Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19920430 - Número de Diario 5
(L55A1P1oN005F19920430.xml)Núm. Diario: 5ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Juan Ignacio Torres Landa García
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D.F., jueves 30 de abril de 1992 No. 5
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INVITACIONES
Dos del Departamento del Distrito Federal para asistir al acto cívico conmemorativo del CXXX Aniversario de la Batalla de Puebla. Se Designa comisión.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Baja California. De enterado.
Del Congreso del Estado de Jalisco. De enterado.
Del Congreso del Estado de Tamaulipas. De enterado
Del diputado Helí Herrera Hernández. Se aprueba el punto de acuerdo.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
Presentada por el diputado Alfredo Castañeda Andrade. Se turna a las comisiones de Asentamientos Humanos, de Obras Públicas y del Distrito Federal.
En la discusión del trámite de dicha proposición intervienen los diputados:
Juan de Dios Castro Fernández en pro.
Fauzi Hamdan Amad
Guillermo Pacheco Pulido
Juan de Dios Castro Lozano para contestar alusiones personales.
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez para rectificar hechos.
Guillermo Flores Velasco
Se aprueba el trámite dado a la proposición.
En el debate de la proposición intervienen los diputados:
Fauzi Hamdan Amad en pro.
Amador Rodríguez Lozano en contra.
Fauzi Hamdan Amad para contestar alusiones personales
Amador Rodríguez Lozano
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa en pro.
Fernando Ortiz Arana
Juan Moisés Calleja García en contra.
Martha Patricia Ruiz Anchondo
Guillermo Pacheco Pulido
José María Téllez Rincón
Ernesto Gil Elorduy
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Fernando Ortiz Arana para contestar alusiones personales.
Diego Fernández de Cevallos Ramos para contestar alusiones personales.
Carlos González Durán
Emilio Becerra González
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Tomás Correa Ayala
Francisco Javier Saucedo Pérez
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta para rectificar hechos.
PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE OAXACA
Eloí Vásquez López para rectificar hechos
Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas
Eloí Vásquez López para rectificar hechos
Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas para contestar alusiones personales.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RESIDUOS TÓXICOS EN LA FRONTERA NORTE
De las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente Fronterizos y de Relaciones Exteriores, con puntos resolutivos, relativo a la proposición presentada por el diputado Cuahutémoc Amezcua Dromundo.
Toma la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez para razonar su voto.
Se aprueban los puntos resolutivos.
De las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente y Relaciones Exteriores con puntos resolutivos, relativos a la proposición presentada por el senador Héctor Terán Terán. Se aprueban.
MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LA ZONA FRONTERIZA
Pronunciamiento de los seis grupos parlamentarios, presentado por la diputada Liliana Flores Benavidez.
Sobre el mismo tema Interviene el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
Se aprueba.
ESTADO DE COAHUILA
Sobre obras públicas en dicha entidad intervienen los diputados:
Yolanda Elizondo Maltos
Oscar Pimentel González para rectificar hechos.
Humberto Pedro Flores Cuéllar para rectificar hechos.
SITUACIÓN DE LA NIÑEZ EN MÉXICO
Gabriela Avelar Villegas presenta propuestas.
Liliana Flores Benavídez presenta punto de acuerdo.
Héctor Morquecho Rivera
Francisco Dorantes Gutiérrez
Gloria Brasdefer Hernández
José de Jesús Berrospe Díaz para rectificar hechos.
Hugo Sergio Palacios Laguna para rectificar hechos.
Se turnan las propuestas presentadas a las comisiones de Derechos Humanos y a la de Salud.
DÍA DEL TRABAJO
Comentarios del diputado Francisco Hernández Juárez.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
ASISTENCIA
El Presidente (a las 11.40 horas):-Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Héctor Pérez Plazola:- Se informa a la Presidencia el registro de firmas de 395 diputados. Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente:- Se abre la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día, por favor.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Héctor Pérez Plazola:
«Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
30 de abril de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXX Aniversario de la Batalla de Puebla, tendrá lugar el 5 de mayo en la estatua ecuestre del general Ignacio Zaragoza, en la calzada que lleva su nombre, delegación política Venustiano Carranza, a las 10.00 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXX Aniversario de la Batalla de Puebla, tendrá lugar el 5 de mayo, en la tumba del general Miguel Negrete, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, delegación política Miguel Hidalgo, a las 12.00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Jalisco y Tamaulipas.
Comunicación del ciudadano diputado Helí Herrera Hernández.
Iniciativa
De adiciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que presenta el ciudadano diputado Alfredo Castañeda, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Proposición de integrantes de diversos grupos parlamentarios para que se integre una comisión que investigue el funcionamiento y el estado de las finanzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Intervención del ciudadano diputado Eloy Vásquez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proceso electoral del estado de Oaxaca.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores, con puntos resolutivos, relativo a la proposición presentada por el ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista el 18 de marzo de 1992, en el sentido de recomendar al Poder Ejecutivo que promueve ante el gobierno norteamericano, la formulación de un convenio binacional para el establecimiento de una franja fronteriza común, libre de depósitos de residuos industriales peligrosos o de residuos radioactivos.
De las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, con puntos resolutivos, relativo a la proposición presentada por el ciudadano senador Héctor Terán Terán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 29 de enero de 1992, para que se investigue la posible autorización de un basurero de residuos contaminantes de radioactividad en la ciudad de Spofford, Texas, a 40 kilómetros en línea recta de Ciudad Acuña y a 45 kilómetros de Piedras Negras, ambas en el estado de Coahuila y a la proposición presentada por los ciudadanos diputados Rosa Albina Garavito Elías y Gilberto Rincón Gallardo, del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, el 11 de marzo de 1992, para que se constituya una subcomisión integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, para allegarse la información necesaria para determinar las medidas legislativas o pronunciamientos conducentes a resolver el problema de los basureros de desechos tóxicos que se pretenden establecer en los Estados Unidos en la zona fronteriza con nuestro país.
Pronunciamiento de los seis grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura, que presenta la ciudadana diputada Liliana Flores Benavides.
Intervenciones de los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática y Popular Socialista, sobre la situación que vive la niñez en México.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hacer comentarios en torno al Día del trabajo.
Intervención de la ciudadana diputada Yolanda Elizondo Maltos, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre una obra pública en Ramos Arispe, Coahuila.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:- En virtud de que entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Héctor Pérez Plazola:- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Si algún coordinador desea hacer uso de la palabra.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veintiocho de abril de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Diego Zavala Pérez
En la capital de la República Mexicana, siendo las once horas con veinticuatro minutos del día veintiocho de abril de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos noventa y dos diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, en virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios han recibido copias del acta de la sesión anterior, la asamblea dispensa la lectura y, posteriormente, la aprueba con una aclaración del diputado Moscoso Pedrero.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Quintana Roo y de Zacatecas, por las que informan de hechos relacionados con sus entidades federativas. De enterado.
Una comunicación del diputado Alfonso Serrano González, por la que informa estar enfermo. De enterado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, quien presidió la comisión investigadora de los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en Guadalajara, Jalisco. Pone a consideración de la asamblea un resumen del informe de dicha comisión. El Presidente ordena que el informe y sus anexos se inserten en el Diario de los Debates.
Para opinar respecto del informe sobre los acontecimientos de Guadalajara, hacen uso de la palabra los diputados: Felipe Gómez Mont, del Partido Acción Nacional, quien propone una adición a los puntos de acuerdo del informe; Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Rico Arzate, del mismo partido, quien hace dos proposiciones; Cecilia Soto González del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista, quien hace una proposición.
Continúan debatiendo los diputados: Francisco Rodríguez Martínez, del Partido Acción Nacional; José Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Martín del Campo Castañeda, del mismo partido, quien hace una proposición; Adalberto Gómez Rodríguez, del Partido Revolucionario institucional; Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática; Juan José Bañuelos Guardado y Juan Antonio Nemi Dib, quien hace una proposición, ambos del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, respecto del mismo asunto, hacen uso
de la palabra los diputados Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del mismo Partido; Juan Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional y Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional.
Se aprueba el informe de la comisión, con la adición propuesta por el diputado Gómez Mont y la asamblea, en sendas votaciones económicas, aprueba las proposiciones de los diputados Gabriela Guerrero Oliveros, Jesús Martín del Campo y Juan Antonio Nemi Dib, que se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Ecología y Medio Ambiente.
Previamente, el diputado Rico Arzate, había retirado las dos proposiciones que hizo durante su intervención.
Para comentar una marcha de trabajadores petroleros procedentes del estado de Tabasco, hace uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática.
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra y retirados que fueron otros asuntos del orden del día, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con veintidós minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves treinta de abril de mil novecientos noventa y dos a las diez horas.»
El Presidente:- Ruego a la Secretaría a la vez, poner a consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior, si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Héctor Pérez Plazola:- Preguntamos si algún coordinador desea hacer uso de la palabra sobre observaciones al acta...
No habiendo observaciones, está a consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior. En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo..
Los que estén por la negativa.. Aprobada el acta, señor Presidente.
El Presidente- Prosiga con los asuntos en cartera.
INVITACIONES
La secretaria Evangelina Coronado Cardena:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado Juan Ignacio Torres Landa, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXXX Aniversario de la Batalla de Puebla, que tendrá lugar en la estatua ecuestre del general Ignacio Zaragoza, en la calzada que lleva su nombre, delegación política Venustiano Carranza, el día martes 5 de mayo a las 10.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
Director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente:- Para asistir a este acto en representación de esta Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Benjamin González Roaro y Domingo Alapisco.
Continúe la Secretaría.
La secretaria Evangelina Corona Cadena:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado Juan Ignacio Torres Landa. - Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXXX Aniversario de la Batalla de Puebla, que tendrá lugar en la tumba del general Miguel Negrete, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del
Panteón Civil de Dolores, delegación política Miguel Hidalgo, el día martes 5 de mayo a las 12.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dirección de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago."
El Presidente:- Para asistir a este acto en representación de esta Cámara de Diputados, se designa al diputado José Alarcón Hernández.
Continúe la Secretaría.
COMUNICACIONES
La secretaría Evangelina Corona Cadena:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativo del estado de Baja California. - XIII Legislatura Constitucional.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal.
De conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Baja California, nos permitimos comunicar a ustedes que la honorable XIII Legislatura del Estado, clausuró el día 31 de marzo próximo pasado, su Primer Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio legal; asimismo, abrió el día de hoy, su Segunda Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio constitucional y el cual termina el día 30 de junio del presente año, habiendo quedado integrada la mesa directiva en la forma siguiente:
Presidente: diputado Rosendo Montoya Lugo, vicepresidente: diputado Juan Ríos Pérez, secretaria: diputada Dolores de María Manuel Gómez de Méndez y prosecretaria: diputada Martina Montenegro Espinoza.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterar a ustedes, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, a 1o. de abril de 1992. - Rosendo Montoya Lugo, diputado Presidente; Dolores de María Manuel Gómez de Méndez, diputada secretaria."
De enterado.
El secretario Ernesto Gil Elorduy:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Jalisco. - Poder Legislativo. - Secretaría del Congreso.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, comunicamos a usted(es), que, con esta fecha se declaró formalmente instalada la Quincuagésima Tercera Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Asimismo, comunicamos la forma de cómo quedó integrada su mesa directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones; correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional:
Presidente: Carlos Rivera Aceves, vicepresidente: Julián Orozco González, secretarios: María del Rocío Corona Nakamura, Silviano Urzúa Ochoa, prosecretarios: Samuel Romero Valle y José Miguel Pelayo Lepe.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 14 de marzo de 1992. - Diputados secretarios, María del Rocío Corona Nakamura y Silviano Urzúa Ochoa."
De enterado.
El mismo Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Tamaulipas. - Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal.
Por este conducto nos permitimos comunicarles, que en cumplimiento a lo establecido por los
artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica de este Poder, 23 y 25 del Reglamento para el Gobierno interior de este Alto Cuerpo Colegiado, en sesión celebrada este día, la Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, procedió a la elección de Presidente y suplente para la integración de la mesa directiva que presidirá los trabajos durante el mes de abril del actual, siendo electos los siguientes diputados:
Presidente: Javier González Alonso y suplente: Arnulfo Tejada Lara.
Continuando en funciones los secretarios electos por decreto número 194, expedido el día 1o. de enero de 1992.
Sin otro particular, nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 25 de marzo de 1992. - Diputados secretarios: Antonio Figueroa Rea y Pedro Rodríguez Montoya."
De enterado.
El mismo Secretario:
«Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
Con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto solicito se me conceda licencia por tiempo indefinido, para separarme de mis funciones como diputado federal de la LV Legislatura a partir de esta fecha.
Atentamente.
Diputado Heli Herrera Hernández.»
El Presidente:- En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El secretario Ernesto Gil Elorduy:- Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Heli Herrera Hernández, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por la tercera circunscripción plurinominal, a parir de esta fecha.
Segundo. En su oportunidad, llámese al suplente.
El Presidente:- Proceda la Secretaría a someter a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo.
El secretario Ernesto Gil Elorduy:- Se somete a consideración de la asamblea si alguien quiere hacer uso de la palabra...
En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente.
INICIATIVA
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Castañeda Andrade, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar una Iniciativa de Adiciones a la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
El diputado Alfredo Castañeda Andrade:- Iniciativa de adiciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 1992.
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Los que suscribimos, Diputados de la LV Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con fundamento en la fracción II del artículo 71 y en las fracciones VI y XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, a efecto que se turne de inmediato para dictamen a la Comisión del Distrito Federal, la siguiente iniciativa de decreto de adiciones a diversas disposiciones
de la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para lo cual manifestamos lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Primero. Para el Liberalismo Social, la libertad necesita propiedad. La propiedad crea libertad. La libertad es un medio en orden a los fines de conservación y aumento de la libertad humana, es decir, no es un fin en si misma.
La propiedad garantiza al ciudadano un ámbito propio del ejercicio de la libertad y de capacidad sin trabas de disposición sobre cosas en las que puede desarrollar su peculiaridad personal, afirmar su independencia social, ejercitar su actividad profesional y conseguir su seguridad económica.
No es la libertad la que tiene su fundamento y sus límites en la propiedad, sino que la propiedad los encuentra en la libertad.
El derecho a la propiedad tiene su expresión análoga en el derecho a adquirir propiedad. Por consiguiente, en un Estado Social de Derecho, la garantía formal del orden de la propiedad necesita ser complementada mediante la oportunidad real de cada ciudadano para llegar a ser propietario.
La propiedad limita el espacio de libertad de los demás. Esta limitación tiene distintas repercusiones, de acuerdo con la cantidad y la calidad de la propiedad.
La propiedad, en efecto, puede referirse a los bienes de consumo o los medios de producción, y puede ser también fundamento de la vida y seguridad de la existencia. Puede ser el derecho a bienes más o menos indispensables para la vida, a bienes radicalmente acrecentables o no acrecentables.
Una política de la propiedad encaminada a la máxima libertad posible para todos los ciudadanos debe tener en cuenta estas diferencias.
El derecho del individuo a la libre disposición de su propiedad y a su uso personal o profesional debe tener pues, sus límites cuando dicho uso y disposición lleve a las limitaciones inaceptables y no adecuadas a las circunstancias de la libertad de los demás. o a un perjuicio del bien común.
Allí donde esta vinculación social de la propiedad en cuanto exigencia moral de los propietarios responsables no surta su eficacia en la realidad cotidiana, se requiere una fijación, dictada por la ley, que delimite adecuadamente el derecho de disposición sobre la propiedad.
Segundo. La Revolución Mexicana consagró en el tercer párrafo del artículo 27 Constitución el principio de la función social de la propiedad y expresamente señalo: "La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar su conservación". éste, que es el texto original, se conserva básicamente igual, con ligeras modificaciones de estilo, hasta la fecha.
Uno de los bienes por el que los hombres han luchado hasta la muerte es la tierra, soporte vital para cualquier actividad humana y hasta muy recientemente la principal fuente de trabajo en el mundo.
La lucha por la tierra se ha incrementado en las modernas sociedades urbanas, en las que el espacio disponible es menor y, consecuentemente, incrementa su valor dificultando el acceso al mismo a grandes sectores de la población.
Tercero. Los objetivos básicos de la política del suelo deben ser proveer a todos los grupos de población de suficientes espacios habitables y construir ciudades más humanas. Los gobiernos deben impulsar esta política mediante la ampliación y explotación de nuevos terrenos para la edificación, así como mediante la densificación de las regiones abiertas, de acuerdo con los planes de desarrollo urbano.
Estos objetivos básicos de la política del suelo han tratado de ser alcanzados por el Estado mexicano mediante diversas disposiciones legales, como lo dispuesto en el Artículo 735 del Código Civil para el Distrito Federal, que expresamente establece la obligación del gobierno de vender predios a particulares para la formación del patrimonio de la familia; e igualmente, en el artículo 19 de la Ley Federal de Vivienda, en el que se establece que se considera de utilidad pública la adquisición de tierra para la construcción de viviendas de interés social o para la constitución de reservas territoriales destinadas a fines habitacionales.
Otro camino que se ha seguido es el que establece la Ley de Expropiación, en relación con la cual consideramos que deben mejorarse los
procedimientos de expropiación. La indemnización ha de responder a los precios vigentes en el mercado y abonarse lo más tarde en el momento en que se notifica por primera vez que debe abandonarse la propiedad.
Los medios anteriores se refieren a medidas de carácter general que tratan de combatir la falta de tierra para vivienda y que soló marginalmente constituye medidas en contra de la especulación, está propuesta pretende evitar este fenómeno en predios de todo tipo de uso, mediante un mecanismo que respetando el derecho de propiedad individual, le imponga modalidades basadas en las siguientes razones; primera, en situación de especulación, el suelo se desvía de su lógica de uso, ya que no se da a éste el uso normal que le corresponde como predio urbano; segunda, con la especulación se afectan los derechos o intereses de terceras personas por el encarecimiento o por la imposibilidad de adquirir tierra para sus proyectos y tercera, se debe considerar que el valor del suelo no lo da el suelo mismo, sino el conjunto de los propietarios, en primera instancia y la sociedad, por lo que su falta de utilización injustificada perjudica al resto de los propietarios y a la sociedad en general.
Cuarto. El acelerado crecimiento de la ciudad de México ha generado una serie de problemas de diverso carácter: espaciales, sociales, económicos y políticos entre otros, que complican la vida de los citadinos, sobre todo de aquellos sectores de población que no cuentan con recursos para hacer frente a dichos problemas.
Uno de esos problemas es el que se refiere a la dificultad que tiene la población para acceder a un lote para establecer su vivienda o para contribuir al desarrollo de las actividades productivas urbanas, como la industria, el comercio y los servicios.
Las razones de este problema son, por un lado, la carencia de recursos y, por otro, la existencia de ciertas personas que se aprovechan de la situación para obtener grandes beneficios por medio de la especulación, si bien a la fecha no ha sido comprobado el hecho de que alguien o alguna institución controle el mercado inmobiliario.
Quinto. La especulación, entendida como la operación comercial cuyo propósito es la obtención de una sobre ganancia, es una actividad común cuando hay carencia de algún bien, pues no hay equilibrio entre oferta y demanda y los precios se disparan. Pero puede suceder que se maneje una carencia inexistente, es decir, que se reduce la oferta para subir los precios.
¿Qué es lo que pasa entonces respecto al suelo¿, ¿no existe una oferta que satisfaga la demanda de todos los sectores de población¿ Se acepta que ésta es limitada, pero algunos de los actuales propietarios (públicos y privados) del suelo lo retienen, es decir, lo conservan ocioso con el firme propósito de obtener mayores beneficios, aprovechando una valoración que da el conjunto de la sociedad.
De esta manera se obtiene una sobre ganancia doblemente injusta, pues por un lado se aprovecha un problema social y por otro se aprovecha una plusvalía igualmente social; aclarando que no estamos en contra de la propiedad del suelo sino del lucro excesivo que se pretende obtener con él.
Sexto. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con esta iniciativa, nuevamente propone que se declare de utilidad pública e interés social la adecuada utilización de los predios urbanos y, consecuentemente, el establecimiento de un procedimiento que permita obligar a los propietarios de terrenos urbano ociosos, por más de cinco años, a vender al mejor precio que se ofrezca y mediante un sistema que garantice su seguridad jurídica.
En concreto, las adiciones propuestas pretenden:
a) Evitar la especulación con terrenos urbano y el desperdicio de los servidores, infraestructuras y equipamientos públicos.
b) Garantizar el acceso a la tierra a todo aquel que pueda utilizarla adecuadamente, obligando un incremento a la oferta de la misma.
c) Dar seguridad jurídica al derecho de propiedad, mediante un plazo razonable para usar el predio, un procedimiento formal ante un juez civil y la venta pública que garantice la obtención de un precio de mercado.
Por lo cual, a ustedes ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados, atentamente solicitamos que se sirvan dar a conocer a esta honorable Cámara, la presente iniciativa de adiciones al artículo 2o., y de un capítulo VII, con dos artículos, a la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como de sus correspondientes artículos transitorios.
DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se adiciona el artículo 2o. con una fracción III, se adiciona un Capítulo VII con dos artículos, el 96 y el 97 y tres artículos transitorios, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. Se consideran de utilidad pública e interés social:
I a II.............................................................................................
III. La adecuada utilización de la tierra urbana propiedad de particulares."
CAPITULO VII
Del procedimiento contra la especulación con el suelo urbano.
Artículo 96. En relación con lo dispuesto en la fracción III del artículo 2o. y en la fracción VI del artículo 6o. de la presente ley, se establece un procedimiento para evitar la especulación con el suelo urbano.
Artículo 97. El procedimiento permite poner a subasta pública a los terrenos urbanos ociosos por más de cinco años sin causa justificada, destinando el importe de su venta a los propietarios de los mismos, de conformidad con las siguientes bases:
a) Deberán ser terrenos urbanizados, cuya clasificación de uso del suelo sea habitacional, comercial o industrial.
b) Deberán ser propiedad de un particular, por un período mínimo de cinco años.
c) Deberán haber estado sin uso por un mínimo de cinco años, pudiendo el propietario justificar esa falta de uso como excepción a juicio del juez, no siendo aceptable la falta de recursos económicos.
d) Podrá demandar al propietario la venta cualquier persona interesada, garantizando su interés mediante fianza, a disposición del Juez, que ampare el 10% del avalúo bancario del inmueble. Dicha fianza se cobrará en favor de la beneficencia pública en el caso de que el promovente deje de actuar por más de seis meses, dándose por concluido el procedimiento.
e) Deberá hacerse mediante un juicio ordinario civil.
f) Serán competentes los juzgados civiles del Distrito Federal.
g) Comprobándose los supuestos de la propiedad particular del predio, su uso urbano y su ocio injustificado por más de cinco años imputable al propietario, el juez condenará a la venta del inmueble en subasta judicial, acorde con los procedimientos vigentes.
h) El inmueble se adjudicará al mejor postor, ordenándose la cancelación de la fianza presentada por el promovente en su escrito inicial.
i) El importe de su venta le será entregado al propietario y en su rebeldía le será depositado en una cuenta de inversión a su nombre.
j) Los gastos de juicio serán cubiertos por los interesados, salvo que el juez considere que deba pagarlos sólo uno de ellos.
k) Los gastos e impuestos que se causen con motivo de la escrituración serán cubiertos por el comprador, excepto el impuesto sobre la renta que será a cargo del vendedor, suma que en todo caso deberá deducirse del importe del precio.
l) El comprador deberá iniciar la construcción del terreno dentro de los dos años y concluirla dentro de los cuatro años siguientes a su adquisición, en caso de no hacerlo, el propietario anterior podrá demandar la nulidad de la adjudicación.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. El período para computar los cinco años necesarios para declarar ocioso un terreno urbano no podrá iniciarse con anterioridad a la publicación de esta ley.
Artículo tercero. Se deroga cualquier disposición que se oponga al contenido de las disposiciones de este Decreto.
México, Distrito Federal a 28 de abril de 1992. Justicia para Gobernar y Honradez para Administrar.
Diputados: Carlos E. Cantú Rosas, Alfredo Castañeda Andrade, Gonzalo Cedillo Valdez, Xavier Colorado Pulido, Francisco Dorantes Gutiérrez, Yolanda Elizondo Maltos, Romeo
Flores Leal, Roberto García Acevedo, Servando Hernández Camacho, Adolfo Kunz Bolaños, Manuel Laborde Cruz, Francisco Laris Iturbide, Samuel Moreno Santillán, Estanislao Pérez Hernández, Cecilia Soto González."
Túrnese a las comisiones de Asentamientos Humanos, de Obra Públicas y del Distrito Federal.
El Presidente: -Continúe la Secretaría.
PROPOSICIÓN
El secretario Ernesto Gil Elorduy:
Honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Los que suscribimos, diputados de la nación, manifestamos:
Que con fundamento en lo que dispone el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se integre una comisión que investigue el funcionamiento y el estado de las finanzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El resultado de esta investigación deberá hacerse del conocimiento del pleno y del Ejecutivo Federal.
La entrada en vigor de las modificaciones de la ley que rige este organismo, no debe implicar un finiquito de las responsabilidades en que se pudieran haber incurrido sus consejeros, funcionarios o terceros.
México, Distrito Federal, febrero de 1992.- Recinto alterno de la Cámara de Diputados.- Diputados: Diego Fernández de Cevallos Ramos, Jorge Tomás Esparza Carlos, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan de Dios Castro Lozano, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Juan Luis Calderón Hinojosa, Diego Heriberto Zavala Pérez, José Luis del Valle Adame, José Raúl Hernández Ávila, Ana Teresa de Orea, Rafael Gilberto Morgan Alvarez y Victor Martín Orduña Muñoz."
El presidente: -Señoras y señores diputados. Hago del conocimiento de esta asamblea que quien preside los trabajos de la sesión de este día, es promovente y firmante de la proposición que a continuación habrá de conocer la asamblea.
En este sentido y ante tal hecho, en tanto sea Presidente del pleno, estoy obligado a excusarme de presidir este punto de discusión del orden del día, a fin de que no quepa duda de la objetividad y de la correcta conducción de los trabajos de esta asamblea, más aún en este punto que ha ameritado no solamente una gran discusión, sino ha despertado gran interés en la opinión pública nacional.
En este sentido, quisiera pedirle al diputado Juan Ignacio Torres Landa, me auxilie en esta oportunidad a conducir este punto del orden del día. Muchas gracias.
El Presidente:- Proceda la Secretaría a dar lectura al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
El secretario Ernesto Gil Elorduy: -Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores, el Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor, o uno de ellos, si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto;
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición y
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y, en el segundo, se tendrá por desechada. Servido, señor Presidente.
El Presidente: -¿Desea algún señor diputado hacer uso de la palabra? Diputado Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): -Señor Presidente. Me permito solicitar la revocación de su acuerdo de darle el trámite del 58, tengo aquí un escrito en donde pedimos que con fundamento en los artículos 18 y 19 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, consulte el voto de la Cámara, en relación con el acuerdo que acaba usted de formular, de dar el trámite del artículo 58 del reglamento a esa solicitud de investigación.
La solicitud la presento por escrito y la firman, aparte del que habla, los señores diputados José Raúl Hernández Ávila, Jorge Zermeño Infante y Fauzi Hamdan Amad.
El Presidente: -Bien, señor diputado. Solicitamos a la Secretaría dé lectura a los artículos citados, el 18 y el 19 del Reglamento.
El secretario Ernesto Gil Elorduy: -Artículo 18. El presidente, en sus resoluciones, estará subordinado al voto de su respectiva Cámara.
Artículo 19. Este voto será consultado cuando algún miembro de la Cámara reclame la resolución o trámite del Presidente, previa una discusión en que se podrán hablar dos individuos en pro y dos en contra, lo cual se podrá hacer siempre que no haya mediado votación en el mismo negocio y se adhieran a la reclamación por lo menos dos de los individuos presentes."
El presidente: - En consecuencia, se abre la oportunidad a la tribuna para los diputados que estén en pro y en contra.
Diputado Juan de Dios Castro...
El diputado Juan de Dios Castro (desde su curul): -Quiero que aclare primero si en pro de su acuerdo, señor Presidente, o en contra de su acuerdo.
El Presidente: - En pro del trámite en los términos del 18 y 19.
En los términos del 19 tiene la palabra en primer término en contra, el diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: -Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Me he permitido registrarme en contra del acuerdo tomado por la Presidencia de esta Cámara, de dar el trámite a la proposición presentada, formulada por 128 diputados. El trámite que establece el artículo 58.
Y me ha registrado señoras y señores diputados, porque esta proposición es una de las excepciones a las que debe dársele un trámite distinto y que por e eso es excepción, del que establece el artículo 158.
Ciertamente hemos ejercitado nuestro derecho de iniciativa. Esta es una iniciativa. No iniciativa de ley; es iniciativa para que la Cámara emita un decreto y el último párrafo del artículo 93, consigna una forma especial de iniciativa, distinta; es diferente a aquellas que ordinariamente podemos presentar los legisladores en nuestras respectivas cámaras. Diferente, señoras y señores diputados, por el contenido; diferente por el trámite y diferente también por sus efectos.
No puedo decir que ésta sea la única facultad de investigación que tiene la Cámara; la Cámara tiene muchas facultades para poder investigar. ¿Para qué investiga la Cámara?, investiga la Cámara para poder legislar por supuesto; investiga la Cámara para poder detectar anomalías y castigar, por supuesto. Nosotros también tenemos en un momento dado, funciones desde el punto de vista material de su contenido de naturaleza jurisdiccional. Tenemos en materia hacendaria, facultades para vigilar, revisar y fincar responsabilidades, cuando el 74 nos habla de esa facultad de la fracción IV y, señores, tenemos facultades para investigar y perseguir incluso, delitos oficiales.
Para todas estas facultades y algunas otras contenidas, dispersas, en algunos dispositivos de la Constitución, sí se sigue el trámite que la Presidencia dio, conforme al artículo 58. Una proposición que no es iniciativa; una proposición que se pasa al pleno de la Cámara. Pero no para que el pleno de la Cámara nombre la comisión. Nada, nada decide el pleno de la Cámara que no haya pasado antes por comisiones, con excepción de la norma expresa de los asuntos de urgente y obvia resolución.
Pero, señores, la facultad contenida en el último párrafo del artículo 93, escapa a este procedimiento. Dice el artículo 93:
"Las cámaras, a pedidos de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de estas investigaciones, dice el artículo, se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal."
Este párrafo va a originar un debate, un debate que ya se dio en 1979, en 1991 y se dio en 1989. ¿Por qué, señores¿ Porque está oscuro el texto; porque el planteamiento que podemos hacer aquí, es si satisfecha la solicitud de los 125 legisladores, debe o no integrarse automáticamente la comisión, sin que pase a la decisión del pleno.
Segundo. Este pedimento de los legisladores, 125 en la Cámara de Diputados y 32 en la Cámara de Senadores, una vez presentado, el pleno tiene la facultad, como dice el artículo, la facultad de decidir o no integrar la comisión automáticamente.
Bueno, pues para beneficiar a los señores de la mayoría, yo les adelanto que yo sustento el
criterio que el pleno no tiene la facultad de integrar, mejor dicho, no se integra la comisión, el pleno no tiene la facultad de integrar la comisión, automáticamente con el solo pedimento de los 125 diputados.
Y entonces dirá la mayoría: "¿y por qué se registró en contra, por qué se registro en contra del trámite?" Señores: porque el procedimiento correcto, equivocado por la Presidencia, equivocado al darle el trámite del 58, que no se da en este caso específico de los organismos descentralizados y permítanme decirles, señores, que esto no es una facultad plena ni siquiera de la cámara. Es una limitación a la facultad de la cámara. En todos los demás casos a que aludía hace unos instantes; la facultad de detectar ilícitos, de revisar la cuenta pública, de detectar irregularidades, de fincar responsabilidades si las hemos detectado, basta un diputado, un legislador que lo solicite. En esta facultad específica, no. Se limita.
Antes de 1977, se le daba facultad plena; después de 1977 se limita. Se requiere la intervención de 125 con la Cámara actual. En 1977 la Cámara no tenía 500 diputados. En la LI Legislatura, en la LI Legislatura tenía 400 diputados federales, y el 25%, ¡Fíjense bien, porque el dato es importante, señoras y señores diputados!, el 25% eran 100 diputados federales.
¿Y cómo estaba integrada la Cámara¿ ¡ Estaba integrada por 300 uninominales y 100 plurinominales. Los 100, a que hacía referencia el 25%, que la exposición de motivos y la iniciativa presentada por el presidente López Portillo no establecía el 25%, establecía el 33% de la cámara y fue modificado ese porcentaje para quedar en el 25%, que era precisamente el número de diputados que integraba la oposición. Cien diputados plurinominales y 300 uninominales!
¡Entonces aquí, señoras y señores diputados, les decía que yo no sustento el criterio que dadas las 125 firmas; defectuoso también el artículo¡ ¡Defectuoso! Porque dice: "con el 25%", ¡la cuarta parte de los diputados!, ¡y la cuarta parte son 125!
¡Querrá decir que con 126 ó 128 diputados no procede¿ Debió decir: "Cuando menos la cuarta parte". Es lógico que si hay 128 firmas, ¡por mayoría de razón procede la solicitud de los señores legisladores! pero decía "que no bastan los 125 diputados para que se integre automáticamente la comisión".
¿Por qué razón, señoras y señores? Porque, aunque nos duele a la oposición, porque aunque no nos gusta a los diputados de oposición, la Ley Orgánica del Congreso en el artículo 47, fracción IV, establece que corresponde a la Gran Comisión proponer las comisiones.
Entonces, señoras y señores diputados, no formular dictamen, aclaro, no formular dictamen; procede. ¡Ese era el trámite correcto de la Presidencia, que debió haber dictado el señor Presidente! ¡Recibido el pedimento de los 125 diputados, que en este caso son 128, debió haber dictado un acuerdo sencillo, que no debía ameritar debate. Nos hubiéramos evitado la discusión y el debate que en este momento se inicia! El acuerdo sencillo es: "Túrnese a la Gran Comisión".
Para que la Gran Comisión proponga al pleno de la Cámara la Comisión y son los integrantes de la comisión propuestos por la Gran Comisión, los que deben ser discutidos y aprobados por el pleno de la Cámara. ¡Ese es el debate!
Y, señores, me dirán: "bueno, pero eso lo dice usted. Esa es la opinión de Acción Nacional y nosotros somos la mayoría; ya saben que si dos y dos son cuatro y la mayoría dicen que son cinco, son cinco". (Aplausos.)
Sí...Llevé al extremo esto y perdónenme, no lo quise hacer en afán peyorativo.
¡Sí, ustedes podrán decir que no. Es un ejemplo de una realidad! ¡Ustedes tienen la mayoría! ¡Pero se los voy a demostrar! ¡ Esta afirmación que acabo de hacer, que ustedes dicen "no", se las voy a probar¡ ¡La mayoría es la que en un momento dice! ¡Y si en una Legislatura, en un colegio electoral, tenía plenitud y jurisdicción plena, en el otro colegio electoral tenía jurisdicción limitada! ¡Y en una ocasión le dieron valor probatorio pleno a una documental y, en otra ocasión no le dieron ningún valor probatorio pleno a esa documental, aunque fuera pública¡, pero dirán: "Se está saliendo del debate". ¡No, el ejemplo lo voy a plantear con un asunto relativo al mismo debate!
¿Saben por qué, señoras y señores diputados?, porque este 93, este último párrafo del 93, aprobado en octubre, más o menos de 1977 y yo dije que era aplicable la Ley Orgánica del Poder del Congreso General y dije que era aplicable porque la Ley Orgánica es posterior a la reforma de este último párrafo del 93 y si es posterior, le corresponde a la Gran Comisión, a pedimento de los legisladores, proponer la
comisión para que sea discutida y debatida y aprobada.
Pero hay un presidente, afortunadamente, hay un precedente en que ya se aplicó el artículo 93 y vamos a ver si entonces dijeron que dos y dos eran cuatro y ahora van a decir si dos y dos son cinco.
Miren ustedes, aquí tengo el Diario de los Debates, noviembre 15 de 1979. En noviembre 15 de 1979 había 100 diputados plurinominales. Sostengo que el presidente López Portillo mandó esta reforma al artículo 93, en aquel afán democratizador del presidente López Portillo, la reforma política, porque decía que en una democratica ni la mayoría se podía llevar todo, aunque así suceda a veces en esta Cámara, ni la minoría se podía quedar con cero. La democracia implicar una convivencia armónica entre mayorías y minorías.
Y si bien es cierto que la exposición de motivos poco aclara a la interpretación del artículo 93, se hizo dentro de ese contexto general, se hizo dentro de ese marco, se incrementó el número de diputados de oposición, ¡eso sí, plurinominales!; se establecieron mayores felicidades de expresión para grupos que tradicionalmente no había estado representados en la Cámara y que constituían corrientes importantes de opinión; ésa era la intención, 100 diputados, que la oposición junta pudiera establecer el pedimento. Se estableció en la iniciativa 33%, pero se vio que la oposición junta jamás iba a lograr el 33% y se redujo al 25%, a la cuarta parte.
Entonces, señores, en noviembre 15 del año 1979 no se logró reunir toda la oposición, como en este debate no logramos reunir en las 129 firmas a todos los grupos parlamentarios de oposición; hubo un grupo parlamentario que no firmó; en aquella ocasión tampoco, ese grupo parlamentario tampoco firmó una comisión similar. Entonces, en ese año 1979, señoras y señores diputados, se lograron las 100 firmas, ¡sorpresa!, ¿cómo se lograron?, si parte de los 100 diputados de oposición no firmaron. Pues se lograron, señores, aunque no lo crean, con las firmas de algunos del Partido Revolucionario Institucional y se lograron las 100 firmas.
En el Diario de los Debates, en noviembre 15 de 1979, aparecen los pedimentos, unos con 13, otros con nueve, otros con siete, otros con 19, otros con 14, otros con nueve, otros con 10 y así rúbricas de los diputados y se lograron 100 firmas para completar la cuarta parte de los señores diputados y quiero expresarles, señoras y señores diputados, que el acuerdo, el acuerdo del Presidente fue el que sigue, que fue el acuerdo que debió haber hecho nuestro señor Presidente, quien preside esta asamblea en este debate, después de la atención muy encomiable que tuvo Alejandro Encinas en haber sido firmante, se excusó, ante el Reglamento no prevé excusas, se excusó de presidir esta asamblea en este debate y les voy a leer, les voy a leer lo que dijo el señor Presidente entonces y entonces no se daba la presidencia a la oposición de la Cámara, la Presidencia la tenía al Partido Revolucionario Institucional, dijo: "En los términos de la parte final del artículo 93 de la Constitución y del artículo 52 de la Ley Orgánica del Congreso, túrnese a la Gran Comisión para que en su oportunidad proponga a los integrantes de la comisión solicitada".
Ese fue el acuerdo del Presidente. Se aprobó en 1977 y se aplicó por primera y única vez favorable en el año de 1979 para investigar a una paraestatal que era Teléfonos de México. ¿Por qué firmaron los diputados del partido Revolucionario Institucional entonces? Se sentía que también eran espiados por teléfonos por eso firmaron y entonces, señores, dijeron que dos y dos son cuatro y ahora dicen que dos y dos son cinco. Tenemos todavía más pólvora en la canana para continuar este debate. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para hablar en pro, el diputado José Antonio González.
El diputado José Antonio González Fernández: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
No cabe duda que pues en esta discusión pueden haber diversas interpretaciones, no tanto en base al trámite que le dio el Presidente, que es lo que estamos discutiendo; sin embargo me da la impresión y voy a querer argumentarlo, que todo lo que ha dicho aquí nuestro compañero Juan de Dios Castro precisamente apoya la argumentación y el trámite que dio el Presidente, de que es una proposición y que no hay excepción.
El Presidente da un trámite en base a las atribuciones que tiene en el 34 de la ley, pero obvio está que él está muy consciente del tema que estamos debatiendo y para dar el trámite correspondiente pues también debe de tener conocimiento de otras disposiciones jurídicas y hace sus propios razonamientos sin conocerlo...
En su argumentación Juan de Dios dice que el trámite estuvo mal porque debió
automáticamente el Presidente turnar a la Gran Comisión y con base en eso cita como precedente algún debate y algún trámite que se dio en 1979. Bueno, entonces ya vamos a tratar de discutir la argumentación digamos del fondo de procedimiento, si es o no requisito de procedibilidad el acuerdo del pleno y no si vamos a argumentar realmente el trámite del Presidente, porqué así como Juan de Dios cita el debate de 1979, yo citaría uno antes incluso que se dio en 1977 y dos posteriores; uno en 1989 y otro en 1991 sobre el mismo tema y desde ese punto de vista no es que dos más dos sean cinco sino tres son más que uno compañero Juan de Dios; pero esa argumentación del debate de 1977 y del debate de 1989, 1991 es un debate precisamente para argumentar si eso o no requisito de procedibilidad, no si el turno del Presidente es correcto o no es correcto y en función de la resolución de este trámite, ya veremos, con esa pólvora que tiene nuestro amigo, si podemos a no entrar al fondo de la forma, que sería discutir si es o no requisito de procedibilidad.
Pero eso es otra cosa. Ahorita el debate es si es trámite o no es trámite, si estuvo bien o no estuvo bien en su decisión el Presidente, porque el Presidente da un turno y sabe que el artículo 60 de la ley, ley que se aprobó en 1979, después de la reforma del 93 Constitucional, dice: "Son comisiones de investigación las que se integran para tratar los asuntos a que se refiere el párrafo final del artículo 93 constitucional" y ese artículo hay que leerlo consecuentemente con uno que no mencionó en su debate Juan de Dios, yo estimo por no convenirle a su argumentación, pero sé que hay honradez profesional.
El artículo 52 de la ley que no citó Juan de Dios, dice: "las comisiones de investigación y las jurisdiccionales se constituyen con carácter transitorio, funcionan en los términos constitucionales y legales y cuando así lo acuerde la Cámara lo va a acordar precisamente si hay una proposición para que la Cámara lo debata y lo vote.
Entonces el trámite está bien dado, 34, 60 y 52 y por eso el Presidente interpreta que es una proposición y que en esta proposición no vamos a organizar argumentaciones dispersas, con todo respeto, de si el 25% de diputados y la reforma política de 1979, de que si la Cámara puede investigar o no otras cosas.
No, el Presidente da un trámite y lo da bien, es una proposición, como usted lo señalo, Juan de Dios, cuando la hizo allá en el período extraordinario. Si usted ve sus primeras palabras, habla de proposición; si ve después su réplica, habla de proposición. Incluso recuerdo muy bien que cuando se sube a la tribuna también el diputado Fernández de Cevallos dice: Juan de Dios Castro no retirará la proposición.
Entonces sí estamos hablando de una proposición y en función de eso está bien el turno para desahogar la proposición, en base a los únicos artículos a los que hace gala el Reglamento sobre el particular, que son el 57 y el 58 del Reglamento y me reservo para después la otra pólvora, por lo que se refiere el debate de fondo, de forma. Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Fauzi Hamdan.
El diputado Fauzi Hamdan Amad: -Señor Presidente; compañeras diputados:
El cañonazo todavía no surge ni nace, apenas se inicia y está en forma primitiva, porque creo que se está desviando la esencia de la proposición hecha y el acuerdo dado por el Presidente de la mesa directiva.
En primer término los artículos citados por mi compañero, el diputado Juan de Dios Castro y los supuestos artículos que omitió el propio diputado Castro y señalados por el diputado José Antonio González Fernández, no se pueden interpretar de manera aislada, creo que precisamente se complementan y se concluye con una racionalidad integral para la decisión que en su caso debió haber tomado el Presidente de esta Cámara.
Por encima de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, aunque hubiere sido posterior a la reforma del 93 constitucional, fue en 1979 y por encima del ya obsoleto Reglamento del Gobierno Interior de la República del Congreso de la Unión, está el texto constitucional del 93.
Es innegable que aquí la proposición y trámite resuelto no va acorde con el contenido del precepto constitucional. Indiscutiblemente toda proposición tiene un contenido diverso, puede ser una proposición de ley o para decreto y el 70 constitucional es muy claro: las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley o decretos y son leyes cuando crean situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales y decretos cuando se refieren a una situación concreta e individual.
Consecuentemente, el reglamento ya viejo prevé normalmente este tipo de ambas proposiciones, para iniciativa de ley y para propuesta para un decreto en particular, usado el decreto en forma sustantiva, no en forma imperativa, decretar.
En esta circunstancia, en efecto, la proposición firmada por los 138 diputados representa más de una cuarta parte de los que integran el total de los miembros de esta Cámara, proposición a la que se le está dando turno para los efectos del 58, para trámite técnicamente, finalmente de comisión; no podemos desvincular todavía ese punto, cuando debiera haber sido automática y ésa es la esencia, automática el turno de esta proposición a la Gran Comisión, en los términos del 47 fracción IV de la Ley Orgánica, para proponer a los integrantes de esta comisión de investigación y en consecuencia sí someterlo al pleno de esta Cámara. Este es un derecho de minoría, que ya lo había dicho mi compañero diputado Castro y que quiero reiterar, en que es el derecho pleno de minoría como caso excepcional en la historia constitucional mexicana, muy común en los sistemas parlamentarios y no presidencialistas.
En efecto, la iniciativa que mandó el Ejecutivo Federal en 1977 es clarísima al mencionar en su parte conducente, junto con los otros relativos a la reforma política, que con el fin de que el Congreso de la Unión coadyuve de manera efectiva en las tareas de supervisión y control que realiza el Ejecutivo Federal sobre las corporaciones descentralizadas y empresas de participación estatal, se agrega al artículo 92 de la Constitución un nuevo párrafo que de ser aprobado, decía la iniciativa, abre la posibilidad de que cualquiera de las dos cámaras puedan integrar comisiones de investigación y dice: siempre y cuando lo solicite, entonces venía la propuesta, una tercera parte de los que integran la Cámara de Diputados y la mitad de los senadores, que luego modificada por una cuarta parte.
Pero aquí esta el quid de la situación: la solicitud no es como lo dice el diputado González Fernández, sino no es como requisito de procedibilidad para la solicitud, porque ya lo había comentado mi compañero diputado Castro, que para todos los efectos de denuncias, quejas, trámites, en su función de investigación de control y de vigilancia, con un solo diputado basta que se inicie el trámite y en algunas ocasiones, para las iniciativas por dos o más diputados, pero para esto es un requisito no de procedibilidad para que se acuerde mandar a comisión, sino para ordenar, conminar a la Cámara a que se turne a la Gran Comisión, para proponer a la comisión de investigación. Conmina a esta Cámara, no es el trámite de procedimiento de que se resuelva por el pleno. Esa es la gran diferencia de este derecho minoritario, democrático, elevado a rango constitucional, como norma de excepción en el sistema jurídico mexicano.
Consecuentemente, el turno o el trámite dado, está contrario a lo dispuesto, por una parte por el artículo 32, vinculado con el 52, porque simplemente el diputado González no leyó integralmente el artículo 52, porque dice claramente: "Las comisiones de investigación y la de jurisdiccionales, se constituyen por su naturaleza con carácter transitorio...". Luego dice;... "funcionan en términos constitucionales y no necesita decirse más y legales y cuando así lo acuerde la Cámara. ¡Y cuándo así lo acuerde la Cámara!, tratará los asuntos específicos". Pero es muy distinto el trámite de comisión y otra muy distintas para los puntos específicos a que se va a abocar esta comisión de investigación, paralela a la comisión de vigilancia, como órgano ordinario de esta Cámara, frente a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Esta es de comisión de investigación, que podrá apoyarse en la comisión de vigilancia y en la Contaduría Mayor de Hacienda, según la naturaleza de la investigación que se haga. Ahí es donde sí surgiría para el pleno el punto específico sobre el que va a ser materia la investigación, conmina a la Cámara con la solicitud de los 128 diputados que han suscrito esta propuesta.
En consecuencia, no es problema de procedibilidad; no es para calificar la posibilidad de investigación, porque en ese sentido casi estamos hablando que menos de la mitad del quórum de la Cámara ya lo está solicitando, uno menos de la mitad del quórum, de la mitad del quórum requerido en asuntos ordinarios, sin calificaciones. Si así lo solicita, pues con mayor razón la Cámara de Senadores, la mitad, 32 senadores, podrían solicitarlo. Sería algo absurdo pensar que para el quórum ordinario a la Cámara de Senadores, con un más que estuviera presente se pudiera oponer y se tuviera que mandar a trámite como lo está proponiendo aquí.
Si ésa es la proposición en la de senadores, 32, la mitad y en la de diputados, una cuarta parte, el mismo principio rige, el derecho integral de minoría y es curiosa que este principio se tomó de una estructura asambleísta corporativa de las
sociedades mercantiles. Por ello, la propuesta a la que aludía el diputado Castro, el 33% del derecho de minoría es integral para responsabilidad y con una cuarta parte y por eso se resolvió, para designar un comisario en las sociedades mercantiles, con el 25%.
Analógicamente, a nivel constitucional, a ese derecho de minoría, a ese derecho de minoría, democrático en asambleas legislativas, se le está dando ese derecho integral, para que ni siquiera se turne a comisiones, sino directamente a la Gran Comisión para que proponga a la comisión de investigación.
Vuelvo a reiterar, conmina a esta Cámara a dar cumplimiento cabal al texto constitucional como ley suprema, por encima del propio reglamento y que no contradice a la Ley Orgánica del Congreso, que en efecto es dos años posteriores a esta forma constitucional. Se complementa a la perfección. Muchas Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Pacheco Pulido.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido: -Con su permiso, señor Presidente. Yo sí escuche que el compañero diputado José Antonio González, leyó expresamente el artículo 52 de la Ley Orgánica del Congreso, que es ahí donde parte muchas de las inquietudes que aquí tenemos.
El artículo 52, expresamente y lo hemos leído, ya se ha escuchado aquí, nos señala que las comisiones de investigación serán estructuradas cuando así lo acuerde la Cámara. Esto da una primera definición o un primer cauce. No hay ningún otro organismo, ni minoritario ni de ningún otro nombre, que tome los acuerdos que tenga que tomar la Cámara de Diputados. Todos los acuerdos pasan al Pleno de la Cámara y no pertenecen a comisiones pequeñas, mayoritarias o grandes.
Yo creo que bajo este concepto, debamos aceptar, que es acuerdo de la Cámara la integración de comisiones. Ahora bien, las comisiones ordinarias, que señala el artículo 55 de la propia ley, sí es facultad de la Gran Comisión ponerlas al pleno. Pero lo dice el propio artículo 55: las comisiones ordinarias. Luego entonces no tiene por qué pasar esta comisión, que exactamente Juan de Dios Castro decía que es extraordinaria, no tiene por qué pasar a la Gran Comisión.
Es decir, con el mismo argumento del diputado Castro de que es una comisión extraordinaria en términos del 93, párrafo tercero, esta comisión deba sujetarse precisamente a que sea propuesta y aprobada por el pleno.
Yo creo que Juan Antonio González al leer el artículo explicó y con ello fundamentó expresamente el acuerdo del señor Presidente de la Cámara de Diputados cuando se fundamenta en el artículo 58 y el artículo 58 del reglamento también es claro, dice: "Las proposiciones Juan de Dios Castro también aceptó que está es una proposición que no sean iniciativas". Las iniciativas indiscutiblemente van estructuradas de acuerdo con el propio procedimiento que nuestro mismo reglamento marca; ésta no es iniciativa de ley, presentada por uno o más individuos de la Cámara y que esta propia proposición que ha sido suscrita por un número de diputados tiene que sujetarse al trámite del artículo 58.
Yo creo que si ésta es una proposición y no es una iniciativa, éste es el presupuesto que nos está dando el artículo 58 del reglamento y aparte no es la mayoría de diputados. Luego entonces si en ese concepto no es más que una proposición, no iniciativa, no presentada por la mayoría de diputados, es lógico que el señor Presidente de la Cámara está aplicando correctamente el trámite del 58 del reglamento.
Yo estoy de acuerdo con el diputado Fauzi, no hay que desviar esta argumentación, este tema, es demasiado simple, del trámite que se está dando es exclusivamente a una proposición en términos del 58.
Los demás argumentos que aquí se han señalado van a compenetrarse ya del gran debate que aquí se va a dar, que esperamos quede exclusivamente en ese gran debate y no salga ninguna pólvora.
Por ello yo estoy solicitando a la asamblea se apruebe la propuesta del señor Presidente, en cuanto al dictamen que se está realizando, que se va estudiar y al curso que se le dio en términos del artículo 58 del reglamento. Muchas gracias.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): -Señor Presidente, para contestar alusiones personales.
El Presidente: -Diputado Castro, tiene usted la palabra.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: -Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Parece que al señor diputado que hizo uso de la palabra, "se le mojó la pólvora"; no se hizo más que repetir la argumentación del señor
diputado José Antonio González Fernández, a la cual voy a formular réplica.
Y miren ustedes: ¡caray!, es increíble la falta de vocabulario técnico que existe en muchos ordenamientos secundarios. Me refiero al reglamento, me refiero a la Ley Orgánica, me refiero también al vocabulario utilizando por el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra y al argumento del diputado José Antonio González Fernández.
¿En qué centró José Antonio su argumentación?, pues la centró en el artículo 58. El señor Presidente de la Cámara le dio un trámite correcto porque dice: "Las proposiciones que no sean iniciativas...".
Dice el artículo 58: "Las proposiciones que no sean iniciativas de ley". Señores: todas las resoluciones de la Cámara y voy más allá todas las resoluciones del Congreso, reciben el nombre de leyes o reciben el nombre de decretos. Todas. O son leyes o son decretos y todas las resoluciones del Congreso, todas, señoras y señores, leyes o decretos, su trámite, la primera parte del trámite para que se dicten y pronuncien, es el derecho de iniciativa.
Yo presenté una iniciativa. Pero señores, también presenté una proposición. Una proposición, como le llamó Diego y como le llamé yo, el pedimento que haga cualquier legislador, es una proposición.
Y dice el artículo 58: "Las proposiciones que no sean iniciativas". Nada más que por encima del reglamento y por encima de la Ley Orgánica, señoras y señores, está la Constitución, jerárquicamente superior. Pero yo debo dar argumentos, yo debo dar argumentos para convencerlos de por qué en este caso constituye una excepción al 58, ¿por qué a esta iniciativa presentada por 128 legisladores, no puede dársele el trámite que marca el 58 del reglamento?, porque es un imperativo constitucional y para poder dilucidar esto, señoras y señores, para poder aclararlo, para poder establecer si el compañero José Antonio o el de la voz, uno u otro tiene la razón o cual menos sus argumentos son más sólidos, yo tengo que referirme al segundo argumento de José Antonio, que está integralmente vinculado al primero.
Dice José Antonio: "Es que se dio un debate mucho antes". Mucho antes de la LI Legislatura; antes, cuando yo cité el precedente donde el Presidente de la Cámara dio un trámite correcto de turnar a la Gran Comisión, no voy a hacer referencia a la argumentación del señor diputado, porque basta con leer la fracción IV del 47, las comisiones las propone la Gran Comisión y no distingue y donde la ley no distingue, no podemos distinguir y el 55 no se refiere a eso. Hago esa digresión en relación con el argumento dado por el diputado que me procedió en el uso de la palabra. No. Lo importante en este debate es el segundo de José Antonio. Dice: "Se dio ya el debate en el año 1977". Sí, en el año 1979, noviembre, se planteó por 100 diputados la solicitud de que se nombrara una comisión para investigar a una paraestatal que es Teléfonos de México y el presidente de la Cámara, del Partido Revolucionario Institucional, dos y dos son cuatro, turnó correctamente a la gran Comisión para que, ahí sí se aplica el 55, para que proponga a este pleno los integrantes de la comisión y es lo único que el pleno debate, porque estoy de acuerdo, nada pasa a votación del pleno si no pasa por comisión, salvo los casos de urgente y obvia resolución.
Pero ¿de veras José Antonio se dio el debate en 1977 sobre este tema? Yo digo que no.
Y me voy a adelantar a la argumentación que van a dar, digo, me voy a adelantar porque ya anunciaron el debate de 1977 y basta leer el Diario de los Debates. ¿Y qué debate fue ése? El debate fue precisamente el último párrafo del artículo 93, envío por López Portillo.
¿Cómo debía interpretarse? ¿Quién era nuestro diputado entonces que sostuvo este debate en lo particular del artículo 93? Alguien que era diputado entonces, después fue asesor de la Cámara: Jorge Garavito.
Y dice: "Ya se dio...". Ya se discutió si es la minoría la que tiene el decreto, con su sola resolución, con su sola propuesta, con la sola cuarta parte, para que se integre la comisión. O bien se requiere la votación del pleno, o bien se requiere la decisión del pleno de la Cámara, porque se dice facultado y facultad es algo potestativo, algo en lo que yo no concuerdo y si lo mencionan, entraremos al debate de lo que significa "facultad" en derecho, en términos jurídicos.
Garavito, que entonces era de la oposición y nosotros somos oposición cuando debatimos iniciativas de ley y basta este debate y basta el debate de 1991 y el debate de 1989, para poder demostrar que no andamos tan ajenos a esa aprensión que tenemos los de la oposición de que se pueda torcer el sentido de la palabra.
Y dijo Garavito en su intervención, pidiendo que la palabra "pedir" se cambiara por la palabra "resolver". Que los 125, entonces 100 diputados, que los 125, 100 en la LI, no tuvieran la facultad de pedir, sino de resolver. Eso dijo Garavito y eso pidió y me estoy echando la soga al cuello, porque alguno de los de la mayoría me dirá: "Señor diputado ¿y qué resolvió el pleno"?. ¡Ah¡ El pleno, como siempre, rechazó el pedimento de Garavito y en lugar de "resolver", quedó en "pedir".
Y por eso dice José Antonio, dice que en el año 1977, ya se dio este debate. Esa intervención de Garavito y esa intervención entonces de Miguel Montes y del diputado Labra. ¡Miguel Montes le contestó a Garavito e hizo una propuesta de que de 33% se redujera al 25%, porque el término de la iniciativa estaba como decía Fauzi, una analogía de las sociedades mercantiles, para establecer manera de encauzar los derechos de la minoría! ¡Y se trasladó al plano político y al plano legislativo, en está Cámara, para que la oposición, muy difícil entonces y no se ha dado la historia: reunir toda la oposición para una investigación; porque ni en el año ni en la L Legislatura, que firmaron 100 diputados, firmó toda la oposición!
Si Garavito pedía que la minoría pudiera resolver, no pedir. Dice José Antonio: ya se dio el debate. ¡No, José Antonio; no era ése el tema del debate entonces!
La palabra "pedir" y la palabra "resolver"; una usada por la opinión, la palabra "resolver" y otra la palabra "pedir", usada por la mayoría. ¡No estaban relacionadas la oposición de la mayoría, en el sentido de que la minoría no podía reuniendo las firmas integrar la comisión y que se requería la aprobación del pleno!
¡Permítanme profundizar en estas dos expresiones que son la clave del debate de 1977! La argumentación de Miguel Montes, dijo: "No, Garavito. No podemos utilizar la palabra "resolver". ¡Pero no porque el pedimento tenga que pasar al pleno! ¡No porque el pedimento tenga que ser aprobado por la mayoría del pleno de la Cámara, sino porque gramaticalmente está mal utilizado el término "resolver" para la minoría!
Decía Montes: "Resuelve nada más las mayorías, con mayoría simple o con mayoría calificada".
Y yo les digo ahora, que entonces y ahora el término "pedir" sigue estando mal; porque los funcionarios no piden, según el léxico constitucional. Los funcionarios... ¡"piden" los particulares! Según el léxico constitucional los funcionarios "solicitan". Según el léxico constitucional "excitan", "inician". Iniciar, excitar, solicitar, son los términos utilizados por la Constitución.
¡Pedir... Piden, sí, los particulares!, artículo 8o., artículo 9o. de la Constitución. Los funcionarios no piden; solicitan, de acuerdo con la terminología constitucional.
Pero dice Miguel Montes, cuando habla de este tema, dice que no se puede utilizar el término "solicitar", porque el pedimento está hecho por la minería. El hace un debate de tipo gramatical. Pero fíjense más, qué dice además Montes en este debate: "Se trata de un derecho nuevo". ¡Un derecho nuevo! ¡Y se trata de un derecho nuevo, no era la simple posibilidad de pedir, porque ésa ya existía, era la posibilidad de que la oposición, junta, pudiera intervenir en el ámbito del Ejecutivo! (Aplausos.)
¡Y para evitar, señoras y señores, la invasión del Legislativo en el Ejecutivo, que es una de las críticas que se hacen al 93 también de fondo, es una invasión del Legislativo al Ejecutivo! Por eso para paliarlo se dijo, por eso decía yo diferente por su contenido, diferente por su trámite, diferente por sus efectos: los resultados de esa investigación se hacen del conocimiento del Ejecutivo! ¡Es un efecto distinto en la labor investigatoria de la Cámara!
Pero más todavía. Nos la da el debate de Labra. El debate de Labra en ese año 1977. Labra se refiere también a lo de Garavito. ¿Ustedes qué creen, señoras y señores?
Si es cierto lo que dice José Antonio, que este debate se dio ya en 1977. Que yo expreso que el debate fue con un enfoque distinto y un contenido distinto. ¿Ustedes creen que sí hay una enorme diferencia entre pedir y resolver? Porque Garavito decía "resolver" y la iniciativa decía "pedir". Hay una enorme diferencia. No, Labra le dice y además ¡Sí es de más fondo el querer que la minoría resuelva a que la mayoría resuelva¡
Le dice Jorge Garavito: yo pensaba, diputado Garavito, dice Labra aquí en el Diario de los Debates, que usted iba a pedir algo más de fondo. No, el término era gramatical y además reflexionemos, ¿nada les dicen los porcentajes, los números?, cuestión de sentido común, sentido común, señoras y señores diputados. ¿Por qué el 25% de los diputados ?, lo dije ya, porque en la Cámara el 25% eran 100, en la reforma política
que está próxima a integrarse, la Cámara con 100 diputados plurinominales, que eran la oposición.
¿Y por qué la mitad de los senadores¿ Porque en aquella época, en aquella época, estamos hablando del año 1977, salvo aquella situación excepcional del senador Cruickshank, el Senado estaba integrado únicamente por miembros del partido oficial. El 50% se puso en el Senado, ¡32 senadores!, ¿para qué, señores, poner 32 senadores?, era exactamente el quórum en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados era exactamente la mitad del quorum; 32 senadores, la mitad de los senadores, dice el artículo 93, la mitad. ¡Señores!, si es la mitad, solamente un voto haría la diferencia entre la aprobación o no de la Comisión Investigadora.
¿Por qué no poner el 10% ó el 15% ó el 20% de los senadores, o el 30% o el 40%¿, ¿por qué la mitad¿ Señores, se le dio rango privilegiado a las empresas paraestatales, si dio ese porcentaje, precisamente porque la integración es automática, no automática en el sentido de que el señor Presidente les diga al pleno: ya recibí las 125 firmas. Ahora señores diputados propongan; ¡no!, automática en el sentido de que pasa a la comisión, la Gran Comisión, conforme a la Ley Orgánica del Congreso y la Gran Comisión no lo va a discutir, en cuanto así lo hace o no. La Gran Comisión discutirá, entre ello, yo creo que con la decisión de Fernando Ortiz Arana basta; decidirá quiénes son los integrantes de la comisión y esos integrantes pasan al pleno y el pleno, aquí sí, se debate los integrantes de la comisión.
Señoras y señores, me referí primero, a que está es una excepción al 58 y para probar que es una excepción al 58, me referí al debate de 1977, no fue este tema lo que estuvo a debate, fue un simple debate sobre una cuestión gramatical en una época, señoras y señores, en que estos debates se deban porque la mayoría no cambiaba una sola coma de la iniciativa por el Presidente de la República. Gracias. (Aplausos).
El Presidente - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Encinas y, se les recuerda a los señores diputados que están haciendo uso en términos del 102.
El Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:- Con su permiso, señor Presidente.
Yo después de escuchar la intervención del compañero González Fernández, no voy a gastar la pólvora en infiernitos, yo creo que nosotros no devamos de dar un debate de forma en este tema que nos está ocupando ni traer a colación las lecturas y referencias a las versiones estenográfica del debate que se dio en el período extraordinario; que si el diputado Juan de Dios Castro habló de proposición, que si Diego Fernández de Cevallos lo mismo, yo creo que ése no es el sentido de la discusión que nosotros tenemos que dar; yo creo que la solicitud que hicimos 128 diputados durante el período extraordinario para formar una comisión que impuso una auditoría al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, viene fundada claramente en el artículo 93 constitucional, donde se otorga la posibilidad de que una minoría de la Cámara de Diputados o Senadores pueda integrar, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados o empresas de participación estatal. Ese es el debate.
Yo no sé si Juan de Dios o alguno de nosotros habló de proposición durante el debate, si nosotros revisamos el documento que se presentó, que se entregó a la Secretaría de la Cámara, estamos haciendo un pedimento, una solicitud para integrar una comisión especial que audite al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no tergiversemos, no empecemos a hablar del 58 ó del 93; yo creo que no hay que desviar la discusión y quedarnos únicamente en el problema de forma, porque aquí hay un problema de fondo que a mí me preocupa en particular, porque está cerrándose un espacio a la minoría de esta Cámara, ya decía el diputado Juan de Dios Castro cómo el artículo 93 otorga en lo fundamental el derecho a una minoría en la Cámara de Diputados o Senadores, para formar comisiones y fiscalizar al Ejecutivo en las empresas paraestatales o de participación estatal y lo que se está planteando hoy después de la única experiencia intolerante que tuvimos en esta Cámara, que fue el Colegio Electoral, que cerrarle un espacio más a la oposición. Si hoy a este pedimento de los diputados, de más del 25% de los diputados que integramos esta Cámara, se le da marcha atrás en función de un planteamiento formal, no solamente estaremos subordinando al Reglamento de la Cámara la propia Constitución, la Constitución efectivamente está por encima del reglamento y esa Constitución nos da a la minoría la posibilidad de pedir auditorías al Ejecutivo y sus empresas. Creo que ése es el problema de fondo y creo que José Antonio eso debería discutir, hasta dónde ustedes están pretendiendo crear un precedente que a la oposición y a la minoría
nos deje en indefensión y se proteja cada vez más la corrupción y la arbitrariedad con que la administración pública y las empresas paraestatales han venido manejando nuestro país, ésa es la discusión, ojalá y nos expliques, por favor, José Antonio. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Guillermo Flores.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Subo a esta tribuna para también hacer un llamado a la reflexión a esta Cámara y que recordemos el contexto en que se dio el debate en el período extraordinario y por qué llegamos otra vez prácticamente a querer discutir lo mismo.
Si ustedes recuerdan, en el período extraordinario el Ejecutivo mandó unas iniciativas que tenía qué ver con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ahí como ha sido costumbre o sea en los últimos años en la opinión pública, se empezaron a hacer un conjunto de referencias a la gran corrupción que existe en este organismo de vivienda nacional. En esa ocasión, bien podía la Cámara, si bien no era un punto del orden específico y se argumentó que por eso no se podía resolver, cuando la Cámara discute sobre un tema pueden salir a conclusión otra serie de resoluciones, en aquella ocasión cabía, pero en aquella ocasión la mayoría no aceptó que se debatiera ese tema en el período extraordinario y prácticamente hubo un compromiso de Ortiz Arana de que este problema se iba a tratar aquí y por eso todos, después de que firmamos este acuerdo 128 diputados, no le quedó más remedio que turnarse hasta esta ocasión y había un compromiso tácito de que deberíamos de tratarlo.
Se inicia este período y sospechosamente llevamos, ésta es la tercera ocasión del pleno en donde aparece agendado el punto, en las dos anteriores extrañamente suspende y ahora nos encontramos otra vez con problemas, entre comillas, de procedimiento que pone la mayoría.
Y estamos discutiendo un problema de procedimiento, un problema de forma, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es el problema de fondo de este organismo.
Creo que ésta es la clave de todo esto, que estamos ante un empecinamiento, que no hay voluntad política para discutir el fondo del asunto.
Si en este país sí se quiere acabar con la corrupción, que no solamente impera en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores sino en otros lugares más, si tiene que tener una actitud más enérgica de esta soberanía de los mexicanos, para poder poner un alto a toda esa mala administración de los recursos de la nación.
No se puede permitir más. Se ha visto en los últimos días en la televisión, por ejemplo, spots donde hablan los de las bondades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. ¿Por qué esta campaña publicitaria¿, ¿por qué ese empecinamiento a no ver¿ Si están seguros que se han manejado los recursos con honestidad, que se permita que se haga esta investigación.
Ya aquí se ha dicho, yo por eso no me refiero más a problemas de carácter legal, para mí plenamente estoy convencido de eso y creo que la mayoría de los diputados aquí está convencido que el 93 constitucional nos da el pleno derecho para poder de manera inmediata, como lo ha señalado aquí el diputado Juan de Dios Castro, turnar ante la Gran Comisión este problema para que se forme la comisión. Ya de eso no queda dudas. Creo que lo que tiene que hacer es reflexionar la mayoría y permitir que se haga este trámite y retirar la propuesta el Presidente. Muchas gracias.
El Presidente : - Esta Presidencia les recuerda a los señores diputados que el espíritu de las atribuciones del Presidente es no la de imponer su criterio, sino la de imponer el criterio de la asamblea; por lo tanto, se le solicita a la Secretaría, toda vez que se agotaron los dos oradores en pro y los dos en contra, que en votación económica consulte si se aprueba el trámite instruido por la Presidencia.
El secretario Ernesto Gil Elorduy: - Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueba el trámite dictado por la Presidencia.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia, en términos del 58 se abre la lista de oradores, los que estén en pro y en contra.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Registramos por parte de Acción
Nacional a Fauzi Hamdan, Felipe Calderón y su servidor.
El diputado Fernando Ortiz Arana (desde su curul): - Nada más uno.
El presidente: - Diputado Castro, en el orden en que usted me los da serán los dos, Fauzi Hamdan...
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Rodríguez Lozano, en contra.
La diputada Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul): - En pro.
El presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Fauzi Hamdan, para haber en pro.
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
La propuesta de los 128 diputados para que integre esta comisión de investigación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tiene su sustento en cuanto a la parte del derecho de minorías ya ampliamente señalado en el artículo 93, pero adicionalmente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores forma parte de la estructura de organización de la administración pública en los términos del artículo 90 constitucional, y desde luego la Ley Reglamentaria que es la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Anticipando el argumento de algunos, quizá, diputados en contra de lo que vamos a señalar, ciertamente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, junto con la Procuraduría Federal del Consumidor, con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con las instituciones nacionales de crédito, organizaciones nacionales auxiliares de crédito, están excluidas de la aplicación de la Ley Federal de entidades paraestatales, incluyendo las instituciones académicas universitarias que gozan de autonomía.
La razón de exclusión en el artículo tercero de la Ley Federal de Entidades Paraestatales de esta serie de organismos descentralizados, no es que se forme un estado dentro de otro estado y haya tierra de nadie y gocen de impunidad total en los controles y vigilancias que ejerzan los órganos centrales, ni tampoco que queden impunes respecto de sus actos y decisiones, de los órganos de control constitucional y control jurisdiccional; simplemente y en la exposición de motivos en 1987, presentada por el entonces Presidente De la Madrid, para darle la famosa autonomía de gestión al sector paraestatal, le permite que estructuralmente esta categoría de entes previstos en el artículo 3o., no quedaran sujetas a la estructura corporativa y funcional general de los demás entes del sector paraestatal, integrado por los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritarios y los llamados fideicomisos públicos, puesto que estos no tienen personalidad jurídica sino son negocios jurídicos.
El hecho de que excluida de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, no significa que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no sea un organismo descentralizado, que tenga personalidad jurídica y patrimonio propio , ni que quede sujeta al control y vigilancia de los órganos centrales, a través de las leyes sustantivas que controlan y vigilan a estos entes, concretamente la Secretaría de Hacienda en los términos de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público Federal, la propia Secretaría de Hacienda en los términos de la Ley de obras Públicas y la de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles y desde luego la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Es más, la propia Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, del año de 1979, incluye dentro de los entes sujetos a la vigilancia del gasto público, del presupuesto de estos entes a esta entidad, porque incluye a todas las que se refiere el artículo 3o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Por ello pudiera resultar un desatino pensar que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un Estado dentro de otro Estado, porque se convertiría en un ente soberano si no tiene control y vigilancia externa que lo supedite y subordine y le pida rendición de cuentas. La única exclusión del artículo 3o., reitero, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, es su estructura orgánica y de funcionalidad, como lo son otros entes paralelos.
Pero hay más. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, junto con otros 11 organismos descentralizados, que constituyen la base y cimiento de la actividad vital del Estado por su especialidad y tecnicismo, sus ingresos están fusionados al Estado, a la organización centralizada. Expresamente lo prevé la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los
ingresos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad entre otras, Fertilizantes Mexicanos como empresa de participación estatal mayoritaria, los ingresos de esos entes se fusionan, se integran totalmente en el Estado, y lo mismo sus egresos. Consecuentemente la prioridad de entes es vital para la actividad del Estado, por su función eminentemente social en la materia de la vivienda.
En consecuencia, el pedimento contenido en el artículo 93, relacionados con el artículo 90 constitucional, incluye a toda la organización paraestatal, que es el cuerpo que forma parte de la organización del Estado.
Los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritarias, entendámoslo, son hijos del Estado, pero forman parte de la gran familia estatal, y se les atribuye personalidad jurídica por razones operativas, de accesibilidad en sus transacciones y en su especialidad propia, pero están integrados corporativa y estructuralmente a los órganos de control de vigilancia.
La Ley Federal de Entidades Paraestatales de 1987, lo único que quiso hacer es darle una autonomía de gestión en el famoso artículo 11, autonomía de gestión, por cierto y paralelamente, que nunca ha funcionado, porque antes los hijos los organismos descentralizados iban a la organización centralizada a solicitar una serie de permisos y autorizaciones pare realizar actividades. Ahora, a partir de 1987, el papá va a los órganos de gobierno de los hijos, se integran con los servidores públicos de la organización centralizada para facilitar, agilizar, el trámite de operación transnacional de su objeto, de bienes inmuebles, etcétera.
Consecuentemente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, junto con los otros entes a que el artículo 3o. quedan sujetos al control y vigilancia, de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de esta "Cámara, de la responsabilidad a que quedan sujetos los órganos y más aún de la responsabilidad a juicio político, ahora por las reformas precisamente de 83, los directores de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritarias, entre otros, quedan sujetos a juicio político, muy importante reiterarlo, extendieron a los sujetos, además de diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, secretarios de Estado, jefes de departamento administrativo, lo hicieron extensivo a la parte ejecutiva, a los directores de organismos descentralizados y empresas de participación estatal y en la parte del Poder Judicial, a los jueces colegiados de circuito y a los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y de Primera Instancia de las entidades locales. Extendió la sujeción a juicio político.
Si fuera una férula de tierra de nadie a de tierra exclusiva del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los otros entes a la que alude el tercero de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, estaríamos preconizando aquí la existencia de un Estado dentro de otro Estado y eso es inconcedible en un régimen de un estado unitario, concebido como los Estados Unidos Mexicanos.
En consecuencia, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cualquiera que sea la actividad propia o no realizada por ella, como cualquier otro ente está sujeta a investigación, es iniciar un proceso de investigación, no se está prejuzgando las decisiones sobre la actuación, las operaciones y los actos realizados por esta institución, simplemente es iniciar un proceso de investigación. Y alguien podría agregar: para eso tenemos la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que puede conminar a la Contaduría Mayor de Hacienda dentro de sus programas, para que audite, vigile, el presupuesto de gastos y todas las erogaciones que ha hecho el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Va más allá, está es una comisión que se pretende se integre en forma exclusiva, extraordinaria y para que se investiguen los actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. La ineficiencia de la institución quedó a todas luces expuesta cuando se discutió en febrero, en el período extraordinario, precisamente el Sistema de Ahorro para Retiro, el Famoso Sistema de Ahorro para el Retiro, y la integración de cuentas individualizadas junto con las del Sistema de Ahorro para el Retiro y el 5% de cuota del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que lo manejara el sistema financiero mexicano.
Esto demuestra que alguna situación irregular en la propia institución. Irregularidad que no necesariamente tendrá que prejuzgares sobre una situación de responsabilidad, determinar por qué no ha funcionado eficaz y adecuadamente. Por qué los flujos contenidos de sus recursos
han quedado en cero rendimiento dentro del esquema normativo. ¿Por qué el proceso de insaculación y selección progresiva y excluyente en los términos de ley¿ El movimiento de sus fondos, la integración de sus recursos y las obras realizadas. Y sobre todo la finalidad misma de la institución, proveer, ahí sí, de una política social a la vivienda que ahora en el artículo 4o está elevado a rango constitucional, como el derecho subjetivo público a una vivienda digna.
Consecuentemente la justificación, que no tiene por qué mencionarse ni motivarse, de solicitar el grupo minoritario de la Cámara de Diputados con 128 para integrar una comisión de investigación, es suficiente para que se aluda y se proceda a los términos del contenido genérico de investigación a esta institución, que no queda excluida precisamente por no estar vinculada corporativamente y estructuralmente en su función en la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Consecuentemente es una institución, junto con las otras, a las que alude el 3o. que también quedan sujetas a control por el fundamento del artículo 90 constitucional, 93, y el Título IV de la propia ley suprema. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Rodríguez Lozano.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Realmente la argumentación del compañero Fauzi Hamdan me ha decepcionado el día de hoy, porque le reconozco un gran talento como profesor universitario, como jurista y realmente sus argumentaciones carecieron de la objetividad y el rigor metodológico para poder convencer a esta asamblea que se integrara una comisión de investigación en los términos del tercer párrafo del artículo
Me he inscrito en contra, porque creemos que la solicitud que hicieron 128 diputados, no cumple con los requisitos del párrafo tercero del artículo 93.
Ciertamente se ha dado aquí un debate interesantísimo, un debate que viene también desde 1977, no sólo a través de las participaciones que aquí comentara el diputado Juan de Dios Castro sino ya incluso en la propia Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se había discutido y analizado el alcance de este concepto.
El concepto, hasta este momento ha reunido los requisitos de procedibilidad, es decir, hay una cuarta parte de diputados que ha solicitado en los términos del artículo 93, se forme una comisión de investigación. Pero el artículo dice que esa comisión de investigación, vinculado con el párrafo segundo debe ser para los efectos de investigar a los organismos descentralizados y a las empresas estatales mayoritarias.
Voy entonces a tratar de demostrar que no se da el supuesto del último párrafo del párrafo tercero, es decir, que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es un organismo descentralizado y que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es tampoco una empresa de participación estatal mayoritaria.
¿Qué es finalmente la descentralización? La descentralización es una forma de organización de la Administración Pública, a través de la cual se va a crear un ente de carácter público que va a cumplir y, ¡ojo!, que esto es muy importante va a cumplir los fines del Estado y para cumplir esos fines estatales el Estado le va a otorgar patrimonio propio. Y ese patrimonio propio son bienes de la federación, es decir, son recursos de carácter fiscal. Otro punto que es importante: Recursos de carácter fiscal. Le va a dar autonomía técnica frente a sí mismo, es decir, el órgano central le da autonomía frente a sí mismo; autonomía técnica y autonomía financiera.
Este es en términos generales lo que casi todos los teóricos del derecho administrativo sostienen que es la descentralización. Hay matices por supuesto, algunos enfatizan más en un punto; otros por ejemplo en la cuestión de la autonomía; otros respecto a los fines del Estado; otros respecto a los bienes que son bienes de carácter fiscal.
Ese es pues, en términos generales y muy sucintamente expresado, el carácter de un organismo descentralizado.
Ahora bien, se da el caso, se reúnen los requisitos de un organismo descentralizado. En el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores voy a intentar demostrar que no se da; que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es un organismo descentralizado.
En principio, ¿cómo sabemos que un organismo es descentralizado?, bueno, porque lo dice la ley, porque la propia ley en el momento de
creación, el Legislativo le otorga el carácter de organismo descentralizado. Por supuesto que también los puede crear el Ejecutivo a través de un decreto.
Yo traigo aquí conmigo una serie de decretos y de leyes a través de los cuales se están creando organismos descentralizados...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Señor Presidente, ¿podría usted preguntar al orador, si acepta una interpelación?
El Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación diputado Rodríguez Lozano?
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Si usted la autoriza, señor Presidente; con mucho gusto.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano(desde su curul): - Nada más señor diputado, para precisar su postura.
En relación con su última afirmación, pueden ser creados por el Ejecutivo.
Son dos preguntas concretas: Primera, ¿el Ejecutivo por su solo decreto les da personalidad jurídica; o es el Congreso a través de la ley el que da personalidad jurídica?
Segunda, usted dijo que tomaba bienes de la Federación ¿Estos bienes de la Federación puede otorgarlos el Ejecutivo arbitrariamente o tenemos que autorizarlo cuando autorizamos los presupuestos en la Cámara? Gracias.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Voy a contestar la interpelación del compañero Juan de Dios Castro, con toda mi argumentación, por que si no, me voy a... permítame, precisamente le voy a contestar todo, compañero Juan de Dios Castro y el que va a precisar su postura soy yo, no usted. Entonces voy a precisar y por favor pediría que con mucho gusto acepto cualquier interpelación, pero si me permiten expresar toda mi argumentación. Al final aceptaré con mucho gusto cualquier interpelación; pero lo voy a hacer porque hay una gran cantidad de compañeros que no son abogados y creo que es conveniente que esa explicación incluso para los que son abogados también, la demos para poder justificar cuál es la postura del partido mayoritario en esta Cámara, es decir, no es un acto arbitrario, sino es un acto perfectamente apegado a derecho.
Entonces decía yo que un primer argumento es que el organismo descentralizado es aquel que lo dice la ley. Yo quisiera que el señor Presidente autorizara que la Secretaría dé lectura a estos diarios oficiales, en los cuales se crean varios organismos descentralizados. Solamente dé lectura al primer artículo, por favor.
El Presidente: - Proceda la Secretaría.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha:- Diario oficial de la Federación. Sábado 12 de junio de 1975. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Decreto que crea el organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Decreto; artículo primero: se crea un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con base en la facultad, la fracción I del artículo 89, es decir, el Ejecutivo.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha:- Un Diario Oficial del jueves 1o. de abril de 1965. Decreto. Artículo primero: Se crea el organismo público descentralizado por servicio que se denominará; "Compañía Nacional de Subsistencias Populares".
Un diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1948. Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México. Artículo primero. Para la administración de los Ferrocarriles Nacionales, se crea con patrimonio y personalidad jurídica propios, un organismo público descentralizado que se denominará: "Ferrocarriles Nacionales de México".
Diario Oficial de la Federación del sábado 6 de febrero de 1971. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos. Artículo primero. Petróleos Mexicanos creado por decreto del 7 de junio de 1938, es un organismo público descentralizado del gobierno federal.
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de abril de 1972. Artículo segundo: Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio que se denomina: "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores".
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Muchas gracias. Con esta argumentación, yo les quiero demostrar a ustedes, primero, los organismos descentralizados en principio, son aquellos
que dice el propio documento legal que los crea. En este caso, en el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se está creando un organismo de carácter social. Es decir, no es un organismo descentralizado. Pero tiene una razón, tiene una razón. ¿Cuál es esa razón¿
Hay que recordar que fue uno de los propósitos del constituyente de 1917, dotar a los trabajadores de casas habitación. Y para eso estableció como obligación en la fracción XII del artículo 123, la obligación que los patrones que tuvieran más trabajo estuviera fuera de la ciudad, tuvieran que otorgarle casa habitación. Este propósito del Constituyente de 1917, en la práctica no funcionó.
Entonces, ¿qué sucede? Que se va a reformar la Constitución en 1972, con el propósito de crear un fondo, un fondo para no dejar que este anhelo constitucional de otorgarle vivienda digna a los trabajadores estuviera sujeto a la relación obrero patronal y que estuviera sujeto al número de trabajadores o a que si el centro de trabajo estuviera dentro o fuera de la ciudad y se crea un fondo. Se crea un fondo, ¿pero dónde están los recursos de ese fondo?
Los recursos de ese fondo son: la aportación del 5% que los patronos van a otorgar que es, además, dinero de los trabajadores. No son fondos del Estado, sino que son fondos de los propios trabajadores que, a través de esta reforma constitucional del XII va a concretizar ese anhelo del Constituyente de 1917. Segundo requisito que no cumple, pues.
No es, no es un organismo descentralizado, sino es un organismo de servicio social.
Segundo, no se forma con patrimonio del Estado, si no que se forma con el patrimonio de los propios trabajadores.
Tampoco va a cumplir un fin del Estado, es decir, no es la propia administración pública la que va a crear un organismo descentralizado para cumplir con un fin que a ella le obliga la ley y la Constitución. Es decir, no es la administración pública que por conveniencia técnica o financiera crea un organismo de sí misma, sujeto a sus propios controles, que sigue sus propios lineamientos presupuestales y financieros, para cumplir con ese propósito.
No, es un fondo de los trabajadores que va a prestar un servicio de carácter social, que va a permitir que todos los trabajadores tengan una vivienda digna. Entonces tampoco se cumple con el tercer aspecto de un organismo descentralizado de que éste sea una forma de organizarse del Estado para cumplir con una obligación de carácter constitucional; es un organismo sui generis donde, incluso, la participación del Estado es siempre de carácter minoritaria.
Los tres órganos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la asamblea, el consejo de vigilancia y el consejo general, están formados paritariamente: 15 representantes del gobierno federal, 15 representantes de los patronos y 15 representantes de los trabajadores. Esta misma proporción se mantiene en los demás órganos. En el consejo hay otra participación distinta y en el consejo de vigilancia, donde se lleva a cabo la supervisión de su patrimonio, se lleva a cabo la supervisión financiera de este instituto también está representado por tres representantes del gobierno federal, tres representantes de los patronos y tres representantes de los trabajadores.
¿Qué quiere decir esto en los hechos? Que el gobierno federal es minoritario en la conducción de este organismo. Que no es pues un organismo del Estado, porque el Estado está perdiendo su imperio, sino que está sujeto siempre a la votación de los otros dos sectores. No es pues un organismo donde el Estado está cumpliendo con una función suya, sino que está cumpliendo, con este organismo, con una función de carácter social que está establecida en la fracción XII del artículo 123 constitucional.
No está tampoco sujeto a los controles. Yo difiero de lo que dijo aquí el diputado Fauzi Hamdan. No está dentro del presupuesto de la Federación. No está sujeto a la Ley de Cuenta Pública. No forma parte del registro de entidades paraestatales. No está sectorizado. No se le aplica la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Y por supuesto que tampoco se le aplica ni la Ley de Entidades Paraestatales ni tampoco la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda. Porque no es, insisto, un organismo descentralizado, sino es un organismo de carácter social, que cumple una función de carácter constitucional, que tiene sus propios órganos; que tiene sus propios órganos de vigilancia y que expresamente en el artículo 66, del propio ordenamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece con precisión que es un organismo de carácter autónomo, que no se le aplica lo que en ese entonces era la Ley para el Control de Organismos Descentralizados y Empresas de
Participación Estatal, que es el antecedente inmediato de la Ley de Entidades Paraestatales.
Recapitulado entonces, no es un organismo descentralizado, porque en principio no lo dice la ley que lo crea; no es un organismo descentralizado porque no está cumpliendo con fines del Estado, sino está haciendo efectiva una garantía social establecida en el artículo 123 constitucional; no es un organismo descentralizado porque no tiene fondos de carácter fiscal, sino son las aportaciones de los trabajadores, que hacen los patrones. Por todas estas consideraciones no es un organismo descentralizado.
Ciertamente es un organismo de carácter público, como hay muchos organismos de carácter público. Por ejemplo, nosotros hemos convertido, a través de la reforma del 130 constitucional, a las iglesias como organismos de carácter público. Y también son organismos de carácter público las cámaras de Comercio, que se crean a través de una ley, son órganos públicos, pero no son órganos estables. Y puede ser muy justa y nosotros compartimos la misma preocupación y podremos nosotros decir: ¿qué harán con las aportaciones que hacen los comerciantes en la Cámara de Comercio?, y puede ser justa nuestra preocupación, pero no tenemos nosotros la competencia para poder crear una comisión de investigación para solicitar una auditoría en la cámara de Comercio o en las iglesias, por ejemplo, que nos preocupara mucho qué se hace con las limosnas y quisiéramos crear, a través del artículo 93, una comisión de investigación para conocer el destino de las limosnas de todos los mexicanos o de rodeos los creyentes.
Hay pues organismos de carácter público, pero eso, que sean de carácter público, no les da el carácter de organismos estatales. Por esa razón, el Partido Revolucionario Institucional votará en contra de esta propuesta. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Fauzi Hamdan Amad (desde su curul): - Señor Presidente pido la palabra para contestar alusiones personales.
El presidente: - Diputado Hamdan, tiene usted la palabra.
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hago uso de la palabra no porque me hubiere, desde luego, resquebrajado emocionalmente el diputado Amador Rodríguez, porque le he decepcionado como abogado y administrativista de 23 años de estudios sobre esta materia. Siempre es necesario aprender y desarrollarse y perfeccionares, sin lugar a dudas.
Pero usted, señor diputado nunca me ha hecho y ha gustado el placer de hacer alusiones a ningún diputado, cuando he tenido la oportunidad de subir a tribuna y nunca lo voy a hacer, porque creo que hay que dignificarla íntegramente.
Desafortunadamente hay desatinos inconcebibles en su argumentación contrarios a los más elementales principios del derecho público, tanto constitucional como administrativo.
A propósito, cuando subí a tribuna no quise hacer alusión a ciertos principio generales de derecho público, primero por un extremo de tecnicismo que pudiera provocar lo que en estos momentos está provocando en muchos compañeros la distracción de un tema tan importante y trascendente, como el que se está tratando. Quise destacar y enfatizar las características esenciales de este ente dentro del contexto de todo régimen legal del derecho mexicano.
Pero me ha obligado a subir por la circunstancia elemental de que calificar que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es un organismo descentralizado de carácter público, conlleva inexorablemente a calificar que ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, ni Petróleos Mexicanos, ni Compañía Nacional de Subsistencias Populares, ni la Universidad Nacional Autónoma de México ni todos esos entes que son ya nada más 53 los que quedan, forman parte de la organización estatal y consecuentemente, vuelvo a reiterarlo, son estados dentro de otro Estado, porque si no se les aplica ni la Ley de Presupuesto Contaduría de Gasto Público ni la Ley de Obras Públicas ni la Ley General de Bienes Nacionales que a propósito yo no la quise decir, pues simplemente Petróleos Mexicanos ha estado violentando desde 1925 su primera ley orgánica del régimen de exclusividad del 27 constitucional.
El hecho de que se califique un organismo descentralizado de carácter prestacional o de asistencia y seguridad social no le quita el carácter de un organismo descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propia. En efecto, diputado Amador Rodríguez, el artículo 46, 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal define cuáles son organismos descentralizados las entidades creadas por ley, por
decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal. Bien, el primer supuesto formal es que el ente se ha creado por la Ley del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, esta segunda hipótesis y en respuesta que no se la dio a mi compañero diputado Castro, tiene su fundamento de competencia de origen para que el Ejecutivo pueda crear el organismo descentralizado, la misma ley emanada de nosotros mismos que lo estamos autorizando. Esta es ley del artículo 45.
Que hay personalidad jurídica y patrimonio propios y usted reconoce que tiene personalidad jurídica y reconoce que tiene patrimonio propio, pero sigue calificando que no es organismo descentralizado; bien, si se va usted a la Ley Federal de Entidades Paraestatales claramente dice cuál es el propósito que debe tener un organismo descentralizado; un organismo descentralizado de acuerdo con las reformas desde 1983 y de esta ley de 1987 debe tener una actividad primordialmente estratégica o prioritaria en los términos de los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales, ¿estamos de acuerdo? y dice claramente que son organismos descentralizados repitiendo lo que dice el artículo 45 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en este caso el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores fue creado por la ley del Congreso de la Unión y nadie se hubiera atrevido, nadie, el más insensato de los asesores del Ejecutivo en 1972, se hubiera atrevido a sugerirle al Ejecutivo Federal que fuera él mismo el que creara el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como autoridad fiscalizadora y recaudadora porque le hubieran dado palo en todos los actos de recaudación de ese impuesto a cargo de los patrones. (Aplausos.)
Y en los fines, los fines del organismo descentralizado son muy claros; primero, la prestación de un servicio público social y usted me lo ha dicho, el artículo 2o. de la ley que crea al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ley que crea al ente jurídico llamado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene un contenido social, naturalmente, como lo tiene Petróleos Mexicanos la explotación de un bien del dominio público de la Federación, de carácter directo e inminente e intransferible, porque si fuera así resulta que entonces se está desarticulando la organización de Petróleos Mexicanos del Estado, es un hijo de uno de los hijos mayores del Estado, como éste.
2. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia y seguridad social.
3. La exportación, la realización de actividades preponderantes de las áreas más estratégicas.
El 27. Banco de México es un organismo descentralizado, Ferrocarriles Nacionales de México es un organismo descentralizado. Son 52 organismos descentralizados actualmente, unos creados por el Ejecutivo y otros, la mayor parte por fortuna, por ley del Congreso de la Unión. La constitucionalidad del artículo 45 en relación con el artículo 14, no es materia de discusión, de que cómo se le está delegando legislativo al Ejecutivo para crear un ente con personalidad y con una función competencial, pero sin analizar este punto, evidentemente tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y el patrimonio propio lo integran las aportaciones que la propia ley orgánica lo establece en el artículo precisamente 5o., el patrimonio del instituto se integra con el fondo que se constituye con las aportaciones que deban hacer los patrones de conformidad con tal, con las aportaciones, numeral, servicios, subsidios que proporcione el gobierno federal, con bienes y derechos que adquiera a propio título.
La integración del patrimonio es por asignación fiscal o con aportación de bienes que le entrega el Estado como entidad, como persona jurídica, para realizar una finalidad o con la fijación de un recaudo, vía una cuota que está dentro de la especie de contribuciones, estamos de acuerdo que conforme al Código de la Federación, las cuotas de aportación de la seguridad y asistencia sociales y del propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, son contribuciones, lo dice el propio Código Fiscal de la Federación en el artículo 2o. fracción II ó III, no tengo aquí a la mano el Código Fiscal de la Federación, pero es indiscutible de que es una contribución.
4. Vuelvo a reiterar, porque estoy anonadado de pensar que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es organismo descentralizado. He estado en el error 23 años, puede ser, pero al menos me avalan otros que dicen que sí, ya eso me tranquiliza en mi amor propio.
La Ley Federal de Entidades Paraestatales, diputado Rodríguez, expresamente lo dije a rajatabla y rápido para no entrar en detalle, presentada por el presidente Miguel de la Madrid a esta honorable Cámara, fue muy claro. Quedan excluidos los entes del artículo 3o. de
la estructura de organización que la ley prevé, para que continúen organizados y funcionando conforme a su estructura interna, que además no era necesario decirlo, sino simplemente por el principio de autoridad formal de la ley, una ley posterior deroga una ley anterior; si todos esos entes tenían sus leyes orgánicas y viene la Ley Federal de Entidades Paraestatales a modificar la estructura de organización de estos entes, automáticamente se aplica el principio general de derecho, la ley posterior deroga la ley general, principios elementales de derecho.
Por eso tuvo que excluirlos, por conseja de sus asesores, porque si no, modificaba de plano y de fondo toda la organización y estructura de la Universidad Autónoma de México, que por cierto es el único, junto con la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica, los únicos entes autárquicos plenamente, puesto que el nombramiento de sus directores generales se genera de sus propios órganos internos, todos los demás organismos descentralizados tienen lo que se llama en doctrina y usted lo sabe, diputado Rodríguez, descentralización técnica, no autárquica, no verdaderamente autónoma y la autonomía aquí y en China no se confunde con soberanía, si usted quiere asimilar que el ente es un ente soberano, no sujeto a responsabilidad de servidores públicos, según entendí; a lo mejor estoy equivocado. ¿Es correcto?, o sea, el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es impune y todos los demás. Muy bien, entonces igualmente lo es impune, no está sujeto a responsabilidad en los términos del Título Cuatro. Así lo entendí. Entonces, tampoco está sujeto a ningún control presupuestario de la organización central, nada. (Aplausos.)
Compañero, acabamos de concebir al nuevo Estado mexicano dentro de otro Estado, un ente soberano, pleno, con el territorio, con jurisdicción; ahora falta que tenga sus órganos jurisdiccionales propios y legislativo, pleno. Así lo concibe usted diputado Rodríguez. Discúlpeme, no quisiera sobrepasarme, simplemente ya no quiero más. Es tan evidente y obvio que es un argumento falaz, inconcebible, insostenible decir esto. Gabino Fraga está resurgiendo de la tumba como espectro de destrozar la estructura elemental de los conceptos fundamentales del derecho público internacional y del derecho positivo mexicano de una manera contundente y clara, de manera que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ahora resulta un Estado dentro de otro Estado. Pues vamos a crear su asamblea legislativa individualizada al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con permiso de esta Cámara. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Diputado Amador Rodríguez, tiene usted la palabra.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Primeramente quiero expresar una excusa; a mi compañero diputado Fauzi Hamdan, si entendió que mis primeras palabras aquí hirieron su dignidad como profesor o como legislador. Yo lo respeto a usted mucho; sé que es un profesor serio y qué es un diputado congruente, por lo tanto si mi intervención lo lastimó en su dignidad como persona, como legislador, como profesor universitario, acepte mi disculpa.
Pero lo que yo quería atacar eran los argumentos precisamente falaces del diputado Fauzi Hamdan, porque no se trata simplemente de venir a hablar con una gran euforia, con una gran emoción, aplaudido por una minoría automática que aplaude todo lo que les dicen, y ya con eso hacer que sus argumentos tengan la veracidad que no los tienen.
Toda la argumentación del compañero Hamdan tiene un error de origen, toda su argumentación la hace él con leyes y con disposiciones que vienen a regular la administración pública. La Ley Federal de la Administración Pública Federal. Yo no creo que esta ley de la Administración Pública Federal, regule a la Cámara Nacional de Comercio ,por ejemplo, y como la Cámara Nacional de Comercio tiene sus propios órganos, tiene su propio cuerpo legislativo, tiene su propio cuerpo de vigilancia, yo vengo a decir aquí a ustedes, para tratar de impresionarlos, que estamos formando un Estado dentro de otro Estado. No, es un ente público de carácter estatal el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, porque no está formando por recursos del Estado; no está formando por recursos del Estado...
El diputado Guillermo Flores Velasco (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación al orador?
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con mucho gusto, en cuanto termine.
No está formando por recursos del Estado. Toda su argumentación falla precisamente porque se
basa en la Ley de Entidades Paraestatales, Ley de Entidades Paraestatales, mal dicho por cierto "paraestatales", porque significa lo que va a un lado del Estado y no regula los organismos descentralizados y no habla, no se refiere ya incluso en la denominación y ésta es una de las tantas leyes, malísimas leyes por cierto, que se han hecho por este Poder Legislativo. Y ahora viene por cierto una propuesta para tratar de establecer una iniciativa que estamos conociendo, para que no conozcamos, dice, para que no se le aplique la Ley de Entidades paraestatales a los tribunales agrarios. ¿Qúe, porque lo diga la ley que no se le aplica a los tribunales agrarios, si es que se aprobara esa iniciativa que estamos conociendo ¿Entonces tendríamos que decir que los tribunales agrarios son entidades paraestatales?
No. No. Aquí precisamente esta ley mencionada al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sí, la menciona, la menciona equivocadamente, erróneamente, porque no es un órgano de carácter descentralizado. No es el Estado, compañero Fauzi Hamdan, usted sabe muy bien que la descentralización es una forma de organización del Estado, del poder central; el poder central para poder prestar un servicio, crear un ente de carácter público y le asigna un presupuesto de los presupuestos de carácter presupuestario. Le otorga bienes de la Federación para que afecte ese patrimonio al cumplimiento de un objetivo del propio Estado.
Ese es el carácter del organismo descentralizado; y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no significa un Estado dentro tiene sus órganos de gobierno, tiene sus órganos de vigilancia, tiene sus órganos legislativos internos, la asamblea; al director lo nombra la asamblea, no lo nombra el titular del Ejecutivo Federal, sólo lo propone, sólo lo propone pero no lo nombra, que es distinto proponer a nombrar.
Por lo tanto, compañeros, una vez ratificó la tesis: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es un organismo descentralizado y por lo tanto no se le puede aplicar el tercer párrafo del artículo 93. Muchas gracias.
El presidente:- Tiene el uso de la palabra, para hablar a favor, el diputado Felipe Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Gracias, señor Presidente; señores diputados:
Comenzaré por decir que antes de que el diputado Fauzi Hamdan se decidiera a participar en política, para revertir por lo menos algunas de las pésimas leyes, como dijo el diputado Amador, que ha hecho su partido, le conocí, como su alumno, orgullosamente su alumno, en la cátedra de derecho administrativo de la Escuela Libre de Derecho, como ocurrió con algunos otros señores diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional.
Y debo decir, en honor a la verdad, que Fauzi Hamdan nunca me ha decepcionado; y en honor a la verdad también y sin el menor ánimo de ofender a nadie, debo decir que igualmente el diputado Amador Rodríguez Lozano, no me ha decepcionado. Creo que su intervención fue tan mala como siempre y sí un poco sorprendido por la gravedad de los argumentos que ha esgrimido.
El diputado Amador Rodríguez Lozano, en nombre de la mayoría, viene a expresar que porque no dice como algunos decretos que ha leído que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores sea un organismo descentralizado, no es un organismo descentralizado, es su argumento. Y cuando el diputado Fauzi Hamdan le replica que es un organismo descentralizado porque la ley sí lo dice, y lo dice claramente en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública:
Son organismos descentralizados, dice la ley, las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. E insiste en su réplica el diputado Amador para decir que no lo dice la ley.
Y su segundo argumento: que no manejan recursos del Estado. Y le replica Fauzi con el artículo 5o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, señores, de la misma ley, que dice: El patrimonio del instituto se integra: con las aportaciones en numerario señores servicio y subsidios que proporcione el gobierno federal.
Tercer argumento: El artículo 66 que en su párrafo final dice, que en virtud de lo anterior, no le son aplicables las disposiciones de la ley para el control por parte del gobierno federal de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
Lo primero, es que no es éste un pretexto que lo descalifique como organismo descentralizado, dice: que no se le aplica la ley no por no ser
organismo descentralizado sino porque este artículo 66 en los párrafos que no leyó el diputado Rodríguez, prevé un procedimiento específico para la fiscalización del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pero no porque no sea organismo descentralizado diputado.
Hay creo abogados brillantes en el Partido Revolucionario Institucional. Creo que se pudieron haber esgrimido otros argumentos distintos a estos.
Más aún y fundándome precisamente en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores que a la letra dice: con el fin de que los recursos del Instituto se inviertan de conformidad con lo que dispone la presente ley, el gobierno federal través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, tendrán las siguientes facultades:
1o. La Secretaría de Hacienda vigilará que los programas financieros anuales del instituto no excedan a los presupuestos de ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba el instituto. Dichos financiamientos deberán ser aprobados previamente por esta Secretaría.
2o. La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros aprobará los sistemas de organización de la contabilidad y de auditoría interior del instituto y tendrá acceso a dicha contabilidad, pudiendo verificar los asientos y operaciones contables correspondientes. La propia comisión vigilará que las operaciones del instituto se ajusten a las normas establecidas y las sanas prácticas, informando al instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las irregularidades que pudiese encontrar para que se corrijan.
De tal manera, señores, que es un organismo descentralizado, ¿por que? ¿porque así lo concibe la ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo
Segundo, porque contra lo que dice el diputado Rodríguez Lozano, recibe fondos federales y los recibe por ley.
Tercero, porque la norma de excepción de la ley, entonces Ley de Control de los Organismos Descentralizados, es porque tiene un régimen de vigilancia especializado de la propia Ley Orgánica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y no porque a su naturaleza lo estipule como que no es organismo descentralizado.
Cuarto, el Poder Ejecutivo y quiero subrayar este argumento, que no se ha vertido, señores, el Poder Ejecutivo tiene primero facultades de proponer a través de su titular al director del instituto.
Segundo, tiene facultades de fiscalizar la contabilidad y los manejos financieros del instituto.
Tercero, tiene las aportaciones de los patrones el carácter de contribuciones, es decir, el carácter sobre el cual puede vertirse un procedimiento económico coactivo, en virtud de que son contribuciones en los términos constitucionales para el sostenimiento del Estado. Es un órgano estatal, señores.
Si ustedes, señores de la mayoría, que no intervienen en este debate, creo que lo han comprendido muy bien.
Un último punto, ha quedado demostrado en el propio artículo 66, del diputado Amador Rodríguez Lozano, que tiene facultades a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Poder Ejecutivo, para revisar y fiscalizar al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores.
¿Qué tiene que ver esta facultad de fiscalización con el tema que estamos y debemos discutir aquí?
Dice la exposición de motivos señoras y señores, de la reforma constitucional del artículo 93 en la parte conducente: "con el fin de que el Congreso de la Unión coadyuve de manera efectiva en las tareas de supervisión y control que realiza el Poder Ejecutivo sobre las procuraciones descentralizadas y empresas de participación estatal, se agrega al artículo 93 de la Constitución un nuevo párrafo que en caso de ser aprobado, abre la posibilidad de cualquiera de las dos cámaras, puede integrar comisiones que investiguen su funcionamiento, siempre y cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros tratándose de la de Diputados y de la mitad si se trata de la de Senadores.
De tal manera señores, que claramente se desprende de la exposición de motivos, que lo que busca el legislador es que el Congreso coadyuve de manera efectiva en las tareas de supervisión y en el caso concreto estamos en presencia primero, de un organismo descentralizado y segundo, de facultades de supervisión que sí tiene el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que regula el propio artículo 66 que invocó precisamente Amador Rodríguez.
Lozano. Y que para coadyuvar a esa investigación, la Cámara puede integrar a petición de una parte de sus miembros, estipulada en el texto constitucional, una comisión para investigar. Está claro señores. Pero además, lo que sí fue francamente irrisorio, fue decir que el titular del organismo, el directo del instituto, no está sujeto a responsabilidad. Quiere decir que lo que no puede ni siquiera el titular del Poder Ejecutivo Federal en los delitos de traición a la Patria por ejemplo, lo que no puede eximirse el Ejecutivo Federal de la responsabilidad política, sí lo puede hacer el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Lo que no puede hacer el designado, lo que no puede hacer quien designa, sí lo puede hacer el designado: salvarse de la responsabilidad política y administrativa. Esto cae por su peso. Si se examina otro párrafo de la exposición de motivos del 93, ¿qué dice?, "los resultados de las investigaciones que hagan las comisiones de las cámaras, se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. Este será el que determine las medidas administrativas y el deslinde de las responsabilidades que resulten". De esta manera se conservan intactas las facultades del propio Ejecutivo relativas a la dirección del sector paraestatal de la administración pública, sin que resulte quebrantado el principio de separación de poderes.
De tal manera que organismo descentralizado sí; facultades de supervisión del Ejecutivo sí; responsabilidad del titular también. Y coadyuvando a las facultades de supervisión del Ejecutivo, está a la disposición del artículo 93 que estamos discutiendo.
No hay otra cosa que alegar respecto del alegato de Amador Rodríguez Lozano que repito no es decepcionante. Pero ése no es el fondo señores, bien decía Alejandro Encinas. El fondo es ver, ¿qué ha pasado con un patrimonio configurado a través de los años y que se ha pagado con el sudor de los trabajadores? ¿Qué ha pasado con ese 5% del ingreso salarial del país durante casi un cuarto de siglo? ¿Dónde está, qué ha pasado con esas cuotas discrecionales que se dice se manejan desde la dirección del instituto en un porcentaje del 20%? Si no es cierto, que salga esta comisión a poner en alto la administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; ¿qué ha pasado con estos recursos? ¿Con estos miles de trabajadores mexicanos que no tienen resuelto su problema de vivienda? ¿Qué ha pasado con las aportaciones sobre el monto de los cuales no ha tenido acceso? Y piensen ustedes, señores de la mayoría, ¿qué va a pasar en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores cuando los trabajadores, al momento de recibir su recibo individualizado para vivienda, que acabamos de crear con el Sistema de Ahorro para el Retiro, perciban que desde que tiene ese instrumento contable de carácter individual, tienen más fondo que cuando nadie sabía absolutamente nada de los fondos del Instituto del fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores?, si no hay nada que ocultar señores diputados, que se haga la comisión y si tienen algo que ocultar, que también se haga la comisión, porque este país no será un país moderno, no será un país justo, no será un país a la altura de los mexicanos mientras subsista la impunidad y la complicidad por parte de quienes detentan el poder.
Por último, señor Presidente, si me permite terminar, qué también en la forma, en el procedimiento parlamentario lo que estamos discutiendo. El artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso.
Voy a hacer una pequeñísima referencia al origen para traer a consideración de los legisladores una afirmación muy simple: el artículo 58 no es una resolución de fondo del asunto, señores, sino es lo que le derecho parlamentario llama la cuestión previa.
El artículo de la Constitución de 1857, en los términos en que quedó redactado después de la reforma de 1874, regulaba la facultad de iniciar leyes o decretos.
El artículo 57 del Reglamento de 1898, mutiló el texto constitucional al reproducirlo suprimiendo la iniciativa de decreto. Estoy citando a Manuel Herrera y Lazo, también ilustre maestro de escuela libre.
El error ha persistido en el artículo 55 del reglamento de 1834 y ahora 58, en relación con el párrafo primero del artículo 71 de la Constitución. El artículo 58 del reglamento anterior y ahora actual, insidia en el mismo hierro por omisión implícita de lo dispuesto en el artículo 66 de la constitución.
El artículo del reglamento en vigor, al referirse sólo a las iniciativas de ley, convierte en expresa la mutilación del artículo 71 constitucional que todavía está vigente.
Los artículos 57 de ambos reglamentos, contiene igual precepto. Pasarán también inmediatamente a comisión las iniciativas o proyectos de ley que remite una de las cámaras a otra. También aquí quedan excluidos los decretos.
Por último, el artículo 60 del antiguo reglamento prevenía, que los proyectos de ley o proposiciones presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que suscriben mayoría de diputados, habrían de sujetarse a los trámites de lo que en la práctica parlamentaria se denomina la cuestión previa.
El artículo 71 constitucional que libera de las exigencias y demoras de la cuestión previa a las iniciativas de leyes o decretos.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde su curul):-Señor Presidente, pregunte por favor, si acepta una interpelación el orador.
El Presidente: - ¿Acepta una interpelación diputado Calderón?
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Sí, con todo gusto.
El Presidente: - Adelante, diputado.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde su curul): - Señor diputado: Es en verdad prolija en argumentos su intervención, en argumentos, yo no sé si estoy o no de acuerdo con ellos, pero son muchos los argumentos. Por eso yo quisiera concretar una cuestión que si es usted tan gentil de contestarla como preparación de un debate en el que ojalá pueda intervenir:
¿Cuál es su concepto sobre la concepción teórica que se conoce comúnmente como la distinción expresa? Dígame que entiende por eso.
Y en relación con eso, le ruego que consulte el artículo 2o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, si no lo tiene a la mano, le pido a la edecán que se lo lleve.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - El artículo 2o. empezaré por lo segundo, se refiere al argumento verdaderamente trivial de que porque no dice organismo descentralizado, no es organismo descentralizado. Eso es lo que dice el artículo. Pero lo dice precisamente una ley, diputado César Augusto y usted puede encontrarse, haciendo un ejercicio similar al que hizo Amador Rodríguez Lozano, que puede haber muchas instituciones. Por ejemplo bancos que por el hecho de que sus estatus no se digan sociedades nacionales de crédito, lo fueron porque hay otra ley que dice que son sociedades nacionales de crédito. Muchas empresas paraestatales, que por no decir su ingrediente constitutivo, son empresas.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: - Señor Presidente, pregunte si acepta el orador otra interpelación.
El Presidente: - ¿Acepta otra interpelación el orador?
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Mire, con todo gusto, diputado César Augusto, pero a ese paso, mientras usted me hace dos, me deja contestar una, me va a volver a hacer dos, entonces voy a contestar otra y le voy a deber otras dos. Haga las que quiera.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde su curul):-Señor diputado, le ofrezco que no haré otra más si usted me contesta la inicial.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Entonces déjeme contestarle, diputado.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde su curul): - Contésteme la inicial. ¿Cuál es su concepción sobre la distinción expresa?, y en relación con esto, tenga la gentileza de leer lo que dice el artículo y de me su punto de vista. Así de sencillo. Ignoro lo que dijo Amador. Esa es mi pregunta.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Yo no entendía lo que dijo que de la ignorancia, pero con todo gusto le pediría a la Secretaría que lea el artículo que usted pide, porque ya ha sido sobradamente leído.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha: - "Artículo 2o. Se crea un organismo de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con domicilio en la ciudad de México". Servido señor.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Señores diputados: El artículo 2o. que pide se cite por enésima vez el diputado César Augusto Santiago, ¡marca precisamente los tres elementos que la ley prevé para que un organismo descentralizado!: ¡Está creado por ley, el artículo 2o.; tiene personalidad jurídica, lo dice el artículo 2o., tiene patrimonio propio. ¡Lo dice el artículo 2o.! ¡Más claro que el agua no puede ser señores! (Aplausos.)
Y respecto de la primera pregunta, de lo explícito a lo implícito, haré de ni argumentación sobre la cuestión previa. Cuando el legislador impropiamente mutila el artículo 71, que habla de leyes
o decretos y libera de la cuestión previa sólo a las iniciativas de ley; incurrió en un error. ¡De cualquier manera lo que hace el reglamento interior no es evitar de la discusión un asunto, aunque sea una iniciativa de decreto, señores diputados; lo que hace el artículo 58 es sólo plantear ante la Cámara de Diputados, o la de Senadores, en su caso, si un asunto se resuelve o no en ese momento; no, si un asunto entra o no a discusión? Eso es lo que señala el artículo 58 del Reglamento, que voy a citar.
En su última parte, fracción III, dice; "Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición."
De tal manera, señores diputados de todos los partidos, ¡Qué no estamos resolviendo el fondo del asunto en este momento! Suponiendo sin conceder, verdaderamente sin conceder, que tenga razón el Diputado Amador Rodríguez Lozano, cuando menos es discutible, dis - cu - ti - ble su argumento y yo lo invito a que ese argumento sea soportado e investigado en la Comisión respectiva. ¡Eso es discutir una iniciativa de decreto, señores!
Si el Partido Revolucionario Institucional vota en contra de...¡No que se investigue o se forme la comisión, o sino de que pase a discusión de la comisión, está evitando la comisión de fondo¿ ¿Por qué¿ ¿Por que sabe de la precariedad de los argumentos del diputado Amador Rodríguez Lozano?
¡Si están seguros de lo que dice, que pase a comisión, que se investigue, que se delibere y si quieren que se resuelva en contra una vez que una comisión lo haya discutido! ¡Por eso enfatizaba yo que sólo la cuestión previa! Y finalmente termino con lo siguiente:
Yo asistí a las primeras sesiones de la Cámara de Diputados, como oyente o mirón, precisamente en 1979. Por cierto que en aquél tiempo, como marca la Constitución, las galerías estaban abiertas al público. Y en esta diputación, la LI, fue diputado, entre otros, Cesar Augusto Santiago; y, entre otros, el licenciado Fernando Ortiz Arana.
En el Diario de los Debates, desafortunadamente se citan las peticiones de varios diputados, pero no., se citan la rúbricas, pero no se señalan los nombres.
Yo quiero preguntarle al diputado Ortiz Arana, tres cosas: 1o. ¿Si en 1979, en noviembre 15, él la petición, solicitud, suscribió, excitativa o como le quieran llamar, para que se formara una Comisión que investigara a Teléfonos de México?
2o. ¿La haya suscrito o no, si impugnó el trámite de la Presidencia por no haberlo pasado a votacióndel pleno?, y
3o. ¿Si no lo impugnó, que me diga cuáles son las razones verdaderamente de fondo para no hacer una investigación en beneficio del patrimonio, que que esperemos no esté perdido, de los trabajadores de México? Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Diputado Ortiz Arana, tiene usted la palabra.
El Diputado Ortiz Arana: - Con su autorización, señor Presidente, y agradeciendo al señor diputado Felipe Calderón, mi compañero también en la Asamblea de Representantes, que me haya dado la oportunidad de participar en este muy interesante e importante debate para ésta Cámara.
Primero voy a contestar las preguntas que me formula y que tienen qué ver con mi paso como diputado en la LI Ligeslatura del Congreso de la Unión. Y después voy a dar las razones que ya ha expuesto el Partido Revolucionario Institucional en esta tribuna, para precisar la posición que tenemos respecto a la solicitud o proposición que estamos discutiendo en esta sesión.
Primero. Efectivamente., formé parte, como otros compñeros aquí presentes, de la LI Legislatura del Congreso de la Unión.
Segundo. No suscribí la solicitud que firmaron varios compañeros nuestros de la Legislatura para integrar una comisión investigadora, en términos del artículo 93 Constitucional, a Teléfonos de México, entonces una empresa mayoritariamente estatal.
Tercero. No objeté el trámite que en ese momento dio la Presidencia de la Cámara a la solicitud planteada por varios diputados, respecto al artículo 93 constitucional.
Ahora quiero referirme a las razones que tiene la fracción priista para rechazar las proposiciones que se ha presentado.
El fondo de la discusión está más allá de pretender o no que se investigue al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los manejos que el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores viene realizando. Que yo sepa, nadie ha invocado que exista una dencuncia presentada por persona o grupo de personas alguno, respecto a la necesidad que se investiguen las finanzas que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene. Nadie, que yo sepa, ha presentado ningunos elementos, por mínimos que sean, que permitan establecer una sospecha de un manejo indevido de los recursos al interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Por más allá de eso, señore diputado Calderón, es importante que aclaremos aquí cuál es la posición del Partido Revolucionario Institucional y por que no estamos de acuerdo en que se integre la comisión investigadora. Para esto, quiero señalar que independientemente como se haya resuelto el trámite en la LI Legislatura, como se haya resuelto, eso no quiere decir que en este momento constituya un precedente para que ahora esta Cámara resuelva exactamente el trámite en las mismas condiciones que lo dio en su momento esa Legislatura. (Aplausos)
También quiero recordar a ustedes que se dio un trámite distinto a la Cámara anterior, sino estoy mal informado, respecto a una solicitud similar, sustentada también en el artículo 93 constitucional. Entiendo que se le dio curso ala Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Los trámites que han recaído a esta solicitud, efectivamente han sido diversos, no hay una constante que señale que el trámite en la LI y el trámite LIV fueran exactamente iguales.
Aquí el diputado Juan de Dios Castro planteó el problema en sus términos y él dijo: Para nosotros el párrafo tercero del artículo 93, establece un imperativo Constitucional.
No se trata de una facultad para que la Cámara resuelva, señalaba el Diputado Castro. Para él bastan los 125 diputados para que esto constituya la necesaria integración de la comisión y, en consecuencia el trámite, decía él, debía de haberlo turnado a la Gran Comisión que es la que efectivamente en términos de Ley Orgánica y Reglamento, está facultada para presentar a la consideración del pleno los integrantes de las comisiones ordinarias de la Cámara, dice un precepto, en términos generales lo señala, todas las comisiones que la Cámara en su momento pueda considerar.
La discusión entonces para nosotros estriba en si efectivamente es o no un imperativo constitucional y si así fuera, bastaría entonces que el pedimento lo hicieran los 125 diputados para que se integran la comisión y solamente se diera el trámite que aquí ha establecido el diputado Juan de Dios Castro. Nosotros sostenemos que no es un imperativo constitucional, sostenemos que como está previsto el párrafo tercero de este artículo constitucional, la solicitud la deben plantear efectivamente 125 diputados pero la facultad para resolver le corresponde a la Cámara y la Cámara somos todos no 125 muy respetables compañeros diputados. (Aplausos.)
Ya esto se discutió con mayor amplitud cuando se objetó el trámite, se inconformaron con el trámite que estaba dando la presidencia de la Cámara a esta solicitud, estamos ahora discutiendo si es o no posible llevar a cabo la Comisión de investigación a los fondos que tiene el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, nosotros sostenemos que no es un imperativo constitucional, ya se ha aclarado aquí por parte nuestra con suficiencia a nuestro juicio, que no es el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores un organismo público desentralizado, estimamos que su ley en su artículo 2o. define su naturaleza jurídica, ha habido invocaciones por parte del diputado Calderón en otro sentido, en considerar que se dan los supuestos que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública como elementos suficientes de los organismos desentralizados y que por lo mismo para ellos es organismo desentralizado y en consecuencia sujeto a la posible integración de una comisión investigadora en términos del artículo 93 Constitucional.
No quiero decirles señores diputados, que no se trata de que el Partido Revolucionario Institucional venga a mantener una actitud irracional o intolerante, no se trata de eso, se trata claramente de que nuestros argumentos también, igual que los de ustedes, se respeten y se analicen; estamos convencidos de los puntos de vista que hemos planteado en esta tribuna y por eso la votación nuestra en términos del artículo 58 en su momento será por considerar que no debe admitirse a discusión el asunto que se ha planteado. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Diputado Fernández, perdón, para rectificar hechos hay un registro de varios diputados de tal suerte que en el orden de los diputados que han pedido el uso de la palabra, está en contra del diputado Juan Moisés Calleja.
El diputado Juan Moisés Calleja García: - Señor presidente; Señores diputados:
Después de la intervención del diputado Ortiz Arana, válidamente yo podría expresar que su argumentación, como siempre, es tan clara y precisa que en verdad sale sobrando cualquier otra intervención por parte de mi partido, desde el punto de vista de sostener la negativa para que se permita la petición que se ha formulado.
Pero en verdad es de mi responsabilidad, como integrante del sector obrero, venir a esta tribuna para tratar de dejar sentadas las razones y motivos por los cuales nos oponemos a la procedencia de la petición.
Entiendo que en verdad aquí se han planteado dos posibilidades o dos posturas: una que sostiene que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es una empresa desentralizada y la otra, dentro de la que jugamos nosotros, en modo alguno puede admitir estas determinaciones. De tal manera que quienes sostienen que es una empresa desentralizada, diría yo y lo digo con respeto, no se requiere ser abogado sobresaliente, maestro de profundidad en alguna facultad de Derecho, porque cualquier estudiante de derecho administrativo lo entiende, que tratándose de empresas desentralizadas, están sujetas a una serie de disposiciones que se marcan desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista reglamentario. Si efectivamente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores fuera una empresa desentralizada, tengan la seguridad de que no estaríamos discutiendo este tema, porque con honradez profesional y con reconocimiento desde el punto de vista de representación, diríamos tiene toda la razón.
Pero nosotros sostenemos que en modo alguno el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se trata de una empresa desentralizada y la razón a este respecto, basta conocer el antecedente y el origen de la institución. Me sorprende en verdad que la petición formulada se encuentre respaldada por 125 diputados, 128 diputados, para la satisfacción me equivoqué pero en verdad siento que dentro esos 128 no han de estar comprendidos aquellos compañeros de la oposición, muy respetables, que por su filiación y su doctrina comulgan en auténtica defensa de los trabajadores. Claro que si no se tiene esta postura, indiscutiblemente estamos remachando en relación con el tema del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el antecedente de él es una lucha profunda, histórica, llena de sangre, y de aspiraciones de los trabajadores. Los trabajadores de siempre y concretamente de nuestro país pudiéramos decir, para no alargar una explicación, han luchado, además de todo lo que en la actualidad representan sus preocupaciones, por tres cosas fundamentales, diría cuatro cosas fundamentales; por pan, que es el salario; por jornada limitada, que es elevar la dignidad del hombre; por que tengan protección en su integridad física y porque tengan una habitación consecuente con su condición de ser humano.
Los trabajadores han partido y todavía se dan, de vivir en pocilgas, en lugares inadecuados, en lugares en donde verdaderamente se denigra la condición del hombre, de tal manera que si recorremos rápidamente las páginas de la lucha de los trabajadores, sea en la época de la colonia o sea en la época ya del México independiente y sea en la época presente, hemos de encontrar siempre una determinación de los trabajadores para obtener un lugar donde descansar, un hogar donde tener a su familia en condiciones que le sean satisfactorias.
Si analizamos las posturas, hemos de encontrar un Flores Magón que sostiene desde el punto de vista ideológico lo anterior; hemos de encontrar en un Constituyente de 1857, Ignacio Ramírez, que al adelantarse a su época y sostener la necesidad de garantías sociales, marcaba la necesidad de los trabajadores, pero hemos de encontrar la lucha de los propios trabajadores con la integración primeramente de sociedades mutualistas, de circulos obreros, después de sindicatos, que están luchando por las reivindicaciones señaladas entre ellas, repito, una habitación decente para la clase trabajadora.
Y cuando se sucede la Revolución, hemos de encontrar a la Casa del Obrero Mundial que pacta con Carranza para que se incluya en el Plan de Guadalupe, el reconocimiento de los derechos de la clase trabajadora y de esto también debemos de encontrar históricamente la integración de los Batallones Rojos, que murieron o se desintegraron por haber sido sustituidos en la lucha de los trabajadores, ya con las armas clamando la realización de lo que aspiraban, de tal manera que la vivienda no es una determinación que haya venido porque se le antojó a alguien porque se quiera crear una empresa desentralizada, es el resultado de una aspiración de la clase trabajadora.
En la Constitución de 1917, el grupo radical, dentro de los que figuraron trabajadores, reclamaron el otorgamiento de casa decente para
los propios trabajadores y el resultado fue que en el artículo 123 se consagrara en la fracción XII, el derecho de los trabajodores a obtener de sus patrones casas cómodas e higiénicas, mediante el pago de un porcentaje por renta mensual.
Esto lo menciono y lo comento, para que se entienda que son los trabajadores los que luchan por una prestación; en la misma forma que se consigna en el texto constitucional la jornada limitada, el salario mínimo, los salarios remuneradores, también se consigna el derecho a la habitación como un derecho de los trabajadores, no un derecho que provenga de una determinación de carácter gubernamental.
Cincuenta años o más después de la Constitución de 1917, no se había obtenido el cumplimiento de la fracción XII y es la lucha obrera, siempre patente y siempre dispuesta, que no perdió el tiempo ni dejó que pasara el mismo, sin que se presentara el reclamo, y en el gobierno del presidente Echeverría se llegó a la conclusión de que debía darse cumplimiento al mandato constitucional y para ello se llegó a la conclusión que es obligación de los patrones y de nadie más, que hicieran aportación a un fondo para que los trabajadores tuvieran crédito, a fin de que los mismos lograran la adquisición de las casas habitación.
Y alguien preguntaba o decía, ¿Que es lo que se ha hecho con el dinero aportado por los patrones? Además de otra cosas en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, diríamos: hace unos cuantos días se entregó el título de propiedad al trabajador un millón, que tiene ya casa habitación, de tal manera que se viene cumpliendo la determinación de los trabajadores.
Y viene la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y por eso es lo que se dispone en el artículo 2o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, desde el punto de vista que es un organismo público, de los trabajadores, podríamos agregar y para los trabajadores y en esto quiero precisar y aclarar.
Se ha hablado de aportaciones del Estado para tratar de expresar que se trata nada menos de un organismo paraestatal o una empresa desentralizada.
Bajo protesta de decir verdad, porque vivimos dentro de la institución desde el punto de vista representativo, la institución recibió en el momento en que empezó a funcionar, a título de préstamo, 2 mil millones de pesos, dinero que fue devuelto por el instituto en el gobierno del presidente López Portillo, de tal manera que en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no hay un sólo peso que corresponda a aportación del Estado.
¿Por qué es tripartita la organización? Es tripartita la organización por una actitud generosa de los trabajadores y un deseo de que una institución destinada para ello no fuera de aquí a mañana imputarse algo que pudiera perjudicar la honorabilidad de los propios trabajadores.
No teniendo y lo manifiesto, acaso la gran capacidad de administrador y de organizador, justificó la presencia del gobierno donde se tienen personas de capacidad de esta naturaleza y en verdad cometimos un error de admitir que dentro del organismo estuvieran presentes los patrones, porque los patrones, de acuerdo con el texto constitucional, cumplen su obligación haciendo la aportación y consecuentemente no deberían tener asiento dentro del Instituto. Sin embargo, lo hemos admitido por claridad y por sentido de que no haya críticas contra el movimiento obrero. Esa es la organización tripartita.
Pero en modo de alguno se puede considerar que sea una empresa desentralizada. Aquí en forma categórica, de manera definitiva y para que cree nuestras palabras la conciencia que tenemos, manifestamos, bajo nuestra responsabilidad, desde el punto de vista del sector al que pertenecemos, que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores es de los trabajadores, y sólo para ellos y a ellos les compete intervenir en la vida interna de esta organización y en modo alguno podrá admitirse que a través de una interpretación encontraremos en un momento dado que los que es nuestro pase a que se disponga para otros fines, es tanto como si alguno de nosotros que seamos dueño de nuestra casa, mañana, nos van a investigar para que nuestra casa, en vez de ser nuestra, se comparta o se regale con otras personas.
El movimiento obrero no acepta en forma definitiva que una institución suya, en la que está el patrimonio de los trabajadores y que, como decía un diputado del Partido Acción Nacional, en donde está su salario, porque efectivamente no podemos pensar que los patrones hacen la aportación sin que se cargue a los costos, y al cargarse a los costos, afecta los salarios de los
trabajadores. De tal manera que el patrimonio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es el patrimonio de los trabajadores. Ahí están sus salarios, ahí está su esfuerzo, ahí está su sudor. Por eso el movimiento obrero es intransigente en una intervención que desvirtúe a la institución que pertenece y que tantos esfuerzos y sacrificios le ha costado.
Por esa razón y apoyado en la expresión clara del compañero Ortiz Arana, manifestamos enfáticamente; no podemos permitir una investigación de carácter formal y que porque se quiere conocer o no conocer, vaya a desvirtuar un patrimonio, que es el patrimonio de los trabajadores. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: - Con el permiso de la Presidencia:
Pues tiene razón el diputado Moisés Calleja cuando afirma que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es una empresa del movimiento obrero, del sector obrero. Precisamente quiero partir de esto para decir que ése es el problema, que esta empresa, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y todas las sospechas que caen sobre esta institución y sus 20 años de trabajo, es precisamente por eso, porque ha sido el patrimonio de ese tipo de personas, que apoderándose de los bienes de los trabajadores, han hecho que se desconfíe profundamente de su funcionamiento.
Los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, particularmente los compañeros del Partido Acción Nacional, han dado una gran argumentación para comprobar efectivamente que sí tenemos facultades como Cámara de Diputados para solicitar la investigación del manejo y del funcionamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Yo solamente para abundar un poco en estos argumentos quisiera referirme al artículo 2o. del propio organismo, donde se habla efectivamente, de que se crea un organismo de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda.
En la Ley de Entidades Paraestatales, en su artículo 14, habla de los organismos desentralizados: "dice las personas jurídicas creadas conforme a los dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto, sea:
1o. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias.
2o. La prestación de un servicio público social.
En su artículo 5o. de esta misma ley se señala: "El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y los demás organismos de estructura análoga que hubiere, se seguirá rigiendo por las leyes especificas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero enç cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a aquellas leyes específicas, se sujetaran a las disposiciones de la presente ley."
Compañeras diputadas, compañeros diputados, en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no cabe duda, hay interpretación doble de la ley. Creemos que hay una que es correcta y por tanto en honestidad, por eso defiendo esta posición. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un organismo de la administración pública federal; por lo tanto, siento no conpartir la opinión del diputado Ortiz Arana, en que esta Cámara no tenga facultades, de acuerdo con el artículo 93 constitucional, que señala claramente que a pedimento de una cuarta parte de sus miembros, tenemos facultad de integrar comisiones para investigar, aquí no dice que tiene que ser la Cámara la que lo vota, tenemos una facultad y como facultad constitucional, esto no debe ser votado.
Para mi partido y para la sociedad y para todas las grandes denuncias y demandas que se han venido presentando, que dice el diputado Ortiz Arana, que desconoce que no existe ninguna demanda, ninguna denuncia, que todo está muy claro, que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores es un organismo, del que no hay ninguna sospecha.
Compañeros diputados, en honor a la verdad, tendríamos que reconocer que por lo menos en los ultimos 10 años si ha habido un organismo de la administración pública federal, un organismo que esté bajo la sospecha ciudadana de malos manejos, ha sido el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Creo que no es una situación, no estamos inventando nada, no estamos descubriendo el hilo negro y si queremos que se aclaren estas situaciones, no sólo porque sea una demanda nuestra, como partidos políticos, como representantes de la nación, que la Constitución nos otorga facultades para ello, sino porque el pueblo de México exige el esclarecimiento de esta situación.
El diputado Ortiz Anaya ya nos advirtió, aquí la mayoría va a votar y va a decidir que no va a haber auditoría.
Nosotros en la Comisión de Vivienda y por un acuerdo de las diversas fracciones parlamentarias en el período extraordinario, realizamos una serie de audiencias públicas de información, sobre la vivienda, donde comparecieron funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. A pregunta expresa de los diputados y las diputadas que estábamos presentes, solicitábamos a los funcionarios, a los directores de esos organismos, que nos informaran qué era lo que pasaba; cuáles eran las empresas que había estado contratando el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El arquitecto Joaquín Martínez Chavarría, coordinador para el Distrito Federal, que inició su comparecencia diciendo que él era fundador del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tenía 20 años al servicio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no sabía, no sabía nada, el no sabía absolutamente de lo que nosotros le preguntábamos como legisladores, no sabía cuáles eran las empresas; no lo sabía. Ocultó información de manera deliberada, con dolo, al Poder Legsilativo y lo hizo y lo hace.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un instituto de la impunidad. Eso no lo podemos nosotros seguir manteniendo en esta situación. Esta Cámara está en entredicho.
Compañeras diputadas; Compañeros diputados: yo llamo a que si nosotros juramos respetar y hacer respetar la Constitución, no es posible que se someta a votación una facultad que como diputados tenemos. Nos sobran argumentos, no puede ser que se venga y que nos digan que no va a haber investigación, que va a haber borrón y cuenta nueva y todo como si no hubiera pasado nada. Eso no lo aceptamos. Pero independientemente de esto, si ya el diputado Ortiz Arana, nos dijo que no va a haber investigación, que no va a haber auditoría, pues entonces yo pido que "Lavemos la ropa en casa", que vengan los diputados del famoso sector obrero y que nos expliquen. El diputado Pardo, por ejemplo, él nos ha estado diciendo tanto en las comisiones como en la Prensa, que él solito ha construido 70 mil viviendas. A ver que venga y nos diga, yo lo reto que venga a esta tribuna y nos diga como consiguió los contratos ¿Que pasó? ¿De dónde sacó la contratación de sus viviendas?
Es una situación verdaderamente vergonzosa. Para mí como diputada, me parece absolutamente baja esta situación. Yo creo, compañeros diputados, que tienen que responder no sólo ante nosotros, porque la desición no puede quedar en estas cuatro paredes. Nosotros, tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido Acción Nacional, hemos estado manifestando y al lado de la ciudadanía y el pueblo de México, esta situación del esclarecimiento. No puede haber "borrón y cuenta nueva", porque el delito más grande que se ha cometido en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha sido el asunto de la sospecha y de la falta de credibilidad en los organismos sociales. Creo que ése es un delito muy grave; es un delito contra la nación; se tiene que restablecer esta situación y más allá de las venganzas o de la exhibición política de equis o ye personas o de determinadas cosas, nosotros tenemos qué restablecer la confianza de los mexicanos en los organismos sociales.
Yo apelo a esta situación, a la voluntad política de la mayoría de este Congreso, a que sí aprobemos que se haga esta investigación. No es posible, no aceptamos de ninguna manera sus argumentos.
Con todo respeto, diputado Ortiz Arana, pero no tiene usted razón; está faltando a la verdad. Está en la situación del artículo 93, el tercer párrafo donde nos otorga esa facultad. No puede ser que se vote, las facultades no se votan.
Compañeros diputados, por favor, yo se lo ruego por el bien de México, no cometamos una arbitrariedad más y no pisoteemos a la Constitución. Muchas gracias.
El presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Pacheco Pulido.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido: - Con su permiso, señor Presidente:
Yo sí quisiera aclarar que la presencia de todos los diputados no implica que tratemos de subordinar o cerrar el paso a diputados o a grupos o partidos políticos. No tratamos tampoco, con nuestros argumentos, de dejar en estado de indefensión a nadie, mucho menos, tratamos de proteger a personas o a institución alguna, en el caso que existan corrupciones.
Jamás a la Cámara de Diputados puede encajonarse en sus argumentos para defender esas posiciones de corrupción. Pero también debemos de entender que nosotros creamos este país, como aquí ya se ha señalado, para llevarlo por el camino de la ley, por los senderos del derecho.
Aquí hemos escuchado ya los argumentos, fundamentales jurídicos, respetuosamente políticos.
Yo también quisiera, bajo esos argumentos que aquí se han señalado, tomar como base los argumentos que voy a pasar a señalar. La propia solicitud que se presentó el 19 de febrero por los 128 compañeros diputados, se dijo y con razón, vamos a suponer, no conceder, qué vamos a investigar, qué se está pidiendo que se investigue. En este escrito absolutamente se señala un hecho concreto, tendiente a investigar y yo no quiero decir que éste es un argumento mío; es decír, no está fundado ni motivado este escrito, es un escrito que tal vez se hizo con rapidez, que se generó en un momento dado, que tuvo urgencias; pero que no señala hacia que hechos vamos a investigar.
Y quiero señalar la jurisprudencia de 1917 a 1985, apéndice el semanario judicial de la federación, segunda sala. Esto es para fundamentar que no son sólo argumentos nuestros, sino son argumentos que marca la propia estructura jurídica. Dice esta jurisprudencia.
Fundamentación y motivación. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable, cosa que se hace una petición y por lo segundo, que también debe señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además, que existe educación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Es decir, en el caso deben configurarse las normas hipotéticas de fundamentación y motivación.
Y esta petición, indiscutiblemente que no está motivada. A qué nos conducirá formar una comisión si no están señalados los hechos que se pretende se vayan investigando; ¿Va a ser concretamente el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores?, ¡va a ser a su asamblea?, ¿va a ser a un organismo interno de ellos?, ignoramos hacia dónde vaya esta investigación y si la Cámara acordara hacer esa investigación sin esos hechos, la propia Cámara estaría violando la Constitución.
Este para mí sería uno de los argumentos con base en la misma solicitud, por los cuales no podría acordarse esta petición.
Por otro lado, con base en este mismo artículo, con este mismo escrito, dice que se investigue, dentro de otras cosas, voy al caso específico, el estado de finanzas.
Si leemos el 93 fracción III, de la Constitución, en ningún momento nos remite a investigar sistemas financieros de los paraestatales.
El 93, fracción III, estaría contrariando al 74, párrafo cuarto, que habla de la Cuenta Pública y esto lo quiero señalar por lo siguiente: La Cuenta Pública es el resultado de una Ley de Ingresos, un Presupuesto de Egresos y la revisión que esta Cámara hace de que si los gastos están adecuados a los programas, se han cumplido con los fines y el resultado de esa Cuenta Pública será, precisamente, dar a conocer al pleno de esta Cámara y serán los organismos actuales los que tengan que hacer la investigación correspondiente y no el Ejecutivo Federal.
Luego entonces aquí entramos ya en un choque de orden constitucional: o aplicamos preceptos de la Cuenta Pública o aplicamos el 93, fracción III, A mi criterio el 93, fracción III, excluye toda revisión de tipo fiscal. Las revisiones fiscales corresponden a esta Cámara, pero como consecuencia de la rendición de la Cuenta Pública.
Y esta petición no se basa en ningún momento, no señala el camino, que emane precisamente para una revisión como consecuencia de la Cuenta Pública. Para mi criterio, también por este motivo, podría desecharse esa petición.
Por otro lado, quiero señalar que me sumo respetuosamente al criterio de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es un organismo paraestatal que encaje dentro del 90 constitucional. A mayor abundamiento de lo que aquí ya a mi criterio se ha señalado correctamente, también hay otra
jurisprudencia de la Corte, que es la 381, página 658, de la segunda sala, que en su parte conducente dice que los organismos deben reunir los siguientes requisitos:
A. Ley del Congreso de la Unión, etcétera.
B. Constitución de su patrimonio con fondos federales total y parcialmente y, otras serie de requisitos.
Pero como aquí ya lo hemos señalado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no recibe dinero alguno. Entonces, por esa razón constitucional, si la corte señala que los requisitos para ser organismo estatal, entre otros, es que su patrimonio se integre con dinero del gobierno, de ahí la omisión o la excepción para que la Cámara no pueda intervenir, entre otros motivos, en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, porque no se va a glosar dinero del gobierno, emanado de los ingresos que el gobierno haya enviado el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Bajo estos conceptos y dentro de estos panoramas sí debemos de entender el por qué hay suficientes razones legales, avaladas por el propio criterio de la suprema corte, de que no se puede intervenir en un organismo que no es paraestatal, porque no maneja dinero público.
Es muy distinto que se maneje el dinero de los particulares, que como obligación y, aquí ya lo señaló el diputado Calleja, tienen constitucionalmente, pero no emanan ni de una Ley de ingresos ni de un Presupuesto de Egresos para que la Cámara pueda intervenir.
Bajo este otro punto de vista, yo creo que existen fundamentos jurídicos suficientes para determinar la improcedencia de esta petición y fundamentalmente, yéndonos a otro campo, el propio artículo 66 de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, establece que este organismo debe ser vigilado, independientemente de sus propios órganos de vigilancia, por la propia Secretaría de Hacienda y por otra serie de organismos, siendo que es una facultad propia del Ejecutivo y no una facultad del legislativo.
Yo por eso considero que debemos tomar, dentro de un concepto cierto, de una estructura jurídica del Estado, que no existen facultades legales, como aquí ya se ha señalado, por los hechos que se han mencionado, para que esta cámara pueda, en términos del 93 constitucional, párrafo tercero, nombrar una comisión investigadora. La propia Cámara estaría violando la Constitución.
Yo quiero pensar que como el resultado de esa comisión y de esa investigación resultara alguna malversión de fondo, ¿que haríamos nosotros si la ley, el 93 nos obliga a darle cuenta exclusivamente al Ejecutivo y no a la Cámara? Así lo dice el 93 constitucional: "De la investigaciones se dará cuenta únicamente al Poder Ejecutivo Federal." La Cámara, ¿que pasará con su actuación?
Pues si actuamos estaríamos violando también la Constitución. tenemos que darle cuenta al Poder Ejecutivo y él es el que tomaría las medidas para corregir las deficiencias.
Pero en este caso, como decíamos dentro del 66 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tiene órganos propios y en ese 66 se excluye al de los propios órganos de revisión que establece la Ley de Entidades Paraestatales. Bajo este punto de vista, yo sí quisiera reflexionar que sí existe responsabilidad en los diputados, que sí existe responsabilidad en la Cámara, que no se trata de protejer a persona o grupo o institución alguna; que no se trata de encubrir situaciones ilegales, Sensillamente, como aquí lo señalaban, que cumplamos con nuestra función legal, respetemos la Constitución y hagamos como también aquí se señalaba, que este país siga caminando por el camino del derecho y de la ley. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado José María Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ha sido para mí una verdadera sorpresa lo que se ha vertido en esta tribuna. Hemos vivido engañados millones de trabajadores que creíamos que este instituto era una paraestatal, porque había nacido en esta Cámara de Diputados.
Tal parece que esto no es así, esto es un híbrido que quién sabe de dónde nació y ahora se convierte en una empresa obrera ¿Que es esto?
Tenemos que aclarar ya los conceptos y preceptos, porque nos estamos haciendo unas bolas
que nadie nos lo va a entender y menos el pueblo, siendo sus representantes nosotros del pueblo.
¿Que está pasando en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores?, ¿está operando correctamente?, ¿no?, no busquemos responsables; en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no hay que buscar responsables; ¡vámonos a nuestras casas, compañeros, diputados y que nos manden el salario a casa y que todo esto siga igual.!
¡No podemos aceptar eso!, ¡No debemos aceptar eso! Tenemos una gran responsabilidad nosotros que aceptar aquí y que es que somos representantes, del pueblo, y por ese simple hecho, nos podemos meter en todos los manejos de las Instituciones. Nada más eso faltaba, que una institución bancaria, por muy particular que sea, pueda robar al pueblo y nosotros, pues no nos podemos meter en ello. ¡No!, nos vamos a meter y nos vamos a involucrar con el pueblo, porque es necesario que lo hagamos.
Lo otro, es que esta facultad que da la Constitución y ha quedado plenamente manifiesto aquí, se han buscado los términos leguleyos que a nosotros los obreros nos confunden, a mí sobre todo, lo digo por mí, para que no se ofenda nadie y eso es lo que se permite permanentemente, que los sirvergüenzas de este país puedan vivir con la tranquilidad de siempre. ¿Por qué?, por cuanto se tiene que tomar la obligación de investigar qué es lo que se va a hacer, investigar y por qué no se quiere que se llegue a esta investigación, ¡que es esta empresa obrera de lo que se habla aquí!, porque esto es en lo que se ha constituido, unos cuantos manejan, ¿a quién le han dado cuenta de esto?, nosotros cuando lo hemos solicitado como representante obrero, ¿se nos quiso dar estas cuentas?, ¡jamás se quisieron dar!, ¿por qué se esconden ahí cosas de éstas? ¡Teniendo la facultad de hacerlo, era yo el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y jamas se nos entregaron esas cuentas!
¡Ya basta!, ¡basta, porque es necesario pongamos un hasta aquí todos los diputados!, ¡porque nosotros debemos responder ya ante esto! ¡No podemos seguir aceptando esta posición! y ahora también vamos a discutir si tenemos facultades para crear esta comisión o no. Bien, se puede enrredar al pueblo todo lo que quieran, se le puede decir al pueblo todo lo que quieran y se puede votar aquí todo lo que se quiera, pero el pueblo ya está harto de esto, ya está harto de sus diputados, se nos chotea todos los días, porque precisamente nuestra responsabilidad no la tenemos con seriedad y permitimos que este tipo de manejos se lleven a efecto.
¿Que es lo que se va a hacer con esto?, ¿una violación constitucional el hecho de saber cómo se maneja una institución?, ¿esto es una violación?, ¡pues que grave! Dejémoslos que hagan lo que quieran, que no haya casas para trabajadores y que sigamos haciendo este tipo de manejos; no es posible, no es posible, me niego a ello, me niego a seguir sindo diputado aquí aceptando este tipo de participaciones que se han hecho como en el caso de Guadalajara, que siempre fuimos a la cola pudiendo haber determinado con nuestra facultad lo que se tenía que hacer, porque había responsables, lo sabiamos de antemano que había responsables, aquí hay responsables y responsables muy serios y entre ellos participan algunos líderes obreros de esta nación y grave está esto, grave está que sigamos permitiendo que los fondos no lleguen a donde deben de llegar, grave está que no tengan su casa los trabajadores que tienen el derecho de tenerlas y grave está que los diputados no pongamos una hasta aquí a estas cosas. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ernesto Gil Elorduy.
El diputado Ernesto Gil Elorduy.-Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Sin duda este debate ha tenido importantes intervenciones de diputados que han hecho uso de la tribuna, pero yo he pedido el uso de la palabra para tratar de centrar la discución en algo fundamental para la interpretación de las facultades constitucionales del la Cámara, para integrar una comisión investigadora y, sobre todo, para dar algunos puntos de vista que ya se han vertido aquí, pero que queremos precisar sobre las características que tiene el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Efectivamente el artículo 2o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es el que nos dá una definición muy clara de qué tipo de organismo es el que el legislador está creando y afirma que es un organismo de servicio social; si el legislador hubiera querido darle un carácter de organismo
desentralizado o de organismo paraestatal, lo hubiera manifestado de esa manera Su artículo 3o. que se ha discutido aquí, nos dice cuáles son los objetivos del instituto y el artículo 5o. nos afirma cómo se integra el patrimonio de este instituto y dice textualmente: "El Patrimonio del instituto se integra con el Fondo Nacional de la Vivienda, que se constituye con las aportaciones que deben hacer los patrones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 apartado A, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Título IV. Capítulo terecero de la Ley Federal del Trabajo y con los rendimientos que provengan de inversión de estos recursos.
Segundo: Con las aportaciones en numerario, servicio y subsidios que proporciones el gobierno federal.
Tercero: Con los bienes y derechos que adquiera por cualquier título, y
Cuarto: Con los rendimientos que obtenga de la inversión de los recursos a que se refieren las fracciones II y III".
En la intervención del compañero diputado Calderón, del Partido Acción Nacional, afirmaba que el patrimonio del instituto se integra con fondos federales por ley y yo quiero precisar aquí que esta afirmación implica que hay una obligatoriedad, que hay un imperativo para integrar dicho fondo y lo dice muy claramente este artículo 5o. Los únicos que están obligados por ley para aportar financieramente posibilidades al instituto, son las empresa a través de sus patrones, todos los demás rubros de este artículo 5o., son posibilidades que se abren para el instituto, a fin de que pueda consolidar su estructura financiera, pero únicamente hay obligatoriedad de los patrones y esto es muy entendible, porque esta obligatoriedad es correlativa al derecho de los trabajadores que se plantea en el artículo 123 constitucional, para tener posibilidades de vivienda. Por esa razón la Ley del Instituto del Fondo Nacional Para la Vivienda, precisa que los únicos obligados a aportar cantidades para este fondo, son los patrones.
Por otra parte, yo solamente quisiera precisar que la estructura del organismo como un organismo tripartita, y no solamente tripartita sino paritario, que se entienda bien, obliga a las tres partes que lo integran y que son el gobierno, los trabajadores y los patrones. Las decisiones que se toman tanto en la asamblea como en el órgano de Vigilancia, como en otros órganos del propio instituto, son decisiones en las que como se ha afirmado aquí, tiene la mayoría, el sector social, y el sector privado, con los patrones.
Y yo siento que el espíritu del legislador cuando crea esta institución sui generis, efectivamente, era lo que tanto se ha reclamado aquí de evitar el paternalismo del gobierno y darle responsabilidad a quienes puedan aportar su emoción, su talento y su esfuerzo y resolver un problema que corresponde fundamentalmente a los patrones, para darle contestación a la disposición constitucional del artículo 123.
Las dudas y sospechas que se han vertido aquí sobre el manejo económico o financiero del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, contradice parte de la intervención en el sentido de que la intención de crear la comisión es para evitar un finiquito en las responsabilidades, lo cual no podría ser, porque hay reglas internas de control, tanto por el auditor externo, que nombra la Comisión de Vigilancia e instancia de las tres partes que coniciden en el instituto, como por otros órganos fiscalizadores que no permitirían dejar sin revisar cualquier responsabilidad que quienes han estado en esta estructura del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Por último, yo quiero manifestarles que no podríamos investigar a una de las partes del instituto, tendríamos que investigar en dado caso, suponiendo sin conceder, a la estructura de los patrones, de los trabajadores y del gobierno en el instituto.
Aquí se ha sospechado de la forma como se supone han defendido sus derechos los trabajadores y yo quisiera decirles que el haber logrado 1 millón de créditos hace unos días, implica haber dotado de viviendas a 5 millones de mexicanos.
Y por último, para terminar y concluír: el que los patrones sean los únicos obligados a enterar financieramente posibilidades económicas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, nos da la certeza de que ellos mismos, que están representados en esta institución, puedan vigilar el buen manejo de lo que están aportando, de manera que consideramos que esta petición, porque es una petición, porque así los dice el artículo 93, que a petición de la cuarta parte, de 125 diputados, la cuarta parte de la Cámara se puede integrar una comisión investigadora, no debe aprobarse el trámite correspondiente.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): - Señor presidente, si me permite una interpelación el señor orador.
El Presidente: - ¿Acepta usted, señor orador?
El diputado Ernesto Gil Elorduy: - Con mucho gusto.
El Presidente: - Adelante, diputado.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): - Primero que nada, su afirmación de que se investigue por igual a los patrones, a los trabajadores y a los integrantes del gobierno en la dirección del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la tomamos como una sugerencia de usted muy valiosa y la aceptamos desde luego, diputado.(Aplausos)
Lo segundo es que usted hizo referencia a las facultades de fiscalización específica del Estado sobre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y precisamente en la exposición de motivos del artículo 93, se menciona que las comisiones investigadoras coadyuvan con el Poder Ejecutivo en sus labores de fiscalización. Si esto es así, la pregunta es ¿Está ustede de acuerdo en que esta Cámara de Diputados coadyuve en los términos del artículo 93 en una actividad de fiscalización del Ejecutivo a que usted se refirió?
El diputado Ernesto Gil Elorduy: - Con mucho gusto le voy a dar respuesta. En primer lugar le quiero decir a usted, señor diputado, que no es una sugerencia de su servidor el que se investigue por igual. Estábamos analizando un supuesto que era que en caso de que esta propuesta de ustedes se aprobara, tendríamos que fiscalizar o qué investigar ¿a quién del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la estructura general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como a los patrones como al gobierno?
Y por otra parte le quiero decir a usted, que esta facultad de fiscalización que tiene la Secretaría de Hacienda y que otorga al instituto, es precisamente para proteger y asegurar que se cumpla con la obligación de los patrones para aportar la cantidad que por ley tiene que hacer en beneficio de los trabajadores. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Diego Fernández de Ceballos.
El diputado Diego Fernández de ceballos Ramos: - Señor presidente; señores diputados:
Llega a su fin este debate. Hemos utilizado horas que paga el pueblo y todos hemos dicho aquí exactamente lo que teníamos que decir. Los diputados de la oposición, creo con franqueza que hemos cumplido. Los del grupo mayoritario han hecho su trabajo, pero con toda franqueza, no creo que exista motivo alguno de alegría, porque el saldo es negativo, ciertamente negativo por la vida del parlamento y para la vida de millones de mexicanos; no hay por tanto saldo para la nación que valga la pena. (Aplausos.)
Hoy nos convencemos que la democracia y la modernidad no llegan, como se dice.
Hoy nos convencemos que uno de los principales motivos para el retraso de esa modernidad y de esa democracia, precisamente lo constituye el mal llamado movimiento obrero. La expresión del diputado Calleja es oprobiosa. Cuando aquí se pide una investigación él viene a la tribuna a plantear, a sugerir, a reclamar que ese patrimonio es de los trabajadores y por tanto de ellos, y por tanto que no se investigue y por tanto que se le eche tierra al asunto. Eso es vergonzoso.
Pero por otro lado, quiero precisar, ¿por qué el saldo negativo para la vida parlamentaria? y, dicho con todo respeto, porque ha prevalecido aquí en el argumento del señor diputado Fernando Ortiz Arana, un criterio que claramente anula, acaba, con el derecho de la minoría parlamentaria.
Si el artículo 93 de la Constitución en su párrafo tercero establece clara y objetivamente la posibilidad de una cuarta parte de esta Cámara para pedir una investigación y faculta con ello a la Cámara para que inicie esa investigación a través de la Comisión respectiva, la interpretación que formula el senór diputado Ortíz Arana, acaba con el derecho de la minoría. Sí señor diputado porque si no tenemos derecho real con el pedimento, ¿para que está el supuesto Constitucional? si finalmente ustedes los de la mayoría van a decidir si se hace o no la investigación, para qué trabas, señores, en la Constitución, de pedir una minoría calificada.
¿Por qué, para el caso del Senado de la República, el derecho se confiere a la mitad, si, como ya se ha dicho, quedaría a criterio de uno más determinar si se hace o no la indagatoria? No, yo creo sinceramente que el problema está ahí.
Para el grupo mayoritario esta facultad entra en el ámbito del derecho subjetivo, como prerrogativa, como facultad de hacer y para nosotros la facultad a que se refiere el 93 constitucional, entra indudablemente a corresponder como ámbito competencial.
Está aquí el Diccionario Jurídico de la Universidad Nacional Autonoma de México por si algo vale. Al tratar lo relativo al concepto, a la expresión facultad, efectivamente, en su primera parte señala la conceptualización que hizo aquí el diputado Ortiz Arana, pero enseguida le da una interpretación adicional que es la que en hermenéutica jurídica tiene que aplicarse al juzgar el 93 constitucional.
De ninguna manera toda facultad puede ser una simple prerrogativa, sobre todo cuando se trata de un órgano político y jurídico como es la Cámara. No puede establecerse, si se entiende, conforme el mismo Diccionario Jurídico, que cuando el ejercicio de la facultad puede ser un hecho obligatorio, como la facultad del juez para pronunciar sentencia. En este caso, en el caso del derecho subjetivo, la acción u omisión de la conducta no puede ser obligatoria. Cuando la acción u omisión se convierten en el contenido de un deber, el derecho subjetivo como posibilidad jurídica de hacer u omitir desaparece.
Dicho en otras palabras. Si en la primera parte del párrafo tercero se otorga expresamente una prerrogativa a la cuarta parte de esta Cámara, lo demás, aunque se llame facultad, es una facultad de competencia, no que deja al arbitrio de la mayoría la decisión que ha solicitado, conforme a la propia Constitución, esta asamblea.
Ahora bien, si se dice aquí que pedir está mal dicho, yo quiero decirles que es cierto, por lo que ya señaló Juan de Dios Castro, pero adicionalmente, el hecho mismo de pedir 128 diputados pedir al pleno, en ejercicio del 93 constitucional, acceso a esa comisión y a esa investigación.
Pero por otro lado, el señor diputado Fernando Ortiz Arana, también hizo una invocación que quiero contestar. El segundo argumento del señor diputado dice que no hay una denuncia expresa.
Yo quiero también, respetuosamente, combatir al diputado Ortiz Arana. El primer lugar, porque en la constitución no se exige denuncia expresa de nadie. Este es un derecho de la minoría de que se investigue.
Pero voy más allá, voy más allá. Jurídica y políticamente, la sóla denuncia de la mayoría es una denuncia formal para algo que se investigue. Si previamente fuera necesaria la denuncia o la querella de ciudadanos, la Constitución no tendría significado alguno.
Si nosotros entendemos esta prerrogativa como derecho y la interpretamos jurídica y políticamente como denuncia, se desvanece el argumento del señor licenciado Ortiz Arana.
Pero finalmente, señores, que hay un mal saldo para millones de trabajadores. Tres palabras son ciertas y reducen toda la historia a tres conceptos: robo, encubrimiento e impunidad.
Unos, violentaron del derecho de los trabajadores. Otros, encubren a los que actuaron mal y el saldo es la impunidad.
Es penoso, si así termina ésto, que quede en la conciencia de quienes robaron a millones de trabajadores y de quienes encubrieron a esos ladrones, el saldo de hoy forma parte de la historia.
Ojalá no se repita por bien de México otra página de éstas.
El Presidente: - Diputado Ortiz Arana, para contestar alusiones personales.
El diputado Fernando Ortiz Arana: - Con su autorización señor Presidente; señoras y señores diputados:
En varias partes de su intervención el respetable diputado, compañero nuestro Diego Fernández de Ceballos, aludió a la intervención que su servidor tuvo hace unos momentos, resultante de interrogantes que se me plantearon pasara a contestar a esta tribuna y de esgrimir mi punto de vista, tan respetable como el de todos, respeto el asunto que estamos debatiendo.
El señor diputado Fernando de Ceballos pasa a esta tribuna y, como es propio de esta Cámara, mezcla lo jurídico con lo político y hace una serie de afirmaciones políticas que yo vengo a rechazar.
Primero, señala que es prácticamente un día de luto para el Congreso, mexicano, para el Parlamento mexicano, porque si la mayoría decide
que no se integre la comisión investigadora, estamos, dice él, cancelando el derecho de las minorías.
Yo rechazo esta afirmación. Ni hemos pretendido ni pretendemos, en una discusión en la que es válido mantener posiciones distintas y argumentar de diferente manera y tener concepciones encontradas, que nos diga que por ese motivo estamos señoras y señores diputados, cancelando el derecho de las minorías.
Una segunda afirmación de mi amigo el diputado Fernández de Cevallos, que no es posible aceptar, es aquella en la que concluye señalando: primero que unos roban dice él.
Si tiene elementos para denunciarlos y nombres de quienes lo han hecho, están las autoridades competentes para que las denuncias se presenten. Pero bueno yo aquí respeto íntegramente la posición que Diego plantea de considerar en su juicio que hay personas que han robado y han esquilmado a los trabajadores y que merecen ser sancionados.
Lo preocupante es que si la mayoría mantiene una posición distinta a la de quienes están solicitando que se integre la comisión investigadora, entonces somos encubridores de aquellos que dice él, han robado a los trabajadores. No aceptamos tampoco esa afirmación. No hay derecho a que se nos califique así por mantener una posición distinta en un importante e interesante debate como éste. Tenemos derecho como diputados, igual que todos los de la mayoría y los de la minoría, a mantener posiciones distintas y así como respetamos la de los compañeros de otros partidos, exigimos con justeza el respeto a las posiciones nuestras. (Aplausos.)
No me parece adecuado que por una discusión como ésta, que ya se ha dado en otras ocasiones, ya se dijo en la LI Legislatura, se recordó aquí, se dio una discusión invocando también la facultad del 93 constitucional. Entonces se hizo en función de una denuncia que había de supuestas intervenciones a los teléfonos y que era necesario llevar a cabo una investigación en Petróleos Mexicanos no respecto a la situación financiera incluso de Teléfonos de México, sino así se estaba prestando o no, para llevar a cabo interferencias en los teléfonos.
Después en la Cámara anterior se planteó aquí respecto a la Secretaría de Pesca o al Banco Nacional Pesquero y Portuario también el ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 93 constitucional y entonces se decidió por la votación mayoritaria de la Cámara, se decidió con una facultad que corresponde a toda la Cámara y no a 125 respetables diputados.
Posteriormente se invocó nuevamente la facultad del 93 cuando se discutía el famoso 1148 y entonces la decisión fue turnarlo a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que ésta, tratándose como es, de una empresa del Estado, Comisión Federal de Electricidad, llevar a cabo una auditoría al sector eléctrico.
Yo no pretendo descalificar a nadie en los debates cuando intervengo. Yo respeto los puntos de vista de todos mis compañeros diputados. Entiendo que no siempre es posible coincidir; buscamos como mayoría nosotros siempre las posibilidades de coincidencia; a veces no es posible lograrlo a pesar de nuestra intención y voluntad. Ya hemos dado aquí argumentos de cuál es la posición de nuestro partido. No es fácil, por supuesto, que se admite, los argumentos nuestros, como tampoco sería sencillo reconocer que para decisiones de la Cámara baste un número determinado de diputados para que esto ocurra. Se dice es un imperativo constitucional y debe tener pase automático a la comisión para que proponga los integrantes de la misma. Nosotros sostenemos que no es así; que en los casos que la Constitución ha querido que se dé pase automático a comisiones,están expresamente señalados en la Constitución y para ello recordemos el 79, fracción III que determina pase directo a comisiones la Constitución y para ello pensemos en lo que previene el artículo 761 señores, nuestro Reglamento y Ley Orgánica también establecen en forma directa en qué casos hay pase automático a comisiones, de los asuntos, el artículo 56 la establece, y otros más.
Yo vengo entonces señores y señoras diputados, a expresar de nueva cuenta nuestros argumentos, a rechazar adjetivos que no merecemos, de la intervención de nuestro amigo Diego Fernández de Cevallos y a decirles que deseamos mantener una debate de altura y de armonía en la Cámara, como ha venido distinguiéndose en esta LV Legislatura. Muchas gracias.
El Diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - Diputado Fernández de Ceballos, ¿para qué efectos, diputado?
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul): - Para contestar alusiones personales.
El Presidente: - Tiene usted la palabra, diputado.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Señores diputados:
Tal vez como recurso oratorio, sea bueno distraer del fondo de la cuestión, porque no creo que en mi intervención haya sido el adjetivo la sustancia.
¡Ah!, claro está, hubo expresiones duras, porque dura ha sido la vida para esos millones de mexicanos. Pero de ninguna manera ha sido el calificativo el sustento de mi argumentación. Yo he hecho planteamientos concretos y quiero decirles que me da pie la intervención del señor diputado para concluir que aquí también por mayoría se decide si se viola o no el derecho de las minorías. Esto es grave.
El texto de la Constitución sigue sobrando.
No hay, por ningún motivo, nadie que pueda decir aquí que valió algo más de un pito el 93 párrafo tercero. Sencillamente lo guardamos para mejor ocasión. ¿Cuándo? Cuando la mayoría quiera.
Si éstos son calificativos, si son adjetivos, lo lamento. No vengo a ofender a nadie, mucho menos con la obligación que tengo, como diputado y como coordinador de un grupo parlamentario, de proponer siempre debate de altura que conlleven a que está Cámara se signifique y a que el país mejore.
Pero ciertamente no es aquí para flores, ciertamente es para decirle a las cosas por su nombre y quiero decirle al señor diputado que pide pruebas, que él como abogado y buen abogado que es, sabe perfectamente que en derecho vale, que los hechos notorios y públicos no reclaman una prueba, mucho menos para iniciar una investigación. Hay un clamor popular conocido por millones de mexicanos del desvío, del saqueo y del saqueo impune de millones y millones de pesos, por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Pero aún más, si quiere indicios, o diría yo, pruebas y tal vez plenas, vayámonos a los datos oficiales y verá que el Fondo de la Vivienda, otro organismo que está hecho precisamente para la construcción de casas, con cinco veces menos, hace cinco veces más.
Espero que no se me abra a puñaladas el representante obrero. Pero lo cierto es que el Fondo de la Vivienda, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, con cinco veces menos, hace cinco veces más.
Ojalá esto les diga a los señores de la mayoría. Si esto sólo no justificaría una investigación, retiremos todo lo dicho.
Pero por otra parte, yo creo que precisamente lo único que le puede dar sentido, razón fundamento y derecho, además a la minoría de estar aquí, es de hablar claro y fuerte cuando se hace necesario.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos González Durán.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea:
La Constitución en sus preceptos señala dos categorías de entidades que integran el aparato de Estado.
El artículo 90 dice:
"La administración pública federal será centralizada y paraestatal". Solamente habla de esas dos categorías, pero aquí se nos ha inventado una tercera categoría, y esa tercera categoría se ha designado como organismo de servicio social que se manejan solos y que no tienen por qué ser vigilados.
El artículo 110 de la Constitución, determina quiénes pueden ser sujetos pasivos de un juicio político y menciona también los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados.
Se dice en derecho que la medida del interés jurídico, es la medida de la acción. Si aquí se ha expresado que el manejo de los fondos proviene, en un sector, de aportaciones del Estado, quiere decir que si el patrimonio del instituto cuestionado se integra con recursos que son de los impuestos, existe un interés jurídico de ver cómo se han destinado, cómo se han empleado y cómo se han usado esos recursos. ¡Hay por lo tanto un interés jurídico legítimo!
Pero el artículo 93 no se puede violar. Yo no estoy de acuerdo en que porque la mayoría mecánica e irreflexiva del Partido Revolucionario Institucional diga que nosotros no tenemos derecho a un derecho que nos concede la Constitución, vayamos nosotros a renunciar a ese derecho. ¡Es una responsabilidad de los diputados vigilar la buena marcha de la administración pública!
Nosotros, 128 diputados, cumplimos el supuesto que señala el artículo 93. El artículo 93 determina que cuando una cuarta parte de los integrantes de la Cámara lo pidan, se integre una Comisión de investigación. ¡Ese derecho no se lo vamos a permitir que nos lo atropellen!
Si ustedes quieren cumplir con su responsabilidad integrando esa comisión de manera plural, para que hermanada y civilizadamente cumplamos nuestras obligaciones de vigilancia, bueno. Si ustedes quieren "echarle tierra" a un problema social que reclama sanidad, ¡ése será un problema de ustedes! (Aplausos.)
¡Van a incurrir en responsabilidad¡ ¡Van a violar la Constitución! ¡Y la violación de las leyes federales genera res - pon - sa - bi - li - dad po - lí-ti - ca!
Por lo tanto cuando discutimos en el período extraordinario las reformas que se hicieron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la exposición de motivos que la Presidencia de la República nos manifestó estaba el deseo de que se diera una administración nítida, clara, transparente, de los fondos de este instituto.
Es el mismo Ejecutivo Federal el que al quitarle la administración de esos recursos y señalárselos a organismos bancarios de más riguroso funcionamiento, puso en entredicho que la situación fuera una situación transparente y clara. Esta en una razón importante.
Existe la otra razón que aquí se ha invocado, que radica en que los hechos del dominio público no admite o no requieren pruebas. Es del dominio público que todos los habitantes de casas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se quejan de pésimas construcciones.
Hay motivo y hay fundamento para tomar este acuerdo. El fundamento nos los da el artículo 93, que señala en su supuesto normativo que cuando lo vote una cuarta parte de la Cámara, se integrará una Comisión investigadora.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un organismo decentralizado. Porque no hay más que dos categorías: o es un organismo centralizado o es un organismo descentralizado.
Por lo tanto no cabe ese "invento", que ha dictado un deseo torcido, de encubrimiento, para que pareciera en un principio que cuando se propuso la integración de esta comisión y se opuso la mayoría, reservándose para que al iniciarse el período ordinario se integrara esta comisión, tenía el deseo de ganar tiempo, de darles tiempo para que arreglaran las cuentas. ¡Pero ahora vemos que esas cuentas no se pueden arreglar; que esas cuentas son tan sucias, tan incorrectas, tan contrarias a la honestidad administrativa, que no admiten vigilancia!
Yo pregunto: ¿si el día de ayer, de una manera categórica y reflexiva, con razón suficiente y aceptable, el Ejecutivo Federal ha pedido que los funcionarios públicos sirvan al pueblo, que los funcionarios públicos respondan a los reclamos de justicia de la sociedad? ¿Si el Ejecutivo, haciéndose eco del deseo de las cosas que se manejen en forma correcta y derecha? Si ése es el deseo del Poder Ejecutivo, yo pregunto: ¿Por qué los voceros del partido de la mayoría, contrariando estos propósitos, que son fuente de derecho, porque el jefe del Estado hace un pronunciamiento en razón de reclamos colectivos?
Por el momento y por la circunstancia que atravesamos, es absolutamente exigible que se cumpla y se respete con la Constitución. Pero digo, por mi parte considero y así lo propongo a los diputados firmantes, nosotros no les vamos a pedir permiso, a los señores de la mayoría, ni nos vamos a someter a su dictadura. Nosotros tenemos un derecho que nos consagra la Constitución. Si quieren participar en la Comisión Plural, bienvenidos, que participen. Pero si quieren participar, de cualquier manera, óigase, de cualquier manera y poniendo a salvo la obligación y el deber que corresponde a esta honorable Cámara, nosotros integraremos al margen de la mayoría, esa comisión investigadora, porque las cosas en nuestra patria tienen que ser democráticas y una característica de la democracia es que los manejos se hagan a la vista, a la luz pública, de manera transparente y ése es el deseo del pueblo mexicano y ésa es nuestra responsabilidad como legisladores. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Emilio Becerra.
El diputado Emilio Becerra González: - Con su venia, señor presidente; compañeros y compañeras diputados:
Aquí se ha expresado hasta la sociedad lo que es un derecho y lo que es una facultad y también una obligación. Es evidente que frente a los derechos y ante el ejercicio de facultades, lo único que procede es conceder el derecho y acatar esa facultad.
El artículo 93, como acertadamente lo ha dicho Diego Fernández de Cevallos y varios oradores, establece un derecho de minoría calificada. Ese derecho no está sujeto a la aceptación de la mayoría; si fuera necesario que la mayoría aceptara no sería requisito el establecimiento de una minoría calificada, no habría ninguna diferencia entre una petición de uno, dos o cinco diputados y una petición de una cuarta parte de la Cámara, porque si el trámite que se da es el mismo, sale sobrando la disposición del Constituyente y todos sabemos que las disposiciones en la Legislación son para que se cumplan y ninguna está sobrando per se".
Lo que la mayoría está invocando es una facultad o un derecho de exoneración a priori, que es un momento dado pueden hacerlo valer, porque tienen el número pero eso será hasta que se haga la investigación; por lo pronto, lo que ellos invocan es el derecho al ocultamiento, porque si hay un derecho a la investigación, frente a ese derecho lo único que procede es que se realice la investigación y que como consecuencia de la investigación se tome una determinación al respecto.
Desgraciadamente y tal como decía yo en otra ocasión respecto al caso de Guadalajara, las investigaciones en la Cámara se han desnaturalizado; cuando se hace una investigación es precisamente con la finalidad de que la Cámara de Diputados se pronuncie con respecto a esta investigación, las investigaciones nada más para conocimientos o para chisme no son precisamente el objetivo de las investigaciones de la Cámara.
Aquí las investigaciones se hacen con seriedad y se hacen con una finalidad; la investigación que en el caso concreto se solicita es porque existe la sospecha fundada del mal uso o del destino inadecuado de los fondos de las aportaciones del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; ante esa investigación, la mayoría no tiene el derecho del ocultamiento, tiene la facultad de exoneración, una vez que se conozca el resultado de la investigación, pero no puede impedir de ninguna manera que esa investigación se lleve a cabo, porque si se tratara de impedir eso, entonces sí habría posibilidad a pensar que esos calificativos que Diego Fernández emitió y que Ortiz Arana rechazó, tienen indicios de veracidad.
Y, ¿por qué es necesario esto?, entre los artículos que se han leído y que yo debo de confesar que no conocía muchos de ellos, se habló de que los fondos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se constituyen entre otras cosas, textualmente, con los rendimientos de la inversión de los recursos y según se decía en el período extraordinario y se ha reiterado aquí, un diputado que fue ministro de la Corte y que yo pensaba que por eso tenía antecedentes, preparación y trayectoria para ser más congruente y, lo único que vino hacer fue hacer un panegírico del movimiento obrero, tan detestado por todos los mexicanos.
Se sospecha que esa inversiones a los únicos que le han dado rendimientos son a los líderes obreros y por eso es que con justa razón, como decía nuestra compañera Patricia Ruiz, pues no quieren que se investigue; sin embargo ¿ de qué modo se puede saber qué rendimiento ha dado esa inversión de los recursos, en dónde se invirtieron, con qué criterio se invirtieron, quién los manejó etcétera?
Por todo ello, por la sospecha que existe sobre ese manejo, es evidente que procede la investigación, porque no podemos aceptar de que si hay sospecha o hay seguridad, para eso hay autoridades competentes y que no hay nadie que se haya venido a quejar, pues es vehemente la queja y la sospecha con la firma de 128 diputados; si eso no es una queja señores, yo no sé qué pueda constituir una queja y también por que aquí es la autoridad competente, con independencia de que pueda haber otras autoridades competentes, porque si bien es cierto que tribunos brillantes del Partido Revolucionario Institucional han venido a defender lo indefendible, argumentando una serie de organismos que la propia Constitución no contempla, dicen que no procede, porque el 93 habla de organismos descentralizados o de empresas de participación estatal mayoritaria pero no nos olvidemos que la ley y, la Constitución es la Ley Suprema, constituye un todo armónico y que los artículos no se interpretan simplemente con la lectura individual, sino en concordancia con otros artículos y el artículo 110 en su párrafo primero es muy preciso y dice así: "Podrán ser sujetos de juicio político los senadores etcétera y, en su parte final dice:. los directores generales o sus equivalentes, de los organismos descentralizados empresas de participación estatal mayoritaria,
sociedades y asociados asimiladas a éstas y fideicomisos públicos".
Yo creo que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores si no cabe como organismo público descentralizado, que por los argumentos que aquí se han dado parece ser que sí lo es, cuando menos puede ser una empresa de participación estatal mayoritaria o tratarse de una sociedad o asociación asimilada a ésta y un fideicomiso público, porque que yo sepa no sería en todo caso un fideicomiso privado.
¿Y cuál es el objeto que persigue una investigación de la Cámara? Hacer uso de la facultad de fiscalización y de dictaminación suprema al nivel político jurídico y administrativo que tiene la representación nacional. Si en esta representación nacional hay sospecha del mal manejo en los fondos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, procede que se lleve a cabo esa investigación y, si de esa investigación salen elementos de juicio político, aquí se emitirá ese juicio, con todas las consecuencias que ello implica.
Por lo tanto, rechazó categóricamente que aquí ni sea autoridad competente ni podamos entrometernos en los asuntos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Los asuntos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores son asuntos públicos, son asuntos de la competencia del pueblo de México y no es de ninguna manera un coto privado del movimiento obrero ni de su dirigente, que acaba de cumplir años. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Kunz.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños: - Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El 19 de febrero se presentó aquí esta propuesta y se discutió con base en el procedimiento. Terminamos firmando un punto de acuerdo que ahora que leo nuevamente resulta muy general, pero yo me había quedado con la idea de que había un consenso de todos los partidos, en el sentido de que se debería investigar los manejos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dadas las consecuencias que se han visto.
Con este debate me siento aún más defraudado, porque no solamente no estamos enfrentando ese problema, sino estamos tratando de evitarlo, con criterios estrictamente procesales.
Algo que se le podría criticar a esta Legislatura, fue la forma apresurada con que se aprobaron muchas reformas constitucionales, pero en todos los casos se respetaron las formas.
Aquí la posición de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, es que estamos estableciendo un pésimo precedente en materia de procedimiento. Nosotros consideramos que la disposición contenida en el párrafo tercero del artículo 93 constitucional es imperativa y que es una protección a las minorías.
En alguna otra ocasión señalaba yo que la democracia no implica únicamente que las mayorías tomen la decisión que implica también que se respete el derecho de las minorías. Esto es la democracia.
En cuanto a la competencia con este largo debate, voy hacer un extracto que a mí no me deja duda y que espero que a ustedes tampoco. Estamos hablando del párrafo tercero del artículo 93 constitucional y una de las objeciones que se hizo es que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es un organismo descentralizado.
El artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dice que son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, que tengan personalidad jurídica propia y que tengan patrimonio propio.
La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece en su artículo segundo, que se crea un organismo de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio y fue creado por decreto del Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial del 24 de abril de 1972, o sea que los supuestos que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se cumplimentan perfectamente bien, por lo cual no creo que haya duda de que se trate de un organismo descentralizado.
Pero si hubiera duda, la Ley Federal de las Entidades Parestatales, en su artículo 5o. incluye al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aún estableciendo excepciones para su control y si hubiera alguna duda adicional, el artículo 22 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
establece que el director general del instituto será nombrado a propuesta del Presidente de la República.
Creo que este pequeño resumen no deja duda en cuanto a la competencia. El procedimiento ya se ha discutido mucho, ya lo mencionamos. La competencia creo que es muy clara, la secuencia de artículos y que no hay ninguna duda, basado únicamente en textos legales sin ninguna apreciación subjetiva, que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un organismo descentralizado.
Señalaba el señor diputado Ortiz Arana también la falta de denuncias. Yo me adhiero al hecho de que 128 diputados que hacen una solicitud, por muy de la oposición que seamos o muy minoría, mecánica que nos llamó irrespetuosamente algún diputado aquí, creo que tenemos alguna personalidad y estamos manifestando nuestra denuncia.
Sin embargo, quisiera hacer algunas menciones de fondo de problema: en primer lugar hubo un fraude legal en el funcionamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. La legislación original establecía un procedimiento para reembolsar a los beneficiarios a partir de los 10 años el monto de sus cuotas, pero a los 10 años en medio de un gran saqueo a este país, cambiaron la ley, establecieron que sólo se le devolvería a los que se jubilaran, a los que quedaran incapacitados y a los deudos de los que murieron o a los que quedaran sin empleo después de 50 años.
Sin embargo, se les daría el doble. Hicimos un cálculo y la inflación de 1972 a 1982, la inflación acumulada fue del 750%, o sea que si se les devolvía el doble equivaldría a menos de la tercera parte de lo aportado. Aquí hay un fraude totalmente legal, no amerita investigación porque creo que es muy claro.
Pero hay otro aspecto que sí amerita la investigación. En primer lugar, según las relaciones del titular del Ejecutivo cuando se constituyó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se iban a construir 100 mil casas al año. Esto quiere decir que en 10 años en 20, se debieron haber construido 2 millones de viviendas; sin embargo los números reales están alrededor de 900 mil viviendas.
Si existían los recursos para construir 2 millones de viviendas y sólo se construyeron 900 mil, ¿en dónde quedaron los recursos por la diferencia o cuál fue la razón que no hubo recursos para poder cumplir las metas que el mismo titular del Ejecutivo aceptó como propias?
Parte de la respuesta puede ser la siguiente: el artículo 14, no, el artículo 16, fracción VII de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, establece que el Presupuesto de Egresos no deberá de exceder anualmente del 1.5% de los recursos totales que administre o que tenga el instituto; sin embargo, durante la década de los años setenta, los gastos presupuestales estuvieron cerca del 10% de estos recursos totales y a pesar de las promesas de bajar el 3% en la década de los ochenta, fueron del 6.5%. Como ustedes pueden ver, muy lejos, pero muy lejos del 1.5% que la ley autoriza.
En estas circunstancias y toda vez que los órganos de administración competentes del fondo no fueron capaces de detectar hacia dónde se encauzaron los recursos, sí considero que esta Cámara de Diputados tiene la obligación legal, política y moral de investigar en dónde quedaron todos los sueños que en 1972 se metieron en la mente de los trabajadores y por qué 1 millón 100 mil trabajadores mexicanos nunca vieron materializado su derecho a un financiamiento de su vivienda.
Por esa razón nosotros consideramos que esta propuesta debe de ser aprobada, tanto por su fondo como porque en su procedimiento se sentaría un pésimo procedente antidemocrático. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Ramiro Robledo.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: - Muchas gracias, señor Presidente:
Compañeros diputados de México. A lo largo de este debate se han cruzado y se han expuesto indistintamente argumentos sobre los dos puntos centrales que lo componen.
El primero es la interpretación y el alcance del tercer párrafo del artículo 93; el segundo, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un organismo que caiga dentro de los que refiere la hipótesis del artículo 93.
Nuestra fracción, la del Partido Revolucionario Institucional, ha venido a afirmar aquí y a fundar que la interpretación que debe darse, que es la original que la que tiene sustento por el antecedente histórico que creó esta reforma, esta adición al artículo 93, es la que sostenemos,
concretamente que no consiste en ninguna cancelación del derecho de las minorías y que lo que quiso decir, y dice esta parte de la Constitución, es que se requiere una solicitud con quórum calificado para que pueda someterse al debate del pleno y para que pueda ser resuelta por el pleno de las cámaras, una u otra que compone el Congreso de la Unión, por tratarse de una potestad constitucional extraordinaria que tiene el Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo.
Yo quiero citar el antecedente que originó y al que se refirió originalmente el diputado que inició el debate de este tema que creo el artículo 93 en su último párrafo. De lo que pasó y de lo que resultó puede y debe entenderse que la interpretación que hacemos es la debida y que no está sujeta a ninguna otra razón de tratar de diluir o exculpar cualquiera otra razón, cualquier otro motivo, más que la de hacer una explicación correcta, puntual, una buena interpretación de la Constitución, que en todo caso es la que nos debe regir siempre.
Cuando inicialmente el Presidente de la República propuso que a petición de la tercera parte de los diputados podrían las cámaras tener la facultad para integrar comisiones investigadoras. Efectivamente, un diputado, en lo particular, del Partido Acción Nacional, inicio una réplica, un debate y después varias réplicas, diciendo que venía proponer una modificación de carácter gramatical, que en lugar de "pedir" debería ser "resolver". Que por ministerio constitucional que automáticamente al pedirlo, un número determinado de diputados, deberían crearse en lo inmediato y sin discusión una comisión de investigaciones. Después en el debate se propuso que en lugar de la tercera parte fuera una cuarta parte. Y se propuso el texto como quedó.
Y la posición entonces de los diputados del Partido Acción Nacional confirma, por lo que dijeron y como votaron, confirma exactamente el tercer párrafo del artículo 93 quiere decir y dice lo que afirmamos en el Partido Revolucionario Institucional, que es su correcta interpretación.
Porque no obstante que el texto del tercer párrafo del artículo 93, quedó como está ahora, los diputados de Acción Nacional votaron en contra. Es decir, que desde entonces, no estaban de acuerdo en que esto era una petición con quórum calificado sujeta a la decisión del pleno de las cámaras, si no hubieran votado a favor.
Si en el debate, si en la exposición de motivos, claramente de la iniciativa de reformas de este artículo 93 se hubiera querido decir que había precisamente lo que ahora afirman los partidos de oposición, el derecho de crear por ministerio constitucional una comisión investigadora, con sólo la petición de una minoría calificada, hubieran votado a favor, pero votaron en contra exactamente, porque la inteligencia, el temor de esta disposición, es como afirmamos nosotros.
Y no solamente exige esta razón. La interpretación lógica, jurídica y hasta gramatical, de ese tercer párrafo es muy obvia si se quiere ver con sentido común y con paciencia en la cabeza. Ese tercer párrafo comienza diciendo que: "Las cámaras...", las cámaras tendrán la facultad a petición de una cuarta parte, en el caso de la de diputados.
Si no iniciaron diciendo: "Las cámaras...", si dijeron simplemente que: a petición de una cuarta de los diputados, podríamos quizá pensar que la interpretación que han afirmado ustedes es la correcta.
Y dice:"...tendrá la facultad". Y no estamos muy de acuerdo con esa acepción que se vino a dar aquí, en el sentido de que en este caso la facultad es una potestad, que es una obligación más que una potestad. Facultad es derecho, cuando el derecho para un órgano de gobierno es al mismo tiempo una obligación, esto se llama atribución, aquí y en cualquier parte, el derecho occidental.
Si las Cámaras entonces tienen la facultad de crear una comisión investigadora implícitamente, lógicamente es porque también tienen la facultad de no integrar esa comisión investigadora. Y si tienen dos alternativas, es que debe sujetarse a una votación, si no, no diga:"...tiene la facultad", sino deberán crear una comisión investigadora.
La posición entonces de quienes se opusieron originalmente a los términos en que quedó el artículo 93 y el texto puntual de este artículo 93 en su tercer párrafo, simplemente indica, no puede haber otra interpretación con buen juicio, con buena razón.
Que ese derecho de pedir requiere un quórum muy especial, porque se trata de ejercer una facultad extraordinaria.
No es el ejemplo de la sociedades mercantiles y me quiero ocupar de él para no desviar el punto de exposición. Simplemente decir que el caso de una sociedad mercantil la minoría de la asamblea pretende investigar y audita al propio ente al que pertenece. Aquí no. Aquí es un poder, una entidad jurídica la que va a investigar a otro.
afuera. Luego entonces si hay que optar por alguna de las dos alternativas que tiene esta Cámara, una de las cámaras del Congreso, entonces hay que hacer lo que hemos hecho, darle el trámite al artículo 58 como acertadamente inició el señor Presidente en turno, discutirla, analizarla y votarla en el pleno de una de las cámaras del Congreso de la Unión.
Pero, ¿cuál es la razón en la Constitución, para que las cámaras puedan instituir una comisión extraordinaria, de vida temporal, para que proceda a investigar a los directores de los organismos descentralizados o de entidades o de empresas paraestatales? Son dos razones fundamentales: porque en ambos casos esas entidades paraestatales o mejor dicho paragubernamentales o desempeñan fines que son propios del Estado en exclusiva o en concurrencia o ejercen dinero del erario público.
Y éste es el otro en que se han basado mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional para sostener que esta Cámara en pleno, a una solicitud de una minoría calificada de diputados, pueda despachar una comisión en este caso, que investigue el instituto que administra el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Porque si bien el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como ha quedado aquí muy claro, argumentos a favor y en contra, tiene algunos de los elementos que lo tipifica como un organismo descentralizado, tiene otros sustanciales, fundamentales, que lo excluyen de este concepto, legal y teóricamente.
Se ha venido a dar aquí puntos de vista a favor y en contra.
Ciertamente que esa disposición de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del artículo 45, parece comprender al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Pero si hacemos un análisis, una analogía, podemos encontrar que hay casos que escapan de esta redacción que no es la más precisa.
Mi compañero Amador Rodríguez ponía unos ejemplos que les parecían irrisorios a los compañeros de Acción Nacional. A mí no me parecen así, me parece que son ejemplos bastante válidos para entender que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores está fuera del control del régimen ordinario que controla al sector paraestatal o paragubernamental.
Cierto que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y que es creado por una ley. Pero hay otras entidades que teniendo estos requisitos, ni por asomo se nos puede ocurrir que son paraestatales y tampoco ni por asomo se nos podría ocurrir que les podemos despachar una comisión de investigación. En último caso, ¿a quién se le ocurriría por ejemplo, tratar de involucrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, en este tercer párrafo del artículo 93? O en la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el debate de entonces habíamos argumentado que quedaba creada como una entidad algo más que autónoma. La iniciativa de reforma a la Ley de Entidades Paraestatales viene a ratificar este punto de vista. Por Más que es creada por una ley del Congreso, que tiene patrimonio propio, personalidad jurídica propia, no se le puede considerar un organismo descentralizado ni paraestatal, es un organismo de la sociedad para vigilar a los entes del gobierno. Lo cito de ejemplo. Y el de la Cámara Nacional de Comercio también es un buen ejemplo que no sé por qué no pudo captarse con seriedad, un magnífico ejemplo para demostrar que este artículo 45 tiene una redacción que comprende un concepto bastante amplio que no nos sirve para entrar a discutir exactamente sobre la naturaleza del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en este caso. El de los partidos políticos son entidades públicas también.
Las dos razones fundamentales por las que no consideramos que en este particular caso se pueda despachar una comisión de investigación para el instituto que administra el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, es que no maneja dinero público, dinero del erario público, dinero del gasto público y que no cumple con fines propios, exclusivos o concurrentes que correspondan al gobierno de la República, por más que tenga otros elementos que lo aparecen como organismo descentralizado. Aquí se esbozaron todos.
De entrada, no es un organismo que esté considerado ni por control ni por presupuestación, como tal, como organismo descentralizado. No está en el Registro Nacional de Entidades Paraestatales, ni está en los acuerdos de sectorización.
Tampoco es verdad que sus ingresos al tener naturaleza fiscal se confunda con el Presupuesto de Ingresos de la Federación. Me parece que la clave para desentrañar la naturaleza jurídica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores está en la exposición de motivos de la iniciativa que mandó el presidente Echeverría. Claramente se dice ahí y se concibe
y se explica que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores será una institución diferente a la de cualquier otro organismo descentralizado; ni siquiera se menciona esa palabra.
Las aportaciones tienen carácter fiscal, no para formar parte del presupuesto de los ingresos de la Federación. Lo dice la exposición de motivos para qué. Para darle expedición, agilidad, para darle fuerza legal al cobro y asegurar la permanencia, resolvencia y suficiencia del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Por eso se le dotó a esa institución de esa facultad coactiva, no para que este ingreso se considere erario público.
Desde ese punto de vista, como organismo fiscal autónomo, podría considerarse como una autoridad el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pero no paragubernamental, no paraestatal. No es dinero del erario público.
La disposición de la ley que establece los elementos con que se constituye el patrimonio, también nos descubre que no tiene esa naturaleza.
Aquí se ha confundido la integración del Fondo Nacional de la Vivienda con el patrimonio del instituto, que son dos cosas diferentes, compañeros diputados. Hay que distinguir mucho eso. El Fondo Nacional de la Vivienda se constituye exclusivamente con aportaciones que vienen de la economía privada. El instituto puede tener, además, otros ingresos. Uno de ellos las aportaciones en numerario del gobierno federal; pero no dice la ley, en el artículo 5o. que aquí leyeron varias veces, que el instituto podrá tener asignaciones de presupuesto federal, asignaciones en numerario, donaciones, aportaciones que tiene un carácter jurídico diferente al fiscal, como las puede recibir del gobierno federal, cualquier otra persona moral de derecho privado: un club de servicios, una asociación deportiva...
Los subsidios y los estímulos, como claramente se dice en ese punto, son también un elemento que nos obliga a reconocer que a manera de estímulos fiscales, de extensiones genéricas, de compensaciones, el presupuesto federal está considerando al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como algo ajeno a su composición. Tan es así que le da estímulos y subsidios fiscales, como a cualquier persona de derecho privado.
La función principal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aquí se dijo también y quiero puntualizarla brevemente, no es a la que le corresponde en exclusiva en concurrencia al gobierno de la Federación.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se creó para administrar un fondo que vino a suplir una desobligación patronal histórica, por insuficiencia, por incapacidad, por cualquier otra razón, que le imponía el artículo 123 de la Constitución en su fracción XII, apartado A. El Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no vino a crearse para sustituir alguna función del Estado mexicano, sino para sustituir una obligación de los patrones mexicanos.
El Instituto del fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es un instituto de composición autárquica, dijo aquí un diputado de Acción Nacional. Ciertamente lo es. Con elementos esenciales que lo alejan de la concepción genérica, ordinaria, de aquellos organismos a los que se refiere el artículo 93, en su último párrafo.
Nosotros venimos a sostener que ni el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ni el artículo 14 de la Ley de Entidades Paraestatales, se aplican al régimen del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El 45, por las razones que dije. El 14, porque si bien esa disposición establece que serán organismos descentralizados los que, entre otras cosas, desarrollen un servicio social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores así define al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, también dice en su primer párrafo esa disposición: que serán aquellos que se creen, por la ley o decreto, por la Ley del Congreso o decreto del Ejecutivo, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no se creo de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Se creó en vida de la anterior ley, que vino a sustituir después la Ley Orgánica de la Administración Pública, que era la ley para el control, por parte del Estado, de organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
Pero específicamente en la exposición de motivos y en la ley se dice, se repitió aquí el artículo 66, que no se aplica al control del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores aquella ley. Si aquella ley no se aplicaba, menos la Orgánica de la Administración Pública. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no fue creado dentro del marco legal de la Ley Orgánica de la Administración Pública; se creó como una entidad atípica, diferente, con razones y orígenes históricos diferentes y con funciones muy especiales en nuestro derecho social mexicano.
Alguien vino a decir que la ley posterior deroga a la anterior. Es un principio general de derecho. Pero también hay otro que dice que la ley especial está por sobre la general. En todo caso la de Entidades Paraestatales y la Orgánica de la Administración Pública son ordenamientos generales y la del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es una ley específica. Y explícitamente, expresamente dice que no se aplica aquella ley para el control del Estado, como organismo descentralizado.
Y el artículo 5o. de esa misma Ley de Entidades Paraestatales no hace más que confirmar esa disposición.
Por algo esa disposición, el 5o., excepciona a varias entidades de ese control ordinario. Por eso sostenemos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es de aquellos organismos, típicamente considerados, ni por la ley, porque no se le aplica en este caso la general, ni por la doctrina del derecho, a los que se refiere el tercer párrafo del artículo 93 constitucional.
Por eso avalamos la afirmación de uno de nuestros más experimentados representantes diputados del sector obrero, cuando dice que al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se le puede investigar sólo por las partes que lo integran, que son los sectores de la sociedad civil mexicana, patrones o trabajadores y más legítimamente los trabajadores.
Por eso argumentamos que no puede ni correrse el trámite de constitución de una comisión investigadora de manera automática, ni mucho menos aplicarse en este caso; en muchos otros, quién sabe al Instituto que administra al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Señor Presidente: Yo quiero pedirle que consulte si ha sido suficientemente discutido este tema y que le dé culminación al trámite que marca el artículo 58 de nuestro reglamento interior. Muchas gracias. (Aplausos.)
- El Presidente: - El último diputado del listado es el diputado Tomás Correa, quien tiene la palabra; e inmediatamente después someteremos a la asamblea la petición del diputado.
El diputado Tomás Correa Ayala: - Compañeras y compañeros diputados:
No cabe duda que las argumentaciones que por ambos lados se han dado reflejan un conocimiento muy vasto del problema que nos encarga. Pero yo, como obrero, no me puedo olvidar de que independientemente de que se pueda aprobar o no probar lo que estamos discutiendo, el problema del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un problema que tenemos seguridad de que ha tenido manejos equivocados de sus fondos. Y que esto, independientemente de que proceda o no proceda la investigación en está cámara, el problema es un problema latente.
¡Los obreros reclamamos y esto, la fracción del Partido Frente Cardenista, lo ha manifestado, reclamamos, por eso firmamos este punto de acuerdo, que se haga una investigación en los fondos que se han manejado en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores!
Yo como obrero de la construcción y como dirigente de un sindicato nacional, en los 20 años de existencia de este organismo y representando a más de 30 mil obreros, no hemos sido sujetos a un solo crédito por parte de esa institución y paradógicamente, los obreros que hemos estado construyendo la vivienda, somos los que carecemos de esa vivienda. ¡Por eso, nosotros exigimos cuentas claras en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores!
Y aquí podemos estarlos escuchando todo el tiempo que sea necesario las argumentaciones de ambos lados, pero no vamos a quitar el dedo del renglón para exigir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de ser posible nuestra fracción encabezar una denuncia penal que se lleve a cabo en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores esa auditoría y que se dé un informe de cómo se ha venido manejando los recursos de este instituto.
¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente no podemos nosotros permitir que se burle un derecho de los trabajadores, que se siga medrando con la necesidad de la vivienda y de todos es conocido que con la vivienda se han venido enriqueciendo no solamente compañías
constructoras, a quienes por asignación se le han entregado las construcciones de la viviendas, sino que también muchos dirigentes sindicales se han enriquecido con la venta de esos créditos de vivienda en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. ¡Y esto merece ser aclarado, porque el pueblo de México tiene derecho a que se les exijan cuentas claras de los recursos que han sido depositados en sus cuentas!
Nosotros, como fracción del Partido del Frente Cardenista, quedamos de votar a favor de que esta investigación se haga o se lleve adelante, independientemente de que aquí no se apruebe. Si aquí no se aprueba entonces vamos a hacerlo como fracción, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista judicial, como mejor convenga y llamando a los trabajadores de este país a que con sus firmas y con sus números de afiliación, los que no han sido sujetos de crédito, también lo hagan. ¡Desde este momento vamos a lanzar a nivel nacional una convocatoria para que todos los trabajadores, inconformes con lo que ha venido sucediendo en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se expresen en una denuncia penal para que esta investigación se lleve a cabo! ¡Esa es la posición de la fracción del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional! Gracias. (Aplausos.)
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (desde su curul): - Señor presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente: - Tiene usted la palabra, señor diputado.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Llevamos cerca de seis horas en este debate. Yo creo que están bastante claras las posiciones de todos los partidos.
Yo subí a la tribuna para expresar públicamente, aquí, la postura del Partido de la Revolución Democrática, puesto que consideramos nosotros que el artículo 93 constitucional es una facultad que se está otorgando, aquí a la Cámara de Diputados, a las minorías. Nosotros no podemos llegar a la votación que en unos momentos más la Presidencia de esta sesión va a llevar a afecto.
Consideramos que las facultades que se otorgan, en particular a los diputados, son facultades que hay que ejercer y de ninguna manera se votan. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si este tema a sido suficientemente discutido.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha: - En votación económica se pregunta a la asamblea si el tema...
El diputado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Fernando Gómez Mont, para rectificar hechos.
El diputado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta: - Ha quedado muy claro en este debate la diferencia entre la opción de unos y de otros; para quienes exigimos el respeto a este derecho de la minoría y consideramos baladí el argumento del mínimo de quórum para una petición y para otros derechos de minoría, se define por el derecho de la mayoría y eso no es posible. Bajo este contexto no nos sujetaremos a la votación que ustedes expresan simple y sencillamente no participaremos en este ejercicio ante el desacato a la Constitución que ustedes hacen. (Aplausos.)
El Presidente: - Se ruega a la Secretaría se sirva consultar a la asamblea, en votación económica, si se admite o no a discusión la proposición.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE OAXACA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Eloy Vázquez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en relación con el proceso electoral del estado de Oaxaca.
Observando el artículo 99, lo pasamos.
Diputado, tiene usted la palabra.
El diputado Eloy Vázques López: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Como ya lo había demostrado la corriente democrática en 1987, las vías de transformación democrática del Partido Revolucionario Institucional están cerrados; no basta con que vengan aquí a tratar de contradecirlo con un discurso que no se corresponde con la práctica; los hechos son contundentes, la totalidad de los candidatos a gobernador del partido oficial fueron seleccionados en forma digital pero no sólo porque hayan sido señalados por el dedo del señor Presidente sino porque antes de ellos fueron indicados por puntaje, a través de la computadora mágica que José Cordova Montoya tiene en el salón adjunto de la Presidencia.
Para pasar por encima del consenso local en todos los estados de la República e imponer candidatos, los que deciden no repararon en atropellar carreras políticas, cuestionables y criticadas por nosotros algunas, por que la oposición hemos sido, prestigios, lealtades ni actos, entre comillas, heroicos, como los de aquellos que en las interminables noches de agosto y septiembre de 1988, la garantizaron (a como diera lugar fueron las instrucciones) al actual Ejecutivo Federal, su ascenso tan controvertido al poder y si no, que lo digan los miembros de la LIV Legislatura que se encuentren en la banca o fueron ubicados en puestos menores, una vez cumplida su función legislativa.
Las expectativas de democratización interna generadas por la XIV Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que mantuvieron a un sinnúmero de priístas esperanzados en el resurgimiento de sus espacios de participación al interior de su partido, fueron traicionadas por el miedo del grupo en el poder, a perder el control sobre los procesos políticos internos de su partido. Luego de magros intentos de consulta a la base, que fueron aprovechados para ajustar algunas cuentas pendientes con los priístas nacionalistas como el caso de Colima, se retornó con nuevos bríos a la imposición de candidatos, entre comillas, de unidad.
En Veracruz, en Aguascalientes, en Oaxaca y en otros estados donde hubo que seleccionar a los candidatos a gobernador del Partido Revolucionario Institucional, se repitieron escenarios similares. Al esfuerzo notable de precandidatos por ligarse a su base con distintos métodos, algunos de ellos que pueden no ser totalmente ortodoxos y por demostrar una vinculación directa con la gente de su partido, a ese esfuerzo se respondió con las consabidas presiones desde arriba, con la incondición, el chantaje y finalmente con la imposición, sin explicaciones de la decisión de quién debía ser, que ya había sido tomada de antemano.
Quienes hemos peleado contra los miembros de la clase política y priísta y seguiremos debatiendo y combatiendo con ellos y contra ellos, sabemos que aunque todos son de un mismo barro, existen muchos tipos de priístas. En el marco de las reglas del juego interno que tienen ellos, hay niveles escalafonarios que le han garantizado a ese partido estabilidad y permanencia en el poder, al margen de que luchemos nosotros por la alternancia y el pluralismo.
Justamente Raúl Castellanos Hernández; es un ejemplo de un priísta que siempre fue un funcionario leal y disciplinado a las reglas del sistema y a sus superiores jurárquicos, aun cuando mantuvo una actitud de diálogos hacia todas las oposiciones y se manejó con criterio dignamente propio.
Dentro de los que están aquí, no hay nadie que pueda afirmar lo contrario y sin embargo, Raúl Castellanos, el 21 de abril de este año, renunció a su partido y decidió reintegrarse a la sociedad civil.
En su carta de renuncia Raúl Castellanos plantea que las bases militantes y la sociedad civil, quedaron totalmente marginadas de las resoluciones del Partido Revolucionario Institucional. La clase política se encuentra en el Partido Revolucionario Institucional en un proceso de marginación que puede conducir a su liquidación y a su substitución. En este contexto quienes tiene el control del sistema, para fortuna de las fuerzas democráticas están cometiendo el mismo error que cometió Porfirio Díaz cuando no respaldo a Bernardo Reyes que era quien representaba a la clase política de ese entonces. Justamente al plegarse a los científicos, al dejarse rodear por las prácticas cortesanas de los científicos, los actuales ejerzores del poder se están separando de quienes fueron los interlocutores de sus bases sociales y esto definitivamente conducirá a un rompimiento del consenso interno de las fuerzas gobernantes en México, como ya existe ese rompimiento al interior de la sociedad oaxaqueña.
Es un hecho que el priísmo oaxaqueño se encuentra dividido en diferentes grupos y que estos grupos pugnaron por distintas guías para acceder a la candidatura a gobernador del estado, cada uno llevando a su propia figura y a su propia
propuesta. Sin embargo, lejos de buscar el procedimiento democrático, en Oaxaca que impuso en continuismo a través del ex secretario de Planeación y a través del senador actual que es al mismo tiempo una persona que representa la alianza entre los intereses del grupo gobernante y los cacicazgos regionales de Oaxaca. Uno de los cacicazgos más agudos, como es el que se ejerce en la región de la cañada, en donde permanentemente y ayer mismo se realizó la aprehensión de militantes del Partido de la Revolución Democrática en la población de Valerio Trujano, en donde aún no se resigna la gente de Diódoro Carrasco, a que el Partido de la Revolución Democrática ejerza la presidencia municipal.
Nosotros necesitamos en Oaxaca restablecer el consenso social. Oaxaca requiere un nuevo pacto general, un pacto social para el desarrollo del estado y este pacto requiere de la participación de todas las fuerzas políticas incluido el grupo de Diódoro Carrasco, pero tiene que entenderse que no se puede gobernar a través de la exclusión ni de la exclusividad. No puede rodearse únicamente de sus amigos, como lo hizo el gobernador anterior, porque Diódoro Carrasco, a pesar de ser la continuidad de Heladio Ramírez, no tiene la estatura política y moral que Heladio Ramírez tuvo cuando fue candidato a gobernador, ni ha generado, como nos consta, la expectativa de transformación que Heladio Ramírez generó durante el proceso electoral de 1986.
En lo personal, que competí para la gubernatura del estado con Heladio Ramírez, puedo decirle que visitaba las comunidades y escuchaba yo el respaldo de gente del pueblo que tenía esperanzas en el gobierno de Heladio Ramírez. Debo reconocerlo y lo he reconocido siempre. Heladio llegó con un gran consenso, con grandes expectativas y con una propuesta democrática al estado de Oaxaca, sin embargo la fidelidad a sus amigos, el haberse rodeado de cortesanos y el olvidar que primero es la lealtad a las instituciones que a otra cosa y el hacerse eco del canto de las sirenas y el olvidar que aunque pudieran no tenerse amigos se pueden tener colaboradores eficientes, condujo a Heladio a un rompimiento del consenso entre la clase política oaxaqueña y se aisló, Heladio Ramírez de la oposición y Heladio Ramírez se aisló de su propio partido y actualmente se encuentra gobernando con menos de la tercera parte de la gente y de los cuadros políticos que tiene el partido oficial en Oaxaca.
Heladio Ramírez quiere seguir gobernando a través de la personalidad de Diódoro, y haría bien Diódoro Carrasco en escuchar los consejos de Heladio Ramírez, porque se trata de un político hábil que tiene mucho que enseñarle. Sin embargo, Diódoro Carrasco es una persona que renuncia de antemano a conocer los puntos de vista de los demás, me consta que ha rechazado a propios miembros del Partido Revolucionario Institucional, que se le han acercado para colaborar con él porque les tiene desconfianza, porque no son amigos de los amigos de Diódoro; me consta porque así lo ha dicho en la Prensa que a quien quiere convencer es a los miembros de su partido y no debatir con la oposición.
Quiero reconocer aquí y a ustedes les consta también, cuánto hemos criticado la gestión de Patricio Chirinos y cómo hemos venido aquí a plantear los errores que cometió al frente de la dependencia en la que estuvo. Sin embargo, hay que reconocer que Patricio Chirinos, al aceptar debatir con Heberto Castillo, está demostrando que intenta gobernar su estado por lo menos con civilidad, y esto es atendible por la oposición. Y ya tendremos oportunidad de conocer los idearios de todos los candidatos de Veracruz, a través de esa actitud. Sin embargo, Diódoro Carrasco, yo quisiera preguntarle, ¿si se considera él, superior a Patricio Chirinos o considera él que un hombre formado dentro del Partido Revolucionario Institucional, como es Raúl Castellanos, no tiene la estatura suficiente para debatir con él?
Es una verdadera lástima que el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, que fue electo para diputado federal, no se encuentra aquí realizando sus funciones legislativas, que es para lo que lo eligió el pueblo; es una lástima que haya yo tenido que esperar hasta esta sesión, habiendo propuesto el punto desde la anterior, para darle oportunidad al señor de que diera respuesta. Está más preocupado en seguir el transcurso de la campaña y seguramente en asegurar su futuro sexenal al interior del estado de Oaxaca, que en responder al cuestionamiento de un opositor, pero que de cualquier manera es parte de los intereses del estado de Oaxaca y de la nación.
Porque si estuviera aquí presente el Presidente del Partido Revolucionario Institucional estatal, podría responderme, ¿por qué el candidato Diódoro Carrasco, no acepta el debate al que le convocó el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Raúl Castellanos, desde el sábado pasado? ¿Y por qué piensa su candidato que lo único que hay que convencer es a las bases priístas? ¿Será acaso que las bases
priístas están tan divididas en Oaxaca, que la tarea principal en la que se va a ocupar este señor, va a ser estrictamente en convencer a sus bases? ¿O será acaso que no tiene todavía una propuesta de gobierno porque la está consultando con el equipo de asesores del señor gobernador? ¿Será acaso que no se considera él mismo capacitado para enfrentar los retos al que los puede someter un ex subsecretario de gobierno del estado? ¿O será que teme que se revelen en ésta o en cualquier otra tribuna los manejos que se realizaron desde la Secretaría de Planeación, de la cual él fue el titular? ¿Qué es lo que está en el fondo de la negativa de Diódoro Carrasco? ¿Es acaso una simple actitud de prepotencia? Porque si es así, yo les quiero decir que está garantizada la salida de Diódoro Carrasco de la gubernatura de Oaxaca, así lo impongan a través del fraude. Y lo mejor que pudieran hacer los priístas conscientes que quieren a su partido, es sustituir a su candidato, porque Oaxaca no se puede gobernar con prepotencia. Un gobierno como los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional no pueden resolver todos los problemas, esto me lo dijo un funcionario del propio gobierno de Heladio Ramírez.
Por eso Heladio Ramírez actúa como es. Le da a la gente trato, le da a la gente diálogo, la escucha y le da demagogia, le da promesas que después no cumple, pero le da calor.
Diódoro Carrasco no se escucha ni a sí mismo, es una persona prepotente que pasa frente a la gente y no la saluda. En los pueblos de Oaxaca están acostumbrados, Heladio así los acostumbró, a que Heladio habla con todos, los abraza, los lleva, no les resuelve ningún problema, pero deja encargado allí a alguno para que los atienda.
Diódoro Carrasco pasa de frente, no saluda a nadie, simplemente va, se va a reunir con sus amigos, habla en un mitin con un discurso frío, que nadie entiende y después se retira a otra población.
Diódoro Carrasco va a perder las elecciones y qué bueno para el estado de Oaxaca.
Quiero decir que nosotros reiteramos y siempre que haya oportunidad vendremos aquí, reiteramos nuestro llamado. Oaxaca necesita el consenso de todos, Oaxaca necesita el dialogo, necesita el debate, abierto, franco fundado. Necesita el estudio concienzudo y necesita la participación emocionada de todos lo políticos oaxaqueños.
Aquel que quiera gobernar con exclusiones, será sacado por la propia sociedad. Y ya la sociedad en este momento está respondiendo al llamado de Raúl Castellanos Hernández para constituir el Frente Democrático Antirreleccionista, que seguramente tendrá una participación destacada en las próximas elecciones. Muchas gracias.
El Presidente: - Para hablar sobre el mismo tema tiene la palabra el diputado Ildefonso Zorrilla.
El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas: - Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:
Voy a tratar de ser concreto y referirme a lo expresado aquí por el señor diputado Eloy Vázquez. En primer lugar, comparto con él y le agradezco el reconocimiento a la personalidad y al trabajo y a la forma de trabajar del señor gobernador Heladio Ramírez López.
Creo que lo sustancial de su intervención se refería a la renuncia al Partido Revolucionario Institucional del licenciado Raúl Castellanos. Yo tengo la suerte de haber trabajo con todas las personas que mencionó aquí el diputado Eloy Vásquez y también tengo la suerte de haber trabajado con el diputado Eloy Vásquez cuando él fue director de la Preparatoria 2 y yo tuve la honra de ser rector de la Universidad de Oaxaca.
Raúl Castellanos, efectivamente, fue subsecretario del gobierno del estado, siendo yo secretario general de gobierno. El licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, compañero en el equipo de trabajo del licenciado Heladio Ramírez López. Nos conocemos todos y somos buenos amigos.
Yo diría, a veces se rasgan las vestiduras cuando un hombre transita de un partido a otro, ¿por qué?, yo creo que lo esencial, lo fundamental de un partido es la disciplina. No sería posible un partido político sin disciplina. La disciplina es la vértebra, es la columna vertebral de un partido político.
Un partido está constituido por una parte, una parte humana de un país, de una región, de una entidad. Este partido tiene un proyecto de gobierno y un proyecto de país y los hombres con disciplina de partido, los hombres del partido, por un pacto no escrito o escrito, aceptan el proyecto de país y el proyecto de gobierno que tiene cada partido.
La disciplina del partido no es renuncia a la libertad; no es abdicación de libre albedrío; no es sometimiento de la voluntad; sino es ese pacto no escrito entre hombre y partido, conociendo el hombre libremente principios y estatutos.
Cuando un hombre renuncia a un partido, simple y sencillamente ya no está de acuerdo con ese proyecto de país, con ese proyecto de gobierno que impulsa ese partido y en uso de su libertad, va a otro partido que esté más acorde con el proyecto personal de gobierno y de partido que tenga. Por eso cuando un hombre pasa de un partido a otro, yo veo que únicamente hace uso de su libertad y de su responsabilidad política.
Sin embargo, en lo expuesto y en lo leído acá por el diputado Eloy Vásquez, toca algunos asuntos que es bueno, reflexionar sobre ellos: uno, dice que Diódoro Carrasco rehuye el debate. Bueno, y se ha dicho de muchos otros candidatos del Partido Revolucionario Institucional a gobernadores, a diputados o a senadores o a presidentes municipales.
Yo no creo que se rehuya el debate; sino que cada partido y cada candidato, escoge la forma del debate. Aquí en la Cámara se da un debate, en las mesas redondas hay un debate, en la cátedra universitaria o de la escuela preparatoria o secundaria y aún primaria, hay un debate. La forma que tienen los candidatos del Partido Revolucionario Institucional para el debate, es la campaña. Es un debate amplisimo donde se utiliza desde el micrófono, la prensa, la televisión, el radio, etcétera, etcétera es decir, es la forma que cada candidato o cada partido elige para el debate. Y éste es un debate amplísimo. Tal vez no tenga esa sensación de arena, esa sensación ring, que trae a veces la confrontación personal, donde efectivamente hay pasión, pero a veces se ausenta algo que es la serenidad. Y después de todo al pueblo, a los electores les interesa la serenidad para sacar conclusiones de la forma, programas y proyectos de trabajo y de gobierno.
Se decía también que era un candidato que no llena los requisitos de algunos otros. Yo quiero dar mi punto de vista al respecto y esto es muy interesante. Diódoro Carrasco es un economista que estuvo encargado durante cinco años, de las labores de planeación del gobierno del estado. Yo lo vi trabajar en la planeación, no nada más en el escritorio; lo vi recorriendo cada una de las comunidades del estado. Yo creo que de las 7 mil 500 comunidades, no exagero, señores diputados, si les digo que recorrió 7 mil comunidades.
Fue haciendo una planeación desde los primeros niveles. Desde el nivel de cuadrilla, de comunidad pequeña, de municipios pequeños, hasta las grandes ciudades.
Yo puedo decir con certeza que Oaxaca sí era un estado paternalista; pero hoy puedo decir, con toda convicción, lo que aquí dijo un día Laura Garza, que en Oaxaca ya hay cultura de la planeación y la planeación automáticamente destierra el paternalismo.
Los grandes problemas de México han sido la brutal centralización. Y nosotros hablamos de descentralización y se descentralizan recursos y se descentralizan funcionarios, pero no se descentralizan funciones.
En esta acción del gobierno del estado, la tarea fundamental de Diódoro Carrasco fue descentralizar las funciones y los recursos para desde ahí tratar de establecer la planeación. Y esas herramientas de la planeación, como los costos, como el presupuesto por programas que a veces suenan tan técnicos...
El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul): - Señor presidente, consulte al orador si me permite una interpelación.
El Presidente: - ¿Acepta una interpelación, diputado Zorrilla?
El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas: - Como creo que va a ser en el mismo sentido, si usted me permite terminar y luego, con todo gusto.
Esta planeación, estas herramientas de la planeación, que a veces nos parecían, como decía, tan técnicas, bueno, hay comunidades en nuestro estado que las manejan comunidades de mil, de 2 mil habitantes y que están haciendo sus obras civiles y su organización para la producción, a base de esta planeación y manejando estas herramientas que hace nueve años apenas se conocían en los gabinetes técnicos.
Esta cultura de la planeación que ya hay en Oaxaca, esta desconcertación de recursos y de funciones, se debe también, en forma muy importante, al que fue secretario de planeación y hoy es candidato al gobierno del estado.
Por eso cuando se habla de continuismo, yo digo que no hay continuismo; yo digo que hay continuidad. Pero la continuidad se hace en base a la planeación. Eso, señores, no puede ser continuismo. Hay continuidad, vamos. Diódoro es
un hombre de 40 años; es un economista; es una mentalidad moderna, pero esto no implica ruptura con el pasado. Y no puedo implicar ruptura con el pasado, precisamente porque lo que establece el vínculo es la planeación y la planeación no es cuestión de personalismo, es una estrategia de trabajo, es un estrategia de administración que ha permitido que este trabajo de Heladio Ramírez, que fue muy importante, porque independientemente de la obra civil, no hay una sola comunidad de Oaxaca que no tenga una sola obra. Se han abierto muchas tierras al cultivo y se han irrigado cantidad de hectáreas.
El año antepasado únicamente fueron 12 mil hectáreas, que es lo que tengo en la memoria. No sé hasta esta fecha cuántas hectáreas se han irrigado.
La organización para la producción y la obra civil, se complementa con una obra muy importante de Heladio Ramírez López. Heladio Ramírez López trató de vincular la educación con la producción. El dijo y lo sabe, que sin educación técnica no podemos elevar la producción. Y tenemos que generar riqueza y distribuirla con justicia.
Y en esto, la Universidad de la Mixteca, que ya es una realidad, con un alto nivel académico, con rigor académico, con disciplina universitaria y con un curriculum estrictamente escogido por auténticos universitarios y hombres de alto nivel académico, ya inició hace un año sus cursos con gran éxito.
Se trabaja en el proyecto de la Universidad del Mar. Ustedes saben, señores, que nosotros no tenemos cultura del mar. Los que viven cerca en las costas, en los puertos, no tenemos ni siquiera un libro, una novela que hable del mar. Eso nos da la idea de que en nosotros no ha habido cultura del mar y cuántos kilómetros. En Oaxaca tenemos 500 kilómetros de litoral y se está trabajando sobre el proyecto de la Universidad del Mar, en primer lugar, para capacitar a los hombres de la región en esta disciplina. En segundo lugar, para descentralizar la cultura y la educación, que lo hemos dicho siempre, es una de las formas más brutales de la centralización, aunque, si, se ha avanzado considerablemente en este aspecto.
Se trabaja también en un lugar que es un gran potencial y que es un lugar que había estado totalmente abandonado de los gobiernos. En esto pueden estar de acuerdo conmigo los diputados de Guerrero. Toda la llanada, toda la costa. Ahí se trabaja sobre la Universidad Agropecuaria.
En convenios con la Secretaría de Educación Pública que vendrá posteriormente, para crear ahí, precisamente un centro, no solamente de enseñanza, sino un centro de investigación.
Y eso es a lo que ha ido el sistema y el proyecto educativo de Heladio Ramírez.
¿Pero qué es lo que nos pasó? Una enseñanza libresca muy buena que teníamos, pero sin la investigación la enseñanza pierde lozanía.
Lo que aquí fundamentalmente se da en estos proyectos de la Universidad de la Mixteca, de la Universidad del Mar y de la Universidad Agropecuaria, es que junto a la enseñanza existan los centros de investigación como columnas vertebrales, como columnas que sostengan la enseñanza y que sostengan la universidad.
Cuando por problemas laborales, cuando por problemas estudiantiles, se cierren las puertas de la aulas; la universidad no se cerrará porque ahí están sus centros de información, ahí están sus bibliotecas y fundamentalmente ahí están sus laboratorios y sus centros de investigación.
Pero no la ciencia por la ciencia, no la cultura por la cultura, no el arte por el arte. No esa ciencia o ese arte que sirva para acercarse a las dignidades.
No, ese arte, esa ciencia, ese conocimiento, que sirve para los grandes fines humanos. ¡Ahí va la Universidad de la Mixteca, ahí va la Universidad del Mar y ahí va la Universidad Agropecuaria!
Ligar estos proyectos de educación por la producción, ha sido la gran tarea.
Como oaxaqueño creo firmemente que los cimientos de esta idea están firmemente hincados en la tierra oaxaqueña. Creo que esta mística de trabajo y de educación, pronto empezará a dar sus frutos.
Estoy convencido, entonces, que hay un vínculo: que es la planeación entre dos hombres. Esa fue la razón política de mi partido para nominar a Diódoro Carrasco Altamirano; ésa será su responsabilidad también.
Yo le pido aquí a mi amigo y compañero Eloy Vásquez, con quien hemos tenido infinidad de discusiones, con quien hemos debatido fuertemente, en un clima de gran respeto, en las elecciones pasadas y esto quiero relatarlo para dar una idea de la vocación y de la voluntad
democrática del licenciado Heladio Ramírez, después de las elecciones entramos a pláticas muy serias, partiendo de una base, nuestro código electoral no señalaba mínimos, sino máximos y para darles grandes posibilidades a la representación, hablamos y llegamos a conclusiones de lo que serían los ayuntamientos de composición; él estará de acuerdo conmigo, en que estos ayuntamientos de composición dio la gran posibilidad de la representación en los ayuntamientos de Oaxaca y estos tres años nos dio la posibilidad de un trabajo en paz y armonía.
Y si hablábamos de máximos para darles las grandes posibilidades a la representación, teníamos, señores diputados, una base, una fundación antropológica, habíamos dicho: en las luchas de los ayuntamientos a veces desaparece la lucha de partidos y es la confrontación de grupos, por las causas que ustedes quieran. Entonces, había que abrir una gran posibilidad en que estuvieran presentes los representantes de los distintos grupos de los municipios; estas fueron pláticas de una gran civilidad. Creemos que en este proceso en el que hoy iniciamos, estará presente esa civilidad pública.
Para terminar, quisiera únicamente para contestar algo también relativo al proceso. Nosotros sabemos que el proceso electoral es eminentemente formal y que un proceso electoral también y debe ser y lo debemos hacer perfectible. Hay un documento que me hizo llegar el Presidente de mi partido en Oaxaca, en que me comunica lo siguiente:
"El Código de Instituciones Políticas y procesos electorales de Oaxaca fue aprobado con el consenso de todos los partidos políticos el 30 de enero de 1992 y publicado el 12 de febrero del mismo año.
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral fue instalado en su sesión del 18 de febrero, en la misma fueron designados el secretario general, licenciado José Herrera López y la directora general, licenciada María Soledad Alvarez. Se procedió a instalar los 21 comités distritales electorales que corresponden a la nueva distribución distrital electoral. Sin embargo, hasta este momento no se ha promovido un solo recurso de revisión o inconformidad en contra de ningún funcionario electoral.
Finalmente queremos comunicar que están participando en uso de todos sus derechos políticos los siguientes partidos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Popular Socialista, Partido de la Revolución democrática, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana."
Se ha concedido un plazo, tengo entendido, esto no lo tengo anotado, para el registro del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Algo muy importante es comunicarles que la fecha para el registro de candidatos era hasta el día 15 del presente y se dio una prórroga. Bueno, esto indica la voluntad política de lo que me refería hace un momento, de dar grandes posibilidades a los partidos políticos para así como tuvieron gran representatividad en los ayuntamientos, pues da la amplia posibilidad de una participación. Señor diputado, estoy a sus órdenes.
El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul): - Muchas gracias señor Presidente, con su permiso, señor diputado Zorrilla Cuevas:
Quisiera yo preguntarle de qué cultura de la planeación me habla y cómo se enmarca en esta cultura la planeación el hecho de que en el presupuesto del año de 1991, se hayan regresado 110 mil de los 300 mil millones de pesos que estaban asignados para obra por el hecho de que no estaban las carpetas técnicas, responsabilidad de la Secretaría de Planeación.
El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas: - Señor diputado, cuando yo hablo de la cultura de la planeación hablo del manejo de las comunidades, de esas herramientas de que hablan los técnicos de la planeación y que ya han llegado a las comunidades; es decir ya una comunidad que van a hacer una escuela o van a ser una clínica ya hablan de costos y hablan de presupuesto con programas y aún yo verdaderamente me he sorprendido de encontrar ese lenguaje porque a mí personalmente ese lenguaje me es ajeno, me he sorprendido de encontrar ese lenguaje en las comunidades; eso yo le llamo la cultura de la planeación, es decir, ya no hay paternalismos sino se planean los beneficios, la obra civil y la organización para la producción en base en costos y en presupuestos y en otras cuestiones, a otras herramientas que usan los técnicos de esta materia.
Ahora, en cuanto a ese dinero que se regresa que usted menciona, mire yo de estas cuestiones en esto sí creo que es muy importante, yo sí establezco una diferencia específica entre la sospecha, el indicio que es necesario yo pienso que aquí hay abogados muy eminentes y yo a veces he pensado que el derecho penal no sería posible sin los indicios, bueno el indicio, pero
hay que descubrir la relación de causa efecto para establecer ese indicio. A veces y es muy común oír en la Prensa o en alguna caracterización política que así lo llamo yo en el debate y en la confrontación, que se ha regresado dinero. Según tengo entendido el gobierno del estado ha trabajado con tal intensidad que todas las obras programadas se han realizado y hay una promesa del gobernador y en eso creo que estoy convencido de que lo va a hacer, porque él mismo recorre las comunidades viendo la construcción de las obras, para que no quede una sóla obra inconclusa.
Ha habido un plan para que en septiembre todas las obras que inició este gobierno estén concluídas salvo algunas carreteras que estaban planeadas a dos o tres años, pero a mí sí me gustaría establecer claramente lo que es una sospecha y por supuesto lo que es un indicio.
Pues no creo que haya alguna otra interpelación, estoy a sus órdenes. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Eloy Vásquez.
El diputado Eloy Vásquez López: - El señor licenciado Raúl Castellanos me encomendó que si quien podía defender a Diódoro Carrasco era el licenciado Ildefonso Zorrilla Cuevas su antiguo jefe, yo le transmitiera el recado siguiente y cumplo. Señor licenciado Zorrilla Cuevas, tenga usted la seguridad de que la próxima vez que Heladio Ramírez o su sucesor Diódoro Carrasco le dé una puñalada por la espalda, puede contar con la amistad y el respaldo de Raúl Castellanos como siempre.
Y quiero decir también que el señor licenciado no respondió al asunto de la planeación. La planeación comunitaria o planeación, cómo le pudiéramos decir, planeación indígena, es una planeación que existe originariamente. El tequio no lo inventó Heladio. Esta forma de combinar el hecho de que la gente aporte la mano de obra obligatoria y el gobierno aporte los recursos materiales, es algo tradicional en Oaxaca desde hace décadas y que hunde en el pasado sus raíces. Heladio lo único que hizo fue difundirlo y aprovecharlo para proyectar lo que pudiera ser el actual tema: "De la Canción Mixteca a la planeación Mazateca".
Diódoro Carrasco tal vez estudió planeación, pero le quiero decir que Diódoro Carrasco lo que realizó en Oaxaca no es la planeación. Podemos hacer un debate sobre lo que es la planeación. Lo que hizo Diódoro fue programación.
Así se denomina el hecho de que existe el presupuesto pro - programas y todos estos conceptos. Son conceptos de programación. Quienes tengan una determinada cultura de la planeación no me van a dejar mentir.
Pero además y ya para acortarlo , hay que decirlo con claridad, el gobierno del estado actual no realizó ninguna obra que represente un impacto significativo en la economía oaxaqueña. La cantidad enorme de recursos que recibió por parte de la Organización de las Naciones Unidas y por parte de otras instancias u organizaciones, se virtió hacia proyectos de pequeña irrigación, cuyos resultados hasta este momento no representan ningún cambio significativo en la agricultura oaxaqueña, no hay una incorporación masiva de tierras al cultivo, tampoco hay una elevación sustancial de la productividad oaxaqueña y, sobre todo, los efectos que se han sentido, por leves que son, no representan más de un dos, 3%, pero no son sostenibles, y el problema es que nosotros tenemos que darle sustentabilidad a todo proceso de producción agrícola. Ese es el problema, no son sustentables, van a durar lo que duró el sexenio y eso es lo lamentable en Oaxaca, no hay una obra importante en Oaxaca de la cual se puede hablar en este sexenio.
¿A qué llevaban al Presidente a la sierra mazateca cuando se estrelló el helicóptero en donde murieron importantes miembros de su Estado Mayor y un amigo de nosotros, el doctor Mario Alvarez? Iba a inaugurar un conjunto de aulas pequeñas y unas cuantas obras mínimas de pequeña irrigación. La presencia y el riesgo que estaba corriendo ahí el Ejecutivo, no valían totalmente la pena, se trataba de un acto de campaña del candidato oficial, Diódoro Carrasco, que él es originario de esa región de La Cañada.
Ese ha sido el gran drama de Oaxaca, más ruido que nueces y ése es el problema, no hay una planeación que se sustente; las ideas que aquí el licenciado nos ha expresado en términos del desarrollo universitario de Oaxaca, no se corresponden con los montos que se asignan en presupuesto educativo al estado de Oaxaca, no existe la posibilidad presupuestaria para realizar lo que aquí se ha venido a decir y eso también tiene qué ver con la programación, tal como aquí se dijo.
No hay presupuesto para el crecimiento de la Universidad de la Mixteca, que va a quedar en el sexenio que viene en las condiciones que se encuentra la actual Universidad Benito Juárez, restringida en su presupuesto; tampoco hay, hasta este momento, el presupuesto para la
Universidad del Mar, tal como aquí se viene a plantear.
En cuanto a lo que se consideran los ayuntamientos de composición, con todo respeto para el licenciado Ildefonso Zorrilla, con quien trabajábamos para lograrlos, le quiero decir que los ayuntamientos de composición son una realidad en Oaxaca desde 1980. Hay casos concretos que se pueden documentar y en 1983 también existieron ayuntamientos de composición y fue justamente el gobierno de Heladio Ramírez el que redujo la representación proporcional a regidores de partido prácticamente, en el año de 1987, en la constitución local, porque en Oaxaca existía la representación proporcional plena en regidores y claro, abrir nuevamente lo que se acaba de cerrar, pareciera que es una gran azaña democrática, pero no lo es, es simplemente reconocer que la ley no corresponde a la realidad y que los espacios democráticos se tienen que abrir aun a despecho de haber impuesto una modificación legal antidemocrática.
Yo se que en este momento no podemos discutir con claridad en relación con los recursos, por eso en su momento vendré a esta tribuna a proponer que se forme una comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda, de la Comisión de Vigilancia, para que vaya a Oaxaca, y vea la forma en que se han aplicado los recursos del Programa Nacional de Solidaridad y los recursos federales asignados al estado. Ahí veremos y veremos cuanto regresó el gobierno estatal de Heladio Ramírez, porque no pudo integrar las carpetas técnicas que eran responsabilidad de su secretario de planeación, que fue premiado por haber realizado esa racionalización de recursos a favor del presupuesto de la Presidencia de la República y en contra del pueblo de Oaxaca, fue premiado con una candidatura de gobernador. Muchas gracias.
El Presidente: - Para contestar alusiones personales, el diputado Ildefonso Zorrilla.
El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas: - Señor Presidente; diputadas y diputados:
Hago esta intervención por instrucciones que recibí del líder de mi fracción, y también porque es hermoso. Yo veo a estos tres jóvenes, son jóvenes ellos, Diódoro Carrasco, Raúl Castellanos y Eloy Vásquez. Vamos a impulsarlos para que lleven la civilidad al debate y a la práctica política. Son amigos míos, todos hombres de talento, todos acendradamente oaxaqueños,
apasionadamente mexicanos y su quehacer político, me consta que el arquitecto Eloy Vásquez milita en la izquierda desde su niñez; su abuelo ya fue miembro del partido comunista y él es un apasionado de la lucha política. Lo mismo lo es Raúl Castellanos.
Resuelvo su recado, pero jamás, no lo he entendido así ni lo he sentido así no lo creo así, ha habido puñaladas, menos de mi amigo Heladio Ramírez López, a quien he tenido la honra de servirle en su gobierno. Tampoco de Diódoro Carrasco, con el que compartimos grandes jornadas de trabajo. Esta fue una gran experiencia. El recuerdo que tengo de todos ellos es lealtad, amistad y un pacto de trabajo.
Yo creo y también con el arquitecto Eloy, yo creo que el trabajo, en este caso el trabajo legislativo, nos une y con Heladio Ramírez y con Diódoro Carrasco, afortunadamente el vínculo de unión y de amistad ha sido el trabajo, el trabajo por Oaxaca, Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RESIDUOS TÓXICOS EN LA FRONTERA NORTE
El secretario Héctor Pérez Plazola:
«Honorable asamblea: A las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores, fue turnada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en los términos del artículo 79, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General, la proposición presentada por el ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista durante la sesión del día 18 de marzo de 1992, en el sentido de recomendar al Poder Ejecutivo que promueva ante el gobierno norteamericano, la formulación de un convenio binacional para el establecimiento de una franja fronteriza común, libre de depósitos de residuos industriales peligrosos o se residuos radioactivos.
Del análisis de la proposición mencionada y de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
A. La propuesta presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo contiene dos puntos, a saber:
1. Que se haga un pronunciamiento por la suspensión de los tres proyectos de instalación de depósitos de residuos peligrosos en Texas, y
2. Recomendar al Poder Ejecutivo que promueva la firma de un convenio binacional para el establecimiento de una franja fronteriza libre de depósitos de residuos peligrosos radioactivos.
B. En virtud del turno de la Comisión Permanente a las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores, éstas se reunieron en día 7 de abril de 1992 con el fin de estudiar la propuesta en comento;
C. Durante esa reunión los miembros de las tres comisiones acordaron la integración de una subcomisión pluripartidista encargada de la elaboración del dictamen correspondiente, previo el análisis de los documentos y la información presentada durante dicha reunión;
D. La propuesta presentada por el ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo se refiere al problema ecológico en la frontera con los Estados Unidos, debido a que "es imposible delimitar zonas determinadas en cuanto al daño que se puede ejercer respecto de los desechos generados por la actividad industrial";
E. Durante su intervención, el diputado Amezcua Dromundo expresa que el primer punto de su propuesta "ha quedado satisfecho ya, con la firma del documento suscrito por los seis partidos", refiriéndose a la Declaración Política emitida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 18 de marzo de 1992, en torno al posible establecimiento de tres confinamientos de residuos peligrosos en el estado de Texas, Estados Unidos de América;
F. En la exposición de motivos, también expresa su opinión en cuanto a que "México y Estados Unidos han tomado acciones comunes que se pueden calificar de aceptables" y cita el Convenio de La Paz, firmado por ambos países en 1983 y el Plan Integral Ambiental Fronterizo aprobado también por los dos países en febrero de 1992;
G. Considera que sin embargo, los mecanismos que establece el Convenio de La Paz, en casos como el de los proyectos de los basureros tóxicos en el estado de Texas, resultan desgastantes y generan conflictos;
De conformidad con lo anterior, y
CONSIDERANDO
Que luego del estudio del Plan Integral Ambiental Fronterizo, así como del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, acordado el 14 de agosto de 1983 en la Paz, Baja California Sur; México, se desprende que se ha dado una comunicación entre los dos países que ha permitido manifestar la preocupación por el cuidado de la ecología en esta región;
Que este convenio firmado en La Paz, de conformidad de su artículo 2o., compromete a ambos gobiernos a adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar fuentes de contaminación en su territorio respectivo que afecten la zona fronteriza del otro país;
Que se trata de un instrumento que obliga a las dos partes que lo contrajeron;
Que el Convenio de Cooperación de La Paz, en su artículo 4o., establece que se deberá entender que la zona fronteriza es el área situada hasta 100 kilómetros de ambos lados de las líneas divisorias terrestres y marítimas entre las partes y el inciso D, del artículo 7 del anexo 1 del mismo instrumento considera zona fronteriza a lo largo de la frontera terrestre internacional "a la frontera no marítima que es el área comprendida hasta 100 kilómetros de ambos lados de la frontera terrestre entre las partes", especificando la definición contenida en el cuerpo del documento principal;
Que dentro de este marco de cooperación binacional, en febrero de 1992 se aprobó, el Plan Integral Ambiental Fronterizo entre los gobiernos de México y Estados Unidos;
Que uno de los objetivos principales de este plan es el de fortalecer una cooperación continúa entre los dos países para el mejoramiento del ambiente en la zona fronteriza;
Que a partir del mes de febrero de 1992 está en operación la primera parte de este plan luego de la aprobación por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos;
Que en virtud de que se planteó la posibilidad de instalar tres confinamientos de residuos tóxicos y radioactivos en el estado de Texas, dentro de los 100 kilómetros considerados franja fronteriza, la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
emitió el 18 de marzo de 1992, una declaración política en materia de desechos tóxicos peligrosos en la franja fronteriza norte de nuestro país, misma que se firmó por los seis partidos políticos en él representados, a través del cual se fija su posición en relación con el asunto y en su última parte solicita sea considerada la posibilidad de incorporar un nuevo anexo al Convenio de La Paz de 1983, que se relacione específicamente con el confinamiento de residuos peligrosos en la zona fronteriza de ambos países y se considere la posibilidad de estudiar la implantación de un mecanismo para la solución de controversias, haciendo también un llamado a las autoridades competentes para que apliquen estricta y cabalmente la normatividad ecológica en esa región;
Que de todo lo anterior se infiere que ya existe un instrumento de carácter binacional en relación con la zona fronteriza de Estados Unidos y México, a través del cual ambos países asumen el compromiso de proteger y mejorar el medio ambiente en esa zona;
Asimismo, que la preocupación del Congreso mexicano ha quedado de manifiesto a través de la citada declaración política del 18 de marzo, emitida por la Comisión Permanente y que según el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 19 de marzo de 1992, está siendo analizada la propuesta planteada en esa declaración para que se establezca un nuevo anexo en relación con los confinamientos de residuos peligrosos y radioactivos en la zona fronteriza;
Por todo lo expuesto y con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someten a la consideración del pleno los siguientes
PUNTOS RESOLUTIVOS
Primero. El objetivo de la propuesta planteada por el ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, es coincidente con la preocupación del Congreso en relación con el cuidado del medio ambiente de la zona fronteriza con los Estados Unidos.
Segundo. El primer punto de la propuesta se desahogó con la Declaración Política de la Comisión Permanente del 18 de marzo de 1992, tal y como lo expresó el ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua en su intervención.
Tercero. El contenido del segundo punto de la propuesta presentada en la sesión de la Comisión Permanente el 18 de marzo pasado, se considera desahogado en virtud de que la preocupación del Congreso mexicano a quedado de manifiesto a través de la Declaración Política de la Comisión Permanente y que según el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 19 de marzo de 1992, está siendo analizada la propuesta planteada para que se establezca un nuevo anexo en relación con los confinamientos de residuos peligrosos y radioactivos en la zona fronteriza.
Cuarto. Se acordó que la Subcomisión Pluripartidista integrada por miembros de las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores, continúe dando seguimiento al posible establecimiento de confinamientos de residuos peligrosos y radioactivos en Spofford, Dryden y Sierra Blanca, Texas, Estados Unidos.
Quinto. En virtud de haberse presentado la proposición ante la Comisión Permanente, envíese al Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal a 30 de abril de 1992. - Diputado José A. González Hernández, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; diputado Miguel A. Yunes Linares, Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente; diputado Guillermo Hopkins Gámez, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos.
Comisión de Relaciones Exteriores: diputados secretarios Rodolfo Becerril Straffon, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Oscar R. Valero Recio Becerra, Marco Humberto Aguilar Coronado; diputados Domingo Alapizco Jiménez, Gonzalo Altamirano Dimas, Hugo Andrés Araujo de la Torre, Eduardo Aviña Bátiz y Agustín Basave Benítez.
Dictamen a la propuesta del Partido Popular Socialista sobre confinamientos de residuos peligrosos en Texas.- Diputados René Juvenal Bejarano Martínez, Luis Felipe Bravo Mena, Juan Enrique Caballero Peraza, Gustavo Carvajal Moreno, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Alberto Celis Velasco, Javier Marcelino Colorado Pulido, Rodolfo Echeverría Ruiz, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Estrada Sámano, Julio César García Hernández, Laura A. Garza Galindo, Miguel González Avelar, José Antonio González Curi, J. Jesús González Gortázar, José Guadarrama Marquez, Julieta Guevara Bautista, Bernardo Gutiérrez Ochoa, José Raúl Hernández Avila,
Francisco Hernández Juárez, Antonio Huitrón Vera, José Armando Lazcano Montoya, Jorge Leobardo Lepe García, Fernando Lerdo de Tejada Luna, José Benigno López Mateos, Alberto López Vargas, Roberto Madrazo Pintado, Julieta Mendivil Blanco, Cesáreo Morales García, María de los Angeles Moreno Uriegas, Ramón Mota Sánchez, Felipe Muñoz Kapamas, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Oscar René Nieto Burciaga, Pedro Ojeda Paullada, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, Manuel Rivera del Campo, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Florencio Salazar Adame, Manuel Solares Mendiola, Abraham Talavera López, Martín Tavira Urióstegui, Pedro Manuel Terrazas Guerrero, José Treviño Salinas, José Socorro Velázquez Hernández, Rogelio Villarreal Garza, María de la Paloma Villaseñor Vargas, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Jorge Zermeño Infante y Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas.
Comisión de Ecología y Medio Ambiente: Diputado secretario Manuel R. Huerta Ladrón de Guevara, Fernando R. Ordorica Pérez, Cecilia Guadalupe Soto González; diputados Angel Heladio Aguirre Rivero, Octavio Albores Cruz, Francisco Angel Villarreal, Emilio Becerra González, Rafael Bernal Chávez, Luis Beauregard Rivas, María del Carmen Bolado de Real, Ernesto Botello Martínez, Alfredo Castañeda Andrade, José Miguel Castro Carrillo, Fernando Charleston Salinas, Tomás Correa Ayala, Luis Humberto Correa Mena, Guillermo Díaz Gea, Manuel Díaz Infante, José Luis Durán Reveles, Arturo Fuentes Benavides, Antonio García Sánchez, José Ernesto Gil Elorduy, Humberto Gómez Campaña, Gabriela Guerrero Oliveros, Sebastián Guzmán Cabrera, Servando A. Hernández Camacho, Juan Hernández Mercado, Cupertino Juárez Gutiérrez, Raúl Juárez Valencia, Miguel A. León Corrales, Alejandro Luévano Pérez, Melquiades Morales Flores, José Ramón Navarro Quintero, Alejandro Nieto Enríquez, Jesús Núñez Regalado, Jorge Oceguera Galván, Gustavo Nabor Ojeda Delgado, Pablo Pavón Vinales, Germán Alberto Petersen Biester, Silvia Pinal Hidalgo, Hernán Virgilio Pineda Arellano, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Victoria Reyes Reyes, Enrique Rico Arzate, Luis C. Riojas Guajardo, José Guadalupe T. Rodríguez M. Isaías Alvaro Rodríguez Vivas, Carlos Romero Deschamps, Mario Rubicel Ross García, Arturo Saavedra Sánchez, Sandalino Sainz de la Maza Martínez, Rafael Sánchez Leyva, Jesús Suárez Mata, Juan I. Torres Landa García y Eloy Vásquez López.
Comisión de Asuntos Fronterizos Diputados secretarios Raymundo Gómez Ramírez, Jesús Madrazo Martínez de Escobar, Oscar Luebbert Gutiérrez, Héctor Morquecho Rivera, José A. Aguilar Bodegas; José Antonio Alba Galván, Luis Alvarez Cervantes, Rogelio Appel Chacón, Héctor Arguello López, Juan Carlos Bonifaz Trujillo, José Luis Canales de la Vega, Carlos Enrique Cantú Rosas, Javier Cital Camacho, Arturo de la Garza González, Miguel Ernesto Enciso Clark, Tomás Esparza Carlos, Marco A. Fajardo Martínez, Liliana Flores Benavidez, Horacio Garza Garza, Oscar Garzón Gárate, Eloy Gómez Pando, José de Jesús González Reyes, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Oscar Herrera Hosking, Mariano López Mercado, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Martha Maldonado Zepeda, Gloria Mendiola Ochoa, Jorge Montesinos Melgar, Carlos Morales Villalobos, Luis Moreno Bustamante, Manuel Muñoz Rocha, Estanislao Pérez Hernández, José Ramírez Román, Jesús María Ramón Valdez, José Ramos González, Luis Carlos Rentería Torres, Jaime Ríos Velasco Grajeda, Felipe Rodríguez Grimaldo, Atalo Sandoval García, Elpidio Tovar de la Cruz, Jorge Tovar Montañez, Eduardo Trejo González, José Antonio Valdivia, Mario Vargas Aguilar y Tomás Yarrington Ruvalcaba.»
El Presidente: - Para razonar su voto, tiene la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez, sobre este tema.
El diputado Jorge Tovar Montañez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a razonar en breves palabras nuestro voto favorable al dictamen del planteamiento hecho por nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, en la reunión de la Comisión Permanente del Congreso, el 18 de marzo, en principio porque recoge las inquietudes, las preocupaciones planteadas por nuestro partido, esencialmente, pero fundamentalmente porque recoge una preocupación, temores de una gran parte de los mexicanos que viven en las zona fronteriza con los Estados unidos y que sensiblemente fue tomada por diputados, compañeros y compañeras, yo afirmo que de la totalidad de las bancadas representadas en esta Cámara, y llevadas a la Comisión Permanente, la cual con la misma sensibilidad analizó y discutió, primero, la denuncia, la preocupación de muchos mexicanos sobre la posibilidad de instalar depósitos de desechos tóxicos en una zona muy cercana a nuestro país, dentro de la franja fronteriza de los 100 kilómetros.
Y analizando este problema, repito, con gran sensibilidad, preocupación y patriotismo, por
nuestros compañeros senadores y diputados en la Comisión Permanente, quedaron claras dos cuestiones.
Primero. La necesidad, la urgencia, la preocupación de frenar de alguna manera, de impedir que siguieran adelante los planes de entidades fronterizas de los Estados Unidos con México, de autoridades y de gobiernos de aquel país si no antes estar plenamente seguros de que son cabalmente no peligrosos para los habitantes de la frontera y aún más, frenar, repito, frenar definitivamente ese proceso que a todos atemoriza, para decirlo en idea y preocupación del pueblo; a todos preocupa.
Pero en el análisis, en el examen acucioso del problema concreto de la instalación de los confinamientos, surgió otra preocupación mayor, de que no es suficiente, no resuelve cabalmente estos problemas aun cuando lográramos frenar el proceso que estamos todavía investigando y atendiendo y abordando, de estos confinamientos, sin prever para el futuro otros posibles fenómenos similares a éste o nuevos fenómenos y salió a la luz, en estos análisis, que no obstante que existe un convenio de La Paz, al cual, por la misma mecánica de este fenómeno tan cambiante y tan nuevo que es la necesidad de mantener la ecología, se le han ido agregando de preservarlas, se han ido agregando anexos y, por otra parte, en el Plan Fronterizo Ambiental que hace poco se firmó en febrero por nuestros gobiernos, el gobierno mexicano y el norteamericano, analizando estos dos documentos, no encontrábamos, no se encontró por ninguna parte la plena seguridad para México frente a ese tipo de problemas.
Por una parte, se encontró que no obstante la buena disposición de ambos gobiernos, en lo general, en lo abstracto, el gobierno mexicano, por la naturaleza de nuestro federalismo, sí está y ha estado cumpliendo con sus compromisos frente al gobierno o frente a los Estados Unidos, pero que por la naturaleza propia también del federalismo norteamericano, las entidades federativas de aquel país no están obligadas a cumplir necesariamente los compromisos de su gobierno a nivel federal y esto nos permitió plantear o nos hizo plantear, el compañero Amezcua, en nombre del Partido Popular Socialista, una primera medida que está recogida en el resolutivo.
La necesidad de establecer un mecanismo de controversia, que no existe y nos congratulamos de que esta precaución esté ya consignada en el documento que se acaba de leer.
Por otra parte , en este mismo análisis, nos dimos cuenta de que en esta Legislatura existente, no obstante hablar con toda claridad de la existencia de una franja fronteriza de 100 kilómetros, no hay términos precisos que impidan o que garanticen la atención a nuevos fenómenos que vayan apareciendo de carácter y de consecuencias ecológicas peligrosas.
Por eso también nuestro compañero coordinador, en nombre de mi partido, planteó la necesidad de establecer una zona fronteriza ecológica en esa misma franja de 100 kilómetros. Creemos que aunque no es con esos mismos términos en el documento que se va a votar, sí se refleja la preocupación nuestra, que afortunadamente ha sido recogida por las demás fracciones, en el sentido de que es desde todos puntos de vista necesario, que en esa misma franja fronteriza se evite la instalación de todo tipo de confinamientos u obras peligrosas en el renglón cológico.
Y aunque no textualmente pensamos que en esencia se recoge nuestra preocupación, por eso nuestro voto va a ser favorable en este caso.
Lo que sí queremos únicamente aclarar o informar para algunos compañeros diputados, es que desafortunadamente es fuerte la carga que tiene nuestra delegación que va a ir a Estados Unidos en los próximos días y fuerte también la responsabilidad de la subcomisión derivada de tres comisiones para atender estos problemas, estas preocupaciones.
Porque nos enteramos recientemente, apenas el día de ayer, que una de las compañías, concretamente en Spofford, ha rechazado la presencia de representantes mexicanos, de un diputado mexicano y siguen al parecer adelante los planes para instalar este tipo de confinamientos.
Creemos pues que es válida, de elogiarse, la actitud del gobierno mexicano, la actitud frente al gobierno norteamericano. Es muy lamentable que por parte de Estados Unidos no haya la misma voluntad. Confiamos en que nuestros compañeros que van a ir a Estados Unidos y que esta misma comisión de la que formamos parte, pueda encontrar los mecanismos para evitar problemas mayores, complicaciones, pero además que salgamos adelante, porque éste es un problema que realmente no es romántico, no se puede desdeñar, es grave, de muchas consecuencias.
Entonces nuestro voto es a favor de este documento. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: - Someta a la Secretaría a consideración de la asamblea los puntos resolutivos.
El secretario Héctor Pérez Plazola: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos resolutivos.
En votación económica quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe con los asuntos en cartera.
El secretario Ernesto Gil Elorduy:
«Honorable asamblea: a las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, fue turnada por la comisión permanente del Congreso de la Unión, en los términos de la fracción III del artículo 79 de la Constitución y el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, la proposición presentada por el senador Héctor Terán Terán del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la sesión del 29 de enero de 1992, para que se investigue la posible autorización de un basurero de residuos contaminantes de radioactividad en la ciudad de Spofford, Texas, a 40 kilómetros, en la línea recta de ciudad Acuña y a 45 kilómetros de Piedras Negras, ambas en el estado de Coahuila.
Asimismo se turnó en los mismo términos a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores, la propuesta presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en su sesión del 11 de marzo de 1992, signada por los diputados Rosalbina Garavito Elías y Gilberto Rincón Gallardo en el sentido de que se constituya una subcomisión conjunta integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, para allegarse la información necesaria para determinar las medidas legislativas o pronunciamientos conducentes a resolver el problema de los basureros de desechos tóxicos que se pretenden establecer en los Estados Unidos en la zona fronteriza con nuestro país.
Del estudio de las propuestas y con base en los siguientes
ANTECEDENTES
a) En reunión de las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados celebrada el martes 7 de abril de 1992, se acordó dictaminar de manera conjunta las dos propuestas en virtud de que su objetivo es coincidente.
b) La propuesta realizada por el senador Héctor Terán Terán, se refiere a la necesidad de contar con mayor información respecto de la instalación de un basurero radioactivo en la ciudad de Spofford, Texas, cuya cercanía al territorio del estado de Coahuila y por la ubicación sobre una falla geológica dentro de la subcuenca del Río Bravo, presenta un grave riesgo para México en el caso de que ocurrieran incidentes contaminantes. Además de que su ubicación en esa zona violaría el Convenio Binacional sobre la cooperación para la protección y el mejoramiento del medio ambiente en el área fronteriza, firmado en La Paz el 14 de agosto de 1983, adicionado el 12 de noviembre de 1986, ya que se encuentra dentro de la franja de los 100 kilómetros lineales hacia adentro de los Estados Unidos.
c) En la exposición de motivos de la propuesta presentada por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se manifestó la preocupación por el "intento de construcción de tres cementerios de desechos tóxicos y nucleares que Estados Unidos instalará en la frontera con México en el estado de Texas". Asimismo se expresa su inquietud por las informaciones periodísticas en el sentido de que la Comisión del Agua del estado de Texas ha concedido el permiso para la operación del basurero de residuos peligrosos en Sierra Blanca.
Del análisis de propuestas, y
CONSIDERANDO
Que con fecha 2 de marzo de 1992, la embajada de México en los Estados Unidos de América presentó una nota diplomática ante el Departamento de Estado de ese país, solicitando información amplia y detallada sobre los estudios técnicos que se realizan para determinar la procedencia del establecimiento de sitios para el confinamiento de desechos radioactivos en Sierra Blanca y Spofford y para el confinamiento de desechos peligrosos en Dryden, así como información sobre las actividades que se piense desarrollar.
Todo esto en base a la aplicación de los acuerdos del 27 de abril de 1990 en la reunión preparatoria de la VIII Comisión Binacional México - Estados
Unidos, y el acuerdo de junio de 1990, adoptada en la Reunión de Coordinadores Nacionales del Convenio sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la zona fronteriza, ambos en el sentido de que exista intercambio de información y se realicen discusiones y consultas sobre asuntos fronterizos.
El 12 de marzo de 1992, diputados integrantes de las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y de Asuntos Fronterizos, llevaron a cabo una reunión de trabajo en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, donde recibieron información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas en relación con la reunión informativa que sostuvieron con la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense, la Comisión de Agua del estado de Texas y directivos de las empresas Chemical Waste Management y Texcorp, llegando a los siguientes acuerdos:
1. Existe consenso en la idea de que cualquier posición que se adopte para el caso, deberá de tomar en cuenta los principios internacionales que rigen en materia de soberanía, porque de lo contrario, se podría ocasionar injerencia en asuntos que corresponden a la soberanía mexicana.
2. Publicar un desplegado en los medios impresos del estado de Texas, suscrito por las autoridades locales del estado de Coahuila, los presidentes municipales de la región, diputados federales y locales y la ciudadanía en general, solicitando a la gobernadora del estado de Texas, Ann Richards, posponga el juicio de autorización de la instalación de los confinamientos de residuos peligrosos y radioactivos hasta que se cuente con más elementos técnicos para el caso.
3. Agotar todas las instancias diplomáticas existentes para evitar la instalación de los confinamientos de residuos peligrosos y radioactivos.
4. Solicitar a los gobernadores fronterizos mexicanos lleven el tema de los confinamientos y la agenda de pláticas de la próxima reunión Binacional de Gobernadores Fronterizos México - Estados Unidos, a celebrar el próximo 1o. de abril.
5. Se acordó solicitar a los legisladores federales que incluyan en la agenda de la próxima reunión interparlamentaria México - Estados Unidos el tema de los confinamientos de residuos tóxicos radioactivos.
Que con fecha 17 de marzo de 1992, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicando a través del cual pide sea respetado el Convenio de la Paz, de 1983 sobre cooperación para la Protección del Medio Ambiente de la Frontera México - Estados Unidos y el principio de consulta previa que rige la relación y cooperación bilaterales. Manifiesta que en virtud de tal convenio "México rechaza cualquier insinuación en el sentido de que la construcción de los depósitos se remita a la jurisdicción exclusiva de las autoridades estatales de los Estados Unidos... los gobiernos federales mexicano y estadounidense son los responsables de hacer cumplir el convenio," afirma también que "El gobierno de México ha comunicado a las autoridades de los Estados Unidos su voluntad y disposición por intensificar las consultas bilaterales con base en el convenio entre los dos países y los convenios multilaterales existentes sobre la materia, a fin de que se evite la instalación de esos depósitos." Esto, en la reunión bilateral celebrada en Ciudad Juárez y la reunión técnica del 12 de marzo entre la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y directivos de las empresas norteamericanas involucradas con autoridades del gobierno mexicano;
Que en su punto final, el comunicado expresa que el gobierno de México reitera que se opondrá con todos los medios diplomáticos a su alcance, a la instalación de confinamientos de desechos peligrosos que amenacen la salud de los habitantes, el medio ambiente y los recursos naturales de la zona fronteriza con los Estados Unidos;
Que el 18 de marzo de 1992 la Comisión Permanente de la LV Legislatura del Congreso de la Unión emitió una declaración política en materia de desechos tóxicos peligrosos en la franja fronteriza norte de nuestro país signado por los seis partidos políticos representados en el Congreso, en el que se expresa su posición en relación a este asunto solicitando a las Secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología y Relaciones Exteriores, intensifiquen las gestiones diplomáticas a efecto de que en la zona fronteriza no se construyan depósitos de residuos tóxicos y radiactivos que pudieran generar un riesgo ecológico. Igualmente pide solicitar al gobierno de los Estados Unidos respuesta a la nota diplomática presentada por el gobierno mexicano. Propone asimismo que se analice la posibilidad de incorporar un nuevo anexo al Convenio de la Paz, que se relacione específicamente con el
confinamiento de desechos peligrosos en la zona fronteriza de ambos países y se considere la posibilidad de estudiar la implantación de un mecanismo para la solución de controversias.
En su punto cuarto se hace un llamado a las autoridades componentes para que se apliquen estricta y cabalmente la normatividad ecológica en la franja fronteriza norte de nuestro país.
Manifiesta la solidaridad de los integrantes de la Comisión Permanente a los habitantes de la frontera norte que han manifestado su preocupación, así como el apoyo para evitar la construcción de los confinamientos;
Que la gobernadora de Texas, Ann Richards envío al embajador de Estados Unidos en México, una carta en la que informa que aún no se han tomado decisiones definitivas acerca de la construcción de los tres confinamientos y manifiesta su interés porque representantes del gobierno mexicano o ciudadanos mexicanos que puedan ser afectados, participen en las audiencias que se llevarán a cabo.
Que el 19 de marzo la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un segundo comunicado en el que se expresa que se están analizando las propuestas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión e informa que el gobierno mexicano mantendrá abiertos los mecanismos de diálogo y concertación que permitan evitar la construcción de los tres basureros de desechos peligrosos, en razón de la protección de la salud de los habitantes y de la preservación del medio ambiente y los recursos naturales de la zona fronteriza con Estados Unidos. En respuesta a la nota diplomática 0344 que enviara el embajador mexicano al Departamento de Estado Norteamericano, éste último envío un comunicado a la embajada en Washington por el que manifiesta que ya existen antecedentes en el intercambio de información y en ese tenor asegura que el gobierno de los Estados Unidos comparte la preocupación de México por el bienestar de la población y el medio ambiente en ambos lados de la frontera, en virtud de lo cual, invita al gobierno de México a consultas adicionales en Washington "Lo más pronto que sea conveniente para ambas partes."
Que el 26 de marzo de 1992 se celebró en Sanderson, Texas, la primera audiencia pública para presentar comentarios y designar partes en relación con el proyecto de establecer un confinamiento de residuos peligrosos en la ciudad de Dryden, Texas, en la que se aceptó para intervenir por el lado mexicano al diputado federal por el IV distrito de Coahuila, Jesús María Ramón y el director de ecología del estado de Coahuila.
Que el día 6 de abril de 1992, se llevó acabo la reunión de gobernadores fronterizos en la ciudad de San Diego, en la que se trató el problema de la atención al medio ambiente y al equilibrio ecológico en la región fronteriza resultando en cuanto a este punto las siguientes recomendaciones:
Apoyar el Plan Integral Ambiental Fronterizo e identificar recursos financieros para su instrumentación.
Promover un programa de educación ecológica entre la población para alcanzar una mejor calidad de vida, basada en la armonía con la naturaleza.
Promover la identificación y definición de los ecosistemas en cada estado y monitorear sus cambios para prevenir la degradación del ambiente.
Promover el intercambio y desarrollo de procesos tecnológicos, la formación de recursos humanos, un inventario de proyectos e investigaciones de las universidades públicas y privadas así como programas públicos y privados orientados a la conservación y mejoramiento del medio ambiente.
En el mes de febrero de 1992, se puso en marcha el Plan Integral Ambiental Fronterizo, como resultado de la reunión de los presidentes Bush y Salinas, celebrada en noviembre de 1990, en Monterrey, Nuevo León y que tiene como antecedente el Convenio de La Paz y como objetivo principal, fortalecer la cooperación continúa entre México y Estados Unidos para el mejoramiento del medio ambiente en la zona fronteriza.
Que de todo lo anterior se deriva que se ha contado con información de manera permanente sobre la situación del posible establecimiento de tres basureros de residuos peligrosos y radioactivos en el territorio del estado de Texas, dentro de la franja fronteriza establecida por el convenio de La Paz signado por México y los Estados Unidos en 1983 y que si bien no se han tomado decisiones definitivas al respecto, se han manifestado disposición por parte del gobierno norteamericano para que dentro del procedimiento participen autoridades mexicanas y representantes populares.
De acuerdo con lo anterior y con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General, las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores someten a la consideración de la honorable asamblea los siguientes
PUNTOS RESOLUTIVOS
Primero. Se desahoga la propuesta presentada por los diputados Rosa Albina Garavito Elías y Gilberto Rincón Gallardo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 11 de marzo de 1992, en virtud de que se acordó que la subcomisión plural de las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Asuntos Fronterizos que se constituyó el día 7 de abril de 1992 con el fin de realizar el análisis y dictamen de las tres propuestas sobre los confinamientos de residuos peligrosos y radioactivos, continúe trabajando para allegarse información, mantener informadas a las tres comisiones involucradas. Y en su caso, proponer las medidas legislativas o pronunciamientos conducentes.
Segundo. Se tiene por desahogada la propuesta del senador Héctor Terán Terán, en el sentido de que se investigue la posible instalación de un confinamiento de residuos radioactivos en Spofford, Texas, ya que como se desprende de los considerandos efectivamente existe un proyecto y como resultado la Embajada de México en Washington emitió una nota diplomática dirigida al Departamento de Estado Norteamericano que en respuesta asumió el compromiso de llevar a cabo audiencias adicionales en esa ciudad; la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió una Declaración Política en relación con este asunto; la Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido dos comunicados; la gobernadora de Texas manifestó su interés por que representantes del gobierno mexicano o ciudadanos mexicanos que puedan ser afectados participen en las audiencias públicas.
Tercero. En virtud de haberse presentado las propuestas ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión envíese al Presidente de la mesa directiva del Senado de la República para su conocimiento.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 30 de abril de 1992.- Diputado José A. González Fernández, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; diputado Miguel A. Yunes Linares, Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente; diputado Guillermo Hopkins Gamez, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos.
Comisión de Relaciones Exteriores: diputados secretarios Rodolfo Becerril Straffon, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Oscar R. Valero Recio Becerra, diputados Marco Humberto Aguilar Coronado, Domingo Alapizco Jiménez, Gonzalo Altamirano Dimas, Hugo Andrés Araujo de la Torre, Eduardo Aviña Bátiz, Agustín Basave Benitez, René Juvenal Bejarano Martínez, Luis Felipe Bravo Mena, Juan Enrique Caballero Peraza, Gustavo Carvajal Moreno, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Alberto Celis Velasco, Javier Marcelino Colorado Pulido, Rodolfo Echeverría Ruiz, Blanca Ruth Esponda Espinoza, Fernando Estrada Samano, Julio César García Hernández, Laura A. Garza Galindo, Miguel González Avelar, J. Antonio González Curi, J. Jesús González Gortázar, José Guadarrama Marquez, Julieta Guevara Bautista, Bernardo Gutiérrez Ochoa, José Raúl Hernández Avila, Francisco Hernández Juárez, Antonio Huitrón Vera, J. Armando Lazcano Montoya, Jorge Leobardo Lepe García, Fernando Lerdo de Tejada Luna, José Benigno López Mateos, Alberto López Vargas, Roberto Madrazo Pintado, Julieta Mendivil Blanco, Cesareo Morales García, María de los Angeles Moreno Uriegas, Ramón Mota Sánchez, Felipe Muñoz Kapamas, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Oscar René Nieto Burciaga, Pedro Ojeda Paullada, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, diputado Manuel Rivera del Campo, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Florencio Salazar Adame, Manuel Solares Mendiola, Abraham Talavera López, Martín Tavira Urióstegui, Pedro Manuel Terrazas Guerrero, José Treviño Salinas, José Socorro Velázquez Hernández, Rogelio Villareal Garza, diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Jorge Zermeño Infante, Nahum Indefonso Zorrilla Cuevas.
Comisión de Ecología y Medio Ambiente: Diputados secretarios R. Huerta Ladrón de Guevara, Fernando R. Ordorica Pérez, Cecilia Guadalupe Soto González, Angel Heladio Aguirre Rivero; diputados Octavio Albores Cruz, Francisco Angel Villareal, Emilio Becerra González, Rafael Bernal Chávez, Luis Beauregard Rivas, María del Carmen Volado del Real, Ernesto Botello Martínez, Alfredo Castañeda Andrade, José Miguel Castro Carrillo, Fernando Charleston Salinas, Tomás Correa Ayala, Luis Humberto Correa Mena, Guillermo Díaz Gea, Manuel Díaz Infante, José Luis Durán Reveles, Arturo Fuentes Benavidez, Antonio García Sánchez, José Ernesto Gil Elorduy, Humberto Gómez Campaña, Gabriela Guerrero Oliveros, Sebastián Guzmán Cabrera, Servando A. Hernández Camacho, Juan Hernández
Mercado, Cupertino Juárez Gutiérrez, Raúl Juárez Valencia, Miguel A. León Corrales, Alejandro Luévano Pérez, Melquiades Morales Flores, José Ramón Navarro Quintero, Alejandro Nieto Enríquez, Jesús Núñez Regalado, Jorge Oceguera Galván, Gustavo Nabor Ojeda Delgado, Pablo Pavón Vinales, Germán Alberto Petersen Biester, Silvia Pinal Hidalgo, Hernán Virgilio Pineda Arellano, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Victoria Reyes Reyes, Enrique Rico Arzate, Luis C. Riojas Guajardo, José Guadalupe T. Rodríguez M., Isaías Alvaro Rodríguez Vias, Carlos Romero Deschamps, Mario Rubicel Ross García, Arturo Saavedra Sánchez, Sandalio Sáinz de la Maza Martínez, Rafael Sánchez Leyva, Jesús Suárez Mata, Juan I. Torres Landa García y Eloy Vázquez López.
Comisión de Asuntos Fronterizos: Diputados secretarios Raymundo Gómez Ramírez, Jesús Madrazo Martínez de Escobar, Oscar Luebbert Gutiérrez, Héctor Morquecho Rivera, diputados José A. Aguilar Bodegas, José Antonio Alba Galván, Luisa Alvarez Cervantes, Rogelio Appel Chacón, Héctor Arguello López, Juan Carlos Bonifaz Trujillo, José Luis Canales de la Vega, Carlos Enrique Cantú Rosas, Javier Cital Camacho, Arturo de la Garza González, Miguel Ernesto Enciso Clark, Tomás Esparza Carlos, Marcos A. Fajardo Martínez Liliana Flores Benavides, Horacio Garza Garza, Oscar Garzón Gárate, Eloy Gómez Pando, José de Jesús González Reyes, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Oscar Herrera Hosking, Mariano López Mercado, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Martha Maldonado Zepeda, Gloria Mendiola Ochoa, Jorge Montesinos Melgar, Carlos Morales Villalobos, Luis Moreno Bustamante, Manuel Muñoz Rocha, Estanislao Pérez Hernández, José Ramírez Román, Jesús María Ramón Valdez, José Ramos González, Luis Carlos Rentería Torres, Jaime Ríos Velasco Grajeda, Felipe Rodríguez Grimaldo, Atalo Sandoval García, Elpidio Tovar de la Cruz, Jorge Tovar Montañez, Eduardo Trejo González, José Antonio Valdivia, Mario Vargas Aguilar y Tomás Yarrington Ruvalcaba.
El Presidente: - Se someten a consideración de la asamblea los puntos resolutivos.
El secretario Ernesto Gil Elorduy: - En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos resolutivos.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente.
MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LA ZONA FRONTERIZA
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Liliana Flores Benavides, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un pronunciamiento a nombre de los seis grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura.
La diputada Liliana Flores Benavides: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Del 1o. al 5 de mayo se llevará a cabo en la ciudad de San Antonio, Texas, la Reunión Interparlamentaria entre México y Estados Unidos. Asistirá un grupo de compañeros diputados a la misma.
A continuación daré lectura a un pronunciamiento:
PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ANTECEDENTES
Uno de los principales problemas aparejados con el crecimiento de las actividades productivas y el desarrollo industrial, es la contaminación del medio ambiente.
La zona fronteriza norte al igual que otras partes de nuestro país, es un área en la que este crecimiento ha sido tal, que se ha llegado a la necesidad de llevar a cabo el procesamiento de residuos peligrosos y darles un destino final.
En ese tenor, la posibilidad de que en la zona fronteriza que establece el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la zona fronteriza, firmado en la Paz, Baja California Sur el 14 de agosto de 1983, se deposite este tipo de residuos, se ha convertido en una preocupación de la sociedad y de los gobiernos.
Recientemente, ante el anuncio de los proyectos para establecer tres confinamientos de residuos peligrosos en el estado de Texas, dentro de los 100 kilómetros que establece el Convenio de la Paz, La Comisión Permanente del Congreso de la Unión externo su posición a través de la declaración política en materia de desechos tóxicos peligrosos, signada por los seis partidos políticos representados en el Congreso, el 18 de marzo de 1992.
En la exposición de motivos del citado documento se expresa que el Convenio de La Paz, tiene como base el principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972 en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, hace referencia al principio de consulta previa de todos aquellos proyectos que puedan tener impactos significativos en el medio ambiente de la zona fronteriza y que con base en este instrumento se han desarrollado varias acciones entre las que resalta "La formulación, aprobación y puesta en marcha del Plan Integral Ambiental Fronterizo México - Estados Unidos que en los años 1992, 1993 y 1994 considera inversiones cuantiosas para resolver los principales problemas ambientales y prevenir los que pudiera generarse."
Se señala también que el gobierno de la República presentó la nota diplomática 344 al Departamento de Estado Norteamericano manifestando la preocupación que ha generado el posible establecimiento de tres confinamientos de residuos peligrosos y radioactivos.
La Comisión Permanente al emitir la Declaración Política, dada la importancia de asunto y frente a la creciente y justificada preocupación de los habitantes de la frontera norte del país y en concordancia con el propósito de la Nueva Ley de Tratados de ordenar la globalización de las Relaciones Internacionales, en el punto tercero solicitó se analizara la posibilidad de incorporar un nuevo anexo al Convenio de La Paz, que se relacione específicamente con el confinamiento de desechos peligrosos en la zona fronteriza de ambos países, así como la posibilidad de estudiar la implantación de un mecanismo para la solución de controversias, toda vez que el convenio vigente, no lo contiene.
Además, en su punto sexto, sugiere a los Diputados y Senadores miembros de las comisiones que tienen relación directa con este asunto, reactivar las relaciones con parlamentarios norteamericanos para solicitar su buena disposición en el propósito de conservar la frontera libre de riesgos ecológicos.
Posteriormente el 19 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que se expresa que está siendo analizado el contenido de la Declaración Política de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El día 6 de abril de 1992 se llevó a cabo en la ciudad de San Diego California, la reunión de gobernadores fronterizos que en este asunto tuvo como resultado las siguientes recomendaciones:
Apoyar la plena vigencia del Convenio entre México y Estados Unidos firmado en la Paz, Baja California el 14 de agosto de 1983 sobre la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente la zona fronteriza.
Apoyar el Plan Integral Ambiental Fronterizo y el financiamiento federal para implementación del plan.
Apoyar la cooperación binacional en todos los niveles para prevenir problemas de salud y del medio ambiente que puedan resultar de los materiales y desechos tóxicos o peligrosos buscando ante todo, proteger la salud de la población en la región fronteriza.
Apoyar decididamente los esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, en el aspecto de manejo de desechos tóxicos, manteniendo un diálogo permanente para desarrollar programas de colaboración en este problema tan importante para la frontera.
Por otro lado, como resultado de la respuesta del Departamento de Estado Norteamericano a la nota diplomática 344, el pasado 22 de abril se llevó a cabo una reunión binacional para tratar la posible instalación de confinamientos de residuos peligrosos y radioactivos en Texas, acordándose una segunda reunión en la ciudad de México, el día 11 de mayo de 1992.
Tomando en cuenta los antecedentes citados y como resultado de los trabajos realizados por la subcomisión plural integrada por miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores, Ecología y Asuntos Fronterizos, se ha establecido la necesidad de emitir un pronunciamiento, de la Cámara de Diputados.
CONSIDERANDO
Que dentro de las tareas de la presente Legislatura existe una alta prioridad hacia la atención y la solución de los problemas que pongan en peligro el equilibrio ecológico y los recursos naturales patrimonio de nuestro país;
Que para los legisladores la problemática ambiental constituye una de las cuestiones prioritarias dentro del desarrollo de nuestra nación;
Que para los legisladores los aspectos ambientales son una prioridad dentro de las cuestiones que afectan las relaciones fronterizas;
Que dentro de la problemática ambiental fronteriza, la generación, procesamiento y destino final de desechos tóxicos peligrosos y radioactivos, constituyen una preocupación para todos los habitantes de la zona;
Que el procesamiento y confinamiento de desechos tóxicos peligrosos y radioactivos, está relacionado directamente con las expectativas de desarrollo económico de los estados de ambos lados de la frontera;
Que no se considera con la amplitud necesaria las condiciones para el tratamiento y confinamiento de residuos tóxicos peligrosos y radioactivos en el Convenio de La Paz y en el Plan Integral Ambiental Fronterizo;
La Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión emite el siguiente
PRONUNCIAMIENTO
Primero. Reconociendo que el desarrollo industrial genera residuos peligrosos, tóxicos o radiactivos, que requieren de procesamiento y del establecimiento de sitios para su confinamiento, deben buscarse lugares adecuados por sus condiciones geográficas, y geológicas, fuera de los 100 kilómetros que establece el Convenio de la Paz, de tal forma que se garantice la seguridad de la población de la zona fronteriza y el equilibrio ecológico de ambos lados.
Segundo. En la próxima reunión Interparlamentaria México - Estados Unidos, los diputados mexicanos deben promover ante los diputados norteamericanos y ambos ante sus respectivos poderes, ejecutivos, la necesidad de incluir en el Convenio de La Paz, un mecanismo que garantice el cumplimiento de las disposiciones del mismo en relación con el principio de consulta previa.
Tercero. Se recomienda que los diputados que asistan a la reunión interparlamentaria México - Estados Unidos intensifiquen con los congresistas norteamericanos las gestiones a efecto de que en la zona fronteriza, no se construyan depósitos de residuos tóxicos y radioactivos que pudieran generar un riesgo ecológico. Se deberá dar especial atención a las gestiones en relación a los proyectos de confinamiento en Spofford, Sierra Blanca y Dryden, Texas.
Cuarto. Hacemos nuestra declaración conjunta entre ambos países en cuanto a que son preocupación y responsabilidad de ambos gobiernos federales, las cuestiones ambientales en la zona de aplicación del Convenio de La Paz, expresado en el comunicado conjunto emanado de la Reunión Bilateral celebrada el 22 de abril de 1992, en la ciudad de Washington.
Quinto. De la misma forma, proponer ante los parlamentarios norteamericanos, que se solicite a ambos gobiernos que dentro del Convenio de la Paz, sean incluidas en un nuevo anexo o con el perfeccionamiento de los existentes, disposiciones relativas al procesamiento y confinamiento de residuos peligrosos así como el establecimiento de un mecanismo para la solución de controversias surgidas de la aplicación del convenio.
Diputados: José Antonio González Fernández, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; Miguel A. Yunes Linares, Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente; Guillermo Hopkins Gamez, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos.
Por la subcomisión: diputados: Manuel Díaz Infante, Jesús María Ramón Valdez, Liliana Flores Benavidez, Martha Maldonado Zepeda, Jorge Tovar Montañez, Javier Cital Camacho, José Ramírez Román, José Antonio Alba Galván, Cecilia Soto González, Manuel Terrazas Guerrero, Paloma Villaseñor Vargas, Fernando Ordorica Pérez, Rodolfo Becerril Straffon, José de Jesús González Reyes y Rogelio Appel Chacón.
El Presidente: - Para hablar sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Acabamos de escuchar un asunto que preocupa a México y a los Estados Unidos: el relativo a la eventual instalación de depósitos de desechos tóxicos y de baja radiactividad en la frontera norte.
Pero hay un asunto que preocupa a la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, que nos ilustra perfectamente bien cuál es el trato que hay en las líneas fronterizas hacia las minorías mexicanas, chicanas, negras y otras minorías. Nos referimos a los acontecimientos que están en el curso del orden del día en la ciudad de Los Angeles, en donde hay mas de 5 millones de mexicanos o de ascendencia mexicana y que se encuentran prácticamente en una rebelión en contra de la decisión que tomara un jurado a favor de dos policías, que el día 3 de marzo golpearon salvajemente al conductor de taxi Rodney King.
Como todos nos enteramos por la televisión, la agresión a este ciudadano norteamericano fue filmada por una persona que pasaba por el lugar de los hechos. Aunque el jurado tuvo a sus órdenes el filme correspondiente de esta agresión y se esperaba una resolución condenando a los policías que agredieron salvajemente a este trabajador, hace unas horas, un jurado de los Angeles decidió no reconocer culpabilidad alguna a estos elementos.
Y, entonces, se han suscitado en Los Angeles verdaderas explosiones de ira social, de indignación popular, en contra de una decisión que abiertamente solapa una agresión fundada en la discriminación racial.
Hace ya más de 20 años que en los Estados Unidos se abolió oficialmente la discriminación por razones del color de la piel de los ciudadanos de este país. Sin embargo, aún persiste en la sociedad norteamericana y en el gobierno de los Estados Unidos, fuertes sentimientos antiraciales, discriminatorios, que se expresan en la decisión que tomo este jurado, absolviendo a estos policías.
Según nos informa la televisión y la Prensa, hay mas de 100 incendios en la ciudad de Los Angeles. La población de esta ciudad ha salido a la calle a mostrar su indignación, su protesta por esta decisión de este jurado. La protesta popular, expresada en forma violenta, no solamente la están realizando los ciudadanos norteamericanos de color, sino también hay decenas o miles de compatriotas mexicanos, incluso de blancos norteamericanos, que están saliendo a las calles a destruir establecimientos comerciales, a incendiar bodegas, a romper cristales y a crear un caos en una ciudad tan importante como es Los Angeles.
Nos ha llamado la atención este hecho, porque se refleja que no solamente hay accidentes urbanos como el de la ciudad de Guadalajara, sino también hay explosiones sociales en el mundo moderno, explosiones en los Estados Unidos, que se aprecia de ser un país con un alto grado de desarrollo democrático; explosiones en una nación que se aprecia ante el mundo entero de la defensa de los derechos humanos, que ve con acuciosidad la violación real o supuesta de derechos humanos en otros países del mundo. Pero que en el seno del Poder Judicial de ese país, en el seno del gobierno de ese país, todavía hay restos de racismo, resabios de discriminación racial, actitudes contra las minorías, que más bien diríamos son grandes mayorías en los Estados Unidos.
Ellos, que exigen al gobierno de Cuba el respeto a los derechos humanos, que exigen a todos los países del mundo la observancia de principios democráticos, están causando en Los Angeles una tragedia que puede ser de grandes dimensiones, porque estamos informados que la guardia nacional ha intervenido y ha comenzado a reprimir a las personas que de esta forma violenta expresan su inconformidad.
El Partido Popular Socialista desea aprovechar esta tribuna para expresar su apoyo a las minorías, que más bien son mayorías en Los Angeles, en contra del oprobioso acuerdo de este jurado, que tal parece que es una autorización tácita para que sigan agrediendo negros y a mexicanos. El patrón de impunidad está muy claro, cuando un chicano, un negro o un puertorriqueño agrede a un norteamericano, es severamente castigado por los órganos del Poder Judicial; hoy mismo tenemos a seis mexicanos esperando ser ejecutados porque tienen sentencia de muerte; en este momento seis mexicanos están a punto de ser llevados para perder su vida; sin embargo cuando los agresores son norteamericanos, cuando son policías norteamericanos o cuando son miembros de la Guardia Fronteriza, viene el patrón de la impunidad al grado tal, que de 120 violaciones graves a derechos humanos que ha habido en la frontera norte, Tijuana, San Diego, en contra de indocumentados mexicanos, sólo 15 han sido llevados a juicio y están en este momento sujeto a proceso; el resto, ni siquiera ha sido llevado a jurado alguno y es previsible que salgan en libertad los agresores en este patrón de impunidad en contra de las minorías.
Nuestro apoyo, nuestra solidaridad a esos trabajadores que luchan en condiciones difíciles en los estados por la defensa de sus derechos humanos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el pronunciamiento propuesto por diputados de las seis fracciones parlamentarias que conforman esta LV Legislatura.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta se aprueba el pronunciamiento presentado a la asamblea a nombre de los seis grupos parlamentarios de esta Legislatura por la diputada Lilia Flores Benavidez.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
ESTADO DE COAHUILA
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Yolanda Elizondo Maltos, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a una obra pública en Ramos Arizpe, estado de Coahuila.
La diputada Yolanda Elizondo Maltos: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Si bien es cierto que la problemática de las entidades federativas debe ser resuelta en el mismo espacio, la denuncia que presento en estos momentos es una muestra más de que el reclamo popular no es escuchado y traspasa la entidad para llegar a la gran tribuna de la nación.
Ante este pleno, hacemos del conocimiento el desacuerdo que existe, por parte de los habitantes de Ramos Arizpe, Coahuila, por la construcción de una obra con valor de más de 6 mil millones de pesos y que consiste en un paso elevado para vehículos sobre la carretera Monterrey - Saltillo a la altura del Kilómetro 12 y que deberá iniciarse el próximo lunes 4 de mayo.
Como antecedente mencionaré que existió una petición al Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, para la construcción del referido paso a desnivel en el Kilómetro 12 y a la entrada de la ciudad de Ramos Arizpe, por lo peligroso que se había convertido por el exceso de tráfico; sin embargo ya no se justifica esta obra por las siguientes razones: primeramente ya se construye una autopista de cuatro carriles de cuota, de Ojo Caliente a la Carbonera, para conectar con la carretera a México y precisamente esta autopista está ubicada al oriente de la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila.
Segundo. Ya se construye una autopista de cuatro carriles de cuota Saltillo - Torreón.
Tercero. Se contempla también ya con proyecto y es un hecho, el libramiento Ojo Caliente - Padre Santos, para conectar con la autopista a Torreón y Zacatecas, pasando este libramiento a un Kilómetro por la parte poniente de la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila.
Por tal motivo, señores diputados, estas autopistas reducirán sensiblemente el tráfico por la actual carretera Monterrey - Saltillo. Prácticamente el paso a desnivel que pretende construirse con la oposición de la ciudadanía y que con fecha 16 de abril se le hizo saber por medio de un comunicado amparado con 980 firmas, al señor gobernador, licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, que aquí presentó precisamente, este reclamo no fue escuchado.
También anexo a este documento notas periodísticas locales, que muestran los "intereses económicos obvios," entre comillas, que prevalecen, mostrando derroches en Ramos Arizpe y que están muy por encima de la voluntad popular.
Esa construcción puede convertirse en un elefante blanco, al presentar un aforo vehicular mínimo. Se verían grandemente perjudicados más de 60 comercios y sería una lástima desviar una cantidad tan elevada, como lo es más de 6 mil millones de pesos, cuando existen en esa ciudad grandes necesidades, como agua, drenaje, electrificación, pavimento, educación, etcétera, tanto en los barrios más necesitados de las colonias populares de esta ciudad, como lugares del municipio de Ramos Arizpe, como es Paredón e Hipólito; también como perforaciones para los ejidos para su subsistencia y el campo.
La denuncia concreta es que no ha sido tomada en cuenta la petición hecha al señor gobernador para la cancelación de dicha obra. Es por lo consiguiente que a a través de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, los ciudadanos de Ramos Arizpe, Coahuila, recurren a la Cámara del pueblo para su petición sea atendida de inmediato.
Cabe aclarar que un gran porcentaje de estos más de 6 mil millones corresponden al impuesto sobre nómina.
Entrego a la Secretaría el documento donde una comisión que llegó a México el martes y el miércoles, representantes de esta denuncia, estuvieran en mi oficina indignados al no ser escuchados en su propio estado y esto es una muestra, señores diputados, que el pueblo no es escuchado. Gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Pimentel.
El diputado Oscar Pimentel González: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quisiera, a partir de la intervención de nuestra compañera diputada Yolanda Elizondo, hacer algunos comentarios sobre la obra a que ella se ha referido y por último hacer una propuesta que me parece podría, además de atender la demanda que ella recibió y que atiende su
partido, abrir una posibilidad de que este proyecto del paso a desnivel, se analizará con detalle, que conociéramos los aspectos técnicos y en su caso tuviésemos la posibilidad de hacer algunas propuestas de modificación.
Quiero, antes que nada, señalar que todos los diputados de Coahuila en esta Cámara de Diputados, hemos tratado de mantener siempre, de ser de hecho un reflejo de la pluralidad y del respeto que priva en esta Legislatura. Con ese espíritu hemos enfrentado ya otras preocupaciones de la población coahuilense, como lo fue el caso específico del pronunciamiento que se acaba de hacer sobre los desechos nucleares. Todos los diputados de Coahuila, incluyendo a todos los partidos políticos, externamos nuestra preocupación en la Comisión de Ecología y el pronunciamiento de hoy, pensamos que es en parte resultado de esta posibilidad de dialogar, de anteponer a los intereses partidistas el interés de la comunidad y llegar a cuerdos conjuntos.
En efecto, en la población de Ramos Arizpe se ha proyectado un paso a desnivel, es una obra que fue una reiterada demanda de la población de Ramos Arizpe. Se solicitó ante el gobierno del estado, ante el Presidente de la República, ante el propio municipio de Ramos Arizpe. El problema ha sido grave, hay una afluencia de cerca de 16 mil vehículos diarios que pasan por este lugar y que ocasionan cerca de dos accidentes por semana.
La construcción de algunos libramientos que se han señalados por la compañera Elizondo, son todavía proyectos, son ideas posibles que podrían contribuir en su momento a reducir el índice de peligrosidad, pero no está claro todavía de que hagan innecesarias esta obra y la inversión que ya se tiene proyectada.
En efecto, puede ser que la obra afecte algunos intereses de comercios establecidos o de algunas personas, por la propia construcción que implica este tipo de obra, pero pensamos que en un ánimo de concertación, en un ánimo de colaboración, todos los problemas podrían tener una solución razonable.
La obra ha sido concertada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con aportaciones del gobierno del estado y del fideicomiso del impuesto sobre nóminas.
Cabe hacer la anotación de que en este fideicomiso participan todos los sectores sociales del municipio, en la medida en que se administra un impuesto tan importantes como es el impuesto sobre nóminas y que ha sido la preocupación del gobernador Eliseo Mendoza Berrueto, que en todos estos fideicomisos participen empresarios, comerciantes, representantes de los sectores sociales diferentes de cada una de las comunidades, de tal manera que no podemos tampoco aseverar de que esta obra no haya sido analizada en su tiempo, que haya tenido el consenso dentro del comité del fideicomiso para que se realizara.
También es indudable de que los recursos que se van invertir en esta obra, que por lo demás cerca del 60% son recursos que aportará la Secretaría de Comunicaciones, podrían tener fines alternativos. Claro que podría invertirse en otro tipo de obras.
Finalmente el problema de administrar recursos y el problema económico, es el de cómo administrar recursos escasos frente a fines alternativos. Pero tenemos que considerar también que las demandas sociales en Ramos Arizpe cuentan en este momento con un programa y con recursos autorizados para atenderlos. De 1990 a la fecha ha habido un incremento considerable de recursos; en 1990 por ejemplo se invirtieron poco más de 200 millones de pesos. Lo que se ha incrementado en 1991 a 7 mil 500 millones de pesos, para atender obras sociales, provenientes de diferentes fuentes; del gobierno del estado, del municipio y aportaciones de los propios beneficiarios.
La conclusión a la que quiero llegar con mi intervención, es de que posiblemente habría modificaciones que podrían hacerse al proyecto, que por lo demás es un proyecto técnico, preparado desde el año pasado para realizar esta obra, pero que para ello tenemos que abrir una instancia de diálogo directamente con las personas que en este caso se sienten afectadas y para recuperar la tesis con la que la compañera Yolanda Elizondo inició su intervención, de que los problemas locales deben arreglarse localmente, con la participación de los gobiernos involucrados, la propuesta que quiero presentarle y en la cual incluso podemos incorporar a los demás compañeros diputados que estén dispuestos a participar, es de que se programe una reunión con el presidente municipal, con las personas afectadas, con la instancia del gobierno estatal, de la Secretaría de Obras Públicas y del gobierno federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, analicemos el proyecto, analicemos sus efectos, analicemos las propuestas que se tengan de las diferentes partes y abramos así un espacio a la colaboración y a la concertación.
Yo estoy seguro que el gobierno del estado y el municipio, nos podrán dar una respuesta y estarán dispuestos a que hagamos el ejercicio de este diálogo tan indispensable. Muchas gracias.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Humberto Flores Cuéllar.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar: - Efectivamente, los compañeros diputados de Coahuila, que con mucho gusto periódicamente nos reunimos, de los diferentes partidos políticos, acordamos, planeamos y conversamos sobre los diferentes tópicos que en Coahuila manejamos.
Desgraciadamente yo entiendo la postura de mi compañero Oscar Pimentel, el querer subir a la tribuna a hacer la defensa de esa obra, aun poniéndole alguna variante por ahí.
Pero sí hay que reconocer y si alguien lo sabemos, somos los que vivimos en Coahuila, la escasez de obra en todo el estado y el capricho y la cerrazón del señor gobernador, Eliseo Mendoza Berrueto, de querer hacer obras suntuosas o de relumbrón, cuando hay obras prioritarias, con mayor importancia, que deben de efectuarse en cada uno de los municipios.
Estamos seguros que esa obra, que ese paso a desnivel que se pretende hacer, donde a cuatro Kilómetros paralelamente corre ya un libramiento y por capricho mismo del señor gobernador ya en estos últimos años que ya se viene el final de su período, el señor pretende hacer otro libramiento más con valor de 35 mil millones de pesos, paralelo inclusive al otro libramiento. E igualmente está encaprichado en hacer otro paso a desnivel, otra jornada, a la entrada de Saltillo, Coahuila, cuando hace poco él mismo acaba de hacer una ampliación a un bulevar.
Lo que estamos viendo, es que se trata ahorita, a la falta de escasez de obra en todo el estado de Coahuila, el señor pretende hacer obras que dejen por lo menos una huella que él anduvo por Coahuila.
Si el señor anduviera en la carretera, en lugar de andar siempre en el avión, como nunca se baja de él, no conoce las carreteras de Coahuila, por eso dudo que sepa que tiene que hacer un paso a desnivel en ese lugar.
Yo creo, con todo respeto, compañero Pimentel, no obstante que salga usted en defensa del señor gobernador, que lo respetamos como institución, finalmente debe de ser el señor gobernador, pero si lo analizamos, como lo dijo la compañera diputada Yolanda Elizondo Maltos, que se dé una vuelta, yo creo que el señor gobernador no ha pasado por Paredón; ahí, con ese valor de ese paso a desnivel, serían obras de mucha importancia en esos municipios, donde aquí tenemos un compañero diputado del partido oficial, que es de ese lugar y nadie más que él sabe lo que ahí se requiere para sacar adelante ese municipio. Muchas gracias.
El Presidente: - Tomando en consideración la intervención de los compañeros diputados, esta Presidencia se da por enterada y solicita que la propuesta hecha por el diputado Pimentel, se instrumente de inmediato.
SITUACIÓN DE LA NIÑEZ EN MÉXICO
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Gabriela Avelar, del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la situación que vive la niñez en México.
La diputada Gabriela Avelar Villegas: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para quienes gozamos de las delicias de la maternidad y quienes las tienen de la paternidad, no podemos soslayar la importancia del Día del Niño. No tan sólo por la responsabilidad que la misma implica, sino porque, como afirma un compañero de mi tierra, quien ama y es responsable con sus hijos, ama y ve responsabilidad en la niñez y en la juventud todas.
Estamos conscientes que los avances económicos, políticos y sociales, no han sido suficientemente fuertes, en ese potencial de ciudadanos, las seguridades de una vida y un futuro mejor de ese potencial de ciudadanos.
Las seguridades de una vida un futuro mejor, sin embargo, a través de las instituciones estatales, se intenta mejorar la alimentación y la salud del infante. Aún prevalece la educación gratuita oficial que proporciona educación y expectativas a familias de recursos económicos deficientes.
Para ofertar soluciones al problema en un homenaje real del Día del Niño, debe legislarse y preverse como obligación de la federación, de los estados y los municipios, el consolidar una
institución que garantice el cuidado, la orientación y educación del niño, para que cobre realidad el proyecto que represente al infante.
No aceptamos, ni queremos que adultos sin escrúpulo, exploten y desvíen a los niños que por infortunios no desarrollan su vida con plenitud. Queremos que cada infante tenga una gran expectativa de vida.
Por esta razón, compañeros diputados, como madres, como padres, como legisladores, como ciudadanos responsables, sentémonos a discutir seriamente proyectos operativos, pluripartidistas y por consenso, para obtener mejores resultados en éste nuestro propósito.
Abramos un diálogo propositivo y logremos que el 30 de abril del año próximo, el niño no sea un motivo político y que diga que esta Legislatura trabaja y trabajó para resolver los problemas de nuestra sociedad sin membretes en el pecho del infante.
Concluyo, haciendo dos propuestas. Primero, que se integre una comisión pluripartidista que discuta a fondo la operatividad de medidas en favor del infante, como es la salud, la educación, nutrición, deporte, recreación y actividad laboral. Segundo, que en su tiempo se legisle haciendo corresponsable a los gobernantes de las federaciones, estados y municipios, de crear instituciones que orienten y preserven la salud, la alimentación y desarrollo del menor. Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente:- Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra la diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Liliana Flores Benavides: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Por una acción urgente a favor de la niñez mexicana. Este 30 de abril el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hace un llamado urgente a la sociedad mexicana para que tome conciencia de la grave situación, alimentaria y educativa, en que han sido colocados aquellos núcleos de la niñez ligados a los sectores populares del país, que han sufrido los efectos de la crisis económica de la década pasada y los estragos de las insensibles políticas de corte neoliberal aplicadas por la actual y la pasada administración.
Es necesario desarrollar una lucha conjunta para encontrar los caminos que detengan el rápido deterioro que han sufrido las condiciones de nutrición y las oportunidades de educación de amplios sectores de la niñez mexicana y que permitan comenzar a remontar los efectos que aún son reversibles, en el más corto plazo posible.
Como ningún otro sector de la población mexicana, los niños que han nacido o han tenido que desarrollarse en el contexto de las dificultades económicas de los años pasados, han sido víctimas no sólo del estancamiento del empleo y el desplome de los salarios reales en el país, del deterioro de los niveles de ingresos de la mayor parte de la población, de la emigración por hambre, de los campos a las ciudades o al extranjero, han sido víctimas de la omisión y de la ineficacia de las políticas públicas que condujeron al recorte y al retraso del gasto social o a su reconversión a programas que más que de solidaridad, lo son de publicidad política del gobierno y del partido oficial. Todo ello, mientras las ganancias especulativas y la riqueza de unos pocos, se incrementaron hasta niveles insospechados.
Las cifras oficiales, oficiales, del deterioro sufrido por el nivel de la vida de la niñez, no pueden ser más alarmantes. Para ilustrar la situación, citamos algunos datos, a guisa de dramáticos ejemplos de la involución social que ha sufrido el país en la carne y en el espíritu de su mejor tesoro, que son los niños.
Según el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, existen en el país 27.2 millones de menores, que no satisfacen el mínimo de sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, educación y vivienda. De éstos, 11.4 millones de niños se encuentran en condiciones de pobreza extrema, lo que siempre, según el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, significa que no satisfacen ni siquiera el 60% de los requerimientos básicos en alimentación, salud, educación y vivienda.
Estos son datos oficiales.
Según cifras de la encuesta nacional de salud, de la Secretaría de Salud, entre 1980 y 1988, la tasa promedio de mortalidad entre los niños de cero a cuatro años de edad, provocada por deficiencias nutricionales, prácticamente se triplicó. En algunas entidades, como Chiapas, el indicador se multiplicó por más de siete veces, mientras que en Oaxaca, el índice se cuadruplicó.
Además, el promedio nacional de mortalidad infantil relacionada con la desnutrición, se
mantenía en niveles más altos que los de países como Panamá y Costa Rica. En 1988 los siguientes estados mantenían tasas de mortalidad por desnutrición superiores a los de un numeroso grupo de países con un grado de desarrollo sensiblemente menor que el de México.
En éste se encuentran Guanajuato, con 32.75%; Puebla, con 31.24%, Tlaxcala, Querétaro, San Luis, Yucatán, Veracruz, Tabasco etcétera.
De hecho, según los datos de la Secretaría de Salud, en ese período sólo en dos entidades federativas del País, mejoró el comportamiento del indicador citado: en Baja California Sur y en Quintana Roo. Todos éstos son datos de la Encuesta Nacional de Salud de la Secretaría de Salud. Pero la creciente desnutrición infantil no sólo se ha expresado en el aumento de los índices de defunción, ligados a la insuficiencia alimentaria; su forma más extendida en México, se manifiesta en el retraso del desarrollo físico y mental de los menores de edad. Es sabido que los daños sufridos por los niños, debidos a la insuficiencia alimentaria, en algunos casos son irreversibles.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud, antes citada, el doctor Jaime Sepúlveda Amor, junto con otros especialistas, ha concluido que:
Respecto al indicador peso - edad, que en los 41.9% de la población menor de cinco años, presenta algún grado de desnutrición. Esto representaba en 1988, 3.7 millones de niños, de ellos 550 mil en la ciudad de México.
Respecto al indicador de talla - edad, se registró un promedio nacional de 37.5 millones de niños menores de cinco años de edad, con valores de desnutrición.
En la región sureste del país, sin embargo, más de la mitad de la población infantil referida, evidenció valores de desnutrición en el indicador talla - edad.
La situación de la niñez en términos de escolaridad, no es menos dramática. De 1.4 millones de niños que hablan una lengua indígena y cuyas edades fluctúan entre los cinco y los 14 años, 251 mil no hablan español, 17.4%. De 18.8 millones de niños cuyas edades fluctúan entre los seis y los 14 años, 2.3 millones de niños no saben leer ni escribir en el momento del Censo de Población de 1990. De 20.9 millones de niños cuyas edades fluctúan entre los cinco y los 14 años de edad, 3.2 millones no asisten a la escuela en 1990. Esto es también el censo.
Las necesidades nutricionales de la niñez mexicana no pueden esperar ni someterse a los dictados de las teorías macroeconómicas de la tecnocracia gobernante. Los daños que se producen por la omisión en su atención, son irreversibles para quienes las sufren y, de muy graves consecuencias para el presente y el futuro del país. Existen recursos financieros suficientes como para que se ponga de inmediato en marcha, un nuevo programa gubernamental de distribución de desayunos infantiles que garantice un mínimo de nutrientes a la totalidad de los escolares que lo requieran en el país y la puesta en marcha de un programa de desayunadores infantiles populares para abarcar la nutrición de aquellos infantes que por vivir en zonas o en condiciones de extrema marginación, no asisten a la escuela.
Por las razones antes expuestas, este 30 de abril los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo que disponen los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, propone a la plenaria de la Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se recomienda a las secretarías de Salud, Educación y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la inmediata creación de un programa nacional de alimentación infantil que incluya la entrega de desayunos escolares y de desayunos en la comunidad para garantizar que la totalidad de los niños de familias con recursos escasos, realicen la ingesta mínima de nutrientes y calorías indispensables para su desarrollo físico y mental.
Este programa nacional de alimentación infantil, se financiará con recursos presupuestales provenientes del superávit fiscal y/o del fondo de contingencia aprobado para 1992 y se realiza como una obligación moral con la importante porción de la niñez que hoy es víctima del atraso endémico de la crisis económica y de las políticas neoconservadoras en marcha.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, su servidora. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Héctor Morquecho, del Partido Popular Socialista, para hablar sobre el tema.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor Presidente, con su permiso; señoras y señores diputados:
Con motivo de que este día es el Día del Niño, voy a hacer unas breves reflexiones a nombre de mi partido, el Popular Socialista.
Todos sabemos que fue Adolfo López Mateos el que instituyó este 30 de abril y, desde luego, no fue con finalidad de festejar a la niñez, ni de brindarles regalos en este día, sino que lo instituyó para efectos de hacer análisis, reflexiones, sobre la situación en que ha vivido nuestra niñez, la niñez mexicana y lo que se puede hacer en el futuro para atender sus requerimientos y sus necesidades.
De esta manera, quiero, de manera sintética, precisar en primer lugar lo siguiente:
De una población de 82 millones de mexicanos, que tiene nuestro país, más de 20 millones de niños viven en la más extrema pobreza. El 40% de los niños no concluye la enseñanza primaria y el 25%, de esta población infantil, no termina la enseñanza secundaria.
Según datos de la institución mundial denominada Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia, la Unicef, y según datos de la institución llamada Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, existe casi 1 millón de niños que viven en la calle, marginados y desprovistos de la protección social de las autoridades.
Se informa que la mayoría de estos niños son discapacitados, con problemas graves de ceguera, de afecciones mentales, de males en su estado físico y con problemas en su sistema auditivo.
Eso es en esa parte que hay de informes. Además se informa que en lo que toca a la zona norte de nuestro país, hombres y mujeres se trasladan junto con sus niños hacia los Estado Unidos de América. Esto lo hacen en un medio difícil, agobiante, desesperante, en medio del hambre, de la inseguridad, inseguridad que caracteriza en lo esencial la vida los niños de las clases sociales mayoritarias en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California.
Es indudable, como todos los sabemos, que se han incrementado los cinturones de miseria en esas poblaciones y la niñez viene siendo la más afectada; sin perspectiva positiva para su futuro inmediato.
En la parte sur fronteriza de nuestra patria la situación de la niñez no es mejor. Los niños indígenas viven en condiciones tales, de tal suerte que el 95% se encuentra privado de una vida digna y decorosa. Su característica principal es la insalubridad, las enfermedades, la desnutrición.
Por otro lado, en términos generales, la niñez de la ciudad de México, la niñez de las diversas entidades federativas del interior de la República y la niñez que habita en los estados o poblaciones de los litorales del Golfo de México y del Pacífico, viven situaciones tan adversas y complicadas que con exacta razón nacen cada día nuevos grupos de pandilleros, con actitudes de rebeldía explicables, pero mal orientadas y con un sentido totalmente negativo.
Vive nuestra niñez en medio de un trato de brutalidad social. Se conoce, se sabe, que en los reclusorios para menores éstos, los menores, son muy pocos los que logran reformarse, ya que la mayoría acentúa su conducta inadecuada e irregular. Son, compañeras y compañeros diputados, los niños, motivo de abusos, vejaciones y de sometimientos y, lo más dramático, lo que es imposible tolerar, lo que más nos duele a los que vivimos esta situación, es que los niños al sufrir estas agresiones, abusos, vejaciones, no tienen la capacidad física para poder enfrentar esas agresiones. Es decir, el delito que se comete en contra de ellos es doblemente sancionable, totalmente punible.
Por otra parte, en el contexto de que son objeto los niños de abusos, de sometimientos, hay una parte sutil, una parte sutil que es representada por la propaganda televisiva. El niño es sujeto de una programación de la televisión implementada de violencias, crímenes, muertes y múltiples representaciones e imágenes que trastocan y deforman su desarrollo normal, su desarrollo constructivo.
Son los niños mexicanos de entre los siete y los 12 años los que ingresan desde su muy temprana edad al trabajo de empleo o subempleo, subempleo el cual no es más que un burdo disfraz de explotación, un disfraz de una lamentable e injusta situación de niños pedigüeños, que salen a la calle para llevar el sustento a sus casas. Esto es, en términos muy generales, la situación de nuestra niñez.
Y frente a esta situación, frente a estos hechos dramáticos, ¿qué es lo que se ha hecho para resolver estos problemas, que se han venido acentuando por problemas económicos derivados de la actual política económica neoliberal que se ha implementado y que ha deteriorado los niveles
de vida de las clases populares, de las clases trabajadoras?, ¿cuáles son los planteamientos de los diversos sectores sociales en ese sentido, de resolver los problemas, la problemática de la niñez?
El Desarrollo Integral de la Familia, como institución, está cumpliendo una función con un sentido que no reúne los requisitos para tal efecto, ni los recursos suficientes, en virtud de que se han venido reduciendo los presupuestos para atender a la niñez por la vía del Desarrollo Integral de la Familia. El Instituto Mexicano para la Atención de la Niñez, como ustedes lo saben, tiene muy poca cobertura; el Programa Nacional de Solidaridad es también insuficiente y si nosotros observamos el ejercicio, el presupuesto ejercido el año de 1991 por el Programa Nacional de Solidaridad, observamos que simplemente no llegó ni al 3% de los requerimientos que demanda la niñez para atender estos problemas. Pero ésta una práctica que se está haciendo ya un hábito permanente, pernicioso, un hábito que quiere hacer callo en la sociedad mexicana y que quiere ablandar la conciencia de los sectores progresistas avanzados de nuestro país que sí son conscientes y que han demandado soluciones más viables para resolver los problemas de la niñez.
Estas tesis, repito, que quieren hacer callo, que quieren ablandar la conciencia de las fuerzas avanzadas, son las tesis del neoliberalismo para atender a la niñez. Ustedes saben que existen instituciones en los Estado Unidos de América y que aparecen en los diversos medios masivos de comunicación en donde se solicita que cada persona, se le hace un llamado a cada persona del mundo digamos, para que haga una aportación de 20 dólares en favor de un determinado niño; se presenta una carta, en fin, etcétera, es un acto simplemente de demagogia y de caridad, porque no va a la esencia, a la razón fundamental de la cual o por la cual se están creando los problemas que afectan a la niñez en México y en el mundo y lo están implementando también aquí los elementos del llamado sector privado; es decir, de la iniciativa privada.
Piñatas en Navidad, festejos hoy 30 de abril, alguna aportación simbólica de manera fortuita es lo que hacen esta fuerzas del sector privado en favor de la niñez.
Lo mismo hacen las iglesias de diversos signos, está también llamado el Ejército de Salvación, una filial de los Estado Unido de América y en este contexto junto con ello es lo grave, lo negativo, lo que ha constituido la regulación del Estado mexicano en su papel tutelar de apoyo a la niñez, como lo marcó desde un principio el espíritu de nuestra revolución mexicana.
Esas son algunas de las cuestiones, dichas en pocas palabras, de lo que algunos piensan de cómo dicen que pueden resolver la problemática de nuestra niñez en nuestro país y, ¿cuál es la opinión en este caso del Partido Popular Socialista, con la que coinciden otras fuerzas progresistas democráticas?, ¿cuál es el punto de vista que tenemos frente a este problema de la niñez?
Creo que para favorecer a la niñez, primeramente es necesario retomar el rumbo económico y social que fue trazado por la Revolución Mexicana; que el gobierno cumpla con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 4o. en su párrafo segundo de nuestra Carta Fundamental, habla de la necesidad para proteger, para organizar y desarrollar a la familia en las condiciones que hoy vivimos.
Por todo lo que se ha debatido en los últimos ocho años, no ha cumplido el gobierno con esta tarea. El párrafo cuarto del propio artículo 4o. habla del derecho a la protección de la salud y seguimos con los mismos problemas.
Y el último párrafo de este artículo señala que es deber de los padres preservar el derecho de los menores para satisfacer sus necesidades y su salud física y mental, por ese lado, pero luego resulta que en el artículo 123, tanto en la fracción III se habla de que queda prohibida la utilización de los menores de 14 años en las tareas, en los trabajos, se señalan en la fracción IV, en su segundo párrafo, que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer esas necesidades; es decir, las múltiples necesidades de los hijos de los trabajadores.
Entonces conforme a la realidad de los programas de desarrollo económico, conforme a la implementación de una política económica que no va al fondo para favorecer al pueblo, sino al contrario, para deteriorar sus niveles de vida, es que no ha cumplido el gobierno con estas tareas y nosotros decimos que debe ajustarse a la Constitución para que la niñez mexicana encuentre solución a sus problemas y se canalicen hacia mejores condiciones de existencia.
Volver a implementar también los desayunos escolares a nivel nacional, es lo que constituye una forma también de poder mejorar a la niñez.
Ampliar, fortalecer y desarrollar los sistemas y las instituciones de atención a la niñez, es otra de las formas para dar prioridad a este problema. Establecer un banco de prótesis para la niñez de escasos recursos en los diversos aspectos de lo que constituye su cuerpo, su ser humano, de la vista, el oído, lo dental, brazos, piernas y lo que requieran de prótesis los niños
Implementar también para cada familia de las clases trabajadoras, la cartilla alimenticia para cada niño. Que se establezca una coordinación efectiva entre todos los planes, programas, objetivos y recursos disponibles de las diversas instituciones, tanto federales, estatales y municipales, encargadas de dar atención preventiva y correctiva a la niñez, para efectos de multiplicar y aprovechar los beneficios en favor de la población infantil.
Asimismo, que las becas para los niños sean el medio de su amplio desarrollo educativo, cultural y patriótico.
Por estas consideraciones, ciudadanas y ciudadanos diputados, por esta breves reflexiones que he hecho a nombre de mi fracción parlamentaria y además porque como le dijera el maestro Vicente Lombardo Toledano, de que en México los únicos privilegiados deben ser los niños, es que retomamos la propuesta del Partido de la Revolución Democrática y estamos apoyando en este momento dicha propuesta. Gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia hace un exhorto a los diputados federales que se encuentran fuera del salón de sesiones, que se incorporen a nuestra reunión a fin de evitar problemas con el quórum con el que estamos trabajando.
Le pido a la Oficialía Mayor que haga los anuncios correspondientes.
Tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hablar sobre el tema.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Soy el representante popular plurinominal que contendió en ciudad Netzahualcóyotl en el XXVIII distrito electoral.
A ciudad Netzahualcóyotl llegué en 1963. Ciudad Netzahualcóyotl, que es la prueba más patente de la incapacidad del gobierno para administrar, de la incapacidad que ha demostrado la administración pública para prevenir los problemas de la sociedad, pues tal parece que los gobernadores del estado de México y otras autoridades menores, no tienen idea siquiera de lo que es la planificación integral.
Ahí vi yo cuando llegué a ciudad Netzahualcóyotl a la niñez, a nuestros hijos jugar entre lodo y entre la tierra, porque no había drenaje ni agua ni ningún servicio.
Paralelamente a nuestra lucha por construir un hogar para dar alimento, vestido y educación a nuestras familias, veíamos cómo iba creciendo la juventud y la delincuencia, que es ciudad Netzahualcóyotl también una de las ciudades con mayor densidad demográfica juvenil delincuente.
Muchas veces se nos echó la culpa a los padres de familia de no saber educar a la familia; muchas veces se ha echado culpa a Educación Pública, pero la verdad de las cosas es que entre nuestros problemas sociológicos concurren muchas determinantes que hacen o que fomentan la delincuencia, no solamente ciudad Netzahualcóyotl, también es, como dije, la falta de servicios públicos y también la falta de previsión en lo que se refiere a la salud.
Por eso algunas veces he mencionado en algún artículo periodístico, la necesidad de que se reforme el artículo 4o. constitucional, para que se dé a los niños la seguridad social desde su nacimiento y que baste solamente la presentación del acta de nacimiento para que se le otorgue este beneficio, como parte de la seguridad integral.
Mucho he propuesto y hemos propuesto, que se dé para secundaria el libro de texto gratuito. En alguna ocasión o en alguna época o temporada, cuando la derecha estaba atacando al libro de texto gratuito de manera pertinaz y obcecada, tuvimos que hacer una marcha en ciudad Netzahualcóyotl apoyando el libro de texto gratuito, por una razón, compañeros diputados, porque en las escuelas secundarias "reprueban" a los niños; no es que no pasen la prueba, lo que sucede es que no hay cupo y los reprueban.
La Ley Federal del Trabajo prohibe, en su artículo 22, que los niños menores de 16 años trabajen. ¿Entonces a dónde se manda a los jóvenes? Se les manda a delinquir.
Alguna vez alguna patrulla detuvo a los niños oliendo cemento y lejos de llevarlos a sus padres o lejos de llevarlos al tutelar, les dijeron: vayan a su casa y tráigamos un radio. Esa policía nefasta
de ciudad Netzahualcóyotl que no ha cambiado desde hace muchos años; una policía preventiva que solamente previene la caída de los borrachitos cuando mejor les va.
Entonces, compañeros diputados, es congruente en este Día del Niño, no solamente hacerlos objeto de sentidos homenajes, sino también ver la forma de erradicar los males de nuestra sociedad. Debemos darle la seguridad social a los niños desde su nacimiento, necesitamos hacer una raza mejor, necesitamos darles el libro de texto gratuito para que esto incremente el alma nacional, para que seamos los mexicanos más unidos, cuando en esta época y en todas las épocas tenemos amenazas constantes y los mexicanos necesitamos aprender a ser unidos, por eso necesitamos que el libro de texto gratuito se dé para secundaria también como obligatorio y que también, por supuesto, las escuela particulares se sujeten realmente a los programas educativos nacionales, porque no podemos estar creando un estado educativo dentro de otro estado, ya que las escuelas particulares tienen sus propios libros en donde se enseña, muchas veces, hasta a aborrecer a nuestros héroes.
Para finalizar, les digo esto, compañeros, la atención que pongamos hoy en los niños, será una mejor sociedad que tengamos.
Ciudad Netzahualcóyotl, como les decía, si ahora no tiene industria, tampoco hace 32 años. Muchos niños que pudieron haberse salvado de la delincuencia cayeron en ella y cayeron en la drogadicción por esa insensibilidad de los gobernantes. Alguna vez yo le dije a algún niño o chamaco, que tenía oportunidad de hablar conmigo y yo con él, ¿por qué no buscas trabajo? Dice: ya lo he hecho, pero a donde quiera que voy, me dicen que están completos. Este niño fue creciendo, cayó en la drogadicción hasta que lo asesinaron y podría decir el nombre y hasta el número del acta, pero no es el caso.
Por eso les pido, compañeros diputados, que si en su oportunidad tenemos la, perdón por la redundancia, la oportunidad de que presentemos alguna iniciativa ya seamos nosotros o ustedes., personas inteligentes que conocen mejor el derecho que nosotros, pues que se simplemente la forma de proteger a la niñez desde su nacimiento con la seguridad social y que el libro de texto gratuito, sea obligatorio también par secundaria. Muchas gracias.
El Presidente: - Para hablar sobre el tema, tiene la palabra la diputada Gloria Brasdefer Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Gloria Brasdefer Hernández - Compañeras y compañeros diputados.
Se ha dicho que la medida de la civilización en toda sus sociedades ha sido la atención que presta al niño desde la gestación prenatal, el nacimiento, el cuidado y protección de su salud y la inversión personal o colectiva; es decir, la medida de la civilización estará en todas las sociedades en función de la atención y el cuidado que prestamos a los niños en un desarrollo integral.
Sin embargo, en muchas ocasiones, estos temas se han tratado como aspecto retórico o plagados de buenas intenciones.
La atención a la niñez ha originado desde hace muchos años pronunciamientos importantes de organismos internacionales: en 1924, la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño; en 1959, la Asamblea General adopta la Declaración de Derechos del Niño y se reconoce que es necesario proporcionar al niño una atención especial y en un espíritu de paz, de dignidad de tolerancia, de libertad, de igualdad y de solidaridad en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hace unos meses, para ser precisos, en 1990, el presidente Carlos Salinas de Gortari, junto con otros seis jefes de Estado, convocó a la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. Esta Cumbre Mundial estableció compromisos muy claros para los países convocantes y para las organizaciones que se adhirieron a estos compromisos, en materia de atención a la niñez que abarcan las áreas de salud de nutrición de educación y, en especial, de los niños que están en circunstancias consideradas difíciles.
Las metas se deben de cumplir entre 1995 y el año 2000, de tal manera que el cumplimiento de los compromisos adquiridos implica una serie de medidas que se tomaron desde la reunión a la que hago referencia y de las cuales se informa puntualmente año con año.
Ese informe, el informe de México y la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, publicado en 1991, señala cuáles son las dependencias que participan en estos programas de atención a la niñez. Estas dependencias que están vinculadas programáticamente son: el Sistema Nacional de Salud, que incluye a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicanos del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los sectores médicos social y privado.
Participan también las secretarías de Educación Pública; Gobernación, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Relaciones Exteriores, la Procuraduría de Justicia y el Programa Nacional de Solidaridad.
En la iniciativa de reformas que tenemos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se señalan los resultados en relación con la niñez del Programa de Solidaridad.
Creo que es importante hacer alusión a estas reuniones y a estas medidas que se han tomado, porque conviene estar actualizado en una serie de datos que se pueden de alguna manera manejar, de una manera errónea de buena fe, pero de manera errónea, porque no se cuenta con los informes actualizados.
En este informe se señalan, con toda claridad, los informes, los resultados de los programas en materia de salud y se habla de los programas de reducir la mortalidad de los niños y de las madres, para prevenir y reducir los riesgos de la salud materno - infantil, para fomentar la lactancia materna, para detectar y tratar oportunamente algunas formas de retraso mental en los niños, para atender la salud de los niños en edad escolar y para atacar males nutricionales.
Creo que conviene destacar el Programa Nacional de Salud y el programa que en particular se lleva en la ciudad de México, denominado "Todos los Niños Todas las Vacunas".
Otro programa importante es el que se lleva a cabo a través de solidaridad, es un programa de becas para evitar la deserción de los niños en edad escolar. Sabemos que actualmente de cada 100 niños que se inscriben, solamente 55 terminan el 6o. año de la primaria. Esta situación se debe fundamentalmente a la falta de recursos económicos de las familias. El programa de niños en solidaridad que se inició en 1991 actualmente cubre 24 estados, 250 mil niños la meta son 800 mil y tener la cobertura nacional. Este programa de becas en solidaridad, se complementa con la atención que da la Secretaría de Salud a estos niños en el primer nivel; es decir, a través de los centros de salud, en el segundo nivel a través del Hospital General y en el tercer nivel, que son los especialistas.
Otro programa importante es que se refiere a la educación. El programa de modernización educativa por supuesto que forma parte de los compromisos adoptados en la Cumbre Mundial para la Atención a la Niñez.
Es especialmente importante señalar que sí existe un presupuesto importante asignado para este año de 1992, para la atención de la niñez. Actualmente en el sector educación tenemos 10 billones 300 mil 500 millones, 138 mil en salud y 350 mil millones en solidaridad.
En total para atender los programas para el desarrollo integral de la niñez, es de 27 billones de pesos, el 13% del presupuesto nacional.
La reunión Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, especifica con mucha claridad los tiempos, lugares y números de beneficiados en estas tres áreas prioritarias. Si analizamos el problema de los niños de la calle, a los que se hacía mención hace un momento, creo que es conveniente conocer el resultado del estudio que se llevó a cabo en la ciudad de México, para dimensionar el problema y poder llevar programas específicos tendientes a abatir sus orígenes o sus causas. Este estudio refleja los siguientes resultados:
De acuerdo con el censo levantado existen 11 mil 172 niños trabajando en las calles de las 16 delegaciones políticas, su localización fue difícil en virtud de que existen en la ciudad de México, 132 estaciones del Metro, cuatro centrales de autotransportes, 22 ejes viales y 370 cruceros de doble avenida. Se identificaron 515 puntos de encuentro; es decir, los lugares a donde asisten estos jóvenes o estos niños y que es en una mayor concentración, en las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Benito Juárez y Venustiano Carranza.
Los estudios efectuados revelan que el Distrito Federal produce el 74% de estos niños; es decir este problema es autogenerado dentro del Distrito Federal; que los municipios conurbados y otras ciudades contribuyen únicamente con el 25% y que de los 11 mil niños detectados, 10 mil niños trabajan en la calle y casi mil, son niños que viven en la calle, porque no tienen familia ni medios para subsistir.
Tomando en cuenta que en 1991 nosotros ratificamos la Convención de los Derechos del Niño, que tenemos un programa de acción y seguimiento, que era al que yo me refería hace unos momentos, derivados de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia.
Es importante que de acuerdo con las metas planteadas se haya llevado a cabo este estudio, de tal manera de que las acciones que se programen o que se planeen para terminar o abatir sus causas, sean realmente dimensionadas y se enfoquen con certeza hacia esas causas y orígenes.
Hoy se entregó en la mañana el diploma para el curso de trabajadores y educadores de la calle. Este curso que capacitó a 300 educadores, tiene por objeto llevar a cabo el programa para abatir este problema.
También están participando dependencias de la ciudad de México y el sector privado, así como organizaciones mundiales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Es importante señalar que este diplomado forma parte de un programa general y es parte de las metas comprometidas en la Reunión Cumbre convocada por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente de México.
Toda esta información creo que no sirve para reflexionar sobre la importancia del tema; para que tengamos conocimientos de que sí se llevan a cabo acciones de que el gobierno federal, como todos los países del orbe, está realizando esfuerzos concretos sobre éste lacerante y gravísimo asunto.
Se ha legislado en esta materia. Podemos señalar con mucha claridad cuáles son los asuntos sobre los que se ha legislado. Sin embargo, pensamos que es importante que podamos hacer una revisión a fondo en todas las materias para que podamos dar una legislación acorde con las necesidades actuales a las que se enfrentan la niñez mexicana y que son similares a las que afronta la niñez de todo el mundo.
Si partimos de la base de que todas las sociedades civilizadas se miden a través de la atención que se presta a la niñez, que es el valor más preciado de la sociedad, nosotros como legisladores no podríamos escapar de la responsabilidad que atañe no solamente al Estado, o a los poderes del Estado, sino a toda la sociedad y contribuir, a través de la integración de un grupo de legisladores específicamente destinado a revisar la legislación, a efecto de que estemos nosotros con la seguridad de que toman las medidas adecuadas para apoyar a la niñez en su desarrollo integral. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado José de Jesús Berrospe, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para todos los países del mundo un día como hoy debe ser importante, porque está dedicado a los niños, quienes serán los ciudadanos del Siglo XXI y nuestro país no debe escapar a esta celebración, que debe ser importante para todos y cada uno de los habitantes de un pueblo que tiene deseo de llegar a una modernidad y a un progreso en todos sus aspectos de su vida social.
Hemos visto a través de los años, que pasa cada uno de los años en que celebramos a los niños y que año con año se vuelve a meditar, se vuelve a reflexionar, sobre las mismas circunstancias en que nuestros niños, en todos los niveles, siguen viviendo y padeciendo.
Se habla en primer lugar de que los niños no están gozando de los derechos que deben gozar, que no tienen la educación a la que tienen derecho de asistir desde el preescolar o jardín de niños, hasta por lo menos su educación secundaria.
Si vemos las estadísticas, no daremos cuenta que la educación en nuestro país se asemeja a un embudo, donde poco a poco se van restringiendo las posibilidades de que un niño pueda tener derecho a la educación.
Si analizamos otro aspecto, por ejemplo el de la salud nos damos cuenta que solamente algunos privilegiados tienen derecho a ella; si sus padres son derecho habientes de alguna institución.
Si analizamos el trato que a nuestros niños se les da en el hogar, encontramos también que hay maltrato, que hay para los niños duros castigos, fuertes golpes y que los niños no son tratados como seres humanos.
Y nosotros como legisladores y también las autoridades, tanto educativas como civiles, llevamos a cabo programas que a veces solamente quedan en la superficie y no llegan al fondo de los problemas.
Nuestra fracción parlamentaria considera que es necesario que el niño mexicano goce de los derechos que debe tener; que el niño mexicano tenga todo aquello que es necesario, para que pueda llegar a ser un ciudadano útil del Siglo XXI.
Por eso pensamos que es necesario que las autoridades de todo tipo, dediquen realmente lo necesario para que los niños tengan un bienestar al que tienen derechos; que ya cesen las simulaciones en este sentido y que realmente celebremos en los próximos años un día del niño
orgullosamente, con la frente en alto poder decir que hemos hecho lo que los niños merecen y lo que los niños necesitan; que no sean solamente demagogias todos los programas que decimos que se dedican a su bienestar.
Sabemos, por ejemplo, que el Programa de Solidaridad en uno de sus aspectos tiene el que exista la escuela digna. Los que somos maestros de primaria o de secundaria, nos damos cuenta que en los municipios los fondos que se dedican a ese programa no se aplican realmente a las necesidades urgentes, que es necesaria una vigilancia estricta de la aplicación de esos fondos, para que de veras, los niños más necesitados, que a veces estudian en condiciones inhumanas, tengan, por lo menos, una escuela realmente digna.
Podríamos analizar muchos aspectos como éstos que hemos mencionado, pero nuestra fracción quiere concluir esta participación con una propuesta concreta, que queremos pase a la Comisión de Salud y es la siguiente:
Proponemos que los niños, en general tengan derecho a la atención médica, independientemente de que sus padres sean o no derecho habientes de alguna institución, ya que tienen constitucionalmente el derecho a la salud.
Por eso, dejamos a la Secretaría esta propuesta, para que sea analizada en su momento. Muchas gracias (Aplausos.)
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna (desde su curul): - Señor Presidente pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente: - Tiene usted la palabra, señor diputado.
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Se ha hablado aquí de los niños y de todo lo que les falta a ellos, del modo como se les celebra este día tan especial. Esto ha motivado el que yo pida el uso de esta tribuna, para rendir un homenaje muy especial a un menor de dos años de edad, que casi un año de su muerte, en Chiapas, no se le ha hechos justicia.
Sirva pues, señores, estas palabras como un homenaje a este menor que fue atropellado y hasta la fecha, repito, no se le ha hechos justicia. Esto señores es un pequeño homenaje para el niño Ramón Nangusé de la Cruz, del municipio de Chiapas de Corzo, Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - No habiendo más oradores anotados, túrnese las propuestas de la diputada Gabriela Avelar, así como las propuestas de la diputada Liliana Flores Benavidez, a la Comisión de Derechos Humanos, toda vez que esta Comisión tiene una subcomisión de Derechos Humanos de los Niños, a la vez túrnese las proposiciones del diputado Berrospe a la Comisión de Salud.
DÍA DEL TRABAJO
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, para hacer comentarios en torno al Día del Trabajo.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna en representación de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista a rendir homenaje a la clase obrera internacional, a todos los trabajadores que han ofrendado sus vidas por mejorar las condiciones de vida de su clase; vengo a rendir homenaje a los Mártires de Chicago, de Cananea y de Río Blanco; vengo a rendir homenaje de la clase obrera y a todos los trabajadores de México. En todo el mundo y por supuesto también en nuestro país se sigue librando intensamente la lucha de clases, particularmente en lo económico, político y en los ideológico; el neoliberalismo que se está implantando en diversos lugares del mundo y también en nuestro país, está socavando brutalmente las condiciones de vida de los obreros, de los campesinos y de los amplios sectores populares. Por eso hay paros, hay huelgas, hay protestas en Alemania, en Japón, en Polonia, en Francia, en España, en toda Europa. En nuestro continente el fenómeno se observa en Argentina, Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia, en Venezuela y en otras partes y también los obreros mexicanos en diversas formas expresan su descontento por el brutal deterioro que han sufrido sus salarios en esos 10 últimos años en que se ha aplicado por el gobierno anterior y el presente la política neoliberal.
Con ello se ha reducido el presupuesto del gasto público que ha tenido como consecuencia la reducción de recursos económicos para el desarrollo, no sólo de las fuerzas productivas de la nación, sino que se han cancelado muchos programas de obras de beneficio colectivo, desde la construcción de carreteras de escuelas, de presas, de otorgamiento de créditos a
Campesinos y de ayuda a las pequeñas y medianas empresa de capital nacional.
La nueva estructura implementada por los últimos dos gobiernos ha tenido también como consecuencia la venta de las empresas estatales, se sabe que de 1 mil 155 empresas que poseíamos, sólo conservamos a finales de diciembre de 1991, 247. Esta política neoliberal se ha comprometido a pagar la deuda externa en los términos leoninos que impuso el imperialismo, lo cual hace que los trabajadores sacrifiquen parte de sus salarios para contribuir a pagar esa carga brutal al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a otros centros financieros del imperialismo norteamericano.
La política neoliberal del gobierno, golpea brutalmente de los salarios del los trabajadores, al hacer nugatorios los derechos de la clase obrera establecidos en el artículo 123 de la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, en los contratos colectivos de trabajo y en otros renglones que son los de la vivienda y el seguro.
El criterio antisocial de supuesta modernización y la venta de empresas paraestatales, ha mandado a la calle a miles y miles de trabajadores, a unos jubilándose anticipadamente y a otros simplemente despidiéndolos.
Los campesinos de México también han sufrido gran deterioro en su economía con la política neoliberal, prácticamente están abandonados a su propia suerte. Ya no se les da crédito porque han desaparecido en su mayoría los bancos de crédito rural; ya no se les otorga seguro agrícola, porque ha desaparecido la institución gubernamental Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Sociedad Anónima.
La Política de puertas abiertas a la inversión extranjera y al comercio exterior, sin que aún se firme el Tratado de Libre Comercio, ha hecho quebrar a miles de pequeñas y medianas industrias que son de capital mexicano y a los campesinos les ha hechos irredituable sus productos agropecuarios, por la competencia que tienen ya en muchos productos del campo procedentes de los Estado Unidos de América.
La conmemoración del día 1o. de mayo que se realizará mañana, se va a realizar en momentos en que la clase patronal y las fuerzas de derecha de dentro y fuera del gobierno, amenazan con reformar, con un sentido profundamente regresivo, el artículo 123 de nuestra Constitución para crear las condiciones favorables no sólo de la inversión extranjera, sino de la instalación de grandes empresas norteamericanas y canadienses en nuestro territorio.
Esta demanda de las transnacionales y la clase patronal, va encaminada a liquidar las conquistas de la clase trabajadora, alcanzadas con la Revolución de 1910 - 1917.
La táctica de los reaccionarios de dentro y fuera del gobierno y del imperialismo, es la de agredir a los sindicatos más grandes que nuestros trabajadores han organizado para la defensa de sus intereses.
Hace unos días, la Conferencia Patronal de la República Mexicana lanzó sus ataques en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque este organismo sindical tiene una historia brillante que no sólo ha defendido los interese de clase de sus afiliados, sino que ha contribuido a sostener para la nación su perfil patriótico, democrático, revolucionario y antiimperialista y porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación defiende decididamente el artículo 3o. constitucional, que con toda claridad señala que la democracia consiste en distribuir equitativamente la riqueza.
Estas fuerzas reaccionarias, antiobreras y antidemocrátricas, actúan dentro y fuera del gobierno, apoyados por las fuerzas económicas del imperialismo.
En el pasado inmediato han hecho nugatorias las leyes laborales, aplicando en su lugar los ya desprestigiados pactos de solidaridad y estabilidad económica en la que involucra a ciertos dirigentes obreros y campesinos que sin consultar a sus representados, firman acuerdos que nada tiene qué ver con los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad.
Pero además, es bien sabido que la clase patronal jamás cumple con estos pactos y que también el gobierno, desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aplasta toda demanda justa de los tabajadores.
Por otra parte, estos grupos empresariales y reaccionarios de dentro y fuera del país, han aplicado una política de desnacionalización y de corrupción entre los dirigentes obreros, de tal manera que han perdido capacidad de defensa de los intereses de los trabajadores frente a la clase patronal y por esa colusión, los obreros organizados que mañana van a desfilar, se encuentran en una situación de indefensión y pobreza. Esta pérdida de capacidad de los líderes de defender los intereses de los trabajadores,
se refleja en los siguientes datos: en 1935 hubieron 642 movimientos de huelga; en 1936, 674; en 1937,570 movimientos de huelga; en 1942,766; en 1944,887; en contraste compañeros diputados, en 1989 solo hubieron 118 y en 1990, 150 y en 1991, 114. Estos datos son elocuentes, ya que por el número de trabajadores sindicalizados y trabajadores del campo organizado, deberían de haber más movimientos de huelga, más lucha de los trabajadores, máxime cuando las condiciones de vida de ellos son peores que en el pasado.
Lo que pasa es que hoy predomina la dirección reformista y entreguista en muchas organizaciones sindicales, como ya se dijo, muchas de ellas corrompidas, enriquecidas y entregadas a las autoridades y al sector patronal. Muchos líderes sindicales y líderes campesinos se han convertido en empresarios por lo que ahora se ha convertido en explotadores de los trabajadores que en algún tiempo estuvieron defendiendo.
Compañeras y compañeros diputados, ésta es la situación que priva en estos momentos, que no es nada halagador, sino sumamente difícil. Nosotros consideramos que el movimiento sindical revolucionario debe retomar su papel de vanguardia de su clase y de la sociedad a la que pertenece.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista considera que es el momento de luchar intensamente para lograr la unidad en la acción de la clase obrera, en alianza estrecha con los campesinos, para alcanzar el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Defender el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos, luchar intensamente por retomar el camino que nos trazó la Revolución de 1910, combatiendo la política neoliberal que sólo favorece a unos cuantos y que empobrece a la mayoría.
Luchar por la soberanía y la independencia de la nación mexicana, porque solo así podemos alcanzar niveles superiores de vida.
Vivan los Mártires de Chicago. Vivan los Mártires de Cananea y Río Blanco. Viva la clase obrera y campesina de México. Muchas gracias.
El Presidente: - A esta Presidencia ha llegado una solicitud por escrito del diputado José de Jesús Berrspe, a fin de que el turno anterior, el cual había solicitado se le diera a la Comisión de Salud, sea igual que los otros puntos propuestos por las diputadas, a la Comisión de Derechos Humanos.
Esta Presidencia no tiene inconveniente por recoger por segunda ocasión su solicitud y rectificamos el turno dado anteriormente para que su propuesta pase a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
6 de Mayo de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del 239 aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, tendrá lugar el 8 de mayo en el monumento erigido a su memoria en la explanada de la delegación Miguel Hidalgo, ubicada en Parque Lira y Vicente Eguía, a las 10.00 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 21.00 horas):- Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 6 de mayo a las 10.00 horas.