Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19920602 - Número de Diario 14
(L55A1P1oN014F19920602.xml)Núm. Diario: 14ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Juan Moisés Calleja García
RECINTO LEGISLATIVO CENTRO MÉDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Héctor de Antuñano Lora
AÑO I México, D.F., martes 2 de junio de 1992 No. 14
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INVITACIÓN
Departamento del Distrito Federal, para asistir al acto cívico conmemorativo del CXIV aniversario del natalicio del general Francisco Villa. Se designa comisión.
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Zacatecas, por la que informa de actividades propias de su jurisdicción. De enterado.
PROPOSICIÓN
De la Gran Comisión por la que se designa Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos al diputado Eloy Cantú Segovia. Se aprueba.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR
Con Proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Interior. Se turna a las comisiones de Comercio y de Hacienda y Crédito Público.
CONDECORACIONES
Con proyecto de decreto por el que s concede permiso para que el ciudadano George Pulford Núñez, pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Suecia. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso para que las ciudadano Pedro Lavalle Aguilar, pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República de Francia. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
NOMBRAMIENTO
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano José de Jesús Levy García, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, Jalisco. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso para que las ciudadanas Ariadna Ruiz Mendiola y Angélica Ocampo Salgado, puedan prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la ciudadana María Felícitas Esther Pliego Rayas, pueda prestar sus servicios en la delegación de la Comisión de Comunidades Europeas en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
COMUNICACIONES
Dos por los que informa que el mismo número de ciudadanos mexicanos, han dejado de prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
POLÍTICA ECONÓMICA
Para expresar sus opiniones solicitan y se concede el uso de la palabra a los diputados:
María Clara Mejía Guajardo, presenta un punto de acuerdo
Sobre la propuesta presentada toman la palabra los diputados:
Jorge Calderón Salazar en pro
Rodolfo Becerril Straffon, presenta un punto de acuerdo.
Juan Gualberto Campos Vega, para rectificar hechos.
Jorge Alfonso Calderón Salazar para rectificar hechos.
Rafael Fernández Tomás
Tomás González de Luna
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Jorge Flores Solano
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa propone punto de acuerdo.
Hildebrando Gaytán Márquez para rectificar hechos.
María de los Ángeles Moreno Uriegas
Juan Cárdenas García para rectificar hechos.
Se someten a votación las propuestas presentadas.
RECESO
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY MINERA
De la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial. Se dispensa la primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de dicha ley. Se somete a discusión en lo general y en lo particular.
Para fundamentar el dictamen se concede el uso de la palabra al diputado Francisco José Dávila Rodríguez.
Para discutir el dictamen hacen uso de la palabra los diputados
Gabriel Jiménez Remus en contra.
Átalo Sandoval García presenta el voto particular de su Partido en contra.
Manuel Monarres Valenzuela en pro.
Tomás Correa Ayala en pro.
Manuel Laborde Cruz para fijar la posición de su grupo parlamentario.
Juan Jacinto Cárdenas García en contra.
Javier Centeno Avila en contra.
Mariano Carreón Girón en pro.
Jorge Oceguera Galván hace una proposición.
Lorenzo Duarte García en pro.
Juan Hernández Mercado hace una proposición.
Felipe Medina Santos en pro.
Alfredo Castañeda Andrade hace una proposición.
Jesús Ramírez Guerrero en pro.
Arquímedes García castro en contra.
Se someten a discusión las proposiciones.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
De la Comisión de Comercio con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado Felipe Calderón Hinojosa.
En su discusión intervienen los diputados:
Guillermo Flores Velasco en contra
Alfonso Rivera Domínguez en pro.
Miguel Flores Velasco Para rectificar hechos.
Jesús Berrospe Díaz en pro.
Hiram de León Rodríguez para presentar diversas proposiciones.
Eduardo Francisco Trejo González en por.
Eloí Vásquez López para presentar diversas proposiciones.
Silvestre Fernández Barajas en pro.
Se someten a votación las propuestas presentadas.
Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicha ley. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Rodolfo González Salazar pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Suecia. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Víctor Manuel Esparza Ortega pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América. Se aprueba y pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Carlos Humberto Sepúlveda pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Guatemala. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la ciudadana Remedios Fabiana Vázquez Vargas pueda laborar en la embajada de la República de Finlandia en México. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso para que doce ciudadanos mexicanos puedan laborar en la embajada de Estados Unidos de América. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ESTADO DE JALISCO
Para referirse a sucesos ocurridos recientemente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y la situación de los damnificados hacen uso de la palabra los diputados:
Adalberto Gómez Rodríguez
José Guadalupe Rodríguez Martínez para rectificar hechos
Carlos González Durán
José Antonio Ruiz de la Herrán y Villagómez para rectificar hechos.
Eloí Vásquez López para rectificar hechos.
Juan José Bañuelos Guardado para rectificar hechos.
Guillermo Flores Velasco Para rectificar hechos.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ROBERTO GARCÍA ACEVEDO
El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González: -Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 378 diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11.53 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Alberto Alejandro Rébora González:
"Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
2 de junio de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXIV aniversario del natalicio del general Francisco Villa (Doroteo Arango), tendrá lugar el 5 de junio en el Monumento a la Revolución Mexicana, delegación política Cuauhtémoc a las 10.00 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de Zacatecas.
Proposición de la Gran Comisión.
Minutas
Con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Interior.
Con proyecto de decreto, que concede permiso para que el ciudadano George Pulford Núñez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Real Orden de la Estrella Polar, en grado de Encomienda, que le confiere el gobierno de Suecia.
Con proyecto de decreto, que concede permiso para que el ciudadano doctor Pedro Lavalle Aguilar, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano José de Jesús Levy García, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, Jalisco.
Con proyecto de decreto, que concede permiso a las ciudadanas Adriana Ruiz Mendiola, para que pueda prestar servicios como asistente comercial y Norma Angélica Ocampo Salgado como programador de computadoras en la embajada de los Estados Unidos de América, respectivamente.
Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana María Felícitas Esther Pliego Rayas, para que pueda prestar servicios como asesora de prensa e información en la delegación de la Comisión de la Comunidades Europeas en México.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Dos con los que se comunica que las ciudadanas Xochitl Leonor Prince Pimentel y Martha Laura Pimentel Foster, han dejado de prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Consideraciones a cargo del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la Política Económica del gobierno federal.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, con Proyecto de Ley Minera.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
De la comisión de Comercio, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que
concede permiso al ciudadano Rodolfo González Salazar, para aceptar y usar la Condecoración de la Real Orden de la Estrella Polar, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Suecia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mayor de infantería diplomado de Estado Mayor Víctor Manuel Esparza Ortega, para aceptar y usar la Medalla de Recomendaciones del Ejército, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano vicealmirante ingeniero especializado Carlos Humberto Castro Sepúlveda, para aceptar y usar la Condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jesús Orozco Vázquez, Adela Adriana Rodríguez, Raúl Horacio Márquez Jasso, Victoria González Martínez, Genaro Martínez Nevárez, Martha Beatriz Tostado Peraza, Martha Catalina Acuña Santos, Ernesto Martínez Chávez, José Héctor Castañeda Minjares, como empleados consulares en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Júarez, Chihuahua y Leonila Aguirre Barousse y Julieta Luna Amozurrutia, como auxiliares de contabilidad en la embajada de los Estados Unidos de América, en México. Así como a Angel Abel Montiel Portillo, como empleado de servicios federales en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Intervención del ciudadano diputado Adalberto Gómez Rodríguez, del grupo partidista del Partido Revolucionario Institucional, para comentar los recientes sucesos ocurridos en la ciudad de Guadalajara.
Comentarios del ciudadano diputado Carlos González Durán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación de los damnificados, en Guadalajara.
Comentarios a cargo del ciudadano diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre acciones de la Policía Fronteriza de los Estados Unidos de América, en territorio nacional.
Intervención a cargo del ciudadano diputado Emilio Badillo Valseca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre un asentamiento irregular en la rivera del Río Atoyac, San Martín Texmelucán, Puebla.
Comentarios a cargo del ciudadano diputado Jorge Tovar Montañez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la instalación de una planta de desechos tóxicos en las cercanías de la frontera norte.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Jorge Oceguera Galván.
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y siete minutos, del día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos sesenta y ocho diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, en virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios han recibido copias del acta de la sesión anterior, la asamblea dispensa la lectura al documento y, posteriormente, no habiendo quien la impugne se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el diputado suplente Alejandro Silva Hurtado, del primer distrito electoral del
estado de Sonora y designa a una comisión para que lo introduzca en el salón y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, el diputado Silva Hurtado entra en funciones de inmediato.
Se da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo trigésimo primer aniversario luctuoso de don Melchor Ocampo. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Una Comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo, por el que se informa de actividades propias de su Legislatura. De enterado.
Un ocurso del diputado Héctor Argüello López, por el que informa de la enfermedad que lo aqueja y del certificado médico respectivo. De enterado.
Se da lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la de Relaciones Exteriores, relativo al permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional, a fin de realizar una visita oficial a la República de Costa Rica; visita de trabajo a la República de Venezuela y participar en la Reunión Cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil. Es de primera lectura.
La asamblea dispensa la segunda lectura y, puesto a discusión, se concede el uso de la palabra a los diputados Francisco Hernández Júarez, del Partido Popular Socialista, para fundamentar su voto en pro; Juan José Rodríguez Pratts, del Partido Revolucionario Institucional, en el mismo sentido; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una proposición y Francisco Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
En votación económica, se desecha la proposición del diputado Becerra González y en la misma forma se aprueba el dictamen. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Se da primera lectura a cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto, por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que: el ciudadano Rodolfo González Salazar, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Suecia; el ciudadano Víctor Manuel Esparza Ortega, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América; la ciudadana Remedios Fabiana Vázquez Vargas, pueda prestar sus servicios en la embajada de la República de Finlandia en México y el ciudadano Carlos Humberto Castro Sepúlveda, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Guatemala.
Otro dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que otorga el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jesús Orozco Vázquez, Adela Adriana Rodríguez, Raúl Horacio Márquez Jasso, Victoria González Martínez, Genaro Martínez Nevárez, Martha Beatriz Tostado, Martha Catalina Acuña Santos, Ernesto Martínez Chávez, José Héctor Castañeda Minjares, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en ciudad Júarez, Chihuahua; Leonila Aguirre Barousse y Julieta Luna Amozurrutia, puedan prestar sus servicios en la embajada del mismo país en México y Angel Abel Montiel Portillo, pueda prestar sus servicios en la misma embajada. Es de primera lectura.
En virtud de que los señores diputados han recibido copias del dictamen de la Comisión de Pesca con proyecto de Ley de Pesca, la asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen y se somete a discusión de inmediato, en lo general.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista, quien presenta moción suspensiva que se admite a discusión de inmediato.
Para referirse a la proposición de la diputada Guerrero, hacen uso de la palabra los diputados Jesús Millán Trujillo, del Partido Revolucionario Institucional, en contra y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, en pro.
Para rectificar hechos al respecto, hacen uso de la palabra los diputados Odilón Cantú Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; Jesús Millán Trujillo, del Partido Revolucionario Institucional e Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista.
Suficientemente discutida la moción suspensiva, la asamblea la desecha en votación económica y se inicia la discusión en lo general del proyecto de Ley de Pesca.
Para este debate hacen uso de la palabra los diputados; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fundamentar el dictamen; Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional, para fundamentar su voto en pro; Jorge Moscoso Pedrero, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; José González Curi, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y José Ramos González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro.
A las quince horas con siete minutos, el Presidente decreta un
RECESO
A las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos, se reanuda la sesión y para continuar la discusión en lo general hacen uso de la palabra los diputados Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Raúl Velasco Gómez, del Partido Acción Nacional, en pro; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista, en contra; Ramón Ferrari Pardiño, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, en contra; José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para contestar alusiones personales.
Presidencia del diputado Roberto García Acevedo
Continúa el debate en lo general y hacen uso de la palabra los diputados: José Aguilar Bodegas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro;
Presidencia del diputado Jorge Oceguera Galván
José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para contestar alusiones personales.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y el Presidente informa que por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, la discusión en lo particular se realizará por capítulos, así como de la reserva de todos los que conforman la Ley de Pesca.
La Secretaría recoge la votación nominal en lo general, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y seis votos, como lo declara el Presidente.
Se somete a discusión el capítulo primero, artículos del primero al tercero y para hacer proposiciones al respecto, hacen uso de la palabra los diputados Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Romeo. Flores Leal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Raúl Velasco Gómez, del Partido Acción Nacional; Gloria Brasdefer Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para apoyar la proposición del diputado Velasco Gómez; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar los hechos; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Fernando Rodríguez Cerna, del Partido Revolucionario Institucional, para apoyar la proposición de la diputada Soto González y Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista.
La asamblea considera suficientemente discutido el capítulo primero de la Ley de Pesca y se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el capítulo segundo, artículos del cuarto al vigésimo, hacen uso de la palabra, para hacer proposiciones, los diputados José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Millán Trujillo, del Partido Revolucionario Institucional, cuya proposición firman también diputados del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Hugo Palacios Laguna, del Partido Acción Nacional; Gustavo Gómez Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
A solicitud de la diputada Soto González, la Secretaría da lectura a las proposiciones del diputado Palacios Laguna, en relación con el artículo sexto y continúan haciendo proposiciones los diputados Nabor Ojeda Delgado, del Partido Revolucionario Institucional, para apoyar la propuesta del diputado Palacios Laguna; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, misma que firman también diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Vega Soto, de este último partido, quien apoya las proposiciones del diputado Terrazas Guerrero; Mario Vargas Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional; Pedro Macías Lara,
del Partido Acción Nacional; Alfonso Rivera Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, para apoyar las proposiciones del diputado Macías Lara; Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista y Gabriel Guerrero Oliveros, del mismo partido.
La asamblea considera suficientemente discutido el capítulo segundo y se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión los capítulos tercero y cuarto, artículos del vigesimoprimero al vigesimonono, hacen proposiciones los diputados Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; Enrique Rico Arzate, del partido de la Revolución Democrática; Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Democrática y José Ramos González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
La asamblea considera suficientemente discutido el capítulo tercero y se reserva para su votación nominal en conjunto.
Continúa la discusión del capítulo cuarto y hacen proposiciones al respecto los diputados: Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática; Rigoberto Salazar Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional; Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Jesús Madrazo Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
La asamblea considera suficientemente discutido el capítulo cuarto y se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el capítulo quinto, artículo treinta y los cuatro transitorios, hacen uso de la palabra los diputados: Pedro Macías Lara, del Partido Acción Nacional y Ricardo López Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
Suficientemente discutido el capítulo quinto, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Para hacer proposiciones respecto de los artículos transitorios, hacen uso de la palabra los diputados Miguel Sotelo Burgos, del Partido Revolucionario Institucional e Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Suficientemente discutido el capítulo quinto y los cuatro artículos transitorios, se someten a consideración de la asamblea las proposiciones hechas durante el debate y se aprueban las que corresponden a: artículo tercero, fracción cuarta, del Partido Acción Nacional; artículo tercero, fracción sexta, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; suprimir la fracción decimaprimera, del artículo tercero, del Partido de la Revolución Democrática; artículo tercero, fracción decimaprimera, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; artículo quinto, del Partido Revolucionario Institucional; artículo sexto, del Partido Acción Nacional; artículo noveno, del mismo partido; artículos decimoprimero y decimocuarto, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; artículo decimotercero, del Partido Revolucionario Institucional, artículo decimoquinto, fracción tercera, del Partido Acción Nacional; artículo decimoquinto, fracción sexta, del Partido de la Revolución Democrática; artículo decimoséptimo, fracción cuarta, del Partido Acción Nacional; artículo vigésimo primero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; artículo vigésimo cuarto, fracción vigesimaprimera, del Partido Revolucionario Institucional; artículo vigesimocuarto, fracción vigesimacuarta, del Partido de la Revolución Democrática; artículo vigesimoquinto, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; artículo trigésimo, del Partido Acción Nacional y las reformas a los artículos transitorios, del Partido Revolucionario Institucional.
En votación económica se desecha el resto de las proposiciones y el diputado Alvarez Garín, desde su curul, solicita explicaciones respecto de esta última votación, por lo que es el Presidente le informa acerca del acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios.
La Secretaría recoge la votación nominal en lo particular de la Ley de Pesca, misma que resulta aprobatoria por doscientos noventa y dos votos, con las proposiciones aprobadas. El Presidente hace la declaración correspondiente y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Lepe García, del Partido Revolucionario Institucional, quien da cuenta con un punto de acuerdo firmado por diputados de todos los grupos parlamentarios que integran la quincuagésima quinta Legislatura, en relación con los habitantes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que vieron perjudicados sus intereses por las
explosiones que asolaron un sector de aquella ciudad. La Asamblea, en votación económica lo aprueba.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a la primera hora con treinta y cinco minutos del día veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes dos de junio de mil novecientos noventa y dos a las once horas.»
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González: - Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma?...
Se consulta a la asamblea en votación económica si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
INVITACIÓN
El secretario Alberto Alejandro Rébora González:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado Juan Moisés Calleja García. - Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXIV aniversario del natalicio del general Francisco Villa (Doroteo Arango), que tendrá lugar en el Monumento a la Revolución Mexicana, delegación política Cuauhtémoc, el día 5 de junio a las 10.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Juan José Castillo Mota y Manuel Monarres Valenzuela.
COMUNICACIÓN
El secretario Lucas Adrián Del Arenal Pérez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Legislatura del Estado de Zacatecas.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F.
En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 169 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, tenemos el honor de comunicar a esa honorable Cámara Federal, que la honorable LIII Legislatura del estado, en sesión previa de hoy, inauguró su Cuarto Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional; habiéndose elegido la mesa directiva siguiente:
Presidente: diputado Rito Ruiz Rodríguez; vicepresidente: diputado Cayetano Torres Gallardo; primer secretario: diputado profesor Manuel Flores Medina; segundo secretario: diputado ingeniero Enrique Javier Enríquez Félix.
Asimismo, les informamos que en igual fecha clausuró dicho período.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra especial y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zacatecas, a 7 de mayo de 1992. - La Comisión Permanente. - Diputada secretaria Lidia Méndez Rangel, diputado secretario licenciado José Antonio Mier Hernández.»
De enterado.
PROPOSICIÓN
El secretario Lucas Adrián Del Arenal Pérez:
«ACUERDO PARA LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS CONSIDERANDO
1. Que el 7 de noviembre de 1991, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, fracción IV, 50, 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Gran Comisión de la Cámara de Diputados propuso la integración de las comisiones de la propia Cámara.
II. Que dicha propuesta fue aprobada por el pleno, habiendo sido designado Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos el diputado Guillermo Hopkins Gámez.
III. Que al diputado Hopkins Gámez, en sesión celebrada el 28 de mayo de 1992 se le concedió licencia previa para separarse de sus funciones como diputado federal propietario, en los términos del artículo 62.
IV. Que el artículo 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, establece el mecanismo para cubrir las vacantes que surjan en las comisiones y
V. Que de conformidad con dicho precepto, la Gran Comisión, somete a consideración del pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. en atención a su probado interés y conocimiento en esta materia tan importante para la convivencia y desarrollo de nuestras entidades con las otras naciones con las cuales tenemos linderos, se designa Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados, al diputado Eloy Cantú Segovia.
Recinto Alterno de la Cámara de Diputados de la LV legislatura, a dos de junio de mil novecientos noventa y dos.- Diputado Fernando Ortiz Arana, Presidente; diputado José Antonio González Fernández, secretario; diputado Cesar Augusto Santiago R., secretario.»
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
El secretario Lucas Adrián Del Arenal Pérez: - En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobados los puntos de acuerdo.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DEL COMERCIO INTERIOR
El secretario Lucas Adrián Del Arenal Pérez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Interior.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 28 de mayo de 1992. - Senador Alger León Moreno, secretario; senadora María Elena Chapa Hernández, secretaria.»
«MINUTA PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR
CAPÍTULO I
De la sociedad, denominación, objeto y domicilio.
Artículo 1o. La presente ley rige al Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 2o. El Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de institución de banca de desarrollo, prestará el servicio de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del plan nacional de desarrollo vigente y de los programas derivados del propio plan, en especial los relacionados con el financiamiento del desarrollo, para promover y financiar las actividades de los sectores encomendados en la presente ley.
Artículo 3o. El Banco Nacional de Comercio Interior, sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto fundamental, la promoción y financiamiento del desarrollo económico nacional y regional del país, promoviendo su productividad y eficiencia, en particular del comercio interior y del abasto, así como de los servicios y de aquellas ramas de actividad que por su importancia le encomiende el gobierno federal.
La operación y funcionamiento de la sociedad, se realizarán con apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar dentro de los sectores encomendados al prestar el servicio de banca y crédito, los objetivos de carácter general señalados en el artículo 4o. de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 4o. El domicilio del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será el que determine su Reglamento Orgánico.
La sociedad, previa aprobación de su consejo directivo, podrá establecer, reubicar o clausurar sucursales, agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en el país o en el extranjero, con la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de lo previsto por el artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 5o. la duración de la sociedad será indefinida.
CAPÍTULO II
Objetivos y operaciones
Artículo 6o. La sociedad en el ejercicio de su objeto estará facultada para:
I. Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que atiendan necesidades de los sectores en las distintas zonas del país o que propicien el mejor uso de los recursos de cada región;
II. Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales, cuando se vinculen con la comercialización y el abasto, así como con los servicios o con aquellas ramas de actividad que por su importancia le señale el gobierno federal.
III. Apoyar financieramente y con asistencia técnica los programas de modernización de la infraestructura comercial, impulsando entre otros, la construcción y operación de centrales o módulos de abasto, centros de acopio centros comerciales y tiendas de autoservicio, mercados, cámaras de maduración y refrigeración, tiendas sindicales, almacenes, bodegas e infraestructura vinculada con el desarrollo y modernización del comercio interior, el abasto y los servicios;
IV. Apoyar financieramente la comercialización de productos básicos;
V. Realizar estudios económicos y financieros que permitan determinar los proyectos de inversión prioritarios, relacionados con su objeto, a efecto de promover su realización entre inversionistas potenciales;
VI. Apoyar financieramente la realización de estudios de viabilidad técnica, económica y financiera que permitan determinar la rentabilidad económica y social de los proyectos relacionados con su objeto social;
VII. Promover el desarrollo tecnológico de conformidad con las necesidades de los sectores;
VIII. Ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo de créditos del exterior, cuyo objeto sea fomentar el desarrollo económico y que se otorguen por instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así como por cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional en los términos de las disposiciones legales aplicables. No se incluyen en esta disposición los créditos para fines monetarios;
IX. Realizar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia técnica con otras instituciones de crédito, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado; y
X. Ser fiduciaria y administradora de los fideicomisos, mandatos y comisiones constituidos por el gobierno federal en relación al objeto de la sociedad señalado en el artículo 3o. de esta ley.
Artículo 7o. Para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren los artículos 3o. y 6o. anteriores, la sociedad podrá:
I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refieren los artículos 46 y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Las operaciones señaladas en el citado artículo 46, fracciones I y II, las realizarán en los términos del artículo 47 de dicho ordenamiento;
II. Contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia los sectores mencionados en el artículo 3o. de esta ley, conforme a las disposiciones legales aplicables;
III. Financiar estudios económicos que permitan determinar los proyectos de inversión prioritarios para su adecuado financiamiento;
IV. Financiar el desarrollo de nueva tecnología vinculada a actividades relacionadas con sus objetivos, conforme a lo dispuesto por las leyes aplicables;
V. Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades mercantiles;
VI. Otorgar avales o garantías;
VII. Participar en el capital social de empresas, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Instituciones de Crédito;
VIII. Emitir valores o títulos de crédito, incluyendo bonos bancarios de desarrollo, para el apoyo de las operaciones propias del objeto de la sociedad. Las emisiones procurarán fomentar el desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional y serán susceptibles de colocarse entre el gran público inversionista, caso en el cual serán aplicables las disposiciones legales respectivas;
IX. Emitir certificados de participación con base en fideicomisos constituidos al efecto;
X. Emitir certificados de participación nominativos en los que se haga constar la participación que tienen sus tenedores en títulos o valores, o en grupos de ellos, que se encuentren en poder de la institución o vayan a ser adquiridos para ese objeto, como excepción a lo que establece el artículo 228 a, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
La sociedad conservará los valores de los coparticipantes, en simple custodia o en administración y en ese caso podrá celebrar, sobre los mismos títulos, las operaciones que estime pertinentes y sólo será responsable del debido desempeño de su cargo.
Cuando los certificados de participación hagan constar el derecho del copropietario sobre valores individualmente determinados, se entenderá que la sociedad garantiza a los tenedores la entrega de esos títulos. Cuando los certificados hagan constar solamente la participación del copropietario en una parte alícuota de un conjunto de valores y de sus productos, o del valor que resulte de su venta, la sociedad sólo será responsable de la existencia de los valores y de la entrega de sus productos o de su precio, en su caso.
La emisión de dichos certificados se hará por declaración unilateral de voluntad de la sociedad emisora, expresada en acta notarial, en la que se fijarán la naturaleza, condiciones, plazos de retiro y las utilidades, intereses o dividendos que la sociedad garantice a los tenedores de los certificados;
XI. Invertir en títulos representativos del capital social de empresas que le presten servicios complementarios o auxiliares en su administración o en la realización de su objeto, así como de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a sus oficinas;
XII. Invertir en el capital social de organizaciones auxiliares del crédito y de intermediarios financieros no bancarios.
Las inversiones a que se refiere esta fracción y la inmediata anterior se efectuarán de conformidad con lo dispuesto por los artículos 88 y 89 de la Ley de Instituciones de Crédito; y
XIII. Realizar las actividades análogas y conexas a sus objetivos en los términos que al efecto le señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 8o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como excepción a lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Instituciones de Crédito y 14 de la Ley Orgánica del Banco de México, dictará las disposiciones relacionadas con las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos y otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas, pasivas que no impliquen captación de recursos del público y de servicios que realice la sociedad, para cumplir el objeto que se le ha encomendado en su carácter de Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
Corresponde al Banco de México, en los términos de su ley orgánica, la determinación de los conceptos señalados en el párrafo anterior, respecto a las operaciones pasivas correspondientes a recursos que capten del público y que estén sujetas al régimen previsto en las fracciones I y VII del artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco de México.
Artículo 9o. En los contratos de fideicomiso que celebre la sociedad, ésta podrá actuar en el mismo negocio como fiduciaria y fideicomisaria y realizar operaciones con la propia sociedad en cumplimiento de fideicomisos y mandatos, como excepción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 348 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y al inciso a) de la fracción XIX del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 10. El gobierno federal responderá en todo tiempo de las operaciones concertadas por el Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con personas físicas o morales nacionales y con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales, o cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional.
CAPÍTULO III
Capital social.
Artículo 11. El capital social del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará representado por certificados de aportación patrimonial, correspondiendo un sesenta y seis por ciento de éstos a la serie "A" y el restante treinta y cuatro por ciento a la serie "B". El valor nominal de estos títulos se determinará en su reglamento orgánico.
La serie "A" sólo será suscrita por el gobierno federal, se emitirá en un título que no llevará cupones, el cual será intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere al gobierno federal.
La serie "B" podrá ser suscrita por el gobierno federal, entidades de la administración pública federal, los gobiernos de los estados y de los municipios y por personas físicas o morales mexicanas preferentemente comerciantes. Los certificados de esta serie "B" podrán emitirse en uno o varios títulos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar qué entidades de la administración pública federal y de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie "B" en una proporción mayor de la establecida en el artículo 33 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 12. El capital neto a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito, será el que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria.
Artículo 13. En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la sociedad, persona físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros.
Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo, perderán en favor del gobierno federal la participación de que se trate.
CAPÍTULO IV
Administración y vigilancia
Artículo 14. La administración del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo estará encomendada a un consejo directivo y a un director general, en sus respectivas esferas de competencia.
Artículo 15. El consejo directivo estará integrado por nueve consejeros distribuidos de la siguiente forma:
1. Cinco consejeros representarán a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial que serán:
a) El secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el consejo directivo;
b) El secretario de Comercio y Fomento Industrial, quién tendrá el carácter de vicepresidente;
c) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
d) Un representante de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; y
e) Un representante del Banco de México.
Los consejeros de la serie "A" reunirán las características que al efecto señala el artículo 41 de la Ley de Instituciones de Crédito y tratándose de servidores públicos de la administración pública federal, tendrán el nivel jerárquico que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
II. Cuatro consejeros de la serie "B" que serán designados en los términos que al efecto establezca el reglamento orgánico de la sociedad.
Los consejeros de la serie "B" durarán en su cargo un año, pudiendo ser reelectos.
Por cada consejero propietario se nombrará un suplente, en la forma y términos en que lo sean los propietarios.
En los casos de las designaciones de consejeros suplentes que representen a la serie "A", éstas se efectuarán por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo recaer dichas designaciones en servidores públicos de administración pública federal o profesionales independientes de reconocida honorabilidad, experiencia y prestigio en materia económica y financiera.
Las renuncias de los consejeros serán presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del consejo directivo de la sociedad.
Los miembros que se designen para cubrir vacantes durarán en su cargo el tiempo que falte por transcurrir al consejero sustituido.
Artículo 16. El consejo se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará válidamente con la asistencia de cinco consejeros, siempre y cuando, entre ellos se encuentren por lo menos tres de los nombrados por la serie "A".
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el presidente voto de calidad, en caso de empate.
Artículo 17. No podrán ser consejeros las personas que se encuentren en los casos señalados por el artículo 41, de la Ley de Instituciones de Crédito.
Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, durante el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los supuestos del artículo señalado, será sustituido por su suplente, por todo el tiempo que dure el impedimento y no se haga designación del consejero propietario.
Artículo 18. El consejo dirigirá a la sociedad en los términos de lo previsto por el artículo 42 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Crédito.
El consejo directivo, podrá acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la sociedad. Los acuerdos que en su caso dicte respecto de las operaciones previstas en las fracciones VI y XI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, deberán considerar la propuesta del director general.
Artículo 19. También serán facultades del consejo directivo las siguientes;
I. Aprobar el informe anual de actividades que le presente el director general;
II. Aprobar las inversiones en capital de riesgo a que se refiere la fracción VII del artículo 7o. de la presente ley y su enajenación, estableciendo las modalidades que considere convenientes; y
III. Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos de la sociedad, que le presente el director general, a efecto de someterlos a la autorización expresa de la secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 20. El director general será designado por el Ejecutivo Federal a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los requisitos que establecen los artículos 24 y 43 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 21. El director general tendrá a su cargo la administración y representación legal del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al consejo directivo, al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones:
I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la sociedad, contará para ello con las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa y podrá emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en arbitrios y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le comprometan, aún las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener autorización expresa del consejo directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio;
II. Ejecutar las resoluciones del consejo directivo;
III. Llevar la firma social;
IV. Actuar como delegado fiduciario general;
V. Las que le señale el Reglamento Orgánico y
VI. Las que le delegue el consejo directivo.
Dentro de sus funciones administrativas, el director general someterá a la consideración del consejo directivo los proyectos y programas relacionados con las facultades que al propio consejo confiere el artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 22. El órgano de vigilancia de la sociedad, estará integrado por dos comisarios, nombrados uno por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y otro por la Comisión Consultiva a que se refiere el artículo siguiente. Por cada comisario se nombrará el respectivo suplente.
Los comisarios tendrán las más amplias facultades para examinar los libros de contabilidad y demás documentación de la sociedad, incluida la del consejo, así como para llevar a cabo todos los demás actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, las que podrán ejercer conjunta o separadamente teniendo el derecho de asistir a las juntas del consejo directivo con voz.
Artículo 23. En los términos del artículo 45 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito institución de banca de desarrollo, tendrá una Comisión Consultiva integrada por los titulares de los certificados de la serie "B" distintos del gobierno Federal, la cual se reunirá por lo menos una vez al año.
Artículo 24. Los consejeros, el director general, los directores, los subdirectores, los gerentes y los delegados fiduciarios de la sociedad, sólo estarán obligados a absolver posiciones o a rendir testimonio en juicio, en representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficio, el que contestarán por escrito, dentro del término que señalen las autoridades respectivas.
CAPÍTULO V
Disposición generales
Artículo 25. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretará para efectos administrativos la presente Ley y expedirá las disposiciones complementarias que se requieran en la aplicación de la misma.
Artículo 26. Las operaciones y servicios de la sociedad, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, y supletoriamente por la Ley de Instituciones de Crédito, por la Ley Orgánica del Banco de México y por las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 27. La sociedad formulará anualmente sus programas y financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos, así como sus programas operativos, en los términos de lo dispuesto por los artículos 31 y 42 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 28. Previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la sociedad deberá constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que esta Ley le encomienda. Las cantidades que se hayan llevado a dichas reservas y fondos no se considerarán remanentes de operación.
Fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la participación de los trabajadores en las utilidades de la sociedad, el saldo se aplicará en los términos previstos por el Reglamento Orgánico.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La presente Ley abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1986.
Artículo tercero. El Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institucional de banca de desarrollo, cambia su denominación a Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
Artículo cuarto. Las inscripciones y anotaciones marginales de cualquier naturaleza efectuadas en los registros públicos de la propiedad y del comercio, así como en cualquier otro registro relativo al Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, respecto de inmuebles, muebles, marcas, contratos, convenios, títulos de crédito, comisiones de carácter mercantil y cualesquiera otras, se entenderán referidas al Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
Asimismo, corresponde al Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, las acciones, excepciones, defensas y recursos de cualquier naturaleza deducidos en los juicios o procedimientos administrativos en los que el Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, hubiese sido parte con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley.
Las autorizaciones, poderes, mandatos y demás actos jurídicos y medidas administrativas, otorgados, dictados o celebrados con fundamento en la ley que se abroga, continuarán en vigor hasta que no sean revocados o modificados por los órganos o autoridades competentes.
Artículo quinto. En tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expida el Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, que contemple las modificaciones correspondientes, a fin de adecuarlo a los términos de esta Ley, continuará en vigor el que venía rigiendo al Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de abril de 1991. Todas las menciones legales y reglamentarias al Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, se entenderán referidas al Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo en los términos de la presente Ley.
Artículo sexto. El Reglamento Orgánico de la sociedad deberá expedirse en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la fecha de la vigencia de la presente Ley.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, 28 de mayo de 1992. - Senadores; Presidente Gustavo Guerrero Ramos; secretarios Alger León Moreno; María Elena Chapa Hernández.
Pasa a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales, México, Distrito Federal, 28 de mayo de 1992.- El oficial Mayor.»
Recibo, y túrnese a las comisiones unidas de Comercio y de Hacienda y Crédito Público.
CONDECORACIONES
El secretario Lucas Adrián del Arenal Pérez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso para que el ciudadano George Pulford Núñez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Real Orden de la Estrella Polar, en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno de Suecia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal a 28 de mayo de 1992. - Senadores secretarios; Alger León Moreno; María Elena Chapa Hernández.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano George Pulford Núñez, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Real Orden de la Estrella Polar, en grado de Encomienda, que le confiere el gobierno de Suecia.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 1992.- Senadores; presidente Gustavo Guerrero Ramos; secretarios Alger León Moreno; María Elena Chapa Hernández.»
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.
México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 1992. - El Oficial Mayor licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales.
El secretario Átalo Sandoval García:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que
contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano doctor Pedro Lavalle Aguilar, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la república francesa.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 26 de mayo de 1992. - Senadores secretarios: Alger León Moreno, y María Elena Chapa Hernández.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. se concede permiso al ciudadano doctor Pedro Lavalle Aguilar, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la república francesa.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 26 de mayo de 1992. - Senadores: Gustavo Guerrero Ramos, Presidente; Alger León Moreno, secretario; y María Elena Chapa Hernández, secretaria.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, a 26 de mayo de 1992. - El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales.
NOMBRAMIENTO
El secretario Átalo Sandoval García:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores. - México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José de Jesús García Levy García, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, Jalisco.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito federal, a 26 de mayo de 1992. - Senadores: Alger León Moreno, secretario y María Elena Chapa Hernández, secretaria.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José de Jesús Levy García, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, Jalisco.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito federal, a 26 de mayo de 1992. - Senadores: Gustavo Guerrero Ramos, Presidente; Alger León Moreno, secretario;y María Elena Chapa Hernández, secretaria. Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. - México, Distrito Federal, a 26 de mayo de 1992. - El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Átalo Sandoval García:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a las ciudadanas Ariadna Ruiz Mendiola para que pueda prestar sus servicios como asistente comercial y Norma Angélica Ocampo Salgado como programador de computadoras en la embajada de los Estados Unidos de América, respectivamente.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 26 de mayo de 1992. - Senadores: Alger León Moreno, secretario y María Elena Chapa Hernández, secretaria.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso para que la ciudadana Ariadna Ruiz Mendiola pueda prestar sus servicios como asistente comercial en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso para que la ciudadana Norma Angélica Ocampo Salgado pueda prestar sus servicios como programador
de computadoras en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 26 de mayo de 1992. - Senadores Gustavo Guerrero Ramos, Presidente; Alger León Moreno, secretario; y María Elena Chapa Hernández, secretaria.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. - México, Distrito Federal, a 26 de mayo de 1992. - El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo, y túrnense a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Felícitas Esther Pliego Rayas, para que pueda prestar sus servicios como asesora de prensa e información en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal a 28 de mayo de 1992. - Senadores secretarios Alger León Moreno, y María Elena Chapa Hernández.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Felícitas Esther Pliego Rayas, para que pueda prestar sus servicios como asesora de prensa e información en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
Sala de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 1992. - Senador Gustavo Guerrero Ramos Presidente; senador Alger León Moreno, secretario; y senadora María Elena Chapa Hernández, secretaria.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.
México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 1992. - El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo, y túrnese a al Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
COMUNICACIONES
El secretario José Marco Antonio Olvera Acevedo:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 28 de abril último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación, lo siguiente:
"Para su conocimiento y efectos a que haya lugar, la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría, para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México. Anexo encontrará la carta del interesado.
Xóchitl Leonor Prince Pimentel, Secretaría Bilingüe, Embajada de los Estados Unidos.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese gobierno".
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.- México, Distrito Federal, 6 de mayo de 1992. - El secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores, para su conocimiento.
El mismo Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 28 de abril próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación, lo siguiente:
"Para su conocimiento y efectos a que haya lugar, la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría, para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México. Anexo encontrará la carta del interesado.
Martha Laura Pimentel Foster, Secretaria Bilingüe, Embajada de los Estados Unidos.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese gobierno".
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 6 de mayo de 1992. - El Secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores, para su conocimiento.
POLÍTICA ECONÓMICA
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada María Clara Mejía Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a la política económica del gobierno federal.
La diputada María Clara Mejía Guajardo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El 18 de marzo pasado mi compañero, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, formuló una proposición en el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el sentido de que las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Trabajo y Previsión Social y del Instituto de Investigaciones Legislativas, integraran un cuerpo pluripartidista que examinara a fondo las características de la política económica puesta en vigor durante el último decenio y de sus consecuencias severamente perjudiciales para las masas de nuestro pueblo y formulará las proposiciones convenientes para la adecuada reorientación, en beneficio de los intereses superiores de la nación y del pueblo.
Esta proposición fue largamente debatida y apoyada también por el partido de la Revolución Democrática, en la tribuna y votada en los términos del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Lamentablemente el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, votó en contra de la proposición, razón por la cual ésta fue desechada. Sin embargo, se trataba de una propuesta no solamente razonable, sino necesaria, según se ha visto cada vez más en evidencia durante los pocos más de dos meses transcurridos en esa fecha al día de hoy.
Los mismos órganos gubernamentales documentan esta necesidad, tal es el caso, por ejemplo, del informe sobre la situación económica y las finanzas públicas que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, enviara a esta representación popular el Ejecutivo Federal hace unos días.
En efecto, del examen cuidadoso de ese documento, se desprenden 10 razones para rechazar la política económica neoliberal en vigor y demandar su urgente sustitución. Estas son las 10 razones de referencia:
1a. Se trata de una política ineficiente desde el punto de vista del financiamiento.
2a. Igualmente ineficiente resulta por lo que se refiere el combate a la inflación.
3a. Es además violatoria de los derechos humanos de los mexicanos, tanto su componente de garantías individuales como en el todavía más relevante, las garantías sociales consagradas en nuestra Constitución y en el derecho internacional.
4a. Se trata de una política generadora de pobreza y desempleo.
5a. Se trata de una política altamente concentradora.
6a. Se trata de una política que genera una situación de extrema inestabilidad por cuanto a nuestra paridad cambiaria.
7a. Se trata de una política generadora de dependencia y subordinación creciente de nuestra economía.
8a. Se trata de una política descapitalizadora.
9a. Se trata de una política ineficiente desde el punto de vista de los ingresos públicos.
10a. Se trata de una política ineficiente en la solución del problema del endeudamiento externo.
Por estas razones, en términos de lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de las fracciones parlamentarias del partido de la Revolución Democrática y del partido Popular Socialista, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la necesidad de reconsiderar la propuesta que el 18 de marzo formuló el diputado Cuauhtémoc Amezcua, en aquel entonces, en la Comisión Permanente.
Se trata del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Que las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, del Trabajo y Previsión Social y del Instituto de Investigaciones Legislativas, integren un cuerpo pluripartidista que examine a fondo las características de la política económica puesta en vigor durante el último decenio y de sus consecuencias severamente perjudiciales para las masas de nuestro pueblo.
Y formule las proposiciones que convengan para su adecuada reorientación en beneficio de los intereses superiores de la nación y del pueblo.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 26 días del mes de mayo de 1992.- Por la fracción del Partido Popular Socialista, diputada María Clara Mejía Guajardo; por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, diputado Jorge Calderón.
Dejo en las manos de la Secretaría esta propuesta para su trámite correspondiente, muchas gracias.
El Presidente. - En relación a la propuesta presentada por la diputada María Clara Mejía Guajardo, se han inscrito los siguientes oradores: diputados: Jorge Calderón Salazar, Rodolfo Becerril, Rafael Fernández Tomás, Servando Hernández Camacho, Tomás González de Luna, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Jorge Flores Solano y Manuel Laborde Cruz.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
- Con su venia, señor Presidente:
Solicité el uso de la palabra para fundamentar la propuesta de punto de acuerdo que la compañera diputada que me antecedió en el uso de la palabra presentó a la consideración de esta Cámara de Diputados.
Antes que nada desearía insistir en un elemento que hemos sostenido en distintos debates desde el mes de noviembre de 1991. Este elemento tiene qué ver con el equilibrio macroeconómico y algunos elementos nuevos que aparecen en el debate de hoy, vinculado con la reducción del monto total de la deuda externa del sector público.
Un primer elemento que quisiéramos destacar es lo relativo al déficit en cuenta corriente. El informe de la situación económica y las finanzas públicas, acciones y resultados del primer trimestre de 1992, que las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presenta a nuestra consideración, establece claramente un elemento: la cuenta corriente que es la suma de la balanza comercial y la balanza de servicios, registra un déficit de 13 mil 282 millones 600 mil dólares.
Y por otro lado se nos informa que hubo una inversión extranjera del orden de 12 mil millones de dólares, de los cuales 4 mil 761 correspondieron a inversión directa y el resto a inversiones en cartera o sea en bolsa de valores.
Hay un elemento que ha sido reiteradamente indicado a lo largo de todo un debate que lleva meses y en el cual no sólo participamos diputados y senadores sino también altos funcionarios de la administración pública y fue reiterado hace apenas unas horas. Es el argumento de que no debemos preocuparnos por el déficit de la balanza comercial y tampoco debemos preocuparnos por el déficit de la balanza en cuenta corriente, porque es déficit financiable, tenemos alta inversión de capital extranjero en bolsa de valores y además y ése es un argumento que con mucha
Diputados aparece. Se trata de importaciones para fortalecer la planta productiva del país. A propósito de un debate que hubo hace pocos días, relativo a Cancún y otros más, se ponía como ejemplo que estamos acrecentando capacidad exportadora.
Estimadas compañeras y compañeros diputados: aunque a veces estas discusiones sobre cuestiones económicas pueden parecer asuntos de detalle, o cuestiones que sólo competen a tales o cuales técnicos, el destino mismo de la nación está en juego cuando estamos discutiendo estos problemas.
¿Qué resulta de un análisis del informe del Banco de México correspondiente al 1991 que fue publicado apenas en abril de 1992? Hay un elemento sorprendente que yo llamaría a los diputados de la mayoría y a los economistas diputados de la mayoría, a que reflexionaran. Resulta que en la composición de las importaciones del sector privado, para 1991, el 64.6% son importaciones de bienes intermedios, no son importaciones de maquinaria, equipo y tecnología y solamente el 22.3%, son importaciones de bienes de capital en sentido estricto. Además, un elemento que resulta preocupante, porque muestra un proceso de sustitución de producción nacional de bienes de consumo por producción extranjera de bienes de consumo, es en solamente un año, del año 1990 al año 1991, las importaciones de bienes de consumo crecieron casi un 40%; para ser más precisos, las importaciones de bienes de consumo crecieron 38.6%.
Otro elemento más: ha habido expresiones, recientes, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, de que hay una severa regresión productiva en la industria nacional de bienes de capital. Por tanto, ¿qué elementos extraemos de esto, para los diputados que nos hacen el favor de escucharnos en medio de este ya habitual desorden con que estos problemas son debatidos, que está mostrando este problema que estamos aquí señalando respecto a composición de importaciones?
Uno. Que se están sustituyendo insumos que la industria anteriormente consumía, producidos dentro de México, por insumos industriales importados.
Segundo elemento. No hay ninguna evidencia que nos muestre que la producción de bienes de capital de México esté creciendo de manera sostenida. Por el contrario, está habiendo una severa depresión de la producción nacional de bienes de capital y estamos importando bienes de capital en una dinámica en la cual no se está acrecentado como se afirma, la capacidad exportadora hacia futuro; sólo estamos respondiendo maquinaria gastada que durante casi seis años no fue objeto de una adecuada reposición.
En consecuencia, si están creciendo los bienes de consumo, en un sólo año las importaciones de bienes de consumo en casi 40%, si casi el 65% de lo que importamos son insumos, insumo, a eso es a lo que se refiere bienes intermedios y si por otro lado los bienes de capital que estamos importando refleja que en vez de comprar bienes de capital fabricados en México los compramos en el extranjero, esto significa algo que debiera incorporarse al léxico de los problemas de soberanía e independencia de México. Esto refleja una desindustrialización; significa desmantelar planta productiva preexistente y solamente convertir a nuestra planta nacional en ensambladora de productos importados.
Por tanto, el argumento reiterado y vuelto reiterar en el sentido de que no debemos preocuparnos por el déficit de la balanza comercial, tampoco por el déficit en cuenta corriente, porque estamos importando bienes de capital que acrecienta nuestra capacidad productiva, es un argumento insostenible y nos apoyamos, ratifico, en el informe del Banco de México correspondiente a 1991.
Segundo punto, lo relativo a bolsa de valores. Hay en declaraciones de estimados compañeros diputados, pero sobre todo de funcionarios gubernamentales, una reiterada insistencia de esos capitales colocados en bolsa de valores, más de 10 mil millones de dólares, están ahí fijos y no debemos preocuparnos.
No coincidimos con este punto de vista. Basta señalar la enorme inestabilidad de las bolsas de valores, de 100 veces más fuertes que la mexicana, como la de Tokio, la de Nueva York y la de Londres y baste señalar también la enorme volatilidad que tiene estos recursos, no solamente en México, sino en el mercado internacional.
Por tanto, sostenemos, los "focos rojos" en materia de comercio exterior están prendidos y ésta no es solamente opinión del Partido de la Revolución Democrática. Una lectura atenta de las opiniones de las cámaras patronales de varias áreas económicas de México, una lectura atenta de la opiniones de muy diversos analistas, desde muy distintos enfoques, muestran que hay una seria preocupación en distintos organismos empresariales y en organizaciones sociales sobre este problema.
Evidentemente y aquí también acotamos una observación muy reiterada, el Partido de la Revolución Democrática apoya un esfuerzo sostenido de estabilidad macroeconómica. No queremos superávit de balanza comercial ni déficit de balanza comercial. Pero que no vengan a decirnos en tribuna o funcionarios fuera de la Cámara de Diputados, que esa inversión, la inversión extranjera, representa una especie de transferencia de recursos del exterior para apoyar a los mexicanos.
Cada dólar que viene del extranjero a bolsa de valores o a cualquier otro sector económico nacional, busca en México una rentabilidad por lo menos igual o superior a la que tendría en Estados Unidos, Europa, Canadá o en Japón. Por tanto, cada dólar invertido del exterior, en cualquier forma, va a ir acompañado de un proceso de transferencia de utilidades. De tal forma y aquí ofrezco disculpas a los diputados por meterme en una discusión técnica, que si en un año son invertidos 10 mil millones de dólares, por lo menos debemos calcular una rentabilidad de 10 a 15% de esos 10 mil millones de dólares. Lo cual significa que vamos a tener que pagar al año siguiente, por esa inversión extranjera de 10 mil millones de dólares, mínimo 1 mil 500 millones de dólares por concepto de utilidades de la inversión extranjera y me voy a un nivel muy bajo.
Si una inversión extranjera tiene utilidades en bolsa de valores del 20% del 30% o del 40% en un año, con motivo de la especulación bursátil, significa que por esos 10 mil millones de dólares de inversión extranjera en México, pagaremos por concepto de utilidades de la inversión extranjera casi 4 mil millones de dólares, dependiendo de cuál es la utilidad de esa inversión.
Por tanto, estimadas compañeras y compañeros legisladores y lo decimos con todo respeto a su investidura, no son instituciones de beneficencia pública las transnacionales que vienen a invertir en México en bolsa de valores y no podemos por tanto decir que se está transfiriendo ahorro del exterior a México, porque al mismo tiempo nosotros estamos transfiriendo al exterior casi 14 mil millones de dólares por concepto de servicio de la deuda externa y además no solamente estamos transfiriendo 14 mil millones de dólares por concepto de servicio de la deuda externa, sino estamos transfiriendo varios miles de millones de dólares por concepto de utilidades de la inversión extranjera directa instalada en México.
Esto representa descapitalización. Que se oculte con una masiva entrada de capital extranjero, es algo completamente distinto.
Vamos a otra cuestión. Hay un argumento que aparece hoy en todos los periódicos, donde se afirma: "Cancela México deuda externa por 7 mil millones de dólares". Sólo señalo este periódico, pero en todos está señalada esta cuestión y se presenta un escenario optimista de que la deuda externa ha disminuido en el 8.9% la del sector público. De tal manera que pasamos de poco más de 80 mil millones de dólares a 73 mil millones de dólares.
Pero ¿que está pasando en términos reales?
Miren, estimados compañeras y compañeros diputados, sin nos apoyamos en información del Instituto de Finanzas Internacionales, vamos a encontrar un hecho verdaderamente sorprendente: ¡que es la privatización de la deuda externa de México, pero a niveles sostenidamente elevados¡
¿Qué significa esto? El gobierno ha vendido bancos, que eran patrimonio de la nación y junto con la venta de bancos hay un reciclaje de fondos en que ingresan a las arcas del gobierno más de 25 billones de pesos por concepto de venta de bancos, esto le permite reabsorber, con la venta de bancos y otras empresas, parte de la deuda pública, tanto la interna como la externa, pero al mismo tiempo privatiza deudas de la banca, que cuando era banca estatal era deuda pública que podía ser considerada como tal. Mientras que al transferirse la banca del sector público al sector privado, esa banca privada no solamente absorbe por tanto la deuda externa que ya tenía, sino contrata nueva deuda, dándose el absurdo de bancos mexicanos que para ser postores en la compra de bancos que anteriormente eran estatales, contratan deuda externa, reciben crédito externo y con ese crédito externo compran al gobierno mexicano esos bancos .
¿Cuál es el resultado de toda esta, que quizá puede parecerles a ustedes larga y farragosa explicación técnica? Algo sorprendente, hasta el día de antier, hasta el día de anteayer, la deuda total de México era de orden de 122 mil 751 millones de dólares, de la cual 80 mil, poco más de 80 mil millones de dólares eran deuda pública, deuda del Estado mexicano y, casi 42 mil millones de dólares era deuda privada.
De tal forma que tenemos un comportamiento en donde en 1989 la deuda total de México, pública y privada, era de 97 mil 600 millones de dólares y en 1992 se calcula que a finales de este año, de no haber sido por esta renegociación, la deuda total de México hubiera sido
de 122 mil 751 millones de dólares. Concedamos que ha habido una reducción de la deuda pública por esta renegociación reciente. Pero todavía, aun considerando de que la deuda pública bajó 7 mil 171 millones de dólares, la deuda total de México, por la que nosotros los mexicanos pagamos, sea gobierno o sean empresas, van a ser a finales de 1992, de 115 mil 500 millones de dólares. Por tanto, apenas habrá una reducción de 1 mil millones de dólares, respecto al nivel que tenía la deuda en 1990.
Hay pues aquí una incongruencia en presentar con bombo y platillo los grandiosos logros macroeconómicos del gobierno mexicano, por concepto de reducción de deuda y se está ocultando:
Uno. La venta de empresas públicas, como medio para cambiar deuda por capital.
Dos. Se está ocultando que mientras se reduce un poco la deuda del sector público, se está incrementando de manera muy seria la deuda del sector privado y,
Tres. Se está ocultando que México es una sola nación y esta nación, sea del sector público o sea del sector privado, está pagando anualmente un servicio de la deuda externa del orden de más de 14 mil millones de dólares.
¿En cuánto se va reducir, por ejemplo, el servicio de la deuda con esta renegociación? No con mucho. Una nota aparecida el día de hoy en El Financiero, establece que la reducción de los intereses que México paga, el sector público paga, por la deuda externa, apenas en 400 millones de dólares.
Nosotros nos preguntamos: ¿Con esas acciones que el gobierno mexicano vendió de Teléfonos de México, cuántos ingresos hubiera obtenido el gobierno mexicano solamente por la utilidad accionaria que están generando esos activos?
Lo mismo preguntaríamos: se habla con bombo y platillo de las grandes ganancias por la privatización de empresas paraestatales, pero muchas de esas empresas y me refiero a los bancos, eran empresas altamente rentables, que generaban ganancias que ingresaban al propio sector público. En ese sentido, reabsorber deuda, disminuir intereses en 400 millones de dólares, cuando el nivel global de servicio de la deuda de la nación sigue siendo de 14 mil millones de dólares, no representa evidentemente un elemento para gritar de júbilo.
Seguimos en un escenario macroeconómico y esto fundamenta la propuesta de punto de acuerdo que presentamos a su consideración. Seguimos en un escenario macroeconómico altamente religioso. Sabemos de antemano lo que van a contestar funcionarios. Conocemos también los criterios de diputados del partido mayoritario en esta Cámara, en el sentido de afirmar que no debemos preocuparnos, que tenemos reservas de 16 mil millones de dólares y que el entorno es estable y calmado. ¡No coincidimos con esta interpretación¡
Los datos ahí están: Déficit de 13 mil millones de dólares, que en este año puede ser de 18 mil millones de dólares. Dependencia, casi diríamos adición a una transferencia de capitales a la Bolsa de Valores y un círculo vicioso grave que no se quiere reconocer, que por cada dólar invertido tenemos que pagar utilidades de ese dólar invertido y que cada vez necesitamos más inversión extranjera para cubrir, no solamente el déficit de la balanza en cuenta corriente, sino para cubrir las utilidades que se van al extranjero y para cubrir el servicio de la deuda externa, en una dinámica en la cual, si este año necesitamos 20 mil millones de dólares de inversión extranjera, el año que entra necesitaremos 25 mil y en 1994 necesitaremos 30 mil millones de dólares en una situación de nunca acabar. Me dirán, pero pueden llegar 100 mil, claro, si se vende Petróleos Mexicanos, si se vende Ferrocarriles y si se vende Comisión Federal de Electricidad pueden llegar 20, 30 ó 40 mil millones de dólares, pero eso es cambiar deuda por inversión y dilapidar un patrimonio nacional construido durante más de 50 años de esfuerzo de los mexicanos, por una situación momentánea .
Un asunto más por le que quisiera llamar su atención; desde hace años el Partido de la Revolución Democrática sostuvo que la deuda externa debería ser renegociada de manera global y en su totalidad y que debiera ser renegociada sobre la base de la corresponsabilidad entre deudores y acreedores. Alguien, allá por 1989, nos dijo utópicos y ¿qué pasó después en Polonia y después en Egipto? Que hubo una radical reducción del principal, léase de la deuda que es reconocida por los bancos como tal y una reducción de la tasa de interés y a egipcios y polacos hubo reducciones en algunos casos de hasta el 70% y el 80% del total de la deuda histórica acumulada por egipcios y polacos. ¿Por qué? Porque si una nación ha pagado más del 120% de total de la deuda acumulada es obvio que los bancos tienen reservas para cubrir ese diferencial. Si México tenía 82 mil millones de dólares de deuda en 1982 y tenía 104 mil millones
de dólares de deuda en 1991, habiendo pagado un servicio de más de 120 mil millones de dólares por concepto de servicios a la deuda externa es obvio que esa deuda ya está pagada, porque hemos transferido al exterior activos mexicanos por concepto de más de 120 mil millones de dólares y si la Secretaría de Hacienda compró deuda que valía 7 mil millones de dólares con una inversión de 4 mil, significa que los bancos están perfectamente en posibilidad de hacer con México, si hubiera voluntad política y verdaderamente deseo de un nuevo orden económico internacional, de hacer reducción radical del principal y establecer un nivel del principal radicalmente distinto al actual, quizá al 40%, al 30% o al 45% del nivel global actual y no sólo eso, sino establecer una tasa de interés sustancialmente inferior a la que tenemos en este momento.
Por ello es que ratificamos, no solamente como dice la propuesta de punto de acuerdo, la necesidad de estudiar la situación económica del país y de las finanzas públicas; ratificamos un elemento más, que esta Cámara en base a ese análisis debe hacer propuestas patrióticas nacionalistas que defiendan los intereses del conjunto de la nación y en donde aceptando la gravedad de la situación económica pero siendo positivo, buscando que esta situación no se agrave, sino por el contrario que se resuelvan los graves problemas económicos de México, esta Cámara formule propuesta en positivo de reformas económicas sustanciales que defiendan independencia y soberanía y sean sometidas al Ejecutivo para a tiempo establecer los correctivos necesarios que permitan fortalecer la integridad de la República. Muchas gracias, señores.(Aplausos.)
El Presidente: -Para el mismo asunto, está registrado el diputado Rodolfo Becerril Straffon, quien tiene la palabra.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Con su permiso, señor Presidente.
De entrada y en primer lugar, me parece conveniente señalar que en la propuesta hecha por la diputada María Clara Mejía y el diputado Jorge Calderón, en el sentido de crear un grupo pluripartidista para analizar la política económica durante la última década, no tiene sentido; no tiene sentido, porque en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, una de nuestras tareas de todos los días es justamente el análisis de la política económica; sería pues, una instancia redundante que en nada aliviaría para resolver las inquietudes válidas de nuestros compañeros diputados.
En segundo lugar habría que recordar una frase de un economista clásico: Stewart Mill, quien señalaba que quien sabe sólo economía, sabe poca economía.
El problema económico nacional, no puede verse sólo con radiografías parciales del comportamiento de la cuenta corriente o el comportamiento de la balanza comercial o el índice de precios, sino que tenemos qué ver estos indicadores en una perspectiva muchísimo más amplia.
Aquí habría que recordar cuál era la situación que prevalecía en el aspecto económico nacional hace tres años y ya lo hemos dicho, lloviendo sobre mojado con insistencia en esta tribuna: una inflación que rebasaba el 200%, unas finanzas públicas con altos déficits que imposibilitaba al gobierno para tener márgenes de maniobra y conducir adecuadamente la política económica; un decrecimiento del producto nacional; un deterioro alarmante del nivel de salario.
Para sólo citar los aspectos más globales de cuál era la situación económica hace tres años. Estos aspectos han sido salvados significativamente y el reconocimiento de la modificación de la circunstancias actuales no es sólo una versión de la diputación mayoritaria.
Sirios y troyanos, hasta el propio diputado Calderón, reconocen que en efecto han habido algunas modificaciones en el rumbo de los indicadores macroeconómicos; lo que sucede es que quisiésemos que estos indicadores se modificaran radical y brutalmente tan solo señalando las partes endebles de una economía que tiene, repito, dije aquí alguna vez, memoria colonial y que arrastra rezagos en lo social que lastima la conciencia y las imágenes de todos nosotros.
Sin duda que el verdadero rostro de nuestra opresión, es social; la gran esclavitud de países como el nuestro, la que hace difícilmente tolerable para millones de personas la vida; la que abroga su libertad y su albedrío, es la pobreza, pero ésta no puede erradicarse, sólo mediante el manejo de una crítica a una política económica, sino que puede aliviarse en la medida en que logremos establecer un esquema de política económica en el que se conjugan muchas variables para obtener los propósitos esenciales de cualquier proyecto de política económica en el mundo.
Primero, estabilidad; segundo, crecimiento sostenido del producto y, tercero, una irradiación del mismo, de manera gradual entre las distintas capas de la población.
Aquí se han señalado 10 puntos del porqué la política económica es ineficiente; se ha dicho que es ineficiente desde el punto de vista del financiamiento; falso. Si algo ha caracterizado a la política económica de los últimos años, es que las fuentes del financiamiento del desarrollo son hoy más sanas en su estructura, que hace tres años; se a dicho que el combate a la inflación es insuficiente, estaríamos de acuerdo porque todos quisiésemos que el crecimiento del precio no lastímase el poder adquisitivo del salario.
Sin embargo, si pensamos en una inflación de 200% y la comparamos con la cercana a un dígito que hoy tenemos, no podemos hablar de ineficiencia del combate a la inflación.
Se ha dicho que ha sido ineficiente para combatir la pobreza. Hoy más del 50% del presupuesto federal se dedica a programas de carácter social y aquí se ha hablado de que se ha estado privatizando la deuda externa, pero no se ha hablado que con la reducción de los montos de deuda externa, la reducción de las tasas de interés y las finanzas públicas más saneadas, es como ha sido posible combatir justamente la pobreza y llevar a cabo un programa de largo aliento, en donde el porcentaje del presupuesto destinado a vivienda, alimentación e infraestructura básica, no tiene hoy parangón en la historia económica de los últimos 10 años.
Se ha dicho que la política económica es inestable en términos de nuestra paridad cambiaria. Hoy como nunca el nivel de la reservas monetarias del Banco de México, supera con creces los niveles que recomiendan los organismos internacionales. En el supuesto y apocalíptico hecho de que de pronto hubiese un gran fuga de dólares, el nivel de reservas que tenemos nos permitiría manejar adecuadamente la política monetaria, entre otros muchos factores, para poder controlar cualquier mal deseo de alguna persona.
Se ha dicho que los ingresos públicos son ineficientes. Falso. Hoy día no solamente no tenemos déficit, tenemos unas finanzas públicas en relativo equilibrio y la composición del ingreso público es totalmente distinta a la que prevalecía hace tres años. Hoy los ingresos vía la reforma fiscal, que proviene del capital, han crecido en mayor proporción que aquellos que proviene del trabajo y en cualquier tratado fiscal se habla de sanidad, en la medida en que existe equidad en la reforma en que el sector público obtiene sus recursos.
A veces pereciera que si tuviéramos todos los defectos que nos achacan, todas las deficiencias que nos señalan, nos apoyarían. Yo creo que es bastante flagrante el éxito global de la política económica. Nadie desconoce que hay focos rojos, en toda economía hay siempre factores que es necesario corregir. Aquí en particular se ha hecho referencia, primero a la cuestión de la cuenta corriente. Se nos ha dicho que de las importaciones que hace el país, un porcentaje importante son bienes intermedios; esto es, insumo que requiere la planta nacional para el proceso de desarrollo. Lo que no se ha dicho es que el dinamismo en el crecimiento de los bienes de capital, es hoy mayor que el de los bienes intermedios o el de los propios bienes de consumo. Ciertamente todavía estamos importando una cantidad importante de bienes de consumo y de bienes intermedios, pero el dinamismo que ha adquirido la importación de bienes de capital en los últimos tres años, nos está señalando con toda puntualidad, de las modificaciones estructurales que está sufriendo la economía mexicana.
Para sólo citar, a guisa de ejemplo, unas cuantas cifras, en el informe que fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con relación al comportamiento de la economía durante el último trimestre, tenemos que el crecimiento de los bienes intermedios en ese trimestre, fue de 19.8%; el de capital, que es lo que estoy señalando, de 34.8% y el de bienes de consumo, de 17%.
Se ha hecho referencia al problema de la deuda externa. Los propósitos de deuda externa, de la política de deuda externa, señalados en el Plan Nacional de Desarrollo, han sido cubiertos, no diría yo que a satisfacción, pero han sido cubiertos en congruencia con el resto del comportamiento de la actividad económica.
Se ha dicho que se trataba de reducir los plazos de pago; se ha logrado. Se ha dicho que se trataba de reducir los montos del endeudamiento; se han logrado. No hay que olvidar que el fondo de contingencia que se creó para captar los recursos de la venta de varias empresas estatales, tal como lo aprobó esta soberanía, se iba a destinar fundamentalmente a reducir la deuda interna, lo que ha permitido una disminución muy importante y significativa de las tasas de interés, pero en la aprobación que este Congreso hizo para el manejo del fondo de contingencia, también se señaló que eventualmente se podría
destinar a una disminución de los montos globales de la deuda externa.
Lo cierto es que la disminución de la deuda externa no tiene parangón en la historia económica del país. La política económica de estos últimos años ha sido consistente, ha sido congruente, no se ha limitado sólo al manejo de variables macroeconómicas; tiene en cuenta la historia económica del país, tiene en cuenta el carácter rector del desarrollo del Estado, tiene en cuenta las ingentes necesidades sociales de nuestra población.
Los salarios hoy, si bien no de manera general, en la rama manufacturera empiezan ya a mostrar un repunte, como la economía toda, que ha crecido por tercer año consecutivo a ritmos superiores al crecimiento de la población.
Repito lo que he dicho en otras ocasiones: quisiésemos que el carromato de la historia transitase a una mayor velocidad, pero a veces el conducto, cuando encuentra curvas o caminos muy sinuosos, tiene con frecuencia que detener el paso para no salirse de la curva. En los últimos años no solamente permanecemos en el rumbo, en la carretera y en el sendero del gran proyecto nacional, sino que hemos logrado en los últimos meses, ir metiéndole el pie al acelerador para recuperar el ritmo de crecimiento de la economía.
Por tal razón consideramos, reitero, que no tiene sentido el punto de acuerdo propuesto y proponemos los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de esta Legislatura, considerando que han sido consistentes los esfuerzos del gobierno federal, a partir del Plan Nacional de Desarrollo, por implementar una política económica que promueva la modernización de la economía, que la economía mexicana se mueve hoy entre parámetros de mayor estabilidad, que ha habido un mejoramiento sustancial de las finanzas públicas que ha permitido un mayor margen de maniobra para actuar sobre las variables macroeconómicas y que ha habido un crecimiento sostenido del producto interno bruto, a lo largo de los tres años de esta administración, declaramos:
Primero. Se reconocen los esfuerzos del gobierno mexicano para reordenar la economía y propiciar un crecimiento sostenido en nuestro país.
Segundo. Se respaldan los esfuerzos de la renegociación y el manejo de la deuda externa, en especial y la reducción de su peso dentro del producto interno bruto, con medidas como las que se dieron a conocer ayer, específicamente la recompra de la deuda externa por 7 mil 171 millones de dólares. Este hecho no afecta el nivel de las reservas monetarias y permitirá, junto con el resto de las medidas de política económica, continuar alcanzando las metas que se propuso el gobierno actual desde su inicio.
Firman: un servidor, el diputado Javier Garduño, Jorge Flores Solano, Enrique Jacob y Eloy Cantú.
Dejo este documento en poder de la Secretaría. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - En virtud de que se han presentado dos propuestas a la consideración de este pleno, respecto a la política económica del gobierno, ambas fundamentadas en el artículo 58 del reglamento y de que hay varios oradores inscrito previamente, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si la discusión sobre las mismas propuestas se llevan a cabo a los oradores que han sido registrados previamente por las fracciones parlamentarias y, concluidas éstas voten en el orden que fueron presentadas.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos, antes.
El Presidente: - Tenemos anotado para rectificar hechos al diputado Juan Campos Vega. Si me permite un segundo, vamos a proceder.
El secretario José Marco Antonio Olvera Acevedo: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si la discusión sobre las dos propuestas se lleva a cabo con los oradores previamente registrados por las fracciones parlamentarias y concluidas las intervenciones, se voten en el orden en que fueron presentadas las propuestas.
En votación económica se pregunta a los señores diputados, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario de Partido Popular Socialista, considera que éste es un tema de gran
trascendencia, no sólo para el presente, sino sobre todo para el futuro de nuestra patria.
Hemos escuchado ya los argumentos vertidos a nombre de nuestro grupo por la compañera María Clara Mejía y un conjunto de afirmaciones valiosas e importantes que ha hecho el diputado Jorge Calderón, las cuales no han tenido respuesta en esta tribuna.
Un primer problema fundamental, especial, es el que se refiere al papel que tienen las inversiones extranjeras en cualquier lugar del mundo y decía con justa razón el compañero Calderón, no son hermanas de la caridad, vienen a buscar mejores tasas de ganancia que las que pudieran obtener en su país de origen o en otras regiones del mundo. Quiero con esto decir, que necesariamente vienen a ganar más y a saquear nuestra economía. No hay otra opción. Nunca la inversión extranjera ha servido para apuntalar el desarrollo económica dependiente de ninguna nación; nunca la inversión extranjera ha servido para que la nueva tecnología se transmita al país al que van a saquear. Vienen fundamentalmente a aprovechar materias primas y mano de obra barata. Ese es el hecho concreto fundamental.
Y el problema, es que parece que este tema, tan importante, pasó desapercibido para el orador que me antecedió en el uso de la palabra.
Nos habla de indicadores, de indicadores que sí reflejan los resultados de una política previamente programada, pero no nos dice la perspectiva de esta política económica.
¡Hay saneamiento de las finanzas públicas¡ Sí hay. ¿en base a qué obtuvo recursos el Estado mexicano, el gobierno mexicano? Lo han dicho ellos, en base a la venta de empresas estatales: de 1 mil 155 empresas que había en 1982, les quedan 200.
¿Qué van ha hacer cuando se les acaben las empresas estatales que están vendiendo¿ ¿Van a hacerle caso a Milton Friedman y a sus secuaces nacionales para vender Petróleos Mexicanos ¿A eso obedece la campaña en muchos órganos de prensa nacional para desprestigiar a petróleos Mexicanos? ¿Eso es parte del proyecto¿ Vender la empresa fundamental para la economía nacional y no sólo en perspectiva de nuestra independencia económica, sino en perspectiva de los hechos concretos diarios del financiamiento público. El aporte de Petróleos Mexicanos es sustancial, es fundamental para la economía mexicana.
Nos dice el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que ya se empieza a ver un repunte en los salarios de los obreros mexicanos, en una de las ramas de la economía, pero no nos dice que durante 15 años ha disminuido casi el 50% el porcentaje de los recursos que se generan en el producto interno bruto destinado a los obreros, que en 1976 ellos tenían el 40% y que ahora apenas si llegan al 23% de lo que se generan en el producto interno bruto. Nos quieren manejar las cifras, para hacernos creer que en algunos aspectos se está avanzando en la economía nacional, cuando es esencia se está entregando la independencia, se está entregando la soberanía y no se esta resolviendo el problema del bienestar popular, porque el bienestar popular no se mejora con obras de caridad, no se mejora con el Programa Nacional de Solidaridad, que representa una parte pequeña de lo que se obtuvo por la venta de empresas estatales.
Eso se logra distribuyendo de una manera menos injusta la riqueza nacional y este gobierno y el anterior, no sólo no han sido capaces, sino que han sido profundizando este problema en contra de los intereses populares de nuestra patria.
Pero hay problemas de fondo que se han planteado aquí. Hay un proceso que tiene qué ver con la industrialización de nuestro país y se está viendo con claridad la tendencia a convertir a México en un país maquilador, en un país cada vez más dependiente de la economía norteamericana y se dice: no pasa nada, no hay ningún problema, las cosas marchan bien, hay que apoyar esta política económica del gobierno federal, porque satisface los intereses nacionales y populares.
Yo sinceramente, compañeras y compañeros diputados, creo que el hecho de que haya ciertos indicadores que reflejen el cumplimiento de una política económica, no representa de ninguna manera, ni la defensa de la independencia nacional, ni el rescate de nuestra soberanía, ni el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Jorge Calderón Salazar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - con su venia, señor Presidente; estimadas compañeras y compañeros legisladores:
La economía nace como una ciencia indisolublemente ligada a la política y a los grandes cambios
estructurales. Adam Smimth y David Ricardo, fueron en su época revolucionarios, en el sentido de defensores de una radical transformación del orden feudal establecido y en nuestro país Narciso Bassols y don Jesús Silva Herzog, son muestras de congruencia entre postulados de transformación económicas y una radical, objetivo de lucha democrática.
En las condiciones del debate económico actual no podemos disociar la crítica a un modelo de desarrollo que concentre el ingreso, que desmantele empresas paraestatales que afecta gravemente la soberanía y la independencia nacional, con la necesidad de un cambio democrático, con el respeto al voto de los ciudadanos mexicanos y en donde, efectivamente puede la nación y la ciudadanía, decidir el rumbo de la República al nivel federal, a nivel de entidades federativas y a nivel de los municipios.
Efectivamente la inflación a disminuido, pero a disminuido en una situación en la cual los salarios de los trabajadores siguen siendo 65% más bajos de los que eran hace 10 años. ¿De qué sirve bajar la inflación del 160% al 15%; 18% ó 12%, supongamos, cuando la miseria es creciente, cuanto cada familia mexicana, cada niño que vive en esas condiciones infrahumanas en las que sobreviven más de 45 millones, cada niño vive en condiciones críticas y cuando los niveles de salud, de alimentación y de nutrición, han sido gravemente disminuidos después de una década pérdida.
¿Por qué podemos elogiarnos o autoelogiarnos o elogiar al gobierno por bajar la inflación al 12%, cuando tenemos casi 10 millones de mexicanos que, según los datos del último censo, carecen de empleo fijo y permanente? No podemos, evidentemente, vanagloriarnos de este tipo de realidades.
¿De qué sirve tener un superávit, sí señoras y señores, de qué sirve tener un superávit de finanzas públicas, cuando hay gigantescas carencias sociales que no están siendo resueltas? Tener superávit cuando hay enormes problemas sociales, significa quitar a la sociedad, vía impuestos- ingresos y no regresárselo a través de servicios.
Y que nos digan, que no nos digan, que hoy se gasta más en términos sociales, si nosotros incorporamos evidentemente al gasto social, sueldos y salarios, de todas las secretarías de Estado, que algo tiene qué ver con asuntos sociales, evidentemente la cifra se hace una cifra astronómica.
Pero si calculamos, señores diputadas y diputados, con el gasto social con las mismas metodologías que se han calculado durante muchos años, resulta que todavía en una serie de rubros muy importantes al gasto social por habitante en este país, en 1992, sigue abajo del que teníamos hace 10 años y lo sostenemos con cifras si nos dan oportunidad en otro momento, de entrar a un análisis técnico. Que no nos digan que con la venta de empresas paraestatales se está dando de comer a los 17 millones de mexicanos que están en pobreza crítica.
Lo que México necesita es dignidad para sus trabajadores; que cada hombre y cada mujer en edad de trabajar tenga un empleo digno y justo; bien remunerado; el orgullo de ir a trabajar y salir del trabajo con su propio ingreso, no con limosnas gubernamentales.
No aceptamos, por tanto, esta apología que se hace de un estado dadivoso, pronasolista, cuando lo que México requiere son empleos, ingreso, dignidad, justicia y democracia. Eso es lo que está en juego en el modelo económico y efectivamente tampoco podemos vanagloriarnos con un comportamiento de la inversión extranjera que si sigue así como está, nos puede llevar a tener 100 millones, 150 mil millones de inversión extranjera, que en los hechos nos convierte en otra estrella más de esa infausta bandera de los Estados Unidos.
No coincidimos evidentemente con esto. Queremos un proyecto nacional propio; queremos respeto de los Estados Unidos; queremos convivir de manera armónica; respetuosa y en base al derecho internacional, con Estados Unidos; con Canadá y con todos los países del mundo; queremos un tratado de comercio y desarrollo que establezca en condiciones diferentes al que está siendo negociado vía fast track, en este momento.
Y sí queremos inversión extranjera, pero tecnología, con transferencia real de acervos tecnológicos y en condiciones de equidad, de respeto mutuo y de respeto a la soberanía. Que no es el caso de esa inversión en bolsa de valores.
Finalmente, para concluir, deseamos un entorno macroeconómico estable y justo; no queremos que se modifique esta precaria estabilidad que al menos se está logrando. No queremos que súbitamente se vaya este capital y deje al país en una situación de ruinas.
Llamamos al gobierno, que nos escuchen, señores funcionarios y señores diputados de la mayoría. Llamamos al gobierno; llamamos al partido mayoritario de esta Cámara y la nación en su conjunto, a que de manera consensada con diálogo, con concentración discutamos las mejores medidas para evitar una nueva crisis y un nuevo crack económico en México y busquemos las mejores soluciones en defensa de la soberanía, la independencia y el bienestar de los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para el tema de política económica del gobierno federal, el diputado Rafael Fernández Tomás.
El diputado Rafael Fernández Tomás: -Con su permiso, señor Presidente; estimados compañeras y compañeros diputados:
Después de analizar los 10 puntos que dieron base a la presentación por parte del Partido Popular Socialista, del punto de acuerdo que propusieron, nosotros consideramos que por las razones expresadas por el diputado Becerril Straffon y por otras razones, estos 10 puntos presentados por el Partido Popular Socialista, son insuficientes para descalificar la política del gobierno mexicano en materia económica.
Por lo tanto, la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, va a votar en contra del punto de acuerdo.
Quiero antes de leer un documento que para este importante debate ha preparado nuestro partido, comentar ante todos los compañeros y compañeras diputados, algunas observaciones sobre intervenciones de otros compañeros que se hicieron recientemente.
Dice el compañero Jorge Calderón y en ese sentido yo tengo que reconocerlo con él, que ojalá en México y en el mundo hubiese condiciones para un proceso democrático y popular que permitiese que se evitase la concentración del capital en unas cuantas manos en el país y en unas cuantas manos, en el extranjero. Ojalá hubiera las condiciones favorables para hacerlo.
Pero todos coincidimos aquí en el mundo que nos tocó vivir a nosotros en 1992, en un mundo total diferente al de hace tan sólo 10 años. Estamos viviendo un mundo tremendamente cambiante.
¡Señor Presidente! Quisiera pedirle que por favor haga una moción a los compañeros diputados, para poder continuar con esta intervención.
El Presidente: - Con mucho gusto.
Compañeros diputados: Se les suplica guarden orden y las personas que se encuentran en los pasillos, si son tan gentiles de buscar un lugar en donde poder estar y en silencio, para que el orador pueda continuar. Continúe, señor diputado.
El diputado Rafael Fernández Tomás: -Y compañeras diputadas y diputados, cuando un orador plantea esto desde aquí, lo hace con razón; cual quiera lo haría. A la mejor los argumentos que expresamos no son los más correctos o los más claros para muchos, pero son los nuestros y tienen tanta validez, como el de cualquiera. Por esa razón yo suplico a los compañeros que no tengamos que pedirle al Presidente, no yo, sino en general los oradores, que se haga una moción en este sentido.
Yo decía que ojalá que se pudiera dar en ese marco mundial ese proceso democrático y popular; pero ha habido un cambio mundial y nacional, que no podemos nosotros evadir, no podemos ignorar. Hay focos, actualmente hay focos, compañero Calderón, no lo tomo como una alusión personal con usted pero hay focos rojos que tiene el Partido de la Revolución Democrática y hay focos rojos que tenemos nosotros y les podría decir que hay focos rojos que tienen todos los partidos y que hay un focote rojo que debe tener el propio Presidente de la República en este país, ante los problemas tan complejos que se están dando en este momento en México.
Nos tocó vivir, para bien o para mal, nos tocó vivir un momento en que el capitalismo salvaje es la única fuerza que se está dando a nivel mundial. No hay otro elemento, lo teníamos hace unos años; ahora no tenemos un elemento de equilibrio en ese sentido; qué más quisiéramos tenerlo, pero no lo tenemos.
No son casualidad todos los ataques a Petróleos Mexicanos que acaban de desatar los grandes representantes del imperio norteamericano, no son casualidad; no es casualidad que haya venido Milton Friedman y haya declarado que hay que reprivatizar Petróleos Mexicanos; no es casualidad que anteayer el New York Times plantee que hay que reprivatizar Petróleos Mexicanos y no es casualidad que los agentes nacionales, como Ricardo Daguer Nahum, presidente nacional de la Cámara Nacional de Comercio, empleado de esas empresas norteamericanas y de esos intereses norteamericanos, plantee que hay que reprivatizar Petróleos Mexicanos.
¡Aquí defenderíamos en la tribuna y en las calles mucho, cualquier intento de reprivatizar Petróleos Mexicanos!
Se decía hace un momento que no es sano el desarrollo de un país sobre la inversión extranjera y creo que tiene razón en una parte cuando se plantea eso; pero quiero decir con toda sinceridad, que hoy en el mundo todos los países, los países de Asia, los países africanos, los países europeos y los países de América Latina, todos estamos luchando por la inversión extranjera ante la falta de un ahorro interno que permita suplir a la inversión extranjera por el crecimiento nacional con el ahorro interno. No lo tenemos.
¿Cómo se fueron generando esos 250 mil millones de dólares que hay en el extranjero, que es la famosa inversión que todos los países estamos peleando?
Yo vengo de una provincia pequeñita del norte de España, de ahí vienen mis padres. Una provincia socialista que luchó hasta el final en muchos años y esa región se está yendo ahora a pique, justamente porque no tiene la inversión extranjera.
El problema de la inversión extranjera la están plantando los gobiernos de toda América Latina y la mayor parte de los países del mundo ¿y cómo se fue generando esa inversión extranjera? Permítame también hacernos marco de la historia.
¿Quién recuerda que de 1900 a 1972 el capitalismo mundial generó esa inversión extranjera a base fundamentalmente de tener un desarrollo, un desarrollo y mantener durante 72 años el precio del petróleo en un dólar? De 1900 a 1972 el precio del petróleo para los americanos, los ingleses y los franceses, fue de un dólar; 72 años. Así generaron la riqueza esos países.
Y hasta 1972 un joven coronel, de 28 años, se atrevió a "ponerle el cascabel al gato" y le subió un tostón el precio del petróleo y, de ahí se vino para adelante todo y ese joven coronel de 28 años fue el coronel Kadafi, ¿si¿ y, Kadafi fue el primero que le aumentó un tostón, después de 72 años, al precio del petróleo.
¡Claro, todos esos excedentes, entre otra cosas que se generaron, ahora harían falta a los países que generamos la riqueza en ese tiempo y no lo tenemos¡ Es decir, quisiéramos un mundo diferente, quisiéramos una situación diferente, no la tenemos y hay que enfrentarla en nuevas condiciones.
Por eso nosotros valoramos el esfuerzo que está haciendo el gobierno mexicano y lo decimos con toda claridad. hay un esfuerzo nacional en el país para mejorar las condiciones en lo económico, que ya quisieran muchos países de América Latina y eso hay que decirlo con claridad. ¿Brasil, Argentina , Venezuela, Perú no quisieran tener muchos elementos como los nuestros? ¿No quisieran tener una reestructuración de la deuda externa como la que tuvimos?
¿Por poco que sea, 400 mil dólares al año, es 1 billón de pesos que de algo ha de servir? ¡Y bajar, bajar el producto interno bruto del 88% que estaba en 1988, bajar el costo de la deuda interna del 88% al 29%, permítame decirlo que lo vemos nosotros como un gran esfuerzo del gobierno mexicano y sin ningún embague lo decimos aquí!
Porque ayer leíamos que los países como Estados Unidos, Japón, España, Francia, tienen normalmente 59% del producto que tienen lo es... de la deuda interna es produc... es la parte del producto interno bruto. Es decir, su deuda interna está sobre el 50, el 59% del producto interno bruto. ¡Y nosotros lo bajamos¡ ¿Por qué debemos desconocer la cosas que se hacen bien?
Voy a dar lectura al documento sobre política económica que preparó el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
La realidad económica se construye y se define desde la política. Han bastado algunas declaraciones presidenciales y de miembro del gabinete económico para que de pronto una serie de limitaciones, contradicciones y repercusiones indeseadas de la estrategia económica, fueran reconocidas y elevadas al rango de preocupaciones nacionales sobre el destino económico de la nación.
Sin duda, ésta puede ser una buena ocasión para discutir con más profundidad la política económica. En ese sentido valoramos la propuesta de que hoy se debata este tema. Pero también existe siempre el riesgo de que se convierta en un mero festín para la polémica y eluda la comprensión de las transformaciones de la economía nacional y sus limitaciones y contradicciones.
Es lo que ha pasado recientemente con algunos indicadores, como el déficit en cuenta corriente y las características de la inversión extranjera.
Nuestro partido, a diferencia de otros que apenas lo descubren, identificó éstos como
problemas correlativos a la estrategia económica y tensiones concurrentes en los equilibrios macroeconómicos, pero sólo a condiciones de integrarlos en una comprensión global de la estrategia gubernamental y no en problemas coyunturales, propicios a la denuncia.
En una estrategia económica, tanto los objetivos como los lineamientos o los programas de acción, se definen a partir de un diagnóstico, que no es una fotografía, sino una interpretación, razón por lo cual en la política económica la definición de las áreas y tareas prioritarias está sujeta a discusión.
La realidad sobre la que actúan los agentes económicos y principalmente el gobierno, siempre resultan los regímenes democrático de la concentración del consenso. Sin embargo, en México esto todavía está en ciernes.
Desde el inicio de su gestión, el presidente Salinas de Gortari anunció una estrategia que centraba en la estabilidad macroeconómica y en la reforma del estado, las condiciones para el crecimiento sano y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población.
En el Tercer Informe de Gobierno encontramos ya el anuncio enfático de la estabilidad y avance de la reforma económica. Las cifras señaladas son más que evidentes: un crecimiento del producto interno bruto de cerca del 5%; superávit en las finanzas públicas; reducciones en las deudas externas e interna; inflación cercana a la proyectada; reducciones en las tasas de interés; las más altas reservas de la historia; en fin, una evolución económica que puede indicar el crecimiento sano y sostenido.
Sectorialmente la economía creció en la agricultura, en manufactura y, sobre todo, en maquinaria y equipo y, si fuera poco, el crecimiento está basado en las exportaciones y en la inversión.
Estas razones de peso para afirmar que tanto la estabilidad como el crecimiento sano ya arribaron a la economía mexicana y que inclusive éstos implican cambios de estructura económica, con lo que puede presentarse un nuevo círculo virtuoso donde se retroalimenta la estabilidad y la reforma económica.
La magnitud de los cambios en el comportamiento económico puede apreciarse mejor si recordamos que hace sólo unos años el círculo perverso entre inflación, tasa de interés, tipo de cambio y deuda externa, dominaban en la economía y el futuro del desarrollo nacional.
Hoy, por el contrario, tanto la inflación, como el interés y el tipo de cambio se encuentran controlados y en una tendencia decreciente, lo que al combinarse con el ingreso de capitales y el control de la finanzas públicas, proporcionan la base para expectativas favorables en el futuro económico de la nación.
Nuestro partido ha señalado en reiteradas ocasiones que el manejo sobre las expectativas es una parte sustantiva de la estrategia económica. La intervención gubernamental para perfilar un horizonte de confianza y certidumbre, tanto en lo político, como en lo económico, se ha convertido en una de las preocupaciones centrales de la política gubernamental.
La creación gubernamental de las expectativas demanda dos procesos concomitantes: tanto la estabilización económica, como la creación de un entorno institucional, político, económico y social adecuado, para que los agentes económicos desplieguen un comportamiento racional, es decir, una actividad acorde a sus intereses y necesidades.
En esta visión, la estabilidad económica dependía sobre todo del déficit fiscal, por eso el control presupuestal, la ampliación de la base gravable y la reforma de la administración fiscal, aunado con las reducciones a las tasas impositivas y la venta de paraestatales, han permitido llegar a un superávit en las finanzas públicas, lo que a juicio de inversionistas nacionales y extranjeros constituye una condición lograda ya para el crecimiento sano y sostenido.
Sin duda, el control de las finanzas públicas ha sido un eje de la reordenación económica, tanto para la estabilidad como para la reforma del Estado, pues ha servido para redefinir su intervención social y rectoría económica. Un escenario similar puede trazarse para la inflación y el tipo de cambio en lo que se refiere a la estabilidad y sus correlatos reformadores, liberación comercial y desregulación económica. El éxito de la estrategia económica se encuentra tanto en los indicadores macroeconómicos de producción, comercio, finanzas y precios, como en la articulación virtuosa de los procesos estabilizadores, con los de la reforma estructural y de manera sucinta en un escenario de confianza y certidumbre en el futuro económico. Los indicadores más alentadores en esta dirección lo constituirán las reservas internacionales, el crecimiento de la inversión y el superávit en la cuenta de capital y en la balanza de pagos.
Sin negar o dejar de reconocer la importancia de los avances del programa económico
gubernamental, sí quisiéramos matizarlos o quizá tan sólo reubicarlos, redefinirlos en una perspectiva poco y un poco diferente. Desde el primer año de gobierno advertimos al peligroso desarrollo de déficit en nueva cuenta corriente, durante 1990 llegó a tales niveles que sólo con el inesperado crecimiento de los ingresos por hidrocarburos pudieron evitarse presiones del frente externo. En este año la estimación del déficit supera los cálculos precedentes y gracias al atinado manejo de los escenarios petroleros, pero sobre todo de las expectativas económicas, pueden atemperarse las lógicas perturbaciones sobre el tipo de cambio.
La tesis gubernamental de que estamos frente a un nuevo tipo de déficit que combina altas importaciones con crecimiento de las reservas, esto es, de un cambio estructural en la balanza de pagos, donde las importaciones privadas traen consigo sus propias formas de financiamiento y más que se compensan con la inversión extranjera y el regreso de capitales, sin ser falsa, es limitada.
En primer lugar la composición de las importaciones no ha cambiado sustantivamente; el problema recurrente del sector externo mexicano no radica en el consumo santuario de productos importados, sin dejar de reconocer el fetichismo de la norma estadounidense de consumo, sino en el alto coeficiente de importaciones y la dependencia o escasez crónica de divisas que éstos representan.
Antaño, el déficit se financiaba como endeudamiento creciente, principalmente del sector público; hoy, se dice, se financia con inversión extranjera, créditos privados y regreso de capitales. Esto es cierto, así lo indican los datos; sin embargo la interpretación oficial es limitada; primero porque elude las características del flujo de capitales al país y, segundo, porque reduce el margen de acción del Estado o más propiamente porque obliga a una táctica de negociación y de división de la política económica basada en la voluntad de los inversionistas, de los banqueros, de las instituciones y demás agentes económicos.
Las características de flujo de capitales al país son preocupantes, es cierto que han aumentado mucho, pero más lo es que el 80% sea inversión de cartera. Con este solo dato las cosas cambian, la inversión extranjera que se dirige a la bolsa no produce nada, no está financiando ningún proyecto productivo ni de largo plazo; sólo acude por las condiciones de un mercado de valores y de capitales altamente especulativo.
Esto no puede considerarse como un elemento estabilizador de la economía; si las expectativas favorables para la inversión que tanto trabajo y dinero han costado al gobierno se localizan en la bolsa, es que la estabilidad no está tan garantizada como los demás indicadores pareciera mostrar. Por el contrario, ¿qué economía puede precisarse de estabilidad y de lograr un crecimiento sano y sostenido, si su financiamiento depende de la inversión extranjera orientada a la especulación?
¿Cómo pretender convertir el déficit corriente en un elemento del crecimiento que se está financiando por capitales en un mercado muy volátil? ¿Cómo convertir esos capitales tránsfugas, en inversión directa?
Este es el reto de la política económica actual. En el mismo sentido habría que insistir en las preguntas sobre la orientación directa.
Sabemos muy bien que ha crecido, pero no se percibe igualmente su impacto en la producción; la transferencia tecnológica y la creación de empleos. Todas las ventajas de esta inversión quedarían veladas y solamente implica una transferencia de propiedad y no un complemento al ahorro interno y un estímulo a la capacidad productiva.
¿De qué servirán modificaciones a las leyes, estímulo fiscales y comerciales, si los extranjeros traen capitales para comprar lo que existe, o en el mejor de los casos en reponer partes gastadas?
Decíamos también que la tesis oficial es limitada, porque no dirige su atención a las implicaciones de una estrategia de financiamiento externo basado en el ingreso de capitales, principalmente al sector financiero especulativo, pues al estar basados en la ganancia fácil y el ser indispensables para la estabilidad de la moneda, exigen tantas condiciones que necesariamente se convierten en chantajistas potenciales del gobierno, en terminales implícitos de la política pública.
Sólo hay que imaginar las consecuencias de un retiro masivo de estos capitales, para que las reservas y toda la estrategia económica se ponga a temblar a pesar de los avances innegables en las variables macroeconómicas de estabilidad y de todas las modificaciones reglamentarias, organizativas y constitucionales, para crear el entorno adecuado a las expectativas.
Una economía que depende en su financiamiento de la voluntad de los inversionistas extranjeros,
no puede considerarse estable y en la senda del crecimiento.
El crecimiento sostenido demanda un esquema de financiamiento igualmente sano, a pesar de la reducción de la deuda externa y las tasas de interés y también de los cambios institucionales en los intermediarios financieros; la especulación todavía es una puesta dominante en los círculos monetarios y en las determinantes de inversión.
Es necesario incorporar a la política fiscal y monetaria instrumentos específicos de combate a la especulación.
Nuestra fracción ya ha propuesto en ocasiones anteriores algunos de ellos, como los impuestos a las operaciones bursátiles, controles administrativos y regulaciones indirectas, pero la política gubernamental todavía considera la especulación como un acompañante necesario, en vez de una limitación indeseable de la estrategia económica.
Quizá el aspecto más preocupante de la estrategia gubernamental sea el relativo al nivel de vida.
Todos los avances y éxitos macroeconómicos se reactivan cuando el nivel de la mayoría de la población sigue sin recuperarse.
A pesar de los indicadores prometedores de los salarios manufactureros y de las complicadas cifras de desempleo, es innegable que el empleo, subempleo, persiste, incluso aumenta; que los salarios mínimos se reducen, así como los de los maestros, investigadores, artista y de manera preocupante decrezca el ingreso de los campesinos y el de los jubilados y pensionados.
Frecuentemente, desde la oposición, se insiste en este punto, para marcar las deficiencias de un programa de gobierno y es indispensable que así se haga, pues redefine el cuadro de la realidad económica, pero no para caer en posiciones antieconómicas de elevación del ingreso directo o indirecto.
Es necesario partir de que ninguna recuperación del nivel de vida puede sostenerse en un desideratum oposicionista; sólo será viable en la medida que las condiciones en que se forman los diversos ingresos de la población, así lo permitan.
En este proceso inciden elementos técnicos, pero también elementos políticos. Ninguna elevación de salarios es consistente sin un incremento de la productividad, eso es cierto, pero también lo es que en los últimos años a esta restricción técnico - económica, se ha incorporado otra política, más concretamente de disciplina social a los trabajadores. La política salarial ha sido más una parte integral de la política laboral modernizadora, que juzga los contratos colectivos y somete a los trabajadores a una modernización todavía no concertada. El salario ha sido más una función del coste directo y de disciplina social, que una función del ingreso de la mayor parte de la población. A todas luces esto es paradójico e inconsistente. ¿Cómo orientar un crecimiento sano que no eleve el nivel de vida?, ¿cómo permitir un progreso económico que concentre el ingreso y mantenga la esperanza de mejorar al grueso de los trabajadores?
Frecuentemente escuchamos el término tecnócrata, para calificar la orientación de una política estatal. En sentido estricto la tecnocracia no es un grupo de técnicos expertos planificadores, sino un grupo dirigente orientado más hacia los requerimientos del sistema y el equipo que los de las demandas sociales.
Por supuesto que la tecnocracia diseña programas para atender necesidades colectivas. Esto no es el problema, sino que la orientación y el sentido estratégico de la política pública se dirige más a la perpetuación del poder, que al servicio público.
Sería muy preocupante que todas las ventajas económicas del gobierno actual, se vieran matizadas por desventajas en el nivel de vida de la población, o que las expectativas fueran favorables para los inversionistas y no para los trabajadores y campesinos. Eso sería un rasgo tecnocrático del gobierno.
Y termino, señor Presidente:
Hemos señalado en ocasiones anteriores la necesidad de formular una política de ingresos. Las características de esta política son tres: uno, debe ser viable; es decir, tiene que estar fundada en el desenvolvimiento real de la economía. Debe de ser integral, acudir a los diversos instrumentos de la política fiscal para lograrlo y debe formar parte de la estrategia redistributiva; es decir, de una política estatal explícitamente orientada a modificar la estructura de la riqueza nacional, una de las restricciones trágicas del modelo excluyente del desarrollo nacional.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente: - Tiene la palabra para el mismo asunto, el diputado Tomás González de Luna.
El diputado Tomás González de Luna: - En nombre de la fracción parlamentaria independiente, ante este problema que es muy importante el comentario acerca de la política económica del país, queremos hacer algunas consideraciones y fijar nuestra posición al respecto.
Si bien es cierto que no se puede tener una visión maniquea sobre el problema, sin duda el país, el gobierno de la República, se ha enfrentado a un problema, un problema fundamental que es la crisis del sistema capitalista, en la cual hay un ajuste necesario, según sus intereses y sus puntos de vista.
Y en ese ajuste encontramos nosotros cómo los precios de las materias primas de los países subdesarrollados fundamentalmente, disminuyó y, el precio del dinero, la tasa de interés se fue incrementando, a circunstancias tales en que nos llevaron a una situación crítica grave y, por lo que se refiere a nuestro país, habíamos logrado ciertas tasas de crecimiento económico por encima del crecimiento de la población, un fortalecimiento de nuestra soberanía y de nuestra independencia nacional. Todos estos elementos fundamentales de nuestra vida, de nuestra existencia como nación, fueron puestos en crisis por esa situación económica mundial.
En ese contexto internacional, nada favorable, encontramos nosotros la formulación de una política económica prácticamente en el próximo sexenio gubernamental y en lo que va del actual. El lineamiento central era lograr una estabilidad, un crecimiento gradual sostenido, una reducción de las tasas de interés etcétera.
Esta política económica transitó a llevar a cabo una renegociación de la deuda externa, una tarea de la reducción del déficit fiscal, del control de la inflación, de una privatización de las empresas paraestatales, a un control de cambio determinado y por supuesto a un déficit en la cuenta corriente, déficit en la cuenta corriente que actualmente está presente como un aspecto negativo del desarrollo económico.
Por otra parte, se estableció como criterio central lograr el incremento de la inversión extranjera como motor fundamental del desarrollo del país. En estas circunstancias nos encontramos actualmente que nuestra economía transita por una situación recesiva: la planta productiva se encuentra con graves problemas; es indudable que la inversión extranjera es una inversión extranjera especulativa y que fundamentalmente ha desnaturalizado muchos de los elementos básicos y fundamentales de la economía y del tránsito que llevaba nuestro país.
Por otra parte, hemos visto cómo los salarios se han reducido, cómo el comercio informal se ha incrementado y una secuela de graves inconvenientes sociales se presentan en nuestra sociedad, en nuestro país. Estos son hechos que podríamos decir indudables.
Se ha planteado y se ha ejercido por el gobierno una política económica y las observaciones que se han hecho por analistas, estudiosos, partidos políticos, legisladores, acerca de los inconvenientes de este desarrollo, creo que son objetivos o creemos que somos objetivos, que no se puede negar, la baja de los salarios, la inestabilidad económica, el carácter especulativo de la inversión extranjera etcétera.
El grave problema es si es posible para la oposición, si estuviera en el poder, orientar el país en el actual contexto internacional, en otra forma. Creo que el problema de la política económica transita sin duda a un problema estrictamente de política.
Consideramos que en el centro de este problema está la democratización del país, la vida democrática del país. Ahora bien, desde el punto de vista de la oposición, no podemos caer en una actitud hasta cierto punto reiterada, pero hasta cierto punto cómoda, de la simple denuncia. Requerimos establecer criterios, alternativas que vayan más allá de buenos deseos, sino que significan la posibilidad de aplicar criterios que transformen la orientación de política económica del país.
La fracción parlamentaria independiente, por mi conducto, considera que este aspecto o este elemento del punto de acuerdo, en el cual se señala la necesidad de reubicar, de reorientar la política económica, en atención a los intereses de la nación, es un hecho fundamental con el cual estamos de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para este mismo asunto, el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Con su autorización, señor Presidente.
Hace unos minutos la compañera diputada María Clara Mejía Guajardo, en nombre de las fracciones parlamentarias del Partido Popular Socialista y del Partido de la Revolución Democrática, ha traído a la consideración de ustedes,
compañeras y compañeros diputados, la proposición de un punto de acuerdo, que en concreto considera conveniente que las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de Trabajo y Previsión Social y del Instituto de Investigación Legislativas, integren un cuerpo pluripartidista que examine a fondo la características de la política económica, puesta en vigor durante el último decenio y de sus consecuencias severamente perjudiciales para las masas de nuestro pueblo y formule las proposiciones que convengan para su adecuada reorientación en beneficio de los intereses superiores de la nación y del pueblo.
En contra de esta proposición, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por voz del diputado Rodolfo Becerril Straffon, nos ha dicho que esta propuesta nuestra no es precedente, que no se requiere un grupo especial que se dedique a examinar este asunto, dado que ya existe uno, que es precisamente la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que esta comisión se dedica a eso de manera permanente.
Yo quiero declarar en esta tribuna, que con gusto le tomamos la palabra al compañero diputado Rodolfo Becerril Straffon y podemos modificar nuestra proposición, si él considera, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que no se requiere un nuevo cuerpo que realice esta tarea de someter a crítica, objetiva, seria, profunda, una política económica que ha sido profundamente dañina para nuestra nación y para nuestro pueblo, que lo puede hacer la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, adelante que sea ésta la comisión que enjuicie esta política económica, profundamente antipatriótica y antipopular.
Y claro, que no se quede solo en el análisis crítico, que haga las propuestas para reorientar esa política, para que se convierta en lo sucesivo en una política favorable a los intereses de la nación y del pueblo mexicano.
Hemos hablado de 10 razones para rechazar la política económica que ha estado en práctica durante los últimos 10 años.
Me propongo desarrollar de manera breve cada uno de estos 10 puntos, cada una de estas 10 razones, para que adviertan todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, de la solidez de nuestro examen crítico y todo esto a partir de datos y documentos oficiales, para que no se ponga en duda la autoridad de las fuentes desde el punto de vista estadístico.
El Informe sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, Acciones y Resultados del Primer Trimestre de 1992, que en cumplimento de sus deberes legales nos envió el Ejecutivo, dice en su página 2, que el superávit financiero de caja del sector público ascendió a 13 billones 900 mil millones de pesos, cifra sigue diciendo ese documento, que resulta superior en 235% real a lo observado en el mismo período del año anterior. Estamos hablando de política financiera.
Así vistas las cosas, se trataría de un excelente resultado, que avalaría la calidad de esta política en curso, si no fuera porque en esa cifra de 13 billones 900 mil millones de pesos se incluye una cantidad que no corresponde a ingresos regulares, sino a otros de carácter extraordinario y singular, de los que por su propia naturaleza no pueden repetirse con frecuencia y que, por lo mismo, no deben incluirse en una comparación entre ingresos regulares de un año y otro.
En efecto, se incluyen los ingresos extraordinarios provenientes de la venta de instituciones bancarias que el propio documento nos dice ascienden a 13 billones 100 mil millones de pesos, ¿qué porcentaje del superávit financiero de caja del primer trimestre de 1992 se origina en la venta de esas instituciones bancarias? Nada menos, compañeras y compañeros diputados, que el 95%.
Es decir, casi todo el superávit financiero, del que nos presume la Secretaría de Hacienda en este documento, es de carácter extraordinario y por lo mismo no debería formar parte de la comparación frente a los ingresos del mismo período del año anterior.
Si eliminamos los 13 billones 100 mil millones de pesos que son producto de la venta de las instituciones bancarias, entonces nos encontraremos con un incremento del superávit financiero de caja inconsistente y verdaderamente marginal.
Mientras la política financiera de caja descanse en ingresos de este tipo, nadie podrá negar con argumentos serios que se trata de una política financiera ineficiente y, si alguien no estuviera de acuerdo, le reiteramos la pregunta que ya formuló en esta tribuna el compañero diputado Juan Campos Vega: ¿qué va a vender el gobierno el año próximo y dentro de dos años y dentro de tres, cuando se agoten las instituciones bancarias, cosa que sucederá muy pronto por cierto¿ ¿Qué va a vender el grupo privatista de dentro del gobierno cuando termine de dilapidar las
pocas empresas que quedan de las 1 mil 155 que allá por 1982 contituían la parte fundamental del patrimonio social de nuestro pueblo, del pueblo mexicano?
No tendrá nada qué vender para poder sustentar así una política financiera de caja que no ha podido ser fincada hasta hoy sobre bases de mayor solidez y permanencia.
Esta es la primera de las 10 razones en las que la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, fundamenta su rechazo a la política económica neoliberal en vigor y demanda que se le sustituya urgentemente antes de que acabe su proceso de depredación, profundamente dañino para nuestra nación y nuestro pueblo.
La segunda razón tiene que ver con el combate a la inflación, tema en el que el grupo gobernante gusta de ostentarse como sumamente eficaz. Por lo que se refiere específicamente al primer trimestre del presente año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 4.1%, dice el Informe sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas que comentamos.
Quien redactó ese documento por cierto, no resistió la tentación de añadir una frase calificativa de ese porcentaje. Se trata: "Del nivel más bajo en los últimos 17 años", añadió elogioso el redactor de ese documento.
Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, vale la pena recordar que el compromiso gubernamental en este aspecto, incluido en los criterios económicos conocidos por esta Cámara en diciembre pasado, para el año de 1992, fue en el sentido de que la tasa anual de inflación se habría de reducir a un dígito. Es decir, quedaría por abajo del 10% de enero a diciembre y, en el documento que comentamos, se nos da a conocer que durante los primeros tres meses, ya la inflación alcanzó el 42% de la cifra tope estimada para todo el año.
En tres meses ya llevamos el 42% del total anual, lo que hace previsible que resulte del todo imposible ajustarse a la tasa pronosticada.
Bastaría este hecho sin duda, para declarar, si nos pusiéramos a examinar las cosas con objetividad, bastaría este hecho para declarar que fracasó la política antiinflacionaria este año.
Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, habrá quienes vengan a la tribuna a decirnos que en años anteriores la política antiinflacionaria ha corrido mejor suerte, que se han alcanzado reducciones importantes y quizá también haya quien añada que por lo que hace a los primeros 15 días de mayo, la tasa se redujo al 0.4% solamente y, con esos argumentos intentan rechazar mi afirmación en el sentido de que la actual política de combate a la inflación es ineficiente.
Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, las cifras generales de la reducción de la tasa inflacionaria, deben necesariamente cotejarse con las del costo social de esa política. De ese cotejo se desprendería la calificación justa. ¿Se han alcanzado sustanciales reducciones de la tasa inflacionaria con bajo costo social? Sería entonces erróneo calificar de socialmente ineficiente la política neoliberal seguida hasta hoy. Pero si por el contrario, los hechos de la realidad nos muestran que el costo social ha sido exageradamente alto y los resultados pobres, entonces tendremos que concluir necesariamente en la afirmación de que se trata de una política antiinflacionaria total y absolutamente ineficiente desde el punto de vista social y, por lo tanto, injusta y condenable.
Y estos datos nos indican que el 30% de la población nacional más desprotegida recibía hacia 1984, el 11.8% del total de ingreso corriente y que hacia 1991 su participación se redujo a solamente el 7.8%. Es decir, registraron una pérdida de cuatro puntos porcentuales en términos globales o poco más de la tercera parte de sus ingresos en términos relativos.
Los salarios mínimos de 1976 a 1991, han perdido dos terceras partes de su valor. Lo que significa que el salario mínimo vigente tendría que triplicarse para alcanzar apenas la capacidad adquisitiva que regía hace 15 años. Por lo tanto, se puede afirmar que la política antiinflacionaria neoliberal se ha sustentado sobre terribles medidas de sacrificio de los trabajadores mexicanos del campo y de la ciudad, condenando así, a una pobreza creciente, a millones y millones de compatriotas.
No descansó la política antiinflacionaria en medidas que tendieran a aumentar la producción, sobre todo de satisfactores para las necesidades básicas, como pudo haber sido una política antiinflacionaria de carácter sano. Tampoco se sustentó en medidas que propiciaran la reducción del consumo suntuario y, en general, del que realizan los grupos acomodados de la sociedad.
En vez de eso, se sustentó en medidas de carácter unilateral que lesionan, que ha lesionado de
manera brutal e inmisericorde, a decenas de millones de nuestros compatriotas, precisamente los más desprotegidos.
No es problema entonces de velocidad, retomando algunas de las expresiones del compañero diputado Becerril; es problema de orientación. Si en vez de avanzar en el sentido de la defensa de los intereses de las masas de nuestro pueblo y de la nación se enrumba exactamente en el sentido opuesto, qué bueno que se vaya con lentitud, porque si se acelerara el paso, más grave serían los daños que ya hubiera ocasionado esa política a esas alturas.
Diríase que esa política que ha lesionado a las masas populares es cosa del pasado; quizá se pretendiera argumentar en esta tribuna que esa tendencia ha sido corregida y que en la etapa actual, luego de tres años de crecimiento real del producto interno bruto, retomando otra expresión del compañero diputado Becerril y también diríamos de la proclamación de que el grupo gobernante se deslinda de la política neoliberal que ha regido sus pasos en la realidad para adoptar, ahora, una variedad a la que denominó liberalismo social, dado que esta variedad, según lo han declarado los teóricos de esta concepción, implica serios compromisos en favor de las masas populares, se tendría que estar reflejando en una nueva orientación con relación a las propias masas populares.
En este sentido el documento que hemos venido comentando, el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas del primer trimestre que nos envía el Ejecutivo, declara en el párrafo final de la página 4 que, cito textualmente:
"La menor inflación y el crecimiento de la capacidad económica han permitido un crecimiento gradual en los salarios reales, al tiempo que los niveles de empleo muestran una evolución favorable". Así dice el documento.
Vamos a ver si es cierto o no.
¿Qué cifras nos presenta ese mismo documento para apoyar semejante afirmación?
Nos dice que : "al mes de febrero el salario medio de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó un aumento real anual de 3.3%.
Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, si comparamos esa cifra: 3.3% de aumento en los salarios medios de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la de 4.1% que fue la tasa de inflación de sólo el primer trimestre, observamos que nuevamente el salario promedio ya ha registrado una pérdida del 20% sólo en este breve período trimestral.
Por estas razones el Partido Popular Socialista declara que la política antiinflacionaria del actual gobierno y del anterior es socialmente ineficiente e injusta y por eso la rechaza y demanda su urgente sustitución.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista llama igualmente la atención sobre otra razón de peso para rechazar la política económica en vigor. Se trata de que de hecho esa política es violatoria del derecho al trabajo consagrado en la Constitución de la República y de la definición de salario mínimo que en ese mismo documento se asienta. Es una política anticonstitucional. No sólo eso, sino que además es también violatoria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptados y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y suscrita por nuestro país, dado que dicho documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ante su artículo 23, coincidente con el 123 de nuestra Carta Magna, declara "que toda persona tiene derecho al trabajo y que toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana".
La política neoliberal vigente mantiene al 81.86% de los mexicanos por debajo de los mínimos necesarios para satisfacer la definición de salario mínimo establecido en el artículo 123 de nuestra Constitución. Coincidente con el texto de referencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, la política neoliberal en vigor viola los derechos humanos y constitucionales de alrededor de 65 millones de nuestros compatriotas, por lo que se refiere a la remuneración.
Esta misma política económica ha causado que se incremente el desempleo, como veremos un poco adelante y es por lo tanto violatoria del derecho al trabajo consagrado en la ley suprema de los mexicanos y en el derecho internacional. Esta es la cuarta razón, precisamente de las 10, en las que el Partido Popular Socialista fundamenta su rechazo a la política económica en vigor y demanda sea sustituida con urgencia. Se trata de una política generadora de pobreza y generadora de desempleo.
Ya hemos dado cifras con relación a la pobreza. Veamos en seguida las correspondientes al desempleo.
Sobre este aspecto, el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas nos dice en su página 9, "que de acuerdo con los resultados de las encuestas levantadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el índice de desempleo abierto se ha mantenido estable por un período prolongado" y, añade: "que la información para el primer trimestre indica una tasa de desempleo abierto de 3.2%.
Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, los datos sobre desempleo que tradicionalmente se han venido manejando, con base en el número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, por una parte y los que externa el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática han sido sistemáticamente cuestionados por la gran mayoría de las instituciones académicas y sociales, así como por numerosos investigadores de sólida reputación, por considerar que se trata de cifras sometidas a intensos tratamientos de maquillaje y manipulación".
Vamos a examinar esa cifras, compañeras y compañeros diputados.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista obtuvo esta cifra, en mucho discrepante con lo anterior. Número real de desempleados: 6 millones 185 mil 936. Lo que equivale al 11.44% de la población total del país y al 25.23%, ¡escuchen ustedes lo dramático de este porcentaje! al 25.23% de la población económicamente activa. Esta cifra se desprende de un modo directo y riguroso del XI Censo General del Población y Vivienda y se desglosa en los siguientes elementos:
Buscaron trabajo sin encontrarlo: 672 mil 284 compatriotas, que equivale al 2.74% de la población económicamente activa.
No trabajan, ni estudian, ni tiene motivo aparente para no hacerlo: 2 millones 855 mil 924 compatriotas, 11.65% de la población económicamente activa. Tenían trabajo, pero no trabajaron; declararon tener trabajo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, pero sin embargo declararon que no están trabajando: 494 mil 048 compatriotas, 2.02% de la población económicamente activa.
Trabajaron 16 horas o menos en la semana; no es un trabajo real: 1 millón 146 mil 864 personas, 4.68% de la población económicamente activa.
Declararon haber trabajado pero sin recibir ninguna remuneración: 610 mil 367 mexicanos, 2.49% de la población económicamente activa.
Y quizá debiéramos añadir a estos datos el de los vendedores ambulantes, tragafuegos y vendedores de chicles, que son apenas alguna forma de encubrir el desempleo real, que son, según el censo: 517 mil 109 compatriotas nuestros, 2.11% de la población.
Esto nos da: 6 millones 185 mil 936 compatriotas, 25.23% de la población económicamente activa.
¿Por qué razón estas cifras que están, tomadas de manera rigurosa y estricta del XI Censo Nacional de Población y Vivienda, por qué razón no son idénticas a las conclusiones que extrae de ese mismo documento el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Porque el cuestionario empleado y el método de clasificación utilizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática colocan en seria duda la objetividad del trabajo realizado y la síntesis de datos alcanzada por esa institución.
El censo no arroja resultado alguno sobre los estudiantes y amas de casa que trabajan. Además, maneja implícitamente a quienes buscaron trabajo la semana censal y no realizaron trabajo laboral alguno durante esa semana, como el único problema de desempleo, lo cual proporciona una imagen altamente distorsionada de la situación real.
Por otra parte, los resultados obtenidos en la síntesis censal coinciden con otras cifras proporcionadas por otras dependencias públicas, lo que viene a significar que emplear un método parecido estas dependencias diversas, pero no rigurosamente científico y que, por lo tanto, no refleja los datos de la realidad.
Las conclusiones de desempleo aquí proporcionadas se basan en cifras censales, repito, pero en otro método de clasificación. Los resultados obtenidos, como pudo observarse a lo largo de la síntesis, arrojarían problemas de desempleo de cinco a siete veces más grandes que las recomodidas gubernamentalmente.
El estudio realizado por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista está a disposición de todos los compañeros diputados que deseen obtener copia de él, para que se cercioren sobre lo riguroso de su metodología y resultados.
El hecho es que estamos, según los datos del XI Censo General de Población y Vivienda, Frente a un 25.23% de desempleo abierto, con relación a la población económicamente activa y se trata de un hecho verdaderamente inadmisible, que nos conduce al siguiente razonamiento.
Si la política económica en vigor ha ocasionado que uno de cada cuatro compatriotas de los que conforman la población económicamente activa esté en el desempleo, esta política puede caracterizarse como generadora de desempleo y como generadora de miseria y esa es, compañeras y compañeros, la cuarta razón de las 10 que hemos expuesto, por las cuales rechazamos esta política económica.
La quinta razón, en efecto, en la actualidad el 10% de la población es la contraparte de lo otro; por un lado una miseria creciente, por otro una gran concentración de riquezas, según lo señaló la compañera María Clara Mejía Guajardo, en el documento que nos leyó, un 10% de la población concentra el 37.9% de los ingresos.
La evolución de este fenómeno registrado durante el período en el que se ha venido aplicando la política económica neoliberal, es la siguiente: hacia 1976 el conjunto de los asalariados recibía el 40% del producto interno bruto, en tanto que el excedente de explotaciones, decía, el ingreso que perciben los empresarios, sumaba el 49% de ese mismo producto, los cual era ya sin duda injusto. En 1991 los asalariados reciben alrededor del 23% del producto nacional, es decir, 17 puntos porcentuales menos, mientras que los empresarios han madurado su situación para quedarse con poco más del 56%.
Es innegable que una política tan violenta y aceleradamente concentradora de la riqueza en pocas manos nada tiene qué ver con ningún criterio de equidad social. Es evidente que es altamente injusta y que desde el punto de vista técnico - económico tienda a estrechar cada vez más el mercado interno.
La sexta razón por la que rechazamos e invitamos a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a reflexionar en torno a este asunto, independientemente de las disciplinas partidarias, es el que se refiere al monto de las reservas internacionales, que es otro tema en el cual el grupo gobernante gusta mostrarse, ostentarse como muy exitoso en el manejo de sus tesis y concepciones.
Al cierre de 1991 la balanza de pagos registró un superávit que permitió una acumulación de reservas internacionales de 7 mil 821.5 millones de dólares, nos dice el documento que hemos venido comentando.
De esta manera el saldo de reserves internacionales brutas ascendió a 17 mil 546.6 millones de dólares, sigue diciendo el propio documento; se trata en efecto de una cifra sumamente importante, vista así en términos absolutos pero si se le compara con el monto creciente de las importaciones, tema que desarrolló aquí con amplitud el compañero diputado Jorge Calderón, entonces se advierte su precariedad y el riesgo de que el fondo de reservas internacionales pudiera esfumarse en cualquier momento.
Una conclusión igualmente alarmante o más se obtiene si se compara esa cifra, la de las reservas, con la ya cuantiosa y todavía creciente de las inversiones extranjeras en nuestro país, sobre todo por el hecho de que un porcentaje sumamente elevado de éstas se encuentre ubicado en la Bolsa de Valores, tema que también desarrolló aquí con amplitud el compañero diputado Jorge Calderón, por lo cual no abundaré en él. ¿Cómo hacer frente a una subida retirada masiva del capital exterior con esas reservas tan desproporcionadamente pequeñas frente a la cifra de las inversiones extranjeras en su totalidad y las que están ubicadas particularmente en la Bolsa de Valores?.
La séptima razón para rechazar la actual política económica neoliberal y demandar su pronta sustitución radica en que ésta es generadora de dependencias, según se desprende; entre otros indicadores, fundamentalmente del hecho de que sustentamos toda la concepción global en la necesidad creciente de recursos frescos venidos del exterior, los que han sido cuantificados por el Jefe de Asesores del presidente Salinas de Gortari, señor José Córdoba, en el orden de 250 mil millones de dólares para los próximos 10 años. De suyo, el haber rebasado ya las cuatro decenas de miles de millones de dólares de inversión extranjera, es otro indicador de dependencia, según lo explicó aquí el compañero diputado Juan Campos Vega, como también lo es el alarmante dato del ritmo con el que crecen nuestras importaciones: 22.5% sólo en el primer bimestre de este año, con relación al mismo período de 1991.
El hecho de que un 19.8% del crecimiento de las importaciones se ubique en los bienes intermedios y el hecho de que un 17% corresponda a los bienes de consumo, son cifras claramente connotativas de que el modelo que se aplica tiende a una creciente subordinación de nuestra economía hacia el exterior.
La octava razón de nuestro rechazo se refiere al problema del superávit. Dice el documento que comentamos que el superávit de cuenta de capital asciende a 20 mil 179 millones de dólares en el período señalado, el nivel más alto después
del registrado en 1981; añade este documento, que a diferencia de este año, en el que casi un 70% de la cuenta de capital fue resultado de operaciones de endeudamiento del sector público, en 1991 este balance fue resultado de entrada de capitales privados; en particular vía inversión extranjera, la que ascendió a 12 mil 301.5 millones de dólares.
Compañeras y compañeros diputados, vale la pena recordar a este respecto, que los datos empíricos muestran que la inversión extranjera directa constituye un concepto que a mediano y largo plazo genera una mayor descapitalización para el país receptor, que el propio endeudamiento externo.
No podemos vanagloriarnos...
El Presidente: - Señor diputado, con todo respeto le quiero recordar que son 30 minutos y llevamos 40. Le suplicaría de la manera más atenta concluyera lo más pronto posible.
El diputado Cuahutémoc Amezcua Dromundo: - Gracias, agradezco su señalamiento, señor Presidente y me dispongo a terminar en tres minutos más.
Al respecto, compañeras y compañeros diputados, vale la pena considerar, repito, que el problema de las inversiones extranjeras es en el mediano y largo plazos y hay múltiples datos empíricos que podemos manejar para demostrarlo.
De suyo, sustancialmente más descapitalizador que el endeudamiento externo, no podemos vanagloriarnos de que antes financiábamos nuestro déficit con deuda y hoy hayamos sustituido ese método por el de las inversiones directas que, repito, son más dañinas.
Novena razón, dice el documento que comentamos: Considerando los recursos de la desincorporación de Teléfonos de México y bancos durante enero - marzo, los ingresos presupuestales del sector público se ubicaron en 74 billones, 561 mil 900 millones de pesos; 4.9% real superiores a los de igual período de un año antes, el mismo documento, sin embrago, reconoce, comillas, al excluir los ingresos exteriores que se obtuvieron por la desincorporación, se tiene un nivel de 61 billones, 460 mil millones de pesos, monto ligeramente menor en términos reales al de igual trimestre del año pasado; esto es 1.4%.
Dado que no es válido incluir en las cifras comparativas de los ingresos presupuestales los de carácter extraordinario y único, nos encontramos con un dato revelador, el de que la política de ingresos que se sigue es ineficiente.
La última de las 10 razones, es la que se refiere al problema de la Deuda Pública. Ha sido desarrollada aquí con amplitud por el compañero Jorge Calderón, por lo cual no se requiere que yo la trate nuevamente sin extensos.
Compañeras y compañeros diputados, éstas son las razones, no son de carácter sectario ni de carácter partidista, no tiene nada qué ver con manejos esquemáticos de la realidad; nos preocupa profundamente el porvenir de nuestra patria y de nuestro pueblo.
Llamamos sinceramente a todas las fuerzas de carácter patriótico, democrático y antiimperialista, a reflexionar en esto. Vale la pena sustituir esta política económica que sólo nos ha traído pesares, sinsabores y retrocesos en el proceso de nuestro desarrollo histórico independiente. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado.
Antes de que pase el señor diputado Jorge Flores Solano, quisiera suplicarle a la Secretaría dé lectura al artículo 103 del reglamento.
El secretario diputado José Marco Antonio Olvera Acevedo: - Artículo 103. Los discursos de los individuos de la Cámara sobre cualquier negocio, no podrán durar más de media hora sin permiso de la Cámara.
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Muchas gracias. Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Jorge Flores Solano.
El diputado Jorge Flores Solano: - Señor Presidente:
El solo hecho de que el Partido Popular Socialista haya presentado aquí sus puntos de vista a la política económica, es significativo del debate que se establece en esta alta tribuna y que indudablemente debe de perfeccionar.
No estamos de acuerdo con su punto que propone el partido, porque creemos que basta simplemente ver la estructura de las comisiones de la Cámara y entonces entenderemos que cuál en su tarea fundamental, sino el analizar la política económica del gobierno, social y económica, en todas sus ramas.
No solamente es la Comisión de Programación y Presupuestos, sino también el resto de las comisiones que integran esta cámara, las que están sujetas al análisis de la política económica en sus diferentes partes. Esto lo hacemos cotidianamente a través de la revisión de la documentación que recibimos; qué bueno que se haya leído el informe de la deuda pública y el informe de la situación económica, sino de las diferentes iniciativas que presenta el Ejecutivo y de las que fueron sometidas al ejercicio de esta cámara.
Por esa razón nosotros nos oponemos a ese punto de acuerdo y creemos que lo que mencionó nuestro compañero Becerril Straffon, es totalmente apegado a la realidad, que la política económica del gobierno ha sido adecuada y está consensada con los diferentes sectores de la economía en la mayor parte, para lograr ese objetivo que queremos todos los mexicanos.
Esta está basada en un ejercicio muy intenso de un proceso de planeación, que se desprende desde el inicio de este régimen y que ha sido expuesto en sus diferentes vertientes en esta cámara, a través de los diferentes argumentos que año con año se nos presentan al presentar las iniciativas del presupuesto de egresos y de la Ley de Ingresos de la Federación. Es a través de esos documentos como podemos evaluar esta política económica.
Indudablemente los indicadores que se presentan de buena fe por los diferentes partidos, presentan un panorama de acuerdo con el esquema y el momento en que los estamos comparando. Si los comparamos con 1910, obviamente los indicadores serán otros.
Yo creo que es importante el analizar que indudablemente México estuvo sujeto a una gran crisis internacional, derivada por una estructura débil de nuestro país y por circunstancias de financiamiento internacional que debilitaron nuestra economía y nos pusieron contra la pared en todo este proceso.
Pero no cabe duda que desde 1982, la política de reordenación económica ha tenido el éxito que deseamos todos los mexicanos, no con la rapidez que hubiéramos deseado, precisamente por estas difíciles circunstancias económicas que impidieron a nuestro país contar con recursos del exterior para financiar su proceso de desarrollo, que siempre han sido una medida necesaria de acompañamiento en cualquier país, máxime si como nosotros, estamos cercanos del país de mayor riqueza y que ejerce una gran presión en nosotros por propiciar nuestro desarrollo.
Por ahí hay una política de demostración que genera necesidades mayores en nuestra población por tener ese tipo de país de vecino. Sin embargo, yo considero que punto por punto, en lo que se refiere a esta política económica iniciada desde 1983, que le ha dado una coherencia interna a nuestra economía, y que no obedece solamente a medidas de corto plazo, sino que lleva un camino mucho más largo y que las políticas que hemos establecido a través del Ejecutivo son irreversibles, porque se fundamentan en buscar un crecimiento sostenido, que ahora es impulsado más por la actividad privada, que por la actividad del Estado.
Algunos de los puntos que aquí se nos ha mencionado, parecería que requerirían una inversión del estado o una inversión del estado profundas. Los países que así lo decían ya no existen como hegemonía económica en este mundo. No es por ahí y lo ha demostrado la historia, por la dictadura del proletariado, por donde se van a resolver los problemas de nuestra nación; es atendiendo a estas necesidades de la población, de la mayoría de las poblaciones y de buscar el reforzamiento de su nivel de vida, como el estado enfrenta dentro de este esquema de liberalismo social, las necesidades de los mexicanos.
No es fácil, no es sencillo revertir una tendencia que se ha gestado a lo largo de lustros, en sólo unos cuantos años, pero la consistencia de estas medidas está a la vista. Lo ha mencionado con toda claridad nuestro compañero Becerril Straffon; no quisiera extenderme en argumentos que de la lectura somera, tranquila, del informe de la deuda pública y del informe de la situación económica y de las finanzas que presenta el estado, se desprenden.
Solamente argumentaría yo y presentaría algunos puntos de vista en particular para comentar que algunos de mis compañeros de otros partidos han sido exacerbados, no son totalmente ciertos y contienen algunas preocupaciones que no son totalmente equilibradas.
Veamos por ejemplo: se menciona que sólo estamos reponiendo el capital con la importación de bienes de consumo interno, o con los bienes de capital. Yo diría que es factible que estemos reponiendo el capital, porque si estamos reponiendo un capital, estamos mejorando la operación de una planta productiva; si no hacemos esa reposición del capital, ¿qué es lo que tenemos? Que se ha deteriorado nuestro capital. Eso es absolutamente cierto.
Se menciona aquí que de alguna manera la dependencia que la inversión extranjera representa, tiene un carácter volátil y preocupante. Yo diría que el capital externo llega a este país por varias fuentes:
I. Como inversión directa que tiene un alto contenido tecnológico, que nos sirve al crecimiento de nuestra estructura productiva y otro a través del financiamiento, como es la bolsa de valores. Esta inversión indirecta, indudablemente especulativa, tiene un destino; el destino es financiar a las empresas mexicanas inscritas en bolsa. En consecuencia, esto es también capitalizar al país, bajo la decisión de los mexicanos, que tienen sus acciones puestas en bolsa.
Yo simplemente presentaría que una gran parte, la mayoría, el 90% de las empresas mexicanas inscritas en bolsa, son empresas Altex, esto es decir altamente exportadoras; en consecuencia, creo que el desarrollo sano de nuestra balanza de pagos, simplemente en su medición de exportaciones e importaciones, se está fortaleciendo, como lo demuestra el crecimiento mayor de las exportaciones de manufactura, frente a las exportaciones de bienes.
Aquí los indicadores de las importaciones que exhibieron nuestros compañeros, en efecto presentan un importante crecimiento de ellas, frente a un menor crecimiento de las exportaciones, pero ojo, porque ha habido una caída de las exportaciones de las que eran de la industria extractiva, por razones de precios y una caída de las exportaciones agrícolas, no de las exportaciones manufactureras, que cualquier país desea que sigan creciendo.
Esto es lo importante del cambio de estructura de nuestra balanza de pagos, que significa de alguna manera las posibilidades de un mejor financiamiento a largo plazo.
Indudablemente no se festina aquí el hecho, como mencionaba nuestro compañero Cuahutémoc, de que a diferencia de 1981, el saldo de la cuenta de capital, haya sido resultado de un endeudamiento. No. No es un endeudamiento per se, es que el gobierno mexicano tuvo que pedir prestado para pagar ese déficit de las balanzas de pagos, en cuanto que ahora ha sido una aportación del exterior que ha venido a nuestro país, gracias a ese clima de confianza que la política económica ha asentado.
Por esa razón consideramos que algunos otros elementos, como se nos critica aquí, por ejemplo, en relación al crecimiento de los precios, pues es muy fácil multiplicar por lo que falte del año suponer que no se va a alcanzar una cifra u otra cifra. Recordemos que los fenómenos económicos están sujetos a estacionalidad y todo mexicano sabe dónde se da la cuesta de enero.
Yo pienso que también sería simplista que sí se va a obtener. Recordemos que los criterios generales de política económica son el sustento de planes, de intenciones, que nuestro gobierno en su conjunto ha externado aquí para el ejercicio de este año y que ya en lo que va del trimestre, analizando los informes que hemos comentado, reflejan ese resultado favorable, por el cual nuestro compañero Becerril establecía ese considerando importante en favor de la política económica de nuestro gobierno.
Yo creo que el ejercicio realmente del análisis de estos informes y de la política económica, lo estamos dando en las diferentes comisiones, al estar cumpliendo con nuestro programa de trabajo. Qué bueno que sigámoslo haciendo. Esa es nuestra tarea. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Para el mismo asunto, tiene la palabra el compañero diputado Jorge Calderón Salazar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente, agradezco respetuosamente la atención que me brinda en presentarme como posible orador, pero teniendo, muchísimos puntos de vista que opinar, aclarar e intervenir, declino ser orador en este caso.
El Presidente: - Muy amable. Tiene la palabra el señor diputado Felipe Calderón Hinojosa.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Lo que está analizando formalmente el pleno de la Cámara, son dos proposiciones, presentadas en esta tribuna, pero lo que en realidad se está debatiendo es ya el fondo mismo de la cuestión, que es el análisis de la política económica del gobierno y concretamente múltiples referencias al informe presentado hace unos días y que amablemente nos hizo llegar la Presidenta de la Comisión de Presupuesto a los miembros de la misma, relativo a las finanzas públicas y al comportamiento económico.
Queremos nosotros hacer unas breves observaciones, dado lo avanzado del debate, y lo que en realidad está ocurriendo es que cada partido
político, al expresar su posicionamiento respecto de estas propuestas, está exponiendo la visión que tiene de los cambios o de los movimientos económicos realizados por el gobierno federal.
Esto es inevitable, de tal manera que nosotros preferiríamos que precisamente porque cada partido político encierra una concepción distinta de la realidad económica y la hace pública al momento de deliberar sobre una iniciativa en concreto o sobre un punto de acuerdo en concreto, nosotros consideramos que el mecanismo adecuado para deliberar acerca de la política económica, es precisamente hacer presente esos puntos de vista, en cada momento, en cada coyuntura que se presenta a la discusión del pleno cameral y no remitir a una comisión que discuta y resuelva la posición de la Cámara respecto de la política económica.
Por eso, coincidiendo en que efectivamente y lo hemos señalado muchas veces en esta tribuna, en que la política económica del gobierno tiene aspectos evidentemente que no pueden ser compatibles con el resto de los partidos por muy diversas razones, no podemos remitirnos a que sea una comisión la que resuelva sobre un consenso, tal vez imposible de alcanzar.
Miren ustedes, la propuesta que viene del Partido Popular Socialista se refiere a revisar la política económica de 10 años a la fecha. Y nosotros diríamos, una objeción formal que se pudiera, no por el Partido Acción Nacional desde luego, pero formalmente se diría, que el contenido de la revisión de las políticas económicas respecto del Congreso tiene dos momentos legislativos distintos: uno, el que se da en el momento en que el Congreso opina en los términos de su competencia constitucional respecto de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, aquí hacemos una primera observación.
Cuando se introdujo la reforma al llamado Capítulo Económico de la Constitución, el Constituyente Permanente estableció, que en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Congreso tendría la competencia que le señalara la ley. Y procedió esta reforma constitucional.
Pero, ¿cuál fue el absurdo o la lamentable condición expuesta por el propio Congreso respecto de esa intervención? Cuando el Congreso de la Unión aprueba la Ley General de Planeación y se refiere al procedimiento para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, dice que el Congreso sólo emitirá su opinión respecto del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, pudiendo establecer en la ley expedida por el Congreso, un mecanismo que comprometiera más a las cámaras y lo vinculara con mayor responsabilidad en el Sistema de Planeación Nacional, se autorrestringe en el procedimiento y se refiere únicamente a la opinión que puede dar el Congreso.
He ahí un primer momento legislativo en que formalmente procede la revisión de las políticas públicas sobre el Plan Nacional de Desarrollo aprobado sexenalmente.
Sin embargo, sea de ello lo que fuere, el momento preciso para esa opinión del Congreso, será al momento de la discusión del plan. Y la otra es una secuencia de actos legislativos de carácter anual que se realizan por ambas cámaras, fundamentalmente la de Diputados y relativas a las finanzas públicas y que se centran, es cierto, la gran mayoría de ellas en torno a los procesos de aprobación de la Ley de Ingresos, de la discusión de los criterios de política económica vigentes para el año siguiente, de la discusión y aprobación de la cuenta pública y la discusión y aprobación en su caso del presupuesto de egresos.
Son estos momentos los que típicamente se refieren a la discusión de la política económica, de tal manera que formalmente cabría decir, habría cierta falta de lógica en decir que se analicen los 10 años, no falta razón política para esa exigencia. Pero nosotros podemos decir entonces que se analicen los últimos 20 años de la política económica, ¿por qué?
Porque los problemas de desigualdad que se han planeado aquí, los problemas de empobrecimiento de los sectores más desprotegidos del país que se han mencionado, no empezaron con los problemas de reestructuración económica de Miguel de la Madrid ni de Salinas de Gortari.
Nosotros hemos sostenido que desde el arribo del populismo en México, desde las setentas y antes todavía, con las políticas de desarrollo estabilizador, se había seguido un esquema de crecimiento nacional concentrado. Que privilegió el desarrollo industrial en demérito del desarrollo rural; que privilegió el crecimiento de las ciudades en demérito de las grandes ciudades y del centro, en demérito de las provincias y del desarrollo en la zona rural; que privilegió además una clase económica empresarial que bajo los márgenes de la protección gubernamental del proteccionismo, obtuvo en México utilidades por encima de los estándares mundial
y que en esa política fue de suyo empobrecedora de México y generadora de desigualdad.
Pero también señalamos que en la época del populismo, en los sexenios de Echeverría y López Portillo, la creación de políticas netamente inflacionarias en el establecimiento de políticas orientadas al crecimiento desbordado del aparato estatal que respondía más a necesidades de colocación política, de reserva de nómina de políticos que de necesidades reales del país, empobreció indudablemente más a los mexicanos y acrecentó las desigualdades, porque el financiamiento de esta estructura burocrática fue pagado con los recursos que perdieron las clases más necesitadas por la inflación.
Si pudiéramos seguir este análisis y coincidir sí, en muchas de las políticas de estabilización que se han tomado a la fecha, en que efectivamente por una parte han corregido males de carácter macroeconómico, pero por la otra sí han enfatizado y ahondado las desigualdades en México?. Quién puede negar por ejemplo, que el costo de los Pactos de Estabilidad y Crecimiento Económico, el costo de la reducción en la inflación, no ha parado a las espaldas de los trabajadores? ?quién puede negar que ha sido el salario el único precio, entrecomillémoslo así, que ha sufrido una merma real y constante en su poder adquisitivo? ?quién puede negar que entre las partes celebrantes del pacto, el gobierno incrementó sus impuestos y sus tarifas?, los empresarios nivelaron, alinearon se dice ahora, sus precios en la gran mayoría de sus productos y servicios. Pero que los trabajadores fueron la única parte del pacto, que tuvo que aferrarse y mantenerse en sus estándares de vida e inclusive ir hacia abajo. Se pudo decir que los trabajadores fueron los que pagaron los platos rotos.
Esta política concentradora del ingreso provocó también y está provocando y nos alarma, que a pesar de que el Partido Acción Nacional reconoce, no sólo reconoce, sino afirma, que nosotros establecimos desde hace mucho tiempo que sólo podía haber un crecimiento efectivo y duradero si descansaba este crecimiento no en el poder económico gubernamental, sino manteniendo la rectoría del Estado, el crecimiento debería pasar a ser impulsado por la sociedad civil, por la inversión, por la inversión y por la iniciativa. Eso se está dando y se está dando bien.
Pero ¿acaso la política económica del gobierno se orienta hacia un esquema justo y competitivo? ¿se orienta verdaderamente a una economía de libertad, de igualdad en las condiciones de competencia, a una economía competitiva? Nosotros no aceptamos que se pretenda instalar en México un esquema de neoliberalismo, de capitalismo centrado únicamente en la satisfacción material y concentradora de la sociedad; nosotros sí buscamos esquemas competitivos, sí de mercado; pero que tenga el Estado la rectoría suficiente y la capacidad de corregir las desigualdades. Pero ni siquiera estamos en ese esquema que critican o criticamos, porque en muchos de los aspectos de la corrección de finanzas públicas, el gobierno ni siquiera está estableciendo políticas del liberalismo o neoliberalismo. Lo que persiste en las políticas gubernamentales, es en mucho, esquemas mercantilistas, esquemas que tienden a privilegiar, con las decisiones gubernamentales, el poder económico del estrato más alto de la población de México. Se está concentrado la riqueza en grupos financieros y económicos privilegiados.
Y para no desviarme, por ejemplo del comentario del día de ayer, del refinanciamiento de deuda, se hace alusión a que parte de esa amortización de pasivos de deuda pública externa se realiza con los incrementos o con el producto de la venta de mercados internacionales, de entre otras, una empresa: Teléfonos de México.
Hace poco se decía, inclusive, que Teléfonos de México era una de las empresas que en el mundo tenían mayor bursatilidad, que sus acciones o sus títulos eran de los más aceptados en ese momento en el mercado de Nueva York. Pero lo que no se decía es que mientras las acciones de Teléfonos de México en Nueva York son de las más aceptadas, la empresa en México que tiene el mayor número de quejas por deficiencia de servicio, !es Teléfonos de México...! Y que son los usuarios y es la sociedad mexicana la que está pagando la "rentabilidad" de Teléfonos de México (Mi teléfono lo reporté hace seis meses y todavía no está correctamente funcionando).
Pero creo que es la situación de muchísimos mexicanos.
¿Y qué pasa aquí? De hecho Teléfonos de México es una empresa que dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, está buscando mayor protección a su mercado; se pretende seguir con un esquema monopolizador y no obstante que es una empresa que ha pasado a manos de particulares.
De tal manera que con ese caso concreto tenemos, sí, una privatización de una empresa, pero no una privatización, digamos, competitiva, sino
una privatización monopólica, en un esquema que no es ni siquiera liberal o neoliberal, sino un sistema mercantilista orientado a proteger intereses económicos señalados y representados, en el caso de la empresa, por el señor Carlos Slim, y sus asociados (Aplausos).
Los procesos de privatización de las empresas en México, necesarios, así desde el punto de vista de Acción Nacional y evidentemente no hay concordancia de otros partidos de oposición con nosotros y sería de las razones por las cuales no sería útil la composición de una comisión especial para analizar el caso, los esquemas de privatización en lugar de distribuir sus beneficios por regla general, a la sociedad, han trasladado el control monopólico del poder económico del gobierno, a pequeños grupos de empresarios muy localizados en nuestro país. Y por el contrario, el grueso de las pequeñas y medianas empresas en México, se enfrentan a situaciones adversas; en lugar de conducir la política estatal para favorecer la competencia por la vía del favorecimiento de empresarios pequeños y medianos, se sigue una política económica concentradora por la vía del privilegio de los grupos más fortalecidos.
Mientras los pequeños empresarios y medianos empresarios apenas están teniendo la capacidad suficiente para enfrentar, por ejemplo, los cambios de carácter fiscal, cuando tienen que enfrentar el peso de la hacienda y del fisco para poder adecuar sus plantas, no a la competencia internacional, sino a la competencia con Hacienda, los grupos financieros mayores en México se preparan sí, con todo el poder que les da no sólo su tamaño, sino sus vínculos con el poder político.
Recientemente se publicó un estudio de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación que habla de la pérdida de competitividad de las manufacturas en México; que ocho de las nueve ramas de manufacturas con déficits, presentan un déficit comercial sin precedentes este trimestre. Que por ejemplo, en el rubro de la industria de minerales no metálicos que es la única superavitaria, el 66% de las mercancías colocadas en el exterior, que son las beneficiarias de este superávit, son: vidrio, cemento y baldosa; de las cuales están controladas básicamente por dos empresas en México, que son: Vitro y Cemex.
El resto de las manufacturas presentan un déficit sin precedentes, incluida la industria metálica básica que abarca el sector más versátil que es el automotriz.
¿Hacia donde se orienta entonces la política económica del gobierno federal?
Yo creo que aquí se trata de ponderar con objetividad y con responsabilidad política económica. Ni es cierto que las reformas que se han hecho infructuosas, ni es cierto tampoco que deba merecer la loa consensada de las fracciones partidistas aquí representadas.
Es cierto que ha habido correcciones en las finanzas públicas y lo señalamos con objetividad. Lo que decimos son, primero, que esas correcciones que se hacen obedecen precisamente a... son errores que se corrigen pero por el mismo aparato político que ha conducido los destinos del país. Cuando se habla de que se está refinanciando la deuda, no se dice que ha sido el mismo grupo político el que indujo a ese país a ser el más endeudado en términos de deuda per capita en el mundo.
¡Cuando se dice que la crisis de endeudamiento fue una crisis mundial, no se habla de la irresponsabilidad con la que el grupo político condujo al país en esa crisis internacional! ¡Cuando se habla, por ejemplo, de corregir el tamaño del aparato estatal y de la privatización de determinadas empresas, no se habla del error evidente y necesariamente nocivo para el pueblo que fue haber creado ese aparato estatal con esas condiciones!
¡Cuando el Secretario de Hacienda critica que haya habido fideicomisos del nopal y que todavía el Estado en este momento sea propietario de cines y de las empresas que comercializan dulces en los cines, no habla que es el propio grupo dominante el que hizo esos errores que ha tenido que pagar el pueblo de México!
Y concretamente, sobre la fase de reestructuración de la deuda que se anuncia ayer. Cuando compareció el Secretario de Hacienda a esta Cámara de Diputados, inclusive con cierta sorna al diputado que le cuestionaba en ese momento, habló de varios conceptos y en consecuencia varios montos de deuda pública externa.
Yo creo, independientemente que ha pasado ya tiempo de eso, que no es la manera en que un secretario debe referirse al tema de la deuda, cuando es preguntado al respecto por un representante de una Cámara de Diputados, independientemente del partido del que proceda.
Hay en el manejo de la deuda pública nacional diversos conceptos técnicos que pueden presentarse ciertamente a confusiones o a
interpretaciones a conveniencia de los mismo. Sí ha habido y nosotros reconocemos, un esfuerzo reestructurador de la deuda que sí es positivo para el país.
Pero también y coincidimos con señalamientos ya hechos en esta tribuna, que la deuda total de México, la deuda del país se ha venido incrementando sustancialmente. La deuda no sólo del sector público, sino del sector privado integralmente se ha incrementado. Que no responde a la lógica entonces de que se sustituya un esquema de financiamiento exterior. Esquema con el cual, entre paréntesis, nosotros estamos de acuerdo; nosotros creemos que sí es mejor que venga capital físico directo a invertir al país y a crear empleo, a que se esté hipotecando el futuro de los mexicanos con empréstitos que no sabemos ni siquiera cuál va a ser su aplicación real.
Aquí por cierto cabe mencionar que si existe un requisito constitucional de que los empréstitos que contraiga el gobierno federal tiene que cumplir con la condición sine qua non de destinarse a generar ingresos directos en las finanzas públicas.
Si en este momento, en el pasado, primero enfrentamos una crisis de deuda y en este momento estamos entrando a refinanciamientos producto de privatizaciones, si hay alguna cosa innegable en todo ello es que toda esa deuda que se contrajo o una gran parte de la misma contrarió el principio constitucional previsto en la fracción VIII del artículo 73 de nuestra Constitución, de que la deuda sólo puede contratarse si produce un incremento directo en los ingresos públicos.
Porque si esto hubiera sido cierto, si se hubiera cumplido con la Constitución, se hubiera pagado por sí misma la inversión proveniente de esa deuda. Y no se cumplió. ¡Y saben ustedes que no hay ninguna responsabilidad de nadie!
Si es así ¿Por qué no se les llama a cuentas a los expresidentes que contrataron esa deuda? ¿A sus secretarios de Hacienda? ¿A los funcionarios implicados en el ramo? ¿Hay cuentas que pagar ahí? ¡Hay cuentas que se le deben al pueblo de México, que se contrajeron deudas contrariando el principio constitucional!
Y todavía más, hay, el año pasado, un incremento en la deuda pública, es decir, hay mayor endeudamiento de la Secretaría de Hacienda, ciertamente, y hay que matizar el punto, que fue autorizado, así fue solicitado, para efectuar las operaciones de refinanciamiento que ahora se anuncia.
Una cosa ciertamente meritoria de la renegociación de la deuda, anunciada a principios de este sexenio, en 1989, no fue tanto el monto de las reducciones, sino que se quitaron una serie de cláusulas que le prohibían al país deudor recompras de sus títulos en el mercado de bonos mundial. Al haber logrado que se autorizara a México recompras de títulos, se puede llegar ciertamente, a buen término, a una renegociación como la que ahora se anuncia.
El problema es, primero, que estos candados que evitaban un comportamiento más adecuado de la deuda fueron impuestos también por funcionarios mexicanos antes Y que en la negociación de esa deuda anterior no sólo se establecieron este tipo de cláusulas u otras de incumplimiento cruzado, que era inaceptables para el país, sino que inclusive el gobierno federal asumía en los contratos de deuda el carácter de ente mercantil y renunciaba prácticamente a su carácter de entidad soberana en materia financiera y más aún, que se sometía a la competencia de los tribunales de Nueva York, para efectos de interpretación y ejecución de los contratos de deuda. Todo esto parece que ha quedado en el pasado. Todo esto queda sin responsabilidad de quién lo realizó.
Y decía, en los aumentos de endeudamiento autorizados para este refinanciamiento falta un punto que digamos lleve a buen término esta operación. Falta el punto precisamente de la intervención del Congreso, que tiene por disposición constitucional. ¿A que me refiero? a que si la Secretaría de Hacienda contrata un empréstito, pongamos por 1 mil o 500 millones de dólares, para efectos de recompra de bonos de deuda vieja o nueva, como se llame en estos casos, independientemente de la operación que realiza, la celebración en concreto de ese empréstito debe ser autorizado por el Congreso de la Unión y no sólo debe ser autorizado, sino que debe ser autorizado a priori, es decir, se le puede dar permiso de que lo celebre, sino de que una vez celebrado debe someterlo a la aprobación del Congreso de la Unión, iniciando por la Cámara de Diputados.
La Práctica, desgraciadamente ha ido en contra del precepto constitucional. La práctica funesta, es que se autorice en la Ley de Ingresos un monto determinado de endeudamiento, pero la Cámara nunca aprueba, en concepto, mediante un decreto específico, ese empréstito determinado.
Y llegamos aquí a una paradoja ¿Qué fue lo que aprobamos, señores diputados, hace dos sesiones y hace tres? Una cadena de decretos
del Congreso de la Unión, por el que se aprobaba o se autorizaba a una persona a ser jardinero en la Embajada de los Estados Unidos; a otra a ser Secretaria en la Embajada de otro país. Podemos, el Congreso, distraernos, sí en dar ese tipo de autorizaciones, mejor conocido como "corcholatazos", pero a la hora que se contrata un empréstito en el extranjero, para los efectos lícitos que quieran, el Congreso carece de la competencia que le señala la Constitución para aprobar esos empréstitos.
Lo planteó aquí como el punto de referencia para la Cámara de diputados en la materia. Por que podemos señalar que sí, efectivamente, ha habido logros, mejoras, en el manejo de la deuda pública nacional, que ciertamente la contrajo el grupo dominante que ahora está resolviendo ese problema que fue creado por el propio grupo dominante. Pero señalamos que no podrá hacerse una evaluación objetiva, yo diría constitucional, inclusive, si es cierto lo que se dice, desearíamos aprobarlo si no se cumple con ese requisito de que el Congreso de la Unión que ciertamente ya autorizó a celebrar el empréstito, pero que en los términos de la fracción VIII del 73 debe conocer este empréstito en concreto para aprobarlo y mandar pagar la deuda nacional.
Otro argumento, si se dice que se está recomponiendo la deuda, no sólo el monto sino por la naturaleza de los títulos o porque se transfirió al sector privado con la privatización la deuda bancaria que es de varios billones de pesos, o porque se está cambiando el carácter de los títulos de los bonos de deuda, o porque se está cambiando deuda vieja por nueva, o por nueva nueva, como ustedes quieran llamar, y todos estos actos implican la necesidad de una cosa, que se reconozca cuál es la deuda nacional y que se mande pagar, ¿con qué objeto? para que no venga un Secretario a decirnos aquí: - Y usted ¿a que deuda se refiere diputado? porque tenemos tres clases, como si fuera, bueno dice un refrán pero no lo voy a decir pero definitivamente eso no puede ocurrir si se observan las formalidades constitucionales.
Si hay una deuda en sus montos mejor que la anterior, esa deuda debe ser reconocida por el congreso, específicamente determinada y mandada a pagar y ustedes revisen su constitución compañeros y en el artículo 73 fracción VIII claramente se establece: "que son competencia del Congreso de la Unión, dar bases, sí, para la celebración de empréstitos" pero también aprobar esos mismos empréstitos una vez celebrados desde luego y reconocer y mandar pagar la deuda nacional para que además el Congreso tenga oportunidad de verificar que los empréstitos contraídos se destinan directamente a inversiones productivas.
Por esa razón y aunque no estamos de acuerdo por lo ya expuesto con la formación de una comisión que revise lo que tiene que revisar el pleno y todos los días cada vez que se presenta una cuestión de política económica y tampoco estando de acuerdo con que se force a partir de la discusión un reconocimiento a priori de esfuerzos y de esquemas de renegociación, todos decimos a la propuesta del diputado priísta, si es adecuado lo que se hizo, nosotros podríamos respaldar estos esfuerzos de renegociación y manejo de deuda política, pero no a priori señores, nosotros queremos que nos remita a la Cámara de Diputados lo que se hizo, los empréstitos que se contrajeron, la deuda que se canceló y que la Cámara, en uso de sus facultades, apruebe esos empréstitos, reconozca la deuda nacional y mande pagar la deuda nacional que subsiste.
En consecuencias voy a dejar una propuesta aquí en esta tribuna en los siguientes términos: "Que se requiera a la Secretaría de Hacienda, para que someta a la aprobación del Congreso de la Unión, los empréstitos realizados para los efectos de recompra de deuda pública externa mexicana que fueron anunciados el día de ayer".
Dejo esta propuesta en manos de la Secretaría y agradezco su atención. (Aplausos).
El Presidente: - Tiene la palabra, para rectificar hechos, el señor diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
El Diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Es lamentable la argumentación que hemos escuchado para rechazar el Punto de Acuerdo que propone el Partido Popular Socialista y el Partido de la Revolución Democrática.
El punto de acuerdo es el de examinar la política económica que se ha seguido en los últimos 10 años y no de elaborar ninguna ley ni decreto sino una opinión de la Cámara sobre el análisis y las recomendaciones, los criterios que extraiga de ese análisis.
Los oradores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional han pasado a oponerse a que se realice este examen, a oponerse a una investigación sobre cómo ha
estado la vida económica de México en los últimos 10 años.
Para el orador del Partido Revolucionario Institucional, desde 1982, se sigue una política de reordenación que ha tenido el éxito, así lo dijo casi textualmente, ahora aquí lo repito yo, lo que él dijo.
Cómo es posible decir que ha tenido un completo éxito con esta injusta distribución de la riqueza; con esta forma como las autoridades de Hacienda tienen que darle cuentas al Fondo Monetario Internacional; con esas ignominiosas cartas de intención en donde queda nuestra soberanía completamente vulnerada.
Cómo es posible señalar que se oponen a este examen, a este estudio, aduciendo de antemano que la política seguida ha tenido ese éxito.
Por otra parte, también es contradictorio lo que se señaló aquí por el orador del Partido Acción Nacional, en apoyo a la falta de mayores argumentos de los oradores del Partido Revolucionario Institucional, en rechazo a nuestro punto de acuerdo.
Quisiera decirle al Partido Acción Nacional, que con el artículo 25 en la fracción I, tenemos bastante fondo para que esta cámara se obligue a analizar la política económica, porque dice claramente "Ver que la política, económica que se siga, fortalezca la soberanía, impulse el desarrollo independiente y promueva una justa distribución de la riqueza".
La política económica que nosotros queremos que se examine para encontrar sus fallas, sus errores, porque está golpeando al pueblo, es una política que tiene hasta el momento el total apoyo del sector empresarial de los grandes empresarios, de la minoría de la banca y de las finanzas.
Quiero citar lo que dice nada menos De Garay, uno de los dueños del Banco del Atlántico, cito y dice una de las figuras más reconocidas en el ámbito bursátil y cabeza de la casa de bolsa de mayor prestigio del país, este señor, dice: "No dudo en afirmar que la estrategia económica y financiera del Presidente Carlos Salinas de Gortari, ha sido realmente extraordinaria y con un cambio estructural profundo que nos permite - dijo - ver hacia adelante con mayor optimismo", y más adelante señala entrando ya en el futurismo político, que esta política económica no deberá modificarse.
Y el mismo orador del Partido Revolucionario Institucional aquí dijo que desde 1983 y esto va para largo plazo porque las medidas son irrevesibles.
Entonces qué, le alejan a los trabajadores expectativas si esta Cámara en primer lugar es muda y se niega a analizar la situación económica que tiene a los trabajadores en esta tan injusta distribución de la riqueza que hasta el orador del Partido Acción Nacional lo reconoció, y no sé si el orador del Partido Revolucionario Institucional haya tenido también el recato de reconocer que por hoy no se ha iniciado una cuesta que mejore la pérdida de adquisición del salario y que de 1992 al presente se han perdido, dicen los estudios de las propias autoridades económicas, cerca de 17 puntos porcentuales en favor del capital.
Cómo es posible que esta cámara diga no hay nada que discutir; vamos a discutirlo nada más por retazos, cuando se trate de una ley lo discutimos en alcances pequeños y cada año, cuando se trate de ver el análisis de la cuenta pública, nada más lo de un año pero no lo de 10, no entrar a conclusiones de conjunto. Ah, pero eso sí, vienen aquí y se dan golpes de pecho de que no son neoliberales; el Partido Acción Nacional es... no es neoliberal, está en contra del neoliberalismo y también por el lado del Partido Revolucionario Institucional creo que son antineoliberales, pero la política que se está aplicando entonces qué nombre tiene.
Señoras y señores diputados: Un punto de acuerdo que llamaba al examen y a la investigación, ha sido desechado. Qué expectativas tienen pues los trabajadores.
Los grandes empresarios, los banqueros y los que los representan políticamente en el Partido Acción Nacional y algunos en el Partido Revolucionario Institucional dirán: la política económica es correcta, como cité hace rato aquí a un banquero; pero los trabajadores, el pueblo, los que están en la calle con sus miles de problemas, ellos no pueden decir que esta política es correcta, al igual que los miles en América Latina que están rechazando todas estas disposiciones, que ni siquiera vienen de las autoridades de cada uno de los países, si no fuera de nuestras fronteras, del Fondo Monetario Internacional.
Muy lamentable que se rechace y que en cambio se pida un voto de apoyo a la política económica; o bien minimizando el problema el Partido Acción Nacional diga que vamos a analizar algo de la
deuda. La posición del Partido Popular Socialista y del Partido de la Revolución Democrática era de analizar la política económica en su totalidad, en lo que ha sido un retroceso en estos 10 años. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Moreno.
La diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas: - Señor Presidente; compañeros diputados:
En este tema hay siempre mucho más que decir que lo que nuestra audiencia parece dispuesta a escuchar. Son temas de gran relevancia e interés nacional, cuya discusión es no solamente pertinente sino muy necesaria.
Probablemente una de las cuestiones que más pudiera agradecerse en este momento sea la brevedad. Ya se ha dicho mucho en pro y en contra de diferentes aspectos de la política económica y se ha señalado que cada uno de nosotros, desde luego en razón de su formación partidaria, académica y de otro tipo, tendrá opiniones distintas. Ciertamente así es y yo solamente quisiera destacar algunas pocas cuestiones.
Me parece y lo he reiterado en alguna otra oportunidad que nuestro país ha logrado grandes cosas, en el transcurso de los años; que la estrategia se ha mantenido y ha sido consistente en cuanto a la búsqueda, en primer instancia del bienestar social de los mexicanos, dentro de un ámbito de democracia y de participación.
Ningún modelo es perfecto. Las comparaciones se dice, a veces son odiosas; sin embargo, si hoy volteamos a cualquier parte del mundo y casi a cualquier país, podremos observar que los mexicanos hemos logrado, sin lugar a dudas, grandes avances en diferentes materias.
En primer lugar la tranquilidad, la estabilidad, la paz social, la concordia entre los mexicanos, el mantenimiento de instituciones sumamente importantes, entre las cuales cuentas algunas de larga data en materia de infraestructura fundamental como carreteras e irrigación; en aspectos que tiene que ver con la soberanía en la toma de decisiones en materia económica como el Banco de México, por ejemplo o la misma Secretaría de Hacienda, una de las más antiguas en el sector público; y otras como el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el ISSSTE para el caso de los trabajadores del Estado, o áreas en el campo de la educación pública, instituciones que tienen que ver con las prestaciones sociales, que se dicen fácil pero que no es sencillo llevar a una población mayoritariamente joven y en rápido crecimiento. Así, por ejemplo, los libros de texto gratuitos, la educación gratuita en los niveles básicos, los servicios de salud también en gran medida abiertos y gratuitos para gran parte de la población, los caminos que comunican y como decía un gran Presidente de México, pueden educar más que 100 escuelas y que hoy vinculan a prácticamente todas las áreas, aún las más apartadas de nuestro país.
Amplios grupos de nuestra población han avanzado, y sería injusto no reconocerlo en el paso de los años anteriores. Hemos tenido altibajos y problemas, como los que señaladamente se dieron en la década anterior, que internacionalmente se reconoció como una década difícil y hasta se ha dicho perdida para el desarrollo de los países en desarrollo y que ciertamente afectó a nuestro país y retrasó la consecución de muchas metas en materia productiva y social; sí, así es, pero hemos seguido buscando abrir espacios para la atención de las necesidades sociales.
La existencia de instituciones y de acciones permanentes y un compañero nuestro hacía alusión a los largos años en que diferentes gobiernos derivado de la Revolución Mexicana han actuado, han permitido amplios estratos tener permeabilidad social y ascender, gracias a la educación, gracias a los servicios fundamentales que les han permitido avanzar. Creo que esto sería no sólo inútil sino injusto negarlo. Se ha creado un amplio estrato de la llamada clase media, que ha podio surgir gracias al esfuerzo institucional mexicano.
El empeño porque el crecimiento se refleje en bienestar, yo insisto, han sido permanentes. creo que nadie desconoce que es indispensable avanzar más hacia una distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. Pero también reconocemos que no puede lograrse todo simultáneamente y que es injusto plantear que no se ha logrado progreso en los niveles de vida para una gran mayoría de los mexicanos.
No estamos satisfechos, desde luego que no y difícilmente lo estaremos en algún momento. Pero seguimos promoviendo áreas prioritarias de nuestra economía y la apertura de fuentes de empleo y seguimos buscando de diferentes maneras, elevar la productividad y que ésta se refleje en mejores percepciones de los
trabajadores; he insistimos en mejorar directamente servicios de agua, drenaje, vivienda, educación básica, salud y seguridad social, que están contribuyendo y deberán seguir haciéndolo de mucho mejor manera al bienestar de la población.
Pero además, especialmente en los últimos años, los avances económicos multicitados en ésta y en otras secciones, se están reflejando y se busca que se reflejen cada vez más en el bienestar.
Yo quisiera recordar, aunque lo he dicho en otras oportunidades, que casi el 60% del presupuesto del gasto programable, hoy se está destinando precisamente a los principales aspectos que tienen que ver con el bienestar social, y los esfuerzos en materia económica están de muchas maneras abriendo espacios para seguir atendiendo necesidades sociales.
Después de escuchar algunas de las intervenciones de mis compañeros, se me ocurría que hay un viejo dicho que probablemente podría usarse en este momento. Decía un amigo mío: "palo porque boga y porque no boga, palo". Si el estado interviene ampliamente en diferentes tipos de actividades, algunos han dicho que se dispersa y que es ineficiente; pero si propicia una mayor participación e iniciativa de los sectores social y privado, les abre espacios y procura sentar bases firmes para el crecimiento con estabilidad, se dice que abandona campos y que auspicia concentración.
La verdad es que el estado mexicano se transforma porque ha sido la orientación que ha captado a través de la consulta con la mayoría de la ciudadanía mexicana. El estado se renueva y se moderniza para ser más ágil en la atención de las necesidades fundamentales.
El estado mantiene la rectoría económica, y hoy más que nunca destaca su responsabilidad en la promoción de niveles de vida más equitativos. Pero además, sigue abriendo espacios económicos y un ejemplo muy claro es lo que antier se anunció en cuanto a la renegociación de una parte de nuestra deuda.
Estamos disminuyendo la carga muy pesada en años anteriores por el pago de esta deuda, para esto se ha recurrido a mecanismos adecuados, que han buscado innovar procedimientos e ir disminuyendo este peso de la carga de la deuda, para nuevamente abrir espacios en lo productivo y en lo social. Además este problema de la deuda, en los años anteriores, no ha sido una cuestión exclusiva de nuestro país, ha sido una situación que desafortunadamente se ha dado a nivel internacional y en lo cual han tenido mucho que ver decisiones ajenas a nuestros países y no es una excusa, es una realidad.
El alza en las tasas de interés, por ejemplo, que implicó costos más elevado en el pago de nuestra deuda, no fue una cuestión que nosotros pudiéramos manejar. Por lo demás en muchísimos casos, los financiamientos se destinaron y esto se puede comprobar, a proyectos que han contribuido a enriquecer la infraestructura y las posibilidades de crecimiento a futuro del país.
Por otra parte, en esta idea de abrirle espacios a los sectores social y privado, la entrada de capitales del exterior que trae el sector privado, esta sirviendo para financiar proyectos productivos y está demostrado estadísticamente que los bienes intermedios y de capital, son los que mayormente se están incorporando a la economía del país para reforzar su capacidad de crecimiento. El sector público disminuye su deuda, el sector público abre espacios para la participación privada y social, el sector público sienta bases firmes para un crecimiento sólido, sostenido y de manera más equitativa.
Estimo que los datos, los últimos de que disponemos, que muestran que en nuestro país sigue creciendo en el último trimestre, y por tercer año consecutivo, por encima del crecimiento de la población, nos lleva el planteamiento que desde luego no es automático, pero sobre el cual se está trabajando de la intención redistributiva; que el gobierno aplica a su esfuerzo fundamentalmente y así lo ha declarado en las áreas de bienestar; que impulsa el crecimiento de la inversión hacia las áreas seleccionadas productivas, con mayor participación de los sectores; que alienta de diferentes maneras mayor competividad para satisfacer mejor el mercado interno con mejores precios y calidad para entrar mejor en el ámbito internacional y que genera el marco adecuado para que las diferentes ramas económicas crezcan, se sigan abriendo fuentes de empleos y se recupere el ingreso de los trabajadores.
La cámara, este ámbito en el que desarrollamos honrosamente nuestros trabajos cumple con sus atribuciones.
Decía muy bien un compañero nuestro que hay diferentes momentos en que de manera sobresaliente intervenimos para opinar sobre las
cuestiones económicas; la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, que discutimos y sobre el cual opinamos y damos orientaciones, la revisión de sus avances cuando se presenta el informe de ejecución, que muy recientemente por cierto fue discutido en esta misma tribuna y sobre el cual se realimenta al Poder Ejecutivo en cuanto a los principales aspectos; la verificación de la congruencia entre los programas sectoriales, especiales y regionales, precisamente con el plan y, desde luego, con el presupuesto, que es el que asigna recursos para efectivamente cumplir con los lineamientos establecidos en plan y programas; la cuenta pública que es de muchas maneras un instrumento de evaluación de lo realizado. Sobre ellos emitimos dictámenes cuando procede y opiniones cuando es el caso, así como las observaciones cuando lo consideramos procedente.
Recibimos y analizamos informes trimestrales de deuda pública y sobre economía y finanzas públicas, los discutimos en grupo y en la comisión y nuevamente realimentamos hacia el poder ejecutivo que los elabora y que esta trabajando sobre ellos y los utilizamos hacia el interior de la cámara.
Estamos también proponiendo nuevas formas y tiempos, para revisar de manera más acuciosa y más adecuada y tener un intercambio más enriquecedor y más apropiado sobre la Cuenta Pública y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Estamos trabajando sobre estos distintos asuntos y me parece que ignorar este trabajo resulta también improcedente con respecto de nuestra propia labor y de lo que estamos aportando con la idea, no tengo la menor duda, todos, de propiciar que las decisiones se sigan dando atendiendo a las necesidades de nuestro país, con base en los recursos de que disponemos, tomando en cuenta los tiempos en que se desarrollan las cosas. Y que tenemos, desde luego, prioridades y objetivos que quisiéramos alcanzar todos al mismo tiempo pero que hay que jerarquizar. Y eso es lo que estamos haciendo juntos.
La discusión orienta, aporta y cada vez que nos subimos a esta tribuna y que el pleno nos escucha, podemos suponer que caminaremos de una manera más adecuada, para que nuestro trabajo siga contribuyendo al progreso de nuestra patria.
Creo que los diferentes aspectos que aquí se han comentado, se están tomando en consideración y de muchas maneras estimo que el camino que ha tomado nuestro país, que los cambios que ha encauzado, que la línea que ha asumido en cuanto a su política económica no solamente reafirma la decisión soberana sino que al ampliar los márgenes de intervención de los sectores, las posibilidades de participación y el bienestar social, nos permite a futuro sentirnos plenamente seguros y confiados de que seremos los mexicanos quienes sigamos tomando las decisiones fundamentales en todos los aspectos que atañen a la existencia de nuestra nación.
El Presidente: - Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su permiso; señor Presidente.
He solicitado el uso de la palabra sólo para hacer algunas precisiones en torno a lo expresado por la compañera diputada que me antecedió en el uso de la palabra.
Ciertamente el Partido Popular Socialista ha reconocido muchos de los logros que el pueblo mexicano ha alcanzado, pero hay que decir las cosas como son. Son conquistas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, El Libro Gratuito, Instituto Mexicano del Seguro Social, Derecho de Huelga, etcétera, la nacionalización de las principales empresas, todo ha sido conquista, no de todos, ha sido conquista del pueblo mexicano en una lucha dramática frente a sus enemigos internos y externos. Eso hay que reconocerlo hay que decirlo así, no es generalizando las cosas como se puede conciliar la oposición, la lucha dramática de fuerzas antagónicas que no cesa por la acción de alguna fuerza actual.
Otra cuestión, precisamente por esto, la intervención del Estado, que mi partido ha valorado como el hecho que ha salvado la soberanía y la independencia de nuestra patria y que en este momento hemos demandado una revisión de la política económica y social de los últimos 10 años, precisamente para sacar una conclusión, una opinión, de por qué en los últimos años, al abandonarse el camino de la Revolución Mexicana, hemos llegado a 1992 con un informe dramático de que ahora hay 2 millones de mexicanos pobres, más pobres, aumentando de 51 a 53 millones el número que están en esta condición. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sucedió esto? Es lo que queremos que se revise.
Y además queremos también precisar una cuestión elemental. Ya se ha dicho aquí que hemos
criticado y golpeado cuando el Estado interviene. Y también se ha criticado al Estado cuando no interviene. Hay que decir, hay que precisar hacia dónde van las acciones.
Cuando el Estado ha caminado por el rumbo de la Revolución Mexicana, los golpes han sido contra los enemigos históricos del país, contra la derecha, contra el imperialismo. Pero cuando, como sucede en este momento a nuestro juicio, el gobierno recoge el programa de la derecha, los golpes están orientados contra el bienestar del pueblo mexicano y contra la soberanía y la independencia de nuestra nación.
Estas cuestiones hay que precisarlas siempre, porque conducen a confusión cuando se generalizan y no se precisa su orientación adecuada. Muchas gracias.
El Presidente: - En votación económica consulte la Secretaría a la Asamblea si acepta o desecha las propuestas que en materia económica del gobierno federal presentaron en primer lugar, la diputada María Clara Mejía Guajardo; en segundo lugar la que presentó el diputado Rodolfo Becerril Straffon y en tercer lugar el diputado Felipe Calderón Hinojosa.
El secretario José Marco Antonio Olvera Acevedo: - En votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición hecha por la diputada María Clara Mejía Guajardo, del Partido Popular Socialista.
Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie...
Los que estén porque se deseche, favor de ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la proposición hecha por el diputado Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional.
Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie...
Los que estén porque se deseche, ponerse de pie... Se acepta, señor Presidente.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la proposición hecha por el diputado Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional.
Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie...
Los que estén porque se deseche, favor de ponerse de pie... Se rechaza, señor Presidente.
RECESO
El Presidente (a las 15.45): - Esta Presidencia declara un receso de 60 minutos, rogándole a los diputados que al término de los mismos estén aquí puntuales Muchas Gracias.
Receso.
(A las 17.30 horas): - Continuamos con la sesión.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY MINERA
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo a la Ley Minera.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario José Marco Antonio Olvera Acevedo: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial»
Honorable Asamblea: a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley Minera, presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Carlos Salinos de Gortari.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General; 56, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, efectuó el análisis y estudio de la iniciativa conforme a los siguientes
ANTECEDENTES
La Iniciativa de Ley Minera fue sometida al honorable Congreso de la Unión, con fecha 6 de mayo de 1992, por conducto de la Cámara de Diputados, Cámara de Origen, por el ciudadano Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo
71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta de un nuevo ordenamiento jurídico en materia minera, se fundamenta, según la exposición de motivos de dicha iniciativa presidencial, en el reconocimiento de que la fuente material de las normas jurídicas se encuentran en la realidad social, en los fenómenos políticos y económicos que, con su constante evolución, imprimen una dinámica ante la cual se debe estar muy atento. En la actualidad, la minería mexicana, además de las dificultades inherentes a la actividad, afronta también las que derivan de un marco jurídico complejo y excesivamente regulado.
El Presidente de la mesa directiva, conforme al Reglamento, dictó el siguiente tramite: "túrnese a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial" y en el mismo acto se repartieron copias de la iniciativa a todos los legisladores presentes en el salón de sesiones del Recinto Alterno de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial se reunió el día 13 de mayo del año en curso, con el titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Fernando Hiriart Balderrama, a fin de allegarse elemento de juicio referente a la iniciativa.
Como parte del proceso de revisión de la iniciativa que llevó a cabo la Comisión Legislativa se celebraron diversas reuniones y se promovió el dialogo y consulta con grupos que integran la Minería Nacional, por lo que se realizaron durante el mes de mayo diversos Foros Regionales de Consulta en Sonora, Durango y en el Distrito Federal.
En ellos se pudieron conocer las opiniones, por demás constructivas, de los pequeños y medianos mineros, del sector social, de representantes de asociaciones profesionales y de la Cámara Minera de México, en dichas regiones.
Posteriormente, el pasado 26 de mayo se realizó la sesión de conferencia con la colegisladora para incorporar los puntos de vista del Senado de la República.
Este dictamen incorpora puntos de vista de distintas fracciones parlamentarias que entregaron por escrito sugerencias de modificaciones con fecha mayo 25 de 1992 y del anteproyecto de dictamen que se repartió entre los miembros de la comisión con fecha 26 de mayo de 1992.
En relación a los Foros de Consulta cabe señalar que, en términos generales, la estructura, contenido y fondo de la iniciativa merecieron el apoyo tanto de pequeños mineros, del Colegio de Ingenieros Mineros, de la Academia Mexicana de Ingeniería y de la Cámara Minera de México. En los foros se recibieron alrededor de un centenar de planteamientos para complementar la iniciativa, entre los que destacan los apoyos al sector social, a la pequeña y mediana minería, desarrollo tecnológico y protección de medio ambiente.
En los foros se hizo un balance comparativo entre el proyecto de ley que se somete a la consideración del Congreso y la ley vigente y se observó el beneplácito de los participantes con la simplificación administrativa integral prevista en la Iniciativa de Ley, así como de las medidas que ésta contiene para promover la inversión en la actividad, habiéndose recibido la petición de una mayor orientación, e información, sencilla y accesible a los mineros, relativa a los derechos y obligaciones que les impone la ley.
Se recibieron demandas de apoyo en la realización de los trabajos de exploración minera, para la evaluación de los recursos minerales identificados y determinar la viabilidad de su explotación y beneficio, para lo cual se propuso establecer un programa de apoyo a la pequeña minería y a la minería del sector social.
Aunado a las características inherentes a la actividad, que es intensiva en capital, de alto riesgo y largo plazo de maduración, los mineros de México platearon la problemática de descapitalización de su sector y la baja de los precios internacionales de sus productos, por lo que demandaron la implantación de mecanismos especiales de acceso efectivo a las fuentes de financiamiento para la exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales dado que, aun existiendo los fondos especiales, la banca de primer piso no los ha activado, independientemente de la viabilidad de los proyectos.
Adicionalmente a las propuestas recibidas en los foros, la comisión recibió grupos de mineros de distintas partes del país, entre los que destacan el de ejidos productores de bentonita y caolín, que solicitaron se precisaran las condiciones en las que dichas minerales se consideran concesibles, por lo que pidieron la modificación de la fracción VI del artículo 4o. de la iniciativa.
Además se detectó la urgente necesidad de resolver los problemas relativos al suministro de explosivos para la minería y considerar un
tratamiento especial para el agua extraída de las minas que no se utiliza en los procesos de extracción y beneficio.
Por lo que procede a formular el presente dictamen, de acuerdo con las siguientes
CONSIDERACIONES
I. Fundamento constitucional de la iniciativa.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la fuente de validez de nuestro sistema jurídico. En consecuencia, la legislación secundaria ha de concretar fielmente las disposiciones constitucionales con el objeto de hacerlas operativas en la realidad.
Bajo esta premisa, la Iniciativa de Ley Minera, reglamentaria de la Constitución en la materia, es conforme con el texto constitucional, toda vez que regula la rama con estricto apego a los principios de la Carta Magna.
Esto es, la nación conserva el dominio directo, inalienable e imprescriptible, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos y, por tanto, la explotación, el uso o el aprovechamiento de dichos recursos por los particulares no podrá realizarse sino mediante concesiones administrativa, otorgada por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de conformidad con las reglas y condiciones que establezca la propia Ley Minera.
Asimismo, la iniciativa fortalece el principio constitucional de que las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias, regulan la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones y que su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas.
La iniciativa mantiene el carácter federal de la rama en las siguientes dos vertientes: i) en el artículo 1o. de la iniciativa se establece que la ley es de observancia en toda la República, lo que significa que es de aplicación federal y ii) en el artículo 6o. se dispone, en consecuencia, que únicamente por la ley de carácter federal podrán establecerse constituciones que graven la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias sujetas a la Ley.
Esto es, la minería tiene un carácter federal, como se dice en la exposición de motivos, en lo sustantivo y en lo fiscal, carácter que tiene su fundamento constitucional en lo dispuesto por la fracción X del artículo 73 constitucional, que dispone que el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en toda la República sobre minería en cuanto a lo sustantivo y en la fracción XXIX, inciso 2o. del mismo artículo, que dispone que el Congreso Federal tiene facultad para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos minerales.
Esta comisión recibió con interés la preocupación de algunos legisladores en relación al posible abandono del Estado de sus funciones como rector y regulador de la actividad minera, situación que se descarta con un análisis del artículo 27 de la Constitución Política, que parte del principio general del dominio eminente que tiene la nación sobre todos los bienes sometidos a su jurisdicción y es un atributo de la soberanía y no una forma especial de propiedad.
Partiendo de tal principio, la Constitución otorga diferentes matices al ejercicio de tal atributo y señala como propiedad originaria la que tiene la nación sobre tierras y aguas del territorio nacional, con base en la cual podrá transmitirla a los particulares constituyendo la propiedad privada.
Asimismo, derivado del dominio eminente, en párrafo distinto, se regula el dominio directo sobre los recursos naturales de subsuelo, estableciéndose un régimen diferente, con carácter inalienable e imprescriptible, con lo cual se limita el propio Estado, en uso de su soberanía, para celebrar cualquier acto que pudiese significar que la posesión o disfrute de dichos bienes por particulares se convierta de alguna manera en propiedad.
De la inalienabilidad e imprescriptibilidad se desprende que el Estado carece del jus abutendi, luego no tiene el dominio completo, la plena in, re protestas, pues sólo puede concesionar esos bienes temporalmente y bajo la condición de explotarlos, de modo que si no se explotan volverán a la nación. Lo anterior constituye para el concesionario un dominio bajo condición resolutoria, esto es que el dominio es revocable y coexistente con el derecho de quien se lo transfirió, el Estado, a quién deberá volver el área concesionada al realizarse la condición resolutoria. En tal virtud, la nación tiene un "alto dominio" entendido como el dominio que se sobrepone al de cualquier otro y que subsistirá siempre a
través de todos los actos de que el terreno sea objeto en el transcurso de los tiempos.
El dominio transmitido bajo condición resolutoria, a través de la concesión, no se separa del Estado de una manera absoluta y definitiva, sino que queda ligado a el, puesto que hay la posibilidad de que lo recupere.
El subsuelo en nuestro país no es susceptible de apropiación, por lo tanto, se tendrá solamente el derecho a su explotación mediante un título de concesión que, de ninguna manera, otorga la propiedad, puesto que está sujeto a condiciones muy distintas de las que rigen los títulos traslativos de dominio.
La inalienabilidad garantiza que la propiedad sobre las sustancias minerales se conserve siempre por la nación, para que está pueda alcanzar los fines de interés general que respondan al modelo de modernidad, que exige una acción eficaz y justa frente a la realidad.
La afectación de los recursos minerales al régimen de inalienabilidad garantiza la satisfacción de ciertos fines sociales, suprimiendo las cargas que pudiesen representar los intereses del propietario del suelo para un aprovechamiento óptimo y competitivo de tales recursos en beneficio del interés general, fin último del Estado.
El principio de la imprescriptibilidad se establece con el fin de asegurar a la nación de modo exclusivo, intangible y perpetuo, la disponibilidad de los bienes que constituyen su riqueza y tiende a defender dichos bienes de la invasión de cualquier voluntad, aun la del propio Estado, que pretendiera transformarse en un derecho.
II. Descripción de la estructura y contenido de la iniciativa y situación que se pretende corregir.
Descripción de la estructura y contenido de la iniciativa.
Después de haberla estudiado y revisado, la comisión observó que la iniciativa está estructurada por 58 artículos permanentes y 12 transitorios, en siete capítulos. El primer capítulo se refiere a las disposiciones generales; el segundo a la regulación de concesiones, asignaciones y reservas mineras; el tercero y cuarto versan sobre los derechos y obligaciones derivados de las concesiones y asignaciones mineras y el beneficio de minerales; el quinto sobre la nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos; el sexto se refiere al Registro Público de Minería y la Cartografía Minera y el último a las inspecciones, sanciones y recursos.
La comisión observó, además, que la presente iniciativa del ejecutivo tiene por objeto fortalecer e incrementar la contribución de esta rama en la vida económica del país, generando empleo, divisas y el desarrollo de infraestructura en diferentes regiones del país. Para tal efecto, la iniciativa Presidencia precisa los minerales o sustancias que debe regular la ley; funda en un principio de confianza las relaciones entre el particular y la autoridad, manifiesto en la simplificación administrativa de la regulación minera; establece igualdad jurídica entre los particulares y las entidades paraestatales para promover mayor concurrencia de los primeros en la actividad; propugna por el crecimiento sano y sostenido del sector, al posibilitar la canalización de capital de riesgo, hacia él mismo y robustece la verificación de obligaciones.
No obstante lo anterior, esta comisión consideró necesario precisar aún más las atribuciones del Ejecutivo en cuanto a la adición de minerales al régimen de concesión.
Se observó que la simplificación administrativa que conlleva la iniciativa facilita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones y deberes en la materia y asegura la plena vigencia del principio sobre el que se sustenta el derecho minero: Prior tempore, potior iure.
Asimismo, la comisión dictaminadora observó que mediante la actualización de costo de los derechos superficiarios de los montos mínimos de inversión obligatoria, se inhibe y desalienta el acaparamiento de áreas concesionadas. Igualmente se constató que de los tres millones de hectáreas de las que se han desistido los particulares, el 88% proviene de las grandes empresas mineras.
Los miembros de la comisión dictaminadora consideran necesario reforzar la soberanía nacional sobre las zonas marinas mexicanas, refrendando lo dispuesto por la Ley Federal del Mar. Por ello, estando de acuerdo con la iniciativa, consideran que es necesario también precisar sus términos a fin de guardar la congruencia necesaria con la mencionada Ley Federal del Mar, para coincidir con ésta en cuanto a la soberanía sobre los minerales submarinos.
Con respecto a lo anterior, la comisión estima pertinente destacar el respeto absoluto al criterio del Constituyente con relación al dominio directo de la nación sobre los recursos naturales de las
zonas marinas mexicanas, por lo que la iniciativa propone el establecimiento de criterios de racionalidad y de seguridad al no solo proponer su concesibilidad, sino también al sujetarla a condiciones específicas, tales como un concurso, la no trasmisibilidad de la concesión y la sujeción a otras leyes aplicables.
En cuanto a minerales denominados estratégicos, los miembros de esta comisión estimaron pertinente hacer varias consideraciones.
En primer termino, se desea precisar que conforme al artículo 25 de la Constitución, se consideran áreas estratégicas del desarrollo aquéllas en las que sólo el Estado, sin participación de particulares, puede actuar. Complementariamente a este precepto, el artículo 28 de la propia Constitución precisa las áreas estratégicas del desarrollo entre las cuales los únicos minerales considerados son los radiactivos
En ese contexto, esta comisión considera que la iniciativa es absolutamente respetuosa de dicho precepto, pues al excluir a los minerales radiactivos de su ámbito de aplicación, queda totalmente claro que no se varía la situación de los únicos minerales que constitucionalmente son estratégicos y que, además, están sujetos a las disposiciones de otra ley, que es la Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear.
Por otro lado, esta comisión indagó que en la actualidad son contados los países que consideran "estratégicos" o "reservados" otros minerales y que tal calificación se aplica fundamentalmente a aquellos susceptibles de utilización en la industria bélica y aeroespacial.
Sin embargo, estos países no restringen su explotación, sino que establecen una reserva de mineral procesado, en inventarios, que asegure el abastecimiento de dichas industrias, facultad que el Estado Mexicano puede ejercer en cualquier momento.
La experiencia indica que el haber reservado el azufre, fósforo, potasio, hierro y carbón desalentó su exploración y explotación en un período en que se debió de haber aprovechado una coyuntura de precios internacionales altos, además de que actualmente la mayoría de dichos minerales están siendo desplazados por sustitutos y en todos los casos el país es deficitario, por lo que la comisión estima que la iniciativa pretende asegurar a futuras generaciones el abasto de estos minerales.
El marco legislativo minero que se propone regula la inversión extranjera conforme a lo dispuesto por la ley de la materia y suprime disposiciones referentes a sociedades, por estar ya contempladas en la legislación mercantil, con el propósito de intensificar los trabajos de exploración en el territorio nacional, propiciar el desarrollo de nuevos distritos mineros y contrarrestar los efectos del excesivo apalancamiento financiero en el desarrollo de pequeños, medianos y grandes proyectos.
El firme respeto a las normas, por parte de la autoridad y de los particulares, constituye la premisa esencial para asegurar deje de ser el aspecto regulatorio una de las dificultades por resolver a quienes con perseverancia y entusiasmo destinan sus capacidades, esfuerzos y recursos a este sector de profundo arraigo y trascendencia en el desarrollo de nuestra nación. Por ello la eliminación de obligaciones excesivas, reiterativas o por mero formulismo, posibilitara a la autoridad verificar el cumplimiento de la obligación constitucional de ejecutar y comprobar las obras y trabajos de explotación.
En suma, mayor seguridad jurídica, desregulación, racionalidad económica, simplificación administrativa, modernización del fomento a la pequeña y mediana minería y readecuación del control de obligaciones y deberes constituyen las premisas esenciales sobre las cuales se sustenta la iniciativa.
Mayor seguridad jurídica.
Con el propósito de dar mayor seguridad jurídica a los particulares la iniciativa precisa en forma expresa los minerales o sustancias que regula la misma; señala el criterio para determinar la concesibilidad de las salinas formadas directamente por las aguas marinas; determina que el monto indemnización que deba cubrirse en los casos de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbres sea fijado por medio de avalúo practicado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales; instaura el procedimiento a que se sujetará la práctica de visitas de inspección de ejercicio de la facultad de verificación que le confiere a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y fija la prescripción para verificar y sancionar la inobservancia o incumplimiento de las obligaciones y deberes que impone la misma.
Asimismo, de conformidad con las modernas tendencias del Derecho Penal, que enfatizan el aspecto preventivo por encima de un régimen punitivo, la iniciativa suprime los tipos penales que establece la ley que se propone derogar, y en su lugar se prevé un régimen de sanciones.
administrativas para el caso de infracciones a la propia ley.
Desregulación y racionalidad económica
En materia de desregulación económica, permite a particulares la explotación de yacimientos de azufre, fósforo, potasio, hierro y carbón; admite la realización de obras y trabajos de exploración y explotación sobre las zonas marinas mexicanas, los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, mediante concesiones otorgadas previo concurso con las condicionantes y limitantes que se establecen en éste y por las sustancias que al efecto se celebren; hace factible el otorgamiento de concesiones mineras sobre terreno amparado por asignaciones para propiciar se continúen los trabajos de exploración y explotación en las manifestaciones mineralógicas que descubra el Consejo de Recursos Minerales.
Asimismo, precisa que para la incorporación de zonss a reservas mineras nacionales se haya valorado previamente el potencial minero de la zona, se justifique causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado; restringe la expedición de la asignación minera sólo en favor del Consejo de Recursos Minerales, con el objeto de que identifique y cuantifique los recursos minerales potenciales de la nación; suprime disposiciones especiales o preferentes para el régimen de asignaciones mineras y para las entidades públicas mineras; elimina los límites a la superficie concesible, en virtud de la política adoptada en materia de derechos superficiarios y, en consecuencia, el régimen de reservas mineras industriales y desregula plenamente la transmisión de la titularidad de concesiones y de los derechos que de ellas deriven.
Simplificación administrativa
Por lo que concierne a la simplificación administrativa, la iniciativa desecha dieciséis trámites, esto es un 30% de los asuntos mineros previstos por la normatividad vigente; amplía la vigencia de las concesiones de exploración de tres a seis años improrrogables y de las concesiones de explotación de veinticinco a cincuenta años; determina que las concesiones de exploración podrán ser sustituidas por una o más concesiones de explotación, sin que sus titulares incurran en el riesgo de perder los derechos adquiridos y permite que las concesiones mineras confieran derechos sobre cualesquier minerales o sustancias materia de la misma.
Suprime el régimen de sustancias incorporadas a reservas mineras nacionales, las concesiones de planta de beneficio y las concesiones coexistentes; precisa que los desistimientos de concesiones mineras o las solicitudes de reducción de la superficie que amparen surtan efectos para el pago de los derechos superficiarios a partir de la fecha de su presentación ante la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; instaura la Cartografía Minera para constatar el carácter libre de los lotes solicitados y orientar las labores de exploración de los particulares.
Finalmente, agrupa las disposiciones relativas a los derechos y obligaciones de los concesionarios mineros, mismas que se encuentran dispersas en el ordenamiento vigente; permite el agrupamiento de concesiones mineras de exploración y explotación para efectos de comprobar la ejecución de obras y trabajos; establece la comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación en el mes de mayo de cada año para evitar incurran los titulares de concesiones mineras en causales de cancelación por no comprobar obras y trabajos en los periodos dispersos que correspondían a cada concesión; reordena los actos y contratos que deben inscribirse en el Registro Público de Minería e introduce la inscripción de avisos notariales preventivos con motivo de la celebración de contratos.
Modernización del fomento a la pequeña y mediana minería
La iniciativa instrumenta medidas efectivas para apoyar firmemente a estos sectores de relevancia en la búsqueda y descubrimiento de yacimientos minerales. Por consiguiente, posibilita la canalización de capital de riesgo hacia los mismos; unifica en el Consejo de Recursos Minerales las atribuciones de asistencia técnica; le encomienda a éste último organismo las facultades para proporcionar el servicio público de información geológico - minera, de certificar a costa del interesado reservas cubicadas por parte de particulares que deseen otorgar en garantía los derechos derivados de su concesión minera y participar en los fondos de riesgo compartido para la exploración y concentra los recursos y funciones de financiamiento en el Fideicomiso de Fomento Minero.
De otra parte, faculta a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal para elaborar un programa específico de apoyo a la pequeña minería y a la minería social, y para reducir en forma generalizada los montos mínimos de
inversión por realizar o del valor de los productos minerales por obtener, cuando la cotización o demanda de un mineral sufra disminuciónes; deja sin efecto el procedimiento de cancelación cuando se acredite extenporáneamente la obtención de minerales o sustancias por medio de facturas o liquidaciones de beneficio que correspondan al período por comprobar, y concede una amnistía administrativa a titulares de concesiones que no hayan presentado la solicitud de concesión de explotación o de nueva concesión de explotación y cuya cancelación no haya sido declarada.
Readecuación del control de obligaciones y deberes
Por lo que se refiere a las obligaciones y deberes, la iniciativa sujeta la exploración y explotación de yacimientos al cumplimiento de las normas técnicas específicas aplicables a la industria minerometalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente; condiciona la realización de obras y trabajos de exploración y explotación en poblaciones, obras públicas, la zona federal marítimo terrestre y áreas naturales protegidas a la autorización de quienes tengan a su cargo estos bienes; conserva la obligación impuesta a quienes beneficien mineral de recibir el que extraigan terceros: redefine, precisa y agrupa las causales de nulidad y cancelación de las concesiones mineras, así como para declarar la insubsistencia de derechos y consigna como causal de nulidad la obtención de minerales o sustancias no sujetas a la aplicación de la misma al amparo de concesiones mineras.
Estamos ciertos que mediante el marco legislativo que se propone a este honorable Congreso de la Unión, la minería volverá a ser una actividad preponderante en nuestra economía y retomará la dinámica de crecimiento que el potencial geológico del país permite.
Situaciones que se pretenden corregir
1. Situación
Confusión en relación con los minerales o sustancias del dominio directo de la nación.
Discrecionalidad de la autoridad y prácticas administrativas al margen de la ley en perjuicio de solicitantes de concesión minera o de titulares superficiarios.
Conflictos judiciales entre mineros superficiarios.
Paralización de la actividad minera en aquellas zonas en conflicto.
Modificación
Precisa en forma expresa los minerales o sustancias que regula la misma.
Señala el criterio para determinar la concesibilidad de las salinas formadas directamente por las aguas marinas.
Faculta al Ejecutivo Federal para determinar la concesibilidad de minerales o sustancias no incluidos expresamente en el artículo respectivo, con base en el desarrollo tecnológico.
2. Situación
Silencio legal para la fijación del monto de la indemnización e improvisación en la determinación del mismo.
Retrasos considerables en estos asuntos por inconformidades de las partes.
Arreglos al margen de la ley en relación con los mismos.
Modificación
Determina que el monto de la indemnización que deba cubrirse en los casos de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbres sea fijado por medio de avalúo practicado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.
3. Situación
Exploración insuficiente del territorio nacional.
Bajo desarrollo de la actividad minera en zonas con alto potencial.
Falta de competitividad y subexplotación de yacimientos por el rezago tecnológico.
Diversidad de regímenes para regular la participación de la inversión extranjera.
Excesivo apalancamiento financiero en el desarrollo de pequeños, medianos y grandes proyectos.
Modificación
Posibilita la inversión nacional y extranjera en sociedades mineras en los términos y condiciones que determine la ley de la materia.
4. Situación
Destino de recursos fiscales para actividades no prioritarias.
Paralización de la actividad minera en detrimento de la creación de nuevos distritos y el desarrollo regional.
Déficit creciente en la producción de potasio, fósforo, azufre, carbón y hierro.
Concentración de la actividad minera y en yacimientos polimetálicos.
Modificación
Permite a particulares la explotación de yacimientos de azufre, fósforo, potasio, hierro y carbón.
Permite la incorporación de las nuevas tecnologías para desarrollos mineros.
5. Situación
Desaprovechamiento de los recursos naturales comprendidos dentro de la totalidad del territorio nacional.
Déficit creciente en la producción de minerales que abastecen industrias prioritarias para el desarrollo nacional, como el fósforo y el níquel.
Modificación
Admite la realización de obras y trabajos de explotación mediante concurso y por sustancias determinadas sobre las zonas marinas mexicanas, los zócalos submarinos de islas, cayos, arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva.
6. Situación
Desaprovechamiento de las manifestaciones mineralógicas descubiertas por el Consejo de Recursos Minerales.
Discrecionailidad en la difusión de los resultados obtenidos mediante la exploración regional llevada a cabo por el Consejo de Recursos Minerales.
Modificación
Hace factible se otorguen concesiones mineras sobre terreno amparado por asignaciones que se cancelan, para propiciar se continúen los trabajos de exploración en las manifestaciones mineralógicas que descubra el Consejo de Recursos Minerales.
7. Situación
Incorporación indiscriminada de zonas a reservas mineras nacionales.
Bloqueo de zonas sin conocer su potencial minero.
Explotación de las zonas destinadas a satisfacer las necesidades futuras del país por parte de organismos públicos y entidades paraestatales mineras.
Paralización injustificada de la actividad minera en detrimento de la creación de nuevos distritos y el desarrollo regional.
Modificación
Precisa que para la incorporación de zonas a reservas mineras nacionales se haya valorado previamente el potencial minero de la zona y se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado o se acredite causa de utilidad pública.
8. Situación
Inobservancia del precepto constitucional que determina la concesión como único medio para realizar la explotación de minerales o sustancias del dominio de la Nación.
Modificación
Restringe la expedición de la asignación minera sólo en favor del Consejo de Recursos Minerales, con el objeto de que identifique y cuantifique los recursos minerales potenciales de la nación.
9. Situación
Constitución de sociedades mineras sin racionalidad económica, administrativa o técnica.
Incremento de labores administrativas improductivas.
Comprobación fraccionada de obras y trabajos de exploración y explotación.
Establecimiento de un régimen artificioso e inoperante para autorizar superficies que exceden a los límites impuestos, lo cual provoca multiplicación de trámites.
Acaparamiento simulado de vastas áreas ociosas.
Modificación
Elimina los trámites a la superficie concesible, en virtud de la política adoptada en materia de derechos superficiarios y, en consecuencia, el régimen de reservas mineras industriales.
10. Situación
Duplicación de trámites, en virtud de la necesidad de solicitar autorizaciones previas que posteriormente deben ser ratificadas ante la misma autoridad.
Restricciones en los términos y condiciones para transmitir los derechos que derivan de las concesiones mineras, en perjuicio de la libertad contractual y por consiguiente inhibe el destino de recursos a la exploración.
Inseguridad jurídica en la transmisión de los derechos que derivan de las concesiones mineras.
Modificación
Desregula plenamente la transmisión de la titularidad de concesiones mineras y de los derechos que de ellas deriven.
11. Situación
Existencia de trámites diversos, con modalidades varias para la obtención de diferentes clases de concesiones mineras, encaminados a un mismo fin; la exploración y explotación de depósitos minerales.
Confusión con respecto a las condiciones y requisitos por satisfacer para la obtención de una concesión minera.
Aclaraciones, correcciones y desaprobaciones frecuentes por omisiones y errores en el despacho de las distintas clases de solicitudes de concesión mineral.
Exceso de labores administrativas frente a las propias de la actividad minera: la exploración y explotación de depósitos minerales.
Imposición de compensación y regalías a que restan competitividad a la explotación de este tipo de yacimientos y restringen la libre enajenación de los minerales o sustancias obtenidos.
Discrecionalidad de la autoridad en la fijación de los requisitos a satisfacer en los concursos por celebrar para el otorgamiento de concesiones especiales en reservas mineras nacionales.
Instancias y trámites adicionales para la obtención de dichas concesiones.
Sobre - regulación para la realización de actividades propiamente industriales.
Oferta limitada de plantas para el beneficio de mineral de terceros.
Paralización de la actividad minera en zonas de interés.
Modificación
Desecha dieciséis trámites, esto es un 30% de los asuntos mineros previstos por la normatividad vigente.
Suprime el régimen de sustancias incorporadas a reservas mineras nacionales y las concesiones de planta de beneficio.
Obliga a las plantas de beneficio a recibir hasta un 10 % de mineral de terceros.
12. Situación
Duplicación de trámites para la realización de un mismo objeto: la exploración o explotación de yacimientos minerales.
Exceso de labores administrativas frente a las sustantivas de la actividad.
Términos inadecuados de acuerdo con la temporalidad que conllevan las obras y trabajos de exploración y explotación, la vida económicamente explotable de los yacimientos, así como la maduración y recuperación de inversiones en la rama.
Exploración insuficiente y aprovechamiento irracional de los recursos minerales de la nación.
Modificación
Amplia la vigencia de las concesiones de exploración de tres a seis años improrrogables y de las concesiones de explotación de veinticinco a cincuenta años.
13. Situación
Preeminencia de requisitos administrativos sobre condiciones de ley para la obtención de concesiones mineras.
Pérdida de los derechos adquiridos y de las inversiones realizadas por no satisfacer requisitos de trámite.
Cautela en la realización de obras y trabajos de exploración hasta en tanto sea obtenida la concesión de explotación.
Modificación
Determina que las concesiones de exploración serán sustituidas por una o mas concesiones de explotación, sin que sus titulares incurran en el riesgo de perder los derechos adquiridos.
14. Situación
Pago injustificado de derechos superficiarios sobre superficie que se abandona, hasta en tanto la autoridad resuelve la solicitud respectiva.
Modificación
Precisa que los desistimientos de concesiones mineras o las solicitudes de reducción de la superficie que amparen surtan efectos para el pago de los derechos superficiarios a partir de la fecha de su presentación ante la Secretaría.
15. Situación
Dispersión de los derechos y obligaciones de los concesionarios mineros en un ordenamiento conformado por ciento veinticuatro artículos.
Desconocimiento y confusión con respecto a los derechos y obligaciones a cargo de titulares de concesiones mineras.
Ejercicio precario de los derechos que les corresponden e incumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Pérdida de los derechos adquiridos y de las inversiones realizadas.
Modificación
Agrupa en las disposiciones relativas a los derechos y obligaciones de los concesionarios mineros, mismas que se encuentran dispersas en el ordenamiento vigente.
16. Situación
Atomización de las inversiones destinadas a la exploración en diversas concesiones.
Exploraciones a semidetalle inconclusas en la mayoría de las concesiones otorgadas para tal fin.
Modificación
Permite el agrupamiento de concesiones mineras de exploración para efectos de comprobar la ejecución de obras y trabajos.
17. Situación
Realización de comprobaciones de obras y trabajos durante todo el año con la consiguiente distracción en sus tareas sustantivas.
Pérdida de los derechos adquiridos y de las inversiones realizadas por presentar extemporáneamente la comprobación de obras y trabajos.
Modificación
Establece la comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación en el mes de mayo de cada año para evitar incurran los titulares de concesiones mineras en causales de cancelación por no comprobar obras y trabajos en los períodos dispersos que correspondían a cada concesión.
18. Situación
Discrecionalidad en la difusión de los resultados obtenidos mediante la exploración regional llevada a cabo por el Consejo de Recursos Minerales.
Acceso restringido a la pequeña y mediana minería a créditos bancarios por no poder otorgar las garantías tradicionalmente exigidas.
Ausencia de capital de riesgo para cubicar reservas indispensables que aseguren el desarrollo de pequeños proyectos.
Paralización de la actividad minera en detrimento de la generación del empleo y el desarrollo regional.
Modificación
Faculta al Consejo de Recursos Minerales para proporcionar el servicio público de información geológico - minera, de certificar a costa del interesado reservas cubicadas por parte de particulares que deseen otorgar en garantía los derechos derivados de su concesión minera y de participar en los fondos de inversión de riesgo compartido para exploración.
19. Situación
Asegura la explotación de pequeños depósitos minerales donde resulta incosteable la instalación de una planta de beneficio.
Modificación
Conserva la obligación impuesta a quienes beneficien mineral de recibir el que extraigan terceros.
20. Situación
Pérdida de los derechos adquiridos y de las inversiones realizadas por no comprobar en tiempo obras y trabajos efectuados o no cubrir los derechos superficiarios causados o la prima por descubrimiento a su cargo.
Modificación
Deja sin efecto el procedimiento de cancelación cuando se acredite extemporáneamente la obtención de minerales o sustancias por medio de factura o liquidaciones de beneficio que correspondan al período por comprobar o se cubran gravámenes causados.
21. Situación
Dispersión de las causales de nulidad y cancelación de las concesiones mineras, así como de las correspondientes a la insubsistencia o suspensión de derechos.
Duplicación de causales de nulidad o cancelación de concesiones mineras.
Existencia de causales de caducidad injustificadas e inoperantes.
Pérdida de los derechos adquiridos y de las inversiones realizadas.
Modificación
Redefine, precisa y agrupa las causales de nulidad y cancelación de las concesiones mineras, así como para declarar la insubsistencia de derechos.
III. Modificaciones y adiciones propuestas por la comisión
El grupo plural a cargo de la redacción del dictamen, en las diversas reuniones de trabajo, en las cuales se analizó y discutió la iniciativa, y valorando las distintas aportaciones de diputados, buscó enriquecer la iniciativa propuesta, dado como resultado las siguientes modificaciones y adiciones, dejando a salvo, desde luego, las propuestas que pudieran plantearse en el Pleno:
A) Seguridad y certeza jurídica
Con la finalidad de ofrecer una mayor seguridad y certeza jurídica a los destinatarios, y tomando en cuenta las propuestas planteadas en los foros de consulta, se consideró pertinente en la fracción VI del artículo 4o., agrega la frase "se realice preponderantemente por medio de ", para quedar en los siguientes términos: "VI. Productos derivados de la descomposición de las rocas cuya explotación se realice preponderantemente por medio de trabajos subterráneos, como el caolín y las montmorillonitas, al igual que las arenas de cuarzo, feldespatos y plagioclasas;"
Con los mismos propósitos indicados en el rubro anterior, la comisión estimó indispensable restringir la facultad del Ejecutivo de determinar los minerales o sustancias concesibles señalados en el artículo 4o. de la iniciativa, discrecionalidad que proviene de lo dispuesto en la ley vigente.
En ese sentido, considero pertinente limitar tal atribución exclusivamente para añadir al listado previsto en la iniciativa, minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos distintos de los componentes de los terrenos, excluyendo aquellos previstos en el artículo 5o. de la iniciativa y condicionando su inclusión a que ésta atienda a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, a su cotización en los mercados internacionales, o a la necesidad de promover la explotación racional de los recursos no renovables en beneficio de la sociedad.
En consecuencia, la comisión estimó procedente modificar la fracción IX del artículo 4o. para quedar como sigue: "IX. Los demás que determine el Ejecutivo Federal, mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la federación, con base en su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnología, a su cotización en los mercados internacionales o a la necesidad de promover la explotación racional y la preservación de los recursos no renovables en beneficio de la sociedad.
En atención a las propuestas de los diputados del sector campesino, y en congruencia con la modificación a la fracción VI del artículo 4o., se juzgó conveniente sustituir en la parte final de la fracción V del artículo 5o., la frase "no necesite permanentemente de trabajos subterráneos, y" por la frase "se realice preponderantemente por medio de trabajos a cielo abierto, y", para quedar de la siguiente manera: "V. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuya explotación se realice preponderantemente por medio de trabajos a cielo abierto, y".
Con el fin de reforzar la soberanía nacional sobre las zonas marinas mexicanas adecuando la terminología de la iniciativa con la utilizada en el texto de la Ley Federal del Mar, que como Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, incluye dentro de las zonas marinas mexicanas a la plataforma continental.
Dado que la jurisdicción del Estado mexicano se extiende, no únicamente a dicha plataforma continental, sino a todo el territorio comprendido por las zonas marinas mexicanas, la comisión consideró procedente la situación del término "plataforma continental" por el de "zonas marinas mexicanas", en los artículos 13, fracción I; 14 fracción I y 19 fracción VII, para quedar en los términos siguientes: artículo 13 "I. La Zonas marinas mexicanas, los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, y"; artículo 14 "I Las zonas marinas mexicanas, los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho submarino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, y"; artículo 19 "VII. Transmitir su titularidad o los derechos establecidos por las fracciones I a VI anteriores a personas capacitadas para obtenerlas, excepto cuando se trate de concesiones mineras otorgadas sobre el terreno comprendido por las zonas marinas mexicanas, los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva;".
Con objeto de incluir, entre las excepciones previstas en el párrafo segundo del artículo noveno transitorio, el caso de las obligaciones relativas a las asignaciones por acuerdo en reservas mineras nacionales, se consideró necesario complementar dicho párrafo segundo, para quedar como sigue:
"Las obligaciones consignadas en los títulos de concesión o en las declaratorias de asignaciones especiales en reservas mineras nacionales, adicionales a las que señala está ley, quedarán sin efecto, excepto cuando se trate de concesiones que hayan sido otorgadas sobre zonas incorporadas a dichas reservas u obtenidas al amparo del derecho preferente a que se refiere el artículo siguiente, o de asignación es por acuerdo otorgadas con posterioridad a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial de la Federación."
B) Fomento de la pequeña y mediana minería e incorporación del sector social
Entre los planteamientos más recurrentes que se presentaron durante los foros de consulta sobre la iniciativa de Ley Minera, destaca la propuesta de los pequeños y medianos mineros, así como de representantes del sector social de otorgar un mayor apoyo a estos sectores, mismos que enfrentan una difícil situación para mantener su competitividad dentro de la actividad minera, por carecer de medios técnicos y recursos financieros suficientes para la realización de sus tareas.
La comisión recibió con particular interés las sugerencias planteadas, y coincidió en la necesidad de reforzar los programas y las acciones de apoyo a estos sectores en esta iniciativa.
Entre las demandas externadas por los pequeños y medianos mineros y el sector social en los foros de consulta destacaron:
Apoyo técnico en la realización de los trabajos de exploración minera, para la evaluación de los recursos minerales identificados y determinar la viabilidad de su explotación y beneficio;
Capital de riesgo compartido indispensable para esta fase en la actividad minera, ya que dadas sus precarias condiciones no cuentan con la capacidad de soportar íntegramente la carga que implica la posible erogación de recursos a fondo perdido;
Acceso efectivo a recursos en las entidades financieras gubernamentales y la banca, indispensables para el desarrollo de minas, la realización de proyectos de benefició y la comercialización de minerales;
Mantener el porcentaje mínimo obligatorio de la capacidad instalada de plantas de beneficio, destinada al procesamiento de sus minerales.
La iniciativa del Ejecutivo Federal enuncia acciones en favor de la pequeña y mediana minería, así como del sector social, entre las cuales destacan diversos apoyos señalados dentro de las atribuciones que se confieren al Consejo de Recursos Minerales, y la coordinación de la ejecución de programas y acciones orientados a dichos sectores.
Con el objeto de que el sector social tenga una mayor participación en la minería, y conforme a lo planteado insistentemente en los foros de consulta por representantes del sector campesino, esta comisión estimó favorable incluir en el párrafo primero del artículo 10 una referencia expresa a los ejidos y comunidades agrarias, para quedar redactado de la siguiente forma: "La exploración y explotación de los minerales o
sustancias materia de esta Ley solo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias y sociedades constituidas conforme a la leyes mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría. Las concesiones mineras serán de exploración y de explotación.
En relación con las modificación anterior, y a fin de estar a lo dispuesto por la legislación agraria, por lo que toca a la expropiación de bienes ejidales y comunales, la comisión resolvió, con el acuerdo favorable de la Comisión de Reforma Agraria, sustituir en la parte final del párrafo in fine del artículo 21 la frase "a las disposiciones de esta ley de la materia" por la frase a lo dispuesto por la legislación agraria, para quedar en los siguientes términos: "Las expropiaciones de bienes ejidales y comunales se sujetarán a lo dispuesto por la legislación agraria".
La comisión concede la mayor importancia a la formulación de programas de fomento a la actividad de pequeños y medianos mineros y del sector social, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y estima pertinente establecer con mayor precisión sus atribuciones al respecto.
En concordancia con lo anterior, la comisión consideró procedente agregar en la parte final de la fracción II del artículo 7o. una mención expresa al sector social, así como precisar y fortalecer las atribuciones de la Secretaría con respecto a la programación en la materia, para quedar redactada en los siguientes términos:
"II. Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en materia minera y coordinar la elaboración, evaluación, así como dar seguimiento a los programas institucionales, regionales y especiales de fomento a la pequeña y mediana minería y al sector social;".
Igualmente, con el propósito de precisar las atribuciones de la Secretaría en este sentido, así como incluir al sector social, en congruencia con la modificación señalada en el párrafo anterior, esta comisión acordó modificar el primer párrafo del texto del artículo 8o., para quedar como sigue: "La Secretaría formulará los programas de fomento a la pequeña y mediana minería y al sector social, señalados en la fracción II del artículo anterior, coordinará la acciones necesarias para su ejecución.
Con la finalidad de apoyar expresamente al sector social, a través del Consejo de Recursos Minerales, la comisión juzgó necesario hacer referencia a dicho sector en la fracción VIII del artículo 9o., para quedar como sigue: "VIII. Dar a la pequeña y mediana minería y al sector social asesoría técnica en materia de cubicación de depósitos minerales y análisis físico químicos contenidos económicamente aprovechables;".
Asimismo, en atención a las propuestas para fortalecer las acciones en favor de la pequeña y mediana minería, así como del sector social, se estimó procedente en la fracción V del artículo 37, elevar del 10% al 15% el porcentaje mínimo de la capacidad de beneficio instalada a que están obligada las personas que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley, para quedar de la siguiente forma: "V. Procesar el mineral de terceros en condiciones competitivas hasta por un mínimo del 15% de la capacidad de beneficio instalada, cuando ésta sea superior a cien toneladas en veinticuatro horas, y".
En congruencia con la modificación a la fracción V del artículo 37, se determinó modificar la fracción II del artículo 38 en los siguientes términos: "II. Comprueben estar recibiendo minerales de terceros por un mínimo del 15% de la capacidad de beneficio instalada, o".
C) Desarrollo tecnológico
Dentro de la estrategia de modernización de la minería resulta indudable para esta comisión la necesidad que existe de desarrollar tecnologías nacionales, así como adaptar y asimilar tecnologías foráneas, que contribuyan a alcanzar una mayor productividad y competitividad de la actividad minera.
El fortalecimiento científico y tecnológico en la rama minera tiene que realizarse permanentemente, dada la necesidad de continuar impulsando la participación eficiente del sector en la economía nacional.
El desarrollo tecnológico en actividades de exploración y extracción de minerales, aunado a la formación de personal especializado y al incremento de equipo avanzado, son elementos indispensables para enfrentar los retos que representa la actividad minera y así lograr el aprovechamiento de las riquezas del subsuelo nacional.
Para lograr lo anterior, esta comisión considera necesaria la introducción, desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías encaminadas a optimizar la exploración, la explotación y aprovechamiento de los recursos minerales.
Aun cuando la iniciativa se incluye dentro de la fracción III del artículo 9o. la promoción de la investigación para ampliar el aprovechamiento técnico industrial de los recursos minerales de la nación, esta comisión considera conveniente incluir, de manera específica, como objeto del Consejo de Recursos Minerales, el desarrollo tecnológico y a ese fin, propone adicionar como fracción XIII del mencionado artículo, el texto que a continuación se señala recorriendo el numeral de la fracción subsecuente: "XIII. Desarrollar, introducir y adaptar nuevas tecnologías, a fin de mejorar la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales de la nación, y".
D) Modificaciones de forma
La comisión que suscribe, una vez que analizó en forma integral la iniciativa y después de haber realizado las modificaciones sustantivas anteriormente señaladas, considera pertinente hacer diversas recomendaciones sólo de forma a los textos de diversos artículos de la misma.
En la fracción IV del artículo 7o., que establece las atribuciones de la Secretaría, en lugar del verbo "determinar" se utilizó "emitir", por considerarlo mas adecuado para expresar el tipo de atribución a que se refiere dicha fracción.
En la fracción XIII del mismo artículo 7o., se suprimió la calificación de "de revisión y de oposición", relativa a los recursos previstos en la iniciativa, dado que no están calificados de esa forma en el texto de la misma.
En el artículo 9o., al agregarse una nueva fracción, la XIII, que se refiere al desarrollo, introducción y adaptación de nuevas tecnologías, fue necesario recorrer la numeración y corregir la puntuación.
En los artículos 15, párrafos tercero y quinto, 22, párrafo primero, y 25, párrafo primero, se omitió la frase "por infracción", toda vez que el artículo 41, que se refiere a las causales de cancelación, establece, además de las motivadas por infracción, otro tipo de causales, como la fundada en resolución judicial.
Por cuanto al artículo 50, se agregó la mención expresa a la Secretaría para quedar de la siguiente forma: La Secretaría, por conducto del Registro Público de Minería, podrá modificar o rectificar una inscripción cuando sea solicitada por el afectado..."
Por lo que respecta al artículo 54, fracción VIII, se agregó la frase "concesiones que amparen", para quedar de la siguiente manera: "VIII. - Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación que no constituyan una unidad minera o minerometalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo, o". Lo anterior en congruencia con el artículo 19, fracción X, que se refiere al agrupamiento de concesiones y no de lotes mineros.
E) Otras propuestas de la comisión
Derivados de los foros de consulta sobre la iniciativa de Ley Minera, presentada por el Ejecutivo Federal, diversos mineros manifestaron a los diputados integrantes de esta comisión su inquietud con respecto a los múltiples trámites que deben realizar ante las autoridades competentes para obtener los permisos, para adquirir los explosivos necesarios para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración y explotación propias de la actividad.
Los mineros manifestaron que al imponerse mediante una nueva interpretación a sus empresas las condiciones que determina la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para aquellas sociedades cuyo objeto es el de establecer o desarrollar industrias o comercios de armas, municiones y explosivos", se considera al minero como comerciante y no solo como usuario de explosivos, obstaculizándose la actividad cotidiana y afectando seriamente la productividad.
Esta comisión conoce el problema señalado por los mineros y considera que no es exclusivo de esta actividad.
Por ello, con el propósito de resolver los problemas de diversas empresas de varios giros, entre ellos el minero, para que puedan adquirir explosivos en cantidades suficientes para el desempeño de sus actividades, se sugiere someter a la Comisión de Defensa Nacional el problema, a fin de que ésta, de estimarlo pertinente, inicie las actividades correspondientes para reformar la ley citada.
Se sugiere ponderar la posibilidad de que la reforma pudiera consistir en establecer una norma especial para quienes consuman cantidades significativas de explosivos, o sustancias químicas relacionadas con los mismos, para su propio consumo de manera permanente y habitual, de tal forma que se les distinga de quienes fabrican y comercian habitualmente con explosivos.
La nueva disposición que se podría incluir en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regularía la situación y condiciones de aquellas empresas, que por operar en campos específicos como la minería o la construcción, por ejemplo, requieren adquirir cantidades superiores a cinco kilogramos de pólvora o de cualquier otro explosivo, estableciendo que necesitarán recabar la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los términos que dicha Secretaría estimara pertinentes.
Esta comisión sugiere tomar la opinión de otras comisiones de este honorable Cuerpo Legislativo, a fin de incorporar las opiniones de otros sectores afectados por el mismo problema que también realizan sus actividades con explosivos o mezclas muy elementales de los mismos.
Por otra parte, en los foros convocados por esta Cámara, se planteó por diversos participantes el problema que afecta a los mineros por el pago de derechos por el uso de agua extraídas de las minas.
El problema planteado ante esta comisión, deriva de que la Ley Federal de Agua dispone que son propiedad de la nación las aguas que se extraigan de las minas, y en congruencia con ello, la Ley Federal de Derechos establece la obligación de las personas físicas y morales, de pagar un derecho de agua por las nacionales que usen o aprovechen, de hecho o al amparo de título de asignación o concesión otorgados por el gobierno federal.
Los mineros manifestaron a esta comisión que las aguas de las minas deben extraerse independientemente de que se usen o no, para que dichas minas no se inunden y puedan llevarse a cabo los trabajos de explotación.
En virtud de lo anterior, la Ley Federal de Derechos exenta del pago de los mismos, las aguas que broten o aparezcan en el laboreo de las minas o que provengan de su desagüe, siempre y cuando no se utilicen en la explotación o beneficio de las minas o en el servicio doméstico del personal empleado en las minas, o para uso industrial o doméstico de terceros. Sin embargo, la extracción forzosa de estas aguas representa un costo para los mineros, independientemente de que las aguas sean aprovechadas por ellos o no.
Los mineros consideran que, aunque la Ley Federal de Derechos los exenta, la exención no es suficiente, pues se pagan los derechos sobre las aguas que si se utilizan. Esto representa un doble gasto para los mineros, pues pagan el bombeo para la extracción y aparte los derechos cuando tratan de utilizarlas.
Por tal razón, los mineros, desde el establecimiento del derecho sobre aguas aludido, han venido planteando ante diversas autoridades y ahora ante esta comisión, la imperiosa necesidad de que se les exima del pago por el consumo de agua cuando tengan que bombearla y extraerla para poder realizar sus trabajos de explotación, o bien para que sean compensados en sus costos de operación por dicho bombeo y extracción por quienes de alguna manera se beneficien del agua extraída.
Esta comisión, ha analizado la propuesta anterior y estima pertinente someterla a la consideración de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a efecto de que ésta resuelva lo pertinente y determine si resulta procedente la exención solicitada, en virtud de que el pago de la extracción de las aguas por bombeo resulta de por sí gravoso para los mineros.
Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los titulares de concesiones de exploración y de explotación, y en respuesta a las sugerencias planteadas en los foros de consulta, esta comisión acordó que la primera comprobación de obras y trabajos de exploración y de explotación deberá presentarse durante el mes de mayo de 1994. En tal virtud, el artículo décimo segundo transitorio queda redactado de la siguiente manera: "La primera comprobación de obras y trabajos de exploración y de explotación deberá presentarse durante el mes de mayo de 1994".
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, se permite someter al pleno el siguiente:
PROYECTO DE LEY MINERA
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público y de observancia en toda la República. Su aplicación
corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, a quien en lo sucesivo se le denominará la Secretaría.
Artículo 2o. Se sujetarán a las disposiciones de esta Ley la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos.
Artículo 3o. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
I. Exploración: Las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de identificar depósitos minerales, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente aprovechables que contengan;
II. Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos minerales existentes en el mismo, y
III. Beneficio: Los trabajos para preparación, tratamiento, fundición de primera mano y refinación de productos minerales, en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar u obtener minerales o sustancias, al igual que de elevar la concentración y pureza de sus contenidos.
Artículo 4o. Son minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos
I. Minerales o sustancias de uso industrial que contengan antimonio, arsénico, berilio, bismuto, cadmio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escandio, estaño, galio, germanio, hafnio, hierro, indio, iridio, litio, manganeso, mercurio, molibdeno, niobio, níquel, oro osmio, paladio, plata, platino, plomo, renio, rodio, selenio, talio, tantalio, telurio, titanio, tungsteno, vanadio o zinc;
II. Minerales de uso industrial siguientes: actinolita, alumbre, alunita, andalucita, anhidrita, antofilita, arfvedsonita, ascharita, azufre, barita, bauxita, bleodita, boracita, bórax, brucita, carnalita, celestita, cianita, colemanita, cordierita, corundo, crisolito, cuarzo diatomita, dolomita, durmortierita, epsomita, estroncianita, flogopita, fluorita, glaserita, grafito, granate, hidromagnesita, howlita, inderita, inyoita, kainita, kernita, kieserita, langbeinita, magnesita, mirabilita, muscovita, nitrato de sodio, palygorskita, pirofilita, polihalita, priceita, quiastolita, sassolita, sillimanita, silvita, sussexita, talco, taquidrita, thenardita, tremolita, trona, ulexita, vermiculita, vivianita, witherita, wollastonita, yeso y zircón;
III. Tierras raras;
IV. Gemas minerales;
V. Sal gema, así como las sales y los subproductos que se obtengan de salinas formadas directamente por aguas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial;
VI. Productos derivados de la descomposición de las rocas cuya explotación se realice preponderantemente por medio de trabajos subterráneos, como el coalín y las montmorillonitas, al igual que las arenas de cuarzo, feldespatos y plagioclasas;
VII. Las materias minerales u orgánicas siguientes, susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes: apatita, colofana, fosforita, fosfosiderita, francolita, variscita, wavellita y guano;
VIII. Los combustibles minerales sólidos siguientes: antracita, carbón mineral, lignito y turba, y
IX. Los demás que determine el Ejecutivo Federal, mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, a su cotización en los mercados internacionales o a la necesidad de promover la explotación racional y la preservación de los recursos no renovables en beneficio de la sociedad.
Quienes estén realizando la exploración o explotación de los minerales o sustancias a que se refiere la fracción IX anterior, con base en las disposiciones del derecho común, tendrán derecho preferente para obtener la concesión minera correspondiente, siempre que la soliciten en los términos de esta Ley y su Reglamento.
Artículo 5o. Se exceptúan de la aplicación de la presente ley:
I. El petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos;
II. Los minerales radioactivos;
III. Las sustancias contenidas en suspensión o disolución por aguas subterráneas, siempre que
no provengan de un depósito mineral distinto a los componentes de los terrenos;
IV. Las rocas o los productos de su descomposición que solo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen a este fin;
V. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuya explotación se realice preponderantemente por medio de trabajos a cielo abierto, y
VI. La sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorréicas.
Articulo 6o. La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública, serán preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamineto del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.
Articulo 7o. Son atribuciones de la Secretaría:
I. Regular y promover la exploración y explotación, al igual que el aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la nación;
II. Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en materia minera y coordinar la elaboración y evaluación, así como dar seguimiento a los programas institucionales, regionales y especiales de fomento a la pequeña y mediana minería y al sector social;
III. Opinar ante las dependencias del Ejecutivo Federal en los asuntos de la competencia de éstas relacionados con la industria minerometalúrgica;
IV. Emitir, conforme a las leyes aplicables y conjuntamente con las dependencias que correspondan, las normas técnicas específicas relativas a la industria minerometalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;
V. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal los proyectos de decreto para determinar la concesibilidad de minerales o sustancias, así como los relativos a la incorporación o desincorporación de zonas de reservas mineras;
VI. Expedir títulos de concesión y de asignación mineras, al igual que resolver sobre su nulidad o cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas;
VII. Integrar el expediente y resolver en los términos de la presente ley y la de la materia sobre las solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de terrenos indispensables para llevar a cabo la exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta ley;
VIII. Resolver sobre las controversias que se susciten con respecto a la negativa de las personas que beneficien mineral a recibir el de terceros;
IX. Solicitar, con carácter confidencial, información sobre la producción, beneficio y destino de minerales, geología de los yacimientos y reservas de minerales, así como sobre los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas;
X. Llevar el Registro Público de Minería y la Cartografía Minera y realizar toda clase de levantamientos topográficos y geodésicos con el fin de mantener actualizada esta última;
XI. Corregir administrativamente los errores que encuentre en un título de concesión o de asignación, previa audiencia al titular y sin perjuicio de tercero;
XII. Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la presente ley a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles e imponer las sanciones administrativas derivadas de su inobservancia;
XIII. Resolver los recursos que se interpongan conforme a lo previsto por esta ley, y
XIV. Las demás que le confieren expresamente otras leyes.
La Secretaría podrá solicitar la colaboración de otras autoridades federales. estatales y municipales en ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente ley.
Artículo 8o. la Secretaría formulará los programas de fomento a la pequeña y mediana minería y al sector social, señalados en la fracción II del artículo anterior, y coordinara las acciones necesarias para su ejecución.
El reglamento de esta ley establecerá los mecanismos para la instrumentación de los programas y acciones previstos por este artículo.
Artículo 9o. Para promover el mejor aprovechamiento de los recursos minerales de la nació,
la Secretaría se apoyará en el Consejo de Recursos Minerales, organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, coordinado sectorialmente por dicha dependencia.
El Consejo de Recursos Minerales tiene por objeto:
I. Identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la nación;
II. Llevar el inventario de los depósitos minerales del país y proporcionar el servicio público de información geológico - minera;
III. Promover la investigación para ampliar el aprovechamiento técnico - industrial de los recursos minerales de la nación.
IV. Identificar y promover ante las autoridades competentes la ejecución de obras de infraestructura que propicien el desarrollo de nuevos distritos mineros.
V. Aportar los elementos de juicio a la Secretaría en relación con los minerales o sustancias que deban determinarse como concesibles y sobre las zonas por incorporar o desincorporar de reservas mineras.
VI. Auxiliar a la Secretaría en los concursos que se celebren para el otorgamiento de concesiones mineras sobre terreno amparado por asignaciones que se cancelen o zonas de reserva mineras cuya desincorporación se decrete;
VII. Actuar como órgano de consulta de la Secretaría en los peritajes en que ésta intervenga;
VIII. Dar a la pequeña y mediana minería y al sector social asesoría técnica en materia de cubicación de depósitos minerales y análisis físico - químicos de contenidos económicamente aprovechables;
IX. Participar en los fondos de inversión de riesgo compartido para exploración;
X. Certificar a costa del interesado reservas cubicadas por particulares que deseen otorgar en garantía los derechos derivados de su concesión minera;
XI. Celebrar contratos mediante licitación pública para llevar a cabo las obras y trabajos dentro de los lotes que amparen las asignaciones mineras expedidas en su favor. previa autorización de la secretaría y en los términos previstos al efecto por el reglamento de la presente ley;
XII. Coordinarse con otras entidades e instituciones públicas que realicen investigaciones geocientíficas o de exploración geotécnica en el territorio nacional;
XIII. Desarrollar, introducir y adaptar nuevas tecnologías, a fin de mejorar la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales de la nación, y
XIV. Realizar las actividades que le confieren expresamente otras leyes.
La administración del Consejo de Recursos Minerales estará a cargo de un Consejo Directivo configurado conforme como lo determine el reglamento de esta ley. Su patrimonio se integrará con las aportaciones del gobierno federal que anualmente determine el Presupuesto de Egresos de la Federación, las primas por descubrimientos que señala la presente ley, los ingresos por los servicios que proporcione y los bienes que adquiera por cualquier otro título.
CAPITULO II
De las Concesiones, Asignaciones y Reservas Minerales.
Artículo 10. La exploración y explotación de los minerales o sustancias materia de esta ley sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias y sociedades contituídas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría. Las concesiones mineras serán de exploración y de explotación.
La exploración del territorio nacional con el objeto de identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la nación se llevará a cabo por el Consejo de Recursos Minerales, por medio de asignaciones mineras que serán expedidas únicamente en favor de este organismo por la Secretaría y cuyo título deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Por causas de utilidad pública o para la satisfacción de necesidades futuras del país podrán establecerse zonas de reservas mineras, mediante decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sobre las zonas incorporadas a dichas reservas no se otorgarán concesiones ni asignaciones mineras.
Los títulos de concesión y de asignación mineras y los decretos de incorporación de zonas a reservas mineras se expedirán, siempre y cuando se satisfagan las condiciones y requisitos
establecidos por esta ley y su reglamento, sin perjuicio de tercero.
Artículo 11. Se consideran legalmente capacitadas para ser titulares de concesiones mineras las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas:
I. Cuyo objeto social se refiera a la exploración o explotación de los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente ley;
II. Que tengan su domicilio legal en la República Mexicana, y
III. En las que la participación de inversionistas extranjeros, en su caso, se ajuste a las disposiciones de la ley de la materia.
Las Instituciones de crédito constituidas conforme a las leyes mexicanas podrán, en su carácter de fiduciarias, suscribir o adquirir acciones o partes sociales de sociedades capacitadas legalmente para obtener concesiones, de acuerdo con las condiciones que determinen el reglamento de esta ley.
Artículo 12. Toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras deberá referirse a un lote minero, sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales y cuya cara superior es la superficie del terreno, sobre la cual se determina el perímetro que comprende.
Los lados que integran el perímetro del lote deberán estar orientados astronómicamente Norte - Sur y Este - Oeste y la longitud de cada lado será de cien o múltiplos de cien metros, excepto cuando estas condiciones, no puedan cumplirse por colindar con otros lotes mineros.
La localización del lote minero se determinará con base en un punto fijo en el terreno, denominado punto de partida, ligado con el perímetro de dicho lote o ubicado sobre el mismo.
La liga del punto de partida será perpendicular preferentemente a cualquiera de los lados Norte - Sur o Este - Oeste del perímetro del lote.
Artículo 13. Las concesiones de exploración y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente ley y su reglamento.
Asimismo, podrán otorgarse concesiones de exploración a las personas que ofrezcan las mejores condiciones técnicas y económicas en los concursos que al efecto celebre, la Secretaría, sobre terreno comprendido por:
I. Las zonas marinas mexicanas, los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva y,
II. Asignaciones que se cancelen o zonas de reservas mineras cuya desincorporación se decrete, previamente a la declaratoria de libertad del terreno respectiva.
Solamente podrán incorporarse a reservas mineras zonas cuya exploración haya sido realizada previamente por el Consejo de Recursos Minerales mediante asignación, se justifique su incorporación con base en el potencial minero de la zona, determinado mediante obras y trabajos de exploración a semidetalle, y se acredite la causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado.
"Artículo 14. Se considera terreno libre el comprendido dentro del territorio nacional, con excepción del ubicado o amparado por:
I. Las zonas marinas mexicanas, los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho submarino y el subsuelo de la zona económica exclusiva;
II. Las zonas incorporadas a reservas marinas;
III. Las concesiones y asignaciones mineras vigentes, y
IV. Las solicitudes de concesión y asignación mineras de trámite.
Cuando se desincorporen zonas de reservas mineras, se cancelen concesiones y asignaciones y se desaprueben o sean objeto de desistimiento solicitudes de las mismas, el terreno amparado se considerará libre treinta días naturales después de la fecha de publicación de la declaratoria de libertad del terreno correspondiente.
En los casos de cancelación de concesiones y asignaciones por sustitución, solamente se considerará libre la porción del terreno que se abandone.
Artículo 15. Las concesiones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente ley.
Las concesiones de exploración tendrán una duración improrrogable de seis años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería.
Dichas concesiones serán sustituidas por una o más concesiones de explotación y sus titulares no incurrieron en las causales de cancelación establecidas por esta ley, lo solicitan antes de que concluyan su vigencia y el perímetro del lote objeto de las solicitudes está comprendido totalmente dentro de la superficie amparada por las concesiones que se sustituyen.
Las concesiones de explotación tendrán duración de cincuenta años, contados apartir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería.
Tales concesiones se prorrogarán por igual término si sus titulares no incurrieron en las causales de cancelación previstas en la presente ley y lo solicitan dentro de los cinco años previos al término de su vigencia.
En tanto se resuelven las solicitudes de concesión de explotación o sobre su prórroga, continuarán en vigor las concesiones con respecto a las cuales se formulen.
Artículo 16. Las asignaciones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta ley y tendrán una duración improrrogable de seis años, contados a partir de la fecha de publicación del título respectivo en el Diario Oficial de la Federación.
El Consejo de Recursos Minerales, antes del término de la vigencia de cada asignación, deberá rendir a la Secretaría un informe escrito sobre los resultados obtenidos con motivos de lo trabajos llevados a cabo para que está proceda a declarar:
I. La cancelación de la asignación y la consiguiente libertad del terreno;
II. La cancelación de la asignación y la celebración del concurso para continuar los trabajos de exploración en la totalidad o parte del terreno amparado, así como la libertad del terreno que en su caso se abandone, o
III. La cancelación de la asignación y la incorporación a reservas mineras de la totalidad o parte del terreno amparado, al igual que la libertad del que en su caso se abandone.
De no publicarse en el Diario Oficial de la Federación cualquiera de las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior a más tardar dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha de terminación de vigencia de la asignación de que se trate, se tendrá por cancelada y el terreno amparado por la misma se considerará libre al día siguiente del vencimiento del plazo señalado.
Artículo 17. Cuando cambien los supuestos que motivaron la incorporación de una zona a reservas mineras, el Ejecutivo Federal dispondrá su desincorporación mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que la Secretaría proceda a:
I. Declarar la libertad del terreno amparado, o
II. Convocar a concurso para el otorgamiento de una o más concesiones de exploración y declarar la libertad del terreno que en su caso se abandone.
De no publicarse en el Diario Oficial de la Federación cualquiera de las resoluciones previstas por las fracciones anteriores dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha de publicación del decreto de desincorporación, el terreno amparado por la referida zona se considerará libre al día siguiente del vencimiento del plazo señalado.
Artículo 18. Cuando la Secretaría encuentre que los datos consignados en un título de concesión o de asignación mineras son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deba amparar, lo comunicará a su titular para que, dentro de un plazo de 30 días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos.
La Secretaría dictará resolución con base en la contestación del interesado y las constancias del expediente y, de proceder, ordenará la corrección del título, así como su inscripción en el Registró Público de Minería.
CAPITULO III
De los Derechos que Confieren las Concesiones y Asignaciones Mineras
Artículo. 19. Las concesiones de exploración y explotación confieren derecho a:
I. Realizar respectivamente obras y trabajos de exploración o explotación dentro de los lotes mineros que amparen;
II. Disponer de los productos minerales que se obtengan en dichos lotes con motivo de las obras y trabajos que se desarrollen durante su vigencia;
III. Disponer de los terrenos que se encuentren dentro de la superficie que amparen, a menos que provengan de otra concesión minera vigente;
IV. Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros;
V. Aprovechar las aguas provenientes de las minas para la exploración o explotación de éstas, el beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas;
VI. Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de la ley de la materia;
VII. Transmitir su titularidad o los derechos establecidos por las fracciones I a VI anteriores a personas capacitadas para obtenerlas, excepto cuando se trate de concesiones mineras otorgadas sobre el terreno comprendido por las zonas marinas mexicanas, los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva;
VIII. Reducir, dividir e identificar la superficie de los lotes que amparen, o unificarla con la de otras concesiones colindantes;
IX. Desistirse de las mismas y de los derechos que de ellas deriven;
X. Agrupar dos o más de ellas para efectos de comprobar obras y trabajos de exploración o de explotación y de rendir informes estadísticos, técnicos y contables;
XI. Solicitar correcciones administrativas o duplicados de sus títulos, y
XII. Sustituir las concesiones de exploración por una o más concesiones de explotación y obtener prórroga de estas últimas por igual término de vigencia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 de esta ley.
Artículo 20. Las obras y trabajos de exploración y de explotación en terrenos amparados por asignaciones petroleras sólo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, la que solicitará opinión a Petróleos Mexicanos para fijar las condiciones técnicas a que deban sujetarse los mismos.
Las obras y trabajos de exploración y explotación dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, al igual que dentro de la zona federal marítimo - terrestre y las áreas naturales protegidas, únicamente podrán realizarse con autorización de la autoridad que tenga a su cargo los referidos bienes, zona o áreas, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.
Artículo 21. La Secretaría resolverá sobre la procedencia de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre, previa audiencia de la parte afectada y dictamen técnico fundado. El monto de la indemnización se determinará por medio de avalúo practicado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, con base en los criterios que fije el reglamento de la presente ley.
Tratándose de expropiaciones, cuando proceda la Secretaría someterá a la consideración del Ejecutivo Federal la resolución respectiva.
Las expropiaciones de bienes ejidales y comunales se sujetarán a lo dispuesto por la legislación agraria.
Artículo 22. Las solicitudes de reducción, división, identificación o unificación de superficies procederán cuando el nuevo lote o lotes estén comprendidos dentro de la superficie amparada por la concesión o concesiones de que deriven, sus titulares no hayan incurrido en las causales de cancelación establecidas en esta ley y no se afecten derechos de terceros inscritos en el Registro de Minería.
Declarada procedente la solicitud, la secretaría expedirá el o los nuevos títulos que correspondan en sustitución del o de los que deriven, con iguales derechos y obligaciones. En los casos de unificación, los títulos se expedirán por la vigencia restante del más antiguo.
Artículo 23. La transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven surtirán sus efectos legales ante terceros y la Secretaría a partir de su inscripción en el Registro Público de Minería.
Cuando se transmita la titularidad de una concesión el adquirente se subrogará en los derechos y obligaciones de la misma. Será responsabilidad del adquirente cerciorarse que la concesión se encuentra vigente y que su titular está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. La Secretaría podrá expedir, a petición y consta de parte interesada, constancia de lo anterior.
Los contratos y convenios por los que el adquirente de derecho derivados de una concesión asuma obligaciones cuyo incumplimiento se sancione con la cancelación de la misma, no relevan a su titular de la responsabilidad de cumplirlas, si el primero no lo hace.
Los actos, contratos y convenios relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ella deriven, al igual que las controversias que se susciten con motivo de los mismos, se sujetarán en lo no previsto por la presente ley a las disposiciones de la legislación mercantil.
Artículo 24. Los desistimientos debidamente formulados sobre la titularidad de concesiones mineras o los derechos que de ellas se deriven surtirán sus efectos a partir de la fecha de presentación en la Secretaría de escrito correspondiente, cuando no se afecten derechos de tercero inscritos en el Registro Público de Minería.
Artículo 25. El agrupamiento de concesiones mineras procederá cuando los lotes sean colindantes o constituyan una unidad minera o minerometalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo, conforme lo determine el reglamento de esta ley, y sus titulares no hayan incurrido en las causales de cancelación establecidas por la misma.
La incorporación o separación de concesiones a uno o más agrupamientos se podrá realizar por una sola vez dentro del término de un año.
Artículo 26. Las asignaciones mineras confieren derecho a:
I. Realizar obras y trabajos de exploración dentro del lote minero que amparen, sujeto a lo previsto por el artículo 20 de la presente ley;
II. Obtener la ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la misma;
III. Reducir e identificar la superficie que amparen, y
IV. Desistirse de las mismas o de los derechos que de ellas deriven.
Las asignaciones serán intransmisibles y no podrán ser objeto de gravamen alguno.
CAPITULO IV
De las Obligaciones que Imponen las Concesiones y Asignaciones Mineras y el Beneficio de Minerales
Artículo 27. Los titulares de concesiones de exploración y de explotación, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:
I. Ejecutar y comprobar respectivamente las obras de trabajo de exploración o de explotación en los términos y condiciones que establecen esta ley y su reglamento;
II. Pagar los derechos sobre minería que establece la ley de la materia, así como presentar a la Secretaría el comprobante de pago de dichos derechos;
III. Dar aviso de inmediato a la Secretaría de los minerales radiactivos que descubran en el desarrollo de las obras y trabajos de exploración, explotación o beneficio;
IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas técnicas específicas aplicables a la industria minerometalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;
V. No retirar las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarios para la estabilidad y seguridad de las minas;
VI. Conservar en el mismo lugar y mantener en buen estado la mojonera o señal que precise la ubicación del punto de partida;
VII. Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que señalen el reglamento de la presente ley, y
VIII. Permitir al personal comisionado por la Secretaría la práctica de visitas de inspección.
Los titulares de concesiones de exploración o de aquéllas que las sustituyan otorgadas mediante concurso sobre terreno amparado por asignaciones que se cancelen o por zonas de reservas mineras cuya desincorporación se decrete, adicionalmente estarán obligados a cubrir al Consejo de Recursos Minerales la prima por descubrimiento que haya sido propuesta en oferta.
Cuando se transmitan los derechos derivados de una concesión, las obligaciones a que aluden las
fracciones III a VIII anteriores estarán a cargo del adquirente.
Articulo 28. La ejecución de las obras y trabajos de exploración se comprobarán por medio de la realización de inversiones en el lote que ampare la concesión minera y la relativa a obras y trabajos de explotación de igual forma o mediante la obtención de minerales económicamente aprovechables. El reglamento de la presente ley fijará los montos mínimos de la inversión por realizar o del valor de los productos minerales por obtener.
La obligación de ejecutar las referidas obras y trabajos se iniciará a partir del mes de enero siguiente a la fecha de inscripción de la concesión en el Registro Público de Minería.
Los informes de comprobación deberán presentarse a la Secretaría durante el mes de mayo de cada año y se referirán a las obras y trabajos desarrollados en el período de enero a diciembre del año inmediato anterior, aún en los casos de situación de concesiones por cualquiera de las causas previstas por esta ley.
Artículo 29. La comprobación de obras y trabajos mediante la realización de inversiones se aceptará indistintamente en los rubros que a continuación se indican:
I. Obras mineras directas, tales como zanjas, pozos, tajos, socavones y todas aquéllas que contribuyan al conocimiento geológico del lote minero o a la cubicación de reservas;
II. Perforaciones;
III. Levantamientos topográficos, fotogramétricos y geodésicos;
IV. Levantamientos geológicos, geofísicos y geoquímicos;
V. Análisis físico - químicos;
VI. Pruebas de experimentación metalúrgica;
VII. Desarrollo y rehabilitación de obras mineras;
VIII. Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos para perforación y desarrollo de obras mineras;
IX. Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos de laboratorio físico - químicos y de investigación metalúrgica;
X. Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de vehículos de trabajo y para la transportación del personal;
XI. Obras y equipos destinados a la seguridad en el trabajo y a la prevención de la contaminación o la recuperación del medio ambiente;
XII. Instalaciones de almacenes, oficinas, talleres, campamentos, casas habitación y servicios a los trabajadores;
XIII. Adquisición, arrendamiento, construcción y mantenimiento de obras y equipos relacionados con vías de acceso, generación y conducción de energía eléctrica, extracción, conducción y almacenamiento de agua e infraestructura en general;
XIV. Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipo para minado, acarreo y servicios generales en la mina, y
XV. Adquisición, arrendamiento, instalación y mantenimiento de equipo para operaciones de beneficio y presas de jales.
Tratándose de concesiones de exploración, la comprobación solamente se aceptará en los rubros a que aluden en las fracciones I a XIII anteriores.
Las inversiones se aplicarán de acuerdo con los criterios que fije el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 30. La comprobación de obras y trabajos de explotación por medio de la obtención de minerales económicamente aprovechables se hará con base en el valor de facturación o liquidación de los mismos.
Artículo 31. Se tendrá por suspensiva temporalmente la obligación de ejecutar las obras y trabajos de exploración y de explotación cuando se acredite a la Secretaría, al efectuarse la comprobación anual, que fue imposible la realización de estos por causas técnicas, económicas, laborales, judiciales o de fuerza mayor.
La suspensión temporal por causas técnicas y económicas podrá acreditarse por una sola vez hasta un máximo de tres años consecutivos, dentro de un período de diez años.
Artículo 32. Cuando la cotización o demanda de un mineral sufra disminuciones que ocasionen la incosteabilidad temporal de las explotaciones en forma generalizada, la Secretaría podrá reducir los montos mínimos de la inversión por
realizar o del valor de los productos minerales por obtener, o conceder prórrogas para su cumplimiento. Para tal fin, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se precisarán los requisitos necesarios para acogerse al mismo, las sustancias y tipos de yacimientos afectados, las cotizaciones con base en las cuales surtirá efecto y su vigencia.
Artículo 33. La superficie que se pretenda liberar o abandonar con motivo del desistimiento o reducción de una concesión no causará los derechos sobre minería a partir de la fecha de presentación del escrito correspondiente, siempre y cuando dichas solicitudes sean resueltas favorablemente por la Secretaría. En caso de ser desaprobadas, se deberán cubrir los derechos omitidos, con la actualización y recargos que determinen los disposiciones fiscales.
Artículo 34. Los titulares de concesiones de explotación o quienes lleven a cabo estos trabajos mediante contrato deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer. La designación del responsable deberá comunicarse a la Secretaría.
El responsable deberá dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas, constatar se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y notificar de inmediato a la Secretaría aquéllas que no se adopten.
Artículo 35. La prima por descubrimiento que se ofrezca en los concursos a que aluden los artículos 16 y 17 de la presente Ley no podrá ser inferior al 1% ni superior al 3% del valor de facturación o liquidación de los minerales que se obtengan durante la vigencia de las concesiones de exploración o de aquéllas que la sustituyen.
Los pagos por dicho concepto se harán en períodos que no rebasen los seis meses y dentro de los treinta días naturales siguientes a su vencimiento.
Artículo 36. El Consejo de Recursos Minerales, como titular de asignaciones minerales e independientemente de la fecha de expedición de éstas, estará obligado a rendir a la secretaría un informe escrito de carácter público sobre los resultados obtenidos con motivo de las obras y trabajos llevados a cabo, así como a dar cumplimiento a las obligaciones que señalan los artículos 27, fracciones II, en lo conducente, IV, V, VI y VIII, y 33 de esta Ley.
Artículo 37. Las personas que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley están obligadas a:
I. Dar aviso a la secretaría del inicio de operaciones de beneficio;
II. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas técnicas específicas aplicables a la industria minerometalúrgica en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente;
III. Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley;
IV. Dar aviso de inmediato a la Secretaría de los minerales radiactivos que descubran en el curso de sus operaciones;
V. Procesar el mineral de terceros en condiciones competitivas hasta por un mínimo del 15% de la capacidad de beneficio instalada, cuando ésta sea superior a cien toneladas en veinticuatro horas, y
VI. Permitir al personal comisionado por la Secretaría la practica de visitante de inspección en ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente Ley.
Artículo 38. Las personas a que alude el artículo anterior no estarán obligadas a recibir minerales de terceros cuando:
I. Los minerales que se pretendan introducir no se adapten al sistema de beneficio o afecten su operación normal;
II. Comprueben estar recibiendo minerales de terceros por un mínimo del 15% de la capacidad de beneficio instalada, o
III. Los lotes de mineral que se presenten para tratamiento sean inferiores a diez toneladas.
A solicitud escrita del interesado, el responsable de la operación de beneficio estará obligado a manifestar también por escrito la explicación fundada de su negativa a recibir mineral. De existir controversia, la Secretaría resolverá lo conducente.
CAPITULO V
De la Nulidad, Cancelación, Suspensión e Insubsistencia de Derechos
Artículo 39. Las concesiones y asignaciones mineras serán nulas cuando:
I. Se pretenda amparar con las mismas desde su otorgamiento la obtención de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de esta Ley;
II. Se expidan en favor de persona no capacitada por la presente Ley para obtenerlas, o
III. El lote minero objeto de la concesión o asignación abarque total o parcialmente terreno no libre al momento de presentación de la solicitud respectiva, aunque con posterioridad sea publicada la declaratoria de libertad de dicho terreno, excepto cuando se trate de concesiones otorgadas mediante concurso.
Si el lote minero de la concesión o asignación comprende parcialmente terreno no libre únicamente será nula por dicha porción, en cuyo caso la Secretaría expedirá un nuevo título en sustitución del que derive por la superficie que legalmente ampare, con iguales derechos y obligaciones.
Artículo 40. Serán nulas las transmisiones de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven cuando:
I. Se pacten en favor de persona no capacitada legalmente para obtenerlas, o
II. Se efectúen con respecto a concesiones mineras otorgadas sobre el terreno comprendido por las zonas marinas mexicanas, los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva.
No procederá la nulidad en el caso previsto por la fracción I anterior cuando se trate de adjudicación en pago de créditos o por herencia y los derechos correspondientes se transmitan a persona legalmente capacitada dentro de los 365 días naturales siguientes a la fecha de su adjudicación.
Artículo 41. Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por:
I. Terminación de su vigencia;
II. Desistimiento debidamente formulado por su titular;
III. Sustitución con motivo de la expedición de concesiones de explotación o la reducción, división, identificación o unificación de la superficie que amparen las concesiones;
IV. Comisión de alguna de las infracciones señaladas en el artículo 54 de esta Ley, o
V. Resolución judicial.
Artículo 42. El derecho para realizar las obras y trabajos de exploración o de explotación se suspenderá cuando éstos:
I. Pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores, o
II. Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada.
Si la visita de inspección que en su caso se practique revele peligro o daño inminente, la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad para adoptarse dentro del plazo que al efecto fije. De no cumplirse en el plazo señalado, ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos.
Artículo 43. Procederá la reversión de los bienes expropiados y la declaración de insubsistencia de las resoluciones de ocupación temporal o constitución de servidumbre, cuando:
I. Las obras o trabajos por desarrollar no se inicien dentro de los 365 días naturales siguientes a la fecha de inscripción de la resolución respectiva en el Registro Público de Minería, sin que medie causa de fuerza mayor;
II. Las obras o trabajos por ejecutar se suspendan por el término de un año, salvo en los casos a que medie alude el artículo 31 de la presente Ley;
III. El terreno objeto de las mismas sea destinado a un uso distinto de aquél que justificó la afectación;
IV. Se incumpla el pago de la indemnización;
V. Se declare nula o cancele la concesión con base en la cual se ejerció el derecho a obtenerla, excepto por la causas previstas por los artículos 39, párrafo final, y 41, fracción III, de esta Ley, o
VI. Judicialmente así se ordene.
En los casos de expropiación, la reversión de los bienes en favor del afectado procederá cuando su causa ocurra dentro de los cinco años
siguientes a la fecha de notificación del decreto respectivo.
Artículo 44. Las nulidades señaladas por el artículo 39, fracciones I Y III, así como la suspensión o insubsistencia a que se refiere los artículos 42 y 43, fracciones I a V, se resolverán a petición de parte afectada mediante el procedimiento que determine el Reglamento de la presente Ley.
Las nulidades, las cancelaciones a que alude el artículo 41, fracción IV, las suspensiones e insubsistencia, se declararán por la Secretaría, previo respeto de la garantía de audiencia a la parte afectada dentro de un plazo de 30 días naturales, transcurrido el cual dictará resolución.
CAPITULO VI
Del Registro Público de Minería y la Cartografía Minera
Artículo 45. La Secretaría llevará el Registro Público de Minería en el que deberán inscribirse los actos y contratos que a continuación se mencionan:
I. Los títulos de concesión, de exploración y de explotación, las prórrogas de estas últimas y las declaratorias de su nulidad o cancelación;
II. Los títulos de asignación minera y las declaratorias de nulidad o cancelación de las mismas;
III. Los decretos que establezcan reservas mineras o que desincorporen zonas de éstas;
IV. Las resoluciones de ocupación temporal y constitución de servidumbre, al igual que las que se emitan sobre su insubsistencia;
V. Las resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativa que afecten concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven;
VI. Los actos o contratos relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, los de promesas para celebrarlos, los gravámenes que se constituyan en relación con las mismas, así como los convenios que los afecten;
VII. Las sociedades titulares de concesiones mineras, al igual que su disolución, liquidación y las modificaciones a los estatutos de dichas sociedades que determine el Reglamento de la misma;
VIII. Las suscripciones o adquisiciones de acciones o partes sociales por parte de instituciones de crédito, en su carácter de fiduciarias;
IX. Los avisos notariales preventivos con motivo de la celebración de contratos;
X. Las anotaciones judiciales preventivas derivadas de reclamaciones por negativa, rectificación, modificación, nulidad o cancelación de inscripciones, y
XI. Las anotaciones preventivas para interrumpir la cancelación de inscripciones de contratos y convenios sujetos a temporalidad.
En relación con lo dispuesto por esta Ley, los actos y contratos previstos en las fracciones V a XI anteriores surtirán efectos contra terceros desde la fecha y hora de presentación en la Secretaría de la promoción respectiva; los correspondientes a las fracciones I y IV a partir de su fecha de inscripción, y los relativos a las fracciones II y III el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 46. Los actos a que aluden las fracciones I a IV del artículo anterior se inscribirán de oficio y los relativos a las restantes fracciones a petición de parte interesada, por orden de presentación y cuando se satisfagan los requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 47. Toda persona podrá consultar el Registro Público de Minería y solicitar a su costa certificaciones de las inscripciones y documentos que dieron lugar a las mismas, así como sobre la inexistencia de un registro o de inscripciones posteriores en relación con una determinada.
Artículo 48. Los derechos que confieren las concesiones mineras y los actos, contratos y convenios que las afecten se acreditarán por medio de la constancia de su inscripción en el Registro Público de Minería.
Artículo 49. Para proceder al remate de una concesión minera y de los derechos que de ella deriven será requisito la expedición por parte del Registro Público de minería de una certificación sobre los antecedentes y afectaciones que obren inscritos en relación con la misma. Dicha certificación deberá agregarse a las actas de las diligencias de adjudicación o en las escrituras respectivas.
Artículo 50. La Secretaría, por conducto del Registro Público de Minería, podrá rectificar o modificar una inscripción cuando sea solicitada
por el afectado, se acredite la existencia de la omisión o error y no se perjudiquen derechos de tercero o medie consentimiento de parte legítima en forma auténtica. Asimismo, procederá a la cancelación de la inscripción de un contrato o convenio cuando conste fehacientemente la voluntad de las partes.
Se tendrá por cancelada la inscripción de los contratos y convenios sujetos a temporalidad 90 días naturales después del término de su vigencia, si no obra constancia en contrario.
Las reclamaciones por negativa, rectificación, modificación o cancelación de inscripciones que perjudiquen derechos de terceros, así como las que se refieran a la nulidad de éstas, deverán tramitarse judicialmente.
Artículo 51. La Secretaría llevará la Cartografía Minera para constatar el carácter libre de los lotes que sean objeto de solicitudes de concesión y asignación mineras. En dicha Cartografía se representarán gráficamente la ubicación y el perímetro de los lotes amparados por concesiones, asignaciones y reservas mineras vigentes, al igual que por solicitudes de concesión y asignación mineras en trámite.
Los datos consignados en la Cartografía Minera no crearán derechos. En caso de discrepar con los que obren en el Registro Público de Minería, prevalecerán estos últimos.
Toda persona podrá examinar la Cartografía Minera y solicitar a su costa planos de la misma.
CAPITULO VII
De las Inspecciones, Sanciones y Recursos
Artículo 52. La Secretaría, en ejercicio de las facultades de verificación que le confiere esta Ley, podrá practicar visitas de inspección con arreglo a las disposiciones siguientes:
I. Designará uno o mas inspectores, a los que comunicará su nombramiento y la orden de visita.
II. Notificará a la persona a quien deba practicarse la inspección: el nombre del inspector, el objeto de la misma; los elementos, datos o documentos que deberá proporcionar; así como el lugar, fecha y hora de su verificación para que concurra por sí o debidamente representada.
III. El inspector, una vez que se identifique, practicará la visita en el lugar y fecha señalados, ante la persona notificada o su representante debidamente acreditado. Si el lugar o domicilio no corresponden al visitado o éste se niega a proporcionar los elementos, datos o documentos que se le requieran, el inspector, datos o documentos que se le requieran, el inspector levantará acta donde hará constar lo anterior, firmada por dos testigos. En este último caso, se presumirá que el visitado incurrió en el incumplimiento de la obligación por verificar, salvo prueba en contrario.
IV. Desahogada la inspección, el inspector levantará acta pormenorizada que deberá contener relación de los hechos y las manifestaciones del visitado, y será firmada por los asistentes al acto; si alguno se niega a firmarla se hará constar en ella, sin que tal circunstancia afecte el valor probatorio del documento. De dicha acta se entregará copia a quienes la suscriban.
V. El inspector deberá rendir a la Secretaría un informe sobre el resultado de la inspección, dentro de un plazo máximo de 15 días naturales siguientes a su desahogo. Si los elementos de juicio que aporte el informe son insuficientes, la Secretaría ordenará se practique nueva inspección.
VI. La Secretaría, con base en el informe y las pruebas documentales que se ofrezcan, fundamentará, motivará y dictará resolución.
Artículo 53. Las infracciones a las disposiciones de la presente Ley se sancionarán con la cancelación de la concesión o asignación mineras o multa.
Las infracciones serán sancionadas administrativamente por la Secretaría.
Artículo 54. Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:
I. Efectuar al amparo de la misma la explotación de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de la presente Ley;
II. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos de exploración o de explotación en los términos y condiciones que señalan esta Ley y su Reglamento;
III. Dejar de cubrir los derechos sobre minería;
IV. Disponer de los minerales radiactivos que se descubran en el desarrollo de las obras y trabajos de exploración, explotación o beneficio;
V. No pagar la prima por descubrimiento a que se refiere el artículo 27, párrafo segundo, de esta Ley;
VI. No sujetar las obras y trabajos de exploración o de explotación en terrenos amparados por asignaciones petroleras a las condiciones técnicas que fije la Secretaría;
VII. Realizar las obras y trabajos de exploración o de explotación sin las autorizaciones que señala el artículo 20 de la presente Ley;
VIII. Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación que no constituyan una unidad minera o minerometalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo, o
IX. Perder la capacidad para ser titular de concesiones.
No procederá la cancelación en el caso de la fracción anterior, cuando la sociedad titular de la concesión pierda su capacidad por no ajustarse a las disposiciones que regulan la participación de inversionistas extranjeros y no se subsane tal circunstancia dentro de los 365 días naturales siguientes a la fecha en que la misma ocurra. De no darse este último supuesto, la Secretaría promoverá judicialmente el remate de la porción del capital social que no se ajuste y el producto del mismo será entregado al Consejo de Recursos Minerales.
Se sancionará con la cancelación de la asignación minera que corresponda cualquiera de las infracciones previstas por las fracciones II, III, VI o VII anteriores, en lo conducente.
Artículo 55. No procederá la cancelación por infracción cuando, dentro un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que se notifique al interesado el inicio del procedimiento correspondiente, se acredite en relación con las causas señaladas en las fracciones II, III, V y VII del artículo anterior, respectivamente:
I. La obtención de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley, por medio de facturas o liquidaciones de beneficio que corresponda al período por comprobar, así como el pago de la multa que determina el artículo 56, fracción XI, de la misma:
II. El pago de los derechos sobre minería omitidos y demás accesorios originados por el incumplimiento, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables;
III. El pago actualizado de la prima por descubrimiento, conforme lo determine el Reglamento de la presente Ley, y
IV. Que está sujeta resolución administrativa o judicial la negativa de autorización por parte de la autoridad que tenga a su cargo los bienes, zona o área a que alude el artículo 20, párrafo segundo, de esta Ley.
Artículo 56. Se sancionarán con multa equivalente de diez a dos mil días de salarios mínimos general y vigente en el Distrito Federal, las infracciones siguientes:
I. Extraer minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley sin ser titular de la concesión minera o de los derechos correspondientes;
II. Impedir sin derecho la realización de las obras y trabajos previstos por la presente Ley y su Reglamento o persona legalmente autorizada para efectuarlos;
III. Retirar o destruir las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;
IV. Impedir u obstaculizar las visitas de inspección que practique el personal comisionado por la Secretaría;
V. No concurrir por sí o debidamente representado a las visitas de inspección que practique la Secretaría, sin que medie causa justificada;
VI. No comunicar a la Secretaría la designación del responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas o encomendarle actividades que le impidan el desarrollo de sus funciones propias;
VII. No notificar a la Secretaría las medidas necesarias para prevenir accidentes que no se adopten, cuando pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores;
VIII. No dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio;
IX. Negarse a beneficiar el mineral de terceros en condiciones competitivas, sin acreditar causa que lo justifique;
X. Modificar la ubicación o dañar a la mojonera o señal que sirva para identificar al punto de partida de un lote minero;
XI. Comprobar extemporáneamente la ejecución oportuna de obras y trabajos de explotación por medio de las obtención de minerales o sustancias, a fin de dejar sin efectos el procedimiento de cancelación de una concesión minera, y
XII. No rendir oportuna y verazmente los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que fije el Reglamento de la presente Ley.
En el caso de la fracción I de este artículo, la multa podrá ser hasta por el doble del monto máximo arriba fijado, y procederá además el decomiso de los minerales y sustancias ilegalmente extraídos.
De existir reincidencia se podrá imponer hasta dos tantos del importe de la multa y, en tratándose de la infracción a que se refiere la fracción I, hasta dos tantos del valor comercial del mineral o sustancia ilegalmente extraído.
Para la imposición de la multa, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios que haya causado, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y capacidad económica del infractor.
La aplicación de las multas establecidas en el presente artículo será sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera resultar.
Artículo 57. La facultad de la Secretaría para verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone esta Ley, así como para sancionar su inobservancia, se extinguirá en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha del incumplimiento o, si éste es de carácter continuo, a partir del día en que cese. La relativa al pago de los derechos de minería prescribirá de acuerdo con lo previsto por las disposiciones de la materia.
Artículo 58. Las resoluciones que dicte la Secretaría con motivo de la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, excepto aquéllas que declaren la nulidad o cancelación de concesiones y asignaciones mineras o la suspensión e insubsistencia de los derechos que de ellas deriven, podrán ser recurridas para su revisión, conforme al procedimiento que establezca el Reglamento de la misma.
Si se recurre la imposición de una multa, se suspenderá el cobro de ésta hasta que sea resuelto el recurso, siempre y cuando se garantice su pago en los términos previstos por las disposiciones fiscales.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor 90 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se deroga la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación de 22 de diciembre de 1975 y se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley.
Tercero. Durante el término de cinco años, contado a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, continuará aplicándose a los contratos de explotación minera celebrados con anterioridad a dicha fecha que sean prorrogados, la disposición consignada en el párrafo final del artículo 17 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Minera, por lo que se refiere al monto mínimo y máximo de la compensación o regalía pactada.
Cuarto. En tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la presente Ley, se aplicará en lo que no se oponga a la misma, el Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en Materia Minera, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de septiembre de 1990.
Quinto. Las actividades que señalen otras leyes para la Comisión de Fomento Minero se entenderán encomendadas al Consejo de Recursos Minerales.
Se abroga la Ley sobre el Patrimonio de la Comisión de Fomento Minero publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 1939.
Las asignaciones mineras expedidas en favor de la Comisión de Fomento Minero se cancelan y el terreno que amparan se signa al Consejo de Recursos Minerales en los términos de esta Ley y, en su caso, con la vigencia de los contratos celebrados con respecto a las mismas.
Los demás derechos, bienes y recursos que integran el patrimonio de la Comisión de Fomento
Minero se transmitirán antes de que concluya su liquidación al Consejo de Recursos Minerales y al Fideicomiso de Fomento Minero, conforme lo determine la Secretaría, los cuales se subrogarán en los derechos y obligaciones pecuniarios y laborales de dicho organismo.
Los derechos laborales de los trabajadores adscritos al referido organismo se respetarán conforme a las disposiciones legales aplicables.
La Secretaría procederá a la liquidación de la Comisión de Fomento Minero dentro del término de un año de contado a partir del inicio de vigencia de la presente Ley.
Sexto. Los trámites de cualquier naturaleza pendientes de resolución a la fecha de inicio de vigencia de esta Ley se sustanciarán, en lo que les sea favorable a los interesados, conforme a las disposiciones de la misma.
Las solicitudes de concesión o asignación mineras en trámite, de exploración o de explotación, ordinarias o especiales en reservas mineras nacionales, se resolverán mediante el otorgamiento del título de concesión minera correspondiente o la expedición del título de asignación minera en el caso del Consejo de Recursos Minerales, si se satisfacen exclusivamente las condiciones y requisitos establecidos para éstas por la presente Ley y su Reglamento.
Las solicitudes de nueva concesión de exploración o de nueva concesión de explotación se desecharán sin mayor trámite, en virtud de lo dispuesto por los artículos Séptimo y Octavo Transitorios.
Séptimo. Las concesiones de exploración cuya cancelación no haya sido declarada tendrán duración de seis años contados a partir de la fecha de su expedición y los programas de trabajos insertos en sus títulos quedarán sin efecto.
Los titulares de nuevas concesiones de exploración podrán presentar, antes de la terminación de su vigencia, una o más solicitudes de concesión de explotación cuyos lotes abarquen todo o parte de la superficie antes amparada, en los términos y condiciones dispuestos por esta ley y su Reglamento.
Octavo. Las concesiones de explotación otorgadas con anterioridad a la presente Ley, cuya cancelación no haya sido declarada, tendrán duración de cincuenta años contados a partir de la fecha de su expedición y conferirán derechos a la explotación de cualesquier minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la misma. Los programas de trabajos insertos en sus títulos quedarán sin efecto.
Las concesiones coexistentes únicamente conferirán derechos a la explotación de los minerales o sustancias consignadas en sus títulos y las concesiones preexistentes sobre las que se otorgaron a la exploración de los demás minerales o sustancias, mientras estén vigentes las primeras.
Las asignaciones mineras con vigencia indeterminada otorgadas al Consejo de Recursos Minerales tendrán duración improrrogable de seis años contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Noveno. Las concesiones especiales en reservas minerales nacionales, al igual que las asignaciones ordinarias y especiales en dichas reservas otorgadas en favor de las empresas de participación estatal mayoritaria, se sustituirán por las concesiones que correspondan con los derechos y obligaciones que establece la presente Ley.
Las obligaciones consignadas en los títulos de concesión o en las declaratorias de asignación especiales en reservas mineras nacionales, adicionales a las que señala esta Ley, quedarán sin efecto, excepto cuando se trate de concesiones que hayan sido otorgadas sobre zonas incorporadas a dichas reservas u obtenidas al amparo del derecho preferente a que se refiere el artículo siguiente, o de asignación por acuerdo otorgadas con posterioridad a la fecha de publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación.
Décimo. Las personas que a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley estén realizando mediante contratos trabajos de exploración y/o explotación dentro de terrenos amparados por asignaciones mineras o las concesiones que las sustituyan, podrán continuar haciéndolo hasta la terminación de estos y tendrán derecho preferente para obtener la concesión minera correspondiente, si el terreno materia del contrato queda libre y se dio el cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el mismo. El derecho que se confiere deberá ejercitarse cuando surta efecto la declaratoria de libertar de dicho terreno.
Décimo primero. Las concesiones de planta de beneficio expedidas al amparo de otras leyes quedarán sin efecto y sus titulares estarán exentos
de presentar el aviso a que alude el artículo 37, fracción I, de esta ley.
Décimo segundo. La primera comprobación de obras y trabajos de exploración y de explotación deberá presentarse durante el mes de mayo de 1994.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; México, Distrito Federal a 20 de mayo de 1992.
Es de primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
* LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario José Marco Antonio Olvera Acevedo: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia, está discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Tiene la palabra el diputado Francisco Dávila Rodríguez, para fundamentar el dictamen.
El diputado Francisco José Dávila Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Antes de entrar a la justificación del dictamen sobre la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para modificar y derogar diversos artículos de la Ley de Vías Generales de Comunicación, deseo expresar mi agradecimiento a los miembros de la comisión pluripartidista que participaron activamente en la discusión previa y que derivó en la aportación de nuevos y acertados criterios para hacer de dicha iniciativa un proyecto aún más valioso.
Los compañeros diputados que integraron este grupo, acreditaron un elevado nivel de profesionalismo parlamentario que mucho enaltece esta honorable Legislatura y quiero dejar testimonio expreso de reconocimiento a su desempeño ejemplar.
A continuación deseo expresar a ustedes algunos conceptos que estimo escenciales para ubicar en una perspectiva justa y ponderada, los alcances y la fundamentación de la iniciativa de reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación que el Ejecutivo ha enviado a la consideración de esta soberanía.
Es evidente que el crecimiento de la infraestructura del transporte va de la mano del crecimiento económico, tanto en lo que se refiere a su magnitud, como en cuanto a su ubicación geográfica. Su evolución ha incidido de manera definitiva en la localización de las industrias, en el desarrollo urbano y en la distribución de los asentamientos humanos.
El aprovechamiento de los recursos naturales y de las materias primas, así como el desarrollo de zonas con potencial productivo, comercial y turístico, ha sido posible en gran medida, gracias a la disponibilidad de infraestructura para el transporte. Por el contrario, la falta de infraestructura eficiente ha restado productividad a algunas regiones y actividades económicas que no resultaron competitivas.
El país cuenta con un importante patrimonio en infraestructura carretera, compuesta por extensas redes y diversas instalaciones a lo largo de nuestro territorio. Sin embargo en la actualidad resulta insuficiente ante los ritmos de crecimiento que nos impide el desarrollo nacional.
El camino que históricamente se siguió para financiar y construir dicha infraestructura, fue mediante recursos fiscales y endeudamiento del gobierno federal.
Una gran parte de los recursos de crédito aplicados a la inversión y de infraestructura, son de origen externo y por lo tanto forman parte
* Este dictamen fue publicado en el Diario No. 12 del día 26 de mayo de 1992.
de la deuda pública externa de nuestro país y de la crisis que dio lugar a la renegociación y a la rigurosa disciplina a la que hoy debemos sujetar ese tipo de recursos.
Por su parte los recursos fiscales nunca han sido suficientes para financiar la totalidad de las grandes obras de infraestructura, ni en México ni en ningún otro país del mundo, por lo que la austeridad que nos impuso la crisis de la pasada década, sólo agudizó la falta de recursos para este fin.
Como resultado de lo anterior, durante la crisis económica de los ochenta la inversión en infraestructura de transporte y su mantenimiento se rezagó frente a la demanda. El sector público tuvo que disminuir notablemente su inversión en este concepto con los consiguientes impactos en el tamaño y la calidad de la infraestructura disponible en la actualidad.
La inversión pública en este renglón, en relación con el producto interno bruto, disminuyó de un 0.75% en los setenta, a un 0.35% a fines de los ochenta. En contraste con ésto, el nivel de motorización de nuestro país se ha multiplicado por 25 en los últimos 35 años y la población se ha multiplicado por tres. El parque vehicular total alcanza alrededor de 8 millones de unidades. La red troncal federal cuanta actualmente con 48 mil kilómetros, integrando a todas las capitales de los estados y a los puertos y ciudades fronterizas con las principales ciudades del país.
Las carreteras alimentadoras y los caminos rurales con 192 mil kilómetros en total, permiten que se logre comunicar por carretera a más del 90% de la población nacional. Sin embargo, las principales rutas de transporte del país se encuentran operando en condiciones críticas debido a su mal estado de conservación y al congestionamiento al que están sometidas. Aun si se aplicaron de manera consistente durante los próximos años recursos como los que están presupuestados actualmente para conservación y mantenimiento, la red federal de carreteras se colapsaría en poco tiempo. Para que la red se conserva en condiciones aceptables, el monto destinado para tal efecto debería ser el triple de lo presupuestado en la actualidad y mantener esa proporción constante en el tiempo.
Las carreteras nacionales desde el momento de su construcción hasta la fecha han sido totalmente superadas por el tránsito y por las características de las unidades que por ellas circulan. Por su trazo, por sus características topográficas, por su diferida conservación y por la carencia de libramientos urbanos adecuados, la infraestructura carretera produce ineficiencias que hacen muy difícil alcanzar las condiciones que demanda la modernización integral del país, las demandas que el desarrollo de la economía impondrá a la infraestructura serán cada vez mayores a mayor velocidad y de manera acumulativa. Y ello influirá, de manera destacada, el crecimiento del comercio exterior.
Ante una realidad cada vez más compleja y frente a la necesidad de mantener saneadas las finanzas públicas, como condición para alcanzar la estabilidad que dé sustento y certidumbre al crecimiento, el Ejecutivo Federal se ha propuesto la modernización de este sector estratégico, incorporando fórmulas creativas de participación de los particulares a través del conocido instrumento de la concesión.
A partir de febrero de 1989 se puso en marcha el Programa de Autopistas y Puentes concesionados a la inversión privada, como un instrumento que permita acelerar el desarrollo de la infraestructura carretera de primer orden. Además de liberar recursos para atender otras obras y programas prioritarios del propio sector de comunicaciones y transportes.
La meta establecida en dicho programa es de 4 mil kilómetros de autopistas de cuatro o más carriles, sobre todo en las rutas de mayor demanda, con recursos privados por el 80% del monto de la inversión.
Se estima que para llegar al siglo XXI con una infraestructura carretera adecuada se requerirán más de 2 mil kilómetros de autopistas. En 1989 se contaba con casi 3 mil kilómetros de autopista, de cuota y libres. Para 1994 se tendrán construidos 9 mil 600 kilómetros de este tipo de carreteras.
Sin duda se trata de un programa sumamente ambicioso, pero que apenas significa el inicio de solución de los serios rezagos acumulados en este renglón.
Cabe reconocer en esta iniciativa una voluntad política de gran consistencia, pues además de atacar dichos rezagos con energía y eficacia, promueve una compactación adicional de la administración pública, al convertir a la actual entidad que construye y opera autopistas en supervisora de los compromisos que asuman los concesionarios.
La exposición de motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal es clara y se inscribe de manera precisa en tres vertientes fundamentales:
La profundización de la política de reforma del estado al promover la canalización del ahorro privado a los programas de más alta prioridad por el país, preservando para el estado su indelegable papel rector, la impostergable necesidad de modernización y crecimiento de la infraestructura carretera y la aplicación de facultades de autoridad, en lugar del ejercicio de facultades de administración.
La posibilidad de ejercer de mejor manera la facultad de concesión, que ha sido de extrema utilidad para la presentación de innumerables servicios públicos a lo largo de nuestra historia institucional, es un camino expedito para recuperar capacidad de respuesta ante un programa de esta magnitud.
Por ello, a las grandes ventajas de la concesión, como instrumento flexible y adaptable de gestión pública, cabe agregar beneficios adicionales específicos de los cambios propuestos a la Ley de Vías Generales de Comunicación.
En efecto, además de las carreteras de cuota que han sido completadas o que están en proceso de construcción, mediante concesión, la iniciativa propone que el gobierno federal pueda colocar en igual situación operativa a aquéllas que ya son de su propiedad, ya fuera por haberlas construido con sus propios recursos o por haberlas adquirido mediante el proceso de reversión. Esto significa la posibilidad de obtener importantes ingresos para destinarlos a la construcción o mantenimiento de nuevas carreteras, cuya responsabilidad compete escencialmente al estado, así como establecer las prioridades y aplicaciones de tales recursos como mejor convengan al interés nacional.
Además, el Ejecutivo propone que se amplíe el alcance de este régimen, para que los gobiernos estatales y municipales también puedan ser titulares de concesiones en esta materia. Así se daría cabida a los legítimos programas y proyectos de desarrollo carretero regional, fortaleciendo la relación entre dichos proyectos y la voluntad ciudadana de las comunidades involucradas.
La ampliación del término máximo de la concesión de 20 a 30 años, tiene una importancia trascendental. En primer lugar, porque puede darle vialidad a proyectos que de otra suerte no calificarían como tales y en última instancia para abatir los costos de pasajeros, usuarios y consumidores finales, al impactar en el precio de las mercancías y servicios una cuota menor, como consecuencia de poder recuperar la inversión en un plazo mayor.
La iniciativa de decreto para modificar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, también pretende fortalecer las previsiones técnicas y económicas, relativas a la seguridad en las carreteras de cuota, al proponer fórmulas que permiten en cálculo siempre actualizado de las indemnizaciones en beneficio de los posibles afectados. Asimismo...
El Presidente: - Señor diputado, ¿permite una interpelación de...perdón.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):- No, no es interpelación, nada más pedirle al señor diputado que está fundamentando el dictamen, si al terminar pueda darnos una explicación, también como fundamento del dictamen, que yo le voy a requerir en los términos del 108 y en los términos del 108 no queda a voluntad del señor diputado, es obligatorio por parte de la comisión. Gracias.
El diputado Francisco José Dávila Rodríguez: - La iniciativa de decreto para modificar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, también pretende fortalecer las previsiones técnicas y económicas, relativas a la seguridad en las carreteras de cuota, al proponer fórmulas que permitan un cálculo siempre actualizado de las indemnizaciones en beneficio de los posibles afectados.
Asimismo, el Ejecutivo propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en forma directa a través del organismo descentralizado competente, verifique las condiciones técnicas de operación, seguridad y mantenimiento, que los concesionarios deban observar en todo tiempo. En este punto quiero resaltar lo atinado de la recomendación del grupo de diputados que intervino en las discusiones preliminares de esta iniciativa, para que se incorpore la condición de que las obras que realice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o sus concesionarios, cuenten con un dictamen de la autoridad competente acerca del impacto ambiental que tales obras causarían.
Otras modificaciones que contempla el dictamen: Actualiza la forma de cálculo de las penalizaciones económicas a quien interrumpa total o parcialmente las vías generales de comunicación, su construcción o los medios de transporte. Esta medida tiene por objeto dar mayor certidumbre a las inversiones, evitar un mayor costo por demoras en la construcción de las obras, proveer una protección razonable de los bienes y equipos que circulan por las carreteras nacionales y asegurar el libre tránsito.
Finalmente en la iniciativa que nos ocupa se eliminan requisitos para facilitar el trámite registral de todos los actos y contratos relacionados con las vías generales de comunicación.
Las razones para adecuar la Ley de Vías Generales de Comunicación son contundentes, la modernización y ampliación de la real carretera no sólo es impostergable, se ha vuelto urgente y condicionante de nuestras posibilidades como país exportador e integrado a las grandes corrientes del comercio mundial.
La eficiencia que se alcance mediante la expansión y modernización de la carretera no sólo nos hará más competitivos hacia el exterior sino que los beneficiarios del uso de una infraestructura como la requerida serán directos para quienes vivimos y trabajamos en México. Se actúa en forma consistente con los lineamientos de política que han regido los cambios de mayor trascendencia para nuestro país en los últimos años sin declinar las facultades que son exclusivas del estado reforzando su papel rector. Se activa el empleo de importantes recursos que han permanecido como patrimonio de uso al convertirlos en recursos líquidos de inversión sin perder la propiedad de los mismos y para financiar proyectos prioritarios que no afecten el equilibrio de las finanzas públicas. Se promueve la inversión privada en servicios complementarios a las carreteras de cuota garantizando la seguridad y permanencia de las mismas, se dé un paso más en el proceso de desconcentralizar perdón, se da un paso más en el proceso de descentralizar decisiones y recursos que interesan a las comunidades locales con absoluto respeto a sus cualidades.
Honorable Asamblea, compañeras y compañeros diputados, estamos entre una oportunidad histórica de dar nuevo impulso al desarrollo de la infraestructura carretera para que responda y se anticipe a los niveles de actividad económica al que llegaremos por vocación y compromiso.
A la luz de los argumentos expresados y dada la contundencia de la problemática a cuya solución se orientan los cambios que el Ejecutivo Federal propone a la Ley de Vías Generales de Comunicación, me permito solicitar a esta soberanía considere favorablemente el dictamen sometido a su elevada consideración. Muchas gracia. (Aplausos.)
El Presidente: - Señor diputado Dávila Rodríguez, en atención a que el diputado Juan de Dios Castro, fundamentaba el artículo 108 hizo una solicitud quisiéramos escuchar de viva voz al diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): Muy breve señor diputado Dávila. Escuchamos su disertación en relación con la labor que ha realizado el gobierno federal en materia de carreteras y las expectativas que esperamos para 1994. La única explicación que en los términos del 108 quiero solicitarle, los razonamientos de la comisión y del dictamen, en relación a los dos únicos puntos de reforma del artículo 533 que usted debe tener allá a la vista del proyecto. Gracias.
El diputado Francisco José Dávila Rodríguez: - Quisiéramos hacer una aclaración, previamente recibimos del señor Presidente de la mesa directiva: "los diputados que suscribimos miembros de esta Cámara, solicitamos en los términos previstos por el artículo 108 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, que el Presidente de la comisión que dictaminó las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación, fundamente su dictamen". Firma Felipe Muñoz.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Perdone señor Presidente; pero no entendí cuál fue el motivo de que haya usted leído eso. El señor diputado subió para fundamentar el dictamen, yo le hice un pedimento en los términos del 108, nada más. No objeto la solicitud que hayan hecho otros diputados.
El diputado Francisco Lozano Dávila Rodríguez: - No, esto era para aclarar nada más el hecho de que usted tomó la palabra, señor licenciado.
El relación al artículo 533, comentaba en la fundamentación del dictamen lo siguiente: se actualiza la forma de cálculo de las penalizaciones económicas a quien interrumpa total o parcialmente las vías generales de comunicación, su construcción o los medios de transporte con el objeto de dar mayor certidumbre a las inversiones evitar un mayor costo por demoras en la construcción de las obras, proveer una protección razonable de los bienes y equipos que circulan por las carreteras nacionales y asegurar el libre tránsito de personas y mercancías por la red federal de carreteras del país. Muchas gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia informa que hasta este momento tenemos registrados a 17 oradores, por lo que suplicaríamos que al momento que ellos hagan uso de su palabra,
cumplan con el reglamento estipulado de la media hora.
Las personas que tenemos inscritas son : Gabriel Jiménez Remus, Átalo Sandoval García, Manuel Monarres Valenzuela, Tomás Correa Ayala, Manuel Laborde Cruz, Javier Centeno Avila, Mariano Carreón Girón, Jorge Oceguera Galvón, Lorenzo Duarte García, Juan Hernández Mercado, Felipe Medina Santos, Juan Manuel Hueso Pelayo, Alfredo Castañeda Andrade, Jesús Ramírez Guerrero, Arquímides García Castro, Eloy Cantú Segovia y Juan Ignacio Torres Landa. Tiene la palabra el diputado Gabriel Jiménez Remus para fijar posiciones.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Esta en breve intervención en tribuna, obedece tan sólo para manifestar el sentido del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta Cámara de Diputados, en el tema que nos ocupa en este momento.
Acción Nacional no puede votar a favor esta iniciativa de ley, fundamentalmente porque encontramos que el artículo 533 actualmente vigente y ahora con la nueva modificación que el Ejecutivo propone, salpica con un contenido antidemocrático este proyecto de ley.
El señor diputado Juan de Dios Castro tenía razón cuando en los términos del artículo 108 del reglamento, pidió al señor diputado don Francisco Dávila fundamentara el porqué de la adición al artículo 533.
Yo creo que este artículo tiene una significación muy importante porque cuando existe una duda de la procedencia de determinada posición en el dictamen de la comisión, es ahí ante el pleno de todos los diputados cuando la comisión tiene la obligación de explicarnos el porqué de esta nueva adición del artículo 533.
Yo opino, señoras y señores diputados, que los delitos especiales como es el caso, es obra de técnicos, de especialistas y no de juristas; es decir, cuando en una determinada área de la vida pública existe un mayor interés, diría yo un vital interés de proteger aún más el bien jurídico tutelado, es cuando los especialistas no abogados, no juristas, recogerá la experiencia cotidiana de los hechos que se suceden con el objeto de que el legislador, repito, proteja aún más el bien jurídico tutelado. Y ustedes me darán la razón.
En este mismo artículo 533, se está protegiendo la propiedad de la nación, pero entonces por qué se establece un delito especial, señoras y señores diputados, si ya existe un delito tipificado genéricamente como es el daño a las cosas, el daño en propiedad ajena, que ante el deterioro de una carretera, podría ubicarse esta conducta delictuosa en este delito genérico del daño en propiedad ajena o daño en las cosas, por lo que dije inicialmente, porque hay determinados elementos o propiedad del Estado, que necesita el legislador proteger con mayor énfasis. Y es por eso cuando salen en este artículo, el 533, la obligación de cuidar todavía con más vehemencia, por decirlo de alguna forma, ese bien propiedad de la nación. Pero es cuando el legislador se da cuenta, en virtud de informaciones de técnicos en la materia. Por eso el señor diputado don Francisco Dávila no pudo porque no podía, no podía fundamentar su dictamen en este especial artículo 533. Y no podía por qué, porque tenía que decirnos a todos, don Francisco Dávila, que el daño a las carreteras en construcción, de la oposición a las carreteras en construcción, que es materia de la adición, estaba causando graves problemas en el territorio nacional y para eso señoras y señores diputados, don Francisco Dávila, se necesitaba ponernos en consideración a nosotros la opinión de los técnicos en vías generales de comunicación, concretamente en carreteras, para decir con qué periocidad, en qué regiones del país, con qué capacidad de destrucción o de daño estaban produciéndose estos nuevos hechos que ameritara la posibilidad de adicionarle al artículo 533. Y no lo dice.
Yo todavía me pregunto: ¿qué en este momento es necesaria la configuración de este nuevo concepto de daño en las cosas en perjuicio de la nación, a las personas que se opongan a la construcción de vías generales de comunicación o de carreteras?
Yo creo, señoras y señores diputados, que ante la omisión de fundamentar técnicamente la Comisión de Comunicaciones de esta Cámara, yo creo que es caprichoso, o que tiene un contenido de naturaleza política. Y estarán de acuerdo ustedes conmigo que los hechos sociales no son neutros, es decir, siempre tenemos que juzgarlos con razonamientos o con argumentaciones de parte de quien los tiene, tenemos otro concepto distinto de otros conceptos de vida, del concepto de la nación, del concepto de sociedad.
Y Acción Nacional no ve con buenos ojos esta adición y ustedes me dirán: pero si el artículo
533 está vigente actualmente, sí, sí está vigente pero nosotros siempre hemos considerado que es una amenaza de naturaleza política en contra de minorías que pretenden reclamar, en una valoración de la conducta del Estado o de la conducta del gobierno, fundamentalmente en elecciones.
Y esto lo hemos visto. Hubiera sido más honesta la posición de la comisión por conducto de don Francisco Dávia, el hablar abiertamente, que aún tratándose de hechos de naturaleza política, no se puede controvertir el orden público, accediendo a estas hipótesis que señala el artículo 533, pero tampoco lo hizo.
Miren, señoras y señores diputados, la democracia no es tan sólo una decisión política fundamental, sería una visión muy pobre de la democracia. Yo creo que requiere de acciones democráticas de todos los mexicanos y de todos los sectores, gobierno y gobernados.
En cuanto existan más acciones, señoras y señores diputados y de mayor calidad para la autoverificación del sistema, de un sistema democrático, éste será menos controvertido, aun cuando sean más controvertidas las decisiones de las minorías.
Como el principio democrático de la libertad requiere que se reduzcan al mínimo los casos de aplastamiento de la minorías, es necesario el consenso en algunos criterios principios y valores constitucionales, entre quienes aceptan, o mejor dicho aceptamos vivir en una organización política calificada democrática el aceptar la posibilidad de varias interpretaciones en ese marco constitucional y legal y en la actitud de comprender las posiciones ajenas e incluso tolerarlas cuando se manifiestan o incluso llegan a triunfar y éste es el contenido, porque nosotros no lo consideramos neutra esta manifestación de modificaciones al 533.
Me parece que es un nuevo elemento que pende de la conducta de los partidos políticos minoritarios para que en un momento dado que puedan manifestarse libremente por reproches a la valoración de un régimen democrático, entonces la maquinaria del Estado, a través del artículo 533, pondrán en prisión a todos los disidentes del sistema político mexicano. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Átalo Sandoval García para emitir su voto particular.
El diputado Átalo Sandoval García: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Efectivamente la iniciativa plantea modificaciones de carácter secundario, porque la ley actual ya contempla las concesiones a los particulares; la ley actual ya contiene las penas corporales y las multas administrativas.
Sin embargo, no por ser modificaciones de carácter secundario dejan de tener impacto, dejan de tener importancia e incluso impacto e importancias negativas para la vida política, económica y jurídica del país.
Cuando nosotros hablamos de impacto político negativo de estas reformas a la iniciativa que hoy se nos presenta, al primer elemento que tenemos que recurrir y aquí aparece el elemento fundamentalmente político, es el de seguridad nacional y creo que en ese sentido el dictamen en su página 8 está de acuerdo con esta afirmación que nosotros hacemos cuando decimos que las carreteras efectivamente deben considerarse como elemento de seguridad nacional. Paso a leer el último punto del párrafo octavo. Dice así el proyecto: "Los transportes y las comunidades son parte neurálgica y delicada de la actividad nacional y su desarrollo es parte fundamental el interés público".
Creo que el dictamen nos da la razón cuando nosotros hacemos esta afirmación.
Por otro lado, el párrafo sexto de la iniciativa recurre a la figura jurídica de la concesión, un elemento jurídico que tampoco es nuevo en el derecho administrativo mexicano. Y aquí, este último párrafo nos señala que se trata de otorgar al concesionario la garantía suficiente de que sus derechos serán respetados y de que su inversión productiva será garantizada.
A nosotros nos parece que este párrafo de la iniciativa, efectivamente trata de proteger solamente derechos de unos cuantos, para desproteger el derecho del interés nacional, el derecho de la mayoría de los ciudadanos mexicanos.
Cuando nosotros hablamos de que esta reforma de carácter secundario van a traer impacto económico, negativo a la economía nacional, nos referimos a que efectivamente la iniciativa ofrece negocios ya hechos, ofrece mercados cautivos a quienes en México y en el extranjero poseen dinero.
Creo que el párrafo tercero del artículo 146 es muy claro en ese sentido. Y en el mismo artículo
el 146, efectivamente la modificación que se hace es el hecho de llevar las concesiones de 20 a 30 años, como lo establece la actual ley. Y aquí de lo que se trata es de garantizar plenamente la inversión de los concesionarios y garantizarles mejores y mayores utilidades.
Cuando nosotros decimos que en el aspecto jurídico también hay impacto negativo, aquí coincidimos plenamente con el diputado que nos antecedió en la palabra, porque efectivamente los agregados que hacen tienen fundamentalmente una intención y esta intención no podemos desconocer y tenemos que señalarlo que es de carácter político, porque se trata de ir en contra de las manifestaciones populares e incluso de los movimientos laborales, atentando así esta reforma, que aparentemente es significativa, contra el artículo 6o. constitucional, el noveno constitucional y el décimo, así como contra el derecho de huelga de los trabajadores.
A nosotros nos parece que ésta es la intención de las reformas al 536 de la citada ley.
Por todo esto, la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ante el dictamen sobre el decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, presenta su posición.
En la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, del pasado 6 de mayo del año en curso, el titular del Ejecutivo impulsa el objetivo de concesionar a particulares la concesión de autopistas y puentes, así como las autopistas ya construídas.
Este objeto está presente en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, ya que forma parte del proyecto de modernización del gobierno.
El contenido principal de esta iniciativa, es de ampliar el plazo de las concesiones, y que se estipule con mayor claridad en su texto la posibilidad de entregar concesiones referidas únicamente a la explotación de carreteras como afirma el Ejecutivo en su presentación.
Con el objeto de otorgar más garantías a los inversionistas privados, la iniciativa propone que se amplíe el contenido del artículo 533 de la ley que se refiere a sanciones penales a quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, incluyendo en la reforma propuesta a quienes interrumpan la construcción de dichas vías.
Así se amplían las garantías para las compañías constructoras, ampliando un tipo penal que puede usarse para limitarlo o reprimir el posible ejercicio de derechos ciudadanos e incluso laborales. A la vez en la iniciativa se actualiza el monto de las multas a los posibles infractores.
Por otra parte, el ejercicio de uno de los derechos políticos que es la movilización popular, se ejerce generalmente en calles y caminos. Las modificaciones propuestas al artículo 533, expresa un propósito claramente represivo que abarca el aspecto laboral al referirse a la interrupción de construcción de dichas vías.
Si la inversión del capital privado en la construcción de autopistas tiene ya cierto carácter rentístico, la canalización de recursos financieros para la adquisición de carreteras ya reconstruidas por el gobierno federal, significa inducir la asignación de cuantiosos recursos a negocios de pura renta, que generan ganancias sin agregar nada a la producción de la riqueza nacional.
El principal objetivo de la iniciativa es atraer una mayor participación del sector privado en la construcción y administración de carreteras. En consecuencia, esta iniciativa se inscribe dentro de la estrategia de privatización que constituye un eje de proyecto de modernización del actual gobierno. En este caso, se trata de impulsar el proceso ya iniciado de ruptura de lo que durante más de medio siglo fue responsabilidad del Estado: la construcción, el mantenimiento y la administración de las carreteras del país y que hoy se cambia por: coordinación, regulación y vigilancia simplemente.
El motivo expresado por el gobierno es acelerar el desarrollo de las vías - carreteras del país ampliando las concesiones ya previstas en la ley actual al sector privado, pero éste es sólo el motivo aparente, ya que apartir de 1988 que se concesionan nuevamente carreteras al sector privado, el desarrollo ha sido más bien lento, menor que el que se ha registrado en periodos anteriores con la sola participación del sector público.
Para facilitar el acceso de capital privado en la construcción de carreteras, el gobierno, como en otros casos, está haciendo de la necesidad virtud. La contracción de la inversión pública en el Sector de comunicaciones que ha significado estancamiento y descuido de las carreteras, genera según la percepción gubernamental condiciones propicias para una mayor y más directa participación de las inversiones privadas. Se acumulan rezagos que ahora deberán ser resueltos mediante la acción de los empresarios.
En pesos constantes, en 1980 el gobierno gastó en el Sector Comunicaciones y Transportes 38% más que en 1992. Para hablar de este sexenio solamente tenemos que en 1988 se gastó más en ese sector en un 10% también en términos reales que lo presupuestado para 1992.
Para los usuarios de carreteras, directos o indirectos, la política privatizadora que se impulsa en esta iniciativa significa un cambio de fondo, lo que ha sido hasta ahora un servicio público se convierte en negocio privado, sin que disminuyan los impuestos que pagan la sociedad, ahora les será cada vez más difícil transportarse sin pagar derechos de peaje que cubrirán no sólo el costo de la construcción de las carreteras sino también las altas ganancias que exigirán como condición para invertir los presuntos concesionarios del gran capital financiero en nuestro país.
De acuerdo con la ley actual, la concesión de estas vías de comunicación se justifica en virtud de la insuficiencia de recursos públicos para realizar las inversiones necesarias.
Actualmente esta justificación no es válida, ya que el gobierno cuenta con recursos financieros que sobrepasan por mucho su gasto presupuestario. Han aumentado los ingresos públicos, más que el gasto en los últimos años. Y para 1992, se ha presupuestado por primera vez, un superávit financiero que será de 18 billones de pesos.
Entonces ¿cuál es la razón de acelerar la entrega al sector privado del sistema carretero de la nación¿ La privatización de las carreteras forma parte de una política de estímulo a la inversión privada. En el Plan Nacional de Desarrollo, de manera errónea se reduce la política de inversión a una política de ahorro. Como los hechos han demostrado que los últimos años desde el estallido de la crisis financiera de 1982, la generación de ahorros en nuestro país ha estado muy por encima de la inversión productiva.
Tenemos ahora una gran concentración de capital financiero en un pequeño grupo de grandes empresarios que no ha encontrado suficientes campos para canalizar a la inversión productiva esos fondos. De ahí el interés del gobierno por una política de estímulo a la inversión privada. A esto obedece el programa de privatización de las carreteras que se expresan en esta iniciativa.
Para la economía del país también el resultado será negativo. Nuevamente el ahorro generado por el pueblo trabajador, con un gran sacrificio impuesto por la política de austeridad , no se canaliza hacia las inversiones productivas. Tampoco servirá para crear nuevas empresas, abrir nuevos mercados o promover el avance tecnológico del país.
Mediante la privatización de las carreteras, como política de estímulo a la inversión privada, el gobierno canaliza recursos financieros hacia actividades rentistas más que productivas. Será de inversiones que desplazaran a la iniciativa estatal, en lugar de generar nuevas iniciativas que va a explotar mercados cautivos en lugar de conquistar nuevos mercados que reproduce una industria tradicional en lugar de generar nueva tecnología por nuevos productos y servicios.
Por eso afirmamos que esta forma de promover la inversión productiva de los recursos financieros acumulados en los grandes capitalistas privados, al amparo de la política de ajuste y estabilización, dista mucho de ser la más conveniente para el país.
Además de las objeciones de índole económico al objeto principal de la iniciativa, existe también otro de orden político: la construcción de caminos y puentes, así como su operación, son funciones públicas de vital importancia para la defensa nacional. Con los caminos y puentes controlados por los particulares, se corre el riesgo de que se obstaculice la acción del Estado ante una invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, no rechaza la posibilidad de que la iniciativa privada intervenga en el desarrollo de determinadas vías generales de comunicación. Pero debe considerar:
Uno, la inversión privada debe ser completamente de la pública, siempre limitada y acorde a un plan de desarrollo carretero.
Dos, no se deben concesionar las carreteras y puentes que fueron construidos con recursos públicos, pues tal medida es contraria al interés nacional y privilegia ilegítimamente, al interés particular.
Por lo tanto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, considera: que el Estado no ceda su responsabilidad en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de las carreteras, por el simple motivo de ofrecer campos lucrativos nuevos al sector privado; que se diseñe y promueva una política diferente de estímulo a la inversión productiva de los recursos
financieros acumulados por algunos prominentes miembros del sector privado, con el propósito de que la inversión de capital tenga el mayor efecto multiplicador sobre el nivel general de empleo, sobre la capacidad productiva y la competitividad de la economía nacional, una competitividad no basada en los bajos salarios, sino en el progreso técnico que se exprese en la diversificación de bienes y servicios y en el incremento a la productividad.
Para lograr estos propósitos, la política de estímulo a la inversión privada, deberá seguir, entre otros, los siguientes lineamientos:
Favorecer la inversión que cree nuevas empresas, sobre las que desplaza o se apropia de otras ya existentes, sean públicas o privadas. Promocionar las inversiones que abren nuevos mercados al interior o al exterior del país, en lugar de ofrecer mediante cesión o concesión, mercados cautivos ya existentes. Preferir las empresas que se comprometen a reinvertir sus utilidades en el país, sobre las que trasladan al exterior. Alentar a la inversión productiva que ayude a una mayor integración nacional de la estructura productiva que genere en el interior, un mayor porcentaje de medios de producción que actualmente se requiere importar y que utilicen un mayor porcentaje de los insumos nacionales. Promover la inversión productiva que genera nueva tecnología y/o permite la aprobación nacional de la misma.
Consideramos que en el país habrá una situación realmente estimulante para la inversión privada, sólo cuando se combine el incremento de nuestras exportaciones, con el desarrollo del mercado nacional.
La política de entregar las carreteras al sector privado, ceder o conceder en actividades que ya realiza el Estado o vender los bienes públicos, ha sido una línea de omisión más que de acción. Una línea que pone en evidencia dos cosas:
Un exceso de recursos financieros en poder de un pequeño grupo de empresarios y la falta de buenas expectativas para los negocios productivos.
Pero no es una línea que sirve para impulsar el desarrollo nacional con equidad.
Ante la falta de expectativas, de los inversionistas privados, el gobierno ofrece negocios ya hechos. Hace un año, Teléfonos de México, la semana pasada, los recursos pesqueros, ahora, las carreteras. Por eso con esta iniciativa el Ejecutivo pretende suplir la falta de iniciativa que en el contexto actual caracteriza a los más altos representantes nacionales, internacionales de la iniciativa privada.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votará en lo general en contra del dictamen, sobre el decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Por último, quisiera hacer un comentario breve relacionado sobre una investigación que personalmente hice, referida a la autopista Ciudad Juárez - Jiménez, en el estado de Chihuahua.
Esta autopista construída con 594 kilómetros de longitud y cuya fuente de financiamiento es fundamentalmente oficial a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del gobierno del estado, es decir, recursos netos del pueblo, vía impuestos.
Esta autopista, una de las más recientes en el país, que cuenta, como decíamos antes, con 594 kilómetros, tuvo un costo de 369 mil 360 millones de pesos.
En una investigación que se hizo de los derechos que se están recabando en estos cuatro meses en los primeros cuatro meses del año, ascienden a 9 mil 71 millones de pesos en cinco casetas de cobro, mensualmente. Si esto lo multiplicamos por 12, nos da el resultado de que la autopista Ciudad Juárez - Jiménez - Chihuahua está entregando ya desde ahorita 108 mil 852 millones de pesos. Esto significa que en tres años la inversión queda pagada.
Y si a esta cantidad nosotros la multiplicamos por 30 años, como es el tope máximo que establece la nueva reforma a la Ley General de Vías de Comunicación, tendremos que en 30 años se habrá producido un capital bruto, desde luego sin descontar intereses, sin descontar mantenimiento, sin descontar administración, de 3 billones 265 mil 500 millones de pesos.
Eso significa pues, que si nosotros los diputados de esta LV Legislatura aprobamos entregar lo que con tantos esfuerzos, con tantos sacrificios, los ahorros que por 50 años ha hecho el pueblo de México, desde mi punto de vista estaremos traicionando a este país que hoy vive una situación difícil, consecuencia de una política privatizadora que trata de entregar los intereses nacionales a los capitalistas extranjeros y nacionales. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Manuel Monarres Valenzuela.
El diputado Manuel Monarres Valenzuela: - Compañeras y compañeros diputados:
Nuestro país, el gobierno y la sociedad mexicana en su conjunto tienen en el presente momento una importante responsabilidad política y social que cumplir.
Vivimos una época de constantes cambios y si efectivamente queremos y deseamos que nuestra nación no se quede al margen del avance y del progreso al que por derecho debemos arribar los mexicanos, requerimos para ello actualizar, reformar y crear nuevas normas jurídicas que nos permitan crecer y modernizar a México, al ritmo que reclaman los nuevos tiempos.
Esta modernización y educación, los integrantes del Partido Revolucionario Institucional pretendemos lograrla con la participación de todos los sectores de la población. Participación que consideramos debe darse en un sentido amplio y con una mentalidad abierta y teniendo especial cuidado que el objetivo sea proyectar nuestra nación por el camino, por el sendero del progreso.
Con base en lo anterior, desde que recibimos en la Comisión de Comunicaciones y Transportes la iniciativa del Ejecutivo, se realizaron reuniones generales y pláticas individuales con todos los diputados que desearon participar y quisieron presentar sus puntos de vista sobre la iniciativa que hoy se discute. Lográndose que por consenso se acordaran algunas modificaciones, hasta donde la propia norma jurídica constitucional y la iniciativa lo permitieron.
Particularmente en cuanto al artículo 536 que aquí en la tribuna se ha señalado ya por dos compañeros diputados, pretende darle una interpretación que no contempla la iniciativa ni el dictamen, nos permiten esas intervenciones venir a la tribuna y señalar que no hay cambio en el sentido y la naturaleza del artículo 533, que ya contempla la ley desde 1931, en aquél entonces en el artículo 706, que decía lo siguiente:
"Ley de Vías de Comunicación y Medios de Transporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1931. En aquél entonces...
Artículo 706. Los que internacionalmente o por imprudencia cualquier modo dañen, perjudiquen los medios de comunicación o los medios de transporte o interrumpan los servicios de unas y otros, serán castigados de acuerdo con la prevención del Código Penal." Se trata, en este caso, en la modificación, de proteger la continuidad de la obras y las propias carreteras.
No es algo nuevo que venga a implantar a partir de la presente reforma, sólo se plantea en cuanto a este artículo, una adecuación congruente que permite el paso de las vías de comunicación a la modernidad que reclama la época en que vivimos.
No hay mensaje oculto, ni nada que pretenda llevar a los extremos aquí señalados fuera de la adecuación y la búsqueda de un nuevo sistema de financiamiento. La libertad de manifestación no es materia de discusión, la establece plenamente la Constitución y durante la presente administración se ha tenido suficiente cuidado de ser respetuoso de todo género de libertades. Y yo diría que además del respeto establecido en la Constitución, se puede afirmar hoy aquí, que el gobierno ha tenido voluntad y ha sido cuidadoso de respetar el derecho y las libertades e inclusive tolerante de todas sus expresiones.
Por lo que considero que la pasión sobre la razón no se justifica. Necesitamos vivir con responsabilidad esta nueva época de nuestro país y al cumplir con la actividad que corresponde a nuestra tarea legislativa, yo invito a los compañeros diputados priístas y de todos los partidos políticos, a votar en su oportunidad por el dictamen presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, voto que servirá para fortalecer la labor importante que han realizado profesionistas y trabajadores camineros, para continuar ahora, a un ritmo más acelerado, construyendo carreteras, bajo las nuevas modalidades de concesiones y las que continuarán ampliando con más posibilidades de presupuesto el gobierno federal.
Nuestra decisión de votar a favor es para aprovechar lo realizado hasta hoy. Con la reforma se pretende ampliar, no detener el progreso del país; todo orientado por la libertad, el derecho que la Constitución de la República y la ley de la materia consagra a todos los mexicanos.
No sería aceptable, compañeros diputados federales, que por temer a la crítica, incertidumbre natural que ocasionan los cambios, el Ejecutivo Federal tomara la determinación irresponsable de dejar las cosas como se encontraban hace 60 años, y así, tranquilamente, esperar el paso del tiempo.
Hoy, a diferencia de 1925, en que se creó la Comisión Nacional de Caminos del país, vienen otras necesidades. El país tiene nuevos problemas, se necesita una actualización completa. Hace escasos 20 años, compañeros diputados, las carreteras se construían bajo las especificaciones para que circularan sobre de ellas transportes con peso de ocho toneladas. Hoy se requiere que el pavimento tenga la firmeza y elasticidad para soportar el paso de los vehículos con peso de 70 toneladas y no hay los recursos suficientes de la Federación para la modernización total de la red carretera nacional. Por ello, la concesión se considera necesaria.
En México, los diversos niveles de gobierno y los particulares, necesitan sumar sus esfuerzos y recursos para lograr que las vías de comunicación sean las adecuadas, para que transiten por ellas los 8 millones de vehículos con que aproximadamente se cuenta en el país.
México invita y necesita más inversión, entre ellas de la iniciativa privada, para mejorar y ampliar más las carreteras del país. La concesión no significa que el Estado abandone y deje de cumplir con su responsabilidad histórica. El Estado continuará atendiendo la conservación y se abrirán más caminos, al mismo tiempo en la ley se señala con claridad la responsabilidad del gobierno en la vigilancia que tendrá para que la construcción concesionada cumpla con las especificaciones y las carreteras, cuando ya funcionen bajo la nueva figura de concesión, cumplan con lo señalado en el título correspondiente. Respetamos como siempre la opinión de los dos compañeros diputados, sin embargo consideramos que su interpretación a la reforma de la Ley de Vías Generales de Comunicación que hoy se discute, no responde al verdadero propósito que se pretende con ella, no se puede y no se debe confundir libertades individuales y colectivas que están garantizadas para todos los mexicanos con estrategias o expresiones que atacan a esas libertades, que aceptan a terceros y obstaculizan las actividades económicas, comerciales y productivas del país, tema que no se encuentra plasmado ni textual ni en ningún trasfondo de la educación, cambio que menciona o cambio que se menciona en la iniciativa de ley, en México todo mundo puede expresar libremente sus orientaciones ideológicas y preferencias políticas, así lo consagra la Constitución, pero aquí lo que se busca no es frenar libertades, se trata fundamentalmente de encontrar nuevos instrumentos que faciliten la inversión del sector social, del sector privado y de la población en general en la construcción, de carreteras, garantizar a quién invierta la posibilidad de la recuperación de lo invertido y una ganancia no exagerada como se decía hace rato aquí en la tribuna, sino que sea una ganancia que estimule verdaderamente a los inversionistas, el mejorar y ampliar las vías de comunicaciones especialmente las carreteras que constituyen la columna vertebral del sistema productivo nacional no es la simple concesión a particulares, como por la sola crítica pretende verse, esto tiende fundamentalmente a mejorar el tránsito de personas por todas las rutas nacionales, se pretende el transporte de mercancías en forma más ágil y eficiente, se busca dinamizar y unir más a los mexicanos en todo el Territorio Nacional.
Esto es uno, compañeros diputados, de sus principales objetivos y nunca la idea de esperar el avance político y democrático cuyas manifestaciones hoy más que antes el gobierno y mi partido han tenido especial preocupación de ampliar los caminos con la participación de todos los sectores de la población, atendiendo ampliamente el sentido de la libertad a que tenemos derecho y disfrutamos todos los ciudadanos que hemos nacido en este país, el limite de su libertad de esa libertad es cuando principia la obstrucción de la libertad de otro individuo.
Compañeras y compañeros diputados federales, desearía antes de concluir mi intervención a favor de la iniciativa, reconocer ampliamente la intervención que tuvieron para formular este dictamen todos los compañeros diputados de las diferentes fracciones partidistas que en ella intervinieron porque invariablemente con posiciones a favor, con posiciones en contra en lo general o en lo particular, se trabajó con una gran altura por parte de todos los compañeros.
Estoy seguro que en análisis amplio del pleno de la Cámara y el emitir en su oportunidad el voto, lo haremos conscientes de que nuestro sistema carretero y el general de comunicaciones, requieren de una importante inyección de recursos en general y una norma jurídica actualizada traería beneficios más completos a la población. No hay exageración compañeros diputados cuando algunos compañeros camineros señalan que el cuerpo humano necesita de las arterias para la conducción de la sangre que le permite vivir y un país como el nuestro necesita de mejores vías de comunicación para conducir por ahí y crear así la ruta del progreso para nuestro país. De no iniciar hoy la reparación, adecuación y ampliación de las carreteras nacionales, en breve tiempo lo tendríamos que lamentar muy seriamente porque no estaremos a la altura que corresponde a nuestro país, por ello el voto favorable para la iniciativa servirá para que el Ejecutivo pueda cumplir así con una prioridad nacional.
Finalmente, quisiera señalar, a nombre de la comisión, que las vías de comunicaciones y particularmente las carreteras, constan de dos etapas; una de ellas es la construcción y otra la operación de las mismas. Por esa razón se modifica el artículo 533, para hacer explícita la sanción que ya contempla la ley desde 1931, para la sanción a quienes obstruyan la construcción de una obra de carretera que es una obra de interés común. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Tomás Correa Ayala.
El diputado Tomás Correa Ayala: - con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
He pedido el uso de la palabra para dejar sentada la posición del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en relación sobre el dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación.
La fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, le parecen positivos los principales propósitos de la iniciativa del Ejecutivo Federal que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
El objetivo más sobresaliente de la iniciativa que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación y que recoge el dictamen legislativo, es el de estimular la participación de los particulares en la construcción y operación de la infraestructura.
En esta administración pública, se ha estimulado la concesión a los particulares de la construcción y operación de autopistas y puentes. Esto se ha venido justificando en la política de desarrollo para los requerimientos de extensión de la infraestructura.
En los problemas de la infraestructura, en particular en los de la red carretera, se localizan verdaderos límites para el impulso modernizador de la economía nacional.
Desde antes de la crisis de los ochenta, y ahora en la recuperación, se hace más patente la urgencia de mejorar las carreteras del país.
En el período del llamado desarrollismo económico, en los años cincuentas y sesentas uno de los obstáculos que frenó el impulso económico fue el derivado de los problemas de la red carretera.
En los tiempos de la crisis descendieron las inversiones públicas en esta materia. De ahí que sea importante el considerar este rezago si se busca encarar los retos y las oportunidades de un acuerdo comercial con los Estados Unidos y el Canadá.
La incorporación de la inversión privada en la construcción y operación de la red carretera, es cada vez más necesaria. Las razones de esta participación son: Encarar el enorme retraso en la infraestructura carretera; aportar los cuantiosos recursos de inversión que se necesitan; incorporar al mayor número de sujetos en la solución del problema.
De hecho, desde la administración presidencial anterior, se ha venido incorporando al capital privado en la construcción y operación de las carreteras federales bajo la figura de la concesión; se ha logrado que los particulares se interesen por invertir en tal renglón, esto nos parece importante y es necesario alentarlo, pero también es necesario que el Estado mejore los mecanismos institucionales y normativos que permitan una mejor regulación pública de la concesión; se trata de que haya más inversión de particulares, pero también una regulación estatal adecuada.
Estamos de acuerdo con la incorporación del sector privado en la construcción y operación; creemos que no es suficiente, es necesario que otros actores se agreguen; ésta sería congruente con los esquemas constitucionales de economía mixta. Adelante precisamos propuestas específicas.
A este respecto, es necesario que los municipios y estados se les pueda otorgar en concesión, mediante la operación de los caminos de peaje, se fortalecería el municipio libre y el federalismo.
Un serio problema al que se enfrentan los usuarios del transporte público, en particular del servicio de carreteras federales, es el referido a las indemnizaciones y reparaciones de daño en los casos de accidente. Las compañías concesionarias o permisionarias, no tiene registro preciso de los pasajeros. Esto se hace de manera intencional, para evadir responsabilidades en caso de accidentes. Resulta indispensable que en el marco jurídico de las comunicaciones, se incorpore el requisito obligatorio del registro de pasajeros en corridas foráneas.
Otro problema de la iniciativa y en cierto modo del dictamen, es el relacionado con el monto de indemnización que se propone en el cuarto párrafo del artículo 127. Resulta bajo. 730 veces
el salario mínimo sería aproximadamente de 10 millones de pesos.
Por otro lado, la indemnización por concepto de lesiones se condiciona a que no exceda el monto que corresponda al de indemnizaciones de muerte y esto a nuestro parecer debe suprimirse.
Quisiéramos señalar una consideración adicional, se refiere a la parcialidad de las reformas. En algún sentido las modificaciones que discutimos son muy limitadas, únicamente atienden los aspectos de comunicación vinculados a los transportes, a las vías de comunicación terrestre, a las carreteras y a la inversión; sin embargo, las transformaciones contemporáneas en las tecnologías, en los nuevos modelos de comunicación y en los nuevos transportes, aunados a los viejos rezagos en la materia y a los desequilibrios generados en las décadas perdidas por la retracción de la inversión pública en infraestructura, obligan a una revisión global de la materia.
Como en otras iniciativas, por ejemplo en las discusiones sobre la Ley de Administración Pública, que hemos discutido dos veces en cinco meses, el alcance de ésta es tan limitado que seguramente la estaremos revisando próximamente para incorporar aspectos que hoy se dejan de lado, pareciera que estamos legislando retazos de ley, cuando en otras modificaciones son a fondo y globales.
Nuestro partido insiste en que deberían presentarse iniciativas globales, es lo consecuente con la reforma de Estado. Desgraciadamente en la ley que hoy discutimos esto no se contempla y seguramente regresaremos pronto a rediscutirla.
Por último, al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional le preocupa la propuesta de modificación del primer párrafo del artículo 533. La reforma orienta criterios lesivos a los derechos constitucionales de expresión y de manifestación pública. No es conveniente que con el pretexto de defender las vías generales de comunicación, se atente contra las garantías fundamentales de los mexicanos. Existen antecedentes históricos que desaconsejan marchar por este rumbo. Años atrás se ha aplicado una disposición similar, con resultados regresivos para la convivencia democrática y plural. Por ningún motivo se debe obstaculizar la libre manifestación pública de ideas. No está en duda que se deben penalizar los delitos reales que se produzcan en las vías de comunicación, pero se debe tener precaución de vincularlos con las expresiones legítimas de manifestación pública. El artículo 533 debe modificarse por esta asamblea so - berana.
Por estas consideraciones que hemos señalado, la fracción del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, con las modificaciones que desde nuestro punto de vista se deben de hacer y que serán expuestas ante esta soberanía más adelante, el Partido del Frente Cardenista votará en lo general aprobando las reformas y en lo particular hará su intervención para señalar y precisar estas reformas que proponemos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Laborde Cruz, para fijar posición del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El diputado Manuel Laborde Cruz: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con la finalidad de fijar la posición del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, mi partido desea exponer al pleno de esta honorable legislatura, algunas reflexiones que consideramos de forma, anteponiendo en todo momento la responsabilidad que como representantes populares es menester ejercitar en aras del beneficio de la colectividad nacional.
En vías de una reflexión insoslayable, no de una detracción a priori, del proyecto de reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación que hoy discutiremos, nos permitimos recordar las palabras del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pronunciadas en el seno de esta Cámara durante su comparecencia en el mes de diciembre de 1991, cuando con firmeza y optimismo se refirió a que el año de 1992, sería el parteaguas financiero del país, que por vez primera obtendríamos un superávit aproximado a los siete billones de pesos.
Nuestro partido considera que existe una contradicción de aplicación de recursos al respecto. Por un lado se nos comunica de un superávit, que de acuerdo a la Constitución General de la República será canalizado para el pago a deuda pública o programas especiales del Ejecutivo Federal y nosotros sostenemos que acorde con lo establecido en nuestras leyes, la recaudación tributaria se traducirá en beneficios a bienes y servicios públicos, entre los cuales se encuentra incluida obviamente la construcción de sus redes carreteras.
Resulta curioso que el documento de reforma que hoy damos cuenta, mencione en uno de sus considerandos en esta forma: En este renglón y como estrategia del Estado, menciona el referido considerando, se ha fomentado la participación de particulares mediante la concesión de los servicios en los casos y en los términos que establece la ley, con la participación de la inversión privada para la construcción y es precisamente en esta parte considerando, donde encontramos una subliminal ambigüedad de apreciación interpretativa en tal propósito, por una parte el Estado como estrategia concesiona a particulares la construcción, mantenimiento y mejoramiento de las vías de comunicación, pero no clarifica qué entidad privada u oficial recaudará el impuesto de peaje por el uso de carretera, misma que constituye un servicio que el Estado, también de acuerdo a la ley está obligado a brindar.
En virtud de la anterior consideración se deriva lo siguiente: ¿Quién recaudará el impuesto que genere el pueblo por el uso de las carreteras¿ ¿Qué clase de carreteras construirá el capital privado¿ El documento que hoy damos cuenta, menciona autopistas. Bien, si es ésta: ¿Qué tasa de impuesto impondría el criterio de particulares a los usuarios para recuperar su inversión¿ Se habla de tarifas móviles, las cuales consideramos improcedentes porque dejan en estado de indefensión a los usuarios, en este caso al pueblo mismo, al cual protestamos representar y proteger en funciones de representantes populares.
En lo referente al artículo 536 de dicho proyecto de reforma, no estamos de acuerdo tampoco en que se constriñan las garantías de participación cívica y política de las diferentes entidades con registro.
Por ello y para no ahondar más y herir sensibilidades de los grandes maestros de la reforma, nuestro partido votará en contra de un proyecto de reforma que no contempla la realidad y la modernidad en la comunicación que requiere la República. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Juan Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados.
Aquí se ha dicho que la iniciativa para adicionar y reformar algunos artículos de la Ley General de Vías de Comunicaciones, son de carácter secundario. Si fuera una iniciativa aislada, de muchas otras que hemos discutido y que se ha aprobado por la mayoría, podría pensarse efectivamente que se trata de una iniciativa de cuestiones secundarias. Pero la fracción parlamentaria de mi partido va a votar en contra del dictamen, después de haber hecho un análisis a la luz de toda la política general del gobierno. Es decir, esta iniciativa de adiciones y reforma a la Ley General de Vías de Comunicaciones, tiene su ubicación exacta en toda la política que ha conducido a la reprivatización de la economía, a la desnacionalización de las empresas que el pueblo mexicano con muchos esfuerzos había logrado conjuntar en lo que es el sector estatal de la economía.
En fin, que el propósito fundamental de la iniciativa a discusión, es favorecer precisamente a los intereses que favorece la política general del gobierno, es decir, a los intereses del capital nacional y extranjero.
Y no, hasta eso, no se oculta el propósito en el documento, en la iniciativa, se explícita, se dice claramente que se envía esta iniciativa a la Cámara, para favorecer, fomentar la participación de los particulares en el establecimiento, crecimiento y desarrollo de las vías generales de comunicación y, no solamente eso, sino a juicio del Partido Popular Socialista el problema fundamental radica en la innecesaria reforma del artículo 146 que extiende la posibilidad de las concesiones hasta treinta años.
Pero todavía más, esta iniciativa de reformas hace prácticamente nugatoria la cláusula de reversión, ¿por qué razón¿ porque si se aprueba esta reforma se establece que, parafraseando la Constitución, se dice que: "El interés público lo reclama, al término de la concesión se puede volver a concesionar".
Una de las cuestiones que observamos en el trabajo de las comisiones, es precisamente porque aquí es donde desprendemos como el interés real es ofrecer en bandeja de plata un gran negocio a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, no hay otro propósito y, decimos que se les entrega un gran negocio simplemente porque el propio encargado de Caminos y Puentes hace unos días, daba un informe muy importante.
El director de Caminos y Puentes señalaba que Caminos y Puentes Federales de Ingresos generará este año ingresos por dos billones de pesos. Aclaraba que eso demuestra que es una empresa eficiente y rentable, en tres años logró excedentes financieros, afirmó Luis Martínez Villicaña, para coadyuvar a las tareas gubernamentales de construcción de autopistas, como Cuernavaca - Acapulco, Mérida - Cancún y otras.
Es decir, aquí aparece una incongruencia que hemos señalado, respecto de otras empresas que se han vendido, como Teléfonos de México. Si hay empresas rentables. Si por otro lado el Estado necesita recursos, ¿cómo se entiende que se transfiera a los particulares precisamente estas áreas de la actividad económica donde puede recabar muchos recursos para financiar las demás obras que necesita el país¿
Pero todavía más, datos oficiales nos indican que el Sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, ha tenido un crecimiento muy por encima del promedio nacional durante cinco años consecutivos. Por ejemplo, de 1981 a 1991 creció 3.1, 5.2, 6.3 y 6.2% respectivamente, es decir, muy por arriba del promedio del crecimiento de la economía nacional. Creo que es el área de la economía con mayor crecimiento.
Por esto mi partido, insiste, que el único propósito es de darle a la iniciativa privada, nacional y extranjera, otra área de enormes utilidades, de enormes ganancias y no es cierto que sea para coadyuvar a la buena comunicación del país, ¿por qué¿ Porque se concesionan las áreas o los tramos de carreteras que tienen mayor flujo para el turismo, no, que yo sepa, no hay ninguna concesión para comunicar las inmensas regiones de la Huasteca a fin de que la producción se pueda aprovechar. No hay concesiones para comunicar a muchos, muchas entidades, muchos pueblos aislados aún en nuestro país.
¡Claro¡, eso corresponde al Estado dicen. Pero no podemos aceptar esta concepción y menos aun cuando se establece en la iniciativa que se concesionan las carreteras que ya están construidas por el Estado. Es decir, no solamente se concesiona la construcción y explotación de las carreteras, sino la explotación de las que ya existen, las que ha construido el Estado con recursos del pueblo o las que haya adquirido de alguna manera.
Estos son datos que demuestran que esta iniciativa se inscribe en el perfil de toda la política económica, es decir, en la vía de desarrollo que este gobierno ahora está impulsando. Vía de desarrollo que nada tiene que ver con la vía de desarrollo abierta por la Revolución Mexicana.
Es una prueba más de que el Estado, el gobierno actual, está abandonando voluntariamente, tal vez por claudicación o por convicción de su formación ideológica, pero está abandonando las funciones que la Revolución, que la Constitución le impuso al Estado mexicano.
Esta idea de que vaya disminuyendo la intervención del Estado para favorecer el fortalecimiento de la iniciativa privada, es el modelo o la vía de desarrollo que combatimos, porque no es el que conduce al fortalecimiento de lo que aquí se menciona en la iniciativa. Este es para fortalecer en última instancia la soberanía y la independencia.
Señores diputados, la soberanía e independencia de la nación no se fortalece no se preserva enajenando las áreas de la economía que son las que podrían servir a cualquier gobierno con mentalidad patriótica, para defender la soberanía y la independencia de la nación.
La cláusula de revisión, tal vez alguien pueda venir y decir que ahí está implícito, que está en la ley, etcétera. Para el Partido Popular Socialista era muy importante que quedara claramente establecido. Pero no solamente se extiende la posibilidad discrecional de la Secretaría de Comunicaciones para extender a 30 años, hasta 30 años el término de la concesión, sino como decía al principio, se termina con la cláusula de reversión, simplemente argumentando que si el interés público lo reclama, se volverá a concesionar.
Naturalmente que estamos en contra porque es indudable que la política de modernización es en el sentido contrario a la vía abierta por la Revolución. Y hoy todos lo comprobamos a todas horas. Los conflictos entre el capital y el trabajo, la forma en que se resuelven, la política hacendaria y fiscal, el empleo de los desocupados, la función bancaria, la construcción de caminos. Todo. La reorganización de los ferrocarriles, la legislación agraria, la legislación minera que pronto se va a discutir, la ley de pesca que se aprobó. Todo, todo gira en la mira del gobierno de modernizar al país. Pero modernizarlo en el sentido que el imperialismo quiere, en el sentido que el imperialismo lo demanda. Es decir, socavando el patrimonio de la nación; adelgazando al Estado, vendiendo, enajenando el patrimonio de la nación.
Y todavía más: la reforma o la iniciativa toca cuestiones que el Partido Popular Socialista no puede aceptar. La concepción de que transfiriendo o concesionando la construcción de caminos preserva la seguridad nacional, al contrario, se socava la seguridad nacional porque históricamente está demostrado que la iniciativa privada no tiene patria; que la gran mayoría de los inversionistas miran por su interés pecuniario y no por el interés de la patria.
Que ante la globalización económica que se da en el mundo, ante la enorme penetración del capital norteamericano, que ya se discutió en la discusión de la mañana, estando en manos de particulares la red de carreteras, las principales vías de acceso a las grandes ciudades, nosotros advertimos un serio riesgo para la seguridad nacional.
Otra cuestión referente al bloqueo de carreteras. En el trabajo de la Comisión expresamos nuestra preocupación, porque precisamente al no tener ahí ninguna mención de que las sanciones se aplicarán sin menoscabo de la libre manifestación del pueblo, se corre el riesgo de que se utilice en contra de esa libre manifestación a que tiene derecho el pueblo mexicano.
Se nos argumentaba y hay que reconocer una cuestión. El Presidente de la comisión tuvo una actitud acertada de convocar aquí precisamente a las instalaciones de la Cámara, a los funcionarios y no que fuera la comisión a ver a los funcionarios; se les convocó aquí, hablamos con ellos y nos explicaron ampliamente, defendieron a capa y espada que se garantiza el interés de la nación a través de las cláusulas del título de concesión.
Pero, repito, lo que les decía es que estamos frente a un hecho real, incontrastado. La lucha entre las dos fuerzas antagónicas, las fuerzas democráticas y las fuerzas antinacionales. Quién nos garantiza que los funcionarios teniendo la discrecionalidad tengan una visión patriótica. Si la tienen, se garantiza precisamente la aplicación rigurosa del título de concesión, de las cláusulas del título de concesión.
Pero ya lo vemos, arriba, en el poder, individuos sin convicción patriótica y ahí es donde radica un peligro grave al dejar a su discreción el término de las concesiones, la aplicación de las cláusulas de reversión y la aplicación de las sanciones.
Bien, por estas razones, señoras y señores diputados, el Partido Popular Socialista votará en contra del dictamen, en lo general y no nos reservamos nada en particular, porque tendríamos que pedir que se rechazara totalmente las propuestas de adiciones.
En fin, queda, pues, a la responsabilidad de la mayoría, el de preservar o no el interés de la nación aprobando o rechazando esta Iniciativa de reformas a la Ley General de Vías de Comunicación. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Centeno Ávila.
El diputado Javier Centeno Ávila: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
A nombre de la fracción independiente, constituida por cinco diputados, manifestaremos y también haremos la propuesta de un punto de acuerdo.
Es un hecho que la política neoliberal pretende realizar una transformación coalitativa del poder del estado, al anular su carácter social y orientarlo a ser un simple ordenador y vigilante de la actividad económica en la sociedad, la cual tiene como motor la iniciativa privada, también favoreciendo la penetración del capital extranjero y el dominio económico de las trasnacionales.
Ha sido el esfuerzo actual del gobierno por ampliar la red carretera. Sin embargo nos oponemos a que se concesionen de manera indiscriminada las carreteras y el transporte público de nuestra nación.
Respecto a esta iniciativa nos parece importante la reglamentación del seguro para los pasajeros. Cualquier daño que pudiera tener un pasajero por el uso de los servicios de transporte o del uso de las vías generales de comunicación está reglamentado. Pero no coincidimos con que se cancele una forma de protesta de las comunidades y se introduzca subrepticiamente, a manera de delito, el artículo 533.
Consideramos también que este concepto de "perjudiquen" es un término bastante ambiguo y que tratándose de sanciones pudiera dar lugar a un uso político. Coincidimos con el compañero Jiménez Remus de que este asunto es un asunto que debe ventilarse a la luz del Código Penal y con especialistas de esa naturaleza.
También nos oponemos al artículo 146 de dicha iniciativa, en el cual se establece la posibilidad de que los caminos ya construidos o adquiridos por el gobierno federal puedan ser concesionados a particulares, si así conviene al interés público.
Siendo las carreteras y supercarreteras nacionales un medio importante de ingresos para la Federación y los estados, siendo caminos y puentes federales una institución que opera con números negros, es injustificable que se pretenda entregar a los particulares estos importantes logros del pueblo mexicano. No existe razón alguna para abrir la posibilidad jurídica, a menos
que el gobierno mexicano intente su suicidio económico.
Por otra parte, nos manifestamos porque se limita el derecho y la libertad de tránsito garantizada por la Constitución Mexicana, ya que ahora todos los caminos tendrán que ser necesariamente de cuota. En este sentido también vemos una limitación.
Por último, manifestamos que nos hemos opuesto y nos oponemos a la anticonstitucional requisa e intervención administrativa por parte del gobierno en la huelga de los trabajadores. Esta figura jurídica proviene del artículo 112 de esta Ley de Vías Generales de Comunicación que hoy discutimos.
La Ley de Vías Generales de Comunicación fue expedida para reglamentar todo lo conveniente a las mismas y no para reglamentar el derecho de huelga, que se encuentra plasmado en la Constitución en su artículo 123. Una ley ordinaria no puede estar por encima de nuestra Carta Magna. Sin embargo el gobierno mexicano ha intervenido en la Compañía de Luz 1987, ha requisado diversas ocasiones a Teléfonos de México.
La requisa ha sido en manos del gobierno un arma jurídico - política que ha violentado los movimientos de los trabajadores. Por ser una figura antiobrera debe suprimirse.
Por estas razones, la fracción independiente, constituida por los compañeros diputados Nicolás Olivos Cuéllar, Rodolfo Toxtle Tlamani, Javier Centeno Ávila, José María Téllez Rincón, Tomás González de Luna, votaremos en contra en lo general y proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Acuerdo. Se suprima el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, por ser contraria a la Constitución y a los derechos de los trabajadores.
Atentamente.
Fracción Independiente de la LV Legislatura. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Mariano Carreón Girón.
El diputado Mariano Carreón Girón: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El gobierno de la República, atendiendo las demandas populares, se ha comprometido en reformas profundas del estado que alienten la modernización en un marco de estabilidad política que estimule el crecimiento económico sostenido y que se fortalezca a la soberanía con un alto sentido de justicia social.
Con grandes esfuerzos se ha ido superando la crisis económica que padecimos y sentando las bases para acelerar el desarrollo que permita alcanzar mejores niveles de bienestar. Para ello es fundamental consolidar el proyecto económico nacional, a fin de que estemos en posibilidad de acceder a los mercados internacionales en condiciones favorables de competibilidad.
Para hacer realidad lo anterior, será necesario contar con un transporte moderno y eficiente y la infraestructura del transporte será fundamental en este proyecto. Es por eso que la iniciativa que hoy discutimos tiene gran significado, pues tiende a la expansión y modernización de los servicios, así como buscar que éstos se presten con suficiencia, calidad y a un costo menor.
Hasta la década de los sesenta la red carretera nacional operaba en forma satisfactoria, ésa se había proyectado para un tránsito promedio de 500 vehículos diarios y cargas hasta de ocho toneladas. Sin embargo, a partir de esos daños el crecimiento vehicular fue explosivo, tanto en número, como en dimensiones y pesos, lo que ocasionó grandes deterioros a las carreteras, aunado a no disponer de los recursos suficientes para entender en forma adecuada a los crecimientos señalados.
El incremento mencionado trajo como consecuencia que muchas poblaciones demandaran con urgencia su integración al desarrollo nacional, lo que permitió alcanzar la cifra de 240 mil kilómetros de caminos y carreteras, de los cuales 48 mil kilómetros representan la red troncal, que comunica a los puertos, fronteras y las capitales de los estados entre sí y con la capital del país.
Para el año de 1988 se había construido únicamente 1 mil kilómetros de autopistas, cifra a todas luces insuficiente para atender el crecimiento del transporte nacional. Además, la composición del tránsito se incrementó en los vehículos de carga y pasaje.
Durante la presente administración y dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se contempló como meta construir 6 mil kilómetros de autopistas, lo que permitirá integrar los
principales polos de desarrollo. A la fecha se tiene un avance aproximado de 3 kilómetros, para ello fue necesario diseñar una estrategia que permitiera captar recursos adicionales del sector privado y que fortalecieran las finanzas públicas. Fue así como se pudo implementar el programa de obras concesionadas que ha contribuido a acelerar la modernización de la red carretera nacional; sin embargo se requiere redoblar esfuerzos y a ello está encaminada la iniciativa que hoy se discute. Se somete a nuestra consideración la posibilidad de concesionar la red de carreteras de peaje de propiedad federal a efecto de captar importantes volúmenes de recursos económicos que permitan no sólo atender el programa de construcción de autopistas, sino auxiliar el resto de la red troncal que demandan con urgencia su ampliación, modernización y conservación adecuadas. A nadie escapa la conveniencia que tiene para la comunidad nacional contar con una red de carreteras con adecuados niveles de servicio ya que los actuales dejan mucho que desear debido al peso de los vehículos y a los volúmenes de tránsito.
El estado en que se encuentran las superficies de rodamiento no son las óptimas y estas representan altos costos de operación que se traducen en daños de vehículos, gastos de refacciones, reparaciones y llantas, poca seguridad y considerables tiempos de recorrido.
En consecuencia, efectos que repercuten en el precio final de productos y servicios. Por las circunstancias señaladas, consideramos que la iniciativa que se discute vendrá a proporcionar abundantes beneficios no sólo a la economía sino a los usuarios y a la población en general e inclusive a los pequeños inversionistas que en su oportunidad adquieran bonos carreteros cuando estos salgan al mercado.
Conviene destacar que en ningún momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes renuncia a las facultades contenidas en la Ley Stanton, en la Orgánica de la Administración Pública como de la Vías de Comunicación, de proyectar, normar, vigilar, sancionar y evaluar las obras concesionadas; es decir, que permanece incólume la rectoría del estado en estas vías generales La iniciativa está encaminada además a promover la participación de los estados y municipios en el programa de obras concesionadas ya que existen un sinnúmero de tramos carreteros de impacto regional que por sus volúmenes de tránsito no sería factible su construcción con los plazos establecidos ya que la recuperación de la inversión está en función de la cuota y el tiempo partiendo del volumen de tránsito actual y su proyección al plazo de concesión.
En carreteras de bajos volúmenes de tránsito sólo se puede manejar la cuota o el tiempo y con el fin de que un costo elevado no perjudique a la economía de los usuarios, se ha optado por la otra variable, el plazo, lo que hará factible la construcción de carreteras y permitirá motivar la inversión local para estar en posibilidad de atender aquellas obras que demandan municipios y gobiernos estatales para consolidar su desarrollo y fortalecer su economía.
Uno de los compromisos de la Administración Pública está basada en la simplificación administrativa, en la iniciativa se contempla la derogación de artículos que no tienen vigencia y que complican los trámites administrativos así como suprimir canonjías otorgadas por la Ley a los servidores públicos respecto a pagos de peaje en el uso de carreteras de cuota.
La legislación vigente señala la obligación de los permisionarios o concesionarios de transporte público de pasajeros de proteger a los viajeros y sus pertenencias, desde el momento de abordar hasta que descienden de la unidad en cantidad suficiente que permita cubrir cualquier responsabilidad objetiva. En la iniciativa actual, además de los señalado y establecido en el artículo 127 se incluye al usuario de la vía concesionada, es decir, que se quiere actualizar el artículo en cuestión para proteger a todos los ciudadanos que viajan o utilizan las vías generales de comunicación.
En un país como el nuestro, especial cuidado se debe tener en el manejo de los recursos buscando a toda costa evitar dispendios.
En la iniciativa, se pretende actualizar las sanciones para quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación o los medios de transporte, o interrumpa la construcción de dichas vías. Lo anterior ya lo contemplaba la propia ley y sólo se incluye a quienes interrumpan la construcción de las obras en proceso. No se trata de las personas que se oponen a la construcción de obras, eso ya lo contempla el Código Penal.
La modificación propuesta tiende a evitar la anarquía y que sin atentar al derecho de manifestarse, consagrando en nuestra Constitución, eso se haga en el marco de la ley, sin afectar a terceros, ya que nuestra Carta Magna señala que nadie podrá hacerse justicia por su propia mano.
Para poder estar en condiciones de acceder en forma plena al próximo siglo, las leyes deben estar acordes a los requerimientos de la
colectividad y que éstas regulen al comportamiento del ciudadano en el seno de la sociedad, velando por los intereses de la comunidad, por encima de los intereses particulares o de minorías.
En síntesis, consideramos que ésta es la tesis fundamental de la iniciativa, por lo cual votaremos a favor.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Oceguera Galván.
El diputado Jorge Oceguera Galván: - Con su permiso, señor Presidente:
Al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, le preocupa la propuesta de modificación al artículo 533.
La reforma proyecta criterios lesivos a las libertades constitucionales de expresión y de manifestación pública; nos parecería inadecuado que sopretexto de defender las vías generales de comunicación, se atentara contra los derechos fundamentales de los mexicanos.
Es conocido que en los años ominosos del autoritarismo se ha ampliado esa disposición para impedir la protesta contra las injusticias.
De ninguna manera podemos aceptar cortapistas en el ejercicio de las libertades fundamentales en esta cuestión. Nuestra fracción parlamentaria no dará marcha atrás.
Desde luego, se deben penalizar los delitos reales que se suscitan en las vías de comunicación, pero se debe de tener cuidado en relacionarlos con las prácticas de manifestación pública.
Debe de quedar intocable la garantía constitucional para la libre manifestación de las ideas expuestas en el artículo 6o. de la Carta Magna, y es ilustrativo; veamos cómo dice a su espíritu y letra: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, los derechos del tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.
Debe de haber vacío jurídico en lo que se refiere a los delitos que se suscitan en las vías generales de comunicación. Por esta razón, nuestra fracción parlamentaria propone derogar el numeral 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; presenta en cambio una modificación al dictamen de la iniciativa que deja a salvo la penalización de los delitos y los derechos de libertad de expresión.
Asimismo, en la fracción parlamentaria de nuestro partido, la protección a la integridad de la vida humana es de fundamental importancia y de prioridad.
Por lo anterior y dentro del contexto de la iniciativa de reforma a la Ley General de Vías de Comunicación, específicamente en el párrafo quinto del artículo 127 dice así: "La indemnización por la pérdida de la vida del usuario o del viajero, será una cantidad mínima equivalente a 730 veces el salario mínimo vigente en el área geográfica del Distrito Federal".
Nuestro partido no comparte este monto establecido en el cuerpo y el espíritu de esta ley, ya que esta cantidad es totalmente insuficiente para los deudos, en el contexto económico en el que vivimos, sobre todo si sabemos que la vida humana no tiene parámetros valorativos en términos monetarios.
En este sentido y tratando de enriquecer y mejorar el contenido de la iniciativa que reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación en discusión, y con el fin de compensar lo más posible a los deudos dentro del contexto económico actual, nuestro Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, conjuntamente con el Partido Revolucionario Institucional, propone para el párrafo quinto del artículo 127 de la iniciativa a discusión, en el siguiente texto:
Propuesta de modificación al quinto párrafo, artículo 127. Dice: "La indemnización por la pérdida de vida del usuario o del viajero, será por una cantidad mínima equivalente a 730 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal". Debe de decir: "La indemnización por la pérdida de la vida del usuario o del viajero, será por una cantidad mínima equivalente a 1 mil 500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal".
Firman por el Partido del Frente Cardenista el diputado Jorge Oceguera Galván, servidor, diputado Rodolfo Barboza Rodríguez, el diputado Tomás Correa Ayala. Firman por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Manuel Monarres Valenzuela, el diputado Lorenzo Duarte García y el diputado Mariano López Mercado.
Le dejo a la Secretaría esta propuesta.
El Presidente: - Gracias.
Tiene la palabra el diputado Lorenzo Duarte García.
El diputado Lorenzo Duarte García: - Con su permiso, señor Presidente y con el permiso de ustedes, diputadas y diputados federales:
Con la satisfacción que representa el dirigirme a ustedes desde esta tribuna, reafirmo la gran responsabilidad de participar en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la cual se ha caracterizado por la pluralidad entre sus miembros, así como la armonía, compañerismo y gran sentido del trabajo dentro de esta LV Legislatura.
Hemos tenido una serie de reuniones donde con profundo respeto hemos compartido y discutido ideas y posiciones, pero siempre buscando soluciones viables y adecuadas a la realidad económica, política y social de México.
Es indiscutible que a los mexicanos nos preocupa profundamente el desarrollo del país y de enorme importancia que revisten en este sentido las vías generales de comunicación.
El trabajo legislativo del México actual, exige de nosotros una adecuación de las leyes, garantizando siempre el desarrollo de la nación, la justicia social y el bienestar de los mexicanos.
Las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación que ahora nos ocupan, son fundamentales, necesarias y apremiantes. Con ellas se busca acelerar el proceso de construcción, operación y mantenimiento de la red carretera, promoviendo la inversión y garantizando la seguridad para concesionarios y usuarios.
La derogación del artículo 6o. y las reformas al 15, continúan con el proceso de desimplificación administrativa, la cual ha dado ya grandes resultados en beneficio de la ciudadanía y eficientando el trabajo de las instancias de gobierno. La ampliación del tiempo de concesión contemplada en el artículo 146, permitirá en lo sucesivo abaratar tarifas y dar mejor servicio, ampliando el tiempo de recuperación, beneficiando así a los usuarios. La concesión de las carreteras ya existentes permitirá un ingreso inmediato para un desarrollo carretero dinámico y más amplio, para beneficiar a más poblaciones, así como para el mantenimiento y conservación de las carreteras libres en operación.
No es desconocido que actualmente y como consecuencia de las lluvias que ha habido en toda la República durante los dos últimos años, la mayor parte de las carreteras han sufrido deterioro, encontrándose muchas en deplorable estado, no obstante el esfuerzo mayúsculo realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues los recursos le han sido insuficientes.
La concesión es un extraordinario instrumento de crecimiento. Al promover la inversión privada obtenemos recursos en forma globalizada, para beneficio de las acciones de gobierno, prioritariamente en el sistema carretero que conlleva a la modernización y construcción de una red carretera necesaria a las exigencias del México moderno.
Respecto al artículo 533, en muchas ocasiones algunas personas han levantado obstáculos en las carreteras, desviando y perjudicando a los usuarios de las mismas y argumentando regularmente que son acciones políticas, aunque no lo sean. Esto desafortunadamente me tocó vivirlo viniendo de Tampico, adelante de Huajutla, logrando circular sólo mediante la entrega de una cantidad de dinero como pretexto de ayuda por la causa. Los que estábamos ahí no teníamos otra alternativa, pero debe señalar, esto sucede en muchas partes del país. Aquí mismo se han denunciado hechos similares recientemente de bloqueos y asaltos en Michoacán. ¿Qué acaso quienes usamos las carreteras no merecemos seguridad y respeto¿
Por eso es necesario la adecuación, la adecuación porque ya existe, de las sanciones que se están fijando en el artículo 533. Debo manifestar que en este país se respetan las manifestaciones políticas y muy a menudo vemos las marchas pacíficas y ordenadas que se han hecho en las carreteras, dejando un carril o dos para la circulación y utilizando carreteras libres preferentemente, pero también, ¿por qué no decirlo¿, han sucedido lamentables altercados cuando son tomadas las carreteras y las marchas son desordenadas, obstruyendo totalmente la circulación.
Como referencia, no hace mucho tiempo unos estudiantes que venían por la carretera 57, obstruyeron la misma antes de llegar a Matehuala, provocando un conflicto con los usuarios y resultando una persona muerta. Esto definitivamente es reprobable y es sólo un ejemplo de muchas situaciones que se han sucedido.
No es lo mismo, compañeros diputados, bloquear una carretera a una calle o avenida en las ciudades, pues éstas existen otras alternativas para circular aunque sea con el trastorno y enojo de los ciudadanos.
Por lo que respecta a los derechos de los trabajadores de las compañías constructoras, para interrumpir su trabajo por conflictos laborales, debo señalar que esos están fuera de este contexto y debidamente enmarcados dentro de la Ley Federal del Trabajo en la cual se garantizan sus intereses particulares, Capítulo III, fracción CCCXCIX y CCCXCIX bis, de la Ley Federal del Trabajo, además sus derechos son irrenuncia - bles.
Con respecto a la propuesta de modificación al párrafo quinto del artículo 127 del dictamen emitido sobre la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, que reforma y deroga algunas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, esta propuesta está avalada por un grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Reconocemos en el dictamen de la iniciativa la voluntad expresa y la necesidad de que los usuarios de las vías concesionadas, disfruten del mismo seguro de que gozan actualmente los usuarios de los transportes públicos. Sin embargo, estimamos que es indispensable aumentar la suma por la que se asegura tanto a usuarios como a viajeros en casos de muerte, en virtud de que no sólo es mayor actualmente el costo de vida, sino que establecida como ley, como monto máximo de indemnización por incapacidad total o permanente, es necesario la adecuación correspondiente, proponiéndose para el efecto de los 730 días de salario mínimo que establece la ley actual, se aumente a 1 mil 500 salarios, a fin de que queden protegidas las personas, viajeros o usuarios de las vías, no sólo en caso de muerte sino también en caso de incapacidad total o permanente.
La propuesta que hacemos se fortalece con la consideración de que el actual aumento no va incidir en el valor del pasaje, ya que el artículo 127 de la Ley General de Vías de Comunicación, establece una indemnización por fallecimiento equivalente a 730 días del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo que da un resultado la cantidad de 9 millones 730 mil 900 pesos. Para tal efecto, dentro de la estructura tarifaría, se tiene previsto un factor pasajero kilómetro de 0.0105, un poco más de un centavo kilómetro.
Al aumentarse el monto de la indemnización por fallecimiento, a 1 mil 500 días del salario mínimo señalado, el factor pasajero kilómetro por este renglón, se incrementaría a 0.0217, lo que daría por resultado que en un viaje de 500 kilómetros, por cada pasajero se pagaría por concepto de seguro de viajero la cantidad de 10 pesos 85 centavos, es decir, 5 pesos 57 centavos más de lo que actualmente se viene pagando, lo que no repercute y por el contrario, beneficia sobre todo a la población de menores ingresos, que es la que hace regularmente el uso del transporte carretero.
En tal virtud, nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, hace suya la propuesta para aumentar las indemnizaciones de 730 a 1 mil 500 días de salario mínimo, que alude el artículo 127 de la ley que nos ocupa.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Juan Hernández Mercado.
El diputado Juan Hernández Mercado: - Compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, señor Presidente y una disculpa por haberlo saltado en estos instantes.
Bien, existen en la ley cambios cualitativos y cambios cuantitativos que tienden a mejorarla. Da la impresión de que esta ley es exactamente todo lo inverso. Los cambios que se dan de forma y de fondo no mejoran en nada la Ley de Vías Generales de Comunicación, al contrario, desvirtúan su espíritu original, su espíritu original.
Una de las razones por las cuales podemos plantearlo, es: ¿Bajo qué criterio se establece que la concesión pase de 20 a 30 años¿ ¿En qué se justifica ese aumento de la prórroga de la concesión¿ ¿Donde estuvo el modelo económico hipotético en el cual se basan ustedes para los costos y rentabilidad de carreteras y que justifique los tramos a construirse deben ser concesionados en lugar de 20, 30 años¿ No existe ninguna forma de justificar ese aumento. Y en cuanto al artículo 146 en su último párrafo, yo creo que es la aberración más grande que puede presentar, al mencionarse que se pueden concesionar, en base al interés público, los caminos y carreteras ya construidos, es una total aberración. ¿Bajo qué criterios se van a concesionar y dónde queda el interés público¿
Por ahí la Ley de Expropiación en su artículo 1o. parte octava decía: "Que se busca, en base al interés público, la equitativa distribución de la riqueza, acaparada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general o de una clase en lo particular".
Si se llegaran a concesionar las carreteras ya existentes o los puentes existentes si se perjudica una clase social. De por sí los costos para transitar
por ellas son altos, quiere decir que la libertad de tránsito por esas carreteras, ¿va a ser para quién pueda pagarlas¿ ¿Vamos a hacer carreteras altamente elitistas¿
Y en el colmo de la contradicción, encontramos el abandono que hace el Estado de las carreteras federales libres, las exentas de cuota. Hay una intención real, una intención marcada a que los usuarios, las personas que transitan por la República mexicana tengan que tomar de manera obligada las autopistas, porque el Estado ha abandonado, a nivel estatal y a nivel federal, esas carreteras libres, y la prueba está en los baches que existen en ellas, en el mal que está permanente y que no existe la mínima atención para hacerlas transitables.
Por otro lado, el cambio cualitativo que está presentando el Estado, al quererse sustituir de un Estado administrador a un concesionario rentista, es más grave todavía. Las autopistas de cuota existentes y manejadas por el Estado tenían como función dar fluidez al tránsito vehicular y de mercancías en nuestra república sin espíritu de lucro. Se entiende que ningún servicio público que se presta busque lucrar, hoy, demuestran las cifras que las autopistas dejan ganancias, que están en números rojos, si se llegaran a concesionar, si se llegara a aprobar esta aberración que están proponiendo, estaríamos dando paso únicamente a que fuera ya, más allá de lo aportado por la nación, más allá de lo que es ya patrimonio de la nación se daría un carácter rentístico a estas autopistas.
Hay problemas todavía más graves en esta ley. En el artículo 15, nos dice que será potestativo para la autoridad, para la Secretaría de Comunicaciones, la publicación o no de la concesión otorgada. Esto no puede ser facultativo de la autoridad, es una obligación que la concesión otorgada sea del dominio y del conocimiento público, porque ahí están las condiciones, los tiempos, los plazos, eso no puede quedar oculto, no puede quedar tras bambalinas, tiene que ser del total dominio y del total conocimiento.
Esto proponemos con relación al artículo 15 que quede así: "Otorgada la concesión la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenará que el costo del interesado se publique aquella en el Diario Oficial de la Federación con la exposición que se hayan pedido para otorgarla y el programa a que habrá de sujetarse la construcción o explotación de la vía concesionada, de acuerdo con las bases que establece el artículo 8o".
Asimismo y aquí sí habría que preguntarse, dentro del artículo 15: Cuando se han concesionado las autopistas a la iniciativa privada, ¿realmente cumplen con las características de seguridad y de confort para el gobierno¿ Hoy está concesionada la autopista México - Toluca, ¿en qué condiciones ha quedado la carretera libre¿ ¿Donde están las rampas de emergencia con que debiese contar ese modelo de autopista concesionada¿ Mejor tiene las rampas de emergencia la autopista México - Puebla para el caso de que se chorreen los frenos.
¿Dónde están los sistemas de telefonía auxiliar que existen en la México - Puebla y que esa carretera concesionada no las tiene¿
De ahí la importancia de que se tengan que publicar y aún en la licitación de la obra; someterse a un concurso y a un concurso abierto y público, ¿bajo qué característica se va a concesiones y qué empresa o qué compañía ofrece mejores garantías y mayor seguridad para el usuario de estas autopistas Eso es lo que tiene que debatirse plenamente. De ahí que nos interesa en lo particular, que esto no sea facultativo ni potestativo de la Secretaría de Comunicaciones; que sea algo obligatorio y que sea del dominio público.
Volviendo al artículo 146 y ese último párrafo que suena absurdo porque estamos hablando primeramente que son bienes de uso común esas carreteras, esas autopistas, esos puentes que tenemos internacionales o puentes de cuota, son de uso común y son del dominio público.
¿Podrá alguno de ustedes fundamentar racionalmente su futura concesión¿ Vamos a hablar de que alguien le va a poner tal vez adornos de navidad. Si alguien lo fundamenta, estaría dando pauta, estaría dando el paso libre a que al rato a alguien se le pueda ocurrir tal vez privatizar Paseo de la Reforma o el Viaducto o el Periférico. Yo creo que estamos mal. No podemos concesionar lo que se ha construido con el esfuerzo de los mexicanos y en lo cual varios partidos hemos coincidido. Ese es patrimonio nacional.
Por lo tanto, el párrafo último del artículo 146 debe de suprimirse. Si ustedes realmente están comprometidos, el partido de la mayoría, con sus ciudadanos, con la sociedad, con la Revolución mexicana, esto no debe pasar.
Ese es un ideal de los mexicanos, el que el Estado maneje carreteras de cuota pero con fines de servicio social, no con fines de lucro. Sin embargo, si ustedes han decidido abandonar y ratificar
en cada plenario que tenemos, el abandono y la aversión a la Revolución mexicana y privatizar todo, sigamos adelante. Aprueben ustedes que se concesione o que quede abierta la puerta para la concesión de las autopistas y caminos manejados por el gobierno federal.
Por último, tenemos con relación al artículo 533 una propuesta, pero ésta será el compañero Arquímides de nuestro partido, el que pasará a fundamentarlo. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Felipe Medina Santos.
El diputado Felipe Medina Santos: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Solicité la palabra con el objeto de exponer algunos puntos de vista sobre lo que hasta ahora se ha planteado y reforzar de esta manera los términos en que se propone aprobar el contenido de la iniciativa de decreto en su artículo
La ampliación de la infraestructura es indispensable para el crecimiento de las actividades del país. Esta infraestructura básica, se ha desarrollado en razón en los cada vez mayores requerimientos de transporte, de bienes y personas, comunicando los centros de producción con los de consumo y enlazando las diferentes ciudades y regiones del país. Es decir, la red troncal de carreteras ha evolucionado en base a varios factores que han decidido la necesidad de su modernización.
Entre otros, los avances de la tecnología han revolucionado el concepto y las características del transporte; la tasa de motorización y los censos, han demostrado que en los últimos 35 años, los habitantes se multiplicaron por tres, mientras que los vehículos se hicieron por 25, contándose en la actualidad con un parque aproximado de 8 millones de vehículos en el Territorio Nacional. Simultáneamente las necesidades de comunicación entre ciudades, han convertido al autotransporte en el principal medio, debido a su flexibilidad para tener una cobertura más amplia, que otros sistemas, llegando en la actualidad a movilizar por carretera el 90% de pasajeros y el 70% del total de la carga que se desplaza en el país.
La modernización de la red carretera exige inversiones de gran magnitud. Hasta 1988; la obra pública se construía fundamentalmente con recursos fiscales. Por ello, el programa de obras y su avance dependía en gran medida del monto y la disponibilidad de los recursos con que contaba el Estado.
A partir de 1989, se viene alentando la participación de toda la sociedad mediante esquemas y mecanismos que, además de propiciar la colaboración entre sectores, provean la seguridad jurídica y la confianza que requieren los inversionistas, para contribuir al rápido desarrollo de la infraestructura y liberar recursos que permitan atender obras y programas prioritarios cuya ejecución exclusiva del sector público.
Se está concesionando a particulares, se propone, la construcción y operación de las obras de infraestructura de altas especificaciones. Estas obras tienden a resolver problemas de saturación y permitirán recuperar la inversión efectuada.
La concesión tiene, en materia de caminos, una gran tradición en la República Mexicana. La Ley de Caminos y Puentes de 1926, en sus artículos 9o. y 15 facultaba a la Secretaría para otorgar concesiones para construir, conservar o mejorar caminos y puentes sin señalar plazo máximo.
La ventaja que tiene el sistema concesionario, es que la construcción de las vías u operación y aprovechamiento, queda sujeta a la regulación legal y a la inspección y supervisión constante de la autoridad y de que al término de la concesión, esta revierte en forma gratuita en beneficio de la nación.
Las modificaciones propuestas al artículo 146 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, resulta coherente con esta tradición jurídica y tiene por objeto clarificar y precisar las facultades del gobierno federa o de los estados o de los municipios, en materia de caminos federales, con objeto de adecuarlas a las condiciones que actualmente vive el país.
En el primer párrafo se amplía el plazo de vigencia de las concesiones hasta 30 años máximo. Este ajuste obedece a la necesidad de dotar de factibilidad financiera al programa de participación de capital privado en la construcción y explotación, o sólo en la explotación de carreteras federales.
En este aspecto se debe destacar que en función de los altos costos de construcción, operación y conservación de ese tipo de vías generales de comunicación, la autoridad administrativa debe contar con la facultad de otorgar a las concesiones del plazo de vigencia que resulte necesario y suficiente para la recuperación del capital que se invierta en la construcción de la vía o la del
que se entregue como contraprestación por el otorgamiento de la concesión; así como la obtención de las respectivas utilidades.
Estos aspectos están condicionandos por una serie de variables, entre los que destacan el aforo vehicular estimado, el tipo de medios de transporte en circulación y el monto de las tarifas. En otras palabras, muchos proyectos de concesionamiento no serían factibles si se conserva el plazo actual de vigencia en las concesiones
En el segundo y tercer párrafo norman en su orden, en el caso de concesionamiento de la construcción y explotación de caminos, de peaje y del concesionamiento de la simple operación de una vía ya construida o adquirida por la Federación.
En el segundo caso, se amplía sensiblemente la posibilidad de captar recursos para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones y transportes.
Finalmente se hace notar que interpretando en su conjunto este artículo y el 15 de la ley, el estado no pierde en momento alguno, su papel rector, porque queda implícito el requisito de que para otorgar una concesión para construir y explotar o para sólo operar una carretera, será menester de tal otorgamiento esté contemplado en el programa anual de trabajo que se menciona en el segundo párrafo del artículo 8o. de la propia ley.
Igualmente quisiera comentar un par de razones del deterioro de las carreteras que se ha reconocido y que se ha mencionado en esta tribuna. Una de ellas son las condiciones climatológicas extraordinarias de los últimos dos años. Otros, requerimientos del tránsito y sus altos volúmenes que han transitado sobre estructuras de carreteras obsoletas en su función y la grave escasez de recursos para su adecuación, particularmente hemos expresado a través de la comisión, a caminos y puentes y a algunas de las autopistas como la de México - Puebla, particularmente si bien es cierto que funciona pero que requiere de una alta inversión a los que por ahí transitan.
En fin, eso es un ejemplo de que estamos viviendo en las autopistas.
Por los motivos anteriormente expuestos, exhorto a esta soberanía a aprobar las modificaciones propuestas al artículo 146 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente:- Tiene la palabra para este mismo asunto el diputado Alfredo Castañeda Andrade.
El diputado Alfredo Castañeda Andrade:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El Partido Auténtico De la Revolución Mexicana en su nueva era y como la opción revolucionaria renovada que ofrecemos a la ciudadanía y con el compromiso con el pueblo de México para velar por sus intereses, buscando en el quehacer legislativo la justicia y equidad para que estas resulten benéficas y congruentes con los principios sustentados por la Revolución de 1910, plasmados en la constitución de 1917, de la que como auténticos revolucionarios buscamos preservar la línea política de quienes con sus vidas nos legaron la custodia del movimiento revolucionario, que constituye la síntesis de la guerra de Independencia y la Reforma y que sus postulados siguen siendo válidos para el México de hoy y del futuro.
Por estas razones, nos hemos inscrito en contra y en lo particular del contenido del artículo 533 de esta iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de las Vías Generales de Comunicación, formulada por el Ejecutivo de la nación.
Hemos de hacer constar que como miembro integrante de la comisión de Comunicaciones y Transportes y asistiendo en forma regular a los trabajos de la subcomisión; a las conferencias de comisiones y de la subcomisión plural en el análisis y estudio de la iniciativa, en la cual encontramos grandes diferencias que perjudican y que violan las garantías individuales, contenidas en los artículos 9o., segundo párrafo y 11 de la Constitución General de la República.
La orientación que se le da en los considerandos de la exposición de motivos de la referida iniciativa, se habla de que en virtud de encontrarnos en vísperas del nuevo milenio tendremos que enfrentarnos a una economía mundial interrelacionada y que ante esta circunstancia México debe preservar su soberanía a través del desarrollo integral, mediante el fortalecimiento de su régimen democrático y desde luego afianzado el crecimiento económico y el empleo que en consecuencia es de interés público, el coordinar dichas actividades en el marco de libertades que otorga la Constitución.
Nosotros creemos que en cuanto al objetivo de las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicaciones, consistente en preservar el papel de rector del Estado de esta materia, no lo objetamos. Pero si coincidimos en que el Estado al final del milenio se encuentra sumamente atrasado en la infraestructura de carreteras en el país, pues los 240 mil Kilómetros de carreteras
No son suficientes para soportar el tránsito de vehículos, con la velocidad y volumen requeridos en este momento de la modernidad administrativa, por lo que no satisfacen las necesidades del transporte actual, pero el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, señala que es falso de toda falsedad que el ritmo de construcción de carreteras en el país sea por falta de recursos, puesto que éstos los generan los usuarios de las carreteras y propietarios de los vehículos, mediante las cuotas de viaje y los elevadísimos costos de gasolina que en la realidad constituyen impuestos en cascada, en virtud de que el referido líquido en materia fiscal tiene el mismo valor de hace más de 20 años.
Independientemente de lo anterior, ni el proyecto de iniciativa, ni la iniciativa que se discute contienen una exposición de motivos relacionada con la redacción del artículo 533, que es altamente atentatorio de las garantías señaladas en los artículos 9o., segundo párrafo, y 11 de la Constitución General de la República, porque el pueblo de México siempre ha sido respetuoso de los lineamientos constitucionales. Pero desgraciadamente desde el empleado hasta el más encumbrado secretario de Estado, hace caso omiso de lo establecido por la Constitución en su artículo 8o.; esto es, el ejercicio del derecho de petición y la obligación de éstos de resolver en breve término lo conducente al peticionario, de tal manera que en todos los campos de la administración pública al ciudadano se le ignora, a pesar de la violación flagrante de sus derechos, por aquellos que ostentan el poder y entonces, éstos se agrupan para manifestarse en la vía pública y de esta manera hacer llegar sus peticiones a la autoridad constituida.
Por ello, la redacción del artículo 533 viola la garantía de petición, la garantía de asociarse para presentar protesta, así como la garantía de movilidad para transitar libremente por el territorio nacional.
Por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por mi conducto, propone a esta honorable asamblea la modificación a la redacción del referido artículo, para que quede en los siguientes términos:
"Artículo 533. A los que dañen, destruyan las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se les impondrá una pena de tres meses a siete años de prisión; multa de 100 a 500 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal".
Por todo lo anterior, atentamente, "Justicia para gobernar y honradez para administrar". Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, mayo 28 de 1992.
Por su atención, muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el señor diputado Jesús Ramírez Guerrero.
El diputado Jesús Ramírez Guerrero:- Con su permiso, señor Presidente:
Nuestro país está inserto en una dinámica económica modernizada que corresponde a la búsqueda de un nuevo status para los mexicanos, bajo la vertiente de la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, que conlleve al fomento del crecimiento económico, con la concurrencia de los sectores público, social y privado.
Qué duda cabe para alcanzar el crecimiento económico del que resulte el bienestar colectivo, es de trascendental importancia modernizar los llamados servicios públicos de infraestructura, que permitan a su vez el desarrollo de las actividades productivas de los mexicanos.
En esa categoría están encuadrados los transportes y las comunicaciones, que tienen un papel preponderante en ese empeño. La red carretera actual que alcanza los 240 mil kilómetros, que se ha venido construyendo y adecuando con recursos fiscales de nuestro país por varios gobiernos de la República, aunque en su oportunidad fue óptima hoy ante el aumento de las actividades económicas de la sociedad americana derivada del crecimiento demográfico y fundamentalmente de las medidas económicas asumidas por el Presidente Salinas de Gortari, no responde a las expectativas de futuro ni a las necesidades del transporte moderno que realizan hoy y cada vez más con vehículos de mayor velocidad y mayor capacidad para la transportación de carga y de pasajeros.
En esa consideración el gobierno de la República, de conformidad con el plan Nacional de Desarrollo, al mismo tiempo que se impone la tarea de modernizar la red carretera actual, se propone construir más de 4 mil kilómetros de autopista que respondan a las necesidades actuales y futuras de los agentes económicos y de la sociedad mexicana en su conjunto.
Para ese propósito el gobierno reconoce que a falta de recursos fiscales del país para construir dichas autopistas, se requiere que un 80% de la inversión sea privada mediante concesión que pueda otorgarse en forma directa o conjunta a las entidades federativas, a los municipios o a
los particulares por un tiempo determinado que pueda ser hasta de 30 años. Esto dependiendo del monto de inversión que se haga y considerando el tráfico vehicular estimado sujeto a tarifas móviles que se determinará según las variaciones del índice nacional de precios al consumidor e imponiéndole a los concesionarios o permisionarios la obligación de preservar el equilibrio ecológico y conservar adecuadamente las carreteras concesionadas hasta su restitución al Estado, reservándose este las funciones de coordinación, regulación y vigilancia en cumplimiento de su obligación de planear, conducir y orientar la actividad económica y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general dentro del marco de libertades que otorga la Constitución General de la República. Ahora bien, la posibilidad de que el gobierno federal concesione la explotación de caminos de peaje de su propiedad, es la mejor manera de obtener recursos de inmediato para destinarlos al desarrollo de la infraestructura del transporte sin menoscabar el patrimonio de la nación ya que al término de la concesión la nación recuperará el bien concesionado con todas las mejoras que este tenga. La necesidad de obtener recursos para el urgente desarrollo de la infraestructura sin tener que endeudar al país con préstamos externos se resuelve con la reforma propuesta al artículo 146 de Ley de Vías Generales de Comunicación. La modernización de la infraestructura de transporte es necesaria y urgente dada la transformación intensa en los vehículos y el incremento notable en el autotransporte.
De acuerdo a los censos, en los últimos 35 años los habitantes se multiplicaron por tres mientras que los vehículos lo hicieron por 25; las nuevas autopistas de peaje con que se moderniza la red troncal carretera del país beneficia a los usuarios ya que les permite abatir costos de operación tener menores tiempos de recorrido, proporcionar mayor comodidad y menor tensión a los usuarios y un incremento sustancial en su seguridad. El uso de la autopista de peaje por las razones anteriores, repercute favorablemente en el desarrollo económico del país, principalmente al reducirse los gastos del transporte de productos e insumos.
Por cuanto hace a los tipos penales especiales que prevé la iniciativa, la reforma al artículo 533 protege la continuidad en la construcción de todas las vías generales de comunicación y de sus servicios auxiliares, se trate de carreteras, aeropuertos o cualquier otra vía de comunicación y no sólo las vías concesionadas como aquí se afirmó hace un momento, en suma protege a la construcción por el hecho de que es una vía general de comunicación; y por lo que respecta a la afirmación de que ya está protegido por el Código Penal el daño en la propiedad de la nación, ello es cierto, pero la reforma al artículo 533, no se refiere a este concepto, si no tiende a proteger también las vías generales de comunicación en su construcción, en lo que está interesada la comunidad entera, porque es el medio indispensable para lograr la comunicación del país y porque los intereses de la sociedad deben prevalecer sobre los intereses de los particulares que tienen los medios jurídicos necesarios para oponerse en todo caso, a la realización de las obras y no oponerse por la vía de hecho.
No se trata en consecuencia, de violentar las garantías ciudadanas de reunión, manifestación o de tránsito, sino de evitar que lo tanto cuesta a la sociedad, sea destruido en su perjuicio.
Afirmamos, la obligación de esta soberanía, es salvaguardar a todo el pueblo de México; poner a salvo las garantías individuales que consagra en su beneficio la Constitución Federal y fundamentalmente garantice mediante leyes justas su seguridad y tranquilidad pública para el desarrollo de sus actividades productivas.
Por las razones expuestas y dado que la iniciativa que se discute produce certeza jurídica en el desarrollo de las actividades económicas y productivas de la sociedad mexicana; por los alcances y precisiones que contiene, creemos que el dictamen de la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación, debe probarse por esta soberanía.
Al aprobar la iniciativa, compañeros diputados, en términos del dictamen que se discute, creo que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en beneficio de la sociedad mexicana.
Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Arquímides García Castro.
El Diputado Josafat Arquímides García Castro:
- Con todo respeto quisiera pedirles a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, su amable atención, la cual procuraré mantener activa.
Deseo sinceramente creer que todos los integrantes de esta LV Legislatura, somos legítimos representantes populares; si así fuera no tendremos entonces por qué preocuparnos ya que estará garantizada la defensa del patrimonio nacional.
Lo cierto es que fuera de este Recinto Legislativo, está un pueblo que reclama y exige se respete y se defienda la soberanía y la independencia nacional.
Para nosotros, los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, ser legislador no es sólo un privilegio, no es sólo una distinción, es una gran responsabilidad, porque tenemos la obligación de defender los intereses de la nación.
Yo llamo a la conciencia de todos ustedes para que por encima de los intereses partidistas, pongamos nuestros sentimiento patriótico y no permitamos que se despoje de su patrimonio a la nación para entregárselo a empresas particulares.
Sé, porque me jacto, porque me siento orgulloso así como respeto y tengo una gran admiración a mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática, tengo la gran satisfacción de tener en todos los partidos amigos que muchos de ellos están aquí presentes y sé que al igual que mis compañeros, en todos ellos existe un sentimiento de auténticos defensores de las soberanía nacional y que sienten un ferviente cariño a nuestra patria. A todos ustedes, a todos mis amigos llamo a que unamos nuestras voluntades para que no se vulnere nuestro patrimonio nacional, que vivamos con responsabilidad este momento que nos ha tocado vivir.
Prueba de que en todos los partidos hay y ha habido hombres de buena fe, permítanme, por considerarlo conveniente y por venir al caso, referirme al debate que hubo allá por los años treinta, cuando se discutió la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Tanto el dictamen de la ley como su debate en la Cámara de Diputados, fue polémico y centro de atención de la opinión pública nacional. En ese entonces, antes de aprobarla, se escucharon razones por entero distintas a las que hoy sostiene el Ejecutivo en la exposición de motivos de la iniciativa cuyo dictamen está a discusión.
En el recinto de la Cámara de Diputados se oyó al entonces diputado Antonio Sánchez decir: "Muchas veces he oído expresiones en contra de la comisión, diciendo que ha aceptado los puntos de vista de determinados interesados, de compañías. Debemos confesar que muchos de los que estuvimos en la comisión en el momento en que los técnicos representantes de las empresas presentaban sus objeciones, que por falta de conocimiento no captábamos, no llegábamos a captar al fondo de los asuntos. Muchas veces pensábamos, creíamos que beneficiábamos los intereses obreros, intercalando en la ley artículos en los cuales tomábamos en cuenta exclusivamente los intereses de los trabajadores, pero desentendiéndonos de los intereses generales, de los intereses de la nación. Esto es muy propio del ambiente en que se actúa, de los razonamientos expuestos, según los interesados que los exponen; pero la labor de nosotros como legisladores, debe ser cohonestar los intereses privados, ya sea de los trabajadores o de las empresas, con los intereses generales de la nación, que es lo que viene a normar, podemos decir, lo que viene a ser la trama de esta Ley de Vías Generales de Comunicación, los intereses de la nación.
"Queremos una ley más amplia, no queremos sólo que el Estado tenga la facultad de inspección, de revisión, queremos que el Estado asuma su responsabilidad, queremos que el Estado esté al tanto de la conservación y progreso de estas vías de comunicación que son la vía del Estado mismo".
Luego tocó el turno al diputado Jorge Mexueiro. Este legislador fue mucho más claro al destacar el espíritu de la ley que hoy se pretende reformar. Decía él: " Ese dictamen lleva como mira, como lo lleva también el proyecto enviado por el Ejecutivo, el propósito de intervenir más directamente en los servicios públicos, en todo aquello que se refiere a las vías generales de comunicación, para hacer que esos servicios públicos sean satisfechos en forma mejor, para evitar y destruir todo aquello que se oponga al bienestar colectivo, en lo que se relaciona con la explotación de los mismos servicios públicos, para destruir los privilegios de todas aquellas empresas, de todas aquellas gentes que vienen medrando al amparo de disposiciones legales en vigor y que quitan lo que debe ser patrimonio de la colectividad, patrimonio de la nación, para llevarlo a las esferas del patrimonio individual".
Qué razones aquellas. Sí, señores diputados y diputadas, se quita lo que debe ser patrimonio de la colectividad, patrimonio de la nación, para llevarlo a las esferas del patrimonio individual.
Tal vez a muchos de ustedes estas palabras les producen escalofrío y quizá pánico.
Intereses generales de la nación, bienestar colectivo, patrimonio de la nación. Ahora se prefieren las palabras modernización, estado solitario, seguridad financiera de la inversión.
Antes nosotros tenemos una iniciativa de Decreto que Reforma y Deroga Diversas
Disposiciones de la ley de Vías Generales de Comunicación, en cuyo párrafo final de la exposición de motivos dice: "Las razones expuestas dan sustento a la iniciativa que hoy se presenta ante este honorable Congreso de la Unión, con el propósito de que este instrumento jurídico tenga la claridad y la precisión adecuadas para salvaguardar la seguridad del Estado, fortalecer su rectoría y dar seguridad financiera a la inversión".
Así es señores legisladores, seguridad financiera a la inversión, como propósito general de la nación, y para ello, entre otras medidas, el Ejecutivo nos propone endurecer sanciones penales, incorporar a las figuras delictivas conductas o hechos que ya incluso están considerados en el Código Penal.
El Ejecutivo quiere que ampliemos la hipótesis delictivas que contempla el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Agrega a la formulación existente lo siguiente: "...o interrumpan la construcción de dichas vías o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación".
Analicemos el primer agregado: " Interrumpan la construcción de dichas vías", una conducta de esa naturaleza cae dentro de los supuestos jurídicos a que se refiere el artículo 184 del Código Penal Vigente. Este artículo dice: "El que procure con actos materiales impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos, mandados a hacer con los requisitos legales por la autoridad competente o con su autorización, será castigado con prisión de ocho días a tres meses".
Dentro de la expresión "mandados hacer con su autorización", cabe toda obra o trabajo público que se realice mediante contrato o concesión.
El efecto de estos actos materiales tendientes a impedir la ejecución de la obra o trabajo público, lógicamente es la interrupción de dicha obra o trabajo. ¿Para qué entonces este añadido que sanciona de igual manera a las conductas graves y a las menos peligrosas¿
Nosotros pensamos que no hay necesidad del agregado porque está considerado en nuestro derecho penal.
Ahora me ocuparé del segundo añadido que dice: "...o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en la vías generales de comunicación". ¿ A qué clase de servicios se refiere la reforma proyectada¿ de acuerdo con la redacción podría tratarse del servicio de cafetería, de los servicios sanitarios, de algún comercio de venta de artículos típicos o quizá de los servicios médicos que por lo General no tienen las carreteras; también pueden caber los servicios de la venta de boletos, los de guía de turista, etcétera.
Estos servicios no se pueden considerar consubstanciales al servicio público ni son de la misma naturaleza. Consecuentemente y en caso de que el deseo represivo para dar seguridad financiera a las inversiones sea tal, tendríamos que ubicar la penalización de esas conductas en el Código Penal.
Pero tenemos que ir más al fondo. Dice la doctrina penal que la antijuridicidad como elemento del delito, consiste en la violación del bien o valor protegido a que se contrae el tipo penal respectivo. El bien o valor protegido por el artículo 533 de la ley de Vías Generales de Comunicación, es sin duda alguna el servicio público que ofrece la vía misma y de ninguna manera la seguridad financiera de la inversión o cualquier otro servicio, que siendo del interés individual merece la protección, no con el grado de represión que sugiere la reforma, pues no es posible llegar hasta el extremo de confundir el interés general o colectivo protegido por el tipo penal existente, con el interés individual de quienes incluso usufructuarían bienes de propiedad de la nación.
Por todas estas consideraciones, la fracción del Partido de la Revolución Democrática, votará en contra de este dictamen. (Aplausos.)
El Presidente:- Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
El Secretario Atalo Sandoval García:- en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:- Consulte la Secretaría a la asamblea si las propuestas que fueron presentadas son aprobadas o rechazadas, en votación económica.
El secretario José Marco Antonio Olvera Acevedo:- Se va a proceder a dar lectura a la propuesta que hace la fracción independiente, para seguir el orden correspondiente.
La fracción independiente de esta Legislatura, propone el siguiente punto de acuerdo:
"Se suprima el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, por ser contraria a la Constitución y a los derechos de los trabajadores."
Firman por la Fracción Independiente, Nicolás Olivos Cuéllar, Roberto Toxtle Tlamani, Javier Centeno Ávila, José María Téllez Rincón y Tomás González de Luna.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo....
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Se desecha, señor Presidente.
Propuesta de modificación al quinto párrafo del artículo 127.
Dice: " La indemnización por la pérdida de la vida del usuario o del viajero, será por una cantidad mínima equivalente a 730 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal,..."Debe decir:
"La indemnización por la pérdida de la vida del usuario o del viajero, será por una cantidad mínima equivalente a 1 mil 500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal". Firman por el Revolucionario Institucional y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo....
Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo....Se acepta, señor Presidente.
Propuesta presentada por el diputado Alfredo Castañeda Andrade. Se plantea que quede el artículo 533 en los siguientes términos:
Artículo 533. A los que dañen, destruyan, las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se les impondrá una pena de tres meses o de siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta...
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo....
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
Propuestas presentadas por el Partido de la Revolución Democrática.
Se propone modificarse el párrafo tercero del artículo 15, para quedar así:
"Otorgada la concesión, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ordenará que a costo del interesado se publique aquélla en el Diario Oficial de la Federación, con la exposición de los fundamentos que se hayan tenido para otorgarla y el programa que habrá de sujetarse la construcción o explotación de la vía concesionada, de acuerdo con las bases que establece el artículo 8o."
En al artículo 146, párrafo primero: "... debe sostenerse el plazo de 20 años para la concesión".
Se va a proceder a votar esta primera propuesta.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
Pasamos a la segunda propuesta que es el artículo 146 párrafo primero: "Debe sostenerse el plan sobre 20 años para la concesión".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo....
Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo...Se desecha, señor Presidente.
Una propuesta más: Supresión del tercer párrafo del artículo 146.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo.. Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El secretario Lucas Adrían del Arenal Pérez:
- Se a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 289 a favor, 37 en contra y 44 abstenciones.
Por el artículo 533 fueron 283 votos a favor y 43 en contra.
El Presidente : - aprobado el proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, por 289 votos a favor.
El secretario Lucas Adrían del Arenal Pérez:
- Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
*LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
El Presidente:- El siguiente punto del Orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura del dictamen.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González:- por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El diputado Javier Carduño Pérez (desde su curul): - En términos del 108 proponemos al diputado Juan Luis Calderón Hinojosa, para que fundamente el dictamen, en nombre de la Comisión de Comercio.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Tiene la palabra el señor diputado Felipe Calderón Hinojosa, para fundamentar el dictamen.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Gracias, señor Presidente:
La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados presenta a la consideración de este pleno el dictamen referido a la iniciativa de reformas a la Ley de Sociedades Mercantiles, mismo que fue aprobado ya por el Senado como Cámara de origen.
El derecho corporativo sustenta la actividad de las empresas y a las personas morales en el país. Y un pilar fundamental del mismo, se encuentra precisamente en la Ley de Sociedades Mercantiles, expedida en 1934, por el Presidente Abelardo L. Rodríguez, por cierto sin la aprobación del Congreso y en uso de facultades verdaderamente extraordinarias tan usuales en aquel tiempo.
Es generalmente aceptado que esta ley, como muchas otras referidas a la actividad económica, ha sido superada en algunas de sus partes por la realidad. Es necesario que se hagan los estudios legislativos encaminados a la realización de una reforma integral, no sólo de la ley de Sociedades Mercantiles, sino en lo general al derecho de la actividad económica.
Esta fue la consideración de la comisión. Ello no obsta sin embargo, para que en forma mesurada pueda realizarse pequeñas adecuaciones al ordenamiento legal. Ese es el caso de la presente reforma de la ley de Sociedades Mercantiles.
En cuanto a la materia de la misma, los cambios que se proponen son los siguientes: En cuanto
*Este dictamen está en el Diario No 11 del día 21 de mayo de 1992
a la integración de la sociedad anónima, se reduce el requisito del mínimo número de socios, de cinco a sólo dos y se incrementa el mínimo de capital para su integración, de 25 mil pesos a 50 millones de pesos.
Algo unánimemente reconocido era también que el mínimo previsto de 25 mil pesos citados, había sido completamente superado por la operación y la cotidianiedad de las operaciones y de la constitución de sociedades.
Por una parte, se permite que siga bajo el régimen de sociedades anónimas, primero, todas la sociedades anónimas constituidas así hasta la fecha y segundo, aquéllas que lleguen a constituirse con el nuevo mínimo de 50 millones de pesos.
A las microempresas con una suscripción inicial de capital menor a este monto, se les deja en la posibilidad de adoptar el régimen de sociedades de responsabilidad limitada, que es un régimen acorde y mucho más cercano, adecuado, dijéramos, a la estructura de estas microempresas.
No escapó a la consideración de los integrantes de la comisión, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, la inquietud de diversos legisladores y representantes de la sociedad civil, interesados en adoptar el sistema de indexación al mínimo de sociedades, previsto ya en otras leyes y referido como se sugería, a múltiplos del salario mínimo. Al respecto algunos legisladores de diversos partidos coincidimos en señalar que el establecimiento cierto y determinado de los montos mínimos de constitución de las sociedades, de certidumbre y facilita la constitución de estas, a la constitución de las de este tipo que se sujeten al mismo.
Además el monto mínimo cierto y determinado, no constituye en sí mismo, como ocurre en otros ordenamientos legales, que se finque un cargo ni genera obligaciones o derechos para nadie. Es un indicio, sólo un indicio del tamaño de la sociedad y cualquiera que sea su determinación, será siempre legalmente arbitrario o discrecional.
No es lo mismo entonces, consideramos en la Comisión, el establecimiento de un monto mínimo para crear una sociedad mercantil, que el fijar las bases para la imposición de una multa de un salario o de una pena pecuniaria. No tiene el mínimo legal de sociedades ni la misma naturaleza ni la misma trascendencia que las multas, los impuestos, los salarios o las penas pecuniarias.
Ni genera el mínimo de sociedades en sí mismo un beneficio o perjuicio económico alguno, por lo cual la Comisión optó por un precepto cierto y determinado, previsto en la ley y en la iniciativa, que facilite y no haga más compleja la constitución de pequeñas sociedades.
De cualquier manera, como se expondrá en el curso del debate, se pondrá a la consideración del pleno el punto de vista de los compañeros legisladores que sostienen el criterio de la indexación.
Otro punto que aporta la reforma, es la simplificación de las reformas en que se tomen las decisiones de las sociedades, entre otras las referidas a la validez de los poderes otorgados a sus representantes. Se recoge aquí una práctica que ha sido útil, eficaz y que a punto estuvo de ser destruida por resoluciones de algunos tribunales colegiados. Para ello se le reconoce validez, por ejemplo, a la protocolización de la parte del acta en que consta el acuerdo firmada por el Presidente o el secretario o, se adicionó a la iniciativa en la Cámara de Senadores, por un delegado especialmente designado para tales efectos.
En cuanto a las sociedades de responsabilidad limitada se refiere, se aumenta el capital mínimo a 3 millones de pesos y el número máximo de socios se incrementa de 25 a 50 miembros.
En otro orden de ideas, se simplifica el procedimiento para la adopción de resoluciones de los órganos colegiados de las sociedades, concretamente de los consejos y de sus asambleas, a fin de que las decisiones unánimemente tomadas, puedan ser hechas constar por escrito sin requerir a la celebración de la cesión del órgano, como de hecho ya ocurría en la práctica.
Se regula lo relativo al voto de los socios y se deja a los estatutos del establecimiento y otorgamiento de garantías a administradores y gerentes.
Finalmente, la reforma introduce una figura jurídica que se práctica mediante la aplicación impropia de otras figuras sí previstas en la ley, como la extinción la cesión de partes sociales y la fusión y que es la escisión de sociedades mercantiles.
Esta figura fundamental en la organización administrativa y financiera de las empresas, se encuentra inclusive ya prevista y regulada para efectos fiscales, pero para el derecho societario, para el derecho mercantil, se encuentra y constituye una laguna jurídica que se supera con esta iniciativa.
Los miembros de las comisiones que participaron en los trabajos, de elaboración del dictamen, decidieron modificar, sin embargo, en un punto, la iniciativa del Ejecutivo, al señalarse, o al exigir que se señale, más bien, la información mínima que debe contener el extracto de resolución de la escisión de una sociedad y a la cual se refiere la fracción 5a. del artículo 228 - bis, que se pone a discusión con el dictamen mismo.
De igual manera, se consideró pertinente sustituir el texto propuesto de la iniciativa en la fracción VIII, del mismo artículo 228 - bis, que hacía referencia a las causas de nulidad de las secciones para reglamentar como una figura específica la del retiro de los socios disidentes, es decir, que voten en contra de la resolución de escisión, sin perjuicio de dejar a los principios generales de la teoría de las nulidades en las sociedades previstas en otros ordenamientos de la ley, la ineficacia de las mismas.
Para finalizar, las comisiones consideraron procedente proponer la inclusión de dos artículos transitorios relativos a los trámites en proceso de inscripción de sociedades, ya sea de escrituras constitutivas o modificación de estatutos sociales, así como la de los poderes ya otorgados o en trámites, siempre y cuando cumplan con los requerimientos, los nuevos requerimientos de la ley.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que la iniciativa si bien es cierto que no satisface los requerimientos de reforma profunda e integral del derecho económico en México, responde a una necesidad incuestionable de actualización, por mínima que sea, de normas legales, con el objeto de que responda a los requerimientos de la actividad económica de la sociedad, proponemos y pedimos al pleno de la asamblea de la Cámara de Diputados que apruebe en sus términos el dictamen puesto a su consideración, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Sociedades Mercantiles. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra, en contra, el diputado Guillermo Flores.
El diputado Guillermo Flores Velasco: -con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Los Diputados al Congreso de la Unión que conformamos el grupo partidiario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos, por conducto de mi persona, el voto particular en contra del dictamen de la iniciativa de ley que como proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley general de sociedades mercantiles presentadas por el Ejecutivo Federal a esta honorable soberanía, toda vez que el texto de dicha iniciativa es contrario a los derechos laborales establecidos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Toda vez que con dicha iniciativa se pretende la extinción, la división o la aportación del patrimonio de las sociedades mercantiles, sin mayor requisito que la voluntad de los miembros de la propia sociedad mercantil que se encuentra en el supuesto.
En efecto, de la simple lectura al artículo 228 - bis de la iniciativa en mérito, se concluye que la escisión de una sociedad se pretende a equiparar a su modificación, de acuerdo a la propia fracción del artículo comentado, aun cuando en esencia las consecuencias de tal modificación excedan con mucho a tal concepto, ya que se pueden extinguir o atomizar el patrimonio de dicha persona moral. Pero lo más grave es que en dicha iniciativa no se tutelan los derechos de los trabajadores, quienes presten sus servicios en una entidad que se escinda en los términos del artículo 228 - bis del cuerpo legal que estamos discutiendo.
En efecto, el texto inicial del apartado "A" del artículo 123 constitucional establece la facultad de esta soberanía de expedir leyes, sobre todo contrato de trabajo; pero también la obligación correspondiente, obligación y derechos correlativos que no son controvertidos.
Ahora bien, es también incontrovertible tanto legal como lógicamente que toda relación laboral requiere de trabajadores y patrones y que la falta de alguna de estas partes cancela la naturaleza laboral de cualquier relación jurídica.
Por lo tanto, podemos concluir que toda estipulación que haga depender de una sola de las partes la relación laboral, el permanecer obligada o no debe considerarse ilegal.
Al extinguirse una sociedad ¿ante quien podrán los trabajadores reclamar si se ha modificado su trabajo, su salario, sus derechos de antigüedad, preferencia y ascenso, sus prestaciones, su indemnización, su contrato colectivo, su seguridad social, etcétera¿
Es evidente que ante la ligereza del dictamen que se nos presenta no puede esta plena votar a favor de una iniciativa que conculca los derechos que como ideal de justicia inspiraron la Revolución de 1910. Lo más grave es que no existe excusa alguna para pasar sobre los derechos laborales.
De acuerdo de la exposición de motivos, se trata de llenar una laguna legislativa, ¿cómo explicar que ha existido tal laguna, si no existen antecedentes jurisprudenciales de ella¿, ¡claro¡, sólo conocemos las empresas que desaparecen y dejan en el desamparo a los trabajadores, pero estos actos han sido hasta la fecha ilegales.
Existen suficientes disposiciones en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el derecho común, que regula la disolución y la extinción de dichas sociedades, para salir ahora con que existen lagunas. Además, si de acuerdo con la iniciativa, cuya discusión se pretende que sólo mediante garantía se pueda suspender en una escisión, resultará entonces que los trabajadores que deseen conservar su fuente de trabajo, ¿ deberán dar fianza para seguir trabajando cuando ella se escinda¿
Ya fue reformado el Código Fiscal de la Federación, a efecto de crear un régimen preferencial a la escisión y me atrevería a decir, para meterla con calzador en nuestro sistema jurídico.
El aprovecharse de una disposición para violar un orden jurídico, constituye una forma perversa e indignante de la razón. No existe excusa alguna para quienes desean abolir las garantías legales en favor de quien actúa de buena fe, para que unos cuantos ganen más dinero.
Aún más, en el citado artículo 228 - bis la denominada aportación en bloque de acciones, no es una práctica legal en la legislación mexicana y mucho menos como es el caso como el que se está estudiando, de aportar en realidad cantidades de dinero a favor de empresas de nueva creación. Así no podemos, sin cambiar el sentido de otras normas, hablar de un patrimonio transferible, a la voluntad exclusiva de los socios, toda vez que se estaría trastocando el sentido de muchas otras normas vigentes; como se ve, que no fueron ni siquiera estudiadas.
En efecto, la constitución de una sociedad puede definirse como la afectación de un capital para un fin determinado, por medio de la generación de una persona moral. Así , esto es lo que da la idea de un patrimonio propio; de ahí que tratadistas como Roxin Villegas, critiquen que este patrimonio propio incluya los bienes que pudiesen adquirirse en el futuro.
Así, esta transmisión de activo, pasivo y capital social, no puede concebirse sin modificar el patrimonio de la sociedad. ¿ pero podrá hablarse de una escisión o transmisión de patrimonio de buena fe en los términos en que se discute en la iniciativa, sin tocar de fondo el objeto social de la denominada escidente¿ Evidentemente que no, ya que cualquiera puede válidamente deducir que la solución a un negocio no está en dividirlo, tanto si esta reporta ganancias o pérdidas. Más aún,¿ qué objeto tendría dividir una sociedad para hacer varias que se dedicaran a la misma cosa¿ entonces la conclusión devendría evidente, estaríamos obligados a legislar acerca de objeto social que se generaría en las sociedades de una nueva creación y en lo que sobraría y en su caso de la escidente. Ya que de otra manera, el generar sociedades de idéntico objeto social, generaría una competencia artificial, al estar representadas por los mismos socios, por lo menos inicialmente.
Entonces, nuestra conclusión habría sido correcta, ya que estamos frente a un acuerdo, procedimiento o coordinación de productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia entre sí, lo cual constituye una práctica monopólica, prohibida por el segundo párrafo del artículo 28 constitucional y debería ser delito, según el propio texto que se comenta.
Entonces, o se reglamenta el objeto social de las sociedades implicadas en un proceso de escisión, o bien se acepta que por medio de la iniciativa que se discute se busque fomentar la especulación y las prácticas monopólicas, ya que recordamos que aún en arcas que se dejan abiertas, hasta el más justo peca, perdón, la fracción I del artículo que se impugna nos habla de que se requiere una mayoría de socios para modificar el contrato social para realizar la escisión que nos ocupa, de ahí que nos encontremos que la denominada extinción de la sociedad existente no sea un procedimiento contractual en el que estén implicados únicamente los socios de dicho ente sino más bien un procedimiento de orden público establecido a favor de terceros consagrados en los artículos 234 y 249 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De esta manera es imposible hablar de extinción de sociedades sin recordar aquel dicho popular: ¿Cómo que se murió si me debía¿ es decir de acuerdo a nuestra legislación existe la disolución de sociedades y su posterior liquidación, pero las mismas no se extinguen así nada más, simplemente
porque las obligaciones generadas con terceros se verían lesionadas y en los hechos se actuaría en contra de criterios jurisprudenciales.
Pero el artículo 229 de la ley que se pretende modificar es el que nos da el argumento jurídico más poderoso en contra de la monstruosidad jurídica que pretende que aprobemos, ya que de las cinco causas que dicho artículo establece para disolución de una sociedad, se al expiración del término fijado en el contrato social o sea en sus estatutos; la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este realizando por el acuerdo de los socios porque el número de accionistas llegue a ser inferior al que la ley establece o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona y por la pérdida de dos terceras partes del capital. Sólo se pretende entonces que reglamentemos como única causa la voluntad de los socios. A la manera de la leyes fiscales se pretende dar en este caso un camino optativo para realizar actos jurídicos, quizá como oferta de temporada, quizá como aliciente a quienes no quieren llenar los requisitos, esto últimamente lo hemos visto hace unos instantes, acabamos de aprobar una más de las ofertas que hace nuestro sistema al capital extranjero. Estamos nosotros diciendo se venden nuestros ferrocarriles, se venden nuestras carreteras, están en oferta nuestras costas, nuestras minas, todo se vende, estamos dando todas las facilidades al capital sin mayor requisito que su propia voluntad a disponer a su antojo de los factores de producción.
Otro problema es el hecho que en la fracción III del artículo en cuestión nos hable de varias sociedades que se verán miniaturizadas de las propias sociedades que las generan; de ahí que sea válido razonar que si de acuerdo a esta fracción el capital social de las nuevas sociedades será equivalente en su proporción al del escidente con excepción del pasivo que podrá cobrarse en forma solidaria a todas las sociedades, inciso d, fracción IV del documento impugnado, por lo que concluimos lógicamente que las partes no pueden ser mayor que el todo, tendremos que concluir también que se están creando nuevas sociedades con quiebras implícitas toda vez que si responden en forma solidaria de todo el pasivo del escidente hasta por el activo que se le haya sido transferido lo que no las hace tan solidarias, no podrán entonces pagar ni siquiera la mudanza sino que el pasivo supera entonces al activo.
De acuerdo con la enunciativa fracción IV mencionaremos otros problemas dignos de tomar en cuenta si se acuerdo a las dos fracciones la III Y la IV en los incisos a, y b, se establecen plazos ni mecanismos por parte de dividir las partes jurídicamente indivisibles o sea que hay activos, pasivos, más bien activos que se pueden dividir las partes jurídicamente indivisibles o sea que hay activos, pasivos, más bien activos que se pueden dividir fácilmente pero hay otros que no es posible dividirlos, entonces no se establece ningún requisito o sea ningún plazo, ningún compromiso de cómo se va a hacer ese procedimiento para poder hacer una subdivisión de lo que no es posible dividir.
A nade sirve de acuerdo al inciso c, de que los estados financieros se dictaminen en el último ejercicio social, cuando en caso de liquidación la situación financiera puede cambiar en horas. De acuerdo a la fracción VI, del artículo que se impugna, se generará una forma de oposición contraria a la establecida por el artículo 9o. ya que ese dispositivo no exige fianza ni garantía alguna ni tampoco existe en el articulado ni en la exposición de motivos la forma de resolver esta evidente contradicción.
La fracción IX es contraria a los artículos 234 a 249; por cuanto a lo general, esta reforma atenta en contra del artículo 2163 del Código Civil y de sus correlativos en los estados y la denominada acción pauliana en contra del fraude de acreedores que consiste en la facultad que tienen los deudores de pedir la nulidad de los actos consistentes en colocarse voluntariamente en estado de insolvencia para hacer frente a las obligaciones.
Sin consentimiento del acreedor, el deudor no puede trasmitir la deuda.
Al derogar el apartado 14, un requisito para los jueces, para que los jueces autorizaran el registro de una sociedad mercantil y preservar los conflictos en las sociedades mercantiles, para solicitar el permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, y si existían socios extranjeros, se tenía que agregar una cláusula en los estatutos en donde estos socios extranjeros renunciaban a la protección de la justicia de su país.
Sin embargo ahora, ante la firma... inminente firma aún en contra de la oposición de la mayoría de los sectores sociales de nuestro país, el capital nacional como el capital extranjero tiene el mismo trato.
Al capital extranjero se le dará un trato nacional. Con esta derogación que estamos haciendo de este apartado 14, estamos en los hechos
reconociendo, antes de haber firmado siquiera un tratado de libre comercio donde esté incluida esta cláusula, que vamos a dar trato nacional al capital extranjero, porque ya no existirá ese registro que existía en la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los ciudadanos extranjeros se atuvieran... precisamente renunciarán a la justicia de su país y se atuvieran a la justicia de nuestro propio país.
Aún más, esta iniciativa entra en franca contradicción con varias sociedades que plantea la propia sociedad, sociedades mercantiles. La Ley de Sociedades Mercantiles; como es la sociedad en comandita simple, ya que para esta sociedad, el socio, la persona responde subsidiaria, solidaria e ilimitadamente.
La sociedad prevaleciente... perdón, la sociedad, esta sociedad, por ejemplo ésta de comandita simple, prevalece o subsiste por el criterio comercial personal, por el prestigio personal mismo de los que lo integran.
Entonces, cuando nosotros en estas disposiciones del artículo 228 - bis, establecemos que las partes van a responder limitadamente, estamos en contracción con el propio espíritu de la ley.
Por todas estas razones antes expuestas, yo solicito a este pleno que reflexiones y que votemos en contra de esta iniciativa, para que en todo caso sea regresada a las comisiones, la estudiemos y resolvamos estas evidentes contradicciones con nuestro marco normativo general.
En su momento presentaremos algunas propuestas también concretas, para evitar precisamente estos señalamientos que hemos hecho en estos momentos. Muchas Gracias.
El presidente: - Tiene la palabra a favor, el señor diputado... si, adelante por favor.
El diputado Alfonso Rivera Domínguez:- Señor Presidente, con su permiso; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna a hacer referencia a algunos de los comentarios manifestados por el diputado Guillermo Flores Velasco, con lo que diferimos absolutamente mi partido, el Revolucionario Institucional y, otros compañeros miembros de la comisión dictaminadora.
Dice el diputado Flores Velasco que la iniciativa en cuestión es contraria al espíritu contenido en el artículo 123 constitucional, toda vez que no se protegen los derechos de los trabajadores. Me parece muy legítima su preocupación, porque se salvaguarden los derechos de los obreros y de los trabajadores, pero quiero decirle al compañero Flores Velasco, que la fracción XXIII del artículo 123 constitucional es muy clara; que señala que los créditos en favor de los trabajadores, por salario o sueldos , tendrán preferencias sobre cualesquiera otros.
Desde luego que esta norma está por encima de la disposición de una ley secundaria, como la contenida en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en virtud del artículo 133 constitucional, que establece a la Constitución como norma fundamental en nuestro país.
Pero quiero decirle también al diputado Flores Velasco, que el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, contempla la figura de la sustitución del patrón y que concretamente el artículo en cuestión dice: "La sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento; el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo, por las obligaciones derivadas por las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de seis meses. Concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón.
El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores".
Por otro lado, pretender llevar a la legislación mercantil los mecanismos de salvaguarda de los derechos laborales, en mi muy particular concepto sería incluso un error, toda vez que la Ley Federal del Trabajo es una ley que protege al trabajador y lo protege porque reconoce la desigualdad que existe entre el obrero y entre el patrón. Es una ley proteccionista que llega incluso al grado...
El Presidente: - Señor diputado, ¿Acepta usted una interpelación¿
El diputado Alfonso Rivera Domínguez: -Al final.
Que contiene incluso instituciones como la suplencia de la queja, que no se contiene en la legislación mercantil, la legislación de derecho privado, que es de estricto derecho.
Por otro lado, el compañero Flores Velasco nos dice que la figura de la escisión de sociedades puede acarrear quiebras fraudulentas y puede
acarrear fraudes a los acreedores porque, según su criterio y según su razonamiento, no se pide previamente la aprobación o el consenso de los acreedores.
Yo quiero decirle al compañero Flores Velasco que otras figuras similares en nuestro derecho como son la fusión, la disolución y la liquidación, que tienen efectos similares a los de la escisión respecto a los acreedores, tampoco requieren la aceptación expresa del acreedor y tienen una vigencia de casi 60 años, en virtud de que la ley en comento fue publicada en 1934.
Pero además quiero decirle que el artículo 2051 del Código Civil, establece que en la sustitución de deudor el consentimiento puede ser expreso o puede ser tácito, lo autoriza la legislación respectiva.
Y el artículo 2163 que él señaló, dice que los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor, pueden anularse a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos.
Me parece que si hacemos un análisis exclusivamente de la figura de la escisión, sin contemplar de manera integral nuestra legislación, podemos llegar a errores de interpretación, como los que con mucho respeto, considero que comete el compañero Flores Velasco.
Porque además la reforma que se propone es muy completa, establece como requisitos para que proceda la escisión, que se celebre primero una asamblea de accionistas calificada, esto es por mayoría, esto es obvio porque se trata de modificar en escencia a la sociedad; que las acciones de la sociedad se encuentren pagadas en su totalidad; que haya una resolución en la que se contenga una descripción de la forma, plazos y términos en los que se hará la trasferencia del activo, del pasivo y del capital. Además deben de presentarse estados financieros que estén debidamente dictaminados por un auditor externo y se debe determinar cuáles obligaciones asume cada una de las sociedades escindidas.
Pero si con esto no bastare, todavía las sociedades escindidas son responsables solidarias durante tres años a partir de la disolución o de la escisión y esto desde luego deberá protocolizarse ante notario, deberá de inscribirse en el registro y deberá publicarse en la gaceta oficial o periódico oficial de la localidad, con objeto de darle publicidad al acto, así como en un periódico de los de mayor circulación, con objeto de salvaguardar los derechos de terceros.
En efecto, se elimina finalmente el requisito de homologación judicial; esto es, que la autoridad judicial, el juez autorice la inscripción de una constitución de una sociedad, pero no se elimine, compañero Flores Velasco, el requisito de obtener el permiso previo de relaciones exteriores y no se elimina por dos razones, primero porque la ley no lo señala y no lo puede señalar porque es un requisito contenido en el artículo 27 constitucional que le repito, está por encima de la ley secundaria. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Miguel Flores Velasco, para una interpretación pendiente. Adelante.
El diputado Miguel Flores Velasco (desde su curul): - Señor diputado Rivera, usted nos ha dicho que es la primera vez que aparece está figura, la sustitución de patrón que usted plantea aquí que establece la Constitución, el artículo 123 constitucional, que establece la sustitución de patrón, estamos de acuerdo, pero estamos ante una figura jurídica nueva que no existía en nuestro marco constitucional. Yo le quisiera preguntar. ¿qué va a pasar con los contratos colectivos¿ Cuando se establecía un contrato colectivo entre una empresa con sus trabajadores si esta empresa se va a transformar, ya sea en una escindente y varias escindidas o en varias escindidas como está la propuesta, ¿qué pasaría con el contrato colectivo¿ Esa es la pregunta concreta que quisiera que me respondiera.
El diputado Alfonso Rivera Domínguez: - Yo no dije que fuera la primera vez que operaba la sustitución de patrón. Dije que era la primera vez que se legislaba sobre la escisión en nuestro país, que es una figura nueva en el derecho mercantil.
En el caso de los contratos colectivos, desde luego que el patrón sustituto, en términos de la Constitución y de la Ley federal del Trabajo, deberá asumir la responsabilidad del patrón sustituido, en la forma y términos contenidos en el respectivo contrato colectivo de trabajo. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Miguel Flores Velasco.
El diputado Miguel Flores Velasco: - Evidentemente, de toda la iniciativa de ley que se nos presenta y que es un artículo único que reforma, deroga y adiciona diversos artículos, el artículo fundamental que estamos discutiendo es el artículo 228 - bis y lo que estamos discutiendo es el conjunto, de alguna manera, implicaciones que
tiene este artículo y desde mi punto de vista y de nuestro partido, la principal implicación que tiene este artículo se refiere al problema estrictamente laboral, al problema de garantizar los derechos de los trabajadores.
Se ha afirmado, aquí efectivamente que en el derecho mercantil, por primera vez aparece la figura de la escisión, es la primera vez que se legisla esto. Efectivamente en el derecho laboral sí existe lo del partido sustituto, pero no tenía ninguna correlación ese patrón sustituto, pero no tenía ninguna correlación ese patrón sustituto, ninguna, esta figura que estamos hablando.
En las sociedades mercantiles, además de la principal sociedad de la que estamos hablando, es una sociedad anónima, que puede ser una pequeña empresa, una mediana empresa o una grande empresa. Aquí se podrá argumentar que podremos o que queremos dar facilidades a las empresas para que mejore la producción y podemos muchos estar o no de acuerdo, pero creo que esas facilidades no se pueden otorgar si al dar esas facilidades están en menoscabo los derechos que tienen en primer lugar los trabajadores y, también tienen otro tipo de acreedores, como pueden ser precisamente bancos, como pueden ser aseguradas, afianzadoras, el público en general que recibe los servicios o las mercancías, que existen contratos de por medio de esto. Esta iniciativa de ley no nos está garantizando de ninguna manera preservar esos derechos, porque se ha planteado un procedimiento bastante sencillo que tiene por escencia solamente la voluntad de los socios que constituyen esa sociedad que pretende escindirse.
¿Cuál es el procedimiento a grandes rasgos? Primero, que los socios lo acuerden por mayoría, mayoría de acuerdo a sus estatutos, segundo, que hagan un acta donde expresen este acuerdo; que esa acta vayan y la entreguen ante un notario público. El notario solamente revisará si esa acta está de acuerdo con este procedimiento de ley que se ha establecido y el único requisito que hay es esa voluntad de las partes, el requisito fundamental, porque todo lo demás es acuerdo solamente de los socios, son los socios los que van a decidir unilateralmente sin consultar con sus acreedores en cuántas empresas se van a dividir; sin consultar a los acreedores, van a decir: "...esta empresa le paga a éste y le va a pagar hasta el monto total de sus activos" que es con lo que puede garantizar.
Entonces, una vez se ha registrado esto, hay un plazo de sólo 45 días, una vez publicado en los periódicos ese acuerdo resumido, para que si nadie protesta, surta la escisión y si alguien protesta, entonces habrá tres posibilidades de que su queja, más bien su recurso de oposición, proceda y entonces no tenga objeto la escisión o que su recurso no proceda y pueda hacerse la escisión o que se llegue a un convenio con estos acreedores.
Pero ¿qué sucede en este caso, cuando estamos hablando de un contrato colectivo? ¿Qué sucede¿ La ley establece tanta protección de los intereses individuales de los trabajadores, como va a ser su derecho a las utilidades, su antigüedad, sus derechos de seguridad social etcétera. ¿Pero qué le va a pasar al contrato colectivo? Señores, estamos ante un grave problema que va a reformar profundamente las relaciones laborales en México y estamos entregando un "cheque en blanco" a las empresas nacionales y extranjeras para destruir la fuerza de trabajo nacional, para destruir a los sindicatos en este país y por una vía totalmente irregular y secundaria como ha acostumbrado el Ejecutivo.
El Ejecutivo no es capaz, no se faja los pantalones para decir, voy a modificar el artículo 123; lo que hace el Ejecutivo, como lo ha hecho con otras, modificar leyes reglamentarias, secundarias, para que finalmente atente contra el derecho fundamental que está establecido en la Constitución.
De este tamaño está el problema y de ese tamaño está lo que estamos nosotros votando.
Este procedimiento se va a efectuar en empresas tan grandes como Teléfonos de México u otras, que a las empresas les convenga; esa escisión que se hace de las empresas va a ser para que una vez escindidas puedan asociarse libremente con empresas extranjeras, para que el empresario extranjero diga:"...de tu empresa solamente me interesa esta parte, escindente, solamente me interesa tu parte comercializadora o tu parte productiva o me interesa como maquiladora". Es una destrucción de todo el potencial industrial que tenemos, es lo que estamos aprobando.
Creo que no se ha revisado a profundidad, por que ha faltado un ambiente más democrático en esta Comisión, que siempre se ha negado realmente a presionar al Secretario de Hacienda, para que tengamos una información eficaz.
El fondo de la ley no está tanto en la letra, sino en las consecuencias que de ésta se derivan.
Yo por eso pido nuevamente que se reflexione y que se emita un voto en contra de este dictamen
para que sea regresado a comisiones. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado José de Jesús Berrospe.
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Por mi conducto, la fracción del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional da su posición sobre las modificaciones a la Ley General de las Sociedades Mercantiles.
Para nuestra fracción parlamentaria, las modificaciones que se proponen a la Ley de Sociedades Mercantiles no son causales, forman parte de los rumbos generales de la actual política económica.
Desde el surgimiento de la crisis económica, el gobierno federal planteó diversas alternativas para superar los grandes problemas económicos, destacándose los relacionados con la deuda externa, la inflación, los efectos negativos en los términos de intercambio y otros.
Una de estas alternativas fue la aplicación de un programa de cambio estructural del sector público, el cual se centró básicamente en la desincorporación de entidades paraestatales. El objetivo fue, que el Estado, sin perder la rectoría de la actividad económica, abandonara el papel de propietario que había jugado durante décadas. Un rol en su momento necesario, pero que en el nuevo esquema económico no se justifica.
El proceso de desregularización de la actividad económica ciertamente afectó a diversas áreas de la economía nacional, sin embargo, con él se abrió la posibilidad de captar mayores inversiones, flujo resultante de esquemas de asociación y de inversión, en los cuales se permitió y permite la participación a particulares.
Los ajustes que ha sufrido la política económica como parte del proceso de reforma del Estado, propuesta por el Ejecutivo Federal, se han apoyado precisamente en la desregularización de la actividad económica.
En nuestro partido hemos ponderado estos avances que han conducido al mejoramiento de los principales indicadores macroeconómicos, pero también hemos marcado nuestras diferencias en aspectos que consideramos había excesiva discrecionalidad en esta desregularización.
Nuestro partido no se ha opuesto a este proceso desregulatorio; considera que éste no sólo es parte de la política económica, sino que constituye además una tendencia mundial de las economías modernas a las que es difícil escapar.
Es necesario contar, como se expone en la exposición de motivos, de la iniciativa en debate, con instrumentos ágiles que permitan consolidar los avances en materia económica. Sin embargo, este proceso desregulatorio no debe ser un pretexto para que el Estado deje de cumplir con sus obligaciones constitucionales en el marco de la economía mixta.
No se debe caer en excesos que a la postre conlleven a que el Estado deje de ser rector de la política económica.
Las propuestas de modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles, turnada para su revisión y discusión por el Ejército Federal al Senado de la República, se ubican dentro de este proceso desregulatorio.
La propuesta de actualizar la normatividad de las sociedades mercantiles es pertinente, toda vez que en algunos aspectos, como en el caso de los montos de las partes sociales, no son congruentes con la realidad económica.
Así también consideramos que en materia de comercio resulta necesario que los instrumentos normativos sean ágiles, de otra manera no habría congruencia con los cambios económicos nacionales e internacionales.
Sin duda alguna observamos que la iniciativa contiene aspectos positivos. Es una propuesta para caminar hacia la desregulación del marco jurídico aplicable a las sociedades mercantiles.
Esta se puede resumir en los siguientes puntos:
Primero: La prohibición de la discrecionalidad notarial en la construcción de sociedades mercantiles.
Segundo: La simplificación en la delegación de los poderes de las sociedades mercantiles en los administradores.
Tercero. El aumento del número de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada, lo cual permite redistribuir personalidades a un mayor número de socios e incorporar a un mayor número de accionistas, con lo cual se eleva el capital social.
Cuarto. Permitir el incremento del capital social y el valor nominal de las partes sociales, con lo cual se reconocen los efectos inflacionarios que han dejado obsoletas las cantidades actuales.
Algunas modificaciones propuestas en la iniciativa a nuestro parecer son riesgosas. Un ejemplo lo constituye el caso de la disminución del número de socios para la conformación de las sociedades anónimas, lo cual podría generar una mayor concentración de capital. Pero por otro favorecería a que la inversión sea abierta y que los requerimientos de capital se incrementen.
Otro aspecto problemático es el hecho de que en la iniciativa se introduce un nuevo elemento que permite se tomen decisiones fuera de la asamblea, aunque se fija una limitación a esta toma de decisiones, ya que se exigirá que esto sea única y exclusivamente cuando exista unanimidad en opinión por escrito, de los socios.
Por último, observamos que por primera vez se contempla en la ley la figura jurídica de cesión de sociedades mercantiles. Tal figura a simple vista puede inducir al debilitamiento de las sociedades ya constituidas y que están operando actualmente y, por otro lado, ayuda al fortalecimiento de otras sociedades que en su momento captarían la parte escindida.
Estamos ciertos que el objeto básico es permitir la movilidad de las sociedades mercantiles, aunque esta posibilidad está sujeta a una serie de limitaciones, como la resolución de la asamblea de accionistas, que las partes escindidas estén totalmente pagadas y la posibilidad que los socios tendrán para oponerse a la escisión de la sociedad.
Conforme a lo planteado y ratificando que nuestro partido reconoce los avances que se han presentado como producto de la instrumentación de la actual política económica, consideramos que las modificaciones propuestas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, están inmersas en el proceso de regularización de la actividad económica, lo cual constituye una parte medular de las reformas del Estado.
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, la fracción parlamentaria anteriores, la fracción parlamentaria del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, votará a favor de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Hiram de León, para presentar una propuesta.
El diputado Hiram Luis de León Rodríguez:
Señor Presidente; honorable asamblea:
Con el interés que el tema merece, hemos examinado, en lo personal, las reformas propuestas a una ley tan importante para la vida jurídica o económica del país, como discutiblemente lo es, la General de Sociedades Mercantiles.
Concientes de la urgencia de una adaptación de tal legislación a necesidades que son inaplazables, emitiremos nuestro voto favorable en lo general respecto del dictamen que se ha producido. Reconocemos en todo momento, el esfuerzo, la labor y sentido de responsabilidad de la comisión. Ello no obsta, sin embargo, para que como juristas reafirmaremos por una parte el reiterado criterio de la doctrina en el sentido de que la Ley General de Sociedades Mercantiles, requiere de una reforma integral, lo que se traduce en que la reforma propuesta de su simple lectura, tenga que ser caracterizada como incompleta y por otra, que efectuemos objeciones en lo particular, mismas que hemos limitado a aspectos rigurosamente técnicos.
Debo dejar constancia en esta tribuna, que... derecho mercantil, que es un organismo de tipo plural y eminentemente académico y al cual me honro en pertenecer, oportunamente expresó ante este honorable congreso, sus puntos de vista respecto al tema que nos ocupa, observando con agrado que varias de ellas, con adecuado sentido jurídico, son recogidas en el dictamen, por lo que resulte necesario preservar en ellas.
Si deseamos insistir en otras observaciones, por estimar a las mismas como de elemental técnica jurídica. A fin de simplificar el trámite y en obvio de tiempo, solicito a la Presidencia su autorización para presentar en una sola intervención las diversas objeciones y proposiciones que estimamos conducentes, haciendo, desde luego, en cada caso, entrega a la Secretaría del texto que se propone, a fin de que se ponga a la consideración de la honorable asamblea, solicitando, desde luego, el correspondiente acuse de recibo.
En concreto ¿cuento con su autorización, señor Presidente?
El Presidente: - Sí, aceptada.
El diputado Hiram Luis de León Rodríguez: - Nos referiremos a los artículos 5, 10, 62, 89 fracción II, 228 - bis en su parte inicial, 228 - bis fracción V y 228 - bis, fracción VI.
En primer término, en cuanto se refiere al artículo 5o., en realidad este precepto no se
reforma , como dice la iniciativa, sino que se adiciona con un segundo párrafo. Es importante, porque nuestra constitución en el artículo 135 distingue claramente entre reforma y adición. Creo que la solución es muy sencilla, solamente colocar en el lugar que corresponde dentro del proyecto.
Esta adición, obviamente, es para prevenir que el notario no debe autorizar la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo cual en realidad es ocioso, pues es obligación de los notarios y aquí hay varios, autorizar sólo las escrituras que se apeguen a dicha Ley y demás aplicables.
Esta prevención sería además inconveniente porque no estaría correcto que sólo en este caso se requiere al notario cumplir con una ley especial.
Por otra parte, los notarios deben cuidar, además, que los estatutos y reformas no contravengan otras disposiciones legales en general y en especial las relacionadas con las sociedades mercantiles que por dispersión legislativa se encuentran en leyes distintas a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por poner un caso tan sólo, la Ley de Instituciones de Crédito, estaría en este supuesto.
En consecuencia, nosotros consideramos que pudiera efectuarse un texto, que es al que voy a dar lectura, que dijera en la siguiente forma: Estamos tratando de respetar lo más posible el texto original: "Las sociedades se constituirán ante notario público y en la misma forma se harán constar sus modificaciones.
El notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley y por otros ordenamientos legales aplicables".
Esta primera proposición, que hacemos entrega a la Secretaría para que por favor en su oportunidad nos dé el acuse de recibo.
Por lo que respecta al artículo 10o., el cual consideramos correcto y solamente pensamos que debe efectuarse una adición y por lo tanto nos vamos a limitar el texto que proponemos. Diría así: "El notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto en la misma. Así como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración".
Se agrega: "El notario deberá dar fe, asimismo, bajo su estricta responsabilidad de las aportaciones efectivamente realizadas en el momento de la constitución de la sociedad".
Con esto se evitan un tanto las situaciones fraudulentas a que hacía mención hacen algún rato alguno de los compañeros diputados. Dejo esta segunda proposición.
En cuanto al artículo 62, nosotros consideramos que igual que en el artículo 89, que sí es preferible referir el mínimo tanto para cada una de las sociedades, de responsabilidad limitada y anónima, a un número determinado de veces de salario mínimo anual, a fin de evitar variarlo tanto en el futuro. También pudiéramos estimarlo en forma diaria.
Se han dado argumentos en las dos partes. Nosotros estamos convencidos de este argumento y por eso lo presentamos con esta redacción.
"Artículo 62. El capital social nunca será inferior a la cantidad equivalente a la suma de 250 salarios mínimos diarios en el Distrito Federal. Se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de mil pesos o un múltiplo de esta cantidad".
Hago la observación que conforme al mínimo vigente en el Distrito Federal, equivale a la cantidad que se está estableciendo como fija actualmente.
En el 89, en su fracción II, se establecería "que el capital social no sea inferior a la cantidad equivalente a la suma de 3 mil 500 salarios mínimos diarios en el Distrito Federal y que esté íntegramente suscrito".
Se repite la misma observación, de que es equivalente a la suma que se está poniendo o estableciendo como capital fijo.
La parte más importante que consideramos, es la relativa a la escisión de las sociedades. No voy a hacer referencia a los aspectos laborales que se mencionaron, que si bien son interesantes, en mí punto de vista están resueltos dentro de nuestra legislación laboral y de la interpretación que los tribunales reiteradamente han efectuado. Yo por ese aspecto creo que no hay un riesgo para el trabajador. En dado caso lo hay
para el patrón, en cuanto al sistema legal que nosotros tenemos establecido.
Aquí hay muy distinguidos laboristas, entre ellos el Ministro de la Corte, que creo que estarán de acuerdo en esta interpretación.
Pero sí en el artículo 228 - Bis creemos que se excluyen de la escisión algunos casos que es conveniente adicionar y que no se encuentran contemplados. Entonces nosotros proponemos la siguiente redacción.
"Artículo 228 - Bis. Se da la escisión en los siguientes casos:
a) Cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y vivir de la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación, denominadas escindidas."
Hasta ahí el texto es igual.
"b) Cuando las sociedades escindentes, sin extinguirse, aporten en bloque parte de su activo, pasivo, capital social, a otra u otras sociedades de nueva creación."
Hasta ahí el texto es idéntico. El cambio consiste:
"Tercero. Cuando la sociedad escindente aporta más del 50% de su patrimonio a una o más sociedades existentes" y,
"Cuarto. Cuando una sociedad denominada escindente aporta sus bienes a una sociedad existente y a una que se forme."
Nosotros pensamos que estas reformas se justifican porque, como se decía por algunos otros compañeros diputados, estamos ante una ley de estricto derecho. Entonces, no pueden derivarse interpretaciones del primer párrafo que permitan esta aplicación. Creo que a los notarios les complicaría mucho su actividad profesional, si no se les dieran esas dos posibilidades y, desde luego, también a las empresas les limitaría la posibilidad de actuar en forma lícita en otras formas distintas de escisión.
En el artículo 228 - Bis, fracción V, la reforma es mínima, son dos puntos: "La resolución de escisión deberá protocolizarse ante notario público"; aquí viene el cambio;" ...debiendo incluirse el acta de la asamblea que acuerde la escisión, con sus anexos, e inscribirse en el Registro Público de Comercio".
¿Por qué se hace esta proposición¿ Porque hemos tenido muchos problemas con autoridades colegiadas, que es un afán un tanto requisitoso, exigen todas estas formalidades y sí se puede causar un perjuicio grande a las sociedades si no se prevé esta posibilidad. Existen numerosos ejecutarios de colegiados que han traído consigo cuantiosas pérdidas económicas por requisitos de orden formal, que, como estamos diciendo, tienen derecho de hacer, porque ésta es una ley de estricto derecho.
Una corrección importante. "Así mismo deberá publicarse en el órgano oficial del estado". El proyecto dice: "...en la gaceta del estado". En el estado de Nuevo León, yo no sé si los senadores nuestros no estuvieron presentes, no existe la gaceta del estado, existe el diario, el periódico oficial, consecuencia como la denominación del período oficial o gaceta, etcétera, puede ser diferente en los distintos estados, es mejor establecer una redacción de este tipo: "...que se publique en el órgano oficial del estado", y ya no tenemos ninguna dificultad con cuál ni sea su denominación; "...y en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio del escindente, un estrato de dicha resolución que contenga por lo menos la síntesis de la información a que se refieren los incisos a y b de la fracción IV de este artículo, indicando claramente que el texto completo se encuentra a disposición de socios acreedores, en el domicilio social de la sociedad, durante un plazo de 45 días naturales, contado a partir de que se hubiera efectuado la inscripción de ambas publicaciones". Es decir, el resto del texto es idéntico.
Por último, en la fracción VI del artículo 228 - Bis, dice actualmente: "durante el plazo señalado cualquier socio o tipo de socios que representen por lo menos el 20% del capital social o acreedor que tengan interés jurídico, podrán oponerse judicialmente a la escisión, la que suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada, se dicte solución, que tenga por terminado el procedimiento sin que hubiera procedido la oposición o se llegue a convenio, siempre y cuando quien se oponga diere fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudiera causarse a la sociedad con la suspensión". Hasta aquí el texto es idéntico y es correcto.
Pero nosotros pensamos que también debe darse posibilidad a quien se vea afectado por la oposición y entonces proponemos que se añada este párrafo: "La suspensión del trámite de la escisión podrá concluir si se consigna o garantiza por la sociedad, en el juicio de oposición, el importe
del crédito del o de los acreedores que se hayan opuesto, más los accesorios legales del caso".
Aquí dejamos esta propuesta.
Una última reflexión que queremos realizar. Es cierto, desde este lado derecho, que la fusión y la escisión son figuras opuestas, pero tienen de común que afectan o pueden afectar los derechos de los acreedores de las sociedades que se fusionen o de la escindente.
El proyecto de ley propone para los acreedores del escidente un tratamiento diferente al ya establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles para los acreedores de las sociedades que se fusionen. Si bien éste no es el momento porque no está contemplado dentro del proyecto, solamente queremos dejarlo establecido para una futura reforma, que sería muy conveniente establecer un sistema uniforme tanto para la escisión como para la fusión en cuanto a estas consecuencias se puedan considerar.
En estos términos dejamos establecida nuestra posición, creemos haber cumplido con un deber frente a nuestros compañeros y haber expuesto un punto de vista netamente técnico en lo que corresponde a esta iniciativa. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Trejo.
El diputado Eduardo Francisco Trejo González: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
He pedido la palabra para dar mis puntos de vista a la iniciativa que reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Con mi experiencia empresarial y hoy como representante popular, veo que esta ley tiene ventajas que aporta y va a reportar a las empresas desde un punto de vista económico, financiero y de interés societario. Los ejemplos están en el artículo 89 fracción I y fracción II, en el capítulo IX de la misma ley en el artículo 228 - bis y con fundamento y como lo fundamentó el diputado Calderón en todos los demás. Todo esto es sólo una respuesta atinada al proceso de modernización del país, agilizando y dando seguridad financiera al inversionista mexicano, las moderniza quedando en una posición socioeconómica actual., poniendo a las sociedades mercantiles en una posición más ágil para la obtención de créditos financieros y mercantiles desde su inicio, promoviendo el empleo y la inversión.
La ley tiene casi 60 años, cierto es que necesita más cambios, cierto es que necesita más actualidad, pero se inician hoy las reformas y la ley empieza a cambiar. Las reformas que hasta el momento se hacen son las más urgentes, las más importantes que ellas tienen ya, que las empresas necesitan agilidad para las transacciones mercantiles y actuales en el cambiante país en que vivimos. Por eso, compañeros diputados, la fracción priísta votará a favor de la iniciativa y los exhortamos y las invitamos a la demás fracciones a que hagan lo mismo. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Eloy Vásquez.
El diputado Eloy Vásquez López: -Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es una práctica parlamentaria adecuada, el hecho de que exista una cámara revisora aparte de la cámara que formula; ello permite que la reflexión y que los puntos de vista diversos tanto en ubicación como desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista social, se combinen de mejor manera y podamos legislar con mayor justicia y garantizar que estas leyes tengan positividad y, sobre todo, lo más preocupante, es pensar en el ejercicio de quienes ejecutan las leyes y quienes las interpretan.
Por ello, nosotros nos permitimos hacer, como fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; un conjunto de propuestas que constituyen un aporte para darle mayor agilidad y mayor justicia al procedimiento, sobre todo en el caso de las sociedades extinguidas.
No sería útil que existiera la cámara revisora como instancia, si únicamente se concretara a ser un espacio de legitimación automática o una simple instancia de difusión, de algo que se elabora ya en otra cámara.
Por eso el argumento de que esto ya se aprobó en el Senado, no tendría sentido y en todo caso sería un argumento lo suficientemente secundario como para dejarlo de lado.
Lo fundamental para nosotros es garantizar los derechos de terceros; bien es cierto que toda sociedad puede ser libre de dividirse en partes y esta libertad la está garantizando esta iniciativa; sin embargo, como ya se argumento aquí por parte de mi compañero Guillermo Flores, la iniciativa o la propuesta ya en sí, no garantiza en algunos aspectos en forma puntual, como debiera
ser una ley reglamentaria, los derechos de los acreedores ni los derechos de los acreedores ni los derechos de los trabajadores.
Por eso la propuesta que traemos, en el caso de la fracción IV del artículo 228 - bis, el inciso d, proponemos nosotros que se agregue un señalamiento en el sentido de considerar también los pasivos pactados a largo plazo; los vencimientos de estos pasivos pueden ser posteriores a la fecha de la escisión, quedando estos pasivos sin resolverse tal como está redactado en este momento a la letra de la ley y ello puede generar confusiones y puede generar injusticias, que después pueden ser causa de embargos y otra serie de perjuicios en contra de las sociedades derivadas de la sociedad madre.
Por eso la propuesta es que el inciso d quede en la redacción siguiente: "d) La determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asuma cada sociedad escindida. Si una sociedad escindida incumpliera alguna de las obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión, responderá solidariamente ante los acreedores que no hayan dado su conocimiento expreso o las demás sociedades escindidas, durante un plazo de tres años, contado a partir de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción V hasta por el importe del activo neto, exigible a la fecha de su escisión y los exigibles con posterioridad será de 30 años a partir de la fecha de la exigibilidad que las haya sido atribuida en la escisión a cada una de ellas.
Si la escindente no hubiere dejado de existir, ésta responderá por la totalidad de la obligación" y etcétera.
En segundo lugar está una propuesta de inciso f, que se agregaría para dejar a los trabajadores con sus derechos a salvo, una vez que se escinda la sociedad, dado que procede que esto se contemple en esta ley, independientemente de que aparezca alguna mención en la Ley Federal del Trabajo y que a nuestro juicio la que aparece en la Ley Federal del Trabajo es insuficiente y sobre todo no contempla esta modalidad de escisión que es novedosa. Por tanto, el punto debe aparecer exactamente en la ley reglamentaria que está abordando las sociedades mercantiles. Ahí es donde debe plantearse en lo general, tal como lo propone la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y el inciso f que proponemos, para no dejar en indefensión a los trabajadores, es:"f) El convenio celebrado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje respectiva, en el que se determinen las obligaciones laborales que por virtud de la escisión asuma cada una de las sociedades escindidas".
Quiero decirles que en medio de donde vengo, que es la industria de la construcción, es muy común apreciar que muchas empresas, en ocasiones aprovechando los recovecos de la ley o las omisiones, escamotean los derechos a sus trabajadores, simplemente cambiando de nombre. Esto es un hecho que se puede documentar, existen estadísticas incluso y quienes han trabajado acá y están presentes en la Secretaría de Trabajo, conocen a fondo esto y los que estén también en la Cámara de la Industria de la Construcción y en otras similares y que realizan este tipo de movimientos, también lo conocen. Es una injusticia que se puede corregir si antes de la escisión se establece un convenio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en ello las sociedades derivadas, pueden plantear sí aceptan firmar un contrato colectivo con los mismos trabajadores, no lo aceptan, lo trabajadores son liquidados etcétera.
Esto es importante, sobre todo en los aspectos que se refieren a la antigüedad y a las prestaciones que se derivan de ellas.
La siguiente propuesta es el inciso g y que se refiere a los derechos de los acreedores.
En esencia está bien que la sociedad que se escinde diga: les voy a pagar a todos, las sociedades derivadas les van a pagar a todos a los que yo les debo, pero el problema es que tiene que haber instancias y procedimientos que garanticen, porque como dicen por ahí, "papeles hablan" y entonces que tiene que haber un pacto del acto del pago de la deuda; es decir, tiene que haber un cambio de documentación, en donde las sociedades nuevas se comprometan a las modalidades que tendrán que adoptar para pagar y eso tiene qué ver con sentimiento del acreedor, en las modalidades que va a adoptar el pago.
Esto también planteamos que se incorpore como requisito, por eso decimos que se agregue el inciso g, que diría: "Si se pactara el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de escindirse o se constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito, o constare el consentimiento de los acreedores. A este efecto las deudas a plazo se darán por vencidas. El convenio o certificado en que se haga constar el pago o el depósito, deberá ser exhibido ante notario público".
Y por último, proponemos una adición al artículo 228 - bis, fracción IV, la fracción VI; esto es más
bien un asunto de sintaxis y que queda mejor ordenado, sobre todo porque se aclara qué es lo que resuelve la sentencia ejecutoria, le da un orden y permite claridad. Dado que las sintaxis puede presentar confusiones y aparecer como contrario lo que es correcto, por lo tanto planteamos que la redacción quede de la siguiente forma: "Durante el plazo señalado, cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el 20% del capital social o cualquier acreedor que tenga interés jurídico, podrá oponerse judicialmente a la escisión, misma que se suspenderá hasta que cauce ejecutoria la sentencia que declare. La sentencia tiene que declarar cualquiera de las tres cosas siguientes: que la oposición es fundada, eso lo puede decir la sentencia, que es infundada o que se llegue a convenio, siempre y cuando quien se oponga diere fianza bastante para responder a los daños y perjuicios que pudiera causarse a la sociedad con la suspensión".
Y agregamos un último párrafo que diría: "La fianza de que habla el párrafo anterior no será exigible cuando la suspensión la soliciten los trabajadores", y esto en atención justamente a que los trabajadores también pueden exigir la suspensión de la escisión, porque puedan sentirse afectados en sus derechos laborales, o porque justamente no se haya establecido con precisión el convenio ante la Junta de Conciliación, de cuáles van a ser las condiciones en que van a quedar las relaciones laborales de la empresa madre, en relación con las empresas derivadas. Muchas gracias. (Aplausos).
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Silvestre Fernández.
El diputado Silvestre Fernández Barajas: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En atención a lo avanzado de la hora y a que esta iniciativa en su dictamen me parece que ha sido ya suficientemente discutida, solamente les rogaría a ustedes su comprensión para hacer algunos comentarios al respecto.
Es si duda que en la interrelación que tenemos hoy en día en un mundo cambiante, en donde tenemos que ajustar más rápidamente que antes nuestras disposiciones y nuestras formas de actuar en la economía, es por ello que en esta iniciativa se plasman por primera vez en un intento de adecuar todo lo que es la ley en materia mercantil y que si bien es cierto, como aquí se ha reconocido que hay que ir al fondo en la revisión de toda la materia mercantil, éste nos parece que es un primer excelente avance.
El hecho de que haya sido un clamor fuerte por parte de la sociedad respecto a avanzar importantemente en la simplificación administrativa, encontramos en esta iniciativa, el hecho de que al suprimir, por ejemplo, el requisito de la orden judicial para registrar en el Registro Público de la Propiedad una sociedad que en la práctica ni siquiera se llevaba a cabo; el reducir el número de socios de cinco a dos y llevar a la práctica la realidad de que para que una sociedad se necesitan dos socios y de ahí no hay un límite, puede llegarse a un número mayor; la adecuación monetaria del capital para respaldar precisamente las operaciones financieras y hacer más real una sociedad; el que haya un trámite de un acuerdo sin necesidad de celebrar una asamblea, por unanimidad de los socios; las modificaciones a la Sociedad de Responsabilidades Limitada y el tema que más se ha debatido aquí, de la escisión.
En todo esto nosotros vemos que los cambios son apoyados por un importante número de la sociedad que los han visto con beneplácito, porque se hizo una consulta amplia y así, por ejemplo, para referirme solamente a algunos comentarios que aquí se hicieron, quisiera decirles que al mencionar que un gran número de empresas se iban a ver desamparadas y que un gran número de empresas iban a correr riesgo en este esquema de la escisión.
Tenemos documentos, tenemos manifestaciones de organizaciones empresariales, que al haber revisado esta iniciativa nos contestaron que no solamente la veían muy completa, sino que les agradaba que por primera vez diéramos un paso importante en esa simplificación administrativa.
De ahí que esto esté apoyado por un número muy importante de empresarios, a través precisamente de sus organizaciones empresariales.
También se refirieron a que no hay voluntad del Ejecutivo para cambiar el artículo 123 y yo quisiera recordar aquí que si alguien se ha opuesto a modificar el artículo 123, han sido precisamente los trabajadores, sus centrales obreras y sus representaciones.
Se ha mencionado que la comisión no actúa democráticamente, hemos tenido un sinnúmero de reuniones, en conferencia con el Senado, en el seno de nuestra Comisión de Comercio, en donde han participado representantes de todos los partido políticos; inclusive, el día que se votó la iniciativa, el dictamen de la iniciativa, se les preguntó a los que estaban en contra que nos manifestaran en ese momento por qué estaban
en contra, para dialogar, para tratar de llegar a un entendimiento, y nos dijeron que nos decían cuáles eran sus elementos que manejarían posteriormente en el pleno de la Cámara.
Que se ha aprobado con ligereza. Yo estoy en contra de ello. ¿Por qué¿ Porque se ha discutido bastante, porque se ha examinado, porque se ha consultado con organismos empresariales, se ha consultado con notarios públicos.
Y, por último, con todo respeto, compañeros del Partido de la Revolución Democrática, de verdad, con todo respeto, no tiene ninguna mala fe mi comentario, sabemos de la pluralidad que existe en el seno de su partido; sin embargo, nos extraña, nos llama la atención y no quiero dejar de mencionarlo, que en el Senado esta ley se votó unánimemente, que sus dos distinguidos senadores, Muñoz Ledo y Robles Garnica, votaron por esta iniciativa.
Por todo ello, compañeros de este pleno, de esta asamblea, señoras y señores diputados, yo quisiera suplicarles que consideraran este tema suficientemente discutido y que votáramos en favor de esta iniciativa por el bien de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Francisco Dorantes Gutiérrez:
- En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - ¿Quiere ser tan gentil, señor Secretario, de leer las propuestas? por favor.
El secretario Francisco Dorantes Gutiérrez: - Propuesta del diputado Hiram de León Rodríguez. Artículo 5o. Las sociedades se constituirán ante notario público y en la misma forma se harán constar sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando los estatutos y modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley o por otros ordenamientos legales aplicables. Se consulta a la asamblea en votación económica si se aprueba la propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Rechazada, señor Presidente.
Propuesta del diputado Hiram de León Rodríguez. Artículo 10. El notario hará constar en el instrumento correspondiente mediante la relación e inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones en lo conducente de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le corresponden al orden del que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración. El notario deberá dar fe asimismo bajo su estricta responsabilidad, de las aportaciones efectivamente realizadas en el momento de la constitución de la sociedad.
Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Rechazada, señor Presidente.
Propuesta de modificación al texto por el diputado Hiram de León Rodríguez. Artículo 62. El capital social nunca será inferior a la cantidad equivalente a la suma de 250 salarios mínimos diarios en el Distrito Federal, se dividirán en partes sociales que podrán ser de valor y categorías desiguales, pero en todo caso serán de mil pesos o un múltiplo de esta cantidad.
Se consulta a la asamblea en votación económica si se aprueba la propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Rechazada, señor Presidente.
Propuesta del señor diputado Hiram de León Rodríguez. Artículo 89 fracción II. Que el capital social no sea inferior a la cantidad equivalente a la suma de 3 mil 100 salarios mínimos diarios en el Distrito Federal y esté íntegramente suscrito.
Se consulta la asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Rechazada, señor Presidente.
Propuesta del diputado Hiram de León Rodríguez. Artículo 128 - bis. Se da la escisión en los siguientes casos:
a) Cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social, en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominada escindidas;
b) Cuando la sociedad escindente sin extinguirse aporta al bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación;
c) Cuando la sociedad escindente aporta más del 50% de su patrimonio a una o más sociedades existentes y
d) Cuando una sociedad denominada escindente aporta sus bienes a una sociedad existente y a una que se forme.
Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Rechazada, señor Presidente.
El secretario Atalo Sandoval García: - Propuesta del diputado Hiram de León Rodríguez.
"Artículo 228 - bis, fracción V. La resolución de escisión deberá protocolizarse ante notario público, debiendo incluirse el acta de la asamblea que acuerde la escisión, con sus anexos e inscribirse en el Registro Público de Comercio, asimismo de mayor circulación del domicilio del escindente, un extracto de dicha resolución que contenga por lo menos la síntesis de la información a que se refieren los incisos a y d, de la fracción IV de este artículo, indicando claramente que el texto completo se encuentra a disposición de socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad, durante un plazo de 45 días naturales contado a partir de que se hubiera efectuado la inscripción y ambas publicaciones."
En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta o se rechaza la propuesta hecha por el señor diputado.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Rechazada, señor Presidente.
Propuesta del diputado Hiram de León Rodríguez:
"Artículo 228 - bis fracción VI. Durante el plazo señalado, cualquier socio o tipo de socios que representen por lo menos el 20% del capital social o acreedores que tengan interés jurídico, podrán oponerse judicialmente a la escisión, la que se suspende hasta que cause ejecutoria la sentencia que declara que la oposición es infundada; se dice resolución que tenga por terminado el procedimiento, sin que hubiere procedido la oposición o se llegue a convenio, siempre y cuando quien se oponga diere fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse a la sociedad con la suspensión.
La suspensión del trámite de la escisión podrá concluir si se consigna o garantiza por la sociedad, en el juicio de oposición, el importe de los créditos del o de los acreedores que se hayan opuesto, más los accesorios legales del caso."
En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta o rechaza la propuesta hecha por el diputado Hiram de León Rodríguez.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Rechazada, señor Presidente.
El secretario José Marco Antonio Olvera Acevedo: - Propuesta del diputado Eloy Vásquez López, reforma al artículo 228 - bis, fracción IV, inciso b, para quedar como sigue:
"La determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asuma cada sociedad escindida, si una sociedad escindida incumpliera alguna de las obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión, responderán solidariamente ante los acreedores que no hayan dado su conocimiento expreso, la o las demás sociedades escindidas, durante un plazo de tres años contados a partir de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción V, hasta por el importe del activo neto exigible a la fecha de su escisión y los exigibles con posterioridad, será de tres años a partir de la fecha de la exigibilidad que les haya sido atribuido en la escisión a cada una de ellas. Si la escindente no hubiera dejado de existir, ésta responderá por la totalidad de la obligación."
En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta o se rechaza.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los señores diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se rechaza, señor Presidente.
Propuesta del diputado Eloy Vásquez López: Propuesta de adición al artículo 228 - bis, fracción IV inciso f, para quedar como sigue: "El convenio celebrado ante la Junta Federal Conciliación y Arbitraje respectiva, en el que se determinen las obligaciones laborales que por virtud de la escisión asuma cada una de las sociedades escindidas".
En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta o se rechaza la propuesta.
Los señores diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los señores diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se rechaza, señor Presidente.
Propuesta del diputado Eloy Vásquez López. Se adiciona el artículo 228 - bis, fracción IV, inciso g. "Si se pactara el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de escindirse, o se construyere el depósito de su importe en una institución de crédito o constare el consentimiento de todos los acreedores a este efecto, las deudas a plazo se darán por vencidas. El convenio o certificado en que se haga constar el pago o el depósito, deberá ser exhibido ante notario público".
En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta o se rechaza la propuesta.
Los señores diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se rechaza, señor Presidente.
Propuesta del diputado Eloy Vásquez López.
Artículo 228 - bis, fracción VI: "Durante el plazo señalado, cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el 20% del capital social, o cualquier acreedor que tenga interés jurídico, podrá oponerse judicialmente a la escisión, misma que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la imposición es fundada, que es infundada o se llegue a convenios siempre y cuando quien se oponga diere fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad con la suspensión. La fianza de que habla el párrafo anterior, no será exigible cuando la suspensión la soliciten los trabajadores".
En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta o se rechaza la propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlos. Se rechaza, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un sólo acto.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un sólo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 345 votos en favor y 18 en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 345 votos a favor, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
Continúe la Secretaría con los asuntos que tenemos en cartera, por favor.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
El secretario Alberto Alejandro Rébora González:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe lo que fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso al ciudadano Rodolfo González Salazar, para aceptar y usar la Condecoración de la Real Orden de la Estrella Polar, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Suecia.
La comisión Considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso
solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado b) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Rodolfo González Salazar, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Real Orden de la Estrella Polar en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Suecia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal a 22 de mayo de 1992. - César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, secretario, Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González, Díaz, José Antonio González, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Cresencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.
Segunda Lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El mismo Secretario:
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso al ciudadano Mayor de Infantería diplomado de Estado Mayor Víctor Manuel Esparza Ortega, para aceptar y usar la Medalla de Recomendación del Ejército, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y el tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado b) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Mayor de Infantería diplomado de Estado Mayor Víctor Manuel Esparza Ortega para que pueda aceptar y usar la Medalla de Recomendación del Ejército, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal a 25 de mayo de 1992. - César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, secretario, Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado,
Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Aviles, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Guillermo Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruíz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El mismo Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso al ciudadano vicealmirante ingeniero especializado Carlos Humberto Castro Sepúlveda, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado b) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano vicealmirante ingeniero especializado Carlos Humberto Castro Sepúlveda, para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal a 28 de mayo de 1992. - César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, secretario, Juan de Dios Castro Lozano, Secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruíz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo,
Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Aviles, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Guillermo Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruíz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uzcanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Atalo Sandoval García:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 19 de mayo del año en curso, la Cámara de Senadores remite expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a la ciudadana Remedios fabiana Vázquez Vargas, para que pueda prestar sus servicios en la embajada de la República de Finlandia, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 21 de mayo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará, serán de carácter administrativo en la embajada de la República de Finlandia, en México.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado b, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Remedios Fabiana Vázquez Vargas, para que pueda prestar sus servicios, en la Embajada de la República de Finlandia, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 23 de mayo de 1992. -Diputados; Presidente César Augusto Santiago Ramírez, secretarios Salvador Valencia Carmona; Juan de Dios Castro Lozano; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Aviles, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Floylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge
Uzcanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum y Efraín Zúñiga Galeana.»
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El mismo Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 20 de mayo en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se concede permiso a los ciudadanos Jesús Orozco Vázquez, Adela Adriana Rodríguez, Raúl Horacio Márquez Jasso, Victoria González Martínez, Genaro Martínez Nevárez, Martha Beatriz Tostado Peraza, Martha Catalina Acuña Santos, Ernesto Martínez Chávez y José Héctor Castañeda Minjares, como Empleados Consulares en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y Leonila Aguirre Barousse y Julieta Luna Amozurrutia como Auxiliares de Contabilidad en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Así como Ángel Abel Montiel Portillo, como empleado de Servicios Federales en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 26 de mayo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada y en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en México, y en Ciudad Juárez, Chihuahua respectivamente, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del Apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, está comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Jesús Orozco Vázquez, para que pueda prestar sus servicios como Empleado Consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Chihuahua.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Adela Adriana Rodríguez, para que pueda prestar sus servicios como Empleada consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Raúl Horacio Márquez Jasso, para que pueda prestar sus servicios como Empleado Consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Victoria González Martínez, para que pueda prestar sus servicios como Empleada Consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Genaro Martínez Nevárez, para que pueda prestar sus servicios como Empleado Consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad de Juárez, Chihuahua.
Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana Martha Beatriz Tostado Peraza, para que pueda prestar sus servicios como Empleada Consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Martha Catalina Acuña Santos, para que pueda prestar sus servicios como Empleada Consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo octavo. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Martínez Chávez, para que pueda prestar sus servicios como empleado consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano José Héctor Castañeda Minjares, para que pueda prestar sus servicios como empleado consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo décimo. Se concede permiso a la ciudadana Leonila Aguirre Barousse, para que pueda prestar sus servicios como auxiliar de contabilidad en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo decimoprimero. Se concede permiso a la ciudadana Julieta Luna Amozurrutia, para que pueda prestar sus servicios como auxiliar de contabilidad en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo decimosegundo. Se concede permiso al ciudadano Ángel Abel Montiel Portillo, para que pueda prestar sus servicios como empleado de servicios federales en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 27 de mayo de 1992. - Diputados; Presidente César Augusto Santiago Ramírez; secretarios Salvador Valencia Carmona; y Juan de Dios Castro Lozano; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Encinas Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Aviles, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, Juan Ramiro Robledo Ruiz, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Usianga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Adalberto Gómez Rodríguez, del grupo partidista del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los recientes sucesos ocurridos en la ciudad de Guadalajara.
El diputado Adalberto Gómez Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Me permito tomar la palabra rogando muy atentamente su atención, ya que vamos a abordar un asunto delicado que a todos atañe y como justa correspondencia a su amabilidad, procuraré hacerlo con brevedad y de una manera directa.
En los sucesos desafortunados, trágicos, que enlutaron a Guadalajara, a Jalisco y a México, se desata una crisis que ha sido, a nuestro juicio y me permito observar que hablo a nombre de
mis compañeros priístas de Jalisco, que ha sido, decía, debidamente atendida en un esfuerzo organizado y serio por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.
Evidentemente que ni todo es blanco, ni todo es negro. Hay logros que a fuerza de ser honestos tenemos que reconocerlos y valorarlos en su justa dimensión. Al día de hoy se han entregado 170 casas, se ha cubierto poco más del 50% de indemnización a vehículos dañados e igualmente esa misma cantidad, más del 50% a deudos por pérdida de vidas.
Quizá por mi formación de médico me lleve esto a hacer una similitud cuando mis maestros en la Facultad de Medicina nos decían que hay enfermos y no enfermedades; nos querían decir con esto que si bien una enfermedad tiene mucho en común en todos los casos, debemos tener siempre presente que cada enfermo tiene una particularísima problemática, cada enfermo es diferente a otro, aun en la misma enfermedad.
Esto me lleva a establecer una semejanza con la compleja problemática que se ha venido presentando para atender con prontitud, eficacia y respeto, cada uno de los casos.
Hay algunos, los conocemos, nos hemos acercado a profundizar en esa información y lo cito nada más como uno de los ejemplos demostrativos del asunto a que me refiero. De que alguien que falleció, la indemnización es reclamada por dos o tres familias, familias del difunto, es decir, en un hogar hay una familia en donde está un hijo, en otro hogar hay una familia en donde está la viuda y en otro lugar está algún sobrino o algún pariente que independientemente de su cercanía consanguínea, se siente con derechos a hacer estos reclamos, de tal suerte que este tipo de asuntos han venido deteniendo y de alguna manera entorpeciendo la agilidad que todos deseáramos con vehemencia para que a la brevedad todas estas incidencias fueran debidamente atendidas.
Hay otros reclamos muy concretos que han venido planteando los damnificados y que han dado origen a respuestas claras y favorables para sus intereses por ejemplo a través del Colegio de Ingenieros cuando en un principio se establecía una cantidad por daños materiales en las fincas y esta cantidad ha subido a 1 millón y hasta casi 1 millón y medio de pesos por metro cuadrado, en respuesta a los reclamos legítimos de los damnificados. Estas respuestas dejan claro no sólo una voluntad política, sino el afán y la obligación de dar respuestas claras y satisfactorias a los damnificados.
El domingo por la noche un grupo de algunas decenas de damnificados acompañados por asesores y por personas que solidariamente les acompañaron, ocuparon la plaza pública de la ciudad de Guadalajara, a nuestro entender en un acto legítimo de libertad y de derecho a reclamar lo que a su entender y a su juicio tiene derecho. Fueron desalojados con violencia por un grupo de desconocidos; si ustedes los conocen les ruego que lo aclaren en su oportunidad. (Aplausos.)
Nosotros, los diputados de Jalisco, rechazamos categóricamente la violencia verbal, física o de cualquier índole, como fórmula para resolver cualquier tipo de problemas y muy particular y especialmente este que nos ocupa y, como consecuencia de esa categórica declaración que ubica con toda exactitud y precisión el sentir y la actitud clara de los diputados priístas de Jalisco, apoyamos a las instancias de autoridad que corresponden hasta sus últimas consecuencias para la investigación, la búsqueda y en su caso la sanción que ameriten los responsables de esta tropelía.
Evidentemente que rechazamos nosotros esta violencia, lo hacemos congruentes con nuestras convicciones y nuestro compromiso con las clases populares y particularmente con los damnificados. Reiteramos igualmente a los diputados priístas de Jalisco nuestra confianza en que las instancias federales, estatales y municipales continúen de frente y con firmeza en la búsqueda de las mejores respuestas y de las mejores decisiones. Ayer el grupo pluripartidista que estuvo con el señor Procurador de la República y que participó muy activamente en cuestionamientos y planteamientos, estimamos que recibió las respuestas apropiadas al caso, la diputación de Jalisco lleva un seguimiento estrecho, responsable, de toda esta secuencia.
En suma, declaramos enfáticamente nuestro compromiso para que con claridad y justicia, se establezcan responsabilidades dentro de un marco apegado a la ley y al derecho.
Nunca y menos ahora, la violencia es aconsejable para resolver diferencias y problemas.
La Comisión de Gestoría de esta Cámara de Diputados, como consecuencia del punto de acuerdo aquí aprobado, ha estado atenta y activa y de hecho ya ha derivado algunas instancias, los reclamos que aquí fueron recibidos por una Comisión pluripartidista y que esta Comisión de Gestoría, con el más elevado sentido de
responsabilidad, continuará abierta y atenta a dar las mejores respuestas.
Finalmente, la diputación priísta de Jalisco, reitera su confianza en que la pujanza de los tapatíos, de los jalisciences y con la solidaridad de todos los mexicanos, podremos salir adelante con una actitud responsable, honesta, de la que dejamos huella y orgullo de lo que aquí hemos dicho y lo que vamos seguir haciendo por Jalisco. Muchas gracias.
El Presidente: - Para este mismo tema... sí, perdón; para rectificar hechos, tiene usted la palabra, señor diputado.
El diputado José Guadalupe Rodríguez Martínez: - Señoras y Señores diputados:
En rueda de prensa celebrada el día de ayer, de la que dan cuenta los diarios locales en el estado de Jalisco y los diarios nacionales, el gobernador interino Carlos Reguera Aceves, responsabiliza a Acción Nacional y a un servidor, de la agitación que se ha dado y que ha generado los sucesos a los que ya hacía referencia el diputado Adalberto Gómez Rodríguez.
Menciona el gobernador del estado de Jalisco, que un servidor estaba presente en un mitin realizado el pasado domingo en la Plaza de Armas de la capital del estado; ciertamente estuve ahí presente respondiendo a una invitación que hizo llegar a todas y queda claro que a todas las fracciones parlamentarias, un grupo de damnificados que estuvo presente aquí el jueves pasado.
Mitin por cierto en el que había un despliegue de agentes de gobernación y cuyas afirmaciones no han sido desmentidas hasta el momento. Por eso rechazamos a título personal y a nombre de Acción Nacional, enérgicamente, esta acusación.
No somos agitadores ni oportunistas; Acción Nacional ha dado testimonio de que ha actuado con responsabilidad en todo lo que ha acompañado a los sucesos del 22 de abril.
No es posible que en momentos tan importantes para Jalisco, se den este tipo de declaraciones, se dé esta conducta arbitraria e irresponsable; que recuerde el gobernador interino de Jalisco, que este tipo de afirmaciones y declaraciones costó la salida de quien hoy está ocupando él precisamente el puesto. De continuar así, no va a llegar lejos frente a una sociedad como la jalisciense, que ha tomado conciencia de su destino.
Se dieron los sucesos del desalojo violento en la madrugada de ayer lunes. Se ha mencionado como posibilidad de que quienes realizaron esta forma de represión, sean personas que posiblemente pertenecían a cuerpos de seguridad, no lo sabemos plenamente.
Acción Nacional exige una profunda investigación de estos sucesos y también reafirmamos la exigencia de que la investigación que ha sido lenta y que mencionamos era insuficiente respecto a lo que provocó la explosión del 22 de abril, siga adelante, vaya hasta las últimas consecuencias y se cite a todos los presuntos responsables, aun aquellos que están con licencia. El castigo político no les hace que dejen de responder a la justicia, por lo que en su momento fue negligencia criminal.
Acción Nacional insiste en que la reconstrucción que hoy exige Jalisco, debe ser plena, completa, integral. Ciertamente quizá se esté dando la reconstrucción material, pero más allá, hoy Jalisco exige la reconstrucción de la confianza a través de autoridades que adquieran legitimidad en su ejercicio y exige también legitimidad moral y exige también una reconstrucción moral, mediante la aplicación de la justicia.
Acción Nacional reitera su compromiso con la justicia y con el pueblo de Jalisco.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación de los damnificados en Guadalajara.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea:
En la política como en la moda, hay cosas que son del presente y cosas que son del pasado. No podemos tolerar un coletazo de los dinosaurios, que han usufructuado en Jalisco unos feudos para oprimir al pueblo de Jalisco.
Como aquí acaba de decir el vocero del Partido Acción Nacional y coincido con él, la ciudadanía de Jalisco, los ofendidos de Jalisco por el mal gobierno, se han puesto de pie, y como ciudadanos, los damnificados están reclamando su derecho.
Hay que distinguir entre lo que es una dádiva y lo que es un pago de una indemnización. Una dádiva se da como algo optativo, como una respuesta sin obligación para acudir a una necesidad del prójimo y la podemos hacer, la caridad,
con una intención recta o con una intención torcida. Si hacemos la caridad para ayudar al prójimo, es una acción recta; pero si hacemos la caridad para humillar al prójimo o para presumir e incrementar nuestra figura, esos fines desvirtúan el acto de caridad, pero lo que está reclamando la población de damnificados que se ha movilizado, no es un acto de caridad, ni menos un acto de caridad al estilo donde mezclándose la política gubernamental se mezcla la política de campaña priísta, para enredar en ese complejo que se llama solidaridad del Programa Nacional de Solidaridad, se integre a los que reciben un servicio público como clientes de un partido de gobierno o de un partido de Estado.
Las víctimas del percance no están reclamando caridad, ni tampoco están reclamando solidaridad a modo de una subordinación ciudadana, para vender su voto y su conciencia a una hegemonía monopólica en el poder político; lo que está reclamando es un pago y un pago se recibe con decoro y sin humillaciones.
Este pueblo que se ha movilizado, este pueblo que hizo un mitin de cuatro columnas, que concurrieron a la plaza pública a exigir el respeto de sus derechos como ofendidos, es una obligación que corresponde al gobierno ese pago.
En la ley se dispone que el gobierno responda y está obligado de manera subsidiaria, a los daños y deterioros que causen los gobernantes; los malos gobernantes tienen una obligación en primer término y, cuando se agote el patrimonio de los malos gobernantes, entonces el gobierno, como institución, tiene la obligación solidaria con los malos gobernantes, de resarcir a los damnificados y a los ofendidos.
Si por la gasolina, que fue el ingrediente de la explosión y, por el mal funcionamiento de los drenajes, que también son del gobierno, el gobierno está obligado, por el descuido criminal, imprudencia, la sordera, la negligencia extrema de los gobernantes, de los malos gobernantes que ha padecido Jalisco, a reclamar sus derechos. Quiere decir que ese pago comprende tres prestaciones y que son éstas: el pago al daño material, el pago al daño moral y el pago a los perjuicios, que son tres prestaciones a las que cada damnificado tiene derecho.
El pago moral es una compensación al sufrimiento de las víctimas y, el pago de los perjuicios es el pago que corresponde por la privación de un giro, de una ganancia lícita, porque esos daños fueron también graves daños a la economía de Jalisco.
Decíamos que Jalisco ha padecido una cadena de desgobierno y esa cadena de desgobierno, esa línea o modelo de manejar la política en Jalisco, ha hecho crisis. ¿Cuál es ese modelo? Ese modelo es un modelo de corporativismo, donde los ciudadanos están ninguneados; todos son ninguno y nadie es así mismo; todos pertenecen a un clientelismo que se les impone a nivel sindical, a nivel empresarial, a nivel ocupacional y entonces los señores de los feudos se reparten el pastel; aparentemente están en contradicción y los conflictos ideológicos los presentan como un simple escenario, pero en el fondo todos los beneficiarios de un mal gobierno que despoja a los jaliscienses del derecho cívico del sufragio. El derecho cívico del sufragio no es solamente el derecho a tener un buen gobierno, sino es el derecho que el pueblo tiene a ser gobierno.
No existe ninguna razón y se encuentra violándose la Constitución del estado de Jalisco, porque el licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, se ha colocado con un conjunto de atropellos y arbitrariedades, en la necesidad de entenderse que su ausencia no es transitoria, su ausencia es permanente y absoluta. ¿Por qué? Pues porque las damas hicieron una manifestación importante y fueron a reclamarle a Palacio de gobierno que cambiara el sistema de la policía, que cambiaría el sistema de la seguridad pública, que era un desastre, que la ciudad estaba en un incremento de delincuencia intolerable. En lugar de atender el justo reclamo de las mujeres, tomó razón de quiénes eran y les mandó un terrorismo fiscal para inspeccionar todas las empresas de estas familias. Un acto de represión arbitrario.
Es total del dominio público el nepotismo de haberse repartido la administración pública como una administración de familia; es evidente y aquí lo denuncié; que después de muchas luchas de los funcionarios judiciales de la República y de que se creó la carrera judicial y que se instituyó la independencia del Poder Judicial, al arribar al poder, desbarató toda la estructura del Poder Judicial para integrar sus pandillas.
Es manifiesta la absurda ley electoral de Cosío y la práctica electoral de Cosío, violentando las garantías electorales; son del dominio público las protestas que el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática hicieron en Jalisco en las últimas elecciones; es evidente el abuso de autoridad, cuando por tener por tres leyes la obligación de proteger a los vecinos que se quejaban de un riesgo inminente, les negó esa protección, los abandonó a sus suerte. Ese es el delito que se llama abuso de autoridad.
Y la explosión no es solamente una explosión que destruyó y que reclama, como aquí dijo el vocero del Partido Acción Nacional, una reconstrucción material. Hoy Jalisco está empeñado y sus ciudadanos adelante, los damnificados y los partidos que toman partido por la justicia cívica, estamos empeñados en rescatar el respeto de los derechos y de las instituciones que señalan nuestras leyes.
No existe ninguna acción de carácter violento, inspirada por los partidos de oposición. Estuvieron ahí presentes los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, igualmente por estar invitados y porque como partidos políticos que somos, tenemos la obligación de responder a la sociedad civil, de sus reclamos justos. No pretendemos intervenir en sus agrupaciones ni manipularlos para unos fines electoreros, tipo Programa Nacional de Solidaridad. Pura y simplemente con una hermandad de tapatíos y de ciudadanos, estamos viendo que de su causa es justa y que tienen derecho a un pago, no a una limosna.
Entonces, ésa es la razón por la cual los representantes de los partidos de oposición asistieron a estas reuniones ahí, pero el evento es un fenómeno que ya no es de este tiempo. Hay cosas irracionales que son de este tiempo, por ejemplo ésta, aquí las leyes se van a reformar así, el interés público y el interés privado, ¿cómo se relacionan? La propiedad social y la propiedad pública tendrán todas las modalidades que dicte el interés privado y, del interés privado tendrán preferentemente todas las modalidades que dicte el interés foráneo. Esa es una irracionalidad, es de este tiempo.
Hay otras irracionalidades, las sesiones maratónicas en que nos encontramos, pero son de este tiempo. Pero hay una irracionalidad que no es de este tiempo y esa irracionalidad se llama este empleo paramilitar de halcones, este halconazo que acaba de sufrir los cívicos ciudadanos que reclaman el respeto a sus derechos y el respeto de Jalisco a sus instituciones.
Entonces la Academia Jalisciense de Derechos Humanos ha hecho un informe de los eventos y ha manifestado en su informe que las personas que fueron a agredir fueron con sígilo, que se acercaron para destruir los campamentos que tenían los que ahí protestaban, para con los fierros golpearlos y golpearon a las familias y hay 10 víctimas, principalmente se encaminaron contra uno de los representantes de las calles más dañadas y perjudicadas, porque era una voz limpia, era una voz que no era manipulable y contra él fueron principalmente los golpes y hay por lo menos ocho personas lesionadas gravemente en este acto de represión política.
¿Qué es lo que está pasando en Jalisco? Lo que está pasando en Jalisco es una coyontura de irracionalidad que no corresponde y que no acomoda al estilo, a la modernidad, al ímpetu de cambios institucionales que el régimen está impulsando. Ahí hay una contradicción inter- Partido Revolucionario Institucional. No solamente hay una contradicción política entre nosotros que luchamos por el tránsito a la democracia y el régimen del monopolio del partido de Estado. Hay otra contradicción en Jalisco y esa otra contradicción en Jalisco son los señores de los feudos, son estos señores que entendemos dieron un coletazo, los dinosaurios de Jalisco dieron un coletazo, ¿por qué? Pues porque está perdiendo en control de sus intereses, de su pastel, ésa es la razón. Ellos quieren volverse a adueñar del poder, porque ciertamente es el poder entraba con algunas personas es un trato distinto y diferente.
Quiere decir que en primer término nosotros protestamos por el atropello que sufrieron los damnificados. Por un acto de represión que no es de este tiempo; eso es del pasado. Eso no se puede permitir. Formamos en el país cívicamente tres fuerzas; que de alguna o de otra manera dialogamos y nos entendemos, con civismo, en forma civilizada. Ese es el estilo al que hay que abrirle espacio. Eso ya no está bien.
Yo entiendo que dentro el mismo Partido Revolucionario Institucional hay personas que defienden el decoro de las instituciones. Eso, este paso regresivo, no procede, no corresponde. Ese es un paso incorrecto para el porvenir del país.
Entonces hay un problema político que se está entreteniendo y es un problema que nosotros en Jalisco debemos respetar la Constitución y la Constitución nos indica que cuando hay una falta absoluta de un gobernador, cuando existe la imposibilidad de que continúe en el gobierno y ésa es una imposibilidad cierta, de que Guillermo Cosío Vidaurri, pueda regresar al gobierno. Faltan tres años en el sexenio. Lógica y normativamente y con justicia, los ciudadanos de Jalisco lo mismo los del Partido Acción Nacional, lo mismo los del Partido de la Revolución Democrática y lo mismo los de todas las oposiciones cívicas, reclamamos que haya elecciones; tenemos derecho en Jalisco a tener un gobierno al que le tengamos confianza; tenemos derecho en Jalisco no solamente a seguir una persona,
sino a elegir el horizonte por el que queremos avanzar y Jalisco quiere avanzar por un aire limpio, por un aire que dé condiciones de vida y de desarrollo a toda la entidad.
Por lo tanto, esta voz es una voz de frente cívico; es la voz que el Partido Acción Nacional Levanta y es la voz que el Partido de la Revolución Democrática levanta; que seguramente levantarán también otras fuerzas en Jalisco; exigimos elecciones constitucionales ¿o a qué se tiene miedo? Que los ciudadanos no tienen derecho si es que vivimos en un república y la república por definición es una cosa de todos, es una omnicracia, entonces los atropellos los condenamos. Pero no solamente hubo atropellos físicos, hay un atropello a las instituciones y la reconstrucción que necesita Jalisco, es una reconstrucción también moral, es la reconstrucción cívica del respeto a sus leyes, del respeto a sus instituciones.
Y desde luego que no se puede gobernar en forma oscura. Todo tiene que ser transparente y estas administraciones que indemnizan, deben ser transparentes, humanizarse, quitarse de burocratismo, dar una respuesta inmediata.
El Presidente entregó 100 mil millones de pesos, si Petróleos Mexicanos entregó otro tanto, si el gobierno local y el ayuntamiento entregaron también cantidades, son 250 mil millones y los damnificados quieren indemnización a la que tienen derecho. ¿No tienen derecho de protestar? Si tienen derecho de protestar.
Lo que es ilícito es impedir lo lícito y es lícita la reunión y es lícita la protesta y es lícita la justa indignación. Hoy Jalisco siente justa indignación, pero va a reivindicar sus derechos; seguramente que los va a reivindicar y yo creo que incluso dentro del mismo Partido Revolucionario Institucional, hay sectores que consideran que esto es un camino torcido que ve al pasado. Gracias.
El diputado José Antonio Ruiz de la Herrán y Villagómez (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Si es tan amable, por favor, para rectificar hechos el diputado Ruiz de la Herrán.
El diputado José Antonio Ruiz de la Herrán y Villagómez: - Señor Presidente, con su venia; señoras y señores diputados:
Lo primero que yo quiero hacer en nombre de mi partido, es rechazar en toda forma el que de alguna manera se mezcle una campaña priísta con la tremenda desgracia de Guadalajara y, todavía mucho menos aceptar el concepto de caridad en lugar del de justicia, respecto a los programas de solidaridad allá en Guadalajara.
En relación con este terrible accidente, yo quisiera mencionar que cuando ocurre algo así tan grave, es imperativo llegar a conocer las condiciones, a veces originadas tiempo muy atrás, que pudieron dar lugar a un accidente como el que nos preocupa y nos ha enlutado.
Para ello es necesario investigar dos aspectos, dos vertientes muy distintas: una de ellas, el aspecto de la persona y las responsabilidades y, el otro aspecto, la otra vertiente es el analizar con todo cuidado, la parte material de los hechos, la forma como pudo haber ocurrido el accidente, analizarlo técnicamente con todos los medios a la disposición, para poder llegar al fondo de este tipo de problema y encontrar el diagnóstico exacto de por qué pudo producirse un accidente de tal magnitud.
Ahora bien, esto es difícil y más aun cuando ocurre una gran destrucción, como fue el caso de Guadalajara y que dentro de esa gran destrucción quedan los restos del inicio de lo que ocasionó ese accidente.
En días pasados, durante la reunión que se tuvo, una reunión por cierto muy plural, con los dirigentes de Petróleos Mexicanos, ya lo hemos comentado, el director y todos sus funcionarios explicaron con lujo de detalles, todos los sistemas, todas las normas de seguridad que se habían tenido desde mucho tiempo atrás en funciones y en ningún momento dijeron que se tuviera agotada ya la investigación, cosa que aún no ocurre y mucho menos que se tuviera un diagnóstico oficial.
Por otra parte hemos oído, desde el principio del accidente, versiones y cifras a veces inaceptables. Algún compañero diputado habló en los primeros días de una derrama de 20 millones de litros de gasolina. También se habló del error de destapar las coladeras de estos colectores y creo que todos sabemos que y hemos tenido la experiencia en nuestras casas, que cuando en la cocina huele a gas, lo primero que hay que hacer es abrir las ventanas, hay que disminuir la concentración de esta mezcla detonante que es la que puede causar una explosión, como la que ocurrió en Guadalajara. ¿Y en qué consiste una mezcla detonante? Consiste en la proporción adecuada de un vapor o de un gas combustible con la cantidad de oxígeno necesaria para que esta mezcla sea efectivamente detonante.
Otro punto que es muy difícil de explicar: ¿cómo podemos y esto para ilustrar la dificultad de llegar al fondo de una investigación en la que quedemos convencidos que conocemos realmente las causas del accidente, cómo se puede explicar en hecho de que a pesar de que ocurrieron varias explosiones y de que se ha hablado de ríos de gasolina corriendo por estos colectores, no haya ocurrido ningún incendio?
Si hay una explosión y hay gasolina líquida, obviamente se tiene que generar uno o varios incendios y no hubo ningún incendio. ¿Cómo puede explicarse esto? Hay que investigarlo.
La primera explicación que se nos ocurre a todos, es que no había gasolina regada en forma líquida. Esto sería tal vez porque los barridos que se hicieron con agua hayan desplazado a la gasolina.
Si la explicación no es satisfactoria, que no lo es a primera vista, tenemos que llegar al fondo y encontrar una que sí lo sea; pero no la tenemos todavía.
Por otra parte, se presenta el problema de informaciones que hemos estado escuchando, que hemos leído y que... Aquí tengo una nota que apareció hace unos días y dice "que a las 12.00 horas del día del accidente, el 22 de abril al cerrarse la válvula de recibo en la terminal 18 de marzo oigan ustedes se incrementa la presión de un valor de 14 kilogramos por centímetro hasta uno de 11". Se incrementa de 14 a 11, ésta es una información equivocada.
Pero la nota sigue diciendo: "...posteriormente va disminuyendo hasta alcanzar un valor de 18.5 kilogramos".
Lo que quiero decir con este ejemplo y con otros que tengo aquí a la mano, es que no podemos confiar en informaciones que no sean oficiales y para tener informaciones oficiales debemos de realmente haber llegado al final de las investigaciones técnicas, de las investigaciones que hacen los expertos en ese tipo de accidente.
No tiene ningún caso y es además perjudicial el pretender dar cifras o explicaciones cuando aun no se tiene el fondo del asunto, cuando aun no se ha llegado a entender claramente como pudo ocurrir este accidente.
Y así paralelamente a las investigaciones, tenemos también la necesidad de llegar realmente al fondo de esto para que lo más importante, que se acaba de mencionar hace un rato, el pasado y el presente, yo quisiera mencionar el futuro. Yo creo que lo que podemos sacar realmente de ventaja de que no pueda volver a ocurrir un accidente como el pasado, es el que efectivamente se conozcan esas causas y se llegue al fondo de las investigaciones.
Mientras que ésas no se lleven a cabo hasta sus últimas consecuencias, no podemos afirmar ni quiénes son los exactamente responsables, ni cuáles fueron exactamente las causas para que este accidente no se vuelva a repetir.
En este sentido me parece que las autoridades, me parece que los investigadores que se han contratado, están haciendo el esfuerzo adecuado y se han tomado las medidas necesarias para llegar efectivamente, repito, al fondo del asunto.
En este sentido, nuevamente quiero insistir en que me parece realmente importante en que consideremos el hecho de que un accidente tan terrible como el de Guadalajara, tiene que aclararse hasta sus últimas consecuencias y con esto podremos realmente decir que hemos hecho una labor correcta nosotros los mexicanos.
En todo lo que tengo que comunicar y lo que sí vuelvo a rechazar es cierto tipo de acusaciones en el sentido de que el Partido Revolucionario Institucional tenga algo qué ver, o que tenga alguna relación el hecho de campañas políticas o el hecho del trabajo excelente que se hace con el Programa Nacional de Solidaridad y que se pretenda sacar alguna ventaja en este sentido. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Señor Secretario, continúe con los asuntos que tenemos en cartera, por favor.
El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul):- ¡Para hechos!
El Presidente: - ¿Para rectificar hechos?
El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul): - ¡Sí!
El Presidente: - Pase usted, por favor.
El diputado Eloy Vásquez López: -Gracias, señor Presidente.
Es una verdadera lástima que el Partido Revolucionario Institucional tenga que recurrir a empeñar el prestigio de un científico destacado, como es el diputado que me acaba de anteceder, para intentar desviar el contenido de un debate. (Aplausos.)
Si hubiera qué discutir sobre cifras aceptables, tendríamos que preguntar: ¿Qué es lo aceptable para el Partido Revolucionario Institucional?, ¿224 muertos es una cifra aceptable?, ¿1 mil 500 casas destruidas, 1 mil 500 negocios destruidos, es una cifra aceptable?, ¿600 automóviles despedazados, volcados, algunos sobre las azoteas de los edificios o de las casas, les parece una cifra aceptable?, ¿qué es lo aceptable?, ¿15 lesionados en el desalojo?, ¿un hombre conmocionado?, ¿son estas cifras aceptables?
En la averiguación previa 392/92 del Ministerio Público de Guadalajara, existen ya declaraciones de los desalojados, en ellas señalan que fueron atacados por un grupo paramilitar con muchachos de pelo corto, vestidos con botas militares, que los condujeron a la procuraduría, a las inmediaciones de la procuraduría, y que de ahí se metieron algunos y salieron con uniformes de seguridad pública. Esto consta ya en declaraciones de los afectados.
¿Cuántas declaraciones le parecerían al Partido Revolucionario Institucional que serían la cifra aceptable de declaraciones?
El Presidente: - Señor diputado, ¿aceptaría una interpelación?
El diputado Eloy Vásquez López: - Sí.
El diputado José Antonio Ruiz de la Herrán y Villagómez (desde su curul): - La única interpelación que quiero hacer es que no acepto de ninguna manera que se califique mi intervención en forma alguna, relacionándola más que con los conocimientos que tenemos y con mis propias convicciones. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Eloy Vásquez López: -Le agradezco la aclaración al señor diputado y además invito a los señores del resto de la diputación priísta, a venir a debatir al tema y el tema es el gobierno interino de Jalisco y su actitud frente al derecho de manifestación y su actitud frente a los derechos de los damnificados. Ese es el tema, independientemente de los aspectos técnicos que representa la explosión misma. (Aplausos.)
Quiero decirles que la experiencia también que tenemos es que muchas un gobernador interino, surgido de una decisión autoritaria del centro, después de un gobierno inepto, en ocasiones se torna más represivo y más antidemocrático que el propio gobernador que le precedió. El ejemplo más claro lo tuvo el estado de Oaxaca, cuando fue gobernado después de la caída de Manuel Suárez de Aquino. Por Eliseo Jiménez Ruiz, quien convirtió al estado en un estado desestabilizado, con una oposición reprimida, con asesinato selectivo, con encarcelados y una serie de actos represivos que...
El tema, señores, es ése, ¡el tema es que Ribera Aceves puede resultar un gobernador más antidemocrático, más autoritario, menos sensible y más inepto que el mismo Cosío Vidaurri¡
(Aplausos.)
Y quiero decir una cosa: la Plaza de Armas de la ciudad capital de cualquier estado de la república tiene que ser el lugar más seguro para cualquier ciudadano. Si no lo es, entonces el gobierno es un inepto que no sabe garantizar la seguridad pública de la ciudad capital y de eso podemos acusar ya al gobierno de Rivera Aceves; no garantiza porque no sabe quién le pega a un grupo de damnificados a media noche en la Plaza de Armas de su estado, no sabe garantizar la seguridad pública, ignora quiénes fueron.
Si ésa es la versión que viene a defender aquí el Partido Revolucionario Institucional, entonces lo que debe hacer es destituir a su gobernador. Un gobernador que no se entera de lo que pasa enfrente de su Palacio de Gobierno, no merece gobernar un Estado. (Aplausos.)
Pero no fue así, porque conocemos la historia y es una lástima que venga aquí a empeñarse personalidades como la de un señor que fue responsable de la fracción parlamentaria de priístas en Jalisco en el Congreso Local; después la historia aclara las cosas, ahí están los testimonios del 10 de junio, ahí están las declaraciones mismas de Martínez Domínguez; es cierto que en el momento los hombres tienen que responder de una manera en ocasiones táctica y es aceptable que venga el partido oficial a defender la personalidad de su gobernador; lo que es inaceptable es que traten de cubrir los hechos echándole simplemente humo sabiendo que mañana se van a aclarar las cosas, va a haber quien diga, quien declare que fueron neohalcones los que realizaron el acto represivo en contra de los damnificados.
Por ese motivo nosotros manifestamos: o por ineptitud o por antidemocracia y autoritarismo el gobierno de Rivas Aceves ha perdido ya legitimidad en Jalisco. Por eso el Partido de la Revolución Democrática hoy, a través de un desplegado, demanda la renuncia de Carlos Rivera Aceves, como gobernador interino y la renuncia y castigo al gobernador con licencia, Guillermo Cosío Vidaurri y la realización de elecciones
libres y transparentes en Jalisco. Ese es el punto; los ciudadanos de Jalisco, como ya se dijo aquí, tienen derecho a elegir a un gobernador, no se vale que el gobierno y que el partido oficial escamoteen el recurso constitucional de las elecciones extraordinarias simplemente porque pueden perder las elecciones. (Aplausos.)
De igual manera me solidarizo y mi partido también, con las preocupaciones del maestro José de la Herrán, en el sentido de que se llegue a fondo en la investigación de los hechos y se establezcan responsabilidades, estamos seguros que al final a pesar de que su hermano Carlos lo quiera cubrir, va a salir la responsabilidad de Francisco Rojas, actual director de Petróleos Mexicanos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado José Bañuelos.
El diputado Juan José Bañuelos Guardado:- Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Pareciera, con los argumentos que se han venido a dar aquí, que hay un propósito demencial de ocultar la verdad sobre los acontecimientos de Guadalajara. Quisiera recordar a esta asamblea que al día siguiente del trágico suceso de Guadalajara, la fracción priísta de diputados jaliscienses propuso un punto de acuerdo con tres puntos esenciales; primero, que se investiguen los hechos; segundo, que se deslinden responsabilidades y, tercero, que se castigue a quienes resulten responsables. Los diputados priístas y particularmente los diputados jaliscienses, seguimos sosteniendo esta tesis.
A partir de estos trágicos acontecimientos en Guadalajara, ha surgido la indignación justa; en Guadalajara ha surgido un reclamo de justicia que reconocemos propio de los afectados; en Guadalajara ha surgido también una irracionalidad de la que habla el maestro González Durán, que nos lleva a veces a plantear públicamente unas cosas y por abajo hacer cosas que definitivamente las contradice.
Los damnificados jaliscienses no necesitan la tutoría de los partidos políticos para reclamar con exigencia real sus derechos y así lo están haciendo.
Se han constituido cuadra por cuadra con representantes para reclamar los daños ofrecidos. El Presidente de la República autorizó partidas para indemnizar con justicia los daños ocasionados.
No son caridades, no es humillación, pero esta asamblea puede comprender con claridad que este asunto no se puede resolver con la misma velocidad de la explosión.
Cada damnificado exige que sea valuado su terreno, que sea revaluado su menaje de casa y también consideramos que hay daños que nunca se podrán reparar.
Muchos son los damnificados que han firmado ya los convenios consecuentes, muchos son también los damnificados que consideran que la oferta que se les hace no es suficiente ni satisface sus requerimientos y se han establecido mecanismos de negociación adecuados, para paso a paso y persona a persona atender cada una de estas cuestiones.
El reclamo de justicia está siendo atendido; considero que en esta tribuna, debemos antes que nada, venir con el propósito honesto de plantear las cosas como son.
No rehuimos el debate, no pretendemos defender a priori a quienes pudiera resultar culpables, pero no queremos tampoco culpar a quienes pueden ser inocentes.
La Procuraduría de Justicia ha iniciado un voluminoso expediente de averiguaciones en donde consta a todos, quienes estuvimos ayer con el Procurador, la grave dificultad que entraña conocer la verdad y por lo tanto deslindar la responsabilidad.
Se ha dicho que será llamado a declarar al propio gobernador Cossio Vidaurri y creemos que es necesario porque su declaración contribuirá a la aclaración de los hechos.
Se ha dicho que podrán llamarse a otros funcionarios y consideramos que esto también es importante para que podamos llegar al esclarecimiento de la verdad y por el camino de la verdad, alcanzar la justicia, pero también quienes estamos cercanos a los acontecimientos de Guadalajara, nos dimos cuenta de la agresión que padecieron los compañeros que con justo derecho reclaman ser escuchados.
Fue precisamente el diputado Adalberto Gómez Rodríguez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y de Jalisco, quien vino a denunciar los hechos y a manifestar su reprobación; reprobación que ahora ratifico, porque considero que no hay nada que pueda justificar una agresión violenta contra quienes están reclamando con justicia los daños que les han sido ocasionados.
Por esta razón pensamos que debemos volver a la racionalidad. Este no debe de ser un problema que enarbolemos como bandera egoísta y con propósitos electorales. Que se haga lo que se tenga que hacer, que la Procuraduría llegue hasta donde tenga que llegar. Lo que nosotros pedimos en el caso de Jalisco es que haya justicia y que nadie se aproveche del dolor de los demás.
El Presidente:- Continúe la Secretaría con los asuntos que estén en cartera.
El secretario Francisco Dorantes Gutiérrez:- Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
El Presidente:- Estamos con los asuntos en cartera, señor Secretario, por favor.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):- Señor Presidente, para hechos.
El Presidente:- Sí, compañero, nada más que ya habíamos dejado un momento para que nos dijeran y no se levantaban, pero si la asamblea acepta, no veo ningún problema para continuar. Vamos a dar la palabra al compañero para rectificar hechos y me gustaría si hubiera alguna persona más que quisiera hacerlo, se anotara con tiempo para esto, por favor.
El diputado Guillermo Flores Velasco:- Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
El asunto que vengo a tratar no es el relativo al punto anterior, al punto inmediato anterior que estábamos viendo sobre Jalisco, sino se refiere de alguna manera a los resultados de la votación que hicimos sobre la Ley de Sociedades Mercantiles.
Ya anteriormente hemos planteado un conjunto de inconvenientes de que no se realizan adecuadamente las votaciones. Lo hicimos en el período ordinario de diciembre, en donde incluso nuestra mesa directiva presentó una enérgica protesta.
Hace rato tuvimos el seguimiento de la votación. Resulta que la Secretaría aquí informa que se tuvieron a favor del dictamen 341 votos, cuando en realidad se tuvieron 242, porque estuvimos siguiendo paso a paso esta votación y en contra se registraron 18 y nosotros registramos 21 compañeros.
Creemos y el Partido de la Revolución Democrática hace esta denuncia, para corregir esto en el futuro, ya está asentado en el acta y no queríamos dejar pasar esta oportunidad. Muchas gracias.
El Presidente:- Tomamos en cuenta su intervención, señor diputado.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Francisco Dorantes Gutiérrez:- Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LV Legislatura.-
Orden del día
4 de junio de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del estado de Yucatán.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano George Pulford Núñez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Real orden de la Estrella Polar, en grado de Encomienda, que le confiere el gobierno de Suecia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano doctor Pedro Lavalle Aguilar, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la república francesa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Levy García, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Colombia, en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Ariadna Ruiz
Mendiola para que pueda prestar servicios como Asistente Comercial y Norma Angélica Ocampo Salgado como Programador de Computadoras en la Embajada de los Estados Unidos de América, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Felícitas Esther Pliego Rayas, para que pueda prestar servicios como Asesora de Prensa e Información en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, con Proyecto de Ley Minera.
Intervención a cargo del ciudadano diputado Emilio Badillo Valseca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre un asentamiento irregular en la Rivera del Río Atoyac, San Martín Texmelucan, Puebla.
Intervención del ciudadano diputado Esteban Zamora Camacho, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre los recientes sucesos ocurridos en Culiacán, Sinaloa.
Comentarios a cargo del ciudadano diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre acciones de la Policía Fronteriza de los Estados Unidos de América, en territorio nacional.
Comentarios a cargo del ciudadano diputado Jorge Tovar Montañez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la instalación de una planta de desechos tóxicos en las cercanías de la frontera norte.
Dictámenes de Primera Lectura con los que la Secretaría dé cuenta.
El Presidente (a las 0.15 horas):- Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 4 de junio a las 11.00 horas.