Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19920513 - Número de Diario 9
(L55A1P1oN009F19920513.xml)Núm. Diario: 9ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Juan Ignacio Torres Landa García
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D.F., miércoles 13 de mayo de 1992 No. 9
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
PROTESTA DE DIPUTADO
De la diputada María Clara Mejía Guajardo
INVITACIÓN
De la Secretaría de Gobernación, para asistir a la ceremonia solemne de exhumación de los restos del general José María Arteaga Magallanes. Se designa comisión.
PROPOSICIÓN
De la Gran Comisión relativa a la designación de Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Se aprueba.
COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
Hace una proposición el diputado Miguel González Avelar.
Interviene l diputado Carlos González Durán
Se turna a la misma comisión.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Debaten los diputados:
César Augusto Santiago Ramírez para fundamentar el dictamen.
José Paoli Bolio en contra.
María de los Angeles Moreno Uriegas en pro.
José de Jesús Martín del Campo Castañeda en contra.
Agustín Basave Benítez, en pro.
RECESO
Continúan el debate y hacen propuestas los diputados:
Manuel Terrazas Guerrero a favor.
Cecilia Guadalupe Soto González en contra.
Manuel Terrazas Guerrero para rectificar hechos.
Oscar Pimentel González en pro.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para rectificar hechos.
Martín Tavira Urióstegui en contra.
Laura Alicia Garza Galindo en pro.
Tomás González de Luna para rectificar hechos.
Fauzi Hamdan Amad en contra.
Jorge Tovar Montañez en contra.
Eloy Cantú Segovia en pro.
Francisco Javier Saucedo Pérez en contra.
Gonzalo Cedillo Valdez en contra.
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara en contra.
Héctor Ramírez Cuéllar en contra.
Emilio Becerra González en contra.
Layda Elena Sansores San Román en pro.
Martha Patricia Ruiz Anchondo presenta proposición.
Alejandro Luévano Pérez en contra.
Cesáreo Morales García en pro.
Se someten a votación las propuestas presentadas.
Se aprueba el proyecto de decretoy pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA
Votación, escrutinio y Resultados.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JUAN IGNACIO TORRES LANDA GARCÍA
ASISTENCIA
EL PRESIDENTE:- Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Ernesto Gil Elorduy:- Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 410 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente (a las 12.35 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Ernesto Gil Elorduy:
Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día.
13 de mayo de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de la ciudadana diputada.
La Secretaría de Gobernación, invita a la ceremonia solemne de exhumación de los restos del general José María Arteaga Magallanes, el próximo 14 de mayo a las 8:30 horas, en el panteón de San Fernando de esta ciudad de México, los cuales serán trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres de la ciudad de Querétaro.
Comunicación de la gran Comisión.
Comunicación de Presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Dictamen a discusión
De las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con Proyectos de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Elección de la mesa directiva.
Intervención del ciudadano diputado Jorge Moscoso Pedrero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación a los Derechos Humanos en el estado de Chiapas.
Intervención a cargo del ciudadano diputado José de Jesús Martín Campo Castañeda, del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, en relación a la situación laboral del magisterio.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:- En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Héctor Pérez Plazola:- por instrucción de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa, señor Presidente.
«Acta de la Sesión de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día doce de mayo de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Jorge Tovar Montañez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día doce de mayo de mil novecientos noventa y dos, con asistencia de cuatrocientos once diputados, El presidente declara abierta la sesión.
En virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios han recibido copias de la acta de la sesión anterior y que nadie hace uso de la palabra para impugnarla, se dispensa la lectura y la asamblea la aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico
conmemorativo del noveno aniversario luctuoso del licenciado Miguel Alemán Valdez, quien fue Presidente de la República. Se designa comisión para representar a la Cámara de diputados en dicho acto.
El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Gabriel Mendoza Manzo, suplente diputado por la cuarta circunscripción plurinominal y designa a una comisión para que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminando el acto protocolario, el diputado Mendoza Manzo entra en funciones de inmediato.
En virtud de que los diputados han recibido copia del dictamen de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con proyecto de decreto de reforma, adicionas y deroga diversas disposiciones de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la asamblea le dispensa la primera lectura. Es de primera lectura.
La Secretaría da cuenta de un dictamen de la comisiones de Comercio y Hacienda y Crédito Público, con proyecto del decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto General de Importación y de la Ley Reglamentaria del artículo ciento treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comercio exterior. Es de primera lectura y se reserva para su discusión al terminar los asuntos del orden del día, previa consulta con la asamblea.
Otro dictamen de las mismas comisiones, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la ley del Impuesto General de Exportación.
Es de primera Lectura y se reserva en los mismo términos que en anterior.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Pedro Ojeda Paullada, para informar sobre la entrevista que la comisión de Energéticos, que preside, tuvo con autoridades de Petróleos Mexicanos, en relación con los hechos ocurridos en Guadalajara, Jalisco.
Para referirse al mismo asunto, hace uso de la palabra los diputados Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática; Guillermo Flores Velasco, del mismo partido; José Ruiz de la Herrán y Villagómez, del Partido Revolucionario Institucional y Miguel León Corrales, del partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición que la asamblea desecha en votación económica.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Encinas Rodríguez, quien solicita que se reponga el procedimiento por haberse planteado en los términos del artículo cincuenta y ocho del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente accede y la asamblea, desecha proposición.
El presidente ordena que las versiones estenográficas de la reunión de la Comisión Energéticos ha que se hizo referencia, se entregue a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a los medios de comunicación.
Para expresar sus puntos de vista respecto a la economía nacional, hacen uso de la palabra los diputados Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien entrega lo que llamó un balance económico, para que sea impreso en el Diario de los Debates, lo que el presidente así ordena; María de los Angeles Moreno Uriegas, Del Partido Revolucionario Institucional; Rosa Alvino Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática; Rodolfo Becerril Straffon, del partido Revolucionario Institucional; Héctor Morquecho Rivera, Del Partido Popular Socialista, Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos Y Angel Aceves Saucedo, del partido Revolucionario Institucional.
A las quince horas con cuarenta y cuatro minutos, el presidente decreta un Receso.
A las diecisiete horas con dieciocho minutos, se reanuda la sesión y se concede el uso de la palabra al diputado Amador Rodríguez Lozano, del partido Revolucionario Institucional, quien presenta un informe respecto de los mexicanos en la ciudad de los Angeles, Estados Unidos de América y presenta un punto de acuerdo.
Para referirse al mismo asunto, solicita y se concede el uso de la palabra a los diputados Arquímides García Castro, del partido de la Revolución Democrática; Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, en dos ocasiones y Amador Rodríguez Lozano, del partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
La proposición del diputado Rodríguez Lozano, se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Para comentar la reunión interparlamentaria México - Estados Unidos de América, celebrada en el vecino país del norte, hacen uso de la palabra los diputados Rosa Albina Garavito
Elías, del partido de la Revolución Democrática; José Antonio González Fernández, del partido Revolucionario Institucional; Ricardo Valero Recio Becerra, del partido de la Revolución Democrática; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional.
El presidente concede el uso de la palabra a los diputados José Ramón González, del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo y Guillermo Mercado Romero, del Partido Revolucionario Institucional. La proposición se turna a la Comisión de Pesca.
La asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen de las comisiones de comercio y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto General de Importación y de la Ley Reglamentaria del artículo ciento treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de comercio exterior y se pone a discusión en lo General y en lo particular de inmediato.
Para fundamentar el dictamen se concede el uso de la palabra al diputado Javier Garduño Pérez, del partido Revolucionario Institucional y , posteriormente, para fundamentar los votos de sus grupos parlamentarios, a los diputados Jorge Calderón Salazar, del partido de la Revolución Democrática, en contra; Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional, en pro; Silvestre Fernández Barajas, del partido Revolucionario Institucional, en pro; Jorge Calderón Salazar, del partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; José Ramos González, del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Francisco Gárate Chapas, del partido Acción Nacional, para hacer una proposición y Tomás Yarrington Ruvalcaba, del partido Revolucionario Institucional, en pro.
En votación económica se aprueba la proposición del diputado Gárate Chapa y la asamblea considera suficientemente discutido el dictamen, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos dieciocho votos. El presidente hace la declaración protocolaria. Pasa la Senado para sus efectos constitucionales.
La asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen de las comisiones de Comercio Y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley General de Exportación. para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado Jorge Flores Solano, del partido Revolucionario Institucional y para fundamentar su voto en pro, el diputado Jorge Oceguera Galván, del partido del frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos diez votos. El presidente hace la declaratoria respectiva y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura la orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintiún horas con treinta minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles trece de mayo de mil novecientos noventa y dos, a las once horas.»
El Presidente:- Solicitó a la Secretaría poner a consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
El secretario Héctor Pérez Plazola:- Está a consideración de ustedes el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado coordinador que desee hacer observaciones a la misma?...
No Habiéndolo, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Está aprobada, señor Presidente.
PROTESTA DE DIPUTADO
El Presidente:- Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana María Clara Mejía Guajardo, diputada suplente electa en la tercera circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que la acompañe en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Fernando Ortiz Arana y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El secretario Héctor Pérez Plazola: - Se pide a la Comisión cumplir con este cometido...
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El presidente:- Ciudadana María Clara Mejía Guajardo: ¿protestáis guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana María Clara Mejía Guajardo:- Sí, Protesto.
El presidente:- si así no lo hicierais, la nación os lo demande. continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
INVITACIÓN
La secretaría Evangelina Corona Cadena:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la honorable cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento que el próximo jueves 14 de mayo del presente año, a las 8.30 horas, en el panteón de San Fernando de esta ciudad de México, se realizará la ceremonia solemne de Exhumación de los restos del general José María Arteaga Magallanes, distinguido mexicano y defensor de la República, los cuales serán trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en la ciudad de Querétaro.
En tal virtud, solicito a la mesa directiva de este honorable Cuerpo Legislativo, tenga a bien designar un representante para que asista al evento antes mencionado.
Sin mas por el momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal A 11 DE MAYO DE 1992.
- El director general de Gobierno, licenciado Jorge Moreno Collado.»
El presidente:- para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: José Guadalupe Martínez Martínez y Gil Mendoza Pichardo.
PROPOSICIÓN
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha:
«Acuerdo para la Designación de Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente
CONSIDERANDO
I. Que con fecha 7 de noviembre de 1991, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 47, fracción IV, 50, 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Gran Comisión de la Cámara de Diputados propuso la integración de la comisiones de la propia Cámara;
II. Que dicha propuesta fue aprobada por el pleno, habiendo sido designado presidente de la comisión de Ecología y Medio Ambiente el ciudadano diputado Miguel Angel Yunes Linares;
III. Que el ciudadano diputado Yunes en sesión celebrada el 8 de mayo de 1992 se le concedió licencia por 90 días;
IV. Que el artículo 77 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece el mecanismo para cubrir las vacantes que surjan en las comisiones y
V. Que de conformidad con dicho precepto, se reunió la gran comisión, por lo que somete a consideración del pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. se designa presidente de la comisión de Ecología Y Medio Ambiente de la Cámara de diputados al ciudadano diputado Juan Antonio Nemi Dib. Recinto alterno "Centro Médico" de la Cámara de diputados de la LV Legislatura, 13 de mayo de 1992.- Fernando Ortiz Arana, presidente; José Antonio González Fernández, secretario; César Augusto Santiago Ramírez, secretario.»
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición de la `Gran Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada, señor Presidente.
COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Miguel González Avelar, Presidente de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
El Diputado Miguel González Avelar:- con esperanzado optimismo tengo el agrado de leer ante la asamblea el siguiente acuerdo que suscriben los coordinadores de los grupos parlamentarios de la LV Legislatura de la Cámara de diputados, miembros de la comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para llevar a cabo la actualización de la ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
CONSIDERADO
Primero. Que de conformidad con el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el congreso expedirá la ley que regula su estructura y funcionamiento internos. Que esta ley y sus reformas y adiciones no necesitarán de promulgación del Ejecutivo Federal ni podrán ser vetadas por el mismo.
Segundo. Que la ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos data del mes de mayo de 1979, en tanto que el reglamento para el Gobierno Interior es de marzo de 1934 y que con posterioridad a ello se han verificado un buen número de cambios en el texto constitucional y en la legislación que regula los procesos electorales.
Tercero. Que es incuestionable la necesidad de mantener actualizada la ley que regula la organización y funcionamiento del Congreso General, en tanto órgano constitucional encargado de aprobar todas la leyes de carácter general en la República.
Cuarto. Que el propósito señalado anteriormente, la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas parlamentarias de la LV Legislatura, ha celebrado diversas reuniones de trabajo a fin de que en una primera etapa, actualizar la Ley Orgánica y el reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
Quinto. Como consecuencia del trabajo realizado por la expresada comisión por intervención de los diputados de todas las fracciones parlamentarias que forman parte de ella, se cuenta ya con un proyecto en condiciones de presentarse con lo ajustes necesarios - agrego yo - , a la consideración del pleno.
Sexto. Que si bien en el seno de la comisión de Régimen, Reglamento y Práctica parlamentarias, todas las fracciones parlamentarias han expresado sus puntos de vista para mejorar y perfeccionar nuestra legislación interna, lo cual deberá ser objeto de debate y concertación, se reconoce la necesidad de que de manera inmediata se proceda a la actualización correspondiente.
Séptimo. Al propósito de las reformas que posteriormente convenga hacer a la Legislación interna de la Cámara, se reconoce el carácter ordinario y permanente que tiene la comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, y por tanto su capacidad para actuar en cualquier momento para ejercicio de sus atribuciones.
Octavo. En virtud de lo anterior, los diputados integrantes de esa comisión, atentos a lo dispuesto por la fracción I del artículo 58 de nuestra ley Orgánica, ha tenido a bien tomar el siguiente
ACUERDO
Primero. Se conviene en la necesidad de actualizar desde luego en una primera etapa, La Ley Orgánica y El Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General, haciendo concordantes sus disposiciones con la Constitución General de la República y demás leyes relativas.
Como parte del proceso de actualización, se incorporarán en esta propuesta, los acuerdos parlamentarios que se han tomado durante la presente Legislatura y están acreditados ya como práctica parlamentaria.
Las comisiones de Régimen Interno y Concertación Política y la de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, continuarán trabajando en estrecho contacto a efecto de incorporar en el próximo período de sesiones ordinarias, las reformas que por acuerdo general resulten convenientes para el mejor funcionamiento de la Cámara.
Segundo. La iniciativa correspondiente se concretará de acuerdo con el Senado de la República, en virtud de ser materia común ambas cámaras.
El siguiente acuerdo se suscribe a los 6 días del mes de mayo de 1992.
Por el partido Revolucionario Institucional, diputado Fernando Ortiz Arana; por el partido
Acción nacional, diputado Diego Fernández de Cevallos; por el partido de la Revolución Democrática, diputada Rosa Albina Garavito Elías; por el partido del frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Alberto Carrillo Armenta; por el partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por acuerdo Francisco F. Laris Iturbide; por el partido Popular Socialista, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente:- ha solicitado el uso de la palabra el diputado Carlos González Durán.
El diputado Carlos González Durán:- Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea:
Por encargo de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, subo a esta tribuna para precisar nuestro acuerdo, nuestro acompañamiento, nuestra anuencia a este punto de acuerdo.
Estimamos que las palabras del señor diputado Miguel González Avelar, traducen un adelanto, un progreso, un acierto en la reglamentación parlamentaria de esta honorable Cámara y de la Cámara de Senadores.
En cuanto, como él ha expresado, se realiza una tarea para realizar, o sea para señalar lo que ya es caduco y no tiene razón de ser en nuestras leyes. Y también actualizar, como él lo indicó, significa poner en congruencia la reglamentación del régimen interior con las reformas legislativas y constitucionales que se han llevado a cabo. Estimamos que nuestro acompañamiento a todas las fracciones en este aspecto, es una cuestión de conciencia y de deber y así aceptamos.
Pero no queremos que con esta aceptación se entienda que las metas de autenticación que requiere la reglamentación del régimen interior el parlamento mexicano, están satisfechas.
Nosotros hemos presentado algunas sugerencias que trataremos de que se sigan debatiendo y de que se sigan examinando en el seno de esta honorable comisión y quisiera solamente, de manera muy breve, hacer referencia a cuáles son los objetivos que anima al partido de la Revolución Democrática, para que pueda ser posible una etapa de verdadero progreso en el parlamento, que tenga un carácter democrático.
En primer término consideramos que la jerarquía del poder Legislativo no puede permitir ningún sometimiento ni subordinación al poder Ejecutivo Federal. Que debe hacerse efectiva en la práctica la división y especialización de funciones en un trato de reciprocidad republicana, de recíproco respeto, pero de independencia de sus funciones.
Por otra parte, para que sea posible una transición democrática en el parlamento mexicano, consideramos que es indispensable que se liquide la etapa del partido - Estado, partido - Estado que está presente en la Gran Comisión.
Vemos que es un acierto de esta Legislatura el haber dado vigencia y práctica en la costumbre a esta Comisión de Régimen Interior y de Concertación. Consideramos que el espíritu que anima a esta comisión es más consecuente, porque es un espíritu de concurrencia, de pluralismo y de diálogo entre las distintas fracciones.
Nos agradaría más que el espíritu de este principio se estableciera bajo la base de criterio de la proporcionalidad, para cada fracción parlamentaria gravite dentro de la comisiones, de los órganos y de las vicepresidencias, en función de su presencia efectiva en el seno de este parlamento.
Por otra parte, esta reforma del Estado requiere una efectiva democratización del Congreso, fortalecer las funciones de vigilancia, del buen despacho de la función pública y en este sentido, entendemos que los funcionarios públicos que informan a esta soberanía, deben hacerlo como lo han venido solicitando con antelación la izquierda mexicana, bajo la base de una protesta de decir verdad; de una protesta que implique una información veraz para que se pueda dar una función fiscalizadora que sea efectiva.
Por otra parte, estos cambios a la ley Orgánica y al reglamento, creemos que podrían abarcar cierta problemática que es solamente mencionada para que la sigamos meditando.
Creemos que no podemos avanzar si no nos planteamos y debatimos qué es en verdad legislar.
Poner a la altura de esta tarea al Congreso y al parlamento, es una exigencia para que se abra la efectiva posibilidad de una asamblea deliberante y que se acabe el espíritu de votaciones subordinadas, el espíritu que presenta una inautenticidad en el voto. Tanto la actividad legislativa como la actividad del voto en las deliberaciones, consideramos que debe estar presidida por una racionalidad. No se debe votar por reflejos condicionados; se debe votar por una racionalidad estimativa, porque
votar es preferir, estimar, escoger y no se puede hacer eso sin una valoración.
Entendemos también que el parlamento debe practicar sí un conjunto de reglas de cortesía y de respeto, pero estas reglas no pueden ser simplemente burocratizadas. Nos interesa el contenido de los debates, nos interesa la veracidad de los debates.
Acerca de las cuestiones que afectan el decoro y la altura de la función Legislativa, serían algunas de estas las siguientes:
Creemos que la inviolabilidad del Congreso y del Senado exigen, por su respeto y su decoro, que en sus recintos no se haga presente la fuerza pública. Creemos que por ese mismo respeto el informe presidencial no debe ser un acto donde simplemente se este monologando, sino que debe ser un acto civilizado, cortés y respetuoso, de intercambio en el debate nacional, para que se dé la posibilidad de que un informe escrito sea objeto de un debate.
El destino y el futuro del país exigen la racionalidad, el examen en todas las corrientes políticas, en el planteamiento de los problemas. Esta racionalidad requiere de una iniciativa propia de cada diputado, requiere el ejercicio de la libertad, porque sin el respeto de la libertad no se puede corresponder a la justicia que reclama la sociedad, ni a la verdad que reclama la sociedad.
Las leyes deben de ser representativas de los anhelos, exigencias e ideales históricos del pueblo mexicano y eso no puede ser posible si no se dignifica la condición del diputado. El diputado debe ser dignificado para que se dignifique como un pensar por si mismo, que exprese un pensamiento por conficción, con sinceridad, con trato de benevolencia, sin programar un discurso interminable, sino usando sólo de la tribuna de una manera moderada.
Nos interesa entonces la práctica de los principios democráticos y dentro de ellos y con eso voy a terminar apuntaríamos, entre otros, los siguientes:
En primer lugar y esencialmente, democrático es aquel gobierno donde gravita la sociedad del pueblo y los ciudadanos.
Por lo tanto los diputados, representantes de la sociedad civil, de los ciudadanos y del pueblo, deben ser los voceros principales. La Cámara de diputados debería ser efectivamente un poder de una República parlamentaria. consideramos que el presidencialismo excesivo debe ser frenado, para que se de la vigencia de una verdadera razón social y no sólo de una razón particulariza.
Entendemos que la democracia es Gobierno mediante el debate, mediante la discusión y toda forma de intimidación, de represión o de violencia, debe ser rechazada.
Entendemos que la presencia de un parlamento democrático exige que todas las voces sean oídas.
Pero oír todas las voces, lo hemos repetido, exige que se razone conjuntamente y de buena fe se acepten aquellas razones que justifiquen una norma, una norma justa, porque eso es legislar.
Legislar en proponer a la sociedad un pensamiento normativo, que crea entendimiento en la convivencia y el entendimiento en la convivencia no se puede crear con normas injustas.
El carácter representativo y elevado de este parlamento, se cumplirá cuando la actividad legislativa consagre y establezca las mejores posibilidades de convivencia.
El carácter autónomo de nuestras funciones, la renovación de los funcionarios. También es un adelanto de esta legislatura la presencia del equipo de Vicepresidentes, en una alternancia en el debate; eso significa a esta Legislatura.
Hay, pues, en el proyecto, algunos aciertos, pero nosotros queremos que dinámicamente se vitalice el parlamento; bajo las 9 bases de un parlamento abierto, de u parlamento que sea de un juego visible, que nada sea oculto, que nada sea entre bambalinas, que los problemas se presenten, se debatan, se examinen, se ponderen las alternativas y se pueda propiciar una votación reflexiva.
Entendemos entonces que la dignificación del parlamento es algo que tiene un horizonte largo de transitar.
El partido de la Revolución Democrática, acompañado de todos los demás partidos de este parlamento, está de acuerdo con este paso. pero no lo entiende como un término de llegada, sino lo entiende como un término de partida. Nosotros aceptamos este proyecto porque significa un avance para rechazar lo que es caduco, para poner en congruencia nuestra reglamentación; pero somos conscientes de las exigencias
que el pueblo presenta para que dignifiquen los poderes republicanos y para que se dignifique la función de los diputados.
Por lo tanto, el partido de la Revolución Democrática acepta este nuevo proyecto, que podrá ser mejorado, para que inmediatamente se debata en un próximo período de sesiones ordinarias y lo entendemos como un acto que requiere dentro de un proceso la continuidad de un perfeccionamiento, porque las metas para alcanzar el parlamento democrático son aún distantes, pero vamos a empeñarnos en luchar por esos ideales. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Enterado y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Práctica Parlamentaria para su cumplimiento.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Ernesto Gil Elorduy:- por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.. Se dispensa la lectura al dictamen.
Es la segunda lectura, señor presidente.
El Presidente: - En consecuencia y con base en el artículo 97, está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Señor presidente, en los términos.
Este dictamen fue publicado en el Diario No. 8 del día 12 de mayo de 1992. del artículo 108, solicito que el Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fundamente el dictamen.
El Presidente:- tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago y, previa a su comparecencia a la tribuna, le notificamos que se han inscrito 30 diputados en el siguiente orden: José Paoli Bolio, María de los Angeles Moreno Jesús Martín del Campo, Agustín Basave, Manuel Terrazas, Cecilia Soto González Oscar Pimentel, Martín Tavira, Laura Alicia Garza, Fauzi Hamdan Amad, Jorge Tovar Montañez, Eloy Cantú Segovia, Francisco Saucedo Pérez, Alfredo Lujambio, Manuel Jiménez Guzmán, Gonzalo Cedillo Valdez, Juan Campos Vega, Emilio Becerra, Fernando Lerdo de Tejada, Hildebrando Gaytán, Manuel Huerta, Javier Guerrero, Alejandro Luévano, Humberto Aguilar, Layda Sansores, Alejandro Encinas, Jorge Calderón, Raymundo Cárdenas, Patricia Ruiz Anchondo y Cesáreo Morales García.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul):¡Moción de procedimiento señor presidente!:
El reglamento, que aunque aquí se acaba de decir que es obsoleto, yo creo que está vigente y todavía debe de acatarse y no es leyendo el orden en que se anotaron los oradores como señala el reglamento, sino quienes son a favor y quienes son en contra. Por lo tanto, Yo rogaría que hiciera el orden diciendo: éstos son a favor y éstos son en contra.
El Presidente: - Señor diputado, observa nuestro reglamento que la alternancia de los que van en contra y a favor se lleve a cabo. De tal suerte de así como fueron nombrados el primero fue en contra y el siguiente fue a favor.
Tiene la palabra entonces el diputado César Augusto Santiago, para fundamentar
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quiero principiar con una súplica muy atenta a todos ustedes, yo bien se que un texto largo siempre no tiene la amenidad de un debate abierto, les ruego pues que disculpen esta presentación inicial.
Al iniciar hoy la discusión del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estimamos que la
Cámara de Diputados de entrada deja expresa su voluntad de cumplir plenamente su responsabilidad buscando en los hechos la posibilidad de innovar la práctica parlamentaria para que el trabajo legislativo sea más productivo, promueva la discusión más amplia y el análisis más detallado, pero no tan solo como un ejercicio de reflexión, desprovisto de propuestas o acciones, sino ante todo como una práctica para buscar primero los consensos y los acuerdos y ubicar muy bien las discrepancias y las diferencias y así después entrar el debate en la fundamentación que explique las razones de todos y justifique las decisiones expresadas en la votación cameral.
Al estudiar el proyecto de ley hemos mantenido un proceso de intercambio entre los distintos grupos partidarios de manera ininterrumpida, recibimos propuestas y sugerencias pero también advertencias; se nos informó con urbanidad parlamentaria que buscaríamos todos enriquecer las cuestiones particulares de la iniciativa, pero que donde hubiera diferencias de fondo tendría necesariamente que darse la confrontación de las ideas en la sesión plenaria, advertencia correcta, yo estimo que por ahí debemos de avanzar, cualquier iniciativa, ésta no es la excepción, posee una orientación y definición muy específica: se inscribe en una línea de argumentación política, tiene pues un sustento y una finalidad determinada, pero además contiene una serie de principios, de normas y de propuestas cuya aplicación permitirá la consecución de los objetivos de la iniciativa; por eso la discusión tiene dos niveles obvios; primero el de fondo, el que tiene qué ver con la finalidad última de la iniciativa, en donde espero podamos encontrar algunas coincidencias y, el otro nivel de la discusión es el de detalles, que siempre debe darse cuando ha transcurrido una deliberación amplia y general, porque en esta segunda es de aceptarse que las diferencias de fondo ya han sido discutidas y que hay una decisión de la Cámara que permite que el debate en lo particular y en lo general sea más constructivo y se oriente a buscar de mejor manera que el diseño normativo garantice la consecución de la finalidad de la ley. Este asunto encuentra en la mecánica de la discusión de hoy una explicación y un sustento muy claro.
Pero ¿por qué comparto esta reflexión con ustedes, señoras y señores diputados? Porque creo que en el dictamen que hoy discutiremos se ha querido conceptualizar con sentido práctico esta reflexión de fondo que ahora explico. Hemos buscado que las comisiones conocieran y opinaran sobre una propuesta de estructura para el documento de dictamen, una estructura que tiene una parte teórica inicial que es afín con el espíritu, con los criterios y con la orientación de la iniciativa del Ejecutivo; la exposición preliminar busca reflejar con nuestras propias palabras el sentido, el espíritu y las razones de los propios legisladores, para formular la propuesta que discutiremos. Buscamos que la parte teórica fuese explicitando las razones que consideramos tienen que ver con la necesidad de que este asunto se discuta precisamente ahora y por eso hablamos del proceso de reforma del Estado y de la estrategia de modernización que han estado presentes en la política de este gobierno, buscando explicar cómo esta iniciativa queda inscrita en este marco de profunda trascendencia en la vida de la República.
Por eso también hablamos de lo que en materia económica se ha tenido qué hacer y de la forma en que se ha atendido el desarrollo social del país en los últimos años.
En este marco teórico, dejamos ver una valoración sencilla, pero muy real, de los procesos administrativos y de ejecución de las acciones que dificultaron el cumplimiento del área del Ejecutivo encargada de estas funciones.
Hicimos pues el esfuerzo de explicar el porqué de la iniciativa y de su oportunidad, desde nuestro punto de vista. Lo hicimos con cuidado, buscando que la reflexión fuese objetiva y que ofreciera y motivara un debate ordenado y constructivo.
La segunda parte del dictamen constituye también, según mi opinión, una aportación del grupo y de las comisiones que dictaminaron. Como es usual en otras iniciativas, la exposición de motivos va explicando el articulado del decreto en función de los objetivos y finalidades del proyecto. Así lo hemos hecho también, pero hoy, buscamos que las áreas del cuerpo normativo que discutiremos, se agrupen con una racionalidad teórica que el propio dictamen expone.
Y es importante ratificarlo. Esta es la consideración de esta Cámara, un cuerpo de normas que dan sustento a una estrategia de integridad, congruencia, coordinación y concertación en la definición y ejecución de una política en materia social.
La primera estrategia que desarrollamos, responde a un concepto de integridad, para definir una política de políticas en materia de desarrollo social. Reflexionamos en el dictamen. No se trata de afirmar que no ha habido políticas para el desarrollo social; se trata ahora de fortalecer una
estrategia para que todas ellas converjan en una dimensión de integridad y que haya un concepto de política social superior que englobe todos los capítulos que tienen qué ver con el desarrollo social.
En ese sentido, el dictamen que cito expresa categóricamente: "Gobierno y sociedad en México no satisfacen todavía su deuda con los excluidos y marginados por la pobreza, cuando tienen que atender ya un concepto de lo social que implica la calidad de vida y se refiere por tanto al desarrollo urbano y regional, a la vivienda y a la preservación y rescate del medio ambiente; se trata de un desarrollo social que exige una clara visión de la integridad de la vida ciudadana en las ciudades y en le campo, que tiene como punto de partida al hombre con sus libertades irrenunciables, pero que al mismo tiempo considera la inserción social de éste, sus derechos individuales y sociales protegidos por el Estado y los distintos marcos de la acción colectiva que por último es responsabilidad compartida por el Estado y la sociedad, por los individuos y por múltiples organizaciones sociales".
Una segunda estrategia a la cual hemos denominado de congruencia, busca alcanzar eficacia y eficiencia en el ejercicio de las políticas de desarrollo social. Y aquí explicamos las normas, las atribuciones y las facultades que la ley confiere a un instrumento administrativo de alto nivel, para que coordine, desarrolle y sume el esfuerzo de las acciones de diversas dependencias y entidades del Ejecutivo que realizan en esta materia.
Hay aquí una explicación suficiente para que se constituya un gabinete de desarrollo social, para que el secretario de Desarrollo Social participe en otros gabinetes y comisiones del Ejecutivo y para que con una vinculación funcional y orgánica, las acciones en la materia se realicen sin duplicidades, aprovechando todo el potencial disponible y subsanando omisiones al tener, desde la Secretaría de Desarrollo Social, una función de congruencia tanto en la propuesta de acciones como en la evaluación de las mismas. La tercera estrategia de la política de desarrollo social que señala la propuesta, tiene qué ver con la concertación en torno a sus propios objetivos. El concepto de coordinación ha constituido una verdadera aportación a la estructura del derecho de la administración pública, permite que los niveles de gobierno relacionen actividades concertadas en función de los objetivos de la Federación, los estados y los municipios. Muy importante es el que esta ley explicite cómo se plantea la obligación de la Secretaría de Desarrollo Social, para concertar en estos niveles de gobierno todo lo que tenga qué ver con las acciones en materia de desarrollo social y con esta función de integridad, de congruencia y de capacidad para evaluar, sin duda la Secretaría podrá ser más eficaz en el cumplimiento de su responsabilidad.
Hay un cuerpo normativo que orienta esta estrategia y la enmarca de manera correcta. Así encontramos las disposiciones que permitirán las formas de interacción entre los distintos niveles del ejercicio del poder público.
Finalmente, reconoce el dictamen una cuarta estrategia y lo hace de manera concreta, en lo que la propuesta contenía y que las comisiones pensaron prudente enriquecer; la concertación con la sociedad y la búsqueda de la presencia social en las acciones definitorias de las políticas orientadas a ella.
Fenómeno jurídico es el concretar los niveles de representación social y darles un canal institucional para su debida expresión, buscar en la norma que explícito el compromiso de sumar el esfuerzo social, las preocupaciones de la población, sus necesidades sentidas, no sólo en la tarea por encontrar soluciones, sino en la acción propia que colme las aspiraciones populares. En ese contexto se recogen las normas que hablan de la concertación social y se da una explicación muy importante sobre la posibilidad de crear, por ejemplo, en una ley posterior, una Procuraduría de Defensa y Protección del medio Ambiente, o los organismos que institucionalizan esta representación de la población y las acciones para defender su medio ambiente.
En resumen, pensamos que la iniciativa motiva con integridad, congruencia, coordinación, concertación social y representación de los intereses de la población, el diseño de un instrumento que acometa con eficacia la responsabilidad de conducir, concretar y evaluar la política del desarrollo social del Poder Ejecutivo.
La última parte del dictamen recoge algunas modificaciones provenientes de distintos individuos de la Cámara, de diversos partidos políticos, que por supuesto no constituyen la totalidad de las recomendaciones señaladas, pero explicamos ahora; recogemos en el dictamen las que no tuvieron aristas, provocaron un concenso inmediato y dejamos para un debate mayor a aquellas en las que no hay concordancia plena y que aquí ustedes definirán en definitiva.
Propusimos modificar algunos artículos para hacer explícita la competencia de la Secretaría, para clarificar los niveles de coordinación que deben darse, e instrumentamos en la definición legal una posibilidad real para que después, en una ley posterior o decreto posterior, se establezca un Procuraduría de Defensa y Protección al Medio Ambiente y los órganos o instituciones que completen un esquema de apoyo técnico y social a la conducción de esta entidad que la ley permite crear en el futuro.
Así discutimos y elaboramos el dictamen, siempre teniendo claros los grandes temas que se agrupan dentro del concepto de desarrollo social, el desarrollo urbano, la vivienda, los asuntos ecológicos, el desarrollo regional, la puntualización de las convergencias o los mecanismos que inciden en otros ámbitos como el desarrollo rural integral, el agua, los asuntos indígenas y la coordinación con la banca de desarrollo.
Hoy, señoras y señores, está el dictamen a su consideración, con el esfuerzo de quienes con responsabilidad y ánimo de propuesta han estado siempre dispuestos a aportar para enriquecer nuestra labor legislativa. Reconozco así el esfuerzo del grupo plural y su altura para discutir con amplitud y también con paciencia.
No creemos que con esta ley los problemas ancestrales de México en materia social, las cuestiones que tienen qué ver con la pobreza extrema, con el deterioro del medio ambiente, con las cuestiones de vivienda, que son retos de nuestro siglo, vayan a tener una solución instantánea. Tampoco pensamos que con la creación de la Secretaría de Desarrollo Social esta compleja problemática se resuelva y cancele en su totalidad. Debemos de tener cuidado para no cometer excesos de optimismo, pero buscaremos, con el mismo cuidado, que no se produzca una crítica negativa por la sola razón de la crítica. Es necesario que se tenga madurez para aceptar avances, propuestas objetivas y, sobre todo, reconocimiento a la experiencia para proponer un desarrollo administrativo mejor.
En muchos otros países se ha dado una evolución administrativa continua. Las estructuras administrativas del Ejecutivo no pueden ser inmutables, como tampoco hay un diseño administrativo infalible; todas responden a la sociedad a la que sirven y atienden con detalle la esencia de su problemática que por definición es diversa, como son las idiosincrasias de los pueblos. No hay reglas ni soluciones estereotipadas. En Brasil, un país con desarrollo similar al nuestro, hay un Ministro de Desarrollo Social; en Francia, un país altamente desarrollado, existe también un Ministro de Asuntos Sociales e Integración; lo mismo en Austria, que en Noruega, que en Australia, o también en Chile y, todas estas estructuras se han ido conformando no de golpe, sino sobre la redefinición de otras estructuras administrativas que ya no operan más.
Por supuesto que existen muchos otros países en que sus sistemas de gobierno todavía presentan problemas de ordenamiento de las atribuciones y de distribución de competencias, que hace tiempo nosotros hemos superado.
Todo esto ha estado presente, ha servido como motivación, ha servido como reto.
Hoy hemos buscado que hay un tiempo amplio para la discusión en las comisiones que elaboraron el dictamen de la iniciativa; hemos buscado que un grupo plural tenga un desempeño real; hemos tratado además de que las comisiones en pleno aprueben la estructura y tengan un informe del avance, pero sobre todo hemos intentado que el dictamen surja como una acción legislativa característica muy propia, que enriquezca, que trate de aportar, que no dé la confianza de que a pesar de nuestras discrepancias ideológicas o más aún, por encima de nuestras diferencias de fondo y de forma, existe una voluntad común de aportar el fortalecimiento de este Poder Legislativo tan nuestro.
Con el esfuerzo y la voluntad de las comisiones que crearon el dictamen, invitamos a un debate de altura que aporte, que deseche por deleznables las posibilidades de manipulación o proselitismo partidario.
El debate siempre es bienvenido; que sirva para fortalecer el Poder Legislativo que contribuya para crear una nueva norma administrativa que permita seguir encauzando el desarrollo social con eficacia. tenemos que hacerlo por el bien de México. Muchas gracia.
El Presidente: - tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, el diputado Francisco José Paoli Bolio.
El diputado Francisco José Paoli Bolio: - Con su venia, señor Presidente; ciudadanos diputados de la nación:
Mi intervención tiene el propósito de razonar los argumentos en contra de la iniciativa de ley que pretende modificar la ley orgánica de la Administración Pública Federal.
Haré una serie de consideraciones de orden político general y de las metas programáticas que esta ley, directa o indirectamente, se propone sostener.
El grupo parlamentario de Acción Nacional, al que pertenezco, considera que hay un conjunto de razones de este orden general que nos conduce a razonar en este foro y en el país el perjuicio que puede causar la aprobación de una ley como la que hoy se pretende modificar en diversos órdenes.
Empezaré por uno de los más generales. La ley tiende a reforzar una cultura política providencialista. El paternalismo en nuestro país ha sido un mal endémico, arraigado en nuestros hábitos por siglos, hábito del que se han aprovechado los regímenes autoritarios y despóticos.
En este período gubernamental, tras el concepto de solidaridad, se han venido escondiendo y justificando un paternalismo de nuevo cuño, que no estimula el crecimiento responsable y la organización seria y permanente de la sociedad.
Hay diversas maneras de reforzar este paternalismo y este providencialismo, que significa dejar pasivamente a la población, esperando que el supremo dador, que siempre se identifica en forma unipersonal son el titular del poder ejecutivo, sea el que venga a responder todas las necesidades, a plantear las mejores iniciativas, a entregar y resolver los problemas. A enredarlos bien, que son de la nación.
A través de Programa Nacional de Solidaridad se ha encontrado la fórmula para seguir sosteniendo y auspiciando al partido oficial. Ahora no será sólo un programa, sino una Secretaría, preparada para hacer campaña partidista en forma permanente, si bien usando formas sutiles y mimetizandose a la acción estatal, la acción del partido oficial, el partido que se ha llamado justificadamente por esto, por algunos analistas, partido de Estado. Porque asume los recursos, asume las iniciativas del estado para promover a un sector de la sociedad que es un partido.
Y lo ha hecho no sólo con los recursos, sino con algunos de los emblemas fundamentales del país a través de los colores nacionales, usando fórmulas subliminales y también otras directas y comprensibles claramente para el común de la gente; mencionaré solamente dos de estas últimas; el lanzamiento de candidatos del partido oficial que se han estado vinculando como funcionarios del Programa Nacional de Solidaridad notoriamente.
Los funcionarios y agentes del Programa Nacional de Solidaridad deberían ser invalidados para ser candidatos por cualquier partido político, en un plazo mínimo de dos años, en la región en donde estuvieran a cargo de acciones este programa.
Si un principio como éste se aceptara, fomentándose de esa manera la aplicación más profesional y apartidaria de programas de este tipo, la consecuencia es que el titular de la Secretaría responsable y aun el de la subsecretaría correspondiente, no podría ocupar ningún cargo de elección popular.
Y señores fundamento esta afirmación. Si a los militares se les pide que presenten una licencia a su cargo antes de ser candidatos, por el ascendiente que pudieran tener en la población. Si a los sacerdotes, ministros del culto, se plantea ahora teóricamente y esperamos que así sea, en la ley que reglamenta el 130, que se les ponga una distancia entre el tiempo en que piden licencia de su cargo como ministros y la aceptación de una candidatura, por el ascendiente moral que puedan haber desarrollado en sus poblaciones.
Con una razón semejante habría que pedir que los funcionarios del Programa Nacional de Solidaridad tuvieran una distancia de uno o dos años para poder aceptar candidatura y, por otra parte, que no lo fueran en esa región donde fueron representantes del supremo dador.
Otro caso: la promoción y ejecución de obras cuya continuidad o ampliación, se sujeta claramente, aunque sin dejar pruebas fehacientes, al comportamiento electoral de la población beneficiada. Te hago una obra hoy, la hacemos en concertación, ahí están los hechos y esta obra continuará o se reforzará o se ampliará, dependiendo del comportamiento electoral. Esta ha sido una conducta viciada, viciosa, que el partido oficial ha entendido, sobre todo en la campaña de 1991.
Se ha desarrollado a pretexto incluso de transformación del partido oficial, una nueva estructura territorial con la cual se combate a los sectores indirectamente y sin afrentarlos. Pero se ha aprovechado y se ha desarrollado un nuevo tipo de cacicazgo urbano que es igual o peor que el casicazgo gremialista y corporativo de los sectores del partido oficial. Se está encontrando a nuevos caciques ubicados en las zonas urbanas, para favorecerlos con sus grupos, apoyarlos y tener así la consecuencia del apoyo político.
Tercer argumento: se continúa promoviendo y reforzando el centralismo. Mientras las participaciones de los estados y municipios siguen siendo raquíticas porque no han rebasado en los últimos tres años el 3.6% del producto interno bruto, el Programa Nacional de Solidaridad camina este año con un financiamiento billonario de alrededor de 7 billones de pesos en forma directa, que se ejerce por el gobierno federal. Esto es centralismo.
Se determina por los funcionarios centrales, por más que se recubra con convenios estatales y municipales; habiendo una bolsa de este tamaño se tiene un imán, pero que no puede ser llamado concertación, que es una atracción desproporcionada e inaceptable, porque en el fondo está atacando el espíritu del Estado Federal.
Se ha reservado a los estados un conjunto de facultades que ahora se les quita atraídos de una manera brutal, con el peso de esta bolsa, para que sean ejercidas en la práctica, por el gobierno federal.
Los recursos del Programa Nacional de Solidaridad, deberían entregarse a las entidades federativas y las obras que han venido desarrollando, deberían planearlas y realizarlas los municipios. Eso los haría crecer y fortalecerse verdaderamente. Eso los impulsaría a madurar y organizarse no en función de un llamado del gobierno del centro, como siempre, sino tomando en cuenta sus necesidades, sus perspectivas y prioridades propias.
La planeación regional se reserva a una entidad nacional. Bonito contraste. La planeación regional es para una entidad nacional. No se pudo pensar en que hubiera verdadera planeación regional cuya responsabilidad recayera en las regiones y en organismos que tuvieran la responsabilidad en las regiones. Necesitamos un papá central para impulsarlo todo, para promoverlo todo y también para llevarse el prestigio político de todos, que ésta es la intención que está por detrás de toda la ley. Este es un ataque virtual al espíritu del federalismo, señores.
Otro argumento: los cambios a la ley no se hacen en función de necesidades del país, sino en vista de los intereses de un grupo político que está en la cúpula de las decisiones estatales, un equipo que ha venido creciendo de las promesas de un cambio democrático aun dentro de su propio partido, a la posposición de los cambios ahí mismo, de su alejamiento, de su mediatización de la tergiversación de sus propios acuerdos de asamblea. Lo que era una regla general, la auscultación a la base popular, se convirtió en una excepción.
Esto es lo que ha venido haciendo el equipo de gobierno, posponer los cambios a los que se comprometió en el programa, en el Plan Nacional de Desarrollo. Estos cambios están siendo echados abajo, están siendo frenados, están siendo cancelados, neutralizados, evitados, pospuestos. Ahí está la reforma al Distrito Federal, que había propuesto hacer inmediatamente al terminar las elecciones. Ahora, no hay propuesta. Si no se ponen de acuerdo, no hay propuesta.
Este es el sentido con el que están operando en este grupo político y ya enfilados a la próxima sucesión presidencial.
Estas son también nuevas formas de autoritarismo y de paternalismo, actualizadas, adornadas, pero nuevas formas para filtrar y mantener un tipo de Estado autoritario como el que hemos venido padeciendo en las últimas decenas de años. El reforzamiento de un presidencialismo providencialista, omnibenefactor, dador supremo y omnipotente que mueve a los otros poderes y al conjunto de la sociedad, de acuerdo con sus proyectos grupales y sus tácticas inmediatas.
Yo me pregunto: si no se crea esta Secretaría llamada de Desarrollo Social ¿qué le ocurre al país, señores diputados¿ ¿Qué le pasa al país si está Secretaría no aparece en el horizonte de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal¿ La respuesta es clarísima: ¡No le pasa nada...!
Entonces hay que preguntarse a quién beneficia la creación de esta Secretaría, si no es a un grupo político claramente identificado con el Presidente. Esa y no otra, es la razón de que recibamos ahora esta iniciativa. Se envía esta iniciativa de ley a dos meses de haberse aprobado otra que tocaba la misma materia ¿Qué no se tenía ya el actual proyecto¿ Se pregunta uno ¡Es que no habían valorado como suficientemente importante al Programa Nacional de Solidaridad? ¿es que tienen que ir del tingo al tango? Hace dos meses, para Hacienda, ahora para la Secretaría nueva y después. ¿a dónde?
Hoy aunque sea una afrenta para los legisladores, no sólo para los legisladores de oposición, señores, para el Poder Legislativo, estar cambiando por el capricho, por la decisión inmediata, coyuntural, por los intereses de un grupo político encumbrado, cercano al supremo poder, unipersonal, se nos manda y se nos dice
"Hace dos meses levantaron la mano en un sentido. Ahora levántenla en otro, señores diputados..."
Y yo entendería eso, porque la dignidad no implica no poder cambiar de acuerdo con razones. Si el país nos estuviera exigiendo pensar en cambios fundamentales de la administración pública, si hubiera una clara razón de este orden, habría que cambiar. No en dos meses, antes, si fuera necesario. Pero en este caso lo que se quiere es reforzar una alternativa política por las razones que ese grupo hubiera tenido y esto es lo que es inaceptable, sobre todo porque afrenta, porque pone en movimiento, después de haberlo hecho antes en un sentido, a un Poder legislativo que debiera mantener la dignidad de rechazar, de no aprobar en lo general y en lo particular.
Veo risas, señores diputados: parece que es ingenuo pedirles que se comporten con las responsabilidades propias del Poder Legislativo. (Aplausos.)
Quinto argumento: el concepto de desarrollo social. no está claramente definido, no puede corresponder a una sola entidad planearlo, promoverlo, autorizar las inversiones y evaluarlo, ¡Todo el círculo completo!
Si es verdadero desarrollo para todos, si es verdadero desarrollo social, éstas actividades tendrían que hacerlas diversos órganos de la administración pública, en sus diversos niveles; tendrían que intervenir las variadas entidades de la sociedad civil también. Se dice que éste es el propósito. No ignoro algunas frases de la exposición de motivos ni del dictamen que se nos entregó ayer.
Se dice que la nueva Secretaría no hará obras. ¡Ayer mismo nos los decían funcionarios de esta presunta Secretaría! Y es cierto, tal vez, que muchas no las hará; pero las financiará. Buscará ante todo este crédito y este prestigio para el gobierno nacional y en particular para el Presidente de la República.
¡La facultad que se pretende dar a esa Secretaría para autorizar inversiones crea confusión y establece una prerrogativa que no se otorga a otras Secretarías¡ ¡Hasta ahora es la Secretaría de Hacienda, antes Programación, la que autoriza las inversiones públicas! ¡Pero con el criterio que busca aplicarse para la Secretaría de Desarrollo Social de que ella misma aprueba las inversiones en este ámbito, habría entonces qué permitir que las otras hicieran lo mismo. la de Salud, la de Educación, la de Pesca, coordinándose con la Secretaría de Hacienda.!
¡Pero cuando se crea un prerrogativa privilegiada se está creando una Secretaría con un Poder excesivo y esto no responde ni a la teoría de equilibrios de los poderes, ni responde a la equidad con la que los recursos de la administración pública deben manejarse!
¡Dejar que una sóla Secretaría sea la responsable del desarrollo social, señores diputados, es propiciar la indolencia de otras entidades públicas y de los grupos sociales! habría que reconocerlo también: ¡ya hay quien se encarga de esto!
La exposición de motivos de la iniciativa dice con claridad meridiana en alguna de sus partes que leeré textualmente "que la iniciativa, citó textualmente, propone reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para concretar, ¡no es un invento mío! el ejercicio de las atribuciones de las dependencias del Ejecutivo Federal, que se traducen en acciones tendientes al desarrollo social". Hasta ahí la cita. ¡Más claro ni el agua!
Y en el dictamen de la comisión, se contradice lo que ayer mismo nos informaba un grupo de funcionarios de la presunta secretaría, en el sentido de que no ejecutaría obras y dice en la página dos, 11 romano del dictamen, "la propuesta contenida en la iniciativa a consideración de crear la Secretaría de Desarrollo Social conserva la orientación anterior, ¡y aquí lo importante! pero busca superar la ausencia de capacidad de ejecución que caracterizó a esas dependencias".
¡Es decir, que sí van a entrar a ejecutar las obras! ¡Donde se los pidan! ¡Donde haya un convenio de concertaciones! ¡Donde no haya más remedio, porque ha habido malversación de fondos!
¡Ahora, señores, están invocando que porque un presidente municipal malversó fondos, ya son irresponsables todos y no se les pueden entregar los recursos! ¡Como si en la administración Pública Federal todo fuera claridad y transparencia!
En el mismo dictamen, cuando dice "que la integración de esas funciones en una sóla dependencia tiene las siguientes ventajas: agrupar atribuciones y capacidad de ejecución en materia de desarrollo regional y urbano". ¡También está claro!
Hay una función de la ley, señores, que no es la meramente normativa y que algunos juristas llaman programática, que es la que plantea la posibilidad de que la sociedad, de que una
sociedad, alcance ciertas metas. Sostengo en nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, que esta ley tiene una función programática negativa, para que se mantenga la cultura de la pasividad, de la desorganización y de la obsecuencia relacionada con todo lo que viene de lo alto.
Un concepto sano de desarrollo social, que no está definido en la iniciativa, implicaría abrir claramente y en forma desconcentrada las posibilidades de que surjan y se fortalezcan diversos agentes sociales, a fin de que desarrollen su iniciativa, fortalezcan su responsabilidad, vigilen ellos su operación y también que intervengan en la evaluación. Las acciones que tiendan al desarrollo social deberían florecer por todos lados; a esto no se opone el grupo parlamentario y queremos dejarlo muy claro. Pero tiene que hacerse con normas generales claras, en forma descentralizada, según el caso.
Concentrar el ejercicio de esas atribuciones, como ya he leído, tiene la intención de hacer esta iniciativa, es pernicioso porque vuelve a crear un monopolio de las acciones que más que de desarrollo son de diversos tipos, algunas de contención de la angustia social; otras acciones correctas y bien ejecutadas, habría que reconocerlo también, pero muchísimas son solamente paliativos a este enorme retraso el que el dictamen, por cierto, se refiere.
No hay un correcto entendimiento ni del principio de solidaridad, ni mucho menos del de subsidiaridad. El principio de subsidiaridad implica, señores que la sociedad se fortalezca, que desarrolle sus propios miembros, que embarnezca, que ejercite sus responsabilidades y esto entraña la posibilidad de que se equivoque también, no de que haya siempre un manto protector, alguien que lo vigila todo, lo promueve todo con gran corrección. Se requiere, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, auténticamente interpretado, que la sociedad haga todo lo necesario para promover su propio desarrollo y no sea dependiente de ningún agente exterior y que el estado intervenga en tanto sea necesario para promover esa acción, para promover esa maduración y ese fortalecimiento, pero no en la medida en que haya intereses de un grupo político que lo están induciendo a intervenir para recoger un prestigio que no necesariamente debe atribuirse a un líder político, sino que debe utilizarse para conducir la acción colectiva de una manera congruente y justiciera.
Por si la concentración no fuera suficiente, la iniciativa crea duplicidades, sobre todo con la Secretaría de Hacienda. No insistiré en el tema de las duplicidades, creo que mi compañero, el diputado fauzi Hamdan, tocará este tema en el debate en lo particular; también será explícitado.
Yo quisiera concluir, señores diputados, con una exhortación a fuerza de sonar ingenuo y la exhortación no es, por supuesto, para la oposición, para la auténtica oposición que nos acompaña; es para la mayoría que integra también este poder y fundamentalmente tiene la responsabilidad de este Poder legislativo, porque la nuestra está salvada con estas argumentaciones, para que asuma con dignidad su papel de equilibrar al Poder Ejecutivo y no de consentirlo; para que sea capaz de razonar cuáles son esos límites y hasta dónde deben llegar y no crear supersecretarías y proyectos políticos en función de un grupo, sino en función del interés general de la nación.
Y en este sentido, la exhortación es que voten en contra ¡Alguna de sus risas ya me están diciendo cuál es la respuesta! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para hablar en pro, la diputada María de los Angeles Moreno.
La diputada María de los Angeles Moreno Uriegas: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados.
Sin duda alguna, que quien me antecedió en la palabra, como muchos otros de mis respetables compañeros diputados, han tenido la oportunidad de reflexionar ampliamente, de leer, de considerar, de subrayar los diferentes aspectos que implica el desarrollo social y la propuesta de creación de una dependencia que de manera integral trata de responder a necesidades vinculadas con el bienestar de nuestros compatriotas. Hay detrás de cada análisis sin duda alguna, enfoques particulares, personales, de formación académica, de visión partidista, de los distintos asuntos tratados, todas las tenemos y en esta cámara una de las cuestiones interesantes es que podamos contrastar estas visiones y que coincidencias o discrepancias nos ayuden a tener un mejor razonamiento de los asuntos, en beneficio de aquello que todos buscamos; un desarrollo social cada vez mejor, cada vez más amplio para los mexicanos y de la misma manera que el que me ante cedió en la palabra y quienes seguramente me sucederán, ha expresado su particular enfoque del asunto. Yo quisiera señalar que personalmente , como miembro del Partido
Revolucionario institucional, individualmente y en conjunto con muchos de mis compañeros de partido, también he analizado este asunto y también quiero exponer algunas razones, algunos argumentos de por qué estamos absolutamente en favor de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social.
Quiero en primera instancia destacar una vez más que en México el compromiso social del Estado es irrenunciable, está decidido en la Constitución de 1917. El actual estado mexicano, el que creó la Revolución de 1910 está por tanto constitucionalmente comprometido con el bienestar de las mayorías y este compromiso no es producto de ideologías ni está sujeto a negociaciones, tampoco depende de modas políticas o económicas. La acción de los gobiernos surgidos de la revolución han estado, sin lugar a dudas, orientada por este propósito básico de equidad: los avances en materia social al paso de los años en la historia de nuestro país me parece que son innegables. Yo solamente mencionaría, a guisa de ejemplo, algunos: la esperanza de vida, el mexicano actualmente duplica la que se tenía en 1930, la demanda de educación básica está cubierta en su totalidad, cerca de 26 millones de jóvenes se encuentran dentro del sistema educativo nacional, más del 85% de los habitantes es atendido por las instituciones públicas de salud y seguridad social y en materia de vivienda se ha realizado un esfuerzo que ha logrado reducir el déficit de servicios básicos, como agua potable. Todo ello en una población que ha pasado de 16 a 83 millones de habitantes en sólo 60 años.
Las condiciones de vida de la población ciertamente se quedaron como resultado de la crisis en la década pasada, pero dentro de las restricciones prevalecientes se continúo dando la máxima atención posible a los servicios de educación, salud, vivienda y abasto.
Con el esfuerzo y trabajo de los mexicanos, la estabilidad y la paz social se ha mantenido. La reforma del estado en el ámbito social se lleva a cabo para fortalecerlas.
El país ha encarado con éxito el reto de superar la crisis, condición indispensable para sentar bases sólidas de un desarrollo perdurable. En este sentido el gobierno de la República, en respuesta comprometida con las demandas de la población, propuso un cambio profundo de estrategia, basado en los principios que han cimentado nuestra historia. Su orientación establece propósitos claros; modernizar a México para asegurar la viabilidad económica y la estabilidad política, en un clima de amplias libertades y de mayor justicia social.
La estrategia económica emprendida ha rendido frutos claros y alentadores que ya en otras oportunidades hemos comentado y que hoy no voy a repetir.
No obstante los avances en materia económica, no nos confundimos. Los fines son los que cuentan, los medios son eso, instrumentos para alcanzarlos.
El Estado mismo no es un fin en sí, sino instrumento del que la sociedad se vale para alcanzar sus propósitos. La política económica es igualmente un instrumento para apoyar la solución a las demandas más sentidas de la sociedad: independencia, soberanía, justicia, bienestar y progreso.
Si pretendemos dinamizar el crecimiento, no es por el crecimiento mismo, sino por sus repercusiones en el nivel de empleo y en la mayor generación de satisfactores. Si combatimos la inflación no es por lograr un efecto estadístico publicitario, sino por los beneficios que un menor crecimiento en los precios, representa en el poder adquisitivo de la población, sobre todo la de menores ingresos. si buscamos el saneamiento de las finanzas públicas, no es simplemente para mostrar equilibrio o superávit, sino para fortalecer la función primordial del Estado, el mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos, mediante el uso más eficiente y eficaz de sus recursos.
Nuestra concepción del bienestar está ligada a la democracia como modo de vida, está vinculada con el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. No entendemos el bienestar como un privilegio para unos cuantos. Aspiramos a que todos los mexicanos puedan compartirlo. La alimentación, la salud, la educación, la vivienda, un medio ambiente sano, son aspiraciones comunes de nuestra sociedad y ofrecerlos en condiciones de igualdad para todos, es obligación ineludible del Estado mexicano, del Estado que representa a todos los mexicanos.
Para ello se reforma la administración pública y se actualiza, para responder con la máxima eficiencia a las circunstancias de rápida transformación nacional.
Es ineludible continuar abatiendo miseria y desigualdades extremas y combatir rezagos ancestrales. Debe impedirse que se ensanche la distancia entre el concepto y los postulados de
justicia social y la realidad que viven cotidianamente muchos mexicanos.
Por ello entre otras medidas se extiende una forma solidaria de promover la justicia social.
Consideramos que las responsabilidades sociales del estado, no deben sustituir a las que cada quien y como sociedad en su conjunto debe realizar. Es conveniente articular, cada vez de mejor manera la participación del estado solidario, con la participación organizada de la comunidad, para acelerar la obtención de una nueva dimensión social del desarrollo y para hacer más eficientes las estructuras de servicio público, que atienden a la calidad de vida de los mexicanos.
Quisiera recalcar que mucho más allá de los logros cuantitativos alcanzados, las reformas económicas se han llevado a cabo para elevar la eficiencia del que hacer nacional en la construcción de mejores condiciones de vida para todos. Así por ejemplo, entre 1988 y 1991, el gasto público en desarrollo social, que incluye los elementos a que ya he hecho referencia y que son los comúnmente aceptados como educación, salud, alimentación, abasto, se incrementó 41.4% en términos reales y su participación dentro del gasto programable pasó de un 33% a un 45.5% en el mismo período.
Esta legislatura es la que aprueba los recursos, no antes; ninguna dependencia puede hacer asignación alguna previamente de aprobarlo este Congreso. Aprobó un presupuesto para 1992 que otorga un crecimiento real de 17.8% respecto a 1991, a las erogaciones canalizadas al desarrollo social. Esto significa alrededor de 88 billones de pesos. Con ello su participación en el gasto programable total pasó a significar el 51.4%.
El programa Nacional de Solidaridad en tres años de operación, ha propiciado la participación de amplios grupos de población en obras, servicios y actividades productivas básicas. El Programa de Solidaridad resalta no por sus recursos, sino por constituir una nueva forma de responder a necesidades sociales, una forma más democrática y participativa en que la comunidad marca prioridades, rumbos y tiempos. Lejos de ser una fórmula asistencial o paternalista, representa una opción más abierta, descentralizada y corresponsable de resolver problemas colectivos; representa una forma de ampliar la intervención de las bases sociales a las cuales fundamentalmente responde al gobierno nacional.
¿Dónde está, podría preguntarse, la contradicción de que sea el gobierno federal quien ejerce el presupuesto federal? No obstante los avances alcanzados en materia social, el reto sigue siendo muy grande. El Estado mexicano está hoy más que nunca, orientado al cumplimiento de sus funciones sociales; darle un carácter integral y una mayor congruencia a todos los programas y acciones en la materia es uno de los propósitos de la iniciativa que hoy se debate.
Con la propuesta de creación de la Secretaría de Desarrollo Social, se busca ubicar en una sola dependencia la responsabilidad institucional de diseñar, instrumentar la política y los programas orientados a la promoción del bienestar social. Así se sumarían atribuciones normativas y de ejecución, se fortalecería la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la concertación con los sectores social y privado.
La transformación institucional busca responder cada vez mejor a las necesidades sociales cambiantes; tal transformación tiene sus tiempos. El análisis de sistemas administrativos, aspectos jurídicos, organizacionales y de operación, se ha hecho de manera profunda y responsable. La forma y la reforma del Estado no es un momento, es un proceso.
La experiencia durante los últimos años demuestra la conveniencia de mantener a futuro y reforzar las acciones de ámbito nacional, regional y sectorial que se ha venido articulando en materia social. Llegó el momento, como lo apunta el dictamen, se sumar esfuerzos, de unificar competencias y reunir atribuciones para dar consistencia a una nueva política de desarrollo social, que sobre la base de un crecimiento económico sostenido integre la calidad de vida y la dimensión ecológica en la búsqueda de la elevación del bienestar productivo de los mexicanos, en el combate a la pobreza y a la marginación.
Vincular desarrollo regional y urbano, vivienda, protección al ambiente, combate a la pobreza y la conducción integral de los diversos aspectos del bienestar social, es un imperativo que demanda adecuaciones a la administración pública federal; no es un invento del gobierno, es una demanda de la sociedad a la que está respondiendo.
La propuesta de creación de la Secretaría de Desarrollo Social reconoce y destaca los compromisos que en materia de justicia social y democracia formuló el constituyente de 1917 y le otorga un contenido nuevo en le marco del liberalismo social. La línea de continuidad y de congruencia, a mí me parece evidente.
En las acciones de gobierno del presidente Salinas, destaca para mí esa consistencia. Sin lugar a dudas su obra y su preocupación son fundamentalmente sociales.
La reforma del Estado que ha impulsado con energía el Presidente, contribuirá también, desde mi punto de vista, a lograr nuestro objetivo de desarrollo concebido integralmente.
La obra social del gobierno no ha tenido una visión parcial. La administración que encabeza el Presidente y la sociedad, han avanzado de manera firme y continua en le cambio y la modernización para fortalecer la soberanía, la seguridad nacional y la defensa de los intereses de la nación en un mundo que experimenta profundas transformaciones.
El cambio ha creado condiciones más favorables para la ampliación de nuestra vida democrática, la recuperación económica con estabilidad y un mayor bienestar de la población.
La unidad y la solidaridad han permitido que el cambio se efectúe con orden y en los tiempos y condiciones que más convienen al interés nacional.
Todos los instrumentos de la política social en particular el Programa Nacional de Solidaridad, se han orientado a emprender el incremento en los niveles de bienestar y la erradicación de los extremos de pobreza.
Se canalizan más recursos públicos y se abren espacios para que existan mayores oportunidades para darles una orientación social al crecimiento económico. Se integra a todos los habitantes a la vida nacional con criterios de justicia, que acorten las diferencias sociales y aprovechen el potencial productivo de las comunidades.
Se ha ampliado la infraestructura para el bienestar social, la producción, el desarrollo urbano y el rural y se ha cumplido la obligación de planear, conducir y coordinar el desarrollo nacional en el marco de nuestro proyecto nacional.
La conducción de la política económica y social, permiten hoy enfrentar con mayor eficacia los problemas nacionales y el contexto internacional, haciendo partícipes a todos los sectores de la sociedad.
Hoy, sociedad y gobierno, suman acciones para fortalecer los valores fundamentales de la comunidad y la cohesión interna, para lo cual la soberanía y el desarrollo nacional son pilares de la gestión pública en favor del bienestar de todos los mexicanos.
La planeación del desarrollo nacional se perfecciona y consolida, garantizando la consecusión de los grandes propósitos nacionales, a través de la articulación de los programas regionales, sectoriales y especiales.
La conformación del gabinete de desarrollo social, podrá garantizar la adecuada coordinación, seguimiento y evaluación de la política social; la participación de la nueva Secretaría en su caso en los gabinetes económico y agropecuario y, en la Comisión de Gasto y Financiamiento, permitirá asegurar la asignación de recursos necesarios para la instrumentación de programas con definitiva orientación social y de manera integral.
Se busca asegurar que las decisiones de política económica que se adopten, consideren las necesidades que requiere el desarrollo social, tanto a nivel nacional como sectorial y regional.
La creación de la Secretaría de Desarrollo Social es congruente con la estrategia de reformas graduales del Estado y de modernización nacional. Ello permitirá una mayor agilidad y capacidad de respuesta entre las diversas instituciones federales, estatales y municipales, que actualmente participan en las obras sociales, siguiendo el pensamiento nacional de que la reforma de gobierno es el sistema federal, consagrado en el artículo 40 de la Constitución.
Sin duda la nueva Secretaría de Desarrollo Social, será instrumento para consolidar la tarea de armonizar el crecimiento económico con el restablecimiento de la calidad del medio ambiente, la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, en un marco de recuperación de los niveles de bienestar y de franca promoción de la equidad social.
Compañeros legisladores, del análisis cuidadoso, como al principio señalaba de la iniciativa presentada, se puede concluir que la propuesta de creación de la Secretaría de Desarrollo Social, es congruente con la estrategia de reformas graduales del Estado y la modernización nacional, cuyo principal objeto es atender el justo reclamo de la población nacional por mejores niveles de bienestar.
Los anhelos populares de justicia social, dan sustancia y contenido al proyecto y contenido al proyecto que debatimos.
Se combatirá con hechos la pobreza y la marginación que aún hoy laceran nuestra conciencia.
Es éste el sentido en el que se debe evaluar la reforma del Estado, su mayor acercamiento a los objetivos nacionales de desarrollo para todos los mexicanos.
Los medios, la modernización económica y las reformas del Estado, han sido y deberán seguir siendo instrumentos eficaces en la consecución de los fines.
Somos partidarios y promotores del cambio, porque formamos parte de un organismo vivo y dinámico. La quietud y el inmovilismo no sirven a una organización que busca avanzar en circunstancias rápidamente cambiantes; hay que encontrar los medios más eficaces en cada momento, tendiendo al logro de los objetivos que han sido siempre la esencia de la búsqueda entre los mexicanos.
Los retos del futuro son sin duda grandes y difíciles, pero existe voluntad de cambio y no hay duda que las metas, por lejanas que parezcan, las podremos alcanzar. tenemos bases, tenemos historia, tenemos sentido social y podemos seguir avanzando en una sociedad cada vez mejor. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Ciudadano diputado Ignacio Torres Landa, presidente de la Cámara de Diputados; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a iniciar una serie de argumentaciones y de razones que fundamentarán, por parte de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, nuestro voto en contra del dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos de la LV Legislatura, en que se establece la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Vamos a establecer lo que consideramos un contrapunto fundamental en cuanto a la concepción de desarrollo social restrictiva, reducir en su horizonte que se plantea en la iniciativa y en el dictamen y lo que nosotros consideramos debe ser una real política de desarrollo social en nuestra nación.
Conforme transcurren los años de la actual administración, se perfilan con más claridad las contrariedades que caracterizan el discurso y la práctica económica, social y política del actual gobierno. En vez de un pretendido liberalismo social, que se apegara realmente a los conceptos definidos alguna vez, por ejemplo, por Jesús Reyes Heroles, se acentúa continuamente la reforma conservadora del aparato administrativo del Estado, que en la economía refuerza el neoliberalismo, en lo social abandona a su suerte a millones de mexicanos a los dictados del mercado, mientras que, en materia política, se expande con el autoritarismo, la antidemocracia y el centralismo asfixiante.
Se persiste así en la equivocada pretensión de hacer pasar la reconversión administrativa del aparato de gobierno que lleva adelante la actual administración, apoyándose en viejas y nuevas prácticas, autoritarias por la verdadera reforma democrática del Estado que le urge al país y que incluye en su itinerario, entre otros puntos, los siguientes:
La inauguración de pláticas políticas y la creación de un orden legal e institucional que garanticen el riguroso respeto al voto.
El fin de utilización de los recursos públicos en beneficio político del partido de estado.
El fin del control corporativo de las organizaciones gremiales, campesinas y vecinales, con la instauración del respeto a la libre organización de los trabajadores, campesinos y pobladores, en sindicatos, organizaciones campesinas y agrupaciones vecinales verdaderamente autónomas.
El libre ejercicio del derecho de huelga.
El fin de la política oficial de bloqueo al acceso de grupos y opiniones independientes a los medios electrónicos de comunicación.
El respeto en todo momento y lugar a la libre expresión en la prensa escrita.
La real separación de los poderes de la federación, acabando para siempre con la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo.
El verdadero respeto al pacto federal y al municipio libre, terminándose para siempre con el despotismo centralista.
La recuperación de los derechos ciudadanos de los habitantes del Distrito Federal, para que puedan elegir a sus autoridades tanto a nivel de entidad como a nivel municipal.
Una verdadera reforma democrática del Estado, que incluyera los aspectos antes señalados, será la condición indispensable para llevar adelante la real planeación democrática de la economía y del desarrollo social que se requiere, con la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, por los congresos tanto federal como estatales y la participación de todos los sectores de la población en su formulación y evaluación permanente a través de mecanismos adecuados.
Sería ésta la condición de una verdadera y efectiva política nacional de compromiso contra la pobreza y la desigualdad social, así como la base mínima indispensable para dar inicio a una política efectiva de desarrollo regional y de asentamientos humanos, para que en las concertaciones antiinflacionarias se incluyera el punto de vista y los intereses de obreros y campesinos, amas de casa, empleados y empresarios pequeños y medianos, y no sólo la voz de los intereses de los dueños de gran capital con poder oligopólico, aderezados con el punto de vista de la tecnocracia.
Para que la nueva inserción en la economía internacional que indiscutiblemente se requiere, se negociará y realizará con un verdadero consenso nacional, en la forma y con el contenido que realmente conviniera al interés de la mayor parte de la población, después del más amplio y trascendental debate público, fortaleciendo así la soberanía nacional, en vez de la negociación prácticamente secreta del Tratado de Libre Comercio, que realiza autárquicamente el Ejecutivo.
En fin, la verdadera reforma democrática del Estado es la condición sin la cual no es posible imaginar una lucha efectiva por la preservación y defensa de la ecología por un verdadero desarrollo sustentable.
El Partido de la Revolución Democrática, rechaza la confusión existente entre la reforma administrativa autoritaria y centralista que lleva adelante la actual administración y la verdadera reforma democrática del Estado, que es necesaria hacia la cual desafortunadamente no se avanza ni un milímetro en el dictamen que hoy presentan a la discusión de este pleno las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Consideramos que hay, tanto en la propuesta como en el conjunto de las políticas gubernamentales, una equivocada concepción oficial del desarrollo social. El actual gobierno ha emprendido la ruta en cierto sentido, contradictoria, de realizar la progresiva construcción de un Estado neoliberal condiciones y actitudes despóticas en materia de política para el desarrollo social, a la vez que reivindica la necesidad de sacar al gobierno de los mecanismos básicos de regulación que le permitirán ejercer la verdadera rectoría del desarrollo nacional que ordena la Constitución en el artículo 25; se consolidan el autoritarismo, el corporativismo y el centralismo de las instituciones y de las políticas.
En la exposición de motivos del dictamen que hoy debatimos, se plantea con claridad la equivocada tesis oficialista de que la posibilidad del desarrollo social tiene como precondición el orden y el supuesto equilibrio macroeconómico, impuestos por la actual y la pasada administración.
Se pretende así, hacer pasar a la draconiana e injusta política de ajuste neoliberal, que se ha implantado sin piedad durante los últimos años, como la única política posible, como algo necesario e inevitable que ha respondido a los mejores intereses de la nación, como una política que supuestamente ha sido incluso la mejor manera de defender los intereses de quienes fueron gravemente afectados por las políticas y los ajustes realizados.
Se pretende así que pensemos que quienes se quedaron sin empleo o nunca lo encontraron, o vieron pulverizarse sus salarios y con el sus posibilidades de alimentarse, vestirse o proveerse de un techo, o dejaron de tener acceso a los productos de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares por los enormes recortes sufridos en el renglón presupuestario del abasto o sufrieron deterioro de los servicios públicos de salud y de educación, explicados por la imperdonable desatención presupuestal practicada o fueron víctimas de accidentes catastróficos como los de San Juanico o el de Guadalajara, que son producto de los enormes rezagos en los gastos presupuestales para mantenimiento o que tuvieron que emigrar del campo a la ciudad o del campo y la ciudad al extranjero buscando en condiciones de extrema miseria, a riesgo de su libertad e incluso de su integridad física, las oportunidades que no encontraron en el país; se pretende en la exposición de motivos del dictamen, que a todas estas víctimas no se les vea como víctimas, sino como los beneficiarios últimos de la política de ajuste neoliberal y se nos dice textualmente en el mismo dictamen, cito textualmente:
"El crecimiento económico equilibrado y sostenido es la primera condición para fomentar
el bienestar y el desarrollo social. La reforma de la economía avanza en este horizonte y se inspira en tal propósito. La lucha contra la inflación se convirtió en objetivo prioritario; el saneamiento de las finanzas públicas y la disciplina monetaria han permitido avanzar en este frente, aunque todavía quedan metas por alcanzar."
Y más adelante, cito de nuevo textualmente: "Una economía abierta, equilibrada y más competitiva y un Estado reformado, favorecen el interés general del país y sientan las bases de una nueva política de desarrollo social que beneficia a todos los mexicanos y sobre todo, a los que padecen situaciones de pobreza y marginación".
Pero la verdad de las cosas es que más que un saneamiento de las finanzas públicas, se ha realizado un sobreajuste de la economía que ha conducido al superávit fiscal que es otra forma de desequilibrio tanto o más perniciosa que los déficits sobredimensionados, llegándose al extremo de mantener una política en la que el gobierno obtiene ingresos mayores a sus gastos; en un país en que, como lo reconocen algunos documentos y datos oficiales no por cierto del dictamen a discusión, la pobreza camina por todo el territorio nacional.
En el documento que alaba a la política antiinflacionaria, cuyos logros limitados han alcanzado a base del corporativismo del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, con desempleo y desplome salarial, es decir, con mayor desigualdad social y se pondera en forma positiva a una renegociación de la deuda que fue tan limitada e insatisfactoria que es la responsable directa de que las quitas del 35% al valor de los bonos con descuento fuera menor a las reducciones alcanzadas autónomamente por el mercado secundario y que hoy la deuda renegociada en los famosos bonos a la par, los que no registraron quitas de capital, paguen una tasa fija mayor que la tasa LIBOR del mercado que se aplica a la porción de la deuda que no recibió el supuesto beneficio de la tasa fija de interés.
La política de ajuste realizada durante los últimos años, no ha creado el orden macroeconómico necesario para el desarrollo social. Al contrario, ha provocado un gran e histórico retroceso en las condiciones de vida, literalmente, de la mayor parte de la población mexicana y ni siquiera ha creado algún tipo del orden macroeconómico que pueda considerarse realmente estable.
Ya hablamos antes de la persistencia de la inflación a pesar del superávit fiscal, lo que habla de una operación de serios problemas estructurales de la economía; pero también deben considerarse los desequilibrios externos que se expresan acrecentando déficits de la cuenta corriente, que en 1991 llegó a más de 20 mil millones de dólares y que sólo puede ser financiado con el flujo de recursos externos en forma de nuevos créditos netos e inversión extranjera directa.
El supuesto equilibrio del llamado por el dictamen "nuevo crecimiento hacia afuera", es más dependiente que nunca del capital extranjero.
Pero quizá el aspecto que más gravementete va a impedir el desarrollo social futuro, es el acrecentamiento de la desigualdad social provocado por la política de ajuste y de supuesta modernización.
El crecimiento económico que se logre en el futuro, sobre esas bases, no va a disminuir la desigualdad social, sino para amplificarla aún más, como es bien conocido, por la teoría y la historia. Así ocurrió con el llamado Desarrollo Estabilizador de los sesenta.
El grupo parlamentario de la Revolución Democrática sostiene que el único camino para crear un orden macroeconómico que permita el desarrollo social, proviene de reducir los abismos sociales hoy existentes en el país, como condición primera e indispensable. Sostenemos que sobre estas bases de una mejor distribución de la riqueza pueden construirse un crecimiento económico sustentable en el largo plazo y el necesario orden de las finanzas públicas. Asimismo puede lograrse la nueva inserción que es necesaria en la economía internacional.
No existe ninguna razón válida, teórica o política que avale la tesis del dictamen de que el relanzamiento de la economía mexicana sólo ha podido ser realizado con el ajuste practicado. Esto equivale a señalar, sin reconocerlo, que el relanzamiento de la economía mexicana sólo ha sido posible sobre los escombros de la pobreza de la mayor parte de la población. ¿Cuál desarrollo social entonces?
Queremos ejemplificar con algunos señalamientos acerca del Programa Nacional de Solidaridad, que es uno de los broches de este sexenio, un "broche de oro" de la política que desarrolla, porque consideramos que tenemos un punto de vista opuesto al del partido mayoritario respecto al desarrollo social.
Nada parece más lacerante para nuestras conciencias y para la salud pública de México que la realidad de la pobreza. Hoy, a tres años de haber sido inaugurado el ampliamente publicitado Programa Nacional de Solidaridad, existen en México más pobres que los que en 1989 fueron identificados o reconocidos por las propias autoridades gubernamentales.
Lo que habla de un fracaso que, en países como Venezuela o Perú, ya han cobrado su cuota de sangre, de conflictos, de desesperanza.
En 1989, el gobierno reconoció que más de la mitad de la población del país vivía en condiciones de pobreza y, en ese universo, identificó 17 millones de compatriotas extremadamente pobres.
El Banco Mundial informó recientemente que según sus propios criterios, en México existían casi 22 millones de mexicanos por debajo de la línea de la pobreza. Tal situación sería enfrentada, según los términos utilizados en la iniciativa enviada a este Congreso, para formar la Secretaría de Desarrollo Social a través de una lucha frontal encabezada por el Programa Nacional de Solidaridad.
¿Cuál es el balance que es posible hacer a tres años de existencia de dicho programa? Según la iniciativa de reformas para constituir la Secretaría de Desarrollo Social, el Programa Nacional de Solidaridad ha significado la posibilidad para muchas comunidades y colonias populares de hacer realidad viejas aspiraciones y renovar sus esperanzas de vida más digna.
Según el documento presidencial, en el que se argumenta la necesidad de formar la Secretaría de Desarrollo Social, solidaridad constituye sobre todo un enfoque distinto a sus problemas, es una manera de trabajar en la que cada individuo y cada grupo ejerce su derecho a opinar, a ser escuchado y a decidir sobre aquello que es importante para su vida y la de su familia.
Según Salinas, con solidaridad en México se ha hecho en 30 años lo que ha otras naciones ha tomado el curso de su historia.
Según Carlos Rojas, responsable del Programa, Nacional de Solidaridad en una nueva manera de hacer las cosas; consolida al Estado solidario que rompe con el paternalismo que trataba como menores de edad a los grupos sociales para resolver sus problemas, que hace realidad las reformas constitucionales orientadas a fortalecer el municipio libre etcétera.
Pero según nuestro propio balance, armado sobre cifras oficiales, solidaridad y ahora la supersecretaría que se quiere formar con el nombre de Secretaría de Desarrollo Social, no tiene casi ninguna de las virtudes enunciadas.
Lo gastado en 1991 y 1992 para enfrentar los males de la extrema pobreza, fue menor a lo aplicado a principios de los ochenta. Los recursos aprobados en el Ramo 26 del Presupuesto de la Federación de 1991 ascienden a 5 billones 170 mil millones de pesos. Pues bien, quitando el impacto de la inflación, esta cifra es igual a 34 mil millones de pesos de 1980 y resulta inferior a los recursos reales ejercidos de 1980 a 1982 en el Ramo 26 del desarrollo regional. Con lo cual se viene abajo el argumento fuerte y económico acerca del impacto del Programa Nacional de Solidaridad.
Un estudio reciente, encargado por el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad al grupo API Consultores, da cuenta de una realidad amarga, como balance para los defensores o representantes del denominado solidarismo. La tasa de mortalidad infantil ha tenido una evolución favorable desde 1950, pero en 1990 resulta considerablemente superior a la que se observa en los países desarrollados e incluso mayor que en países de menor desarrollo económico, como Panamá o Costa Rica, que según sabemos no tiene programas de solidaridad
Medido en términos de alimentación, los datos oficiales reportan una grave caída en los niveles populares de consumo de las familias pobres, urbanas y rurales. Para sólo mencionar un ejemplo: el consumo de maíz cayó en 1989, respecto a 1979, en las cuatro zonas de fuerte concentración indígena y lo mismo sucede con el trigo, el chile, el jitomate, el plátano o la leche, productos de consumo básico para nuestra población.
El solidarismo también ha fallado en su objetivo de crear una nueva relación Estado - Pueblo. La iniciativa para crear la Secretaría de Desarrollo Social peca de un inusitado optimismo y nos reporta la existencia de 82 mil comités de solidaridad en todo el país. Apenas en noviembre de 1991 Salinas de Gortari nos hablaba de la existencia de no más de 64 mil de estos organismos. Volvemos pues a la magia de las cifras, a la que tan afectos son los funcionarios que pertenecen al partido mayoritario en este país.
¿No habíamos sufrido ya en regímenes anteriores que disputaban entre sí los primeros lugares en el manejo de datos, que a la postre resultaron falsos o inexistentes en el terreno de los hechos?
Cito ejemplos: El inefable Díaz Ordaz quiso pasar a la historia como el más agrarista de los mexicanos y repartió alrededor de 21 millones de hectáreas. Todos supimos con el tiempo que una buena parte de las mismas sólo existieron en el papel.
Luis Echeverría Alvarez sufrió también el vértigo de las cifras; sus metas de colectivización quedaron fijadas en 3 mil ejidos para 1974, 4 mil en 1975 y otros tantos en 1976; es decir, se pretendía llegar a 11 mil ejidos colectivizados hacia finales del sexenio.
En 1985 se hablaba de la existencia de más de 8 mil ejidos comprometidos con la batalla colectivista, aunque resultó que sólo alrededor de 900, según datos oficiales también, estaban en plena fase de consolidación. La verdad fue que los resultados oficialmente presentados por el gobierno, de por sí limitados en cuanto a los objetivos iniciales y en relación con las expectativas generadas, fueron sólo una delgada hoja de parra que pudo ocultar muy poco sobre lo que algunos críticos consideraron un rotundo fracaso.
En un conocido balance, Arturo Barman señaló respecto al manejo de las cifras oficiales lo siguiente: " La modestia de los datos no es necesariamente garantía de verdad. La cifra de 4 o 5 mil ejidos en proceso de organización se derivaba, al parecer, de las actas levantadas por los entusiastas promotores; en éstas, hechas conforme a un machote, los ejidatarios manifestaban su voluntad de "colectivizar" las tareas que siempre habían hecho en común, como pedir crédito oficial o que desearían que el Estado organizara y tomara en sus manos, como comprarles las cosechas o venderlas, venderles fertilizantes. Esas colectivizaciones de papel aumentaron la confusión alrededor de una política ambigua y frontera con la demagogia". Esto dijo Arturo Barman.
Hoy, parafraseando a Barman los voluntarios y entusiastas promotores de solidaridad siembran comités con sus registros para competir por los favores presidenciales. Sabemos a ciencia cierta que en algunos lugares no los comités de solidaridad son apenas estructuras formales y sobrepuestas a las preexistentes formas de organización popular. En otros existen sólo en el papel o son únicamente la manera más simple de demandar y conseguir un recurso líquido del gobierno. En determinadas zonas del país los comités compiten con organizaciones ya desarrolladas, lo que termina siendo un desperdicio enorme de tiempos y de recursos económicos, pues no se aprovecha la capacidad instalada, pero en cualquiera de los casos cabe la pregunta: ¿ha cambiado o puede cambiar la relación Estado - pueblo con los comités de Solidaridad¿ Hay suficientes motivos para dudar que así sea, pues un instrumento accesorio o no sustantivo del gobierno como el Programa Nacional de Solidaridad no tiene dichas posibilidades; en el juego económico y político del actual régimen la Secretaría de Hacienda se ha llevado la mano, la misma línea de críticas nos llevan a preguntar sobre el sentido político de la formación de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿No supone acaso una mayor centralización de los poderes estatales en manos del Ejecutivo? ¿No tiende a reafirmar una concentración de fuerza y de funciones que hace a nuestro sistema político más presidencialista que en el pasado?
En cualquier caso a la formación de la Secretaría de Desarrollo Social no se suma una propuesta seria y profunda de descentralización en los ámbitos de la planificación y de la gestión social, cuestión que resultaría indispensable, como dije antes, para lograr los objetivos planteados de coherencia e integralidad en la promoción verdadera del desarrollo de nuestra sociedad. Con ello una vez más se elude o deja de lago las propuestas de reformas constitucionales, para dar fuerza legal a un verdadero sistema nacional de planeación democrática. En el modelo de descentralización al que obligaría la idea alternativa de indispensable una nueva reforma al artículo 115 de la Carta Magna para conceder al municipio los poderes de recaudación y manejo de recursos que ahora sólo consigue a través de un complicado proceso de negociación.
La Secretaría de Desarrollo Social será pues una estructura centralizada y sobrepuesta a los poderes estatales y locales para decidir sobre cuestiones ligadas a la planeación y ejecución de políticas de desarrollo; en dicha línea de acciones mantendrá la discrecionalidad que caracteriza hasta el momento el manejo de los recursos públicos; en la nueva estrategia del gobierno la política social seguirá siendo según nuestro punto de vista, accesoria y con ella la Secretaría de Desarrollo Social, pues el punto para un verdadero recomienzo se encuentra en la modificación de las grandes variables de la política económica y en primerísimo lugar de las políticas salariales.
El cambio real presupondría pues una profunda reforma del Estado que incluyera otro aspecto esencial; que la corporativización que caracteriza aún sus relaciones con los sectores sociales fundamentales dé paso a la libertad de afiliación
y de organización gremial y al libre juego de las opciones político - electorales. Nada de esto está ahora en la agenda del gobierno, como lo demuestra el freno dramático impuesto al curso de los cambios que se habían anunciado para el partido del gobierno y esto al cuarto para las 12, frente a las luchas que se avecinan y que nos llevan a 1994, todo parece indicar que el verdadero impulso democratizado vendrá, como ha sido hasta ahora, el movimiento social y de las fuerzas políticas de oposición; nosotros conocemos ya esta realidad, ustedes los compañeros de la mayoría tendrán que salir muy pronto de sus sueños y enfrentarse a las explosiones mucho más dramáticas que las que ahora siembra Petróleos Mexicanos por todos lados como si quisiera competir en cifras con Solidaridad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro, el diputado Agustín Basave.
El diputado Agustín Basave Benítez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros y compañeros diputados:
La idea de crear la Secretaría de Desarrollo Social se inscribe en el ámbito de la reforma del Estado; es decir, del propósito de conformar un Estado acorde a las exigencias de nuestro tiempo. Esas exigencias derivan en buena medida de muchas circunstancias nacionales e internacionales, desde luego, pero sobre todo de la evolución social de México.
Yo creo que los mexicanos estamos conscientes del cambio que ha sufrido nuestra sociedad en este siglo, pero también creo que durante algún tiempo, en el viaje del México rural al México urbano, nos pasó desapercibido un pasajero que por común no nos llamó la atención, me refiero al ciudadano, al integrante de una sociedad civil tan incipiente como creciente, que se fortalecía cada vez más y se crecía en tamaño e importancia.
Cuando nos dimos cuenta de su presencia, comprendimos que los tiempos en que el Estado crecía para llenar el hueco de la sociedad civil, habían pasado y que teníamos que cambiar la concepción misma del Estado. Pero también nos dimos cuenta que ciudadanizada o no la sociedad mexicana seguía sufriendo graves carencias y seguía viviendo en alguna medida en la pobreza y si bien era necesario mantener la acción del Estado en su favor, también era imperativo transformar la naturaleza del mismo Estado, para ser más eficaces en la atención a esa sociedad.
Ahora, fue entonces cuando se inició la reforma del Estado y cuando se replanteó la concepción misma que teníamos en esta entidad. Se discutió mucho, y no viene al caso recordarlo, sobre la necesidad de pasar a un Estado propietario a un Estado que fuera más eficaz en la promoción del bienestar, de que en vez de abarcar más fuera más eficiente en sus acciones.
Ahí surgió la idea de lograr una política social que hiciera énfasis en la coparticipación y en la corresponsabilidad, que privilegiara la participación social, precisamente en la resolución de sus propios problemas. Se trataba pues de no solamente redistribuir la riqueza, sino también redistribuir la capacidad del poder de decisión de la gente sobre sus propios problemas.
Por eso no puede haber nada más alejado de la concepción actual que tenemos, por lo menos en mi partido, de la política social, que el paternalismo y que el patrimonialismo; todo lo contrario, se trata de privilegiar, como dije hace un momento, la coparticipación y la correponsabilidad de la sociedad en la solución de sus problemas.
Pero cuando hicimos o iniciamos, emprendimos esta reforma del Estado, dejamos cabos sueltos, dejamos dispersas funciones y sobre todo la coordinación de muchas funciones y esto nos ponía en el alto riesgo de caer en la duplicidad y concomitantemente en la ineficiencia. Se trataba, pues, se trata, de concentrar esas funciones y sobre todo la coordinación de esas funciones, para dar mayor racionalidad y mayor coherencia al ejercicio de la política social; de crear, si me permiten la expresión, una suerte de ventanilla única del ejercicio de la política social en México.
Pero no por burocratizar y precisamente por ello la Secretaría de Desarrollo Social como se propone, no absorbe en su estructura burocrática todas las funciones, sino que se crea también la posibilidad de coordinar otras funciones que competan a otras secretarías de Estado a través de los gabinetes, concretamente del gabinete de Desarrollo Social. Es entonces un imperativo de coordinación y no de burocratización lo que nos mueve.
Y yo no veo qué tenga que ver esto con la división de poderes. Estamos hablando de una redistribución de funciones de la administración pública, estamos hablando de una administración pública que pretende ser más eficaz y más eficiente en su propio ejercicio.
Por eso en la propuesta la Secretaría de Desarrollo Social integra todas estas funciones para dar, como dije, coherencia y racionalidad mayores al ejercicio de esa política social.
Ahora bien, más allá de un catálogo de opiniones políticas sobre una concepción particular de la democracia, lo que tenemos que discutir es precisamente la concepción de la política social, de la política social y subrayó esta última palabra.
No sé qué calificativos puedan aplicársele, ni me preocupa mucho encontrarlos porque en todo caso hablar de neoliberalismo o hablar de social - democracia, ya no está muy claro incluso para los teóricos europeos y habría que ver cómo son y como se podrían calificar también esas políticas sociales que se están aplicando en algunos países europeos, en donde está en el poder precisamente la social - democracia.
Yo creo que éstos no son tiempos de ideologización y de doctrinas totalizadoras; no es por supuesto que hayan muerto las ideologías; es simplemente que las ideologías viables, que las ideologías que funcionan hoy en día, son aquellas que son capaces de resolver los problemas concretos, específicos de la sociedad y, son esas ideologías, capaces de traducirse en el bienestar concreto de cada uno de los ciudadanos de esta nueva sociedad finisecular a la que hice referencia, las que hoy en día nos deben preocupar y nos deben mover y desde luego, emprendiendo, ¿Por qué no?, una cruzada por la creatividad también en ese sentido.
Pero si aceptamos, compañeras y compañeros diputados, que el Estado es lo que debe ser, la sociedad políticamente organizada, creo que tenemos que llegar a la conclusión, como lo hace en su exposición de motivos, en su esencia misma esta propuesta, de que en la resolución de los problemas de la sociedad, tiene que intervenir la sociedad. Muchas gracias. (Aplausos.)
RECESO
El Presidente (a las 14.50 horas):-Se determina un receso de 60 minutos, rogándole a los señores diputados su puntual retorno, ya que todavía nos quedan 26 oradores en lista.
Receso
El Presidente (a las 16.30 horas):- Se reanuda la sesión. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Manuel Terrazas, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero: - Gracias, compañero diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Esta mañana, en la Comisión de Régimen, Reglamento y Práctica Parlamentaria escuchamos una muy interesante exposición de un intelectual, maestro muy ameritado de Jalisco; creo que escuchamos esta disertación con mucha atención porque fijaba opinión certera respecto a muchos de los problemas del funcionamiento parlamentario.
Recuerdo muy bien que uno de esos aspectos era el relativo al debate parlamentario, al diálogo, al voto y su preparación, aparte de los rasgos caracaterísticos propios de un verdadero parlamento.
Y con relación al debate decía que un principio esencial era mantenerse en el tema, no apartarse del tema, concentrarse en el tema.
Creo que por la importancia misma los resultados de este debate que todos esperamos de la iniciativa de decreto que envió el Ejecutivo a la Cámara de diputados, por su significación profunda, independientemente de la posición que se adopte, necesitamos concentrarnos precisamente en el tema. No divagar. Son muy respetables y hay derecho pleno a abordar otras cuestiones de elecciones, de la situación política general del país, de la táctica de los partidos, pero aquí nos encontramos ante un hecho concreto, una iniciativa que vamos a dictaminar; esa iniciativa, todos podemos coincidir en muchas de las cuestiones, diferir en otras, pero una seguramente está bien demostrado que prueba consenso entre nosotros: la significación de esta iniciativa de decreto.
Creo que es importante referirnos a esta cuestión, pero también a otra: el respeto, la cordialidad, la atención a los argumentos, para tratar de tomar de unos y de otros, aun en condiciones muy difíciles, de un sistema de representación partidista y de grupos parlamentarios partidistas en la Cámara de Diputados, para aprender unos y otros y tomar en cuenta los argumentos. Yo creo que, yo cuando menos, tomo muy en cuenta las lecciones que nos daba ese ameritado maestro jalisciense.
Trataré en esta intervención de fijar la posición y razonar el voto de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ante el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, misma que dará nacimiento, de aprobarse, a la Secretaría de Desarrollo Social.
Antes quisiera decir que las fuerzas políticas de México, creemos todas, están ante el imperativo ineludible, si han de atender los reclamos planteados por las necesidades derivadas de la situación actual del pueblo mexicano, del momento especial y extraordinario de tránsito y de cambio que vive nuestro país y las circunstancias internacionales de propiciar, éste es el imperativo de impulsar, éste es el deber, de proponer avances, mejorías importantes, lograr la solución, si no total, cuando menos en parte, que realmente beneficie al pueblo mexicano y de conseguir logros tangibles que favorezcan el desarrollo democrático - social de nuestro país en esta etapa de desarrollo histórico. Unos para mantener la gobernación del país y el sistema, ciertamente procurando, no se puede ignorar, dar atención y realizar políticas reales de modernización y dando soluciones a los grandes rezagos sociales y a los problemas nacionales y populares que están haciendo crisis, que han hecho crisis hace mucho tiempo probablemente, para ello o por ello, a fin de lograr mantener y prolongar su dominación; otros, para atender ahora mismo y dar respuestas concretas, viables e inmediatas, a las necesidades populares y de las grandes masas trabajadoras de la ciudad y del campo, con perspectivas verdaderas de mejoramiento y de superación de su situación actual. Pero también para crear condiciones, para avanzar hacia una nueva sociedad, modificando de raíz estructuras y eliminando las causas de la explotación y de la injusticia social.
Al fin y al cabo se trata, para unos y otros, de avanzar en las respectivas direcciones y en un proceso de cambio.
Si son necesarias o no otras secretarías como la que se propone, hay que verlo también en este marco, nos parece a nosotros y en este marco responder, si está de acuerdo, si está en correlación real a ese proceso de cambio y si contribuye a desarrollar ese proceso de cambios. Si realmente nos sirve para el proceso de cambios, aun cuando no satisfaga totalmente nuestras aspiraciones y nuestros respectivos puntos de vista sobre el proceso de cambio.
Pero queremos decir que todos queremos cambiar y para nosotros es fundamental, a fin de decidir el voto, si realmente esta Secretaría permite cambiar, permite avanzar. Está es una cuestión ineludible.
Si por otra parte expresa una definición, una concepción acertada, satisfactoria, de lo que es una política de desarrollo social. Esto es también un factor fundamental para decidir la posición respectiva.
Y a nuestro juicio puede, indudablemente, faltarle mucho para desarrollar una concepción de lo que es una política de desarrollo social. Pero aquí esa concepción limitada, mejorada mucho con el dictamen, bastante mejorada.
Creo que el dictamen ha sido un esfuerzo y son esfuerzos nuestros de una expresión de la propia Cámara de Diputados para desarrollar una concepción de lo que es una política social y aquí ésta, esta política social.
Discutamos entonces esa concepción. Para nosotros la concepción que aquí se asientan, nos permite precisamente determinar nuestra votación.
Concepto de Desarrollo Social. En función de considerar los cuatro grandes problemas de nuestro país. En primer lugar, elevación de las condiciones de vida del pueblo, recuperación de los niveles perdidos de la inmensa mayoría del pueblo mexicano.
En segundo lugar, democracia. Democracia política, democracia económica, democracia social, concebidos como un conjunto de factores que permitan precisamente darle libertad y justicia social al pueblo mexicano, aun cuando sea esto en un proceso.
Soberanía nacional. Porque es un problema fundamental la soberanía nacional y defensa del medio ambiente. Desligar la política de desarrollo social, estos cuatro problemas del pueblo mexicano, sería no solamente un grave error, sino condenar al pueblo mexicano, a la sociedad mexicana actual, a no avanzar, a desequilibrar los factores precisamente de su desarrollo, de su desenvolvimiento y arrastrar grandes peligros.
Si una iniciativa, como la que nos ocupa, representa un avance, representa un mejoramiento, pasos adelante y si no frena, si no obstaculiza los propósitos, las opciones, los programas, los fines de los partidos y la fuerzas populares, esa iniciativa debe apoyarse. Nosotros consideramos que ésta es la situación en cuanto al proyecto de decreto.
Por otro lado, podemos afirmar y lo hacemos con toda conciencia, que esta iniciativa representa el mayor reto, el mayor compromiso, el
mayor desafío para el gobierno actual. Es importante considerar este aspecto del problema: ¿qué va a pasar si en tres años, por ejemplo, no se demuestran los propósitos, las declaraciones planteadas en el proyecto de decreto¿ Yo no quiero imaginarme lo que va a pasar. Pero significaría en otras palabras, el que el régimen actual va a cavar su tumba o el comienzo de la tumba, porque es mucho lo que se compromete, eso es lo que hay que tomar en consideración.
Desde nuestro punto de vista representa esta iniciativa un propósito de redistribución del ingreso nacional. ¿Qué va a ocurrir cuando con relación a los proyectos, cuando con relación a los enunciados sociales, no se eleve, no mejore el ingreso nacional en favor de los trabajadores?, yo creo que esto tiene que considerarse. Si lo logran, ¿Quién va a ser el beneficiario?, ¿el gobierno?, yo creo que es una cuestión natural.
Aquí de lo que se trata es, no qué partido puede beneficiarse, benefíciese quien se beneficie, partido uno, partido otro; lo importante es que va a representar una lucha de esfuerzos sociales para sacar el mayor beneficio. Si es el Partido Revolucionario Institucional, quiere decir que el Partido Revolucionario Institucional ha trabajado; si es Acción Nacional, qué bien que sea Acción Nacional; que es el partido de la Revolución Democrática, qué bien que sea el Partido de la Revolución Democrática o que si es el Partido Popular Socialista, el Partido Popular Socialista y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Ese es un problema también para nosotros fundamental.
Por eso nos parece fundado decir que hay bases para afirmar que la creación de esa nueva Secretaría es necesaria por lo asentado en la Exposición de Motivos de la Iniciativa; por los considerandos del dictamen y por el articulado y los debates que suscite la propia iniciativa en esta plenaria. Significa, pues, un avance importante, aunque no sea el que queremos y si es avance y representa un mejoramiento, lo vamos a apoyar.
La creación de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene implicaciones en dos ámbitos fundamentales de la nueva gestión social del Estado mexicano: la que se refiere específicamente a la política social, pero también a la política ecológica y de preservación del medio ambiente. por eso, porque no es para, porque vincula de manera estrecha, es importante este aspecto de la iniciativa. No estamos de acuerdo de ninguna manera en que habría que separar lo ecológico de lo social y de lo económico y de lo político, de la democracia, del medio ambiente y de la redistribución del ingreso y el mejor salario y la atención a los problemas de desarrollo social.
No está fuera de la realidad, no es descabellado suponer que la reformulación institucional y normativa de la política social, estamos viendo las modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el impulso y la creación del Programa Nacional de Solidaridad y otras que probablemente vendrán, significan la clara predominancia de los aspectos sociales en la agenda del gobierno actual y en lo que resta de la misma y sobre todo, del próximo gobierno.
Es evidente que después de más de tres años de gobiernos dedicados a la estabilización macroeconómica y a la remodelación del espacio normativo e institucional del crecimiento económico, los problemas relativos a las condiciones de vida se revelan como premisas fundamentales para el mantenimiento de la estabilidad social y política y la redistribución de la riqueza.
La Secretaría de Desarrollo Social, implica la reformulación institucional de la política social del gobierno mexicano, sustituye a una Secretaría responsable del desarrollo urbano, la ecológica y la política de vivienda, donde los problemas de los servicios básicos, los apoyos productivos y programas regionales, bajo un esquema distinto de vinculación, con las comunidades y los grupos sociales.
Institucionalizar el Programa Nacional de Solidaridad desde un punto de vista organizativo pero también normativo y operativo y nosotros diríamos, ante la obligación de legislar sobre el Programa Nacional de Solidaridad, es un eje de los más importantes y un sentido fundamental de una reformulación de la política social del gobierno actual. No se trata, a nuestro juicio, de un cambio de nombre o de un agregado de atribuciones o una descentralización de actividades que también trae consigo, por supuesto. La Secretaría de Desarrollo Social, es verdaderamente una nueva Secretaría, un marco institucional distinto.
Se habla ahora de una nueva estatalidad. Esa es expresión de esa nueva estatalidad, por eso nosotros decimos: esto es expresión de la reforma del Estado y afirmamos, un paso para que mediante las, una correlación de fuerzas determinadas, esta reforma del Estado sea de carácter democrático y popular. La ley establece condiciones y bases para la lucha, porque la reforma
democrática del Estado sea precisamente eso: democrática y popular.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología era una Secretaría responsable del desarrollo urbano, la ecología y la política de vivienda; es decir, una entidad estatal con funciones relativas a la distribución territorial de la población fundamental, cuidando el entorno ecológico. La Secretaría de Desarrollo Social atenderá la política de desarrollo social; es decir, de combate a la pobreza extrema, la dotación de servicios básicos, los apoyos productivos, el desarrollo regional, además del urbano y la política de vivienda. Una entidad estatal con funciones relativas a las condiciones de vida de la población y éste es un cambio importante. Debe merecer nuestra atención y en todo caso, la polémica, la refutación y la demostración o la sustitución con una respuesta propositiva.
Son naturalmente, ambas cuestiones, la que se refiere a la distribución territorial y la atención a los problemas sociales, cosas diferentes, pero no distintas de la regulación del territorio, a la regulación de la población, de su vida, de los aspectos vinculados a su desarrollo individual, colectivo, cultural, habitacional etcétera. Del territorio a la población, marca un desplazamiento muy importantes en los ámbitos de gestión de la nueva Secretaría.
Por eso insistimos en que es una modificación mayor y no sólo en cambio de atribuciones, nombre y responsabilidades. Hay una reorientación estratégica de la Secretaría de Desarrollo Social, más vinculada a los aspectos de la política de la vida que a los de la política del territorio y esto es central en la redefinición de las relaciones estatales, las técnicas de gobiernos y las instituciones.
Como bien lo señala la iniciativa en la exposición de motivos, Solidaridad es mucho más que un programa de atención a la pobreza extrema. Debe reconocerse, implica una forma nueva de gestión, de organización y de vinculación de los grupos sociales con el Estado. Se equivocan quienes ven en el programa Nacional de Solidaridad un simple programa político - electoral del gobierno actual.
Las denuncias de relegitimación a través de este programa, son obviedades. Todo programa de gobierno busca la legitidad, es consustancial al ejercicio político. Lo verdaderamente novedoso y definitorio de esta nueva estatalidad en México, es un programa que extiende los lazos de regulación estatal a comunidades, sectores, actividades y grupos sociales cuya relación con las instituciones estatales era mínima. Pero además, bajo una forma de organización totalmente distinta a las tradicionales formas corporativas o clientelares.
Es evidente que son formas autónomas de organización y de gestión, en lo fundamental; pero que siguen siendo formas centralizadas de decisión y canalización de recursos. A esto se le ha denominado: "neocorporativismo".
Sin embargo, no hay que olvidar que lo específico de este fenómeno político social, son las organizaciones verticales de decisión y las formas adocenadas de control directo sobre los miembros de organizaciones laborales o profesionales. En cambio, solidaridad no se plantea esto. Sus acciones van encaminadas a la actividad comunitaria, autoorganizada, con objetivos muy particulares e incluso conyunturales, no vinculadas a ninguna organización superior o fuertemente centralizada.
Los contactos de los comités de Solidaridad con el Estado se dan a través de los organismos municipales o estatales responsables. No hay ninguna mediación, es directa, gestionaria o gestionada por los propios miembros del comité. No hay en lo fundamental y esto es un cambio importante, ejemplos para otras esferas de la actividad social: corporativismo ¡lo decimos con toda responsabilidad! ¡Hay que considerar este aspecto!, si no una nueva forma de estatalidad, de vinculación de grupos sociales con el Estado, ciertamente a través del presupuesto, pero también de asesorías y apoyos.
¿Por qué desconocer esta nueva realidad, que para muchos sectores de la izquierda tiene qué enseñarle bastante: de su falta de operatividad, de imaginación, de innovación, de métodos y de propuestas? Ahí lo han logrado, pues hay la posibilidad de que a través de esa nueva forma de estatalidad, nuevas relaciones del gobierno y de las organizaciones en donde están los partidos de oposición, en los comités de Solidaridad, se encuentre una oportunidad de cambio importante y radical de nuevas relaciones políticas.
Después de la crisis económica y política del Estado intervencionista, la nueva estatalidad plantea regresar a los grupos sociales. ¡Regresemos también a los grupos sociales, bajo formas autónomas de organización y gestión, para instaurar técnicas distintas de gobierno que respeten la organización y el trabajo de los grupos autónomos!
¿Qué hay desviaciones? Las hay. Fuertes, muy fuertes, hay que denunciarlas.
Esto refuerza nuestro argumento respecto al significado distinto de la Secretaría de Desarrollo Social. Es una institución responsable de la política social, por tanto de la nueva estatalidad y las técnicas de gobierno adecuadas a la reforma del Estado. Una institución que, como bien se sabe, implica reformar la normatividad y el aparato consecuente.
La Secretaría de Desarrollo Social es el nuevo aparato de gobierno en esta materia. Esta es la realidad. Hay que penetrar, es un nuevo instrumento de gobierno; es un nuevo aparato del Estado para lograr los fines del Estado, de acuerdo naturalmente con la composición, el carácter y la naturaleza del Estado, mientras no seamos capaces de cambiar y constituir un Estado al principio verdaderamente plural, democrático, representativo, con la participación de todas las fuerzas sociales.
Pero la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal representa solamente un elemento, el menor quizá de las transformaciones normativas de la política social. Ya hemos dicho algunas recientemente y faltan otras, la cuestión será volverlas coherentes, no violentar una forma de estatalidad tan poderosa como lo es Solidaridad, con formas adocenadas de autoritarismo en la legislación social, como retiro, subvenciones, seguridad y asistencia social, etcétera.
El problema de la operación de la Secretaría de Desarrollo Social será irradiar solidaridad a los demás aspectos del desarrollo social, que no son únicamente los referidos a la pobreza extrema, sino a diversas situaciones y sectores sociales, como es la atención a la niñez, los jóvenes y las mujeres, los grupos indígenas, los discapacitados, las cooperativas y las empresas de solidaridad social etcétera.
Es ésa, nos parece, la apuesta mayor en la creación de la Secretaría de Desarrollo Social y, sin embargo, apenas está planteada en las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 32 de la iniciativa. Faltando, a nuestro parecer, algunas más relativas justamente a la protección a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los discapacitados, etcétera, que caen dentro de las funciones y atribuciones de una verdadera política social y que estaría a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.
El segundo aspecto que anunciamos al principio de nuestra intervención como implicación de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, es lo relativo a la política ecológica. Mientras en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología la coherencia conceptual estaba jurídica y administrativamente garantizada por una concepción de la política territorial, que incluía los asentamientos humanos y de ecología, en la nueva Secretaría de Desarrollo Social el agregado ecológico más bien parece un agregado, pero implica, a nuestro juicio, importantes reforzamientos que es necesario desarrollar.
Nosotros no dudamos que la política del desarrollo social marca una inflexión en la tecnología gubernamental. Los criterios ecológicos en la toma de decisiones técnicas, económicas y políticas del futuro, demandarán la integración de las atribuciones en esta materia, en una entidad específica de la administración pública centralizada.
La Secretaría de Desarrollo Social cambió de orientación y sentido y en ella los aspectos ecológicos deben fortalecerse. Es en atención a esto que hemos propuesto que se incluya en las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social un aparato relativo al impulso y al estudio de los problemas sociales, económicos, culturales, educativos y deportivos de la juventud y señalar que la Secretaría de Desarrollo Social atenderá y coordinara con las dependencias del Ejecutivo, encargadas de programas y acciones en favor de los distintos sectores juveniles del pueblo mexicano, la formulación e instrumentación de una política integral hacia la juventud que ahora no existe, lo afirmamos categóricamente y que es necesario sacar los problemas de la juventud de la Comisión Nacional del Deporte y de la atención de la Secretaría de Educación Pública, para ser atendidos de manera global e integral en todos sus aspectos, no solamente deportivos, sino políticos, sociales, culturales, etcétera, por la Secretaría de Desarrollo Social y en esto hay una completa, injustificada omisión y nosotros insistimos en la proposición que hicimos al respecto.
También queremos insistir que la Secretaría de Desarrollo Social debe atender los problemas del cooperativismo y debe impulsar el cooperativismo, no solamente señalar el fomento y el estímulo a cooperativas de vivienda, sino en general, a todo el cooperativismo porque éste es un instrumento fundamental del desarrollo social.
Y, por último, queremos decir, estimadas compañeras y compañeros diputados, que proponemos que se elimine de la nueva redacción,
no sólo el reforzamiento que hizo de la facultad de intervenir para otorgar concesiones en materia, primero se decía en la legislación vigente, de la dotación de aguas, sino incluso ahora, en la obtención del agua, en la transmisión, en la conducción del agua, en el suministro del agua, en el uso del agua, a los particulares. Ese es un tema muy delicado muy riesgoso para el país; es el agua un elemento fundamental y no debe ser objeto de especulación ni de privatización. Es una propuesta que mantenemos como también algunas otras.
Agradecemos mucho su atención y con lo dicho dejamos fijada la posición del grupo parlamentario, que votará en favor de la iniciativa de decreto que crea la Secretaría de Desarrollo Social y otras modificaciones y otras también cuestiones fundamentales con relación a esta ley. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, la diputada Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Voy a tratar de seguir las importantes recomendaciones del distinguido orador que me antecedió en el uso de la palabra, de no apartarme del tema y no voy a hablar de cementerios, juventud, cooperativas, elecciones, etcétera. (Aplausos.)
El día de ayer el pleno reflexionaba sobre la dignidad del Poder Legislativo. Un distinguido colega planteaba que era imposible demandar el respeto a nuestro Poder Legislativo en el extranjero, si no nos sabíamos dar el lugar que nos correspondía en nuestra vida parlamentaria.
En ese sentido, quisiera iniciar la posición que argumenta por qué no se debe aprobar esta iniciativa, por parte del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, protestando enérgicamente por la forma en como el poder Ejecutivo ha faltado el respeto al Poder Legislativo, enviando en menos de tres meses una propuesta que modifica la misma ley, me refiero, como ustedes saben, a la propuesta, a la iniciativa que se aprobó en el período extraordinario que unificó a la Secretaría de Hacienda con la Secretaría de Crédito Público. Recuerdo muy bien que desde entonces la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales recogió en su dictamen el argumento del Ejecutivo que planteaba que el ejercicio de la planeación del desarrollo se encuentra institucionalizado en nuestro país y que por tanto se ha consolidado en el sistema nacional de planeación democrática que la técnica de programación y presupuestación ha cobrado arraigo como principio de orden.
A los argumentos de la oposición que planteaban, que al fusionar Programación con Hacienda se perdían las capacidades de programación que antes había desarrollado la Secretaría de Programación y Presupuesto, la mayoría argumentó que esto no era así y quisiera citar a una distinguida colega diputada del partido oficial, que argumentó lo siguiente: hoy en México hay una cultura de planeación, la planeación en México no va a desaparecer, se traslada para tornarse más congruente de nuevo a una sóla dependencia, para desde ahí coordinar el origen y el destino de los recursos. En apenas tres meses esa colega diputada tendrá que cambiar de opinión, si es que va a votar a favor de la iniciativa que crea a la Secretaría de Desarrollo Social.
Por lógica, si aceptamos el argumento que acabo de plantear, al dividir las actividades de Programación entre la Secretaría de Hacienda, a la cual se le asignan, se le mantiene las capacidades de planeación global y a la Secretaría de Desarrollo Social, a la que se le asignan las de planeación regional, va a haber una incongruencia.
Quisiera entonces de nuevo elevar mi protesta a nombre de la fracción parlamentaria, por la manera en como el Poder Ejecutivo da a conocer a retazos y de manera fragmentaria su reforma de la administración pública.
Quisiera ahora plantear por qué votaremos en contra de esta iniciativa; bueno, en primer lugar, porque desde el nombre le quedan grandes las funciones que se le asigna a la Secretaría de Desarrollo Social; se ha planteado ya por varios oradores que el concepto de desarrollo social es mucho más amplio, de hecho el Ejecutivo reconoce que el término desarrollo social abarca muchos más aspectos que los que se le asignan a esta Secretaría al plantear la creación de un gabinete de Desarrollo Social en el que participarán además del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, si es que se aprueba, los titulares de la Secretaría de Salud, de Educación, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, etcétera, por principio el planteamiento de la Secretaría de Desarrollo Social viola el principio de equidad que se establece en la Constitución y se respeta la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de equidad entre las diversas secretarías del Ejecutivo.
Es imposible que haya desarrollo social sin un desarrollo de la educación, sin desarrollo de la cultura, sin desarrollo de la salud y de muchas otra áreas. Entonces en principio el nombrecito le queda grande. Creemos que es más congruente llamarla Secretaría de Desarrollo Regional y la formularemos formalmente más tarde, una propuesta cambiar de nombre y llamarla Secretaría de Desarrollo Regional, a la que le asignamos no la política de formular ni conducir el desarrollo regional, sino simplemente evaluar y coordinar porque el desarrollo regional debe partir básicamente de los estados y los municipios.
En segundo lugar, como lo plantearon también otros distinguidos oradores de la oposición, desaprovecha la oportunidad que se brindaba en esta reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en vez de promover una descentralización del poder y promover cambios que verdaderamente fortalezcan el espíritu de la reforma al artículo 115 de la Constitución, establece nuevamente un centralismo y una área gris de invasión de competencias entre esta Secretaría, los estados, los municipios y en algunos momentos la Secretaría de Hacienda.
Quiero simplemente mencionar la fracción I, me parece, del artículo 32:" A la Secretaría de Desarrollo Social se le asignan las funciones de formular, conducir y evaluar". Conducir. De nuevo el poder central se pone en un plano superior de mandato supremo por sobre el municipio y las entidades federativas. Rechazamos esto.
Quisiera señalar otro punto en este sentido. La fracción IV del artículo 32 dice:"...elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas". Cómo en una ley se va a poner un término tan vago como tomar en cuenta. Si el Ejecutivo va a tomar en cuenta las propuestas de los estados y municipios, tal y como la comisión plural tomó en cuenta las propuestas de la oposición en este dictamen, que Dios se apiade de los estados.
No se trata de tomar en cuenta, se trata de que el Ejecutivo Federal, en este caso a través de una Secretaría semejante, tiene que consultar, tiene que modelar su programa con base a las propuestas que provengan de las regiones, de los estados, de los municipios.
Más aún para que hubiera un verdadero desarrollo social en nuestro país, tendrían que cambiar la ley de Coordinación Fiscal, especialmente en su artículo 2o. y en la fórmula que asigna recursos a los estados. Tendría que cambiar radicalmente el Convenio Único de Desarrollo. Ustedes saben muy bien, compañeras y compañeros diputados que la gran parte de los municipios de este país tienen que destinar alrededor de un 80% de su presupuesto a gasto corriente; en el mejor de los casos 20% queda libre para la obra pública.
En una situación semejante, estos municipios necesitan obviamente los recursos extras el Programa Nacional de Solidaridad y ahí, como todos ustedes saben, es donde ha entrado el Programa Nacional de Solidaridad como un principio de control político y recuperación electoral del sistema oficial. Sería hablar de otro planeta no ignorar este tipo de realidades.
Los municipios gobernados por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en Tamaulipas, saben muy bien de qué manera es tan fácil para el poder central usar los recursos del Programa Nacional de Solidaridad en contra de estos municipios o a favor de los candidatos que eran del Programa Nacional de Solidaridad y ahora son legisladores.
Decía entonces, es imposible hablar de un genuino desarrollo social, con la misma estructura presupuestal que aprobó este pleno en diciembre de 1991. Se necesita otro presupuesto, se necesita un nuevo Convenio Único de Desarrollo, una nueva Ley de Coordinación Fiscal y una política muy diferente en la Secretaría de Hacienda.
Quisiera ahora referirme al tratamiento que da el dictamen de comisiones unidas al aspecto de la ecología. En el dictamen se incluye una modificación importante en la fracción 27 del artículo 32, para insinuar la creación de ciertos órganos que tengan a su cargo, organismos que tengan a su cargo el tratamiento de la ecología.
En la exposición de motivos del Ejecutivo, se planteaba la idea de crear la Comisión Nacional de Ecología como un organismo desconcentrado. En sí es un paso interesante el que las labores del ciudadano del medio ambiente pasen de un concepto de primer piso a un concepto de segundo piso; es decir, el cuidado del medio ambiente tiene aspectos tan globales que todo el presupuesto del mundo y el enorme ejército de burócratas sería capaz de atender directamente el cuidado del medio ambiente. Es importante en este sentido la concepción de una agencia de segundo piso encargada de la normatividad y con autoridad para delegar el cuidado del medio ambiente en diversos niveles.
En ese sentido, es interesante y positivo que en efecto ciertas atribuciones que duplicaban la labor de la secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología con la Comisión Nacional del Agua o con la Secretaría de Pesca, se redistribuyan ahora. Sin embargo en la exposición de motivos del Ejecutivo se habla de un organismo desconcentrado.
El partido Autentico de la Revolución Mexicana considera que se requiere de un organismo descentralizado, una Comisión Nacional del Medio Ambiente, con carácter de organismo público descentralizado. sectorizado dentro de lo que sería la Secretaría de Desarrollo Regional, pero dependiente del Ejecutivo.
Nosotros consideramos que en el mediano plazo se requiere, para el cuidado del medio ambiente, una Secretaría del Medio Ambiente. Creemos que en este momento quizá sería un tanto apresurado crearla. La historia del cuidado del medio ambiente institucional en México es relativamente corta; se tiene una infraestructura todavía débil, pero consideramos que la semilla adecuada es un organismo público descentralizado, en forma de una comisión Nacional del Medio Ambiente y una Procuraduría del Medio Ambiente, como organismo desconcentrado de ésta. Ello le daría mayor autonomía técnica, presupuestaria y de criterio.
Además, es muy importante reflexionar que el tema del medio ambiente claramente sobrepesa las áreas asignadas a la Secretaría de Desarrollo Social en la iniciativa; el tema del medio ambiente es un tema por esencia global, que sobrepasa muchas de las áreas de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social, por ello proponemos, decimos, una Comisión Nacional del Medio Ambiente. Además, este organismo público descentralizado tendría que ser creado por un acto del Poder Legislativo.
Ya basta, señores, que el Poder Ejecutivo gobierne a través de decretos. Es muy importante que recuperemos la capacidad de ser un verdadero poder de equilibrio frente al Poder Ejecutivo. Vuelvo a sintetizar, proponemos entonces nosotros una Comisión Nacional de Medio Ambiente como organismo público descentralizado. En ese sentido es una propuesta como artículo 32 - Bis - I.
Esto es lo quería plantear el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Muchas gracias.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul): - señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente: - Tiene usted la palabra.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:- Con todo respeto, compañero Presidente, y no solamente respeto, sino compañerismo para la compañera Cecilia Soto. Pues yo quiero decirle que no admito sus observaciones, porque afirmo que las cuestiones que tomé tienen qué ver estricta, rigurosamente con la iniciativa de decreto y sobre todo tienen que ver con la política de desarrollo social.
O la compañera Cecilia, por otras atenciones, no consideró lo que yo estaba diciendo, o francamente, también va dirigido para otros estimables compañeros que aplaudieron las observaciones, lo cual significa aprobación, que tiene otro concepto del desarrollo social. ¿Cuál es el concepto del desarrollo social? ¿Qué entienden? ¿No consideran que los problemas de la juventud, del cooperativismo de las mujeres, de la redistribución del ingreso, de la democracia, de la soberanía nacional, de la atención a otros aspectos de la realidad social de nuestro país, para modificarla, para impulsarla, para transformarla, son parte de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social?
¿Cuál es el concepto que tienen ellos? Conviene conocerlo, sería útil para ilustrarnos, saber del concepto de la compañera Cecilia y de los compañeros acerca de esta importantísima cuestión, que está en el centro de las discusiones, el concepto de desarrollo social, de la política social. Me parece pues que esto es importante considerarlo.
Pero además nos referimos a cuatro o cinco propuestas concretas en el articulado, en las consideraciones de la ley, porque están de alguna manera señaladas en la ley. Yo creo que eso es suficiente para decir que la compañera Cecilia Soto realmente o no se fijó en lo que uno estaba diciendo o su concepción de la política de desarrollo social es otra completamente distinta. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el diputado Oscar Pimentel.
El diputado Oscar Pimentel González: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como lo señalara aquí nuestro compañero Santiago Ramírez, ya desde los trabajos de las comisiones unidas de Gobernación y de Asentamientos Humanos, se percibía la clara necesidad y además el interés de todos los partidos políticos
por reflexionar colectivamente sobre las implicaciones de esta importante iniciativa que enviara el Ejecutivo Federal, y que entre otras consecuencias tiene como propósito crear la Secretaría de Desarrollo Social.
Estoy seguro que este debate servirá para fijar la posición de cada fracción partidista. Pero yo creo que además de eso debemos de utilizar este debate enriquecer el contenido de la iniciativa y para valorar también los avances tan importantes que se han dado en materia de política social.
Pero antes de exponer algunos puntos de vista sobre esto, yo quisiera referirme a algunas de las intervenciones que han comentado esta iniciativa en la tribuna.
Se habla de una falta de respeto al poder legislativo por el hecho de que el poder ejecutivo ejerza su facultad constitucional de derecho de iniciativa. No debemos de caer en esa confusión, tanto el ejecutivo como los propios legisladores, tenemos ese derecho y lo podemos ejercer cuantas veces sea necesario, para reformar en cualquier período las veces que consideremos necesario, las leyes y los decretos. Que no se nos confunda con una falta de respeto al poder legislativo.
Quiero además recordar, con todo respeto, que la compañera Cecilia Soto, precisamente en el debate del período extraordinario, inició su intervención diciendo, y lo recuerdo porque era una frase que yo había pronunciado y ella me quitaba: que el tamaño de la estructura del Estado eran una categoría histórica, que no había un Estado, un tamaño de Estado único para un tipo de sociedad y que por tanto era algo dinámico.
Esto demuestra pues que la iniciativa que ha enviado el Presidente capta la dinámica de nuestra realidad social y puede nuevamente hacer propuestas para mejorar y perfeccionar la administración federal.
Se plantea también que la planeación no debiera disgregarse de una sola dependencia cono se había aprobado la vez pasada en la Secretaría de Hacienda, pero lo que importa finalmente es el proceso de planeación y este proceso, fundamentalmente el proceso de la planeación regional y con los instrumentos que hasta hoy se han desarrollado, siguen siendo un solo esquema de corresponsabilidad entre el gobierno Federal, los gobiernos de los estados y los gobiernos de los municipios. Creo que está es la sustancia y es en lo que debemos de prestar atención.
Ciertamente que el desarrollo debe partir de los municipios y de los estados, pero tenemos que aceptar que en la vida federal en que vivimos, en el esquema federal en que participamos, tiene que existir una política unitaria de carácter nacional y por eso tiene que estar en alguna secretaría y en alguna dependencia del ejecutivo a facultad de orientar ese esquema de la planeación nacional, aun cuando el proceso surja de los municipios y surja de los estados y, yo diría, aún más surja de las propias localidades y de los propios grupos sociales.
Que no se quiera confundir tampoco la parte con el todo. Yo estoy seguro que si la intención del ejecutivo hubiese sido crear una Secretaría de Desarrollo Regional así lo hubiese propuesto y no hubiese esconder, en el planteamiento de una Secretaría de Desarrollo Regional, una propuesta de una dependencia con sólo facultades de carácter de planeación regional.
Así pues la intención es muy clara, darle unidad a la política de desarrollo social, captar su sentido integral y organizar, de acuerdo con eso, las acciones del estado, no solamente las acciones de promoción del desarrollo regional. La vertiente del desarrollo regional será seguramente una de las más importantes de la nueva secretaría, pero también está el desarrollo urbano y la vivienda pero también está la protección ambiental y también está la facultad que tendrá de coordinar el gabinete social el conjunto de la política del desarrollo social con educación, con salud, con comunicaciones y transportes y todas las demás dependencias que intervengan en esta materia.
Se ha comentado también de que se podían crear algunas interferencias, que algunos compañeros diputados llamaron competenciales. Se aclaró en el seno de las propias comisiones, que eran muy claras las facultades de la Secretaría de Desarrollo Social y que no se creaba ninguna interferencia ni duplicidad con las facultades de la Secretaría de Hacienda, ni con las que puedan tener esas materias los estados y los municipios .
Por supuesto que la iniciativa y el decreto debe decir en su primera fracción: "Conducir la política, conducir y evaluar la política de desarrollo social". Pero se refiere a un ámbito de competencia que es el ámbito federal y que para cualquier acción que se realice en los estados y en los municipios, tiene que darse y tiene que usarse la vertiente de coordinación que se estipula en la propia Constitución. De tal manera que no hay el centralismo que aquí se ha señalado.
La Comisión de Ecología, como se propone en la iniciativa y como se ha recogido en el dictamen elaborado por las comisiones, creo que es un ejemplo de cómo los partidos políticos podemos llegar a coincidir y proponer que se cree esta Comisión de Ecología, pero con el añadido de una Procuraduría de Protección del Medio Ambiente, con las facultades que aquí bien señalaba y respaldaba la propia compañera Cecilia Soto.
Quiero referirme a otras intervenciones que han llamado nuestra atención y que nos parece muy importante responder. Pero que acusan según nuestro punto de vista de tres características: un desconocimiento de la administración pública, particularmente de los programas de desarrollo regional, del Programa Nacional de Solidaridad y además, de cómo se maneja el presupuesto federal en nuestro país.
Una segunda característica es que se hace una propuesta que no se explica y que queda oculta y simplemente rechazan con esta propuesta, lo que es la concepción de la iniciativa y del dictamen que proponen las comisiones. Enseguida explicaré de qué se trata.
Y por último, que hay una gran incongruencia en las aseveraciones que políticamente se han hecho en está tribuna. La política regional claro que tiene, lo repito nuevamente que estar en una dependencia nacional. Se decía: ¿cómo la política regional va a crear una dependencia de carácter nacional¿ Pues claro que lo tiene que esta, porque tiene que haber un esquema para el conjunto de las regiones del país, de cómo se aprovechan sus recursos, de cómo se generan los procesos de integración regional. No quiere decir sin embargo, que el gobierno federal vaya a ser el ejecutor de esas acciones y los gobiernos de los estados y los municipios tendrán facultades también para planificar en el ámbito de sus territorios, en el ámbito también de sus facultades.
Se habla de que la iniciativa es un ataque frontal al federalismo. Se desconoce pues de los mecanismos de coordinación como el convenio único de desarrollo, como el tipo de materias que se convienen y se desconoce también, de cómo se canalizan los recursos a los municipios. Se habla de un paternalismo de nuevo cuño y se habla de que es el supremo dador providencialista Ejecutivo, para manejar el Programa de Solidaridad; se ignora la participación de los grupos sociales, de los campesinos, de los colonos; se ignora que la inversión federal no ha pretendido ser más que un elemento catalizador de este interés de los propios grupos sociales y que no es sino con su organización, con sus demandas, con sus reclamos, como pueden generarse los programas que se instrumentan a través del Programa Nacional de Solidaridad. Se habla de que la función programática de la Secretaría de Desarrollo Social, es una función programática negativa, porque va a fomentar una cultura de pasividad y una cultura de la indolencia. Es aquí donde está la propuesta que no se explica. Debería ser entonces que desapareciéramos todas las dependencias que se encargan del desarrollo social y que desapareciéramos también los programas que tienen como finalidad satisfacer las demandas sociales básicas. Esa es la propuesta que se hace aquí, pero que no se quiso explicar de que el Estado abdique de su función social, de una función y de un compromiso que está instituido constitucionalmente. Esa es la propuesta, pero no se quiso explicar.
Ese es precisamente el esquema. ése sí, neoliberal, que se propone. Que cada quien se rasque con sus propias uñas y que el Estado de olvide de su función social y que nos olvidemos también, en lo que alguien ha llamado esa indiferencia igualitaria, esa cultura de la indiferencia de los 40 millones de personas de nuestro país o de los 17 millones que viven en extrema pobreza y que en rezagos acumulados tenemos que establecer una política explícita para resolver esos rezagos. Me extraña que en esta tribuna se hagan este tipo de planteamientos que efectivamente buscarían despojar al Estado de su base social.
Hay algunos otros aspectos que creo que por congruencia, o más bien por incongruencia se plantearon en esta tribuna.
Uno vino a hablar con toda facilidad aquí de corrupción en el gobierno federal. Pero quien lo denuncie, que haga la especificación y que lo señale concretamente y no haga el señalamiento general para buscar el aplauso fácil de los compañeros diputados de los partidos de oposición. (Aplausos.)
Y por otra parte, no cabe duda que lo que vale de una persona, de un partido, es lo que hace y no lo que dice de sí mismo. Aquí se vino a decir con tono, ése sí, providencial, que solidaridad es un instrumento electoral, que había que reglamentar que los funcionarios de solidaridad y que quisieran ser candidatos de elección popular, renunciaran dos años antes.
Yo quiero aquí recordar que un respetable funcionario público: Oscar Sánchez del Palacio, quien era secretario de Planeación del gobierno del estado de Baja California y por supuesto, programaba y administraba los recursos
federales y estatales de solidaridad, es hoy flamante candidato del Partido Acción Nacional, a la presidencia municipal de Ensenada. (Aplausos.)
Se hace una cosa y se pregona otra cosa. ¿Por qué no, aunque sea con un poquito de providencialismo, que se predique con el ejemplo?
Estos son, compañeros, algunos comentarios que desde luego, respetuosamente, quisimos hacer a los puntos de vista de quienes nos antecedieron en el uso de la palabra.
Pero quiero también destacar algunos avances que me parecen importantes y en los cuales se sustenta la iniciativa que aquí estamos discutiendo. Me parece que busca hacer compatible un proceso de crecimiento económico sano y estable, resultado ciertamente de un largo proceso de reordenación estructural, con una política orientada a lograr un acreciente ampliación de oportunidades para mejorar el nivel de vida de la población y en particular, con una acción de combate frontal a la situación de pobreza extrema en que viven millones de mexicanos.
También es esta política, una política social explícita que en calidad de compromiso fundamental del Estado ha logrado definirse en un proceso de reforma que excluye las opciones estatistas, populistas y patrimonialista y que pretende dar cauce a las capacidades constructivas de la propia sociedad.
Pero también esta política social cancela la alternativa experimentada por el neoliberalismo en otros países, de hacer que el Estado renuncie hasta de sus responsabilidades básicas en materia social y lo deje al libre juego de las fuerzas del sistema económico.
Se ha logrado también que la política social, sus propósitos y metas especificas, se conviertan en uno de los contenidos del amplio proceso de modernización política, particularmente en lo relativo a fomentar una cultura participativa y de un sistema corresponsable para coordinar las acciones del bienestar colectivo que fortalece nuestro sistema federalista y a su cédula básica que es el municipio.
Se ha buscado también adoptar una visión integral de los diferentes ámbitos que comprende al desarrollo social y en consecuencia proponer una nueva organización de la estructura de la administración pública federal, para atender con ello la satisfacción de las demandas sociales básicas y cuyos esfuerzos serían coordinados por una Secretaría de Desarrollo Social y que esta Secretaría fuera la instancia que aplique la normatividad y las acciones necesarias para pugnar por una política social integral.
Finalmente, pienso que con el apoyo de la sociedad organizada que reclama un Estado moderno y progresista, la política social del presidente Salinas de Gortari ha logrado vencer las inercias que se oponen al cambio; las que se crean por quienes quisieran que nada cambiara y que el Estado no tuviera una iniciativa viable para enfrentar los efectos del período de ajuste de la década de los ochenta y que en consecuencia se quedara a la zaga de las demandas sociales y más temprano que tarde viera reducida sensiblemente su base social.
Por otra parte, están quienes con tal de lograr este mismo fin, estarían de acuerdo en que la respuesta del Estado fuera despojarse de su compromiso de promover la igualdad social y económica de los ciudadanos.
Estos son algunos avances que considero se han dado en la política social, pero que sin embargo tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir perfeccionando los instrumentos y tenemos que seguir en el ámbito de una creciente pluralidad, que legitimar la operación de todos estos programas para que efectivamente se conviertan en programas de la propiedad sociedad, que promueve y que impulsa el Estado.
Son los grupos mismos de la sociedad, los grupos sociales protagonistas del cambio, los que reclaman que se profundice en esta política social. Esta política, que ha definido el presidente de la República y que por supuesto respalda totalmente su partido, el Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.(Aplausos.)
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): - ¡Para rectificar hechos!
El Presidente: - Tiene la palabra.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): - ¡Pido la palabra!
El Presidente: - Diputado, ¿Para qué efectos?
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): - ¡Para rectificar hechos!
El Presidente: - Tiene usted la palabra.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Gracias, señor Presidente.
Brevemente para rectificar algunas imprecisiones del diputado Oscar Pimentel. Lo primero, dice que los argumentos de la oposición parten de tres posicionamientos: primero, habla de ciertos desconocimientos y dice desconocimientos de la administración pública. Señores, conocemos muy bien cómo opera la administración pública, conocemos muy bien qué es la tragedia que han hecho de este país con el despilfarro, el derroche y el desorden de las administraciones públicas emanadas del Partido Revolucionario Institucional; conocemos perfectamente . (Aplausos.)
Que han arruinado a esta nación y que lo reconocen sus propios funcionarios y secretarios y, ayer mismo, un funcionario de la administración se quejaba de cómo era posible que en el sexenio de Echeverría se hubieran duplicado los puestos públicos y que en el sexsenio de López Portillo se hubieran duplicado los puestos públicos entre que entró y en que salió y reclamaba un reordenamiento de la administración. ¡Porque conocemos cómo se manejan, señores, en este espíritu centralizador de la administración, estamos en contra del proyecto!
Dice que desconocemos los programas de desarrollo regional y precisamente, porque si algo es este país ha fracasado es el desarrollo regional, estamos en contra de que se siga con un esquema de centralización.
Que desconocemos el manejo del presupuesto en el país. Pues ahí tiene razón porque sólo ustedes saben cómo manejan todos esos recursos, ése es el problema y cuando la oposición denuncia, cuando la oposición pide que se investigue, entonces surgen todos los argumentos para decir: ¡no se puede investigar!, ¡no tienen ustedes derecho!; el secreto bancario, las entidades de servicio social, etcétera.
Que hay una propuesta oculta en la oposición que pretende desaparecer las funciones del Estado en la atemperación de desigualdades. Yo deduzco que el diputado Pimentel ignora que el Estado, la sociedad organizada como gobierno, tiene varios niveles y cuando la oposición reclama que los recursos pasen de una dependencia central a gobiernos locales y a gobiernos municipales, en ningún momento se está proponiendo que se desaparezcan las funciones del Estado para combatir la desigualdad o para atender lo que ustedes quieren entender como desarrollo social; porque a la mejor el diputado Pimentel no lo sabe. Pero también el municipio y también el gobierno estatal son órganos del Estado, es más, son estados en sí mismos, de acuerdo con la teoría constitucional. De tal manera que en materia de ignorancias, diputado Oscar Pimentel, váyase con cuidado.
Dice usted que además, el tercer punto, hay una incongruencia en las posturas entre lo que se dice y lo que se hace; que además se pretende ignorar los graves problemas de desigualdad y de pobreza de 40 millones de mexicanos etcétera. Yo le digo, diputado Pimentel: ¿qué no le han parecido a su partido suficientes 60 años para haber combatido con eficacia esa miseria en que vive casi la mitad de nuestros compatriotas? (Aplausos.)
¿Que no han sabido ustedes o no han podido o no han querido combatirlo?, por el contrario, ¡son ustedes los responsables de la miseria de este pueblo, que ha sido expoliado y robado por gobiernos priístas! (Aplausos.)
Vienen ahora a defender a solidaridad, un programa que pone todo el aparato del Estado en favor de una partido. Porque ¡qué curioso! Que después de 60 años de gobernar se den cuenta de, ¡caray!, las terribles desigualdades en México, vamos a crear este programa, un programa de solidaridad para devolverle a la miseria de los miserables algo de lo mucho, señores, que les han quitado, por el que el modelo centralizador que siguió este país por gobiernos priístas, que despojó el desarrollo rural en beneficio del desarrollo industrial, que despojó a muchos mexicanos de un manejo eficiente de recursos, que impidió a los municipios manejarse con eficiencia y con infraestructura urbana que permitiera mejores condiciones de vida, todo eso fue causado por ustedes y solidaridad viene como que a devolverles algo de lo mucho que le han quitado a los mexicanos y recordábamos ya en el Colegio Electoral aquella lápida que aparecía en la tumba de algún filántropo de la colonia: El señor Juan de Robles, con caridad sin igual, hizo este santo hospital, mas primero hizo a los pobres y ustedes pretenden ignorar su responsabilidad política que han derivado precisamente en el centralismo que se refuerza con esta iniciativa.
Dice que hay incongruencia entre nuestras posturas, porque por una parte afirmamos que hay un uso de los recursos de solidaridad para colocar en puestos públicos a determinados funcionarios, los tornasoles que primero son los dadores del programa y luego los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, como si es el caso del propio diputado Oscar Pimentel, él es funcionario. (Aplausos.)
De solidaridad al igual que el candidato a senador de su estado, Montemayor y todavía el diputado Pimentel anduvo en algunas regiones de la Huasteca Potosina en las últimas elecciones extraordinarias de San Luis, ofreciendo recursos a pueblos, como en Jilitla, donde la población campesina recibía 4 millones y los otros 10 después de las elecciones si ganamos, decía el Diputado. Dice que hay incongruencia en las posturas, porque un secretario de Planeación de Baja California es candidato a presidente municipal de Ensenada; en primer lugar, señor, si usted observa lo que demanda, demandaba y demanda el gobierno de Baja California y lo que demanda este funcionario es precisamente que los recursos de solidaridad fuesen a los ayuntamientos y fuesen a las tesorerías de los gobiernos de los estados, ¿por qué?, porque hoy en la mañana se nos decía, se nos recordaba una serie de postulados claro de la Revolución; pues bien, señores, si hay algún postulado claro de la Revolución, es el municipio libre y no el caciquismo y mugre en el que ustedes lo han mantenido durante tantos años y que la única manera de superar ese rezago es dotándolo de recursos suficientes para enfrentar sus carencias y sí se pretende un esquema central que suplanta al ayuntamiento; es más, si observan ustedes la exposición de motivos, hay una parte que dice, bueno es que hay una duplicidad de funciones entre algunas secretarías, por ejemplo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología con la de no sé si la de Agricultura o la de Reforma, dice el dictamen, porque ambas hacen obras de drenaje y agua potable.
Señores, constitucionalmente ninguna de las dos lo deberá ser, constitucionalmente son atribuciones del ayuntamiento de acuerdo con el artículo 115 constitucional realizar esas obras y precisamente los recursos que se destinen a una Secretaría como ésta, son en detrimento de los patrimonios de los ayuntamientos y de los estados, porque además el funcionario Sánchez o Sánchez de Palacio, algo así que mencionó, no era el funcionario de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que es en realidad la entidad que asignaba y convenía a los recursos, pero aun suponiendo sin conceder, aun suponiendo que hubiera una cosa algo semejante a lo que él mencionó, yo le digo y le tomo la palabra, pues vamos renunciando, diputado Pimentel, todos los puestos de funcionarios salidos de solidaridad y todos los puestos que presuntamente son de administraciones panistas, que no funcionarios de ese papel para que administra recursos federales, que declinen y que saquen sus candidaturas y renuncien a sus puestos; si a usted le parece una incongruencia, vamos sacando adelante esto y empecemos, si quiere usted que hablemos por este candidato a presidente municipal de Ensenada, que además es electo en una convención democrática que es algo que ustedes no han podido desarrollar.
El Presidente: - Se le recuerda al diputado orador que ha hecho uso de la tribuna en términos del 102.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Termino con esta propuesta, diputado Oscar Pimentel: Si usted está de acuerdo y por eso señalo esa incongruencia, vamos a establecerlo con una norma, como impedimento de funcionarios, los candidatos de elección popular, el haber manejado estos recursos con una determinada anticipación.
Yo creo que si hay un compromiso público del Partido Revolucionario Institucional en este punto. puede haber cambios entonces en la candidatura de Ensenada, que de ninguna manera se asemeja al caso, pero vamos empezando precisamente por usted y por otros, por lo menos medio centenar de diputados priístas que son tornasoles de los recursos públicos.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Tavira, del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; honorables miembros de esta asamblea:
En realidad éste no es un debate entre diputados, permítame que lo diga así; es una batalla de las diversas corrientes ideológicas de México, en este momento.
Por eso yo no recurriré al expediente de referirme a personas en concreto, porque al fin y al cabo lo que importa es la causa que defendemos en esta tribuna y las contradicciones que surgen en este ambiente y, qué bueno que así sea. Malo sería una Cámara muerta, sepultada en el silencio y en la aprobación mecánica de iniciativas de ley. Qué bueno que la Cámara de Diputados tenga ahora vida, gracias a la presidencia de diversas corrientes ideológicas y políticas.
Dice el dictamen: "Estado y sociedad no están enfrentados. Con responsabilidades y competencias diferenciadas, los une el altísimo fin de proteger y promover el bien de todos los mexicanos".
Dice en otra parte el dictamen: "La liberación del comercio y la desregularización económica
han sido reformas fundamentales para inducir la competitividad de las empresas. La desincorporación de empresas estatales, vino a fortalecer la confianza pública y ha fomentado una mayor participación de la sociedad en el conjunto de las actividades productivas".
En otra parte el mismo dictamen afirma: "Una economía abierta, equilibrada y más competitiva y un Estado reformado, favorecen el interés general del país y sientan las bases de una nueva política de desarrollo social que beneficie a todos los mexicanos y sobre todo los que padecen situaciones de pobreza y marginación".
A nuestro juicio, lo más importante de la iniciativa, del dictamen, de la creación de esa Secretaría, es que tiene relación con la política general del gobierno actual que preside los destinos del país; es decir, el gobierno actual tiene una concepción sobre el desarrollo, una concepción sobre la historia de México, una concepción sobre las estrategias para el desarrollo económico, social y político del país.
El documento que ahora debatimos, refleja todo esto. Para el Partido Popular Socialista aquí está el quid del asunto. No vamos a entrar en muchos detalles en esta empresa, porque nos interesa lo esencial. Estas ideas han sido corroboradas por diversas intervenciones. Se trata de una concepción nueva de lo que es el Estado y de lo que es la sociedad, un Estado que vive en armonía con la sociedad; una sociedad homogénea, dispuesta a colaborar para sacar adelante al país, un Estado por encima de los intereses concretos de los sectores y de las clases sociales que se enfrentan. Es la vieja concepción idealista de que el Estado es un instrumento que está por encima de las clases sociales, que nada tiene que ver con la batalla de ellas ni tampoco con la batalla ideológica.
Han dicho algunos diputados que el objetivo de todas estas reformas es transformar la naturaleza del Estado para hacerlo más eficaz; en vez de abarcar más, hacerlo más eficiente, un Estado que privilegie la participación social, un Estado que esté lejos del paternalismo y patrimonialismo. Esos conceptos se han repetido frecuentemente en este debate. No son tiempos de ideologización, son tiempos de llevar a la práctica medidas que mejoren el bienestar de la sociedad.
En fin, no son tiempos de ideologización. ¿De qué está hecha la historia de México, señoras y señores diputados? ¿De hombres prácticos a quienes les ha interesado la inmediatez y la resolución de los problemas cotidianos de la sociedad? No ha sido así la historia de México, la historia revolucionaria de México; nunca ha sido así. Todos los grandes constructores de nuestro país han sido ideólogos y ¡que bueno que lo hayan sido! Los hombres de la independencia fueron ideólogos, profundamente ideólogos, que vivieron las ideas más avanzadas de su tiempo, pero que separaron la tierra mexicana y captaron sus problemas. Los hombres de la Reforma fueron profundamente ideólogos y entendieron las ideas universales en función de la realidad de su propio país y, los hombres de la Revolución fueron grandes ideólogos. Pero se trata de negar todo ese pasado, borrar de la lista a Mújica, a Jara, a Héctor Victoria, a Luis G. Monzón, a Cravioto, a todos lo que debatieron aquel cuerpo memorable, porque seguramente las ideas del pragmatismo estadounidense han ocupado en la mentalidad de muchos hombres de México, para venir a decir aquí que inclusive el Estado mexicano no tiene nada qué ver con ideologías. ¡Qué lejos están esas posiciones de las luchas de nuestro pueblo!
Este Estado es de la Revolución, se ha dicho. No. Este Estado actual no es el de la Revolución. Si es un Estado desideologizado, si es un Estado pragmático si es un Estado que concibe a la sociedad como armoniosa, escondiendo las profundas contradicciones que en ella existen, escondiendo la explotación de que son objeto la inmensa mayoría de los mexicanos. Entonces, este Estado no es el de la Revolución.
Si hay que echar abajo todo el pasado; si hay que renegar lo que hicieron los gobiernos posrevolucionarios; si hay que considerar que aquello fue válido en su tiempo, pero no lo es hoy; si hay que considerar que la política de los gobiernos revolucionarios de conquistar la independencia económica y hacer que el Estado interviniera en el proceso económico, ya no sirve ni ha servido, y que sólo un Estado pragmático, que toma en cuenta la realidad de nuestro tiempo, es el que va a resolver los grandes problemas. Veamos si es verdad.
Algunas cifras demuestran que esta concepción y vaya qué paradoja, esta concepción desidiologizada ha gravado los graves problemas de la desigualdad social.
Desde hace muchos años, señoras y señores diputados, si ustedes leen las opiniones de los grandes centros patronales, que se han dicho siempre, desde siempre, si ustedes leen las opiniones de los grandes centros financieros del mundo, se darán cuenta que lo que hoy se dice no es nada nuevo, se dijo hace muchos años;
el Estado es mal administrador; el Estado no ser paternalista; el Estado no tiene por qué intervenir en la economía es asunto de los particulares. ¿Quieren ustedes que las inversiones extranjeras lleguen a raudales a México? Quiten las trabas, abran las puertas y verán que ríos de recursos van a llegar para que México crezca, pero que México deje sus ideologías revolucionarias, pero que México se prenda del carril, del tren, mejor dicho, de los grandes países imperialistas y de esa manera ustedes serán un país civilizado, un país moderno, un país con creciente economía.
Eso lo dijo el Fondo Monetario Internacional hace muchos años, eso lo dijo el Banco Mundial y vean ustedes lo que ha pasado. Yo pido que me disculpen los señores diputados por esta retahila de números.
De 1977 a 1990, el salario mínimo, es decir, su poder adquisitivo, se redujo en un 61%; lo que en 1976 compraba una familia con una jornada de trabajo, hoy se requieren tres jornadas; en 1966 el conjunto de los asalariados recibía el 40% del producto interno bruto, mientras que el ingreso de los empresarios sumaba el 49% del producto interno bruto. Los asalariados representaban el 80% de la población urbana, mientras los empresarios apenas rebasaban el 10%, es decir, al 80% correspondía el 40% del producto interno bruto, mientras que el 10% participaba del 49% del producto interno en ese año de 1976.
En 1989, 13 años después, los asalariados recibían menos del 25% del producto nacional. Se redujo del 40% al 25% del producto nacional.
Los empresarios han mejorado su situación quedándose con más del 55% del producto interno bruto.
En 13 años el 10% de la población pasó del 49% del producto interno bruto al 55% del producto interno bruto. Todo eso es el resultado de lo que hemos llamado la política neoliberal.
El salario en México es de los más bajos del mundo y, claro, a la caída del salario hay que agregar la reducción del gasto social y aquí es un cifra que nadie puede desmentir, con todo y el Programa Nacional de Solidaridad el gasto social en 1991 fue 30% menor que el gasto de 1981.
Y aquí están algunos datos del instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. El total de la población ocupada constituye 23 millones 403 mil 413 personas, de ellas 1 millón 690 mil 126 no percibe ingreso alguno; es decir, el 7.2% de la población no percibe ingreso alguno. 4 millones 518 mil 090 personas reciben menos del salario mínimo; es decir, el 19.3%.8 millones 588 mil 579, es decir, el 36.7%, reciben entre uno y dos salarios mínimos. 3 millones 541 mil 069, es decir, el 15.1% de la población ocupada, recibe entre dos y tres veces el salario mínimo.
Costo de la canasta básica. Hoy, en día, 1992, tiene un costo de tres salarios mínimos, o sea, un salario mínimo de 1977. El 78.3% de la población ocupada, es decir casi el 80%, ocho de cada 10 mexicanos no percibe lo suficiente para adquirir la canasta básica. El 17.4% de la población ocupada es la población "privilegiada", que recibe más de tres salarios mínimos. El 80% de la población ocupada está por debajo de los mínimos de consumo.
Este es el milagro de la nueva política de modernización. Este es el milagro de la política que rechaza el Estado paternalista y patrimonialista. Este es el resultado de aplicar las recomendaciones de los poderosos centros financieros internacionales, eso nadie lo puede desmentir.
¿Qué es el desarrollo social? El desarrollo social implica una serie de líneas y de políticas para que el pueblo eleve sus condiciones de existencia en los diversos aspectos. Desarrollo social no es tan sólo agua potable, no es tan sólo alcantarillado, no es tan sólo drenaje, pavimento de calles, luz eléctrica; desarrollo social es más profundo.
Concebir el desarrollo social sin el desarrollo de la nación, sin su independencia, sin su poder de decisión, sin que dependa de los grandes centros financieros del exterior, es minimizar lo que es el desarrollo social.
Hablar de desarrollo social sin el mejoramiento constante del ingreso de los trabajadores, es reducir el desarrollo social a expresiones mínimas.
Esas concepciones, señoras y señores diputados, no son las concepciones del gran proceso revolucionario de México. ¿Por qué el Estado mexicano tuvo que intervenir en el proceso económico?, Por una necesidad ingente, para sacar al país de la dependencia, para hacer que sus riquezas correspondieran a los mexicanos, como lo quiso Miguel Hidalgo y Costilla en su famoso manifiesto de Valladolid.
Ustedes, muchos de ustedes, se refieren a Plutarco Elías Calles, como el constructor del México moderno; nosotros hemos en esta tribuna, hablado de Plutarco Elías Calles varias veces. Hemos hablado en contra, pero también en pro de algunas líneas de su política. Calles comenzó a construir el México moderno con la intervención del estado en la economía.
Nosotros rechazamos el dilema que ustedes han planeado aquí, el dilema de: o Estado propietario o Estado justo o Estado disminuido. Inclusive se ha firmado que por muchos años el Estado mexicano dedicó a administrar empresas y que esa distracción lo alejó de la atención de los problemas sociales y que ahora se trata justamente de rescatarle al Estado mexicano esa eficiencia para que atienda los problemas sociales. Pero la economía debe manejarla la iniciativa privada. El Estado ya no tiene por qué intervenir. Ese dilema no existe, señoras y señores diputados. No se hubieran podido resolver los graves problemas del pueblo de México: sus comunicaciones, sus obras de irrigación, su seguridad social, su educación y cuántos y cuántos renglones más, sin la intervención del Estado en la economía. Se habla de que el mundo de nuestro tiempo, el mundo de la globalización, el mundo de la internacionalización de la economía, exige reformas profundas del Estado; exige que nosotros abramos nuestras puertas de par en par para liberalizar el comercio y para que penetren los capitales extranjeros a raudales; que eso es lo demás es viejo; lo demás es carcomido; lo demás es Estado patrimonialista Nosotros seguimos sosteniendo que es el Estado, su intervención en el proceso económico, lo que va a constituir la línea fundamental para que nuestro pueblo sea independiente, para que nuestra patria sea soberana y para que nuestro país, nuestro pueblo, eleve cada día más sus condiciones de existencia.
¿Qué va a pasar, señores representantes populares qué va a pasar cuando se agoten los recursos de la venta de las empresas paraestatales? Porque en el fondo esta nueva Secretaría se traduce en dos palabras: venta de empresas paraestatales, con el fin de destinar los recursos a resolver estos problemas tantas veces mencionados aquí y cuando esos recursos se agoten ¿qué va a pasar? ¿Con qué vamos a atender las necesidades sociales? ¿O piensan ustedes que rematando las empresas que faltan se puede resolver la complejidad de los problemas del pueblo de México?, problemas materiales, problemas culturales, problemas de educación, problemas de salud. ¿En dónde va a estar ese Estado que quiere entretenerse en cuidar empresas y que quiere solamente ser un vigilante para que la sociedad camine libre, dicen ustedes?
Nosotros considerábamos, señoras y señores diputados, que la administración pública debía modernizarse en el sentido de sistematizar mejor las funciones de las distintas secretarías de Estado.
El siglo pasado, recuerdo yo, cuando se iniciaba la historia del México independiente, podía haber secretarías que tuvieran muchas ramas qué atender. Recordamos la Secretaría, por ejemplo, ministerio se llamaba entonces, de justicia, Educación y Negocios Eclesiásticos. Pues sí, pero nosotros nacimos con seis millones de habitantes; el país era pequeño, desde el punto de vista de su población, sus problemas eran menos complejos.
Pero esta Secretaría que se pretende crear ahora, atiende tantos problemas tan diferentes entre sí, o esa Secretaría va a resolver todos esos problemas o esa Secretaría se va a quedar en el vacío y no va a resolver nada. Se trata de homogeneizar las funciones de las distintas secretarías de Estado; asignarle papeles que se conjuguen entre sí, que correspondan. Desarrollo urbano y ecología, era más lógico. Pero esta Secretaría que lo mismo va a cuidar la pureza de las lenguas indígenas y las tradiciones, que colaborar en la construcción de redes de drenaje o impulsar, como se dice, el desarrollo regional o reforestar al país, etcétera, tantas tareas disímbolas, disparejas Se necesita realmente un superhombre para atender esa Secretaría y superhombres para atender los distintos departamentos o subsecretarías que va a tener.
Yo pienso, señoras y señores diputados, que el camino está equivocado. Que este camino que se está construyendo, está completamente alejado de las revoluciones de nuestro pueblo. Está completamente alejado de los ideales de nuestro pueblo.
Se ha abandonado el proceso revolucionario. No digo el lenguaje, que sería secundario. Pero bueno, las palabras algo quieren decir. Se ha abandonado el lenguaje revolucionario porque se ha abandonado el proceso revolucionario, por que se piensa que ahora debemos enterrar la historia de escándalos, la historia de rebeliones, la historia dramática de nuestro pueblo, porque ha venido otra época, una época de tranquilidad, de armonía social y el Estado debe conjugar todos los intereses para llevar al pueblo de México a su felicidad definitiva. Pero
eso es falso. Hay abismos entre la sociedad mexicana.
¿De qué parte se pone el Estado mexicano? ¿De los trabajadores que viven en la miseria o de lo 300 empresarios que reclaman el honor de ser los poseedores de la economía nacional? ¿De parte de quién se pone el Estado mexicano?
Porque, señoras y señores diputados, de acuerdo con esta filosofía, en México no hay lucha social ya. Las huelgas se han reducido a su mínima expresión.
Revisando hace un momento una estadística de huelgas en México, hemos descubierto algo interesante: Las huelgas han abundado más en gobiernos muy avanzados, como el gobierno de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, o el gobierno de López Mateos u otros gobiernos y el número de huelgas ha reducido en aquellos gobiernos claudicantes que abandonaron el camino construido por nuestro movimiento social. Ese es el hecho.
¡Se quiere dar la falsa idea, la falsa imagen, de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que México camina sin tropiezos en su progreso, que todos vivimos en armonía y que el Estado tiene como única función juntar el esfuerzo de todos, como se dice en el dictamen, para sacar adelante los problemas! ¡Pero esto es falso! ¡Hay una gran inconformidad en el pueblo de México! ¡Hay una enorme miseria! ¡Hay una tremenda desigualdad social! ¡Y mientras el Estado no se coloque en la fila de los que nada tienen, sino su fuerza de trabajo, nada se podrá resolver!
¡Con la prédica de la armonía social! ¡Con la prédica de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que todos unidos vamos a sacar al país adelante, lo único que vamos a hacer va a ser provocar enormes conflictos sociales lo quisiéramos! ¡En México se ha regado mucha sangre!
Cuando los europeos preguntan: ¿por qué ustedes viven en paz ahora, si ha sido siempre un pueblo rebelde? Y contestamos: porque el pueblo de México hizo ya muchas revoluciones y regó mucho de su sangre.
¡Pero el pueblo vive inconforme! ¡No agarra las armas! ¡Vivimos en otra etapa; etapa de partidos, etapa de lucha política! ¡Ni tampoco nosotros deseamos una escena terrible en la vida de nuestro pueblo! ¡No deseamos que se trastoque el orden público! ¡No predicamos la violencia! ¡Queremos atenernos a la legalidad, a la lucha de partidos, a la lucha pacifica!
¡Pero por este camino claudicante, lo digo con profunda convicción, lo digo con energía, compañeros diputados, por este camino claudicante a lo único que vamos a contribuir es a que nuestro pueblo se suma más en la miseria y en la dependencia! ¡Abandonando a nuestra Revolución!, ¡abandonando a nuestros grandes hombres, a nuestros grandes ideólogos y predicando el pragmatismo, lo único que vamos a conseguir es que los poderosos se encimen contra los débiles y que los débiles algún día se rebelen! Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hablar en pro, la diputada Laura Alicia Garza, del Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)
La diputada Laura Alicia Garza Galindo: - Señor Presidente; honorable asamblea:
Nos preparamos para un debate ordenado, serio y respetuoso, pero no ha sido así. No se han querido escuchar nuestras razones, por alguno; obviamente no hacemos referencia a quien nos antecedió en el uso de la palabra.
Y no sólo no se han querido escuchar nuestras razones, sino que de entrada se llegó, cosa que no comprendemos, a agredir abruptamente a la mayoría y también al Ejecutivo Federal, que encabeza el proyecto nacional, que decidimos la mayoría de los mexicanos.
¡No lo entendemos, porque sabemos que aquí todos tenemos diferencias ideológicas! Pero me parece un exceso que se recurra a la descalificación sistemática, ¡bajo el supuesto, ilógico, de que la mayoría "aguanta todo"!
Queremos manifestar que rechazamos esa actitud. Queremos decir que la mayoría nacional nos sentimos profundamente orgullosos del Presidente de México y de la forma en que ha conducido nuestro proyecto de nación.
Vinieron aquí, abordando un tema serio para la sociedad mexicana, con falacias, con sofismas, que hay que aclarar con la verdad.
De entrada, deseo manifestarles que sabemos muy bien ¡por qué no les gusta el Estado solidario! ¡porqué no les gusta Solidaridad! y ¡por qué tampoco no les gusta que se cree la nueva Secretaría de Desarrollo Social!
No les gusta porque realmente se resuelve y se seguirá resolviendo el problema de la gente y porque al resolver los problemas obviamente se mejora la imagen del gobierno; gobierno que
nosotros llevamos al poder, lo cual es válido y es legítimo. ¡Por eso les gusta el Estado solidario y su práctica social¡ (Aplausos.)
Si en el pasado nos perjudicaron los errores del gobierno, no veo, francamente no veo, por qué ahora no podemos beneficiarnos de sus aciertos. ¡Por eso no les gusta el Estado solidario!
Se esgrimieron argumentos falaces, que la ley tiende a reforzar una cultura providencialista y hablan del supremo orador. De entrada les quiero decir que me asombra el lenguaje tan común a lo celestial. Compañeros, por favor. (Aplausos.)
¡Compañeros, por favor, centremos el debate! No venimos aquí a hablar de la Divina Providencia, no venimos aquí a hablar de cuestiones extraterrenales, quizá por eso no nos entendemos, compañeros. Venimos aquí, por el contrario, a hablar de cosas muy terrenas, de problemas, de la pobreza, de la miseria de muchos compatriotas y de un planteamiento serio para resolverlos positivamente. Esa es la realidad concreta, de la cual algunos están totalmente desconectados
Nos asombra, verdaderamente nos asombra, que vengan aquí a advertir la existencia de un paternalismo de nuevo cuño. Están equivocados quienes así opinen. Desde la mayoría rechazamos tajantemente el paternalismo y el populismo y por si se ignora, queremos decirles que el paternalismo está en agonía, básicamente por ineficiente y ahora también por impopular; en su tiempo contribuyó al desarrollo económico y al bienestar social, pero últimamente ya no pudo asegurar lo que ofrecía; desaprovechó valiosos recursos, perdió oportunidades y en cambio acaparó y centralizó demasiadas actividades, algunas incluso las paralizó parcial o totalmente. Sabemos que eso, en su momento, fue el modelo de desarrollo que aseguraba mejores condiciones de vida; hoy ya no lo es y tenemos la capacidad, con toda dignidad, de cambiar por razón, por razón de Estado.
Por eso, nosotros lo tenemos claro, por eso buscamos y se está logrando, un Estado justo y legítimo, ordenador y conciliador de intereses; éstos son los objetivos fundamentales que persigue el Estado solidario, que además de promover el cambio pacifico y democrático, deberá erradicar la pobreza extrema, combatir el autoritarismo, fortalecer las estructuras y funciones del gobierno mínimo, pero eficiente y, sobre todo, liberar el potencial transformador de la sociedad.
Se habló aquí también de centralismo. Yo quisiera proponer que se le pregunte al gobernador de Baja California ¿quién decide la propiedad de las obras, el destino de los recursos y a qué tesorería entran los recursos de Solidaridad? Yo quisiera que le pregunten ¿quién decidió, por ejemplo, la construcción de los acueductos de Tecate y Ensenada? Pregúntenle ¿quién decidió la construcción de la tercera línea, ¡ojo!, porque ya hay dos construidos, del acueducto Río Colorado - Tijuana?, que es uno de los más grandes del país, porque eleva el agua mil metros de abajo del nivel del mar; desde Mexicali hasta Tijuana. ¿Quién fue? ¿Quién lo decidió? Pues el propio gobernador Ruffo y su comunidad. (Aplausos.)
Eso por si no se cree, como siempre la satanización y la descalificación, eso por si no se cree en la descentralización en el desarrollo regional y en la determinación del establecimiento de las prioridades por los gobiernos locales y sus comunidades. Hay 93 municipios en el país gobernados por la oposición, en todos hay programas de solidaridad que se ejercen a través de los fondos municipales de solidaridad y de los fondos de solidaridad para la producción entre muchos otros como son escuela digna, hospital digno, mujeres en solidaridad, niños en solidaridad, electrificación, agua potable, alcantarillado, pavimentación y hay muchos programas más. Que se le pregunte a esos 93 municipios fuera del apasionado debate parlamentario quien administra los fondos y quién fija las prioridades. Esto lo señalo específicamente porque aquí se manejó que el programa Nacional de Solidaridad en 1992 ejerce 7 billones de pesos en forma directa, que se ejercen por el gobierno federal y aquí se dijo que eso era una práctica del centralismo.
Yo quisiera comentar sobre los presupuestos que ejercen los municipios gobernados por la oposición en el transcurso del año pasado; por si no se sabe, ejercieron 1 billón de pesos de los 5 billones 200 mil millones aprobados para el año de 1991 y, ojo, sólo lo ejercieron 93 municipios de 2 mil 500 que hay a nivel nacional, administraron la quinta parte de los recursos de solidaridad sólo 93 municipios de 2 mil 500, pero si algún diputado distinguido insiste en que esto es centralismo, pues como dicen los chiapanecos, casuai que quiere decir: no hay. Creo verdaderamente, aunque se ofendan, que efectivamente no conocen el sector público y qué tiene, yo no conozco abogacía patronal. (Aplausos.)
Seamos razonables, solidaridad, el Estado solidario y la política social no se hacen a la medida de las necesidades políticas del Ejecutivo, ni del partido mayoritario; se esfuerza
por hacerse en la dimensión de las necesidades materiales, sociales y políticas de los sectores más rezagados, el esfuerzo es por desarrollar una nueva cultura política en las sociedades; que como todo lo nuevo, tiene que abrirse poco a poco frente a considerables obstáculos, intereses, costumbres y liderazgos que se resisten al cambio.
En la reforma democrática no es el Presidente de México el principal protagonista; en su llamado busca que la sociedad organizada rescate el papel protagónico que nunca debió perder; las prioridades regionales para solidaridad no son tomadas del mapa electoral, sino del mapa a donde se marcan los mayores rezagos e injusticias; por ejemplo Oaxaca y Chiapas reciben más del 18% del presupuesto de solidaridad.
También quisiera decir, en el Estado solidario efectivamente se está, que se estará permanente en campaña, en efecto, pero no en el tipo de campaña al que aquí se alude y que finalmente la única en la que algunos pueden sustentarse porque la verdad no colaboran en la generación de proyectos que contribuyen al diseño de alternativas para el cambio. El estado solidario, solidaridad y pronto la Secretaría de Desarrollo Social, porque votaremos por ella a favor, estarán, están permanentemente en campaña contra la miseria y la pobreza, ésa, la que algunos desde su cómoda posición de minoría, ni les preocupa ni les quita el sueño.
Por eso se sienten salvador, porque cuando no hay compromiso social, la realidad ni los toca. Ese es el problema.
Hoy queremos pasar a mejores temas. Nos ocupa de nuevo en la corta vida de esta legislatura, un cambio, una reforma. Reforma es cambiar, es evolucionar de acuerdo a un modelo que sea común a la mayoría de una comunidad. Cambios verdaderos, articulados en la gran complejidad del México actual y de su entorno exterior, caracterizado éste por una feroz competencia.
En este contexto a los cambios, a las reformas, las requerimos, sí, pero además cumpliendo con nuestros más caros principios.
Que no vulneren la soberanía, ni el nacionalismo, ni la estabilidad interna, entendiendo a ésta como sumatoria de lo político, de lo económico y de lo social, de las libertades y de la democracia.
Reformas sin duda delicadas, que tienen que darse estrictamente en tiempo y a su tiempo; maduras, oportunas, que no nos dañen y sí que estimulen, promuevan, mantengan y sobre todo retenga, el consenso; es decir, la aceptación y respaldo de las mayorías, articulando, entrelazando sus coincidencias y su participación sobre todo su participación, en el cambio mismo, en acción corresponsable, acción corresponsable entre los tres niveles del gobierno y la sociedad.
Hace tres largos meses, una eternidad para las necesidades de esta nación, que en esta tribuna iniciamos el debate de las reformas del aparato del Estado, el gobierno, que también ha de cambiar para mejorar. Lo advertimos hace tres meses, cuando aquí mismo dijimos que la anterior reforma a la ley que hoy nos ocupa, no era la primera y con toda seguridad no sería la última. Esta de ahora, se lo anticipamos para el buen juicio a un distinguida legisladora de esta Cámara, tampoco será la última.
Porque la búsqueda de respuestas más ágiles, la necesidad de simplificar estructuras administrativas y la necesidad de responder a los retos de una economía nacional también cambiante, más grande, con más agentes productivos enlazados a las estrategias gubernamentales, así lo exige. Por ello antes hablamos de la oportunidad, suficiencia y madurez de cada reforma y hoy de cada adecuación de la administración pública.
Por supuesto que volveré a votar a favor y así lo haremos muchos, porque es el avance de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Ahora corresponde al diputado Tomás González de Luna, del grupo Independiente.
El diputado Tomás González de Luna: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputadas y diputados:
En nombre de la fracción parlamentaria independiente de esta Cámara, me permito hacer uso de la palabra. Estimamos que el punto a discusión en este momento es precisamente la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en particular, como problema específico, la creación de la Secretaría de Desarrollo Social.
Distinguidas compañeras diputadas y diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, unos han hecho referencia a que esta iniciativa se expresa, está presente un paternalismo, un centralismo, una entronización del poder presidencial, la expresión de un partido de Estado,
un autoritarismo y, la modificación o la creación de esta Secretaría de Desarrollo Social como un instrumento electoral en beneficio de un grupo político.
Así también se ha dicho que hay duplicidades en la creación de esta Secretaría. Por otra parte se ha hablado de que el Estado debe asumir su responsabilidad social y que la creación de esta Secretaría de Desarrollo Social implica el reconocimiento de esa responsabilidad social por parte del Estado y que el Estado o el gobierno actualmente, toma medidas para cumplir con su responsabilidad social.
Se habla por otra parte de que en la creación de esa Secretaría de Desarrollo Social se plantea una coherencia en la tarea, en la responsabilidad del gobierno. Así también se expresa la necesidad de no caer en posiciones ideologizantes al respecto.
Nosotros queremos manifestar que en la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno de la República sin duda, como todo gobierno, independientemente de sus metas o propósitos, debe ser un gobierno que tiene que estar atento al entorno social del país, así como al entorno internacional.
La década de la crisis, los graves ajustes que se han realizado o que se han tenido que llevar a cabo en los países como el nuestro, con un bajo desarrollo ha implicado, ha significado graves problemas para la población. Ante esta circunstancia algunos gobiernos, sobre todo de América Latina, han respondido unos más rápidamente, otros menos, a este problema. Hemos visto como en Venezuela el gobierno se ha enfrentado a una circunstancia difícil. Esta circunstancia difícil ha sido precisamente la rebelión de amplios sectores de la población porque los programas de ajuste han sido programas que han afectado radicalmente a la población. Circunstancia semejante se ha presentado, por decirlo, en Perú y en otros países de América Latina.
Si la creación de esa Secretaría de Desarrollo Social implica, por parte del Ejecutivo de este país, el tener en cuenta esa circunstancia, en que el ajuste macroeconómico que será realizado es un ajuste que puede llevar a una dislocación del entorno social, sin duda que la creación de esta Secretaría debe ser observada con cuidado por parte de este Poder Legislativo.
Si bien nosotros tenemos que tomar en cuenta que todo gobierno, todo sector, todo grupo, lleva a cabo aquellas medidas políticas o económicas o sociales que considera que le dan una legitimación, que le dan un consenso social, creemos que este propósito es un propósito legítimo de cualesquier conjunto que gobierna un país.
Ahora bien, nosotros tenemos que diferenciar entre sus intereses específicos o particulares y los intereses generales de la nación.
Si la creación de esta Secretaría de Desarrollo Social implica la posibilidad de crear un organismo que pueda coordinar de manera racional los pocos recursos que tiene el país, en una área tan importante como es el combate a la pobreza sin duda que nosotros en el análisis particular de la iniciativa, tenemos que establecer aquellos mecanismos que consideremos apropiados, que limiten ese paternalismo, ese poder omnímodo del Poder Ejecutivo, etcétera. Así como también, como Poder Legislativo, necesitamos tomar en cuenta, tomar las medidas que signifiquen el respeto y la dignidad de este Poder Legislativo.
Creemos que la producción en el análisis, en lo particular de la iniciativa, llevaría consigo a la creación de una Secretaría que cumpliera con una función social importante en la vida del país.
Continuar en el análisis o bien en la reiteración de una serie de argumentos presentados por nuestros compañeros legisladores, consideramos que no agrega nada al debate. Nuestras ideas fundamentales al respeto están plasmadas de esta manera. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Fauzi Hamdan Amad.
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La iniciativa de reforma, adición y derogación a diversos preceptos de la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, que es uno de los instrumentos con que actúa el Estado, ha despertado al dragón de mil fuegos. y pareciera extraña esta firmación y esta condición mitológica, porque en muchos sentidos y aspectos las afirmaciones que algunos diputados que me han precedido en la palabra, han hecho afirmaciones de carácter mitológico, inexistentes.
El mismo tema de la palabra "desarrollo social", que provoca el título de la Secretaría que se pretende transformar y no crear, da el sentido de la esencia de la problemática y del sentido del ser y existir del mismo Estado y por ello
todos los debates de los que hasta ahora han participado en esta tribuna, han tocado el tema recurrente del desarrollo social. Y no es, como decía el diputado Terrazas y alguno otro que lo secundó, que había que centrarse en el tema materia del dictamen de la comisión sobre esta Secretaría que se transforma. Es que en sí mismo el contenido de la reforma legal trae aparejada toda la estructura de operación y toda la filosofía estatal en la materia de política llamada social.
Y era innegable, porque todo mundo lo sabíamos, que al tocar esta Secretaría, se estaba tocando la parte más álgida, más delicada, más sensible de lo que atañe al Estado y al pueblo del propio Estado que supuestamente recibe sus beneficios a través del gobierno.
Por ello el debate efectivamente es pasional. Y yo no quisiera recurrir en ese apasionamiento, que ya algunos de los diputados que han comparecido en esta tribuna lo han hecho con vehemencia, con convicción, sin lugar a dudas.
Pero lo que no se vale, si se quiere aceptar altura en el debate, como se ha dicho y solicitado, es simplemente, afirmar por afirmar, fustigar por fustigar, desprestigiar por desprestigiar, eso no es debate. Eso es sacar por delante el corazón y la pasión, desbordada y desmedida, sin valladar alguno que lo contenga. Y eso aquí y en cualquier parte no es altura.
Y en una u otra forma las desviaciones del tema han sido tan estrujantes que llegan algunos con dogmatismo a afirmar, sin razonamiento ni premisas que las apoyen. Simplemente yo con toda el respeto que me pueda merecer y me merecen algunos de los legisladores que me han precedido en la palabra, quisiera antes de entrar, ahora si al meollo técnico, jurídico, constitucional, en un régimen de derecho, hacer algunos señalamientos, puntualizaciones y rectificaciones.
La señora legisladora que me acaba de precedir en la palabra, sus razones tiene para afirmar algunas de las situaciones que señaló, pero con muchas imprecisiones.
En primer término, no es una casualidad sino reafirmado por politólogos, científicos de la ciencia de la política, que al hablar de una actitud providencial, mi compañero Paoli y que era referencia a él, pues era precisamente porque bajo esa deidad y bajo esa divinización se proclama como algo que se da y que no se merece y que se da como una dádiva.
Esa palabra dador, providencial, benefactor, paternal, no es un término propio, esculpido, naturalizado por un legislador ahora, sino que lo ha extendido la teoría general del Estado y la ciencia política sobre todo desde principios de este siglo hasta apenas hace cuatro años que está empezando a sufrir un viraje.
Pero lo más grave de toda esta estructura conceptual, es que si se ha perdido el sentido de lo más extenso y esencial que pretende esta iniciativa. No es transformar una Secretaría, sino que es el contenido de las facultades y funciones que se le atribuyen.
Prácticamente se ha dicho que el estado es un organismo vivo. Pero con esta Secretaría se pretende que el único organismo vivo sea está; y las demás, parásitos y subordinados a esta supersecretaría. Y en efecto, el contenido y alcance que pretende dársele a esta Secretaría, prácticamente es realizar todas, todas las atribuciones del Estado contenidas en la Constitución, que son los programas y metas que se fija el Estado a través de la Ley Suprema. Es en el ámbito educativo, en el ámbito de las necesidades fisiológicas primarias e imprescindibles, en el ámbito de las necesidades culturales, incluyendo la educativa, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la recreación, en el ámbito de la actividad comercial y productiva, en donde presenta y se tienden los tentáculos de las funciones que se le atribuyen a esta Secretaría.
Eso no sería malo; ni es deleznable; ni es contrario a derecho, sino fuera el caso, que no lo es, que no tiene un contenido de ley en sentido formal y material, emanado por esta Legislatura, para darle legitimación a esta extensión totalizadora y omnímoda, que pretende llevar a cabo esta Secretaría.
Alguien me diría que precisamente la reforma eso pretende y aquí estamos, sí, nada más, que la diferencia es que por primera vez, por primera ves en la historia constitucional mexicana, desde la Constitución de 1824 y las dos o tres raquíticas secretarías que surgieron, por primera vez, no antes, a una Secretaría se le dan facultades en que no existe una ley o leyes que desarrollen y detallen el contenido de su actividad. Y son precisamente las primeras ocho fracciones del dictamen en que se aprueba en la iniciativa de reforma a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que es con la que se pretende dar la nueva denominación a esta Secretaría, que se transforma.
Y no basta eso, porque el contenido de desarrollo, de política de desarrollo social, simplemente es todo y consecuentemente todo le puede
caer a ese concepto. Los medios, los instrumentos para lograr ese desarrollo social o de bienestar general, como se le quiera llamar, conceptos jurídicos indeterminados, indeterminables, que son continente y no tienen contenido y se les puede llenar de todo, constituye la base sobre la cual pretende actuar el Estado a través de esta Secretaría y con ello, con ello socava toda la estructura constitucional de este país, en primer lugar en el ámbito del propio Poder Ejecutivo le rompe el principio de legalidad, como norma de acción en la realización de obras y servicios públicos; en segundo lugar, socava, disminuye, anula el estado real del federalismo, porque ciertamente, no hay un federalismo formal y material, con autonomía política, si no se tiene una autonomía económica.
Decía la legisladora hace un momento, que el gobernador de Baja California había realizado equis número de obras, entre otras y que él había decidido. Naturalmente. Naturalmente que él lo había decidido; es el órgano ejecutor en la realización de obras y servicios en el ámbito estatal y que esa realización no puede ser extendida a otros niveles de entidades federativas esa misma afirmación, con lo cual obviamente, se entiende que es una confesión dada y ficta, que si no es extensivo hoy, por ejemplo, a otros entidades, se entiende que lo único que mantiene o los únicos que pueden mantener esa autonomía, son los gobiernos estatales de oposición o de resistencia. (Aplausos.)
Pero esto no es un desdoro decirlo y no debe causar admiración o preocupación sino que al revés debe provocar admiración, debe ser de ejemplo de que no quede vinculado al centro toda la actividad llamada descentralizadora a nivel estatal y municipal.
Si ahorita la rama 26 del presupuesto de egresos de la Federación cuenta aproximadamente con 60 billones de pesos, vía ese programa llamado Programa Nacional de Solidaridad, que es programático y aglutina completencialmente a otras dependencias del Ejecutivo Federal, pero que las maneja hasta ahora un solo ente y estructuralmente ni siquiera orgánico, sino directamente desde el titular del Ejecutivo Federal, presupone que se acepte la dádiva, porque de otra manera se cae en la indigencia total. Se prefiere sacrificar por el propio pueblo algo y a veces la propia dignidad personal en favor de un tercero y del pueblo, para no caer en la marginalidad y en la miseria integral.
Este centralismo agudiza el esquema que se plantea en la reforma porque la reforma a esta iniciativa, no es la única que debiera haberse presentado aunque los tiempos cambian y las reformas se modifican para adecuarlas a la realidad. Es un problema estructural básico de como se ha concebido a nuestra manera el sistema federal.
Esta Secretaría define la política, dice, regional y de desarrollo regional y, todavía peor, habla de planeación regional. Ni una ley menciona la planeación regional. La única, la de planeación, ni siquiera habla de planeación regional; habla de programa regional, sectorial, institucional, especial; pero nunca ha hablado de planeación regional. De manera que aún se está contradiciendo con la ley base, ley rectora de un programa de actividad en el gasto público y obviamente sabemos que el gasto público es el instrumento en términos monetarios, en que se lleva y se concreta la política económica, social y de diversa índole. Y el instrumento o medio programático que se ejercerá, se expedirá o lo programará coordinadamente con las entidades y municipios y los llamados sectores social y privado, socava su decisión porque quien tiene el dinero, seamos francos y sinceros, decide. Y en este caso el centro decide porque es el que tiene el instrumento de ese ramo 26.
Si se tiene por necesidad algo qué hacer, no hay decisión; hay adhesión. ¡Y Eso no es autonomía! (Aplausos.)
Cualquier término que se quiera usar, desfasar, en esta tribuna, conculca los más elementales términos, claros y nítidos de nuestro sistema constitucional y de nuestro devenir histórico. se están torturando los términos, dándoles un contenido y alcance al antojo de quien lo proclama y eso es devastar la mente, el entendimiento, la comprensión y consecuentemente la acción.
¿Solidaridad? Es un instrumento evidente y eminentemente político. ¡Nadie lo puede discutir! Ha sido una bandera, un medio.
¿Qué se han realizado obras? ¡Pues sólo faltaba que no!
¿Qué se han realizado ciertos servicios a clases marginadas, miserables? ¡Naturalmente que ha habido ese alcance y esa mano! Pero no institucionalizada, no permanente, no evolutiva, no progresiva, no permanente. ¡Es plataforma política como medio para alcanzar el poder y mantenerse en el poder! ¡Es un instrumento que destruye los principios fundamentales, si es que todavía la hay de la ética política!
Precisamente por esa circunstancia ha "pegado" tanto la transformación de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología en Desarrollo Social. Porque está precisamente tocando las cuerdas más sensibles del hombre.
¡Y no venimos aquí a esta tribuna, se los digo con toda honestidad, ni para uno ni para otro lado a cumplir un objetivo, una meta, sino a apuntar hechos concretos y, sobre todo, si estamos proclamando que la actividad de desarrollo social, de política económica, de política social en sus especies, cultural, se debe realizar en un régimen de derecho, lo menos que debemos hacer es respetar ese régimen de derecho! ¡Y a través de esta reforma estamos trastocando, trasgrediendo y violentando el sistema constitucional mexicano!
En efecto, un instrumento de actividad programática se ha convertido en la sustancia, es decir, el medio, en la causa y en su efecto. Esta aglutinación de conceptos ha provocado toda esta confusión.
La Secretaría que se pretende transformar, es una más entre otras que cumplen también objetivos de contenido social. Que éste es el problema. No tengo el oráculo ni soy profeta, ¡pero les puedo asegurar, y conste, que como está esta Secretaría no va a durar cuatro años así; ni cuatro años le doy!
¡Va a destruir a las demás secretarías! ¡Va a provocar fricciones, tensiones, entre las demás secretarías y sus respectivos titulares de esos órganos primarios constitucionales!
Mientras haya voluntad de quien es el titular originario de la Administración Pública se mantendrán en paz, con apariencia de actividad coordinada y efectiva. Y esto es lo que se busca: coordinación y efectividad. Y lo que va a provocar, a diferencia de lo que dice la exposición de motivos del dictamen que se presenta, ¡es desintegración!
Y resulta más paradójicos, que se une lo que estaba desunido, en una forma coordinada, aparentemente. Y todavía más, en la misma actividad del accionar de esa nueva pretendida Secretaría, se cercena el ámbito del manejo presupuestal. Esta Secretaría va a autorizar inversiones, va a preparar los programas, le cercena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando apenas hace dos meses y medio, aquí, al fusionarse ambas secretarías se dijo, entre otras bondades, la coordinación centralizada del ingreso y del gasto; razonable postura, apoyada y aprobada por al gran mayoría, mayoría absoluta. Ahora la vuelven a cercenar y la razón es la fluidez y rapidez en la inversión, la prontitud en llegar en los servicios y en la realización de las obras públicas. Se entiende implícito que no haya burocracia, esto va a crear más burocracia, más tecnificación, superposición de funciones, interferencias y desgastes político - administrativos. Estoy hablando quizá apriorísticamente, ¡no!, es una realidad que ya se empieza a sentir y a vivir.
Si aquí somos el reflejo de ese mar de angustias que aqueja a los que finalmente se pretende servir, con mayor razón será aquello que desde el poder pretenden hacerlo en forma activa. La buena voluntad de muchos servidores públicos por servir es innegable, es indiscutible, pero eso no es suficiente.
La voluntad individualizada y no concatenada en una estructura institucionalizada, provoca en algunos, por conveniencia, silencio y en otros desentimiento y hasta claudicación; los más valientes, las dos últimas posturas, los de por oportunismo y conveniencia, el sojuzgamiento y el agachamiento de dignidad y calidad como hombres. (Aplausos.)
De manera que ahora cualquier término que se invente o se use, si viene de las estructuras de poder, con que se llega a influenciar la conducta de los demás, que finalmente eso es poder, pero será influenciable y bien recibida cuando tiene su base de contenido y de autoridad moral y por los beneficios y las finalidades que con su conducta va a conllevar.
Esta Secretaría, en consecuencia y lo decía ya el diputado Tavira, es una todóloga amalgama todo y a eso, las ocho fracciones, todavía se le mantienen las que ya tiene ahora la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; se hace una pequeña sagregación o desmembramiento congruente, y ¡qué bueno que se está haciendo¡ con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con la Secretaría de Pesca, con la Secretaría de Educación Pública, pero estructuralmente el adelgazamiento del Estado vuelve a ser otro mito, estamos aquí en la mitología de la administración pública, en lo imaginario, en lo que conduce una conducta reiterada, creyendo que existió, que es cierto o que conduce a una verdad, a una realización.
Que quede claro, no hay que olvidar que institucionalizar algo es partir de la base de su causa progresiva y no un instrumento como medio para alcanzar un fin. Por ello ha provocado tanto enardecimiento, tanta polémica, tanto problema.
Esta Secretaría no va a dar lugar a congruencia en el quehacer de la administración pública y entendamos señores, las secretarías son los brazos, los tentáculos con que actúa el Poder Ejecutivo, son los heraldos, los mensajeros de la voluntad del titular del Poder Ejecutivo y esta Secretaría no va a tener congruencia, porque entonces desde hace 21 años hemos sido incongruentes. Nada más vean los anales de los debates de toda la década de los setenta empezando en 1974 y hasta el último en la parte programática y financiera del Estado para confirmar que desde entonces, desde concretamente 1973 en que se instituyó el presupuesto programático, desde entonces en el período del presidente Echeverría se hablaba de congruencia, de coordinación competencial de las diversas secretarías completándose en su quehacer, la creación de las comisiones intersecretariales que tienen su apoyo, transitorias o permanentes, en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y ahora resulta que para que haya congruencia tiene que haber una sola cabeza; por eso es un dragón de mil fuegos aunque les haya causado risa, porque ahora resulta que el dragón se levanta adormecido, no se le había descubierto y va a ser precisamente el gran sujeto orgánico que va a instrumentar la integración, la congruencia y la eficacia de la administración pública y entonces todos estos años ¿qué ha pasado? ¿Qué ha habido obras? Sí, pero no con el alcance, no con el alcance de parámetros que pudieran haberlas hecho. Que ha habido despilfarros, obras inconclusas sexenio tras sexenio por falta de un Plan Nacional de Desarrollo.
Ha habido tres planes integrales, sabemos que el primero bianual fue de don Emilio Portes Gil, incipiente, con la ley del 30 que se abrogó, con la Ley de Planeación en 1983; en primer plan serio fue de don Lázaro Cárdenas, ya en 1934 1940 un plan estructurado, pero ya vehementemente estructuralmente y con base con el ánimo congruente, este es el tercer plan con diferente nombre y son sexenales, se inicia una obra, cambia la postura, la política de prioridades y se deja a que se destruya, se autodestruya o sea inservible; derroche y derroche de dinero ha habido a través de estas estructuras y ya no hablo de obras y ya tuvimos la oportunidad aquí en esta tribuna hace dos meses al hablar de las instituciones de seguridad social y no hace mucho, hace una semana de una solicitud de un grupo de diputados para investigar a un órgano descentralizado. ¿Por qué? Por la precaridad con que se han prestado los servicios, que ha habido servicios, pues sólo faltaba que no los hubiera, si hasta por conveniencia en mantenerse el poder se tiene que hacer. ¿Qué ha habido algunas conductas dadoras, benefactoras paternalistas? Ya ese término nos parece obsoleto, desquiciante, claro históricamente se dice que hubo justificación, tuvo su momento y ahora cambiamos y ahora entramos en el ánimo de congruencia del llamado liberalismo social, que lo empiecen a definir, que le empiecen a dar contenido y su alcance debido para entender esta nueva estructura de la tecnodemocracia.
Y esto no es nuevo, el liberalismo social, estos programas, llámensele como se les llame, es lo de menos, Solidaridad implica conjunción, participación, adhesión, conciencia, todos estos elementos se dan o en forma vinculada o en forma espontánea; en forma vinculada se llama dictadura; en forma espontánea se llama integración social. Por ello resulta aparatoso pensar que esta nueva Secretaría no pudiera haber dado lugar, como lo esta dando, a un profundo, intenso y apasionado debate, porque es precisamente la esencia de la actividad del Estado. Y si no hay una ley que defina desarrollo social, pues la voluntad del Ejecutivo decidirá qué es, cuándo, cómo y dónde. Si no se institucionaliza, pues queda a su voluntad la transferencia de fondos a las entidades federativas y municipios.
Sabemos que las participaciones federales recogidas en el esquema de distribución de recursos para obras y servicios públicos y sociales en general, es ridículo la cantidad. El diputado Lujambio va a señalar con precisión esas cantidades para que aprecien las participaciones federales.
Ya desde entonces se hablaba que para lograr ese federalismo, esa descentralización política y administrativa real, se requería una reforma estructural de distribución de competencias en materia de contribuciones a nivel constitucional. Pero como ustedes saben, el ramo 26 es el gran dador, no del Programa Nacional de Solidaridad, Programa Nacional de Solidaridad tiene un presupuesto específico de 6 billones y pico, pero las transferencias de recursos federales a las entidades en el ramo 26, para obras y servicios a los estados, es una cantidad muy significativa, 60 billones de pesos aproximadamente. Es una cantidad monstruosa y consecuentemente, si depende de los órganos federales y concretamente del Ejecutivo, porque en esta honorable asamblea desde aquí propusimos meter candado, acotar esas funciones y esa trasparencia institucionalizada y trasparencia de recursos, vino la oposición, vino la resistencia y vino la reprobación y vino el mayoriteo simple. Eso es lo que se logra como instrumento discrecional y arbitrario, a este sí y a ese no, o a este más o a este menos.
¿Quién dice que no es así? ¿Por la afirmación de la señora legisladora? Que ahí están las obras, hasta del niño "PRONASOL" de solidaridad, empresas solidaridad, todo con el calificativo solidaridad. Pero a discreción de unos cuantos, sin la participación institucionalizada.
Se habla de convenios únicos de desarrollo, se habla de la participación de las entidades federativas en la iniciativa. De qué sirve participar si no se tiene libertad. Cuando se tiene necesidad, decía Burdó, no se tiene libertad. Se tiene que tener primero la libertad de la necesidad para poder decidir con dignidad.
El Presidente: - Se le recuerda al diputado orador que han transcurrido 35 minutos de su intervención.
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Todavía peor. No basta la Comisión Nacional de Derechos Humanos para recibir quejas y denuncias de irregularidades en violación de los derechos humanos y dentro de cuyos derechos obviamente están obras, servicios, la parte ecológica, la parte de asentamientos humanos, todos los derechos individuales subjetivos y de carácter social.
Ahora también se propone en el dictamen una Procuraduría de Defensa y Protección del Medio Ambiente. Más gasto, más infraestructura, otra vez a duplicar funciones, a fin de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que habremos de atender su ley orgánica, que ya está elevado a rango constitucional, el famoso ombudsman mexicano y ahora va a duplicar con la procuraduría. Por que si a esas vamos, pues vamos a crear procuradurías de defensa y protección múltiples para toda la actividad de la administración pública. Y ya lo dijeron, Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes, Procuraduría de Defensa en el ámbito de obras públicas y ya están extendiéndose, nuevo sistema de comisiones, nuevas estructuras. Ya las que tenemos, consideramos que es insuficiente.
Voy a concluir señor Presidente. Consecuentemente esta propuesta de dictamen adolece de tres vicios fundamentales: desde el punto de vista constitucional, que no tiene un contenido de ley que desarrolle el concepto desarrollo social;
2. Que las primeras ocho fracciones son atributivas sin contenido de ley y no hay ninguna de estas facultades desarrolladas en la ley orgánica que no tengan a su vez ley que desarrolle y detalle su competencia;
3. Discrecionalidad absoluta en el manejo de los programas y consecuentemente a través del presupuesto vigente;
4. Va a provocar duplicidad, interferencias con las demás secretarías y
5. Destruye el federalismo por la supeditación y subordinación a que están las entidades federativas y municipios por recibir los recursos que dadivosamente y voluntariamente entregue el Ejecutivo Federal. Por ello desde luego el Partido Acción Nacional va a proponer que no se apruebe en lo general esta propuesta de dictamen y solamente dejo en la Secretaría y solicito a la Presidencia que se sirva solicitar a su vez a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificaciones, adiciones y derogaciones a diversas fracciones de los artículos 31 y 32 del dictamen que se presenta a la consideración de esta asamblea. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - En su momento con mucho gusto, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Tovar, del Partido Popular socialista.
El diputado Jorge Tovar Montañez: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Me voy a permitir tocar dos ideas que están en torno a este debate: el federalismo y lo relativo a las competencias. Por supuesto no voy a abordar estos conceptos desde el punto de vista jurídico, que escasamente su servidor podría abordar como lo haría seguramente un jurista; sin embargo estos dos conceptos, estas dos ideas están estrechamente ligadas al punto esencial que a todos nos interesa, que es exactamente la concepción del Estado y la concepción de la sociedad mexicana.
Obviamente el federalismo representa en el conjunto de las luchas históricas del pueblo mexicano, representa un ideal que aún seguimos persiguiendo y tratando de perfeccionar.
Cuando mencionamos el federalismo, no nos referimos a un concepto antagónico del centralismo en el sentido en que lo ha manejado la derecha tradicional en nuestro país, algunas fuerzas que han abusado, han exagerado el concepto del centralismo. Nos interesa el centralismo y nos interesa fundamentalmente el federalismo como una necesidad de lograr en este tiempo un desarrollo equilibrado de todas las regiones y de todas las entidades del país.
Está en la experiencia de hoy, de estos días, de estas semanas, en México la experiencia de los
polos de desarrollo exageradamente crecidos, como es el caso de Guadalajara y ustedes seguramente tienen en mente como yo, ciudades como Monterrey y esta misma capital de la República; que seguramente con las otras modificaciones constitucionales, como la del artículo 27, con el éxodo de campesinos que van a provocar estos cambios en el campo mexicano, van a venir a engrosar, agudizar los problemas urbanos, sociales, principalmente en los focos de desarrollo que ya existen, porque no estamos en vías de crear nuevos y de forma inmediata, nuevos polos de desarrollo. Y eso es lo que nos preocupa.
Debemos entender el federalismo como una necesidad, repito, de desarrollar equilibradamente a todo el país, de manera que en todas las entidades el desarrollo económico, político, social, sea tal que permita la vida digna de todos los habitantes sin crear conflictos que solamente compliquen la vida en determinadas regiones del país, sino que logren un desarrollo para todos los mexicanos, en todas las entidades y estoy seguro que ésta es la aspiración de muchos gobernadores, de muchos gobernantes y de todos los habitantes de las entidades.
Es en ese sentido que queremos mencionar que a nuestro juicio del Partido Popular Socialista, en la iniciativa de ley hay aspectos que no conducen a ese propósito de lograr un equilibrio racional de todas las entidades del país, es decir, se vulnera el federalismo en este sentido que nosotros planteamos.
Voy a mencionar algunos casos que es necesario exponer: En el artículo 32, la fracción VI, involucra a la federación en el aspecto de asentamientos humanos, involucra a la federación en el aspecto de las áreas urbanas para asentamientos humanos.
En ese artículo, en esa fracción del artículo 32, ni siquiera se menciona a las autoridades locales y, obviamente hablar de áreas urbanas para asentamientos humanos, obviamente es un problema de competencia fundamentalmente estatal y municipal, pero aquí ni siquiera se menciona a las autoridades estatales o municipales.
En la fracción VIII del mismo artículo 32, se hace mención a empresas campesinas y en asentamientos populares, pero nuevamente aquí ni siquiera se menciona a las autoridades locales y nuevamente, hablar de empresas en el campo y en las colonias populares, es hablar de problemas de competencia fundamentalmente de los gobiernos de los estados y los municipios.
En la fracción X del artículo 32, se involucra las tierras para desarrollo urbano y como una tarea de prevención nacional que se atribuye a este proyecto de esta Secretaría. Los terrenos para desarrollo urbano, son aspectos que competen fundamentalmente, insisto, a los gobiernos estatales y municipales. ¿Cómo va a poder la federación prevenir a nivel nacional el buscar, localizar tierras para el desarrollo urbano que compete a las comunidades, a las localidades¿ Nos parece exagerada esta pretensión.
En la fracción XI del mismo artículo 32 se habla de elaborar, elaborar programas para desarrollo también en el aspecto de suelo urbano, una tarea también de competencia fundamentalmente estatal y municipal.
La fracción XII habla de promover y concertar acciones de vivienda y desarrollo urbano. Nos parece muy difícil, aunque claro en la práctica se hace, se ha hecho, pero pensamos es una tarea fundamentalmente de los gobiernos de los estados otra vez el atender este problema, es decir, de señalar la medida de las necesidades y proponerlas a la federación en todo caso, pero está en un papel secundario y no como se presenta aquí en esta fracción en un papel fundamental.
Lo mismo podríamos decir de la fracción XIII cuando habla de organizar cooperativas de vivienda, de materiales para vivienda. Los que hemos participado un poco en esto, sabemos que son problemas muy localizados de colonias, de barrios, de cabeceras municipales. ¿La Federación tendrá la capacidad para prever, para organizar, para controlar este tipo de programas a nivel nacional? Nos parece también una aspiración muy exagerada.
Y quiero tocar un aspecto que nos preocupa sobre manera en este sentido de federalismo. Queremos referirnos a las fracciones XXXIV y XXXV del artículo 35 que corresponde a las funciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos según el proyecto.
Se habla en estas dos fracciones de la posibilidad, no con esos términos, así lo interpretamos nosotros, de concesionar la dotación de servicios de agua, así nada más, concesionar, de asignar y concesionar, servicios de dotación de agua.
Y en la fracción XXXV se habla de operar y conservar por sí, nos referimos a esta Secretaría, o mediante otorgamiento de las asignaciones o concesiones, obras de captación, potabilización y tratamiento de aguas. Nos parece que aquí se está intentando transformar o presentar una
nueva interpretación del artículo 115 constitucional.
Yo quiero referir mi experiencia. Hemos tenido que dialogar, comentar, discutir con autoridades municipales en el caso de Monterrey, cuando el ayuntamiento concesionó taxímetros. En medio de esa discusión nos platearon este argumento, esta idea que nos pareció peligrosa y que nos parece que está aquí en estas fracciones a que hice referencia en relación con la dotación de agua.
Se nos dijo y parece ser que es una idea muy generalizada entre mucha gente del gobierno, de que si bien el artículo 115 constitucional establece que los ayuntamientos tendrán a su cargo una serie de servicios públicos, entre los cuales está el servicio público de agua y drenaje, nada dice el artículo 115 y eso digo entre comillados, nada dice el artículo 115 de que no puedan concesionar esos servicios y nos parece que eso es algo a lo que todos nos debemos oponer.
Nosotros nos debemos oponer. Nosotros queremos que se nos diga si estas dos fracciones a las que hice referencia, están implicando que efectivamente se van a concesionar a particulares, a compañías, a empresas etcétera, los servicios de agua potable y de agua también para riego. Esto tenemos que decirlo aquí y aclararlo, sino es así la interpretación ¡qué bueno!, pero si es de esta manera, que sepamos de una vez que vamos a tener que debatir y combatir. Pero si nos preocupa; sería grave que a partir de hoy y si se aprueba esta ley, estas nuevas modificaciones, veamos que se empiecen a privatizar los servicios públicos municipales y, eso sería el extremo, el colmo de la reducción del Estado, un concepto con el cual nosotros definitivamente no podemos estar de acuerdo. Y si quieren ustedes un ejemplo, anticipándonos a esto, recientemente como ustedes saben, algunos diputados estuvimos en Australia y comentando con autoridades y con el cónsul mexicano, nos comentó que había una presión de algunas fuerzas sociales en Australia, para privatizar los servicios de agua potable. Pero la gran mayoría de la población se opone. ¿Qué podemos y qué debemos pensar y decir en el caso de nuestro país?, que fundamentalmente se inspira o tiende a inspirarse en su gobierno, por lo menos así lo exponen literalmente en los principios de la Revolución Mexicana que son de justicia social. Tenemos que meditarlo.
Y quiero pasar al otro aspecto que nos interesa el de las competencias. Repito, no se trata de ahondar en terrenos jurídicos, no soy yo el indicado. ¿Qué nos interesa de la cuestión o del problema de las competencias entre las secretarías y entre las dependencias públicas?, nos interesa sí, que se eviten duplicidades de funciones o multiplicidades de funciones o sobreconcentración de funciones que finalmente lleguen a la ineficiencia. Lo decimos en términos de honestidad, nos interesa sí, que haya buenos servicios públicos, buena atención a los problemas ecológicos, etcétera. Por eso nos corresponde y nos interesa tocar este aspecto de las competencias en el sentido que mencioné. Nos interesa que se le hayan o se pretenda restar a la Secretaría de Educación Pública dos fracciones, la 25 y la 26, que tienen que ver fundamentalmente con las comunidades indígenas. Y está bien que se trata de coordinar las actividades, las funciones, las tareas del desarrollo de las comunidades indígenas.
Pero lo que nos parece muy peligroso es que prácticamente al sustraer esas dos fracciones de la Secretaría de Educación Pública y adosarlas a la nueva Secretaría o a esta Secretaría transformada que se discute, dejaríamos prácticamente a la Secretaría de Educación Pública sin funciones; ninguna función en relación con las comunidades indígenas, ni siquiera la tarea educativa. Me dirán: están explícitas las funciones de la Secretaría de Educación Pública en cuanto a otorgar servicios educativos a todos los mexicanos y ahí están incluidos los grupos indígenas. Pero no es en nuestro concepto el enfoque correcto. Todos sabemos que las comunidades indígenas necesitan, merecen, reciben, han recibido en la experiencia, trato específico para su desarrollo cultural y educativo. Aquí están mis compañeros y paisanos de Chihuahua y saben que ni el propio gobierno del estado de Chihuahua ha creado internados indígenas, desde la época... desde hace muchos años. En todo el país se han creado.
Bueno, ésta es la experiencia de la educación indígena; pero le sustraemos estas dos fracciones, vamos a dejar a la Secretaría de Educación Pública sin ninguna atribución específica en relación con la educación de las comunidades indígenas y su desarrollo cultural que debemos cuidar y aquí apelo a los compañeros que están o estamos en la Comisión de Educación y de Cultura, para que nos den sus luces.
Otro aspecto que nos interesa en torno a las competencias, es lo señalado en la fracción XVI del artículo 32. En nuestro concepto se le están otorgando a esta Secretaría que se plantea o que se están analizando, sus funciones, el poder rehabilitar edificios públicos, claro, de carácter histórico, cultural, etcétera.
Además dice que lo hará, lo podrá hacer en cooperación con otros países y aquí es donde nosotros pensamos que está mal, porque la fracción X de las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública, le dan competencia a la Secretaría de Educación Pública para establecer este tipo de convenios con otros países para, claro, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el mantenimiento de edificios, de monumentos, de ruinas arqueológicas, etcétera, que en un momento dado han sido consideradas como patrimonio de la humanidad y están en las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública y se le están acá duplicando de una manera inexplicable esas funciones, o se le están atribuyendo por duplicado esas funciones a la Secretaría, a la Secretaría de Desarrollo social, que se está discutiendo.
Aquí sí hay un problema claro de competencias, pero creo que además disminuidas y que violan inclusive, recientes modificaciones constitucionales que nosotros aprobamos en relación con los acuerdos y convenios que tienen que celebrar el país, la nación, con otros estados.
Y otra fracción que nos despierta honda preocupación, es dentro de esas atribuciones, dentro de esa función que no está mencionada o apenas mencionada o apenas mencionada en la explicación de motivos, otra función que por supuesto ya estaba en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o ya ésta en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología pero que debiéramos de analizarlo es lo relativo a patrimonio nacional.
Se le señala en la fracción XIX a esta Secretaría, a la Secretaría de Desarrollo Social, la facultad de ejercer la posesión y la propiedad en playas, zonas federales marítimas, terrestres.
Realmente ¿tendrá capacidad esta Secretaría para poder ejercer la posesión y propiedad de las playas nacionales que rebasan los 10 mil kilómetros? ¿No tendría que recurrir necesariamente a otras secretarías como la propia Defensa Nacional o la Secretaría de Marina?
Nos parece que si queremos, lo decimos en sentido de que sea una acción de veras que salvaguarde los intereses de la nación, deberíamos pensar si esta fracción nos está proporcionando tales elementos.
En fin, creo que he mencionado lo esencial de lo que yo, en nombre de mi partido, tenía interés en mencionar.
Repito y quiero insistir en que no son con la idea de hacer énfasis en cuestiones técnicas, que no son de nuestra competencia, sino en cuestiones que tienen un trasfondo político y social.
Lo que entendemos por el federalismo en este momento, para lo que debemos sostener el federalismo y para lo que debemos depurar las competencias.
Queremos aclarar, además, que estos planteamientos que hoy estamos haciendo los hicimos en reuniones de comisiones de una manera general, no era el momento ni el lugar para discutir a fondo, pero queremos dejar claro que estos planeamientos no son nuevos para los coordinadores y los directivos de esta subcomisión. Fueron conocidos en forma general y hoy, en este lugar, hemos querido desarrollarlos, complementando lo expresado por el compañero Martín Tavira Urióstegui.
Tenemos que esforzarnos por profundizar en lo que queremos que sea el Estado mexicano y lo que queremos que sea sociedad mexicana. No perdemos en cuestiones que son secundarias. El fondo, la esencia de este debate, artículos más, fracciones más o menos, la esencia es: qué idea tenemos de lo que es esta sociedad, lo que debe ser y lo debe ser el tipo de gobierno, el Estado, nuestra sociedad. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Eloy Cantú, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Eloy Cantú Segovia: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros y compañeras diputados:
Al analizar la iniciativa de reformas, adiciones y algunas disposiciones que se derogan de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aquí compañeros de mi partido han señalado, atinadamente, que ésta se inscribe en el marco de la reforma del Estado, que ha quedado debidamente explicado.
Quiero señalar que justamente en esta reforma del Estado se plantea una redefinición de las relaciones del gobierno con la sociedad; relaciones a través de las cuales se busca una mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones de asuntos que le conciernen.
Es cierto que en esta reforma del Estado también se busca y se rechaza todo lo relacionado con paternalismo, populismo y demás. Pero también es cierto que la reforma del Estado significa, de manera clara y contundente, poner en claro
la importancia de lo social y, es justamente en la importancia de lo social, donde se entiende, donde se explica esta estrategia de crear la Secretaría de Desarrollo Social.
¿Para qué? Para fortalecer la conducción, la formulación, conducción y evaluación de la política social general del Estado. Pero, cabe hacer una pregunta: ¿corresponde a una Secretaría, a una dependencia del Ejecutivo federal el asumir la responsabilidad total de dicha política de desarrollo social?
Es evidente, del texto mismo de la iniciativa se desprende que el esfuerzo por encontrar el desarrollo social es un esfuerzo compartido; compartido entre dependencias del Ejecutivo Federal vinculadas con el desarrollo social; compartido entre órdenes de gobierno y compartido entre gobierno y sociedad.
En consecuencia, resulta inadmisible pensar que una dependencia va a suplir a todas las demás; que una dependencia va a asumir responsabilidad de todas las demás y las va prácticamente a nulificar.
Es claro y así queda desde la iniciativa que envía el Ejecutivo a esta Cámara que lo que se pretende es. por una parte establecer una dependencia capaz de coordinar en un gabinete denominado desarrollo social, a aquellas dependencias y entidades de la administración pública federal vinculadas con el desarrollo social y, obviamente, únicamente se coordina entre entes independientes o iguales, nunca entre entes supeditados o subordinados.
Por lo tanto lo que aquí se está buscando al hablar de coordinación, es una sincronización de esfuerzos hacia objetivos comunes: el objetivo común y comparativo es el del desarrollo social.
Se habla de que no hay y se ha cuestionado, una Ley de Desarrollo Social. Yo quisiera señalar cuando se hace alusión a que no hay un marco normativo, a que la Constitución señala en su artículo 73, fracción XXIX inciso d, la facultad "para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo social"; leyes.
No puede ser en una sola ley, en un solo cuerpo de normas jurídicas donde se pudiera definir todo lo que es desarrollo social. No puede ser en una sola ley, en un solo cuerpo de normas jurídicas, donde se pudiera definir todo lo que es desarrollo social, es una multiplicidad de leyes vinculadas con el desarrollo social, igual una multiplicidad de dependencias y entidades vinculadas con el desarrollo social, así como no podríamos pensar en una ley, una Ley de Desarrollo Económico, ¿por qué¿, porque el desarrollo económico es un conjunto de políticas económicas las que propician el desarrollo económico; en el desarrollo económico no hay una sola ley, porque hay muchas leyes, como hay muchas dependencias vinculadas con el desarrollo económico. Concretamente, en la política económica podemos entender política de ingresos, política de egresos, política de banca y crédito, política de precios y tarifas, política de comercio exterior, etcétera; una serie de políticas económicas vinculadas con el desarrollo económico.
Por lo tanto, podemos ser la analogía con el desarrollo social, no hay una sola, hay una multiplicidad de políticas sociales que tienden, que covergen, que buscan el desarrollo social. Desarrollo social, en lo general, se plantea en esta dependencia; en lo particular se dice en vivienda, en urbanismo, en ecología, en asentamientos humanos, en desarrollo regional. Pero ciertamente es desarrollo social y es política social la que llevan dependencias como Educación, como salud, las vinculadas con la seguridad social, con la vivienda, etcétera; y por eso lo que se prevee es un mecanismo adjetivo de coordinación, no una atribución sustantiva que supla a las demás.
Queda así pues claro que no se trata de una exageración de atribuciones, las atribuciones son claras, las que tienen referencias en esta Secretaría de Desarrollo Social.
Por otra parte, se ha señalado que se tienen atribuciones sin referencia a una ley, particularmente de la fracción II a la VIII. Hay que recordar estas fracciones, son fracciones vinculadas con proyectar la planeación regional, la fracción II, con coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con estados y municipios, etcétera; son atribuciones que están perfectamente contempladas en la Ley de Planeación, inclusive la coordinación entre el Ejecutivo Federal con estados, está plasmada en la Constitución, en su artículo 26, en lo referente a que es facultad de la ley sentar las bases para dicha coordinación.
Sí hay, en consecuencia, un marco normativo claro en esta materia, como existe en las demás materias. No hay una Ley de Desarrollo Social, pero hay Ley de Vivienda, hay Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, hay una Ley de Asentamientos Humanos, en fin, hay
una multiplicidad de leyes imposibles de enunciar aquí, vinculadas con el desarrollo social. Así pues, si existe, además del marco normativo, existe la referencia específica a lo que concierne las relaciones de normas jurídica a lo que concierne las relaciones de normas jurídicas aplicables en estas materias.
Se habla de que hay una discrecionalidad absoluta por parte del Ejecutivo Federal. La discrecionalidad del Ejecutivo Federal no puede ser absoluta en materia de asignación de presupuestos. En principio y para recordar por qué, porque el Presupuesto de Egresos que va a aplicar el Ejecutivo Federal en lo que concierne el Poder Ejecutivo Federal, lo aprueba esta Cámara; no se puede dar a discreción el presupuesto que desea ejercer, está subordinado a lo que esta Cámara autoriza en materia de presupuesto de egresos.
Pero además todos sabemos cuál es el proceso en lo que concierne a la toma de decisiones en materia presupuestal y, en particular, en lo que aquí se ha cuestionado en materia del ejercicio presupuestal y, en particular, en lo que aquí se ha cuestionado en materia del ejercicio presupuestal del ramo 26, de desarrollo regional y Programa Nacional de Solidaridad. ¿Cuál discrecionalidad cuando la propuesta se inicia desde la sociedad misma, pasa por el municipio y los estados? No se puede hablar de una discrecionalidad absoluta cuando los montos de inversión y los techos financieros y los montos del ejercicio presupuestal se autorizan en esta Cámara y las propuestas de inversión surgen de la sociedad misma. Yo considero que esas expresiones infortunadamente no corresponden con la realidad.
Se habla de duplicidades e interferencias entre diversas dependencias, no se precisa cuáles, pero se presume que en este caso la interferencia sería con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo concerniente a la autorización del gasto en materia del ramo 26. Conviene recordar que en la fracción correspondiente el artículo 32, si no mal recuerdo en la fracción IV, queda muy claro que las autorizaciones de estas inversiones se hacen en coordinación, no supliendo a, sino en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia no hay una interferencia, hay una coordinación en una materia que por otra parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público preserva las atribuciones que nosotros mismos le conferimos en la pasada reforma a la Ley Orgánica.
Se habla de que se destruye el federalismo supeditando a las entidades federativas. Yo quisiera recordar que una de las estrategias fundamentales que hemos visto en esta iniciativa de ley es justamente aplicar la colaboración intergubernamental fortaleciendo el Pacto Federal. ¿Por qué lo planteamos en esos términos? Todos sabemos que las leyes que aquí votamos son leyes generales, en otros términos se aplican por igual en las entidades federativas; sin embargo todos sabemos que el federalismo significa la diversidad en la unidad. Pues muy bien, ¿cómo podríamos atender esa diversidad, es decir esas desigualdades reales en la vocación económica de los estados en su grado de desarrollo relativo, es sus necesidades, en sus prioridades a través de leyes tratando por igual a toda esta diversidad? La forma que se ha encontrado, apegada al mejor espíritu federalista, es a través de convenios, concretamente del Convenio Único de Desarrollo; a través de este convenio se canalizan recursos federales del gobierno federal que decide el gobierno federal descentralizar a estados y municipios para su ejecución. En este rubro cuando se critica al federalismo se olvida que en este presupuesto del ramo 26 que es un presupuesto federal, el año pasado en 1991 el 90% de los recursos, 90 centavos de cada peso que se gastó en el ramo 26 lo gastaron los estados y los municipios; insisto, recursos del gobierno federal, no recursos propios de estados y municipios, no los recursos que por ley les corresponde, sino recursos que el gobierno federal ha decidido para impulsar el desarrollo regional y el Programa de Solidaridad, descentralizar para su ejecución en estados y municipios; justamente éste es el mejor ejemplo de por qué afirmamos nosotros que por esta estrategia se fortalece el federalismo y se amplía la colaboración entre órdenes de gobierno.
Se ha hablado en fin, se ha criticado que ahora sí hay congruencia porque ahora sí se señala que existe esta dependencia; todos sabemos que la administración pública es dinámica, que es un instrumento de acción del Estado que se va adaptando a las transformaciones sociales, inclusive que puede ser y debe ser también instrumento de cambio, que promueva el cambio y entendemos que lo que se está actualmente analizando en esta iniciativa de ley es la experiencia acumulada, es lo que se ha visto como experiencia en los últimos años y que con base en esa experiencia administrativa se traduce hoy en iniciativa para cumplir con un propósito indeclinable de la reforma del Estado y del Estado solidario y es abrir más la colaboración con la sociedad civil y en la iniciativa hay múltiple ejemplo de las citas que se hacen a la participación del sector social y privado y abrir más la colaboración entre orden de gobierno y en la iniciativa y en las fracciones que hemos estado señalando hay múltiples alusiones a la coordinación con estados y
municipios, a la participación de estados y municipios.
Compañeras y compañeros, ahí está el texto de la ley, ahí están las evidencias que hemos señalado, basta hacer una lectura de buena fe, basta hacer un lectura sincera del texto de la ley para confirmar que con esta iniciativa, uno, se logra poner en práctica una estrategia para fortalecer la formulación conducción y evaluación de la política social general con la participación de estado y municipios, con la participación del sector social y privado y dentro del ámbito de competencia de las atribuciones que la misma Ley Orgánica le confiere a todas y cada una de las dependencias del Ejecutivo Federal.
Por lo tanto, no hay lugar a afirmar, con bases sólidas, no hay lugar a afirmar, con justificación en la realidad, de que estamos creando una dependencia que va a venir a suplir a las demás; más bien estamos buscando con esta iniciativa, crear una dependencia que venga a coadyuvar en la coordinación de esfuerzos entre dependencias y entidades de la administración pública federal, para coordinar los esfuerzos en aras del desarrollo social y estamos buscando una dependencia que venga a ampliar la colaboración entre órdenes de gobierno, para fortalecer el federalismo mexicano.
Esos son nuestros valores políticos y ésos son los valores que aquí estamos honrando. Estamos fortaleciendo el federalismo y estamos actuando dentro del principio de legalidad fortaleciéndolo, para dar mayor seguridad jurídica al pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Saucedo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Primero quisiera solicitar de antemano a la Presidencia de esta sesión, que sea insertado en el Diario de los Debates, en su totalidad, el voto particular en contra de este dictamen del Partido de la Revolución Democrática, que dejaré aquí a la Secretaría.
Yo quiero empezar esta intervención señalando lo que hace poco un funcionario público de nivel en nuestro país, declaró el pasado 28 de febrero de 1992. Sus palabras fueron breves: "No habrá más cambios en la administración pública federal". Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación. Esto lo declaró poco después de haber terminado los trabajos del período extraordinario de esta LV Legislatura.
Y ahora bien, hoy viene una serie de comentarios y argumentos que pretenden que la oposición, y me atrevo a decir el pueblo de México, les dé cierta credibilidad a sus argumentos.
Algunas intervenciones como la de la diputada Laura Garza, el diputado Oscar Pimentel, creo con toda sinceridad, se están manifestando en este mismo nivel de declaraciones, que quién sabe quién les vaya a dar tantita credibilidad y ése es un problema muy serio del partido de Estado.
Se ha señalado también aquí, a propósito de la defensa del Programa Nacional de Solidaridad, el PRONASOL, algo que nos queda a nosotros muy claro y ya se ha manifestado aquí. Este programa fue y ha sido hasta ahora una línea, una política de gobierno que le ha dado bastante bien y bastante provecho al partido de Estado y ya lo han señalado otros diputados que me han antecedido y hoy se pretende que esta línea de gobierno se convierta en una política de Estado y entonces resulta que la declaración de Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, pierde toda credibilidad.
Evidentemente que se trata de un regalo, la creación de la Secretaría de Desarrollo Social. El día de mañana el partido oficial, el partido de Estado tiene su XV asamblea y como bien dice un comercial de defensa de los consumidores, "regale afecto, no lo compre"; eso es lo que se le está proporcionando al ex presidente del partido oficial, que el día de mañana, en su asamblea todos sabemos y no es adivinanzas, que más temprano que tarde del día de hoy o posiblemente ya del día de mañana, aquí en este lugar, se va a probar la creación de la Secretaría de Desarrollo Social.
Mi intervención quiere estar referida a presentar un breve diagnóstico, breve balance de la situación social del país, en la idea de que este balance breve sirva de trasfondo al dictamen que se está discutiendo, simple y sencillamente para medir si hay avances o retrocesos.
Finalmente el Programa Nacional de Solidaridad tiene tres años como política de gobierno y hoy se le eleva a política de Estado. Esto definitivamente, para bien del partido de Estado, pero la pregunta es: ¿qué tanto para bien y beneficio del pueblo de México¿ Los datos, sobra
decirlo, tienen referencia, constancia con informes, diagnósticos, estadísticas de carácter oficial. Quien sabe cómo esté puesta la credibilidad en la Cámara de Diputados, con todo lo que se ha venido diciendo.
El dictamen reconoce que educación, salud y nutrición han sido y seguirán siendo los ámbitos en que se miden nuestros principales avances en materia de desarrollo social. Nosotros decimos que en vez de avances, en los últimos años nos encontramos con retrocesos en la evolución de estos indicadores. Revisemos cómo han evolucionado estos en los años recientes y qué tan eficientes han sido tanto en la política del Programa Nacional de Solidaridad como en la política general del gobierno.
Durante el curso de los últimos 10 años, el nivel y la calidad de vida de la mayor parte de la población mexicana, ha sufrido un decenso cuya magnitud resulta ya una cuestión histórica. La profundidad del lastimoso retroceso social registrado no se puede concebir sólo o principalmente como resultado de la crisis económica experimentada la década pasada. El autoritarismo, la antidemocracia y el centralismo, acentuados en el sistema político mexicano en los últimos años, son los determinantes básicos de la inequidad de las políticas económicas aplicada por la actual y por la pasada administración.
Al margen de lo que muy poco en materia de lucha contra la pobreza logran acciones gubernamentales en el Programa Nacional de solidaridad, que ha servido más como política que intentan reconstruir la deteriorada hegemonía del grupo gobernante, que como reales cruzadas contra la pobreza extrema en el país.
La verdadera política del gobierno, debe de identificarse en la agresiva política antiobrera y ésta se expresa en lo siguiente por lo menos: en la actual política salarial, se expresa en la constante represión administrativa e incluso policial de los movimientos sindicales independientes; se expresa en el reforzamiento del control político de las cúpulas, ya de por sí altamente corporativizadas del movimiento sindical; se expresa en los despiadados recortes del gasto público, en los sectores agrícola y pesquero; se expresa en las reducciones del gasto público, en alimentación, comercio y abasto; se expresa en los enormes rezagos en la construcción y mantenimiento de la vivienda, se expresa en el acentuado centralismo, en el manejo de los recursos públicos. No son pocas las manifestaciones de inconformidad, respecto al manejo centralizado de los recursos del programa Nacional de Solidaridad, afectando las competencias de las entidades federativas y municipios.
En materia de ecología, problemas tan recientes y tan graves como la crisis ambiental en la ciudad de México o las explosiones en la ciudad de Guadalajara son consecuencia directa de los recortes del gasto público.
Juegan un papel central en el problema respecto a lo sucedido en Guadalajara, el imperdonable rezago de varios años en la construcción del Metro o en las instalaciones de medios de transporte movidos por energía eléctrica, esto en la ciudad de México. En la ciudad de Guadalajara, por la reducción del gasto público, es conocido el impacto del desplome de los recursos destinados a Petróleos Mexicanos, para la cuestión del mantenimiento; que el deterioro social sufrido por la mayor parte de la población ha sido mayor que la magnitud de la propia crisis, puede comprobarse si se considera que al final de 1982 el descenso del nivel real del producto por habitante, será aproximadamente de 2.5%, esto respecto al nivel máximo que había adquirido este indicador en el año de 1981.
En este mismo período, la caída de la participación de los salarios en el producto interno bruto, ha sido 15 veces mayor al reducirse en 36.8% respecto a la participación que se tenía a principios de la década pasada en el año de 1981.
La realidad es que la mayoría está en el empobrecimiento o en el retroceso en su nivel de vida y para unos cuantos, nacionales y extranjeros, el enriquecimiento extremo.
Los vehículos de empobrecimiento y el retroceso social ha sido tres aspectos fundamentales:
1. El estancamiento en la generación de los empleos.
2. El drástico deterioro de la capacidad adquisitiva del salario, que se provoca, por una parte, por la política gubernamental de contención salarial y por la otra, la política de captación y de represión al movimiento sindical.
Las cifras disponibles permiten documentar la pérdida de cerca del 60% de la capacidad de compra real del salario promedio, entre 1981 y 1992.
3. La reducción de la cobertura, la extensión y la calidad de los servicios sociales prestados por el Estado. Esto por los recortes drásticos al gasto público.
En efecto, el gasto neto por habitante decreció en 41.5% entre el año de 1981 y 1992. Esta cifra es casi 17 veces más grande que la caída del producto interno bruto por habitante, que antes habíamos mencionado. Así, por ejemplo, por sectores, el valor real del gasto público por habitante, registra los desplomes porcentuales siguiente:
En desarrollo rural decrece 70%, en pesca en más del 95%, en educación en 2.2% en desarrollo regional en 33%, en desarrollo urbano 50% y por último, en comercio y abasto 62%.
Para ilustrar la magnitud de lo que ha ocurrido con unos cuantos ejemplos referidos a los temas de alimentación, salud, educación y vivienda, ciertamente dramáticos, tomados de fuentes de información oficiales, citamos los siguientes:
Sobre el número de personas en situación de pobreza. El consejo consultivo del Programa Nacional de Solidaridad nos informó, que el número de pobres en el país creció tanto en su número como en su proporción respecto a la población total entre el año de 1981 y 1987.
Según las cifras que proporciona el organismo citado el número de personas que no satisfacían el mínimo de bienestar en uno o más de los renglones de alimentación, nutrición, salud, educación, vivienda y servicios urbanos, alcanzó en 1987 la cifra de 41 millones de personas, aumentando en 9 millones 800 mil respecto a los que había en 1991.
Por otro lado, el número de personas que no satisfacían ni el 60% de sus necesidades básicas, lo que se ha denominado la pobreza extrema aumentó en 3 millones 600 mil, es decir, un 26% más respecto al año de 1981. Cabe recordar que la población del país creció en el mismo período en apenas poco más de 7 millones de personas.
La dimensión, como la profundidad en la pobreza, ha seguido aumentando en el país. Sobre la alimentación y la nutrición, la Secretaría de Salud, informa que el número de defunciones infantiles derivadas de la mala nutrición se triplicó entre el año de 1980 y el de 1988 de 5.45 a 16.38 por cada 100 millones nacidos vivos.
Según una encuesta publicada por el Instituto Nacional de Protección al Consumidor, el INPCO, la canasta alimentaria de las familias pobres del Distrito Federal, entre agosto de 1988 y el mismo mes del año de 1990, el volumen per capita de alimentos adquiridos se redujo en 1.91%.
De los productos que se han clasificado fundamentalmente en la dieta del consumo de las familias pobres del Distrito Federal, se detectó, entre otras cosas, que el frijol tiene una reducción del 43% del volumen adquirido entre agosto de 1988 y el mismo mes del año de 1990.
En situación similar se encontraron otros productos como la leche, cuyo volumen adquirido se redujo 14% ante un incremento del 76% en el precio. La tortilla de maíz, con una reducción en su volumen de 1.63% y un aumento de más del 148% de su precio. El huevo de gallina con una reducción del 32.5% en la cantidad comprada y un incremento de más de 130% en el precio.
En el aceite vegetal con una caída del 3.6% en la cantidad comprobada ante un incremento de más del 40% en sus precios.
Pudiera argumentarse, frente a esta terrible situación, que el Programa Nacional de Solidaridad no tiene preditariamente áreas del Distrito Federal, por lo que se encuentra libre de pecado frente a la miseria creciente de los pobladores pobres metropolitanos. Pero según los propios datos del Instituto Nacional de Protección al Consumidor, las zonas rurales del país acusan una situación más preocupante que las de las zonas marginales urbanas.
La rápida liquidación de organismos públicos paraestatales y descentralizados El paso de una política de subsidios indiscriminados a otra de subsidios selectivos y la eliminación del precio de garantía, entre otros factores, ha colocado contra la pared a numerosos núcleos de productores.
El regazo de la vivienda. El déficit de vivienda en México, concebido como el volúmen de los requerimientos de construcción, de ampliación y de mejora de la habitación en unidades que no cumplen los mínimos indispensables para un nivel de bienestar se sitúa en cerca de 4 millones 100 mil. Esto en el año 1990, afectando a más de 21 millones de personas. Se estima que cada año se agregan a esta cifra 400 mil unidades. Si continúa esta tendencia, para el año 2000 el déficit de vivienda se va a ubicar a carca de 8 millones 200 mil unidades.
Las modificaciones que se propone en el proyecto de dictamen que se está discutiendo, no hacen sino agravar el panorama al retirarse el Estado de la promoción directa en el sector vivienda y regirlas de acuerdo a los criterios financieros del mercado.
La debilidad principal del enfoque que se nos está proponiendo, es que no se concibe el problema de la vivienda popular como uno directamente vinculado a la evolución del salario y del empleo, es decir, como un problema vinculado a la distribución del ingreso y a la distribución de la riqueza en el país.
Al basarse la política del actual gobierno en la acción de la iniciativa privada, se ha producido la paradoja de generar una sobreoferta de vivienda para sectores de altos ingresos, mientras permanece un enorme regazo para los sectores de bajos y aún de medios ingresos en la población.
Termino recordando a la presidencia que he dejado a la Secretaría el voto particular de la Revolución Democrática en contra de este dictamen, solicitando tenga a bien se publique íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Lujambio, del Partido Acción Nacional.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols (desde su curul): -Señor Presidente, por considerar que este debate ha sido claramente expuesta la posición de mi partido en relación a esta iniciativa; por considerar que ha quedado claramente demostrado con los argumentos de mis compañeros Paoli, Hamdan y Calderón, la inoperancia de este proyecto presidencial que reafirma el esquema presidencialista y centralista que padecemos en este país, he decidido declinar mi participación, por atención al tiempo de todos los señores diputados.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Gonzalo Cedillo Valdés, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Gonzalo Cedillo Valdés: -Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Me permito vertir algunos comentarios respecto al dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Es ostensible observar que el dictamen de referencia en ningún momento se aprecian señalamientos de crítica a la iniciativa presidencial, la cual se debe de externar ante lo que no se puede ocultar y lo que no se puede ni debe dejar pasar.
Nuestro partido celoso de sus principios ideológicos y políticos, nos obligan a señalar que nuevamente se pone en evidencia la ausencia de un sistema de planeación integral, no obstante que en este sexenio se abanderó con el Plan Nacional de Desarrollo, ya que en lo que va de este año la Ley Orgánica ha sufrido varias modificaciones a su estructura jurídica, las cuales no están contempladas dentro de las estrategias de los planes y programas de gobierno.
Lo que mueve a reflexionar a donde se dirige el Estado actual ¿acaso han fracasado las políticas neoliberales y estamos ante un retorno al populismo demagógico que enmascarado de políticas de liberalismo social pretenden encontrar la panacea al grave problema que se ha creado al país¿ Por lo que ponemos en seria duda los éxitos logrados en el campo de la macroeconomía, ya que ha provocado un fuerte desajuste entre los factores de la producción, agudizando el desempleo y congelando los ingresos salariales a la clase trabajadora.
Igualmente se observa que con la creación de la flamante super Secretaría de Desarrollo Social, se pretende encontrar la varita mágica que habrá de activar a la economía deteriorada a las amplias mayorías que hoy se encuentran más desprotegidas, por lo que sí es evidente, es el fracaso de los programas estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que con esta nueva alternativa burocrática se pretende rescatar dichos programas.
Sin embargo, lo que sí es necesario señalar, es que estamos ante un nuevo elefante blanco que integra facultades de varias dependencias y entidades de la administración pública federal, lo que desde nuestro punto de vista se agrava aún más el problema con la integración del Programa Nacional de Solidaridad, porque acentúa con mayor fuerza la toma de decisiones en las políticas para el desarrollo social y porque subordina a las entidades federativas y gobiernos municipales, así como a los sectores de la iniciativa privada.
Por lo tanto nuestro partido sostiene que como principio, se debe dar respuesta en primer lugar, al fuerte deterioro que han sufrido las clases trabajadoras incrementando la capacidad adquisitiva de los salarios mínimos hasta los niveles de bienestar social; que nuestro partido considera el respeto irrestricto a la autonomía de las entidades federativas y municipales y en consecuencia, al Pacto Federal y rechaza definitivamente las políticas centralistas que impiden el libre ejercicio de la soberanía, desarrollo
económico y bienestar social; que se den a respetar los principios contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo e impedir a toda costa que se realicen acciones del gobierno que obedezcan a contingencias y coyunturas de momentos y tiempos de proceso electoral.
Finalmente, esperamos que estas observaciones sean consideradas como parte del ejercicio soberano y libre del Poder Legislativo, dentro de un marco de armonía, porque entendemos que la unidad se determina con base en la crítica y la autocrítica. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Con el permiso de la Presidencia.
El día de ayer, a través de toda la prensa internacional, se registra la asistencia de George Bush a la Cumbre, de la Tierra a celebrarse el próximo mes, en Río de Janeiro, Brasil. Y la anuncia una vez que Estados Unidos ha logrado eliminar las demandas de otras naciones, que buscan establecer límites obligatorios en las emisiones de bióxido de carbono, una de las principales causas de efecto invernadero.
Y la Casa Blanca evidentemente se opuso al establecimiento de límites específicos, argumentando que sería muy gravoso para la agobiada economía estadounidense y crearía desocupación en su país.
¿Por qué empezamos argumentando este asunto¿ Porque es muy claro que todos estos procesos de reforma de administración pública federal, como el que hoy estamos discutiendo, obedecen a un reacomodo del grupo salinista, del grupo hegemónico y dominante en este país. Y esto se anunció desde hace unos días en la comparecencia que hace el señor Córdoba a la Bolsa Mexicana de Valores y donde ya nos anuncia que para seguir desarrollándose el proyecto salinista se requiere la llegada a este país de capitales de alrededor de 150 mil millones de dólares, en un período de 10 años.
Y nosotros aquí podríamos debatir sobre esta iniciativa, lo que ya compañeros de otros partidos de oposición han hablado, porque lo hemos vivido en carne propia como dirigentes urbano populares, sobre los condicionamientos que para obtener el Programa Nacional de Solidaridad, el Ejecutivo y, lo decimos en carne propia vivido, hace a la militancia de las organizaciones sociales. Diciendo en el caso nuestro: "Si estás con el Partido de la Revolución Democrática, no hay nada; si no estás con el Partido de la Revolución Democrática, están todos los recursos que quieras". ¡Evidentemente para perjudicar a la oposición real de este país¡
Y decimos esto también porque aquí podríamos estar debatiendo, como ya otros compañeros lo han dicho, sobre la inconstitucionalidad y muchos miles de argumentos. Pero a nosotros evidentemente que más nos ha preocupado la repercusión que en materia de ecología tiene esta iniciativa que se pretende
Al inicio de este debate también se nos dijo, por el Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que se nos dio un mayor tiempo para que las comisiones que dictaminaran y opinaron discutiéramos con mayor amplitud y hubiésemos podido encontrar los consensos necesarios y posibles.
Pero no. De lo que es la iniciativa del Ejecutivo al dictamen que hoy estamos discutiendo y que fue presentado por Comisiones Unidas, no hay mucha diferencia. Esto demuestra, como ya lo dijo desde un inicio el diputado Paoli, la sumisión de la mayoría oficial de este cuerpo Legislativo al Ejecutivo y hay que decir que más bien el tiempo se amplió y es la presunción que tenemos para intentar tender una "cortina de tiempo" que pretenden se convierta en "cortina de humo" para deslindar de este debate sobre la reforma de administración pública federal, de los últimos sucesos ocurridos en Guadalajara, donde otra vez y más que nunca se notó la incapacidad gubernamental para combinar el desarrollo económico con la protección al medio ambiente.
Tesis que el Ejecutivo se ufana recientemente en cada evento que se presenta, en demostrar que aquí sí se aplica. Pero evidentemente que en los hechos se aleja cada día más de los ojos de la población.
Nosotros haremos primero un comentario general sobre los motivos que inspiran la iniciativa de reforma promovida por el Ejecutivo.
En seguida, referiremos una síntesis del diagnóstico de la problemática ecológica general del país, que sustenta nuestra posición a la reforma referida y nuestra propuesta sobre la creación de una Secretaría de Ecología que tenga como propósito fundamental cumplir con las disposiciones ecológicas establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los diversos instrumentos jurídicos que rigen en materia del medio ambiente.
Al juzgar por la actual situación ecológica y los altos costos que el país ha tenido que pagar, podría afirmarse que la eficacia de la acción gubernamental, sustentada en dichas iniciativas, ciertamente ha dejado mucho que desear. Sin embargo, éstas no dejan de ser un importante marco de referencia en la lógica de concretar avances en la protección del medio ambiente y en la búsqueda de armonizar el desarrollo económico con la dimensión ecológica.
La iniciativa de reforma que ahora analizamos propone la creación de una Secretaría de Desarrollo Social, que concentraría la proyección y aplicación de políticas en materia de asentamientos humanos, desarrollo regional y urbano, vivienda y ecología; se pretende que coordine las acciones federales con las estatales y municipales en materia social, incluye atribuciones específicas en relación a sectores marginales, como los indígenas y colonos pobres; se extiende hacia políticas de desarrollo productivo para grupos de campesinos y planifica el territorio y la distribución poblacional.
En materia de ecología, hace suya la legislación vigente, a su vez propone la creación de una Comisión Nacional de Ecología, que se encargaría de fiscalizar la correcta aplicación de la legislación ecológica nacional, que ahora descentralizadamente será responsabilidad de diversas dependencias federales, tal y como ya lo es ahora.
En una palabra, el Ejecutivo propone concentrar una palabra, el Ejecutivo propone concentrar las políticas de desarrollo social, orientadas a erradicar la pobreza, sobre todo la extrema y a la vez desconcentrar las de la materia ecológica, restándoles a éstas últimas su jerarquía ministerial, propiciando así la dilución y la dispersión en la ampliación jurídica en la ejecución de las acciones.
En el fondo de esta iniciativa se esconde una concepción del desarrollo y el medio ambiente que es indispensable desentrañar y sacar a la luz. Para ello, habría que hacerse una pregunta señores: ¿por qué se integran en una sola Secretaría de Estado las políticas de erradicación de la pobreza y se les relaciona con la problemática y las políticas ecológicas.
La respuesta es sencilla pero profunda. Porque se retoma la obsoleta y ominosa concepción promovida por los países industrializados occidentales en el sentido de que es la pobreza la causante del deterioro del medio ambiente y no las formas productivas y distributivas generales, sustentadas sin cortapisas en una teoría de libre mercado que ha entrado en crisis y en decadencia, entre otras cosas, porque precisamente ha profundizado aún más la pobreza.
En este sentido, es importante dejar constancia de la recesión norteamericana, derivada de problemas económicos estructurales, que la han situado en desventaja estratégica frente a otros países industrializados; de los retrocesos de una nación como Canadá, después del Acuerdo de Libre Comercio, de las vicisitudes de una comunidad de estados independientes que posterior al derrumbe pretende retomar el desarrollo a través de un modelo para la cual carece de condiciones y que la ubican en un callejón sin salida; de las dificultades de la Nueva Alemania unificada, que repercuten en el resto de países europeos occidentales y que sitúan en un serio predicamento a economías como la de Inglaterra o Francia.
En los foros internacionales más avanzados se ha cuestionado sólidamente la visión de ciertos gobiernos de los países subdesarrollados, incluidos el nuestro, plasmados en documentos de nuestra propia agenda o la plataforma de Tlatelolco, en el sentido de reclamar a los desarrollados su culpabilidad en la crisis económica y ecológica internacional. Pero, al mismo tiempo, se les exigen recursos financieros y transferencias de tecnologías para alcanzar los mismos grados y modalidades del desarrollo que se acusa con lo cual se avala en el callejón sin salida de un círculo vicioso y perverso la teoría de que para resolver los problemas ecológicos es indispensable erradicar la pobreza. Resulta entonces, pues, que los principales responsables no son las técnicas productivas de la revolución verde o el uso abusivo de pesticidas y agroquímicos, tampoco lo son empresas como "Petróleos Mexicanos, Resistol, Inverlicrat o Butsiaroso entre otras muchas industrias no lo son los millones de automotores que usan las clases medias y altas que tiene patrones de consumo derrochadores, no lo son las megaciudades mal planificadas, no, los principales responsables del deterioro del medio ambiente son los 40 millones de mexicanos que viven en condiciones materias de pobreza y que tiene patrones culturales premodernos.
Se hace necesario ver pues las cosas desde una óptica y pensarlas desde una lógica distinta, orientadas a modificar substancialmente los paradigmas productivos y distributivos vigentes que son altamente depredadores para que resulte
viable descentralizar e integrar a las diversas entidades de la administración pública federal, de hecho jurídicamente así es ahora, así como a los estados y municipios en las responsabilidades de proyectar y aplicar las políticas ecológicas, pero para ello es indispensable la existencia de un organismo ministerial específico que oriente y conduzca una política ecológica rectora relacionada integralmente la problemática del desarrollo en general y no sólo a la de la pobreza.
Evidentemente que esta tarea no puede cumplirla una Comisión Nacional de Ecología por más desconcentrada y ciudadana que pueda ser y por, más autonomía técnica y operativa que pudiera tener, toda vez que además carece de personalidad jurídica y de patrimonio propio. Desde esta lógica nuestro partido no puede admitir que la dimensión ambiental sea concebida como una variable menor que no merece el status ministerial que antes tenía y que considera a los pobres creados por la política económica neoliberal y redimidos por el liberalismo social del Programa Nacional de Solidaridad hoy transformado en Secretaría de Desarrollo Social como los responsables del deterioro del medio ambiente.
Y en la iniciativa es importante señalar que el Ejecutivo no hace ninguna consideración profunda acerca del cuál es la realidad ecológica nacional y del entorno internacional en que se ubica. Este debió haber sido un requisito mínimo necesario para que los mexicanos pudiéramos entender y en su caso aprobar o rechazar y el gobierno justificar la desaparición de hechos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y su sustitución por un organismo menor en materia de medio ambiente como es la Comisión Nacional de Ecología.
Nosotros quisiéramos tocar lo que para nosotros aquí no se ha dicho con suficiencia y que es la situación de un diagnostico ecológico nacional; en México la problemática del medio ambiente se caracteriza por profundas perturbaciones de los sistemas naturales y por una crisis de las condiciones de vida de la población provocada por el modelo concentrador y autoritario vigente que propicia la polaridad campo - ciudad, prioriza el crecimiento industrial y urbano, prioriza el crecimiento industrial y urbano, genera desigualdad social y pone en peligro las condiciones materiales de reproducción del sistema al degradar las fuerzas productivas, capacidades sociales y recursos naturales. Como solución entonces la fracción hegemónica del bloque dominante promueve la privatización del conjunto de las relaciones y ese propósito se inscribe la transformación del Estado que no repara en el quebrantamiento del orden constitucional para alcanzar la compactación de los aparatos económicos y políticos a través de reformas como la que actualmente se nos presenta, que supone pues reducir la participación estatal en los diferentes circuitos productivos y sociales, para dejarlos en manos de las fuerzas del mercado y al mismo tiempo, impulsar programas destinados a la población que vive en la extrema pobreza, como el de solidaridad, con el fin de mantener la clientela electoral y preservar el control político, para evitar conflictos y movimientos sociales impredecibles.
Nuestro país ha cambiado aceleradamente en los últimos 40 años. La población urbana se ha incrementado del 40.6% en 1950, al 71.8% en 1990. Metrópolis como las de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez, etcétera, han atestiguado un constante deterioro en la calidad de vida y del medio ambiente.
La situación en la zona metropolitana del valle de México, merece particular atención. En las últimas tres décadas generó en promedio el 36% del producto interno bruto y en 1990 albergó el 20% de la población y consumió el 17% de la energía producida en el país.
Cabe decir, sólo por señalar un elemento, que para abastecerla de agua y manejar los afluentes residuales, se propicia la desaparición de los lagos de la cuenca de México, la desecación de las lagunas del Alto Lerma y Chápala, la extinción de la riqueza biótica de las cuencas proveedoras, la transformación de bosques en desiertos y la contaminación de la cuenca de Tula y de la cuenca del Pánuco.
La construcción y operación del sistema de agua potable del drenaje profundo, requiere de altas inversiones. Así sólo el presupuesto de la Dirección General de Operaciones Hidráulicas del Departamento del Distrito Federal, equivale al de varias secretarías de Estado juntas. Además, el recurso se distribuye de manera desigual, al grado de que 3 millones de personas carecen de un servicio cuyo sistema no tiene un tratamiento integral adecuado para su reutilización.
Como se sabe, la contaminación atmosférica es alarmante, debido a la emisión de 5 millones de toneladas anuales de contaminantes. En la zona metropolitana circulan 3 millones de vehículos automotores, existen más de 30 mil instalaciones industriales, de ellas 1 mil 250 manejan residuos peligrosos y 4 mil poseen procesos con emisiones de contaminantes a la atmósfera. Además se producen 200 mil toneladas diarias
en residuos industriales peligrosos y 12 mil de desechos domésticos.
La puesta en marcha del Plan de Contingencia Ambiental en su fase 2, es un claro signo que la contaminación llegó a los 350 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, si consideramos que el índice para medir la calidad del aire en México es de los más tolerantes internacionalmente.
En el ámbito del sector primario, en la medida en que no existe un marco normativo ecológico y en tanto se separan del proceso productivo los costos del uso y abuso de los recursos naturales, las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, transforman los hábitats y paisajes naturales, incidiendo en la pérdida de flora y fauna y causando alteraciones del ciclo hidrológico; éstas, a su vez, causan erosión y salinización de los recursos edáficos y el uso inadecuado de pesticidas contamina suelos, aire y agua.
En relación a la transformación del hábitat y paisaje, puede decirse que está sin alteración sensible el 55.5% de la superficie forestal. Ello habla de una fuerte destrucción de la vegetación del país.
El ciclo hidrológico es afectado por la captación y almacenamiento de agua en las presas, por la explotación de aguas subterráneas mediante bombeo y por la transformación de la cobertura vegetal original.
Y así podríamos seguir hablando del sinnúmero de problemas que en la ecología nacional está causando la política del gobierno actual.
Y en estos grandes rasgos de esta realidad ecológica nacional, que el gobierno de México parece no haber tomado en cuenta para modificar sus criterios de política ambiental, uno se pregunta y quisiéramos también que aquí pasara el partido oficial a decirnos y explicarnos una serie de preguntas: ¿podrá la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos evitar la aplicación de criterios, métodos y prácticas antiecológicas de la Revolución Verde, sobre todo ahora que la nueva legislación agraria les abre una ancha avenida?. ¿Podrá la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos revertir y modificar las prácticas de bosque arrasado que hasta ahora ha propiciado y permitido? ¿Podrá la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial oponerse al industrialismo fordista y teylorista depredador? ¿Podrá la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial evitar tragedias lacerantes como la de San Juanico y Guadalajara? ¿Podrá Pesca evitar el exterminio de la tortuga marina entre otras especies? ¿Podrá Pesca, por fin, evitar las imposiciones norteamericanas que pesan sobre el atún¿ ¿Podrán las entidades federativas y sobre todo los municipios participar realmente en la planeación del desarrollo sustentable con las actuales limitaciones jurídicas y presupuestales a que están sometidas? ¿Podrán las posibles delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social ocuparse de las cuestiones de vivienda, asentamientos humanos indígenas, campesinos y colonos pobres y además de las de la problemática ecológico general de esas localidades? ¿Quién se encargará de los asuntos medioambientales que involucran a varios municipios, estados o regiones? ¿Las legislaciones ecológicas, estatales serán letra muerta? ¿Quién se encargará que el Tratado de Libre Comercio nuestros poderosos socios no impongan sus criterios y ventajas comparativas en materia de ecología? ¿Quién le dará seguimiento a la aplicación de los acuerdos fronterizos medioambientales? ¿Quién elaborará la política medioambiental que deberá impulsar y sostener el país en el ámbito internacional? ¿Quién se ocupará de las políticas generales de investigación científico - tecnológica y de la educación ecológica? ¿Será entonces pues una Comisión Nacional de Ecología cuyas atribuciones son menores al resto de las instituciones con las cuales debe tratar? ¿Cuál y cómo será la representación y poder de decisión estatal o municipal en la Comisión Nacional de Ecología?
Como se observa compañeros, se nos convoca a votar por una reforma sustancial en materia político - ecológica, cuyas consecuencias pueden resultar fatales al cabo de unos cuantos años sin o se modifica su concepción originaria.
¿Es válido entonces que se antepongan los intereses particulares de una fracción del bloque dominante, que prepara los alfiles para la sucesión presidencial a los intereses vitales de generaciones presentes y futuras del país?
Se sobrentiende pues que la política es una gran medida el arte de realizar lo concreto posible, pero eso no da lugar a un pragmatismo sin fronteras, en donde prevalece la lógica de ganar a como dé lugar, aquí y ahora, legando irresponsablemente a las generaciones futuras mayores problemas de los que de por sí tendrán.
A juicio de nuestro partido, no son éstos ni los que vendrán en lo inmediato, tiempos de unilateralidad en el cambio, ignorando artificialmente, como aquí nos hace sentir la mayoría, la existencia de los puntos de vista de los demás,
sobre todo cuando contienen un esfuerzo de argumentación seria y un profundo sentido de responsabilidad hacia México.
De no modificar pues esta actitud el día de hoy, de no modificar esta lógica, es muy probable que en poco tiempo la nación y las generaciones futuras nos lo demanden, aunque evidentemente no será a todos por igual.
Nuestro partido, de acuerdo con lo antes expuesto, considera como de alta prioridad la problemática ecológica nacional, según se deriva de la crisis ambiental que padecemos, que hemos descrito y que si no, retamos a cualquier miembro del partido oficial a que suba a negarlo en esta tribuna, de tal modo que debiera privilegiarse una lógica evolutiva con la creación de la Secretaría de Ecología, que se encargara de actualizar las leyes y normas, así como de la solución y prevención de la problemática ambiental.
Para que esta iniciativa sea integral, requiere de complementarse tal vez con otras instancias de carácter consultivo y ejecutivo, que definan y orienten la rectoría y la responsabilidad del Estado en materia ecológica, con la concurrencia y participación de las diversas autoridades e instituciones federales, estatales y municipales, así como de la ciudadanía. Tales entidades podrían ser la Comisión Nacional de Ecología, la Procuraduría Federal de Asuntos Ecológicos. Pero tiene que quedar claro que tiene que ser sobre la base de la creación de la Secretaría de Ecología y además, entendiendo que si vamos a crear una Comisión Nacional de Ecología, tendría que ser como un órgano consultivo descentralizado y que tendría como función definir las políticas aplicables en materia de ecología. Y pensar en la Procuraduría Federal de Asuntos Ecológicos, tendría que ser, para poderle dar la facultad de determinar las violaciones a la legislación relativa, con el fin de fincar las responsabilidades administrativas a que haya lugar ante las autoridades competentes.
Con estos argumentos, compañeros, con esta realidad ambiental que hoy se vive, si hoy aquí ustedes aprueban esta reforma de creación de la Secretaría de Desarrollo Social, no tan sólo van a crear una nueva Secretaría de Desarrollo Social, sino que seguramente están destruyendo nuestro país, nuestro territorio y acabando con nuestra soberanía. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: -Señor Presidente; compañeros diputados:
Hemos pedido hacer uso de la palabra para ampliar los comentarios de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que crea una nueva Secretaría de Estado y al mismo tiempo para hacer algunas puntualizaciones, respecto de lo que ya...
El Presidente: -Un momento, señor diputado orador, por favor. Se les suplica a todos los asistentes, tanto en correderos como en galerías, de que guardemos el orden debido, ya que estamos en el descenlace del desahogo de este tema y que los oradores les otorguemos toda nuestra atención.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:- Que ya en esta tribuna hicieron mis compañeros Martín Tavira y Jorge Tovar.
Nuestra principal discrepancia con la iniciativa, consiste en lo siguiente: nosotros vemos que se trata de crear una Secretaría que concentra atribuciones de muchas secretarías, Creo que este asunto ha sido comentado con mucho detalle por los compañeros diputados. Interviene lo mismo en materia forestal, que en flora, en fauna, en vivienda y en una enorme gama de campos que son atribuciones de otras secretarías de Estado.
Nuestra crítica al Proyecto de esta Secretaría consiste en el desorden, en la anarquía, en la duplicidad y en el conjunto de contradicción en que incurre esta nueva dependencia en el seno de la administración pública. Esa es nuestra principal contradicción, con la propuesta que hoy estamos examinando.
Se trata de crear una Secretaría con poderes administrativos muy amplios, fundamentalmente obedeciendo al momento político que vive el país, pero que el día de mañana, así como hoy estamos creando esta supersecretaría, el Ejecutivo puede enviar otra iniciativa para reducirle atribuciones y para devolvérselas a las dependencias que han sido despojadas de ellas.
Pero fundamentalmente los que nos preocupa es que crece la Secretaría desde el punto se vista administrativo, pero no crece desde el punto de vista político. Pareciera una contradicción lo que estamos afirmando, pero no es así.
Si nosotros revisamos la mayoría de las facultades que se otorgan a la nueva Secretaría tenemos
que la mayoría son facultades de carácter normativo, de carácter indicativo y muy pocas son de carácter ejecutivo. Porque desde nuestro punto de vista el Presidente cometió un error al ordenar la redacción de la iniciativa, error que consiste en mezclar los asuntos relativos a la ecología, al desarrollo regional, con los asuntos referentes al desarrollo social.
Es verdad que todos estos asuntos están interrelacionados, están vinculados, pero no cabe duda que el desarrollo regional, la protección del medio ambiente, tiene su propio campo de acción, tiene su propia esfera de actividad y el desarrollo social tiene su propia naturaleza, sus propias funciones y sus propias competencias.
Por esa razón se incurre en una serie de inexactitudes graves que se reflejan en toda la iniciativa y señalare algunas. Se afirma que en los últimos años han avanzado el combate contra la pobreza, como una forma de acreditar el ejercicio del Programa Nacional de Solidaridad ya citado por muchos diputados.
Pero hace unos cuantos días la facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló un estudio que comprueba que mientras el gobierno afirmaba que hace tres años había 51 millones de mexicanos viviendo por debajo del nivel de la pobreza, ahora, tres años después, son 55 millones de mexicanos.
El hecho de que haya aumentado el número de mexicanos que viven por debajo del nivel de la pobreza, nos está demostrando el fracaso rotundo que ha tenido el Programa Nacional de Solidaridad, porque si el Programa Nacional de Solidaridad hubiese tenido éxito, por lo menos, el número de mexicanos que viven bajo el nivel no hubiese tenido éxito, por lo menos, el número de mexicanos que viven bajo el nivel de la pobreza se hubiese mantenido estancado, no hubiese crecido, como así lo afirma este estudio al que hago referencia de la facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El problema fundamental es el Programa Nacional de Solidaridad, la concepción que este gobierno tiene del desarrollo social es fundamentalmente una concepción asistencialista, que va a otorgar servicios públicos en las áreas más deprimidas de nuestro país, en las colonias proletarias y en las zonas rurales. Pero no hay en la concepción del desarrollo social la parte fundamental que nos interesa a nosotros, la inversión de carácter productivo.
De tal manera que aunque se han ampliado los servicios de agua potable, de alcantarillado, de alumbrado público, la visión asistencialista del desarrollo social, el nivel de vida de la población se ha deteriorado tremendamente en los años de vigencia y de aplicación que tiene esta política. Esto quiere decir que no ha ido al fondo, que no ha ido a las causas estructurales de la pobreza.
Y aquí viene nuestra segunda crítica. Una de las fallas de esta iniciativa es que no vincula la planeación nacional y regional con la estructura económica del país. La olvida y, al olvidarla no va al fondo de los problemas que conforman lo que llamamos comúnmente como la pobreza.
¿Cuál es el fondo de la pobreza?, el fondo estructural que no toca la política asistencialista del gobierno. Durante un sexenio una etapa de cero crecimiento en la economía; de desplome de la producción industrial; de deterioro de la producción de alimentos; de disminución de la calidad de los servicios públicos, la llamada época del cero crecimiento que hubo durante el sexenio del licenciado Miguel de la Madrid. Durante un sexenio el país retrocedió en términos estructurales más o menos 30 años, porque el nivel de vida de la población, después de que concluye el período del cero crecimiento, se retrocedió a los niveles de vida, a los niveles de consumo que el país tenía en los años sesenta. O sea que todo el país, toda la nación y todo el pueblo, retrocedieron aproximadamente 20 años en lo que corresponde a sus niveles de vida, a la calidad de sus satisfactores y a la calidad de éstos. Fue una etapa que se perdió para el desarrollo económico nacional y no solamente se perdió, sino que se involucionó con respecto a la situación que prevalecía en los años sesenta.
Por eso encontramos nosotros que la iniciativa habla de ordenar el crecimiento urbano y proyectar la población. Pero en ese momento no hay ningún plan de desarrollo nacional, que tenga un soporte económico, financiero, que permita su aplicación. Para poder ordenar el crecimiento de la población, para poder corregir los desequilibrios regionales, para poder cambiar grandes masas de la población de unas zonas a otras; para poder cambiar millones de mexicanos de las zonas de alta densidad como la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, a las llamadas ciudades medias, se quiere un plan de desarrollo urbano que no sea un ejercicio teórico de los urbanistas; que no se quede como una actividad formal de los planificadores, sino que fundamentalmente mueva el aparato productivo del país. ¿Por qué se concentra la población en tres polos de desarrollo? ¿Por qué en el otro lado de la moneda hay una gran dispersión de la población rural? Porque en los tres polos de
desarrollo que ya he mencionado, hay una gran concentración industrial y fundamentalmente comercial y de servicios.
El principal imán que atrae los movimientos migratorios en un país, es la generación de empleos, es el funcionamiento de la industria, de los servicios; y ahora, últimamente, de esta última actividad.
De tal manera que la única forma de ordenar el crecimiento del país en forma equilibrada y homogénea, sería moviendo importantes activos industriales, importantes empresas de los tres polos de desarrollo, a las llamadas ciudades medias y de esta manera, durante un proceso que durará muchos años, podrá la población de nuestro país reubicarse, acomodarse en función de la satisfacción de sus demandas, fundamentalmente de la demanda de empleo.
Pero no hay, en la iniciativa, ningún poder que se le dé a la nueva Secretaría para ejecutar estos planes.
Por ejemplo, en las ciudades de nuestro país, hay un gran deterioro del nivel de vida de la población, porque durante todo el sexenio anterior, la tasa de crecimiento de los servicios: agua potable, drenaje, alcantarillado, etcétera, no creció, o si bien creció, lo hizo por debajo del crecimiento de población y de sus expectativas para satisfacer necesidades básicas. Dicho de otra manera: creció la población demandante de salud; pero no crecieron el número de camas de hospital. No aumentaron las instalaciones sanitarias; creció la demanda educativa; pero se mantuvo estacionaria la capacidad instalada de la demanda educativa. Aumentó la demanda de vivienda; pero la oferta de vivienda, estuvo muy por debajo del crecimiento de la demanda de vivienda. O sea que creció la población, crecen sus necesidades, pero los servicios públicos no crecen.
De tal manera que no encontramos en la iniciativa, cómo, de una manera concreta, esta Secretaría va a cambiar el patrón de deterioro que hay en las ciudades.
La mayor parte de los servicios públicos del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, se encuentra en un proceso de acelerado deterioro, porque en muchos casos ni siquiera se mejoraron. De tal manera que se requieren fuertes inversiones para mejorar el equipamiento urbano, para ampliar los servicios urbanos y con el Estado que proconiza Salinas, no hay ni esas inversiones ni la posibilidad de tenerlas en el corto plazo, porque el proyecto hace descansar el mejoramiento de la vida en las ciudades, en la intervención de los capitales privados, en la privatización de los servicios públicos.
El gobierno se ha olvidado de ampliar los servicios que los pensadores neoliberales, clásicos, consideraban consustanciales al Estado: agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, recolección de la basura y seguridad.
Esas funciones los teóricos del liberalismo las asignaron al Estado gendarme, porque decía Adams Smith que si el Estado no era capaz de prestar estos servicios, ese Estado no tenía razón de existir y debía desaparecer y, es verdad.
Un Estado, un gobierno, que no es capaz ni siquiera de prestar estos servicios fundamentales, no tiene caso que exista en nuestro país y debe ser rechazado por todos nosotros.
La calidad de vida de las ciudades no se va a mejorar con la privatización de los servicios públicos. Porque si bien hasta hoy no hay una política desarrollada al respecto, ya observamos que la primera particularidad de la enajenación de los servicios públicos es la del encarecimiento de estos servicios. Como es natural el concesionario busca la mayor tasa de utilidad y, por lo tanto, tendrá que tener tarifas adecuadas para obtener esa tasa de ganancia.
Por esa razón, pensamos nosotros que no hay ni la concepción, ni los recursos, porque el grueso de los recursos está destinados al Programa Nacional de Solidaridad y, este programa atienden fundamentalmente a las zonas más pobres de mas más pobres, a las más atrasadas de nuestro país. Con la situación siguiente:
En este momento hay cinturones de miseria rodeando las zonas centrales del Distrito Federal, de Monterrey y de Guadalajara. Una gran cantidad de aluviones, migraciones, se han concentrado alrededor de las ciudades y están conformando verdaderos cinturones de miseria, en donde se carece de los servicios públicos fundamentales.
Aquí queremos señalar que la iniciativa transgrede el orden jurídico federal, porque la prestación de los servicios públicos corresponde originariamente al municipio, después al gobierno del estado y en tercer término al gobierno federal.
Nada tiene qué hacer el Presidente de la República abriendo un hidrante de agua potable, en
una comunidad alejada del estado de Oaxaca o del estado de Guerrero. Nada tiene qué hacer el Presidente de la República inaugurando un camino vecinal entre dos comunidades indígenas de un estado como Chiapas. ¡Eso es hacer a un lado la atribución que tiene el gobierno municipal para prestar los servicios públicos?
¿Pero cómo se van a prestar los servicios si los recursos fiscales los concentra el gobierno federal y da migajas a los estados y a los municipios? Precisamente redistribuyendo el ingreso del gobierno federal, vía mecanismos de carácter fiscal.
La mejor forma de fortalecer al municipio es dándole más recursos, por la vía de los Convenios de Coordinación Fiscal y por todos los mecanismos que tiene la administración pública que permiten que el gobierno federal transfiera los recursos a los estados y a los municipios.
Si en verdad queremos fortalecer el sistema federal, hay los sistemas administrativos, los recursos jurídicos, para que los estados, para que los municipios, tengan sus propios recursos, derivados de la transferencia que hace el gobierno federal hacia ellos. Pero esta transferencia debe ser en función de un Plan Nacional de Desarrollo Urbano que tienda a corregir la existencia de los dos Méxicos de que habla el maestro Pablo González Casanova; realmente no hay un México, sino hay dos Méxicos, hay un crecimiento irregular frente a zonas industrializadas, altamente desarrolladas, hay zonas deprimidas, pobres, frente a las zonas residenciales de las grandes ciudades hay colonias paupérrimas, de tal manera que hay prácticamente dos México: el México de la burguesía y el México de los pobres y, esa situación tiene que ser corregida mediante un Plan Nacional de Desarrollo a corto, a mediano y a largo plazo, que tenga como eje fundamental el plan y la inversión.
Una de las críticas que hacemos a este proyecto es que tiene un plan, pero se queda una declaración de buenas intenciones, porque no tiene su sustento y el sustento de todo plan es la tasa de inversión que acompaña a ese plan, que lo hace viable y que lo hace que se materialice. Y no hay, en esta iniciativa, ningún esfuerzo porque los planes se conviertan en realidades. En primer lugar, porque los recursos para la asistencia social, no quiero ya volver a mencionar el Programa Nacional de Solidaridad, sino los recursos para la asistencia social se van a agotar al concluir este sexenio: los 48 billones que el gobierno federal ha captado por la venta de las empresas y de los bancos, se van a agotar al concluir este sexenio. De tal manera que esta iniciativa debe ver hacia el siguiente sexenio y hacia el futuro.
Preguntamos: ¿qué hará el próximo gobierno federal ante la carencia de los recursos derivados de la privatización del sector público? ¿Cómo financiará los programas de asistencia social, si ya no va a tener recursos, puesto que la fuente de ellos se ha agotado al terminar de vender el Banco Internacional en los próximos días¿ ¿De dónde, de qué fuente va a obtener recursos el siguiente gobierno para hacer cumplir las promesas que están contenidas en esta iniciativa?
No lo sabemos, pero posiblemente estén calculando que al agotarse la fuente extraordinaria de la asistencia social, que este gobierno terminará en forma exitosa desde ese punto de vista, estará como alternativa la venta de los recursos naturales del país.
Por esa razón nos envían la Ley Minera, nos envían la Ley de Pesca, porque agotados los recursos financieros extraordinarios le queda al gobierno neoliberal la venta de los recursos naturales. Por esa razón se pretende que el capital privado, nacional y extranjero, invierta en la plataforma continental y, si ustedes ven el contenido de esas dos leyes, ése es el propósito, que el siguiente gobierno, supuestamente surgido del grupo neoliberal, tenga esa alternativa: ofrecer los recursos naturales, minerales, agrícolas, pesqueros, para poder tener fuentes de ingresos.
Y la otra fuente de ingresos es, no cabe duda, que el capital extranjero, porque muchos de los proyectos que están contenidos en este dictamen no los podrá hacer el capital privado; difícilmente el capital privado va a poder instalar varias plantas procesadoras de basura en Monterrey, en Guadalajara o en la ciudad de México, porque implican grandes inversiones, de tal manera que aquí queda al grupo neoliberal la otra alternativa, que el capital extranjero entre a la prestación de los servicios públicos fundamentales. Por estas razones en que nosotros estamos en contra de la iniciativa, no porque veamos en ella el regreso a la política revolucionaria, no porque veamos en ella el regreso de la intervención del Estado en la economía, sino porque se crea una estructura administrativa hipertrofiada, deformada pero sin sustento económico y sin capacidad política, ésas son las razones de nuestro voto en contra. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Emilio Becerra.
El diputado Emilio Becerra González: - Compañeras y compañeros diputados: señor Presidente de la Cámara de Diputados.
Alto a la peruanización del sistema político mexicano; con estas leyes, estas propuestas, las acciones del gobierno y la exposición de motivos, tanto la expresa como la tácita derivada de las últimas acciones y programas del gobierno federal, nos estamos equiparando a la política del gobierno de Fujimori y eso señores no lo podemos consentir, este Congreso tiene que recuperar y hacer valer su independencia y tenemos que hacer uno y otro llamado en ese sentido; no podemos aceptar que en México como parte de esa corriente mundial que se menciona y de que no somos una ínsula, se sigan instrumentando las peores acciones y las peores políticas del mundo y quizá sin que se diga aquí se podría argumentar que así como Fujimori dijo que el Congreso pues le estaba poniendo muchas trabas y le estaba haciendo muy difícil sus leyes y por eso decidió disolverlo y encarcelar a todos los que pudo.
Después el Presidente de Ecuador también dice que como el Congreso no aprueba sus leyes rápidamente pues él promulga las leyes aun cuando el Congreso ni siquiera las haya analizado. El propio Yeltzin en Rusia está pidiendo facultades extraordinarias porque no puede gobernar y tiene que someterse a los acuerdos, a la censura y a la fiscalización del Congreso.
Un demócrata tan reconocido como Leach Walessa también dice que no puede gobernar porque el Congreso le está causando ciertos problemas y no sólo sino hasta el gabinete y que quiere que se le den más facultades.
George Bush está haciendo un llamado en la campaña electoral y dice que el Congreso dominado por los demócratas es el causante de que sus programas no se lleven a la práctica y que ello pone en riesgo la estabilidad y el futuro de los americanos.
Señores, estas leyes, estas propuestas y esta exposición de motivos nos ponen en riesgo o en la tesitura de que de una manera tácita queremos entender este tipo de situaciones. También y como una muestra de que en esta Cámara de Diputados ni se respetan las leyes, ni se respeta la dignidad, ni la autonomía del Poder Legislativo, lo tenemos en los recientes acuerdos con motivo de la crisis de Guadalajara.
Aquí se hizo una comisión para ir a investigar y resulta que esa comisión de un poder autónomo y que tiene la capacidad de fiscalizar a todo el Ejecutivo, se le cerraron las puertas de Petróleos Mexicanos y no pudo entrar porque se les dijo que ahí no entraba el Congreso, que ahí las únicas órdenes que se recibían eran de la Presidencia de la República.
También y posteriormente aquí se acordó citar al director de Petróleos Mexicanos para, de acuerdo con el informe que él diera, decidir si procedía una comparecencia o no y qué fue lo que pasó?, en vez de citar al director el director cita a la gente del Congreso y yo me negué y reitero porqué no quise ir allá, siendo miembro de la Comisión de Ecología, porque ello afectaba la dignidad del Congreso en su conjunto, de la comisión en lo particular y de la mía personal como representante de la nación. Este tipo de acciones no puede continuar.
Después aquí se toma de acuerdo el sentido de que lo que dijo ese señor, que no dijo nada y ese famoso derecho ocultamiento que una y otra vez invoca la mayoría frente al derecho a la información, que ya no era necesaria su comparecencia y resulta que este Congreso, a pesar de tener una comisión y a pesar de tener el derecho de fiscalización sobre el Ejecutivo, está en las tinieblas, respecto a ese asunto.
Y quizá por ello también hablaba el diputado Fauzi de un dragón de mil fuegos.
Es que ya en esta Legislatura y con todas esas figuras jurídicas que aquí salen, ya no sabe uno qué tipo de cosas pueden suceder. Aunque Amador Rodríguez no lo mencionó pero sí invocó un dragón azteca o quizá una serpiente emplumada, porque cuando se pidió que se hiciera comparecer al director del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores, dijo que ése no era un organismo de la administración pública, hizo una serie de argumentos, malabarismos, etcétera, etcétera y, se decidió que no era posible, por la mayoría, investigar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Sin embargo, aquí en la exposición de motivos el licenciado Salinas piensa de otra manera y me voy a permitir leer textualmente qué es lo que él dice, para ver si como aquí se decía que hubiera congruencia, en cuyo caso habría que revocar aquel acuerdo, o también que Salinas no tiene razón y que por congruencia le tenemos que decir que lo que aquí propone no procede.
Y me voy a referir en la exposición de motivos al contenido de las páginas 18 y 20 que dicen así. En la página 18, en el párrafo último dice:
"De merecer la presente iniciativa la aprobación de ese honorable Congreso, el Ejecutivo Federal procedería a crear un gabinete de Desarrollo Social, mismo que vendría a sustituir al de Bienestar Social. Dicho gabinete estaría presidido por el titular del Ejecutivo Federal...", etcétera. Y luego dice: "Se tiene previsto que el gabinete se integre desde luego por el Secretario de Desarrollo Social..." Y además dice: "... los secretarios de Educación Pública, Salud, así como por los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores...", repito, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y yo me
pregunto: esa serpiente emplumada, es o no es de la administración pública. Y luego continúa, en el penúltimo párrafo de la página 20 dice: "Adicionalmente se tiene previsto que un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, forme parte del órgano del gobierno del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
¿Pues no vino a decirnos aquí el exministro de la Corte que ellos no aceptaban que se le metiera nadie ahí en ese instituto y que era un patrimonio exclusivo de los trabajadores y que esta fuera de toda normatividad y de toda legalidad?
Pero eso no es todo lo grave, aquí dos dirigentes que tienen contacto directo con quien ejerce el Poder Ejecutivo y que además son de su confianza, nos han venido a anunciar el proyecto reeleccionista para 1994; me refiero concretamente a César Augusto Santiago y a Laura Alicia Garza Galindo.
César Augusto en su primera intervención decía que la estructura administrativa no es inmutable, refiriéndose evidentemente a ese proyecto que tienen mente, y luego lo conforma Laura Alicia, cuando habló y dijo más o menos textualmente: "Les anticipo, esta reforma a la Administración Pública no será la última", y nos dio más indicios cuando se quejó de que alguien decía o cuando se refirió a una queja de que el se decía que el Programa Nacional de Solidaridad nada más servía para las campañas y ella dijo: "Efectivamente ésta es una campaña, pero es una campaña permanente". Claro, es una campaña permanente desde el 8 de diciembre que tomo posesión el licenciado Salinas, porque ya desde entonces estaba pensando en el proyecto reeleccionista y así como esta mayoría ha aprobado todo tipo de leyes y reformas, más o menos de aquí a un año, en el segundo período de sesiones de 1993, estarán dándonos todo tipo de argumentos para apoyar la reelección presidencial; entre otros nos dirán que en Estados Unidos es costumbre la reelección, que en Francia también, que en Inglaterra lo mismo, que en todos los países civilizados y adelantados, la reelección es lo usual y que además desde el punto de vista razonable, no puede ser que alguien que ha cumplido con sus funciones tenga que licenciarse e irse a su casa; que la gente que ha cumplido, lo correcto es que pueda terminar y continuar el inicio de su obra. Más o menos esos son los argumentos que ya se están manejando en la oficina de la coordinación de la Secretaría y no sé que más nombres tiene, de la presidencia de la República.
También por todo ello y porque la estructura de la administración pública mediante esa Secretaría, ha evitado cumplir con la propia ley.
Yo no conocía hasta antes de este proyecto de reforma y me puse a estudiar porque me preocupaba ver que en los folletos que nos mandan a los diputados, y si ustedes tienen por ahí alguno a la mano y si no ya lo verán, en donde viene la estructura del gabinete federal, viene en primer lugar el secretario o el ... ahorita les digo cómo se llama, el coordinador de la Presidencia de la República, que es un señor Córdoba Montoya y viene ahí su nombre y él viene en primer lugar; luego viene Otto Granados y vienen como ocho o 10 funcionarios de esa Secretaría y luego en segundo término vienen todos los secretarios de Estado.
Si todo ello no es un anuncio, si todo ello no es un proyecto, no sé de qué manera queramos que no hablen o que nos esperemos hasta mayo o junio de 1993 para el proyecto reeleccionista. Por eso yo decía que aquí en México, ni queremos ni vamos a aceptar, ni debemos permitir que continúe la pronunciación de nuestro sistema político.
Fíjense ustedes cómo dice este acuerdo, que es un acuerdo administrativo, al margen de la Ley Orgánica de la Administración Pública y dice así: "Artículo primero: se crea la oficina de coordinación de la Presidencia de la República cuyo titular será designado por el Presidente de la República", y luego entre sus funciones dice: "Artículo segundo, tercero: hacer el seguimiento del debido cumplimiento de los acuerdos y órdenes presidenciales. Cuarto. Verificar la realización de los Programas e instituciones que expresamente señale el titular del Ejecutivo
Federal cuando abarquen a más de una dependencia. O sea, que ya se olvidan de las comisiones intersecretariales de las que tan acertadamente hablaron los diputados Fauzi Hamdan, ya nada de comisiones intersecretariales, el coordinador de la Presidencia de la República es el supersecretario este señor Colosio ni todos ellos, no, es este otro señor, esto es nada más una cortina de humo.
Fracción V. Coordinar y llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos que se tomen en el seno de los gabinetes especializados, elevando a la consideración del Presidente de la República, la situación que guarde el cumplimiento de los mismos, etcétera.
Todo este tipo de facultades es una manera de rodear e impedir el cumplimiento de la Constitución de la República, la cual, en su artículo correspondiente no prevé nada de coordinadores ni supersecretarios ni cosas así que se le parezca. El artículo correspondiente es el artículo 90, y dice así: la administración federal, será centralizada y paraestatal. Mi abuelito decía: así como Salinas, empezó don Porfirio. Primero dijo que nada más otros cuatro años y después que ya no y se quedó hasta que casi se murió. Eso era lo que decía mi abuelito al respecto.
El Presidente: -Orden: señores diputados. Y se le solicita al diputado orador concentrarse en el tema que estamos desarrollando.
El diputado Emilio Becerra González: Dice el artículo 90: la administración pública federal será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos.
Los negocios de la federación únicamente están a cargo de las secretarías de Estado no de coordinaciones ni de organismos desconcentrados ni cosa así por el estilo, ni una serie de nombres, que de ninguna manera contempla la propia Constitución y a lo cual me referiré más adelante.
La Ley de la Administración Pública Federal, reglamentaria de ese artículo 90, establece que los negocios de la federación se llevarán a cabo a través de secretarías de Estado y prevé de manera accidental las reuniones de gabinete para casos excepcionales. El artículo correspondiente es el artículo séptimo de la administración y dice habrá reuniones de secretarios de Estado, para definir o evaluar la política del gobierno federal en materias concurrentes de varias dependencias, "estas reuniones presididas por el titular del Ejecutivo Federal". Y ahora resulta que tanto en estos acuerdos que aparecen creando estas oficinas y que habla en un acuerdo al margen de la ley dé, ahorita les digo cuantos, en el artículo cuarto habla del gabinete económico, del gabinete agropecuario, del gabinete agropecuario, del gabinete de bienestar social, del gabinete de política exterior y del gabinete de seguridad nacional.
Y yo me pregunto y les pregunto a los diputados ¿en qué ley establece este tipo de gabinetes o en qué constitución? Estas series de engendros que a lo único a que dan lugar es a las argumentaciones sofísticas de Amador Rodríguez, sirven nada más como justificación para que el Ejecutivo haga lo que quiere, viole la ley e ignore al Congreso y este Congreso parece no darse por enterado.
Actualmente y a partir de diciembre de 1988 se está gobernando por decreto no por ley, porque fíjense qué coincidencia. Este decreto que crea la oficina de coordinación se dio el 6 de diciembre de 1988, cinco días después de la toma de posesión; y el acuerdo que crea el antecedente de esta Secretaría, que es el Acuerdo que crea la Comisión de Programa Nacional de Solidaridad, como órgano de coordinación y definición de las políticas, estrategias y acciones que en el ámbito de la administración pública se emprendan, éste es el día 5 de diciembre.
O sea que todo este tipo de proyectos ya se tenían desde mucho tiempo antes. Y como acertadamente decía algún diputado, ¿cómo podemos entender y cómo podemos aceptar que haya dignidad en este cuerpo legislativo, cuando se nos cita a una reunión extraordinaria para aprobar la Reforma de la Administración Pública Federal? ¿Qué en ese tiempo no tenían ya ese proyecto en mente? ¿Qué no lo tenían bien diseñado?
Pero lo que pasa es que en nuestro país estamos volviendo al pasado. Las naciones civilizadas se gobiernan de acuerdo con leyes más o menos permanentes y esas leyes son válidas para cualquier persona que ejerza el poder. Solamente en las naciones autoritarias o muy primitivas se gobiernan de acuerdo con el capricho y la voluntad del monarca y entonces ahí la palabra del monarca es la ley
Aquí es lo que está pasando. Cada vez que se busca una persona para una Secretaría
inmediatamente se reforma la Ley de la Administración Pública. Eso no puede pasar en un país moderno y en un país civilizado. Sea quien sea el titular, la ley, las funciones y las atribuciones deben ser más o menos las mismas. Pero aquí en cuanto mandan a Educación Pública a Cedillo no hay persona de confianza que asegure el proyecto reeleccionista y entonces desaparece la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Ahora cuando mandan a un señor que creó un desastre ecológico de candidato a gobernador de Veracruz, resulta que Chirinos pues no sabe nada de Ecología y eso lo pueden atestiguar, perdón, digo Colosio no sabe nada de ecología, Chirinos tampoco, y eso lo pueden atestiguar quienes asistieron a esa reunión con Colosio.
Y precisamente el propio proyecto está diciendo se va a crear una Comisión Nacional de Ecología para que tramite todos lo asuntos correspondientes a la ecología. Es un reconocimiento tácito de que el secretario de Ecología no puede llevar adelante los asuntos de ecología.
Pero también esto tiene otra implicación muy grave, como decían algunos de nuestros compañeros, no es posible que a 15 días de la reunión de Río de Janeiro y cuando se va a discutir el tema de la ecología como un tema prioritario de la política mundial, aquí en México ya no hay Secretaría de Ecología.
Independientemente del nombre y de las funciones, por dignidad del país y por un convencimiento y un reconocimiento de que los problemas ecológicos son problemas prioritarios, debemos mantener el nombre de la Secretaría de Ecología.
Si no es posible que se cree, de acuerdo con la propuesta de nuestro compañero Manuel Huerta, una Secretaría de Ecología, además de todas las secretarías que ya hay, con las funciones específicas, lo menos que podemos hacer, es que si así como aquella secretaría se llamaba de Desarrollo Urbano y Ecología, pues ésta se llame de Desarrollo Social y Ecología. Es el mínimo de congruencia de la que tanto han hablado los del Partido Revolucionario Institucional. Pero éste quizá ni conoce la congruencia ni muchas veces las leyes.
Estaba yo leyendo a propósito de esta ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico y quizá esto le pueda servir para los amparos de la gente que está acusada en Guadalajara o no sé yo a nadie. Pero fíjense cómo ya no se respeta la ley. En el artículo 182 de la Ley General del Equilibrio Ecológico dice: "Para proceder penalmente por los delitos previstos en este capítulo, será necesario que previamente la secretaría formule la denuncia correspondiente, salvo que se trate de casos de flagrante delito". Y el licenciado Morales Lechuga a tres o cuatro días o seis días del asunto de Guadalajara, consignó a varia gente por delitos previstos en la Ley General de Equilibrio Ecológico; y ni era flagrante delito en ese momento, ni tampoco había denuncia de la secretaría, porque Colosio estaba escondido y además le andaba echando la culpa a las aceiteras.
Señores, no podemos mantener esta situación de ilegalidad. También en esta propia ley, fíjense cómo se nos anticipan cosas que después no aparecen en las leyes. Aquí en la Exposición de Motivos, aun cuando no se habla de la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria que prácticamente ya nadie se acuerda de ella, sí se menciona que varias de las facultades de esa secretaría, van a pasar ahora a la Secretaría de Desarrollo Social y que el titular de esa secretaría se va a encargar de andar promoviendo todo tipo de acciones agrarias, es en la página 19 y dice así: "Se busca convertir a la Secretaría de Desarrollo Social en uno de los ejes fundamentales para lograr el desarrollo rural integral, objetivo previsto en la fracción XX del artículo 27 de la Carta Magna. Es así que se le encomendaría coordinar y ejecutar programas especiales para la creación de empresas de campesinos que impulsen el desarrollo productivo en el campo, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.
Para la debida coordinación de acciones en esta materia, se tiene previsto que la Secretaría de Desarrollo Social forma parte también del gabinete agropecuario lo que permitiría además una adecuada definición y evaluación de la política del gobierno federal al respecto.
Y después busco en las 33 facultades de la Secretaría de Desarrollo Social y en ninguna de ellas aparece esta encomienda que seguramente tendrá que llevar a cabo. Por eso no podemos admitir este tipo de leyes y no podemos admitir en la Exposición de Motivos expresa o deducidad de otras acciones, sea la que gobierne al país y que pase por encima de las decisiones de esta cámara. Y si no es esto parte del proyecto reeleccionista, ¿cómo podemos entender que cada vez que el licenciado Salinas va a cualquier estado, lo primero que hace al reunir a los campesinos, es perdonarles la deuda que tienen con las
distintas autoridades crediticias y además pagar las deudas que tienen con los municipios o con los estado y subrogarse en el pago de esas deudas. Yo diría: si es tal la decisión de favorecer a los campesinos, ¿por qué no hace un decreto en donde dice que todas las deudas de todo el país, quedan perdonadas? Pero no, como decía Laura Alicia Garza Galindo, están en campaña permanente y como parte de la campaña permanente, se necesita que el candidato perdone las deudas en cada estado de manera directa y que él sea, como decía por aquí alguno, el dador supremo, etcétera.
Señores: no podemos continuar aceptando este tipo de políticas; tenemos que hacer valer la soberanía de este propio poder. Tenemos que establecer leyes y cuidar que esas leyes se cumplan; tenemos que llamar a los secretarios de estado y que esos secretarios de estado participen en los debates y den la cara.
Es cierto que ya nuestro reglamento es un poco anacrónico, pero fíjense, cuando el Partido de Estado gobernaba sin ningún otro partido en la cámara, había un poco más de dignidad de su parte, al grado que en el artículo 130 del Reglamento, dicen:
"Cuando alguno de los funcionarios a que hace referencia el artículo 53 concurra a las cámaras para informar sobre algún proyecto de ley a discusión, ya sea invitado por el Ejecutivo o a iniciativa propia, o sea que podían venir por su cuenta porque había respeto a la dignidad y al valor de las decisiones del Poder Legislativo y venían los secretarios de estado y tenían sus propias curules asignadas, decía, se concederá primero la palabra al funcionario para que informe a la cámara lo que estime conveniente y exponga cuantos fundamentos quiera en apoyo de la opinión que pretenda sostener.
Después se concederá la palabra a los miembros de la asamblea inscritos en la Presidencia. Si durante la discusión al funcionario o funcionarios comparecientes fueren interrogados, podrán contestar entre los debates las interrogaciones de que fueren objeto. Si alguno de los diputados o senadores inscritos en pro quisiera ceder sus turno al compareciente, se concederá a éste la palabra, sin perjuicio de que al venir la discusión se le permita hablar sobre los puntos versados durante el debate".
En aquel tiempo los secretarios de estado estaban interesados en participar, de hecho, participaban. Había majestad, soberanía y autonomía del Poder Legislativo.
Aun cuando haya por ahí un candidato en Veracruz que haya dicho que somos nuevos reaccionarios, hay parte del, pasado que debe de continuar vigente. Lo mejor de ese pasado debe de rescatarlo el Poder Legislativo y como parte de ese pasado y como repetición del grito de 1910:
"¡Sufragio Efectivo. No Reelección!" (Aplausos.)
El Presidente: Tiene la palabra la diputada Layda Sansores, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Layda Elena Sansores San Román: -Señor Presidente; compañeros diputados:
Quiero hacer dos propuestas concretas; quiero hacer algunas reflexiones. Pero antes que nada, quiero hacer una precisión muy enérgica:
Ni el Presidente ni el Partido Revolucionario Institucional ni la mayoría parlamentaria, pretenden la reelección de nadie. Óigase bien: ¡de nadie! (Aplausos.)
Ahora sí, si me permiten, dos propuestas de modificación al artículo 32 en la fracción X, en la fracción XXVII.
En la fracción X, el Partido Acción Nacional y mi partido, proponemos:
"Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, con la intervención, en su caso, de la Secretaría de la Reforma Agraria, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos regular en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades.
En la fracción XXVII del artículo 32, proponemos: "Vigilar, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, cuando no corresponda a otra dependencia, el cumplimiento de las normas y programas para la protección defensa y restauración del ambiente a través de los órganos competentes y establecer mecanismos, instancias y procedimientos que procuren el cumplimiento de tales fines en los términos de las leyes aplicables".
Quisiera que se sometiera posteriormente a la asamblea, para entregárselo señor Secretario.
Unos breves comentarios acerca del Programa Nacional de Solidaridad.
Se ha señalado que el Programa de Solidaridad es un programa personalista del presidente Salinas. ¿Qué habrá mayor contundencia en la respuesta que hoy en este recinto se discuta la creación de la Secretaría de Desarrollo Social y que dentro de ella se contemple la institucionalización de lo que a la fecha ha sido el Programa Nacional de Solidaridad?
Creo que con este hecho evitamos que acciones que deben tener permanencia, continuidad, se diluyan con los vaivenes sexenales. Al institucionalizarse el Programa Nacional de Solidaridad se le da un marco administrativo y jurídico, y se favorece la coordinación con otras instancias que encaminan sus esfuerzos a la gestión social.
Se habló de descentralizar la operación del programa. Que paradoja. No hay programa de gobierno de la magnitud de solidaridad que esté más descentralizado.
A la fecha se han creado más de 80 mil comités, integrado por amas de casa, por jóvenes, por maestros, hasta por sacerdotes de diferentes credos religiosos. Todos ellos electos de manera democrática.
Están distribuidos a lo largo y ancho del país. En comunidades muy apartadas. Con todas las imperfecciones que quieran imputarles; ahí están trabajando, tomando decisiones conjuntamente con sus presidentes municipales, vigilando, ejerciendo una auténtica contraloría social.
Esta es la descentralización con sentido pragmático que requiere la operación de la obra pública. Así lo entendemos.
Las autoridades que más éxito han tenido en este sistema de trabajo, sean del partido que sean, son las que han tenido el oído más sensible a los reclamos populares.
Para quienes critican que solidaridad nació con dedicatorias partidistas, pues que digan mejor que lleva etiqueta pluripartidista; porque no son fantasmas los 192 presidentes municipales del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Popular Socialista, del Frente Cardenista, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que trabajaron con entusiasmo y con responsabilidad el programa en 1991.
Y en 192 municipios, solidaridad invirtió 1 billón de pesos; que significa la quinta parte del total de los recursos del programa.
Podemos afirmar que a ningún presidente municipal se le ha pedido subordinación política. ¿O díganme a quién de ellos se les ha pedido que traicionen a su partido o que traicionen a sus ideas, sólo para obtener mayores recursos para su comunidad?
Se ha dicho que el Programa de Solidaridad responde a fines electorales. Pues pasaron las elecciones federales de agosto y como en toda contienda electoral, señores, ganamos y perdimos. Y el programa continúa aplicándose con más recursos todavía, en donde más se necesita, sin importar calendarios electorales.
No es casualidad que en los estados en donde más recursos aplicó solidaridad, es en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, justamente situados "en la cuenca de la pobreza de este país", donde según los índices de organismos internacionales habitan los pobres más pobres de México.
Los que más lastima los programas de gobierno, es el burocratismo y los procesos acelerados de rigidación; los dos son letales para la buena marcha de la administración pública. Y tenemos que reconocer que a tres años de iniciado el Programa de Solidaridad ha conservado su frescura, su flexibilidad, ha aceptado la crítica y ha ejercido la autocrítica y está siempre en constante proceso de transformación y de enriquecimiento.
La experiencia dice que los recursos que se destinan a grupos marginados cumplen una función cuando llevan la pequeña obra, el aula, el drenaje, la calle pavimentada, la luz, en fin, pero hay que andar otros caminos que transformen con mayor profundidad, con mayor impacto económico , la vida del pueblo.
Por eso, el programa ha apoyado, sin cancelar otras vertientes, proyectos productivos y de infraestructura básica, ascendiendo a 2 billones los recursos destinados a ellos.
Se ha hablado mucho durante este debate de la pobreza. Quiero decirles que el problema de la pobreza es añejo, no nació hace 63 años, como quiere hacerse sentir, con la creación de mi partido; diría que la pobreza es polvo de muchos lodos, a todos nos preocupa, cómo no va ser preocupante que en la última década de cada 10 mexicanos que nacieron, nueve nacieron pobres y viven pobres. Pero no se trata de buscar culpables, la pobreza es el padecimiento social más grave que sufre nuestro país, erradicarla trasciende la acción partidista, la acción de gobierno, de una sociedad aislada, debe convertirse en una razón de estado, apoyado por una gran fuerza popular.
El presidente Salinas considera que la pobreza extrema es el mayor reto que tenemos los mexicanos de nuestros días y desde el inicio de su gobierno ha dirigido una acción sin precedente para disminuir la brecha que hay entre la opulencia y la miseria. Más de 20 billones se han ejercido en tres años de gobierno del Presidente Salinas para combatir la pobreza, con acciones sistemáticas.
El Programa de Solidaridad, es el pilar de la política social de este gobierno y se afana en mejorar la redistribución a través de una fórmula política que ha motivado la participación de millones de mexicanos. No cabe duda que cuando la sociedad participa, los recursos que están destinados al gasto social se multiplican.
El espíritu solidario del pueblo de México nos viene de muy lejos, ahí están el tequio en Oaxaca, está la tenencia de la tierra con sentido comunitario en los pueblos indígenas. Lo que hizo el Presidente Salinas es rescatar estas formas de trabajo comunitario para convertirlo en estrategias de gobierno para la obra pública
Señores, el programa de solidaridad ya pasó la prueba del ácido, en cada grupo social, en cada municipio, en cada entidad federativa ha probado su eficacia; la movilización popular que ha alcanzado no tiene parangón. Decía un compañero que peor que no tener qué comer, es no tener en qué creer y este programa ha recuperado la confianza en la obra de gobierno, pero sobre todo en la capacidad de la comunidad para al autosugestión.
Compañeros, creo que deberíamos de sentarnos en estos debates parlamentarios para perfeccionar, no para descalificar este sistema de trabajo que ha probado sus bondades. Gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: -Con el permiso de la Presidencia:
Tiene razón la compañera diputada que me antecedió en el uso de la palabra cuando afirma que el problema de la extrema pobreza es de los grandes problemas y los grandes retos que como nación tenemos que enfrentar; sin embargo yo creo y considero que una gran omisión en la elaboración de esta iniciativa está precisamente en el asunto de cómo vamos a combatir la riqueza extrema que es el polo opuesto y la causante central de esta pobreza extrema. En ese sentido creo que esta iniciativa debe contemplar por lo menos en su exposición de preocupación por la distribución del ingreso y la preocupación por acabar con esta riqueza extrema, este enriquecimiento de unos cuantos mexicanos a costa del trabajo, el esfuerzo, el sudor y la muerte de millones de mexicanos.
Quiero hacer una propuesta concreta, creo que ha estado ausente del debate, incluso de los planteamientos, a hacer propuestas específicas sobre problemas específicos que padecen los mexicanos. Retomando un poco las conclusiones de las audiencias de vivienda que se desarrollaron en esta Cámara de Diputados a convocatoria de esta LV Legislatura el pasado marzo, la preocupación general de los ponentes a lo largo de toda una semana, de muchas horas de discusión era cómo encontrar alternativas para los sectores económicamente más desprotegidos que son los que sufren mayoritariamente el problema de la vivienda.
Los mexicanos, se señalaba una y otra vez de manera reiterada, tanto por el sector público, el sector privado, los organismos sociales y civiles, todos los mexicanos tienen que ser sujetos de crédito para vivienda, independientemente si tienen recursos pequeños, si tienen recursos grandes, se tiene que garantizar este acceso a la vivienda porque afortunadamente México es de los pocos países de los 40 países en el mundo que ha reconocido el problema de la vivienda como un derecho y en este sentido hacerlo realidad hacer realidad este derecho, el derecho a la vivienda y el derecho a las ciudades y a la planificación, a tener un vida digna es cuestión también de voluntad política. La Secretaría de Desarrollo Social al menos debe planificar, puntualizar esta situación e incluir mecanismos que favorezcan la distribución del ingreso, el acceso igualitario para todos los mexicanos a los beneficios a los que se tiene ya derechos.
Haré dos propuestas sobre la promoción social de la vivienda. Ante el hecho de que la Secretaría de Desarrollo Social se mantendrá como cabeza del sector vivienda en el país, concentrando los recursos de los organismos de vivienda así como la determinación de las políticas de vivienda en el país que se detienen recursos suficientes prioritarios para la promoción social de la vivienda integrada por los mismos derechohabientes o beneficiarios de los créditos. Como alternativa las promociones privadas cuyo objetivo central es la ganancia y el lucro, las promociones sociales sean la base para la construcción de vivienda.
en el país mediante la participación directa de los mismos beneficiarios en la construcción de su vivienda y la ofertación de viviendas para el mercado, a fin de ampliar este y reducir los márgenes de acción de los especuladores.
El mecanismo que proponemos constituye una forma de distribución del ingreso sobre la base de proteger a los grupos de menores recursos mediante la oferta de vivienda para sectores de mayores ingresos que accedan a la vivienda de interés social mediante el crédito de la banca fobibanca. Esta oferta comercial sería un porcentaje de las viviendas construidas por la promoción social haciendo de esta acción a través de las organizaciones sociales y populares la columna vertebral del programa de vivienda. Eso es una propuesta.
La siguiente propuesta es sobre los requisitos que se deben cumplir. Las organizaciones sociales, dada la autosugestión de cada grupo que vigila sus propios intereses, han logrado demostrar la eficiencia popular en la administración y aplicación de los recursos, reduciendo costos de manera considerable en comparación con otras instituciones. Si a esto agregamos la posibilidad abierta y reglamentada de oferta vivienda en el mercado inmobiliario los grupos de menores ingresos podrán financiar parte de su propia vivienda para otros sectores de ingresos mayores.
Ante la centralización de los recursos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, de todos los organismos de vivienda, consideramos fundamental que se definan los recursos para las promociones sociales, fijando reglas para su otorgamiento y a fin de evitar el desvío y la especulación con los mismos.
Esta regla sería: primero, que cada promoción cuente con un padrón establecido ante el Patronato del Ahorro Nacional o algún sistema de ahorro popular; segundo, que cada integrante entregue constancia de no propiedad expedido por el Registro Público de la Propiedad y tercero, comprobante de ingresos del titular y de la familia. Entrego a la Secretaría mis propuestas.
En el caso del suelo, que es un asunto nodal para la planificación de las ciudades, tenemos una propuesta:
Dadas las amplias facultades normativas que contiene la iniciativa de ley de la Secretaría de Desarrollo Social y ante las facultades que tienen los gobiernos de los estados en torno al suelo, demandamos que el suelo urbano susceptible de ser utilizado para proyectos de vivienda de interés social, sea otorgado prioritariamente a las organizaciones sociales que gestionan la promoción y construcción de la vivienda.
Esta es la otra propuesta, porque asegurado el suelo mediante proceso de expropiación concertada a algún mecanismo que sea pueda retomar, éste sería el primer piso para dar garantías a la construcción y el acceso a los créditos.
Dejo aquí mis propuestas con la Secretaría. Muchísimas gracias.
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra al señor diputado Alejandro Luévano, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Alejandro Luévano Pérez: -Con permiso de la Presidencia; compañeros diputados:
Ciertamente el tema que tenemos hoy en día, es un asunto que invita a una amplia reflexión y a una necesaria discusión, sobre el conjunto de orientaciones que el grupo gobernante está dispuesto a aplicar en estos tiempos. Sin embargo, por el tono de las intervenciones de esta tarde, pareciera ser que lo que aquí urge es que pasemos este asunto, termine la lista de oradores y procedamos a la votación y consumar el hecho que se contiene en la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Una serie de comentarios se han presentado aquí. Se ha dicho que el asunto que estamos discutiendo no es cuestión de modas y efectivamente, hemos venido hablando en diferentes ocasiones que se trata de todo un esfuerzo que determinadas corrientes están impulsando en los países de todo el continente, es un proyecto muy concreto de un Estado aparentemente más ágil, más delgado pero que tiene que ver en gran parte con una línea de aparente descentralización que tendríamos que entrar el debate de ésta de una manera bien particular y bien analítica.
Hemos dicho en temas anteriores, que el proceso de reforma del Estado que está aplicando el grupo salinista, tiene metas precisas, que aquí no se ha querido venir a dar el debate global y a buscar un planteamiento que lleve precisamente a una transición democrática del Estado y de toda la sociedad; se viene empujando reformas particulares, desagregadas y en cada una de éstas se hace una suerte de argumentaciones que tratan de justificar la bondad de las mismas propuestas así desagregadas, en lo particular
y sin entrarle de conjunto al problema que tiene la nación y que nos corresponde a nosotros participar en la definición de éste.
La reforma liberal del Estado, que se viene empujando en toda América Latina y en los países europeos, está dando ya también sus saldos, es un proceso donde se están transfiriendo a la iniciativa privada un conjunto de actividades básicas y se está transfiriendo también a la sociedad un conjunto de actividades fundamentales bajo un discurso solidarista y que aquí se viene a connotar bajo el planteamiento del Programa Nacional de Solidaridad.
Se dice en otra intervención que tan sólo 93 municipios que está gobernando la oposición concentran una quinta parte del presupuesto que ha aplicado el Programa Nacional de Solidaridad durante el año anterior y efectivamente esto es así. Hay una actividad muy insistente sobre los municipios que está gobernando la oposición. El propio titular del Poder Ejecutivo está al frente de la entrega de esos dineros, al frente en el trato directo con alcaldes, al frente de la relación directa con las comunidades en ese tipo de campaña permanente que se ha venido a mencionar aquí para recuperar el consenso y la credibilidad en torno al partido oficial.
Se dice también que el Programa Nacional de Solidaridad, luego de tres años de su aplicación ya ha pasado pruebas sustanciales, sin embargo en la propia argumentación que se nos presenta está la respuesta más clara de a qué tipo de pruebas o escalas nos referimos en los avances del Programa Nacional de Solidaridad, cuando se dice que en los últimos 10 años, de cada 10 niños nacidos, nueve nacieron pobres y que continúan pobres, y entonces nosotros preguntamos ¿dónde está efectivamente los alcances que ha tenido el Programa Nacional de Solidaridad en estos tres años de su aplicación?, porque pareciera ser entonces que la realidad por cruda y cruel que sea, ésta va a continuar siendo así y el Programa Nacional de Solidaridad entonces seguirá siendo solamente un instrumento de campaña del partido del poder en el mejor de los casos y si no de la figura presidencial en el México moderno.
En el fondo de esto efectivamente hay un debate sobre la concepción de la política social. A lo largo de estas semanas de análisis de la iniciativa, se ha venido diciendo que se cambia el planteamiento de la política de bienestar social por la del desarrollo social y se trata de intervenir por medio de esta nueva secretaría, en un conjunto de acciones que tampoco son todas las que se necesitan. No se habla y no se interviene directamente en los problemas de educación, de salud, de alimentación, y tampoco se abordan problemas fundamentales de un desarrollo global que requiere la nación.
La redistribución de las funciones de la administración pública, se dice también que es uno de los propósitos de la iniciativa que está a discusión.
Sin embargo, creo que un conjunto de diputados que me han antecedido en la palabra, han señalado con toda claridad como en lugar de avanzar efectivamente en una redistribución de funciones para una mejor administración, se está planteando un concepto de concentración en una secretaría de un conjunto de funciones básicas, pero al mismo tiempo funciones vitales como la atención a la ecología y al medio ambiente, son destinadas a una atención de segundo nivel. Y esto lo hemos venido diciendo también y se ha presentado una propuesta concreta de elaboración de una iniciativa particular para la conformación de la Secretaría de Protección Ecológica y del medio ambiente.
Efectivamente, estamos en un debate muy parcial, y seguiremos insistiendo en la necesidad de englobar el análisis y la discusión sobre la reforma del Estado. Efectivamente, esto seguirá apareciendo cuando discutamos sobre el Sistema Nacional de Vivienda; seguirá apareciendo cuando discutamos sobre la legislación de pesca, seguirá apareciendo cuando discutamos sobre las reformas en materia laboral, etcétera, y nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de afrontar un debate de conjunto en este conjunto de temas.
Me corresponde presentar a la consideración del pleno un conjunto de propuestas que consideramos necesarias en distintos artículos de la iniciativa que se ha presentado.
En la fracción XXVI del artículo 32, estamos elaborando una propuesta para que la redacción quede en los siguientes términos: "Determinar las normas y, en su caso, ejecutar las acciones que aseguren la conservación o restauración de los ecosistemas fundamentales para el desarrollo de la comunidad, en particular en situaciones de emergencia o contingencia ambiental, con la participación que corresponda a otras dependencias y agregamos y a los gobiernos estatales y municipales". Esta es una propuesta que presentamos conjuntamente los diputados Cecilia Soto del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Francisco Saucedo Pérez,
Alejandro Encinas y un servidor, del Partido de la Revolución Democrática.
Una segunda propuesta sobre la fracción VI del artículo 32, que señala: "...coordinar, concertar, y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los grupos indígenas y de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas para elevar el nivel de vida de la población". Se agrega:"...con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondiente y de los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado".
La tercer propuesta en la fracción VII del mismo artículo 32, que señala: "...estudiar las circunstancias socioeconómicas de los pueblos indígenas y dictar los medios para que la acción coordinada del sector público redunde en provecho de los mexicanos..."Se agrega:"... que conserven y preserven sus culturas, lenguas, usos y costumbres, así como promover y gestionar ante las autoridades federales, estatales y municipales, todas aquellas medidas que conciernan al interés general de los pueblos indígenas".
En la fracción VIII del mismo artículo, que a la letra dice: "...coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar a empresas que agrupen a campesinos y grupos populares en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación y evaluación. De aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines, así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para este propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondiente y de los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado.
En la fracción XV del mismo artículo que dice: "Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, el bienestar social y la protección agregamos y restauración del ambiente, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado".
En relación a la fracción XVI del mismo artículo 32: "Determinar y conducir la política inmobiliaria de la administración pública federal. Expedir normas técnicas, autorizar y en su caso proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar directamente o a través de terceros, los edificios públicos que realice la federación por si o en cooperación con otros países con los estados y municipios o con los particulares. Conservar y mantener los monumentos y obras del patrimonio cultural de la nación señalamos con excepción de los encomendados a otras dependencias o entidades, atendiendo las disposiciones en materia de zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos".
En relación al artículo 36 de las atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la fracción XXV, que señala: "Cuidar de los aspectos ecológicos, agregamos, y los relativos a la planeación del desarrollo urbano en los derechos de vía en las vías federales de comunicación".
Finalmente, en relación al artículo 35 de las atribuciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en la fracción XX que señala: "Organizar y administrar reservas, decimos, y zonas forestales y parques nacionales, considerados como áreas naturales protegidas, atendiendo las restricciones de protección ecológica que señala la Secretaría de Desarrollo Social".
Dejo en manos de la Secretaría estas ocho propuestas para la consideración de este pleno. Muchas gracias.
El Presidente: -Finalmente tiene la palabra el diputado Cesáreo Morales del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cesáreo Morales García: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Llega a su fin este debate, tuvo sin duda momentos apasionados, pero nunca faltaron las razones, es un reconocimiento que nos debemos a nosotros mismos, como integrantes de esta Cámara. Reconocimiento también a todos los partidos que manifestando sus razones para votar en contra de la iniciativa en lo general, han hecho sus propuestas para mejorarla en su articulado y en fracciones de los distintos rubros. Esto habla de que en el fondo hay ciertas convergencias; que las concepciones sean normativas, políticas o sociales, en este momento como lo dijo alguno de los diputados aquí, no pueden ser totalizadoras y que efectivamente, aunque disintiendo quizá en algunos presupuestos, en otros sin embargo, concordamos todos y de ahí que todos los partidos estén participando en perfeccionar esta iniciativa.
Sólo quiero referirme a cinco razones que mi partido tiene para votar a favor de la reforma: la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que hemos discutido y que establece la nueva Secretaría de Desarrollo Social, es de plena constitucionalidad; lo es en el reordenamiento de las atribuciones en esta Secretaría, competencia del Ejecutivo; lo es también en las atribuciones mismas de esta dependencia. Es una reforma asimismo, de plena legalidad, precisamente por la observancia de la normatividad que esta misma Cámara de Diputados ha aprobado. Esta plena y cabal constitucionalidad y legalidad, motiva el voto a favor de la reforma. La reforma atiende a uno de los fines más altos de la nación, consagrados por la Constitución: la justicia Social.
Una política de desarrollo social integral es una política para la justicia, es una política de políticas, como lo dijo aquí el diputado César Augusto Santiago, para la justicia.
El Estado mexicano, el Estado que surge de la Revolución, tiene un compromiso sustantivo con la justicia social, ha diseñado y modificado sus políticas y sus instituciones para cumplir mejor con ese fin.
El gobierno sin duda reconoce la situación existente de pobreza y de desigualdad que excluye; reconoce su responsabilidad; reconoce que debe atacarla y que debe enfrentarse a prioridades. Sin embargo, es difícil hablar de que esos gobiernos posrevolucionarios, son los causantes de la pobreza. Si abrimos los ojos y hacemos un estudio comparativo, en distintos países de América Latina y de otros continentes encontramos problemas parecidos al mexicano. Ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en Colombia, hay un Partido Revolucionario Institucional y sin embargo, en toda América Latina hemos tenido una década de la crisis y una década de la pobreza. Se trata de un problema estructural que tiene que ver con un modelo de desarrollo, cuya estrategia precisamente, se agotó a principios de los 70, tanto por sus condiciones internas como por las condiciones externas que contemplaban ya una transición a nivel mundial de carácter productivo y de carácter financiero.
Por eso a partir de los datos de la crisis que ya se expusieron aquí y que un diputado del Partido Popular Socialista explicó en toda su gravedad, a partir de esos datos, viviéndolos en carne propia, preocupados la sociedad sobre todo desde 1988, manifestó su decisión de sentar las nuevas bases productivas, políticas, sociales y culturales, para crear un nuevo tiempo en México, un tiempo de una mayor justicia social, un tiempo de una política social integral ordenada y eficiente.
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari, recogió esa voluntad social y emprendió las reformas de la modernización para y con la sociedad; reformas de la política, reformas sociales, reformas todas, que convergen precisamente, en la reforma del Estado; un Estado de derecho, democrático, justo y solidario.
El voto a favor de la reforma por parte del Partido Revolucionario Institucional, refrenda precisamente, el compromiso del Estado con la justicia social.
La reforma hace consolidar y ampliar la nueva política social, integral, congruente, fincada en la coordinación y en la concertación; una política de lo social, ordenada y eficiente.
La responsabilidad en el desarrollo social, se refiere a la creación de condiciones favorables para el desarrollo pleno de las capacidades todas del individuo y de la sociedad. No es una concepción de desarrollo social ni asistencialista ni de caridad; se requiere al individuo y a la inserción de éste en la sociedad. Han de crearse condiciones favorables para que el individuo sea el propio promotor de su bienestar y el propio promotor de su justicia y esto el gobierno debe hacerlo a través de una economía ordenada a través de una política de salud y nutrición que asegure al individuo como soberano de sí mismo, a través de una educación que efectivamente mediante el conocimiento abra todas las capacidades de los sujetos. A través también de la inserción y de la vida del individuo en la ciudad. Lo social se vive ahora, fundamentalmente, en la ciudad, en el barrio, en la colonia y en el núcleo de población.
Se vive en relación con la calidad de los servicios; se vive en relación con la calidad de vida; se vive en relación con la calidad del ambiente. Precisamente la promoción de lo social que tiene bajo su responsabilidad esta nueva Secretaría, se refiere a este último ámbito de la justicia, el que tiene que ver con la calidad de vida.
Se trata por eso, señores diputados, de una política social que promueve una ciudadanía plena, que promueve las condiciones para que el ciudadano despliegue cabalmente sus capacidades productivas, para que despliegue sus capacidades sociales, para que supere la exclusión y se integre a las potencialidades de la sociedad, que promueve sus capacidades políticas.
La calidad de vida íntegra también la calidad de la democracia.
Nuestro voto a favor considera que mediante la reforma se abren caminos para luchar y para promover esa ciudadanía plena.
La reforma también nos permitirá acceder a una gobernabilidad democrática de naturaleza cualitativamente superior; lo estamos viendo en nuestra área internacional. Efectivamente, el reordenamiento de la economía mundial golpea nuestros países si no sentamos nuevas bases para insertarnos a él con ventaja. Es la situación venezolana, es la situación colombiana y la de otros países que enfrentan inestabilidad. Sin duda esta política social, esta nueva etapa de la política de desarrollo social ha de sentar bases firmes de una gobernabilidad democrática, de una gobernabilidad para la ciudadanía plena, de una gobernabilidad en la justicia.
El reordenamiento administrativo de esta Secretaría no es algo que por primera vez se dé en México. Como ya lo han mencionado algunos compañeros de partido esta estructura de la administración pública se encuentra en otros muchos países.
La política social, sin duda, se refiere a esas tres grandes áreas que ya mencionaba: la salud, la educación y la calidad de vida. Por eso, en países como Brasil o en países como Francia existe un Ministerio de Desarrollo Social y al mismo tiempo los ministerios de Salud y de Educación.
En esta perspectiva, consideramos que la reforma significa un avance en una modernización administrativa de integralidad y de congruencia.
Por último, la reforma permitirá que se vincule de manera inseparable el desarrollo económico y el desarrollo social. El desarrollo económico es la primera base, la más firme, del desarrollo social; pero éste, el desarrollo social, es en este momento condición de eficiencia y por lo tanto a su vez condición necesaria del desarrollo económico.
Estas son nuestras razones, señores diputados, compañeros de partido y diputados de las otras fracciones parlamentarias.
Votaremos a favor de las reformas que crea la Secretaría de Desarrollo Social, por su plena constitucionalidad, porque responde a los fines más altos de la nación, porque abre caminos normativos a una política social que pugne por una ciudadanía plena para todos los mexicanos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido en lo general y en lo particular, señor Presidente.
El Presidente: - Se van a desahogar las propuestas de modificación presentadas por escrito.
Se ruega a la Secretaría dar lectura a la modificación promovida, en primer término, por el diputado Manuel Terrazas.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha:- Del artículo 35, en el apartado 35, suprimir la frase "mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera".
En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Manuel Terrazas.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Tenemos más propuestas de Manuel Terrazas. Continúe la Secretaría con el diputado Terrazas en sus promociones.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Como parte de las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social, incorporar en el artículo 32, como una fracción X, corriendo la numeración, "fomentar el desarrollo del cooperativismo y coordinar y ejecutar programas en apoyo a la organización, financiamiento y desarrollo de cooperativas en las áreas rural y urbana, tanto de producción como de consumo y de servicios, ya que éste es uno de los más importantes instrumentos de desarrollo social y de desarrollo productivo".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Manuel Terrazas.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
A la propuesta de modificación presentada por el diputado Manuel Terrazas.
Como parte de las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social, en el artículo 32, como una fracción IX, corriendo la numeración: "La Secretaría de Desarrollo Social impulsará el estudio de los problemas sociales, económicos, culturales, educativos y deportivos de la juventud, atenderá y coordinará con las dependencias del Ejecutivo encargadas de programas y acciones en favor de los distintos sectores juveniles del pueblo mexicano, la formulación e instrumentación de una política integral hacia la juventud y dictará las medidas necesarias para asumir las responsabilidades que con relación a esta gran parte de la población, debe cumplir la Secretaría de Desarrollo Social. En dichos sentido, actuará también ante las autoridades de los tres niveles de gobierno para impulsar todas aquellas soluciones y medidas relacionadas con los problemas y la política, con relación a la juventud. Creará los instrumentos necesarios a fin de conseguir la aplicación de las políticas mencionadas, respecto a los jóvenes mexicanos".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Manuel Terrazas.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
El Presidente: -Ahora sí proceda la Secretaría a desahogar la propuesta promovida por la diputada Cecilia Soto, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha:- "Artículo 32, fracción XXIX. Establecer los criterios ecológicos y normas de carácter general que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, para evitar la contaminación que ponga en peligro la salud pública o degrade los sistemas ecológicos, en coordinación con las dependencias competentes y con los gobiernos estatales y municipales, así como vigilar el cumplimiento de los criterios y normas mencionados, cuando esta facultad no esté encomendada expresamente a otra dependencia".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por la ciudadana diputada Cecilia Soto.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada.
Se va a dar lectura a una propuesta de la diputada Cecilia Soto.
Propuesta de adición al dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Asentamientos Humanos. Dice:
"Artículo 32 Bis, primera. Se crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente, organismo público descentralizado, que tendrá como responsabilidad vigilar y aplicar, en su caso, en coordinación con loas autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de normas y programas para la protección, defensa y restauración del medio ambiente."
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por la diputada Cecilia Soto.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo..
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
"Artículo 25, fracción XXVI. Levantar y mantener actualizado el inventario de recursos naturales, específicamente de agua. suelo y cubierta vegetal, así como los de población animal, con la cooperación de los gobiernos estatales y municipales".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por la diputada Cecilia Soto.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: -Consulte ahora la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Fauzi Hamdan.
El Secretario Héctor Pérez Plazola: -Se va a dar lectura a la propuesta de modificación presentada en el artículo 31, fracción VIII de la iniciativa, para que quede de la siguiente forma:
Después de la palabra "organizaciones" deberá agregárseles las palabras "y actividades".
En votación económica se pregunta a los señores diputados si se acepta la propuesta.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
En el artículo 31, fracción XXI quedaría como sigue: "Establecer normas y lineamientos en materia de administración de personal, obras públicas y adquisiciones de bienes muebles de la Administración Pública Federal, excepto tratándose de obras públicas relativas a edificios públicos que son de la competencia de la Secretaría de Desarrollo Social.
En votación económica se pregunta a los señores diputados si se aceptan esta propuesta.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.. .Desechada, señor Presidente.
En la fracción IV del mismo artículo, se propone lo siguiente" "Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para tal efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos locales".
En votación económica se pregunta a los señores diputados si aceptan la propuesta.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
En el artículo 32 también la fracción I. dice: "Se propone formular, conducir y evaluar la política de desarrollo social entendiendo por tal la relativa a asentamientos humanos, desarrollo regional y urbano, vivienda y ecología, así como para atender a los sectores sociales más desprotegidos tales como los grupos indígenas pobladores de las zonas áridas de la áreas rurales y colonos de las áreas urbanas, en coordinación con las demás dependencias del Ejecutivo Federal. Para los efectos de esta fracción, todas aquellas obras públicas que tuvieren que ejecutarse en las entidades federativas y municipios, se llevará a cabo directamente por estos últimos niveles de gobierno mediante la transferencia de los recursos federales en los términos que el Presupuesto de Egresos de la Federación lo autorice".
En votación económica, se pregunta si se acepta la propuesta.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
En el mismo artículo 32 fracción XI, "elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones que es la visión y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondiente y los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los diversos grupos sociales".
En votación económica, se pregunta si se acepta la propuesta.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
La última de estas proposiciones es en la fracción XIII proponiendo que se agregue: "En coordinación con las secretarías de Comercio y Fomento Industrial así como la de Trabajo y Previsión Social".
En votación económica, se pregunta a los señores diputados si se acepta esta propuesta.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaria a la asamblea si se admite o se desecha previa lectura, la modificación propuesta por la diputada Layda Sansores, del Partido Revolucionario Institucional.
El secretario Héctor Pérez Plazola: - Se consulta a los señores diputados si se acepta la siguiente propuesta para modificar la fracción X del artículo 32 para quedar como sigue:
Prever a nivel nacional las necesidades de tierra, para desarrollo urbano y vivienda, con la intervención, en su caso, de la Secretaría de la Reforma Agraria considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y regular en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades.
En votación económica, se pregunta los señores diputados si se acepta la propuesta.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
La otra propuesta también para modificar dentro del artículo 32 la fracción XXVII, para quedar como sigue:
Vigilar en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales cuando no corresponda a otra dependencia, el cumplimiento de las normas y programas para la protección, defensa y restauración del ambiente, a través de los órganos componentes y establecer mecanismos, instancias y procedimiento administrativos que procuren el cumplimiento de tales fines, en los términos de las leyes aplicables.
En votación económica, se pregunta a los señores diputados si se acepta la propuesta.
Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Son todas las propuestas de la diputada Layda Sansores.
El Presidente: -Consulte ahora la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha, previa lectura, la modificación propuesta por el diputado Alejandro Luévano, del Partido de la Revolución Democrática, en compañía de otros diputados.
El secretario Ernesto Gil Elorduy:- Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Fracción VI. Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los grupos indígenas y de los pobladores de las zonas áridas, de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondiente y de los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Alejandro Luévano y otros diputados.
Los que estén porque se acepte sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Artículo 32, fracción VII. Estudiar las circunstancias socioeconómicas de los pueblos indígenas y dictar los medios para que la acción coordinada del sector público redunde en provecho de los mexicanos, que conserven y preserven sus culturas, lenguas, usos y costumbres, así como promover y gestionar ante las autoridades federales, estatales y municipales, todas aquellas medidas que conciernan al interés general de los pueblos indígenas. Firma el diputado Luévano.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada señor Presidente.
Artículo 32, fracción VIII. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que agrupen a campesinos y grupos populares en áreas urbanas, a través de las acciones de planeación, programación, concertación y coordinación y evaluación, de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines, así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para este propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondiente y de los gobiernos estatales y municipales y con participación de los sectores social y privado. Firma el diputado Alejandro Luévano y otros diputados.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada señor Presidente.
Artículo 32, fracción XV. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, el bienestar social y la protección y restauración del ambiente, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado. Firma el diputado Alejandro Luévano y otros diputados.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Artículo 32, fracción XVI. Determinar y conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, expedir normas técnicas, autorizar y en su caso proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar directamente o a través de terceros, los edificios públicos que realice la Federación por sí o en cooperación con otros países con los estados y municipios o con los particulares. Conservar y mantener los monumentos y obras de patrimonio cultural de la nación con excepción de los encomendados a otras dependencias o entidades, atendiendo a las disposiciones en materia de zonas de monumentos arqueológicos históricos y artísticos. Firma el diputado Alejandro Luévano.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo ... Aceptada señor Presidente.
Artículo 32, fracción XXVI. Determinar las normas y en su caso ejecutar las acciones que aseguren la conservación o restauración de los ecosistemas fundamentales para el desarrollo de la comunidad, en particular en situaciones de emergencia o contingencia ambiental, con la participación que corresponda a otras dependencias y los gobiernos estatales y municipales. Firma el diputado Alejandro Luévano y otros diputados.
En votación económica se pregunta se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Fracción XX. Organizar y administrar reservas y zonas forestales y parques nacionales considerados coma áreas naturales protegidas, atendiendo a las restricciones de protección ecológica que señale la Secretaría de Desarrollo Social. Firma el diputado Alejandro Encinas y el diputado Francisco Saucedo Pérez.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Fracción XXV. Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano en los derechos de vía en las vías federales de comunicación. Firma el diputado Alejandro Luévano, el diputado Alejandro Encinas y el diputado Francisco Saucedo Pérez.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente:- Proceda ahora la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular. Se solicita a
la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior.
El diputado José Antonio González Fernández (desde su curul): - Señor Presidente, quisiéramos checar si fueron presentadas las propuestas que en su oportunidad presentó la diputada Patricia Ruiz, si las dejó por que faltarían de desahogar éstas.
El Presidente:- Se le solicita a la Secretaría que informe si fueron depositadas por escrito.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha:- Informó la diputada que fueron retiradas.
El Presidente: -Proceda entonces la Secretaría a la votación nominal.
El secretario Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior.
(Votación.)
El secretario Ernesto Gil Elorduy: -Señor Presidente, se emitieron 308 votos en pro y 91 en contra.
El Presidente:- Aprobado en lo general y en lo particular por 308 votos, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El secretario Ernesto Gil Elorduy:- Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA
El presidente: - Se va a proceder ahora la elección de la Mesa Directiva, para el segundo mes del Segundo Período de Secciones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LV Legislatura.
Se ruega a los diputados pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.
El secretario Ernesto Gil Elorduy:- Señor Presidente, se emitieron 18 votos por planillas diversas, seis abstenciones y 343 cédulas por la planilla encabezada por:
Presidente: Juan Moisés Calleja García; Vicepresidente: Pablo Emilio Madero Belden, Jorge Moscoso Pedredo, Jorge Oceguera Galván, Roberto García Acevedo, Héctor Morquecho Rivera; secretarios: José Marco Antonio Olvera Acevedo, Adrián del Arenal Pérez, Atalo Sandoval García, Alberto Alejandro Rébora González; prosecretarios: Bertha González, Rubio, Félix Bautista Matías, Francisco Dorantes Gutiérrez y María Clara Mejía Guajardo.
El Presidente: - Se declara que han sido electos para integrar la Mesa Directiva que funcionará durante el segundo mes del segundo período de sesiones ordinarias, los siguientes diputados:
Presidente: Juan Moisés Calleja García; vicepresidentes: Pablo Emilio Madero Belden, Jorge Moscoso Pedrero, Jorge Oceguera Galván, Roberto García Acevedo, Héctor Morquecho Rivera, secretarios: José Marco Antonio Olvera Acevedo, Adrián del Arenal Pérez, Atalo Sandoval García, Alberto Alejandro Rébora González; prosecretarios: Bertha González Rubio, Félix Bautista Matías, Francisco Dorantes Gutiérrez y María Clara Mejía Guajardo.
Esta Presidencia agradece muy cumplidamente a los señores vicepresidentes la estupenda cobertura realizada. A los señores secretarios y prosecretarios el trabajo también extraordinariamente realizado, y a nuestra vez, la mesa Directiva, agradecerle a la honorable asamblea, el orden y la participación prestada para este primer mes del segundo período ordinario.
Continué la Secretaría.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Ernesto Gil Elorduy: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del Día.
19 de mayo de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del 97 de aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río, tendrá lugar el 21 de mayo en el Monumento a la Revolución Mexicana, delegación Política Cuauhtémoc, a las 12.00 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del 72 Aniversario luctuoso de don Venustiano Carranza, tendrá lugar el 21 de mayo en el monumento erigido a su memoria en la explanada de la Delegación Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, a las 10.00 horas.
Oficio de la Cámara de Senadores, por que el se comunica la integración de su mesa directiva para el segundo mes del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio.
Comunicación de la honorable Cámara de Senadores.
Minutas
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Gerardo Lan Arredondo, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chipre en Monterrey con circunsprisión consular en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.
Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Ana Lucía González Ibáñez, para que pueda prestar servicios como secretaria en la delegación de la Comisión de Comunidades Europeas, en México.
Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Claudia María Isabel Berlanga Zubiaga, para que pueda prestar servicios como asesor económico en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México.
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Rafael Mendoza Hernández, para que pueda prestar servicios como mensajero en la embajada de la República de Austria en México.
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Pierre Jaques Sved Benette, para que pueda prestar servicios como oficinista en la embajada de Canadá México.
Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Miriam Martínez Acosta, para que pueda prestar servicios como empleada consular en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jaime Eduardo López Ríos, para que pueda prestar servicios como telefonista en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El presidente ( a las 0.12 horas):- Se levanta la sesión y se cita que la que tendrá lugar el próximo martes, 19 de mayo a las 11.00 horas.