de las autoridades.
Los fideicomisos turísticos extranjeros se han convertido en verdaderos feudos, modernos, en donde no hay autoridad, ni federal, ni estatal ni muchos menos municipal, que permita el respeto a esa zona que es del territorio mexicano. Aunque formalmente no tiene la propiedad de la zona marítima, si la usufructúan, la explotan en su beneficio, incluso violando las leyes de la materia, pues los extranjeros realizan labores de pesca en el mar contiguo sin tener permiso alguno de la Secretaría de Pesca, llevándose gran parte del producto que extraen de nuestras aguas a los Estados Unidos de América.
Hemos vivido un permanente saqueo de recursos naturales pesqueros, en primer lugar, en todo este litoral, que ya se abre ahora a mayores inversiones privadas.
Nos preocupa mucho la argumentación que se dio en el Senado y que repito el Presidente de la Comisión de Fomento Industrial, en el sentido de que 25 años no eran suficientes para amortizar las inversiones en las instalaciones de la zona marítimo - terrestre. Llámese desde una palapa simple hasta un puerto industrial, pasando por granjas acuícolas y otras instalaciones como las marinas, que ya se ha mencionado aquí.
Pensamos nosotros que una inversión puede amortizarse en un plazo de 25 años y que si en el supuesto de que esto no sucediera, podría renovarse la concesión a otros 25 años. Pero no estamos de acuerdo en que en la primera concesión se otorguen ya 50 años y en la renovación de esta concesión otros 50 años. Estamos hablando, señores diputados, de más de una vida humana; estamos hablando para inversiones importantes de un período de 100 años, que nos recuerdan los contratos, los convenios internacionales que hubo en América Latina, como el del Canal de Panamá, que se dio al gobierno norteamericano por 99 años. En el caso que estamos tratando sería mucho más allá de la duración del Tratado del Canal de Panamá, puesto que se está hablando de un plazo de duración máxima de 100 años.
Creo que en el siglo actual no hay, por lo menos no tenemos noticia de que un gobierno otorgue concesiones a 100 años, por más fuertes que sean las inversiones que se realizan, porque cuando estos plazos son como los que el dictador Porfirio Díaz dio a las compañías deslindadoras, a las compañías extranjeras, el gobierno queda sin recursos, sin la posibilidad legal de revertir para la nación los bienes que entrega en posesión, porque son 50 años y 50 años son muchos años.
De tal manera que pensamos nosotros que aquí el que se beneficia con estos plazos tan largos no es la nación, sino es el inversionista particular. Es lógico entender que en el caso de una inversión de un cuerpo industrial que requiere grandes volúmenes de capital, se requiera obviamente un plazo en la concesión mayor que el que se requiere para otro tipo de obras. Pero aun en el caso de las inversiones para puertos industriales, nos parece verdaderamente preocupante que se establezcan plazos hasta de 100 años en las concesiones, dado que, pensamos nosotros, con plazos menores se asegura la rentabilidad del capital y, lo que es más importante, se mantiene en control de la nación sobre esos recursos naturales.
Es verdad que la ley de bienes nacionales establece que los concesionarios no tienen la propiedad real sobre los bienes de que están gozando, sino sólo les otorgan derechos de uso, aprovechamiento y demás y que también es verdad que los extranjeros no pueden invertir en forma directa en las concesiones de la zona marítima terrestre, porque está prohibido a los extranjeros tener propiedades en costas, playas y en las zonas fronterizas.
Sin embargo, la experiencia de los fideicomisos, que ya he aludido y la experiencia de otras inversiones, nos señalan que el capital extranjero sí tiene intervención en forma directa o indirecta en las zonas de control de la nación o en las zonas federales. Tenemos, por ejemplo, el caso del corredor turístico Cancún - Tulum, que va a ser una instalación que comprenderá 123 kilómetros, para explotar las riquezas naturales de la península de Yucatán, en donde el profesor Carlos Hank González, que era un modestísimo maestro de primaria en la ciudad de Toluca y que en sus ratos libres por la tarde vendía dulces regionales, pues se ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, que tiene una fortuna valuada, no en millones de pesos, sino en millones de dólares, que compró grandes superficies de esa zona que ya he mencionado y que ahora las está vendiendo a inversionistas nacionales y extranjeros, para la construcción de este corredor turístico, que abarcará 123 kilómetros de las mejores playas de esta zona de nuestro país.
Según lo ha planteado la Secretaría de Turismo, hay en este momento en ejecución 10 megaproyectos industriales y de esos 10, nueve son de capital extranjero. Prácticamente en materia turística o de explotación de la zona federal para fines turísticos no hay capital nacional; el profesor Hank González simplemente es un intermediario que está vendiendo sus terrenos de área de propiedades federal a inversionistas nacionales y extranjeros; aquel maestro nacionalista que conocimos y que obviamente no es tal. De tal manera que Turismo plantea captar el año próximo 4 mil millones de dólares por concepto de entradas turísticas y promover la construcción de marinas y puertos de abrigo en los litorales de la Península de Baja California, en la costa de Oaxaca y en las costas del Mar Caribe, dado que los norteamericanos ya no prefieren las costas del Golfo de México por estar sumamente contaminadas
. Por eso consideramos nosotros que las reformas a la Ley de Bienes Nacionales lo que hacen es venir a posibilitar o a permitir una inversión mayor en estas zonas, me refiero sobre todo a las marinas que, como aquí se ha dicho, no las hay en nuestro país que los turistas norteamericanos las requieren en sus viajes de paseo a las zonas más cercanas a los estados del sur de los Estados Unidos.
Se ha dicho aquí que las marinas serán de capital nacional y que generarán empleos en las zonas; ahí también abrigamos dudas al respecto, porque en las Marinas que conocemos nosotros, que son nada más dos, vemos que no hay el impacto económico que dicen genera en la población; no se produce, como se afirma aquí, un gran número de empleos, no se mejora la vida de la población sino es un impacto menor, puesto que la tecnología turística está tan avanzada que no requiere de un gran uso de mano de obra la posibilidad de dar empleo a millones de compatriotas no es tal, por lo menos no como se está planteando, porque las embarcaciones norteamericanas están ya perfectamente equipadas y prácticamente utilizan las Marinas para abastecerse de combustible, para descansar unos cuantos días, pero no vemos, por lo menos en lo que conocemos en forma directa, no vemos ningún impacto importante en las zonas de la propiedad federal marítima.
Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo en estos plazos de 100 años, porque la tecnología actual, realmente permite la recuperación de la inversión en un plazo menor. Se nos dice, es que el gobierno federal no tiene recursos para la inversión sobre todo en puertos industriales y por eso se permite la afluencia del capital extranjero. Queremos hacer notar que tratándose de los puertos industriales y en el marco del Tratado de Libre Comercio, debiera ser una prioridad del gobierno federal la construcción y la modernización de puertos industriales federales, puesto que si México va a ser un país exportador, como se afirma, la prioridad en la inversión portuaria no debiera ser, no debiera descansar en la inversión privada, sino en la inversión del gobierno federal, dado que en los puertos industriales, ahí los plazos de recuperación son obviamente mayores que en el resto de las obras de la zona marítima industrial. Ahí debiera haber inversión estatal para el fomento a las exportaciones.
Por estas razones es que nosotros votaremos en contra de la minuta que envió el Senado en materia de la Ley de Bienes Nacionales.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Servando Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho:- Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Las costas nacionales, aún aparecen como potenciales turísticos, productivos, sin explotar, debido todo esto a una falta de inversión, puesto que siempre las inversiones en las costas, son inversiones, por un lado, riesgosas, por otro lado, de muy largo plazo, en cuanto a recuperación de inversión se refiere.
Por eso el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana votará a favor de esta iniciativa, sobre todo porque para modernizar y desarrollar económicamente nuestras costas y aprovechar mejor los recursos, se deben actualizar todas las disposiciones legales que a la fecha han mantenido estático el desarrollo turístico y el desarrollo pesquero de nuestras costas
. A veces nos parece que 50 años son tiempos demasiado largos para la amortización de la inversión, sin embargo, como lo comenté anteriormente, las inversiones en las costas son riesgosas y también es de largo plazo su recuperación.
Esta modificación al artículo 20, donde aumenta el plazo de 20 a 50 años, consideramos que es no necesario, sino simplemente el único medio para poder atraer la inversión y llevar a cabo el desarrollo de nuestras costas.
Porque, por un lado, cierto es, que tenemos diferentes características en cada una de nuestras zonas marítimas, sobre todo, por su clima; por lo tanto, no podíamos decir que un desarrollo turístico en las playas de Guerrero va a ser lo mismo que un desarrollo turístico en las playas de Tamaulipas, porque lógico es entender que en el caso de Tamaulipas, únicamente serían cinco meses su explotación, mientras en el caso de las playas de Guerrero tendrían por decirlo así, todo el año.
El hablar del caso del Canal de Panamá, también lo podríamos comparar con el desarrollo turístico de Texas, llamado la Isla del Padre, donde las concesiones que se otorgaron fueron por 99 años y a pesar de tener a la playa Bagdad, que en la exposición de motivos el Presidente de la Comisión hablaba de su desarrollo, está retirado no menos de 20 kilómetros, pero esta playa se encuentra sin explotación, por eso consideramos que este plazo es el correcto
. Lógico es que este marco legal tenga especial interés en que los proyectos de inversión vayan de acuerdo la magnitud al tiempo en el momento de otorgar la concesión, como también hay que aclarar que el no reformar el párrafo primero del artículo 20 queda salvaguardada la soberanía nacional.
En lo que respecta al artículo 49, la propuesta de modificación se presenta un tanto riesgosa al permitir desarrollo turísticos o industriales a las márgenes de los ríos, aun cuando se amplía la zona federal marítima terrestre a 100 metros.
La fracción III, de la iniciativa suprime a los depósitos de agua marítima como parte de la zona federal terrestre y lógico es entender que no todos son depósitos naturales y podrían existir algunos artificiales para la explotación de especies marinas, dando así un paso al desarrollo de la acuacultura y agregando al artículo 49 fracción IV, que posibilita a los particulares la explotación de esta actividad.
En el artículo 52 se añade un párrafo que tiene como objetivo el de hacer más expedito el otorgamiento de las concesiones en la zona federal marítima terrestre. Ahí la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología es la encargada de hacer más expedita la entrega de las concesiones.
También necesaria fue la modificación del párrafo IV del artículo 53 donde se agrega a las secretarías de Pesca y Turismo, para tener competencia en la coordinación de la materia y no queden éstas exentas en el momento de la decisión de las concesiones.
Por todo lo anterior, repito, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, votará a favor de estas modificaciones. Gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Eberto Croda.
El diputado Eberto Croda Rodríguez: - Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados:
Vengo a hacer algunas consideraciones acerca del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, asunto que compete para su legislación a esta soberanía, por tratarse del uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal y porque además en el texto del artículo 27 constitucional está consagrada la propiedad originaria de la nación de las tierras y aguas, y que le otorga el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares.
Por lo anterior, coincidimos en que ya es necesario adecuar la mencionada ley a las necesidades que reclama el país, con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos.
Estamos de acuerdo en que se busque con la reforma, a fin de darle agilidad y certeza jurídica a la norma, sobre todo cuando tiene entre sus objetivos regulares el uso, aprovechamiento, vigilancia y control del patrimonio inmobiliario federal.
Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, las modificaciones que se presentan en el dictamen que reforma, adiciona diversas disposiciones, se encuentran dentro del marco de la política económica actual.
La necesidad de reactivar la inversión privada, tanto interna como externa, facilita el desarrollo de las actividades económicas en todos los ámbitos de la nación.
Para nosotros las modificaciones a las diversas leyes, que se orientan a favorecer el crecimiento de la economía para elevar la calidad de vida de los mexicanos mediante la generación de empleos y la captación de ingresos, no pueden ser negativas. Así también consideramos que los proyectos que se instrumenten a través de las concesiones, permitan el fortalecimiento de los municipios en que se realicen, ya que les permitirá tener mayores recursos económicos para el desarrollo regional.
No obstante, es necesario que estas modificaciones se regulen con precisión, a fin de que no existan interpretaciones ambiguas de las mismas y que las desvíen de sus objetivos originales.
La modificación al artículo 20, que amplía las concesiones sobre inmuebles de 20 a 50 años, permitirá atraer la inversión, desde la construcción de una palapa hasta megaproyectos turísticos y puertos industriales, efectivamente como lo menciona el dictamen en discusión.
Coincidimos que para estos últimos proyectos, los 20 años que especifica la ley, vigente, son insuficientes, ya que no permiten la recuperación de la inversión en tan pocos años, lo que ciertamente constituye una limitante de la inversión privada, ante la incertidumbre de no poder recuperar lo invertido.
Las concesiones que se den en estos casos, deberán encaminarse hacia la inversión productiva y que garanticen además empleos y una mejor distribución de la riqueza y los niveles de vida más elevados a la población, restringiendo la actividad económica meramente encaminada a la obtención del lucro.
Como se señala en el dictamen, las concesiones no crean derechos reales, por lo que consideramos que en el Reglamento se precisen claramente las concesiones que consideramos deben de terminar, y sea la conclusión del plazo y además por la desviación de los fines para los que hayan sido otorgadas.
Respecto a las modificaciones planteadas al artículo 49, referentes a playas, cayos y arrecifes, lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de aguas marinas, artificiales y esteros dedicados a la acuacultura, se precise la determinación de los límites para establecer la zona marítima federal y con lo cual se termine con la ambigüedad en su interpretación de la ley actual.
La modificación del artículo 52, no hace más que evitar la duplicación de trámites, con lo que se simplifican las gestiones para que aquellos que ya cuenten con una concesión, no tengan problemas para que se les otorgue el derecho de aprovechar la zona federal marítimo- terrestre.
Por tales razones, nuestro partido, a través de la fracción parlamentaria aquí representada, ve con simpatía las reformas propuestas por la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial e incidiremos para que en el reglamento de ley se hagan las precisiones necesarias a fin de que no se den interpretaciones equivocadas a dichas reformas.
Por lo tanto el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, apoya esta modernización a la ley General de Bienes Nacionales. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Julio Cesar García Hernández del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Julio Cesar García Hernández:- Muchas gracias, señor Presidente
: En esta Legislatura se han promovido varias iniciativas y entre éstas, ésta que viene a modificar la Ley de Bienes Nacionales, es una más de lo precipitado con que se está legislando.
Hace cerca de una semana se recibió esta iniciativa y no ha habido el suficiente tiempo para discutir la trascendencia que tiene la misma.
La exposición de motivos de esta iniciativa, que debería de ser un razonamiento técnico, jurídico, programático, en el cual se sustentan los cambios que se proponen, no existe de manera suficiente.
Reconocemos que de una manera importante, el presidente de la comisión, el diputado José Treviño Salinas, ha buscado información. Sin embargo, en una semana ésta no ha sido suficiente para sustentar los cambios.
Se plantea extender la concesión de 20 a 50 años, en los bienes inmuebles nacionales. Se dice que
ésta es una razón para dar una base de confianza jurídica a las inversiones. Sin embargo...
El Presidente:- Permítame, señor orador.
El diputado Julio Cesar García Hernández:- Si señor Presidente.
El Presidente:- Esta Presidencia se permite hacer un respetuoso pero enérgico llamado a la asamblea, a efecto de que se permita al orador hacer sus observaciones y sus planteamientos. Continué, por favor.
El diputado Julio Cesar García Hernández:- Gracias. ¿Cuál es el volumen de la inversión nacional y extranjera que hay en las costas nacionales? ¿Estas inversiones tenían no una confianza jurídica para que se desarrollaran?
En la exposición de motivos y en los trabajos de la comisión, realmente nunca pudimos saber que tipo de bienes inmuebles eran los que se estaban proponiendo para ampliarle la concesión a 50 años, porque la misma iniciativa ni siquiera es clara en esto. Dice que se podrán otorgar concesiones entre cero y 50 años ¿Cuáles van a gozar de 50 años? ¿Cuáles van a gozar de un año o de dos o de tres? No hay claridad en esta reforma sobre este aspecto.
Pero además, en la exposición de motivos del dictamen, dice lo siguiente:
"Tendrá un plazo máximo de 50 años, pudiéndose otorgar únicamente a las personas que por la magnitud de sus proyectos y cuantiosas inversiones necesiten de este tiempo.
¿De qué inversiones estamos hablando? No hay claridad en la ley, no lo da, tampoco en la exposición de motivos, porque no hay un sustento para esto.
Se está hablando aquí no solamente de una extensión en la concesión de 50 años, como se refería el diputado del Frente Cardenista.
La modificación también plantea que durante cinco años, los últimos cinco años, el concesionario tendrá prioridad para extender su concesión otros cincuenta años más.
El, como lo señalaba también la, o lo señala la ley vigente, plantea que tiene prioridad sobre cualquier otro solicitante. Estamos hablando, pues, de concesiones de cien años: De aquí al año 2091, se está hablando de ciertas concesiones que no se hace claro en este proyecto.
Por último yo quiero señalar que el artículo 52 plantea un texto que dice lo siguiente.
Cuando se otorga el permiso, concesión o autorización de alguna autoridad, dice:
"Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología otorgará de inmediato la concesión respectiva". Si bien hay una referencia en el Reglamento y se han dado razones de orden administrativo, porque el solicitante debe tener una respuesta pronta, este artículo prácticamente hace a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología como un organismo de trámite. No hay ninguna autoridad para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología califique un expediente o una concesión. El solicitante en derecho, podrá exigirle inmediatamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, una respuesta. Es decir, el aspecto ecológico, justamente ha habido protestas serias por la afectación ecológica en esa región y en varias partes de la República, este artículo en especial plantea un serio problema.
En lo demás comparto los criterios que ha expuesto aquí el diputado Ramírez Cuéllar. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Gilberto Zapata, del Partido Acción Nacional.
El diputado Gilberto Zapata Frayre:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He subido a esta tribuna para fijar la posición razonada de nuestro voto a favor del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en lo general, con relación al dictamen que presenta al pleno de esta soberanía, en el que presenta el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de Bienes Nacionales.
Estamos de acuerdo en las reformas y adiciones, en la medida en que tiendan a impulsar la inversión y a darle una mayor seguridad a ésta, con lo cual se fomenta la actividad económica. Sin embargo, tenemos una reserva de que cabe en exigir con urgencia y decisión, en una posterior iniciativa que pudiera ser atendida, relacionada con los bienes del dominio público, ubicado en las playas y que ahora podrán ser objeto de concesión, de acuerdo con la iniciativa, que con las reformas a esta concesión pudiera extenderse hasta por 100 años, que para efectos prácticos equivale a trasmitir la propiedad, aunque la ley
diga que se trata de una concesión que no crea derechos reales sobre los bienes de la nación, en especial interés a este caso, cuando la concesión se otorga a extranjeros, ya que la ley no hace salvedad respecto a la posibilidad de que los extranjeros puedan ser concesionarios de bienes de dominio público en las playas; situación que expresamente prohibe la fracción I, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que expone en una faja de 50 kilómetros a lo largo de las playas. "Por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir dominio directo sobre tierras y aguas".
Estamos de acuerdo en que la concesión, en su caso a favor de extranjeros, sobre bienes de dominio público en las playas, no es en vigor propiedad o dominio directo sobre dichos bienes, pero la concesión que ahora se contempla hasta por 100 años, para efectos prácticos, equivale realmente a dominio sobre ellos. Ojalá que este problema que aquí se plantea, pero que al margen de él estamos de acuerdo en lo general, en los términos de la iniciativa ya señalada y que consiste en general, dar seguridad a la inversión y favorecer con ello su multiplicación en beneficio del crecimiento económico del país. Muchas gracias.
El Presidente:- Se concede la palabra al diputado, Guillermo Mercado Romero, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Guillermo Mercado Romero:- Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El dictamen que se encuentra a discusión y motivo de este debate, encierra el muy claro objetivo de eliminar obstáculos para adecuar las nuevas realidades, para que el sector público pueda eficientarse más, fortalecer el aparato productivo y hacerlo más competitivo sobre todo con reglas claras y estables en la economía y así eliminar inseguridades.
Para lograr esto, el patrimonio inmobiliario federal debe ser un instrumento con posibilidades de aprovechamiento, pero sin menoscabo del mismo.
El objetivo de la iniciativa, eleva el sentido de mejorar la interpretación de la ley y así evitar obstáculos para diversas actividades, donde se involucra la materia inmobiliaria propiedad de la nación.
Por ello, señoras y señores diputados, a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, vengo a hacer algunos comentarios y, sobre todo, establecer nuestra postura frente a las trascendencia e importancia de la iniciativa y lo que significa para el desarrollo de nuestro país ante los grandes retos de la actividad económica en estos tiempos.
Estas reformas, adiciones, derogaciones a la ley General de Bienes Nacionales es necesario también verlas en una proyección mucho, mucho muy amplia que trataremos de definir como la adecuación a la misma a las realidades, es decir, necesitamos revalorar las normas y moralidades, sobre todo, de gestión regional para incorporarlas a la planeación nacional.
Estos conceptos los apoya nuestro partido en su programa de acción como plataforma política, que se actualiza para tener capacidad de respuesta a las grandes demandas nacionales.
Por eso el Estado siendo el rector, pero con sentido moderno, quiere cumplir con sus compromisos fundamentales de conducir, promover y articular las actividades económicas para lograr la modernización integral de nuestro país. Pero para responder a los retos actuales, es necesario, como se dijo, establecer reglas claras y estables en el aspecto de la inversión, para que con esa seguridad se pueda planear a mediano y largo plazos, es decir, con un claro horizonte de estabilidad al concesionario privado.
El tema que aquí nos trae se encuentra claramente en los objetivos y estrategias de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que con mucha responsabilidad el estado mexicano, con suma claridad en sus objetivos, encamina los cambios sin titubeos y con prudencia, garantizando nuestra mejor defensa frente al mundo.
Pareciera pensarse que esta iniciativa conlleva a una simple reforma aislada, o sencillamente caprichosa. Nada más alejado de la realidad. La intención de la misma encierra la gran importancia y la urgencia de hoy de incorporar grandes extensiones de nuestras costas y litorales con un vasto o con vastos recursos acuícolas, turísticos y marinos, al gran esfuerzo modernizador de nuestra economía, en donde el Estado no puede ni debe ser el único actor, pero sí el promotor de los particulares para producir y crear empleos permanentes en zonas que requieren grandes inversiones, bajo una seguridad jurídica para el concesionario, que es de uso y aprovechamiento de explotación y, por el otro lado, prevaleciendo la calidad de bienes de dominio público no crean derechos reales.
Estas reformas abren los cauces a reformar nuestras industrias en sectores importantes relacionados y ubicados en nuestras vastas cosas. Pero pareciera que en dicha iniciativa, se encierra o se dudara de la seguridad nacional y que se corriera el riesgo de vulnerar nuestra soberanía. ¡Nada más falta! Y aquí quiero acotar las reflexiones de nuestro compañero diputado del Partido Popular Socialista, Héctor Ramírez Cuéllar.
Compañeros diputados, si bien es cierto que se facilita la inversión de capitales, éstos no van ni están siendo etiquetados. Es a todas luces falso que se ponga en riesgo o se comprometa la soberanía nacional o también que se viole la disposición de nuestro artículo 27 constitucional, en lo referente, claro, a las zonas restringidas para los extranjeros. Ya que el otorgamiento de las concesiones, como ya se dijo y lo vuelvo a repetir, no crean derechos reales; ni se trasmite la propiedad de los bienes concesionados, simplemente se les otorga el derecho de usar, aprovechar o explotar tales bienes por el tiempo de vigencia que se señale en la propia concesión.
Se trata, pues, de impulsar, como ya también lo dije, la economía o las economías regionales en donde se realicen las inversiones y proyectos, creando la infraestructura necesaria, la captación también de divisas y sobre todo, lo más importante, creando fuentes de empleo.
También, decíamos, que esta iniciativa procura lograr la confianza y la seguridad; que se cuente con un mayor plazo, con un mayor margen de tiempo para la amortización de las inversiones realizadas. Y quiero tomar algunos ejemplos nacionales.
Por ejemplo, la Marina de Juluapan, en Colima, compañero diputado, lleva cinco años en construcción y tiene 20 años de plazo para su concesión. La Marina de Barra de Navidad, en Jalisco, lleva 15 años en construcción, con una parte de operación y se han hecho dragados y mantenimientos constantes. Por lo tanto también consideramos que es necesario ampliar este plazo en las concesiones de 20 a 50 años, prorrogables.
Otro ejemplo es la Marina de Bajoshibampo, en Guaymas, que lleva cinco años también en su construcción. Tiene partes construidas, pero aún le falta más para poder ponerla en operación.
Y tenemos un caso muy concreto en mí entidad, que es Baja California Sur, que es Puerto Escondido, que lleva siete años en construcción una Marina.
Por lo tanto, aquí lo que se busca es en el tiempo garantizar la recuperación económica y sobre todo la seguridad de que las inversiones que se hacen sean productoras de empleo y también, como más adelante establecemos, de ingresos, de ingresos a través de los derechos que se captan en ese sentido.
Concierne también recordar que la zona federal marítima terrestre ha sido relacionada directamente a un sinfín de objetivos. Desde la consideración de ser solamente una área de acceso a las vías de comunicación por agua, hasta el ser denominada Zona de Interés y Dominio Público, pasando por el uso de zonas estratégicas para la defensa del país.
En nuestro país los fundamentos de siempre, desde la Colonia, del Código Civil de 1870, de la Ley de 5 de julio de 1888, se declara que la zona marítima era de dominio público y en 1894, se estatuye la permanencia de la propiedad del gobierno federal sobre las playas, la zona marítima con extensión de 20 metros. Declarándose que dichos bienes no podrían enajenarse ni estar sujetos a prescripción y que eran inalienables los esteros, tanques y lagunas de propiedad nacional.
A partir de entonces se han publicado y conviene decirlo porque son innumerables disposiciones que se involucran en esta materia. Decía, con muchas leyes y reglamentos, como la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1932, la Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1934, la Ley General de Bienes Nacionales de 1944, la Ley de Navegación y Comercio, Marítimo de 1963, la Ley Federal de Aguas de 1972, la Ley de Bienes Nacionales y Reglamentos de la Zona Federal Marítimo- Terrestre y de Terrenos Ganados al Mar. Estos dos últimos vigentes a partir de 1982.
Lo que podemos resumir es que el común denominador de dichos ordenamientos son dos aspectos fundamentales: Que las superficies de tierra firme, colindantes a las playas, deben ser del dominio público y del uso común y el otro, que su control se encuentra a cargo de la Federación para su administración y mayor aprovechamiento. Por ello, que los recursos cuantiosos, humanos y materiales con que cuenta nuestro país, naturales unos, otros creados y aumentados a lo largo de muchas décadas, que son base para nuestro progreso y corregir desequilibrios es decir, no hemos partido de cero, continuamos con los medios, sobre todo con la voluntad y postulados de nuestro partido, para enfrentar modificaciones como ésta y otras en las que hemos vivido estos últimos meses
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Aquí reafirmamos y lo hacemos en todos los frentes, que los derechos de la nación sobre la propiedad originaria de las tierras o aguas comprendidas del territorio nacional, así como su dominio directo, son, sobre todo, los recursos naturales del subsuelo, de la plataforma continental, los zócalos submarinos y de las islas, reclamándose que en todos los casos su explotación, eso sí, tendrá que ser racional, atendiendo necesidades esenciales de las mayorías.
Reafirmamos aquí, en esta tribuna, que la soberanía nacional es patrimonio exclusivo del pueblo de México. Y quiero también contestar algunas interrogantes de los compañeros diputados que me antecedieron.
Por ejemplo, en el caso de Cancún, atrajo grandes asentamientos humanos hacia la costa. Se inició con 800 habitantes, hace 20 años y hoy tiene una población superior al medio millón de habitantes, es decir, creemos nosotros que ésa es la manera de atraer, a través de esos polos de desarrollo, la captación de asentamientos humanos, ya concentrados en las grandes ciudades y que necesitamos abrir grandes fuentes de empleo hacia las costas, a las grandes costas de nuestro país.
También se decía que el sector privado difícilmente puede participar en la construcción de puertos. Yo creo que un ejemplo más claro que tenemos nosotros es la gran participación y la gran respuesta que está teniendo el capital privado en las carreteras de nuestro país. Consideramos que es factible que nuestro capital pueda también ir a las playas a invertir.
Es por ello, compañeros diputados, que la modernización del Estado con estricto apego al artículo 25 de nuestra Constitución, que hace de la actuación pública un promotor del desarrollo nacional, orientador en nuestra actividad económica, irrenunciable, repito, irrenunciable propósito de fortalecer con ello la soberanía nacional; las reformas pues, postulan y muy claramente, al hacerse efectivas sus modificaciones a la Ley de Bienes Nacionales, que sólo podrá darse una defensa efectiva de la soberanía en al ámbito externo, si se garantiza la seguridad interior, el ejercicio pleno de las libertades se erradica a las desigualdades sociales y se logra elevar la productividad y la eficiencia de nuestro sistema económico.
Otro aspecto a considerar y que señalaba nuestro compañero diputado del Partido Popular Socialista; al hacer algunas reflexiones sobre las concesiones de lo sucedido en Panamá, queremos decir, compañeros diputados, que en el mundo de hoy existe una competencia de recursos por atraer más recursos y México tiene recursos. Existe una política mundial de abrirse los países a las inversiones y a las grandes inversiones y consideramos que las inversiones no son y no deben de ser y por qué temer, no son una amenaza, el capital se internacionaliza cada día más y aquí en México nuestra seguridad es contar con una Ley de Inversiones muy nuestra, con una figura de fideicomiso que evita sobre todos los capitales golondrinos y que no pensemos con la mentalidad de hace 30 años, cuando lo que nos sobraba era dinero. En nuestro país contamos con instituciones sólidas, fuertes, con un congreso en el que estamos, un congreso patriota, donde convergen todas las fuerzas políticas nacionales. Esta reforma no tiene, compañeros diputados, ninguna dedicatoria, a ningún país; por eso la ampliación del plazo lleva un doble beneficio para el país, se crea infraestructura que permite mayor flujo turístico y como consecuencia captación de divisas y por otro se crean fuentes de trabajo permanentes y decíamos, para evitar inversiones transitorias.
También es importante subrayar la promoción de una participación más activa de los gobiernos estatales en la definición y reorientación de las estrategias de desarrollo regional y en el caso de mi estado de Baja California Sur, con 2 mil 700 kilómetros de litorales que con la apertura comercial tenía una economía tradicional que ustedes conocen, pero con esto seguramente que mi entidad y muchas más del país se van a preparar para enfrentar un desarrollo regional más armónico y más equilibrado.
También debemos destacar lo que de positivo tiene esta reforma y que como Revisora esta Cámara, debe considerar en el apoyo a la misma, los efectos de fortalecimiento económico de los ayuntamientos en sus finanzas, dado que los derechos producto de las concesiones, pueden pasar en un 80% al municipio previo convenio de coordinación, subrayando que inclusive los propios ayuntamientos de acuerdo a sus funciones esto es, fortalecer las comunas de nuestro país, tan necesitadas de recursos.
Hoy en día también y todos sabemos las expectativas que podemos desarrollar gracias también a esta Reforma y no hay que descuidarlo, es el aspecto de la acuacultura que hoy en día es más redituable gracias a los avances tecnológicos como aquí se dijo por las comisiones, la acuacultura debe ser fuente de alimentos, divisas y sobre todo de empleos fijos.
También cabe hacer notar que para las comisiones de ambas cámaras no pasó desapercibido y se estudió a profundidad, el aspecto del impacto en el medio ambiente que produce el asunto que aquí se discute y que en todo momento el aspecto ecológico hoy en día adquiere prioridad política; por eso nuestro Partido está empeñado en lograr que se dé el crecimiento económico en armonía con los recursos naturales y el medio ambiente. En todo momento el aspecto ecológico hoy en día adquiere prioridad, decía, política; reconocerlos que el uso irracional de los recursos naturales ha puesto en peligro nuestro ecosistema, pero esto no significa que debemos sacrificar las oportunidades de crecer; por el contrario nuestra sociedad mexicana debe invertir de acuerdo a principios de ordenamiento ecológico que armonicen el uso del suelo, agua y aire con el objetivo primordial de obtener una mayor producción y así elevar la calidad de vida.
Concluyendo mi intervención, podemos deducir que la iniciativa de reformas a la Ley General de Bienes Nacionales tiene por objeto, primero un mejor aprovechamiento de los bienes de dominio público de la federación concesionados; segundo, mayores y mejores inversiones; tercero, seguridad jurídica; cuarto, fomentar las actividades productivas que se desarrollen en áreas concesionadas.
En síntesis, la iniciativa del ejecutivo, pretende que ya no se gobierne con hipótesis y a pesar de que las prácticas nos llevan a riesgos, éstos se superan. Por ello, es positivo que se discutan como aquí se ha hecho o como se está haciendo por los demás compañeros diputados, porque sin debate y sin pasión, no estaríamos respondiendo a los tiempos que exigen cambios profundos.
Señor Presidente, solicito a usted, a través de la Secretaría, pueda consultar, si este asunto está suficientemente discutido.
El Presidente:- Tiene la palabra para hechos diputado Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:- Con su permiso, señor Presidente: Ciñéndome estrictamente al tiempo que establece nuestro Reglamento para hechos, pedí hacer uso de esta alta tribuna de la nación para referirme a un aspecto vinculado a la discusión que está realizándose en torno al decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.
Dos puntos son los que quisiera referirme. Uno se refiere a los estudios técnicos de apoyo a la elaboración de estos proyectos de decreto, es decir, a los estudios técnicos de apoyo al dictamen y el otro se refiere al significado económico de usufructos en estas concesiones.
En lo que se refiere a estudios técnicos, en distintas intervenciones que hemos hecho a nombre del Partido de la Revolución Democrática en esta alta tribuna, hemos insistido en la necesidad de que el Poder Legislativo y particularmente, la Cámara de Diputados disponga, de estudios técnicos, suficientes y sólidos, para cada una de las leyes, disposiciones o modificaciones que se someten a la consideración de esta Cámara.
Y a veces con cierta preocupación la falta de reflexión y casi diría yo en muchas ocasiones de atención puntual al diálogo y discusión que aquí tenemos. Para decirlo de otra manera, mucho más directa pareciera que lo importante no es lo que se diga en tribuna sino lo que se discuta en desayunos, comidas y cenas, previas a las sesiones formales y, por tanto, que la reflexión técnica o política sobre lo que estamos discutiendo, se convierta en una mera formalidad.
Y el problema de fondo es, que no hay una evaluación precisa de los impactos económicos y ecológicos de lo que hasta el momento ha sido el régimen de concesiones sobre bienes inmuebles de dominio público. El diputado que nos antecedió en el uso de la palabra se refería a ciertas marinas en construcción, yo quisiera recordar que los pobladores de diferentes regiones del país, han cuestionado el impacto ecológico de la construcción de estas marinas.
Hay también obras diversas que han realizado particulares en esteros, que no han sido adecuadamente evaluadas. Y en el estado de Sinaloa, los esteros... El Presidente:- Diputado Calderón, ¿Me permite? Quiero hacer nuevamente un llamado a la asamblea, a los visitantes y a los invitados que se sirvan guardar compostura y orden, que se abstengan de estar haciendo corrillos, para escuchar con todo el respeto al orador. Continúe.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:- Gracias, señor Presidente:
En el estado de Sinaloa que tiene numerosos y extensos esteros, ha habido cuestionamientos diversos de la opinión pública sobre repito, los impactos ecológicos, de muchas de las obras que
particulares, con autorización gubernamental, están realizando diversas zonas de estos bienes nacionales.
No puedo extenderme porque intervengo para hechos, pero lo menos que podríamos pedir, es que se hiciera un análisis técnico, profundo y detallado de impactos económicos, impactos de empleo, impactos ecológicos, conocer cuántas concesiones sobre bienes inmuebles existen en toda la República, conocer cuál es el monto de las inversiones, cuál es el perfil de gasto que se está realizando en ellas, qué impacto han tenido en materia de empleo, etcétera. Eso es un análisis técnico, no sólo retórica jurídica y eso no se está haciendo para algo tan importante como es la ampliación del período para esta concesión de 20 a 50 años.
Tenemos citas sobre el Plan Nacional de Desarrollo y tenemos consideraciones abstractas, pero no una fundamentación económica, ni tampoco una fundamentación económica que nos diga en toda la República hay tal número de concesiones sobre tantos kilómetros cuadrados, con tal impacto de inversión, tal impacto de empleo, etcétera. Eso es lo que pedimos que es fundamental para este tipo de dictámenes antes de cualquier decisión precipitada.
Y el segundo aspecto es que con un criterio típicamente de reduccionismo jurídico y no de un impacto económico multisectorial, no se esté entendiendo que en economía y en procesos productivos, lo que importa no es quién tiene la facultad de uso, dominio, control, usufructo, explotación productiva y económica y si a alguien se le da la posibilidad de tener 100 años un bien inmueble, más allá de que se diga: Eso es propiedad de la nación, desde el punto de vista legal o jurídico, estamos de hecho entregando al control económico de particulares, bienes que son de fundamental importancia sin una reglamentación adecuada. Es por eso que nuestro partido ha dicho claramente que no está de acuerdo con diversas disposiciones contenidas en este proyecto de decreto y ojalá hubiera la sensatez, para terminar, en esta Cámara de Diputados, para discutir con más calma y sin presiones, problemas de esta magnitud, con sus impactos económicos. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra hechos el diputado Nemi Dib.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:- Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Indiscutiblemente hay que reconocer que algo de sustento tiene el mensaje del señor diputado que me antecede en la palabra. De su práctica legislativa y del interés especial que él pone en su trabajo todos tenemos constancia. Es cierto, hay que decirlo, que un número de instrumentos de análisis más amplio, más oportuno, siempre será conveniente para el trabajo de esta soberanía.
Sin embargo, tampoco podemos decir que el trabajo que hemos desarrollado en comisiones y específicamentre en la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, sea un trabajo apresurado o que carezca de fundamento, por el contrario, de una manera reiterada hemos estado trabajando en comisiones, hemos requerido la comparecencia de funcionarios de la Federación que oportunamente nos han explicado de una manera detallada el sustento teórico, analítico y práctico que da lugar a la iniciativa que estamos debatiendo.
Quiero decir y me da pena, que a la conferencia que tuvimos con los compañeros senadores de la República no acudieron representantes del Partido de la Revolución Democrática, a pesar de que fueron expresamente invitados. Quiero decir que cuatro funcionarios con rango de director general estuvieron con nosotros ampliando de una manera muy clara y precisa la información requerida para estos trabajos.
Por otro lado y en cuanto a los impactos económicos, es muy cierto el argumento del señor diputado, pero hay que derivarlo en otro sentido: Mientras más inversiones tengamos, mientras más impactos laborables logremos, esto será necesariamente en beneficio de la economía de los mexicanos.
En lo personal, soy oriundo de un estado con un gran litoral en el Golfo de México y como decía el Partido Popular Socialista, en un estado que efectivamente no es muy beneficiado por los turistas, pero no por otra cosa que por su carencia de infraestructura.
Nosotros quisiéramos, de veras, poder aprovechar al máximo nuestro potencial y desarrollar no solamente en materia turística, también para la acuacultura, también para explotaciones que indiscutiblemente contribuirán al bienestar de los veracruzanos.
Quisiera decir, para terminar, que las concesiones no son en ningún caso algo irrevocable; significan más que nada una condición temporal en la que tenemos la oportunidad de revocar las decisiones.
Por lo demás en esta iniciativa se recoge por primera vez la característica ambiental como una condición nueva para la renovación de las concesiones. Hoy más que nunca estos cambios a la ley nos dan seguridad jurídica y, sobre todo, la oportunidad de con un desarrollo sólido y sostenido en los países, avanzar, como lo ha querido nuestro partido, en el desarrollo y el bienestar de los mexicanos. Muchas gracias.
El diputado Julio Cesar García Hernández (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene usted la palabra, diputado García.
El diputado Julio Cesar García Hernández: - Efectivamente, como señala el diputado que me antecedió, se hicieron dos reuniones con el Senado, sin embargo, se hicieron en los días previos a una reforma constitucional, que es la del 130, y que no pasó como un asunto menor en esta Cámara, sino que viene a reformar una parte fundamental de nuestra Constitución y en ningún momento en el Senado ni en las comisiones, pudimos ni valoramos cuestiones de información técnica suficientes como para tomar una decisión al respecto.
Aquí se ha planteado que hay marinas que están en construcción, que tienen 15 años, algunas 20 años y que el plazo de concesión de 20 años es insuficiente.
Aquí también se ha planteado, por otro lado, que puede otorgarse una prórroga en la concesión de otros 20 años. ¿Por qué extender una concesión o planear un otorgamiento de concesión a 50 años que se convierten con facilidad con esta reforma en 100? Pero además se ha planteado aquí que el capital se ha internacionalizado, que hace 30 años teníamos una mentalidad, pero esa mentalidad, según se dijo, correspondía a una mentalidad porque teníamos suficiente dinero, en particular se dijo, "nos sobraba dinero".
Esto da pie a que se piense que esta extensión de concesiones es para facilitar o darles facilidades legales a la inversión extranjera. Es por esto que existe con más obvia razón preocupaciones por parte de nuestro partido. ¿De qué estamos hablando en realidad? Esto no se ha podido analizar con suficiente información, no se ha proporcionado como para tomar una decisión así. Además la iniciativa es ambigua, no precisa a quiénes se otorgará una concesión de 50 años, a quiénes una de 10 y a quiénes una de 5. Muchas gracias.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Becerra, cinco minutos.
El diputado Emilio Becerra González: - Señor Presidente, compañeros diputados:
Esta Cámara de Diputados, aprobando todo este tipo de leyes, se está convirtiendo en la Cámara del Tratado de Libre Comercio y probablemente sucursal de la House of Representatives de los Estados Unidos de América.
Es evidente que toda esta legislación viene impuesta como parte de las pláticas del Tratado de Libre Comercio, y así como se hizo la reforma al 27 constitucional, se está haciendo todo este tipo de reformas para que después no digan que se nos impuso desde el exterior todos estos cambios en la Legislación, sino que, como dice la iniciativa del licenciado Salinas, necesitamos aprobar y modificar esto por nuestra propia cuenta y que no se nos imponga de afuera. ¿Qué quiere decir eso? que existe la petición y la presión de que se hagan estas reformas a través de los posibles socios comerciales y quizá próximos patrones de toda la nación mexicana y se quiere evitar que después se diga que eso fue impuesto.
Y a mí me preocupa que el diputado del partido oficial haya dicho que este Congreso es patriota. Yo creo que eso no es cierto, porque puede ser que haya y de eso hay varios diputados que todavía creemos en el patriotismo. Pero la mayoría tiene un concepto del patriotismo que deja mucho que desear de quienes han participado en otras épocas y en otros tiempos en esta Cámara. Aquí es verdaderamente inaceptable que se quiera establecer el imperio de los hombres sobre el imperio de las leyes. Las leyes y la Constitución ya no se aceptan y se les hacen modificaciones de una manera indirecta. Aquí con esto se pretende entregarles a los extranjeros tierras y agua que la propia Constitución prohibe, así como le hicieron con las relaciones en el Vaticano, antes de reconocer al Vaticano, o dicen que es un enviado personal de quien ejerce el Poder Ejecutivo y de hecho ya existen relaciones diplomáticas. Entonces aquí de facto se está haciendo otra reforma más al 27 constitucional, a través de una supuesta reforma a diversas
disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.
Y esto confirma la situación mundial según decía el diputado del Partido Revolucionario Institucional que los vientos de la historia soplan ahora en ese sentido. Y quizá pues también ello se origina en la capital de los Estados Unidos, allá se dice que éste es el fin de la historia, que es el fin de la economía de justicia social, que se tiene que imponer el capitalismo a ultranza y que para conseguir apoyo de esta gente, hay que darles todas las facilidades que se quiera, hay que buscar cortejar al capital y que ya como existen muchas posibilidades de inversión en Europa del Este, Sudamérica, en Asia, etcétera, entonces ahora todos los países en proceso de desarrollo, están buscando atraer el capital. Y para nosotros conseguir eso, entonces se busca concederle ventajas indebidas a los inversionistas, sobre todo a los inversionistas americanos.
Yo los exhorto a que reflexionemos, a que terminemos con esto, porque si seguimos a ese paso, la siguiente ley que va a proponer la mayoría, va a ser la privatización del gobierno.
El Presidente: - Consulte la Secretaría en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se pregunta a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea, si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. Ç
El diputado Julio Cesar García, 20 y el 52; está anotado también para el artículo 20, el diputado Luis Fernández Vega.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 357 votos en pro y 35 en contra.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Pero antes quiero expresar a esta asamblea, con todo respeto, lo siguiente: Hay una frase acuñada, de buena o de mala fe, que dice que hay diputados de primera y de segunda. A los que se sienten de primera, yo quiero decirles que no se sientan tan importantes como para no sentirse sujetos a los reglamentos y pedirles que asuman la responsabilidad y la modestia, del resto de los diputados. (Aplausos.)
Tiene la palabra el diputado Luis Fernández Vega, del Partido Acción Nacional.
El diputado Luis Fernández Vega: - Señor Presidente; honorable asamblea:
Los suscritos diputados federales miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido por el artículo 124 del Reglamento Interior del Congreso General, nos permitimos proponer la adición de un último párrafo al artículo 20 del dictamen a discusión, relativo a la Ley General de Bienes Nacionales, en los términos siguientes:
"El titular de la concesión podrá optar entre la revisión de las obras e instalaciones en favor de la nación, en 105 términos del párrafo anterior, o bien cubrir el importe de las mismas durante el plazo de la concesión y en su caso, de la prórroga de la misma mediante enteros anuales con arreglo a lo que sobre el particular establezca el Reglamento."
Salón de sesiones del recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 21 de diciembre de 1991.- Diputados: Gilberto Zapata Frayre y Luis Fernández Vega. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente:
Sólo quisiera referirme brevemente a consideraciones adicionales en atención a un argumento que fue expuesto ya por el señor Senador Porfirio Muñoz Ledo, cuando esta iniciativa fue discutida en el Senado de la República, en el sentido que la redacción actual de este artículo 20 de la Ley General de Bienes Nacionales, establece el término, el período habitual de concesión en 20 años, con posibilidad de ser prorrogada, y fundamentar que en un período relativamente extenso, en que ha estado vigente esta disposición en lo relativo a este artículo 20, ha habido un conjunto de inversiones tanto de empresarios mexicanos, como de empresarios extranjeros bajo la modalidad de fideicomisos bancarios donde empresarios extranjeros pueden participar en usufructo.
Y hasta esta fecha no ha existido una evaluación precisa de las inversiones totales por estado y en el conjunto de la República, realizadas bajo el amparo de esta concesión sobre inmuebles de dominio público; no ha habido tampoco una evolución puntual en materia de su impacto ecológico, en empleo y lo que es más importante, pareciera que se deja al libre albedrío de inversionistas privados el decidir cuándo, de qué manera y bajo qué modalidades solicitan una de estas concesiones de dominio público, Y el artículo 27 constitucional establece de manera precisa la rectoría económica del Estado.
En varias ocasiones que hemos discutido puntos fundamentales sobre Ley de Ingresos y Egresos y sobre otros aspectos, hemos dicho que no estamos en contra de la inversión privada y estamos a favor en el caso de la inversión extranjera, a que sea promovido en áreas que resulte benéfico para la nación. Pero en este punto, en una visión extremadamente limitada, no existe una previsión de cómo el Estado debe regular el otorgamiento de estas concesiones de inmuebles. Regular implica evaluar la disponibilidad de recursos existentes en una zona o región, estudiar cuáles podrían ser las distintas alternativas de utilización, realizar estudios de evaluación de proyectos y estudios de preinversión sobre tales o cuales áreas susceptibles de ser otorgadas concesiones y en su caso analizar el otorgamiento de concesiones con criterios que incorporen no sólo aspectos estrictamente legales o jurídicos, sino aspectos que incorporen elementos de evaluación de impacto ecológico y elementos de evaluación de proyectos.
Entonces esta disposición es extremadamente genérica y no hay, insistimos en esta idea, una fundamentación de por qué se extiende a 50 años el período previo de concesiones. Situándonos de manera precisa en la actual normatividad, diríamos que una concesión de 20 años con posibilidad de renovación de otros 20, da un horizonte de acaso 40 años a quien se le otorgue esta concesión para quienes hemos participado en diversos momentos en lo que es evaluación de proyectos, sabemos que cuando se elabora la rentabilidad de una inversión sea bajo el método de relación costo o beneficio o, bajo el de tasa interna de retorno; un horizonte de 20 años de rentabilidad de una inversión, es un horizonte bastante adecuado en términos de cálculo de utilidades globales, y si a ése horizonte lo ampliamos a 40, con mayor razón.
Para decirlo de alguna manera más directa y a fin de abreviar esta opinión que estoy exponiendo a ustedes. El tiempo habitual con el que se elabora un proyecto de preinversión, puede ser de 10 a 15 años; por tanto ya tener un horizonte global, en términos de una concesión a 20 años, para recuperación de inversión y generación de utilidades, es realmente muy favorable a los intereses del inversionista.
Por lo anterior, es que solicitamos una discusión específica de este artículo 20 y mantenemos nuestra opinión en el sentido de que este artículo 20 debiera ser modificado en los términos de que aquí está propuesto en este decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y mantener la extensión de las concesiones sobre inmuebles de dominio público en el plazo de 20 años que estaba ya establecido en la Ley General de Bienes Nacionales.
Y ratificamos lo que expusimos anteriormente, la necesidad de una normatividad específica en materia de regulación previa al otorgamiento de las concesiones, para evaluar impactos económicos, impactos ecológicos, asumiendo el Estado un papel de promotor activo del desarrollo económico y no esperando pasivamente a que a tal o cual inversionista se le ocurra pedir tal o cual concesión, dirigiendo y orientando la inversión privada hacia segmentos prioritarios, con protección económica y ecológica.
Y el segundo aspecto que nos parece también de la mayor importancia, es facultades adicionales al Estado para la supervisión y control del usufructo de estas concesiones. En otras palabras, que diversas disposiciones legales ya existentes que facultan al Estado para la supervisión del uso de la concesión, sean fortalecidas a fin de que la concesión no se convierta en algo así como un cheque en blanco, donde el usufructuario de la concesión pueda hacer aquello que
estime pertinente, violando reglas ecológicas o normas legales conducentes.
Por eso es que creemos no sólo importante, establecer el período de 20 años, Sino creemos importante fortalecer la rectoría económica del Estado antes del otorgamiento de la concesión y durante el otorgamiento de la concesión, bajo diversas formas de supervisión y control económico y ecológico. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfonso Rivera, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alfonso Rivera Dominguez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados: Vengo a esta tribuna a hacer algunos comentarios muy breves, acerca del artículo 20 que se propone reformar en el decreto que está a discusión, relativo a la Ley General de Bienes Nacionales.
Con mucho respeto me parece que ha habido una incorrecta interpretación del artículo en cuestión, toda vez que se ha hablado aquí por diversos oradores en que se pretende modificar la ampliación del plazo de 20 a 50 años, manifestándolo como un período fijo, como un término ya determinado en la ley.
Yo creo que si leemos con atención la reforma que se propone, nos percataremos que dice: "Que podrá ser otorgado hasta por un plazo de 50 años". Esto es no significa que todas las concesiones que se otorguen tengan que ser de manera forzosa por 50 años. Podrá haber concesiones de 20, de 10, de 15, de 30 ó de 40. Creemos que la mayoría de las concesiones serán por plazos mucho menores que los de 50 años. Pero además no es una facultad discrecional absoluta de la autoridad para otorgar la concesión.
La autoridad administrativa tendrá que sujetarse a los principios que establece el propio artículo 20 y que incluso no son objetos de reforma.
Me voy a permitir dar lectura a las fracciones correspondientes, porque considero que son de mucha importancia. Tanto para el otorgamiento de la concesión como para el caso de la prórroga, las autoridades tendrán que sujetarse a lo siguiente
"Primero. Al monto de la inversión que el Concesionario pretenda aplicar.
Segundo. Al plazo de amortización de la inversión realizada.
Tercero. El beneficio social y económico que signifique para la región o localidad.
Cuarto. La necesidad de la actividad o del servicio que se preste.
Quinto. El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones a su cargo.
Sexto. La reinversión que se haga para el mejoramiento de las instalaciones o del servicio prestado.
De tal manera que interpretando este artículo en relación con las fracciones que hemos leído se desprende que la autoridad, y tendrá que fundar y tendrá que motivar el otorgamiento de la concesión al plazo correspondiente, señalándole 15, 20 ó 50 años si es necesario, pero no es un término establecido de manera fija por la ley.
También se ha hablado aquí de concesiones de 100 años, como si hubiese prórrogas automáticas de 50 años, más otros 50. Y para este caso es aplicable la misma interpretación: La autoridad tendrá que revisar que se cumplan con los requisitos que establece el artículo 20, al que hemos hecho referencia, para poder prorrogar el término de la concesión. Puede ser que una concesión que en un principio haya requerido de una gran inversión, se le otorguen 40 ó 50 años, pero que en la prórroga ya no sea así por la cuestión de la amortización de la inversión.
Es obvio que entre más pequeña sea la inversión, menos será el tiempo por el cual sea otorgado.
Pero yo quiero hacer referencia a otro punto. La doctrina administrativa y, en especial, en nuestro país, autores como Gabino Fraga, como Andrés Serra Rojas, como Miguel Acosta Romero, establecen que hay diferencias ente el régimen de permisos, de licencias y de autorizaciones, en relación con el régimen de concesiones.
Para el caso de las primeras, existe un derecho previo del particular para desarrollar una determinada actividad. Un derecho que le es limitado hasta que el particular no cumple a satisfacción con el interés público, como puede ser el otorgamiento de una licencia de conducir o de un permiso de construcción. El particular tiene un derecho previo para realizar la autoridad que le es limitada en atención a que la autoridad tiene que salvaguardar el interés público.
Para el caso de las concesiones es completamente diferente. No existe un derecho previo del particular de manera original y esencial, tanto la
prestación de servicios públicos como el uso y explotación de los bienes, propiedad de la Nación.
En tal virtud el artículo 22 de la Ley General de Bienes Nacionales establece clara y precisamente las causas de revocación de la concesión. De tal manera que si un concesionario no se ajusta al cumplimiento de lo establecido en el título de concesión en la ley respectiva, la concesión le podrá ser revocada sin tener que esperarnos hasta el término para el cual le haya sido otorgado.
El artículo 22 establece, con la reforma que se está presentando, lo siguiente como causas de revocación:
1o. Dejar de cumplir con el fin para el que fue otorgada la concesión, dar al bien objeto de la misma un uso distinto al autorizado o no usar el bien de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, los reglamentos el propio título de concesión.
2o. Dice: "Por dejar de cumplir con las condiciones a que se sujete el otorgamiento de la concesión o infringir lo dispuesto en esta ley sus reglamentos.
3o. Por dejar de pagar en forma oportuna los productos que se hayan fijado en la concesión.
4o. Por realizar obras no autorizadas.
5o. Por dañar ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento o explotación. Y aquí además queremos hacer referencia de que, además de que debe de observarse esta fracción V, en todo caso los concesionarios deberán sujetarse a lo establecido en la Ley del Equilibrio Ecológico, Protección del Medio Ambiente.
Finalmente, la fracción VI del mencionado artículo establece: "Las demás previstas en la ley en sus reglamentos o en las propias concesiones".
Compañeros diputados: Considero que su preocupación por salvaguardar los bienes propiedad de la nación es muy legítimo, pero es una preocupación también de mi Partido, el Revolucionario Institucional. Por esa razón porque consideramos que no se afectan los intereses de la nación ni se pone en duda el dominio directo eminente que tiene la nación sobre sus recursos, estamos a favor de esta iniciativa y solicitamos se apruebe el decreto en sus términos. (Aplausos.)
La diputada Evangelina Corona Cadena (desde su curul): - Señor Presidente: Deseo hacerle una pregunta al orador.
El Presidente: - Señor diputado: ¿Acepta usted, una pregunta a la diputada Evangelina Corona?
La diputada Evangelina Corona Cadena (desde su curul): - Es muy sencilla.
El Presidente: - Sí la acepta.
La diputada Evangelina Corona Cadena(desde su curul): - ¿Cuál sería el beneficio para el país con esta distribución o estas concesiones que se darían?
El diputado Alfonso Rivera Dominguez: - Que al ampliarse el término para la concesión será más atractiva la inversión, sobre todo en megaproyectos.
La diputada Evangelina Corona Cadena (desde su curul): - ¡Económica!
El diputado Alfonso Rivera Domínguez: - Con la consiguiente derrama económica, compañera. Habrá mayores fuentes de empleo, habrá mayor oportunidad de desarrollo regional en las costas, es decir, habrá mayores oportunidades de inversión. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo 20 se encuentra suficientemente discutido.
Perdón, hay dos propuestas. Le rogamos a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea de ellas.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - "El titular de la concesión podrá optar entre la reversión de las obras e instalaciones en favor de la nación, en los términos del párrafo anterior o bien cubrir el importe de las mismas, durante el plazo de la concesión, en su caso, de la prórroga de la misma, mediante enteros anuales con arreglo a lo que sobre el particular establezca el Reglamento".
Salón de sesiones del Recinto Alterno de la honorable Cámara de Diputados, México, D. F., 21 de diciembre de 1991. Diputados Gilberto Zapata Freyre y Luis Fernández Vega.
Es una primera propuesta.
El Presidente: - En votación económica, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aceptarse la propuesta presentada por el diputado Zapata Freyre.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta o se desecha la propuesta antes leída.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Dé cuenta la secretaría con la siguiente proposición.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - "Propuesta de modificación del artículo 20 del Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales".
"Artículo 20. Las concesiones..., podrán ser otorgadas hasta por un plazo de 20 años".
México, Distrito Federal, 21 de diciembre de 1991. Atentamente, diputado Jorge Calderón, diputado Jesús Martín del Campo y Cesar García.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la propuesta presentada por el diputado Calderón.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - en votación económica, se pregunta a esta soberanía si se acepta o se desecha la propuesta por el compañero Calderón y otros compañeros del Partido de la Revolución Democrática.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo 20 se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 20.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido el artículo 20, señor Presidente.
El Presidente: - Se reserva para su votación nominal en conjunto. Para referirse al artículo 52, se concede el uso de la palabra al diputado Julio Cesar García.
El diputado Julio Cesar García Hernández: - El artículo 52 es de una profunda preocupación ecológica, debido a que la ley vigente plantea que cuando el aprovechamiento u explotación de materiales existentes en zona federal marítimo - terrestre se rija por leyes especiales, para que la autoridad competente otorgue concesión, permiso o autorización respectiva, se requerirá de la opinión favorable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología.
Sin embargo, cuando se refiere a la explotación o realización de actividades reguladas por leyes, incluidas las relaciones con Marina, instalaciones marítimo - portuarias, pesqueras o acuícolas y se requiera del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, la otorgará de inmediato la concesión respectiva, es decir, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en este anexo que le plantean al artículo 52, se convierte en una mera oficina de trámite, cuando en un párrafo anterior hay una obligación, un requisito indispensable, la opinión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y que por reglamento, se nos dijo en comisiones, debía dar una respuesta de 45 días, en este caso, según también se nos comentó por parte de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de que era una medida para abreviar trámites.
Evidentemente no estamos frente a un problema de trámites, estamos frente a un artículo que faculta al solicitante para exigir y demandar una tramitación expedita de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para el otorgamiento de la concesión. Cabe recordar también que ya hay un precedente en este tipo de inversiones y concesiones.
En el Reglamento a la Ley de Promoción de Inversión Nacional y Regulación de la Inversión Extranjera, se establece que si en un plazo de 30 días no hay una respuesta en contrario a un solicitante, que pudiera ser un inversionista extranjero, si no existe la respuesta en contrario, se da por autorizada dicha inversión. Esto viene a ser una preocupación para nosotros, porque se está en aras de abreviar tiempo, se está afectando no sólo la política de desarrollo, sino en este caso se pudiera afectar en forma grave el equilibrio ecológico, sin que existiera una participación determinante en un organismo como
es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. De ahí nuestra oposición a que, que de tal y como está este párrafo y demandamos que en él la tenga una opinión previa a una autorización, una opinión calificada previa al otorgamiento de la concesión. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede la palabra al diputado Fernando Navarrete del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Navarrete Magdaleno - Muchas gracias señor Presidente; Ciudadanas y ciudadanos diputados:
Celebro de que antes de tomar la palabra la hayan tomado distinguidos costeños diputados por Veracruz, como fue Nemi Dib, diputado también por Baja California y ahora me toca a mí por la costa de Guerrero, porque los costeños con beneplácito hemos conocido el Dictamen de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial respecto al proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.
Beneplácito por los que tenemos relación directa o indirecta con el turismo, vemos en estas proposiciones un gran avance que hace a un lado la incertidumbre, estimula la confianza y nos refresca con visas de superación. Beneplácito porque tenemos previamente que fomentar también actividades como la acuacultura, la pesca, las marinas y los servicios de hoteles y restaurantes en las zonas federales marítimas.
En las Consideraciones Generales a las reformas propuestas se habla de un plazo de hasta 50 años en el uso de la concesión, dependiendo del tamaño de las inversiones o la magnitud de los proyectos. Es así que se estimula la construcción y desarrollo de infraestructura hotelera y otros servicios en los destinos de playa; se mejorarán los ya existentes y se tiene posibilidad de obtener créditos de largo plazo. Las ciudades con esta vocación verán incrementados sus ingresos municipales, habrá mayor derrama económica y crecimiento del empleo bien remunerado. Cuando se habla de turismo, fijamos nuestra atención inmediata en consorcios hoteleros o grandes edificios de tiempo compartido, en polos de desarrollo como Ixtapa, Cancún, Vallarta, Huatulco, Los Cabos, Punta Diamante, etc., pensamos en lujosos restaurantes, discotecas, albercas, áreas verdes, tenis o golf, en infraestructura planificada y de primer nivel con servicios al 100% de agua y drenaje, de alumbrado público, pavimento, comunicaciones y obviamente turistas que con tarjeta de crédito o sin ella tienen capacidad de pago o ahorro disponible. ¿Donde queda pues la bondad de la reforma? ¿De qué manera se beneficia al de menor ingreso? ¿Qué posibilidades de desarrollo y crecimiento tiene el modesto prestador de servicios, pescadores lancheros, agricultores y ejidatarios? Las respuestas están dadas en los cambios y transformaciones del país, en su desarrollo, en su modernización.
Las carreteras costeras que van por el Pacífico, el Golfo de México o las que nos acercan a las floridas aguas del Caribe, los lagos, los esteros, las desembocaduras de los ríos han despertado en los costeños y en ribereños ánimos de progreso y han encontrado en la atención a los viajeros modus vivendi al brindarles sus servicios. Existen en nuestras costas miles de mexicanos dedicados a estas actividades, los menos bien regularizados en sus instalaciones con Sofemar, los más sin ningún papel o autorización de autoridad competente; los menos con excelente calidad en servicios e instalaciones pero una inmensa mayoría con deficiencias enormes en sanitarios, pisos, palapas, construcciones humildes de adobe, teja y palma.
Las reformas propuestas persiguen brindar y dar claridad y facilidad para regularizar estas concesiones, agiliza y da preferencia a los que ya se tienen, dan acceso a créditos de mediano y largo plazo de la banca de desarrollo, pero sobre todo dan certeza y confianza jurídica.
En el artículo 52 a que se ha hecho mención, se considera como inmediato a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología como una mera oficina de trámite. Sin embargo, bien claro está en la reforma en el artículo 20 y 22 las causales por las cuales también se pierde la concesión, los requisitos que deben de cumplirse, la inmediatez, pues, en el contenido mismo, del artículo, establece también la excepción y con toda precisión señala que esas condiciones se otorgarán siempre y cuando cumplan, previamente, con la normatividad que para cada aprovechamiento, explotación o actividad expida previamente la Secretaría en lo tocante a la zona federal.
Y cuando vi que en un principio, que, qué bueno que hablaron diputados costeños, yo siento y le pido, a nuestros amigos, sobre todo al Diputado Calderón, que vea la manera de pensar de los que vivimos en las costas. Que le pregunte a muchos diputados, aquí presentes, que quisiéramos echar a andar nuestras playas, que quisiéramos tener instalaciones de primera en cada uno de nuestros municipios. Ojalá que esta
reforma beneficie a México, beneficie a todos los estados, y tengamos nosotros la oportunidad de ver siempre una mejora de vida en todos nuestros semejantes.
Estas son las razones que nos brindan a los costeños el beneplácito al conocer las proposiciones y el entusiasmo para motivar a esta Soberanía la aprobación de la Iniciativa de reformas. Gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo 52 se encuentra suficientemente discutido.
El secretario Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se pregunta a la asamblea si el artículo 52 se encuentra suficientemente discutido.
Los compañeros diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los compañeros diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo particular de este artículo y los anteriormente discutidos y reservados en un solo acto.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal...
El Presidente: - ¿Con qué objeto diputado Calderón?
El diputado Jorge Calderón Salazar (desde su curul): - Hay una propuesta que verbalmente presentó el diputado Julio Cesar García del Partido de la Revolución Democrática y que se presentó por escrito, adicionando algunas palabras específicas al artículo 52 para dar atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en materia del dictamen previo al otorgamiento de la concesión; solicitará que se realizara la votación correspondiente. Respetuosamente señor Presidente.
El Presidente: - Como esa propuesta llegó a la mesa en el proceso de votación, le rogamos a la Secretaría ponerla a consideración de la asamblea.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - "Cuando se cuente con concesión, permiso o autorización, de autoridad competente para el aprovechamiento de explotación y realización de actividades reguladas por estas leyes, incluidas las relacionadas con marinas, instalaciones marítimo - portuarias, pesqueras o avícolas y se requiera de aprovechamiento de la zona federal marítimo - terrestre, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, podrá otorgar previo estudio y dictamen y en un plazo no mayor de 45 días, la concesión respectiva. Firman el diputado Jorge Calderón y Julio Cesar García".
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si es de aprobarse o no la modificación propuesta por los ciudadanos diputados Calderón y Cesar García.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Se consulta a la asamblea si la propuesta por el compañero Calderón es de aceptarse.
Los que estén porque se acepte...
Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...
Desechada señor Presidente.
El Presidente: - Habiéndose consultado a la asamblea si consideraba suficientemente discutido el artículo proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo particular de este artículo y los anteriormente discutidos y reservados en un solo acto.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en un solo acto de todos los artículos reservados que aquí se ha dado conocimiento.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación)
Se emitieron 325 en pro y 25 en contra, señor Presidente.
El Presidente: - Aprobados los artículos por 325 votos. (Aplausos.)
Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Bienes Nacionales.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
* LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley sobre la Celebración de Tratado.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y ha sido ya distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
Es de segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia está a discusión en lo general. Está propuesta el diputado José Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional para fundamentar el dictamen. Se le concede la palabra.
El diputado José Miguel González Avelar: - Señor presidente compañeras y compañeros diputados:
Tengo el honroso y grato encargo, de la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestra Cámara, de presentar a ustedes el dictamen por virtud del cual la Comisión propone a esta asamblea la aprobación de la Ley sobre Celebración de Tratados que oportunamente nos fue turnada por la Colegisladora, el Senado de la República.
Los antecedentes de esta iniciativa son los siguientes: El día 6 de diciembre la Cámara de Senadores dio cuenta con una iniciativa que el ciudadano Presidente de la República envió a esa Cámara para la aprobación y discusión, debate de una Ley de Tratados. Con este nombre ingresó a la Cámara de Senadores.
En la sesión de ese mismo día 6 la Cámara de Senadores la turnó a la Comisión correspondiente, con objeto de que hiciera el estudio la fundamentación y el análisis del caso.
*Este dictamen fue publicado en el Diario No. 23 del día 19 de diciembre de 1991. En los días posteriores y habida cuenta de que se ha celebrado un Convenio General, durante el curso de este período de sesiones con el Senado de la República, para realizar lo que llama nuestra Ley Orgánica, conferencia con la Colegisladora.
Se celebraron efectivamente reuniones tendientes a uniformar los criterios de una y otra cámaras en relación con esta iniciativa presidencial.
El día 12 de este mes se tuvo una reunión con algunos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la colegisladora y con miembros también de la Cámara de Diputados.
Se tuvieron también cambios de impresiones con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para ahondar, para ampliar los términos de la propuesta y para desahogar algunas consultas, dudas o ampliación de información que algunos miembros de las comisiones tenían pendientes en relación con el proyecto en discusión.
Aprobada que fue por la colegisladora, la iniciativa llegó a nuestra Cámara, la cual le dio turno a la Comisión de Relaciones Exteriores y esta Cámara, a través de esa comisión, realizó también una compulsa, un cambio de impresiones, por supuesto con los diputados de la comisión, pero también con algunos otros pertenecientes también a diversas fracciones parlamentarias que se acercaron a la comisión para expresar sus puntos de vista.
Ahora, día 21, presenta la comisión en segunda lectura y discusión esta ley. ¿En qué consiste en términos generales el ordenamiento que traemos a
consideración a la asamblea? Podríamos decir, sintéticamente, que se trata de una ley nueva; nueva porque no obstante la antigüedad de la facultad que las diversas constituciones de México han conferido al titular del Poder Ejecutivo para celebrar tratados, acuerdos, convenciones diplomáticas con naciones extranjeras, habíamos carecido y de hecho carecemos hasta el día de hoy, de una disposición legal que regule y oriente la celebración de dichas convenciones diplomáticas o tratados y que, al mismo tiempo, aluda al papel que en la materia cumple ahora de acuerdo con la Constitución que nos rige el Senado de la República.
La ley corresponde también, a juicio de la comisión, a una necesidad ampliamente sentida en
diversos ambientes y también los propios órganos administrativos, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, que intervienen en la preparación de los tratados y en general de los documentos diplomáticos, por los que nuestro país se obliga o adquiere compromisos con otros países.
En consecuencia la ley viene a poner, así lo pensamos sinceramente, orden, concierto en una práctica que se quiere reencauzar, por virtud de la cual de una manera un tanto indiscriminada, amplia, de otro modo también muy explicable, en virtud de la multiplicación de los contactos internacionales que se dan entre diversos sectores de nuestro país y el extranjero, entre diversas dependencias en relación con sus propias facultades y el extranjero en relación con las prácticas que algunos estados o ciudades, ayuntamientos, municipios de la República, tienen también, incluso en el campo internacional, con las limitaciones, claro, que la propia Constitución le señala en el artículo 117 y que no hacen sino expresar la riqueza de la relación internacional, que no ha hecho, sino crecer en los últimos años y que en lo pronosticable, no hará sino multiplicarse también en el futuro. Por lo tanto, la ley de la que nos ocupamos viene a poner ese marco de referencia esencial, básico, para que estas relaciones con el extranjero de los diversos niveles de gobierno, se conduzcan de una mejor manera.
El proyecto distingue entre dos tipos de documentos: Por una parte los tratados, aquellos documentos celebrados entre los Estados Unidos Mexicanos y otro Estado o un sujeto de derecho internacional y aquellos otros documentos o instrumentos, que son celebrados por entidades de la Administración Pública o de los gobiernos de los Estados y aun de los municipios en relación con atribuciones propias que tienen concedidas sea por la Constitución, más bien en lo general por la legislación secundaria y que como digo, tienen una creciente importancia en el campo de las relaciones internacionales.
Se distingue pues entre esos dos instrumentos, el tratado por una parte y este otro instrumento al que se llama en la ley, acuerdos interinstitucionales. Tanto unos como otros se definen en función de lo que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que fue ratificada por México en 1974, y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre los Estados y los organismos internacionales, fue también ratificada por México, ahora en 1988.
Por lo tanto, al hacer esta remisión, donde podemos efectivamente en estos dos instrumentos encontrar las dos figuras de las que ahora se ocupa la ley, podemos distinguir ya para el derecho interno, la figura del acuerdo internacional, que como he dicho anteriormente, corresponde a una práctica de la realidad administrativa y de las relaciones de nuestro país, con un sinnúmero de países en asuntos de muy diversa naturaleza.
La ley pues, como se invoca en el dictamen y como se invocó en su momento en el dictamen de la Colegisladora, de la Cámara de Senadores y en la del propio Presidente de la República, está fundada en diversos artículos de la Constitución.
Desde luego el derecho de iniciativa que le da al presidente la fracción I del 61, está fundada también en la fracción I del artículo 76 que confiere al Senado la facultad de conocer de estos instrumentos internacionales y está fundada también en la fracción XXX del artículo 73 que le confiere al Congreso General la facultad de proveer con todas aquellas otras disposiciones de carácter general; es decir, con leyes que permitan o que hagan posible el ejercicio de las demás facultades concedidas a los propios órganos de la Federación y siendo, tanto para el Ejecutivo como para el Senado, una autorización, una atribución ésta de los Tratados que le confiere respectivamente la fracción X del 89 y la fracción I del 76, con esta ley se tiende a regular, se procede a regular el ejercicio de esas dos facultades, por lo que se refiere naturalmente al campo restringido al que la propia iniciativa de ley se refiere.
Hay en este proyecto que estamos presentando a la asamblea, un cierto número de definiciones. La comisión ha sido consciente, lo somos desde luego, que en materia de definiciones, siempre puede controvertirse o exponerse un criterio diferente sobre la naturaleza de lo definido. Sin embargo, también es cierto, que el proyecto aclara perfectamente que para los efectos de esta ley, se entienden de ésta y de ésta otra manera, los diversos términos convencionales en el derecho internacional, de tal manera que no es una obra diríamos, académica, de ninguna manera, ni es una definición con validez absolutamente universal; es simplemente una definición que permite la operación de la ley, es una definición hacia dentro de la ley y con el propósito de poner en movimiento, en su momento y en sus casos, los diversos mecanismos de la ley.
Una cosa de interés, me parece, para nuestra Cámara, es que en la exposición de motivos, o en el dictamen, mejor dicho que la Comisión
de Relaciones Exteriores de aquella Cámara elaboró, aprobando la iniciativa, expedita o específica que la discusión y el dictamen mismo que aprobará en su caso un tratado a partir de la vigencia de la ley que ahora proponemos, será acompañado en los razonamientos con los cuales el Senado adoptó o no adoptó el tratado en cuestión; con objeto de que se surta algo que está implícito en la facultad del Senado, y es este consejo o esta corresponsabilidad en la conducción de la política exterior mexicana, que en este caso se derivaría del debate, de la discusión, de los argumentos que dieron lugar o que motivaron el dictamen aprobatorio de referencia.
Creo que esto es de interés y conviene subrayarlo ahora que presentamos aquí el Proyecto para la consideración de todos nosotros.
El artículo 89 en su fracción 10, como sabemos muy bien, concede al Titular del Ejecutivo, al Presidente de la República, la facultad de celebrar estos instrumentos de vinculación internacional, con base en los principios de la política exterior mexicana que fueron incluidos en la Constitución, de acuerdo con las reformas que se introdujeron en el año de 1987.
Pero no había como he dicho ya en más de una ocasión un instrumento legal que se refiriera o que regulara el ejercicio de esta facultad en los términos en que lo hace la ley que estamos ahora comentando y que en efecto toma posición, toma medidas en esa materia el proyecto, y lo resuelve de una cierta manera que es como esta en la iniciativa.
Una distinción que es muy importante a nuestro juicio, es que el concepto de tratado, en la ley que comentamos, se configura o se establece en función de dos criterios. Uno de ellos es que se trata de un documento celebrado con un estado extranjero o un sujeto de derecho internacional, por los cuales los Estados Unidos Mexicanos adquieren compromisos.
Y segundo, es decir, vuelvo un poco sobre este punto, la nación entera se compromete con este tipo de documentos, por una parte y de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución, forman o integran lo que llama el 133 Ley Suprema de toda la Unión. Este es el caso exclusivamente de los tratados.
Y segunda característica, que son de necesario conocimiento y aprobación por parte del Senado de la República. En cambio tratándose de los acuerdos interinstitucionales o institucionales, éstos se refieren al desarrollo o a la vinculación entre entidades de México y otro país, pero siempre con base o en relación con facultades que ya tienen concedidas estas instancias de la Administración Pública con base en una ley preexistente que les da esa facultad y que por virtud del acuerdo interinstitucional, se relaciona con otra análoga - homóloga, para establecer ciertos efectos recíprocamente en función, repito, exclusivamente de facultades limitadas y concedidas ya por una ley anterior.
La ley se ocupa, un poco más adelante, a partir del artículo 8o. y hasta el artículo 11, con lo cual se termina la ley, que es por cierto breve, de los requisitos y del que deben tener los instrumentos y mecanismos que eventualmente puedan adoptarse para la solución de controversias legales entre particulares, entre entidades de la Administración Pública Y así por ejemplo en el artículo 9o., el proyecto de ley establece que no se reconocerá validez a aquellas resoluciones de los mecanismos, de arreglo, de disputa sobre conflictos de carácter internacional, cuando esté de por medio, dice el artículo 9o., la seguridad del estado, el orden público o cualquier otro interés de la nación, con el objeto de que bien se entienda que estos mecanismos a los que la ley se refiere, son para regir primordial o exclusivamente a las relaciones entre particulares. Hay, en efecto, un movimiento creciente que tiene qué ver con el arbitraje, con cuestiones mercantiles que se remiten cada vez más a instancias de carácter internacional; hay varios documentos ya suscritos por México, como la Convención Sobre el Reconocimiento y Ejecución de sentencias arbitrales, firmado en New York desde 1858, del cual México es parte o la Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacional, firmada en Panamá en 1975, México forma también parte de ella.
Entonces, los artículos 8o; 9o; 10 y 11, se refieren a estas materias y las circunscriben exclusivamente al ámbito privado, al ámbito de los intereses mercantiles.
El artículo 10 y dado que se trata de materia de arbitraje, dice que cuando éste tenga un carácter público internacional, pues claro, corresponderá al Presidente de la República, la designación de los árbitros correspondientes cuando éste sea el caso.
Por último, el artículo 11, dice que la sentencia, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales, derivados de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias, tales como los derivados de estas
convenciones a las que me he referido hace un momento, tendrán pues validez dentro de la República y se manejarán de conformidad con el Código Federal de Procedimientos civiles.
En resumen, tenemos ante nosotros una ley, claro, por una parte breve. Por otra parte, es la opinión de la comisión, útil; una ley que viene a llenar un vacío, un largo vacío que la República ha tenido en éste punto desde la primera Constitución de México, que para mí es la de Apatzingán de 1814 y que no se habrá cubierto hasta ahora; que viene también a cubrir una vieja, antigua aspiración de todos quienes se han ocupado de los asuntos internacionales del país y que habían extrañado el que no hubiera algunas reglas que normaran, que decidieran sobre la manera y las características para hacer éste tipo de documentos internacionales.
Yo creo que ahora los principios de la política internacional de México, contarán con un instrumento legal aplicativo, con un instrumento, digamos adjetivo, pero importante, yo diría muy importante, incluso, para normar estas cuestiones durante tanto tiempo ausentes de nuestra legislación.
Y por otras razones y porque hemos tenido en el seno de la comisión y con otros compañeros diputados, puntos, intercambios de puntos de vista, creo yo que el dictamen que se presenta por cuenta de la comisión, tiene la consistencia, la llanesa y los fundamentos necesarios como para que me permita en nombre de la comisión que preside el diputado José Antonio González Fernández, exhortarlos a su aprobación. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Abierto el registro de oradores, se han registrado los siguientes diputados: Ricardo Valero, del Partido de la Revolución Democrática; Blanca Esponda del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Manuel Terrazas, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Luis Dantón Rodríguez del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado, Ricardo Valero Recio.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Estamos convencidos de que la iniciativa, el tema que ahora nos ocupa, de haberse dispuesto con un poco de mayor tiempo de trabajo, hubiera podido alcanzar una aceptación generalizada y haberse suscrito en todos sus términos por las distintas y la totalidad de las fracciones parlamentarias.
Son tales las bondades y tales también las ventajas, las aportaciones que esta iniciativa tiene, que seguramente solo se requirió de un último esfuerzo. Aquí fue reseñado hace un momento el que se hizo y no solamente en nuestro propio ámbito, quizá, para haber alcanzado acuerdos definitivos en algunos temas que contiene esta iniciativa y que, sin embargo, no vienen contemplados, suficientemente esclarecidos y resueltos en la propia iniciativa. Es, en todo caso, esa, nuestra opinión que se fundamenta en varias consideraciones que son precisamente las que quisiéramos presentar a su atención.
No es, por cierto, como se dijo hace un momento y sin reducir de ninguna manera la importancia que esta iniciativa tiene, que se trate de la primera vez que se intenta introducir principios y criterios de orden en materias amplias y complejas, como son éstas. Tiene en cambio, la iniciativa, la característica de elevarla y de darle un rango, de imprimirle un rango de otra naturaleza mayor; no hace mucho criterios similares a estos fueron introducidos, por ejemplo, en la Ley Orgánica de la Administración Pública, de que la Secretaría de Relaciones Exteriores pudiera cumplir de manera más completa, más amplia, las funciones que le corresponden. Precisamente parte a las que se refiere esta iniciativa.
Es una iniciativa, lo decíamos oportuna, útil, hace una aportación destacada, pero quizá así lo creemos, es de cualquier manera insuficiente para el tema de que se ocupa y al que se orienta.
Resuelve, probablemente en todos sus términos, todo aquello que en la materia interesa y compete directamente al Poder Ejecutivo de la Unión, pero no es el caso idéntico, el mismo, en lo que se refiere a las facultades del Congreso de la Unión y de sus Cámaras, de ambas, en lo particular.
¿Qué resuelve? Hace un momento, en esto la propia iniciativa, hace una primera distinción, diferenciación entre lo que se entiende por un tratado y un acuerdo interinstitucional, para el tratado, para los tratados y los acuerdos se establece un mecanismo de, solución de controversias.
En lo que hace a los tratados, el contenido que la iniciativa es muy preciso, no requiere mayor
explicación, se trata simplemente de desarrollar, de registrar mas bien lo que el artículo 76, por lo menos en alguna de sus partes contiene, relativa a la aprobación por parte del Senado de la República de los Tratados de que México es parte o a los cuales se adhiere y en los que participa.
Los problemas se derivan más bien, y es la parte más importante de la interpretación, del alcance, del sentido que tienen, los aquí llamados Acuerdos Interinstitucionales. Ese es el problema que se intenta resolver y en el que se avanza en el proyecto, pero deja una serie de cuestiones todavía pendientes, todavía sin una solución en nuestra opinión, satisfactoria.
Quizá, este problema se deriva en un primer momento de la propia exposición de motivos. Ni en la exposición de motivos que el Ejecutivo envió a la Cámara de Senadores en un primer momento que esta de Diputados conoció después, se subrayan las características de estos llamados aquí Acuerdos Interinstitucionales que en otros países se asocian, se conocen como Acuerdos Ejecutivos y que han dado lugar, por cierto, a controversias, a problemas y a dificultades como los que aquí también tenemos nosotros.
Porque estos Acuerdos Interinstitucionales, que son de muy distinto tipo, que han proliferado, que se han extendido, que son consecuencia de la diversificación de la creciente complejidad así se reconoce en la iniciativa de la vida internacional de hoy en día, también tienen una serie de características que no se pueden pasar por alto y eso es lo que las singulariza.
Más aún, pueden y han llegado a tener tanto o mayor valor, mejor contenido y establecer tantos también o mayores compromisos que los propios Tratados Internacionales.
En la iniciativa se pone el acento en cuanto a los motivos que se tuvo para esta propuesta. Uno, en los cambios, que todos aceptamos. Ahí están. Los conocemos en la vida o en el orden internacional contemporáneo. De nuevo, lo lamentamos, no es una cuestión central, registramos ese orden internacional de manera un tanto acrítica, cuando que es fundamental siempre y eso es lo decisivo, saber qué lugar ocupa cada país, por ejemplo cuando hablamos de interdependencias de interacciones globales regionales etcétera.
Y una segunda cuestión que también se menciona, es la relacionada con la política exterior de México.
A partir de estos dos elementos y ejes, se desarrollan posteriormente el contenido de la iniciativa. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es, ni más ni menos, el análisis del contenido del alcance del sentido de los más importantes de los principales Acuerdos Interinstitucionales.
¿Cuáles son Acuerdos Interinstitucionales? En la iniciativa, por lo demás, se hace referencia a materias que si no son, por cierto secundarias, menos aun inocuas, tampoco son las más importantes.
A manera de ejemplo. Un Acuerdo Interinstitucional que tenemos a la vista, sería uno celebrado no hace demasiado tiempo por la Procuraduría General de la República, con su equivalente del gobierno norteamericano, con la agencia correspondiente en materia de persecución, de combate al narcotráfico, con la Agencia Federal Contra el Narcotráfico, (DEA, por sus siglas en inglés) y por medio del cual se establecieron compromisos firmados, suscritos por esas dependencias, pero que tienen un alcance sumamente amplio, por ejemplo, la autorización para sobrevolar el territorio nacional, y esto lo establece la Procuraduría General de la República.
En materia económica, las cartas de intención que suscriben los secretarios de Hacienda y Crédito Público con organismos internacionales, los financieros o de otro género, y que no se refieren nada más a un tema o a una materia específica. Las finanzas, sino que afectan y comprometen el conjunto del desarrollo nacional, porque ahí, precisamente, se crea una serie de disposiciones de ese carácter y en esa dirección, son acuerdos de esa naturaleza.
El secretario del Trabajo de México negó, durante mucho tiempo, que estuviera en curso y en proceso de elaboración y de celebración, un tratado en materia laboral con el gobierno norteamericano; no fue, lo recordamos bien, sino en la coyuntura muy específica de la aceptación por la vía rápida, de la continuación de las negociaciones para el tratado, para el próximo tratado, cuando se dieron a conocer. El secretario del Trabajo, la Secretaría del Trabajo de México con el Ministerio del Trabajo del gobierno de los Estados Unidos, establece un compromiso que es, en buena medida, un adelanto del Trato de Libre Comercio o en todo caso se hace ahí un planteamiento para facilitar la suscripción de algo más amplio, como el propio tratado.
¿Qué carácter va a tener?, Preguntémoslo, el propio Tratado de Libre Comercio será un
acuerdo indivisional, será desprendido en sus partes, hay muchos acuerdos de esta naturaleza y estos acuerdos, ése es el problema de fondo, el que queremos subrayar, tienen no solamente un equivalente, sino un peso mayor en la vida internacional contemporánea al de los propios tratados.
Los Estados de la República, los gobiernos de los Estados de la República, y aún los municipios, establecen compromisos internacionales que los rebasan constantemente en sus capacidades y que comprometen no solo elementos, recursos, criterios, decisiones, que a ellos competen, sino que van mucho más allá.
Entonces, un aspecto y subrayamos por supuesto nuestra coincidencia, así lo dijimos en la Comisión, que es muy importante, es la regulación por parte de una institución, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, de buena parte de estos acuerdos institucionales; el que haya un registro, el que la Secretaría de Relaciones Exteriores puedan extender un dictamen que en el proyecto, por cierto, que examinamos, se dice que ese dictamen será equivalente a la aprobación, yo creo que se debería de precisar un poco más, diciendo que un dictamen puede ser positivo o puede ser negativo; si es favorable, bueno, pues será la aprobación, si es desfavorable, en otra dirección, no el dictamen en sí mismo, pero esa es una buena aportación que hace la Comisión de Relaciones Exteriores.
Entonces, es claro lo que compete al Poder Ejecutivo Federal, pero ¿Y al Poder Legislativo?, se que es un tema de gran interés y en el que hemos estado insistiendo una y otra vez, a propósito de facultades y a propósito de obligaciones, que el Poder Legislativo tiene.
La primera cuestión es de carácter jurídico; el artículo 76 de la Constitución que se menciona por razón natural una y otra vez en la iniciativa, señala la facultad del Senado de la República para aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo de la Unión pero no nada más los tratados internacionales, el artículo habla de convenciones internacionales, el artículo habla de convenciones diplomáticas también, distintas de los tratados y ¿Qué son estas convenciones diplomáticas? Nosotros sugeríamos que en la Comisión de Relaciones Exteriores hiciéramos algún avance así como hay, otras definiciones, pero que precisáramos una cuestión de este orden, de la naturaleza y de la importancia que tiene, porque estas convenciones diplomáticas en otros países y en otros ámbitos son precisamente o por lo menos en buena parte lo que nosotros con este proyecto, se está planteando como acuerdos interinstitucionales ni más ni menos que eso.
Se dice que no pueden ser diplomáticos porque se trata de agencias gubernamentales especializadas, no, la diplomacia no se refiere a eso, la diplomacia se refiere a las relaciones entre los estados y no excluye la posibilidad de que una Secretaría de Estado establezca una relación también determinada con su homóloga y con un organismo internacional. Entonces la diferencia no está en el carácter diplomático que no es una facultad exclusiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del Servicio Exterior Mexicano, sino que se refiere más bien a las relaciones, entre los países y, los acuerdos interinstitucionales forman parte de esas relaciones entre los países o con los organismos internacionales. Pero aceptando que no está diplomáticas sean algo distinto, hay otras cuestiones que interesan por supuesto a la Cámara de Diputados y en general al Poder Legislativo.
Mencione tres pero creo que son bastante representativos de acuerdos interinstitucionales recientes, porque en la iniciativa hablamos por ejemplo de acuerdos entre la Secretaría de Salubridad de México con la Organización Mundial de la Salud, pues esto no tiene mayor problema pero en cambio cualquiera de estos, los de la persecución, los del combate al narcotráfico, los que afectan el conjunto del desarrollo económico del país, ésos inciden no indirectamente, sino directamente sobre la orientación de la política exterior de México y si esto es así, creo que lo podríamos perfectamente fundamentar, entonces ya estamos también tratando cuestiones de un horizonte que interesa de manera particular, pero que son extraordinariamente importantes. Y estamos hablando entonces de política exterior, reconocemos por supuesto que la facultad de conducirla en los términos de la Constitución, es del Poder Ejecutivo, pero también el Poder Legislativo tiene facultades para empezar la de examinarlas de manera permanente, cosa que hace el Senado de la República, pero también alguna tiene la Cámara de Diputados.
Para empezar, esas facultades generales que corresponden al Congreso de la Unión, que están planteadas en el artículo 133 Constitucional, relativo a que aquellas leyes y aquellos convenios, aquellos acuerdos internacionales suscritos por el gobierno mexicano tendrán valor de Ley Suprema, es algo que interesa por supuesto también a la Cámara de Diputados, interesa y de manera particular, pero ante otro tipo de acuerdos de negociaciones internacionales, las que se están
haciendo en la época contemporánea como el Tratado de Libre Comercio por ejemplo que no se dirige exclusivamente a un punto económico, aunque ya haya quedado muy claro que se ha preparado el terreno, la situación para facilitar después su suscripción, pero que abarca muchas instituciones: En lo laboral, en el campo, etcétera bueno y si afecta de manera tan amplia la vida institucional del país, no tendrá la Cámara de Diputados, ya no digamos facultades sino obligaciones para emitir al menos un punto de vista? y la ley, la iniciativa que hoy examinamos, no aporta absolutamente nada en esta dirección.
Hay algunas cuestiones que creo que son menores también, las manifestaciones relacionadas con los conceptos. En la página seis, por ejemplo, en el último de los párrafos, se dice que los acuerdos institucionales no requieren aprobación del Senado porque el ámbito material de sus acuerdos, el ámbito material que cubre se circunscribe a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles mencionados que los suscriben.
Esto que se da como una razón, en realidad, debería de ser lo que se explicara; es decir, no requieren esa aprobación, por no tener este carácter, no requieren porque el alcance, es decir, lo que aquí simplemente se expone como razón debería ser lo que se desarrollará, lo que se explicara para fundamentar, para ilustrar el que no requieren esa intervención o esa participación del Senado de la República.
Dice que estos acuerdos, los mismo acuerdos institucionales, no afectan al país o a los estados Unidos Mexicanos como nación independiente. Bueno, son temas sumamente discutibles. Hemos mencionado alguno de ellos, por lo menos debemos de examinarlo más detenidamente. Que en unos casos abarcan a un gran número de eventos y en los otros son especializados, pues es posible en unos y en otros no, pero no son factores ni son razones, ni son argumentos definitivos, concluyentes.
Se dice, por otro lado, en la página 8, que esto está perfectamente definido en la Convención de Viena a que México se ha adherido sobre el derecho de los tratados. Entonces debería de explicarse qué se dice en la Convención de Viena precisamente, en relación con los tratados y si en la Convención de Viena se establece una diferencia entre uno y otro tratado que aquí simplemente se señala, sin mayor explicación, como la prueba definitiva, para hacer la distinción entre una cuestión y otra.
Es decir, lo que debería explicarse, está apenas mencionado y se da como causa, como argumento contundente y como argumento definitivo. Yo estoy de acuerdo en que también, por razones prácticas, se utilice una terminología que para los propósitos de la ley se aplique y no necesariamente sea una terminología de aceptación y de validez universal.
Sin embargo, creo ya esto es el cuerpo mismo de la ley, hay conceptos que deben precisarse para no introducir más elementos de confusión. Por ejemplo, se hace una asimilación, una identificación de lo que es la ratificación, con la adhesión o aceptación.
De lo que tenemos que cobrar plena conciencia, es que ni en la Convención sobre del Derecho de los Tratados está establecido esto y, más aún, se utilizan estos conceptos de manera diferente. La ratificación es lo que debe ser muy claro, ¿A quién le compete? ¿A quién compete la propia ratificación? Pero identificarla por adhesión, por adhesión se entiende internacionalmente, es de dominio común el acto por el cual un estado que no lo ha hecho en sus orígenes, en sus inicios, se incorpora, se adhiere, pero es un acto muy distinto de lo que es la ratificación.
Hay una definición, en una cláusula de organización internacional y se dice que es una persona jurídica creada de conformidad con el derecho internacional público. Eso es no solamente insuficiente sin o tampoco es inexacto, pero por supuesto no nos ayuda en la determinación de lo que estamos tratando de precisar; es decir, no se trata de reproducir, en eso estamos de acuerdo, lo fue discutido en la Comisión, un Tratado de Organización Internacional, pero al menos dar los elementos indispensables, porque personas jurídicas creadas por el derecho internacional público pueden ser muchas y no necesariamente organizaciones internacionales, al menos una referencia a que se trata de relaciones entre estados, de relaciones intergubernamentales. Eso sí es lo que da una connotación, una característica a las organizaciones internacionales.
Son éstas, fundamentalmente, las preocupaciones, no las últimas, las últimas son de forma, son en relación con cuestiones que deben mejorarse. Dijimos desde un principio que estamos de acuerdo y subrayamos, como lo hicimos en la Comisión, las ventajas, las bondades de introducir un orden de esa naturaleza. Decimos y lo subrayamos que resuelve aquellos temas,
Secretaría de Relaciones Exteriores y siendo un avance, no puede ni debe significar que también lo sea para lo que es nuestra materia y lo que son nuestras competencias como Poder Legislativo, como Cámara de Diputados.
En esa virtud compañeras y compañeros diputados, después de haber participado y reconociendo que algunas de las sugerencias que hicimos en la Comisión fueron aceptadas por nuestros compañeros, que nosotros mismos aceptamos otras propuestas y que hay aportaciones de la Cámara de Diputados para la integración de la iniciativa que no deben dejar de mencionarse al mismo, reconociendo fundamentalmente que resuelve una parte importante de problemas sobre todo de coordinación, pero que al mismo tiempo deja pendientes otros, y ya se nos dijo: Presenten posteriormente, el próximo año por ejemplo, una iniciativa de reformas.
Creemos que era el momento precisamente de hacer un planteamiento integral sobretodo lo que significa la suscripción y la entrada en vigor con su aplicación de esta iniciativa, que gana mucho por cierto con la aportación del Senado, porque es una iniciativa relacionada con la ratificación de los tratados internacionales de los que México forma parte.
En estas condiciones y habiéndolo examinado muy detenida y minuciosamente en el interior de nuestra fracción parlamentaria, queremos también anunciar con ello nuestra posición en el momento de la votación, será de abstenernos, que significa al mismo tiempo de reconocimiento de sus ventajas, de los avances que contiene, pero también de las claras limitaciones que nosotros no podríamos sino expresar y queremos compartir con una buena parte, si no con la totalidad, de todos ustedes. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Señor Presidente, es evidente que no hay quórum, que se suspenda la sesión o que se termine, porque un tema de esta trascendencia y sin quórum no puede ser, es una terrible falta de respeto al pueblo mexicano.
El Presidente: - Como ha sido una práctica aceptada, se concede la palabra a la diputada Esponda. (Aplausos.)
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Con su permiso, señor presidente honorable asamblea:
Después del reconocimiento que ha hecho aquí el señor diputado Valero de las aportaciones que esta iniciativa hace para fortalecer el trabajo de coordinación de la propia cancillería, en verdad supuse, imaginé que ese partido también se sumaría al voto de apoyo a favor de esta iniciativa.
Nosotros pensamos que el trabajo realizado en comisiones, coincidentemente con lo expresado aquí por nuestro respetable compañero diputado Valero, en efecto contribuyó a clarificar la iniciativa enviada originalmente por el Poder Ejecutivo, de hecho fueron siete las encomiendas que los señores diputados pudimos introducir a la iniciativa originaria. Pero como toda ley pues siempre es perfectible. Es frecuente en nuestro Congreso que apenas nace una ley y ya tenemos todas las iniciativas de reforma para el período siguiente, eso es saludable porque denota que existe un enorme interés entre los legisladores porque las leyes abarquen el mayor número de materias, comprendan a mayor cabalidad los procesos que están regulando. Pero sin lugar a dudas estamos en esta ocasión en el inicio de un proceso, de un proceso reglamentario, de una facultad que constitucionalmente está claramente definida.
Y quisiera yo decir que, al tiempo que damos la bienvenida a esta ley, en realidad advertimos que actualiza y moderniza la legislación interna, que permite a la cancillería estar más atenta, pendiente y cuidando con mayor celo la aplicación de la política exterior y vigilando la eficacia con que se instrumenten los principios de política exterior contenidos en nuestra Constitución general de la República.
Nos parece que nadie duda que estamos transitando hacia la configuración de un nuevo orden mundial, en donde prácticamente no habrá actividad o decisión nacional que prescindir de las relaciones con otros países.
La globalización y la interdependencia están propiciando el avance de las normas de derecho internacional, que va a permitir dar cauce a procesos que son muy complejos e incluso muy inciertos.
La actividad internacional de México no es una cuestión coyuntural, ni tiene como agente exclusivo al gobierno. Hoy en día, ante la variada y rica interrelación con el mundo, nuestro país poco a poco va abandonando viejos temores respecto de lo externo; se comunican con una gran naturalidad, ya en lo externo, los nacionales, los grupos, las organizaciones, los ciudadanos, las empresas y toda clase de entidades y por eso es que esta ley busca regular toda aquella
nos, las empresas y toda clase de entidades y por eso es que esta ley busca regular toda aquella actividad internacional que despliegue en toda esta viva gama de posibilidades de intercambio internacional, diversos tipos de organismos de carácter paraestatal o incluso a nivel de los estados de la República o los municipios en pleno apego a sus facultades constitucionales.
Creemos también que hoy en día ya la política exterior no la hace la diplomacia de cancillería exclusivamente; hay una diplomacia de estado, hay una diplomacia parlamentaria , hay una diplomacia empresarial y ¿Por qué no decirlo? cada mexicano es el mejor embajador de su país: Lo que haga o deje de hacer en el exterior, es reputado o imputado a los propios mexicanos en su conjunto.
Nosotros pensamos también que en los últimos tres años nuestro gobierno ha ampliado sus relaciones internacionales, ya suscrito un número importante de convenios de cooperación en las más diversas materias, abarcando prácticamente una relación de cinco continentes. Esta situación está modificando las condiciones en las cuales llevamos a cabo diversos intercambios internacionales y en las que discurren las actividades de personas físicas y morales, privadas, con el exterior.
De ahí que resulte razonable dar precisión y definir contenidos para cada una de las acciones que en ese sentido desarrolle el propio Gobierno de la República y un marco normativo que garantice la seguridad y la igualdad jurídica de los mexicanos respecto a los extranjeros aquí y en otros países
. Sentimos que es congruente el sentido de la iniciativa de ley del Tratado , ahora ley para la celebración de tratados por virtud de una modificación introducida por los propios señores diputados, con lo preceptuado por la Constitución. Se reglamente un conjunto de disposiciones de carácter general, con ello se definen garantías, competencias, facultades y atribuciones.
La política exterior gana en coherencia y en coordinación. Las instituciones y los ciudadanos obtienen elementos jurídicos para su actuación internacional y para la solución de controversias.
Vale la pena aquí también, detenernos un momento en el artículo 7o., que viene contenido en la propia ley. Se decía aquí que por qué la secretaría debería formular un dictamen que se intuye que podría ser aprobatorio en todos los casos. A mí me parece que el artículo es claro en su redacción. La última fracción del párrafo contenido en el artículo 7o., dice: La secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y en su caso, es decir en el caso aprobatorio, lo inscribirá en el registro respectivo. Si lo rechaza, es obvio que no quedará registrado, por lo tanto creo yo que esta duda queda despejada por la propia lectura del artículo 7o.
Ahora bien, se decía: Esta bien que se faculte a la Cancillería y al Poder Ejecutivo. Pero ¿Qué hay con las facultades de esta Cámara?, Yo les diría señores, que el Constituyente de 1917 quiso ser muy claro, estableció competencias y facultades, distintos ámbitos para el Senado y para la Cámara de Diputados e incluso tiene un capítulo específico para las facultades propias del Congreso de la Unión.
En materia de política exterior definió que debería ser el Senado de la República, la Cámara federalista por excelencia, la que representa la autonomía y la soberanía interior de los estados, la que sancionara la política exterior. Pero en el orden interno, concede a la Cámara de Diputados facultad exclusiva en materia presupuestal, por considerarlo de mayor interés para el pueblo de México. Por el otro lado, le otorga sus facultades expresas al Congreso de la Unión. Quizá hay una razonable preocupación porque también el Congreso de la Unión deba conocer de otros asuntos y cuestiones que son de interés nacional. Pero el propio texto de la iniciativa lo resuelve, porque al especificar cuáles son los convenidos, los tratados de carácter internacional, cuál es su naturaleza jurídica y en esto se atiene a lo ya definido por la propia Convención de Viena, las dos convenciones de Viena, la de Tratados y la que se refiere a los organismos internacionales, de las cuales somos nosotros miembros, parte, porque los hemos ratificado. Entonces nos adherimos estrictamente al mismo sentido del Tratado que viene contenido en la Convención de Viena. Es decir, aquí estamos tomando la expresión Tratado en un sentido lato; en un sentido amplio; no en un sentido particular o específico, porque sabemos que hoy en día los tratados se llaman de muchas maneras: Se llaman acuerdos, se llaman tratados, se pueden denominar convención diplomática, convención política, en fin, hay infinidad de denominaciones en el ámbito de la nomenclatura internacional pero lo importante es que hemos tomado nosotros la definición más amplia y estamos considerando que será tratado todo aquello que vincule al estado nacional, que lo comprometa jurídicamente, que sea fuente gene
Y en cambio, estamos diciendo que los acuerdos interinstitucionales serán solamente aquellos que vinculen en forma específica a la entidad que lo suscribe, con aquel otro entre internacional que también es fuente de derecho público.
Al hacer esta distinción y categorización de hecho estamos dando dos naturalezas sustancial y esencialmente distintas a los tratados y a los acuerdos interinstitucionales. Pero como decía aquí el señor diputado Valero, en aquellos casos en que incluso estemos en el supuesto de un acuerdo interinstitucional cuya naturaleza empiece a rebasar el ámbito de competencia estricta del organismo, de la entidad, entonces ya estaremos en otro supuesto, al entrar en el otro supuesto, necesariamente implicará que dicho tratado, porque ya dejará de ser acuerdo, pasará de manera automática para su ratificación y aprobación, por el Senado de la República.
Es así, pues, como la propia ley establece con toda distinción lo que es el tratado, los supuestos en los cuales nos encontraremos en un tratado, y lo que son los acuerdos interinstitucionales.
En todo caso, lo relevante de esta iniciativa y aquí se reconocía con una gran acierto, es que va a permitir una mejor regulación, un mejor control, un mejor orden y sobre todo un registro de todo aquello que se suscriba en el exterior, y ello la va a permitir a la propia Cancillería vigilar más escrupulosamente la política exterior, su congruencia y sobre todo el apego estricto a los principios contenidos en el propio artículo 89 fracción X.
Se cuestiona si la Cámara de Senadores debe ser en forma exclusiva quien vea, quien apruebe los tratados. Yo creo que éste es un viejo debate que hemos venido sosteniendo a lo largo de varios años en el Congreso de la Unión. Pero no por ello deja de ser un debate actual.
El constituyente de 1917, decía yo, fue claro; pero la vocación federalista de México, no es nueva ni se remonta exclusivamente al siglo anterior. La diversidad de culturas, poderes y regiones, incluso del período precolombino, originaron un sistema centrado en una institución equivalente a la senatorial
. Existe, pues, una larga raigambre de lo que es el sentido y el carácter del Senado y el federalismo tampoco lo podemos ver con superficialidad, no es solamente un dogma en el que se pueda creer o dejar de creer. Es una realidad que ha producido la historia, a partir de diversas luchas sociales.
En el caso de la representación camaral, es natural que exista diferencia entre las atribuciones de la Cámara de Diputados y del Senado. La una representa a toda la población organizada a través de los distintos distritos electorales; la otra, el Senado, representa a la nación y todo esto es lo que representa la federación. Son colegisladores y cumplen con la función de ser revisoras la una de la otra. Pero en la medida en la que una atiende a la igualdad entre los ciudadanos, la otra es garantía de igualdad entre los estados y de la autonomía y soberanía de la nación, frente a los estados extranjeros.
Los historiadores afirman que la historia moderna del país se inicia en julio de, 1867, con el derrumbe de un imperio impuesto, y concluye en mayo de 1911, con la caída de Porfirio Díaz. De 1867 a 1876, se le denomina: "La República Restaurada".
Desde entonces México no ha dejado de ser una República y una federación democrática.
Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, entendieron que si bien la República restaurada necesitaba de un Poder Ejecutivo fuerte, su acción podía esterilizar las deliberaciones de la única Cámara del Congreso creada por la Constitución de 1857, que era la de diputados.
La iniciativa que enviaron para crear el Senado, fue aprobada seis años después de su presentación y produjo la unidad que sólo la Federación podía obtener.
Ya en los inicios de la Independencia, el propio Miguel Hidalgo proclamaba el principio de la solidaridad de los pueblos latinoamericanos. Las doctrinas Carranza y Estrada, han enriquecido el caudal de los principios diplomáticos internacionales.
Lerdo de Tejada, además de ser un prominente liberal, fue ciertamente un orgulloso nacionalista, tanto en los asuntos internos como en los internacionales.
Todos los hombres que han postulado y enriquecido nuestra doctrina internacional, ciertamente han contribuido a su construcción histórica, de ahí que el Senado haya sido propuesto, además de sus cualidades legislativas, como la instancia pertinente para concretar los principios y compromisos de la política exterior.
La idea de dotar a cualquiera de las dos cámaras de atribuciones que no le corresponden o que no son acordes con su naturaleza ni con su
derivación histórica, no pueden sino reflejar la confusión del quehacer, el equilibrio y la confusión acerca de la complementación parlamentaria en un régimen democrático.
Nuestros constituyentes y el pueblo mexicano siempre han tenido un elevado interés por las cuestiones de política internacional; no es casual, como muy bien lo dijo aquí el diputado González Avelar, que desde la Constitución de Apatzingán se le dieron atribuciones al congreso para conocer de todas estas cuestiones en la materia. La Constitución de 1924 y la Constitución de 1957 también recogieron estas preocupaciones; sin embargo ahí es donde se produce precisamente la distribución de las facultades, para que a partir ya de 1917 sea el Senado el que se ocupe de unas cosas y sea la Cámara de Diputados la que atienda otras.
La Ley de Tratados beneficiará sin duda, también el ejercicio del control que ejerce el propio, Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Senadores y dará un respaldo a los connacionales que tienen compromisos y obligaciones con instituciones extranjeras. Es ciertamente conveniente y oportuna su presentación, en virtud de que cada día cobran mayor relevancia las relaciones de México con el mundo.
El perfeccionamiento del Congreso no parte de la asignación profusa de facultades, ni tampoco de una duplicación, a veces innecesaria de funciones, sólo se logra si se delimitan claramente sus facultades, sus funciones, sus responsabilidades internas, así como las que tiene frente a los demás poderes.
Ciertamente que nuestra política exterior ha sido el mejor valladar para la promoción y la defensa activa de los intereses de México en lo externo, lo que propicia que en lo interno generemos expectativas viables, de crecimiento y de desarrollo.
La ley que tenemos para la celebración de tratados, establece muy claramente que a partir de esta iniciativa, podrán seguramente en el futuro y lo viene conteniendo en la exposición de motivos, abundarse, precisarse más adelante, pero la propia exposición de motivos nos da amplias posibilidades de que a futuro incrementemos el grado y el ámbito de responsabilidad del propio Poder Ejecutivo, a fin de que celosamente pueda guardar los principios de política exterior que rigen nuestra conducta internacional.
En lo interno creo que con esta ley también, sin demérito de la fortaleza de estados y municipios de las entidades públicas paraestatales, que actúan e interactúan con el exterior y con sus homólogos, podrán seguir suscribiendo estos compromisos, pero ahora sometidos a un dictamen previo que la propia cancillería podrá emitir una vez que conozca de esta intención.
Sentimos, por el otro lado, que México cada día amplía su radio de acción y que en virtud de ello esta iniciativa llega en el mejor momento para actualizar la conducta y el quehacer cotidiano de la cancillería mexicana. Enhorabuena que los mexicanos nos demos leyes que favorezcan la claridad, que favorezcan una interpretación más transparente de los principios contenidos en nuestra Carta Magna.
Por todo ello, señores diputados, ojalá que al término de esta sesión podamos suscribirlo en sus términos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, para razonar su voto.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente:
Quisiéramos continuar la presentación de algunas reflexiones y observaciones, donde el Partido de la Revolución Democrática razona su voto en los términos en que ha sido expuesto por nuestro estimado compañero legislador del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Valero, quien como es sabido, además de su destacada carrera diplomática, tuvo una participación decisiva en negociaciones internacionales de la talla de lo que ha sido, entre otras, la negociación de Contadora y que es motivo de orgullo para nuestra fracción y lo decimos con absoluta franqueza, en esta alta tribuna de la nación el compartir reflexiones, preocupaciones y aspiraciones democráticas con distinguidas personalidades.
En lo relativo, particularmente al voto razonado, que ha expuesto, quisiéramos hacer algunas precisiones.
Un elemento es precisamente lo que se refiere a las convenciones diplomáticas como facultad para ser aprobada por el Senado de la República. Más allá de una discusión lingüística sobre el concepto de convenciones diplomáticas, lo que importa y esto ha sido parcialmente reconocido por la diputada Blanca Esponda, en la intervención que hizo previamente, debe ser asumida la creciente complejidad en las relaciones entre distintas dependencias gubernamentales,
la creciente complejidad de los acuerdos y negociaciones en los que participan distintas dependencias gubernamentales con entidades de otros países.
Y en algunos casos, cuando se trata de aspectos que tienen que ver como son los aspectos económicos y es por ello que quisiera hacer comentarios al respecto, elementos como es una carta de intención o las distintas cartas de intención firmadas por el Fondo Monetario Internacional o documentos en donde el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asume compromisos con el Banco Mundial en aspectos fundamentales de la política económica gubernamental. Estamos ante documentos suscritos por representantes del gobierno mexicano, con entidades financieras internacionales, que afectan la política económica en su conjunto y modifican o pueden modificar de manera esencial la vida cotidiana de millones de mexicanos.
Cuando se negocian créditos externos y colateralmente a la negociación de créditos externos se asumen compromisos en materia de privatización de entidades paraestatales en materia de regulación o desregulación, debiéramos decir, del comercio exterior, en aspectos en donde se modifican el tratamiento e inversiones extranjeras y la regulación de inversiones extranjeras, estamos ante aspectos que entran en estas discusiones y negociaciones específicas entre entidades gubernamentales, pero que modifica, la vida en segmentos productivos y en diferentes estados de la federación.
La ley sobre la celebración de tratados, sometida a nuestra consideración, tiene evidentemente el gran mérito de distinguir, quizá insuficientemente, pero de distinguir entre lo que es propiamente un tratado y lo que es un acuerdo interinstitucional, tiene otro gran mérito que ya fue expuesto por el diputado González Avelar, que es dar facultades a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que introduzca elementos de normatividad, regulación y control en materia de la Nación de estos tratados.
Qué bueno y lo decimos con absoluta claridad que hay una voluntad política expresada en esta ley, bajo una forma jurídica, de dar normatividad a una situación un tanto anárquica que se había presentado en años anteriores, donde distintas dependencias celebraban, tal como lo dijo el diputado Ricardo Valero, distintos tipos de acuerdos en que hubiera un mínimo control, normatividad y regulación en este aspecto. Pero consideramos que es insuficiente, aunque positiva, esta regulación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque sería dar facultades, de hecho es dar facultades a una dependencia del Ejecutivo Federal para que se regulen actos de otra dependencia del Ejecutivo Federal.
Ya es esto positivo, repito, pero si consideramos que la diplomacia no es solamente aquellos actos que tienen qué ver directamente con la intervención de la Cancillería, sino que tiene qué ver con lo que es el marco global de relaciones internacionales, en donde las relaciones económicas internacionales constituyen uno de sus temas fundamentales. Una interpretación amplia, compleja, rica, integrada, de lo que es convención diplomática, debiera ir más allá de lo que es una acepción estrecha y puramente legalista en este aspecto e incluir los problemas de derecho económico y los problemas que tienen qué ver con relaciones económicas internacionales normadas por acuerdos económicos, como facultades de que debieran ser objeto de regulación y, en su caso, aprobación por el Congreso de la Unión.
Y en este caso no sólo por el Senado de la República, que tiene ya facultades precisas y claramente especificadas en este artículo 76, particularmente en la fracción I, sino nuestro punto de vista es que una interpretación adecuada de algunas disposiciones constitucionales, debiera tener facultades que en su momento debieran reglamentarse para la Cámara de Diputados.
Entendemos a la Cámara de Senadores como expresión del federalismo. Nuestra fracción parlamentaria en la Cámara de Senadores ha hecho vigorosas defensas del federalismo y de la Cámara de Senadores, como expresión precisamente del Pacto Federal y creemos que es parte fundamental de la vida republicana de México y de la salud de nuestras instituciones democráticas. Pero pensamos que ciertas facultades específicas que tienen ambas cámaras en materia de contribuciones, particularmente la facultad que establece la fracción XXIX del artículo 73 en su primer punto, cuando dice que El Congreso tiene la facultad para establecer contribuciones:
1o. Sobre el comercio exterior, da pie, da elementos sólidos para que con una adecuada reglamentación y sin demérito de las funciones propias que tiene el Senado de la República en materia de aprobación de tratados, la Cámara de Diputados como colegisladora pueda ser, repito, con adecuada reglamentación constitucional dotada de facultades específicas. Por una razón
elemental y que tiene qué ver con una discusión económica: Si un Tratado de Libre Comercio como el que está en vías de negociación da carácter de ley a la radical desgravación de fracciones arancelarias que se ha instrumentado a partir de 1987 y que ha sido mucho más amplia que lo que se estableció en el convenio de adhesión de México al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio, si esta desgravación arancelaria, repito, adquiere carácter de normatividad supranacional en el Tratado de Libre Comercio, esto afecta de manera directa y esencial a la facultad que tienen ambas cámaras en materia de regulación del comercio exterior y particularmente en materia de contribuciones de comercio exterior.
No es un elemento simple, cuando prácticamente se está sometiendo a una regulación supranacional lo que es una facultad propia de ambas cámaras en su carácter de cámaras colegisladoras y hay una facultad específica de la Cámara de Diputados, establecida claramente en el artículo 74 de la Constitución, en su fracción IV, en el sentido y hemos tenido en recientes días amplias discusiones al respecto, de examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Como todos sabemos, el Presupuesto de Egresos está íntimamente vinculado a la vida económica de distintas regiones y es afectado de manera directa este Presupuesto de Egresos por la vida del conjunto de la economía nacional.
Por ello y esta Cámara de Diputados tiene facultades específicas en materia del Presupuesto de Egresos y si hemos expuesto en distintas intervenciones que debiera haber en nuestra Cámara un mecanismo de enlace entre ingreso y egreso, como el que existe en el Ejecutivo, en la Comisión de Gasto Financiamiento y considerando que el artículo 73 en su fracción XXIX, primer apartado, da facultades a ambas cámaras en materia de comercio exterior, creemos que es pertinente, incluso con el actual articulado de esta Constitución, que se den atribuciones específicas a la Cámara de Diputados, en ley reglamentaria y en su momento lo discutiremos, no en este momento, para intervenir en la discusión y en su caso aprobación de tratados internacionales y de convenciones diplomáticas.
Pero además pensamos y hemos sido explícitos en distintos momentos, por nuestro partido, que debiera haber aquellas modificaciones y adecuaciones constitucionales que facultaran a la Cámara de Diputados, a ejercer en plenitud su función colegisladora, no solamente en materia de imposición fiscal y de presupuesto de gastos, que tienen como facultad específica, sino también en materia de tratados internacionales; no extenderemos nuestra reflexión sobre este punto, porque será en otro momento. Pero sí queremos señalar que si bien la ley que estamos en este momento discutiendo, se refiere de manera explícita, en la segunda fracción del artículo 2o. al artículo 76, fracción I y al artículo 133 de la Constitución, creemos que a pesar de que es positivo que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga esta facultad de normatividad y, repito, saludamos este esfuerzo de normatividad, no satisface adecuadamente lo que debiera ser una interpretación amplia de las facultades que tiene el Senado en materia de convenciones diplomáticas, e insistimos en esta idea porque la política de austeridad que se ha aplicado en México, a partir del año 1982, tuvo como uno de sus ejes las discusiones en la parte final del gobierno del licenciado López Portillo, para una carta de intención y en distintos momentos, documentos que han renovado las cartas de intención y negociaciones sobre créditos con el Banco Mundial, sobre todo cuando son de amplia magnitud, inciden en la regulación de vida económica.
En anteriores participaciones en tribuna, nos hemos referido abundantemente a un documento firmado el 29 de mayo por el gobierno mexicano con el Banco Mundial, el 29 de mayo de 1991, en materia de un crédito por 400 millones, pero que establece normas de política económica para el sector agropecuario, que tienen una extraordinaria importancia en materia de privatización de empresas paraestatales, desregulación del sistema agrícola mexicano, apertura en nuestro sistema agrícola al comercio exterior y abrogar facultades que anteriormente tenía la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de normatividad, control y regulación del sector agrícola. Podemos aprobar o cuestionar estas decisiones; nosotros, como Partido de la Revolución Democrática, las cuestionamos, pero por la importancia que tienen precisamente estos acuerdos interinstitucionales, pensamos que además de ser altamente conveniente que la Secretaría de Relaciones Exteriores emita un dictamen específico aprobatorio o negativo de estos acuerdos interinstitucionales, las cámaras, de Diputados y de Senadores, debieran tener facultades específicas en esta materia, cuando estos acuerdos interinstitucionales tengan que ver precisamente con elementos que afecten al conjunto de las instituciones republicanas de nuestra nación.
Otro punto que ha sido preocupación de nuestro partido, es el establecer un marco adecuado para
el futuro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, negociaciones que involucran un conjunto de aspectos y que a pesar de lo positivo de algunos elementos de esta ley sobre celebración de tratados, aún contamos con un marco legal insuficiente; lo hemos insistido, no se trata de una estéril o vana argumentación de un partido de oposición sobre estos temas. Hemos insistido, por ejemplo, que nuestra ley antimonopólica o nuestra regulación antimonopólica es insuficiente, respecto a las regulaciones antimonopólicas que existen en los Estados Unidos y que requerimos una normatividad específica, que al menos nos permita establecer un mecanismo de igualdad de condiciones. Hemos insistido que en materia de regulación de subsidios agrícolas tenemos una simetría enorme en esos aspectos de regulación en ambos sistemas agrícolas; hay otros aspectos que tienen qué ver con solución de controversias en donde también existen insuficiencias.
Por todos estos motivos hemos insistido y seguiremos insistiendo en la necesidad de mayores precisiones legales para que cuando entremos a la discusión específica sobre el borrador del Tratado de Libre Comercio, que se ha sometido a la consideración del Senado de la República, no solamente sea facultad específica del Senado de la República esta discusión y no se circunscriba al articulado específico de este tratado, sino que nuestra Cámara de Diputados y el concurso de la nación tenga facultades adicionales para una discusión profunda por todos estos aspectos.
Por lo anteriormente expuesto y entendiendo la importancia coincidiendo con la diputada Blanca Esponda, de la importancia que tiene en este momento de la vida nacional, las complejas relaciones de interdependencia con el conjunto de los países del mundo, es por lo que nuestro partido, reconociendo, como lo dijo el diputado Ricardo Valero, algunos aspectos positivos en esta ley que está a la consideración, ha resuelto abstenerse en la votación y en momentos posteriores en la vida de esta LV Legislatura continuar presentando iniciativas de ley y propuestas de resolución que fortalezcan la capacidad normativa de esta Cámara de Diputados y la de Senadores en materia de regulación de tratados internacionales, cosa que consideramos fundamental para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad de la República Mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, para razonar el voto.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor presidente, compañeras y compañeros diputados:
He pedido el uso de la palabra para razonar el voto del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista en torno a esta Ley sobre la Celebración de Tratados.
El Partido Popular Socialista ha afirmado siempre que la política exterior de nuestro país tiene profundas raíces en la historia de México. Ningún pueblo, al menos de este continente, ha sufrido en carne propia agresiones, injusticias, invasiones a lo largo de su historia, como lo es nuestra patria. Pero precisamente a partir de esta experiencia histórica han surgido un conjunto de principios de política internacional que sustenta nuestra patria, que son sumamente positivos que nosotros desearíamos se mantuvieran siempre como el camino orientador de toda la política exterior de México.
Motivado por esta concepción, nosotros propusimos a través de nuestro grupo parlamentario de la LIII Legislatura que se adicionara la Constitución general de la República con un capítulo específico relacionado con todo lo referente a la política exterior. No tuvimos éxito, sin embargo el Poder Ejecutivo poco tiempo después envió una iniciativa que incluyó en el artículo 89 de la Constitución expresamente los más importantes de estos principios de política internacional. Nosotros pensamos, sin embargo, que en esta materia sigue siendo necesario realizar algunas adecuaciones al texto constitucional y queremos aprovechar que hoy se discute esta Ley sobre la Celebración de Tratados que nosotros consideramos como aquí lo ha expresado la mayoría de los que me antecedieron en la palabra, como algo positivo pero insuficiente, la oportunidad para plantear algunas cosas en torno a esta ley; creo que será necesario que con la propia práctica, con la experiencia acumulada en este terreno, sea necesario realizar algunas adecuaciones, unas de fondo y la mayoría de forma, para hacerla más precisa y adecuada para cumplir con los objetivos que se ha propuesto.
Nosotros pensamos que la política internacional de México partiendo de esa experiencia histórica, de ser un país agredido de manera permanente, debe tener como fundamental esencial, la defensa de la soberanía nacional, de la independencia económica y política de México.
El Partido Popular Socialista piensa que, si bien es cierto, la política exterior de nuestro país en sus relaciones con los demás países del mundo
ha sido altamente positiva con algunas excepciones, ahora se nos presenta una situación que pone en peligro cuestiones fundamentales para la vida de México, como es nuestra soberanía nacional.
Nos parece que este Tratado de Libre Comercio, cuyo borrador definitivo estará el próximo mes de enero y quizá en unos meses más esté ya analizándose para poderlo aprobar y ratificar en el transcurso del próximo año, representa un grave peligro para la nación.
La situación internacional en verdad es diferente a lo que hace algunos años, es evidente que en esta etapa los países imperialistas reclaman, necesitan un mercado mundial, más grande y libre, que les permita realizar todo aquello que dentro de sus planes va fundamentalmente para expoliar a los pueblos débiles.
A esta potencias les interesa modificar algunas cuestiones vinculadas con el proceso de producción o la utilización de descubrimientos científicos y tecnológicos y ya hay ramas de la economía que no les interesa que se desarrollen en su propio país, que quieren que la hagan otros países, los países dependientes, claro, manteniendo ellos la propiedad de estas empresas y también controlando el proceso de comercialización. De ahí el interés de que se vayan extendiendo en todo el mundo, en nuestro país, en toda la República, las empresas maquiladoras.
El grupo gobernante ha dicho en torno a esto que esta política no afecta en absoluto la independencia o la autonomía de naciones como la nuestra, sino al revés, que este Tratado de Libre Comercio fortalece nuestra soberanía y, además, va a constituir la plataforma de despegue para un desarrollo importante y para elevar el bienestar de la población.
Nosotros pensamos que, en primer lugar, que éste no es un proyecto nuestro. Que éste no es un proyecto surgido de las necesidades del pueblo mexicano, ni siquiera un proyecto suscrito, concebido por los que ahora nos gobiernan, sino es un proyecto que nos ha sido impuesto a partir de ciertas condiciones económicas preestablecidas, para llevarnos aparentemente a un callejón sin salida.
Este proceso de integración económica es solamente parte de un proceso mucho más amplio que tiene como objetivo fundamental la integración política de nuestro país a los Estados Unidos de América.
Por eso cada vez que avanza la política del gobierno norteamericano en este sentido, nosotros vamos perdiendo autonomía económica, vamos perdiendo elementos importantes de nuestra identidad nacional, de nuestra independencia política y hay de parte del grupo gobernante un rechazo a los aspectos fundamentales de nuestra historia que le han dado sustento a nuestro nacionalismo, no como un nacionalismo agresor, sino defensor de los intereses nacionales y populares.
Por eso, quienes afirman que este tratado no implica cesión de soberanía, no sólo ignoran los procesos de integración, sino que ignoran lo que representa nuestra propia historia.
Nosotros pensamos que no es posible desarrollar nuestra economía nacional con independencia, sujetos a tratados de esta naturaleza y creo que si analizáramos la forma como esos países, ahora industrializados, llegaron a ser lo que son, nos daríamos cuenta que no fue abriendo sus puertas al capital externo, sino precisamente con medidas de proteccionismo que les permitieron fortalecer su mercado interno, crear su propia industria y ya en condiciones ventajosas, salir a competir con el resto del mundo.
Pero además, aquí han señalado compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática, que no es concebible ya que en esta materia y en otras afines, esta Cámara de Diputados aparezca ajena y explicaba el compañero Calderón que hay el sustento en cuanto a la posibilidad de que la Cámara de Diputados participe en las cuestiones vinculadas al comercio exterior, para que nosotros tengamos una mayor injerencia en torno al proceso que va a llevar al gobierno mexicano a suscribir este Tratado Trilateral de Libre Comercio.
Yo creo que esto es bueno, que partamos de este hecho, de esta norma constitucional para exigir nuestra participación en este proceso que se avecina, pero también compartimos el juicio de los compañeros del Partido de la Revolución Democrática de que es necesario realizar reformas a la Constitución.
Pensamos que no es posible, en las actuales circunstancias, que una Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como la nuestra, integrada en forma plural, donde están representadas las principales corrientes políticas e ideológicas de nuestro país, no tenga el derecho a participar en este asunto de tan gran trascendencia para la vida de México, porque ese Tratado Trilateral de Libre Comercio que ya ha empezado ha tener
repercusiones negativas en la vida nacional, que las va a tener en mayor medida en un futuro inmediato, representa a mediano y largo plazos tan graves consecuencias como las señaladas al principio, de pérdida de nuestra soberanía e independencia.
El interés de la nación en torno a este tema, requiere no sólo de nuestra participación , sino de que el pueblo mexicano tenga una amplia información fidedigna, puntual, permanente, de todo lo que se está realizando en torno al Tratado de Libre Comercio. Pensamos que el proyecto en su conjunto, empezando por el primer borrador completo que será elaborado a fines del mes de enero, debiera ser publicado para que todo el pueblo de México tuviera pleno conocimiento de lo que esto representa.
Nosotros queremos dejar entonces en esta ocasión, constancia de nuestro interés porque la Cámara de Diputados participe en este proceso. Queremos dejar sentada nuestra preocupación porque sea público todo el proceso vinculado al Tratado de Libre Comercio para conocimiento del pueblo mexicano y queremos también sumarnos, compartimos plenamente esa propuesta, de que próximamente pudiera haber una iniciativa que expresamente le diera facultades a la Cámara de Diputados para tener participación en este proceso y en otros de índole similar.
El coordinador de la fracción parlamentaria de mi partido, en una de las intervenciones iniciales, señalaba ésta como una de las preocupaciones nuestras en el terreno legislativo y creo que en el próximo período ordinario de sesiones será una buena oportunidad para que podamos nosotros y sería deseable junto con otras fuerzas políticas, presentar una iniciativa que recoja esta preocupación y que permita que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión pueda representar dignamente los intereses del pueblo mexicano en un asunto de tan gran trascendencia. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Terrazas, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero: - Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
¿Por qué vamos a votar en favor de este proyecto de ley, todavía proyecto? Vamos a votar por este proyecto, por las siguientes consideraciones:
En primer lugar, porque afirmamos que este dictamen tiene peculiaridades y relieves muy distintos a otros, dicho sin ningún sentido de rebajar valores de otros dictámenes.
Ha sido resultado de un proceso ampliamente participativo, plural, receptivo, seguramente no de todos los puntos de vista, pero de muchos puntos de vista de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, no sólo en la idea de elaborar un buen dictamen, sino con una argumentación propia de la Cámara de Diputados y además en función de una propuesta que adquiere importancia y que debe ser considerada aquí: La propuesta de que los decretos de leyes se publiquen con los dictámenes correspondientes. Esto tiene un valor destacado porque podrá contribuir no sólo para que se exprese de manera clara, textual, el sentido de la aprobación de un proyecto, sino también para explicar amplios sectores de nuestro pueblo, que ahora muchas leyes que tienen que ver con su vida, que deciden su vida, no las conocen para nada.
Queremos expresar nuestro reconocimiento por el método democrático para la elaboración de este proyecto.
Hemos dicho también que hace un intento de caracterizar la situación internacional; ha dicho que ésta tiene como relieves muy importantes la interdependencia y la globalización, pero nosotros hemos afirmado que no sólo caracteriza la situación internacional, la interdependencia y la globalización; caracteriza a esta situación un hecho muy importante: Eleva su significado y su papel, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional. Lo demuestran los últimos años, surgen, emergen nuevos estados a la vida independiente soberana, surgen nuevas naciones y hay un profundo sentido en los pueblos, sensibilidad de que ante una nueva hegemonía internacional, una nueva situación internacional, en que han sido destruidos contrapesos, no existen una serie de países, es más importante todavía que en una situación internacional dinámica, de mayor participación de los pueblos, que es el caso nuestro, tengamos que considerar la importancia de los tratados, de los acuerdos, de los agrupamientos, de las relaciones multilaterales y bilateral para hacer frente precisamente al peligro y a los riesgos de una potencia que hegemonice la situación internacional. Yo diría que en este sentido, un proyecto de ley como éste responde a necesidades propias, es oportuno y tiene un lugar muy importante, puede ser que, a nuestro modo de ver, pudiera haber tenido ese intento de argumentar con razones propias la Cámara de Diputados
el dictamen de la minuta del Senado, le diera mayor importancia al papel que ahora juega, más que nunca la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional.
Nosotros queremos decir que también es muy importante considerar en nuevas condiciones y eso es también razón para ver con sentido favorable un proyecto de esta naturaleza, el proceso revolucionario mundial no termina, es posible que se debilite, no desaparece, continúa en nuevas condiciones y tenemos que prever en las distintas regiones del mundo y en América Latina también ese proceso: Mayor necesidad de armar nuestros instrumentos de política exterior para responder a las nuevas condiciones mundiales y a esas perspectivas nuevas que no las va a dictar únicamente el predominio de una nación en el mundo.
La iniciativa de Ley de Tratados, en ese sentido constituye un avance muy importante para la legislación mexicana, que regula nuestra negociación y compromisos con el extranjero y contribuye sin duda a cubrir una laguna que promovía la falta de coordinación que prevaleció durante mucho tiempo en la práctica administrativa nacional, al celebrar acuerdos y tratados de carácter internacional.
Coincidimos como lo señala en la exposición de motivos de la iniciativa de ley propuesta, en que los tratados se han constituido en el principal instrumento de cambio del derecho internacional público para la cooperación de los estados y valoramos tienen la importancia que tiene un nuevo ordenamiento jurídico interno, con todas las deficiencias que pudiera presentar, pero que no existía y que ahora podemos construirlo en sus bases fundamentales.
En materia pues de tratados internacionales no existía y que ahora puede responder a las necesidades actuales de México para relacionarse con el exterior sobre todo frente a un contexto internacional cambiante, complejo, lleno de contradicciones.
Consideramos que el dictamen de Ley sobre la Celebración de Tratados, logra en su texto modificado por la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados, un fundamento jurídico constitucional más amplio y preciso y recoge además los lineamientos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las disposiciones fundamentales contenidas en el derecho internacional en esta materia y los señalamientos y modificaciones en los artículos que en su redacción inicial eran confusos y que a partir de las contribuciones de los distintos coordinadores, se logra una reelaboración conceptual que da mayor claridad y sustento a la ley.
En particular respecto a la fracción II del artículo 2o. que define el acuerdo interinstitucional como el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal y municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organismos internacionales, se introdujeron precisiones fundamentales, algunas de ellas manifestadas por esta fracción a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara.
No dejamos de darle valor a las observaciones y a las reflexiones muy importantes sobre este problema y también sobre la necesidad de legitimar, que legitimada está por su característica composición, la participación de esta Cámara en la elaboración de la política exterior de México.
Nosotros por ejemplo pensamos que algunos, expreso una opinión personal, no del grupo parlamentario, que al redactarse en definitiva y suscribirse por el gobierno de México el Tratado de Libre Comercio, antes que el Senado pudiera firmarlo en definitiva y aprobarlo, vale la pena considerar la conveniencia de un plebiscito nacional en torno al tratado. Puede ser considerado incluso por esta Cámara de Diputados.
En ese sentido, con relación al problema de los tratados interinstitucionales, se aclara nuestro juicio en el capítulo sobre las facultades constitucionales de los estados, para celebrar estos acuerdos, que éstos no se encuentran contenidos en la provisión que establece el artículo 117 en la fracción I de nuestra Constitución Política para que los estados realicen tratados y se incorpore en el artículo mencionado un párrafo que determina el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales, deberá circunscribirse exclusivamente en las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados, de la administración pública federal, estatal o municipal, a mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a cualquier acuerdo institucional, interinstitucional, que pretenda celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, en cuyo caso la Secretaría de Relaciones Exteriores debe formular un dictamen acerca de la procedencia para suscribirlos. Asimismo, se aclara a nuestro juicio y eso es importante, que los acuerdos interinstitucionales no requieren de
la aprobación del Senado ni son ley suprema de la nación en términos del artículo 133 constitucional, con lo que su ámbito y alcance logran ser precisados.
Consideramos que la reelaboración del articulado correspondiente a esos acuerdos interinstitucionales, es un aporte muy importante a la legislación de la práctica administrativa de las entidades de la administración pública, sobre todo en la perspectiva de la intensificación de relaciones y acuerdos de los estados fronterizos de nuestra nación que requerirá, al igual que en el caso de los que realicen otras instituciones, de un seguimiento muy cuidadoso de los acuerdos que se realicen por parte de la cancillería mexicana.
Otro aspecto que nos parece central del dictamen propuesto, son los criterios sistemáticos para normar nuestras negociaciones, relativas a la solución de controversias legales contenidas en el artículo 8o. de esta iniciativa, en el que se establece que: Los mecanismos de solución de controversias deben otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte de la controversia, el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional y que deberán asegurar a las partes, la garantía de audiencia y el debido ejercicio de su defensa, así como garantizar que la composición de los órganos de decisión, aseguren su imparcialidad". Es textual.
De acuerdo a la fundamentación de dicho artículo, el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución en el orden jurídico interno, se hará extensivo al ámbito internacional para los nacionales mexicanos, lo que les permitirá acudir ante las correspondientes instancias internacionales y nacionales, de manera opcional, para defender sus derechos y a partir del principio de reciprocidad internacional, en el orden jurídico mexicano, se incorporaría el mismo derecho subjetivo para los extranjeros.
No obstante que a partir de esta disposición se sientan las bases para la defensa de los intereses nacionales de los mexicanos en el extranjero, queremos señalar que es fundamental a partir de la experiencia, de la práctica internacional sobre la falta de reciprocidad, exigir la correspondencia que hemos reconocido en esta Ley de Tratados.
Debemos pugnar porque se dé el mismo trato para los connacionales en el extranjero y defender que en todos los foros internacionales y en los próximos tratados y acuerdos que celebre nuestro país, que se dé una efectiva reciprocidad, que tome en cuenta nuestras condiciones concretas y asimetrías correspondientes, con pleno respeto al derecho internacional.
Finalmente debemos tener presente que los cambios en el reordenamiento de las relaciones internacionales a partir de la evidente crisis económica que viven incluso las grandes potencias, generan tendencias desfavorables a las naciones subdesarrolladas como México, aun desarrollado.
La conformación de bloques económicos apuntan a la expansión de la Comunidad Económica Europea, Japón y algunos países asiáticos de la Cuenca del Pacífico, desafiando la supremacía norteamericana en un marco en el que se excluye a la mayoría de los países del Tercer Mundo.
En este contexto, la lucha por la reciprocidad internacional, por el respeto al derecho internacional y la defensa de nuestra propia soberanía, se vuelve más difícil y requiere estar atento a los ajustes y tendencias jurídicas en las organizaciones internacionales y a las nuevas decisiones y prácticas internacionales de las potencias económicas, para realizar las negociaciones internacionales con una perspectiva más clara y sobre bases más sólidas.
La fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista, se pronuncia, por eso, en favor de este dictamen, tomando en cuenta que la ley y el tratado que se dictamina es necesaria y contribuirá a enriquecer el marco legal existente para la regulación de tratados y acuerdos internacionales. Muchas gracias.
Presidencia del diputado Adolfo Alfonso Kunz y Bolaños
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Dantón Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Luis Dantón Rodríguez Jaime: - Señor Presidente; honorable asamblea:
Es satisfactorio constatar en materia internacional, en los asuntos de los tratados y en política exterior mexicana, como es evidente el consenso más que el disenso entre los distintos representantes de los partidos aquí representados. Es natural que así sea, puesto que el punto de convergencia es el interés nacional y los instrumentos que el Estado utiliza para que éste se fortalezca, se extienda, se diversifique y se asegure, pues son sin duda los instrumentos del derecho internacional y por excelencia los tratados.
Los tratados que no son nada novedosos en la vida institucional de México, ya que comienzan simultáneamente a su ejercicio como nación libre y suscribe el primero en el año de 1823, son en buena parte fuentes de derecho internacional y en otra constituyen la culminación de toda una negociación diplomática que se realiza bien con otros objetos de derecho internacional, con otro estado o con una multiplicidad de estados.
En esas circunstancias, yo siento que esta ley, como lo han evaluado los señores diputados que han asistido a este debate, es una ley que de alguna manera facilita y distingue el tratamiento de lo que es el proceso interno para la formación de un tratado y de lo que será el proceso interno para la formación de los acuerdos interinstitucionales.
En vista que no hay otras objeciones, más que las derivadas de una misma estructura de derecho que se ha dado la Constitución Política de México, aquí se han expresado deseos y recomendaciones para mejorar aún más el tratamiento que el Congreso debe darle a los tratados, yo quisiera simplemente referirme en forma muy breve y haciendo una disgresión acerca de algo que pudiera parecer confuso o contradictorio en la propia Constitución.
En efecto, los términos en que se están mencionando los tratados en el artículo 76 fracción I en el artículo 89, fracción X y en el artículo 133, pareciera que se trata de tres conceptos distintos y sin embargo en distintas épocas y con la misma voluntad política, el legislador que hizo las propuestas para que se establecieran estos preceptos, se refería en realidad a lo mismo.
En el primero de ellos se refiere a los tratados y a las convenciones diplomáticas; éste es un asunto histórico que arranca desde la discusión del artículo relativo, parece que fue el 15, en el Constituyente de 1856 y esta inclusión se le debe a don Francisco Zarco, precisamente. La que agrega a la palabra "tratados", convenciones en un principio y finalmente acepta que "convenciones o convenios" pudieran ser sinónimos.
En el siglo pasado el concepto de tratado para las relaciones entre estados, era el concepto más frecuentemente utilizado y generalmente se hacía no con los propósitos del Siglo XX, de fijar las reglas del juego, los derechos y obligaciones en los intercambios económicos, comerciales o culturales, sino más bien para dar términos a los conflictos de límites o los conflictos bélicos, que concluían generalmente con un tratado.
El artículo 89, fracción X, habla de tratados con las potencias, refiriéndose obviamente a los países ni a su capacidad bélica. Simplemente es un sinónimo de entidad pública.
En tanto que el 133 menciona simplemente los tratados que serán una vez aprobados por el Senado de la República como la Ley Suprema de la Nación. Este artículo, por cierto, sólo ha sufrido en 75 años una modificación, a mi juicio, importante y patriótica, en el año de 1934 durante el régimen de Lázaro Cárdenas, cuando se le agrega al artículo que: "No contravengan las disposiciones de esta Constitución" y en ese sentido yo pienso que se ha mantenido en el espíritu y en la práctica.
La ley trata, de alguna manera, de resolver estas aparentes antinomias distinguiendo los tratados de los acuerdos interinstitucionales. Estos sí no serán la Ley Suprema de la Nación y, por lo tanto, para su elaboración, negociación y aceptación no requieran de las mismas formalidades. Esto no quiere decir que los acuerdos interinstitucionales vayan a ser informales. Serán por escrito, expresarán la voluntad de las partes y se sujetarán, sin duda, a todas las pruebas que sean necesarias para que sus normas resulten sin errores ni vicios del consentimiento.
Lo que se quiere es que sean más dinámicos y ágiles y que no necesariamente se reúna al Senado de la República para que éstos se puedan aprobar.
Además no comprometen al Estado soberano, al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente y en la parte específica en el ámbito material de su competencia, a los organismos, entidades, municipios o estados.
Muchos de ellos son de carácter cultural. Las ciudades hermanas, como una práctica fraternal dentro de los países angloamericanos, son frecuentes. Será necesario que el Senado se reúna para discutir los términos de un programa, de un entendimiento entre los ayuntamientos de un condado y los de un municipio en México. En verdad yo siento que la ley da, en este sentido, una gran flexibilidad.
Por lo que respecta a las posibilidades de la discusión del Tratado de Libre Comercio, cuya negociación se ha iniciado ya hace meses, yo creo que no van a estar, de ninguna manera, ajenas a los trabajos ordinarios y aun extraordinarios de esta Cámara. Pero para que se tengan facultades de resolución sería necesario, como
lo han mencionado los diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Popular Socialista, iniciar la reforma a la Constitución. Aquí también hay un error histórico. En el artículo 133 se dice que serán aprobados..., en el artículo 89 serán aprobados por el Congreso de la Unión y esto fue así , evidentemente, cuando el Congreso de la Unión era unicameral. Por un error parlamentario, cuando se hizo la reforma constitucional y se restaurara el Senado en 1874, no se sustituyó la palabra Congreso por la palabra Senado de la República y quedó dentro de las facultades exclusivas.
Respecto a la moción que presenta el diputado Calderón, en realidad sí resulta un grado de dificultad normativo, porque él alude, como base de su alegato, que existe una facultad exclusiva en la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto de la Federación y que de esa facultad se deriva por una diferencia de orden financiero y económico la convivencia de revisar las obligaciones de carácter internacional.
Es correcto. Lo que es incorrecto es pasar de una facultad exclusiva de una Cámara a una facultad exclusiva de la otra Cámara, en cuyo caso no habría que hacer una, sino dos reformas constitucionales. Porque yo no pienso que el Senado cedería la facultad exclusiva, sino también tiene una justa recíproca correspondencia para que el presupuesto sea analizado por el Senado.
Estas son las reformas estructurales que sin duda van conformando al Estado, de acuerdo a la dinámica de una sociedad contemporánea y yo no digo que tendremos la última palabra. Por lo pronto se puede pero no se debe, de acuerdo con el reparto y distribución de las atribuciones que tiene la propia Constitución.
Sería deseable. Cómo no. Tendría aún más peso específico la voluntad representada por todo el Congreso, que solamente por una parte. Pero así está dispuesto en la Constitución y lo debido es realizar las aprobaciones de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución.
En conclusión, compañeros, esta Ley de Celebración de Tratados determina su objeto claramente. Define conceptos básicos de derecho internacional.
Distingue el sentido y alcance entre tratado y acuerdos. Limita los acuerdos interinstitucionales a un ámbito de competencia específica y desde luego no obliga a su aprobación por parte del Senado, dada su propia naturaleza y dinamismo. Su especificidad no obliga al gobierno federal sino a la dependencia o entidad, que lo negocie o lo suscriba. Requiere de una formalidad distinta a la de los Tratados. Interviene la Secretaría de Relaciones Exteriores como representante conspicuo del gobierno de México, para coordinar, vigilar y asegurar que los acuerdos correspondan a sus términos y a los principios de la política exterior mexicana. Corresponde, como lo hemos escuchado, a la tradición jurídica establecida a lo largo de su vida independiente. Fortalece la política exterior y viene a constituir un medio de protección y promoción a los intereses vitales de México.
Por tanto y por representar un avance de nuestra legislación yo solicito, señor Presidente y a ustedes, compañeros y amigos de esta asamblea, que se someta a la votación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos y por cinco minutos, en los términos del artículo 102, el diputado Emilio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Emilio Becerra González: - Señor Presidente; compañeros diputados Esta ley que hoy se somete a consideración se le denomina o pretende denominar oficialmente Ley sobre la Celebración de Tratados; pero muy bien podría llamarse "La Ley del Peón Envenenado".
En ajedrez existe una jugada aparentemente inocua y termina con el jaque mate del adversario.
Aquí se nos ha dicho que ésta es una ley para precisar conceptos, que representa un avance muy importante etcétera. La realidad es que a través de esta ley se pretende reformar una parte sustancial de la Constitución de la República, acabar con el federalismo, acabar con la división de poderes y dejar a la patria muy mal parada y yo sé cuándo alguien se decidió que en la Cámara debería estar ese letrero, con mayúsculas y con letras muy grandes, que dice: "La Patria es Primero", porque al parecer a muchos se les olvida eso y quizá otros ni siquiera lo han leído.
Y digo todo esto porque de manera muy curiosa al distinguirse lo que son los tratados y los acuerdos interinstitucionales, prácticamente se está acabando con la división de poderes. ¿Por qué?, en el contexto actual cualquier tratado en el que intervenga cualquier Secretaría del Poder Ejecutivo, tiene que revisarse por el Senado, que es una parte del Poder Legislativo; al
determinarse, según éstos, al precisarse estos conceptos, pues ya no va a celebrar el Estado mexicano tratados con otros estados, para no tener que someterlos a la revisión y aprobación del Senado y simplemente van a ser tratados entre una Secretaría o una dependencia del Poder Ejecutivo, con otra Secretaría o dependencia similar de otro país.
Y con todo eso, ¿Cómo se llama el tratado que todos tenemos en mente?, pues el Tratado de Libre Comercio. Si hay una Secretaría de Comercio, pues nada más que celebre un acuerdo institucional con su similar de Estados Unidos y ya se le ahorra costo político a quien ejerce el Poder Ejecutivo, se ahorran muchas críticas y además se evita que el propio Senado pueda revisar ese convenio o ese tratado, porque ya en vez de ser un tratado, será un acuerdo interinstitucional.
Pero no es solamente la intención que lleva esta ley, sino también que los americanos exigen tener participación en el manejo de Petróleos Mexicanos. ¿Qué es lo que va a pasar con esta ley?, pues que Petróleos Mexicanos va a celebrar acuerdos con diversos grupos financieros del extranjero o con transnacionales y esos acuerdos, como serán nada más entre una empresa descentralizada, tratando de asimilarla en la política de privatización, a cualquier otra transnacional, nadie podrá saber ni demandar que se le muestre ese tipo de acuerdos, ni exigir la ratificación por parte del Senado. Así es como quienes tienen la mayoría en esta Cámara están causando un gran daño al país y se están olvidando de ese letrero que está allá enfrente.
Y decía el diputado Luis Dantón: Pues yo no le veo ningún problema a que un municipio celebre un tratado con otro municipio. Pues nada más imagínese que pasa cuando Tijuana celebra un tratado con San Diego, el Paso con su similar, con Ciudad Juárez etcétera, van a celebrar sus tratados ahí entre ellos o sus convenios, como se llame esta situación y de esa manera se va a ir extendiendo la frontera americana, comiéndose parte del territorio mexicano, porque con esos acuerdos entre esas dos ciudades, se estará perdiendo la soberanía mexicana.
Además, el artículo 8o., pues está modificando el artículo 94 de la Constitución de la República...
El Presidente: - Un momento, compañero Becerra, si usted me permite.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa (desde su curul): - Señor Presidente. ¿Me permite una interpelación el orador?
El Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación compañero? El diputado Emilio Becerra González: - Con mucho gusto.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa (desde su curul): - Señor orador, el artículo 15 de la Constitución General de la República establece muy claramente que no autoriza la celebración de tratados y el 117 establece que los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones, empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas, igualmente prohibe a los estados celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado, ni con las potencias extranjeras. Cuando está usted refiriéndose a este asunto, señor diputado, realmente usted está saliéndose del marco de la Constitución. La Constitución establece facultades claras para estados, para municipios y para la propia Federación.
La materia internacional está reservada a la Federación, por eso la ley establece cuándo se está en el supuesto de un tratado y, en ese caso, el tratado pasa inexorablemente a la aprobación del Senado de la República, señor diputado. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Emilio Becerra González: - De esa manera tan incorrecta que la diputada interpreta las interpelaciones porque si es así como interpreta el reglamento, que eso es una interpelación, mejor debería de haber pedido la palabra para rectificar hechos y de esa manera es como está interpretando o como se ha pretendido interpretar esta ley.
Efectivamente la Constitución mexicana es muy clara, pero este Congreso, especialmente esta Cámara de Diputados y quienes integran la mayoría están buscando hacer modificaciones a la Constitución de manera subrepticia, de manera antipatriótica y para no decir que se trata de un tratado le dan otra denominación, se busca una precisión y se termina enajenando la soberanía y para concluir voy a referirme a un caso muy sencillo y que el compañero Valero mencionó.
En un tratado siempre hay reciprocidad; es decir, los países establecen derechos y obligaciones recíprocas y en los tratados que el pueblo mexicano ha observado a últimas fechas, resulta que nada más hay derechos para los otros países y
obligaciones para México, casos concretos la lucha contra el narcotráfico. Aquí en México los agentes de las potencias extranjeras y sabemos a qué nos referimos, están coadyuvando a la lucha contra el narcotráfico sobrevolando, interviniendo, participando etcétera y yo me preguntaría, ¿Cuántos aviones y cuánta gente de nosotros están sobrevolando el territorio americano participando en aprehensiones en Estados Unidos, interviniendo en la embajada etcétera etcétera?; señores, si ese es el concreto que ustedes tienen de tratado, de reformas, de avances y de precisiones, habría que precisar nuevamente el concepto de patriotismo.
El Presidente: - Tiene uso de la palabra, en los términos del artículo 100, el diputado Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fernando Estrada Sámano: - Por excepción, señor Presidente de algo que en lo personal me da mucha pena que en otras ocasiones he de utilizar en este momento mucho menos tiempo de lo que este reloj y el reglamento me concede, pero teniendo en cuenta malos hábitos propios, me atreví a pedir a usted, señor, la palabra en términos del artículo 100 y no sólo para hechos Se trata sí del señalamiento simple y breve de hechos y del deseo sincero en torno a esta interesante discusión y debate, del deseo sincero, repito, señoras y señores diputados, de ser ilustrado.
Hace alrededor de unas dos horas mientras un muy buen número de ustedes estaban cumpliendo la obligación de sostener la vida comiendo, el propio señor diputado que me precedió en el uso de la palabra, el señor diputado Becerra, del Partido de la Revolución Democrática, dada la importancia del asunto que está a consideración de nuestra, señaló que por esa ausencia obligatoria, pública y éticamente el sostenimiento de la vida, entre otras razones o del descanso necesario, no había quórum notoriamente. He tenido la prudencia de esperar a la vuelta del señor diputado Ochoa Zaragoza, Presidente en turno y en este momento presidiendo la sesión.
Ante el requerimiento del señor diputado Becerra, el señor Presidente de la Cámara contestó, confieso, en forma un tanto sibilina y para mi vasta ignorancia, misteriosa, simplemente dijo que le concedía la palabra a la señora diputada Esponda. Dijo: Sigo una costumbre aceptada. Desde luego ni siquiera de lejos hubiera tenido yo y en esta ocasión ni creo nunca, dificultad alguna de escuchar, como lo hice, con atención y respeto, a la señora diputada Esponda, pero si me quedé un tanto desconcertado. Sería quizá, señoras y señores diputados, señor Presidente, ilustrativo, iluminante, para la Cámara en su conjunto y para nuestros trabajos que el señor Presidente y el diputado Ochoa Zaragoza, pudiera quizá tener a bien la amabilidad de explicarnos, de ilustrarme, respecto a qué costumbre parlamentaria se refirió. No sé si se refirió a la costumbre, quizá, repetida, de sesionar y de discutir cosas de importancia sin quórum. No se tampoco, cuando habla de costumbre aceptada, si pudiera ilustrarnos, de cuándo y por quién, esa costumbre ha sido aceptada.
Pero, por otra parte, lo que se pedía y a ello teníamos derecho todos los integrantes de este Congreso y de esta Cámara del Congreso Mexicano, lo que se pedía era, si había o no quórum. Y voy a leer el artículo 106, del reglamento para no atreverme, señor Presidente, a molestarlo a usted y a la Secretaría, para que lo hagan.
"Artículo 106. Si durante el curso de una sesión alguno de los miembros de la Cámara reclamara el quórum y la falta de este fuera verdaderamente notoria, bastará una simple declaración del Presidente de la Cámara sobre el particular, para levantar la sesión. En todo caso y cuando la dicha falta de quórum sea dudosa, deberá procederse a pasar lista y comprobada aquella, se levantará la sesión.
De modo tal que el reglamento es perfectamente claro. El Presidente en turno de la Cámara está obligado, de acuerdo con esta ley interna nuestra, o a declarar la falta notoria del quórum necesario o a certificar. El señor Presidente, Ochoa Zaragoza, no hizo ninguna de las dos cosas, se refirió a una misteriosa, para mí, costumbre aceptada.
De paso, a veces se siente una vez ofendido por boletines que surgen de esta Cámara, a nombre, señoras y señores, de todos nosotros, que revelan ignorancia y eso ofende. En algún boletín reciente de esta Cámara, a nombre de todos y cada uno de nosotros que la constituimos, se hablaba de que en una ocasión había poco quórum, eso no es saber ni latín, ni tampoco leer el reglamento ni tampoco lo que significan los términos.
Finalmente, en espera, ciertamente, de ser ilustrados ante estas humildes preguntas que son producto, repito, de mi ignorancia vasta, diría dos cosas señoras y señores diputados.
Creo que más allá del Presidente de esta Cámara en turno, que en estos casi dos meses de labores han sido de los diversos partidos, de todos y
cada uno de hechos, de todos y cada uno de nosotros, ha de demandarse el respeto a todos y cada uno de los miembros de esta Cámara, de manera tal que cuando algún diputado desde su curul o desde esta tribuna exige el cumplimiento de alguna disposición reglamentaria, el respeto exige que se le conteste y que se le dé razones.
Segundo, hay obligación reglamentaria de responder a todos y cada uno de los miembros que constituimos este Congreso. Se trata del decoro del Congreso, de la dignidad del Poder Legislativo y esto sólo lo podemos afirmar, señoras y señores, cada uno de nosotros en la función que en un momento dado estemos desempeñando en el Congreso.
Por último, una de las señales claras, sugiero señor Presidente, señoras y señores diputados, de que se tiene vocación democrática, convicción y proyecto democrático, es que se está dispuesto voluntariamente a someterse de antemano a reglas anteriores y superiores a cada uno de nosotros, que nos obligan a desempeñarse ciertas funciones de acuerdo a ciertas reglas y normas aplicables para todos, con base en igualdad; señal clara de vocación democrática y parte del estado de derecho sin hacer de esto una montaña señoras y señores, simplemente me permito recordar que esta Presidencia, hace casi un mes, comenzó también con problemas reglamentarios.
Mucho agradeceré, señor Presidente, que nos pudiera dar ilustrativa, iluminantemente una explicación sobre estos hechos que me dejaron desconcertado. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Señor diputado Estrada Sámano, creo no poderle dar yo la explicación porque yo no estuve en funciones durante el incidente que usted señaló. Desgraciadamente también creo que me siento un poco obligado a hacer un comentario.
Estábamos discutiendo el artículo, usted pidió la palabra en los términos del artículo 100, que implicaba la opinión de un miembro de la comisión y realmente el tema fue diferente. (Aplausos.)
Creo que todos debemos hacer un esfuerzo de no brincarnos el reglamento, de no pedir la palabra para hechos y hacer propuestas, el no pedir para alusiones y echar discursos. Creo que debemos todos ser un poco más cuidadosos con el cumplimiento. (Aplausos.)
Si le quieren llevar el micrófono al señor diputado, por favor, señoritas.
El diputado Fernando Estrada Sámano: - Creo que no será necesario señor Presidente; acato desde luego su atinada indicación pero a la vez aclaro que habiendo podido haber hecho comentarios sobre el proyecto que nos ocupa desde un principio aclaré que me limitaría a menos tiempo del que reglamentariamente se me concedía para aclarar hechos.
El Presidente: - Gracias, señor.
Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra lo suficientemente discutido en lo general.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..
Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. ¿Ninguno? No.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se solicita a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente se emitieron 315 votos en pro; 19 abstenciones y tres votos en contra.
El Presidente: -Aprobada en lo general y en lo particular la Ley sobre la Celebración de Tratados.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): Señor Presidente pido la palabra.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente: Pedí la palabra para hechos, para referirme a algunos aspectos reglamentarios, precisamente en condiciones en que en próximas horas finalizaremos este período ordinario de sesiones y con la oportunidad de continuar el diálogo y la reflexión que un estimado diputado del Partido Acción Nacional que nos antecedió en el uso de la palabra, inició en materia de cuestiones reglamentarias.
En varias ocasiones el Partido de la Revolución Democrática ha cuestionado el estilo, la forma, los ritmos y las dinámicas que se configuran en este pleno de la Cámara de Diputados durante los procesos de votación aparentemente se sigue el reglamento, la Secretaría se pone de pie y con mucha formalidad nuestros estimados diputados que hacen las veces de secretarios, van preguntando diputado por diputado, por filas, de qué manera se orienta su voto y se va anotando. Formalmente es impecable el procedimiento. Lo que no es impecable y con todo respeto lo decimos a nuestros estimados compañeros diputados y diputadas, es el clima de desorganización, desorden y falta de formalidad y de tiempos adecuados en la formulación de los votos al momento que se va tomando esta votación en sus distintas filas.
A lo que me refiero es a lo siguiente: Hay un mecanismo aparentemente correcto pero muy precipitado, donde con una sucesión de tiempos extremadamente rápida cada diputado va diciendo el sentido de su voto después de emitir su nombre y esto dificulta no sólo a la Secretaría, sino a aquellas fracciones
parlamentarias interesadas en hacer un conteo propio de sus votos que se van emitiendo, repito a ustedes, dificulta un mecanismo ordenado de verificación de la votación. Alguien me podrá decir que es un prurito de carácter legal lo que estamos nosotros exigiendo, pero la ciencia y el avance tecnológico no va reñido con la democracia.
Si no se quiere esta perdida de tiempo que significa la votación nominal con el método que supongo yo no ha cambiado fundamentalmente, en las últimas décadas, hay procedimientos electrónicos que se utilizan en algunos parlamentos del mundo y quienes somos usuarios de tarjetas de crédito con un código numérico electrónico secreto, sabemos que perfectamente cada diputado puede tener en su curul una terminal electrónica y con el número de código secreto, hacer la votación específica con una pantalla electrónica al frente y no es nada del otro mundo en 1991 o 1992, hablar de estas cosas. O si se quiere un método arcaico, se puede seguir simplemente la lista de diputados e ir indicando en qué dirección vota cada diputado. Si esto se considera inadecuado, pues simplemente si no se quisiera aplicar uno de estos métodos, a la hora de votar, hacerlo de manera mucho más gradual, lenta, específica y dando los tiempos a que cada fracción parlamentaria pueda hacer el conteo de votos que entiendo que no tiene carácter de ley, lo que tiene carácter de ley es lo que la Secretaría realiza, pero permitiendo a la Secretaría con el pluralismo que lo caracteriza en este período de sesiones, que la participación de los secretarios de las diferentes fracciones puedan hacer un seguimiento de las votación también específico.
El Partido de la Revolución Democrática sobre este punto no formula una propuesta específica, solamente sugiere y expongo este punto de vista después de consultas con la coordinación de nuestra fracción parlamentaria, que la Comisión de Concertación que es ya un órgano de esta Cámara de Diputados, donde están representadas las seis fracciones parlamentarias, en las próximas semanas y previo al inicio del próximo período de sesiones, discuta con los procedimientos y ritmos que estime pertinente, las formas de mejorar en apego al reglamento, los procedimientos de votación para hacerlos transparentes y adecuados y permitir que no haya dudas respecto a la orientación y número de votos tanto hacia a favor o en contra en tal o cual votación.
Pensamos que es una propuesta factible, viable y razonable. Habría meses de discusión para que la Comisión de Concentración discutiera y decidiera en su caso una propuesta. Y lo sometemos respetuosamente a su consideración. Muchas gracias.
El Presidente: - Ruego a la Secretaría dar lectura al artículo 147 del reglamento.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - "De las votaciones".
Artículo 147. La votación nominal se hará del modo siguiente:
I. Cada miembro de la Cámara, comenzando por el lado derecho del Presidente, se pondrá en pie y dirá en alta voz su apellido y también su nombre si fuere necesario para distinguirlo de otro, añadiendo la expresión sí o no.
II. Un secretario apuntará los que aprueben y otro los que reprueben.
III. Concluido este acto, uno de los mismos secretarios preguntará dos veces en alta voz si
falta algún miembro de la Cámara por votar y no faltando ninguno, votarán los secretarios y el presidente, y
IV. Los secretarios prosecretarios harán en seguida la computación de los votos y leerán desde las tribunas, uno los nombres de los que hubiesen aprobado, y otro de los que reprobaren; después dirán el número total de cada lista y publicarán la votación.
El diputado Jorge Alfonso Calderón (desde su curul): - Señor Presidente, para hechos.
El Presidente: -¿Me permite que termine? Luego, con mucho gusto. En consecuencia esta Presidencia se permite hacer dos recomendaciones:
Una a los secretarios para que traten de llevar la contabilidad lo mejor posible con la calma que la votación requiera a la asamblea, a los señores diputados, prestar todo su concurso para que haya claridad en dichas votaciones.
Tiene la palabra el diputado Calderón, para hechos. El diputado Jorge Alfonso Calderón: - Con su venia, señor Presidente y seré muy breve, estimados diputados, lo digo por aquello que han impugnado que haga uso de la tribuna nuevamente; sólo unos cuantos segundos.
Cuando intervine para hechos, dije que formalmente y conocemos ese artículo del reglamento, la votación se desarrollaba de manera impecable; cada diputado se pone de pie, expone el sentido de su votación, da su nombre y formalmente no habría aparentemente, motivo de impugnación. Yo no hablo en términos formales, hablo en términos reales del desorden y la desarticulación que a veces se expresa en el proceso de votación. Y por eso es que conociendo el reglamento, pero conociendo la voluntad que han expuesto todas las fracciones, incluida la del Partido Revolucionario Institucional, a modernizar los procedimientos de debate en esta Cámara y a reestructurar el reglamento de la Cámara, es que hicimos, con consulta con nuestra estimada coordinadora, una propuesta flexible y abierta y la ratifico, para terminar.
Que independientemente de que esté estipulado en el reglamento un mecanismo de votación y coincidieron con las dos observaciones que hace la Presidencia de esta Cámara al conjunto de la Cámara, suscribimos estas recomendaciones que nos parecen oportunas y correctas; nada impide que la Comisión de Concertación pueda, como se ha hecho para otros casos, adicionalmente a lo estipulado en el reglamento, hacer algún tipo de propuesta que fortalezca la vida democrática al interior de nuestra Cámara. Muchas gracias. (Aplausos.)
*CÓDIGO PENAL
El Presidente: -El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que adiciona un artículo 254 - bis, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
En Atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, ruego a al Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Dispensada, señor Presidente.
Trámite: - Segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Se han registrado en esta mesa, los siguientes diputados: Miguel Angel León Corrales, Israel González Arreguín y Gabriela Avelar.
Tiene la palabra el diputado Miguel Angel León Corrales.
El diputado Miguel Angel León Corrales: -Compañeras diputadas; compañeros diputados:
El proyecto de decreto que adiciona el artículo 254 - bis, al Capítulo I del Título Decimocuarto, del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal y para toda la República en Materia de Fuero Federal; desde nuestro punto de vista, en términos generales es aceptable, por lo cual el Partido de la Revolución Democrática votará a favor del mismo.
*Este dictamen fue publicado en el Diario No. 23 del día 19 de diciembre de 1991.
Sin embargo, quisiéramos precisar algunos puntos con respecto al presente proyecto.
Primero. Este proyecto para su análisis y discusión, fue turnado solamente a la Comisión de Justicia. Es importante recalcar que debido a las implicaciones que el decreto tiene sobre la fauna marina, tendría qué haber sido turnado también a la Comisión de Ecología.
A nosotros nos queda claro que la mayoría priísta de esta Cámara le ha impuesto a todos los proyectos que aquí se han aprobado, como principal característica la prisa, esta prisa reduce el nivel de la discusión y en el caso del proyecto que en este momento nos ocupa, no estamos frente a una excepción, faltó discusión, compañeros.
La discusión del artículo bis, cuando habla de la no captura de especies acuáticas declaradas en veda, parte de una posición sumamente unilateral, como si estas especies estuviesen en peligro sólo debido a la explotación comercial que de ellas se hace. Existen otras formas de destrucción de fauna acuática que son aún más peligrosas que la propia explotación comercial; nos estamos refiriendo a que en la mayoría de los ríos de nuestro país, una innumerable cantidad de fábricas tiran sus desechos industriales en ellos, lo cual conduce a la extinción inmediata de la fauna acuática, que ya no tendría qué ser puesta en veda simplemente porque ya dejó de existir.
Ejemplos desgraciadamente hay muchos, demasiados diría yo. El Río Marabasco, en Jalisco y Colima, ha sido depredado por los desechos contaminantes de la compañía minera Peña Colorada.
En el Río Blanco, en el tramo que va de la ciudad del mismo nombre a la ciudad de Córdova, sufre un grado de contaminación tan elevado, que sus aguas despiden un hedor que alcanza un radio de un kilómetro de distancia, las especies acuáticas que ahí existían no alcanzaron los beneficios de este decreto.
A dos años de instrumentado un proyecto de inversión para el rescate ecológico del Río Blanco, sus aguas continúan igual de inertes, como iguales son los volúmenes de contaminantes arrojados a él desde su nacimiento, de manera directa o por medio de sus afluentes, siendo algunas de las empresas responsables, Productos Químicos Nacionales, Kimberly Clark de México, Ingenios Azucareros, Cementos Veracruz, Cervecería Moctezuma, las despulpadoras de café y las fábricas textiles, que desde el nacimiento del propio río lo hacen.
Si esto ocurre en las aguas de supuesta protección ecológica, imaginemos lo que estará ocurriendo en los ríos de estas lagunas y litorales olvidados por el gobierno. Lo mismo sucede en los lagos de México y como el mejor y más triste ejemplo tenemos precisamente al Lago de Chapala. ¿Y qué decir de la contaminación que en las playas de nuestro país, que a partir de un turismo visto como gran negocio y ajeno por completo a un respeto de los ecosistemas costeros, ha significado una enorme destrucción de especies acuáticas? Faltó discusión, compañeros...
El Presidente: - Un momentito, señor diputado.
El diputado Isaías Alvaro Rodríguez Vivas (desde su curul): - ¿Me permite hacerle una interpelación al compañero diputado?
El Presidente: - Diputado Miguel Angel León Corrales, ¿Acepta usted una interpelación?
El diputado Miguel Angel León Corrares: - Con todo gusto, señor Presidente.
El diputado Isaías Alvaro Rodríguez Vivas (desde su curul): - Nada más preguntarle al compañero diputado si está enterado que ya en toda la cuenta hidrológica del Río Blanco, se realizan trabajos tendientes al mejoramiento ecológico de la misma. Está terminado prácticamente el colector central que va de Ciudad Mendoza a Orizaba, está firmado el convenio para la construcción de la planta de tratamiento que se inicia el próximo mes de enero y está restaurado en seis kilómetros uno de los afluentes más importantes del Río Blanco, que es el Río Orizaba, que va del municipio de Mariano Escobedo a Orizaba. Y con la aclaración muy especial para usted, señor diputado, que el Río Blanco no pasa por Córdova Muchas gracias.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Claro que estoy enterado, compañero diputado y sé que en este proyecto se han utilizado más de 500 millones de pesos, pero usted no me escuchó bien. Yo estoy planteando aquí una serie de fábricas que cuyos desechos industriales van a dar directamente al Río Blanco y, en todo caso, nombremos aquí una comisión para ir a esas fábricas a estudiar si es o no cierto lo que estoy planteando aquí.
Hoy en día estas fábricas siguen tirando sus desechos industriales al Río Blanco.
El diputado Isaías Alvaro Rodríguez Vivas (desde su curul): - ¿Me permite otra interpelación?
El Presidente: - ¿Sigue usted permitiendo, diputado León Corrales?
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Preferiría continuar ya, señor Presidente.
El Presidente: - Al término de su intervención.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Y resulta francamente molesto que se afirme la justificación de este proyecto, que sobre la base de la dimensión internacional que hoy tiene la protección ecológica, México manifiesta una decidida acción en la lucha por la preservación del medio natural y se dice incluso que se sostiene diariamente un combate serio contra la contaminación.
Este tipo de actitudes ya se hizo presente en esta tribuna, cuando se discutió el asunto de las monedas conmemorativas de la Organización de las Naciones Unidas. Y resulta molesto porque a la magnitud de la problemática ambiental de este país, las acciones que el Estado mexicano implemente son francamente insuficientes y mínimas.
En todo caso, este proyecto se nos presenta en el marco del embargo atunero impuesto a nuestro país, en el marco de los justos reclamos de organizaciones internacionales acerca de la muerte de delfines, en la captura del atún y en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
La práctica nos dice que el gobierno responde más a la coyuntura internacional que a los reclamos en nuestro país. ¿O por qué no se dio respuesta inmediata a las peticiones de las organizaciones ecologistas y académicas que llevan casi 20 años luchando a brazo partido en defensa de la tortuga marina en las costas de nuestro país. Menciono aquí, a manera de ejemplo, el caso de la tenaz lucha en defensa de la tortuga marina en las costas de Jalisco.
Se nos ha planteado una y otra vez a los diputados del Partido de la Revolución Democrática que somos contestarios, que carecemos de propuestas y que nos oponemos a cualquier propuesta que venga de la mayoría de esta Cámara, como si se tratase de esta oposición de una consigna.
Pues bien, ya planteamos aquí que votaremos a favor de este proyecto. Nos parece unilateral, nos parece mucho tardío, debió haberse planteado y aprobado hace muchos años, pero sin embargo votaremos a favor.
Pero también traemos una propuesta, una propuesta de adición que en nada cambia el sentido del proyecto de decreto, excepto para quitarle un poco su aspecto unilateral. Por eso pienso que la mayoría tendría que aprobar nuestra adición o bien subir aquí a dar argumentos, en caso de que su respuesta sea negativa.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago la siguiente proposición:
Se adicione al segundo párrafo de dicha iniciativa el término "o en peligro de extinción", para que el texto quede de la siguiente manera:
"Se impondrá la misma pena señalada en el párrafo anterior a quienes capturen intencionalmente especies acuáticas declaradas en veda o en peligro de extinción, sin autorización, en su caso, de la autoridad competente". Repito, esta propuesta de adición no cambia el sentido del proyecto que hoy aquí se nos presenta. Entonces pues, a la hora de la votación habrá que ver de que lado existe y se razona en esta Cámara. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Israel González Arreguín: - Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Nos corresponde hoy compartir la responsabilidad acerca de un tema que la cultura urbana y eminentemente terrestre de nuestra estrategia de desarrollo marginó del debate nacional durante muchos años: El aprovechamiento racional de los recursos pesqueros y la adecuación de su marco jurídico a los avances que la ciencia y la tecnología nos proporciona.
Este problema, de apariencia tan simple, es hoy, junto a otros grandes temas, materia de discusión internacional y en junio próximo, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se transformará en punto de concertación entre todos los gobiernos partícipes en la Sociedad de Naciones Unidas en el Foro sobre Desarrollo y Medio Ambiente.
Estos puntos de referencia son claves para encender el alcance de una iniciativa de decreto para adicionar un artículo más al nuestro, por el momento, Código Penal.
Efectivamente pensábamos que por un problema de enfoque cultural - colonial orientado hacia el desarrollo de la minería y la agricultura y mucho más tarde la industrialización, se marginó de la conciencia nacional la importancia o potencialidad real de nuestra riqueza pesquera. Fuera ésta de aguas interiores con mucho más razón si fuera marina u oceánica.
Aunado a lo anterior, durante muchos años prevaleció la vieja idea acerca de que los recursos pesqueros eran ilimitados sobre todo los marinos, dada la vastedad del océano. Pero la realidad por la experiencia nos ha mostrado no sólo que los recursos pesqueros tienen límites naturales de explotación, sino aún más: Que existe una gran interconexión con el resto de los elementos de los ecosistemas acuáticos y existe un frágil equilibrio que de no respetarse puede revertirse contra los objetivos económicos deseables.
Esto nos explica en buena parte, cómo, por un lado, el Constituyente de Querétaro instituyó correctamente en el artículo 27 que las tierras y aguas, así como las riquezas contenidas en y sobre ellas son propiedad originaria de la nación y ésta tendrá el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Se entendió y se enriqueció paulatinamente la propiedad originaria, hasta incluir en ella aguas de los mares territoriales, en la extensión y términos que fijara el derecho internacional o la llamada zona económica exclusiva, situada cerca del mar territorial y adyacente a éste, conservando derechos de soberanía y jurisdicción conforme la determinación de las leyes del Congreso.
De manera clara, la Constitución también se planteó la facultad que la nación tiene para regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales, susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, al mismo tiempo que remataba explícitamente en la facultad para cuidar de su conservación y lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población rural y urbana.
Lo anterior es, sin duda, parte del sustento del título decimocuarto, Capítulo I, artículo 254 del actual Código Penal, referente a los delitos contra la economía nacional, donde el Estado correctamente buscó una mayor protección y tuteló los bienes forestales, agrícolas, industriales y más recientemente, de manera genérica, a las materias primas. Así, conforme a derecho, se creó el precepto y la sanción para integrarlos en norma penal.
Sin embargo y en esto radica la expresión cultural que anteriormente señalábamos, en el Código Penal nunca se hizo mención de la riqueza pesquera o acuática de la nación y, por consecuencia, está ausente el precepto, así como la sanción.
Así, no obstante la analogía existente y hoy cada vez más clara entre los productos pesqueros y los productos agrícolas o las materias primas, en respeto y congruencia con el mandato del artículo 14 constitucional, acerca de que en los juicios del orden penal queda estrictamente prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no sea decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, es por ello que pese a las modificaciones, modernizaciones y agregados que en toda su historia ha sufrido la Ley Federal de Pesca, siendo la última apenas hace poco más de un año, siempre se vio constreñida en sus instrumentos coercitivos a la simple sanción administrativa, situación que más de inhibir, conforme a nuestra doctrina de derecho, el acto antisocial de destrucción indebida de la riqueza pesquera que se pretendía evitar, la debilidad de la sanción e infracción administrativa se incorporaba en muchos casos a los cálculos de costos de una explotación irracional que atentaba contra la riqueza nacional.
De ahí la importancia de tipificar como delito, en lo general, la captura intencional de especies acuáticas declaradas en veda, así como, en lo particular, la captura, daño o muerte intencional de mamíferos y quelonios marinos, así como la recolección y comercialización de sus productos.
Estamos convencidos que éste es un paso trascendente hacia el mejoramiento de los instrumentos que el Estado debe de poseer para ejercer su función rectora y coercitiva, conforme a derecho en la actividad pesquera, instrumento que desde hace mucho tiempo había sido reclamado por numerosos productores conscientes, tanto de la infinitud de los recursos pesqueros, como, en no pocos casos, de la irracionalidad que se llega a dar entre la búsqueda de ganancias fáciles y prontas, pese a que se atente contra el patrimonio de la próximas generaciones o del equilibrio ecológico de los ecosistemas.
En la iniciativa se señala bien que no debemos contraponer recuperación económica con la protección del medio ambiente, sobre todo cuando existen métodos, organización y tecnología para aumentar el empleo, tan necesario a los mexicanos sin dañar el entorno porque no quisiéramos restarle al desarrollo el costo de una
menor calidad de vida o de menos futuro para nuestros hijos, pero el problema como dijo un político francés, digámoslo sin exageración alguna para no convertirlo en insignificante, es que la ausencia penal durante los últimos 30 ó 40 años, tiempo en que se ha dado la mayor irrupción y destrucción tecnológica, ha provocado desde el deterioro del equilibrio ecológico de numerosas especies hasta la desaparición práctica de alguna de ellas, de allí que nunca es tarde para tomar medidas serias y detener la destrucción de las propias bases del desarrollo pesquero a que aspiramos. Somos conscientes de que la modificación al Código Penal por sí mismo no va a modificar la conducta antisocial ni mucho menos va a elevar el nivel de la conciencia social que se requiere para acceder al desarrollo ecológico con los ecosistemas acuáticos que nos garanticen hoy un usufructo pero también para las próximas generaciones.
Sin embargo, la identificación del acto antisocial es un primer paso colectivo en la búsqueda de nuevas conductas sociales deseables y su tipificación y sanción es un instrumento que ponemos en manos del Estado y la sociedad para preservar la base material de sobrevivencia de la propiedad social. Al respecto entendemos que la iniciativa de decreto que se nos propone particularice sobre la destrucción, captura, daño o muerte intencional de mamíferos y quelonios marinos, toda vez que la creciente interdependencia internacional nos estimula a buscar soluciones soberanas para la conservación de nuestros recursos pesqueros y evitar los actos unilaterales de represalia que atentan contra la relación respetuosa que debe darse entre naciones soberanas. Pero dejemos sentado con claridad que las medidas las tomamos nosotros, con la misma responsabilidad, derecho y reciprocidad que exigimos de la comunidad internacional.
Compartimos la opinión de que la explotación racional y la conservación de nuestros recursos requiere del compromiso de toda la sociedad particularmente de los pescadores científicos y de todas aquellas personas e instituciones comprometidas con la conservación del medio ambiente; pero, añadiríamos, el país requiere que el estado y la sociedad suscribamos el compromiso ecológico, moral de modificar una cultura de desperdicio y para el efecto se requiere solución apoyada materialmente por el Estado y la sociedad, una de esas vías es un mayor apoyo a la investigación y a las tecnologías adecuadas de la misma manera que el incremento, al aumentar la cooperación internacional para buscar soluciones conjuntas que nos acerquen a las ideales de desarrollo y a la conservación del medio ambiente.
Finalmente quiero recalcar que la bondad de la iniciativa no se restringe al propio Código Penal, sino que incita a empezar modificar nuestra visión y responsabilidad en los retos del verdadero desarrollo pesquero, a las puertas del Siglo XXI. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Gabriela Avelar.
La diputada Gabriela Avelar Villegas: - Mi presencia en esta tribuna obedece al dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que adiciona el artículo 254 - bis del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.
En nuestra época la protección ecológica nos exige una mayor protección a los recursos naturales y en especial a los recursos pesqueros.
En nuestro país existe ya la voluntad manifestada en acción para luchar por la preservación del medio natural que conlleva mantener y mejorar la calidad de vida humana.
Existe en nuestro país una serie de medidas tendientes a la protección de las especies cuando se señala en el Plan Nacional de Desarrollo la defensa de la soberanía nacional, papel importante juega la modernización de la pesca, que es exigencia de primer orden para la defensa de nuestra soberanía.
Tenemos que destacar la voluntad de la presente administración en sus esfuerzos, no sólo de cuidar el medio ambiente sino la de establecer medios idóneos, para crear y ampliar una conciencia ecológica en todo el país.
Hay acciones claras en la lucha contra la contaminación. El establecimiento de zonas de reserva y santuarios para especies como la mariposa Monarca.
Se han establecido vedas temporales y permanentes, en una palabra, en acciones se concretiza la preocupación de lograr el mantenimiento del equilibrio ecológico impuesto por la naturaleza.
Consideramos que en México la lucha por mejorar el ambiente, debe de ser una campaña permanente y vital. Debe ser una acción prioritaria, porque tenemos la obligación de heredarle a nuestros hijos una mejor calidad de vida.
La pesca es importante para nuestro país, es parte fundamental en el alimento de los mexicanos, genera empleos. La pesca hay que fortalecerla, pero junto a este buen propósito se han de establecer sistemas como métodos y manera de realizarla, sin dañar las especies, en especial, por el caso que nos ocupa, de quelonios y mamíferos marinos.
Debe de ser, de todos los mexicanos, la conservación de nuestros recursos, con la explotación racional de los mismos. Recientemente se estableció el Programa Nacional de Aprovechamiento del atún y del delfín.
En dicho documento se hacen destacar algunas acciones, para solicitarnos al Congreso de la Unión, acciones encaminadas a sancionar penalmente actos, que atenten contra la ecología marina y protección de las especies.
Es un asunto que consideramos importante y significativo, el señalar que la comercialización de sus productos debe de sancionarse, con la finalidad de combatir el tráfico y consumo de huevos de tortuga.
A efecto de asegurar la protección de nuestros recursos naturales, considero que es pertinente e importante, estas sanciones penales, que complementarían las medidas administrativas.
La pesca del atún es una actividad que da trabajo y alimento a muchos mexicanos.
Esta actividad debe realizarse racionalmente, de tal suerte, que no dañe otras especies, como el delfín y la tortuga.
En este asunto es importante destacar la preocupación del Ejecutivo para destinar importantes recursos económicos para el fortalecimiento de la investigación en centros científicos del país, encaminados a realizar estudios para encontrar los caminos más idóneos y abatir la captura irracional del delfín y el propósito del proyecto del santuario de los delfines. Son medidas necesarias para la protección de la naturaleza.
Quiero señalar que el sustento del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, previó en su parte correspondiente del artículo 254 - bis, del texto que estamos analizando y debatiendo, que de acuerdo a los términos del artículo 105 del Reglamento de la Ley Federal de Pesca, por lo tanto, solicito al señor Presidente dé instrucciones a la Secretaría, para que dé lectura al artículo 105 del Reglamento de la Ley de Pesca.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura al referido artículo.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Artículo 105. "Las especies declaradas en veda no podrán ser objeto de pesca a excepción de las que se destinen al abasto de la producción acuícola, así como al fomento y exclusivamente para fines científicos o de investigación mediante permisos específicos que se expedirán de acuerdo al dictamen técnico que emita el Instituto Nacional de la Pesca. El traslado por las vías generales de comunicación, de mamíferos marinos, quelonios y especies de la flora y fauna acuáticas declaradas en veda total y permanente o sujetas a régimen de protección especial, requerirán de la certificación de su legal procedencia que será expedida por la oficina de pesca correspondiente. Cuando se trate de especies vivas, la Secretaría además determinará las medidas que deberán adoptarse para su adecuado manejo."
Servido señor Presidente.
La diputada Irma Gabriela Avelar Villegas: - Gracias. Es por este motivo que, en relación a la propuesta hecha por el compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática, de añadir al segundo párrafo el término de "especies en extinción", está previsto que la veda temporal o permanente va dirigida a la protección de especies marinas en peligro de extinción para lograr su reproducción y compartimos su preocupación, compañero diputado, pero consideramos que la protección referida ya está prevista en el citado párrafo del artículo 42.
Por estas razones, estoy solicitando a todos ustedes el apoyo para la aprobación del presente dictamen, solicitándole a la Presidencia, en forma respetuosa, lo someta a consideración de la asamblea. Muchas gracias (Aplausos.)
El Presidente: - Hay una propuesta, dé cuenta la Secretaría a la asamblea para ver si se aprueba o se desecha.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Se impondrá la misma pena señalada en el párrafo anterior a quienes capturen intencionalmente especies acuáticas declaradas en veda o en peligro de extinción, sin autorización en su caso de la autoridad competente. Diputado Miguel Angel León y diputado Juan Hernández Mercado. Propuesta del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente: - En votación económica consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba o no
la propuesta presentada por el diputado Miguel Angel León Corrales.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se consulta a esta soberanía si es de aceptarse o rechazarse la propuesta del diputado, Miguel Angel León.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: -Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido, señor Presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Se ruega a la Oficialía Mayor los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 339 votos en pro y dos en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único de decreto por 339 votos.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Pasa al ejecutivo para sus efectos constitucionales.
* CÓDIGO PENAL
El Presidente: -El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al Proyecto de Decreto que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, es de segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente: -En consecuencia, está a discusión en lo general. Se han registrado en esta mesa los diputados Juan Hernández, del Partido de la Revolución Democrática u Juan Ramiro Robledo, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Juan Hernández.
El diputado Juan Hernández Mercado: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El proyecto de dictamen para las reformas a los artículos 234, 235, 236, 237 y 240 del Código Penal para el Distrito Federal, consideramos que es lesivo para el respeto a los derechos humanos y de nuestra propia Constitución, así como del Código Penal... Señor Presidente, quisiera pedirle que hiciera una moción de orden a la asamblea.
El Presidente: -Se ruega a los diputados tomar sus lugares, a los señores asistentes invitados que tomen su lugar en las galerías y a quienes ocupan callecilla que comunica esta Cámara con las galerías, que se sirvan despejarla. Continúe.
El diputado Juan Hernández Mercado: -Gracias. Nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, no avala y no avalará en ningún momento en esta Legislatura este tipo de proyectos. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que en este proyecto de dictamen no se hace una valoración real de la conducta punible o la conducta a castigarse, al dársele igual penalidad en grado de tentativa que al delito consumado, es decir, castiga por igual, dentro de este proyecto, a aquél que intenta hacer la falsificación de la moneda o la falsificación del billete, como al que lo ha consumado. La explicación que se nos dio en la Comisión de Justicia, era que eran igual
de graves y que ponía en peligro de alguna manera la riqueza de la nación.
Eso es válido. Lo que no es válido es juzgar por el mismo rasero a aquel que ha realizado los actos y los pasos encaminados a cometer un delito y que por causas ajenas al mismo no llega a realizarlo, no llega a consumarlo, se ha detenido. Ahí hay una frontera, una barrera en la conducta a analizarse, en la conducta que se va a castigar.
Si borramos esta barrera, estaremos violando totalmente el principio de equidad y de justicia que permea nuestro Código Penal y a la misma Constitución.
Debemos entender que el derecho penal juzga y valora la conducta humana para darle una sanción, un castigo y ese castigo debe tener una graduación, debe tener una serie de elementos que configuren el delito a sancionarse.
Cuando en este proyecto de dictamen se viola por completo ese principio, nosotros no lo avalamos y creemos que en justicia plena no deberíamos de avalarlo. El Ejecutivo creemos que está preocupado por implementar leyes que restrinjan la falsificación de la moneda y del billete. Pero si la premura de hacer esta reformas para ajustarse a un Tratado de Libre Comercio, nos llega a hacer declaraciones violatorias a principios de equidad y de justicia, eso no debe de hacerse. Hay que esperar y hay que analizarlos. Cuando estuvo presente con nosotros el representante del Banco de México, reconoció que hacen falta elementos técnicos que deben incluirse dentro del articulado. En la argumentación que se nos dio, dijo: es que si nosotros nos detenemos a valorarlo y anotarlo, siempre se nos van a adelantar los delincuentes que estén tratando de falsificar los billetes o las monedas. Es preferible irse ajustando y, en su caso, que los compañeros que dirigen el Banco de México, la Casa de Moneda, vengan y expongan con claridad ante esta representación, ante esta soberanía, bajo que elementos se realizan este tipo de falsificaciones y de alteraciones y una vez con el criterio formado, nosotros designemos y valoremos la redacción de estos artículos.
Por esa razón nuestro partido no lo va a avalar y les pedimos a todos los compañeros que seamos respetuosos de los derechos humanos; que no rompamos esos principios de equidad y de justicia que ha inspirado a los legisladores de nuestra República. Recordemos que en México se dio nacimiento a las garantías colectivas, a las garantías sociales. Hemos sido autores de alguna manera en el derecho internacional innovando normas, innovando principios. Seamos coherentes con nuestra trayectoria histórica. Gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ramiro Robledo, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados de México:
Por la comisión de Justicia pedí la palabra para exponer a ustedes las razones y criterios fundamentales que me permiten pedir, a nombre de ese grupo de diputados que dictaminó la aprobación en lo general y en lo particular desde luego, si fuera el caso, que no hubiera reserva para discusión de determinados artículos, de este dictamen que aprueba, igualmente que una minuta del Senado, una iniciativa del Ejecutivo de la Unión, en donde se modifican algunas disposiciones del Código Penal.
Como ustedes saben, una parte del código penal que rige al Distrito Federal en materia de fuero común y a todo el país en materia de fuero federal, en su capítulo XIII del libro segundo, el de los delitos de falsedad, contenía en los dos primeros la regulación de conductas antisociales que se enunciaban, como la falsificación de moneda y en el segundo la falsificación de billetes, de papel moneda y de títulos de crédito.
En cualquier país, en cualquier Estado, cualquier sociedad organizada jurídicamente, la conformación y su contenido sociológico, cultural, el tiempo y las circunstancias, le van implementando la necesidad de ir ocupándose con diferentes medios, con diferentes acciones, uno de ellos con la legislación sancionadora, otros por medio de recursos preventivos, la disuasión, la inhibición de conductas que le están lesionando de una manera más importante algunos ramos, algunos rangos de su actividad social.
Cuando en algún país la tendencia de su sociedad, de su regeneración intermedia, sus circunstancias económicas, su condición de geografía, en fin, su caso particular empieza advertir que hay cierta tendencia a realizar conductas que se consideran antisociales en determinada actividad, en determinado rubro, repito, entonces ese país a través de su organización jurídica interna, empieza naturalmente a tratar de regular esa actividad.
Si es muy grave, a considerarla delito y a darle una sanción adecuada y al revés, cuando se encuentra que el nivel cultural de una sociedad ha sobrepasado la tendencia a infringir los valores
y las conductas y las relaciones sociales en lo general, en ciertos aspectos, hace lo contrario. Cuando encuentra que la educación, que la comunicación, que la interdependencia, que el nivel económico ha mejorado los puntos de vida de ciertos grupos, de ciertos sectores, entonces encuentra con que el derecho penal, una rama muy importante del orden jurídico, está empezando a cumplir su función de inhibición y que esto aparejado a los demás incrementos de mejoría en la vida, permiten entonces que se despenalicen algunas conductas o porque ya no se consideran tan graves o porque prácticamente no se realizan o porque de alguna manera, el nivel de pensamiento social de una nación, lleva a esa conclusión.
En muchos aspectos en este país, y ustedes compañeros diputados, han dado cuenta, han analizado y han votado otras reformas, en materia penal, no estrictamente al Código Penal; también otras en materia penal contenidas en el Código Penal en donde la propuesta y nuestra conclusión fue exactamente en un sentido de lo que digo.
Se disminuyeron las sanciones, se establecieron posibilidades de penas alternativas para cambiar la pena principal del derecho penal, que es la que priva de la libertad a los individuos, por otras medidas o tratamientos que permiten, facilitan mejor la readaptación social. Ese es el objetivo último de cualquier disposición legal.
Si no existiera la posibilidad humana de vulnerar una ley, no existiría el orden jurídico punitivo, no existirían los instrumentos de procedimiento, no existirían los tribunales, pero hoy por hoy es parte consustancial de la condición humana, y desde los tiempos inmemorables en que los hombres han estado organizados como sociedad y como estados independientes, existe la necesidad de regular las conductas tanto de los individuos, particulares de los gobernados, como y ésta es una necesidad importantísima, como de la actuación de la autoridad.
En este caso y contrariamente a los antecedentes a los que me refería sin nominarlos, porque estoy seguro que ustedes los tienen presentes, en este caso debe darse cuenta la asamblea porque empieza a ser una constante en nuestro país, que han comenzado a proliferar conductas que debemos considerar gravemente antisociales.
Uno de los, hay muchos, pero uno de los valores centrales sobre los que descansa la organización de cualquier país, uno de los órdenes que sedimentan y soportan las relaciones entre los individuos y de éstos con su poder y con otras naciones, el de la economía pública requiere, para cumplir su función y para poder desarrollar su finalidad última, que es inducir y regular los desajustes y tratar de encontrar cada vez mayor grado de igualdad social, de verdadera igualdad social, requiere de tener la completa certidumbre en los signos, en los elementos y en las piezas fundamentales de la economía y todo, creo, es una economía moderna, en una economía de cualquier parte del mundo, a la altura del siglo que llevamos gira en torno a una pieza central de intercambio de relaciones económicas, comerciales y de todo tipo: la moneda.
Como ustedes saben, tener la completa seguridad en que ese instrumento de intercambio de relaciones económicas va a estar totalmente aceptado, incólume, que no puede ser afectado, que no debe ser afectado para poder encontrar la seguridad completa en la actuación y en el desenvolvimiento de todos los individuos y todos los sectores, lleva, pues, a considerar, que sustituir, que imitar, que falsificar la pieza, la unidad de la economía que es la moneda, debe ser algo que todos debemos condenar y que las leyes penales deben contemplar como una falta de grave conducta antisocial y que debe ser sancionado con el mayor rigor posible.
No es, pues, únicamente la intención de sancionar con una pena mayor, no es nada más la intención de dejar una pena alta, sino fundamentalmente de establecer medidas de ejemplaridad y de provocar el mayor grado de inhibición para estas prácticas que sea posible.
Conseguir la seguridad nacional en su aspecto económico, conseguir el mayor grado de confianza pública, conseguir la certidumbre en todos los ordenes, lleva a la norma jurídica a proponer, en este caso, a que la norma jurídica en este caso sea modificada en el capítulo de producción y de circulación de moneda de curso legal; es decir, como ustedes y nosotros sabemos, compañeros diputados, moneda que está autorizada legalmente para circular y tener el poder incondicional, inmediato, liberatorio de obligaciones.
Esta propuesta que nuestros compañeros colegisladores senadores han aprobado y que remitieron para nuestro respectivo análisis, estudio y resolución de asamblea, reacomoda estos dos primeros capítulos de esta parte del código a que me refiero, acaba por esa distinción que en estos tiempos me parece que era inoperante, entre la moneda que es pieza de metal y la moneda que es papel billete; ambos tienen la misma naturaleza y la misma función, independientemente de su presentación.
Y en la situación relativa de nuestra economía, las monedas por sí que no contienen ya un valor intrínseco, suficiente para tener una alta denominación, un alto valor nominativo, han sido francamente sustituidas en casi todos sus casos por el papel billete, al grado de que como todos sabemos, la moneda, la pieza metálica se ha contentado con ser prácticamente el instrumento para las operaciones fraccionarias, para el resultante fraccionario de las operaciones.
De esa manera la ley propone definir el concepto de moneda y no distinguir entre una cosa y otra, ambas son monedas y así se definen y tampoco entre las monedas de curso nacional y las monedas que tienen curso legal en algún país extranjero. Para los casos y para los defectos de esta reglamentación son monedas unas y otras, las extranjeras y la nacional.
Esta propuesta al mismo tiempo que uniforma y define el concepto de moneda, hace una resistematización de los tipos criminales de que nos estamos ocupando.
El texto actual francamente no definía la acción de la falsificación, simplemente decía que al que falsifique se le impondrá tanta pena pecuniaria y de privación de libertad y luego sencillamente decía, que comete este delito el que falsifique la moneda o el que falsifique el billete; ahora se intenta una definición de la acción de falsificación, se le equipara también la distribución y la introducción al país de piezas falsas, sean billetes o sean piezas metálicas.
En el código actual, la falsificación del billete, compañeros diputados, está sancionada con una pena de cinco a 12 años de prisión y la falsificación de moneda metálica de seis meses a cinco años; al uniformarse el concepto de uniforma también la pena, precisamente hay un aumento en la sanción sino, repito, por equiparar la falsificación de los dos instrumentos, la pena parecería que estuviera aumentada a la falsificación de moneda.
Pero quiero hacer un comentario. Por los niveles del valor adquisitivo nominal de nuestra moneda, francamente en lo práctico es difícil la falsificación de la moneda metálica y las tendencias actuales empiezan a proliferar y que deben ser muy preocupantes para la asamblea de diputados, para la nación entera, están tendiendo a la falsificación del papel billete. De tal suerte, que esta unificación de penas derivada de su uniformidad de conceptos, no afecta desde el punto de vista del derecho penal, ni creo que podamos llegar a considerar que por este tipo de cuestiones estemos en la posición de interesar negativamente derechos humanos de los mexicanos o de cualquier otra persona que esté en territorio mexicano.
Punitivamente en el orden de la sanción, la distribución y la introducción y la falsificación, que es una imitación, buena o mala, un acto de creatividad de producción de la moneda, a la pena que se le da a éstos se equipara también en uso indebido, el uso doloso de la moneda falsa y la tentativa, pero no porque se esté aumentando la pena, la tentativa; ya está en el actual Código Penal, en el actual texto, que la tentativa en la falsificación del billete tiene la misma pena que el delito consumado. Hay excepciones, en el artículo 12 de Código Penal, la regla general es que los delitos de tentativa tengan una pena menor, pero deja esa salvedad el texto actual de la regla general cuando las propias leyes determinen otra cosa.
Desde antes y ahora la ley, particularmente en este caso, determina otra cosa. Debe ser considerado tan grave falsificar la moneda, como intentarlo. Ni por asomo, ni por cualquier razón debe permitirse que el intento de una conducta que afecta tanto a la economía y con esto tanto a la vida social de un país, pueda quedar penado de otra manera que no sea de una forma gravada y, en este caso, igual, cuando menos, a la del delito consumado.
Es cierto también que se incorporan algunas otras conductas que se están dando en el seno de la sociedad, en las relaciones económicas y que ahora se consideran que deben quedar incluidas con la categoría de delitos, incluidas en este Código Penal Federal, como la destrucción para la fundición de piezas metálicas, porque es una función exclusiva del Estado, a través del banco emisor, a través de los organismos que el banco emisor monopólico del Estado, tiene encargados para realizar esta producción de monedas metálicas.
También hay algunas prácticas de imitación o alteración del papel billete que empiezan a difundirse y que se necesario comprender, repito, en la legislación penal, para considerarlas como cuerpos delictivos y sancionarlas consecuentemente. Están textualmente reproducidas en los documentos que son copia del dictamen que ustedes tienen, porque ha sido entregado para su conocimiento y análisis.
Cierto que en algunos otros aspectos se incrementa la sanción en otros delitos que no son exactamente la falsificación de la moneda, sino
algunas conductas que se consideran típicamente criminales y que por razón de la calidad de los sujetos delincuentes, de los sujetos activos, como quienes trabajen para la casa de moneda o para los organismos que fabrican los cospeles para la moneda, dada la condición de extrema confianza en que deben realizar su tarea, permitir que se pueda alterar la ley, el contenido de valor metálico de estas monedas, es también una falta particularmente grave, entonces se aumenta un poco la sanción en los términos del dictamen que ustedes tienen, repito, en su poder.
En términos generales es un intento por definir a la falsificación, por uniformar los tipos criminales, por equiparar las sanciones y por incorporar algunos otros cuadros de conducta, que a juicio del Ejecutivo, criterio que comparten nuestros compañeros del Senado, que también compartimos la mayor parte de los miembros de la Comisión de Justicia y que queremos que ustedes reflexionen y también compartan, debe aprobarse este dictamen tanto en lo general, como en lo particular y, si hubiera necesidad de hacer alguna aclaración en esta fase, creo que tendríamos la necesidad para bien del conocimiento e ilustración de todos los compañeros diputados de hacerla.
Mi petición a nombre de la comisión, para el voto favorable de todos ustedes respecto de este dictamen. Gracias, compañeros diputados por escucharme; gracias, señor Presidente por permitirle el uso de la palabra.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Becerra, en los términos del 102.
El diputado Emilio Becerra González: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Es evidente que esta legislación, que pretende ser aprobada este día, constituye la continuación del diseño establecido por el Poder Ejecutivo mexicano, para cumplir la totalidad de las condiciones impuestas por quienes serán o podrían ser nuestros socios en el Tratado de Libre Comercio.
Conocedores de la ideología de los Estados Unidos de América, en donde el valor fundamental y supremo es el dinero, aquí se pretende, a través de esta legislación, consagrar definitivamente ese valor a satisfacción de esos socios del Tratado de Libre Comercio.
Ya existe una penalidad y ya existe una tipicidad del delito. En realidad no había ninguna necesidad ni la hay de hacer todo este tipo de modificaciones, pero desgraciadamente esto es una imposición en las pláticas privadas para el Tratado de Libre Comercio y no es que nosotros, como dijo acertadamente el diputado Juan Hernández, estemos a favor de la falsificación, eso de ninguna manera. Lo que pasa es que no estamos a favor ni de la penalización que ahora se propone ni tampoco de que en este momento concreto se apruebe en esos términos, porque como acertadamente dijo el diputado de la comisión: bueno es que ya la mayoría de las conductas estaban castigadas y ahora simplemente se incrementa la penalidad.
Aquí, una vez más recuerdo yo la moción de congruencia del diputado Yunes.
Hace algunos días se acaban de aprobar multitud de reformas al Código Penal, estableciendo la posibilidad de pena alternativa y ahí se argumentó que de nada servía tener una penalidad muy elevada, que eso no era ningún desterrante del delito, que de cualquier manera los delitos se seguían cometiendo y para garantizar una defensa adecuada, había que garantizar la posibilidad de libertad de quien se presume es inocente hasta que no se le apruebe lo contrario.
Y ahora el criterio es distinto. Ahora resulta que sí efectivamente la gravedad de la pena es la que impide la comisión de los delitos.
Señores, esto es una absoluta falta de congruencia. No es posible que se sostenga una cosa cuando la orden es en un sentido y se sostenga otra cosa cuando la orden es en sentido contrario.
Sabemos que para que se firme el Tratado de Libre Comercio se requiere fundamentalmente que haya garantía a las inversiones y se les dé confianza a los inversionistas y también sabemos que hay multitud de pensadores que han dicho que las superestructuras en un país y el derecho es una superestructura de la economía, tienen su origen, su función y sus objetivos fundamentalmente con base en lo que pretenden los agentes que manejan los factores económicos.
Esta ley y esta propuesta no se pueden aceptar porque detrás de ellas está la presión, está la orden, está la decisión que viene del extranjero y yo aquí me permito recordar el juramento o la protesta que hicimos el día último de octubre, cuando se dijo que "protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo me ha conferido".
A los que se les olvidó, les recomiendo que lean el artículo correspondiente para que vean en qué términos está la protesta y en esas condiciones,
por patriotismo no podemos seguir aprobando consignas del exterior.
El Presidente: Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaría diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: -Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Esta mesa tiene registrados al diputado Víctor Orduña, con los artículos 234, 235, 236 y 237 y, al diputado Juan Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, con los artículos 234 y 237.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: -Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 270 votos en pro y 91 en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 270 votos.
Esta presidencia informa que han quedado registrados para la discusión en lo particular de los artículos reservados, los siguientes diputados: Juan Hernández Mercado, con los artículos 234 y 237; Joaquín Hendricks Díaz; Víctor Orduña Muñoz, para los artículos 234, 235, 236 y 237; Rafael Cañedo Benítez; Juan de Dios Castro Lozano y Juan Ramiro Robledo Ruiz.
Tiene la palabra el diputado Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juan Hernández Mercado: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Me da la impresión de que ustedes nos han dado la oportunidad de ganar de alguna manera la votación anterior. ¿Por qué razón?, la mayoría no siempre tiene el lugar justo ni se coloca en lugar debido, esto me trajo a la memoria lo siguiente:
A Galileo, cuando él dijo que la tierra era la que se movía alrededor del sol, se le juzgó, se le enjuició y se le amenazó y fue la mayoría dominante de la época. Hoy, ustedes, conculcan el derecho, sin ningún pudor y sin ningún recato. No valoran la libertad del ser humano.
Por compromiso o por disciplina partidaria ustedes han votado, me pregunto, ¿dónde ha quedado su conciencia? La figura de la Justicia es representada de manera ciega con una balanza, el ser humano, valora y determina.
Si ustedes, aprovechándose de esa situación y fuera de su conciencia y únicamente por cumplir con un mandato han votado en favor de este proyecto, compañeros, ustedes no están poniendo en el lugar, donde debe de estar, la libertad del ser humano.
Aquí estamos defendiendo y diciendo que debe cuidarse el derecho humano.
Estamos hablando de la libertad y, sin embargo, la votación no fue en ese sentido. Preguntémonos, nuevamente, si habrá alguna separación entre aquel que pretende realizar un acto delictivo y aquel que lo consuma. ¿Vamos a castigar, vamos a sancionar, por igual, a ambas personas, a ambas conductas?
Aquel que ha pensado en la falsificación de la moneda, que ha conseguido los elementos necesarios para hacerlo, es más, que lo ha impreso, pero por algún momento, por alguna circunstancia ajena a su voluntad no llega a realizarlo, ¿lo vamos a castigar igual que aquél que ha agarrado, ha preparado todo y llega el momento en que pone en circulación el billete falsificado? ¿Habrá sido la misma conducta?
¿Tenemos que castigarlos por igual? Entonces si eso se va a hacer, hay que modificar todo el Código Penal, pero en su totalidad, vamos a quitar la tentativa, vamos a valorar de otra manera la conducta a calificarse y entonces hacemos todo de manera uniforme.
Se ha dicho que la penalidad es la que va a prevenir la delincuencia. Si de esa manera vamos a tratar de prevenirlo, podíamos bien poner para aquél que se pase un alto de tres años de prisión, para que éste intente falsificar le ponemos cincuenta años de prisión, para aquél que falsificó y puso en circulación la moneda pues le ponemos cien años de prisión y nos ponemos a aumentar las penas.
Yo creo que el derecho no únicamente es para sancionar, busca también rehabilitar y dar normas de conducta que permitan que la sociedad evolucione y se transforme en sí misma.
Nosotros nos hemos reservado la argumentación sobre el artículo 234. Este artículo al final del párrafo tercero dice "A quien cometa este delito en grado de tentativa se le impondrá la misma pena que si lo hubiera consumado".
La penalidad que era de cinco a 12 años, de acuerdo a los términos en que está redactado, hay condiciones con las cuales se maniata al juzgador. ¿En qué libertad se le deja al juez para que valore si va a castigar por igual?
Va a decir: al que lo intentó le ponemos cinco años; bueno, éste falsificó, pero falsificó únicamente una moneda, un billete, vamos a ponerle cinco años. ¿Dónde quedó la separación, dónde quedó esa valorización, dónde está el papel del juez, donde está el papel del juzgador en ese instante? Se le está amarrando, se le está atando, para que cumpla con su verdadera función .
Recordemos que hablar de tentativa es enunciar nuestra preparación del acto, así como la realización de los pasos necesarios para su consumación, pero que por causas ajenas no se van a realizar. Este es el punto que separa a la tentativa del delito consumado.
Cuando se somete a la consideración de este pleno el proyecto de dictamen en los términos mencionados, deja ver claramente que ahí no existe la frontera entre lo pretendido y lo realizado, pasando por alto los lineamientos de equidad. ¿Dónde queda este principio de equidad? ¿Dónde debemos dejarlo? ¿Dónde cumplimos realmente como Legisladores?
Todo delito para su penalidad debe valorarse en función de su gravedad, con la conducta desarrollada por el sujeto, por el resultado y el daño causado, por su duración y por sus elementos internos de la conducta. Nuestro derecho penal lo divide en dolosos, culposos, además de quitar los intencionales, no intencionales y de imprudencia.
De ahí que resulte de vital importancia no permitir que una iniciativa en donde todos estos elementos no han sido debidamente valorados y adecuados, dentro de un ordenamiento que mantenga coherencia con nuestra legislación penal, pase adelante. Por eso debe rechazarse este proyecto, debe redefinirse, debe nuevamente analizarse. Si esto que estamos ahorita mencionando realmente otra vez se vuelve a aprobar por una mayoría, pero sin valoración y únicamente por obedecer, por cumplir, yo los invito a que valoren, el hecho de que ustedes ahorita aprueben lo que deseen no garantiza que estén en el punto justo, la sociedad tomará su valoración posterior y también sabrá cobrar en su momento la revancha oportuna.
Nosotros no somos el pueblo, somos parte del pueblo y hemos sido designados para ocupar este puesto durante tres años y debemos tener la sensibilidad necesaria para que aquellos electores que depositaron en nosotros su confianza les sea refrendada, pero le sea refrendada a través de los hechos, a través de la participación. Aquí se ha mencionado que debe haber diálogos de altura y se han dado, los compañeros del Partido Acción Nacional lo han demostrado en el manejo de la terminología jurídica y sin embargo pese a la argumentación que ellos han vertido, se ha votado en contra de lo que han mencionado y ellos lo han marcado dentro de los principios de justicia, de igualdad y de equidad.
Yo los invito a que reflexionen, podrán votar otra vez, podrán votarlo, pero la justicia y la verdad estarán presentes y lamentablemente habrán ustedes pasado por encima de su conciencia. Gracias compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Joaquín Hendricks Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Joaquín Hendricks Díaz: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Antes que nada, a nombre de mis compañeros de partido quiero dejar establecido con claridad meridiana que nosotros votamos por convencimiento, votamos porque estamos convencidos, porque hemos analizado los argumentos que esgrimimos en esta tribuna. El compañero del Partido de la Revolución Democrática ha manejado en este sitio su inquietud porque se penalice este delito en su grado de tentativa en su grado de tentativa. Al respecto, para ilustrar a esta asamblea, el artículo 238 del vigente Código Penal, establece: al que cometa el delito de falsificación de billetes de banco en grado de tentativa se le impondrá la misma pena que si lo hubiere consumado.
Como podrán observar, compañeros diputados, este tipo está contemplado ya en el vigente Código Penal y el porqué de la penalización en este sentido creo que también ha sido manifestado en esta tribuna por mi compañero de partido cuando establece que la pena se señala precisamente en función de la gravedad del delito. Está de por medio la credibilidad del Estado, está de por medio la fe pública, es un delito que las áreas del Ejecutivo Federal, técnicas en este sentido, han considerado de gravedad y, en consecuencia se han establecido las penalidades.
También es importante destacar que lo único que se hace es una adecuación de la sistematización de nuestro Código Penal. También se ha explicado en esta tribuna, mi compañero de partido que me antecedió en el uso de la palabra, la forma en que se han adecuado los capítulos primero y segundo del Título décimo tercero del Código Penal. Es así que no debe quedar duda para nosotros, compañeros, de la necesidad de hacer esta adecuación en nuestro Código Penal, una adecuación que se ajusta a la realidad que vivimos en este momento, una adecuación que responde a la necesidad de hacer ciertos cambios en la misma y que nosotros, la fracción de mi partido, está dispuesta a llevar adelante.
Es cierto que debemos atender, y estamos convencidos de hacerlo, los señalamientos de los compañeros de las demás fracciones parlamentarias, debemos hacerlo, pero en la medida en que estemos convencidos de los razonamientos que también tienen la oportunidad de hacer valer en esta tribuna. En la medida en que nos convenzan de la validez de sus razonamientos, estaremos dispuestos a hacer la inclusión correspondiente en todos, precisamente, los artículos que pudieran ser necesarios en nuestro Código Penal.
Finalmente, compañeros diputados y también como una modesta aportación para el conocimiento de esta asamblea, quiero informarles que nuestro país se adhirió a la Convención y Protocolo de Ginebra, para la represión de la falsificación de moneda desde el año de 1936. Muchas gracias, compañeros diputados. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Becerra, para hechos, en los términos de 102.
El diputado Emilio Becerra González: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Efectivamente, este artículo se reservó por el compañero diputado Juan Hernández en lo particular, pero habría sido posible y factible reservar todos, independientemente de estar o no de acuerdo en algunos de los conceptos. Pero si ustedes analizan, fíjense cómo dice ese artículo y así dicen todos: artículo 234. Al que cometa el delito de falsificación de moneda se le impondrá de cinco a 12 años de prisión, lo cual es lo normal que se establece en todos los códigos y hasta 500 días de multa.
¿Que quiere decir esto? ¿Que aparte de la prisión, multa por otros 500 días de cárcel o qué? Es una redacción desastrosa, inaceptable totalmente. Si ustedes ven todas las legislaciones que se han modificado, se establece para evitar caer en los problemas que se creó con la inflación provocada por los distintos gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional, anteriormente el Código decia: y delántos a tantos pesos de multa; pero ahora, como ya los pesos o esas cantidades ya no son las adecuadas, se dice: y el equivalente a tantos días de salario mínimo de multa, pero aquí como se trata de legislar de acuerdo con las órdenes del Tratado de Libre Comercio, ya ni tiempo tienen de redactar bien esto; ya le ponen y hasta 500 días multa.
Señores, yo creo que esto de plano debe de dar pena y es en todos los casos, el 234...
El Presidente: -Un momentito, diputado Becerra, por favor. Sí, diputado Robledo.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul): -Señor Presidente, por favor, si le podría pedir a la Secretaría que lea el segundo párrafo del artículo 29 del Código Penal.
El Presidente: Proceda la Secretaría a dar lectura a ese artículo, para ilustrar a la asamblea.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: "La multa consiste en el pago de una suma de dinero al estado que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de 500; el día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado, en el momento de consumar el delito tomando en cuenta todos sus ingresos". Servido, señor, presidente.
El Presidente: -Adelante, diputado Becerra.
El diputado Emilio Becerra González: -Y entonces el artículo 233 es igual:
"Se impondrá de tres a cinco años de prisión y hasta 500 días multa..."El 237, el 238. Eso no puede aceptarse, porque es una redacción totalmente fuera de la gramática española.
Por último, se habla y como dice acertadamente el diputado Juan Hernández, que se equipara la tentativa al delito consumado y efectivamente, si ustedes ven, dice: "falsificación de moneda, el que produzca". La tentativa es el que intente producir. "Distribuya", la tentativa es el que intente distribuir; o "introduzca al territorio nacional", eso sí es todavía más grande, es "al que intente introducir". Yo me pregunto: ¿dónde está la facultad del gobierno mexicano para castigar o para extenderse hacia más allá del territorio nacional? Si alguien introduce moneda al territorio nacional, pues yo estoy de acuerdo en que lo castiguen, pero si intenta introducir moneda, pues quiere decir que este señor esta en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, no sé, en algún lugar, porque al intentarlo, pues está fuera de aquí y en el momento que llega aquí, ya se introdujo a territorio nacional.
Entonces es una redacción poco feliz, inaceptable y, sobre todo, que de ninguna manera se justifica que empecemos a castigar el delito consumado de la misma firma que se castiga la tentativa, porque si alguien cometió un error, no podemos seguir cometiendo esos errores con el argumento de que ya otros lo cometieron.
Quien habló en favor de la comisión, dijo: "en la redacción actual aparece tal y cual redacción". Y si eso es así, pues vamos a continuar en esos términos. Eso es inaceptable por todos los puntos de vista, ya que si actualmente tenemos la posibilidad de corregir esa redacción y de hacer más congruente la legislación, porque finalmente a eso es a lo que venimos, tenemos que adecuar la legislación a lo indicado, hacer una redacción adecuada y no terminar o introducir otras teorías penales que podrían ser validas, pero habría que discutir si por ser muy grave un delito, ya no se va a hacer distinción entre tentativa y consumación del delito. Gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Victor Orduña Muñoz.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:- Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Reservé a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, cuatro artículos y le solicito permiso a la Presidencia, para tratar los cuatro en un solo acto y posteriormente si hubiese necesidad, haríamos alguna intervención posterior para aclarar algún punto si fuese necesario.
El Presidente: -Aprobado, señor diputado.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:- Bien, señores diputados, la iniciativa que hoy estamos analizando y estamos discutiendo, tiene como característica y creo que pocas de las iniciativas que hemos analizado aquí en este período tiene lo que ésta tiene y es que carece de una total técnica legislativa. Es un iniciativa que tiene una pésima redacción. Es una iniciativa que por otro lado, tiene un retroceso en la doctrina penal. Tiene como característica fundamental el aumento de las penas, como si el aumento de las penas fuese necesariamente la forma en que va a impedirse la comisión de los delitos.
Por otro lado, en alguno de los preceptos que se contienen en esta iniciativa, tiene también hasta excesos legislativos, como lo voy a demostrar más adelante y desafortunadamente aun conteniendo todos estos aspectos negativos que acabamos de enunciar, tenemos una muy mala práctica y esa mala práctica consiste en no querer enviar o devolver nada al Senado, aun cuando se demuestre, cuando se diga que no viene bien hecho, que no viene bien realizado.
Las conferencias conjuntas que se sostuvieron entre Cámara de Diputados y el Senado de la República, si bien es cierto que por un lado podrían evitar el debate parlamentario, por otro lado cuando se llega a estos extremos de no querer devolver nada al Senado, aun cuando esté mal hecho, bueno, pues creo que resultan prudentes para que al menos incluyan las observaciones que tiene esta Cámara de Diputados con respecto a las iniciativas que le han sido planteadas.
Mencionaba el diputado Hendricks Díaz, que él ha analizado al igual que, me imagino, la gran mayoría de sus compañeros, esta iniciativa y lo habían hecho de tal manera que él venía a esta tribuna motivado por el convecimiento y por ese convencimiento había dado su voto. Mencionó también que esta iniciativa tiene su origen, tiene su antecedente en que las áreas del Ejecutivo han definido a ésta, conductas que hoy se están penalizando como de una gran gravedad y que por ello se han establecido las penalidades que aquí se contienen. Se mencionaba hace un momento y lo hacían con mucha claridad, lo relativo a la tentativa. Diputado Hendricks, ¿usted cree que si la tentativa y la comisión de un hecho ilícito fuesen exactamente igual, habría necesidad de que la doctrina y de que la propia legislación, hiciese diferencias?, pues no habría ninguna razón, entonces no venga a decir que pues tendrían un tratamiento igual.
Esos son los motivos que nos animan a haber votado primeramente en contra en lo general
y lo haremos en lo particular también, porque considero que está muy mal. Ahora, me voy a permitir proponer a esta soberanía un texto alterno en cada uno de los artículos reservados y a continuación explicaremos el porqué de esta propuesta.
El artículo 234 se propone que quede en los siguientes términos: "Al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y hasta 500 días de multa.
Se entiende por moneda para los efectos de este capítulo, los billetes y las piezas metálicas nacionales o extranjeras que tengan curso legal en el país del emisor. Comete el delito de falsificación de moneda, el que produzca, distribuya o introduzca a territorio nacional, cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes y que por ellos resulten idóneos para engañar al público por ser confundibles con monedas emitidas legalmente.
"Se impondrá de cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa al que falsifique moneda con la finalidad de engañar al público, siempre y cuando ponga en circulación la moneda falsificada. Igual pena se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsa".
El texto del artículo 135 que proponemos a su consideración, es el siguiente: "Se impondrá de 3 a 5 años de prisión y hasta 500 días de multa - fracción primera - Al que marque la moneda con leyendas, sellos, en cualquier otra forma, para divulgar mensajes dirigidos al público.
II. Al que permita el uso o realice la enajenación por cualquier medio o título de máquinas o instrumentos o útiles que únicamente puedan servir para la fabricación de moneda, a personas no autorizadas legalmente para ello.
La misma pena se impondrá a quien adquiera o posea dichos objetos sin la autorización correspondiente".
En el artículo 236 proponemos:
"Se impondrá prisión de cinco a 12 años y hasta 500 días de multa al que con finalidad de lucro altere moneda. Igual sanción se impondrá al que a sabiendas circule o use moneda alterada."
Para los efectos de este artículo, se entiende que altera un billete aquel que forme piezas mediante la unión de dos o más fracciones procedentes de diferentes billetes y que altere una moneda metálica, aquél que disminuya el valor de las piezas de oro, plata, platino o pladio, mediante limaduras, recortes, disolución de ácidos o empleando cualquier otro medio.
Y por último, para el artículo 237 proponemos:
"Se impondrá de cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días multa a quien fabrique cospeles o acuñe moneda ilegalmente, que por cualquier medio haga que las monedas de oro, plata, platino, o paladio, contengan metal diverso al señalado por la ley o tengan menor peso que el legal o una ley inferior."
Esas son las propuestas que hace el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y voy a permitirme fundamentar y razonar la propuesta del artículo 235. el artículo 235 es el que contiene, mencionaba al inicio de la exposición, el más claro ejemplo de un exceso de legislación y ese exceso se da con claridez sin igual en la fracción
I. En la fracción I se dice, dice el artículo 235:
"Se impondrá de tres a cinco años de prisión y hasta 500 días multa, al que con cualquier fin produzca, almacene o distribuya piezas de papel con tamaño similar o igual al de los billetes, cuando dichas piezas presenten alguna o algunas de las imágenes o cualquier otro elemento de los contenidos en los billetes, aunque contengan otras características que los distingan de los billetes."
Miren ustedes: con esta redacción en la fracción I, al ser aprobado este artículo, caeríamos, incluso y posiblemente se caiga, en el absurdo de que en cuanto esté aprobado, todas las tiendas de autoservicio que venden juegos de mesa como son los juegos éstos de... es que me va ahorita el juego...el turista, exactamente, el turista y otros más gracias tendrían que retirar de la circulación y de la venta esos juegos, porque de esos juegos se contienen billetes que tiene características similares a los que se utilizan para la circulación de los billetes emitidos legalmente.
Esto incluso resulta hasta un atentado al criterio, un atendado al buen juicio, cuando cree quien propone esta iniciativa, que en condiciones normales puede engañarse a una persona con un billete de esta naturaleza.
Creo que en ese caso habría que sancionar a quien se deja sorprender por un billete de esa naturaleza, o más bien, sancionar a aquel que propone una iniciativa en estas condiciones
Por otro lado, señores, no es posible sancionar en forma indiscriminada, como decía aquí el diputado Hendricks. Hay que sancionar tan sólo a aquellas conductas que van encaminadas a la comisión de un acto ilícito y no a aquellas conductas que van encaminadas a la comisión de un acto ilícito y no a aquellas conductas que no tienen la finalidad de cometer un delito. Esto sí sería un exceso de legislación, que de aprobarse, hablaría muy mala de esta Legislatura, hablaría muy mal de quienes están aprobando este proyecto.
Lo dejo a su consideración, señor Presidente y pido que en su oportunidad sean votadas las propuestas de artículo por artículo, que en forma posterior, mi compañero de partido, el diputado Juan de Dios Castro, vendrá a razonar.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos el diputado Francisco Laris Iturbide.
El diputado Francisco Felipe Laris Iturbide:- Compañeros diputados:
Consideré necesario intervenir brevemente, para dar, por un lado, la razón al dictamen en lo que a la tentativa se refiere. Me voy a permitir en un breve análisis, comentar lo que la doctrina y la legislación extranjera nos dice.
Cuando la tentativa se halle especialmente penada por la ley, como figura penal propia se aplicarán las sanciones que así corresponda, tal es el caso de la tentativa para matar al jefe de Estado, que se castiga con severidad, como el homicidio consumado del mismo, con la pena de reclusión mayor a muerte.
Además en igual caso, las lesiones no integran la frustración o tentativa, se castigan con el mismo rigor. Tentativa por declaración legislativa, cual es el caso de éste dictamen, de esta iniciativa, es la de los tenedores de monedas falsas, precisamente éste es el caso, cuando por el número de circunstancias se empleara razonablemente que están designadas a la expedición. Esto lo tratan los códigos de España, de Argentina y la mayoría de Iberoamérica y también el de México en el artículo 238, es decir, que es correcta la aplicación de la pena en tráfico de monedas, falsificación de monedas, la misma pena a la tentativa que también es delito consumado.
Por otro lado, si estoy totalmente de acuerdo con que la penalidad es abrumadora, no es posible que el grado de la pena llegue a contemplar hechos dentro de la ley penal, que no es única y exclusivamente para castigo, como se ha dicho, que llegue a contemplar casos que llegan, señores, a la perversidad; el Código Penal no puede ser un código perverso, el Código Penal es un código para corregir, para enseñar y para sanear, de ahí que hasta el propio nombre en los nuevos códigos penales, no se hable sino de recuperación social. Con esto queda claro la oposición de mi partido en lo que se refiere a la penalidad y al grado de penalidad que se tiene y queda claro también en cuanto que a la tentativa, en este caso específico del tráfico, de la falsificación de la moneda, como lo indica la doctrina y los códigos extranjeros, deben de ser penalizados exactamente por igual. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rafael Cañedo Benítez.
El diputado Rafael Cañedo Benítez: - Con su permiso, señor Presidente:
Unas breves consideraciones políticas que dieron motivo a esta reforma al Código Penal y después también una breve reflexión sobre lo manifestado por el diputado Orduña.
El propósito de esta reforma es muy claro. Hay un Plan Nacional de Desarrollo.
Ahí, desde 1988, se indicó que uno de los propósitos de ese plan era el de actualizar las disposiciones legales. Esta es una de esas actualizaciones legales.
Se pretende ofrecer mayor seguridad a la circulación de las monedas, tanto las metálicas como los billetes. La modernización de la sociedad no solamente es una necesidad política, también se requiere modernizar las disposiciones legales que presenten signos de obsolescencia frente a las nuevas tecnologías.
De ahí que el Ejecutivo Federal haya propuesto una iniciativa para que se mejore la estructura de la normas que sancionan a la falsificación, unificado en un solo concepto la de monedas en metálico y el papel, para que fuera con mayor claridad la ley.
¿Cuál es la intención del autor de la iniciativa? Dar la prioridad que se le da a la seguridad de la ciudadanía y también la seguridad que se le da a la sociedad entera cuando se trata de la circulación de la moneda. Este acto de iniciativa, no es un acto aislado Constituye una estrategia para modernizar a México. Esta estrategia tiene por objeto conducir el ritmo de la transformación y no dejar que la inercia y el inmovilismo lleven el rumbo nacional. LLevar el rumbo nacional requiere de medidas concretas y una de ellas es ésta: la de incrementar la protección a la moneda nacional.
Es indispensable, ineludible e impostergable que este Congreso tome las medidas necesarias para que quienes incurran en dicha conducta puedan ser debidamente sancionados.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus (desde su curul): - ¿Me permite hacerle, una interpelación?
El Presidente: -Diputado, no le escuché, perdón.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus (desde su curul): - ¿Fuera usted tan amable de preguntarle al orador, si me permite una interpelación?
El Presidente: - Con mucho gusto.
¿Acepta usted, diputado Cañedo, una interpelación del diputado Jiménez Remus?
El diputado Rafael Cañedo Benítez: - Tengo entendido que el señor diputado está inscrito para hablar, en la reserva y considero que se enriquece el debate cuando las partes presentan en concreto sus argumentos, completos y no se limitan a un acto de interpelación brevísimo, que no da motivo más que de una charla.
Razón por la cual, señor Presidente, con todo respecto me espero a que el señor diputado acuda a esta tribuna en el momento oportuno de esos argumentos y los escucharemos con mucha atención.
Repito y digo, que si ya los falsificadores están utilizando modernas tecnologías para falsificar, es necesario que la ley también se adecúe a los tiempos actuales. No podemos quedarnos atados al pasado, tenemos la obligación política de actuar y así lo está haciendo el Ejecutivo, así lo hizo ya el Senado de la República y esperamos que así lo haga esta Cámara de Diputados.
Ahora vamos a hacer una brevísima reflexión sobre el 234. Consideramos nosotros que no es posible bajar la pena, como lo propone el diputado Orduña.
La falsificación de la moneda transforma a una sociedad tranquila en una sociedad inquieta, una sociedad insegura, una sociedad en perpetua zozobra.
Razón por la cual la pena de falsificación de la moneda deba ser elevada. No decimos nosotros que incrementando la pena sean una solución única y mágica, pero sí sirve para que aquellos que son detenidos en el acto de falsificación sufran las debidas consecuencias.
Por lo que hace a la tentativa tan discutida esta noche, lo que tenemos que hacer es recordar lo que con toda seguridad los maestros de derecho penal, aquí presentes, nos van a decir en el momento oportuno es recordar el iter criminis, que si recordamos nosotros es el camino que sigue el delincuente hasta que comete el acto que la ley sanciona. Ese iter criminis tiene una fase interna. La fase interna es aquella en la que el delincuente motiva, delibera y resuelve. Esa fase por obvias razones no es punible y no es punible porque el pensamiento es libre y nadie puede sancionarlo.
Pero viene ya la conducta y la manifestación externa de ese intercriminal del que nos hablan los maestros de derecho penal y que estoy seguro que hoy recibiremos muchas lecciones, primero, manifestar la idea. el delincuente continúa en su actividad ya que tomó la resolución interna de cometer el delito, la manifiesta externamente.
¿Cuándo es punible por la ley esa manifestación de la idea? Solamente en dos casos: constituye delito exclusivamente en las amenazas y constituye delito expresamente en los de traición a la patria, sedición, asonada y motín.
Terminada ya la manifestación de la idea, empieza ya la preparación del acto delictivo. El acto delictivo debe de manifestarse a través de actos materiales adecuados, actos materiales adecuados, como son los que señala clara y precisamente el artículo 234 y el 235 al que se está reservando el diputado Orduña.
¿Qué sucede en la tentativa? La tentativa la podemos dividir en dos partes, como la dividen los conocedores del tema que nos han enseñado: en la tentativa acabada y en la tentativa inacabada. Inclusive van el exceso de dividir en dos la tentativa inacabada; cuando se acaba en forma espontánea o cuando se acaba por una fuerza externa. En simple o en compuesta.
¿Y cuál es la tentativa acabada? Aquella que detiene al delincuente por una fuerza ajena a su voluntad.
Es tan grave, compañeros del Partido de la Revolución Democrática, el delito de falsificación de moneda, que inclusive hay un autor; que ya nos dirán los expertos penalistas, que considera consumado el delito de tentativa acabada, como subjetivamente ya realizado. Es decir, para efectos del falsificador el simple hecho de realizar todos los actos del iter criminalis ya constituye la realización subjetiva, subjetiva del delito de falsificación.
Por esa razón proponemos nosotros que se castigue con la misma pena. Por esa razón estamos pidiéndoles a ustedes que autoricen con su voto que se sancione con la misma pena a la persona que comete la tentativa de falsificación de monedas.
Considero que los demás artículos serán comentados por otros diputados, ya que he dado respuesta, en parte, a lo que dice el diputado Orduña. Gracias, señores diputados. (Aplausos.)
El Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Jiménez Remus.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Solicité por conducto del Presidente de la Cámara, preguntara al señor diputado Cañedo Benítez si aceptaba una interpelación y respetando su decisión de no haberla aceptado, quiero iniciar mi intervención diciendo el sentido de mi interpelación.
El señor diputado Cañedo Benítez en su exposición advirtió que el Banco de México había realizados un informe sobre las falsificaciones de monedas en el territorio nacional, así como los falsificadores. Así lo dijo y si no me remito a la versión estenográfica de las palabras del diputado Cañedo Benítez.
Ahora bien, uno de los problemas que el grupo parlamentario de Acción Nacional advierte en este dictamen que se pone a nuestra consideración, es el relativo a las penalidades que se consignan en estos artículos a discusión.
Evidentemente debemos relacionar que o hay un aumento de la criminalidad en materia de falsificación y que eso ha obligado en una política criminal a aumentar las penas para que sirvan de ejemplo y se evite este aumento o, por otra parte, hay una absoluta ignorancia de la opinión pública nacional de lo que está sucediendo en esta materia.
Yo lo quería preguntar entonces al diputado Cañedo Benítez, si ese informe del Banco de México se encontraba anexo, como un punto objetivo de juicio, en el expediente relativo a este dictamen de la Comisión de Justicia, porque me parece evidente que esto soportara el aspecto técnico de una política criminal, para aumentar las penalidades de estos delitos.
En segundo lugar, creemos también y otro grupo parlamentario lo ha dicho aquí en la tribuna, que nos parece injusto y desde un punto de vista de técnica jurídica en materia de estructuración de un tipo de delito, el equiparar la tentativa de delito con un delito consumado.
El otro tercer aspecto sería, que existe también a nuestro modo de ver, en referencia con la actual ley en vigor, una confusión entre moneda metálica y papel billete, para efectos del tipo que se está consignando en estas reformas y sus respectivas penalidades.
En razón de todas estas notables inconveniencias de este dictamen, a mí no me cabe la menor duda y a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional vengo a pedir que se retire este dictamen y se regrese a comisiones y lo hago en los términos del Reglamento, basándome en el artículo 58 concretamente, para que se regrese a comisiones este dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Juan José Castillo Mota (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos el diputado Castillo Mota.
El diputado Juan José Castillo Mota: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado durante el debate un sin número de elementos que nos obligan a reflexionar con mayor profundidad esta iniciativa.
Nosotros estamos de manera abierta, no para imponer criterios, sino para escuchar opiniones que nos permitan que en esta LV Legislatura salgan iniciativas convertidas en ley, en mejores condiciones para el servicio del pueblo de México y por eso, hoy, después de haber escuchado las intervenciones de mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática, las intervenciones de mis compañeros de Acción Nacional y las de mis propios compañeros.
He solicitado permiso al Presidente para venir a esta tribuna a hablar y exponer lo que he manifestado y para rogarle al señor Presidente, si no tiene inconveniente en preguntar a la asamblea si autoriza que esta iniciativa, que este dictamen se regrese a la Comisión de Justicia para que en ella reflexionemos en mejores condiciones y obtengamos una mejor ley para todos los mexicanos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se acepta
la propuesta del diputado Castillo Mota, pero planteada también por el diputado Jiménez Remus, de regresar el dictamen a la Comisión de Justicia.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se regresa dictamen a comisiones, de acuerdo como lo propuso el diputado Castillo Mota.
Los que estén por al afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se regresa el dictamen señor presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - Retírese el dictamen y remítase a la Comisión de Justicia.
Pasamos al siguiente punto. Se ruega a la Secretaría continuar con el desahogo de los asuntos en cartera.
CONDECORACIONES
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, aprobada por la honorable Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano Manuel González Valle, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal, virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, de apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Manuel González Valle, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Palmas Académicas en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa. Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 1991.- Diputados: César A. Santiago Ramírez, Presidente; Juan de Dios Castro Lozano, Salvador Valencia Carmona, secretarios; José Octaviano Alanís Alanís, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encina Rodríguez, José Guadalupe Enrique Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael, González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E, Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique G. Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Césareo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Viles, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Roylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, Ma. Esther Scheraman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Valero Recio Becerra, Miguel Angel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum y Efraín Zúñiga Galeana.»
Trámite: -Es de segunda Lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.
El mismo Secretario diputado:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, aprobada por la honorable Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano ingeniero Juan José Agustín Reyes Rodríguez, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Agrícola, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal, virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, de apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano ingeniero Juan José Agustín Reyes Rodríguez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Agrícola, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 1991.- Diputados, César A. Santiago Ramírez, Presidente; Juan de Dios Castro Lozano, Salvador Valencia Carmona, secretario; José Octaviano Alanís Alanís, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristema González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enrique Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E. Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique G. Jiménez Remus, Adolfo Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crecencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, Ma. Esther Scheraman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Valero Recio Becerra, Miguel Angel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Trámite -Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto.. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El mismo Secretario diputado:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto aprobado por la honorable Cámara de senadores, por el que se concede permiso al ciudadano Javier Ricardo de la Mora y Garibay, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, Rayos Dorados y Collar, que le confiere el gobierno de Japón.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Javier Ricardo de la Mora y Garibay, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, Rayos Dorados y Collar, que le confiere el gobierno de Japón.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados de honorable congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 1991.- Diputados: César A. Santiago Ramírez, Presidente; Juan de Dios Castro Lozano, Salvador Valencia Carmona, secretarios; José Octaviano Alanís Alanís, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Amenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristema González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enrique Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E. Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique G. Jiménez Remus, Adolfo Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Césareo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Aviles, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, Ma. Esther Scheraman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Valero Recio Becerra, Miguel Angel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum y Efraín Zúñiga Galeana.»
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Domingo Alapizco Jiménez:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 18 de diciembre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Juan Pedro Mario Pablo Ghislain Duez Nelis, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Bélgica, en Puebla.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de día 19 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará, serán de carácter estrictamente consular,
c) Que la solicitud se ajusta a los establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Juan Pedro Mario Pablo Ghislain Duez Nelis, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Bélgica, en Puebla.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México,
Distrito Federal, a 20 de diciembre de 1991.-Diputados: César A. Santiago Ramírez, Presidente; Juan de Dios Castro Lozano, Salvador Valencia Carmona, secretarios; José Octaviano Alanís Alanís, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Armente, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristema González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enrique Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E. Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique G. Jiménez Remus, Adolfo Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crecencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, Ma. Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Valero Recio Becerra, Miguel Angel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla, Cuevas Nahum y Efraín Zúñiga Galeana.»
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El mismo Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 18 de diciembre de año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Eloísa González Parcero, para que pueda prestar sus servicios como secretaria en la Embajada de Tailandia, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de día 19 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará, en la Embajada de Tailandia, en México, será como secretaria y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Eloísa González Parcero, para que pueda prestar sus servicios como secretaria, en el Embajada de Tailandia en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 1991.- Diputados: César A. Santiago Ramírez, Presidente; Juan de Dios Castro Lozano, Salvador Valencia Carmona, secretario; José Octavio Alanís Alanís, José Alarcón Hernández Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Amenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristema González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz,
Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E. Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique G. Jiménez Remus, Adolfo Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Cresencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, Ma. Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Valero Recio Becerra, Miguel Angel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente: - Rogamos a los diputados tomar sus lugares para continuar con el desarrollo de la asamblea.
PROCESO ELECTORAL EN GUANAJUATO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Enrique Rico, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Enrique Rico Arzate: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna para hablar sobre los sucesos del proceso electoral del primero de diciembre de 1991 en el estado de Guanajuato.
Debido a lo que está aconteciendo, me voy a permitir dar algunos elementos de análisis.
La lucha por al democracia ha sido ardua y difícil.
Tildados de ilusos o de románticos en el mejor de los casos, sus promotores han tenido que enfrentarse a los mayores obstáculos, unos de ellos más de 70 años de ejercicio del poder de un solo partido, convirtiéndose en la dictadura más vieja del mundo.
Por intentar construir una democracia sin restricciones, don Francisco I. Madero emprendió en 1910 una revolución, para luego caer víctima de felonía y la traición. Posteriormente vendría a seguir esta competencia por el poder entre los diversos caudillos.
La imposición ha sido en nuestro país una constante historia fatal, al grado que se ha acabado por asumir, casi como un hecho inevitable, el alejamiento creciente del pueblo en los procesos electorales. La verdadera lucha de la Revolución se dio y se sigue dando entre aquellos que pensaban que lo fundamental para la estabilidad del sistema era el control político y quienes propugnaban el ideal democrático, es decir, entre quienes empeñados en la promoción de sus intereses creados mistifican la idea del partido único, cooptador monolítico y quienes creen que ha sonado en México al fin la hora de las rectificaciones del sistema.
Compañeras y compañeros diputados:
Es el momento de acabar con la supeditación a la voluntad de un solo hombre y a la línea desde arriba, que sólo esconde cobardías y la anulación de la sana educación positiva y libre.
La visión histórica de la trayectoria electoral del estado de Guanajuato permite ubicar su importancia dentro de la geografía electoral de la República. Desde 1946 se suscitaron problemas por resultados electorales entre el Partido de la Revolución Mexicana y la Unión Cívica Leonesa, integrada por sinarquistas y por miembros del Partido Acción Nacional.
Durante los acontecimientos grupos empresariales aglutinados en la Confederación Nacional
de Cámaras Industriales y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, tanto de la capital de la República como locales, efectuaron actividades de demandas del esclarecimiento de los sucesos. Desde este momento, se nombraron consejos Municipales en los municipios de Guanajuato, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya y Salvatierra.
En 1991 el primero de diciembre el Partido Nacional Revolucionario, ahora Partido Revolucionario Institucional pierde todos estos municipios en la trayectoria geográfica, excepto Irapuato, que fue ganado por escasamente 1 mil 431 votos con respecto a la oposición. El 18 de agosto de 1991, en las elecciones federales, concurrieron a las urnas aproximadamente 1 mil 200 mil personas, de las cuales votaron por el Partido Revolucionario Institucional 639 mil por el Partido Acción Nacional 410 mil, por el Partido de la Revolución Democrática 90 mil y el resto por los demás partidos participantes en el proceso.
Si tomamos como referencia 1982, encontramos una variación porcentual en los procesos celebrados. En 1985 como respecto al año de 1982 votaron el 60%. En este mismo año en las municipales solamente aumentó el 17%. En 1988 se incrementó hasta el 71% y en las municipales disminuyó el 7%, aunque se vivían los momentos del movimiento democrático.
En el año 1991, es el año más polémico en donde las votaciones locales para la elección de gobernador, los votantes se incrementaron en 282%, no así la población. Sin embargo, el primero de diciembre las concurrencia a las urnas bajó un 24.5%. Probablemente los hechos ocurridos el 18 de agosto influyeron notablemente, hechos que se demuestra con los datos anteriormente.
Los ciudadanos acudieron a las urnas el primero de diciembre para la elección de los ayuntamientos y fueron 813 mil 919, de los cuales votaron por el partido de Estado 368 mil 119 que representa el 45.3%, en tanto que por la oposición fueron 445 mil 793 que es el 54.77%.
Con esto el Partido Revolucionario Institucional pierde los principales municipios, tales como Silao, León, Valle de Santiago, Salvatierra, Salamanca, Dolores Hidalgo, San Miguel Allende, Moroleón, Celaya, San Luis de la Paz, San Francisco del Rincón, Cortazar y San José Iturbide, ganando la parte rural de los municipios más pequeños, convirtiéndose así, en el Partido Revolucionario Institucional rural, ya que de las 46 cabeceras municipales únicamente ganó 10.
Donde perdió hubo casos en que la oposición obtuvo de cada cinco votos, cuatro, surgiendo con ello un movimiento claro en contra del partido de Estado.
Cabe mencionar también que debido a las irregularidades ocurridas durante el 18 de agosto, el gobierno estatal corporativo, se dio a la tarea de corregirlas fundamentalmente corrigiendo el padrón electoral.
Se aportó la cantidad de cinco mil millones de pesos para tal efecto, registrándose únicamente correcciones en 830 ciudadanos. Pese a lo anterior, volvieron a surgir los nombres repetidos en todos los municipios. Las personas que vivían en calles sin nombre y sin número, las calles inexistentes y que dio como consecuencia la entrega de credenciales controladas únicamente por la Comisión Estatal Electoral, de la cual es presidente el Secretario de Gobierno, miembro activo del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Salvador Rocha Díaz.
Lo anterior demuestra que el pueblo quiere otros gobernantes, pero sigue prevaleciendo la fuente primaria de poder para cooptar el voto ciudadano, máxime si aludimos a uno de los factores reales de poder que han prevalecido a través de los años en la entidad de Guanajuato y que es el sector empresarial.
Asimismo, podemos inferir que los comicios del primero de diciembre demostraron una vez más el fraude sin precedente en la historia que se cometió el 18 de agosto por parte del Partido Revolucionario Institucional.
Sin embargo y para quien tenga fe en la democracia, la alternancia en el poder ya es una realidad palpable y sólo nos resta que en futuros comicios electorales el voto de repudio que se dio en contra del Partido Revolucionario Institucional, se canalice hacia las fuerzas democráticas, las cuales pueden dar respuesta a los reclamos de la población en un futuro no muy lejano.
Desde hace 18 días, compañeros y compañeras diputadas, se encuentra tomada la Presidencia Municipal de Jerécuaro, por todas las fuerzas de oposición, incluyendo la disidencia del Partido Revolucionario Institucional, reclamado la anulación de las elecciones, ya que ahí, en la zona rural, se cometió un gran fraude. Además se están dando provocaciones por grupo de personas militantes del Partido Revolucionario Institucional.
Desde esta tribuna hacemos un llamado para que esta Cámara haga una exhortación a las autoridades correspondientes, a fin de que se dé una salida política en apego a la legalidad y, sobre todo, sin violencia.
Escuchemos el reclamo del pueblo, para luego no lamentarnos después. Gracias.
El diputado Marco Antonio García Toro (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente: - Tiene usted la palabra.
El diputado Marco Antonio García Toro: - Con su permiso, señor Presidente; señores diputados:
A partir del momento en que se dio a conocer la noticia de que el ciudadano Jesús Orozco Alfaro sería candidato del Partido Revolucionario Institucional para ocupar el cargo de presidente municipal en la ciudad de Colima, la opinión pública empezó a manifestarse y lo hizo por medio de la Prensa local, pidiendo la intervención de las autoridades competentes, a efectos de que se llevara una investigación exhaustiva, encaminada a investigar el enriquecimiento súbito del ciudadano Jesús Orozco Alfaro, quien se dice, a su breve paso por la dirección de Aduanas, logró acumular una cuantiosa fortuna.
La Agencia del Ministerio Público Federal dio entrada a la denuncia, instaurando la averiguación previa 196/91, desde entonces no se tiene noticia alguna al respecto de la averiguación antes citada.
Por tal motivo, señor Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los suscritos diputados federales de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos por un conducto, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la siguiente proposición:
Instrúyase a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de esta Cámara de Diputados, para que recabe información en torno a la denuncia que, por enriquecimiento ilícito, fue presentada en contra del ciudadano Jesús Orozco Alfaro, a fin de que determine en su caso la situación que guarda la averiguación previa 196/91, abierta en la agencia del Ministerio Público Federal en la ciudad de Colima y se gestione ante las autoridades que correspondan y se siga el procedimiento legal respectivo.
Salón de sesiones del recinto alterno de la Cámara de Diputados, 21 de diciembre de 1991.
Firman la presente: Miguel Gómez Guerrero y los diputados Quinardo Meléndrez Montijo, Salvador López Sánchez, Francisco Salinas Aguilar, Arturo Fuentes Benavides, Cristina Hermosillo Ramírez, Concepción Trinidad Rosas de la Luz, Joel Arce Pantoja y el que habla Marco Antonio García Toro.
Señor Presidente, dejo en la Secretaría la proposición. Gracias.
El Presidente: -Como lo solicita el diputado Marco Antonio García Toro, del Partido Acción Nacional, regístrese y túrnese de inmediato a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
SOBRE EL CASO DE ERICK HONNECKER
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Manuel Terraza Guerrero.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero: - Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
No vamos a hacer consideraciones previas ni presentar ninguna información, porque estamos completamente seguros, ustedes conocen el caso, que motiva esta declaración política. El caso de Erick Honnecker, expresidente del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana, exdirigente secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania.
El texto que queremos proponer a ustedes es el siguiente: "Los acelerados procesos de cambio en el mundo y las transformaciones políticas que se producen en muchos países, traen también consigo situaciones que afectan a distintos de sus protagonistas, colocándolos en condiciones ante las cuales no caben indiferencias, tanto por lo destacado de la trayectoria de las personalidades de que se trata, como de los derechos y garantías que le son negados por su participación en los sucesos correspondientes.
Los principios de solidaridad, las tradiciones de amistad y convivencia entre todas las naciones y de paz, en un marco mundial en que como nunca, crece la importancia de restablecer la concordia y la superación de cualquier resabio revanchista que contribuya a consolidar un orden basado en la protección más amplia de los derechos humanos y la consolidación de relaciones políticas entre todas las naciones, son valores
irreductibles de nuestro pueblo y la nación mexicana.
Un caso que ha motivado el interés mundial es el de Erick Honnecker, expresidente del consejo de estado y exsecretario general del partido socialista unificado de la República Democrática Alemana.
Al margen de toda opinión sobre la conducta política e ideológica de esta personalidad alemana, hoy asilado y enfermo en la Embajada de la República de Chile en Moscú y expuesto a peligros que amenazan su vida y su libertad y considerando que Erick Honnecker, ha sido un destacado luchador antifascista y un reconocido amigo de México, su amistad con nuestro país y el pueblo mexicano tuvo una alta expresión cuando visitó a México como huésped de honor y recibo en esta condición por la Cámara de Diputados con todas las consideraciones y merecimientos.
Basados en los criterios señalados, los grupos parlamentarios que suscriben, emiten las siguiente declaración:
Manifestar su solidaridad con las expresiones que en distintos países se pronuncian demandando garantías y pleno respeto a los derechos humanos de Erick Honnecker.
Firman: por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, diputado José Antonio González Fernández; por el Partido Acción Nacional, el diputado Gabriel Jiménez Remus; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Gilberto Rincón Gallardo; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Manuel Terrazas; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Javier M. Colorado y por el Partido Popular Socialista, diputado Martín Tavira Urióstegui.
Está a consideración de ustedes. Muchas gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que se proceda en consecuencia, tal y como lo solicita el diputado Terrazas.
ORDEN DEL DÍA
«Primer Período Ordinario de Sesiones.- Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
21 de diciembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Elección de miembros de la Comisión Permanente.
Oficios de la honorable Cámara de Senadores
Por el que se comunican los nombres de los senadores que fueron electos para integrar la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer Año de la LV Legislatura.
Por el que se comunica la designación de consejeros propietarios y suplentes de la Cámara de Senadores por la mayoría y la primera minoría parlamentaria del Senado de la República, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Comisión de cortesía.
Declaratoria de clausura de labores de la honorable Cámara de Diputados del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio.»
El Presidente (a las 21.30 horas del día 21 de diciembre): - Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión iniciada el 20 de diciembre