Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19920526 - Número de Diario 12
(L55A1P1oN012F19920526.xml)Núm. Diario: 12ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase de la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Juan Moisés Calleja García
RECINTO LEGISLATIVO CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D.F., martes 26 de mayo de 1992 No. 12
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMUNICACIONES
De los diputados Juan José Rodríguez Pratts notificando la reincorporación a sus funciones y Guillermo Hopkins Gámez solicitando licencia. Se aprueba el punto de acuerdo del último.
PERMISO PRESIDENCIAL
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se remite la solicitud de permiso para que el ciudadano Carlos Salinas de Gortari pueda ausentarse del Territorio
Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Relaciones Exteriores.
PROPOSICIÓN
Acuerdo para la incorporación a comisiones de diputados que han ingresado a la LV Legislatura.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
CONDECORACIÓN
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Humberto Castro Sepúlveda, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Guatemala. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a doce ciudadanos mexicanos para laborar en diversas dependencias del gobierno de Estados Unidos de América en México.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DE PESCA
De la Comisión de Pesca con proyecto de ley.
LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de dicha ley.
Para su discusión en lo general y en lo particular intervienen los diputados:
Alberto López Vargas para fundamentar el dictamen.
Héctor Morquecho Rivera en contra.
Fernando Rodríguez Cerna en pro.
Rafael Fernández Tomás en pro.
José Camilo Valenzuela para rectificar hechos.
Esteban Zamora Camacho para rectificar hechos.
Se turna su planteamiento a la Comisión de Hacienda.
René Juvenal Bejarano Martínez
Enrique Edgardo Jacob Rocha
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Jorge Flores Solano
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para regular las Agrupaciones Financieras. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
RECESO
NOMBRAMIENTO
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gerardo Lan Arrendondo, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Chipre. Sin discusión se aprueba y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Seis de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso para que igual número de ciudadanos puedan trabajar en diferentes representaciones internacionales en México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ANIVERSARIO DEL DECESO DE RUBÉN JARAMILLO
Intervienen los diputados:
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
Tomás Osorio Avilés para rectificar hechos.
PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN
Debaten los diputados:
Anacleto Mendoza Maldonado
Gabriel Mendoza Manzo
Juan Luis Calderón Hinojosa
ELECCIÓN DE ÓRGANOS VECINALES
Intervienen los diputados:
Jorge Tovar Montañez
Domingo Alapizco Jiménez
Francisco Javier Saucedo Pérez
Juan Gualberto Campos Vega
Victoria Reyes Reyes
ZONAS PROTEGIDAS EN LOS ESTADOS DE MICHOACÁN Y MÉXICO
El diputado José Ascensión Orihuela Barcenas presenta punto de acuerdo. Se aprueba.
ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA
Expresan sus comentarios los diputados:
Carlos González Durán
Benjamín González Roaro
UNIVERSIDAD DE SONORA
Intervienen los diputados:
Jesús Humberto Zazueta Aguilar presenta pronunciamiento.
Luis Moreno Bustamante
Julio Cesar García Hernández
Cecilia Soto González
Jesús Humberto Zazueta Aguilar
Ovidio Pereyra García
Jorge Alfonso Calderón Salazar para rectificar hechos.
ESTADO DE GUERRERO
Denuncia presentada por el diputado Arquímides Josafat García Castro por hechos ocurridos en el municipio de Jaleaca de Catalán.
Interviene el diputado Florencio Salazar Adame para rectificar hechos.
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO
Toman la palabra los diputados:
Yolanda Elizondo Maltos presenta proposición.
Jesús Arnoldo Millán Trujillo
Se rechaza la proposición
AHORRADORES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Denuncia presentada por el diputado Raúl Velasco Gómez.
Rogelio Appel Chacón para rectificar hechos. Presenta proposición.
Se turna el asunto a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Gestoría y Quejas y a la de Justicia.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE MODESTO MOSCOSO PEDRERO
ASISTENCIA
El Presidente: -Se ruega a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Atalo Sandoval García: - Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 407 diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 12.05 horas): - Se abre la sesión. Se pide al secretario, dé lectura al orden del día.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Atalo Sandoval García:
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Primer Año. - LV Legislatura. Orden del día
26 de mayo de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los ciudadanos diputados.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite la solicitud de permiso par que el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 10 a 15 de junio de 1992, a fin de realizar una visita oficial a la República de Costa Rica, visita de trabajo a la República de Venezuela, y participar en la Reunión Cumbre de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil.
Proposición de la Comisión.
Minutas
Con Proyecto de Decreto, que concede permiso al ciudadano vicealmirante ingeniero especializado Carlos Humberto Castro Sepúlveda, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
Con Proyecto de Decreto, que concede permiso a los ciudadanos Jesús Orozco, Vázquez, Adela Adriana Rodríguez, Raúl Horacio Márquez Jasso, Victoria González Martínez, Genaro Martínez Nevárez, Martha Beatriz Tostado, Martha Catalina Acuña Santos, Ernesto Martínez Chávez y José Héctor Castañeda Manjarréz, como empleados consulares en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua y Leonila Aguirre Barousse y Julieta Luna Amozurrutia como auxiliares de contabilidad en la embajada de los Estados Unidos de América, en México; así como a Ángel Abel Montiel Portillo, como empleado de servicios federales en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión d Pesca con proyecto de Ley de Pesca.
De la Comisión de Comunicaciones Y Transportes con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Dictámenes de discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gerardo Lan Arredondo, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chipre, en Monterrey con circunscripción consular en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Ana Lucía González Ibáñez, para que pueda prestar servicios como secretaria de la delegación de la Comisión de Comunidades Europeas, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que
concede permiso ala ciudadana Claudia María Isabel Berlanga Zubiaga, para que pueda prestar servicios como asesor económico, en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rafael Mendoza Hernández, para que pueda prestar servicios como mensajero en la embajada de la República de Austria, en México.
De La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pierre Jacques Sved Binette, para que pueda prestar servicios como oficinista en la embajada de Canadá, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Miriam Martínez Acosta, para que pueda prestar servicios como empleada consular en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jaime Eduardo López Ríos, para que pueda prestar servicios como telefonista, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: -En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Atalo Sandoval García: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicios de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Pablo Emilio Madero Belden.
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y seis minutos del día veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos setenta y un diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios y que nadie la impugna, se dispensa la lectura a ese documento y se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra la ciudadana Noemí Zoila Guzmán Lagunes, diputada suplente por el octavo distrito del estado de Veracruz y designa a una comisión para que la introduzca y la acompañe en el acto de rendir su protesta de ley como diputada federal. Terminado el acto protocolario, la diputada Guzmán Lagunes entra en funciones de inmediato.
Se da cuenta con una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se turna a la Comisión de Comercio. Otra minuta de la colegisladora, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Se turna a la comisión correspondiente.
Tres minutas del Senado de la República con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieran gobiernos extranjeros y para que uno de ellos pueda prestar sus servicios en la embajada de la República de Finlandia en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En virtud de que los diputados han recibido copias del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, la asamblea dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Robledo Ruiz, del partido Revolucionario
Institucional, para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión dictaminadora y, posteriormente, para discutirlo en lo general y en lo particular, hacen uso de la Palabra los diputados Francisco Hernández Juárez, el Partido Popular Socialista, en contra; Rafael Cañedo Benítez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, en contra; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición y Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva que resulta aprobatoria por trescientos setenta y un votos en lo general y por doscientos ochenta y tres por lo que se refiere a la fracción segunda del artículo doscientos treinta y cinco. El Presidente hace la declaratoria correspondiente y se turna al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado José Antonio González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien presenta un pronunciamiento político en apoyo a la postura de la delegación mexicana que asiste a la vigésima segunda asamblea general de la Organización de los Estados Americanos y firmada por todos los grupos parlamentarios que integran la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Aprobado el pronunciamiento, hace uso de la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, para hacer comentarios al respecto. Se da primera lectura a siete dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales por los que se conceden diversos permisos constitucionales necesarios para que un ciudadano mexicano acepte y desempeñe el cargo del cónsul honorario de Chipre en Monterrey, Nuevo León, con circunscripción consular en los estados de Nuevo León y Tamaulipas y seis ciudadanos mexicanos pueden prestar sus servicios en diversas embajadas y organismos internacionales.
En virtud de que los señores diputados han recibido copias del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la asamblea dispensa la primera lectura.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con veintinueve minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y dos a las once horas.»
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a la consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior y, si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
El secretario Atalo Sandoval García: - Está a consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
COMUNICACIONES
El secretario Alberto Alejandro Rébora González:
«Señor diputado Moisés Calleja García, Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
Juan José Rodríguez Pratts, diputado a la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ante usted con todo respeto comparezco exponer:
Que solicité y obtuve de esta Legislatura permiso para separarme de mis funciones como diputado federal propietario y desempeñar un encargo público en la administración del gobierno del estado de Tabasco. Que el permiso se me concedió por el tiempo del encargo, el que ha concluido hace unos días, lo que informo por su conducto a la honorable Cámara de Diputados, reintegrándome a partir de la fecha al ejercicio
de mis funciones como diputado federal propietario de la LV Legislatura al honorable Congreso de la Unión.
En mérito a los expuesto atentamente solicito:
Se me tenga por presentado informando a través de su Presidencia, a la honorable Cámara de Diputados, que a partir de esta fecha me reincorporo a mis funciones como diputado federal propietario.
México, Distrito Federal, a 26 de mayo de 1992. - Diputado Juan José Rodríguez Pratts.»
De enterado y se le tiene por reincorporado a sus actividades legislativas. El mismo Secretario:
«Mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
Guillermo Hopkins Gamez, diputado federal, electo por el I dsitrito del estado de Sonora, ante esa mesa directiva comparezco y me permito exponer:
Que vengo a solicitar con fundamento en lo previsto por el artículo 62 constitucional licencia previa para separarme de las funciones como diputado federal y estar en aptitud de aceptar un cargo en la administración pública federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado atentamente solicito:
Unico. Se me tenga por presentado solicitando a partir de esta fecha licencia previa para separarme de las funciones como diputado federal y aceptar un cargo en la administración pública federal.
México. D. F., a 26 de Mayo de 1992. - Guillermo Hpokins Gámez. Rúbrica.»
El Presidente: - En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González: - Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia previa al diputado Guillermo Hopkins Gámez, para separarse de sus funciones como diputado federal, por el I distrito del estado de Sonora, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública federal, a partir de esta fecha, durante en el tiempo que dure el encargo.
Segundo. En su oportunidad, llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie... Aprobados.
PERMISO PRESIDENCIAL.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaria de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente iniciativa de decreto por el que se autoriza al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional, del 10 al 15 de junio de 1992, a fin de que efectué una visita oficial a la República de Costa Rica, visita de trabajo a la República de Venezuela, y participe en la Reunión Cumbre de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México Distrito Federal, a 25 de mayo de 1992. - El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - presidencia de la República. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
México ha intensificado su presencia en el exterior. Lo hace de acuerdo a los principios que
han guiado su política exterior en la historia y reconociendo la gran transformación mundial ahora en marcha. Las nuevas circunstancias han traído a la luz mundial una nueva conciencia sobre los riesgos a la ecología del planeta y una mayor atención en las naciones sobre su propio medio ambiente. En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se destaca el compromiso de México con el ciudadano del medio ambiente y se señala entre líneas de acción, dar prioridad a las cuestiones ecológicas en el programa de desarrollo nacional y asegurar una participación decidida y una conducta firme para contribuir a la solución de los problemas ecológicos de naturaleza global, ya que se trata de un fenómeno que por la gravedad de sus consecuencias y por sus enormes riesgos exige una respuesta urgente y concertada que involucra a la humanidad en su conjunto.
Las últimas décadas se han caracterizado por importantes avances científicos y tecnológicos para la humanidad. Las constantes innovaciones han permitido a las naciones acortar distancias y estrechar contactos. Sin embargo, en paralelo el mismo cambio tecnológico ha multiplicado la capacidad de dañar el ambiente Hoy sabemos que su aplicación indiscriminada o irresponsable en los procesos productivos conduce al agotamiento o el deterioro de muchos recursos naturales. El consumo inmoderado de energéticos y las demás emociones industriales en los países desarrollados han afectado el clima y la capa de ozono protectora de la tierra. Al mismo tiempo, en los países de desarrollo, los niveles de pobreza extrema que afectan a grandes sectores de la población, proporcionan la explotación irracional, el deterioro y, en ocasiones, el agotamiento de los bosques, lagos, ríos, y tierras de cultivo.
Frente a este panorama, mi gobierno ha reiterado que es preciso hacer frente a esta crisis en forma equitativa y concertada, y que ninguna nación puede escapar a los efectos negativos, del deterioro ambiental de naturaleza global: como la destrucción de la capa de ozono, los cambios climáticos, la contaminación de los océanos y los mares y el manejo irracional de los desechos tóxicos y peligrosos. Se requiere de la adopción de acciones globales, toda vez que ninguna nación tiene, por sí sola, los medios para resolver esta crisis.
En la medida en que los niveles de destrucción y deterioro del medio ambiente global son producto de patrones insostenibles de producción y consumo, es necesario modificar esos hábitos para hacerlos ecológicamente sustentables. Asimismo, en tanto que la pobreza extrema es, a la vez, causas y efecto de deterioro ecológicos, se torna indispensable redoblar esfuerzos solidarios a todos los niveles, local, nacional y mundial, para erradicarlo. El mundo requiere construir los consensos para asegurar una corporación internacional mas profunda y con un horizonte de largo plazo que permita la transición mundial de un modo de vida basado en la explotación indiscriminada de los de los recursos naturales, a una era de desarrollo sustentable en el cual las generaciones presentes alcancen niveles de bienestar adecuados sin poner en riesgo la situación de las futuras generaciones.
Se requiere de un nuevo tipo de cooperación internacional para sellar el compromiso de todas las naciones con el medio ambiente y el desarrollo en beneficio de nuestros descendientes. Por esta razón, he considerado conveniente, aceptar la invitación que el Presidente de Brasil, Fernando Collor de Melo, en su carácter de anfitrión, me ha extendido, para participar en la Reunión Cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD). Si así lo aprueba ese honorable Congreso de la Unión, viajaré a la ciudad de Río de Janeiro, los días 12 al 15 de junio, de 1992.
La celebración de esta conferencia constituye una prioridad para la política exterior de México porque de sus resultados dependerán, en buena medida, las probabilidades de fortalecer la cooperación multilateral en materia ecológica. Se espera que sirva para impulsar, a nivel internacional, al principio de responsabilidad y equidad en la protección ambiental global. Asimismo, la Reunión Cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidades sobre Medio Ambiente y Desarrollo permitirá proponer fórmulas para hacer compatible la solución de los problemas ancestrales como el hambre y el hacinamiento, con los retos actuales de preservación del medio ambiente. En ese empeño, México ha venido sosteniendo que las soluciones que se propongan deberán ser justas, equitativas realistas y apegadas al derecho internacional.
En esta materia, nuestro país trata de impulsar un nuevo equilibrio entre países con distinto grado de desarrollo, sustentado en causas comunes y no en la confrontación, que permita alcanzar soluciones sobre la base de pleno respeto de la soberanía de los estados sobre sus recursos naturales y sus políticas ecológicas. Insistimos que el criterio de equidad asumir una responsabilidad proporcional a la medida en que se contribuya a la degradación del medio
ambiente global o de zonas que no son de jurisdicción nacional. En ese sentido la comunidad internacional requiere acordar fórmulas que concreten estos principios para orientar la conducta de los estados.
Asimismo, es preciso alcanzar mecanismos satisfactorios para proteger la biodiversidad en muchas regiones del planeta a fin de evitar la desaparición de innumerables especies vegetales y animales. Al mismo tiempo, las poblaciones que viven de la explotación de estas especies, deben contar alternativas económicas productivas que les permitan una vida digna. Para ello, deben encontrarse los estímulos para fortalecer las transferencia y el desarrollo de tecnologías ambientales seguras, junto con la provisión de recursos financieros suficientes, para que los países en desarrollo impulsen proyectos de crecimiento económico, ecológicamente sustentados, dirigidos a la erradicación de la pobreza extrema.
Los trabajos preparatorios de esta conferencia han sido largos y sumamente complejos. Estará a discusión a la adopción de una declaración o "Carta de la Tierra" que contendrá el conjunto de principios del derecho internacional a los que me he referido. Asimismo, se espera la aprobación de una convención
internacional sobre el cambio climático y otra para la conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica. Por último, la conferencia adoptará una "Agenda 21" que define un programa de acción a seguir por los países y la comunidad internacional, en el que se destacan prioridades y objetivos. Consecuentemente, es de gran importancia promover la definición de esquemas financieros y tecnológicos, así como los mecanismos que hagan viable la instrumentación de los compromisos que se establezcan.
Como puede apreciarse, la conferencia de Río de Janeiro representa un esfuerzo de concertación internacional sin precedente, al que México no puede permanecer ajeno. Más aún, desde el principio de mi administración, señalé que uno de los objetivos más importantes de la política exterior será el de apoyar y promover la cooperación internacional en todos sus aspectos, como instrumento esencial para que la comunidad de naciones alcance niveles superiores de entendimiento y desarrollo, como es el caso de esta conferencia.
Los instrumentos que aprobará la conferencia han sido preparados en complejas negociaciones en las que México ha sido un constante y activo participante. Algunos de las fórmulas en que descansan los consensos alcanzados han sido propuestas de nuestro país. Por eso, los objetivos que en estos documentos se proponen, no sólo son aceptables para nuestro país, sino que reflejan los enfoques y objetivos en materia de protección ambiental y desarrollo económico que en el plano interno nos hemos propuesto.
La presencia del Presidente de México en dicha conferencia confirmaría ante la comunidad de naciones el compromiso de los mexicanos con la preservación del medio ambiente. Asimismo, serviría para demandar una relación más justa y equilibrada entre los países desarrollados y los países en desarrollo, cuyo objetivo último es que el planeta conserve su viabilidad e integridad y sea un hábitat adecuado para la humanidad y las demás especies vivas.
La participación de numerosos jefes de Estado y de gobierno constituye, adicionalmente, una ocasión privilegiada para los diálogos políticas el más alto nivel, que redunden en una relación más estrecha de México con otros países en un marco de respeto mutuo y comprensión. La velocidad de los cambios internacionales hace indispensable un frecuente intercambio de opiniones entre dirigentes políticos del mundo.
Por otra parte, antes de participar en la Reunión Cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) tengo el propósito de realizar una visita oficial a Costa Rica, de autorizarlo ese honorable Congreso de la Unión, los días 10 y 11 de junio, con motivo de la firma del Acuerdo de Complementación Económica entre México y ese país, y de realizar una corta estancia en Venezuela, con el objeto de reunirme con mis homólogos de Colombia y Venezuela, en el marco del Grupo de los Tres.
Desde el inicio de la presente administración, nuestra política exterior ha otorgado un lugar relevante a los países centroamericanos. Este interés prioritario y las nuevas realidades en la región han motivado la decisión del gobierno de la República de ampliar, profundizar y fortalecer la cooperación entre México y Centroamérica. Contribuir a la consolidación de la paz, a la recuperación económica, al proceso de integración regional y fortalecimiento de las relaciones entre México y los países centroamericanos son los objetivos primordiales de nuestra acción en el área.
Dada la importancia fundamental de Centroamérica en nuestra política exterior, los lazos de hermandad y los vínculos históricos y culturales que nos unen, en enero de 1991 me reuní con los presidentes de los países
centroaméricanos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para suscribir el acta y bases para un Acuerdo de Complementación Económica entre México y Centroamérica. En el marco de estos acuerdos, México y Costa Rica iniciaron negociaciones que culminan ahora con un entendimiento amplio en materia de comercio e inversión que fomenta la liberalización de las corrientes comerciales entre los dos países.
La firma de este Acuerdo de Complementación Económica expresa las compatibilidades en nuestras políticas económicas y la decisión de abrir recíprocamente nuestras fronteras mediante la reducción de aranceles y el desmantelamiento de otras barreras.
El Acuerdo de Complementación que pretendo suscribir con Costa Rica, será el primero en su tipo concertemos con los países centroamericanos. Con dicho acuerdo, ambos países daremos prueba, en los hechos, de nuestros más altos compromisos con la integración y con la conformación de un mercado regional más fuerte en beneficio de nuestros pueblos.
Mi visita a Costa Rica sería ejemplo de la voluntad de México por incorporarse de manera diversificada y eficiente al proceso de globalización de la economía mundial y constituye una prueba más de la vocación integracionista de México con América Latina y, en particular, de su compromiso con los países centroamericanos.
Asimismo, previa la población de este honorable Congreso, pretendo realizar una visita de trabajo a la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, el día 11 de junio, con el propósito de reunirme con mis homólogos de Colombia y Venezuela, en el marco del Grupo de los Tres.
Este esquema de diálogo y concertación inició sus trabajos en septiembre de 1990. Los tres mandatarios nos hemos reunido en seis ocasiones para revisar el avance de los trabajos y establecer directrices para su continuación.
A la fecha se han instalado y se encuentran en operación 10 grupos de alto nivel en las áreas de comercio, energía, transporte aéreo, transporte marítimo, telecomunicaciones, medio ambiente, finanzas, cultura, turismo y cooperación con Centroamérica y el Caribe. México fungió como secretario Pro - témpore de este grupo desde su creación hasta diciembre de 1991, cuando los tres mandatarios acordamos que esta responsabilidad pasara el gobierno de Colombia durante el año de 1992.
En esta ocasión, los presidentes revisaremos los avances en los distintos grupos de trabajo y comentaremos asuntos de interés común relativos a la situación económica y política en América Latina. La agenda de cooperación entre los tres países registra en el momento actual temas de especial interés como lo es la cooperación de en el ámbito del desarrollo social, acciones que se impulsan y fortalecen a partir de los acuerdos alcanzados en estas reuniones.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 71, de la fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes ciudadanos secretarios, someto a la elevada consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 15 de junio de 1992, a fin de que se efectúe visita oficial a la República de Costa Rica, visita de trabajo a la República de Venezuela, y participe en la Reunión Cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Retiro a ustedes ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 25 de mayo de 1991. - El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y, con opinión, a la Comisión de Relaciones Exteriores.
PROPOSICIÓN
El mismo secretario:
ACUERDO PARA LA INCORPORACIÓN A COMISIONES DE DIPUTADOS QUE HAN INGRESADO A LA LV LEGISLATURA
CONSIDERANDO
I. Que con fecha 7 de noviembre de 1991, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
47, fracción IV, 50, 51, y demás relativos y aplicables a la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Gran Comisión de la Cámara de Diputados propuso la integración de las comisiones de la propia Cámara, misma que fue aprobada por el pleno.
II. Que posteriormente a esa fecha, en diversas ocasiones varios diputados han solicitado licencia, misma que les ha sido concedida en términos del artículo 62 constitucional, habiéndose convocado a los respectivos suplentes quienes ya han rendido su protesta de ley.
III. Que dichos diputados aún no se han incorporados a las diversas comisiones y comités con que cuenta la Cámara, en virtud de que el pleno de está no ha aprobado la propuesta correspondiente.
IV. Que es facultad del pleno de la Cámara decidir sobre la incorporación de los diputados que acontinuación se en listan a las comisiones que se señalan en el presente:
ACUERDO
Primero. Se incorporan de manera adicional a la mesas directivas de las comisión y con el cargo que se cita a los siguientes diputados:
Comisiones de derechos humanos
Secretario: diputado Juan Ramiro Robles Ruiz; Segundo: Se sustituyen en las mesas directivas de la comisiones y con el cargo que se cita a los siguientes diputados.
Comité de administración
Secretario: diputado Víctor Manuel Martínez Fourcans en sustitución del diputado Daniel de la Garza Gutiérrez.
Comisión de educación
Secretario: diputado Francisco Salazar Sáenz en sustitución del diputado Fernando Estrada Sámaro.
Tercero: Se incorporan los siguientes diputados a las comisiones que se enuncian.
Diputado Agustín Basave Benítez: Educación, Gobernación y Puntos Constitucionales y Relaciones Exteriores.
Diputado Miguel Gómez Guerrero: fomento cooperativo y Trabajo y Prevención Social.
Diputado Manuel Soto Vega: vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda , Pesca y Relaciones Exteriores.
Diputado Guadalupe Mejía Guzmán: Derechos Humanos, Educación Relaciones Exteriores.
Diputado Alberto Rébora González: Educación, Justicia y Energéticos.
Diputado Efraín Zavala Cisneros: Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comercio y Hacienda y Crédito Público.
Diputado Antonio Sandoval Luna: Comercio, Educación, Distribución y Manejo de bienes de Consumo y Servicios.
Diputado Gabriel Mendoza Manzo: Salud, Seguridad Social, Educación y Ecología y Medio Ambiente.
Diputada Clara Mejía Gutiérrez: Información Gestoría y Quejas, Fomento Cooperativo, Asuntos Fronterizos, Reforma Agraria y Deportes.
Diputado Noemí Guzmán Lagunes: Ecología y Medio Ambiente, Bosques y Selvas y Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Cuarto. En votación económica se solicita a la Presidencia consulte a la asamblea si se acepta la propuesta contenida en el cuerpo del presente.
Recinto Alterno de la honorable Cámara de diputados a los 26 días del mes de mayo de 1992. - Diputado Fernando Ortíz Arana, Presidente de la Gran Comisión; diputados secretarios de la Gran Comisión José A. González Fernández y César Augusto Santiago Ramírez.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobados los puntos de acuerdo.
El Presidente: - De enterado y comuníquese a los presidentes de cada una de las comisiones.
MINUTA DE LA COLEGISLATURA
CONDECORACIÓN
El secretario Lucas Adrían del Arenal Pérez:
Escudo Nacional, - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.,
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano vicealmirante ingeniero especializado Carlos Humberto Castro Sepúlveda, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz De Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 20 de mayo de 1992. - Senadores secretarios Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano vicealmirante ingeniero especializado Carlos Humberto Castro Sepúlveda, para que pueda aceptar y usar la Condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal., a 20 de mayo de 1992. - Senador Gustavo Guerrero Ramos, Presidente; senadores secretarios Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez. Recibo y túrnese a la comisión de Gobernación y puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Lucas Adrían del Arenal Pérez:
Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso para que los ciudadanos Jesús Orozco Vázquez, Adela Adriana Rodríguez, Raúl Horacio Márquez Jasso, Victoria González Martínez, Genaro Martínez Nevárez Martha Beatriz Tostado, Martha Catalina Acuña Santos, Ernesto Martínez Chávez y José Héctor Castañeda Minjares, como empleados consulares en el Consulado general de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y Leonila Aguirre Barousse y Julieta Luna Amozurritia como auxiliares de contabilidad en la embajada de los Estados Unidos de América en México. Así como a Ángel Abel Montiel Portillo, como empleado de servicios federales en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 20 de mayo de 1992. - Senadores secretarios Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede el permiso al ciudadano Jesús Orozco Vázquez para que pueda prestar sus servicios como empleado consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Adela Adriana Rodríguez para que pueda prestar servicios como empleada consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Raúl Horacio Márquez Jasso, para que pueda prestar servicios como empleado consular en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Victoria González Martínez, para que pueda prestar sus servicios como empleada consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Genaro Martínez Nevárez, para que pueda prestar servicios como empleado consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana Martha Beatriz Tostado Peraza, para que pueda prestar sus servicios como empleada consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Martha Catalina Acuña Santos, para que pueda prestar sus servicios como empleada consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en ciudad Juárez , Chihuahua.
Artículo Octavo. se concede permiso al ciudadano Ernesto Martínez Chávez para que pueda prestar sus servicios como empleado consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez Chihuahua.
Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano José Héctor Castañeda Minjares, para que pueda prestar sus servicios como empleado consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo décimo. Se concede permiso a la ciudadana Leonila Aguirre Barousse, para que pueda prestar sus servicios como auxiliar de contabilidad en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo decimoprimero. Se concede permiso a la ciudadana Julieta Luna Amozurrutia, para que pueda prestar sus servicios como auxiliar de contabilidad en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo decimosegundo. Se concede permiso al ciudadano Ángel Abel Montiel Portillo, para que pueda prestar sus servicios como empleado de servicios federales en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 20 de mayo de 1992.- Senador Gustavo Guerrero Ramos, Presidente; senadores secretarios Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez.
Recibo y túrnese a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE LA PRIMERA LECTURA
LEY DE PESCA
El Presidente:- El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de la Ley de Pesca.
En atención de que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Lucas Adrían del Arenal Pérez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Comisión de Pesca.
Honorable asamblea: A la Comisión de Pesca fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Ley de Pesca presentada por el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Comisión con fundamento en los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis y estudio de la presente iniciativa bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
La iniciativa de Ley de Pesca, remitida por el Ejecutivo Federal, en uso de las facultades que le otorga el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue presentada ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, el 24 de abril de 1992.
La Presidencia de la mesa directiva, conforme al Reglamento, turnó la iniciativa a esta Comisión, la que en reunión celebrada el 27 de abril del año en curso, definió la estructura y método de trabajo para la elaboración del presente dictamen, para lo cual se designó un grupo pluripartidista que procedió a su elaboración.
Habiendo examinado la iniciativa mencionada y la exposición de motivos que la acompañan y teniendo presente la evolución jurídica política, económica y social de la pesca en México, esta Comisión con fundamento en el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, llevó a cabo reuniones de consulta y análisis, que se efectuaron en la Comisión de Pesca, con sede en este recinto legislativo, con dirigentes de la sección de cooperativas pesqueras de la Confederación Nacional de Cooperativas de la República Mexicana; con servidores de la Secretaría de Pesca y con representantes en otros Organismos que tienen relación con esta
actividad con el propósito de intercambiar puntos de vista respecto a la iniciativa presentada por el ciudadano Presidente de la República.
Durante el desarrollo de la reuniones de trabajo de esta Comisión que dictamina, los diferentes partidos políticos representados es esta asamblea, hicieron aportaciones que enriquecieron el presente dictamen; asimismo, la comisión recibió una amplia y valiosa información verbal y documentada que le permitió valorar los argumentos vertidos en relación con la iniciativa.
Es conveniente señalar que se llevaron a cabo reuniones de conferencia de entre el grupo plural de diputados y los senadores que forman parte de las comisiones de pesca de ambas cámaras, para intercambiar puntos de vista sobre esta iniciativa de ley, donde surgieron importantes ideas y aportaciones al presente dictamen.
Asimismo, consideramos pertinente destacar que esta Comisión, cuya composición y dirigencia es pluripartidista, durante el presente año celebró foros regionales de consulta con integrantes y representantes de los sectores públicos, social, privado, así como investigadores y técnicos de la comunidad científica y académica, en importantes centros pesqueros del país, como los de Ensenada, Baja California; Culiacán, Sinaloa, Ciudad del Carmen Veracruz, Veracruz y, Tampico, Tamaulipas, en las que libremente y con toda amplitud se expresaron y se registraron diversos planteamientos, los cuales fueron analizados con detenimiento y tomados en consideración para la elaboración de este dictamen.
Con base en todo lo anterior, después de analizar detenidamente, las razones de todos los que participan en el sector, quienes suscribimos, nos permitimos presentar en relación con este dictamen a esta honorable asamblea, las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. La evolución del marco jurídico.
Es necesario conocer la evolución de la legislación de la materia. La actividad pesquera, tarea de recia estatura de concierto económico mundial, hace preciso que se conozcan sus raíces y desenvolvimiento formal en la historia de México.
La ley es la norma que recoge las inquietudes y aspiraciones políticas, económicas y sociales de una comunidad; y debe transformarse de acuerdo a las necesidades de la época para contribuir al progreso y prosperidad de los pueblos.
En el curso de la vida nacional, nuestro país ha contado con una serie de disposiciones jurídicas en esta materia, debido a que la pesca es una actividad altamente cambiante por los factores que inciden en ella y en consecuencia sus normas se han ido adecuando a las exigencias sociales.
Desde el siglo pasado existieron diversas disposiciones que regularon la actividad pesquera, pero fue hasta principios del presente siglo, en que surge la necesidad de integrar las normas que se encontraban dispersas en un sólo ordenamiento; es ese sentido, la Ley sobre el Mar Territorial de 1902, traza un marco jurídico de las aguas y la pesca, en la que ya se declaran bienes del dominio público y de uso común dependientes de la federación; el mar territorial, las playas, la zona marítimo terrestre, los puertos, las bahías, las radas y ensenadas, los ríos y esteros navegables, los lagos y lagunas de formación natural utilizables para la navegación.
Esta normatividad pesquera, ya orienta a fomentar una actividad productiva que brinda oportunidades de empleo o núcleos sociales que hacen de esta actividad una fuente de alimentos para el país; busca la preservación de las especies pesqueras y esencialmente el arraigo de los pescadores en sus comunidades.
La Constitución de 1917 tomando en consideración las disposiciones jurídicas anteriores, establece en su artículo 27 la protección de los recursos naturales que aunque no se refiere al concepto pesca lo lleva implícito, al señalar que las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, así como el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y zócalos submarinos.
Con fundamento en estas disposiciones jurídicas contenidas en el texto constitucional surgen los subsecuentes ordenamientos jurídicos en esta materia para regular la actividad pesquera, así surge: el Reglamento de Pesca Fluvial y Marítimo de 1924, en el que se regula la conservación y promoción de la riqueza natural; la autorización de permisos y contratos; el establecimiento de la vedas; la clasificación de la pesca y sus finalidades y aprovechamientos. Se reglamentan también, las concesiones y permisos de la pesca, a personas físicas o empresas residentes fuera del territorio nacional y la inspección, infracciones y penas.
En 1925, se expide la primera Ley de Pesca del país, que surge del reglamento de 1924. En ésta,
se regula la explotación racional y metódica de la pesca; señala los requisitos a que deberán sujetarse las embarcaciones, reglamenta también, el otorgamiento de la concesiones para el aprovechamiento de los recursos; exige depósito de garantía para los concesionarios que exploten recursos pesqueros; establece las vedas para las especies; fija prohibiciones y establece sanciones a los infractores. Esta ley, responde a las aspiraciones para un ordenamiento de la pesca que con la emisión de su Reglamento, complemente el orden jurídico formal.
En 1932, se expide una nueva Ley de Pesca, orientando sus disposiciones concretamente al régimen de concesiones y autorizaciones y al control de Pesca. En 1938, surge la Ley de Pesca en Aguas Territoriales, que es aprobada en un período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en la cual se establece lo relativo al régimen de pesca comercial, industrial y deportiva en aguas nacionales del Océano Pacífico y el Golfo de California; esta ley se aplica paralelamente a la Ley de Pesca de 1932.
En 1947, el Ejecutivo Federal, envió a la Cámara de Diputados, un nuevo proyecto de Ley de Pesca, que abrogó las leyes de 1932 y 1938, la expedición de este ordenamiento obedeció a la evolución y cambios en el sector pesquero, en dicho ordenamiento se introducen disposiciones que regulan nuevos sistemas de trabajo, conservación, industrialización y transporte de los productos pesqueros. Este cuerpo de leyes agrupó las diversas disposiciones que en ese tiempo se encontraban dispersas.
En 1950, se promulgó una nueva Ley de Pesca, en ella se estableció que la explotación de los recursos naturales en aguas mexicanas correspondía sólo a los mexicanos y sociedades mexicanas y sólo por excepción se permitía su aprovechamiento a los extranjeros cuando cumplieran con los requisitos que establecía la ley en comento; establece el Registro Nacional de la Pesca con el fin de tener un control de los pescadores de oficio, embarcaciones, equipos, etcétera; precisó con claridad el régimen de concesiones o permisos; reglamentó también, la pesca por embarcaciones extranjeras en aguas nacionales; introdujo reformas en el rubro de infracciones y sanciones a fin de que su aplicación fuera justa y equitativa, asimismo se establecieron los requisitos para la transmisión de concesiones otorgadas a particulares.
La ley en mención, fue la que mayor vigencia tuvo. Esta, se reformó en 1951 con el propósito de establecer un nuevo régimen para el traspaso de las concesiones; definir nuevas prohibiciones para realizar actos de pesca en perjuicio, destrucción y agotamiento de las especies acuáticas y establecer nuevas sanciones para reprimir hecho ilícitos en los procedimientos de pesca.
En 1972, se expidió la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, cuerpo jurídico, que reguló la explotación y aprovechamiento de los recursos pesqueros, por ser éstos, un renglón importante en la economía del país; permitió la ampliación del término de las concesiones, hasta por un plazo máximo de treinta años; limitó la intervención de las embarcaciones extranjeras en el otorgamiento de concesiones para la pesca comercial y estableció el recurso administrativo para que los presuntos afectados por las disposiciones emitidas por actos de autoridades, estuviesen en condiciones de impugnarlas.
En 1986, se crea la Ley Federal de Pesca vigente, como consecuencia de las transformaciones, innovaciones y requerimientos surgidos en los años setenta. Como es de advertirse, la distancia entre los hechos de 1972 plasmados en la ley de ese año y la ley de 1986, se enriqueció con vigor y el planteamiento de fórmulas, como el referente a la zona económica exclusiva y nuevo derecho del mar, le dieron ángulos singulares. En el orden legal vigentes, se precisaron conceptos respecto a las concesiones, permisos y autorizaciones; el carácter de excepción a la participación de cualquier flota extranjera; la calidad de bienes de uso común a las obras pesqueras y a las artes de pesca fijas; la definición de empresas de inversión; la concreción de las características y límites de la pesca deportiva, el cultivo por parte de sociedades cooperativas y la extinción de concesiones, permisos y autorizaciones.
Con la velocidad que se han producido los cambios jurídicos en el sector pesquero, nos obliga actuar con oportunidad. La comisión dictaminadora considera, que todos los ordenamientos legales citados con anterioridad, respondieron a los requerimientos de su momento; en la actualidad, la Ley Federal de Pesca en vigor ya no se adapta a la realidad social para cuya regulación fue creada, la evolución originada por el desarrollo y el progreso conlleva consecuentemente a la modificación del régimen jurídico de la actividad pesquera.
Una norma jurídica en divorcio con la realidad social es una norma sin contenido; se requiere que la conducta de los hombres se identifique con el derecho. Este es uno de los problemas que se han presentado en el desarrollo de la actividad pesquera; el marco jurídico que regula esta actividad.
No es posible en la actualidad, el impulso a una actividad económica sin el marco legal apropiado. La pesca en México padece de éste defecto. Por ello, es de suma importancia un nuevo ordenamiento legal de la pesca, que esté vigente en el cambio irreversible del desarrollo del país tanto interno como externo.
Ante esta imperiosa necesidad del cambio, dado a los acontecimientos mundiales que obligan a una competitividad en todos los ámbitos, se hace necesario establecer nuevas reglas que permitan a la autoridad contar con medios e instrumentos para una administración racional de los recursos; que a los particulares y a las organizaciones sociales para el trabajo les ofrezca una mayor certeza jurídica en el aprovechamiento de las especies pesqueras, garantizando de esta forma su permanencia.
Por otra parte, los principios plasmados en la Convención de los Derechos del Mar, constituyen un factor fundamental para el aprovechamiento de los recursos pesqueros en la zona económica exclusiva de México, ya que quedan salvaguardados, por este instrumento jurídico de derecho internacional.
El interés es definitivo en el aprovechamiento de la flora y fauna acuáticas y bajo este concepto, debe refrendarse el principio de soberanía en las aguas nacionales, con inquebrantable decisión y firme propósito de preservar en favor de los mexicanos el derecho a aprovechar y administrar la riqueza que constituyen los recursos pesqueros.
2. Situación actual de la pesca
La actividad pesquera ha registrado un crecimiento desigual y requiere de adecuadas conductas que le permitan resolver la problemática actual, originada en parte por su rápido crecimiento.
La pesca ha logrado grandes avances. Sin embargo, algunos problemas son persistentes y surgen nuevos, cuyo adecuado reconocimiento es necesario para definir la estrategia de solución.
El desarrollo histórico de la pesca refleja el apoyo al sector cooperativo, con objeto de proporcionarle oportunidades de desarrollo mediante su integración a la actividad económica, otorgándole el aprovechamiento de especies de alto valor comercial.
La historia de la pesca precisa que durante el período de 1928- 1940 la actividad pesquera, se vio fuertemente influencia por un marcado apoyo a las organizaciones sociales para el trabajo; así, en el año de 1928 fueron declaradas de uso exclusivo de sus habitantes, diversas regiones pesqueras de los estados de Nayarit y Sinaloa. En el mismo sentido, se observa que el otorgamiento de los permisos de pesca fueron concedidos de manera preferencial a pescadores organizados en cooperativas.
Ejemplo de lo anterior lo fue la Ley de Pesca de 1932, que estableció por primera vez que los pescadores que directamente realizan actos de pesca, podrían organizarse en agrupaciones cuyo objeto fuera mejorar su condición social y económica. Las asociaciones cualquiera que fuera la forma que adoptaran, gozarían de la protección del Estado en los términos de las disposiciones relativas; estableció asimismo, que los permisos y concesiones en ningún caso privarían a los habitantes de la región del derecho de pescar lo necesario para su propio uso o consumo. Tales disposiciones constituirían el antecedente inmediato de la determinación de reservar a favor de las sociedades cooperativas la captura de determinadas especies pesqueras, criterio de fortalecimiento social, que culminó con la promulgación del decreto relativo del 11 de julio de 1940, mediante el cual se reservó a las sociedades cooperativas integradas por pescadores mexicanos, la explotación del camarón en aguas nacionales.
El referido criterio, se conservó y fortaleció en la Ley de Pesca de 1947, la que amplió el número de especies pesqueras cuya captura se reservó en exclusiva a las sociedades cooperativas registradas, así como en la Ley de Pesca de 1949, que reservó la captura de 7 especies a favor de las organizaciones sociales para el trabajo.
En este contexto histórico, mención especial merece el programa de los años cincuentas conocido como " la marcha hacia el mar", que tenía como propósito el aprovechamiento de los recursos pesqueros y la descentralización de la población de los altiplanos hacia regiones costeras del país, a fin de poblar dichas regiones. Este fenómeno generó una actividad pesquera que por sus escasos recursos, se dirigió a la explotación de las especies en las bahías del mar y esteros, creándose así comunidades con escasos alcances de captura.
A medida que transcurría el tiempo, algunas de esas comunidades se fueron fortaleciendo por su propio esfuerzo y fueron adquiriendo embarcaciones de mayor tonelaje y de mayor autonomía en sus viajes, incursionando así en la captura de especies en alta mar, creando de esta manera la pesca denominada de altura.
Es de asentar, que la Ley Federal para el Fomento de la Pesca de 1972, conservó a favor de las organizaciones sociales para el trabajo las 7 especies que contemplaba la Ley de Pesca de 1949, incorporando además la tortuga marina. Dichas especies se encuentran a la luz de la vigente ley, reservadas a las sociedades cooperativas.
No obstante la diversidad de especies pesqueras y la gran proliferación de las mismas, resulta que su captura depende fundamentalmente de las condiciones climáticas y naturales, lo que no asegura una captura en un promedio razonable por período, por lo que se ha volcado la atención al cultivo de especies acuáticas que garanticen la cosecha respectiva, generando así una actividad que manejada bajo criterio de racionalización aseguren un futuro prometedor para la pesca.
En sus inicios, el esquema de administración pesquera actualmente vigente, generó resultados positivos, sin embargo los movimientos de una economía más cambiante a interdependiente ha demostrado su paulatina inoperancia, pues basta señalar a manera de ejemplo que las exportaciones de una de las especies de mayor comercialización como el camarón, a los Estados Unidos de América, fue durante el período de 1987-1988 de 46.2 millones de libras, siendo de 14.1 millones durante la temporada 1991-1992, tal disminución obedece a diversos factores entre los que destacan las dificultades para obtener financiamiento que permita al avituallamiento de las embarcaciones, a la obsolescencia de la flota pesquera, a la adquisición de artes de pesca y a otras más que tiene como denominador común la falta de capitalización, por lo que resulta un imperativo la renovación de dicho esquema en la administración de los recursos pesqueros, que permita a dicha actividad su revitalización económica.
Las dificultades que ha encontrado el sector social para lograr su pleno desarrollo y su incorporación a la dinámica económica de la nación, obliga a revisar los esquemas imperantes, resultando la necesidad impostergable de adecuar el esquema jurídico a un nuevo marco que garantice abatir el rezago en el que se encuentran quienes se dedican a esta actividad como el sector mismo, para colocarlo en el lugar de avanzada que como factor importante de la economía nacional le corresponde.
La iniciativa, en su exposición de motivos, manifiesta que "el sector pesquero a través de los años ha tenido un crecimiento dispar; hoy coexisten al lado de la pesca artesanal, flotas comerciales de tecnología avanzada; métodos de comercialización rudimentarios de poco alcance regional, junto a sofisticadas formas de exportación a mercados internacionales; técnicas de manejo y conservación con altos costos por mermas e ineficiencias, al tiempo que modernas técnicas de procesamiento y congelación".
Esta comisión durante la celebración de los Foros Regionales de Consulta, registró que la industria pesquera nacional ha evolucionado muy lentamente en los últimos 10 años, en producción, en calidad de presentaciones, en oportunidad y consumo en el abasto y en el valor total de las exportaciones; un ejemplo de lo señalado, es el consumo per capita de productos pesqueros en nuestro país que actualmente es de 15 kilogramos, significativamente menor al registrado en países europeos y asiáticos altamente consumidores de estos productos.
Así resultan evidentes como problemas estructurales, la falta de integración del aparato productivo, la persistencia de patrones tecnológicos no adecuados, el desconocimiento relativo de los recursos pesqueros potenciales, de sus inventarios actualizados de infraestructura, de equipos, de instalaciones de naturaleza pesquera y el insuficiente nivel de integración de los sectores que participan en ella.
Estos problemas, están asociados a condiciones coyunturales, tales como la inactividad de algunas embarcaciones atuneras, la escasez de refacciones y artes de pesca, escasos programas de mantenimiento de la flota camaronera y escamera, e infraestructura pesquera, el peso de la deuda y la falta de financiamiento social, por destacar algunas.
Los problemas señalados, inciden entre otros, en la pesca ribereña, actividad prioritaria desde el punto de vista de generación de alimentos, empleos, promoción del desarrollo regional y de su uso no intensivo de capital, lo que con posterioridad ha afectado al ingreso y los niveles de bienestar de la población dedicadas a esta actividad.
En los argumentos vertidos en los foros regionales de consulta también se pudo apreciar, que en la actualidad la actividad pesquera se ve afectada en su desarrollo, tanto a partir del incremento de los costos de operación, como por las dificultades para la realización de su producción en los mercados nacionales e internacionales.
En ese mismo sentido el esfuerzo pesquero del sector, ha observado que cuenta con una flota
anticuada, deteriorada, insuficiente y con serias dificultades para la explotación de los recursos en la zona económica exclusiva y en cuanto a la infraestructura portuaria ésta se ha constituido de manera heterogénea, lo que ocasiona que algunas comunidades ribereñas no cuentan con las instalaciones suficientes para el adecuado desarrollo de la actividad.
Por lo que toca a la fase industrial, ésta refleja también la problemática de la actividad, los equipos y procesos productivos están concentrados en pocas especies (atún, sardina, anchoveta y camarón y en menor cantidad la escama fina), sin explotarse aún otras especies sin prestigio comercial pero con igual o mayor contenido proteínico.
Complementariamente a lo anterior, la insuficiente integración desde la captura hasta el consumidor final es uno de los problemas más severos del sector, originado en la disparidad de su crecimiento con el de las necesidades alimentarias de la población, lo que se agudiza por la insuficiencia de un sistema de comercialización para el mercado interno y externo. De los foros regionales de consulta se recogió que los problemas de organización, también gravitan en la actividad productiva particularmente en cooperativas y comunidades pesqueras caracterizadas por su dispersión y carencia de capital, técnica y organización administrativa.
A la limitación en el crecimiento del sector pesquero ha contribuido la insuficiencia de financiamiento, ya que carece de los instrumentos necesarios para el desarrollo de la actividad, aunado a que los créditos han tenido un costo muy elevado y su obtención es lenta y complicada.
Por otra parte, la actividad pesquera como en otras ramas de la economía nacional se presenta la necesidad de mecanismos financieros y de crédito que la propicien, consoliden y optimicen. Esta también es un problemática, que se acentúa en el sector social pesquero primordialmente.
La acuacultura, por su parte, carece de una infraestructura básica suficiente y requiere de una mayor asistencia técnica tanto crediticia, como organizativa y de capacitación encaminada hacia los productores y con el objeto de elevar los niveles de productividad. La acuacultura se ha impulsado pero se ha concentrado únicamente en especies de significativo valor comercial, sin que se haya podido consolidar una producción abundante a la fecha. Sin embargo, en esta materia, hay países que sin antecedentes importantes de producción, ni alta presencia en el mercado mundial, han demostrado una gran productividad, debido a sus nuevas técnicas, métodos y sistemas de inversión.
Un rezago más lo constituye la escasa incorporación de nuevas tecnologías, debido a la carencia de recursos destinados a la investigación, por parte de los sectores que participan en la actividad.
En síntesis, el sector pesquero opera con deficiencias de diverso orden, que le impiden competir en su totalidad con los propósitos de la positiva transformación que experimentan otros sectores de la economía nacional.
3. El cambio y la modernización de la pesca
Dadas las circunstancias del sector pesquero y de su potencial, se concluye, que es imperiosa la necesidad del cambio, pues ante los retos de preservar nuestros recursos, lograr una mejor alimentación para los más de 82 millones de habitantes que tiene nuestro país y generar un mayor número de empleos productivos, la actividad pesquera en México debe participar en mejor forma para el logro de estos objetivos fundamentales.
La necesidad de cambio, implica transformar y modernizar lo que tenemos, para aumentar la capacidad real de respuesta productiva del país, así como para obtener mejores oportunidades y nivel de vida de quienes participan en la actividad pesquera.
La pesca debe modernizarse acorde al cambio que está generando en otros sectores vitales de la economía de la nación.
La decisión de cambiar para responder a las necesidades y demandas sociales, no debe ser aislada, sino estar inserta en la transformación mundial por ello, el sector pesquero no puede estar ajeno a las tendencias internacionales de globalización. Su eficiente participación en el marco mundial representa un compromiso de cambio para el país.
El sentido de cambio en el sector pesquero del país, implica renovar permanentemente sus prácticas, procedimientos y esquemas de producción y comercialización, que propicie economías de escala y ofrezca las mejores condiciones de costo, así como integrar más adecuadamente las actividades de captura, extracción y cultivo con las industriales, comerciales y financieras que tiendan y fortalecer sus perspectivas de largo plazo.
Sin desconocer que existen otros factores relacionados con la actividad pesquera, que ya se encuentran regulados en otros ordenamientos legales y programáticos como el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, el Programa Nacional de Desarrollo de la Pesca y sus Recursos 1990-1994, el Programa de Desarrollo Integral de Acuacultura, así como el Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y Protección del Delfín, también llamado "Código de Ensenada " de 1991, esta comisión considera que es necesario contar con un instrumento legal que permita la transformación y la consolidación del progreso con justicia social, particularmente en beneficio de quienes deben ser regulados por este instrumento sustantivo de la materia.
EL NUEVO MARCO JURÍDICO
1. Contenido de la iniciativa
Del análisis de la iniciativa en lo general, se considera que es acorde a lo previsto por el artículo 27 constitucional, de cuyo texto se desprende que corresponde a la nación el dominio directo de los recursos naturales y en ese contexto la iniciativa sienta las bases para regular el aprovechamiento de los recursos pesqueros de manera equitativa y en beneficio de la colectividad, garantizando al mismo tiempo, la conservación de estas mismas especies que constituyen una riqueza pública, esto propiciará un desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.
La iniciativa refrenda el principio de soberanía, al reiterar su jurisdicción para dictar normas de aprovechamiento, conservación y administración de los recursos naturales vivos en la zona económica exclusiva y desde luego se reitera la soberanía plena que el Estado Mexicano tiene en su mar patrimonial, así como en sus aguas continentales, todo ello, tendiente a contribuir al logro de una autosuficiencia alimentaria en beneficio de la población.
Uno de los requerimientos del sector pesquero, es lograr un mayor volumen de inversión para fortalecer su desarrollo; por ello, la iniciativa, para dar respuesta a esa necesidad, presenta un marco jurídico y confianza para que los agentes productivos programen sus inversiones a corto, mediano y largo plazos y propiciar con ello, una mayor y mejor participación del sector pesca en la economía del país.
Por otra parte, analizando la iniciativa, se advierte que es un texto sencillo en su redacción y claro en sus conceptos, lo que la hace entendible y por lo tanto, propicia seguridad jurídica en su aplicación, en beneficio de los integrantes del sector; asimismo, apegado a la técnica jurídica, contempla lo sustantivo de la materia y deja al reglamento la parte procedimental con lo que se obtiene, en consecuencia, un instrumento sustantivo en su contenido y ágil en su manejo; sin embargo, al respecto, los integrantes de los diversos grupos parlamentarios que forman esta comisión, consideran fundamental que la reglamentación respectiva, se tenga a la brevedad posible, pues de otra manera, la iniciativa, de merecer su aprobación, perdería parte de su eficiencia.
CAPITULO I
Desde el punto de vista de su estructura formal, la iniciativa presenta en su Capítulo I, lo relativo a las disposiciones generales que contemplan su objeto, su ámbito de aplicación y las facultades que otorga a la Secretaría de Pesca. Reitera que es una ley de orden público y reglamentaria del artículo 27 constitucional en lo relativo al aprovechamiento racional de los recursos pesqueros. De igual manera, establece el propósito de fomento, que se logra mediante la desregulación de la actividad de captura y en particular las relacionadas con la acuacultura, con ello se ajusta a las características de que la ley sea un instrumento de promoción en beneficio de la actividad pesquera.
Esta comisión recomienda, que en el reglamento de la Ley de Pesca, en caso de ser aprobado, se incluya a los elementos biogénicos como parte de recursos pesqueros que constituyen la flora y fauna acuáticas.
Dicho capítulo, también se refiere al ámbito de aplicación de la ley en aguas de jurisdicción federal; analizando su ámbito de aplicación se encontró que éste se sujeta a derecho, virtud a que el Congreso de la Unión en los términos de la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que este órgano es competente para legislar en aguas de jurisdicción federal, entendiéndose que es competencia de los congresos locales, legislar respecto de las aguas de propiedad particular.
Asimismo, establece las facultades que se atribuyen a la Secretaría de Pesca, las que se deberán ejercer sin perjuicio de las facultades atribuidas a otras dependencias relacionadas con esta materia. Cabe aclarar que tales atribuciones complementan a las ya establecidas por otros ordenamientos legales tales como la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Mar y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
CAPITULO II
Del estudio del Capítulo II de la iniciativa, que reitera la forma de administración de los recursos pesqueros a través de las figuras jurídicas de la concesión, permiso o autorización, que se destacan en el artículo 4o. Se precisa que las actividades de captura, reproducción y cultivo requieren del otorgamiento de los títulos mencionados, exceptuándose, la pesca de consumo doméstico, la deportiva - recreativa que se efectué desde tierra y las de acuacultura que se lleven a cabo en depósitos de agua que no sean de jurisdicción federal.
Establece los requisitos que deben reunir los solicitantes de concesiones, permisos o autorizaciones.
Ante la necesidad de dar respuesta a los reclamos del sector pesquero de que le fuese garantizada su permanencia en la actividad y de esta forma planear las inversiones y obtener créditos a corto, mediano y largo plazos, con base en las concesiones o permisos, se amplía a cuatro años la temporalidad de los permisos y hasta por 50 años las concesiones para el cultivo, para lograr los propósitos apuntados y satisfacer las demandas del sector. En el caso de la temporalidad de 50 años referida, obedece también a que este plazo lo señala la Ley General de Bienes Nacionales para concesionar Inmuebles de Propiedad Federal.
Se incluye en este capítulo la figura jurídica de las sustitución de los titulares de concesiones o permisos de pesca comercial, institución que resulta novedosa y que facilitará la realización de las actividades pesqueras y evitará que los bienes destinados a cumplimiento de la concesión o permiso permanezcan ociosos, pues la autoridad pesquera, en los términos del reglamento, podrá autorizar la sustitución de titulares, cuando por cualquier título se trasmita la propiedad de tales bienes; de esta manera, se logra que las embarcaciones y equipo de pesca constituyan una verdadera garantía para la obtención de créditos y un uso óptimo de aprovechamiento, en el entendido de que la comisión sugiere que tal requisito se contemple en el texto de reglamento de aprobarse la presente iniciativa.
También resulta novedoso, el concurso de concesiones para la pesca comercial. La razón fundamental para introducir esta nueva figura en la administración de pesquería, es fundamentalmente con el propósito de hacer más transparente el otorgamiento de permisos y concesiones, así como de otorgárselas a quienes ofrezcan mejores condiciones de aprovechamiento y de conservación, para que con ello quede garantizado que la explotación que se realice de los recursos sea más racional. Sin embargo, no se excluye la posibilidad de que el otorgamiento, se efectúe de manera directa preponderadamente, constituyendo el concurso, los casos de excepción, atendiendo a la obligación que el Estado tiene que hacer una distribución equitativa de la riqueza pública en acatamiento al artículo 27 constitucional.
El artículo 14 de la iniciativa de ley, prevé que la Secretaría de Pesca determinará y en su caso declarará si existen excedentes por especie y que en tal circunstancia, permitirá y con carácter de excepción y de acuerdo con el interés nacional que embarcaciones extranjeras participen en dichos excedentes en la zona económica exclusiva, mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones, que para cada caso establezca la Secretaría.
A este respecto, cabe destacar que el concepto antes mencionado, no es nuevo, pues la ley Federal de Pesca en vigor lo contempla en los artículos 4o. segundo párrafo, 36 fracción VIII, y 41.
La zona económica exclusiva, es una institución del derecho del mar, resultado de un difícil y largo debate en la tercera conferencia de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que se llevó a cabo entre 1973 y 1982, especialmente entre las grandes potencias marítimas, que se resistían a aceptarla; debiendo destacarse que México no espero para crear su zona económica exclusiva a que ésta quedara consagrada en la referida convención, pues por el decreto del Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de febrero de 1976, se adicionó el artículo 27 de nuestra ley suprema, el párrafo octavo, que regula dicha institución y no fue sino que hasta el 10 de diciembre de 1982, en que quedó abierta a la firma en Bahía Montejo, Jamaica, la Convención de la Naciones Unidas sobre El Derecho del Mar, en la cual se consagra esa institución de la que el Estado mexicano es parte, virtud a la ratificación que efectuó el 18 de marzo de 1983, según decreto publicado el 1o. de junio de 1983.
La convención a que se ha venido haciendo referencia, en los términos del artículo 133 de
nuestro máximo ordenamiento legal, tiene el carácter de ley por haber sido suscrita por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado.
En ese orden de ideas se concluye que las disposiciones contenidas en la convención, resulta obligatorias para el Estado Mexicano.
Atento a lo anterior, el gobierno de la República Mexicana está obligado a acatar en sus términos, la convención de referencia, la que en el párrafo dos del artículos 61, establece lo siguiente:
"El estado ribereño determinará su capacidad de captura de los recursos vivos de la zona económica exclusiva. Cuando el estado ribereño no tenga capacidad para explotar toda la captura permisible, dará acceso a otros estados al excedente de la captura permisible, mediante acuerdo u otros arreglos y de conformidad con las modalidades, condiciones, leyes y reglamentos a que se refiere el párrafo cuarto, teniendo especialmente en cuanta los artículos 69 y 70, sobre todo en relación con los estados en desarrollo, que en ellos se mencionan".
El dispositivo de la iniciativa de ley, que prevé la posibilidad de que extranjeros capturen en la zona económica exclusiva es por lo tanto, congruentes con las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene, derivadas de la convención.
En relación a la pesca deportivo - recreativa, se destaca que la iniciativa mantiene el privilegio de destinar a esta actividad en una franja de 50 millas náuticas, el aprovechamiento de las especies que establezca el reglamento, sin que ello implique que no pueda realizarse la pesca deportivo - recreativa respecto de otras especies o en otras áreas.
Dentro de este mismo capítulo, se establece la forma de extinción de las concesiones, permisos o autorizaciones, destacándose que la iniciativa recoge las mismas causas de extinción que prevé la ley en vigor que son la caducidad, la renovación y la nulidad.
Cabe mencionar que en la iniciativa, no se prevé el procedimiento para llevar a cabo la declaratoria de caducidad, revocación o nulidad, por lo que los diversos grupos parlamentarios integrantes de esta comisión consideran necesario que en el reglamento se establezca éste, en el que se deberá prever el otorgamiento de la garantía de audiencia al interesado para que este manifieste lo que a su derecho convenga en el término para tal caso se establezca.
CAPITULO III
El Capítulo III de la iniciativa, hace énfasis en la investigación y capacitación y pugna por su integración y una más amplia participación de la comunidad científica del país con el propósito de proponer metas de racionalización en el aprovechamiento pesquero, busca además, un pleno desarrollo nacional en la misma materia, sin dejar de tomar en cuenta la preservación del equilibrio ecológico.
Destaca en este capítulo, la presencia del Instituto Nacional de la Pesca, como órgano técnico de apoyo de la Secretaría en el desarrollo de las actividades de investigación científica y técnica.
CAPITULO IV
El Capítulo IV de la iniciativa, prevé las medidas para conformar un sistema de inspección y vigilancia que garantice el cumplimiento de la disposiciones jurídicas encaminadas a la protección de los recursos pesqueros. Esta necesidad ha sido planteada por el sector pesquero, como una acción prioritaria y del contenido de los diversos artículos de este capítulo, se considera que satisfacen esas inquietudes.
Para lograr este propósito, la iniciativa en su Capítulo IV, establece las medidas para conformar un sistema de inspección y vigilancia que garantice la adecuada protección de la flora y fauna acuáticas; introduce el concepto de flagrancia, del que se deriva un procedimiento específico en el levantamiento del acta respectiva, a fin de precisar la responsabilidad de las conductas contrarias a la ley. Este grupo plural, considera medular el aspecto señalado y recomienda que en el reglamento de la presente iniciativa, de resultar aprobada, se considere la facultad para promover la denuncia popular, por infracciones al presente ordenamiento.
El documento recoge y fortalece una larga tradición del Estado mexicano que ha propuesto y defendido en foros internacionales, la preservación de los ecosistemas, de la que resalta la adopción de medidas que tienden a evitar la depredación de las especies acuáticas y la protección de aquéllas en peligro de extinción o sujetas a un régimen de protección especial.
Por ello, el Congreso de la Unión, en el período ordinario, celebrado en diciembre próximo pasado, aprobó un decreto por el que se adicionó el artículo 254 bis al Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para
toda la República en Materia de Fuero Federal, para sancionar de seis meses hasta tres años de prisión a quienes de manera intencional capturen, dañen gravemente o priven de la vida a quelonios o mamíferos marinos, así como, la recolección o captura de especies declaradas en veda.
Cabe resaltar, que al agruparse las hipótesis de infracción del artículo 24, se siguió el criterio de ordenarlas por temas, es decir, pesca sin permiso, pesca en época de veda y así sucesivamente, para lograr, en la medida de lo posible un orden por materia. Tal sistema no riñe con las disposiciones punitivas, pues si se hace un análisis del Código Penal, se advierte que los temas obedecen a materias, así por ejemplo, se encontrarán delitos contra la salud, delitos patrimoniales, etcétera, sin que tal orden obedezca a la mayor o menor gravedad del delito.
En cuanto a las imposiciones de multas a que se refiere el artículo 26 de la iniciativa, es de resaltar que se sigue considerando como lo establece la vigente ley, el criterio de tomar en cuenta las condiciones económicas del infractor para su aplicación, apreciación de equidad que proporciona a la autoridad, elementos para imponer una sanción pecuniaria en base a esta circunstancia, lo que se traduce en un elemento de juicio a favor de aquellas personas que por su condición económica no se encuentren en las mismas circunstancias que otros y que justifica el principio de aplicar la ley a los desiguales.
CAPITULO V
Respecto al Capítulo V de la iniciativa en su artículo 30, cobra gran significación el criterio innovador adoptado en el Capítulo V correspondiente a la defensa de los ciudadanos, al verse ampliado el recurso administrativo para los casos en que la autoridad no dé respuesta en el término legal a las solicitudes de concesiones, permisos o autorizaciones. Dicha disposición fortalece los medios de defensa del particular, respecto de los actos de autoridad y obliga a ésta a actuar con sujeción estricta a la normatividad aplicable.
TRANSITORIOS
Mención especial merecen las disposiciones transitorias de la iniciativa, pues con independencia del período de inicio de su vigencia y de la abrogación de la legislación en vigor, para el caso de que esta asamblea tenga a bien aprobar el presente dictamen, resalta la prevención de que las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas bajo la vigencia de la ley cuya abrogación se plantea, seguirán surtiendo sus efectos por el plazo originalmente concedido.
Asimismo, se prevé en favor de aquellos titulares de permisos vigentes otorgados al amparo del Capítulo VI de la ley en vigor, un derecho preferencial para solicitar su prórroga hasta por un año a partir de su vencimiento. Igualmente se concede a los beneficiarios acogerse al régimen de concesiones y permisos previsto por la presente iniciativa en cuyo caso tendrán preferencia en su otorgamiento.
2. Modificaciones y adiciones a la iniciativa propuesta por las distintas fracciones parlamentarias.
Del análisis de la iniciativa de Ley de Pesca, presentada por el titular del Ejecutivo Federal, surgieron de los diversos grupos parlamentarios valiosos puntos de vista que fueron sustentados en los planteamientos realizados por los legisladores de ambas cámaras y por los representantes de la comunidad científica y los sectores público, social y privado, en los trabajos de conferencia, así como en los foros regionales de consulta convocados por esta comisión.
Tanto en las reuniones de trabajo del grupo dictaminador y del pleno de la comisión, los partidos políticos concidieron en que el nuevo marco jurídico propuesto, brinde mayores posibilidades de lograr los grandes objetivos del sector en la actualidad, como son:
a) Realización de una pesca responsable, que conlleve a la preservación de las especies y el medio ambiente;
b) Incrementar la producción;
c) Capitalizar la actividad y
d) Apoyo al sector social en su proceso de reorganización.
Hubo amplio concenso, también, que paralelamente a la entrada en vigor del nuevo marco jurídico, el sector requiere que el gobierno federal, en concertación con las organizaciones sociales y privadas involucradas, ponga en marcha un programa de apoyo para la modernización, que incluya, de manera preferente, recursos para la reestructuración de carteras vencidas del sector social; financiamiento para la rehabilitación de la flota y su avitualliamiento, especialmente la camaronera; mantenimiento y ampliación de la infraestructura portuaria; apoyo para la integración horizontal de todas las actividades del
sector, particularizando en la comercialización; intensificar la creación de empleos y, atención a las demandas de servicios públicos e infraestructura urbana a las comunidades de pescadores.
Trás conformar el proyecto de dictamen, el grupo plural formado para ello, decidió turnarlo al plano de la comisión para profundizar su discusión y, en su caso, aprobación.
Es conveniente destacar que, en el análisis de la ley, se apreciaron importantes coincidencias de las fracciones parlamentarias que seguramente se reflejarán en los planteamientos que presenten en el pleno de ésta Cámara, foro idóneo para el debate de tan trascendente iniciativa, según opinión de los partidos políticos que logró concenso generalizado en la comisión.
El Partido Revolucionario Institucional se pronunció en el sentido de que la iniciativa responde, sin duda, a coadyuvar al logro de los grandes propósitos para el sector, contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y a la demanda generalizada planteada por los sectores social, privado y la comunidad científica que participan en la actividad.
Manifestó que, ante la grave crisis que se afronta en la pesca, el nuevo marco jurídico propuesto representa una valiosa alternativa para concretar en el futuro inmediato el amplio y sano desarrollo del sector acorde a su gran potencial.
El Partido Revolucionario Institucional señaló, también la conveniencia de profundizar en el análisis de los siguientes artículos: 5o., 11, 14, 15, 17, 21, 24, 25 y 30.
El Partido Acción Nacional, el 4o., 14, 15, 24, 25 y 26.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el 1o., 3o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 12, 14, 15, 20, 21, 23 y 29, primero transitorio y propone asimismo dos nuevos capítulos con sus respectivos artículos.
El Partido de la Revolución Democrática, el 1o., 5o., 7o., 9o., 11, 14, 15, 23 y 29.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el 3o., 10, 12, 13, 20, 21, 22 y 23.
El Partido Popular Socialista, el 15.
En conclusión el grupo plural encargado de la redacción de este dictamen, resolvió incorporar en su texto las modificaciones que tuvieron concenso unánime y dejar a salvo las propuestas restantes, como ya se ha señalado, para su discusión y debate en el pleno de la Cámara.
En relación a lo establecido en los artículos transitorios, se hacen las siguientes declaraciones:
Respecto al artículo primero, que hace referencia a que la vigencia de la ley se iniciará a los 30 días contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es de resaltar que de las disposiciones establecidas en los artículos segundo y cuatro transitorios, se desprende que se encuentran consideradas las prevenciones respecto a la aplicación de este proyecto de ley, en caso de aprobarse por esa asamblea y en ese sentido; se estima conveniente que la vigencia de este texto legal, se inicie a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto permitirá que la autoridad pesquera no retrase sus actividades que pudieran estar ya proyectadas al amparo de la nueva ley.
Por lo que corresponde al artículo segundo que se refiere a la abrogación de la Ley Federal de Pesca de 1986, en vigor, se estima que la figura jurídica que deberá aplicarse es la relativa a la derogación, toda vez que como se contempla en el artículo cuatro transitorio, dicha Ley Federal de Pesca, se continuará aplicando respecto al recurso de revisión. Esta misma consideración se aplicará para los artículos tercero y cuatro transitorios, toda vez que resultaría contradictorio utilizar la figura de la abrogación cuando se pretende que se siga aplicando parcialmente la Ley Federal de Pesca en vigor, la cual quedará abrogada una vez que el Reglamento entre en vigor.
Por último y en cuanto al artículo tercero se consideró la importancia de resaltar la contribución de las sociedades cooperativas pesqueras, incluidas las ejidales y comunales, al desarrollo de la actividad pesquera del país, pues es necesario reconocer que su decidida participación y esfuerzo en el sector pesquero, ha originado un trato preferencial en el otorgamiento y preservación de los recursos acuáticos, lo que propiciará la continuidad de su dinámica participación en la actividad productiva de la nación.
Por los razonamientos expuestos, la Comisión de Pesca, con fundamento en los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87 y demás relativos del
Reglamento de dicha ley, somete a la elevada consideración de ésta honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE LEY DE PESCA
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1o. La presente ley es de orden público, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a los recursos naturales que constituyen la flora y fauna cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua. Tiene por objeto garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros y establecer las bases para su adecuado fomento y administración.
Artículo 2o. Las disposiciones de ésta ley tendrán aplicación en las aguas de jurisdicción federal a que se refieren los párrafos quinto y octavo del artículo 27 constitucional y en las embarcaciones de bandera mexicana que realicen actividades pesqueras en alta mar o en aguas de jurisdicción extranjera, al amparo de concesiones, permisos, autorizaciones o de cualquier otro acto jurídico similar que haya otorgado algún gobierno extranjero a México o a sus nacionales.
Artículo 3o. La aplicación de la presente ley corresponde a la Secretaría de Pesca, sin perjuicio de las facultades atribuidas a otras dependencias de la administración pública federal, las que deberán establecer la coordinación necesaria con ésta Secretaría, la cual estará facultada para:
I. Elaborar, publicar y mantener actualizada la Carta Nacional Pesquera que contenga el inventario de recursos pesqueros en aguas de jurisdicción federal, susceptibles de aprovechamiento;
II. Promover la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones y artes de pesca, así como de las obras de infraestructura en aguas de jurisdicción federal, portuaria e industrial necesarias para impulsar el aprovechamiento, transformación, distribución y comercialización de la flora y fauna acuáticas, proponer la creación de zonas portuarias pesqueras y participar en su administración;
III. Promover el consumo interno de una mayor variedad de productos y subproductos de la flora y fauna acuáticas, así como la diversificación de sus usos y formas de presentación, su industrialización, calidad y comercialización interna y externa, para lograr la mayor competitividad de éstos;
IV. Promover el desarrollo de la acuacultura en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo Federal;
V. Dictar medidas tendientes a la protección de los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas sujetas a protección especial o en peligro de extinción y participar con las dependencias competentes, en la determinación de éstas dos últimas;
VI. Fijar los métodos y medidas para la conservación o reprobación de los recursos pesqueros regular la creación de áreas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, así como establecer las épocas y zonas de veda;
VII. Determinar, de acuerdo con las condiciones técnicas y naturales, las zonas de captura y cultivo, las de reserva en aguas interiores y frentes de playa para la recolección de postlarvas, crías, semillas y otros estadios biológicos, así como las épocas y volúmenes a que deberá sujetarse la colecta;
VIII. Regular la introducción de especies de la flora y fauna acuáticas en cuerpos de agua de jurisdicción federal; definir las normas técnicas sanitarias para garantizar el sano desarrollo de las especies acuáticas y comprobar las medidas de prevención y control en materia de sanidad acuicola, en forma directa o por medio de laboratorios debidamente acreditados, en coordinación con las dependencias competentes de la administración pública federal;
IX. Establecer los volúmenes de captura permisible; regular el conjunto de instrumentos, artes, equipos, personal y técnicas pesqueras; el número de embarcaciones y sus características aplicables a la captura de determinada especie o grupo de especies; fijar la época, talla o peso mínimo de los especímenes susceptibles de captura y proponer las normas para su manejo, conservación y traslado;
X. Vigilar, en coordinación con las autoridades competentes, que se cumplan las normas vigentes en las operaciones de transbordo, descarga y cambio de tripulantes en las embarcaciones pesqueras de bandera mexicana o inscritas en el Padrón de Abanderamiento Mexicano, en la zona económica exclusiva o en alta mar;
XI. Dictaminar sobre la factibilidad económica y social de las cooperativas de producción pesquera, incluidas las ejidales y comunales y
XII. Solicitar la acreditación de la legal procedencia de los productos y subproductos pesqueros.
Las disposiciones de carácter general que se dicten con fundamento en este artículo, deberán basarse en dictámenes científicos y/o técnicos y en su caso, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
CAPITULO II
De las Concesiones, Permisos y Autorizaciones.
Artículo 4o. Para realizar las actividades de captura, extracción y cultivo de los recursos que regula la presente ley, se requiere de concesión, permiso o autorización según corresponda, excepto para la pesca de consumo doméstico que efectúen los residentes en las riberas y en las costas; la pesca deportivo - recreativa que se realice desde tierra y la acuacultura que se lleve a cabo en depósitos de agua que no sean de jurisdicción federal.
Artículo 5o. Los solicitantes de concesiones, permisos o autorizaciones deberán acreditar la legal disposición de los bienes y equipos necesarios para cumplir el objeto de la solicitud o el programa de adquisición, arrendamiento o construcción de los mismos, así como, en su caso, la inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y los demás requisitos que al efecto establezca el Reglamento.
De las Concesiones y Permisos
Artículo 6o. Las concesiones a que se refiere ésta ley, tendrá una duración mínima de cinco años y máxima de veinte; en el caso de acuacultura, éstas podrán ser hasta por cincuenta años. Al término del plazo otorgado, las concesiones podrán ser prorrogadas hasta por plazos equivalentes a los concedidos originalmente.
Las obligaciones de los concesionarios y permisionarios se establecerán en el Reglamento y en el título correspondiente.
Artículo 7o. El otorgamiento de una concesión o permiso, quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y conservación del recurso de que se trate.
La Secretaría de Pesca, en los términos que fije el Reglamento, podrá concursar el otorgamiento de concesiones o permiso para el aprovechamiento por area, especie o grupo de especies para la pesca comercial.
Artículo 8o. Los titulares de concesiones o permisos podrán ser sustituidos previa autorización de la Secretaría de Pesca, siempre que se cumplan los requisitos que establezca el Reglamento, salvo los casos expresamente prohibidos en ésta ley.
Artículo 9o. La Secretaría de Pesca podrá otorgar concesiones o permisos para la pesca comercial, a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, previo cumplimiento de los requisitos de ésta ley y su Reglamento.
La operación de barcos - fábricas o plantas flotantes, estará sujeta a la expedición de concesiones o permisos.
Artículo 10. Las concesiones o permisos que expida la Secretaría de Pesca se otorgarán por embarcación o unidad de esfuerzo pesquero, según se defina para cada especie, grupo de especies o zonas, en las disposiciones reglamentarias de la presente Ley.
El concesionario o permisionario deberá llevar siempre a bordo el documento que compruebe que la embarcación está autorizada para operar, la cual deberá tener matrícula y banderas mexicanas o estar registrada en el Padrón de Abanderamiento Mexicano, en los términos de la Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana.
Artículo 11. Los permisos que otorgue la Secretaría de Pesca tendrán una vigencia que no podrá exceder de cuatro años y podrán ser transferidos en los términos del artículo octavo de ésta Ley, con excepción de los que se otorguen para la realización de la pesca de fomento; la pesca deportiva recreativa; pesca comercial por embarcaciones extranjeras en aguas de la zona económica exclusiva y los que se refieren a trabajo pesquero necesario para fundamentar la solicitud de las concesiones de pesca comercial.
Artículo 12. La Secretaría de Pesca podrá otorgar permisos para realizar la pesca de fomento a quienes acrediten capacidad técnica y científica para tal fin.
Artículo 13. Los permisos para la pesca deportiva - recreativa se expedirán a personas físicas nacionales o extranjeras.
Se destinan exclusivamente a la pesca deportivo - recreativa, las especies que determine el Reglamento, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.
Artículo 14. La Secretaría de Pesca determinará y en su caso declarará si existen excedentes por especie; en tal circunstancia, permitirá, con carácter de excepción y de acuerdo con el interés nacional, que embarcaciones extranjeras participen de dichos excedentes, en la zona económica exclusiva y mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones que para cada caso establezca la propia dependencia.
El permiso respectivo, se sujetará a la suscripción de convenios con los estados que lo soliciten y, en el caso de las personas físicas y morales de nacionalidad extranjera, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento.
De las Autorizaciones
Artículo 15. La Secretaría de Pesca podrá autorizar con carácter de intransferible únicamente a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, la realización de las siguientes actividades:
I. Pescar en alta mar o en aguas de jurisdicción extranjera, con embarcaciones de matrícula y bandera mexicanas;
II. Instalar artes de pesca fijas en aguas de jurisdicción federal;
III. Recolectar del medio natural, reproductores, larvas poslarvas, crías, huevos, semillas o alevines con fines de producción acuicola o de investigación;
IV. La introducción de especies vivas en cuerpos de agua de jurisdicción federal;
V. La pesca didáctica que determinen los programas de enseñanza de las instituciones de educación pesquera del país y
VI. La sustitución de los titulares de la concesión o permiso.
De la Extinción de las Concesiones, Permisos y Autorizaciones.
Artículo 16. Se extinguen por caducidad las concesiones o permisos, cuando sus titulares no inicien la explotación en el plazo establecido o la suspendan, sin causa justificada por más de 30 días consecutivos y además, en el caso de acuacultura en aguas de jurisdicción federal, cuando no cumplan con el plan de inversiones previsto.
Artículo 17. Procede la revocación de las concesiones, permisos o autorizaciones, cuando sus titulares:
I. Afecten al ecosistema o lo pongan en riesgo inminente;
II. No proporcionen la información en los términos y plazos que le solicite la Secretaría de Pesca o incurran en falsedad al rendir ésta;
III. No acaten, sin causa justificada, las condiciones generales de orden técnico que indique la Secretaría de Pesca dentro del plazo establecido para ello; IV. Transfieran, sin consentimiento de la Secretaría de Pesca, los derechos derivados de la concesión, permiso o autorización y
V. Incurran en quiebra, liquidación, disolución o concurso necesario.
Artículo 18. Las concesiones, permisos o autorizaciones se anularán cuando con posterioridad a su otorgamiento aparezcan elementos que afecten su validez.
Artículo 19. Los titulares de concesiones o permisos que incurran en causas de caducidad o de revocación no podrán ser titulares de concesiones o permisos, sino transcurridos cuatro años, contados a partir de la declaración firme de la caducidad o revocación. Igual tratamiento se dará en los casos de anulación imputables a sus titulares.
Artículo 20. La Secretaría de Pesca mantendrá un Registro Nacional de Pesca que será público y gratuito, por lo que hace a las inscripciones que en éste se realicen; en el que se inscribirán de manera obligatoria las personas físicas o morales que se dediquen a ésta actividad al amparo de una concesión, permiso o autorización, con excepción de las personas físicas que efectúen pesca deportivo - recreativa.
Igualmente, deberán inscribirse las embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera, inscritas en el Registro Público Marítimo Nacional, así como las unidades de explotación acuícola, las escuelas pesqueras y los centros dedicados a la investigación o enseñanza en materia de flora y fauna acuáticas.
La Secretaría de Pesca expedirá el certificado de registro correspondiente.
CAPITULO III
De la Investigación y Capacitación
Artículo 21. La investigación científica y tecnológica, así como la capacitación que realice la Secretaría de Pesca deberá vincularse a la producción, en particular, a la de alimentos para el consumo humano y tendrán como propósito esencial incrementar la capacidad para identificar, cuantificar, aprovechar, administrar, transformar, conservar e incrementar la flora y fauna acuáticas.
La Secretaría de Pesca, en coordinación con las dependencias correspondientes de la Administración Pública Federal, con las instituciones de investigación o con los particulares, establecerá servicios de investigación, genética, nutrición, sanidad y extensionismo.
Para el desarrollo de las actividades de investigación científica y técnica, la Secretaría de Pesca contará con el apoyo del Instituto Nacional de la Pesca.
CAPITULO IV
De la Inspección, Infracciones y Sanciones de la Inspección
Artículo 22. La Secretaría de Pesca tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de ésta ley y su Reglamento, para lo cual, realizará los actos de inspección y vigilancia; la ejecución de medidas de aseguramiento y la determinación de infracciones administrativas.
Las dependencias del Ejecutivo Federal, en su esfera de competencia, contribuirán al cumplimiento de ésta Ley. En casos específicos, la Secretaría de Pesca podrá solicitar el auxilio de alguna de ellas.
Artículo 23. La Secretaría de Pesca podrá realizar, por conducto del personal debidamente autorizado, visitas de inspección, para cuyo efecto dicho personal deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente.
En la misma diligencia, la autoridad procederá, en su caso, a levantar el acta correspondiente en presencia de dos testigos que designe el interesado y sólo en caso de negativa, serán designados por la autoridad. Podrá retener provisionalmente los bienes o productos que sean susceptibles de decomiso definitivo; asimismo, designará al depositarlo de los productos o bienes retenidos, pero en ningún caso podrá tener este carácter la Secretaría de Pesca, salvo cuando se trate de instrumentos o artes de pesca prohibidos, a los que de inmediato se les dará el destino que legalmente proceda.
En los casos de flagrancia, se levantará el acta respectiva en el lugar de los hechos, haciendo constar con precisión ésta circunstancia. De las Infracciones
Artículo 24. Son infracciones a lo establecido en la presente ley:
I. Realizar la pesca comercial o recolectar del medio natural reproductores, larvas, poslarvas, crías, huevos, semillas o alevines de las especies pesqueras, sin contar para ello con la concesión, permiso o autorización correspondientes;
II. Operar barcos - fábrica o plantas flotantes sin contar con la concesión o permiso respectivo;
III. Explotar, siendo titular de una concesión o permiso, una especie o grupo de especies, en volúmenes mayores o fuera de las normas técnicas y económicas establecidas en el título respectivo;
IV. Facturar o amparar productos pesqueros, que no hubieran sido obtenidos en los términos de su concesión, permiso o autorización, por sus titulares;
V. Practicar actividades de pesca de fomento, didáctica o deportivo - recreativa, sin contar con el permiso o autorización, según el caso;
VI. Simular actos de pesca de consumo doméstico, de fomento, deportivo - recreativa o didáctica con el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas;
VII. Transferir; sin autorización de la Secretaría de Pesca, los derechos derivados de las concesiones o permisos;
VIII. No llevar a bordo de las embarcaciones la documentación expedida por la Secretaría de Pesca para acreditar la concesión, permiso o autorización;
IX. Efectuar operaciones de pesca con embarcaciones extranjeras sin el permiso correspondiente;
X. Desembarcar productos pesqueros en el extranjero o transbordarlos sin contar con la autorización de la Secretaría de Pesca, salvo en caso de siniestro;
XI. Descargar en puertos mexicanos productos de pesca comercial provenientes de embarcaciones extranjeras, sin autorización de la Secretaría de Pesca, salvo en caso de siniestro;
XII. No dar el aviso de arribo, cosecha o recolección a la autoridad pesquera, conforme a lo dispuesto en el Reglamento;
XIII. Practicar la pesca en alta mar o en aguas de jurisdicción extranjera, con embarcaciones de matrícula y bandera mexicana, sin la autorización correspondiente, con excepción de la pesca deportivo - recreativa;
XIV. No acatar las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones otorgadas por gobiernos extranjeros al gobierno mexicano, para la captura de especies;
XV. Hacer uso indebido de la información técnica o científica de la Secretaría de Pesca;
XVI. Transportar en embarcaciones destinadas a la pesca instrumentos explosivos o sustancias contaminantes no autorizados por la Secretaría de Pesca;
XVII. Utilizar instrumentos, artes o métodos de pesca prohibidos o no autorizados;
XVIII. Practicar la pesca con embarcaciones distintas de aquellas que haya autorizado y registrado la Secretaría de Pesca;
XIX. Extraer, capturar, poseer, transportar o comerciar especies declaradas en veda o con talla o peso inferiores al mínimo especificado por la Secretaría de Pesca u obtenerlas de zonas o sitios de refugio o de repoblación;
XX. Capturar deliberadamente o sin ajustarse a las normas técnicas establecidas, quelonios o mamíferos marinos y especies en peligro de extinción, sin autorización de la Secretaría de Pesca;
XXI. Omitir el uso de la bitácora de pesca, alterar o anotar con falsedad los datos técnicos que se asienten en la misma o no entregarla a la autoridad dentro de los plazos establecidos;
XXII. No proporcionar la información en los términos y plazos que solicite la Secretaría de Pesca o incurrir en falsedad al rendir ésta;
XXIII. Instalar artes de pesca fijas sin contar con la autorización correspondiente;
XXIV. Introducir o manejar bajo cualquier forma, especie o material biológico en aguas de jurisdicción federal, que causen daño, alteren o pongan en peligro la conservación de los recursos pesqueros, sin los permisos que correspondan, y
XXV. No demostrar deocumentalmente ante la Secretaría de Pesca la legal procedencia de los productos de flora y fauna acuática por parte de quienes los posean, almacenen, transporten o comercien.
De las Sanciones
Artículo 25. Las infracciones a lo dispuesto por ésta ley serán sancionadas , por la Secretaría de Pesca, con arreglo a la gravedad que implique la falta cometida por el infractor.
Para los efectos del párrafo anterior se establecen cinco categorías de sanciones como sigue:
1. Revocación de la concesión, permiso o autorización; decomiso de productos y/o artes de pesca y/o imposición de multa; y de acuerdo con la gravedad de la falta, clausura temporal de la instalación o instalaciones y/o decomiso de la embarcación o vehículo.
2. Revocación de la concesión, permiso o autorización, clausura definitiva de las instalaciones y/o imposición de multa;
3. Suspensión temporal de los derechos de la concesión, permiso a autorización, clausura temporal de las instalaciones y/o imposición de multa;
4. Decomiso de los productos obtenidos de la flora y fauna acuática y/o de las embarcaciones o vehículos, artes de pesca y/o imposición de multa, y
5. Amonestación.
El decomiso de embarcaciones o vehículos, así como la clausura temporal o definitiva de instalaciones previstas en este artículo, sólo se aplicarán en caso de especial gravedad.
Cuando en una sola acta de inspección aparezca que se han cometido diversas infracciones, deberán ser sancionadas todas ellas sin que el monto total de la multa que se imponga pueda exceder del rango máximo fijado en el inciso D, del artículo 26 de ésta ley.
En el caso de embarcaciones extranjeras detenidas por pescar ilegalmente en aguas de jurisdicción federal, deberán observar las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país, con base en la más estricta reciprocidad.
La amonestación se aplicará en todo caso a los infractores y servirá de apoyo para imponer la sanción económica a los reincidentes.
Artículo 26. La Secretaría de Pesca impondrá las multas teniendo en cuenta la gravedad de la falta y las condiciones económicas del infractor, conforme a la tabla del artículo 27, y de acuerdo con el tabulador siguiente:
a) De 20 a 100 veces el salario mínimo
b) De 101 a 1000 veces el salario mínimo
c) De 1001 a 2000 veces el salario mínimo
d) De 2001 a 20000 veces el salario mínimo
El salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción, servirá de base para la imposición de dichas multas.
Artículo 27. Las sanciones y multas establecidas en el presente ordenamiento se aplicarán conforme a la siguiente tabla:
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A los reincidentes se les aplicará la multa de la categoría inmediata superior a la correspondiente a la infracción cometida por primera vez o hasta el doble en el caso de la categoría más alta, prevista en el tabulador a que se refiere el artículo 26 de ésta ley.
Artículo 28. A los productos o bienes decomisados, se les dará el destino que disponga la Secretaría de Pesca, conforme a las siguientes alternativas: remate en pública subasta; venta directa de productos pesqueros; donación o establecimientos de asistencia social o de rehabilitación, tratándose de productos capturados en época de veda o en tallas menores a las autorizadas; y destrucción de productos contaminados o en estado de descomposición y en el caso de artes de pesca prohibidas, cuando sea precedente.
Artículo 29. El 50% de los ingresos que la Federación obtenga efectivamente de multas por infracción a ésta ley, así como el 70% de los que obtenga del remate en pública subasta o de la venta directa de los productos y bienes decomisados, se destinarán a la formación de fondos para los programas vinculados a la inspección y vigilancia en materia pesquera, así como para el otorgamiento de estímulo y recompensa por productividad y cumplimiento del personal de la Secretaría de Pesca y para quienes denuncien infracciones y su distribución se hará en los términos que indique el Reglamento de ésta ley.
Capítulo V
Del Recurso Administrativo
Artículo 30. Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría de Pesca, con fundamento en ésta ley, se podrá interponer el recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, de conformidad con lo que establezca el Reglamento.
Asimismo, podrá interponerse dicho recurso, cuando la autoridad no dé respuestas en el plazo que prevenga el Reglamento, a las solicitudes de concesiones, permisos o autorizaciones.
TRANSITORIOS
Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se deroga la Ley Federal de Pesca, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1986, la que será abrogada una vez que entre en vigor el Reglamento de ésta ley.
Artículo tercero. Las concesiones, permisos y autorizaciones que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, seguirán vigentes en sus términos.
Previa solicitud por escrito, las sociedades cooperativas de producción pesquera, incluidas las ejidales y comunales, que sean titulares de permisos vigentes de pesca otorgados al amparo del Capítulo VI de la ley que se deroga, podrán solicitar prórroga hasta por una año contado a partir de su vencimiento, sin que ésta exceda en ningún caso al 31 de diciembre de 1993, estos permisos podrán ser transferidos en los términos del artículo octavo de la presente ley.
Asimismo, los permisionarios a que se refiere el párrafo anterior, podrán optar, durante la vigencia original de su permiso, por sujetarse al esquema de concesiones y permisos previstos por el presente ordenamiento y, tendrán preferencia en el otorgamiento de la concesión o permiso, en su caso.
Artículo cuatro. En tanto se expide el Reglamento de la presente ley, continuará aplicándose, en lo que no se oponga, lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Federal de Pesca que se deroga.
Asimismo, y en cuanto a la tramitación del recurso de revisión previsto en ésta ley, se seguirán aplicando las disposiciones del Capítulo XVII del ordenamiento que se deroga hasta en tanto se expida el Reglamento de la presente ley.
Recinto alterno, Centro Médico, del Palacio Legislativo, a 21 de mayo de 1992.»
Es de primera lectura.
LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
El Presidente: -El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario José Marco Antonio Olvera Acevedo: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Honorable asamblea: a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación enviada recientemente por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Esta Comisión, con la facultad que le otorgan los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocaron al estudio de la presente, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
La iniciativa con proyecto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación fue remitida a la honorable Cámara de Diputados por el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le otorga el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, realizada el 6 de mayo del presente año, el Presidente de la mesa directiva ordenó se turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
En reunión de trabajo celebrada por la Comisión el día 12 de mayo de 1992, se dio cuenta al pleno de la misma, de la iniciativa y se aprobaron los siguientes acuerdos:
1o. Integración de una Subcomisión Plural encargada de estudiar, analizar, y elaborar el proyecto de dictamen de la iniciativa en estudio;
2o. La celebración de conferencias de comisiones entre la subcomisión plural, con la comisión respectiva de la Cámara de Senadores, con el propósito de avanzar conjuntamente en el análisis y estudio de la iniciativa e intercambiar opiniones, y
3o. Se fijó el día 26 de mayo como fecha para que la subcomisión plural presentará ante el Pleno de la Comisión el proyecto de dictamen.
A fin de dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el pleno de la Comisión, la subcomisión plural se reunió el día 20 de mayo del año en curso, con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el objeto de intercambiar opiniones referentes a la iniciativa.
De la misma manera, los integrantes de la subcomisión se reunieron en varias ocasiones para continuar discutiendo las propuestas de modificación y los puntos de coincidencia respecto de la iniciativa.
Asímismo, los días 12 y 21 de mayo de 1992, ésta subcomisión realizó trabajos en conferencia con la Comisión designada por el Senado de la República para este mismo fin.
El día 26 de mayo del año en curso, la subcomisión plural, conforme al acuerdo aprobado presentó ante el pleno de la Comisión el proyecto de dictamen de la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
En relación con la iniciativa objeto de este dictamen, la Comisión de Comunicaciones y Transportes presenta los siguientes
CONSIDERANDOS
1. La reforma del Estado y la política de Comunicaciones y Transportes
La víspera del nuevo milenio nos enfrenta a una economía mundial con una enorme interrelación de los procesos productivos y comerciales. Ante ésta circunstancia, México preservará su soberanía a través de lograr un desarrollo integral, fortalecer su régimen democrático y afianzar el crecimiento económico y el empleo, así como de una más justa distribución del ingreso y la riqueza. Para lograr este objetivo el Estado debe planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica, y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Comisión Federal.
La sociedad civil manifiesta el deseo de colaborar en las reformas que le abran nuevas
posibilidades de participación, es por ello que la estructura administrativa y operativa del Estado deben adecuarse a las nuevas condiciones. Los propósitos y las reformas que alimentan el proceso de modernización nacional son compartidos por todos los mexicanos: mayor justicia social, elevación del bienestar de la población, mejor democracia, un crecimiento económico sostenido y fortaleza de la soberanía en un mundo interdependiente y globalizado.
La apertura comercial y la desregulación económica, han sido reformas fundamentales para inducir la competitividad de las empresas, la desincorporación de empresas públicas que no tienen carácter prioritario o estratégico vino a reforzar las finanzas públicas y ha fomentado una mayor participación de la sociedad civil en el conjunto de las actividades productivas.
1.1. Modernización del sector
Comunicaciones y Transportes
En este marco, el proceso de modernización en materia de transportes y comunicaciones no podría quedarse rezagado, sino por el contrario desempeña un papel preponderante; para modernizar este sector se han venido realizando diversas acciones a fin de mejorar la prestación de los servicios e incrementar su productividad.
Dentro de las actividades realizadas en el ramo, una buena parte de las tareas operativas, de prestación de servicios de construcción o mantenimiento de activos, se han transferido al sector paraestatal, incrementando su eficiencia a través de organismos descentralizados u órganos desconcentrados. Las funciones que por su naturaleza o repercusión exclusiva en el ámbito regional o local corresponden a los gobiernos de los estados o autoridades municipales, vienen siendo delegadas en ellos.
La defensa de la soberanía comprende no sólo el territorio sino los objetivos que integran el interés nacional y que dan forma al proyecto de nación. Los transportes y las comunicaciones son parte neurálgica y delicada de la actividad nacional y su desarrollo es parte fundamental del interés público. Por ello, el Estado debe reservarse en exclusiva el sector estratégico de los transportes y de las comunicaciones y reestructurar el resto de las actividades con la participación de los sectores social y privado.
1.2 Los nuevos tiempos
La iniciativa para reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación, objeto de este dictamen, propone modificaciones tendientes a preservar el papel rector del Estado en materia de transporte y comunicaciones en un mercado cada vez más abierto a la competencia.
En materia de infraestructura carretera el país enfrenta un importante desafío. Se cuenta con un total de 240 mil kilómetros de carreteras: 48 mil de líneas troncales, 62 mil de alimentadoras y 130 mil kilómetros de caminos rurales. En 9 mil kilómetros de la red federal transitan 5 mil vehículos diarios y en otros 15 mil circulan 3 mil automotores por día. Estas carreteras que en su momento fueron magníficas, hoy ya no son suficientes para soportar tantos vehículos con la velocidad y tamaños requeridos; las especificaciones con que fueron construidas ya no satisfacen las necesidades del transporte moderno.
La presente administración pretende construir más de 4 mil kilómetros de autopista de cuota con altas especificaciones que contribuirán a resolver el problema arriba planteado.
La falta de recursos fiscales para construir éstas autopistas, ha obligado que el 80% de la inversión necesaria para éstas obras sea privada. La mayoría de las autopistas se están construyendo mediante la figura de la concesión al determinado tiempo, considerando el tráfico estimado y el costo de la obra con una tarifa móvil, atada a las variaciones del índice nacional de precios al consumidor. El propósito es que el inversionista pueda recuperar su capital en el plazo establecido, operar la autopista adecuadamente, conservarla y restituirla al Estado, mismo que podrá concesionarla de nuevo si así conviene al interés público. Se considera, con base en los estudios técnicos y proyecciones que se han realizado, que para llegar al siglo XXI con adecuada infraestructura se requerirá construir más de 12 mil kilómetros de nuevas autopistas. En caso contrario, se obstaculizaría la dinámica del país al no expandir la red como se está requiriendo en estos tiempos de cambio, además que se dejaría sin resolver el reto que plantea el transporte.
1.3. El Estado moderno
Así pues, el moderno papel rector del Estado en materia de comunicaciones y transportes se desempeña ejerciendo las funciones de coordinación, regulación y vigilancia en un mercado abierto a la competencia dentro de un esquema de libertad, de equidad y participación plural, preservando su soberanía dentro de un marco de legalidad.
Las comunicaciones y transportes son la infraestructura fundamental para alcanzar los propósitos de la modernización integral del país. En este renglón y como estrategia del Estado se ha fomentado la participación de los particulares mediante la concesión de los servicios en los casos y en los términos que establece la ley con la participación de la inversión privada para la construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura y se garantiza la integración y la comunicación del territorio nacional, en su proceso, se comparten costos, riesgos y responsabilidades; además de ofrecer garantías jurídicas para los inversionistas.
2. Estructura de la iniciativa
Conforme al criterio de ésta Comisión, las propuestas que contiene la iniciativa responden a las siguientes líneas estratégicas:
Fomentar la participación de los particulares en el establecimiento, crecimiento y desarrollo de las vías generales de comunicación;
Simplificar los trámites administrativos que hasta hoy se vienen realizando para el otorgamiento de permisos y concesiones;
Otorgar mayores garantías a los inversionistas;
Eliminar tratos preferenciales entre los usuarios de los caminos y puentes;
Fortalecer las labores de inspección técnico - administrativas sobre las vías generales de comunicación;
Proteger a los usuarios de las vías generales de comunicación de posibles daños y perjuicios que se registren durante el trayecto por las mismas;
Ampliar el plazo de la concesión para la construcción y explotación de caminos con la finalidad de establecer tarifas de peaje más accesibles;
Promover el desarrollo regional a través de la participación de los estados y municipios en la construcción y explotación de obras concesionadas;
Crear nuevas fuentes de financiamiento para el mantenimiento y ampliación de la red carretera federal, y
Garantizar la correcta operación y uso de las vías generales de comunicación, así como el desarrollo normal, en tiempo y forma, de las obras en construcción.
3. Modificaciones a la iniciativa
La subcomisión plural encargada de la redacción del proyecto de dictamen a través de las diversas reuniones de trabajo en las que se analizaron y discutieron temas relacionados con la iniciativa y valorando las diversas aportaciones de diputados, enriqueció notablemente el contenido de la propuesta, dando como resultado, la incorporación en el texto final del dictamen de las modificaciones que mayor concenso lograron.
Con respecto al primer párrafo del artículo 15 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en el cual se establece el procedimiento para otorgar una concesión, la comisión consideró que se debe hacer explícito a qué tipo de solicitud se refiere; además de establecer como requisito para la obtención de la misma el estudio sobre el impacto ecológico. De conformidad con lo anterior el texto quedaría de la manera siguiente:
Artículo 15. Recibida la solicitud de concesión y previo pago de los derechos respectivos, se procederá a efectuar los estudios técnicos que correspondan de acuerdo con las bases generales señaladas en el artículo 8o. y a la normatividad establecida en materia de conservación del equipo ecológico y si el resultado de éstos fuere favorable, la solicitud con las modificaciones que acuerde la Secretaría se publicará a costa del interesado, por dos veces, de cinco en cinco días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación, con el fin de que durante el plazo de diez días contados a partir de la última publicación las personas que pudieren resultar afectadas presenten sus observaciones.
En relación con el artículo 117, se aprobó que se hiciera explícito que la inspección sobre las vías generales de comunicación y medios de transporte deberá de ser permanente, para quedar el texto en los siguientes términos:
Artículo 117. Compete al gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la inspección permanente, tanto técnica como administrativa sobre las vías generales de comunicación y medios de transporte, la que llevará a cabo por si o bien por conducto del organismo descentralizado correspondiente.
Por lo que hace al párrafo quinto del artículo 127 se consideró necesario modificar la redacción de tal forma que se clasificara que el salario mínimo base será el que rija en la fecha en que se cubra la indemnización; además de que la misma debe pagarse a sus beneficiarios en el
orden que establece el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo con el objeto de darle mayor celeridad al proceso. Quedando en los siguientes términos:
Artículo 127..................................................................
La indemnización por la pérdida de la vida del usuario o del viajero será por una cantidad mínima equivalente a 730 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal en la fecha en que se cubra, misma que se pagará a sus beneficiarios en el orden que establece el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijará dentro de los primeros 15 días del mes de enero, la cantidad por la que debe protegerse al usuario de la vía o al viajero, así como el monto de la indemnización que deba percibirse de acuerdo con las incapacidades y lesiones que se causaren y los daños que redunden en sus pertenencias, el que se fijará con base en lo establecido por la Ley Federal del Trabajo para riesgos profesionales.
Con respecto al tercer párrafo del artículo 146, ésta comisión consideró pertinente suprimir el enunciado "a particulares", con el objeto de que el contenido del mismo fuese congruente con lo establecido en el párrafo segundo. Por lo tanto quedaría como sigue:
Artículo 146..................................................................
La explotación mediante la operación de los caminos de peaje construidos o adquiridos por el gobierno federal, podrá ser concesionada, si así conviene al interés público, de conformidad con el procedimiento establecido por ésta ley y de acuerdo con las condiciones que se señalen en el título de concesión correspondiente.
Por las anteriores consideraciones, la Comisión de Comunicaciones y Transportes se permite proponer el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE VÍAS GENERALES
DE COMUNICACIÓN
Artículo único. Se reforman los artículos 15, 93, fracción II, 117, 127, 146 y 533 primer párrafo y se derogan los artículos 6o. y 111 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:
Artículo 6o. Se deroga
Artículo 15. Recibida la solicitud de concesión y previo pago de los derechos respectivos, se procederá a efectuar los estudios técnicos que correspondan de acuerdo con las bases generales señaladas en el artículo 8o. y a la normatividad establecida en materia de conservación del equilibrio ecológico y si el resultado de éstos fuere favorable, la solicitud con las modificaciones que acuerde la Secretaría se publicará a costa del interesado, por dos veces, de cinco en cinco días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación, con el fin de que, durante el plazo de 10 días contados a partir de la última publicación, las personas que pudieren resultar afectadas, presenten sus observaciones.
Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior no se presentan objeciones, o si las que se presentan no fueren de tomarse en cuenta, se podrá otorgar la concesión con las modificaciones de carácter técnico y jurídico que se estimen pertinentes, previo cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y legales que señale la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Otorgada la concesión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenará si lo considera necesario, que a costa del interesado se publique aquella en el Diario Oficial de la Federación con la exposición de los fundamentos que se hayan tenido para otorgarla y el programa a que habrá de sujetarse la construcción o explotación de la vía concesionada, de acuerdo con las bases que establece el artículo 8o.
Artículo 93...................................................................
I..............................................................................
II. La vía de comunicación o medio de transporte, con todas sus dependencias, accesorios y, en general, todo lo que le pertenezca, cuando la misma haya sido construida en virtud de la concesión.
III y IV.......................................................................
Artículo 111. Se deroga.
Artículo 117. Compete al gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la inspección permanente, tanto técnica como administrativa, sobre las vías generales de comunicación y medio de transporte, la que llevará a cabo por sí o bien por conducto del organismo descentralizado correspondiente.
Artículo 127. Los concesionarios o permisionarios de servicios públicos de transporte de pasajeros en vías generales de comunicación, o de la explotación de las mismas, están obligados
a proteger a los viajeros y sus pertenencias de los riesgos que puedan sufrir con motivo de la prestación del servicio y a los usuarios de la vía por el uso de las mismas. La protección que al efecto se establezca, deberá ser suficiente para cubrir cualquier responsabilidad objetiva del concesionario o permisionario y amparará los daños y perjuicios causados al viajero en su persona o en su equipaje o demás objetos de su propiedad o posesión, que se registren desde que aborden hasta que desciendan del vehículo, o al usuario de la vía durante el trayecto de la misma.
El monto de la prima del seguro o la cantidad que deba destinarse a la constitución del fondo de garantía según el caso, quedarán comprendidos dentro del importe de las tarifas.
La indemnización por la pérdida de la vida del usuario o del viajero será por una cantidad mínima equivalente a 730 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal, en la fecha en que cubra, misma que se pagará a sus beneficiarios en el orden que establece el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte fijará dentro de los primeros 15 días del mes de enero, la cantidad por la que debe protegerse al usuario de la vía o al viajero, así como el monto de la indemnización que deba percibirse de acuerdo con las incapacidades y lesiones que se causaren y los daños que redunden en sus pertenencias, el que se fijará con base en lo establecido por la Ley Federal del Trabajo para riesgos profesionales.
La indemnización por concepto de lesiones a que tienen derecho los usuarios o viajeros, deberá cubrir totalmente los pagos que se originen, por la asistencia médica, la hospitalización y los aparatos de prótesis y ortopedia, pero no podrá exceder del monto que corresponda a la indemnización por muerte.
Mientras dure la inhabilitación, antes de que sea declarada la incapacidad, el usuario o viajero tendrá derecho al pago del salario mínimo vigente en el área geográfica donde la víctima del accidente preste sus servicios, o en caso de cesantía donde ésta resida, que se cubrirá integro el primer día hábil de cada semana.
Los aparatos de prótesis que requiera el usuario o viajero para su rehabilitación, serán cubiertos por la aseguradora o por el concesionario o permisionario, en el plazo que fije la autoridad médica competente. El pago por cualquier indemnización se hará en un plazo no mayor de treinta días.
Los concesionarios o permisionarios que incumplan la obligación de proteger a los viajeros, independientemente de las sanciones a que se hicieren acreedores por esta omisión deberán pagar las indemnizaciones correspondientes en los términos establecidos en este precepto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigilará que los responsables garanticen con bienes de su propiedad el cumplimiento de estas disposiciones.
.................................................................................................................
Artículo 146. Las concesiones para construír y explotar caminos, se otorgarán por el plazo que señale la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que no podrá exceder de treinta años.
.......................................................................................
El gobierno federal podrá construír y explotar caminos de peaje por sí o mediante concesión que se otorgue en los términos de esta ley a particulares, a los estados o a los municipios.
La explotación mediante la operación de los caminos de peaje construidos o adquiridos por el gobierno federal, podrá ser concesionada, si así conviene al interés público, de conformidad con el procedimiento establecido por esta ley y de acuerdo con las condiciones que se señalen en el título de concesión correspondiente.
Artículo 533. Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, serán castigados con tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal.
..................................................................................
TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México Distrito Federal, a 26 de mayo de 1992.»
Es de primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS
AGRUPACIONES FINANCIERAS
El Presidente: -El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regulas las Agrupaciones Financieras.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al Dictamen.
El secretario José Marco Olvera Acevedo: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El Presidente: -En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular.
El diputado Angel Aceves Saucedo (desde su curul): -Se propone al diputado Alberto López Vargas, para fundamentar el dictamen.
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto López Vargas.
El diputado Alberto López Vargas: -Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a fundamentar el dictamen que la Comisión de Hacienda y Crédito Público formuló y autorizó en relación a un decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley que Regula las Agrupaciones Financieras.
En este sentido, permítanme hacer algunas consideraciones en base a este dictamen que hoy se somete a su atenta y distinguida consideración.
El sistema financiero mexicano se encuentra estrechamente vinculado con nuestro aparato
*Este documento se encuentra en el diario No. 11 del día 21 de mayo de 1992.
productivo. Ha experimentado diferentes etapas de acuerdo a la orientación y circunstancias de la política económica y su entorno. Pero siempre ha jugado un papel de primer orden.
Después de los avances de la renegociación de la deuda externa y de los logros del Programa de Estabilización Económica que conceden hoy al Estado importantes grados de libertad para actuar, las decisiones de creación de una banca mixta, las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y las modificaciones financieras y bancarias, conforman una estrategia que tiende a fortalecer al Estado mexicano y a propiciar mayores oportunidades de desarrollo económico y social.
En este contexto, el Estado reorienta las políticas monetarias y fiscales, primero para consolidar la estabilización y luego para dinaminar la economía y elevar el nivel de ingreso; utiliza su capacidad de fomento a las exportaciones y a la inversión extranjera en algunas actividades; cuida de la preservación de los recursos naturales y culturales, manteniendo una política económica realista y con apoyo social.
Un pilar de esta política ha sido el sistema financiero que ha evolucionado de manera significativa y que hoy asume los compromisos plasmados en el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo.
En los años sesenta, el paso más importante fue la transformación de la banca especializada en banca múltiple, que se consolidó en la década de los sesenta. Simultáneamente aparecieron otros intermediarios que a través de la presentación de servicios financieros no bancarios, vinieron a complementar nuestro sistema financiero, tales como las casas de bolsa, las arrendadoras financieras, que se vincularon estrechamente con los bancos.
Posteriormente surgieron otros intermediarios, como las empresas de factoraje y las sociedades de inversión.
Por otra parte, a fin de que una mayor proporción de la población tenga acceso a los servicios financieros y que su ahorro se incorpore al proceso productivo, se ha reconocido formalmente a las sociedades de ahorro y préstamos, entre las que destacan las llamadas cajas de ahorro.
México se encuentra actualmente en un proceso de desarrollo, sustentado en la modernización en todos los ámbitos de la sociedad. Para ello transforma su aparato productivo para hacerlo
más eficiente y competitivo, con objeto de atender la demanda interna de bienes y servicios y de vincularlos con el exterior en condiciones más favorables.
En este marco, la modernización del sistema financiero tiene como objetivo fundamental, orientar hacia la inversión productiva, un volumen creciente de ahorro interno y externo para lograr un proceso de crecimiento estable y autosostenimiento de la economía mexicana.
En los últimos años, la modernización del sistema financiero, se ha venido dando en dos grandes vertientes: la liberación de los mercados y las reformas al marco jurídico que definen un nuevo desarrollo institucional.
A fines de 1988, se comenzó gradualmente a dejar en libertad a la banca, para determinar las tasas de interés y los plazos de las operaciones pasivas.
Asimismo, se suprimieron los requisitos de inversión obligatoria, de encaje legal y el de coeficiente de liquidez marginal que se dio a partir de septiembre de 1991.
Lo anterior ha proporcionado la creación de nuevos instrumentos financieros y una mayor competencia institucional, que se ha traducido en eficiencia y creatividad del sistema y disponibilidad de fondos prestables, conciliando la promoción del ahorro con el estímulo a la inversión.
La segunda vertiente que se refiere a las reformas a la legislación financiera, se inicia a finales de 1989, con la finalidad de lograr un desarrollo equilibrado del sistema y mejorar el sistema ofrecido a los usuarios. Estas reformas promueven la competencia entre los intermediarios, alientan una mayor cobertura de los mercados, reducen la regulación excesiva, mejoran los mecanismos de supervisión, fomentan la capitalización de las instituciones y reconocen la incorporación de nuevos intermediarios.
Esta libertad financiera, se ha combinado con un fortalecimiento del sistema de supervisión para garantizar el sano desarrollo institucional y la protección de los intereses del público, sin que ello implique la imposición de trabas administrativas que impiden una operación ágil y eficaz.
En este proceso de cambio, las orientaciones más relevantes en la modernización del sistema financiero mexicano, se encuentra en el concepto de banca universal, en la separación patrimonial de la banca, respecto de la industria y el comercio y en la apertura gradual y restringida, a la inversión extranjera.
La banca universal, en el contexto de los grupos financieros, genera economías de escala al ofrecer, en un mismo establecimiento, un paquete diversificado de servicios que incluye los bancarios, de bolsa, de factoraje y de arrendamiento financiero. Todo esto es beneficio de los usuarios, cuya demanda de servicios es cada vez más compleja.
Este proceso se da espontáneamente en un mercado financiero liberalizado.
El propósito de separar patrimonialmente la operación de la banca y de los grupos financieros, respecto de la industria y el comercio, constituye un elemento esencial en el desarrollo del sistema financiero, que tiende a evitar la excesiva concentración del riesgo, la piramidación de capitales, el conflicto de intereses y las llamadas "Operaciones de complacencia".
Por su parte, la apertura gradual hacia el exterior responde de manera natural a la tendencia internacional de globalización de los mercados, caracterizada por una cada vez mayor movilización de bienes y servicios, en un mundo interpendiente.
De ahí que la participación del inversionista extranjero, en el sistema financiero mexicano, aunque minoritaria, contribuirá a fortalecer su presencia en el exterior, incorporará los avances tecnológicos más recientes, introducirá nuevos productos, ampliará su red internacional de servicios y robustecerá su solidez financiera.
En resumen, compañeras y compañeros diputados, la modernización financiera está conformando un sistema equilibrado en el que imperan la competencia y las sanas prácticas bancarias y financieras, al tiempo que las autoridades fortalecen sus atribuciones de rectoría en la materia.
En este marco, la Comisión de Hacienda y Crédito Público analizó y discutió la iniciativa del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley que Regula las Agrupaciones Financieras, cuyo dictamen se somete hoy a la consideración de esta honorable asamblea.
Se estima que la iniciativa, motivo de este dictamen, continúa y subraya el fomento a la
capitalización de las instituciones, el reconocimiento de la incorporación de nuevos intermediarios, la promoción de la competencia entre los mismos, el aliento de una mayor cobertura de los mercados, la reducción de las regulaciones excesivas y el mejoramiento de los mecanismos de supervisión.
Por todo esto, es que se solicita a esta honorable asamblea se acepte y se apruebe el dictamen, en sus propios términos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Esta Presidencia informa a la asamblea que se han anotado en la lista de oradores, el diputado Héctor Morquecho Rivera, el diputado Fernando Rodríguez Cerna, el diputado Rafael Fernández Tomás, el diputado René Bejarano Martínez y el diputado Enrique Jacob Rocha.
Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, en contra.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Voy a fundamentar la razón por la cual la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, votará en contra del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
El punto de vista nuestro consiste en que seguimos, como lo estamos viendo, en un acentuado retroceso; un retroceso en materia económica, política y social y, eso desde luego nos lleva a un retroceso en materia en lo que se refiere a nuestra soberanía nacional.
Hemos observado, hemos discutido, hemos llevado a nivel nacional un debate y hemos precisado que el gobierno que dirige el licenciado Carlos Salinas de Gortari, ha entrado en profunda contradicción con los anhelos, con los postulados, derivados de la Revolución Mexicana, que encontró, en la Constitución de 1917, la expresión de los resultados de esa lucha revolucionaria.
Precisamente hoy, en materia de instituciones de crédito, de agrupaciones financieras, el gobierno sigue llevando la misma pauta, sigue el mismo camino: deja en manos del sector privado, nacional y extranjero, la conducción del financiamiento para el desarrollo económico de nuestro país y de esta manera, este desarrollo el gobierno lo sujeta a los propósitos, a los intereses, de la banca usurera internacional que, como todos sabemos, es capitaneada por los grupos monopólicos del poder imperialista conducido por los Estados Unidos de América.
¿De qué se trata con estas modificaciones, reformas, a estas leyes? Se trata, como en otros aspectos que ya se han visto recientemente y se seguirán viendo más adelante, dentro de poco tiempo, se trata de implementar la reforma del Estado. Esa es la tesis fundamental, ésa es la práctica fundamental. Ese es el proyecto que tiene este gobierno para nuestro país.
Se trata de implementar la reforma del Estado y, claro, con un ropaje teórico de liberalismo social. El cual en verdad, como se ha dicho muchas veces, es un neoliberalismo económico.
Esto se puede apreciar con lo que considera precisamente en algunos párrafos del dictamen.
Dentro de sus consideraciones dice que "la comisión considera que la estructura de capital propuesta para las instituciones de crédito y las agrupaciones financieras, al integrarse necesariamente por una parte ordinaria, representada por el 51% de acciones serie A y el 49% restante indistinta o continuamente por acciones A, B o C, ésta última hasta un máximo de 30%"; dice: "además de podrá contar con una parte adicional integrada por acciones serie L, hasta un 30% del capital pagado ordinario". Precisamente es aquí en donde está aplicado de manera concreta el espíritu, el esfuerzo, toda la tesis de esta reforma del Estado, de este interés de seguir con el modelo de que el Estado deje su responsabilidad que le dio la Revolución Mexicana, para ahora dejar en manos privadas, nacionales y extranjeras, el manejo de las instituciones de crédito en nuestro país.
Dice el dictamen: "es conveniente resaltar que con las acciones serie L se continúa asegurando una participación diversificada y lo suficientemente plural". Es decir, en términos de entender correctamente esto, es simplemente dejar en manos del sector privado, de lo plural, de la sociedad civil, el aspecto del crédito en materia de estas agrupaciones financieras.
Dice que, en lo que toca a la serie C, dice: "podrán ser adquiridas por cualquier persona, salvo personas morales extranjeras que tengan el carácter de autoridad". Nada más que en el artículo ya de la propuesta del dictamen, artículo 15, dice: "Las acciones representativas de las series C y L sólo podrán ser adquiridas por:
en la fracción III. Personas físicas extranjeras o morales, extranjeras, que no ejerzan funciones de autoridad". Esto en apariencia representa un candado, pero el hecho concreto es que se abre la posibilidad para que con ese pluralismo, con esa diversificación, el capital extranjero pueda manejar nuestros recursos, como lo está haciendo ahora de manera, podemos decir de hecho y ahora de trata de legalizar, formalizar, dicha participación extranjera.
Decía yo que esto se enmarca dentro de la tesis de la reforma del Estado, dentro de la tesis que arropa dicha reforma. Sólo que no sólo eso ha sucedido, no sólo eso está sucediendo, en el sentido de que el gobierno diga una cosa y en la práctica realice otra, porque resulta que la propia banca nacionalizada tenía por parte del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, un planteamiento constitucional, un planteamiento conceptual, revolucionario, positivo y democrático. Dice el Plan Nacional de Desarrollo: "El Estado mantendrá la propiedad y el control de las áreas estratégicas que señala el artículo 28, párrafo IV de la Constitución, entre ellas se señalan varias y dice aquí: "prestación de servicios de banca y crédito"; es decir un compromiso hecho palabra pública frente al pueblo y frente a la nación nos llevó a lo que hoy vienen siendo pasos secundarios o en tercer grado derivados de la primera medida, reprivatizar la banca nacionalizada y en ese sendero es en que se lleva esta iniciativa que estamos ahorita discutiendo.
En realidad siempre se trata de que cada fuerza política, de que cada clase social, esté en el poder público o no, se trata de expresar sus concepciones teóricas que son las que definen su conducta política y precisamente conviene hacer unas observaciones sobre esta reforma del Estado.
El punto de vista o los puntos de vista del Presidente de la República expresados en mayo de 1990 dicen lo siguiente: "que desde finales de los años veinte, el Estado mexicano asumió responsabilidades para la industrialización, para los servicios, para proveer bienes y para guiar el ejercicio de las libertades y que este proceso cambió a nuestro país", dice también: "la sociedad mexicana se ha modificado en los últimos años y nuevas demandas se han acumulado a las viejas demandas", agrega: "La crisis económica de la última década agravó los rezagos sociales y ello urgió la necesidad del cambio. Rumbo al Siglo XXI dice, las transformaciones mundiales dan la pauta para que México eficientice la producción en beneficio de la justicia social y la soberanía nacional". Agrega: "en este sentido los cambios requeridos inducen a la reforma del Estado, mediante el pluralismo político y la competencia económica"; es decir, se da la tesis, tres, cuatro puntos, luego da triple salto mortal, se brinca en el aire y llega a una conclusión que no es congruente con lo que viene llevando en su proceso teórico. Dice: "El ensanchamiento del Estado en lo social fue útil largo tiempo y hoy dicho ensanchamiento impide cumplir las funciones básicas del Estado. El Estado propietario inhibe la iniciativa de la sociedad civil y ello proporciona el estancamiento económico".
Otro aspecto de esta tesis: "El Estado tiene un dilema: o atiende todas las propiedades nacionales, o atiende las necesidades populares" y plantea: "La solución a este dilema consiste en atender la justicia en base a la razón histórica"... entonces, con estos tres últimos conceptos, se puede apreciar que está desvinculado precisamente de la razón histórica la actuación...las consecuencias más bien, de lo que se llama reforma del Estado.
En síntesis, de esta reforma del Estado, se habla de volver al espíritu de 1917, democratizar al Estado, hacer al Estado menos propietario y de esa manera se llega a la conclusión, como dice hoy, el dictamen que hoy estamos viendo, se llega a decir lo siguiente: han cambiado las circunstancias que dieron con la estatización de la banca, por lo tanto la reforma al Estado consiste en modificar el sistema financiero.
Luego, como han coincidido los grupos empresariales tanto de México como de Estados Unidos de América, también en Alemania, de Japón, que han aplaudido estas medidas que el gobierno mexicano está haciendo; medidas que desde luego favorecen a ellos, a los monopolios del exterior, porque al final de cuentas lo que para ellos consiste en un avance plural, diversificado, que logrará la democracia del crédito, no consiste más que en que se abandone el camino de nuestra revolución y lo que la banca nacionalizada ha hecho en favor de nuestro país.
Hay que recordar al respecto, que la banca nacionalizada logró avances importantes, aun cuando le prestó al que tiene y no al que sigue necesitando del apoyo de la banca. En esta apertura comercial, precisamente, que se está dando, es cuando se requiere una actuación de la banca del crédito en manos de personas patrióticas, que con un celo positivo nacionalista, puedan manejar los recursos financieros.
Hay que recordar que en los últimos ocho años la banca nacionalizada permitió el rescate de
empresas en dificultades económicas; que hizo crecer al producto interno bruto y que el problema fundamental, el problema fundamental por no aplicarse una reforma fiscal a fondo, popular, democrática, que gravase las grandes ganancias, de los grandes capitalistas, el gran problema consistió en que esta banca nacionalizada tuvo que estar precisamente financiando el déficit público.
Un déficit que no tendría razón de ser si hubiese, repito, una reforma en ese sentido, democrática y en favor de nuestro pueblo.
En consecuencia, compañeras y compañeros diputados, ¿de qué se trata con estas medidas legislativas? ¿A quién se trata de beneficiar? ¿Al pueblo de México? ¿Se trata de beneficiar a nuestra nación? ¿Se trata de buscar un desarrollo económico nuestro con independencia, con verdadera justicia social para los mexicanos?
Creo que se trata, conforme a lo que ya mucha gente estudiosa en ese aspecto ha dicho, se trata de ir implementando como con estas medidas, otras más para crear las condiciones, darle viabilidad al Tratado de Libre Comercio.
Es ése interés, la gran preocupación del gobierno, por eso mete el acelerador, por eso ya se están programando otras eventualidades que en apariencia están dentro del marco constitucional, otras en materia reglamentaria, pero todo va enrumbado para crear las condiciones, darle viabilidad al Tratado de Libre Comercio que se está viendo, discutiendo y se está negociando.
Dice su escritor, no sé si sea economista, tal vez sea economista, se llama Gustavo Lomelín, dice en un escrito esta persona, escrito este mayo del presente año, dice lo siguiente: "Las dificultades son tan claras, se refiere al Tratado de Libre Comercio, que según fuentes citadas por el periódico El Financiero, el 17 de marzo, México aceptó ya la petición de Estados Unidos de modificar la Ley de Inversiones Extranjeras, de efectuar una nueva reclasificación de productos petroquímicos, de ceder hasta el 15% del mercado financiero mexicano a intermediarios estadounidenses y canadienses y reducir de 10 a 15 años el período de transición para la apertura del mercado de automóviles y autopartes".
Es decir, ésa es la altura, ése es el camino que sigue este gobierno y trata además con estas modificaciones de beneficiar a tres decenas de personas que forman parte del selecto Comité Nacional de Hombres de Negocios, de los que se sabe detentan en sus manos más de la mitad de la deuda pública interna, a través de Certificados de la Tesorería y otros instrumentos de elevada rentabilidad y este grupo monopólico y oligárquico es el que hace poco tiempo dijo: "Con lo que nos debe el gobierno, le compramos todos los bancos y aún así nos sobra dinero para seguir comprando todo lo que pueda seguir vendiendo".
Se trata también, compañeras y compañeros diputados, de beneficiar a la gran fuerza económica que se ha consolidado a través del sistema de intermediación financiera, integrado por las casas de bolsa, por las aseguradoras, las afianzadoras, arrendadoras y almacenadoras, cuyo capital, nada más el contable, asciende a más de 6 billones de pesos.
Se trata de beneficiar también a las casas de bolsa, son más de 30 que tienen recursos por más de 35 billones de pesos, cuya actividad especulativa ha superado ampliamente al sistema bancario, el que todavía hace poco nacionalizado., había cumplido su papel, repito, con aciertos y con errores; pero además, la actividad de esas casas de bolsa que van a ser beneficiadas con estas modificaciones que aquí se están planteando, esas casa de bolsa han favorecido la concentración del ingreso y la distorsión del ahorro nacional.
Por estas consideraciones, compañeras y compañeros diputados, por estas reflexiones, el voto del Partido Popular Socialista será en contra del dictamen que en este momento se está discutiendo. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Rodríguez Cerna, a favor del dictamen.
El diputado Fernando Rodríguez Cerna: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Lo dicho aquí por Alberto López Barcas en la fundamentación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda a su consideración, el fundamento que nuestro partido y la Comisión de Hacienda vienen para solicitar su voto aprobatorio.
Las instituciones del sistema financiero mexicano requieren en estos momentos de una mayor capitalización; sujetar el desarrollo del sistema financiero y el desarrollo de la economía mexicana al ahorro nacional, sería frenar el crecimiento económico de nuestro país. Necesitamos precisamente autorizar las reformas que se
proponen, entre las que se encuentran la emisión de la serie L de acciones de voto limitado de la banca múltiple, para asistir con esto al mercado internacional y en momentos en que el crédito está solicitado por todos los países del mundo, ir a esos mercados para poder traer a nuestro país recursos adicionales que garanticen la continuidad de nuestro crecimiento.
La preocupación aquí expresada de la participación del capital extranjero en el sistema financiero mexicano es una preocupación infundada, ya que como aquí se dijo y yo lo comenté, las acciones serie L, son acciones de voto limitado y los tenedores de ellas no podrán participar en el consejo de administración de las instituciones del sistema financiero mexicano.
Los recursos que por esta vía traeríamos a nuestro país, permitirían fortalecer el capital de las instituciones y de las controladoras, a efecto de propiciar su expansión y modernización en condiciones de mayor competitividad.
Este tipo de acciones solamente tendrían voto en la asamblea cuando se trate de cambiar el objeto de la sociedad, cuando se piense en la fusión, en la escisión, en la transformación, disolución y liquidación de las sociedades del sistema financiero mexicano.
Por lo tanto, garantizamos con ello que el control de las instituciones continúa en manos de mexicanos. Les dotamos a las instituciones de mayor solidez financiera y las ponemos en el mercado internacional ahora que tantos países que antes tenían sus economías cerradas, ahora están abiertos a la inversión y crédito externos.
Por todo lo que aquí expresado y porque las reformas ahora propuestas a la Ley de Instituciones de Crédito, representan la continuidad de las reformas que se han hecho a la Ley de Instituciones de Crédito y a la propia Constitución y porque estas reformas garantizan para los mexicanos el control del sistema financiero, pilar de nuestro desarrollo, solicito a todos ustedes, compañeros diputados, el voto aprobatorio al dictamen que ha sido sometido a su consideración. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: -Continúa el uso de la palabra el diputado Rafael Fernández Tomás.
El diputado Rafael Fernández Tomás: -Señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados:
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, vengo a apoyar el dictamen que se nos presenta en estos momentos, para regular las agrupaciones financieras y la Ley de Instituciones de Crédito y quiero hacerlo, si ustedes me permiten, desde dos puntos de vista.
Nosotros entendemos que el dictamen tiene una primera parte, hasta el artículo 103, 104 y 111 y en la segunda parte, entran esos últimos tres artículos. En la segunda parte, a nombre de mi fracción, vamos a defender por qué apoyamos el dictamen, pero vamos a hacer una denuncia pública en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, mi intervención va a estar desglosada en dos partes, la primera, referente a lo que corresponde, a lo anterior, al artículo 103 y, voy a dar lectura de ello.
"Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, las modificaciones que se proponen en la iniciativa de derecho por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, no son casuales, sino que forman parte importante de uno de los ejes fundamentales de la gestión de la política económica actual, la regulación del sector financiero nacional.
Desde el surgimiento de la crisis económica, el gobierno federal planteó diversas alternativas para superar los grandes problemas económicos. Una de estas alternativas, fue la aplicación de un programa de cambio estructural y de redimensionamiento del Sector Público, el cual se centró básicamente en la desincorporación de entidades paraestatales.
El objetivo fue que el Estado, sin perder la rectoría de la actividad económica, debe abandonar el papel de propietario que había jugado durante décadas y que si bien en su momento había sido necesario hacerlo, en el nuevo esquema económico planteado por la actual administración, no se justifica.
El proceso de desregulación de la actividad económica, ciertamente afectó a diversas áreas de la economía nacional y, sin embargo, se abrió la posibilidad de captar mayores inversiones a través de esquemas de asociación y de inversión a los cuales se permitió y se permite la participación de particulares.
Los ajustes que ha sufrido la política económica como parte del proceso de reforma del Estado propuesto por el Ejecutivo Federal, se han centrado precisamente en la desregulación de la
actividad económica, en la cual hemos observado importantes avances.
En el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, hemos ponderado estos avances que han conducido al mejoramiento de los principales indicadores macroeconómicos, pero también hemos marcado nuestras diferencias en aspectos que consideramos había excesiva discrecionalidad en el proceso desregulatorio.
A pesar de eso, nuestro partido no se ha opuesto a este proceso desregulatorio, porque considera que no sólo es parte central de la gestión de la política, sino porque constituye una tendencia mundial de las economías modernas.
El contar con instrumentos ágiles permite que los avances en materia económica se consoliden; sin embargo, este proceso desregulatorio no debe ser un pretexto para que el Estado deje de cumplir con sus obligaciones constitucionales, en el marco de la economía mixta; es decir, no se debe caer en excesos que a la postre conlleven a que el Estado deje de ser rector de los sectores más sensibles de la política económica.
En este sentido al tomar posición sobre la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, debemos tener claro que el objetivo básico de la iniciativa a discusión es configurar una nueva estructura jurídica - administrativa del sector financiero, con el fin de actualizar la normatividad con los desarrollos funcionales y estructurales de los circuitos monetario y financiero nacional, así como su adecuación a la dinámica de los circuitos financieros internacionales.
Esta iniciativa permite a las agrupaciones financieras cumplir con la condición de capitalizarse plenamente, a fin de lograr la modernización tecnológica, para poder enfrentar la competencia internacional que implica la apertura comprometida hacia la eventual firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio, entre México, Estados Unidos y Canadá.
El objeto manifiesto en la iniciativa de fortalecer la capitalización de las instituciones crediticias, otorga la posibilidad de expandir sus servicios, abrir más sucursales y consolidar su modernización tecnológica como precondiciones para garantizar la penetración, presencia y solidez de los intermediarios.
Yo, señor Presidente, no quiero pedirle a usted que le haga la exhortación a mis compañeros diputados para guardar orden. Yo quiero dirigirme a mis compañeros diputados poniéndoles, como lo hacemos nosotros cuando hablan los demás, que guarden el orden que merece este recinto y que merecemos todos los diputados, compañeros, porque cuando los demás hablan los demás estamos sentados escuchando.
Esta iniciativa no contempla modificar los márgenes de capitalización al que están obligados a cumplir los bancos mexicanos, los cuales se ubican actualmente en un promedio mínimo de 7% sobre el saldo de sus activos en riesgo.
También posibilita con las reformas propuestas, la integración del capital ordinario hasta por un 100% en acciones serie "A", aunque este posibilidad será considerada exclusivamente previa solicitud desde apertura de nuevos bancos y ante el compromiso de asegurar la regionalización de las instituciones bancarias.
Hasta hoy el capital ordinario forzosamente representa el 51% del capital pagado. El restante 49% se debe integrar por acciones de la propia serie A, de la D, o de la C, aunque esta última no puede representar más del 30% del total. Además ninguna persona podrá tener en su poder más del 5% de una institución bancaria. Creemos que con estas modificaciones se asegura que los mexicanos ejerzan el control de las instituciones de crédito y de las controladoras mexicanas, además de toda una participación diversificada que impida el fenómeno de la concentración."
Por las consideraciones anteriores , la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, vota a favor del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Señor Presidente, llevo 10 minutos haciendo uso de la palabra, quiero utilizar el resto de mi intervención para hacer una denuncia en esta Cámara de Diputados.
Esta denuncia se presenta porque avalamos, la fracción parlamentaria del Frente, avala las modificaciones a los artículos 103, 104 y 111.
"Artículo 103. Ninguna persona física o moral podrá captar directa o indirectamente recursos del público en el territorio nacional, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, obligándose a cubrir el principal y en su causa los accesores financieros de los recursos captados."
Y después viene en los siguientes artículos, sanciones.
¿Por qué razón queremos utilizar hoy esta tribuna, la más alta tribuna de la nación, para denunciar lo que está sucediendo desde hace dos años en el país y que tiene sumida en la miseria ahora cerca de 10 mil mexicanos¿ Yo quería en un principio, como diputado de Yucatán, presentar ante esta honorable Cámara de Diputados, lo que ha sucedido en Yucatán, en donde han sido esquilmadas 2 mil familias y se han llevado 40 mil millones de pesos sin ninguna participación, sin ningún freno de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero si bien el jueves pasado cuando se iba a hacer la discusión de este dictamen yo tenía la información de lo que pasaba en Yucatán, el día de hoy dispongo de la información de lo que pasa en 10 estados del país y cada día me siento más avergonzado de lo que está pasando, porque han sido sumidos en la miseria 100 mil familias y está en juego un billón de pesos que han sido sustraídos a estas 100 mil familias. Me explicaré:
Cuando la banca se reprivatizó, surgieron a lo largo y a lo ancho del país, vivales que aprovechándose de la buena fe del pueblo mexicano, de los trabajadores mexicanos, únicos generadores de la riqueza, con su trabajo, esos vivales, aprovechando diversos métodos, lograron engañar a casi 100 mil mexicanos en 14 estados del país, ofreciendo en aquel momento tasas de intereses muy superiores a las que había en el mercado, tasas de intereses que llegaron a subir al 70%, al 80%, al 90%.
Y ustedes dirán que fue culpa de esas personas el haber buscado tasas de intereses superiores a las que daba el mercado. Nada más que yo quiero señalar aquí, en primer lugar, el caso de Yucatán:
En el caso de Yucatán, 2 mil familias perdieron 40 mil millones de pesos por la existencia de una banca paralela que en Yucatán todo el pueblo conoce como "El Caso Johny", porque era el nombre que se le daba al hombre que inició el fraude, cuyo nombre es: Alvaro Romero Eguan y su esposa Honolina Lara Trejo.
Quiero decirles que esa banca paralela del "Johny" en Yucatán, no solamente se llevó 40 mil millones de pesos de 2 mil familias yucatecas, sino que ahí fueron a parar, compañeros, todas las jubilaciones que habían recibido los jubilados de Cordeles Mexicanos; toda una vida luchando por sacar adelante una empresa como Cordeles Mexicanos. Cuando recibieron ese dinero los jubilados, cayeron en el engaño de esa banca paralela.
Y ustedes me dirán todavía: bueno, pues fue culpa de ellos, porque creyeron en que el 70% era útil.
Pero hay un punto que quiero decir aquí en la Cámara de Diputados:
Los 2 mil yucatecos y todos los jubilados de Cordeles Mexicanos, fueron, asistieron a esa banca paralela, porque esa banca paralela se anunciaba en el principal periódico de Yucatán, en El Diario de Yucatán, en la sección de capital, donde se maneja el agio; ahí se estuvo anunciando durante dos años, por lo menos, la banca paralela que se llevó entre las patas, compañeros, los recursos de todos los jubilados de Cordeles Mexicanos.
Podría decirse que, bueno, haya habido una falla que en su momento en Yucatán los 2 mil compañeros que luchan por eso, darán respuesta a ese diario, porque fue un engaño, porque si en el diario no sale nada, posiblemente no se hubieran animado los trabajadores a comprarlo; pero se anunció públicamente en el periódico.
Y lo más grave de todo esto, es que era del conocimiento del representante de la Comisión Nacional Bancaria en Yucatán, Enrique Castro Lozano y, del representante fiscal de Hacienda en el Estado, el licenciado López Flandes.
Y quiero darles esta información. Esta no es una información dada por jubilados; fue el centro bancario de Mérida, donde estaban agrupados todos lo bancos de Mérida, el que alertó al representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y el que alertó a López Lández, de que había un riesgo y hay documentos hechos por escrito, de los cuales yo tengo copia aquí, de las cartas que se le enviaron por parte de los bancos de todo Yucatán, del Centro Bancario de Mérida, se le enviaron al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se le envió también al director regional de Hacienda, Luis López Flandes.
A pesar de tener las autoridades de Hacienda toda la información, no actuaron y permitieron que avanzase ese proceso de la banca paralela, hasta que huyeron de Yucatán los auténticos... la gente que se había llevado el dinero de nuestros trabajadores.
Por fortuna, por fortuna, a pesar de actitudes deshonestas de algún juez en Yucatán, el tribunal unitario acaba de aprobar hace ocho días que vaya a la cárcel, hay orden de aprehensión contra el representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en Yucatán.
Por ello, en primer lugar yo vengo aquí como un modesto diputado, como un modesto diputado yucateco, a traer la imagen de los 2 mil jubilados de Cordeles Mexicanos, que dieron toda su vida a la empresa, que salieron mal pagados y que después unos vivales, con la ayuda de funcionarios y de un periódico, hicieron...perdieron todo. Ha habido gente que ha muerto porque no tiene dinero para comer y eso se sabe en todo Yucatán.
Yo quiero, compañeros, al hacer esta denuncia aquí, no quiero nada más que hacer la denuncia ante mis compañeros diputados y ante los medios de comunicación. La defensa de los afectados en Yucatán está siendo llevada y va a ser conducida al triunfo, va a ser conducida al triunfo y quiero decirles que en poco tiempo caerá en la cárcel, está en Tabasco ahora con amparo, Enrique Castro Lozano, que era el coordinador de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. Y que a López Flandes, que era la máxima autoridad de Hacienda en el estado, lo acaban de mandar a la frontera, a Ciudad Juárez, Chihuahua.
Pero si eso de por sí era grave, y yo quería denunciarlo aquí delante de todos, si eso de por sí era grave, más grave es lo que está pasando en todo el país alrededor de estos problemas.
Permítanme leerles, en estos 10 minutos, señor Presidente, que me parece que me quedan por que no sirve el reloj. El sábado pasado se presentó en Yucatán a hablar con los abogados de los que defienden los intereses de los jubilados y pensionados y de todos los defraudados de Yucatán, se presentó en Yucatán, en Mérida, el señor Francisco Morales Velázquez. El señor Francisco Morales Velázquez fue a Yucatán comisionado por las ciudades de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, Sinaloa, con el fin de unificar los esfuerzos de los yucatecos con la gente de Sinaloa.
Se hizo una reunión, es cosa grave, compañero, ¡cosa grave, eh!, se hizo la reunión entre ambos, ¿si?, se hizo la reunión entre ambos. Pero resulta que ahora se van organizar porque el problema de la banca paralela sin el control de Hacienda, abarca a 100 mil personas y lleva... abarca un billón de pesos defraudados. ¡Un billón de pesos defraudados!
Yo hoy en la mañana desayunaba con el presidente de mi partido. Rafael Aguilar Talamantes y analizando este caso, él me decía y yo la transmito: "si en Guadalajara había con negligencia criminal 1 mil 600 damnificados directamente, ¡aquí estamos hablando de 100 mil damnificados en el país, cuyos ahorros de toda su vida, que alcanzan un billón de pesos, se han ido por la coladera!".
Y justamente ahora decía al compañero diputado, ¿si?, lo decía con la mejor atención, que es un problema serio, porque se están organizando pues no sólo los yucatecos con los de Coahuila, sino que ahora va a haber una reunión en Culiacán, Sinaloa, donde van a reunirse todos los damnificados de este problema de los 14 estados que han sido afectados y se habla de que se pretende realizar una marcha multitudinaria a la ciudad de México entre todos los afectados.
Quiero decirles que hoy en la tarde, como miembro de la Comisión de Seguridad Social, tendré la satisfacción, como muchos otros compañeros y destaco el caso del compañero Raúl Alvarez y de otros diputados que están aquí, hoy tenemos la subcomisión encargada del problema de los jubilados, hoy en la tarde, a las 6.00 de la tarde tendremos la respuesta del director del Seguro Social; están de por medio 1 millón 300 mil personas que ganan siete pesos diarios y la lucha de todos los diputados de todas las fracciones, creo que nos llevará hoy a un triunfo y ése es el papel del Legislativo.
Por eso, compañeros, yo me permito transmitirles nada más esta información, de que del tamaño de los jubilados se va a desencadenar en el país toda una marcha de gente que ha sido explotada y robada por unos cuantos vivales, con el amparo de unos cuantos funcionarios corruptos que hay a lo largo del país y que justamente, posiblemente en un mes o dos meses, se está hablando aquí de este problema.
Yo termino señalando lo siguiente: es por esta razón, porque no queremos que se vuelvan a repetir, dentro del partido, de nuestro partido, no queremos que se vuelvan a repetir en México, las bancas paralelas que explotaron a nuestro pueblo y se llevaron 1 billón de pesos de casi 100 mil familias, porque no queremos que vuelva a suceder esto, estamos apoyando el dictamen en su conjunto y en concreto en las partes donde se condena y ponen sanciones a futuro. Pero yo dejaría aquí, ante el Presidente inclusive, ante el Presidente de la Comisión de Hacienda, dejo la siguiente pregunta en el aire: nosotros votamos hoy por el dictamen, nosotros votamos hoy por lo que pasó en los dos últimos años no vuelva a pasar, pero la pregunta que nos queremos hacer es la siguiente: ¿Y el billón de pesos que se le defraudaron a 100 mil mexicanos quién se los va a pagar ? y, en eso haremos muchas fuerzas luchando al lado de los damnificados, como
muchos estamos luchando al lado de los jubilados en este país. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Camilo Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela: -Compañeras y compañeros diputados:
Al estar discutiendo la iniciativa del Ejecutivo, que una vez más vuelve a modificar una legislación, una norma, que hace menos de dos años había sufrido su última modificación, hemos querido subir a la tribuna para insistir en el caso que tratara el compañero diputado que nos antecede.
Como fruto del predominio indiscutible que ha cobrado en nuestro país la especulación financiera, han proliferado un cúmulo de fraudes que han acumulado una suma muy grande de daños a mexicanas y mexicanos que buscaron en la inversión financiera una forma para aliviar el empobrecimiento, el deterioro, la devaluación de sus ahorros y de sus recursos.
Me sumo a la denuncia y a la exigencia de que el gobierno federal tome cartas en el asunto, para tratar de hacer justicia a muchos miles de mexicanas y de mexicanos que fueron vilmente esquilmados, tanto en el crack de la bolsa mexicana, como através de infinidad de membretes que se han creado en los diversos estados de nuestro país, para, aprovechando el río revuelto de la especulación, enriquecerse a costa de la ingenuidad y de la necesidad que muchos compatriotas nuestros están viviendo.
En el caso de Sinaloa, hemos conocido una llamada comercializadora Capricornio, que actuó también ahí como actuó en muchos otros estados de nuestro país. De Sinaloa se llevaron recursos cercanos al medio billón de pesos y hundieron en la desesperación a un sector importante de la clase media, a un sector importante de asalariados a jubilados que desde entonces han venido desarrollando movilizaciones, han acudido a todas las dependencias y no han obtenido respuestas; desde hace ya dos meses se están llevando a cabo en Culiacán, en Mazatlán, acciones cada vez más desesperadas de esta gente defraudada y esquilmada; hace tres días tomaron la legislatura local exigiendo justicia y están amenazando con realizar acciones cada vez más radicales, porque no hay autoridad que los atienda ni a nivel federal ni a nivel estatal.
A este fraude se han sumado otros realizados por una compañía comercializadora encabezada por un miembro de una de las familias más adineradas de nuestro estado, la familia Ley y todavía hoy estas personas vagan por las dependencias oficiales de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría General del Estado, por las oficinas de la gubernatura, por todos lados nadie los atiende, pareciera que en nuestro país la especulación es una empresa legítima que ha cobrado carta de naturaleza y que nadie puede tocar a quienes forman parte de este engranaje que obtiene fabulosas fortunas especulando y esquilmando a las mexicanas y a los mexicanos que tratan de proteger sus pequeños ahorros del deterioro que sufren buscando salidas en casas que se dejan actuar y sólo aparece su carácter especulativo e ilegal cuando los que las orquestaron desaparecen.
De entonces a acá se ha dado el caso de que un señor Beteta, que encabezaba la Comercializadora Capricornio, fuera detenido y liberado y en estas circunstancias, hoy que en esta Cámara estamos debatiendo una nueva modificación a esta ley, cabría preguntar: ¿Cuándo se va a detener la especulación financiera que está desangrando a la mayoría de los mexicanos por vías anormales o por vías anormales, pero lo está haciendo?, ¿cuándo se va a tratar cuando menos a detener y de resarcir los bienes de quienes han sido esquilmados por compañías comercializadoras de muy diverso tipo, que se les ha dejado actuar durante años y que al final desaparecen y no hay autoridad posible que haga justicia a las personas que quedan en la más completa indefensión y carentes de los recursos que habían acumulado sobre la base del sacrificio de su vida?
Queremos advertir que la desatención que se ha tenido de parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales para esta gente cada vez más desesperada, viene a introducir un elemento más para volver más difícil coyunturas políticas que se están viviendo y quiero advertir también a todas nuestras compañeras y compañeros diputados, que esta gente arrinconada en la desesperación, a la que nadie atiende y a la que nadie escucha, está incrementando, está incrementando los ánimos que la están empujando a actuar de manera cada vez más radical y que nadie va a ser más responsable de esas acciones que quienes son y debieran ser los encargados de hacer justicia, de detener la especulación y de detener los fraudes que se han generalizado en nuestra patria. Gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra para rectificar hechos.
El diputado Esteban Zamora Camacho: -Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados.
Se ha puesto a debate un fenómeno que con distintas características ha causado graves daños a la economía de los trabajadores y de las clases medias en el país.
La situación de crisis que todavía no acabamos de rebasar, el fenómeno de la caída de las tasas de interés y otros apremios económicos que angustian a las clases menos favorecidas, empujaron a algunos pequeños ahorradores, a un número considerable de jubilados y pensionados de todo el país, a caer en la trampa de diversas formas de organización fraudulentas que por mucho tiempo, a la vista de todo el mundo, estuvieron captando recursos con el señuelo de pagar y así lo hicieron al principio, intereses que hacían atractiva la inversión en ese tipo de banca paralela.
El sistema funcionó durante mucho tiempo y adoptó diversas modalidades, desde la más elemental, como fue La Pirámide de Costa Rica, un ingenio azucarero cercano a Culiacán, en donde el inversionista solamente recibía un trocito de cartón con un número escrito a mano y era su único comprobante de depósito, hasta organizaciones más sofisticadas, como la Comercializadora Capricornio, pasando por otro tipo de organizaciones, hasta folklóricas, inclusive, como La Caja de Fabián, en Morelia.
El fenómeno, pues, fue múltiple, disímbolo, no se agrupa en un sólo esquema, no tuvo las mismas características en todo el país, a no ser que este tipo de organizaciones financieras estuvieron actuando públicamente y a la luz del día. En todo caso, si hay que empezar por buscar responsables, habría que investigar a las autoridades de control que tienen bajo su autoridad, bajo su responsabilidad, la vigilancia de los intermediarios financieros.
Ni Quintín Ley ni la Capricornio ni los de Las Pirámides, se escondieron para hacer ofertas públicas. Es más, la policía municipal de Culiacán, le dio vigilancia a La Pirámide de Costa Rica, para poner el orden de las grandes filas de trabajadores del ingenio que se acercaban para depositar sus rayas quincenales. Entonces, pues hay una clara responsabilidad oficial.
Para que esto no quede en la esterilidad de la mera denuncia, quiero proponer que el asunto sea llevado, con calidad de urgencia, a la Comisión de Hacienda, para que se inicie una investigación paralela a la que ya están haciendo las procuradurías de los estados y la Procuraduría Federal.
Que esto no quede pues en la retórica y en la presentación de una denuncia en esta tribuna. Solicito que el asunto se lleve a la Comisión de Hacienda. Muchas gracias.
El Presidente: Túrnese el asunto que se ha denunciado aquí a la Comisión de Hacienda. Continúa en el uso de la palabra el diputado René Bejarano Martínez, en relación al dictamen de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señoras y señores:
Acudo en esta ocasión a esta tribuna, para fijar la posición de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática y, de los diputados de la fracción independiente, Javier Centeno Ávila, Nicolás Olivos Cuéllar, Rodolfo Toxtle Tlamani, José María Téllez Rincón y Tomás González de Luna, en contra del dictamen acerca de la iniciativa que Reforma la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Esta iniciativa la ubicamos en el contexto de la actual situación económica.
Para nosotros, el actual proceso de recuperación económica sostenida y con mayor estabilidad, es cierto, no alcanza para cubrir los rezagos sociales y las necesidades de empleo. Sin embargo, sí está logrando que aumenten las reservas de divisas, al mismo tiempo que el país gasta más de lo que produce y tiene un déficit comercial exponencialmente creciente con el exterior.
En 1991 se expresa de la manera más elevada esta contradicción básica. El valor de nuestras exportaciones no alcanza a cubrir ni el 70% de las importaciones, por lo cual el déficit de la balanza comercial con el exterior alcanzó la cifra de 11 billones 181 mil millones de dólares, sin contar los ingresos de las maquilas de exportación que fueron de 4 mil 250 millones de dólares, el más alto en toda América Latina, superior en casi el triple del año de 1990.
En consecuencia con lo anterior no se cuenta con recursos propios generados por la producción interna, por lo cual la cuenta corriente en
1991 registró un déficit de 13 billones 282 mil 600 millones de dólares, según datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de informe sobre la situación económica y las finanzas públicas, acciones y resultados del primer trimestre de 1992.
Además, para confirmar una de nuestras tesis el gobierno nos informa: este resultado refleja el incremento en los flujos de ahorro externo que recibe el país atraido por las favorables perspectivas de la economía. Ello ha permitido complementar el ahorro interno en el financiamiento de la mayor inversión que ha acompañado el proceso de modernización económica.
Estos resultados, para nosotros, representan un creciente desequilibrio macroeconómico que se expresa en la cuenta con el exterior, pero que es resultado de que en el interior de nuestra economía estamos produciendo, en términos de mercado, mucho menos de lo que estamos gastando, o dicho en otros términos el valor global de nuestra oferta de bienes y servicios es mucho menos que nuestra demanda, lo que hasta la fecha se ha estado financiando con una fuerte entrada de inversión extranjera y con nuevo endeudamiento externo.
El gobierno sostiene que este déficit externo no es problema en tanto suceda lo que hasta hoy, que se está financiando con crecientes entradas de capital extranjero. A mediano plazo ésta es una solución insegura para la estabilidad monetaria y el financiamiento del desarrollo del país.
Sirva para sustentar esta afirmación que en su balance preliminar de la economía de América latina en 1991, la Comisión Económica para América Latina, nos señala una luz roja de alerta en cuanto a esta situación, ya que en la mayoría de los países de la región se presentó un fenómeno parecido de saldos negativos en la cuenta corriente, que se compensaron con abundante entrada de capitales, siendo México el que más se significó en este sentido.
La Comisión Económica para América Latina analiza la entrada de capitales distinguiendo la que son inversión directa, inversión en cartera y nuevos préstamos y reconoce que la mayor parte de esta entrada de capitales corresponde a inversiones en cartera.
Concluye la Comisión Económica para América Latina con la advertencia de que esta forma de inversión extranjera incorpora un carácter de inseguridad en el mediano plazo al equilibrio en la balanza de pagos. Claramente se refiere al carácter volátil de los capitales que se invierten en cartera.
En México, durante el año 1991, la inversión extranjera fue de 12 billones 301 mil 500 millones de dólares, de los cuales sólo 4 billones 761 mil 500 millones correspondieron a inversión directa, según datos de la propia secretaría de Hacienda, lo cual significa que aproximadamente 8 mil millones de dólares, esto es, más del 60% de la inversión extranjera, fue inversión en cartera.
Nuestra estabilidad monetaria y el equilibrio macroeconómico que depende cada vez más de esa entrada de capitales, está sujeta a una situación poco confiable o como se estila decir, prendida con alfileres. El aumento de las reservas de divisas del Banco de México está constituido por dinero prestado en forma transitoria. Nuestra estabilidad es una estabilidad prestada. Esta forma de financiar al país es insegura y deja a México cada vez más sujeto a condicionamientos del exterior.
En sólo tres años de la administración salinista, se está cambiando la tendencia histórica que desde mediados de la década de los cincuenta concentraba la inversión externa en la industria, 47.42% del total acumulado hasta fines de 1991. Ahora, durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari, la nueva inversión sólo en un 17.65% para la industria. Datos que hemos calculado con base en el informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y como ya se citó, un porcentaje del capital foráneo, un porcentaje considerable, se canaliza al sistema financiero.
Esta situación provoca que lo que esperaría por la inversión extranjera en nuestro país, no se está logrando. Es decir, no hay transferencia de tecnología, compra de insumos nacionales, asociación con capital nacional, balanza comercial favorable. En fin, una inversión extranjera productiva y complementaria con el capital nacional.
En vez de lo anterior, el capital extranjero se está atrayendo y canalizando a la inversión financiera y no productiva del país. Esta situación se quiere reforzar y legalizar cada vez más y por ello se envían al congreso iniciativas como las que estamos comentando aquí y discutiendo el día de hoy.
Se pretende que los accionistas extranjeros continúen sosteniendo en parte el aparente equilibrio macroeconómico, del país. Sin embargo, al igual que la Comisión Económica para América Latina, nosotros prendemos nuevamente ese
foco rojo de alerta, llamamos la atención, no porque tengamos vocación catastrofista y preguntamos a los actuales dirigentes de la política económica gubernamental y a los representantes del partido oficial en esta Cámara de Diputados: ¿hasta qué punto son confiables y sólidos los instrumentos económicos y legales que se están usando como base para la recuperación y estabilidad macroeconómica que tanto se pregona¿ O con gran facilidad, piensan ustedes, pueden irse los capitales extranjeros, que son uno de los pilares de esta esbilidad y provocar un fuerte desequilibrio para nuestra economía.
No estamos hablando de fantasmas La historia económica reciente del país registra fenómenos importantes cuando la volatilidad de los recursos provenientes del exterior pueden provocar severos trastornos en el espectro macroeconómico del país y graves desajustes sociales.
Esta es una cuestión que tendrían que resolver con precisión y claridad quienes dirigen la política económica actual, porque los déficit en la cuenta corriente, y sobre todo en la balanza comercial, indican que los cálculos optimista que se anunciaron aquí, cuando se presentaron los criterios generales de política económica apenas en diciembre pasado, cálculo demasiado optimista, están siendo rebasados de una manera considerable.
Por eso es que la iniciativa de reformas que se presenta, adolece de los mismos criterios con los que está conduciendo la actual política económica gubernamental.
Aparentemente inocuas las reformas, no lo son tanto. ¿por qué? Por que en la iniciativa presentada el 6 de mayo de este año por el titular del ejecutivo ante la Cámara de Diputados para reformar La Ley de Instituciones de Crédito y la Ley que Regula las Agrupaciones Financieras, se recuerda la iniciativa que en julio 1990 el titular del Ejecutivo envió a la LIV Legislatura y que mereció la aprobación de esa legislatura entonces y que a la postre creó ambas leyes.
En 1992, Salinas afirma que en este rubro nuestro marco normativo es uno de los más avanzados del mundo, cuestión bastante difícil de comprobar y que éste a su vez impulsa a la modernización del sistema financiero mexicano. Salinas dice: "el sistema bancario mexicano es hoy más diversificado y competitivo; se ha propiciado, según él, una participación más amplia y plural en el capital de los bancos desincorporados. Paralelamente afirma él, se ha asegurado el control de las instituciones de banca múltiple por mexicanos y se avanza en el propósito de fortalecer su solidez financiera y arraigo personal. Simultáneamente, se afirma, las autoridades han reforzado sus atribuciones de rectoría en materia financiera".
La iniciativa que discutimos trata de una serie de adecuaciones de algunas medidas administrativas y de definición de atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de lo señalado y de lo ya estipulado en el Código Fiscal de la Federación.
La iniciativa actual se presenta con la intención de fortalecer el incremento de capital de las bolsas de valores, mediante la emisión de las acciones de la serie L, que no existían anteriormente, pues estaban limitadas a las acciones series A, B o C y, que aunque no vulneran el control que los mexicanos tienen sobre las instituciones de crédito y supuestamente evita el fenómeno de la concentración, cuestión que nosotros no consideramos que sea el caso, se pretende, además, aumentar la capacidad de operación de los grupos financieros.
Otra parte de la iniciativa de reformas a las leyes, se refiere a la integración de los consejos de administración de instituciones de crédito y de controladoras a nuevos mecanismos de financiamiento de vivienda.
Al otorgamiento de facultades a la Secretaría de Hacienda, para intervenir en el recurso que se interponga con motivo de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria...
El Presidente: -Un momento, compañero diputado. se ruega a la asamblea no conversar al interior del recinto, porque hay reclamaciones de varios compañeros en el sentido de que no se les permite escuchar al orador. Continúe, compañero diputado.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:- Decía yo, las modificaciones a la composición de la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria, para fortalecer a las sociedades controladoras.
Sobre esto, los diputados, que mediante este documento nos pronunciamos en contra del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, afirmamos que las reformas a la legislación financiera de 1990 realizaron una reestructuración a fondo del sistema financiero mexicano. Además de haberse creado el marco legal para iniciar la acelerada reprivatización de la banca múltiple, se llevaron adelante importantes reformas que, en general, han tendido a fomentar la creación
de unos cuantos poderosos grupos financieros en el país, Mucho más poderoso y menos regulados que aquellos que en 1982 contribuyeron al saqueo del país.
Dijo López Portillo en aquéllos años: "Ya nos saquearon. No nos volverán a saquear". Nosotros afirmamos que muchos de los sacadólares de entonces, son los que ahora están articulados en esta nueva estructura financiera que estamos discutiendo.
La reforma se presentó no como una reprivatización, sino como la reconstrucción de la banca mixta, pues se argumenta entonces se permitía ahora el acceso al capital en un área estatizada. No era exacto el dato, pues la banca de la reforma de 1990, permitía un 33% de la participación privada en las acciones.
Recordarán ustedes que algunos meses, dos meses de decretada la expropiación de los bancos, el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, envío, una iniciativa para que se permitiera una participación del 33%, privada en las acciones de los bancos, aunque ciertamente excluía la posibilidad de bancos propiedad de particulares.
Hoy se insiste, tanto en la iniciativa como en el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en la idea de que la reforma de 1990, no constituyó la privatización de la banca, sino la reconstitución de su carácter mixto.
Pero los hechos han confirmado los temores y las realidades expuestas por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIV Legislatura. Ya los principales bancos del país han sido vendidos al capital privado sin que el Estado preservara en su poder ni siquiera la mayoría de las acciones de uno de los grandes bancos, todos sabemos que hay tres mucho más grandes que el resto, para poder intervenir directamente en la actividad bancaria. De esta manera se hubiera realmente creado una economía bancaria mixta y no como ahora una oligárquica como se está llevando adelante.
Pero la reforma de 1990 no sólo se destacó por crear el marco legal primero constitucional y posteriormente a través de las leyes reglamentarias, de la banca oligárquica que se está consolidando. Se destacó por haber creado también las condiciones legales para que los bancos se pudieran asociar con las casas de bolsa, las instituciones de seguros, las afianzadoras y las casas de descuento. En suma, se caracterizó por haber creado las condiciones para la formación de grupos financieros mucho más poderoso que sus antecesores, los bancos privados de antes de septiembre de 1982. Se posibilitó así, por ejemplo, que la banca múltiple y las casas de bolsa, pudieran hacer fluir información privilegiada en el seno de una agrupación financiera, lo que va en detrimento de la seguridad con que operan los inversionistas menores en el mercado de valores.
Piénsese si no, en la información anticipada y privilegiada de quienes disponen esta información en los bancos, al prestar a las empresas industriales y comerciales o al conocer los movimientos diarios de las cuentas bancarias de las empresas que participan en el mercado de valores.
Es ampliamente conocido que en los Estados Unidos de América, y por eso afirmamos que esta legislación del sistema financiero mexicano no es como se afirma, de las más avanzadas del mundo, es ampliamente conocido que en los Estados Unidos de América, está hasta hoy prohibida la fusión de bancos y casas de bolsa, precisamente porque se posibilita la acción especulativa en detrimento de la seguridad del público inversionista.
Además de la posibilidad del manejo especulativo de información privilegiada, las nuevas agrupaciones financieras cuentan con un poder económico del cual no ha estado dotado ninguna organización económica en la historia del país. Se ha argumentado que las reformas legales a las instituciones financieras de 1990, han democratizado la tendencia accionaria del capital de las instituciones financieras, pues de dice, se ha atomizado la propiedad de las acciones.
Todos sabemos que los mecanismos modernos de control financiero no exigen y ni siquiera recomiendan que los controladores efectivos de los grupos económicos y financieros sean directamente propietarios del 51% de las acciones.
En las condiciones del mundo moderno, basta con ser propietario de la porción mayor de las acciones, incluso en proporciones mucho menores al 51% del total. Si el resto de la propiedad accionaria está atomatizada, lo que se permite es que en la práctica las dos o tres personas físicas que concentren un 20% del total del capital, pueden dirigir sin problemas el curso del 100% de la institución.
La creación por eso, de acciones de la serie L, con voto limitado, prácticamente sin derechos
corporativos, que podrán ser colocadas entre nacionales y extranjeros, lo que hace es reforzar la posibilidad del control corporativo de las instituciones de banca múltiple y de las agrupaciones financieras, por un pequeño núcleo de accionistas que sólo tenga la mayoría de los títulos, sin que éstos representen ni con mucho el 51% de las acciones. Dentro de este contexto, El Ejecutivo envía entonces a la Cámara de Diputados, esta iniciativa de reformas a la Ley para Regular las Agrupaciones Financiera y la Ley de Instituciones de Crédito, cuyas principales propuestas de modificación son las siguientes, aunadas a las que ya hemos comentado:
Se pretende incorporar, como ya hemos dicho, el Código Fiscal de la Federación al régimen de la aplicación supletoria de la Ley de Discusión, como un mecanismo jurídico para su aplicación en los casos que procesa; enmienda que sólo da congruencia a la realidad financiera con las normas fiscales existentes. Se introducen nuevos mecanismos de organización para la confirmación de los consejos de administración que dirigen las agrupaciones financieras de acuerdo a la participación accionaria de sus miembros.
A partir de esta reforma, se permitirá la integración de los consejos administrativos con funcionarios de los dos niveles inmediatos inferiores a los directores generales, sin que excedan la tercera parte del consejo de cada grupo financiero.
La modificación principal propuesta, por ser totalmente nueva dentro de esta ley, es la creación de las acciones tipo L, que se refieren a los artículos 11, 12 y 15 que podrán ser adquiridas por personas físicas o morales extranjeras con derecho de voto limitado, además de los derechos patrimoniales, derecho de capital y dividendo.
Estas acciones podrán representar hasta el 30% del capital pagado de las instituciones de banca múltiple, eso señalado en el artículo 11.
El derecho de voto limitado, se refiere únicamente al derecho de voto de los asuntos relativos a cambio de objeto, fusión, escisión, disolución, transformación, liquidación y cancelación de su inscripción en cualesquiera bolsa de valores.
Durante 1990, se llevaron a cabo reformas para reestructurar el sistema financiero mexicano, cuyo fin principal era el de la privatización de los organismos financieros y dejar sus operaciones bajo la dirección de personas físicas o morales tanto mexicanas como extranjeras. Estas últimas, con la introducción de acciones tipo.
Los dividendos atribuibles a las acciones L, ahora podrán ser preferentes y acumulativos superior al de las acciones representativas del capital ordinario, siempre y cuando así se establezca en los estatutos sociales de la institución emisora.
Se apunta también que: "en ningún caso los dividendos de esta serie podrán ser inferiores a los de las otra series". Esto señalado en el artículo 12.
En el artículo 15, se establece que "las fracciones de las series C y L, podrán ser adquiridas por los nacionales y por personas físicas extranjeras o morales extranjeras.. "y sólo se agrega: "que no ejerzan funciones de autoridad".
Las reformas propuestas del artículo 22 van en el sentido de reforzar el control de las acciones de la serie A en detrimento de las posibilidades existentes hasta hoy para los tenedores de las acciones de la serie B.
La modificación de la fracción II del artículo 23, duplica, al parecer, de una a dos, las posibilidades de tener parientes en un consejo de administración de 11 personas, u 11 integrantes.
En las reformas del artículo 73, se reduce proporcionalmente el número de consejeros requeridos para autorizar préstamos a las personas físicas y morales, posteriormente enlistadas.
Piénsese en un consejo de número de integrantes mayor en algún múltiplo a 11, como lo autoriza el artículo 22. En la ley todavía vigente, Se señala que en el caso de crecer el número de integrantes del consejo de administración en algún múltiplo de 11, también deben crecer en el mismo múltiplo los requerimientos de consejeros autorizantes de préstamo a las personas señaladas.
Por todas estas consideraciones que aparentemente pudieran parecer menores, por el contexto macroeconómico en que se presenta esta iniciativa, por la responsabilidad moral y política que tenemos en señalar los riesgos de la actual situación económica del país, con la voluntad de que la problemática del país se resuelva en beneficio de quienes menos tienen, pero convencidos de que cada vez está más claro que en el sector externo de la economía puede estas incubándose a través de los mecanismos financieros, una crisis económica que no deseamos, que esperamos no llegue, que eventualmente puede presentarse y significar nuevas
expropiaciones a las ya de por sí depauperadas capas económicas del país, por considerar que esta iniciativa favorece a los intereses poderosos extranacionales y contrarios al interés del país, es que los diputados del Partido de la Revolución Democrática y los diputados de la Fracción independiente, nos pronunciamos en contra del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, acerca de las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley para regular las Agrupaciones Financieras.
No compartimos ni compartiremos la responsabilidad histórica de quienes suscriban y aprueben este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Enrique Jacob Rocha.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha: -Señor Presidente, muchas gracias; señores diputados:
El cambio estructural de la economía mexicana se fundamental, a nuestro juicio en cuatro ejes: El saneamiento de las finanzas públicas; La apertura comercial; El proceso de mejorar la calidad de la regulación de la Economía, esto es la desregulación y, el redimensionamiento del Estado, que ha implicado que éste, el Estado, se retire de actividades no estratégicas ni prioritarias, con el consecuente resultado de la privatización de un importante número de empresas, antes propiedad del sector público.
Los cuatro ejes a los que me he referido han tenido un importante efecto sobre el sector financiero y juntos son elementos clave del futuro de la economía mexicana.
Una de las vertientes de la modernización de la economía, ha sido la modernización financiera. Proceso que busca el adecuado funcionamiento de los mercados financieros formales y que ha consistido en la liberación de los mismos de los mercados, la actualización del marco institucional, el fortalecimiento de la supervisión y la desincorporación de la banca comercial.
Es por lo anterior que la modernización financiera se refleja en la introducción de importantes reformas al marco institucional, que han configurado una novedosa legislación para la banca, que incluye la correspondiente a las agrupaciones financieras y a los intermediarios financieros no bancarios.
La estructura que se está conformando se caracteriza por ser una estructura de avanzada y que ve los cambios que se están configurando a nivel mundial. Esto es así aún más que la existente en algunos otros países. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, como aquí se comentó, en donde nosotros no compartimos el punto de vista del diputado que nos antecedió en el uso de la palabra, que tiene esta legislación, la de Estados Unidos, serias limitaciones que limitan la cobertura nacional y descartan la posibilidad de una integración financiera.
No tanto por proteger aspectos relacionados con el secreto bancario o el manejo de información privilegiada, sino más bien obedece a un aspecto histórico relacionado con la gran depresión norteamericana de los años treinta, en donde la Unión Americana estableció una legislación restrictiva como respuesta a excesos que en su momento se presentaron e influyeron en la propia depresión.
Sesenta años después, frente a la globalización acelerada de los servicios financieros, no han podido ellos modificar ellos su sistema, a pesar de que un importante número de financieros y legisladores que conocen del tema, por diversos medios y en distintas publicaciones especializadas, reconocen su obsolescencia.
En México, como respuesta a la globalización mundial, la legislación del sistema financiero promueve el concepto de banca universal, que, sin lugar a dudas, viene a ser o está siendo ya el futuro del sistema financieros internacional.
Hoy contamos, decía yo, con legislación de avanzada. Con un sistema financiero que en esencia puede considerarse como uno de los más modernos del mundo, en momentos en los que la globalización de los servicios financieros reclama de agilidad...
El Presidente: -Pide nuevamente a la asamblea que guarde silencio, en respeto al compañero diputado que está haciendo uso de la palabra.
Continúe por favor, señor diputado.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha: -Esta globalización de los servicios financieros está reclamando formas de intermediación más eficientes y más avanzadas; e indudablemente que los grupos financieros y la tendencia hacia la banca universal responden adecuadamente a esta dinámica de cambio.
La modernización esta sentando bases, todos los días y aún falta mucho camino por andar, de una mayor competencia entre los distintos
intermediarios. Esto debe reflejarse, cada vez más, en una mayor variedad de instrumentos y de servicios y un abatimiento aún mayor en el costo del capital. Los diferenciales entre tasas de interés activa y pasiva siguen siendo altos, pero esta situación a la que se aspira, de menores costos de capital, habrá de reflejarse con mayor vigor y rapidez en el sector real de la economía, que requiere seguir modernizándose y consolidándose en niveles internacionalmente más competitivos.
La iniciativa que hoy es motivo de análisis y discusión por esta Cámara, se inscribe en un proceso continuo de avance en la modernización financiera. Yo quisiera hacer algunos comentarios relacionados con el contenido de la iniciativa, específicamente las que se refieren a la posibilidad de exclusión de acciones tipo L, que permitirán acceder a mayores recursos externos, entre otras cosas, para permitir una mayor capitalización de los bancos, lo que a su vez se traducirá en una mejor posición del sistema financiero en todos los sentidos.
Por ejemplo, para mejorar su infraestructura en comunicaciones, con esto para mejorar servicios y abatir los costos de transacción que habrán de reflejarse también en la disminución sensible de los costos de capital. Esto habrá de contribuir a un avance significativo del sistema financiero frente a un proceso que en el mediano o largo plazo se reflejará en la necesaria apertura de algunos servicios financieros.
También le permitirá al sistema financiero alcanzar niveles de capitalización en el rango de los parámetros que normalmente son reconocidos a nivel internacional. Es también la posibilidad de acceder a recursos externos en buenas condiciones de costo y esto habrá de depender y aquí quisiera yo subrayar lo siguiente, de las necesidades de cada uno de los bancos, de las necesidades de conformación de su propia estructura de capital, de sus niveles de capitalización actual y de sus perspectivas de desarrollo y mediano y largo plazos.
Es importante también proveer al sistema financiero con estos mecanismos, porque se le abre la posibilidad más adelante para poder acceder a estos recursos externos en momentos en los que analistas económicos sienten que en el mediano plazo habrá de reflejarse una relativa escasez en los mercados internacionales de capital, por varias razones, una de ellas por la recuperación que se espera en la actividad económica mundial, por otra parte en que los países de Europa del Este habrán de estar en mejores condiciones para absorber recursos externos y, por supuesto, ellos van a entrar a esta demanda por capital, y también en las necesidades de capital de economías como la mexicana y economías latinoamericanas, después de una década de ajuste y de requerimientos importantes en cuestiones de inversión.
Es por ello que el avance que se está logrando de manera significada en cuanto a proveer un ambiente macroeconómico establece y en esta discusión de esta iniciativa, proveer elementos suficientes para que este sistema financiero pueda hacerse de recursos de inmediato o en el mediano o en el largo plazo, insisto, de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas que conforman el sistema financiero mexicano.
Yo quisiera también hacer un comentario respecto a este tipo de acciones serie L, que son acciones preferentes, figura que no es nueva, de hecho existe, por ejemplo, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 103, ahí aparece el fundamento de estas acciones preferentes y aquí, en esta iniciativa, bajo discusión, bajo consideración de esta asamblea, se define con claridad en qué consiste este derecho preferente y se limita también a la participación de esta serie de acciones, en cuestiones importantes para el sistema financiero, como puede ser la administración de la Banca, aspectos relacionados con la planeación estratégica; se les otorga voto limitado para cuestiones que son fundamentales, como pudiera ser un cambio de objeto, una escisión, una liquidación de la propia institución o el propio grupo financiero, incluso esta serie de acciones está limitada a la designación de consejero y de ahí esa limitación en la administración de la propia institución financiera.
Yo quisiera también hacer un breve comentario respecto a lo que se comento por el orador que me antecedió en el uso de la palabra y que es un tema que ya ha sido abordado en varias ocasiones y también mencionado por miembros de mi partido respecto a la posición alrededor de este tema, me refiero a la evolución del desequilibrio comercial, en la evolución del desequilibrio en la cuenta corriente. Yo quisiera nada más agregar en cuanto a la dinámica de las importaciones, ya se ha dicho que su estructura está sintiendo que las importaciones de bienes de capital son las que mantienen un ritmo de crecimiento superior al de otras dos clasificaciones de importaciones; en segunda instancia las de bienes intermedios; en un tercer lugar y además con una tasa de crecimiento sensiblemente menor a las de capital y a las intermedias,
las importaciones de bienes de consumo y bueno pues si bien la dinámica de las exportaciones totales se siente relativamente estancada, esto obedece a la evolución de las exportaciones petroleras, porque si observamos el crecimiento de las exportaciones no petroleras, vemos que a pesar de que la actividad económica mundial y la de nuestro principal socio comercial viene saliendo de una recesión económica, aun así las exportaciones no petroleras han mantenido una tasa importante de crecimiento; insisto, tradicionalmente las exportaciones no petroleras dependen definitivamente de las características de la actividad económica mundial y ante una situación económica adversa, aún así han venido manteniendo un ritmo de crecimiento importante. También cuando hablamos de que la economía mexicana en su proceso de crecimiento ha venido generando un importante déficit en cuenta corriente, no hay que dejar de ver que esto implica que esté habiendo una transferencia de recursos de exterior hacía nuestra economía, que nos sirve en este momento para solidificar nuestra infraestructura y poder estar en mejores condiciones de competencia en el mediano y en el largo plazo.
¿Que sucede digamos en esencia respecto del comportamiento del sector externo de la economía mexicana? Primero yo siento que es importante tener presente que la lógica de las decisiones de inversión hoy día son distintas a las que se tenían años atrás; antes venían recursos del exterior para invertir y proveer un mercado interno protegido a la competencia externa; hoy día, frente a las perspectivas de la suscripción del acuerdo de Libre Comercio, frente a la apertura comercial que ha venido consolidando nuestra economía durante la última década, hoy día frente al proceso de modernización, frente al cambio estructural la inversión, fluye buscando alternativas futuras e inmediatas para poder proveer al mercado norteamericano y estar en mejores condiciones de competividad frente al mercado europeo y los mercados asiáticos.
Por otra parte estos recursos externos que están fluyendo a la economía mexicana, obedecen a una decisión también lógica en donde perciben una mayor rentabilidad de su inversión al interior de nuestra economía y es por esa razón que están fluyendo de manera importante. Yo el otro día en alguna plática escuchaba un ejemplo que quisiera compartir con ustedes, relacionado con la evolución reciente de la cuenta corriente; la balanza de pagos incluye una parte que es la que refleja los intercambios de bienes que vendría siendo la balanza comercial, cuando uno le agrega el intercambio de servicios se define ahora como cuenta corriente; Por otra parte tenemos la cuenta de capital que, bueno, que se abre en distintas definiciones: inversión extranjera directa, de portafolios, etcétera, y tenemos otra cuenta de ajuste, las reservas internacionales y la cuenta de errores y omisiones.
Decían en esta plática, o en este ejemplo, que por ejemplo en los años setenta, el Proyecto Turístico Cancún, existiendo este proyecto, pues prometía elevados rendimientos a la inversión, en el mediano y en el largo plazo; por esa razón, si en ese momento se hubiera podido calcular una especie de balance de intercambio de bienes, servicios y de capital, de Cancún respecto al resto de la República hubiéramos podido ver primero, que Cancún estuviera importando bienes y servicios de todas partes de la República ante la imposibilidad de proveerlos para generar infraestructura en ese puerto, para generar una serie de necesidades inmediatas y, por otra parte, hubiéramos visto cómo la cuenta de capital hubiera reflejado una entrada significativa, una entrada muy alta de capitales en busca de rentabilidad de mediano y largo plazos, precisamente sirviendo para financiar ese déficit en el intercambio de bienes y servicios de Cancún, que en ese momento requería de inversión, requería de infraestructura para constituirse posteriormente en un importantísimo generador de divisas.
También, yo quisiera comentar algún otro aspecto relacionado con un cambio en la forma de analizar el riesgo del país por parte de analistas financieros, analistas económicos...
El Presidente: -compañero diputado, se le pregunta si acepta una interpelación.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha: -Con todo gusto al término de mi participación. Al término, señor diputado. ¿Si?
Les decía, uno de los... o varios de los elementos que se consideran normalmente o que se habían venido considerando para evaluar el riesgo del país, había sido el análisis de algunos de los comportamientos del país en sus cuentas externas, para medir finalmente la capacidad de pago de una economía ante un déficit en cuenta corriente.
Esto hacía que uno de los primeros análisis se concentrara en tratar de medir el grado de sobre evaluación o subvaluación de esa economía respecto al resto del mundo.
Otro de ellos, es evaluar la posibilidad de...el flujo de divisas en el mediano y largo plazo; se
examinaba con esto ciertas razones, como podía ser deuda externa a producto interno bruto; deuda externa a exportaciones; endeudamiento bruto a exportaciones; servicio de la deuda a exportaciones; una serie de razones, insisto, para medir el potencial de generación en la economía de divisas en el mediano y en el largo plazo.
Otro de ellos, por supuesto, el análisis de la estructura de la deuda; qué tanto estaba concentrada en el corto y en el largo plazo, y también los ingresos provenientes de la venta de productos de ese país al exterior, que tanto estaban concentrados en algunos productos.
Con toda esa información, los analistas llevaban a cabo una serie de cálculos y medían el riesgo país y con eso las posibilidades crediticias de la economía.
Yo... se observa en la lectura de una serie de documentos que se discuten sobre temas financieros temas económicos, que a raíz de la crisis financiera de los ochenta y los esfuerzos de cambio estructural que han llevado las economías, los bancos y los expertos en el análisis riesgo país, han reexaminado sus formas de evaluar y la principal conclusión que es el principal indicador del riesgo país y por lo tanto de habilidad de pago, radica en el manejo de las cuentas fiscales del gobierno y aquí es importante tener presente el resultado que se ha venido obteniendo en los últimos años para racionalizar el gasto, aumentar los ingresos y disminuir el impacto macroeconómico que tiene el déficit en la economía, en los precios de la propia economía.
Las reformas que se han llevado a cabo en el sistema financiero, hoy con la iniciativa que está bajo discusión, a nuestro juicio contribuyen a la democratización del capital; de hecho en una de las modificaciones se permite la participación, además de las personas físicas, de las sociedades de inversión, precisamente para estas personas físicas en la estructura accionaria de las instituciones financieras y de los grupos financieros; de esa manera va a poder llegar a un mayor número de inversionistas, los beneficios del proceso de modernización financiera.
Y finalmente yo quisiera nada más comentar que hace algunos días, cuando se llevó a cabo la convención nacional del mercado de valores, precisamente una de las intervenciones del licenciado Luis Miguel Moreno, Presidente de la Comisión Nacional de Valores, hablaba de las reformas que se han hecho en materia de limitar la información y el uso de información privilegiada y él señalaba que por supuesto éste es un proceso dinámico y que habría de continuar en ese proceso de regular con mucha exactitud, siendo estrictos y por supuesto sancionando el manejo de uso de información privilegiada.
Eso es lo que yo quería comentarles, señores diputados, pedirles en su momento que voten a favor del dictamen de la comisión.
Estoy a las órdenes del diputado. ¿no? Gracias.
El Presidente: -Muy bien, continuamos con la lista de oradores. Tiene uso de la palabra el diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su permiso, señor Presidente; estimadas compañeras y compañeros legisladores:
El diputado René Bejarano, a nombre de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, presentó a ustedes las consideraciones que en lo general tiene el Partido de la Revolución Democrática sobre las dos propuestas de modificación que estamos discutiendo, la relativa a la Ley de Instituciones de Crédito y la relativa a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Solicité el uso de la palabra para referirme de manera específica a algunos elementos particulares del entorno macroeconómico, vinculados a la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio y particularmente a un punto que abordó el orador que me antecedió en el uso de la palabra, referente a las llamadas acciones.
Un aspecto que de entrada quisiera destacar, es ratificar nuestra preocupación por el comportamiento de la balanza en cuenta corriente. El informe sobre situación económica y de finanzas públicas que acaba de enviar al Poder Legislativo Federal el Ejecutivo Federal, trae datos que más allá de interpretaciones y de debates, muestra la gravedad de la situación que está viviendo el país. Nos dice de manera directa que en el año 1991, la cuenta corriente registra un déficit de 13 mil 282 millones de dólares. Es un hecho grave si lo consideramos además con otro elemento: que la información preliminar que tenemos al primer trimestre de 1992, es un déficit de 4 mil 600 millones de dólares. Si esto lo anualizamos, tenemos fácilmente un déficit superior a 18 mil millones de dólares en 1992.
Hemos escuchado casi desde el 1o. de diciembre de 1991, al inicio de esta LV Legislatura, intervenciones de funcionarios Públicos y de diputados del Partido Revolucionario Institucional,
afirmando que no debemos preocuparnos por el equilibrio macroeconómico y que el déficit será manejable mientras tengamos ingresos de capitales para cubrir este déficit. Y efectivamente, el propio informe de situación económica y de finanzas públicas, nos da un dato ilustrativo, nos da el dato de que tuvimos un superávit en capitales de 20 mil millones de dólares, pero con algunos indicadores de la tremenda fragilidad de este superávit. Nos dice que la inversión extranjera fue de 12 mil millones de dólares, de los cuales sólo 4 mil 761 fueron inversión directa y el resto es inversión en cartera fundamentalmente en bolsa de valores, con la fragilidad que eso significa en términos de una rápida salida de cambiar el entorno macroeconómico.
Pero además existe otro elemento que con frecuencia no se estima en su justa dimensión y es el hecho de que la deuda, particularmente la deuda de la banca comercial sobre lo cual estamos discutiendo en estas dos propuestas de ley, se incrementó en el año de 1991, en más de 5 mil millones de dólares, así como la deuda del sector privado se incrementa en 2 mil 694 millones de dólares, de tal forma que la suma de la deuda externa que está contratando la banca comercial y el sector privado, es casi de 8 mil millones de dólares.
En otras ocasiones hemos dicho y no hemos encontrado respuesta convincente, que se están recreando los escenarios macroeconómicos de los años 1980, 1981 y principios de 1982, que llevaron a este país a una crisis financiera, de proporciones tremendas, que significaron prácticamente una década perdida y que hasta la fecha en varios sectores productivos seguimos teniendo niveles que son inferiores a los que teníamos al inicio de 1980.
Sabemos, porque lo hemos obtenido en tribuna, que ha habido una caída, sabemos porque está apoyado en datos estadísticos del gobierno, que los salarios medios de los trabajadores mexicanos han tenido una caída de más del 65% acumulada a lo largo de diez años y conocemos la difícil situación de numerosas medianas y pequeñas empresas de ser una grave crisis financiera y estamos preocupados por los equilibrios macroeconómicos, no por un deseo oposicionista ni por un tremendismo económico que desea formular apreciaciones apresuradas; estamos preocupados porque observamos y lo ratifico después de escuchar la intervención del respetable diputado que me antecedió en el uso de la palabra, observamos una grave subestimación de la situación que está viviendo el país ante este esquema en el cual se está haciendo nuestra nación créditamente adicta de un flujo de capital extranjero como único medio para equilibrar las balanzas comerciales y la balanza en cuenta corriente y de esta forma, la adecuación que se está proponiendo en materia de la emisión de acciones L, adecuación que se ha visto como una simple adecuación técnica, obedece en los hechos: uno, a incrementar el capital de todas las instituciones financieras del país en un 30%.
Prácticamente se está diciendo: señores banqueros, después de estos procesos de macroespeculación que significó la privatización banquera, aumenten su capital en un 30% porque les autorizamos a emitir acciones L, pero, ¡ojo¡, no solamente se está autorizando a las empresas bancarias, a los bancos a aumentar su capital en 30%, sino se está abriendo una doble vía de inversión extranjera en la banca que es autorizar hasta un 30% de inversión extranjera en acciones C, que pueden ser bajo titulares extranjeros y aumentar otro 30% sobre ese 100% anteriormente citado, de acciones L, que también pueden ser titulares los inversionistas extranjeros.
Si consideráramos en su conjunto, estaríamos entonces hablando de dos grupos de acciones, la C y la L, de la cual pueden ser tenedores instituciones extranjeras y que modifique radicalmente el entorno del sector financiero mexicano aunque no se quiera reconocer, solamente situándonos en las hipótesis de la propia iniciativa de ley que aquí está planteada.
Anteriormente, en la ley que fue aprobada en 1990, particularmente en el artículo 18, se decía que puede haber acciones C, que pueden tener hasta el 30% del capital de los bancos y que puede ser un capital extranjero, pero ahora se está abriendo, repito, una doble vía de inversión extranjera y esto modifica radicalmente el entorno en el cual están trabajando las instituciones financieras.
Otro punto es el que no está estableciéndose una congruencia entre los postulados de defensa del interés nacional en materia financiera y los términos en los cuales se está haciendo esta propuesta, por otro motivo adicional.
Estamos ante una discusión, por razones estrictamente de como se establecen las normas de debate parlamentario, en donde discutimos de manera autónoma estas leyes sobre crédito; discutiremos en pocas horas, quizá en días lo relativo a pesca, lo relativo a comunicaciones y lo relativo a minería. Pero tienen todas estas leyes un común denominador que el senador Carlos Sales lo dijo
de manera muy franca y parece que la opinión pública no lo percibió.
Carlos Sales, el respetado senador Carlos Sales, dijo con absoluta franqueza a un grupo de legisladores de Texas, hace apenas un mes y medio: "señores, estamos en el poder legislativo mexicano, a iniciativa del ejecutivo, examinando y modificando un paquete completo de leyes para adecuarlas a las necesidades del Tratado de Libre Comercio".
Y lo que estamos discutiendo aquí entonces, abriendo un segmento de inversión extranjera en el sector de instituciones financieras, con las reformas en donde se abren condiciones para inversión extranjera en pesca, quitando los candados que tenía la anterior Ley de Pesca, con las reformas que se abren en materia de comunicaciones, para esquemas de privatizaciones sin candado respecto a inversión extranjera y con otros paquetes de leyes que estamos discutiendo, prácticamente estamos haciendo modificaciones a leyes antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, en condiciones que no se presenta de manera clara que la reforma económica en curso es una reforma regresiva para adecuarla al Tratado de Libre Comercio.
Y hemos dicho en tribuna que el gobierno olvida que conocemos el borrador de Dallas y conocemos las propuestas mexicanas globales en ese borrador, e independientemente que no se nos ha entregado las discusiones de Montreal y de Toronto, esto significa que hay adecuaciones que no se quieren reconocer.
Y un último punto del cual no hemos escuchado respuesta, el punto relativo al 2 mil 102 de la propuesta mexicana y al 401.
Todas estas leyes establecen algún tipo de regulación a ciertos sectores de inversión extranjera, pero no se nos ha respondido ni en la Cámara de Diputados ni en las autoridades de la Secretaría de Fomento y Comercio Industrial, lo relativo a la propuesta mexicana de 2 mil 102, que establece trato nacional a inversionistas extranjeros y es un elemento que no es una simple diferencia de matiz: la vida económica de numerosas empresas, de ramas enteras de la actividad productiva y del sector servicio, puede estar en peligro de no establecerse reglamentaciones, candados y formas de control y regulación a esa inversión extranjera y solamente se deja en términos abstractos este asunto del 2 mil 102, sin establecer este tipo de regulaciones.
Por ello es, estimados compañeras y compañeros, que pese a lo avanzado de la hora y pese a que llevamos ya en varias intervenciones analizando este punto, que los Legisladores del Partido de la Revolución Democrática los llamamos a una reflexión cuidadosa, porque de no haber una defensa patriótica de los intereses del país en materia financiera, llegaríamos al absurdo de las declaraciones que ha hecho Milton Fredman, en el sentido de que lisa y llanamente anulemos nuestra moneda propia, anulemos nuestra capacidad de emisión monetaria autónoma, destruyamos el banco de México, y destruyamos nuestra autonomía como nación en materia financiera, convirtiendo el dólar en los hechos en la moneda prácticamente de circulación nacional. Y esto exige y lo decimos desde esta tribuna, una enérgica protesta y un enérgico rechazo, no sólo a sus declaraciones de privatización de Petróleos Mexicanos, sino también a sus reclamaciones de prácticamente trasnacionalización completa del mercado y sistema financiero mexicano.
Con el sólo hecho de abrir por esta doble vía 30% de inversión extranjera en acciones C y 30% de inversión extranjera en acciones L, con esta vertiente de reformas legales que se está abriendo en esta propuesta de ley, estamos ya creando condiciones para una trasnacionalización del sistema financiero, en mayor grado del que hoy existe. Pero además y esto lo quisiéramos expresar, pareciera que se están haciendo adecuaciones para continuar con una dinámica suicida de déficit continuo y creciente en la balanza de cuenta corriente y de inversión de capital extranjero que nos esté cubriendo ese déficit.
Y se dice; "Pero ése es ingreso del exterior que recibimos y es ahorro del exterior". Pero se olvida que esos señores que vienen a invertir en bolsa de valores o que compran acciones en bancos mexicanos, no son instituciones de beneficencia pública, vienen por tasas de interés y por retribuciones que sean más altas que las que rigen en Nueva York, en Londres o en Tokio.
Y por tanto, por un flujo momentáneo de capitales que nos permite equilibrar la balanza en cuenta corriente, estamos hipotecando intereses nacionales en el largo plazo, cuando este país, además, como lo han mostrado las privatizaciones tiene excedentes de capital.
Y en los últimos 10 años la participación de los trabajadores en el producto de la nación ha disminuido en 12%, eso significa alrededor de 530 billones de pesos, 530 billones de pesos que en 10 años no han recibido los trabajadores y que está en activo financiero.
Eso es lo que posibilita que en un sólo día un grupo de inversionistas compren en 1 billón o billón y medio empresas como Mexicana o Aeroméxico, o que hagan inversiones de la magnitud de adquirir en un sólo día Banamex o Bancomer como si pagar varias decenas de billones de pesos fuera algo sencillo. Este país tiene excedentes de capital.
Y lo que está sucediendo es que en una dinámica, repito y para terminar, que no se quiere reconocer, estamos adecuando un conjunto de leyes a las necesidades de un Tratado de Libre Comercio que aún no se ha sido firmado, pero que los negociadores mexicanos ya conocen los términos de la negociación, estamos abriendo escenarios y mayores oportunidades al capital extranjero, habiendo en México excedentes de capital susceptibles de un proceso de acumulación de capital propio autónomo endógeno nacionalista.
y esto está atentando gravemente en cuanto a los intereses de mediano plazo. Porque por resolver problemas de corto plazo en balanza comercial, estamos afectando la soberanía de la nación en el largo plazo.
Por ello es y llamamos de nuevo a su reflexión, que solicitamos una reflexión atenta, cautelosa sobre estos problemas. Pedimos que se abandone esta subestimación de los problemas que representa el déficit de la balanza comercial y esa adición, en el sentido escrito que tiene la palabra adición, a la deuda externa y a la inversión extranjera, particularmente. Bolsa de Valores y que se preserve la capacidad propia de regulación nacional en materia financiera.
No quisiéramos que a la vuelta de unos años nos viniera una iniciativa de ley del tipo de la que ha propuesto Milton Fredman, en la donde prácticamente significaría una conversión de México en un Puerto Rico o un Panamá en materia financiera.
Hay que defender el peso mexicano. Hay que defender la capacidad propia de capitalización de nuestro país, y hay que defender un sistema financiero regionalizado, con fortalecimiento de la inversión productiva en la industria y agricultura, particularmente la mediana y con capacidad para apoyar al sector social y al sector cooperativo. Muchas gracias.
El Presidente: -Continúa en el uso de la palabra el compañero diputado Jorge Flores Solano.
El diputado Jorge Flores Solano:- Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
La fracción priísta se pronuncia en favor de esta iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, porque en ellas se continúa con el proceso de modernización y apertura de nuestra economía.
El sistema financiero, como está claramente previsto en la Plan Nacional de Desarrollo y Programa de Financiamiento para el período de 1990-1994 continúa en este proceso, no se ha terminado, la Legislación de 1990, es un cambio en la estructura de nuestro sistema financiero que continúa perfeccionándose.
Las reformas que se proponen a continuación son reformas importantes, pero no cambian el rumbo y el sentido que está previsto en nuestro plan de financiamientos.
Toman en cuenta, indudablemente las particularidades del mercado internacional de capitales y las necesidades del país que avanza en su regulación y apego escrito al marco prevaleciente, jurídico y reglamentario del sistema en su conjunto, no sólo del bancario.
La iniciativa responde a cambios técnicos y tecnológicos que requiere la intermediación financiera, la seriedad de evolución de los mercados financieros internos y externos y la mayor integración económica mundial.
La evolución del sistema financiero especializado en banco múltiple ha dado óptimos resultados, por ello requiere una regulación precisa que permita el desarrollo sano de las instituciones en su conjunto, también los intermediarios financieros vinculando mejor sus funciones. Ello permitirá el ofrecimiento de servicios diversificados más eficientes, una ágil captación y canalización de fondos prestables en los sectores productivos como está previsto, una mayor participación de los fondos de inversión para que permita una mayor pluralidad de los inversionistas mexicanos atomizando de una manera adecuada la participación del ahorrador mexicano en las instituciones financieras.
Se avanza con precisión en las características deseables de la organización y funcionamiento del sistema bancario, de esa interrelación patrimonial y operativa de las empresas financieras, lo cual habrá de estrechar márgenes de intermediación financiera en servicio de los usuarios.
Se participa y se profundiza en esa participación diversificada y plural del capital de las
instituciones como hemos comentado para permitir a los pequeños ahorradores una mayor participación a través de los intermediarios financieros institucionales.
No obstante, aquí se han hecho algunas afirmaciones que creo que es importante precisar. Yo diría con precisión que el hecho de que tengamos en puerta la firma de un Tratado de Libre Comercio no implica el que nosotros no analicemos las condiciones particulares que tiene ahora nuestra economía y sus posibilidades de desarrollo, para ver la evolución de nuestro sistema bancario y permitirle su capitalización y, ser de estas modificaciones un instrumento que permita a la banca comercial el que tenga posibilidades de apalancamiento para una mayor captación de recursos en todo lo que significa la estructura y el destino del crédito en nuestro país.
También hemos oído aquí preocupaciones que nosotros no desestimamos, en el sentido de que la participación del capital extranjero volátil en nuestra economía, tiene algunos focos rojos.
Yo quisiera simplemente llamar la atención que si bien es cierto que en forma simple se dice que el déficit de balanza de pagos tiende a financiarse con entrada de capitales, recordemos que la balanza de pagos no es más que una medida que tiene dos vías: El lado monetario y el lado real, que es la entrada de bienes y servicios y, una parte muy importante de este déficit que presenta nuestra balanza de pagos, es que está constituida por las importaciones de bienes intermedios y capital que requiere nuestro desarrollo y que implica indudablemente las posibilidades de un avance mucho más rápido y equilibrado. Es indudablemente éste, el mecanismo que nos debe a nosotros, que debemos de analizar con mayor cuidado para dejar de tener preocupaciones, como aquí se dijo, extralimitadas, aunque no deja de ser preocupaciones en relación con los aspectos financieros de la entrada de capitales. Una parte muy importante indudablemente de ellos, va el sector financiero. Pero no es tan volátil ni es tan sencilla, la recuperación que pudiera pensarse en un momento determinado especulativo, porque cualquiera que retire sus acciones en la banca o en la bolsa en un momento de... a medida que lo haga, el mayor aceleramiento provocará el abatimiento de los precios de sus acciones, lo cual redunda en perjuicio de los mismos capitalistas que los extraen.
Por otra parte la bolsa de valores si bien tiene su aspecto especulativo, también tiene su aspecto positivo en que propicia la capitalización de las empresas al permitirle ocurrir a un mercado de capitales para buscar los recursos que requiere la expansión que andamos buscando en nuestra economía.
Mencionemos pues, algunos puntos de los que correponde a la preocupación de estas acciones de serie L que implican sólo la posibilidad de incrementar financieramente los recursos extranjeros en las instituciones de crédito, que no les dan participación en la toma de decisiones importantes y de administración o sea, en el destino de nuestra banca, sino sólo toman decisiones en los que son sus preocupaciones patrimoniales.
Sigue habiendo pues, en este esquema de la ley que permite, que pretende regular la participación de los mexicanos en el control de los Bancos, la misma participación que está prevista originalmente en la ley, en lo que se refiere a la toma fundamental de decisiones.
Recordemos por otra parte, que la estructura administrativa de las instituciones, está prevista ahora de una manera más lógica que lo que preveía la ley anterior, al establecer como once, el número de miembros de su consejo y que indudablemente reserva un 6% de esos once, a las acciones de tipo A, porque representan el capital mayoritario.
Y en múltiplos, de un miembro por cada 10% del valor de las acciones en el capital de la empresa, a los representantes en el consejo directivo. De esta manera se garantiza que siempre exista el control en manos de mexicanos, porque el máximo que pueden ocurrir, que los representantes de serie C es de tres miembros.
Sentimos que por estas razones, por algunas otras cosas de modificaciones que están incluidas aquí, tendientes a dar una mayor seguridad a los inversionistas mexicanos, porque se ha incrementado la seguridad jurídica al establecer también como un régimen supletorio lo dispuesto en el Código Fiscal y en lo que corresponde a otras instituciones, al canalizar recursos o al precisar la forma en que deben canalizarse éstos a través de instituciones serias para atender el ingente problema de la vivienda.
En suma, porque se tiende a constituir un sistema financiero equilibrado, en el tinte de la competencia y sanas prácticas, se fortalezcan las atribuciones rectoras de la autoridad y se propicie la generación y retención del ahorro interno, ahorro en el que descansan nuestras posibilidades reales de desarrollo, es que vengo a pedir a esta Legislatura, se vote favorablemente esta
iniciativa y el dictamen de la comisión. Muchas gracias.
El Presidente: - En virtud de que ha concluido la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario José Marco Antonio Olvera Acevedo: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El secretario José Marco Antonio Olvera Acevedo: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 389 votos en pro y 32 votos en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 389 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. (Aplausos.)
El secretario José Marco Antonio Olvera Acevedo: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
RECESO
El Presidente (a las 15.15 horas): - Esta Presidencia tiene a bien decretar un receso de 60 minutos, rogándoles se reintegren de manera puntual.
Receso.
(A las 17.05 horas): - Se reanuda la sesión.
Se ruega a la Secretaría dar curso a los asuntos en cartera.
NOMBRAMIENTO
El secretario José Marco Antonio Olvera Acevedo:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea: en oficio fechado el 12 de mayo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede premiso al ciudadano Gerardo Lan Arredondo, para que pueda aceptar desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chipre en Monterrey con circunscripción consular en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 19 de mayo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de Chipre, serán de carácter estrictamente consular y
c)Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Gerardo Lan Arredondo, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Chipre en Monterrey con circunscripción consular en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 1992. - Presidente, César Augusto Santiago Ramírez; secretario, Salvador Valencia Carmona; secretario,
Juan de Dios Castro Lozano; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesareo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pavello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Sherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zuñiga Galeana.»
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Atalo Sandoval García:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: en oficio fechado el 13 de mayo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Ana Lucía González Ibáñez, para que pueda prestar sus servicios como secretaria en la Delegación de la Comisión de Comunidades Europeas, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 19 de mayo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Delegación de la Comisión de Comunidades Europeas, en México, serán como secretaria y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del Apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguente
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Ana Lucía González Ibáñez, para que pueda prestar sus servicios como secretaria en la delegación de la Comisión de Comunidades Europeas, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 1992. - Presidente, César Augusto Santiago Ramírez; secretario Salvador Carmona; Juan de Dios Castro Lozano; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos
Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Medino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M., Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Serna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El mismo secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea: En oficio fechado el 13 de mayo del año el curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Claudia María Isabel Berlanga Zubiaga, para prestar sus servicios como asesor económico, en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 19 de mayo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará, serán como asesor económico, en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede premiso a la ciudadana Claudia María Isabel Berlanga Zubiaga, para que pueda prestar sus servicios como asesor económico, en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión . - México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 1992. - Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, secretarios; Juan de Dios Castro Lozano y José Octaviano Alaníz Alaníz; José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enriquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosal Alvina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González
de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuellar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Serna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Sherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea: en oficio fechado el 13 de mayo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rafael Mendoza Hernández, para que pueda prestar sus servicios como mensajero en la embajada de la República de Austria, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 19 de mayo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará, serán como mensajero en la embajada de la República de Austria, en México y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Rafael Mendoza Hernández, para que pueda prestar sus servicios como mensajero en la embajada de la República de Austria en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 1992. - Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Secretarios; Juan de Dios Castro Lozano; José Octaviano Alaníz Alaníz, José Alarcon Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa
Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuellar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Serna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El mismo secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea: en oficio fechado el 12 de mayo del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pierre Jacques Sved Binette, para que pueda prestar sus servicios como oficinista (empleado local) la embajada de Canadá, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de diputados del honorable congreso de la Unión, el 19 de mayo, se turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERADO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la declaratoria por naturalización número 1184;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de Canadá, en México, serán como oficinistas (empleado local) y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Pierre Jacques Sved Binette, para que pueda prestar sus servicios como oficinista (empleado local) en la embajada de Canadá, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 1992. - Diputados, César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; secretarios, Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano y José Octaviano Alaniz Alaniz; José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro,
Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El secretario Lucas Adrián del Arenal Pérez:
«Comisión de gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea: en oficio fechado el 12 de mayo del año el curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Miriam Martínez Acosta, para que pueda prestar sus servicios como empleada consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión efectuada por la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión, el 19 de mayo, se trunó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propio interesada prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez Chihuahua, serán como empleada consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Miriam Martínez Acosta, para que pueda prestar sus servicios como empleada Consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, al 21 de mayo de 1992. - Diputados, César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; secretarios, Salvador Valencia Carmona y Juan de Dios Castro Lozano; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Armad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M. Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio
Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los disputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado
El proyecto de Decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El mismo secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: en oficio fechado el 12 de mayo del año el curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al cuidadano Jaime Eduardo López Ríos, para que pueda prestar sus servicios como telefonista, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 19 de mayo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará, serán como telefonista, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jaime Eduardo López Ríos, para que pueda prestar sus servicios como telefonista, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 1992. - Diputados, César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; secretarios; Salvador Valencia Carmona; Juan de Dios Castro Lozano; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo en contra, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Por mi parte es todo, señor Presidente.
ANIVERSARIO LUCTUOSO
DE RUBEN JARAMILLO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gilberto Rincón Gallardo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al fallecimiento de Rubén Jaramillo.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Cuando fue derrotado el Ejército zapatista en 1918, un capitán de ese ejército de nombre Rubén Jaramillo, contando con 18 años de edad, escribió una carta donde pedía a todos los campesinos zapatistas que se retiran y depusieran las armas. Llamaba a hacer conciencia de que los zapatistas habían sido derrotados a sangre y fuego y la carta termina con un frase, Rubén Jaramillo a los 18 años, capitán del Ejército zapatista les decía a los campesinos entonces: "Guarde cada uno su fusil donde pronto lo pueda volver a tomar". Así termina la carta.
Era claro que Jaramillo tenía una concepción de la lucha, de la organización popular campesina, adecuada a lo que es esta realidad de nuestro país, la historia de México demuestra que ha habido varios intentos de construir un auténtico partido campesino en México, de la única forma en que un partido campesino en nuestro país pudo intentarse construir, con las armas en la mano. Desde Julio López y Rubacanaqui en La Reforma, Zapata y Villa, Jaramillo y Lucio Cabañas, supieron de los intentos por formar un partido campesino y por eso tomaron las armas; la violencia ha sido el signo en contra de los verdaderos protagonistas de nuestra historia. A partir de entonces Rubén Jaramillo dedicó todos sus esfuerzos a reivindicar las tierras de Tlaquiltenango, el lugar donde él nació.
En 1938, una etapa de su lucha culmina cuando se consigue la fundación del Ingenio de Zacatepec. El 5 de mayo de ese año, el general Lázaro Cárdenas escribe en su autobiografía: "Hoy inauguré en el estado de Morelos, el Ingenio Azucarero Ejidal "Emiliano Zapata", ingenio moderno, planteado por la actual administración con fines sociales para mejorar las condiciones económicas de los ejidatarios. Se manejará, decía el general Cárdenas, bajo el sistema de cooperativa integrada por ejidatarios y trabajadores de la Fábrica".
Fue Jaramillo el primer Presidente del Consejo de Administración. desde entonces, la lucha contra la corrupción fue una constante en Rubén Jaramillo. Tiempo después, precisamente a consecuencia de esas luchas, Jaramillo dejó de ser Presidente del Consejo de Administración. Desde entonces, en el ingenio, desde el centro se nombraba al Presidente de Administración y la corrupción fue una constante y una permanente.
En 1943, Rubén Jaramillo cumplió aquello de "guarden cada quien su fusil donde pronto lo pueda volver a tomar" y con un grupo reducido a no más de 100 hombres, se levanta en armas.
Un año más tarde por una intermediación del general Cárdenas, es amnistiado, vuelve a la vida legal y forma el Partido Agrario Obrero Morelense. Se suma con todo entusiasmo al enriquismo. Continúa su vida de oposición política, ahora por la legalidad y por los caminos abiertos; ganaron varios puestos de elección popular. Carro completo para el Partido Revolucionario Institucional y no se le reconoce ninguno de los triunfos; vuelve entonces a la clandestinidad y en 1958, Adolfo López Mateos le ofrece garantías y Rubén Jaramillo, vuelve a dejar las armas.
Entre 1959 y 1961, hay un rico período en la vida política de Jaramillo: se vincula el movimiento ferrocarrilero; con los estudiantes; nombra un representante suyo en La Gran Comisión Proaumento de Salario; forma parte de quienes constituyeron el Movimiento de Liberación Nacional y empieza a construir a nivel nacional, la Central Campesina Independiente, siempre con esa magnifica confusión entre lo que es la organización social y el partido político; siempre creando una organización campesina y en la realidad forjando un partido campesino.
Cerradas las puertas, toma las tierras de Michapan y el 23 de mayo de 1972, "el sábado pasado se cumplieron 30 años" fue asesinado él, su esposa y sus tres hijos. Se salvó su hija Raquel; en un momento de descuido de quienes lo fueron a aprehender, se escapó y fue a ver al presidente municipal quien en ese momento le dijo: todo está dentro de la ley, hay órdenes del más alto nivel desde México para aprehender a tu padre.
Raquel, la hija, hizo unas declaraciones que quiero leer aquí textualmente. Dicen las
declaraciones de Raquel: "Como a las 2 de la tarde el día de los hechos, llegaron a la calle de Mina 114, en Tlaquiltenango, dos vehículos blindados, varios jeeps del Ejército y un automóvil plomo sin placas. A bordo venían varias decenas de soldados y algunos civiles armados, que supuse pertenecían a alguna corporación policiaca. Comandaba el grupo el capitán José Sánchez Martínez, jefe de la partida militar de Zacatepec y un señor alto, moreno, grueso, de camisa amarilla, que traía en la mano una pistola. El capitán exigió que saliera mi padre, amenazándolo con ametralladoras, de la casa, si no lo hacía. Todos apuntaban a mi padre, sólo dos ametralladoras cuidaban de nosotros". Ahí terminan las palabras de la hija de Rubén Jaramillo.
Se dijo que Rubén sería conducido a ver al general Pascual Cornejo Brum, pero en una hora a más tardar estaría de regreso.
Pero aquél que había corrido en un descuido hacia la presidencia municipal, no había recibido más que el mensaje de que todo estaba dentro de la ley y cuando Raquel regresaba a su casa, un convoy se llevaba a todos. Más tarde el Xochicalco fueron encontrados los cadáveres de Jaramillo, Epifanía su esposa embarazada y sus tres hijos. Desde entonces la Procuraduría de la Nación, la del Estado y la Defensa se desligaron de los hechos.
Hoy aquel ingenio azucarero cuyo primer presidente fue Rubén Jaramillo, se encuentra en la quiebra, como símbolo de lo que está pasando en el campo mexicano. Se anuncia pronto su remate y la privatización del ingenio dentro de unos cuantos días Más. la cooperativa está hecha de lado, no han tomado ni toman en cuenta a los auténticos cooperativistas. El ingenio se sucumbió por la corrupción y ahora lo pone a la venta al mejor postor.
Son tiempos de la cotrarrevolución. Pero el hecho es de que a 30 años de perpretado este horrendo asesinato de uno de los hombres que simboliza más la lucha por la tierra de su familia y de sus hijos, 30 años después no se sabe quién lo mató.
Esta Cámara lo menos que puede decir es que se esclarezca este crimen y que no se diga que en México no hay impunidad. Muchas gracias.
El Presidente: - ¿Usted pide la palabra para rectificar hechos? Adelante. Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Diego Zavala Pérez.
El diputado Diego Herberto Zavala Pérez: - Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Acción Nacional siempre ha escogido como vía la lucha de la acción pacífica. Acción Nacional siempre ha desdeñado la violencia, pero el señor diputado Rincón Gallardo ha traído el día de hoy a nuestra memoria un hecho que estremece la conciencia de todos lo mexicanos.
No voy a juzgar la vida de Rubén Jaramillo, ni siquiera vamos a calificar los medios que él escogió para luchar, pero el crimen cometido hace 30 años debe sacudir a México en su entraña misma. Un país civilizado no debe admitir ese tipo de crímenes.
Acción Nacional reprueba el hecho cometido hace 30 años, pero reprueba más aún el que ese crimen ha quedado impune. No solamente mataron un guerrillero; ahí cayó toda su familia, la esposa, los hijos, los parientes, y eso es verdaderamente doloroso. Está entonces la protesta de Acción Nacional ante crímenes de esa patria. Gracias. (Aplausos.)
El diputado Tomás Osorio Avilés (desde su curul): - Pido la palabra para rectificar hechos señor Presidente.
El Presidente: - Tiene usted, la palabra.
El diputado Tomás Osorio Avilés: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
En el estado de Morelos, la diputación priísta condena el homicidio que hace 30 años se cometió en agravio de Rubén Jaramillo, como condenamos también el homicidio de cualquier ser humano.
Estamos en contra de la impunidad y siempre hemos sido partícipes de que se aclare cualquier hecho ilícito.
Rubén Jaramillo vivió en Tlaquiltenango, Morelos; fue promotor y efectivamente como lo señalo el señor diputado Rincón Gallardo, fundador del ingenio azucarero de Zacatepec, fue consejero de su directiva después de que fue inaugurado por el presidente Lázaro Cárdenas el 5 de mayo de 1938.
En Morelos se le reconoce su trayectoria de luchador social en beneficio de los campesinos. Como un reconocimiento a su trabajo en beneficio de ese sector, el pueblo de Morelos aprobó que el municipio de Temixco una de las
comunidades más importantes lleve el nombre de este luchar social.
Rechazamos el que el hecho de que la posible venta o el remate de este ingenio azucarero se tome como una acción contrarrevolucionaria. Esto de ninguna manera lo podemos aceptar.
Efectivamente el problema azucarero es un problema de carácter mundial, por esta razón no compartimos las afirmaciones del señor diputado Rincón Gallardo, pero sí manifestamos nuestra voluntad política para que estos hechos, reitero, no sólo de este homicidio sino de cualquier homicidio que se cometa en contra de algún ser humano, sea aclarado. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
PROCESO ELECTORAL
EN EL ESTADO DE MICHOACÁN
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Anacleto Mendoza Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional para referirse al proceso electoral en el estado de Michoacán.
El diputado Anacleto Mendoza Maldonado: - Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con el respeto que me merece la más alta tribuna del país, vengo ante ustedes a hacer uso de ella en nombre de mis compañeros, diputados michoacanos, así como de los priístas y de los ciudadanos que me toca representar.
Recordando la reciente intervención en esta tribuna de mi compañero Virgilio Pineda, el día 6 de mayo del año en curso, denunció a quien resulte responsable sobre las agresiones de que ha sido víctima nuestro partido, al manchar y borrar la propaganda político electoral. Recuerdo que en sus intervenciones de ese día, los distintos representantes de las diversas fracciones parlamentarias, concidieron en que debe establecer respeto en el proceso electoral y sobre todo respeto a la voluntad y a la decisión ciudadana.
Quiero comentarles que he podido estar presente en varios recorridos en la campaña de nuestro compañero Eduardo Villaseñor Peña y he podido constatar que en todos los actos políticos ha ofrecido respeto a todos los partidos políticos, también lo ha solicitado en reciprocidad.
La tesis política que ha sostenido es la de propiciar la paz y la tranquilidad como fundamento para el progreso y el desarrollo del pueblo michoacano; siempre ha ponderado y ha pedido el respeto para la voluntad del pueblo, a través de elecciones claras y transparentes.
El sábado pasado, en la población de Cherán, me tocó estar presente acompañando a nuestro candidato al gobierno del estado; ahí vivimos una muestra clara de cuál es la reacción de un partido que ya se siente derrotado y que al no tener capacidad para ganarse la voluntad ciudadana en su favor, el Partido de la Revolución Democrática ha dado ya inicio a los actos de violencia. Por esa razón, protestamos enérgicamente por esos hechos.
He de informarles que hay evidencias muy claras y concretas que las autoridades de ese municipio, los cuales son miembros del Partido de la Revolución Democrática, alcoholizaron y azuzaron a un grupo de aproximadamente 50 miembros de su partido, para que éstos cerraran el paso a la marcha que encabezaba nuestro candidato para llegar a la plaza municipal, en la que esperaban a recibirlo aproximadamente mil personas.
Es importante hacer de que a pesar de los proyectiles lanzados al contingente que acompañaba al candidato, se manejó la consigna de no responder a la provocación hecho que permitió poder arribar al lugar del mitin y realizarlo, con el pleno apoyo de los ahí presentes, para acto seguido continuar con otra marcha hasta las oficinas del partido y así continuar con audiencias públicas.
En este trayecto el candidato del Partido Revolucionario Institucional recibió la aceptación de la población en general, lo cual demuestra la vocación de los michoacanos para vivir en paz, trabajando unidos en busca del desarrollo del estado.
La violencia perredista se hizo también en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado local por el distrito de de Tacámbaro, Margarito Antúnez, a quien el regidor del Partido de la Revolución Democrática en el ayuntamiento de Churumuco, impidió su entrada a la comunidad de El Timbiriche, el pasado 21 de mayo.
El regidor Casimiro Santos, además sobrino del presidente municipal perredista Plácido Flores Bocanegra, se plantó en la carretera, a la entrada de El Timbiriche, acompañado de 15 personas, todos armados, con piezas conocidas como "cuernos de chivo", con insultos y amenazas evitaron
que nuestro candidato y su comitiva entraran a la población.
Las autoridades municipales del Partido de la Revolución Democrática, de municipio de Churumuco, se caracterizan por ejercer el poder con base en las armas y no podemos permitir que violenten el proceso electoral estatal, el temor de que su partido pierda la próxima elección es muy evidente.
Señores diputados, los michoacanos queremos tener la tranquilidad necesaria para que nuestro estado se pueda incorporar al desarrollo que el país en su conjunto está teniendo.
Los michoacanos exigimos que se respete la voluntad popular. Los michoacanos rechazamos la violencia. Los michoacanos exigimos el absoluto cumplimiento de la ley. Los michoacanos queremos vivir en paz. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gabriel Mendoza Manzo.
El Diputado Gabriel Mendoza Manzo: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Desde ésta, la más alta tribuna de la República, la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática, rechaza categóricamente las imputaciones vertidas aquí por el diputado que me antecedió en la palabra.
Nosotros queremos ser enfáticos al señalar que el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán y a nivel Nacional, así como su candidato a la gubernatura del estado, Cristóbal Arias Solís, hemos declarado, no a partir de hoy sino de tiempo atrás y está consignado en todos los medios de comunicación del estado y del país, nuestra vocación de alcanzar el poder por los medios pacíficos.
Que nunca convocamos ni convocaremos a la violencia, porque la peor parte la ha sufrido en carne propia los miembros y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, como consta en la Comisión de Derechos Humanos el sinnúmero de perredistas que han sido víctimas, que han perdido la vida producto de la violencia que la genera el propio sistema y su partido oficial.
Desde esta tribuna rechazamos las imputaciones por simplistas, tendenciosas, incongruentes e irresponsables, que demuestran un profundo desconocimiento de lo que ha sido la historia del pueblo de Michoacán, de la realidad política se está viviendo en este estado como en muchos otros estados del país y que se recurre al argumento baladí de adjudicar los hechos de los que son responsables el partido oficial a la oposición verdadera.
Y les tenemos ejemplos en Puerto Peñasco. Los tenemos en San Luis Potosí y los tenemos en Michoacán.
Son incongruentes estas imputaciones, porque el candidato del partido oficial ha señalado que todos los michoacanos somos priístas. Y en su reciente gira, en reciente visita al estado de Michoacán, el Ejecutivo Federal ha reconocido que en Michoacán se vive otra realidad política; que existe una pluralidad que el candidato oficial no acaba de entender por su profundo desconocimento de la historia de Michoacán, de los grupos étnicos que viven en Michoacán; por que desconoce la realidad social y la realidad económica en que vivimos.
En recientes declaraciones este candidato oficial se ha atrevido a señalar que la violencia que se dio a partir de 1988, la generó el Partido de la Revolución Democrática. Ignora que apenas el día 5 del mes en curso, el Partido de la Revolución Democrática ha cumplido tres años de vida; que no existía entonces en 1988.
A propósito de la destrucción de la propaganda del partido oficial y de su candidato en diferentes lugares del estado de Michoacán, se atrevió sin el menor recato, a señalar al Partido de la Revolución Democrática y a sus integrantes, como los responsables. Pero se quedó sin sustento. O una organización independiente que no tiene ninguna filiación partidista dentro del Partido de la Revolución Democrática, asumió públicamente ser la responsable de esos hechos que él imputó al Partido de la Revolución Democrática.
Lo que no han dicho aquí los priístas y su candidato, es que el pueblo michoacano y de manera particular los purépechas, han sido permanentemente agredidos 500 años y que las últimas décadas han estado abandonados por los gobiernos priístas, salvo honrosísimas excepciones.
Lo que no han dicho aquí, es que a un pueblo que está ya no en la pobreza sino en la miseria, es provocar la reacción de rechazo a sus tesis, a un discurso hueco, retórico que no dice nada. A una oferta política que habla de paz y de desarrollo. Pero no dice como ni cuando, no con
qué y que además compañeros diputados, el hecho mismo de acudir a estas poblaciones que viven marginadas, incomunicadas, que ha sido explotadas, que han sido depredados sus recursos naturales, acompañado de un séquito, con todo beato, trasportándose en helicópteros protegidos por una guardia que un centurión romano envidiará, derrochando recursos exageradamente multimillonarios que la población de Michoacán tiene la sospecha de que provienen del erario público y de no ser así habría entonces que aclararle a la ciudadanía de Michoacán, quiénes son los filantrópicos mecenas que están financiando estas cantidades millonarias que el candidato del partido oficial derrocha con todo lujo, tratando de prostituir, de corromper, aprovechando las condiciones infrahumanas en que viven esos grupos sociales para presionarlos a votar por el candidato y por los colores del Partido Revolucionario Institucional.
No reconocen que en Michoacán existe una nueva realidad política, que en Michoacán hay oposición y que la oposición está gobernando en generar el mayor número de municipios de nuestro estado; que la oposición tiene una efectiva y real alternativa de alcanzar el poder; que no ha podido penetrar a pesar de todos los recursos, a pesar de los asesores enviados por el centro para apoyar al candidato oficial, no ha logrado penetrar en grandes núcleos de la población.
Y que lo que sucedió en Cherán, es irresponsable, es temerario; esto sí es provocar la confrontación y exponer a llevar al estado a una situación difícil de riesgo. Imputar estos cargos al Partido de la Revolución Democrática y a su candidato sin mediar de por medio la investigación judicial y la investigación correspondiente de los organismos responsables del proceso electoral, es inmoral, es irresponsable y raya lo temerario, porque esto sí puede provocar una crisis muy seria en Michoacán y no creemos que el Ejecutivo Federal esté desinformado de cómo se está llevando a cabo la campaña del Partido de la Revolución Democrática, de cuál ha sido la respuesta.
Aquí los que están contra la pared, son el candidato oficial y su partido, porque está siendo rechazado y no nos extrañaría que en otras comunidades le vuelva a suceder lo mismo. No se puede llegar predicando lo que no se tiene autoridad moral para hacerlo; no es posible, señores diputados, que a estas alturas hablemos de modernidad cuando ante los ojos estamos viendo la miseria lacerante y acudamos a hacer una campaña política, como si estuviésemos siendo candidatos de grandes compañías transnacionales o de países de alto desarrollo tecnológico, económico y social.
Lo que sucedió en Michoacán, debe tener la máxima atención de toda la población de México. Por eso nosotros estamos pidiendo y debería entonces el Partido Revolucionario Institucional sumarse a esa iniciativa, el de pedir que compañeros mexicanos, distinguidos ciudadanos, por su calidad moral, su calidad académica, su trayectoria a través de desempañar cargos de alta relevancia dentro de la sociedad de México, acudan a observar de cerca el proceso electoral que se está llevando a cabo en el estado de Michoacán y no se venga aquí a utilizar esta más alta tribuna de la República, para venir a tratar de sorprender a los diputados, porque esto no va a ser posible y menos va a ser posible, engañar al pueblo michoacano.
La sociedad de Michoacán ya no comulga con rondanas; la sociedad de Michoacán, es una sociedad politizada, de una gran sensibilidad y una gran decisión para luchar y hacer que se respete la voluntad popular, el voto de los ciudadanos y que gane el que lleve mayor número de votos, a través de una elección transparente, a través de una elección limpia y que así podamos transitar hacia la democracia en el estado de Michoacán y volver a darle la cohesión, el ánimo, la confianza al pueblo de Michoacán, que ha perdido por la irresponsabilidad de los últimos dos periodos de gobierno: uno constitucional y el otro interino, que han sido responsables de la verdadera violencia que existe en Michoacán.
Aquí se viene a denunciar que fueron agredidos por 50 supuestos perredistas un grupo de 1 mil o más priístas que iban a ser un mitin político.
¡Esto, ni los propios priístas lo pueden creer¡ Pero es el resultado, compañeros, de una tendenciosa y permanente campaña de desprestigio hacia la oposición. Y esto, compañeros, en nada contribuye a un proceso limpio y tranquilo.
El Partido de la Revolución Democrática, su candidato, se ha manifestado con toda claridad: ¡que nunca seremos partidarios de la violencia¡ Pero esto sí, que sabremos defender, en todo momento, la voluntad expresada en el sufragio por el pueblo de Michoacán y siempre apegados a lo que marcan nuestras leyes. Jamás incitaremos y, por lo tanto, rechazamos, categóricamente, las impugnaciones que se ha vertido en esta tribuna. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Sobre el mismo asunto tiene el uso de la palabra el diputado Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: - Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Se han denunciado en esta tribuna hechos lamentables, ocurridos en un hermoso poblado michoacano, al calor de una campaña electoral para elegir gobernador del estado.
Los mencionados hechos, dados entre simpatizantes y militantes de los dos partidos de la "R", institucional una, democrática la otra. Algunos de ellos investidos de cargos públicos, son lamentables e inclusive oprobiosos para el pueblo michoacano.
Sin embargo, a la luz de los hechos, ¿podremos afirmar que son hechos inéditos, que son una novedad en los procesos electorales de vísperas del siglo XXI? ¡NO! Podemos remontarnos a los años cincuenta y citando por ejemplo el municipio de la piedad, cuando siendo candidato, entre la planilla, el señor don Teodoro Villaseñor, padre del actual candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del estado, candidato en la planilla del Partido Acción Nacional, por cierto, fueron objeto de agresiones a balazos para impedir que utilizaran la plaza pública de la ciudad cabecera del municipio.
O más recientemente, en la anterior campaña para elegir candidato a gobernador en el año de 1986, en el municipio de Santiago Tangamandapio, en el cual su presidente municipal, un señor de apellido Arroyo y de militancia priísta, pretendió impedir la realización del mitin de campaña del ingeniero Luis Mejía Guzmán, candidato a gobernador del estado por el Partido Acción Nacional.
En ambos casos, que no han sido los únicos, como en muchos otros casos en el ejercicio de sus derechos la ciudadanía no se ha detenido, ni por la negación del derecho y mucho menos por las agresiones que han sido objeto por parte de autoridades, militantes del partido en el poder. Y todo ello, sin la necesidad de emplear los mismos métodos y mucho menos de repeler o de contestar la agresión.
¿Qué es lo que ahora llama la atención de estos hechos? ¿Qué los hace ahora tan notables y denunciables en esta tribuna?
En el pasado, estas denuncias presentadas por la oposición eran, así lo definía en partido en el poder, eran "confesiones anticipadas de su derrota". En este caso, pudiera ser el caso del tradicional victimario, ahora convertido en víctima. En todo caso: se trata de priístas de antes, contra priístas de ahora. No dejan de ser, sin embargo, flagrantes agresiones.
¿Apego a la ley? Lo hemos pedido, ésa fue nuestra intervención el 6 de mayo. Exigimos a todos los ciudadanos y partidos, organismos electorales, nos apegáremos al cumplimiento de una ley reformada, expedida en tiempos de los priístas de antes, reformada en tiempos de los priístas de ahora y que sin embargo en un intento desesperado de buscar debilitar en la verdadera oposición, el sistema facilitó el registro de los candidatos; por citar un ejemplo: de un partido minoritario, totalmente minoritario, sin cumplir uno sólo de los requisitos marcados por la ley, cuando a los demás partidos en el registro en sus candidatos nos exigían todas las constancias y certificaciones posibles.
Podrán, pues, "dejar las veredas, pero la querencia cuándo".
Los hechos, repito, son lamentables y reprobables, lo son ahora como los fueron antes y por lo mismo que esta exhortación o exigencia de respeto a la ciudadanía a la oposición, al sistema, lo prediquen los priístas con el ejemplo en aquellos muchos lugares todavía gobiernan, ahora que ya saben lo que se siente. (Aplausos.)
ELECCIÓN DE ÓRGANOS VECINALES
El presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular socialista, para referirse a la elección de órganos vecinales y participación ciudadana del Distrito Federal.
El diputado Jorge Tovar Montañez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: El viernes pasado debió realizarse en la ciudad de México la elección de los jefes de manzana, en ejercicio de lo señalado en la Ley Orgánica del Distrito Federal en vigor. Se trató de proceso fallido en su esencia, si bien se cumplió con la formalidad de esa nominación en la mayoría de los casos.
Ni siquiera las cifras oficiales pudieron ocultar la magnitud del derrumbe. Poco más de 500 mil participantes de un total de más de 5 millones de ciudadanos, en pleno uso de sus facultades y derechos, es decir, algo así como el 10% ó el 11% del total, solamente.
La prácticamente nula asistencia de los ciudadanos a las reuniones de manzana no fue el único tropiezo que registró, sino que la propia información oficial reconoce que fue en extremo difícil en muchos casos, encontrar a quienes quisieran aceptar la designación, razón por la cual hubo necesidad de recurrir a la repetición de quienes habían sido designados con anterioridad, procedimiento violatorio de los señalado en la propia Ley Orgánica. Aún así fue imposible completar el número de los llamados jefes de manzana. ¿Cuáles son las causas que explican este fenómeno? En primer término, el profundo desprestigio en que han caído los llamados órganos de colaboración ciudadana y vecinal; éstos, como es fácil recordar, fueron creados en el año de 1978, como resultado de la reforma a la Ley Orgánica de Distrito Federal, promovida por el Ejecutivo, en momentos en que jefaturaba el Distrito Federal el profesor Carlos Hank González. De hecho fueron órganos que nacieron muertos, es decir, condenados al fracaso; era una coyuntura semejante a la actual, en la que las fuerzas partidarias de la ampliación de la vida democrática en la ciudad de México, entre ellas connotadamente el Partido Popular Socialista, demandaban con insistencia se dieran pasos concretos y firmes orientados a la superación del injusto status que mantienen a los ciudadanos del Distrito Federal, a diferencia de los de las otras 31 entidades, limitados en sus derechos políticos a la sola elección de los diputados, senadores y Presidente de la República, sin tener voz y voto en lo relativo a sus autoridades inmediatas, a las que ejercen las funciones de carácter municipal y las propias del ámbito estatal.
Desde la esfera gubernamental, la respuesta a este señalamiento fue el sentido de rechazar el que esta disminución de derechos signifique en la realidad una limitación en la vida democrática y en rechazar la propuesta de que los capitalinos pudieran ejercer el pleno derecho de elección a todos sus niveles. Se dijo que la capital del país es un caso aparte, que elegir a los diputados integrantes de un congreso local, al responsable del Ejecutivo y a las autoridades de carácter municipal, implicaría caer en una copia extralógica y que aquí lo que se requería era buscar otro tipo de soluciones, propias, innovadoras y creativas. Y vino la iniciativa gubernamental, modificar la Ley Orgánica del Distrito Federal, para crear los llamados órganos de colaboración ciudadana y vecinal los que en efecto nacieron viciados de origen. En primer lugar es necesario recordar que las funciones esenciales de estos órganos se limitan, como su propio nombre lo indica, a la colaboración con los funcionarios desigandos; no se trata de organismos que representen los intereses de los ciudadanos, que expresen sus inquietudes, sus demandas, sus necesidades; por el contrario, se trata de cuerpos que se subordinan a quienes ejercen autoridad por delegación vertical. Se trata de un concepto no sólo ajeno sino al contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que declara que la soberanía radica en el pueblo, que éste es por tanto el encargado de dar mandato a los funcionarios públicos quienes tienen que cumplir con ese mandato de origen popular; en cambio en estos órganos de colaboración ciudadana y vecinal el orden constitucional se trastoca y la soberanía deja de radicar en el pueblo.
Ahora los funcionarios designados asumen el papel de mandantes suplantando el derecho de los ciudadanos y a éstos los convierten en mandatarios.
En segundo lugar se recurrió a una medida de elección fácilmente manipulable en el que un propósito fundamental fue el de eliminar del escenario a los partidos políticos que son precisamente los estados mayores de las distancias clases sociales y por tanto los cuerpos más idóneos en la arena de la cuestión política y social. Así se pretendió crear una situación simbiótica entre las necesidades operativas de los delegados para resolver por una vía no constitucional cuestiones de su competencia y a la vez reestructurar artificiosamente la armazón interna del partido del gobierno. Por esta vía se quiso convertir a los jefes de manzana a la vez que en subordinados de los delegados en funcionarios de ínfimo nivel del partido de gobierno y en manipuladores de sus vecinos. Es claro que tal mescolanza estaba condenada al fracaso desde su propia concepción como supuesta medida democratizadora.
En tercer lugar se pretendió restablecer el método de elección indirecta según el cual los vecinos eligen a sus jefes de manzana; estos a quienes ejercen una función semejante a nivel de colonia y los últimos a su vez a quienes encabezarían los órganos de colaboración ciudadana y vecinal es evidente que nada tienen que ver con las necesidades reales ni con las verdaderas demandas y aspiraciones de los capitalinos, éstas son en el otro sentido, en el otro sentido de tener voz y voto en torno a los problemas que a diario les quejan tales como la seguridad pública, la basura, el transporte, la contaminación ambiental, el agua potable y el alcantarillado entre tantos otros; en el sentido de tener voz y voto en torno a las propuestas
prográmaticas relativas ha estos problemas, a cómo jerarquizarlos y a las distintas vías para enfrentarlos y resolverlos; al sentido o en el sentido de tener voz y voto en la elección de los funcionarios que asuman compromisos concretos y específicos en torno a estas cuestiones y que se sientan obligados a rendir cuenta de manera periódica a los propios ciudadanos. Los órganos de colaboración ciudadana y vecinal que nunca adquirieron prestigio es claro, sin embargo que hoy han caído en el mayor de los desprestigios como lo demuestran los resultados del día 22 de mayo reciente, éste es un indicador mas frente al cual sería un grave error el de cerrar los ojos, es desmostrarivo de la urgencia en dar pasos reales y concretos hacia la solución de fondos de los problemas de la vida democrática de la capital del país de los derechos políticos y electorales de los capitalinos.
Parece ser que hay disposición política por parte del jefe del Departamento del Distrito Federal, para abordar estas cuestiones con seriedad, según se desprende de lo expresado por este funcionario durante su última comparecencia en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y en las reuniones que posteriormente ha sostenido con las representaciones de distintos partidos políticos entre ellos, el Partido Popular Socialista.
Parece ser que hay disposición seria de abrir los oídos del gobierno a las viejas demandas de los habitantes de la ciudad capital y de establecer un diálogo serio, maduro, constructivo con los partidos políticos, en el que también participarían los órganos colegiados de representación popular para establecer el diálogo y el intercambio de opiniones y juicios en torno a esta urgente necesidad.
El Partido Popular Socialista, sin duda pionero en la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos ciudadanos de los capitalinos y consecuentemente por la constitución del Estado de Anáhuac, con todas sus funciones, ha declarado su disposición de participar en este diálogo, dejando de lado toda pretensión maximalista, puesta que está convencido que las posiciones de todo o nada son de suyo estériles.
Seguramente podremos dar pasos hacia adelante si todos contribuimos con este fin. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: - ¿Con que objeto?...sobre el mismo tema. Tiene la palabra.
El diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Se ha dado cumplimiento por las autoridades del gobierno de la ciudad de México y de la representación vecinal, de acuerdo al ordenamiento de la Ley Orgánica y de su reglamento respectivo, al desarrollo de la voluntad de los vecinos y ciudadanos de esta gran metrópoli.
El viernes pasado 22 de mayo, se dieron cita en las 43 mil manzanas que integran esta gran ciudad, los vecinos, para elegir de manera directa, en cargos honorarios, a sus jefes de manzana, a personas representativas de la voluntad, el sentir y el conocimiento de la problemática de la comunidad.
Ellos fueron acatando una convocatoria dentro de un proceso que tiene cuatro facetas qué cumplir; primeramente y de la base misma ciudadana, concurrieron y eligieron a sus representantes. Efectivamente, entre 550 mil y 600 mil ciudadanos eligieron a su jefe de manzana.
Hace escasos nueve meses, también concurrió a votar la ciudadanía de este Distrito Federal y de la República Mexicana. Ahí fueron a elegir a un senador, a 40 diputados federales y 40 asambleístas. Hubo distritos de que 80% de los empradonados concurrieron a las urnas electorales y por ello se ha intregado una de las Legislaturas que tiene una de las mayores responsabilidades ante la historia, como es esta LV al Congreso de la Unión.
Aquí nosotros hemos visto con una gran satisfacción, de que los cuadros más lúcidos, los ciudadanos más respetables de toda la nación fueron a concursar ante la presencia de candidatos de 10 partidos políticos y ésta en la imagen, ésta en la valoración, está en la voluntad del soberano, es la voluntad de nuestro pueblo los 500 representantes de la nación, que somos iguales, a partir del día 31 de octubre, en que protestamos en cumplir y hacer cumplir y plasmar en leyes la voluntad y la exigencia del pueblo.
En un proceso muy particular sobre una reforma política permanente, sobre canales de participación en todos los tiempos, en los 667 años que tiene de fundada esta gran ciudad, parte de ello, porque así lo han pedido, porque así lo han exigido los ciudadanos de esta capital de la República, una nueva Ley Orgánica.
Ya había habido otras en 1928, en 1941 y en los años setenta, se va a descentralizar la vida administrativa y política de la ciudad capital, creándose 16 delegaciones del Departamento del Distrito Federal.
Se requería la voluntad, la opinión de órganos de la colaboración ciudadana y vecinal, que opinaran para el mejor desempeño del gobierno, que fueran correas de transmisión entre las bases sociales y la administración pública. De ahí surgieron y la primera elección en 1980, ésta es la quinta, elección del Consejo Consultivo de la ciudad, que partiera de la base y la voluntad misma del pueblo.
Aquí no esta la valoración en función del número de personas que concurren a esas asambleas de manera espontánea y voluntaria, ante un llamado de la autoridad delegacional y del Consejo Consultivo de la ciudad. Aquí está y eso es lo que más interesa a aquellos ciudadanos, a aquellos vecinos preocupados porque los servicios, porque haya un buen gobierno, porque se atiendan las exigencias de los ciudadanos de esta capital de la República, porque ellos quieren ser gestores, quieren coadyuvar a tener respuestas inmediatas y positivas para esos planteamientos.
Pero también hay que verlo que ésta en función de calidad más que en función de cantidad. Juegan un papel muy importante las asociaciones de residentes, las juntas de vecinos, el Consejo Consultivo y, obviamente la base de sustentación que son los jefes de manzana electos el pasado viernes.
Esto es importante señalarlo. Los que hemos tenido la experiencia de tener oportunidad de la conducción de implementar los mecanismos para la elección de estos procedimientos que acabamos de mencionar, lo hemos hecho principalmente en la delegación Cuauhtémoc, seguramente la más conflictiva de esta gran ciudad y también en la delegación Venustiano Carranza. El año de 1986, ante los acontecimientos dramáticos del sismo de 1985. se convocó a los ciudadanos de todo el Distrito Federal y en lo particular tuvimos la atención aquí en Cuahutémoc; concurrieron los vecinos y los ciudadanos a manifestarse; había colonias donde la situación era dramática y muy grave. Aquí enfrente el conjunto habitacional Benito Juárez, la unidad habitacional de Tlatelolco, la colonia Guerrero, Atlampan, la colonia Obrera. 33 colonias que integran esta delegación y dos barrios, el barrio de Tepito en Peralvillo, de manera ordenada se eligieron los jefes de manzana; ellos a su vez seleccionaron a los mejores como presidentes de la Asociación de Residentes, de unidades habitacionales de los barrios y de las colonias y en forma unánime esos presidentes de Asociación de Residentes seleccionaron a al Presidente de la Junta de Vecinos y recayó en esa ocasión la Presidencia del Consejo Consultivo de la ciudad en el representante vecinal de esta delegación y quiero expresar también que en todo momento los programas del gobierno de esta delegación, las actividades, los presupuestos, las exigencias, las demandas y los compromisos, los hizo la delegación invariablemente con la consulta, la opinión de los ciudadanos representados en esa junta de vecinos.
Semana a semana, mes a mes, había una evaluación de los problemas que se planteaban y la respuesta que éstos mismos tenían a sus peticiones. Sí han funcionado los órganos vecinales, sí han sido una respuesta positiva para el gobierno de la ciudad de México.
En el año de 1981, en el mes de noviembre decíamos lo siguiente en un acto político y en una campaña presidencial: "y aquí, en el seno de nuestra gran metrópoli, es impostergable profundizar la democratización de la vida colectiva. Se habla mucho y cada vez con mayor intensidad, de la ya asfixiante contaminación ambiental y de la deshumanización de la vida social de nuestra capital. Ante ellos, nosotros pensamos que ha dichos fenómenos sólo se les puede combatir con mayor solidaridad social. Pensamos igualmente que es tan importante plantar árboles para combatir la contaminación, como lo es plantar el árbol de la genuina democracia para nuestra capital.
En este sentido una medida urgente, correcta e indispensable, es la reglamentación del referendum y de la iniciativa popular, figuras que sólo tienen existencia constitucional, pero no vida social.
Ya esta en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la iniciativa del Ejecutivo, pero hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada, cuando resulta imperativo que se discuta y se apruebe, pues se trata de dos sólidos cimientos de la reforma política.
La respuesta, la respuesta de candidato presidencial: "sólo los que no conocen política, sólo los que no conocen al pueblo de México, menosprecian la actividad de los partidos y creen que la lucha política puede ser una lucha de personalidades. Son actitudes aristocratizantes que no acepta el régimen político de la Revolución Mexicana. Un sistema de abastos populares que permita a las clases mayoritarias tener los menores precios posibles en sus alimento y vestido y también luchar contra la carestía.
Asimismo, se ha señalado hoy un incremento de la participación ciudadana en las decisiones
políticas del Distrito Federal. Yo apoyo esa idea, apoyo las iniciativas del referendum popular y el derecho para iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en relación al Distrito Federal. Era la respuesta del candidato presidencial del partido Revolucionario Institucional, en noviembre de 1981.
En 1987, el congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la LIII Legislatura, aprobó la creación con sus funciones y reglamentación de lo que conocemos como la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Se avanzó políticamente en esta gran ciudad.
Estos planteamientos los hacemos porque están encaminados los partidos aquí representados a que se llegue a una reforma política más profunda. Esa voluntad, esos tiempos, están marcados con toda precisión. Hay disposición y esto nunca se ha descuidado, desde la Constitución de 1824, el Constituyente de 1857, el de 1917, el de 1987 y ahora, en 1992, también se dará y se caminará firmemente a lo que este pueblo quiere y ya se han señalado los caminos y esta legislatura irá en el sentido que requiera la evolución política de nuestro pueblo.
Quiero expresar que estos pasos de fortalecimiento de la democracia y de la voluntad ciudadana, están caminando y este consejo Consultivo de la Ciudad, que se elige en el mes de junio, será coadyuvante y colaborará al buen gobierno de las 16 delegaciones y del gobierno de la ciudad de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Saucedo.
El Diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: - Con su permiso, señor Presidente:
Lo primero que quisiéramos decir es que sentimos cierta pena de que se hable de la ciudad de México en los términos en que el diputado que me precedió lo hizo. Estoy convenciendo que aquí se dicen barbaridades y cosas totalmente irreales, que no tienen qué ver nada con la ciudad de México.
No es posible que se nos vengan aquí con un discurso de retórica al estilo más trasnochado de la política, yo no sé de qué décadas.
Yo creo que algo, que por lo menos las autoridades del Departamento del Distrito Federal sí reconocen, es que los habitantes, de la ciudad de México, hoy, han madurado políticamente y, aunque hay diferentes tácticas de los partidos, sí hay un reconocimiento de que se está hablando de una sociedad civil comprometida, con ganas de participar y de decidir, sobre los problemas de la ciudad.
Yo no sé a qué viene a cuento que nos hablen aquí de las elecciones federales de 1991, cuando de lo que queremos hablar es de las elecciones vecinales, del viernes pasado, que por lo menos en la mayoría de los medios de información, creo yo, uno de ellos, la radio, estuvo en muchos de los lugares de estas manzanas que estaban señaladas para la elección de jefes de manzana y dieron testimonio de la apatía y de la falta de participación de los vecinos.
De tres años para acá, hay que decir, hay una diferencia de tres a uno, en la participación. A mí me parece que, hay que ser autocríticos y reconozcamos en esto un dato negativo en la participación vecinal para la elección de los jefes de manzana.
Y aquí están en crisis precisamente los órganos de colaboración vecinal. Muchos han hablado y se habla actualmente de la necesidad de arribar a una discusión sobre la reforma política en el Distrito Federal y en éste la participación en los órganos vecinales, es uno de los puntos que tendríamos que tratar todos los partidos políticos y no solamente los partidos, esto también lo reconocen las autoridades del Departamento.
Las centenares de organizaciones sociales, organismos civiles, colegios de profesionistas etcétera, que existen y se les reconoce en la vida de la ciudad de México, sean éstas o no reconocidas legalmente, son las formas adicionales paralelas a los órganos de colaboración vecinal, que ya han demostrado su inoperencia.
El partido de la Revolución Democrática ha manifestado, no últimamente, sino ya de tiempo y otros partidos también, la necesidad de arribar a una discusión a fondo, sobre la reforma política en el Distrito Federal y eso es hoy lo que estamos esperando.
¿Cómo? ¿Por que medios vamos a llegar a un proceso de negociación y de discusión sobre los alcances de la reforma política en el Distrito Federal?
Varios partidos han presentado ya públicamente sus opiniones y sus propuestas. Estamos esperando arribar a que la propuesta de reformas de todas las partes involucradas en esta discusión se hagan presentes y se hagan públicas.
Pensamos lo hemos dicho también, que no se puede poner ninguna traba a ningún tema, alguna propuesta de cualquier partido político, de cualquier organización social, organismo civil, que tiene qué ver con los intereses de la ciudad y sus problemas.
Y evidentemente tenemos que armar un programa de trabajo, de formas de discusión y de negociación, que auguren la posibilidad de modificar la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, sobre todo, porque todos reconocemos que el capitalino, el habitante de la ciudad de México, es hoy un habitante politizado aun cuando hay algunas expresiones claramente vinculadas al gobierno, de que debe despartirizar todo tipo de acciones políticas de parte de la ciudadanía.
Un ejemplo muy claro es precisamente esta del viernes pasado para el nombramiento de los jefes de manzana. Parece absurdo si uno lee los periódicos del sábado y de esta semana a propósito de las 43 mil manzanas de la ciudad de México. Hubo muchísimas de ellas, más de mil manzanas, en donde no hubo ningún tipo de elección. Eso hay que decirlo y hay que reconocerlo con autocrítica. No podemos decir en este recinto cosas que no están adecuadas a la realidad que estamos viendo de verdad, ante muchos de los problemas de la ciudad de México y muchos grupos independientemente de filiación partidaria o creencia religiosa, están interesados en resolver problemas del medio ambiente, de la contaminación, del comercio, del comercio ambulante, de la seguridad pública.
Muchos de los problemas que todo mundo reconocemos y que los órganos de colaboración vecinal no sirven para ello. Entonces se requiere una reforma a la Ley Orgánica sobre esto de los órganos de colaboración vecinal, sus atribuciones, su estructura, sus funciones. De manera que la ciudadanía sepa por qué podemos participar en este tipo de elecciones por las funciones y el poder que se le está dando a los representantes vecinales.
Evidentemente que esto nos lleva a discutir la reforma política. Algunos pensamos que debe desaparecer este tipo de órganos de colaboración vecinal que son solamente de decoración para los funcionarios en turno de cada sexenio.
Ojalá y en la Comisión del Distrito Federal de LV Legislatura podamos entrar en una discusión a fondo sobre este asunto y poder arribar a reformas a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
No es posible que se venga a decir aquí por el diputado Alapizco, la gran participación ciudadana en las elecciones de colaboración vecinal. No es posible, porque eso nadie lo cree, ni siquiera la gente de su propio partido, ni del gobierno y eso es cosa de leer los periódicos, simple y sencillamente.
Quisiéramos terminar diciendo que si se van a continuar las elecciones de esta Organización piramidal y vertical del Consejo Consultivo de la Ciudad, para que en esta semana se elijan ahora a los presidentes de las asociaciones de residentes, es decir, de cada una de las colonias y dentro de ocho días elegir a los presidentes de las juntas vecinales, representantes de cada una de las delegaciones y después por último al Consejo Consultivo de la Ciudad, sí quisiéramos señalar que el siguiente paso va a carecer de todo tipo de representatividad y de credibilidad ciudadana.
En esto no puede haber ningún tipo de responsabilidad democrática, sabiendo que desde la misma Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por acuerdo de todos los partidos políticos ahí representados, se había solicitado a las autoridades del Departamento, se cambiara la fecha de estas elecciones y no se hizo caso y ahí están los resultados.
A mí me parece que un poco de autocrítica puede ser de mayor credibilidad a los funcionarios del Departamento del Distrito Federal, antes que la ciudadanía como lo ha demostrado en algunos periodos de la vida conflictiva del Distrito Federal, ha tomado el asunto en sus manos, generando más organizaciones la sociedad civil en la idea de independizarse del paternalismo del gobierno y sobre todo de su autoritarismo y antidemocracia. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, sobre el mismo tema, el diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He pedido el uso de la palabra para expresar a nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, que no compartimos lo expresado por nuestro compañero diputado Alapizco, en torno al proceso de elección realizado el pasado viernes 22.
A nosotros nos parece que la presencia de solamente 500 mil ciudadanos en este proceso, es una cuestión que debemos valorar con toda
objetividad, porque refleja que, lo expresó nuestro compañero diputado Jorge Tovar, este organismo que nació muerto en la práctica, ha ido perdiendo cada vez más credibilidad.
Muchos de nosotros participamos en el proceso de 1980, de elección de jefes de manzana. Yo recuerdo que, en primer lugar, tuvimos que esperar mucho tiempo para que empezaran a acercarse los vecinos al local donde había de realizarse esta elección; que tuvo que nombrarse una comisión, de los pocos que acudimos, para recorrer una a una, las casas de nuestra manzana, para invitar a la gente a que participara en ese proceso. No llegó ni siquiera al 20% de los que ya visitábamos.
Y eso sucedió en muchas manzanas; la gente se negaba a aceptar la responsabilidad de jefe de manzana. El pleito era porque no querían asumir ninguna responsabilidad.
Así surgió este organismo y ha ido perdiendo cada vez más credibilidad. Nos pone el compañero Alapizco el ejemplo del sismo. Yo creo que si en algún momento se rebasó toda la estructura de cualquier tipo en función de autoridad, fue precisamente en el sismo de 1985. Ahí la ciudadanía no esperó ni al gobierno federal, ni al gobierno del Distrito Federal, ni a los jefes de manzana, ni a ningún órgano de representación; se organizó sola, yo diría que a pesar de sus autoridades, para resolver los problemas que se generaron en ese momento. No tuvo participación... los jefes de manzana no tuvieron ninguna participación importante en el sismo de 1985.
Y el compañero nos plantea que hay medidas constitucionales que no se han puesto en práctica y que pues nosotros no rechazamos, no estaríamos en contra en ciertas circunstancias del referendum, algún tema muy importante; nos parece positiva la iniciativa popular, pero pensar que esos son reformas profundas a la vida democrática del Distrito Federal, me parece un terrible error.
Precisamente el problema del Distrito Federal es que no ha habido ninguna reforma de fondo que amplíe la vida democrática, que le restablezca sus derechos ciudadanos plenos a los que habitamos en el Distrito Federal, que le permita a los habitantes de esta ciudad, elegir a sus autoridades. No ha existido jamás esa voluntad.
Nosotros tenemos el sano interés y así lo hemos manifestado, de caminar en ese sentido; ir abriendo poco a poco la vida democrática del Distrito Federal, con medidas radicales, profundas, que no se queden en la superficie de los problemas, que no traten de hacer a un lado a los partidos políticos.
Si nosotros mismos como legisladores hemos aprobado que los partidos políticos sean considerados entidades de interés público, que tienen como responsabilidad fundamental contribuir a conformar el gobierno a través de un sinfín de actividades, como dice el artículo 41, ¿por qué nos oponemos nosotros a que participen en la elección de las autoridades del Distrito Federal?
Nosotros queremos abrir un debate en torno a este tema. Queremos escuchar los argumentos jurídicos, los argumentos políticos, de todos los grupos, en función de qué es lo que tenemos que hacer en el Distrito Federal.
Yo no he escuchado, lo digo con toda sinceridad, jamas, un argumento sólido que justifique que los ciudadanos del Distrito Federal sigan siendo ciudadanos de segunda o de tercera en materia política. ¡Jamás he visto un documento o he escuchado un argumento sólido en ese sentido¡
Queremos abrir el debate. El Partido Popular Socialista lo ha planteado. Queremos discutir y queremos avanzar en torno a la democratización del Distrito Federal. No estamos en una postura del todo o nada, porque creemos y lo hemos afirmado infinidad de veces, que eso es un error y que no nos va a llevar a ningún lado.
Estamos abiertos al diálogo. Queremos contribuir a la democratización del Distrito Federal. Pero lo vamos a hacer en la medida en que realmente los planteamientos vayan al fondo del problema y no sean superficiales como los que aquí se han comentado. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Victoria Reyes Reyes.
La diputada Victoria Reyes Reyes: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He pedido la palabra porque encuentro coincidencia entre lo que aquí se está diciendo. Tal vez en diferente forma de expresión, pero aquí estamos coincidiendo todos, las organizaciones civiles, los partidos políticos; todos absolutamente, sin lugar a duda, hemos encontrado en todo nuestro caminar por el Distrito Federal una justa demanda de los ciudadanos, una demanda
de participación, de participar en la toma de decisiones de los asuntos públicos.
Demandas que se han transformado en la creación de instituciones, como aquí se ha dicho, como en una institución, un órgano de representación como lo es la Asamblea de Representantes. Pero antes de ésta, la creación de órganos de colaboración vecinal. Esto es, organizar a los vecinos a partir de la manzana, de la colonia, del pueblo, del barrio, unidad habitacional, etcétera, hasta llegar a los niveles delegaciones y del Consejo Consultivo de esta ciudad.
Órganos de expresión plural, interlocutores de la demanda ciudadana ante los agentes de la administración pública y de los que hemos obtenido una rica experiencia. Los que hemos participado en esos grupos lo sabemos, no de ahora, de varios años atrás, con la existencia de estos órganos de colaboración vecinal.
Razones suficientes para que todos, lejos de criticarlos, lejos de criticar la existencia de estos órganos, nos debemos dedicar a fortalecerlos. A fortalecer su trabajo, estimulando su dedicación y empeño por el servicio que han prestado y seguirán prestando a su comunidad.
Es por eso que debemos felicitarlos y yo quiero felicitarlos, a través de esta tribuna, a quienes el pasado viernes 22 se dieron cita, en esos lugares donde encontraron su cartoncito amarillo y quienes no lo buscaron, desgraciadamente no pudieron participar.
Se dieron cita, decía, para cumplir con una obligación ciudadana y ejercitar su derecho, un derecho que tienen ellos, que tenemos todos los ciudadanos de esta ciudad capital, para designar a nuestros representantes vecinales; éste es un ejercicio democrático y de pleno reconocimiento de los derechos políticos de los capitalinos. Muchas gracias. (Aplausos.)
ZONAS PROTEGIDAS EN LOS ESTADOS
DE MICHOACÁN Y DE MÉXICO
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado José Ascención Orihuela, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la conservación de zonas protegidas en los estados de Michoacán y de México.
El diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas: - Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A nombre de un grupo de compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, preocupados por declaraciones y artículos periodísticos en relación con los santuarios de la Mariposa Monarca, hemos decidido hacer la siguiente propuesta de punto de acuerdo, sobre la preservación de las zonas de hibernación de la mariposa monarca.
CONSIDERANDO
Primero. Que el 9 de octubre de 1986 fueron declaradas áreas naturales protegidas cinco microrregiones de los estados de Michoacán y del Estado de México, en las que anualmente realiza su hibernación la Mariposa Monarca.
Segundo. Que dichas áreas constituyen un patrimonio valioso y trascendente de la biodiversidad.
Tercero. Que es indispensable conciliar la salvaguarda de este patrimonio ambiental con las legítimas aspiraciones de bienestar y subsistencia de numerosas familias de mexicanos asentadas en su entorno, propiciando al mismo tiempo el cumplimiento de la norma ecológica y fuentes de ingreso para los habitantes de la región.
Cuarto. Que en los días recientes se ha denunciado la comisión de presuntas talas ilegales que afectarían el ciclo de vida de las mariposas y podrían incluso propiciar su desaparición, dañando con ello un elemento importante de nuestra riqueza ecológica. Se propone el siguiente:
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se instruya a las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente y de Bosques y Selvas, a efecto de que a la brevedad posible se realice una reunión de trabajo con los ciudadanos subsecretario de Ecología y Director General de Política Forestal, a fin de recabar la información correspondiente a este hecho y atender así las solicitudes de gestión presentadas a esta representación popular por un grupo de autoridades ejidales del estado de Michoacán.
Recinto alterno del Centro Médico, 26 de mayo de 1992. - Por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, diputado Gustavo Carvajal Moreno, diputada Ignacia García López, diputado Isaías Rodríguez Vivas, diputado Ramón Ferrari Pardiño, diputado Celestino Ortiz Denetro, diputada Noemí Guzmán Lagunes, diputado Mario del Valle, diputado Juan Antonio Nemi Dib, diputado Jorge Mendoza Alvarez, diputado Carlos Avila Figueroa, diputado Jaime Calleja y diputado Ascensión Orihuela.«
Entrego a la Secretaría para su trámite, señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - Se suplica a la Secretaría consulte a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo propuesto por el diputado Orihuela.
El Secretario Lucas Adrián Del Arenal Pérez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta del diputado José Ascensión Orihuela.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aceptado señor Presidente.
El Presidente: - Túrnese a las comisiones de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente, para su cumplimiento.
ACUERDO NACIONAL PARA LA
MODERNIZACIÓN EDUCATIVA
El Presidente: - A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea:
Por acuerdo de esta honorable Cámara de Diputados, fue invitado el Secretario de Educación quien compareció ante la Comisión de Educación para informar de un acuerdo o pacto para la reforma de la Modernización de la Educación Básica, este documento, pero es el caso de que este acuerdo o pacto no se encuentra suscrito por el señor Secretario de Educación; simplemente fue firmado por el Ejecutivo Federal, los señores gobernadores de las distintas entidades de la República y por la profesora representante del Secretariado General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en este llamado pacto se pretende reformar el sistema educativo y reformar las leyes, derogar las leyes vigentes relacionadas con el servicio de la educación pública.
Este acuerdo plantea un conjunto de cuestiones anómalas, ilegales, arbitrarias, inmoderadas, que consisten en lo siguiente; todos sabemos que en la Constitución que nos rige se reserva al Congreso de la Unión de la facultad de legislar en materia educativa. Así, la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución dispone... " el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan".
El artículo 73, fracción XXV de nuestra Constitución, dispone lo siguiente, habla de las facultades del Congreso de la Unión e indica: "Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores secundarias y profesionales, de investigación científica, de bellas artes, de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones, para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional, así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, los estados y los municipios, el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata, surtirán sus efectos en toda la República".
Es pues evidente, que la facultad de legislar, el proceso educativo del servicio público de la educación pública, es competencia del Congreso de la Unión.
No es competencia de los señores gobernadores de las distintas entidades de la República, del Ejecutivo Federal, ni tampoco es competencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Que yo sepa, un sindicato tiene un cometido legal que radica en la defensa de los derechos laborales de sus miembros, aunque se trate de un sindicato, el más importante de América Latina, de miembros que cumplen una elevada función en la sociedad, como es la docencia; no obstante, no son el organismo competente, de acuerdo con nuestra Constitución, para reglamentar, derogar, modificar nuestras leyes educativas.
Por otra parte, el artículo 72 en su inciso f, dispone que la reforma o derogación de leyes o
decretos, se hará observándose los mismos requisitos y trámites establecidos para su formación.
Quiere decir que la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia de una ley, para que se considere legalmente establecida, requiere tres cosas: requiere que esa ley provenga del órgano competente; requiere que se haya seguido el procedimiento legalmente establecido y requiere que las leyes así establecidas, no contradigan ni se pongan en pugna con las normas de jerarquía superior.
Queremos vivir en un estado de derecho, pero estamos viendo que estamos viviendo en un estado de chueco, perdónenme la expresión, pero hay aquí graves anomalías y son todas éstas.
El artículo 89, fracción I de nuestra Constitución, establece lo siguiente: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia".
Nuestro sistema en un sistema de división de funciones. La función legislativa en materia del Congreso de la Unión y la Función de aplicar y ejecutar esas leyes, es función del Poder Ejecutivo, pero no se pueden reunir ambas funciones en una sola persona.
El artículo 92 dice: "Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente, deberán estar firmados por el Secretario de Estado o jefe de departamento administrativo a que el asunto corresponda y sin este requisito, no serán obedecidos".
Yo pregunto: en este pacto ¿en dónde está la firma del señor Secretario de Educación? No sé por qué razón, pero así pasó. Todas las fracciones parlamentarias firmaron un punto de acuerdo pidiendo que viniera el señor Secretario, a informarnos de unos acuerdos o determinaciones que ni siquiera fueron suscritos por él. Esto es una situación anómala.
Decía también que el artículo 49 dice terminantemente: "no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, no depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias.
Entonces la primera conclusión que resulta evidente, es que este pacto no genera normas validas en el orden jurídico mexicano. No estoy criticando su contenido, luego pasare a su contenido.
Algunas cosas son justificadas y correctas, pero yo creo que debemos respetar las leyes y debemos respetar las instituciones, porque eso es lo que hace a un gobierno moderado, a un gobierno democrático. Un gobierno inmoderado es aquel que no respeta las leyes y no respeta las instituciones.
Decía que la primera conclusión es que la norma que aquí se instituye para reformar la Ley Federal de Educación, el sistema de la educación nacional, no es válida, ni está firmada por el Secretario de Educación, ni los señores que la suscriben son los órganos competentes, de acuerdo con nuestro derecho, para reformar el sistema educativo nacional.
En este pacto se altera el status laboral de todos los maestros de la República y se cambia el sistema que hasta hoy hemos tenido. Ciertamente hemos tenido un sistema de centralismo fiscal, porque el gasto público se hace en un 70% por los órganos federales y en un 30% por los órganos locales y municipales.
Es entonces el caso de que se habla de una sustitución de patrón; se habla de un traslado o transferencia de los recursos, cuestión que también es competencia de este honorable Congreso. El gasto público está sujeto a la ley respectiva que dicta este Congreso y no se trata de un asunto menor; se trata de una cuantía de 16 billones de pesos que corresponden al gasto de la educación, del sector público. También se acuerda una transferencia de todos los bienes, bienes inmuebles, muebles, laboratorios, bibliotecas, equipamientos con los que se viene prestando hasta hoy el servicio de la educación pública por la Federación en nuestro país.
Se trata pues de la transferencia de un enorme patrimonio y ya sabemos cómo se realizan a veces transferencias con cierta irregularidad. Toda transferencia debe ser legal y debe estar establecida por órganos competentes y con procedimientos legales, porque permítanme decirles que si así, en una forma anárquica, equívoca y confusa se transfiere a las entidades federativas tan enorme patrimonio, sin siquiera reglamentarse un inventario, diría que si no hay inventario no vaya a pasar lo de diario.
En este pacto hay un pequeño párrafo que se refiere a la educación privada, y se dice que esta educación va a ser un medio de incentivo y de emulación con la educación pública pero no se dice lo principal, que debería decir que pública o privada, la educación queda sujeta a los mismos principios, a las mismas normas, a
los mismos criterios que dan a una unidad a una educación nacional.
No se insiste en que la educación privada no debe ver a los alumnos como clientes y a los profesores como empleados, que es también, como todo educación, un proceso de elevada importancia social, porque en el proceso educativo se incrementan o se deterioran las fuerzas culturales, morales, sociales y políticas de un país.
No se establece también que deberán darse los pasos normales y consecuentes para examinar la posibilidad de que la educación secundaria se convierta en educación obligatoria. Esto también requerirá una reforma y una adición del artículo 3o. de la Constitución y una reforma de la Ley de Educación Federal.
La Ley Federal de Educación resulta afectada en muchos capítulos. En primer término, como lo expresó el compañero Francisco José Paoli Bolio, en esta entrevista, el término educación básica no es el correctamente empleado en este pacto, porque la Constitución y la Ley Reglamentaria del artículo 3o. nos hablan de educación elemental, educación media, educación superior. Se habla de este pacto de establecer Consejos Escolares, Consejos Escolares Municipales, Estatales, que tendrán funciones no técnicas ni administrativas, pero sí de vinculación de los planteles educativos con la sociedad y también de vigilancia y de una especie de control persuasivo sobre el desarrollo del proceso educativo, pero es el caso de que si se da intervención a los municipios, si se da intervención a los padres de familia, no fueron convocados ni tomados en cuenta ni intervinieron de ninguna manera los municipios del país ni las agrupaciones de sociedades de padres de familia.
De tal manera que el pacto, incluso como pacto, ni siquiera convoca a todas las partes que pudieran tener interés legítimo en lo que se iba a convenir.
En este pacto se destaca la importancia de que la educación sea una educación para los principios democráticos. Pero, ¿como podemos fundar un pacto básico de fundamento en la educación del proceso educativo nacional, si comenzamos por violar la Constitución, si comenzamos por ignorar al órgano competente, que es la Secretaría de Educación Pública, si comenzamos por congelar y no dar intervención al Consejo Nacional Técnico de la Educación, si comenzamos por negar la institucionalidad de una Secretaría de Estado que tiene en nuestra historia nacional el carácter de haber reivindicado un derecho social del primer orden, como el derecho de la educación?
Por otra parte, se involucra aquí el cambio del sistema de la educación normal. la educación para preparar a los maestros se va a transferir a las entidades federativas, ¿Cómo se va hacer ese cambio de sistema? Ignorando la necesidad de una reforma legal, normal y correctamente transitada.
Por otra parte, se entra al contenido mismo de los programas; se habla, por ejemplo, de que no es prudente que siga el sistema en la educación elemental, de impartir enseñanza fundamental en la lógica matemática o enseñanza de la gramática fundamental en la escuela estructural.
Posiblemente sea razonable y sensato por el nivel educativo del nivel elemental de la educación, que otros procedimientos inicien el tránsito de la enseñanza en el pensamiento de la matemática o el pensamiento de la gramática, pero lo que es inconducente es que se esté rechazando el producto de un proceso de progreso científico, cuando que el artículo 3o. de la Constitución no dice que la educación debe basarse en el avance del progreso científico y puesto que no se dice con qué se va a sustituir esto, también ése es un cambio que queda medio nebuloso.
Por otra parte, el presupuesto del gasto público de la educación, de acuerdo con el artículo 73 de la Constitución, corresponde a este honorable Congreso y, es que aquí se toman acuerdos sobre el gasto público y sobre el uso y el destino del patrimonio que México ha creado para darse educación, como un derecho social, se entrega así como un acuerdo equívoco donde se ignora a los órganos competentes que, de acuerdo con nuestra ley, debieran intervenir.
Se trata, pues, entonces, de que además, se insiste, que este pacto cumple el respeto de que crear en este año el año de la educación de la historia nacional. Claro está que la historia significa tres cosas: la historia es la ciencia del pasado, la historia es la conciencia con la que el una cultura asumimos los deberes sociales, comprensión que no resulta indispensable para vivir de una manera auténtica nuestra identidad como país, como nación.
La historia es ciertamente, con el civismo, materias muy principales y muy importantes, que deben enseñarse en la educación elemental. Pero, ¿cómo se va a invocar el civismo? ¿como se va a invocar el amor a la patria cuando se
atropellan las leyes básicas del país? y se atropellan con un propósito excesivo de precipitación.
Esta precipitación fue advertida y señalada por nosotros en la comparecencia en estos términos, en palabras del compañero diputado Elpidio Tovar de la Cruz y dijo lo siguiente:
"Resulta contrario también a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que confiere a la Secretaría de Educación Pública, en su fracción I, organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas, la enseñanza pre - escolar, primaria, secundaria. Resulta también contrario al artículo 25 de la Ley Federal de Educación, que establece en sus fracciones I y II, que compete al Poder Ejecutivo Federal, programar la extensión y modalidades del sistema educativo nacional. Afecta también al artículo 123 constitucional, en su apartado B, en donde están comprendidos los trabajadores de la educación, al trasladarse sus relaciones laborales a las entidades federativas. El Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa significa, en la práctica, modificación sustancial, por una especie de fast track del esquema en el cual operaba el sistema educativo nacional hasta ahora. El cambio de estructura que fundamenta actualmente este sistema educativo, resulta entonces inaceptable, que el Congreso de la Unión quede al margen de este acuerdo fundamental para la vida del país, cuando éste es un uno de los asuntos que le competen directamente."
Ante nuestras objeciones, que aquí estoy acordando a nombre del Partido de la Revolución Democrática, el señor Secretario de Educación invocó el artículo 29 de la Ley Federal de Educación, que dice lo siguiente:
"La federación podrá celebrar con los estados y los municipios, convenios para coordinar o unificar los servicios educativos."
Y nuestro argumento fue, que una cosa son los convenios que autoriza este precepto, que no son convenios para derogar ni modificar las leyes en materia educativa, sino que al revés, son convenios para aplicar, para observar, para dar vigencia a esas mismas leyes. Entonces estaba confundiendo el carácter de esos convenios.
¿Cuáles son los convenios que autoriza la Ley Federal de Educación? Son convenios para cumplir la Legislación en materia educativa; no son convenios para modificar, revocar o transformar el sistema educativo.
Para hablar de un cambio en la estructura de las categorías del proceso educativo. Para hablar de un cambio en el uso de los recursos del proceso educativo. Para hablar de un cambio que se designa como federalismo educativo.
Aquí habría que recordar que el verdadero federalismo tiene la periferia al centro, no va del centro a la periferia. El federalismo es otra cosa, el federalismo es el respeto a la provincia. La raíz del federalismo mexicano se estableció en la Constitución de Cádiz, que decía: "En la capital y en las provincias debe existir la forma de igualdad". Esto es federalismo, norma de la igualdad.
Pues bien, para comenzar de veras a una modificación de respeto federalista, deberíamos empezar por el federalismo que aquí ha invocado el Partido Acción Nacional, en varias ocasiones.
Ha dicho el Partido Acción Nacional, que el 70% del gasto público debe darse a las entidades federativas; si es que queremos descentralizar, desconcentrar e impulsar un desarrollo orgánico armónico del progreso nacional, debemos terminar con la concentración; debemos terminar con el centralismo. ¿Cómo se va a terminar con el centralismo por un nuevo centralismo? Esto es ilógico. Que nos conceden a las provincias el derecho de estar presentes en los acuerdos, en los parlamentos, en los debates y que no se tomen decisiones a espaldas de los órganos competentes.
Por lo tanto, esta reforma plantea un conjunto de dudas, un conjunto de equívocos.
Diría por último, que el Partido de la Revolución Democrática, no es solamente crítico; no es en manera alguna un partido que pretenda quebrantar el orden de las instituciones y de las leyes; no es un partido proclive a la violencia. Es en primer lugar el partido de una revolución democrática y una revolución y una revolución democrática es pacífica; es por la razón y por eso estamos dando aquí razones para que se respeten las leyes y se respete nuestra Constitución, que ése es el primordial deber de todo representante popular.
Pues bien, compañeros, voy a terminar con recordar los principios del artículo 3o. El artículo 3o. constitucional, señala los fundamentos y los principios que nosotros queremos se cumplan; queremos se respeten. La educación nacional es en primer término un derecho social que reivindica la Revolución Mexicana para una población que fue privada de educación, privada de cultura.
Por lo tanto, la educación es en primer término, un derecho social al que está obligado el Estado, para impulsar el desarrollo de la cultura nacional y de los ciudadanos. Porque queremos ciudadanos de veras. No queremos corporativismo; ni el corporativismo de hoy que es un perjuicio de las bases.
La educación laica. ¿Porqué?, pues porque cada hombre, cada ser humano debe ser dueño de su conciencia y cada ser humano ante la enigma de su existencia, debe decidir por sí mismo, cuáles son las creencias que acepta como sentido de su propia existencia.
La educación basada en el progreso científico, en la verdad, ¿en cuál verdad?, pues en una verdad que admite progreso, renovación, corrección, transformación. La verdad de la patria, la verdad histórica es una verdad que requiere renovación; la verdad de la patria, la verdad de México, tiene que actualizarse frente a cada riesgo, frente a cada peligro y esa verdad que tiene qué ser actualizada cuantas veces fuere necesario, lo que nos exige es que seamos fieles al amor a la patria. Hay por lo tanto la verdad de las cosas y hay la verdad de las conciencias, la verdad de los ciudadanos y nosotros pretendemos por lo tanto, que se respete el progreso científico y el de una verdad que admite renovación y corrección. Una verdad que tiene caducidad, pero una verdad que está inspirada permanentemente en una voluntad de conocimiento y en un conocimiento que sirva para cumplir las responsabilidades sociales que nos incumben.
Por otra parte, esta educación condena el dogmatismo o el fanatismo, la ignorancia y los perjuicios, que hicieron que el pueblo mexicano fuera un pueblo sometido a dominios foráneos que renunciara a la reivindicación de su justicia. Esta es una educación que aceptamos debe ser conservada como el desarrollo armónico de la persona humana, en un capítulo de instrucción que dé conocimientos, en un capítulo de adiestramiento que habilite la práctica, en un capítulo de verdadera educación.
Educación viene de educere que quiere: "sacar de adentro". Sacar de adentro quiere decir: "permitir" a cada uno realizar y cristalizar sus capacidades creadoras como individuo y en favor de la sociedad.
Por otra parte, ésta es una educación para la libertad intelectual. Esta es una educación de la libertad, de la libertad de la conciencia, de la libertad de los ciudadanos. Pero no es una libertad para el egoísmo y el exclusivismo; es una educación para el bienestar nacional.
El artículo 3o. nos señala los preceptos de la democracia y sería conveniente recordar este problema.
Si queremos de veras transitar desde el principio al tránsito por la democracia, debemos enseñar los principios democráticos con la práctica en la misma educación elemental.
Cuando Hidalgo fue elegido rector del colegio de San Nicolás de Hidalgo...
El Presidente:- Compañero Durán: lleva usted casi 50 minutos en el uso de la palabra. Se le suplica trate de concluir.
El diputado Carlos González Durán:- Voy a terminar, señor Presidente. Decía, entonces, que si deberás queremos que la educación nacional sea democrática debemos permitir que en los planteles educativos se practique la democracia. La democracia no la vamos a enseñar al pueblo con sermones, pero sí con respetos. Por lo tanto, concluyo, el Partido de la Revolución Democrática considera que este pacto es anómalo, es violatorio de la Constitución y debe transitar por los caminos normales para que se dé curso a los aspectos positivos que pretende. Pero en sus aspectos positivos no se debe realizar arbitrariamente. Gracias por haberme escuchado. Es todo.
El Presidente:- Sobre el mismo asunto tiene la palabra el diputado Benjamín Gonzáles Roaro.
El diputado Benjamín González Roaro:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La educación en nuestro país ha tenido, durante varias décadas, un contenido esencialmente nacional y gracias a esa característica, la población ha seguido un cause de unidad, compartido y hay una conciencia general de la importancia que tiene la educación para lograr los propósitos de nuestra independencia y fortalecer nuestra soberanía.
Esto ha traído como resultante, que la educación esté considerada como un derecho social, cuya garantía está a cargo del estado mexicano en el artículo 3o. constitucional, como aquí lo señaló el respetable orador que me antecedió en el uso de la palabra.
Este artículo 3o. constitucional contiene los elementos rectores que norman este
indispensable servicio y también le confiere el papel esencial de ser vía para lograr el mejoramiento constante de la calidad de vida de todos los mexicanos.
Ante los retos del mundo contemporáneo, tenemos que hacer renovados esfuerzos educativos.
Hoy que nuestra nación busca una mejor inserción en el mundo, descuidar la materia educativa significaría alejar a nuestro país de la oportunidad de una mejor inserción en el concierto internacional.
Don Carlos Gonzáles Durán hizo mención a algunos aspectos que su partido tocó en la pasada comparecencia del secretario de Educación Pública. Sin embargo, hay que destacar que hubo, en términos generales, un convencimiento de los partidos políticos de que había dos motivos sustanciales en este acuerdo nacional, que ameritaban su impulso y respaldo por las fuerzas sociales y por la sociedad en pleno. Uno de ellos es la defensa de la educación Pública. Pero no nada más la defensa desde el punto de vista de sus aspectos filosóficos, que son aspectos que obviamente suscribimos y que son aspectos que el propio acuerdo nacional trata de reforzar, sino también en la práctica. Buscar mejorar esa educación nacional, esa educación pública, pero al lado de la sociedad. Que es demanda que ha hecho la sociedad y que han hecho los maestros, se concrete y que por eso el Acuerdo Nacional para la modernización de la Educación busca, defendiendo los principios que siempre ha sostenido la educación mexicana, se lleve a la práctica su mejoramiento.
Por otro lado, también hubo un consenso por parte de los partidos, de la importancia de defender, en la práctica, los derechos de los trabajadores. Los derechos que se refieren a sus cambios, a su inamovilidad, a su no despido, a sus garantías de que sus ingresos de verán mejorados, de que tendrán un salario profesional, de que se les abre la oportunidad de una carrera magisterial, de que los estados, donde hay diferencias salariales, buscarán su homologación siempre hacia arriba, que podrán tener beneficios de rezonificación por zonas de vida cara, que se les respetará su escalafón y, en general, todas sus condiciones generales de trabajo.
Yo coincido con don Carlos, cuando él rechaza los dogmatismos. Rechazamos los dogmatismos y rechazamos el inmovilismo social. A eso la respuesta es el consenso social y el Acuerdo Nacional por la Modernización de la Educación Básica lo que busca es un consenso social para lograr una mejor educación.
Y aquí cabe la pena destacar que este acuerdo nacional es fruto de tres años de largas negociaciones, de largas búsquedas, donde el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, siempre buscó con razones y argumentos que las posiciones, siempre tan polémicas en un asunto delicado como es la educación, se fueran encontrando y llegaran a concentrarse en el acuerdo nacional.
Yo quisiera señalar que este acuerdo nacional para nada trastoca los aspectos normativos de la educación pública. Lo que sí modifica es la operación, la forma en que se viene operando la educación del país, la educación pública.
En cuanto a que si firmó o no firmó el secretario de educación Pública, yo quisiera decirle al diputado que fue público, que fue notorio, ante la televisión y los medios de comunicación, de que el secretario de Educación Pública estampó su firma. Que además las publicaciones posteriores, en los periódicos y los medios de información nacional, así lo consignan.
Que este acuerdo nacional está sustentado a su vez por diversos convenios, 31 convenios que la Secretaría de Educación Pública firma con los gobiernos estatales y que en esos convenios específicos es donde se establecen las bases de las transferencias a que hace mención el acuerdo. El acuerdo es un documento marco, un documento rector, donde se señalan las intenciones de participación de todos los que ahí firmaron.
En cuanto al término de educación básica, creo que en el propio acuerdo queda muy claro a qué se refiere la educación básica, la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria y por extensión en este acuerdo la educación normal.
El Consejo Nacional Técnico de la Educación se refuerza. En este acuerdo también se señala que en los estados se van a crear consejos educativos y en los municipios, estos consejos van a alimentar con propuestas, van a alimentar con críticas al consejo nacional, que con esto verá ampliado su marco de actuación y enriquecido sus decisiones, que tome el Consejo Nacional Técnico para la Educación.
Yo quisiera culminar diciendo que no hay en este acuerno ningún síntoma, ninguna señal de ilegalidad. Hay varios artículos de la propia constitución a los que hizo mención don Carlos, que señalan precisamente que el Congreso, este Congreso, distribuirá la función educativa, el 3o. y el 73. También señala en el 116 que los estados
podrán convenir con la Federación aquéllos, prestación de servicios públicos que permitan darle mayor coherencia a los mismos. El 118 señala lo que no pueden hacer los estados y en ningún momento se marca este punto del Acuerdo Nacional para la Educación.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, un artículo que no señaló don Carlos, faculta al Presidente de la República y al Ejecutivo, por sus diversas dependencias, a celebrar convenios con los estados. Asimismo, la ley de planeación en su artículo 33 también señala esta facultad de coordinación.
Yo quisiera destacar que lo importante de este acuerdo es que recoge un amplio consenso de agrupaciones de padres de familia, de trabajadores, de investigadores, de técnicos en la materia educativa, y que en lo que se busca en este acuerdo nacional es reforzar todos esos puntos de consenso, para avanzar en el mejoramiento de la educación, como palanca transformadora de México y como el principal instrumento de movilidad social que siempre ha sido la educación Pública. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
UNIVERSIDAD DE SONORA
El Presidente: - Continúa en el uso de la palabra el compañero diputado Humberto Zazueta Aguilar, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los problemas de la Universidad de Sonora.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El pasado 13 de mayo salió de la capital del estado de Sonora, rumbo al Zócalo de la ciudad de México, una marcha encabezada por estudiantes universitarios. Este recurso representa para los jóvenes sonorenses la posibilidad de ser escuchados y atendidos y se ha puesto en práctica esta marcha después de seis meses de conflicto en la Universidad de Sonora, provocados por el contenido y la forma en que fue promulgada la Ley Cuatro, que sustituyó a la antigua Ley Orgánica de esta Casa de Estudios.
Es del dominio público que la reformulación de la citada ley fue una de las primeras acciones del Ejecutivo de la entidad y si bien es cierto que contó con la aprobación mayoritaria del congreso local, pues nuestro partido votó en contra, nunca obtuvo en respaldo de los estudiantes, académicos y trabajadores administrativos.
Los acontecimientos ocurridos desde el momento en que se supo la intención de modificar la Ley Orgánica, sin tomar en cuenta a la opinión de la comunidad universitaria, hasta la fecha, así lo demuestran. Grandes movilizaciones se dieron en los meses posteriores.
La oposición de los universitarios a la mencionada ley no se planteó jamás como una negativa a iniciar un proceso de reforma institucional; ya desde 1989 se hacían intentos por resolver problemas que impedían una vida democrática y sana, relacionados con la gestión universitaria. Había sin duda alguna, condiciones para iniciar en la Universidad de Sonora, un proceso de reforma universitaria con la participación de todos los sectores en los tiempos y los ritmos que éstos mismos decidieran en los espacios internos necesarios y los que se crearan para tal efecto y de cara a la sociedad sonorense, proceso del cual emergieron una universidad pública renovada con capacidad para hacer frente con éxito a las cuales exigencias de nuestro país y sobre todo con el consenso suficiente para transitar por el cambio que la educación necesita. No obstante, se eligió el camino autoritario que hoy tiene sumergida a la institución en una profunda crisis académica y política.
La comunidad universitaria de la Universidad de Sonora no es ajena a las nuevas condiciones que la transformación mundial le está imponiendo a la tarea educativa; en particular a la de nivel superior; de hecho antes de la puesta en vigor de la Ley Cuatro ya contaba con áreas de excelencia reconocidas nacionalmente y por instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que han demostrado y han hecho reconocimientos a esta labor; de tal modo que los universitarios sonorenses no pueden ser acusados de impedir el desarrollo académico y propiciar la mediocridad.
A lo que se opusieron y esto es preciso dejarlo claro, fue a la violación del marco constitucional para iniciar una reforma autoritaria intolerante y sin consenso y en apego a la fracción VII del artículo 3o. constitucional, reclamaron respeto a la autonomía universitaria entendida como la facultad y la responsabilidad de las universidades y demás instituciones de educación superior, de gobernarse a sí misma, tal y como lo establece el texto de nuestra Carta Magna.
La suspensión del pago de salario a los trabajadores y maestros, del servicio telefónico y de la energía eléctrica, motivada por el embargo del presupuesto estatal y federal previa a la fecha en que fue aprobada la Ley Cuatro, es una muestra de
la campaña orquestada en contra de la Universidad de Sonora y pone al desnudo la manera utilizada para justificar el cambio de su normatividad por vía autoritaria, pero quizá lo más probable de todo el conflicto fue la violencia ejercida en contra representantes estudiantiles y profesores universitarios ocurrida durante los sucesos del 9 de abril del año en curso, después de que Marco Antonio Arvizu, rector de la Universidad de Sonora, intentó por la fuerza introducirse al campus universitario acompañado por elementos de la policía judicial del estado, incidentes que culminaron con la detención ilegal de 12 universitarios después del supuesto diálogo al que fueron convocados por Roberto Sánchez Cerezo, secretario de gobierno.
No está por demás añadir que en todos estos meses de conflicto la amenaza de privación de la libertad a los principales dirigentes estudiantiles, profesores e intelectuales que se han solidarizado con el movimiento del rechazo a la Ley Cuatro, ha estado latente. Para resolver el problema universitario ha hecho falta capacidad de diálogo, entendimiento y concentración de parte de las autoridades de la Universidad de Sonora y de los propios gobernantes locales. Para la sociedad del estado de Sonora es evidente que el problema ha desbordado los muros de la Universidad y amenaza con adquirir tintes nacionales. Abandonar la casa, la familia, el trabajo, el aula y echarse a caminar por las áridas carreteras del Norte, no es una empresa fácil.
El centenar de jóvenes universitarios que hasta el día de hoy han recorrido más de 270 kilómetros a pie en busca de una respuesta que no han encontrado en la capital de su estado, únicamente demandan que respete la autonomía universitaria y el derecho de la educación pública gratuita y democrática, como lo manada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el incremento al subsidio de la Universidad de Sonora que le permita desarrollar sus actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura, sin apuros financieros, pero por encima de todo exigen que se restablezca el clima de diálogo, respeto y concentración a su Alma Mater.
Reclaman ser partícipes de la transformación universitaria por ser ellos no sólo receptores de labor docente, sino sujetos del cambio del proceso educativo.
Los estudiantes han buscado siempre el diálogo y el entendimiento, sin encontrar las condiciones mínimas para negociar en el clima de confianza, asunto que se traduce en el respeto a los acuerdos firmados el 20 de diciembre del año pasado y el 11 del mes en curso.
Ambos documentos...en ambos documentos se expresaba por separado la voluntad de llegar a una solución al conflicto por medio de métodos civilizados, respeto a la relación comunidad universitaria y Estado, así como garantizar la integridad física y la seguridad de los estudiantes que participaran en este debate y en este problema.
Como estas condiciones no se han cumplido; decidieron partir a la capital del país. Su determinación no ha sido menguada a pesar del silencio informativo de la prensa local y de los ataques sistemáticos que han recibido de parte de la radio sonorense.
Su decisión cuenta con una gran simpatía de los ciudadanos que transitan por la carreteras del estado y el apoyo popular de poblaciones por las que pasan.
La recepción masiva de la que fueron objeto en la ciudad de Guaymas, es una demostración de que sus demandas de derogar la ley Cuatro y convocar a la realización de un congreso universitario resolutivo, ha ido cobrando fuerza.
Por las razones aquí expuestas, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, propone a esta honorable Cámara de Diputados, la aprobación del siguiente pronunciamiento.
La Cámara de Diputados se pronuncia por la solución inmediata al conflicto por el que traviesa la Universidad de Sonora y hace un llamado a las partes al llegar a un entendimiento sobre las siguientes bases:
Uno. Respeto irrestricto a la autonomía universitaria, consagrada en la fracción VII del artículo 3o. constitucional.
Dos. Establecimiento inmediato del clima de respeto, diálogo y negociación en la Universidad de Sonora.
Tres. Participación de la comunidad académica y estudiantil en el proceso de transformación y modernización universitaria.
Cuatro. Anulación inmediata de las órdenes de aprehensión giradas contra estudiantes, profesores y ciudadanos que ha participado en el movimiento universitario; libertad inmediata a los detenidos a raíz del conflicto.
Cinco. Uso de los canales internos y los espacios institucionales para resolver todos los problemas universitarios.
Atentamente.
Humberto Zazuata, diputado; Jesús Martín del Campo, diputado y diputado Julio Cesar Hernández García. Muchas gracias.
El Presidente: - Sobre el mismo asunto, tiene uso de la palabra el diputado Luis Moreno Bustamante.
El diputado Luis Moreno Bustamante: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para los sonorenses, la Universidad de Sonora siempre ha sido motivo de preocupación y orgullo, por ser la parte más valiosa de su patrimonio cultural e intelectual.
Fundada en 1942, como fruto de una compaña que concretó el apoyo a todos los sectores sociales del estado, que concurrieron con su cooperación económica para la construcción de su primer edificio, posteriormente la misma ciudadanía autorizó un impuesto especial que garantizara su permanencia y sostenimiento como institución de excelencia, que adquirió prestigio nacional por su calidad académica.
En sus casi 50 años de vida, la Universidad de Sonora ha pasado por momentos difíciles y ha sabido aprender de ellos, resurgiendo transformada para enfrentar con ímpetu y conocimiento los rectos que le ha planteado su desarrollo histórico y de la sociedad sonorense.
Por eso los sonorenses sentimos a la Universidad como parte primordial y valiosa de nuestro estado y no podemos concebirlo como coto de aventureros políticos o instrumento de grupos o de partidos.
En su historia más reciente encontramos algunos hechos significativos que dieron pauta para iniciar el proceso de reformar la ley. Desde el lapso que medió de 1973 a 1982, la Universidad creó las unidades regionales de Caborca, Santa Ana y Navojoa. Además, las propias exigencias o adelantos académicos, dieron origen a la investigación, científica a través de centros que se fueron creando en forma espontánea y desarticulada. Nació el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad de Sonora, que abordó la desalinazación del agua del mar, aprovechando la energía sola para utilizarla en la producción agrícola y el cultivo de camarón en ambiente controlado, además de otros proyectos científicos que han merecido el apoyo y reconocimiento nacional e internacional.
En 1978 se inicia el proceso de departamantarización de la Universidad, rebasando el marco jurídico de la ley 103, proceso que al no concluirse, deja a la Universidad con una estructura híbrida, donde coexistían escuelas y departamentos que originaban problemas académicos y administrativos frecuentes, que el Consejo Universitario no fue capaz de resolver.
Desde 1973, por diversas situaciones internas, el Consejo Universitario no fue capaz de formular y de establecer el estatuto general que reglamentaría la ley 103, por lo que en algunos casos se aplicaban interpretaciones al articulado de esa ley, en otros se establecían disposiciones con base en usos y costumbres, algunas veces fuera de todo marco legal, lo que pone de manifiesto el agobio del Consejo Universitario, dedicado a resolver los problemas que cotidianamente presentaba el nombramiento e integración de sus cuerpos colegiados y funcionarios a través del voto directo, envolviendo en muchos casos en una dinámica que lo convertía más bien en un órgano que dirimía procesos electorales, en vez de atender el desarrollo académico de la Universidad.
En el extremo de la distorsión de sus funciones, el Consejo Universitario fue incapaz de ponerse de acuerdo para la aprobación del presupuesto de 1991, por lo que todo el gasto de la Universidad fue ejercido en forma ilegal y arbitraria.
Ante estas irregularidades y a petición del propio rector ante el Congreso del Estado, se realizaron auditorías de los recursos de la propia Universidad, específicamente en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
A petición de integrantes de la comunidad universitaria, el Congreso autorizó estas revisiones y se encontraron faltantes arriba de 10 mil millones de pesos, sin justificación y, 100 mil millones de los que muchos de los documentos que los amparaban desaparecieron, porque fueron quemados o fueron dados otros usos.
Desde 1982 la comunidad por otra parte habrá planteado, en el marco de los procesos de nombramientos o elección de rectores, la necesidad finalmente de contar con una nueva Ley Orgánica que impulsara su transformación y cubriera vacíos ilegales que se habían generado por disposiciones instituidas con base prácticas ya
viciadas, no obstante diversas situaciones internas que habían impedido a la comunidad universitaria presentar un nuevo proyecto de nueva Ley Orgánica.
Por tres ocasiones concecutivas, a un servidor en la Legislatura local, correspondió que se hiciera un planteamiento para hacer la reforma de la Ley 103, misma que no fue posible llevar a término la consulta que así lo requería, por la oposición de diversos grupos al interior de la propia universidad.
En los dos últimos años, finalmente la universidad de Sonora entró en un período de crisis recurrente, que generó un verdadero clamor de los diferentes grupos de la sociedad sonorense, demandando sustituir un nuevo ordenamiento jurídico a la universidad, que regularizara su desempeño administrativo y académico.
Por otro lado, los cambios que involucran sin excepción a todos los países del orbe, demandan transformar substancialmente nuestras instituciones educativas para que respondan oportunamente con calidad y pertinencia a los retos que plantean los nuevos tiempos y especialmente a nuestra entidad, la que por su posición geográfica estratégica requiere adaptarse sin demora a las exigencias de advenimiento del Siglo XXI.
Basados en estos factores, amplios sectores de la sociedad, incluyendo a los universitarios, coinciden en que siendo la Universidad de Sonora un elemento estratégico y pieza para el desarrollo del estado, debe procederse a proporcionar el marco jurídico que le permita retomar el rumbo, por lo que se hace imprescindible que en este nuevo marco se definan claramente las estructuras que orienten y normen su transformación, eliminando los vacíos legales que entorpecen e impiden el desarrollo armónico, su consolidación y fortalecimiento académico.
En tal virtud y haciendo suya la preocupación manifiesta de la sociedad sonorense, la Primera Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, con la asistencia del personal especializado en aspectos educativos, se dio a la tarea de elaborar un proyecto de la ley que fue presentado a la comunidad, dándosele amplia difusión, exhortando a la sociedad sonorense a exponer sus puntos de vista a través de una consulta pública abierta, sin importar credos, ideologías o militancias política y sí con pleno respeto a la pluralidad y a la libre expresión de las ideas, dando cause inclusive a la propuesta de un grupo de integrantes del entonces Consejo Universitario.
El Congreso del Estado puso especial cuidado para que se manifestaran todos los sectores sociales, a los que de una u otra forma impactaría la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Sonora. Con especial atención se escuchó a la comunidad universitaria.
En este proceso participaron haciendo uso de la tribuna 120 ponentes representativo de los diversos sectores de la comunidad, como sociedades de padres de familia, asociaciones y colegios profesionistas, organismo del sector social y privado, organismo de producción, maestros, jóvenes, además se recibieron por las comisiones especiales a diversos grupos de alumnos y maestros de la universidad, así como a las organizaciones de los trabajadores de la propia institución. La consulta se prolongó por más de tres semanas. Solamente ya la escasez o la poca presencia de la gente para opinar al respecto, dio motivo para que se cerrara este período de consulta.
El número de opiniones fue abundante. Producto de ello es que el proyecto de la Ley sufrió 104 modificaciones, así como la adición de 14 artículos que no contemplaba el documento original.
Tenemos en nuestro poder un resumen de las propuestas de los diversos sectores, así como las modificaciones al proyecto original, al que hemos hecho referencia, se nos proporcionó por la misma Cámara de Diputados del estado de Sonora y está a disposición de los mismos compañeras y compañeros diputados.
Después del análisis y debate del proyecto de ley, los diputados de los diferentes partidos políticos expresaron con su voto la aprobación de lo que hoy es la Ley Cuatro de la Universidad de Sonora, con excepción del Partido de la Revolución Democrática.
Como se ha citado el caso aquí de la Ley Cuatro, quisiera en una forma breve resumir a ustedes algunos de los aspectos más destacados que contempla esta ley que rige la vida de la Universidad de Sonora.
En lo administrativo y en lo académico. Por primera vez el estado asume explícitamente, como no se ha dado alguno o que conozcamos, la responsabilidad de garantizar la estabilidad, la permanencia y el financiamiento de la Universidad de Sonora, como lo expresa su artículo primero.
Define una organización académica departamental, tendencia que se presenta en las
universidades más avanzadas del mundo, cuyo aspecto fundamental consiste en la formación integral del estudiante, con el fin de que sus aptitudes tengan atención y desarrollo de la creatividad y la capacidad de resolver sus problemas y señalar rumbos para una mejor organización de la sociedad y un desarrollo más armónico a su personalidad.
Tres. La Ley Cuatro, en la congruencia con los airados reclamos de la sociedad sonorense, de reordenación administrativa para aspirar a la necesaria reorientación académica, establece con claridad los ámbitos de competencia de los diferentes órganos de gobierno.
Otro de los aspectos a los que la Ley Cuatro les da especial énfasis, es la instrumentación de la investigación como parte sustantiva y fundamental para el desarrollo de la universidad, dándole cuerpo a cada centro de investigación y convirtiéndolos en departamentos plenamente vinculados con la docencia.
Al revisarse su estructura organizacional, se reconocen los perjuicios ocasionados por la centralización y es por eso que se concibe a la Universidad de Sonora como una institución que cumpliera con sus funciones básicas, ofreciendo sus servicios educativos en distintas localidades del estado, formalizando para el efecto las unidades regionales organizadas, con criterios correspondientes de la demanda en el entorno respectivo.
De lo que se refiere a los estudiantes. En el ámbito estudiantil destaca, entre otros aspectos, el capítulo relativo a los reconocimientos y estímulos como instrumentos de motivación de los alumnos, para mejorar su nivel académico, establecido en su articulado.
El premio anual al alumno distinguido que se otorgara al mayor promedio por división de la propia universidad; que el alumno que tenga un promedio entre 80 y 84, sólo cubriera lo correspondiente al 50% de la cuota fijada; que el alumno con promedio entre 85 y 90, sólo cubriera el 25% de la cuota y, todo aquel alumno que logre un promedio superior o igual a 90, estará excento del pago.
Queremos señalar esta precisión porque se ha planteado que la universidad y el propio gobierno, el propio estado, renuncia o reduce su participación con el presupuesto a la misma.
Para 1992, el gobierno del estado incrementa el presupuesto que originalmente venia otorgando. De este presupuesto el 60% lo aplica el gobierno del estado y el 40% corresponde al gobierno federal.
El cobro de cuotas que se ha establecido, no es más que un reordenamiento de lo que se venia aplicando, se venía cobrando en la misma universidad. Estas cuotas desde que se creó la universidad, se han revisado por seis ocasiones. En 1972, al inicio de la década de los 70, para ser más precisos, figuraba la última cuota que se había cobrado en la universidad, de 340 pesos. Se revisó de nuevo y equivale por materia a cuatro días de salario mínimo que rige en la ciudad de Hermosillo. De tal manera que si un estudiante lleva cinco o seis materias, máximo de lo que se lleva normalmente, no estará pagando arriba de los 300 mil pesos por semestre.
Esto, acorde, verdad, que vive en la universidad, queremos ser muy precisos. El presupuesto que aporte el gobierno del estado para el sostenimiento de la universidad, absorbe el 92% de las necesidades de la propia universidad.
Lo que se obtiene por sorteos y lo que se captaría por este incremento de las cuotas, se completaría un 8% adicional. Pero no se trata de que con esta revisión o reordenamiento de las cuotas se vaya a sostener la universidad; esto que se obtiene se destinará a proyectos y a programas específicos, en beneficio del propio estudiantado y en beneficio de la calidad de la propia universidad en sus cuatro unidades regionales en el estado de Sonora.
Por otra parte, la ley señala claramente la obligación del estado, de constituir el Fondo Universidad de Sonora, con el propósito de otorgar financiamiento para el pago de cuotas a todo aquel alumnado que lo solicite, con el solo requisito de ser alumno regular. Este fondo viene a sumarse a los recursos que se otorgan al Instituto de Crédito Educativo, organismo creado por el gobierno del estado para apoyar económicamente a los alumnos de escasos recursos y que de manera regular cursen sus estudios profesionales.
Por otra parte, se haya en marcha, derivado de la misma ley, un programa de creación de casas para los estudiantes, financiadas por el gobierno estatal y municipal, para que los jóvenes venido de las distintas regiones del estado de Sonora, tengan un lugar digno que les dé seguridad y donde puedan alimentarse, donde puedan cursar sus estudios y tener un ambiente, ¿verdad¿, que les corresponde como sonorenses y como mexicanos.
Al iniciarse la aplicación de la Ley Cuatro de la que nos hemos referido a algunos de los aspectos más destacados, se procedió a la integración de la Junta Universitaria que entre sus integrantes cuenta con prestigiados académicos de la Universidad de Sonora, entre ellos, los maestros Antonio Jáuregui y Sabinas Hernández Estrada, miembros destacados del grupo que inicialmente impugnó la ley.
Se procedió al nombramiento de los funcionarios responsables de los órganos personales de gobierno, directores de división, jefes de departamento, entre los cuales también figuran los profesores Jorge Tadei Bringas, José Zapién Durán y Arturo Ruiz Manrique, También miembros destacados del grupo a que hemos hecho mención.
En acatamiento a la misma Ley Cuatro, se integraron por elección los consejos divisionales y los consejos académicos en un proceso democrático y dentro de un marco plural. Tanto en los consejos divisionales como en los consejos académicos han sido electos representantes de diversas expresiones ideológicas, entre otros también han estado presentes los maestros Héctor Segura Ramos y José Angel Valenzuela, ambos del departamento de economía y con representaciones muy legítimas en el Partido de la Revolución Democrática.
Salvo en el caso donde elementos del grupo impugnador del proyecto original de la ley que quiso interrumpir la elección, pero que fue rechazado por la comunidad, el proceso en general se desarrolló normalmente.
De estos señalamientos desprendemos que en la comunidad universitaria, el proceso de reorganización académica y administrativa se ha venido dando en un clima de libertad a la participación y expresión de las ideas.
Queremos informar a esta soberanía que a seis meses de promulgada la Ley Cuatro, la Universidad de Sonora, no ha interrumpido sus labores, 16 mil estudiantes que conforman su población escolar en Hermosillo, en las unidades de Caborca, Navojoa y Santa Ana, asisten con toda normalidad a tomar sus clases.
En contraste, hoy aquí se quiere magnificar la marcha de una veintena de alumnos que manipulados por intereses partidistas, partieron de la capital del estado en busca de una apoyo que la comunidad universitaria y la sociedad sonorense les ha negado porque su actitud y su conducta ha atentado contra este acuerdo y este consenso de la comunidad universitaria.
Veinte a 30 estudiantes no pueden ostentarse como representantes y voceros de los 12 mil que conforman el estudiantado de la Universidad de Sonora solamente en la sede de Hermosillo. Menos aun cuando esos 12 mil y sus maestros, cumpliendo con sus deberes y con una conducta de auténticos universitarios asisten normalmente a clases.
Existe la voluntad expresa de parte tanto de las autoridades de la universidad como del gobierno del estado, de mantener el diálogo con los integrantes del Consejo Estudiantil de la Universidad de Sonora. Por lo que la prosecución de su marcha carece de justificación. Se ha tratado de magnificar incluso por la Prensa. Tenemos nosotros fotografías. Varios de los diputados de la coordinación de aquí de Sonora, hemos estado también, porque finalmente cada fin de semana hay que estar en los distritos respectivos o en el propio terruño. Hay fotografías en donde no pasa de una veintena de los muchachos que realmente por una oposición de tipo radical inflexible no han querido en muchos casos seguir participando en el diálogo cuyas puertas han estado abiertas por las propias autoridades del gobierno del estado.
Fortalece este clima de trabajo y la armonía de la comunidad universitaria, la revisión en su tiempo de los contratos colectivos tanto en el sindicato, el personal académico, como el Sindicato de Trabajadores y Empleados, donde ambas organizaciones lograron acuerdos importantes para sus agremiados.
Hay que destacar que los dirigentes de los dos sindicatos se manifestaron en contra de la realización de la marcha, invitando a los estudiantes a seguir haciendo uso de los espacios de diálogo y concertación abiertos por las autoridades y por el propio gobierno del estado.
Sin embargo...
El Presidente: - Compañero diputado, se le indica que lleva 38 minutos en tribuna. Se le suplica pueda concluir.
El diputado Luis Moreno Bustamante: - Solicito señor Presidente, una dispensa más, ya voy a concluir.
Sin embargo pudo más la obstinación y las intenciones y los objetivos partidistas, que el llamado a la concentración y al diálogo que les hicieran los distintos sectores de la comunidad universitaria.
Es falso que el gobierno del estado hay estado cerrado al diálogo. Personalmente ha recibido a los miembros del Consejo Estudiantil de la Universidad de Sonora en cuatro ocasiones. En una de ellas estuvo presente el compañero diputado Jesús Martín del Campo y en la última el diputado local Juvencio Torres, con la observación de que las diferentes audiencias los interlocutores del Consejo Estudiantil de la Universidad de Sonora fueron diferentes. Aparte de los innumerables reuniones de los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.
Honorable asamblea: con el respeto que ustedes nos merecen, como ciudadanos sonorenses, el que habla y lo que me han encomendado los compañeros de la fracción del Partido Revolucionario Institucional presentes en esta honorable Cámara, queremos dejar constancia de que el gobierno del estado de Sonora, ha sido respetuoso de la vida interna de la universidad, así como también de la sociedad sonorense, para quienes gobierna sin distingos.
Apertura al diálogo y la concentración, es acción cotidiana que privilegian el pueblo y el gobierno de Sonora, para la búsqueda de soluciones favorables a sus aspiraciones y a sus problemas.
Compañeras y compañeros: es saludable para la vida política del país que en esta elevada e importante tribuna, se analiza y se debaten en un marco plural y de respeto del acontecer de nuestra sociedad.
Lo que no es ético, es tratar de impulsar posiciones y pronunciamientos en contra de la soberanía de un pueblo, de un gobierno y de una comunidad. De un gobierno que ha dado muestra de voluntad política, sobre todo de responsabilidad para atender las inquietudes y la problemática de los habitantes del estado de Sonora.
Por lo tanto, a juicio nuestro, no procede el planteamiento que han hecho los representantes del Partido de la Revolución Democrática.
Queremos hacer el conocimiento de esta soberanía que la sociedad sonorense ha demandado y nos ha pedido que hagamos eco de ello, que sea la comunidad universitaria la que encause y resuelva las inquietudes y sus problemas de acuerdo a sus principios y de acuerdo a la ley. ¡Los Partidos Políticos nada tienen que hacer en la universidad¡ ¡Fuera manos de la universidad del estado de Sonora¡ Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Julio César García.
El diputado Julio César García Hernández: - Muchas gracias, señor Presidente:
Con un discurso que recuerda los mejores tiempos de Díaz Ordaz y que recuerda también al diputado Yunes, cuando decía que el éxodo de la democracia no era más que unas cuantas personas, hoy se viene a desprestigiar un movimiento estudiantil que no en valde se sostiene durante más de seis meses, casi ya siete meses lleva este movimiento estudiantil.
No es fácil enfrentar a un gobernador que por un lado habla de diálogo, se insiste en que hay un diálogo, pero hay 72, ordenes de aprehensión en contra de los dirigentes estudiantiles y que hoy los estudiantes demandan que si en verdad se quiere dialogar, esas órdenes de aprehensión se tienen que retirar.
Nos consta a nosotros tanto al diputado Zazueta como a mí, esta actitud de intolerancia del mismo gobernador. Esta actitud de manejar en forma falsa y tendenciosa, este problema. El mismo día en que la marcha estudiantil iba a partir y para lo cual nos habían solicitado los estudiantes que estuviésemos presentes algunos diputados para garantizar que esta marcha no fuera agredida, porque ya se había manifestado también experiencias de represión, fuimos a solicitar al gobernador, garantías para que esta manifestación no fuese agredida. El gobernador nos solicitó que interviniésemos frente a los estudiantes para que se negociara. Nosotros ahí mismo le dijimos: "Nada tenemos que ver con el movimiento. No es nuestro movimiento y son los estudiantes los que deberán decidir qué es lo que hacen con su movimiento".
El gobernador en tres ocasiones nos demandó que interviniésemos.
Al día siguiente de la marcha, el gobernador declaró:
"El Partido de la Revolución Democrática manipula a los estudiantes". "El Partido de la Revolución Democrática encabeza esta marcha y convierte y deja claro, que tiene objetivos políticos".
Ese es el gobernador que está llamando al diálogo. Este movimiento estudiantil llama la atención porque plantea dos elementos básicos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Uno es la educación gratuita; pero otro, fundamental, es la autonomía de la vida universitaria.
Aquí se ha hecho mención de la Ley Cuatro. El diputado Luis Moreno Bustamante señalaba que la Ley Cuatro tiene muchas bondades. Pero lo que esta Ley plantea es una intervención directa en la autonomía universitaria.
El órgano más importante de gobierno de esta universidad, a partir de esta disposición legal, es la junta universitaria. Esta junta universitaria, dice su artículo 15, "se integra por 14 miembros. De los cuales cinco serán miembros del personal académico de la universidad. Además serán miembro, ex oficio de la junta universitaria durante el período de su encargo, el rector de la universidad o la persona que lo supla. La junta universitaria renovará anualmente a sus miembros de mayor antigüedad en su designación".
Sólo cinco de estos miembros pertenecen a la comunidad académica. Sólo cinco de esta junta que nombra el rector, en su facultad primera, nombra a los vice rectores y tiene una serie de facultades que rebasan mucho las de cualquier otro órgano de dirección universitaria.
Esto es lo que ha llevado a un rechazo no sólo de los estudiantes. Se miente aquí, cuando se dice que los dos sindicatos, el académico y el de trabajadores manuales y administrativos, se opusieron a la marcha de los estudiantes a la ciudad de México.
Esa fue una información que salió en radio, televisión, en todos lados, para buscar desalentar la participación en esta marcha estudiantil. Los dirigentes sindicales desmintieron inmediatamente esta aseveración.
Y no solamente esta campaña se llevó adelante para desalentar este refuerzo de unos estudiantes. También un día antes, en la noche, decenas de policías rodearon los locales sindicales; detuvieron de manera ilegal a uno de los dirigentes. Efectivamente a ese dirigente se le acusa de malversación de fondos, pero él no tuvo manejos de esos fondos, porque no le correspondía manejarlos. Eran los encargados de asignar el presupuesto de uno a otro lado.
Ese es un asunto que no defienden los estudiantes. Es un asunto directamente relacionado con el sindicato, pero que ellos entienden porque el presupuesto en esa universidad se asignaba para una cosa y había necesidad de pagar salarios. Esta persona cometió ese delito: sacar de un lado recursos, para pagar salarios.
Hoy está en la cárcel. Es un asunto que no intervienen por él los estudiantes, es un asunto del sindicato.
Creo que estas órdenes de aprehensión, esta serie de "nube de humo" que se quiere tender en torno a este esfuerzo estudiantil, deja en claro que hoy los estudiantes reclaman lo que el diputado Zazueta planteaba aquí en tribuna: que se respete la voluntad, la soberanía universitaria y que se busque el diálogo real, el que efectivamente regrese este asunto al ámbito universitario y por lo tanto que se derogue esta ley.
Y nosotros el Partido de la Revolución Democrática hemos planteado que hoy efectivamente hacen falta reformas sustanciales para aprovechar la revolución técnica y científica a nivel mundial, que las universidades hoy se tienen que actualizar, pero entendemos que son los académicos, son las personas que hoy manejan los elementos pedagógicos y de cambio académico, las que deben ser las que participen. No es el gobierno, no son las familias opulentas, las que despojadas de un patrimonio que reclaman como suyo, las que deben decidir los destinos universitarios. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Compañera Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Soto González:- Con su venia, señor Presidente; compañeros:
Como diputada sonorense que no radica en el Distrito Federal, que tres o cuatro días a la semana se encuentra en Sonora, quisiera manifestarme frente a este tema.
Es cierto que hay un movimiento estudiantil que se ha mantenido por unos siete meses. Es cierto que hay una serie de jóvenes, pocos creo yo, pero no pelearía por el número, que vienen en marcha. No creo tampoco que vengan por fines partidistas, creo que genuinamente creen en lo que hacen, pero creo genuinamente están equivocados.
No veo yo..., es cierto que ha habido este movimiento durante siete meses, pero es un movimiento muy pequeño. Durante enfrentamiento que ha habido entre la comunidad universitaria y el gobierno, que los ha habido, es cierto; es cierto que ha habido marchas importantes, las hubo hace algunos meses, pero no hay en la universidad un clima de apoyo generalizado a este movimiento y no lo hay porque durante muchos años la vida de la universidad, una vida en donde la Ley Tres que la regía, o se aplicaba y dio manga ancha para que hubiera una autocrasia que rigió durante casi 10 años, tanto para esa autocracia como para un régimen en donde era el asambleísmo por excelencia, se generó una situación de bastante falta de participación de los estudiantes.
Mí partido aprobó la ley, alla en el Congreso del estado, aprobó la Ley número cuatro, con algunas reservas. En especial, considerábamos que debía haber una consulta más amplia. Considerábamos también que debería de cambiarse lo relativo a la Junta Universitaria, que deberían ser universitarios sonorenses los que formaran parte de esta Junta Universitaria o universitarios no necesariamente de origen sonorense, pero que hubieran sido miembros de la Universidad de Sonora. Y cuando se aprobó la composición específica de la Junta Universitaria, no aprobamos aquellas personas que no radican en la entidad y que solamente van a Sonora para asistir a las reuniones de la Junta Universitaria.
Pero consideramos que no es una ley negativa. Creemos que en el asunto del debate de las cuotas universitarias es un asunto..., hay asuntos en que es difícil que nos pongamos de acuerdo todos, nos parece que en este asunto hay una interpretación al artículo 3o. constitucional; el artículo 3o. constitucional plantea que toda la educación que dé el Estado será gratuito, pero en este sentido, cuando se trata de entidades públicas decentralizadas, con personalidad jurídica diferente al Estado, no es el Estado directamente el que está dando la educación, es una entidad jurídica autónoma con personalidad jurídica propia; el Politécnico no debe tener cuotas, en un organismo desconcentrado, pero es diferente en el caso de la Universidad de Sonora.
Creemos, sin embargo, que en el caso del Reglamento y quizá ahí pudiese resolverse este conflicto, en el caso del Reglamento pudiesen participar los estudiantes, a fin de garantizar una serie de derechos de los estudiantes que pudiesen verse afectados por las cuotas.
Quiero decir, por otra parte, que no es congruente, no me parece muy congruente la actitud del grupo estudiantil que participó en las audiencias para la Ley Cuatro.
Si no consideraban que el Congreso debía emitir la Ley Cuatro, entonces no deberían haber participado en las audiencias de la Ley Cuatro; si consideran que esta Ley se debe derogar no debieron haber participado en las elecciones de Consejos Divisionales, participaron en la elección de Consejos Divisionales, participaron en la elección de Consejos Divisionales y fueron electos algunos de ellos; entonces o se está o no se está.
La ley plantea, como lo planteó el anterior diputado, el diputado Moreno, Una Universidad de Sonora universitario que depende de una institución que se creó en Sonora hace algunos años, más o menos reciente que se llama Instituto de Crédito Educativo. Y ante este instituto cualquier estudiante que se inscriba en la Universidad de Sonora tiene derecho al crédito educativo durante los años que dure de su carrera siempre y cuanto sea un estudiante regular con un criterio flexible.
Nosotros consideramos que en este sentido el Reglamento puede perfeccionar y puede garantizar que ningún estudiante por motivos de origen económico deje de estudiar en la Universidad de Sonora. Esto es lo que yo plantearía, me parece que siendo sonorense, siendo hermosillense, viviendo en Hermosillo no veo la magnitud del apoyo estudiantil que dicen los compañeros, hay descontento, es lógico que lo haya pero también hay que recordar que el grupo que se opone a la Ley Cuatro gobernó a la Universidad de Sonora durante seis años y no logró hacer un proyecto de ley o un proyecto de estatuto. En lo que sí estoy de acuerdo y explícitamente lo planteo, es que se deroguen las 72 órdenes de aprehensión, si existen; ya hubo un caso en Guaymas en donde el Estado, a través de su procuraduría mantuvo vigentes órdenes de aprehensión para utilizarlas cuando fuera de su conveniencia. En este caso o en el enfrentamiento que hubo con pescadores el gobierno emitió 118 órdenes de aprehensión...
El Presidente:- Compañera diputada se le pregunta si acepta una interpelación del diputado Julio César.
La diputada Cecilia Soto González:- Ahorita no.
Se hicieron 118 órdenes de aprehensión, se emitieron 118 órdenes de aprehensión, se apresaron a seis parmistas y dos priístas, se llegó a un convenio de perdón mutuo por el cual era en el contexto de celebrar de que se iba a levantar la veda camaronera, etcétera, había mucha prisa por esto, hubo un convenio de perdón mutuo en el que se estipulaba que se iban a cancelar las 112 órdenes de aprehensión restantes en contra del los parmistas; sin embargo meses después, nueve meses después aproximadamente el gobierno volvió a utilizar dos órdenes de aprehensión en contra de dirigentes sociales de la oposición en Guaymas con propósitos políticos; entonces en este sentido sí estoy absolutamente de acuerdo, creo que para que reine la concordia, para que se pueda llegar a acuerdos útiles en cuanto a la elaboración del Reglamento deben de anularse, cancelarse estas órdenes de aprehensión. Muchas gracias.
El Presidente: - Se acepta la interpelación.
El diputado Julio César García Hernández (desde su curul):-Diputada quería preguntarle lo siguiente: primero si usted sabe que la marcha partió con cerca de 4 mil estudiantes y que hoy esta marcha se realiza en pleno período de clases; segundo, que si conoce también que la Universidad de Sonora todavía con todo y este conflicto es una de las que tiene un promedio nacional destacado en aprovechamiento académico.
La diputada Cecilia Soto González: - Sí, compañero no sabía los de los 4 mil no he visto nada que documente eso, sí sé que si salieron 4 mil son muy pocos; también el compañero Zazueta que planteo que en Guaymas fueron recibidos apoteóticamente y que por eso se mostraba gran apoyo popular. En Guaymas los recibieron aproximadamente 300 personas, 400, porque hay un Consejo municipal panista que está en una situación extremadamente enconada con el gobierno estatal, entonces todo lo que sea oponerse al gobernador estatal, lo van a apoyar, aunque no conozcan bien la Ley Cuatro... (Aplausos)...ésa es la verdad.
La segunda pregunta, sí es cierto lo que usted plantea...(aplausos)...es cierto lo que usted plantea, hay especialmente que yo conozca, dos áreas en las que destaca la universidad de Sonora: el centro de polímeros, que tiene el único investigador nivel tres que hay en la Universidad de Sonora y el Centro de Investigación en Física que ha sido muy destacado.
Ambos esfuerzos son resultados en cierto sentido de la voluntad de los propios investigadores; les voy a decir cómo se consiguió el edificio de Centro de Investigación en Física de la Universidad de Sonora.
Los investigadores en física decidieron emborrachar al director del...(cuál es organismo que hace escuelas?...La Comisión de Administración para el Fomento de centros Educativos... y le sacaron la promesa del edificio y la cumplió.
En el caso del centro de polímeros, es muy importante que... ha habido una importante corriente, hay una participación política muy fuerte de los Túnicos en la Universidad de Sonora, iniciada por mi esposo y en ese sentido, el centro de polímeros creo que destacó básicamente debido a que se apoyó mucho por parte de... durante el rector Zamudio, que es químico y luego el año del rectorado de Balcazar, que también es químico.
Entonces, es cierto que también hubo esta situación; es cierto que hubo estos puntos brillantes, pero también es cierto que la Universidad no podía seguir de esta manera. Había una situación de asambleísmo puro; el Consejo Universitario que estaba constituido como máximo organismo, estaba completamente dividido en bandos políticos y bastaba que una fracción tuviera la mayoría para que no hubiera quórum y bastaba que a otra fracción tuviera la mayoría para que sí hubiera quórum, etcétera.
Es decir, una universidad no puede funcionar así. Gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra sobre el mismo tema, el diputado Humberto Zazueta.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: - En la intervención del compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional, que interviene para demostrarnos todos los beneficios que tiene la Ley Cuatro y toda la variedad y la cantidad de consultas que se hicieron en el estado de Sonora para aplicar esta Ley, descalifica la intervención de los legisladores que de alguna manera, a petición de sectores universitarios que se han hecho, en particular al Partido de la Revolución democrática para que asistamos al estado de Sonora y exijamos garantías para los dirigentes del movimiento estudiantil y dirigentes de los sindicatos académicos y administrativos.
Los califica diciendo que la marcha tiene intereses políticos; yo creo que sería interesante ya que los compañeros que son diputados por el estado de Sonora se dieran una vueltecita por el campo universitario, por esa Universidad que dicen que ahorita esta laborando pacíficamente para que entendieran y tuvieran la sensibilidad política de lo que realmente están exigiendo los estudiantes.
Los estudiantes no están en contra de hacer reformas universitarias; los estudiantes no están en contra de que participe el conjunto de la sociedad civil sonorense para estas reformas. Lo que sí están en contra los estudiantes, es la manera, el método cómo se aplicó esta Ley Cuatro famosa que yo no discuto su contenido, puede tener muchas cuestiones positivas, pero también tiene muchos aspectos negativos y el mismo gobernador lo aceptaba delante de nosotros ante sectores de los estudiantes y maestros.
Hoy en estos momentos el gobernador ha aceptado ante los estudiantes y ante los académicos, que se les pasó la mano en la reforma, que hay
actitudes autoritarias en esta reforma; inclusive nos planteaba, sobre todo el diputado local, la posibilidad que en este período se pudiera abrir, en este período de decisiones abrir un espacio para la reforma en la que pudieran llegar de consenso los sectores universitarios, los estudiantes y el Gobierno del Estado.
Entonces yo no estoy discutiendo ni el Partido de la Revolución Democrática está planteando discutir aquí el contenido de la Ley cuarta. Hemos planeado tres aspectos fundamentales: primero, el respeto a las garantías de los participantes en el movimiento, que pueden ser 20, 50 o 100, pero eso no es representativo ni representa lo que está sucediendo en la Universidad.
Las marchas y todos sabemos las últimas marchas que no han acontecido, no venían las miles de personas de Tabasco, no venían las miles de personas a San Luis y sin embargo representaban una inconformidad, representaban los intereses y la situación que estaba privando en esos estados.
Esa situación también está privando en Sonora, pueden ser 50 ó 100 estudiantes, pero representan a un sector mucho mas amplio que también merece respeto y también merece que se le tome en cuenta.
Entonces esa es la situación en la Universidad de Sonora. Nosotros como partido estamos planteando garantías para los estudiantes que hoy están en movimiento, para los maestros que están laborando, porque si no laboran se les va a rescindir su contrato, porque eso también implica la Ley Cuatro, por eso están laborando muchos maestros, porque a la tercer falta se les va a dar de baja. Esa es la situación también de muchos maestros universitarios.
Estamos exigiendo que exista un clima de diálogo, que no sea nada más el llamado demagógico que ha hecho el gobernador del diálogo, pero no se avanza porque no hay ninguna voluntad política de avanzar en el diálogo y estamos exigiendo y pidiendo que sean los propios universitarios y ahí coincidimos con el señor aquí cuando dice que sean los universitarios, sí, los universitarios lo que definan esta cuestión. Yo no sé porque le temen tanto que sean los universitarios los que definan la ley y el reglamento que los va a regir; ¡ que sean ellos, tienen capacidad !
Se ha reconocido que existen personalidades, se ha reconocido que ese sector que ha impugnado la Ley cuatro, volvió a ganar las elecciones departamentales y sí ganó porque tiene el consenso y tiene la mayoría y ese es el temor y toda la campaña que se generó de ese consenso famoso de fuera, fue un consenso totalmente manipulado, a los que nos toco ver algunos de los debates de televisión y algunas de las inversiones de esos sectores de la sociedad sonorense que estaban muy preocupados por la Universidad.
Por esa razón nosotros estamos exigiendo tres propuestas nada más que creemos que pudieran ser de consenso, no estamos metiéndonos al problema de discutir en ese sitio y con la Ley Cuatro, estamos planteando respecto a las garantías de los marchistas, que se restablezca el clima de diálogo y tercero que sean los universitarios los que definan esa ley orgánica y su reglamento. Nada más. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos.
El diputado Ovidio Pereyra García: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros, compañeras diputados:
Qué bueno que el diputado, Zazueta me parece, me dio la oportunidad de subir a la tribuna, al decir que los diputados sonorenses no nos damos la vuelta por nuestro distrito.
Yo vivo a tres cuadras de la Universidad de Sonora, soy egresado de la Universidad de Sonora y me consta, lo veo en todos los días en que estoy aquí en Sonora, que es cada fin de semana, que la Universidad tiene seis meses trabajando, sin haber suspendido labores ni un solo día.
Ahora, respecto a los estudiantes que vienen en la marcha, salieron unos 36 estudiantes, no cuatro mil. Consta en la fotografías, en los medios de comunicación y realmente es preocupaste que jóvenes estudiantes anden defendiendo un proyecto político con 40 grados de temperatura en la carretera y que defendiendo un proyecto político tengan acompañantes que no representan a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática allá en Sonora.
Creo que esta ley votada por el Congreso a petición de los partidos políticos de todos los partidos políticos con excepción del Partido de la Revolución Democrática, refleja el sentir de la sociedad sonorense, de toda la sociedad sonorense. Hay más de 15 mil alumnos estudiando y más 1, mil 500 maestros que no participan en este proyecto.
Quisiera referirme a que al señalar que quieren dejar sin efecto las órdenes de aprehensión,
entiendo perfectamente la preocupación de los colegas del Partido de la Revolución Democrática sobre la acción penada ejercitada en contra de algunos exfuncionarios de la Universidad de Sonora que son miembros del Partido de la Revolución Democrática, y le sirvieron a su partido.
El Presidente: - Diputado, se le pregunta si acepta una interpelación.
El diputado Ovidio Pereyra García: - En cuanto termine, señor Presidente.
El Presidente: - Al terminar, compañeros diputado Zazueta.
El diputado Ovidio Pereyra García: - Y le sirvieron a su partido como tesorero y miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Universidad de Sonora. Ellos, los señores José Luis Martínez, Rafael Pérez Ríos y Manuel Morales Ochoa, fueron acusados por la Universidad por fraude, abuso de confianza y falsificación de documentos en perjuicio de nuestra máxima casa de estudios, sustrayendo cada uno de ellos una cantidad cercana de 700 millones de pesos. Además existen más de 10 mil millones de pesos desaparecidos y 100 mil millones de pesos, fíjense bien compañeros diputados, 100 mil millones de pesos que se destruyó los documentos por los mismos acusados, se destruyó toda la documentación comprobatoria de su ejercicio para evitar que fueran descubiertos los malos manejos.
Como les decía, yo entiendo la solicitud del Partido de la Revolución Democrática para que se dejen sin efecto las órdenes de aprehensión giradas por la autoridad judicial en contra de José Luis Martínez y Rafael Pérez Ríos, así como el auto de formal prisión dictado en contra de Manuel Morales Ochoa, que ya está detenido y confeso.
Durante mucho tiempo la tesorería de la Universidad de Sonora fue la casa chica del partido de la Revolución Democrática, de ahí salieron viáticos y sueldos para muchos de sus miembros y en ella tenían a los estudiantes como clientela. (aplausos)
El Presidente: - Se pide orden a la asamblea. Continúe.
El diputado Ovidio Pereyra García: - Sí señor. Para adoctrinarlos y corromperlos. Porque tal vez si Pérez Ríos logra ser aprehendido, podría informar a la sociedad sonorense el método que se utiliza, el Partido de la Revolución Democrática, para allegarse recursos económicos.
Sólo que en Sonora no participamos en la preocupación del Partido de la Revolución Democrática, a los sonorenses nos indignó el saqueo de la universidad, la manipulación de nuestros jóvenes y la ciudadanía viene exigiendo el castigo de los responsables.
Quise tomar la palabra para rectificarles hechos, para señalar que la sociedad sonorense reprueba que se cancele o se deje sin afecto las órdenes de aprehensión, porque sería una falta de respeto a la ley y a la misma sociedad.
En cuanto a la falta de diálogo, ya lo señaló mi compañero Luis Moreno Bustamante, se han reunido en cinco ocasiones los dirigentes del Consejo Estudiantil Universitario de Sonora y el gobierno del estado, independientemente de las reuniones que han tenido con los secretarios de Estado.
Hoy nada menos el gobernador recibió a cuatro integrantes del grupo Consejo Estudiantil de la Universidad de Sonora por espacio de dos horas, como muestra más de la apertura del diálogo que se tiene, de manera que no puede arguirse aquí en esta tribuna que no ha habido diálogo por parte del Estado. Gracias. Y acepto su interpelación.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar (desde su curul): - Es precisamente con ese tipo de intervenciones y la manera en que se manipula la información.
El partido de la Revolución Democrática y los estudiantes en particular, la marcha de los estudiantes universitarios, nunca han planteado el problema de las personas que tiene órdenes de aprehensión por problemas de la auditoría. Por eso les decía que los compañeros ni siquiera conocen el problema universitario.
Están planteando que se eliminen y nosotros hemos pedido que se desistan las órdenes de aprehensión contra los dirigentes del movimiento estudiantil que han participado en los últimos meses en las marchas, que son 77 órdenes de aprehensión. Está es la diferencia. Nosotros nunca hemos planteado, ni como partido, el que se defienda a este tipo de personas que usted dice hicieron todo ese fraude, sí.
La interpelación debe ser en otro sentido, pero ya el compañero dejó claro que no conoce lo que está planteando la marcha universitaria, ni
lo que planteamos nosotros como Partido de la Revolución Democrática.
Segundo, ojalá tuviera esa disposición el partido oficial de enjuiciar a los funcionarios defraudadores con esas cantidades que está planteando para la universidad, que así actuara también para otros defraudadores que existen en otras empresas estatales y del gobierno.
El diputado Ovidio Pereyra García: - Bueno, ¿creo que no hubo interpelación, verdad? Gracias.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Pido la palabra para rectificar hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Jorge Calderón Salazar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Compañeros, pedí la palabra para rectificar hechos, porque se ha realizado una agresión verbal que quisiera refutar de manera clara, directa y enfática.
Hubo una alusión directa, clara, que la entendimos todos en el sentido que el Partido de la Revolución Democrática estaba protegiendo a tres funcionarios, supuestamente por ser funcionarios que robaban recursos para nuestro partido. Si esta es la afirmación que ha formulado el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que la sostenga, que presente pruebas y que establezca un claro deslinde de responsabilidades.
Nuestro partido es un partido constitucionalista, constituimos una fuerza política nacional que norma su acción en base a la Constitución. Hemos sido consecuentes durante años con una propuesta de transición política y de diálogo democrático; constituimos una fracción parlamentaria federal; estamos presente en todos los estados de la República; ciudadanos postulados por nuestro partido dirigen más de un centenar de municipios de la República. Y hemos presentado en un conjunto de debates nacionales sobre Reforma Política Nacional y sobre problemas económicos, propuestas para un diálogo democrático, para una transición política y hemos sido los primeros, particularmente en el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conjuntamente con el Partido de Acción Nacional y con otros partidos, en exigir trasparencia, claridad y un adecuado uso de los fondos públicos y de todos aquellos fondos donde están presentes los dineros del pueblo. Y seremos los primeros en exigirlo.
Lo exigimos en los municipios que gobiernan ciudadanos postulados por el Partido de la Revolución Democrática. Lo exigimos en todos aquellos lugares donde existen órganos de participación ciudadana donde están compañeros nuestros. Y ese tipo de afirmaciones, recuerdan los años más negros del "diazordazato", cuando estudiantes que participamos en el movimiento estudiantil de 1968, éramos acusados como delincuentes, solamente por exigir democracia, libertad y respeto a la Constitución.
Llamo respetuosamente a quien me antecedió en el uso de la palabra. A los diputados del Partido Revolucionario Institucional de Sonora; que abandonen ese tipo de prácticas; de estigmatizar y de desestimar nuestros esfuerzos, los de ciudadanos y los del pueblo de México, por una transición política ordenada, pacífica y democrática.
No es con esos diálogos, no es con esas acusaciones irresponsables, absolutamente irresponsables, como se puede avanzar en esa nación, es un diálogo político y en una transición democrática constitucional.
Y por ello que rectificamos, primero, nuestra solidaridad con el movimiento democrático del pueblo de Sonora. Segundo, tal y como lo hemos dicho de manera enfática, somos respetuosos de la autonomía y de la autogestión de los universitarios. Y nada, dígase lo que se diga, puede justificar que setenta y dos estudiantes sean objeto de agresión, acoso, intento de encarcelamiento y bajo ninguna circunstancia podrá justificarse, dígase lo que se diga, aún para aquellos que estén de acuerdo con la Ley Cuatro, bajo ninguna circunstancia puede justificarse que setenta y dos jóvenes estén amenazados de ser encarcelados, por el único delito de defender sus ideas, sus convicciones y los principios democráticos.
Quede pues, esto como una enérgica protesta contra actitudes, opiniones y ofensas verbales graves, que están siendo cometidas en agravio de nuestro partido como si no estuviéramos en un escenario que ha sido el que hemos mostrado en los últimos años de diálogo, de participación política y de respeto a los principios de la Constitución General de la República. Gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el pronunciamiento propuesto por el diputado Humberto Zazueta relativo al problema de la universidad de Sonora.
El secretario José Marco Antonio Olvera Acevedo: - Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se desecha, señor Presidente.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Arquímides García Castro del Partido de la Revolución Democrática para presentar una denuncia sobre los hechos ocurridos en Jaleaca de Catalán, Guerrero.
El diputado Josafat Arquímides García Castro: -Gracias señor Presidente; señoras y señores diputados:
Los hechos que voy a dar a conocer a todos ustedes deseaba hacerlo de su conocimiento desde la semana pasada, pero hubo necesidad de visitar mi estado y recoger una serie de testimonios que hoy los doy a conocer.
De conformidad con el artículo 8o. del reglamento interno de esta LV Legislatura, cuando hicimos la protesta de rigor, nos comprometimos todos nosotros a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
Considero que en esos hechos se han violado diversos preceptos jurídicos. Y deseo que todos ustedes por su capacidad propositiva puedan participar para garantizar la seguridad pública de nuestra ciudadanía.
Jaleaca de Catalán, es una pequeña población enclavada en plena Sierra Madre del Sur del estado de Guerrero, cuyos habitantes están viviendo una gran tensión. Y han vivido por muchos años la explotación inmoderada de sus bosques y sus tierras se han convertido en tierras propicias para el narcotráfico.
En virtud de que el narcotráfico comenzó a arraigarse como la principal actividad económica en esa región, en el inicio de los setenta, el gobierno federal y estatal decidió enviar efectivos policiacos y militares para combatir la siembra de estupefacientes, campaña que es implazable e imperantemente necesaria. La que en forma efectiva se ha llevado a cabo en algunos lugares, y cuando participan policías más conscientes y responsables en su deber e incluso muchos de ellos han caído víctimas de las balas asesinas de los narcos.
Pero no siempre las cosas marchan bien. En conferencia de Prensa el 18 de mayo, ante la circulación de una noticia falsa que apareció en los diarios locales y nacionales, el señor Severo Oyarzabal, presidente del Consejo del Supremo de los pueblos del Filo Mayor, declaró en conferencia de Prensa acompañado por un diputado local lo siguiente:
"Los policías corruptos no hacen el trabajo de combatir el narcotráfico; sino que convierten la zona en una plaza codiciada porque los agentes federales impusieron un sistema de cooperación de entre 50 mil y 250 mil pesos por persona y de varios millones de pesos cuando se le encontraba algo". Hasta aquí la cita de don Severo.
La marginación, las arbitrariedades policiacas, el pleito por la explotación de la riqueza maderera de la región por voraces talamontes y la corrupción, fueron las causas del enfrentamiento que se suscitó el pasado día 15 del presente mes en la población de Jaleaca, entre agentes federales y moradores del poblado, resultando muertos el agente del Ministerio Público Federal, Pedro Soberanis Núñez, la agente federal Miriam Vázquez Gutiérrez y el policía estatal Andrés Ojeli Jiménez. Por parte de los vecinos del lugar murió el comandante de la policía rural Leobardo Mejía Alvarez y resultaron heridos el menor de 12 años Tomás Sotelo Manzanares y la señora Socorro Cervantes. Estos hechos sangrientos se dan cuando el pueblo cansado de tantas arbitrariedades y tantas corrupciones, encabezados por el comandante de la policía rural, fueron a exigirles al señor agente del Ministerio Público Federal, cual era la razón por la cual tenían detenido a un ciudadano de Jaleaca. Como respuestas esto, el comandante fue abatido a tiros. Y ante esa situación se inicio la balacera,
Cayendo muertas las personas que ya mencionamos.
Al otro día de los sucesos circuló en los diarios locales y nacionales, la siguiente versión:
"De nueva cuenta fueron emboscados en Jaleaca de Catalán, elementos de la policía judicial federal, recuérdense que antes había sido derribado, en el poblado de Corral de Piedra, un helicóptero de la Procuraduría General de la República resultando muerto el agente del Ministerio Público Federal Pedro Soberanis Núñez, la gente de la policía judicial federal Miriam Vázquez Gutiérrez y un elemento de la policía del estado; Andres Ojeli Jiménez. Con esta nueva masacre que recibe la Procuraduría General de la República en Jaleaca de Catalán, donde supuestamente se disponían a detener a los presuntos narcotraficantes Felix Manzanares y Salomón Hernández, acusados de posesión de semilla de amapola, suministro de semilla de mariguana y goma de amapola son tiroteados por los narcotraficantes, ya sea por tierra o por aire de donde han resultado muertos funcionarios de la dependencia".
Quiero decirles que este señor que se menciona, Félix Manzanares, desde hace cuatro años se encuentra muerto.
Esa era la versión que apareció en los periódicos. Sin embargo la versión de los moradores es otra. Veamos lo que declaro en la conferencia de prensa don Severo Oyarzabal:
"No se trató de combatir el narcotráfico. Los agentes federales impusieron un sistema de cooperación de entre 50 y 250 mil pesos por persona y de varios millones de pesos cuando se le encontraba algo".
Señaló de igual manera el señor Severo Oyarzabal:
"Que la motorizada sube nada más a cometer tropelías. Se meten a los domicilios, se roban las cosas de valor, violan a las mujeres y detenían con el pretexto del narcotráfico, para después pedir dinero a cambio de la libertad".
Agregó:
"El pueblo comenzó a organizarse al margen de las autoridades, comenzaron a buscar la unidad, pero no ya para matarnos entre nosotros como sucedía antes, sino para defendernos de los policías y a muchos de ellos los detuvimos. De esta manera nació el Consejo Supremo de Pueblos del Filo mayor en el poblado de Jaleaca de Catalán el 22 de febrero de 1992, con la asistencia de representantes de 32 pueblos de la región de la sierra.
"La organización se formó para pugnar por terminar con la inseguridad en la región, la rehabilitación del tramo carretero de filo de Caballo al Paraíso y el cese de la prepotencia policiaca ante el silencio que habían tenido por parte de autoridades municipales, porque pensaban que mentiamos".
Explicó:
"El viernes 15, efectivamente llegó un grupo de la policía judicial federal, a cuyo frente iba el ministerio público federal Pedro Soveranis Núñez, que murió en el enfrentamiento y que había recibido 20 millones de pesos para que rescatara una grúa que se había retenido, para que un maderero del lugar indemnizara por el corte de madera".
Esta es la versión del Presidente de los Pueblos del Filo Mayor.
También existe la versión del señor Juan Cervantes Gómez, corresponsal de El Universal, quien escribía el 20 de mayo:
"Yo venía bajo las órdenes del Agente del Ministerio Público Federal que pidió el apoyo para realizar en este poblado, unas diligencias relacionadas con una grúa, expresó en un interrogatorio el comandante de la policía Judicial Federal Mario Isaac Márquez interrogado por el Comisario Municipal de aquí, José Catalán Guevara, el viernes 15, poco después del tiroteo.
"La declaración del comandante de la Procuraduría General de la República quedó grabada en un cassete, que fue escuchado por este corresponsal y en el que Mario Isaac Márquez desmiente la versión oficial de la Procuraduría General de la República sobre los hechos. Que en un boletín oficial dio a conocer que el enfrentamiento se produjo tras una emboscada preparada por presuntos narcotraficantes.
"El comandante policíaco, que fue detenido junto con seis agentes por gente del pueblo, respondió a un interrogatorio que le hizo el Comisario Municipal. Con esto echó por tierra la versión de la Procuraduría General de la República en el sentido de que habían venido a esta localidad en un operativo para detener a dos narcotraficantes: Félix Manzanares, fallecido desde hace cuatro años y Salomón Hernández, persona que no existe en el poblado.
"También quedo al descubierto que el enfrentamiento tampoco se efectuó en un lugar accidentado de la Sierra Madre del Sur, puesto que este reportero estuvo en el lugar de los hechos, a la entrada de esta localidad.
"Ante la situación tan grave que estaba viviendo los pobladores, el Comisario Municipal solicitó el auxilio del ejército, por temor a que la población fuera agredida".
Señores diputados, señoras diputadas: Los hechos sangrientos del pasado 15 de mayo en Jaleaca Catalán, estado de Guerrero, ¡ponen de relevancia una situación social, jurídica y políticamente intolerable que se presenta con motivo de la lucha contra el narcotráfico¡
¡Ponen en evidencia la corrupción y la violencia que ejercen algunos elementos policíacos en perjuicio de los derechos humanos de comunidades y ciudadanos guerrerenses¡
¡Si ustedes examinan los expedientes de la lucha antinarcóticos en Guerrero, se encontrarán con un buen número de casos con violaciones sistemáticas de derechos humanos y de inculpación de inocentes¡ ¡Verán ustedes que se practica pesquisa, se detiene a personas sin orden de aprehensión y sin que exista previa denuncia¡ ¡Que se traslada a los detenidos a la ciudad de México, donde se les mantiene incomunicados" ¡Se les dictan autos de formal prisión por jueces que después se declaran incompetentes, provocando que por meses enteros y en ocasiones por más de un año los aprehendidos no sean procesados¡
¡Si ustedes leen esos expedientes se encontrarán con informes de policía judicial, como el que sigue, del cual, por razones obvias, cambio ciertos datos:
"Ciudadano Comandante:
Nos permitimos informar a usted que continuando con la campaña permanente contra el narcotráfico y al tener conocimiento que unas personas se venían dedicando a la venta de droga en un parque que se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 200 de la carretera México - Acapulco, a la altura de la ciudad de Guerrero.
Por lo que los suscritos nos trasladamos hasta el lugar antes mencionado, estableciendo servicios de vigilancia cerca y dentro del parque, en compañía de los agentes del Ministerio Público Alejandro "N" y Jaime "N".
Y siendo aproximadamente las 18.00 horas del 13 del mes y año en curso, nos percatamos que un individuo del sexo masculino se dirigía hacia el parque. El cual notamos que se encontraba en forma sospechosa y muy nervioso y llevando consigo una caja de zapatos, la cual la llevaba fuertemente abrazada y volteando hacia todos lados, por lo que le dimos alcance para que detuviera el paso. Y al hacerlo nos identificamos plenamente como agentes de la Policía Judicial Federal y le hicimos saber el motivo de nuestra presencia en dicho lugar, solicitándole se identificara, sacando esta persona una credencial a nombre de Pepe N., invitándolo a que nos mostrara lo que llevaba en la caja que traía en las manos, por lo esta persona empezó a sudar con nerviosismo y al preguntarle por que se ponía en ese estado, nos manifestó que la caja contenía heroína vidrio y en polvo, ya que él se dedicaba desde hace tiempo a la compra venta de droga, por lo que en ese momento los suscritos le hicimos saber que se encontraba detenido.
A preguntas especiales realizadas por los suscritos nos manifestó que se encontraba en espera de que llegara Juan N., el cual llegaría a bordo de una camioneta safari color rojo, con placas 302NNN, del estado de Tamaulipas, por lo que continuamos con los servicios establecidos de vigilancia.
Siendo como las 19.00 horas; nos percatamos de que entraba una camioneta con las mismas características mencionadas, estacionándose como a 100 metros del parque, por lo que le preguntamos a Pepe N., que si era el vehículo que estaba esperando, contestando que sí, por lo que procedimos a interceptar al vehículo y a las personas que venían a bordo de éste; nos identificamos plenamente como agentes de la Policía Judicial Federal, le pedimos que se identificara contestándonos en forma negativa y diciendo llamarse Paco N., Ernesto N., Olivia N., y Laura N.; a estas personas les pedimos que descendieran de la camioneta porque realizaríamos una revisión tanto corporal como al vehículo; se les revisó corporalmente no encontrándose ninguna arma, por lo que procedimos a revisar el safari y encontramos dos bultos pequeños envueltos con cinta adhesiva; al abrirlos constatamos que contenían una sustancia de fuerte olor y de color obscuro, por lo que le preguntamos a Paco N., que cómo se llamaba esa sustancia y nos dijo que era heroína pura que llevaba para entregársela a Pepe N., de inmediato procedimos a hacerles saber a todos que estaban detenidos y que serían trasladados hasta las oficinas de esa corporación en la ciudad de México, así como el asegurado. Lo que hacemos de su superior conocimiento para los efectos a que haya lugar. Respetuosamente los agentes de la Policía Judicial. (Aplausos.)
Realmente es sorprendente y por eso a lo mejor los aplausos, es sorprendente este informe; es
sorprendente la amabilidad y cortesía con que se condujeron los policías judiciales y la clarividencia que tuvieron para identificar a los narcotraficantes, los cuales no conocían el nombre ni las características físicas. También sorprende la habilidad de esos investigadores para detectar a los sospechosos. Y esto pasa frecuentemente en Guerrero.
Al leer el informe me vino a la mente una serie de garantías constitucionales. "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento"; violado. "No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención sino por la autoridad judicial, sin que proceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinante que la ley castigue con pena corporal y sin que estén apoyados aquellas por declaración, bajo protesta de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado"; se viola constantemente. "También será consignado a la autoridad o a gente de ella el que, realizada una aprehensión no pusiese al detenido a disposición de su juez dentro de las 24 horas siguientes".
¡ Estas son las garantías que constantemente se están violando en Guerrero¡, ¡Estás son las garantías que el señor Procurador General de la República le parecen un obstáculo¡, por eso las quiere cambiar y está promoviendo una Ley Federal de Narcotráfico, que crearía una excepción jurídica en la investigación de los delitos contra la salud. Quiere la modernización jurídica de la averiguación previa en esa materia, entendida la modernidad como la adecuación de la norma jurídica a la realidad de la investigación del delito. ¿Donde estará el espíritu del artículo 1o.? Ya voy a terminar.
No desestimo la importancia ni la necesidad de la lucha antinarcóticos, pero cuando suceden hechos como los de Jaleaca de Catalán pienso que en esta lucha algo anda mal, cuando se aprovecha una función pública para la extorsión y el crimen.
Los hechos sangrientos del pasado 15 de mayo son del orden común y su investigación compete a la Procuraduría General de la Justicia del Estado. la Procuraduría General de la República no tiene por qué investigarlos. Tampoco tiene por que darse un trato privilegiado a los agentes de la Policía Judicial que intervinieron en los hechos; ellos están sujetos a investigación y como tales deben ser tratados, sin protecciones ni privilegios que la ley no les conceda.
Nuestra intención al denunciar estos hechos no es otra cosa que la de contribuir a un debate público de un acontecimiento lamentable desde todos los puntos de vista, la de que se busque la raíz de una compleja realidad que afecta a comunidades y ciudadanos de un estado de la República, la de que se advierta la necesidad de que las procuradurías y fuerzas públicas quedan sujetas al control popular a través del Poder Legislativo.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática desea que esa denuncia sea conocida y estudiada por la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, que se ponga un alto a la intromisión de la Procuraduría General de la República en asuntos del orden común, que se aclaren públicamente los hechos y no suceda como en el caso de la catástrofe de Guadalajara cuya averiguación se enturbia cada día más y de la cual todavía no se tiene noticia de los resultados definitivos.
Por el grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, diputado Gilberto Rincón Gallardo, diputada Rosa Albina Garavito Elías y diputado Arquimedes García Castro.
Entrego señor presidente, al secretario para su examen correspondiente. (Aplausos.)
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Florencio Salazar.
El diputado Florencio Salazar Adame: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Los hechos a los que se ha referido nuestro compañero Arquimedes García Castro, lamentablemente ocurrieron el 15 de mayo en Jaleaca, municipio de Chilpancingo, estado de Guerrero como producto de una acción de la Policía Judicial Federal para detener a dos presuntos narcotraficantes. Me parece innecesario referir aquí lo complejo que resulta combatir el narcotráfico, baste decir que es un asunto de estado que en otras latitudes de este mismo continente pone en juego la naturaleza de países enteros.
Lo de Jaleaca sin embargo, que este es un escenario de la sierra de Guerrero una zona intrincada donde frecuentemente o con una relativa frecuencia se han dado hechos sangrientos, es una cuestión que nos duele porque revela que ahí en esa pequeña comunidad de la sierra donde hace muchos años ha habido actividades ilícitas de este tipo, no hemos podido resolver el
problema que significa darle a los campesinos una ocupación que les de alternativas para mejores condiciones de vida. El actual gobierno del estado ha podido resolver el problema añoso de luchas entre comunidades para la explotación de bosques y actualmente Jaleaca tiene un aserradero que está explotando sus propios recursos forestales.
Pensemos que este es el camino más conveniente para que la población tenga repito, alternativas ocupacionales, los alejemos de la violencia resultante de esta grave actividad que tienen una relación directa con las drogas.
Queremos sin embargo precisar en relación con lo que ha dicho el diputado García Castro, que la actuación de la Policía Judicial Federal ha sido estrechamente coordinada con la Policía Judicial del Estado y con el ejército mediante un convenio suscrito para combatir al narcotráfico en Guerrero, que no dudamos que probablemente haya elementos corrompidos en estas corporaciones pero que tampoco tenemos duda de que ha actuado con gran valor civil y que quedan los lamentables testimonios de muchos agentes de éstas corporaciones que han entregado su vida por sanear a nuestra sociedad y para evitar que este cáncer invada a los órdenes de nuestras estructuras sociales, económicas y políticas.
Estamos de acuerdo con esta propuesta que ha entregado el diputado García Castro para que se turne a la comisión de Derechos Humanos de este Congreso, la apoyamos también y deseamos igual que los señores diputados del Partido de la Revolución Democrática que se esclarezcan los hechos, que se aplique la justicia, que los responsables que hubieren en estos acontecimientos sean castigados y sobre todo, queremos que haya plena armonía, que haya paz social, que haya desarrollo en esta zona intrincada de la Tierra de Guerrero. Muchas gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia manda se turne a la comisión de Derechos Humanos de esta Legislatura, el asunto en discusión.
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO
El Presidente: - Continúa en el uso de la palabra la compañera diputada Yolanda Elizondo Maltos, del grupo parlamentario del partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar una denuncia de acciones realizadas en el Fondo Nacional de Desarrollo Portuario.
La diputada Yolanda Elizondo Maltos: - Señor Presidente, compañeros diputados:
Dentro del sector marítimo del país, es el desarrollo de servicios a la construcción naval que nos ocupa en este momento, ya que con el afán de encontrar un firme apoyo a las necesidades de tan importante y distinguido sector, presento a ustedes una denuncia de las muchas que existen en contra del Banco Nacional Pesquero y Portuario y el Fondo Nacional para el Desarrollo Portuario, (FONDEPORT), particularmente.
Los astilleros con los que cuenta nuestro país, no solo requieren de mayor presupuesto y mejoras en su infraestructura. El financiamiento actual niega en mucho la modernización de su maquinaria y el mantenimiento correctivos, más no es eso solamente lo que se tiene que mencionar, sino las sucias maniobras que el Fondo Nacional para el Desarrollo Portuario ha venido impunemente realizando en contra de quienes desean colaborar con mejores técnicas científicas para la construcción de más astilleros.
El ejemplo que expondré, es del señor ingeniero Saburo Kitchi, ingeniero mecánico naval, mexicano de nacimiento, quien enfrento un juicio ante el juez 41 de lo civil licenciada Natividad Fonseca García, quien no obstante las pruebas que presentó el señor ingeniero Kitchi para su defensa, la juez las consideró improcedentes, favoreciendo totalmente al Banco Nacional Pesquero y Portuario aún a pesar de las pruebas parciales que acreditaba lo expuesto por el demandante.
Cabe aclarar que el juicio en primera instancia, fue declarado 100% en favor del ingeniero Kitchi y en las demás instancias, no obstantes las pruebas presentadas en la primera instancia, fueron manipuladas en contra del quejoso posteriormente; eso.
Se trató de un contrato de compra - venta en el puerto de Mazatlán, el que estaba destinado para la construcción de un varadero ubicado en el lote 3 de la manzana 6, del Parque Industrial Portuario "Alfredo V. Bonfil".
Al acusado se le imputó el adeudo del terreno adquirido; el pago se comprobó con el recibo oficial expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 58 pagarés, totalmente liquidados.
La parte vendedora, se comprometió en breve lapso, a terminar las obras de infraestructura y no cumplió. Esto lo acreditaron los peritos.
La parte vendedora nunca entregó los planos, a pesar de que ya habían sido remitidos al ingeniero Kitchi por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Marina Mercante, Departamento de Registro Público Marítimo Nacional, Oficina de Marina Nacional, y aún así, en forma por demás arbitraria y delictiva, El Fondo Nacional para el Desarrollo Portuario retuvo los planos y documentos.
Se mostró como prueba también de defensa el oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, demostrando la gestiones hechas hasta ese momento para la construcción.
Existieron muchas pruebas documentales públicas y privadas que acreditaron la legalidad de la compra; sin embargo, hubo una maniobra que no sólo malogró el trato, sino que llevó a juicio el ingeniero mecánico naval aludido y como alarde de prepotencia e injusticia, hicieron que la balanza se inclinara hacia el Banco Nacional Pesquero y Portuario, haciendo legal lo que a ojos vistos fue un fraude y que consistió en el siguiente y último hecho:
Los terrenos aledaños ubicados en la segunda etapa del parque industrial Alfredo V. Bonfil, se inundan constantemente, debido a que la vendedora no hizo los trabajos de rellenado a nivel necesario, de modo que cualquier construcción que se haga, corre graves peligros, presentando actualmente las calles fracturas y hundimientos, pues utilizaron tierra enfangada del mismo dragado del fondo del mar y posiblemente también se emplearon materiales de relleno de otras fuentes ajenas al fondo del mar, lo que hace totalmente dudosa la resistencia.
Después de esto y para ampararse, el banco lo demandó. Se logro la injusticia y el ingeniero fue obligado al pago y desalojo posterior.
No es de llenar de ejemplos esta denuncia, es prever las construcciones que en el citado predio se han realizado.
Ante esta honorable Cámara de diputados, el partido Autentico de la Revolución Mexicana solicita:
Con el fin de evitar otra tragedia como la acontecida en Guadalajara en el renglón de responsabilidades, solicitamos un estudio pericial de la zona que acredite en el parque industrial de referencia.
Que se realice una auditoria al Banco Nacional pesquero y Portuario y al Fondo Nacional para Desarrollo Portuario (FONDEPORT) en particular, con la relación a la venta de terrenos y cesión de terrenos para el desarrollo de parques industriales y la industria productiva.
Que se realice también un seguimiento a los diversos juicios que han favorecido con elevadas cantidades a la fraudulenta institución del Fondo Nacional para Desarrollo Portuario.
Por lo antes expuesto, solicito a esta honorable asamblea su apoyo para que sea turnada esta queja a la Comisión de Gestoría, para su análisis y acuerdo.
Cámara de Diputados, Recinto Alterno, mayo 26 de 1992.
Presentando además documentos que avalan la denuncia hoy presentadas. Gracias.
El Presidente: - En contra de diputado Jesús Arnoldo Millán Trujillo.
El diputado Jesús Arnoldo Millán Trujillo: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea; compañeros:
Me he permitido hacer uso de esta tribuna ante la participación tenida hace unos momentos por la diputada del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a fin de realizar ciertas precisiones sobre esta denuncia.
Primero, el fiduciario del Fondo Nacional para Desarrollo Portuario es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y no en el Banco Pesquero. Conocí personalmente el problemas en sus inicios, ya que el señor Saburu Kitchi solicitó hace ya tiempo mis servicios profesionales como notario público del patriotismo federal con residencia en Mazatlán.
Quiero asentar en principio, que éste es un problema, como usted ya lo dijo, que está dentro del Poder Judicial y como mención general quiero señalar que el Fondo Nacional para Desarrollo Portuario es un fideicomiso del gobierno federal, dependiente del Sector Comunicaciones y Transportes, que tiene como finalidad primordial el desarrollo de parques pesqueros portuarios industriales y de turismo para la creación de marinas para pesca y navegación deportiva.
Como un organismo desarrollador, comercializa terrenos después de haberlos ganado al mar y previa desincorporación los vende a particulares. En los contratos originales y en su escrituración posterior, impone obligación a los adquirientes
para que en determinados plazos presenten planos de la construcción a levantar y se inicie la construcción con utilización para actividades relacionadas con la pesca, industrias o actividades conexas, como comercios, astilleros y talleres, etcétera.
Tengo conocimiento que en este caso el adquirente o no cumplió con estas obligaciones y esto originó un juicio ante los tribunales competentes, como usted ya lo dijo. Entonces, compañeros, dejemos que este asunto sea resuelto por quien constitucionalmente debe hacerlo y no invadamos jurisdicciones, máxime que el litigio ya tiene, como aquí se dijo, mucho tiempo de iniciado.
Quiero aclarar además que ahí no hay ningún riesgo como en lo de Guadalajara; éste es un asentamiento con terrenos ganados al mar y si hay asentamientos es precisamente porque se utiliza arena de mar como en cualquier otro parque que se hace con terrenos ganados al mar.
El parque funciona regularmente con Mazatlán. Hay muchas industrias, de cooperativas, de empresarios privados, congeladoras, talleres, astilleros, industrias también de los señores Wright, etcétera. Entonces no hay ningún riesgo.
Consecuentemente con eso, vamos haciendo que se dicte la resolución final correspondiente de la autoridad, ante las instancias que los interesados promuevan. No estamos de acuerdo con su proposición y desde ahorita pido se deseche. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición de la diputada Yolanda Elizondo.
El secretario Atalo Sandoval García: - Se consulta a la asamblea en votación económica si se aprueba la propuesta de la diputada.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Rechazada, señor Presidente.
AHORRADORES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente: - Continua en el uso de la palabra el diputado Raúl Velasco Gómez, del partido Acción Nacional, sobre la situación que atraviesa un grupo de ahorradores del estado de Baja California.
El diputado Raúl Velasco Gómez: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
He pedido la palabra para denunciar la lentitud de la justicia, que en sí entraña una injusticia.
En el caso otra vez, similar al que fue mencionado en la mañana, del fraude cometido a más de 4 mil 500 familias ensenadenses, en la que vía el engaño los ha privado de un patrimonio, tanto a obreros como a amas de casa, incluyendo el patrimonio de algunas cooperativas pesqueras.
Los antecedentes son los siguientes: en la ciudad de Ensenada, en agosto de 1988, se constituyo la empresa Brisa Mar, participando como socios los señores Luna Córdova, cuyo objeto social como persona moral era la adquisición de terrenos urbanos y suburbanos para fraccionarlos, construir casas residenciales edificios, hoteles y demás la contratación a cargo de la sociedad de toda clase de préstamos con garantía prendaria, fiduciaria o sin garantía. Amparados en esta última cláusula, esta empresa empezó a realizar actividades de banca paralela, sin tener autorización para ello, recibiendo depósitos con un mínimo de 10 millones de pesos llegando a acumular 150 mil millones de pesos de los ahorradores.
A partir del 26 de junio del año pasado, cuando suspendió la empresa los pagos de intereses y de capital, se inició la presentación de denuncias por los delitos de fraude y asociación delictuosa en contra de los intereses de la mencionada empresa.
A la fecha se han integrado en la agencia del ministerio público más de mil expedientes, en las cuales solo una pequeña parte ha sido consignada al juez segundo de lo penal en la ciudad de Ensenada, habiéndose dictado las consiguientes órdenes de aprehensión y a siete meses de distancia, únicamente se ha logrado la captura de Luis Rafael Luna Córdova.
El 27 de septiembre pasado, en la gira que hizo por Baja California el señor Presidente, recibió a un grupo de estos ahorradores y les prometió su ayuda para la resolución de este gravoso caso. En una cita el día 30 de septiembre los recibió personalmente el licenciado Ignacio Morales Lechuga, quien resolvió dos puntos en concreto: El primero quedó en el nombramiento de dos agentes del Ministerio Público Federal, que se trasladarían a Ensenada y que serían el punto de enlace entre coordinación de la diferentes corporaciones policiacas; el segundo, la
localización y búsqueda de los responsables para su extradición de los Estados Unidos, que es donde se encuentran.
En el primer caso, no ha llegado todavía ninguno de los agentes del ministerio público especiales federales y en el segundo, solamente una sola persona ha sido aprehendida.
A nombre de esas 4 mil 500 familias afectadas y ante el retraso manifiesto del ejercicio de la acción penal en contra de los responsables, que afecta no sólo a los defraudados, sino que ha constituido un rudo golpe a las instituciones del pueblo de Baja California.
Solicitamos la agilización de los trámites de extradición de los hermanos Luna Córdova; apoyamos a este grupo de ahorradores, que no han encontrado justicia en nueve meses de lucha ordenada e institucional y solicitamos que esta denuncia sea turnada a las comisiones de Gestoría y Quejas Hacienda y Crédito Publico para que analice el problema de estos fraudes que se han presentado a todo lo largo y a todo lo ancho de la República, como son los casos de Chavelas, en Morelos, Blanco Beteta, En Distrito Federal, estado de México, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, los Luna Córdova en toda la península de Baja California, Sonora y Sinaloa. Quintín Ley y Georgina de los Santos en Culiacán, así como plan firme en Jalisco, por mencionar sólo algunas.
El monto aproximado menciona esta agrupación es de ochocientos millones de dólares lo defraudado.
Consideramos de vital importancia una profunda reflexión por parte de los legisladores a este respecto, ya que en este monto gravita sobre el pueblo de México, sobre gente que actualmente pasa penurias, y angustias, porque no son personas que tengan un nivel acomodado.
Esta es la importancia de esta denuncia que solicito sea turnada a estas comisiones.
Dejo la Secretaría la denuncia presentada por el Grupo de Autodefensa del Senado. Gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Rogelio Appel Chacón:
El diputado Rogelio Appel Chacón - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados:
No vengo aquí, como dijeron, ahorita que pasé, a defender lo indefendible, vengo a sumarme a la propuesta que hace nuestro compañero diputado ensenadiense, al igual que su servidor, para que sean defendidos los intereses de esos inversionistas que con mucho esfuerzo creyeron en esos defraudadores que hoy están huyendo allende la frontera de Estados Unidos.
Y proponer, independientemente de las comisiones a que fue turnado, lo que pide el compañero Velasco que sea turnado, que la Comisión de Justicia de Diputado de esta Cámara, respetando la soberanía del estado de Baja California, solicite y se allegue la información para la detención de los responsables de este ilícito que lesionó a muchos ensenadenses bajacalifornianos y a algunas personas de Sonora que creyeron en la honestidad y en lo beningno de las inversiones que estaba haciendo en ese tiempo.
Por lo tanto dejo esta propuesta, anexándome a la propuesta que hace el compañero diputado de Ensenada. Muchas gracias.
El Presidente: - Esta presidencia turna el asunto en discusión a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión de Gestoría y Quejas y a la Comisión de Justicia.
Continué la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Francisco Dorantes Gutiérrez: - Señor presidente se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
28 de mayo de 1992
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del estado de Quintana Roo.
Dictámenes de primera lectura.
De la comisión de Gobernación y puntos constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano licenciado Carlos Salinas
de Gortari, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 15 de junio de 1992, a fin de realizar una visita oficial a la República de Costa Rica, visita de trabajo a la República de Venezuela y participar en la Reunión Cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rodolfo González Salazar, para aceptar y usar la condecoración de la Real Orden de la Estrella Polar, en grado de oficial, que le confiere el gobierno de Suecia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mayor de infantería diplomado del Estado Mayor Victor Manuel Esparza Ortega, para aceptar y usar la medalla de Recomendación del Ejército, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Remedios Fabiana Vázquez Vargas, para prestar servicios en la embajada de la República de Finlandia, en México
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano vicealmirante ingeniero especializado Carlos Humberto Castro Sepulveda, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Jesús Orozco Vázquez, Adela Adriana Rodríguez, Raúl Horacio Márquez Jasso, Victoria González Martínez, Genaro Martínez Nevárez, Martha Beatriz Tostado, Martha Catalina Acuña Santos, Ernesto Martínez Chávez y José Héctor Castañeda Minjares, como empleados consulares en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua y Leonila Aguirre Barousse y Julieta Luna Amozurrutia como auxiliares de contabilidad en la embajada de los Estados Unidos de América, en México. Así como a Angel Abel Montiel Portillo, como empleado de servicios federales en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión.
De la Comisión de Pesca con proyecto de Ley de Pesca.
De la comisión de comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Dictámenes de primera lectura con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 22.05 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 28 de mayo a las 11.00 horas.