Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19920508 - Número de Diario 7
(L55A1P1oN007F19920508.xml)Núm. Diario: 7ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Dip. Juan Ignacio Torres Landa García
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D.F., viernes 8 de mayo de 1992 No.7
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMUNICACIONES (I)
Del Congreso del Estado de Hidalgo. De enterado.
Del Diputado Miguel Angel Yunes Linares, para solicitar licencia. Se aprueba el punto de acuerdo formulado.
ESTADO DE CAMPECHE
Denuncia presentada por el diputado Héctor Morquecho Rivera.
COMUNICACIONES (II)
De los diputados Javier Centeno Avila, Tomás González de Luna, Nicolás Olivos Cuéllar, José María Téllez Rincón y Rodolfo Toxtle Tlamani. De enterado.
CIUDADANOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS
Intervienen los diputados:
José Camilo Valenzuela presenta propuesta.
Amador Rodríguez Lozano
Juan Jacinto Cárdenas García
José Camilo Valenzuela para rectificar hechos.
Guillermo Jorge González Díaz
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
FLOTA ATUNERA MEXICANA
Denuncia presentada por el diputado Rogelio Appel Chacón.
ALTOS HORNOS DE MÉXICO
Propuesta presentada por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Intervienen los diputados:
Héctor Morquecho Rivera
Fidel Hernández Puente
SENTENCIA DEL CIUDADANO RICARDO ALDAPE GUERRA
Pronunciamiento pluripartidista presentado por el diputado Manuel Terrazas Guerrero. De enterado.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FRANCISCO LARIS ITURBIDE
ASISTENCIA
El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Se informa a la Presidencia que existe registrados previamente 413 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente(a las 12.00 horas): - Se abre la sesión.
Se ruega a los señores diputados pasen a tomar su asiento y a los señores visitantes igualmente.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha:
Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
8 de mayo de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Hidalgo.
Comunicación del ciudadano diputado Miguel Angel Yunes Linares.
Comunicación de ciudadanos diputados.
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones de Comercio y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Impuesto General de Importación y de la Ley Reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Comercio, en materia de Comercio Exterior.
De las comisiones de Comercio y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Impuesto General de Exportación.
Denuncia que presenta el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, por conducto del ciudadano diputado Héctor Morquecho Rivera, sobre hechos ocurridos en el estado de Campeche.
Denuncia a cargo del ciudadano diputado Enrique Rico, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre los sucesos del domingo 3 de mayo en Tamazunchale, San Luis Potosí.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través del ciudadano diputado Camilo Valenzuela, sobre los disturbio ocurridos en los Ángeles California y de los indocumentados mexicanos.
Pronunciamiento político de los seis grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura de la Cámara de Diputados, sobre hechos en contra de pescadores mexicanos.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el problema laboral de trabajadores de Altos Hornos.
Sesión secreta.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente : - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
Los que están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día seis de mayo de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Juan Manuel Huezo Pelayo
En la capital de la República Mexicana, siendo las doce horas con un minuto el día seis de mayo de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de cuatrocientos cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
En virtud de que copias del acta de la sesión anterior, fueron entregadas a los coordinadores de los grupos parlamentarios, la asamblea dispensa la lectura a ese documento y, posteriormente lo aprueba en sus términos en votación económica.
Desde su curul, el diputado Hiram de León Rodríguez, solicita copia documental y el Presidente instruye a la Secretaría al respecto.
El Presidente informa a las puertas del salón se encuentra la ciudadana Guadalupe Mejía Guzmán, diputadas suplente por la cuarta circunscripción plurinominal y designa una comisión para que la introduzca en el salón y la acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la diputada Mejía Guzmán, entra en funciones de inmediato.
Se da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del CCXXXIX aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla.
Se designa comisión para presentar a la Cámara de Diputados.
Una comunicación del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por la que informa de actividades propias de su constitución.
Se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Gómez Mont Urueta, del Partido Acción Nacional, quien en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia, da cuenta con el informe sobre los avances en el cumplimiento del punto primero del acuerdo emitido por el pleno, en relación con los hechos en Guadalajara, Jalisco.
Para rectificar hechos y hacer diversas proposiciones, hace uso de la palabra el diputado Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna su intervención a las mismas comisiones del acuerdo del veintiocho de abril próximo pasado.
Sube a la tribuna el diputado José Merino Castrejón, del Partido Revolucionario Institucional, para dar cuenta con el informe de las comisiones unidas del Distrito Federal, de Ecología y Medio Ambiente y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, sobre la visita a la Sierra de Santa Catarina, en cumplimiento de un acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. De enterado.
La Secretaría da cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las iniciativas del Ejecutivo Federal sobre Ley Minera, se turna a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial; de decreto que reforma al artículo tercero de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura, se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia; de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien presenta iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Se turna a la Comisión de Justicia y a la del Distrito Federal.
Sube a la tribuna el diputado Francisco Hernández Juárez del Partido Popular Socialista, para hacer un comentario respecto del Registro Federal de Electores.
Se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien solicita que la Contaduría Mayor de Hacienda realice, por sus propios medios, una revisión sobre el mantenimiento de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y el manejo de los flujos petrolíferos. Por instrucciones del Presidente se consulta a la asamblea, misma que aprueba que se amplíe el trámite a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Para referirse a hechos que llamaron vandálicos en el proceso electoral en el estado de Michoacán, hacen uso de la palabra los diputados Virgilio Pineda Arellano, del Partido Revolucionario Institucional; Julio César García Hernández del Partido de la Revolución Democrática; Juan Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional y Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista y Reconstrucción Nacional.
Para referirse a lo que se llamó introducción de un gasoducto en el oriente de la ciudad de México, hace uso de la palabra el diputado Odilón Cantú Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en dos ocasiones; Everardo Gamiz Fernández, del Partido Revolucionario Institucional y Fernando Lerdo de Tejada Luna, del mismo partido, para rectificar hechos.
Se turna a la Comisión del Distrito Federal, la que dialogará con un grupo de representantes de las colonias afectadas.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con treinta y cinco minutos, citando para la que tendrá el próximo viernes ocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, a las once horas.
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior y, si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Está a consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma?...
Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
COMUNICACIONES (I)
La secretaria Evangelina Corona Cadena:
Escudo. - Congreso del Estado de Hidalgo. - Oficialía Mayor.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México D.F.
En debido cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19, 21 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito el honor de comunicar a usted (s), que el día de hoy, se dio apertura al Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura de honorable Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, el cual será clausurado hasta haberse diligenciado en su totalidad los asuntos contenidos en el acuerdo respectivo:
Para tal efecto, se eligió la mesa directiva que presidirá los trabajos, quedando integrada de la siguiente forma:
Presidente: diputado Francisco Olvera Ruiz; vicepresidente: diputado Margarito Cabrera Chávez; secretario propietario: diputado Hugo Meneses Carrasco; secretario propietario: diputado José Luis Fayad Medina; secretario suplente: diputado Joel Marroquín Rodríguez; secretario suplente: diputado Paulino Chávez Martínez.
Agradeciendo de antemano se sirva (n) tomar nota de lo anterior, aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 25 de febrero de 1992. - El oficial mayor del honorable Congreso Constitucional, licenciado Rodolfo Miranda Enríquez.
De enterado.
La misma Secretaria:
Escudo. - Congreso del Estado de Hidalgo. - Oficialía Mayor.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F.
En debido cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito el honor de comunicar a usted (s) que la Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, clausuró el día de hoy, el Segundo Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, al haberse diligenciado en su totalidad los asuntos contenidos en el acuerdo respectivo.
Al hogar a usted (s) tenga (n) a bien acusar el correspondiente recibo, aprovecho la
oportunidad para reiterarle (s) las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 9 de marzo de 1992, - El Oficial Mayor del honorable Congreso Constitucional, licenciado Rodolfo Miranda Enríquez.
De enterado.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha:
Diputado licenciado Juan Ignacio Torres Landa, Presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
Con base en los dispuesto en la materia por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle tenga a bien someter a consideración del pleno de la Cámara se me otorgue licencia para separarme de mis funciones como diputado federal por un período de 90 días, contados a partir de esta fecha.
Sin otro particular, me es grato reiterarle mi especial consideración y aprecio.
Atentamente.
Mayo 8, 1992. - Diputado Miguel Angel Yunes Linares.
El Presidente: - En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo: Primero. Se concede licencia por 90 días al diputado Miguel Angel Yunes Linares, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el VIII distrito del estado de Veracruz, a partir de esta fecha.
Segundo. En su oportunidad llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobados, señor Presidente.
ESTADO DE CAMPECHE
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para presentar una denuncia sobre los hechos ocurridos en el estado de Campeche.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor Presidente, con su permiso; ciudadanas y ciudadanos legisladores:
A 75 años de vida constitucional en nuestro país, México sigue padeciendo de graves problemas con relación a las garantías individuales; estas siguen siendo hoy día violentas.
A 75 años de que se inició este proceso para llevar a la vida política de nuestro país un marco legal que permita la participación decisiva de todo el pueblo, de todos los ciudadanos, en la solución a los grandes problemas nacionales, tenemos que todavía, repito, no hay congruencia entre lo que marca nuestra legalidad constitucional y el quehacer de algunos políticos, funcionarios y de algunas autoridades que asumen una actitud arbitraria e injusta con los ciudadanos en lo general.
Hemos llegado ya a esta década de los noventa y, un precepto fundamental de nuestra Carta Magna refiere, en su artículo 1o., dicho precepto, a que en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Si revisamos, leemos lo que marca el artículo 5o. de este ordenamiento nacional, lo que señala el artículo 6o., el 7o., el 9o. llegamos a la conclusión de manera sintética de que tenemos una Constitución que da marco, que da viabilidad, que da fundamentación para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho a elegir, a votar, a expresarse, a escribir, a manifestarse, todo en los términos de respeto y en los términos que marca la propia Constitución.
En este proceso constitucional, compañeras y compañeros diputados , tenemos el artículo 41, que en su párrafo segundo y tercero señala lo siguiente: "Los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las formas
específicas de su intervención en el proceso electoral". Es decir se refiere a los partidos políticos.
Párrafo tercero dice: "Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración nacional de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo".
¿Cuales son las razones por las cuales estoy invocando estos artículos?, ¿cuál es el propósito de señalar los aspectos que en este momento deben ser fielmente seguidos, respetados y aplicados por loas autoridades?
La razón, compañeras y compañeros diputados, es que en el estado de Campeche no se está respetando la vida de los partidos políticos. En el estado de Campeche no se están siguiendo lineamientos constitucionales. Se ha erigido una actitud arbitraria, una actitud totalmente injusta, grosera, anticonstitucional, antidemocrática por parte del secretario general de gobierno del estado de Campeche y por la policía de esa entidad federativa.
Dos candidatos a diputados locales postulados por el Partido Popular Socialista han sido encarcelados. Siete miembros del Partido Popular Socialista, también, han sido encarcelados, todo bajo el pretexto infantil y absurdo por parte del secretario general el gobierno del estado de Campeche, presidente a la vez del Instituto Estatal Electoral, en el sentido dicho pretexto de que los miembros del Partido Popular Socialista andaban pintando una barda sin permiso, sin autorización del propietario de esa barda.
Quiero precisar, todos los partidos políticos lo saben que es una práctica tradicional habitual, el que los partidos políticos pinten las bardas que estén disponibles para efectos de llevar adelante su propaganda.
Y no solamente ha asumido una actitud arbitraria el secretario general de gobierno del estado de Campeche al encarcelar a los miembros del Partido Popular Socialista, sino además ha amenizado, ha dicho públicamente que él seguirá con su actitud, que la policía estará dispuesta a cumplir las ordenes, no importando las consecuencias a lo que pueda suceder con la perspectiva, con la democracia o con lo que pueda hacer avanzar las fuerzas políticas, populares democráticas del estado de Campeche. Es decir, una actitud completamente fuera del contexto que marcan las leyes y lo que marca la Constitución.
Por esa razón estamos haciendo esta denuncia ante esta representación nacional. No es la primera vez que en el estado de Campeche, que por cierto cuenta con una ley electoral anacrónica y obsoleta, no es la primera vez que suceden estos hechos. Hace seis años fue asesinada la hija del dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Popular Socialista en Campeche, una joven de 17 años y, este miércoles, antier, sobre esta denuncia; sobre esta agresión que estamos denunciando, la policía agredió de manera violenta, con 25 policías que iban en cinco patrullas para apresar a estos dos candidatos del Partido Popular Socialista y siete militantes de este mismo partido y la policía le puso la pistola en la sien a un miembro de la Juventud Popular Socialista, que también andaba en esta campaña electoral.
Yo creo, compañeras y compañeros legisladores, que de ninguna manera es admisible que estos hechos ocurran. No es admisible que podamos ver pasar de una manera pasiva estos acontecimientos. En estos días, en estos momentos en que se hace necesario fortalecer la vida democrática de nuestro país, es cuando debemos mostrar la mayor sensibilidad para con el quehacer en materia política y en materia electoral.
Sobre esta base, compañeras y compañeros diputados, creo que esta denuncia que debe conocer todo el pueblo de México, debe servir de fundamento para que las prácticas políticas sean por la vía de lo que marca nuestra Constitución y sobre todo, con el respeto...
El Presidente: - Suplicamos nuevamente a la sala, por respeto al recinto, por respeto al orador, guardar silencio y pasar a tomar sus asientos.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Gracias, señor Presidente:
Y, compañeras y compañeros diputados decía, esto no es posible que pueda pasarse por alto. Queremos que ustedes hagan suya como hicieron suya esta denuncia en apoyo ante el Instituto Estatal Electoral, los partidos, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido de la Revolución Democrática, que de inmediato se solidarizaron en el Partido Popular Socialista en el estado de Campeche. Muchas gracias.
El Presidente: - Señor secretario, vamos a suplicarle a usted que dé lectura a la comunicación pendiente de los diputados.
COMUNICACIONES (II)
El secretario Enrique Jacob Rocha:
«Ciudadano diputado y licenciado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso de la Unión, - Presente.
Por medio del presente le saludamos afectuosamente y, nos permitimos hacer de su conocimiento que los cinco diputados federales, que al calce firmamos, hemos dejado de pertenecer a la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en virtud de exigir grandes y fuertes discrepancias de orden político, mismas que nos han obligado a tomar esta seria determinación.
Por lo antes expuesto, solicitamos a usted, respetuosamente, y con base en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se nos reconozca, como fracción parlamentaria independiente, con todos los derechos y prerrogativas, que nos otorga esta ley y sus reglamentos.
En espera de su pronta respuesta, nos es grato reiterarle nuestra más alta y distinguida consideración.
México, 75 años de vida constitucional 1917 - 1992.
Fraternalmente.
México, Distrito Federal, a 2 de abril de 1992. - Diputados: Javier Centeno Avila, Tomás González de Luna, Nicolás Olivas Cuéllar, José María Téllez Rincón y Rodolfo Toxtle Tlamani.
De enterado.
CIUDADANOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Camilo Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Uno de los acontecimientos internacionales más sobresalientes de los últimos días han sido la sublevación, la movilización la protesta que se ha desarrollado en Estados Unidos, a partir del dictamen de una corte, absolviendo a cuatro policías que habían golpeado de manera brutal a un conductor negro.
Este hecho grave, es, sin embargo, sólo el detonante de una situación social que se ha venido agravando en Estados Unidos como consecuencia de la aplicación de una política neoliberal que se ha impuesto al conjunto del mundo y que ha agravado los problemas sociales a niveles extremos.
Este hecho ciertamente que forma parte de un conjunto de explosiones sociales que empiezan a expresarse en diversos países.
Primero, fue, sobre todo, países de América del Sur, los que empezaron a vivir explosiones sociales espontáneas, saqueos de supermercados y de tiendas por parte de sectores sociales cuyas carencias habían sido agravadas a niveles de generar hambre y desesperación.
Venezuela se ha transformado en uno de los escenarios políticos más permanentes de estas acciones sociales. Panamá, después de la invasión de Estados Unidos y de la imposición de un gobierno títere, ha empezado también a ser escenario de la respuesta social espontánea al agravamiento del problema social y al agravio del atropello imperial que este país ha padecido.
Y en Estados Unidos, en el país en el cual se han asentado en buena medida las fuerzas económicas y políticas que nos han impuesto al conjunto de América Latina esta política neoliberal, en Estados Unidos ese agravamiento de los problemas sociales se ha mezclado con los problemas históricos, de trato a las nacionalidades que en ese país coexisten con la nación anglosajona.
De tal manera que el dictamen de la corte vino a poner en movimiento estados de ánimo, resentimientos sociales acumulados durante muchas décadas y agravados particularmente durante la era Reagan y durante el gobierno de Bush.
Fue una sorpresa para el mundo y para todos aquellos que habían asimilado la idea de que Estados Unidos era el paraíso de la libertad, fue una sorpresa ver cómo se desarrollaba de manera violenta, un levantamiento social desarrollado principalmente por la comunidad negra, pero en la que participaron otros sectores sociales, condenados a condiciones de vida desesperadas, verdaderamente miserables, a la más extrema concentración de la riqueza.
La relación del gobierno de Estados Unidos ha sido, de nueva cuenta, echar mano de los cuerpos represivos para contener esa explosión social.
Pero no sólo se ha reducido a contenerla, aprovechado ese levantamiento social para poner
en acción los mismos perjuicios raciales, la misma política asentada en los perjuicios raciales, para agredir a las nacionalidades sometidas en Estados Unidos a una política racista. Especialmente violentas han sido las medidas contra la comunidad mexicana de Estados Unidos y especialmente en Los Ángeles.
Se ha puesto en acción a la Guardia Nacional y se han coordinado con ella otros cuerpos represivos para iniciar una ofensiva que no respeta derechos de ninguna índole y que entra a catear casas, entra buscando mercancías y termina deteniendo a los mexicanos que no comprueban la residencia que ellos consideran de tener y los deporta de manera inmediata, sin darles oportunidad a defenderse y sin respetar los derechos adquiridos a partir de la Ley Simpson - Mazzoli.
El día de ayer, con la presencia del propio presidente Bush, en Estados Unidos, se detuvo y se deportó a 2 mil mexicanos, nada más en Los Ángeles y, pese a la movilización que ha empezado a desarrollar la comunidad mexicana, encabezada por organizaciones como la Hermandad Mexicana, que dirige nuestro amigo Bert Corona: One Stop, que dirige el licenciado Juan José Gómez Gutiérrez y José Jacks, que el mismo día de ayer llevaron a cabo un acto de protesta en el hotel donde se hospeda Bush, en Los Ángeles. Pese a ello continúa la acción inhumana, la acción represiva, que no respeta ninguna ley y que intenta, que está poniendo en acción medidas que violan la propia legalidad de Estados Unidos y que de manera especial está afectando a la comunidad mexicana en Estados Unidos.
Yo creo que para los mexicanos y en especial para esta Cámara de Diputados estos hechos no pueden ser vistos con indiferencia y requieren un pronunciamiento enérgico, reclamando el respecto a los derechos humanos del conjunto de los ciudadanos de Estados Unidos y en especial de la comunidad negra y mexicana.
Me parece que en momentos en que se está acelerando o pretendiendo acelerar la firma del Tratado de Libre Comercio, se requiere exigir respeto; respeto a los derechos de los mexicanos en Estados Unidos y respeto también a los derechos humanos del conjunto de los ciudadanos de Estados Unidos y de los negros.
No es posible que nosotros permanezcamos indiferentes por conveniencias diplomáticas o por conveniencias comerciales, ante un hecho de suma trascendencia para la nación, para Estados Unidos y para el conjunto de los países de América Latina y del mundo.
No es posible que toleremos que un gobierno que dice promover a nivel internacional la libertad y el respeto a los derechos humanos, que organiza intervenciones como la de Panamá, que monta guerras como las de Medio Oriente, actué en su seno con una brutalidad que tampoco garantiza para nuestros ciudadanos en Estados Unidos, ni para nuestro país que está tratando con él la firma de un Tratado de Libre Comercio; ni para América Latina garantiza la más mínima responsabilidad en el trato a los problemas sociales, que está visto que no son hechos aislados, que empiezan a ser expresión de la crisis de la política neoliberal con la que se ha sacrificado a una gran parte de la población de México, de América Latina, de Estados Unidos y del mundo.
Yo creo que la Cámara de Diputados debiera de iniciar en este momento una reflexión, una discusión que nos lleve a sacar un pronunciamiento exigido que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos estadounidenses y que se detengan las deportaciones contra los mexicanos en Estados Unidos y que de inmediato se tomen medidas para convocar a los miles de deportados que se han implementado por el gobierno estadounidense, violando toda la normatividad y todos los derechos para reorganizar la exigencia de que sean indemnizadas y sean reinstaladas en sus trabajos y en sus casas, de donde fueron violentamente arrancados por la acción de los cuerpos represivos de Estados Unidos.
Yo creo, compañeras y compañeros, que en la perspectiva de un trato respetuoso con Estados Unidos, requerimos de actuar en defensa de nuestros derechos como nación, de los derechos de nuestros compatriotas y de los derechos humanos del conjunto de los ciudadanos estadounidenses. Guardar silencio en estos momentos, ante estos acontecimientos tan graves, sería estar abriendo la posibilidad de que nuestra coexistencia con Estados Unidos adquiera tendencias peligrosas para un trato digno y respetuoso, para nosotros como nación, para nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos y para el conjunto de los hombres y mujeres que interactuamos en esa frontera de la que tanto se habla en el mundo y en Estados Unidos y en México.
Por ello, compañeras y compañeros, el Partido de la Revolución Democrática ha querido, haciéndose eco de las preocupaciones de
nuestros compatriotas en Estados Unidos, plantear ante ustedes la necesidad de que iniciemos aquí una reflexión sobre estos acontecimientos, que rompamos el silencio y la indiferencia que hemos mantenido a un punto de acuerdo para exigir a los derechos de nuestros compatriotas y plantearíamos que la Comisión de Relaciones Internacionales, la Comisión de Asuntos Fronterizos y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, nos aboquemos de inmediato a tomar medida para atender a nuestros compatriotas afectados y para atender y defender los derechos de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra, señor diputado.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
No podemos menos que coincidir con el compañero Camilo Valenzuela en su preocupación expresada en esta tribuna, respecto a que nos pronunciemos por el respeto irrestricto de los derechos humanos de nuestros conciudadanos mexicanos que se encuentran legal indocumentadamente en los Estados Unidos de América.
De ninguna manera, así como hay esta coincidencia, podemos aceptar que nosotros hayamos permanecido indiferentes por conveniencia o que hayamos guardado silencio ante la situación en que se encuentran nuestros connacionales. Yo creo que esta Cámara y la Comisión Permanente, en su momento, han tenido permanentemente una actitud enérgica y de preocupación al respeto de los derechos humanos de los indocumentados mexicanos. Hemos, incluso, firmado todos los partidos políticos, puntos de acuerdo y declaraciones políticas en ese sentido; nos hemos expresado por el respecto cabal y absoluto de los derechos humanos de nuestros conciudadanos.
Recientemente, incluso, expresamos de manera tajante que el indocumentado mexicano no es un criminal, que independientemente de las consideraciones de carácter legal, tenga documentos o no tenga documentos, sus derechos humanos deben de ser respetados de manera irrestricta.
Expresamos también que hay una gran contribución del trabajador migratorio indocumentado mexicano a la economía estadounidense, que incluso produce la gran sangría a la nuestra y que el trabajador indocumentado mexicano tiene un alto valor en el mercado de trabajo de los Estados Unidos de América.
Hemos estado en contacto desde hace algunos días con el cónsul en Los Ángeles, el licenciado José Angel Pescador, expresándole precisamente nuestra preocupación de que bajo ningún pretexto, bajo ninguna circunstancia de que se quiere atacar la delincuencia de los hechos ocurridos en Los Ángeles recientemente, pueda ser pretexto para atacar sin respeto a los derechos humanos, los indocumentados mexicanos.
El mismo cónsul me dijo que él expresó a las autoridades estadounidenses y a las locales, basándose incluso en una tesis del que habla, en el sentido de que las policías locales no deberían de tener ninguna intervención en asuntos de caracter migratorio, expresión que nosotros recientemente habíamos hecho valer ante legisladores norteamericanos.
Ciertamente nos preocupa lo que está pasando en Los Ángeles. Las cifras que nosotros tenemos no coinciden con las del compañero Camilo Valenzuela y me las acaba de dar hace unos momentos el cónsul de Los Ángeles. Han sido deportados efectivamente, lo que se conoce como deportación voluntaria, 300 mexicanos. La información que me acaba de dar el cónsul en Los Ángeles es que se ha terminado la intervención de las autoridades migratorias que efectivamente, con el pretexto de atacar la delincuencia o la presunta delincuencia en el incidente de Los Ángeles, estaban haciendo deportaciones en los centros donde los mexicanos aparecían de manera habitual para buscar trabajo; e incluso, efectivamente es cierto que aprovechando esta circunstancia, acudieron a una serie de vecindarios y de manera ilegal, ilegítima, que nosotros aquí reprobamos y rechazamos, detuvieron a una serie de mexicanos por carecer de documentos.
El cónsul en Los Ángeles intervino de manera enérgica; desgraciadamente no me llegó oportunamente por fax la información que él me acaba de pasar, donde hay un oficio de él a las autoridades migratorias y a las autoridades locales, donde se reprueba esta intervención. No solamente incluso fue el cónsul mexicano, sino según me expresó él, varios cónsules de países centroamericanos se unieron a este rechazo a esta política.
Me informa también el cónsul que se ha terminado esta participación de las autoridades
locales. Tengo incluso una propuesta de un regidor del cabildo de la ciudad de Los Ángeles, Mike Hernández, quien también se pronunció porque los policías locales no intervengan en asuntos de carácter migratorio, intervención que ya ha cesado. También la patrulla fronteriza, lo que se conoce como el servicio de inmigración y de naturalización, ha terminado su intervención.
Sin embargo queremos coincidir con el compañero Camilo Valenzuela y que hizo a nombre del Partido de la Revolución Democrática, en expresar que los derechos de los indocumentados mexicanos deben de respetar irrestrictamente.
El Presidente: - Tiene la palabra, señor diputado.
El diputado Juan Cárdenas García: - Con su permiso, señor Presidente:
Sobre los hechos que los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, quiero manifestar lo siguiente: no hace mucho, en un período de dos, tres años, hubo una vasta campaña propagandística en el mundo, impulsada por el imperialismo norteamericano, en favor del respeto a los derechos humanos.
En correspondencia a esta propaganda, surgieron muchas acciones en todo el mundo, figuras relevantes. se habló en la prensa extensamente sobre las comisiones de Derechos Humanos, la figura del ombudsman, en fin, todo un aparato propagandístico para exigir el respeto a los derechos humanos en todo el mundo, pero en determinados países, en los países, antes de la comunidad socialista, en Cuba, en fin; pero ahora, lo que han señalado mis compañeros diputados aquí, clarifican una cuestión: la plena correspondencia de la política internacional agresiva del imperialismo con su política interna de persecución, de represión y de falta de respeto a los derechos humanos de quien sea.
Ahora sufren esta política agresiva los ciudadanos negros y fundamentalmente nuestros compatriotas que van a contribuir con su esfuerzo físico e intelectual a engrandecer más la economía norteamericana.
Ahora debemos prepararnos señoras y señores diputados, porque cierto que se han estado tomando medidas prácticas en torno al problema concreto de los indocumentados y de los sucesos de Los Ángeles; sin embargo, esto no va a resolver el problema. Debemos prepararnos para mayores acciones represivas en los Estados Unidos en contra de los ciudadanos negros, chicanos en fin, latinoamericanos, hispanoamericanos, pero quiero denunciar con toda energía una cuestión: está en marcha toda una acción de propaganda para distraer la atención del mundo acerca de los problemas concretos que estamos comentando.
El imperialismo norteamericano ha empezado a destacar una inmensa cantidad de hombres entre marinos y soldados, en torno de Guantánamo, Cuba. En los últimos dos, tres días, hay la presencia de, además de lo acostumbrado, de más de 300 mil hombres, con una franca actitud de provocación que está incitando, se está provocando a los cubanos vecinos a Guantánamo, con la intención de que se produzca un hecho que les justifique una invasión militar.
Es una manera de avanzar en dos rumbos: primero, distraer la atención de los problemas concretos que acontecen en su zona y, por la otra, avanzar en la provocación, en la amenaza contra la hermana República de Cuba. Esto debe alertarnos de posibles conflictos mayores en que esté de por medio, ya no solamente el respeto a los derechos humanos en territorio norteamericano, sino la seguridad del pueblo hermano cubano.
Por eso, el Partido Popular Socialista no puede más que sumarse al planteamiento del diputado Camilo Valenzuela, de que debemos reflexionar en torno a algún pronunciamiento, exigiendo el respeto de los derechos humanos en todo el territorio norteamericano, pero fundamentalmente el respeto a los derechos de nuestros compatriotas que acuden en busca de trabajo en el mercado norteamericano.
Sin embargo, creemos que la Cámara de Diputados debe de reflexionar también en las posibles con, consecuencias de la acción provocadora del imperialismo en torno a Cuba; que no vengamos más tarde a lamentarnos de las acciones represivas del imperialismo norteamericano. Debemos hacer el esfuerzo de contribuir a prevenir estas acciones en estos rumbos. Muchas gracias, señores diputados.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Camilo Valenzuela, con fundamento en el artículo 102 del reglamento.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Compañeras y compañeros:
Nos preocupa sobremanera la conducta de esta Cámara de Diputados, del gobierno mexicano y del conjunto de nuestros compatriotas ante estos acontecimientos, Nos preocupa, en primer
lugar, porque son fenómenos que se empiezan a convertir en característicos de la situación económico - social por la que atraviesan los pueblos de América Latina, el propio pueblo de Estados Unidos y que empiezan a manifestarse incluso en Europa.
Nos preocupa el enfoque, la mentalidad y las políticas con las cuales se haga frente y se traten estos estallidos sociales; nos preocupa que se llame a los participantes de estas explosiones sociales "delincuentes" y que se les trate simplemente como transgresores de la ley y no como víctimas de una política que los ha conducido a la desesperación y que los ha arrinconado hasta no dejarles más recursos que estas explosiones sociales espontáneas que se desencadenan y se desarrollan de manera vertiginosa, afectando los intereses del conjunto de la sociedad y reclamando de quienes gobiernan y dicen preocuparse por la paz social. respuesta de fondo de ataque las causas y que no pretendan aprovecharlas para golpear y aplastar a estos sectores sociales, victimados ya por el conjunto de la política social y en el caso de Estados Unidos, de la política racial.
Nos parece indispensable que esta Cámara de Diputados encarece el problema y tome medidas, reconociendo que quienes han participado de estas movilizaciones no son delincuentes, son seres humanos, arrinconados a condiciones de vida desesperantes, que se han visto impulsados a actuar de la manera violenta en que lo han hecho.
Desde este punto de vista creemos que esta Cámara requiere sobreponerse al enfoque con el cual se está tratando el problema en Estados Unidos y reclamar un trato humano, un trato justo, un trato social que respete los derechos humanos y que respete en particular los derechos de nuestros compatriotas.
Nos satisface escuchar de parte del compañero Amador Rodríguez Lozano, que ha habido pronunciamientos y que ha habido participación de los cónsules mexicanos, pero no nos satisface en lo absoluto el hecho de que estos pronunciamientos no hayan contribuido a detener los atropellos que se están desarrollando, y si para el día 6 de mayo había 1 mil 44 compatriotas nuestros detenidos, el día de ayer esa cifra se multiplicó casi dos, por tres y, hasta ayer, hasta anoche, a las 11:00 de la noche en que tuvimos comunicación, seguían las acciones de la Guardia Nacional, que estaba cateando casa, buscando objetos robados y que al no encontrar los pasaban a investigar la situación migratoria de quienes habitaban en esas casas, sin tener atribuciones legales para ello, violentando la propia legalidad de Estados Unidos y los derechos conquistados por nuestros compatriotas.
Nos preocupa, por ello mismo, que esta Cámara de Diputados reclame al gobierno mexicano una acción más decidida de protesta ante estos acontecimientos y nos preocupa que esta Cámara apruebe medidas para encarar el problema.
Los atropellos han estado incluyendo y el día de ayer se volvió a dar, la detención de compatriotas nuestros en las escuelas, en donde van a estudiar inglés o a adquirir alguna capacitación. El día también de ayer se siguió desarrollando la detención de vehículos y si los detenidos no complacían las exigencias de la Guardia Nacional desde el punto de vista del estado Migratorio, se procedía a detenerlos y a tomar medidas para deportarlos.
La deportación ha estado además acompañada por el hecho de que las cárceles están saturadas y ya no puedan recibir a más gente. De tal manera que el problema va a continuar agravándose, a menos de que intervengamos y actuemos solidariamente con nuestros compatriotas que se estén organizando.
Las organizaciones de defensa a los derechos de nuestros compatriotas allá, que nos han dado la información, son organizaciones muy serias, que desde la década, algunas desde los setenta y otras tienen muchas décadas trabajando, que incluso han llevado a cabo acciones conjuntas con el gobierno mexicano ante diversos problemas y en particular en la lucha por los derechos migratorios que se veían amenazados con aquella ofensiva que se desató a fines de los setenta y principios de los ochenta.
Me refiero a organizaciones como la Hermandad Mexicana. Me refiero a organizaciones como One Stop y me refiero a radios de la comunidad mexicana como KPFK en Los Ángeles, que son instituciones permanentes muy responsables, que están siendo centros de organización de la defensa a los derechos de nuestros compatriotas en Los Ángeles.
Por esto mismo, yo quiero proponer a esta Cámara de aprobemos que la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Asuntos Fronterizos y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, se aboquen a recabar información y que el día martes volvamos a tratar el asunto para tomar un pronunciamiento público y acordar la medidas para
acudir en defensa de los intereses de nuestros compatriotas en Estados Unidos y de los derechos del conjunto de los ciudadanos que están siendo afectados por las medidas represivas que allá se están implementando. Muchas gracias.
El presidente: Tiene la palabra para rectificar hechos, señor diputado Guillermo González Díaz.
El diputado Guillermo Jorge González Díaz: - Con su permiso señor Presidente; compañeros diputados:
A raíz de los lamentables sucesos acaecidos hace unos días en la ciudad de Los Ángeles, todos los mexicanos y creo que todos los ciudadanos del orden se consternaron por la violencia desencadenada a consecuencia de un injusto fallo judicial.
Coincidimos plenamente con la apreciación que ha venido a expresar a esta tribuna el compañero diputado Camilo Valenzuela, en que se turne a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, el asunto en cuestión con el propósito de que sea debidamente examinado y canalizado y que tome las acciones correspondientes que esta soberanía determine.
Quiero dejar muy en claro ante la preocupación externada aquí por los dos anteriores oradores, en el sentido de que ha sido preocupación del Gobierno de la República estar muy atento a los acontecimientos que se han desencadenado en la ciudad de Los Ángeles. Para ello me permito darles a conocer el fax que nos acaba de llegar en este momento, que viene suscrito por el cónsul general de nuestro país en Los Ángeles, José Angel Pescador, dirigido al alcalde de la ciudad de Los Ángeles, el señor Tom Bradley y dice así, está fechado en Los Ángeles California, el 6 de los corrientes:
"Respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle sea el amable conducto ante las agencias y oficinas responsables a fin de que nos proporcionen los datos disponibles de nuestros connacionales afectados por los disturbios recientes:
1. Lista de mexicanos fallecidos.
2. Lista de mexicanos heridos.
3. Lista de mexicanos detenidos por delitos mayores y
4. Lista de mexicanos detenidos por delitos menores.
Al igual que otros sectores de la sociedad, condenamos enérgicamente las actividades delictivas de algunos individuos que de ninguna manera son representativos de nuestra comunidad.
Igualmente solicito su amable intervención para que las investigaciones que se realicen en torno a presuntos responsables, se hagan siempre respetando los derechos humanos y la dignidad de nuestro connacionales.
La comunidad mexicana trabaja en orden y con estricta observancia a las leyes y apoyando la reconstrucción de la ciudad de Los Ángeles.
Atentamente.
El documento viene suscrito por nuestro representante consular en la ciudad de Los Ángeles.
En lo que vale nuestra persona y ala posición de nuestro partido, reprobamos enérgicamente que su pretexto de que la Guardia Nacional ha intervenido o el ejército de los Estados Unidos para imponer el orden, se hayan violentado y se hayan afectado los derechos humanos de los trabajadores mexicanos, de los mexicanos que prestan sus servicios en la ciudad de Los Ángeles.
Por todo ello, coincidimos plenamente con la propuesta que formula nuestro compañero diputado Camilo Valenzuela, en el sentido de que se turne a la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía el asunto en cuestión, para que sea ampliamente discutido y tome el cauce correspondiente. Muchas gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia pregunta al diputado Camilo Valenzuela, si acepta que su propuesta sea turnada únicamente a la Comisión de Derechos Humanos.
El diputado José Camilo Valenzuela (desde su curul): - Acepto la propuesta con el agregado de que el próximo martes esta comisión informe al pleno de la Cámara y ahí discutamos lo procedente.
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para los efectos conducentes.
FLOTA ATUNERA MEXICANA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rogelio Appel Chacón.
El diputado Rogelio Appel Chacón: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados:
Vengo a nombre de los diputados del estado de Baja California, de las diferentes fracciones, de Baja California Norte y Baja California Sur, a presentar un pronunciamiento político por las agresiones de que han sido víctimas varios barcos atuneros de la flota mexicana en el patrimonial.
Tenemos en nuestro haber las actas levantadas en los puertos donde señalan que barcos extremistas, de ecologistas de otros países, han estado atacando constantemente la flota atunera mexicana, poniendo en riesgo la vida de los pescadores mexicanos allá en altamar. Se tienen todas las actas levantadas y las denuncias de estas compañías atuneras, que hacen un gran esfuerzo por estar trabajando en bien de nuestro país.
Independientemente del embargo atunero que México ha estado soportando y que los pescadores mexicanos lo han estado librando con mucha capacidad para irse a otros mercados y no depender exclusivamente del mercado estadounidense.
A raíz de esto, las grandes compañías transnacionales han estado apoyando a esos grupos para que allá en altamar, cuando está la captura precisamente del atún, sean atacados los barcos mexicanos.
A partir del establecimiento de la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar y la expedición de la Ley del Mar en 1983, se instituye un marco internacional para la Conservación y el Desarrollo de los Recursos Marinos, donde les corresponde a los estados costeros, promover el uso óptimo de los recursos vivos en sus zonas.
"En la Zona Económica Exclusiva señala el artículo 6 de esta Ley del Mar y el derecho para determinar las capturas disponibles en la Zona Económica Exclusiva de las 200 millas..."
México ha estado cumpliendo perfectamente con la Ley del Mar, nacida en las Naciones Unidas. México ha estado cumpliendo perfectamente la captura del atún, en bajar la mortandad del delfín en estas capturas.
Queremos los diputados de Baja California, ante esta soberanía, señalar que los legisladores bajacalifornianos, de todos los partidos políticos, reconocemos la importancia de la preservación ecológica de diversas especies marinas. Reprobamos el hostigamiento de que han sido objeto embarcaciones atuneras mexicanas por parte de grupos extremistas de supuesto carácter ecologista dentro de nuestro mar patrimonial y aguas internacionales, provocando daños y perjuicios a las naves, así como a las fuentes de trabajo de nuestros compatriotas dedicados a la actividad pesquera.
Exigimos, los diputados bajacalifornianos, respeto irrestricto a las legislaciones nacionales e internacionales en materia pesquera.
Firman, por el Partido Revolucionario Institucional: Rogelio Appel Chacón, Amador Rodríguez Lozano, José Ramírez Román, Oscar Garzón Gárate, Javier Cital Camacho, Guillermo Mercado Romero, José Antonio Valdivia, Mario Vargas Aguilar; por el Partido Acción Nacional: Jorge Tomás Esparza Carlos, Jesús González Reyes, Ernesto Enciso Clark, José Guillermo Guerrero, Pedro Macías de Lara.
Dejamos constancia de la inconformidad de los diputados bajacalifornianos a la agresión de que es víctima la flota atuna mexicana en el mar patrimonial. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - De enterado.
ALTOS HORNOS DE MÉXICO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los derechos laborales de los trabajadores de Altos Hornos de México.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Sobre la base de información recabada por varios diputados del partido de la Revolución Democrática y de otros partidos, presentamos ante este pleno las siguientes consideraciones acerca del problema que viven obreros despedidos de la planta de Altos Hornos de México en Monclova. Y queremos dar alguna información que los propios trabajadores nos han brindado.
En 1989, con motivo de la revisión de los contratos colectivos de trabajo que Altos Hornos de México tiene celebrados con las dos secciones sindicales pertenecientes al sindicato minero nacional, a las cuales pertenecen sus trabajadores la 147 y 288, se planteó un reajuste en las dos plantas siderúrgicas. Con el reajuste salieron aproximadamente 8 mil trabajadores. La empresa celebró con cada una de las secciones un convenio en el cual se pactaron las bases de liquidación que deberían tomarse en cuenta para
pagarles a los trabajadores. Dichas bases están tomadas de los respectivos contratos colectivos de trabajo. De acuerdo con los mismos, las prestaciones que correspondieron a los extrabajadores son: la indemnización por el reajuste y la antigüedad de cada trabajador.
Igualmente los propios contratos colectivos de trabajo, en sus artículos 21 del contrato de la planta 1 y 49 de la planta 2, establecen que todas las prestaciones legales y contractuales deberán pagarse con el salario integrado definiendo que... "Salario es la retribución que por virtud del contrato de trabajo percibe el trabajador a cambio de sus servicios durante su jornada ordinaria, comprendiendo en dicho salario tanto los pagos hechos por cuota diaria como las gratificaciones, bonificaciones, compensaciones por altura peligrosa, prima por trabajador los domingos, premios o cualquier otra cantidad que le sea entregada".
No obstante que todo está perfectamente señalado en los contratos colectivos de trabajo y en los propios convenios del reajuste, la empresa aplicó su propio criterio para liquidar a los trabajadores reajustados y por lo tanto varios conceptos que son prestaciones contractuales no los integró al salario, como son: aguinaldo, premio de asistencia mensual, ahorro, séptimo día, media hora de alimentos y excedentes de turno.
Cabe aclarar que respecto del aguinaldo existe jurisprudencia definida de la honorable Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que integra el salario. Y respecto del premio de asistencia, existen los antecedentes de aproximadamente siete juicios en los cuales se demandó su integración para efecto del pago de liquidaciones de ex trabajadores de la misma empresa. Y tanto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 25 como el honorable Tribunal Colegiado del 8o. Circuito, resolvieron expresamente "que el premio de asistencia sí es parte del salario y condenaron a Altos Hornos al pago de las diferencias resultantes en favor de los correspondientes actores".
Estos juicios se terminaron en el período comprendido de 1984 a 1988.
Con los antecedentes descritos y en virtud de lo dispuesto en los propios contratos colectivos de trabajo de cada una de las secciones sindicales, a partir del día 6 de agosto de 1990 se inició la presentación ante la honorable Junta Especial 25 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, demandas reclamando el pago de diferencias en las liquidaciones por la incorrecta integración del salario, llegándose a acumular un número aproximado de 1 mil 600 reclamantes.
Desde que se iniciaron los primeros juicios y durante toda la secuela del procedimiento en la propia junta del conocimiento, se dieron opiniones en el sentido de que existían muchos elementos a favor de los obreros reajustados. Además en el mes de noviembre de 1990 el Presidente de la República realizó una visita a Monclova. En el acto principal los afectados le plantearon el asunto, comprometiéndose éste a que intervendría para lograr que se dictara una resolución apegada a derecho.
Sin embargo, en el mes de junio de 1991, concretamente los días 18 y 20, la Junta Federal emitió sus laudos en la mayor parte de los juicios, resolviendo que no eran procedentes las acciones ejercitadas, ya que ninguno de los conceptos demandados formaba parte del salario, basándose en argumentos que carecen de sustento jurídico sólido.
Ante tal fallo, los reajustados promovieron los correspondientes juicios de amparo ante el honorable Tribunal Colegiado del 8o. Circuito, con residencia en Torreón, siendo presentadas las primeras demandas de amparo el día 12 de julio de 1991. Igualmente, en Torreón los magistrados siempre manifestaron que había muchos elementos a favor de los mineros reajustados, recomendándoles que de cualquier forma buscaran una negociación, ya que, según ellos, eso sería lo mejor.
En el mes de septiembre de 1991, en la última visita del señor Presidente a Monclova, nuevamente una comisión de reajustados lo puso al tanto del curso del problema, quien les indicó que se entrevistaran con el licenciado Arsenio Farell Cubillas, Secretario de Trabajo y Previsión Social. Esa entrevista se efectuó en el mes de octubre del mismo año de 1991 y en la misma el licenciado Farell les solicitó que le presentaran una propuesta de negociación y que él mismo se la haría llegar al doctor Pedro Aspe, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México.
La propuesta fue hecha por escrito ese mismo día en sus propias oficinas y quedaron de esperar su respuesta. Por esas fechas ya estaban dándose las últimas negociaciones para la venta de la empresa. Cuando los reajustes volvieron a buscar al licenciado Farell, el funcionario los envió con un abogado de México, de nombre Francisco Breña, quien les manifestó que personalmente
él había sugerido una negociación pero que los directivos de Altos Hornos no querían, por el precedente que se iba a asentar; sin embargo quedó de seguir insistiendo. A las pocas horas de esa plática se concretó la venta de Altos Hornos.
Nuevamente acudieron a entrevistar a los Magistrados del Tribunal Colegiado, quienes siguieron sosteniendo su postura de que había muchos elementos a su favor y reafirmaron su compromiso de esperar los resultados de alguna negociación, en vista de que fueron informados a la entrevista con el Secretario del Trabajo.
Sobre la base de lo acordado, los obreros buscaron a los nuevos dueños de la empresa, quienes accedieron a tener una entrevista, mostrando disposición para buscar una solución al problema, aunque les comentaron que al momento de efectuarse la operación de la venta se convino que el resultado de los juicios lo absorbería la Secretaría de Hacienda.
Al principio del mes de febrero de 1992, durante las pláticas con los directivos de Altos Hornos y no obstante que los magistrados les dijeron que no resolverían hasta esperar el resultado de las pláticas tendientes a negociar, les fueron notificadas las ejecutorias que recayeron a los juicios de amparo promovidos por los afectados, confirmando la resolución de la Junta Federal, es decir, negando la procedencia de las acciones.
Obviamente, ante tal resultado, la indignación de los trabajadores fue mayúscula, porque los despedidos se dieron cuenta de que solamente se les había hecho promesas, además, porque seguían convencidos de que legal y contractualmente les asiste la razón.
Por ello y como a su juicio ya no existe ninguna instancia legal a la cual recurrir, decidieron lanzarse a realizar otro tipo de acciones que les permitieron hacer pública su inconformidad. Por ello, efectuaron primero plantones en las calles de Monclova y después decidieron venir caminando hasta la ciudad de México, en su marcha llamada "Marcha de la dignidad", con el propósito de que sean escuchados y su demanda sea resuelta positivamente. A lo largo de cerca de dos meses recorrieron más de mil Kilómetros y están en esta ciudad desde el día 4 de mayo del año en curso, esperando respuesta.
Acudieron, a través de una comisión, a esta Cámara para solicitar a la Comisión de Gestoría y Quejas y ala Comisión de Hacienda; apoyo, que inicialmente ha sido brindado para tramitar entrevistas con las autoridades competentes sobre este asunto.
Con base en lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática propone el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Esta honorable Cámara de Diputados se pronuncia porque sean resueltas favorablemente, con base al derecho, las demandas de los trabajadores reajustados de las Plantas 1 y 2 de Altos Hornos de México de Monclova, Coahuila, en particular su petición de entrevistarse con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de l República y con el doctor Pedro Aspe Armella, Secretario de Hacienda, a fin de que sean escuchadas y resueltas satisfactoriamente sus demandas, que son:
Uno: Pago justo y conforme a la ley de los montos, por concepto de su liquidación.
Dos. Apertura de fuentes de empleo para todos los trabajadores reajustados.
Presentamos esta propuesta de punto de acuerdo el diputado Raúl Alvarez Garín y su servidor Jesús Martín del Campo.
Lo dejamos aquí a la Secretaría para la consideración del pleno.
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la propuesta del señor diputado Martín del Campo.
Tiene la palabra, para este mismo asunto, el señor diputado Héctor Morquecho Rivera.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados:
Conforme a lo que ya se dio esta representación por entrada respecto del contenido del documento que leyó el compañero Jesús Martín del Campo, es obvio que se requiere la más amplia solidaridad de todos para que los compañeros despedidos de Altos Hornos reciban la retribución, reciban lo que les corresponde por ley, por derecho, en términos de lo que han estado demandando.
Yo creo que las cosas pueden seguir siendo más complicadas, pueden seguir siendo más graves y más difíciles para la clase obrera de nuestro país.
Esto que han hecho los compañeros de trasladarse en una marcha larga, penosa, agobiante, refleja simple y sencillamente que andamos mal en la política laboral, que el gobierno no asume el papel que le marca el artículo 123 de nuestra Carta Fundamental y creo que la actitud de la empresa Altos Hornos de México ha seguido una política completamente irracional y muy negativa para los intereses de los obreros de esa empresa siderúrgica. Se ha implementado una política de desempleo, se ha implementado con esta acción una política de ahorrarse unos cuantos pesos, a costa de sacrificar los derechos de los compañeros trabajadores.
Como todos sabemos, hay cierre de diversos departamentos en aras de dejar, según la empresa, depurada, dejar depuradas varias áreas de trabajo, con el fin de que se hubiese cumplido el paso que se dio de venderla al sector privado.
En los últimos años, la empresa Altos Hornos, bajo una dirección administrativa contraria al interés nacional y al interés popular y desde luego contraria al interés de los obreros, ha sido de reajuste, de no cumplir con el contrato colectivo de trabajo, de adelgazar a esta empresa y todo ello con el fin, repito, de apuntalar en favor del sector privado la venta de ésta, de la que fue una empresa paraestatal.
Por esas razones, compañeras y compañeros diputados, creo que los compañeros trabajadores merecen todo el apoyo, toda nuestra solidaridad. Al mismo tiempo consideramos que es necesario que estos acontecimientos, estos hechos, no puedan simple y sencillamente que pasen como un trámite más, esto debe servir a una reflexión, una reflexión en el sentido de que debe reencauzarse la política laboral del gobierno de que deben respetarse los derechos laborales, de que debe implementarse con celo la aplicación del artículo 123 constitucional y lo que reglamenta la Ley Federal del Trabajo. Por esa razón compañeras y compañeros diputados, apoyamos esta propuesta que ha presentado el Partido de la Revolución Democrática, para que se haga justicia a los compañeros despedidos. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Fidel Hernández, para este mismo asunto.
El diputado Fidel Hernández Puente: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Monclova, Coahuila, es una ciudad de aproximadamente 350 mil habitantes y en esa ciudad está enclavada precisamente la empresa Altos Hornos de México, una empresa que hasta el mes de diciembre de 1991 se desempeñaba como del sector público, y que dadas las desincorporaciones del estado, se realizó su desincorporación del sector público, precisamente a partir del mes de enero de este año de 1992.
Altos Hornos de México agrupaba aproximadamente 14 mil trabajadores, pertenecientes a las secciones mineras 147 y 288 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
Precisamente y debido a la modernización industrial y al aumento de la productividad requerida en la industria siderúrgica, en 1989 los trabajadores que laboramos en esa empresa tuvimos un reto y un problema muy serio. La empresa argumentaba tener serias dificultades administrativas - económicas y nos planteó dos alternativas: la primera el cierre de la empresa por la inconsteabilidad que en este caso estaba representando, o la posibilidad de negociación para reducir personal y poder continuar con la fuente de trabajo.
Esas dos alternativas las decidieron los trabajadores, las decidieron los obreros democráticamente; se tuvo que hacer incluso asambleas masivas de obreros, de trabajadores en el estadio de béisbol para que pudieran ahí entrar todos, e incluso se hizo al final un recuento libre e individual, para que los trabajadores decidieran qué era lo que el sindicato iba a atender.
Se luchó antes de tomar una decisión; se hicieron manifestaciones por parte de los trabajadores, se intervino, se nombraron comisiones diferentes que acudieron a las diversas instancias legales de trabajo, e incluso en esta honorable cámara estuvo una comisión en 1989. Todo con el objetivo de poder establecer alguna concertación que permitiera que la fuente de trabajo subsistiera, porque no nada más se iban a ver afectados los trabajadores y sus familias, sino que esa empresa repercute en la actividad económica, no nada más del municipio de Monclova, sino de ocho municipios más del estado de Coahuila.
Afortunadamente, creo yo, la madurez obrera de los trabajadores y la dirigencia siempre firme y responsable de nuestro líder, el compañero Napoleón Gómez Sada, fue factor determinante para entrar en una concertación. Se hizo una negociación con la participación plural de todos los grupos sindicales que existen en esas secciones mineras y al final de cuentas se llegó a un convenio, del cual se habla y que se firmó también por voluntad propia en marzo 31 de 1989.
Ese convenio establece el reajuste de personal de ciertas áreas de trabajo, el cierre de algunas otras y las formas que marcan el contrato colectivo que ampara esas organizaciones en cuanto a los promedios y las formas de pago.
Desgraciadamente sucedió algo que nadie esperábamos, porque ningún trabajador queríamos que se reajustara personal, mucho menos la ciudadanía. Al conocer los trabajadores la forma en que se iban a hacer las liquidaciones de reajuste, sucedió algo inesperado, vuelvo a repetirlo, porque miles de trabajadores decidieron reajustarse porque veían que un ejemplo de un compañero obrero terminado normalmente, con 20 años de antigüedad, normalmente y de acuerdo a los logros en los contratos colectivos de trabajo, recibían aproximadamente una cantidad de 40 millones de pesos, pero dadas las negociaciones muy por arriba de la Ley Federal del Trabajo, muy por arriba del contrato colectivo pagado, ese obrero, por los mismos 20 años, pero por la negociación que se hizo, iba a recibir 85 millones de pesos.
Y ésa fue la razón, creemos nosotros, porque compañeros trabajadores hasta andaban buscando con quién permutar su lugar para poder retirarse y aprovechar esa situación.
Eso lo comento porque creo que es importante que como diputados en esta cámara conozcamos de fondo esta situación.
Después de eso ¿qué fue lo que se demandó? ¿Qué es lo que se demanda? Se demanda la integración del salario para efectos del pago de la terminación, en este caso la terminación laboral por el reajuste, concretamente el artículo 21, que marcaban nuestros compañeros diputados que me antecedieron y el 49, tanto de la sección 147 como 288.
Esta integración del salario que marcan esos artículos, la interpelación, es cierto, de dichos artículos no es muy clara; el sindicato desde hace michos años lo había previsto y lo habíamos tratado de aclarar en diversas revisiones contractuales.
¿Qué hizo el sindicato? El sindicato defendió la posición desde aquellos años, desde hace muchos años en que y la prueba está en que poco a poco, por algunos movimientos que se hicieron tanto en 1977 como en 1980, que hubo movimientos de huelga, logramos, en esos movimientos de huelga, el reconocimiento de algunos conceptos que se agregaron a esos mencionados artículos, ayudando a mejorar el promedio que se demanda, el promedio que se reclama en esta demanda laboral.
Los compañeros reajustados, la comisión que hemos estado platicando con ellos, iniciaron la caminata desde el 16 de marzo, de Monclova, demandando en este caso aproximadamente 2 mil 600 trabajadores, el reajuste aproximadamente está en 8 mil, el resto, las demandas de los demás compañeros, se hicieron a través del sindicato. Los compañeros, 2 mil 600, ellos lo hicieron por fuera, qué bueno, nosotros también apoyamos esa situación.
¿Pero qué fue lo que pasó? La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en Saltillo falló en contra de esa demanda, tanto para ellos como para el sindicato nacional.
¿Qué hicimos ambos? Nos amparamos. Desgraciadamente también el fallo del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con sede en Torreón, también falló y ratificó lo que la Junta Federal de Conciliación de Saltillo dijo en contra de la demanda. Por lo tanto, no existe ya ninguna instancia o recurso legal a dónde recurrir.
Es cierto, nos consta que diversas comisiones de compañeros reajustados se entrevistaron en dos ocasiones en Monclova y otras tantas aquí en la ciudad de México, con nuestro Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, él atendiendo a las comisiones dijo que iban a revisar los casos y que se iban a resolver conforme en este caso a las leyes o al régimen de derecho. Esa fue la respuesta que se dio.
Por lo tanto y en virtud de que los compañeros ex trabajadores, solicitan de que la cámara se pronuncie porque su problema se atienda, nuestra fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y especialmente los compañeros diputados que somos del estado de Coahuila, apoyamos las propuestas de nuestros compañeros del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Popular Socialista, en el sentido de que esta petición se turne a la Comisión de Hacienda para que resuelva lo conducente conforme a derecho. Muchas gracias compañeros.
SENTENCIA DEL C. RICARDO ALDAPE GUERRA
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Manuel Terrazas para dar a conocer un pronunciamiento suscrito por los distintos grupos parlamentarios de esta LV Legislatura.
Antes voy a insistir, suplicarle a la asamblea la debida compostura por respeto al recinto y al orador.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero: - Gracias, compañero diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los tribunales de los Estados Unidos ha condenado a muerte a varios ciudadanos de origen mexicano. Las apelaciones ante evidentes irregularidades que se han presentado a los órganos judiciales superiores han sido rechazadas hasta ahora.
Destaca mucho un caso, que ha llamado la atención del pueblo mexicano, en torno al cual se ha pronunciado el gobierno del estado de Nuevo León, lo mismo ha merecido acuerdos del Congreso de Nuevo León, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la representación diplomática mexicana en los Estados Unidos, han abogado por la remisión de las sentencias al ciudadano mexicano Ricardo Aldape Guerra condenado a muerte acusado del asesinato de un policía norteamericano.
La Cámara de Diputados no ha sido ajena a la preocupación, a la inquietud y a la indignación, con pronunciamiento y medidas de acción del pueblo mexicano y de los mexicanos - norteamericanos en los Estados Unidos.
El día de ayer la Comisión de Relaciones Exteriores en su reunión ordinaria ha examinado este asunto con mucha dedicación, como resultado presentamos ante ustedes, un texto, es el siguiente:
Los diputados integrantes de los diversos grupos partidistas miembros de la LV Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con referencia a la sentencia en contra del ciudadano mexicano Ricardo Aldape Guerra, formulamos el siguiente pronunciamiento:
Con irrestricto respeto a la legislación y a los procesos judiciales que se llevan a cabo en los Estados Unidos de América formulamos un llamado a las autoridades competentes de ese país, a fin de que por las muy especiales circunstancias que rodean el asunto jurídico a que se vincula nuestro compatriota Ricardo Aldape Guerra, se analice la procedencia de revisar las constancias procesales y reunir nuevos elementos de convicción, lo cual haría necesario suspender la ejecución de la pena capital anunciada para el próximo día 12 del actual.
Salón de sesiones del Recinto Alterno, Centro Médico de la honorable Cámara de Diputados 8 de mayo de 1992.
Firman: diputados José A. González Fernández, por el grupo partidista del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Gómez Mont, por el grupo partidista del Partido Acción Nacional; René Bejarano Martínez, por el grupo partidista del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Castañeda Andrade, por el grupo partidista del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Martín Tavira Urióstegui, por el grupo partidista del Partido Popular Socialista y su servidor Manuel Terrazas, por el grupo partidista del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Muchas gracias por su atención.
De enterado.
El Presidente: - Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Héctor Pérez Plazola: - Señor Presidente; se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
12 de mayo de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del IX Aniversario Luctuoso del licenciado Miguel Alemán Valdés, ex presidente de la República, tendrá lugar el 14 de mayo en el Panteón Español, Calzada México, Tacuba número 107, Delegación Política Miguel Hidalgo, a las 9.00 horas.
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones de Comercio y de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto General de Importación y de la Ley Reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Comercio Exterior.
De las comisiones de Comercio y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto que
reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del impuesto General de Exportación.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé Cuenta.»
El Presidente (a las 13.45 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo martes 12 a las 11.00 horas.
Sesión secreta.