Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19920609 - Número de Diario 16
(L55A1P1oN016F19920609.xml)Núm. Diario: 16ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Juan Moisés Calleja García
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I MÉXICO, D.F., martes 9 de junio de 1992 No. 16
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
OFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Por el que se remiten las cuentas de la Hacienda Pública Federal y la del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y uno. Se turnan a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la del Distrito Federal, respectivamente y, ambas, a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
LEY DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL
El diputado Marco Antonio Fajardo Martínez, quien presenta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio y al Código de
procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal presenta por él. Se turnan a las comisiones de Justicia y del Distrito Federal.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DEL SEGURO SOCIAL
De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforman y adiciona el artículo ciento sesenta y ocho de la Ley del Seguro Social.
NUEVA UNIDAD DEL SISTEMA MONETARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se crea una Nueva Unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos.
LEY MONETARIA
Reformas y adiciones a diversas disposiciones de la misma.
LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR
De las Comisiones unidas de Comercio y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley Orgánica del Banco de Comercio Interior.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (I)
LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. No habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva. Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto de reformas y adiciones a dicha ley. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ZONAS DE RESERVA ECOLÓGICA
Proposición presentada por el diputado Fernández Lerdo de Tejada.
Expresan sus opiniones al respecto, los diputados:
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Salvador Abascal Carranza
José María Téllez Rincón.
En votación económica se aprueba la proposición del diputado Lerdo de Tejada.
CUMBRE MUNDIAL DE LA TIERRA
Punto de acuerdo respecto de la Cumbre Mundial de la Tierra que se lleva a cabo en Río de Janeiro, Brasil, presentado por la diputada Clara Mejía Guajardo. Se turna a las comisiones de Relaciones y de Ecología y Medio Ambiente.
DESECHOS TÓXICOS EN LA FRONTERA NORTE
Hace uso de la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez, para hacer comentarios respecto de la instalación de una planta de desechos tóxicos en las cercanías de la Frontera Norte. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores, de asuntos ´ Fronterizos y de Ecología y Medio Ambiente.
ACCIONES DE LA POLICÍA FRONTERIZA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Ramírez Cuéllar, quien se refiere a la violación del territorio nacional por policías fronterizos de los Estados Unidos de América y hace una proposición que se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores, de Asuntos Fronterizos y de Derechos Humanos.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (II)
LEY DEL SEGURO SOCIAL
De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo ciento sesenta y ocho de la Ley del Seguro Social, al que se dispensó la primera lectura al principio de la sesión.
Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los diputados:
Hildebrando Gaytan Márquez en contra.
Miguel Ángel Sáenz Garza en pro.
Luis Raúl Alvarez Garín en contra.
Julieta Mendivil Blanco en pro.
José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra para fundamentar el voto de su partido.
RECESO
Continúan debatiendo los diputados:
Evangelina Corona Cadena en contra.
Rafael Fernández Tomás en pro.
Juan Jacinto Cárdenas García en contra.
Rafael Gilberto Bernal Chávez en pro.
Nicolás Olivos Cuéllar en contra.
José María Téllez Rincón para rectificar hechos.
Francisco Dorantes Gutiérrez para fundamentar el voto de su partido.
Adalberto Gómez Rodríguez en pro.
Alfredo Lujambio Rafols para rectificar hechos.
Guillermo Flores Velasco en contra.
José María Téllez Rincón.
Juan Moisés Calleja García en pro.
En votación económica desecha la proposición del diputado Gaytan Márquez.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 168. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CONDECORACIONES
De la Comisión de Gobernación de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso necesario para que el ciudadano George Pulford Núñez, pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Suecia. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Comisión de Gobernación de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso necesario para que el ciudadano Pedro Lavalle Aguilar, pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República Francesa. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
NOMBRAMIENTO
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso necesario para que el ciudadano José Jesús Levy García, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, Jalisco. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso necesario para que las ciudadanas Ariadna Ruiz
Mendiola y Norma Angélica Ocampo Salgado, puedan prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso necesario para que la ciudadana María Felícitas Esther Pliego Rayas, pueda prestar sus servicios en la Comisión de las comunidades Europeas en México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DÍA DE LA LIBERTAD DE PRENSA
Para expresar sus opiniones respecto de la celebración del Día de la Libertad de Prensa, hacen uso de la palabra los diputados:
Agustín Basave Benítez
Humberto Pedro Flores Cuéllar para rectificar hechos.
Oscar Pimentel González para rectificar hechos.
Humberto Pedro Flores Cuéllar para rectificar hechos.
Oscar Pimentel González para contestar alusiones personales.
Gonzalo Altamirano Dimas
Juan Jacinto Cárdenas García
René Bejarano Martínez
José María Téllez Rincón para rectificar hechos.
Cesáreo Morales García
ESTADO DE PUEBLA
Se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Badillo Valseca quien denuncia un asentamiento irregular en la ribera del Río Atoyac, en San Martín Texmelucan, Puebla.
Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, hace uso de la palabra la diputada Julieta Mendivil Blanco
Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, de Asentamientos Humanos y de Asuntos Hidráulicos.
ESTADO DE MÉXICO (I)
Hacen uso de la palabra los diputados:
Juan Hernández Mercado
José Benigno López Mateos
Francisco Dorantes Gutiérrez para rectificar hechos.
Julio César García Hernández para rectificar hechos.
Salvador López Sánchez
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Para denunciar hechos en el municipio de Salinas, San Luis Potosí, hace uso de la palabra el diputado Miguel Martínez Mireles.
Para expresar sus opiniones al respecto, los diputados:
Horacio Sánchez Unzueta
Francisco Jaime Salazar Sáenz
ESTADO DE MÉXICO (II)
Con el fin de expresar sus opiniones respecto a la marcha por la democracia y los hechos ocurridos en el municipio de Netzahualcóyotl, México, hacen uso de la palabra los diputados:
José Salinas Navarro
Julio César Hernández para rectificar hechos.
Francisco Dorantes Gutiérrez para contestar alusiones personales.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO PABLO EMILIO MADERO BELDEN
El Presidente: -Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta presidencia, el resultado cómputo de asistencia de registro de firmas de los diputados para conocer si existe el quórum reglamentario.
El Secretario Lucas Arián Del Arenal Pérez: - Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 401 diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente (a las 11.55 horas.): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El Secretario Lucas Adrián Del Arenal Pérez: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo período de sesiones Ordinarias.- Primer año.- LV Legislatura.
Orden del día
9 de junio de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remiten la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1991 y cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio Fiscal de 1991.
Iniciativas de ciudadanos diputados
Reformas y adiciones a la Ley de Régimen de Propietarios en Condominio y al Código de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal, del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional.
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones de Trabajo y previsión Social y de Seguridad social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 168 de la ley del seguro Social.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el cual se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos y de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos.
De las comisiones unidas de Comercio y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley orgánica del banco Nacional de Comercio Interior.
Dictámenes a discusión
De la Comisión del distrito federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Proposición que presenta el diputado Fernando Lerdo de Tejada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con relación a la preservación de las zonas de reservas ecológicas en el Distrito Federal.
Comentarios del grupo partidista del Partido Popular Socialista, sobre la Cumbre Mundial de la Tierra que se realiza en río de Janeiro, Brasil.
Comentarios a cargo del ciudadano diputado Jorge Tovar Montañez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la instalación de una planta de desechos tóxicos en la cercanía de la frontera norte.
Comentarios a cargo del ciudadano diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre acciones de la policía fronteriza de los Estados Unidos de América, en territorio nacional.
De la comisión de Gobernación y puntos constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano George Pulford Núñez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Real Orden de la Estrella Polar, En grado de encomienda, que le confiere el gobierno de Suecia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano doctor Pedro Lavalle Aguilar, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República francesa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José de Jesús Levy García, para desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Ariadna Ruiz Mendiola y Norma Angélica Ocampo Salgado, para que puedan prestar servicios como asistente comercial y programador de computadoras, en la embajada de Estados Unidos de América, en México, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Felicitas Esther Pliego Rayas, para prestar servicios como asesora de Prensa e Información en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
Intervención del ciudadano diputado Agustín Basave Benítez del grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional, para conmemorar el día dedicado a la Libertad de Prensa.
Intervención a cargo del ciudadano diputado Emilio Badillo Valseca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre un asentamiento irregular en la rivera del río Atoyac, San Martín Texmelucan, Puebla.
Intervención del ciudadano Diputado Esteban Zamora Camacho, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre los recientes sucesos ocurridos en Culiacán Sinaloa.
Comentarios del ciudadano diputado Alfredo Lujambio Rafols, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la contaduría Mayor de Hacienda.
Denuncia que presenta el grupo parlamentario de la Revolución Democrática, sobre la situación del municipio de Guayacocotla, Veracruz.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, acerca de la marcha por la Democracia y dignidad Mexiquense.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El Secretario Lucas Adrián Del Arenal Pérez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día 4 de junio de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado
Héctor Morquecho Rivera
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas, con una asistencia de trescientos ochenta y un diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, en virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios han recibido copias del acta de la sesión anterior y ninguno la impugna la Asamblea dispensa la lectura a ese documento y después lo aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una comunicación del Congreso del Estado de Yucatán, por la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Se concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de adiciones al Código de Comercio. La Asamblea le dispensa todos los trámites y el Presidente concede el uso de la palabra al diputado Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro de la iniciativa.
Suficientemente discutida, la secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos sesenta y ocho votos. Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
Hace uso de la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Se da primera lectura a un dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Cinco dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: George Pulford Núñez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Suecia; Pedro Lavalle Aguilar, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Francesa; José de Jesús Levy García, pueda aceptar y desempeñar el puesto de cónsul honorario de Colombia, en Guadalajara, Jalisco; Ariadna Ruiz Mendiola y Norma Angélica Ocampo Salgado, puedan prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y María Felicitas Esther Pliego Rayas, pueda prestar sus servicios en la Delegación de la Comisión de Comunidades Europeas en México. Son de primera lectura.
En virtud de que los señores diputados han recibido copias de dictamen de la Comisión de patrimonio y Fomento Industrial, con proyecto de Ley Minera, la Asamblea dispensa la segunda lectura y el Presidente concede el uso de la palabra al Diputado José Treviño Salinas, del Partido Revolucionario institucional, para fundamentar el dictamen.
Presidencia del diputado
Pablo Emilio Madero Belden
A discusión en lo general el dictamen de Ley Minera, hacen uso de la palabra los diputados Héctor Morquecho Rivera, del partido Popular Socialista, en contra; Enrique Sada Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Gilberto Zapata Frayre, del Partido Acción Nacional, para fundamentar el voto de su grupo parlamentario, en pro; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
Presidencia del diputado
Héctor Morquecho Rivera
y José Olvera Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional, en pro. A las quince horas con seis minutos el Presidente decreta un
RECESO
A las dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos, se reanuda la sesión y la Secretaría da cuenta con una iniciativa del Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco, y diez pesos, así como un proyecto de decreto por el que se crea una Nueva Unidad de Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se reanuda la discusión en lo general del dictamen sobre la Ley Minera y hacen uso de la palabra los diputados Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Julio García Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra;Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; José Castro Carrillo, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Francisco Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Rodolfo Toxtle Tlamani, en contra y Mario Vargas Aguiar, del Partido Revolucionario Institucional, en Pro.
Suficientemente discutido en lo general, la Secretaría recoge la Votación Nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y ocho votos.
El Presidente informa que por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, la discusión en lo particular se hará por capítulos y, para discutir el primero, artículos del primero al noveno, hacen uso de la palabra los diputados: Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; Manuel Laborde Cruz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Pedro Macías de Lara, del Partido Acción Nacional;
Presidencia del diputado
Jorge Oceguera Galván
Fernando Navarrete Magdaleno, del Partido Revolucionario Institucional; Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática; Mario Vargas Aguiar, del Partido Revolucionario Institucional. Todos ellos hacen diversas proposiciones que se reservan para someterlas a la opinión de la Asamblea, al terminar la discusión en lo particular.
Suficientemente discutido el capítulo primero, se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el capítulo segundo, artículos del décimo al décimo octavo, hacen proposiciones los diputados: El pidió Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; Marco Haddad Yunes, del Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia del diputado
Héctor Morquecho Rivera
Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista; Guillermo Mercado Romero, del Partido Revolucionario Institucional; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos y, en el mismo sentido, los diputados Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista; Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional y Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
Continua la discusión del Capítulo II y hacen uso de la palabra los diputados Jorge Calderon Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Gilberto Zapata Frayre, del Partido Acción Nacional;
Presidencia del diputado
Roberto García Acevedo
Francisco Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Suficientemente discutido el Capítulo II de la Ley minera, se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el Capítulo III, artículos del decimonono al vigesimosexto, suben a la tribuna y hacen diversas proposiciones, los diputados Fernando Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Suficientemente discutido el Capítulo III, se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el Capítulo IV, artículos del vigesimoséptimo al trigésimo octavo, hacen proposiciones los diputados: Gilberto Zapata Frayre, del Partido Acción Nacional; Oscar Nieto Burciaga, del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Rodríguez Cerna, del mismo partido y Juan Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Suficientemente discutido el Capítulo IV, se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el Capítulo V, artículos del trigesimonono al cuadragesimocuarto, hacen uso de la palabra los diputados Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Jorge Sánchez Muñoz, del Partido Acción Nacional.
Suficientemente discutido el Capítulo V , se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el artículo 6o., artículos del Cuadragesimoquinto al quincuagesimoprimero y no habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Presidencia del Diputado
Héctor Morquecho Rivera
A discusión el Capítulo VII, artículos del quincuagesimosegundo al quincuagesimoctavo, hacen proposiciones los diputados Heberto Croda Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Joel Arce Pantoja, del Partido Acción Nacional; Guillermo Mercado Romero, del Partido Revolucionario Institucional y Víctor Martínez Fourcans, del Partido Acción Nacional.
Suficientemente discutido el Capítulo VII y los artículos transitorios, se reservan para su votación nominal en conjunto.
Por instrucciones de la presidencia se someten a consideración de la Asamblea las proposiciones de los diputados, presentadas durante el debate y, en sendas votaciones económicas, se aceptan las presentadas por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación con el artículo cuarto, fracción II; artículo décimo tercero, párrafo segundo; artículo cuadragesimosegundo y cuadragesimocuarto. Del Partido Acción Nacional, las proposiciones que se refieren al artículo noveno; artículo vigesimoctavo; artículo trigesimocuarto; artículo trigesimonoveno; artículo quincuagesimoctavo y segundo transitorio. Del Partido Revolucionario Institucional, las proposiciones que se refieren al artículo séptimo, fracción cuarta; artículo octavo; artículo decimosexto; artículo trigésimo y quincuagesimosexto. Del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, las proposiciones que se refieren al artículo decimonono, fracción VII; trigesimoseptimo, fracción quinta y artículo quincuagesimosexto, fracciones primera y novena.
El resto de las proposiciones se desechan en votación económica.
La Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos nueve votos y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo respecto de una denuncia de violación a los derechos civiles de habitantes de Ciudad Netzahualcóyotl, México.
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra y agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las cero horas con veintinueve minutos del día cinco de junio de mil novecientos noventa y dos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes nueve de junio, del mismo año, a las once horas.»
El Presidente: -Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
El Secretario Lucas Adrián del Arenal Pérez:
- Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma?..
Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
El secretario Lucas Adrián del Arenal Pérez:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el presente les envío los siguientes documentos.
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1991.
Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio Fiscal de 1991.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No reelección.
México, Distrito Federal, a 8 de junio de 1992. - El Secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
Recibo, y túrnese a la cuenta de la Hacienda Pública Federal a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Recibo, túrnese la cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal a la Comisión del Distrito Federal.
Remítase las cuentas de la Hacienda Pública Federal y Pública del Departamento del Distrito Federal, a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
LEY DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Fajardo Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Régimen de Propietarios en Condominio y al Código de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal.
El diputado Marco Antonio Fajardo Martínez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
He pedido hacer uso de la palabra con el propósito de presentar a ustedes la iniciativa de reformas a la Ley sobre el Régimen de propiedad en Condominio en el Distrito Federal, así como el Código de procedimientos Civiles del Distrito Federal, suscrita por los diputados priístas del Distrito Federal y, es propósito de esta iniciativa contribuir a elevar el nivel de vida de quienes viven en condominio y, apoyar los esfuerzos que estos ciudadanos realizan para contar con una vivienda más digna.
En la ciudad de México, más de 300 mil familias, esto es cerca de 2 millones de personas, viven en unidades habitacionales y en edificios bajo el régimen de condominio. La problemática que se presenta en estos inmuebles es producto de la falta de mantenimiento que provoca su deterioro y, por lo tanto, una disminución en los niveles de vida de quienes ahí viven.
Esta problemática se caracteriza por una inadecuada utilización de los servicios e instalaciones, por el retraso o renuncia para entregar a la administración las cuotas o aportaciones para el mantenimiento, la constitución de los fondos de reserva que la ley prevé, así como resulten graves deterioros en las áreas y espacios de uso común. Lo anterior provoca que las miles de familias que viven bajo el régimen de propiedad en condominio, no tengan los instrumentos y elementos que les permitan actuar rápidamente, para detener el deterioro de los inmuebles y organizados en forma conjunta, trabajar para mejorar las condiciones en que se encuentran sus viviendas y, así elevar el nivel de vida. Asimismo, es común que la poca claridad y algunas normativa que representa esta legislación, provoquen conflictos entre los condominios, así como entre éstos y sus administradores, los cuales repercuten negativamente en el mantenimiento administración y conservación de las viviendas.
También es necesario reconocer que el gran tamaño y magnitud que tiene algunas unidades habitacionales en la cuidad de México, como pueden ser los culhuacanes y El Rosario, hacen que la ley de condóminos, expida para normar condominios de mucho menor tamaño, sea inaplicable, ya que el simple número de personas viviendo en estas unidades, requiere de formas de administración más ágiles y expeditas para proteger tanto la propiedad individual, como aquella considerada como común de todos los condominios.
En este sentido, es conveniente señalar que la legislación mexicana sobre condominios, se consideró por primera vez en el Código Civil a partir de 1932, en forma muy general y, que es hasta 1962 cuando se publica la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio para el Distrito Federal, esto es, hace 20 años.
De entonces a la fecha, las condiciones de la vivienda en el Distrito Federal, han cambiado substancialmente. Se requiere de mecanismos que aseguren a quienes viven en este tipo de inmuebles, que se realizarán los gastos de conservación y mantenimiento, a fin de permitir un estado adecuado de los mismos. Es por ello que la fracción priísta, ha considerado convenientemente revisar las normas que rigen este tipo de propiedad, para adecuarlos a la situación que actualmente viven en estas unidades habitacionales y contribuir así a su mejoramiento.
Por ello la iniciativa que hoy se somete al conocimiento de este pleno, pretende en primer lugar establecer un procedimiento jurisdiccional más ágil, más ágil y expedito para resolver controversias entre condominios, así como entre éstos y sus respectivas administraciones, con objeto de lograr que los gastos de administración se realicen de manera más oportuna y eficaz. Asimismo, se fortalecen las atribuciones de la Procuraduría Social del Distrito Federal, para actuar en vía conciliatoria. Con el propósito de lograr acuerdos en beneficio de los condominios, estos acuerdos serán ejecutables mediante un procedimiento sumario ante los tribunales competentes.
En ese sentido, se establece la obligación para otorgar fianzas para garantizar el pago de las cuotas de mantenimiento, administración y la constitución de las reservas necesarias.
La iniciativa le otorga características a la propiedad común, de aquellos condominios que soliciten adherirse a convenios delegacionales, para que la autoridad aporte el mantenimiento de los bienes o áreas de propiedad condominial, que estén siendo utilizadas por la población en general, si en la realidad son de bienes de uso público.
Además, la iniciativa tiene por objeto clarificar los términos de la Ley de Condominios, a efecto de que quienes viven en este tipo de inmuebles conozcan claramente sus obligaciones y ejerzan plenamente sus derechos. Para ello se determina un sistema de votación más ágil, para asegurar que la voluntad de los condominios sea eficaz para los administradores. A éstos se les otorga facultades de apoderados generales para lograr mayor eficacia en las decisiones que se acuerden.
Igualmente la iniciativa reconoce que vivir en condominio es compartir derechos y obligaciones, es asimismo participar en los beneficios y cargas que implica la vida en comunidad, para que en forma conjunta se logren niveles de vida más dignos.
Por lo anterior, señor Presidente, solicitamos se turne la iniciativa a las comisiones del Distrito Federal y de Justicia de esta honorable Cámara, para su dictamen correspondiente.
Firman todos los diputados priístas del Distrito Federal.
«Escudo del Partido Revolucionario Institucional. - Comité Directivo en el Distrito Federal.
Ciudadanos secretarios de las cámaras del honorable Congreso de la Unión. - presentes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. consagra como derecho de todo mexicano, el de disfrutar de una vivienda digna y decorosa, por lo que su realización constituye un compromiso indeclinable que el Estado debe afrontar con responsabilidad y decisión.
El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 establece que para dar plena vigencia al Estado de derecho que nos rige, el Poder Judicial a través de los jueces, hará efectivos los principios de aplicación honesta y oportuna de la ley y se deberán simplificar trámites, reducir plazos y abatir costos en beneficio de la sociedad; para ello, se dotará de los recursos necesarios para la efectiva realización de sus tareas.
Las elevadas tasas de crecimiento de la población en el Distrito Federal, han traído como consecuencias la especulación de la prioridad; la subutilización de la infraestructura urbana existente; y la dificultad de dotar a la ciudad de servicios públicos y equipamiento urbano indispensables.
Actualmente, la necesidad de cumplir, en el Distrito Federal, con el mandato constitucional de obtener una vivienda digna y decorosa, se ha venido facilitando con la posibilidad de obtener una vivienda bajo el régimen de propiedad en condominio.
El régimen de propiedad en condominios, es el instrumento jurídico del que se han servido los sectores públicos, social y privado, para hacer frente a las necesidades sociales generadas de vivienda. En efecto, se estiman que en el Distrito Federal más de 300 mil familias
habitan en departamentos estructurados, jurídicamente, bajo el régimen de propiedad en condominio.
Nuestro régimen jurídico requiere de un proceso continuo de revisión y análisis de sus normas, que permita su actualización y fortalecimiento, de acuerdo a la evolución y desarrollo de la sociedad, para adecuarse a los cambios y transformaciones que experimenta, y para atender los requerimientos de justicia que demanda nuestra sociedad.
Entre las causas que motivan las controversias o conflictos por el incumplimiento de las obligaciones de los condóminos, con especial relevancia conviene señalar, entre otras la inadecuada utilización de los servicios e instalaciones de los inmuebles; el retraso o renuncia en el pago de las aportaciones a los fondos de mantenimiento y administración, así como los de reserva, previstos en la ley de la materia, y el desconocimiento de los sistemas y métodos de contabilidad y el eficiente empleo de los recursos.
Lo anterior origina dificultad o impide el uso adecuado de las áreas comunes de los inmuebles y el restablecimiento oportuno de la sana convivencia, además de que da lugar a la deficiente operación, suministro y atención de los servicios comunes, así como el grave deterioro de la propiedad inmueble en el perjuicio del patrimonio de los condóminos y obstaculiza una sana administración de los inmuebles.
Las diferencias y conflictos que se suscitan entre condóminos, entre éstos y su administración carece de vías ágiles y expeditas que permitan su pronta solución, ya que los procedimientos de carácter jurisdiccional que lleguen a plantarse son, con frecuencia, rígidos y dilatados.
Muchos de los conflictos antes referidos no han podido ser resueltos por los interesados, quienes desearían contar con un procedimiento judicial llano y expedito que dé una pronta solución a esas controversias.
El marco legal del Régimen de la Propiedad en Condominio y el Código de Procedimientos Civiles deben adecuarse a la realidad a fin de dar solución a los conflictos que han surgido entre condóminos y entre éstos y su administración, motivados por la convivencia diaria o por el cumplimiento de sus obligaciones, por conductas que alteran la tranquilidad y el orden de la vida comunitaria o por la errónea interpretación y aplicación de la Ley sobre Régimen de Propiedad de un Condominio de los Inmuebles y el Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal, debido esencialmente a su desconocimiento por parte de los propios condóminos.
Por lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en atención de la demanda ciudadana y cumpliendo sus compromisos con la misma, propone a esta soberanía la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles y al Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal, a fin de contar con el marco legal necesario que apoye la solución de los conflictos que surjan entre condóminos y propicie además el cumplimiento
de las obligaciones fundamentales de éstos, que haga posible el eficaz funcionamiento del régimen condominal.
En la presente iniciativa se propone que la Procuraduría Social del Distrito Federal, cuente con atribuciones para proporcionar a los condóminos los servicios de orientación, asesoramiento y capacitación en materia de régimen de prioridad en condominio, así como para actuar en la vía conciliatoria, a petición de parte interesada, en la solución de las controversias que entre ellos se susciten o con la administración condominal.
Para fortalecer el régimen de propiedad en condominio y atacar las causas que generan la problemática que actualmente confronta, se propone adicionar y reformar algunos de los preceptos de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles y el Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal, a efecto de adecuarlos a la realidad que se vive en las unidades habitacionales sujetas a dicho régimen de propiedad.
En este sentido, se propone adicionar a la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles con una fracción en los artículos 4o. y 29, a fin de imponer la obligación a los condóminos de otorgar fianza que garantice el pago de las cuotas de mantenimiento y administración y de reservas.
La propuesta de adición fortalece a la administración al permitirle de manera ágil contar con un tercero obligado, la afianzadora, a quien requerir el pago de las cuotas correspondientes para solventar los gastos comunes, no cubiertos por los condóminos morosos o renuentes. Evita por otra parte confrontación y fricciones entre la administración y los condóminos por la insistencia del pago que éstos últimos deben realizar.
Por otro lado, se propone uniformar el sistema de votación en las asambleas de condóminos para la adopción de acuerdos en asuntos especiales y trascendentes que afecten la vida del condominio como es la extinción del régimen; la reconstrucción del edificio, su demolición y división de los bienes comunes o su venta; la realización de obras permanentes voluntarias, no necesarias para el inmueble y que no afecten su estructura pero que sirvan para darle un mejor aspecto o comodidad; dar facultades especiales al administrador y la facultad de obligar a vender al condómino sus derechos, incluso en subasta pública, cuando no cumpla con sus obligaciones; en este sentido, se pretende modificar y adicionar los artículos 7o. y 26, fracción III, 33 párrafo primero, 38, 44, primero y segundo párrafos, y 45 de la citada ley, con el fin de que, en este tipo de decisiones se adopte el principio de mayoría de partes alícuotas que tengan representados los condóminos en las asambleas y no en función del número de ellos que a ésta asistan.
El texto vigente induce a interpretar, erróneamente, que el acuerdo de asambleas debe tomarse con base al número total de condóminos y no conforme a lo dispuesto por el artículo 27 fracción II de la ley, que establece el principio de partes alícuotas que rige las votaciones y que otorga a cada condómino un número de votos igual al porcentaje que su indiviso representante en el total del valor del condominio. Con la reforma se aclara el texto legal y se evita que un mayor número de condómino con menor porcentaje en el valor de condominio, imponga determinaciones a una menoría que representa un mayor porcentaje del valor de inmueble.
En el mismo sentido, se propone adiciones a los artículos 26, 29 y 31 de la ley. La adición de una fracción V al artículo 26, obedece a la necesidad de precisar con toda claridad la principal obligación que tiene los condómino de contribuir a los gastos comunes. Agregar un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 29, tiene por objeto fortalecer la obligación de los condóminos de otorgar fianza y la necesidad de actualizar dicha garantía oportunamente en la medida que se aumenten o disminuyan las cuotas correspondientes a los fondos del condominio. Respecto a la fracción V del artículo 31, la adición de un párrafo tiende a evitar que se generen conflictos que afecten la vida en común y las relaciones entre condóminos y administración cuando existe negativa o renuencia a cubrir la parte proporcional de los gastos comunes, pues en este caso el pago le será requerido al condómino por la empresa suministradora del servicio al cobrarle el consumo de su parte privativa.
Ciertas conductas que afecten el orden la seguridad pública dentro de las áreas o bienes de propiedad común en los condominios, no son sancionadas, en virtud que el Reglamento de la Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno de Distrito Federal, refiere a que éstas sean cometidas en los lugares públicos o de uso común, en los accesos públicos o libre tránsito, como plazas, calles, avenidas o viaductos, paseos, jardines, parques, centros de recreo, deportivos o de espectáculos en inmuebles públicos, bosques, montes y vías terrestre de comunicación ubicados dentro del Distrito.
Federal, e incluso, equipara a los lugares públicos a los medios destinados al servicio público de transporte, por el que conductas antisociales que se cometen dentro de las áreas o bienes de propiedad común de condominios, queda sin sanción alguna, toda vez que dichos lugares no son considerados en el reglamento antes mencionado como lugares públicos o equiparables a éstos.
En consecuencia, se propone reformar los artículos 13, fracciones I y III y el 22 y adicionar el 14 bis de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para que conductas que alteren al orden público y afecten la seguridad de los condóminos sean sancionados en los mismos términos del reglamento antes citado, por lo que se propone adicionar el párrafo segundo y tercero del artículo 22, haciendo una remisión al artículo tercero del mencionado reglamento y equiparando, en éste, las áreas de uso común de los condominios a los lugares públicos.
Con la reforma se pretende que en la vía administrativa se sancionen todas aquella conductas que tengan lugar en áreas o bienes comunes y que se traducen en actos u omisiones que contravienen las buenas costumbres y alteran el orden y la seguridad pública, a efecto de lograr una sana y ordenada vida comunitaria.
La propuesta de incorporar en artículo 10 bis a la ley, tiene por objeto que la autoridad administrativa acepte se transformen, a solicitud de los condóminos, en bienes de uso público, condominal y se haga cargo de su mantenimiento y conservación, los bienes o áreas de propiedad común que, por descuido o abandono de los condóminos no cuentan con suficiente mantenimiento o están siendo utilizados por la población en general.
La presente iniciativa propone, además, establecer la vía conciliatoria ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, a fin de que las partes en conflicto diriman sus controversias; asimismo, se rugiere que los convenios firmados por las partes ente la propia Procuraduría para dirimir dichas controversias, los obligan de pleno derecho y traigan aparejada ejecución. Para este propósito, se pretende reformar el artículo 41 de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles, para el Distrito Federal.
La reforma obedece a la necesidad de que, sin perjuicio de agotar los medios jurisdiccionales, los condóminos cuenten en la vía administrativa con un instrumento ágil, sencillo y gratuito que posibilite la solución de las controversias o conflictos que surjan entre ellos o con su administración, mediante el procedimiento conciliatorio, así como dotar el convenio que se suscriba de toda la fuerza legal para exigir su cumplimiento ante las autoridades jurisdiccionales.
Complementariamente, establece un artículo segundo, de los transitorios, que previene el cumplimiento de las nuevas obligaciones de los condóminos, a partir de la vigencia de las reformas propuestas. La inclusión en las escrituras constitutivas del Régimen de Propiedad en Condominio de la obligación precisada, tiene como finalidad hacer patente el respeto al principio de no retroactividad de la ley.
En consecuencia, para forzar y complementar las referidas reformas y adiciones se propone reformar el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de sus artículos 444 y 500, con el objeto, además, de que los convenios celebrados entre los condóminos ante la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal, traigan aparejada ejecución, de tal manera que haga expedita, en su caso, la vía judicial.
Por otra parte se propone reformar el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para que la ejecución de los referidos convenios, se haga por conducto del juez competente.
Igualmente se propone adicionar el Título Séptimo, sección segunda, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal un Capítulo IV - bis, que se denominaría "Del juicio Especial en Materia Condominal", con el objeto de establecer un procedimiento ágil y expedito que permita al juzgador allegarse, en poco tiempo, pero con todas las formalidades que demanda un procedimiento civil, los elementos de juicio para resolver las controversias entre los condóminos.
Con base en los principios que rigen la impartición de una justicia pronta y expedita, y al igual que en la justicia de paz, se propone que las resoluciones judiciales en materia de condominios emitidas por los jueces no admitan más recurso que el de responsabilidad.
En razón de lo expuesto y con fundamento de lo previsto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, esta fracción parlamentaria somete a este honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de los siguientes
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES, PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo 1o. Se reforma los artículos 7, 13, fracciones I y III; 22 párrafos segundo y tercero; 26, fracción III, 33, primer párrafo, 38, 41, 44, primer y segundo párrafos y 45 de la Ley sobre el Régimen de Propiedad de Condominio de Inmuebles, para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 7. La extinción voluntaria del régimen de propiedad en condominio, requerirá el acuerdo se asamblea tomado por un mínimo de votos de los condóminos que represente el 75% del valor total del condominio, salvo que la escritura constutiva prevea un porcentaje más alto. En todo caso, deberán cumplirse las disposiciones legales sobre planificación, desarrollo o regeneración urbana y otras que fueren aplicables, bajo la responsabilidad del notario público y, en su caso, del director del Registro Público de la Propiedad.
Artículo 13.....
I. El terreno, sótanos, pórticos, puertas de entrada, vestíbulos, galerías, corredores, escaleras, patios y espacios que hayan señalado las licencias de construcción como suficientes para estacionamiento y vehículos; siempre que sean de uso general.
II.....
III. Las obras, instalaciones, aparatos y demás objetos que sirva al uso o disfrute común, tales como fosas, pozos, cisternas, tinacos, ascensores, montacargas, incineradores, estufas, hornos, bombas y motores; albañales, canales, conductos de distribución de agua, drenaje, calefacción, electricidad y gas; los locales y las obras de seguridad, de ornato, de recepción o reunión social, con excepción de los que sirvan exclusivamente a cada departamento, vivienda, casa o local.
Artículo 22.....
En cuanto a los servicios y áreas comunes e instalaciones generales, deberán abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propiedad, que impida o haga menos eficaz su operación, o estorbe o dificulte el uso común, ponga en riesgo la seguridad y tranquilidad de los condóminos, así como de las personas que transiten por los pasillos, andenes y escaleras, estando obligados a mantener en buen estado de conservación y funcionamiento sus propios servicios e instalaciones.
El infractor de estas disposiciones será responsable del pago de los gastos que ese efectúen para reparar o restablecer los servicios e instalaciones de que se trate, así como de los daños y perjuicios que resultaren; independientemente de que podrá ser sancionado en los términos del artículo 38 de este ordenamiento y del artículo 3o. del Reglamento de la Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno en el Distrito Federal, para este solo efecto se equiparán a los lugares públicos, las áreas o bienes de propiedad común de las unidades habitacionales de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad en Condominio.
El administrador del condominio presentará la denuncia o demanda correspondiente ante la autoridad competente.
Artículo 26.....
I a II.....
III. Para realizar obras puramente voluntarias, que aunque se traduzcan en mejor aspecto o mayor comodidad, no aumenten el valor del condominio, u obras que ser necesarias si lo aumente, se requerirá acuerdo aprobatorio de la Asamblea de una mayoría de condóminos equivalente al 75% del valor total del condominio.
IV.....
Artículo 33. En relación a los bienes comunes, al administrador tendrá las facultades de representación de un apoderado general de los condóminos, para administrar bienes y para pleitos y cobranzas, con facultad de absolver posiciones; pero otras facultades especiales y las que requieren cláusula especial, necesitarán del acuerdo favorable de los condóminos que en la asamblea representen por los menos el 51% del valor total del inmueble.
Artículo 38. El condómino que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones además de ser responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás, podrá ser demandado para que se le obligue a vender sus derechos, hasta en una subasta pública, respetándose el del tanto en los términos del reglamento del condominio. El ejercicio de esta acción será resuelta en asamblea de condóminos por acuerdo aprobatorio de los
Condóminos que tengan representando en la asamblea que se convoque para ello, mínimo del 75% del valor del inmueble.
Artículo 41. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la presente ley, del Reglamento del Condominio, de la escritura constitutiva y de la traslativa de dominio, así como de las demás disposiciones legales aplicables, serán sometidas al arbitraje, si lo prevé el reglamento, de los tribunales competentes, o en la vía conciliatoria, a la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal.
Los convenios concertados por los condóminos entre sí o con su administración, que consten por escrito, formulado ante la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal en la vía conciliatoria, obligan de pleno derecho y traen aparejada ejecución, la que podrá promoverse ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en el juicio ejecutivo o en juicio especial en materia condominal, a elección del interesado.
Artículo 44. Si el condominio se destruyere en su totalidad o en una proporción que represente por lo menos las tres cuartas partes de su valor, según peritaje practicado por las autoridades competentes o institución fiduciaria, una mayoría especial de condóminos que represente por lo menos, el 51% del valor total del condominio, podrá acordar la reconstrucción o la división del terreno y de los bienes comunes que queden, o en su caso la venta, con arreglo a las disposiciones legales sobre planificación, desarrollo o regeneración urbana y otras que fueren aplicables.
Si la destrucción no alcanza la gravedad que se indica, los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior serán tomados por una mayoría especial de condóminos que represente por lo menos, el 75% del valor total del condominio.
Artículo 45. En caso de ruina o vetustez del condominio, una mayoría especial de condóminos que represente por lo menos, el 51% del valor total del condominio, podrá resolver, previo dictamen de las autoridades competentes, la reconstrucción o la demolición y división de los bienes comunes, o en su caso la venta; siguiéndose en adelante las prevenciones del artículo anterior.
Artículo 2o. Se adicionan los artículos 4, con una fracción X; artículo 26, con una fracción V; artículo 28, con un cuarto párrafo; artículo 29, fracción VII, con un segundo párrafo; artículo 30, con un segundo párrafo; artículo 31, fracción V; y se agregan dos artículos el 10 bis y el 14 bis, de la Ley sobre el Régimen de la Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue: Artículo 4.....
I a IX.....
X. La obligación de los condóminos de otorgar un fianza a favor de la administración, que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los fondos de mantenimiento y administración y de reserva, para el caso de que los mismos incumplan con dicho pago. Esta obligación, procedente para los condominios de nueva creación, se consignará también en el Reglamento del Condominio.
Artículo 10 bis. En las unidades y conjuntos habitaciones ya establecidos y constituidos bajo el régimen de propiedad en condominio, por razones de utilidad e interés público y mediante convenios signados entre el Departamento del Distrito Federal y los administradores de los condominios, podrán ser donadas al gobierno de la ciudad de México: las plazas, senderos, calles y avenidas interiores, áreas de jardines, de recreación, deportivas o de esparcimiento que formen parte de los bienes comunes de un condominio, así como aquellas áreas que por su ubicación, o naturaleza el destino y uso que se les esté dando, sea para la población en general y no de carácter restringido para el condominio respectivo. La Procuraduría Social del Distrito Federal signará también estos convenios.
El Departamento del Distrito Federal no podrá enajenar, con posterioridad estas áreas.
Artículo 14 bis. Son áreas públicas condominales:
I. Los senderos, calles y avenidas interiores del conjunto no confinados, entendiéndose como confinada el área en la que está restringido el acceso.
II. Las plazas, áreas verdes y jardines no confinadas; y
III. Las áreas deportivas, de recreo o esparcimiento.
Su administración y propiedad corresponderán al Departamento del Distrito Federal, previo
convenio con la Asamblea de Condóminos, el que las integrará al adecuado desarrollo urbano, en beneficio de los habitantes del conjunto o unidad habitacional. Estas áreas tendrán carácter inalienable, imprescriptible e inembargables.
Artículo 26.....
I a IV.....
V. Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación, conservación, y mantenimiento de las instalaciones y servicios generales, así como de las áreas o bienes comunes, serán cubiertos por los condóminos en la proporción que cada uno represente sobre el valor total del condominio.
Artículo 28.....
Tanto para la constatación, del quórum, como para el valor pleno de los acuerdos o determinaciones aprobatorios para las asambleas convocadas para la elección de los administradores y para la entrega de la documentación contable respectiva se requerirá la presencia de un representante de la Delegación Política de su circunscripción que dará fe y llevará el registro de los administradores.
Artículo 29.....
I a VI.....
VII.....
Fijar el monto anual de la póliza de fianza que garantice el pago de las cuotas a cargo de cada condómino, conforme a la fracción X del artículo 4o.
VIII a XII.....
Artículo 30.....
Los nombramientos de los administradores de los condominios deben ser registrados en la Procuraduría Social del Distrito Federal para los efectos de su validez respectiva.
Artículo 31.....
I a IV.....
V. Realizar todos los actos de administración y conservación. La administración está facultada para contratar el suministro de la energía eléctrica necesaria para los servicios, instalaciones y áreas comunes, debiendo la empresa suministradora prorratear el importe del consumo entre los condóminos en proporción al indiviso que a cada uno corresponda, adicionando la cantidad resultante a la factura que individualmente se les expida por la energía consumida en su área privativa.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La obligación de los condóminos de contar con la fianza a favor de la administración a que se refiera a la fracción X del artículo 4o., deberá quedar manifestada en las escrituras, públicas que constituyan el Régimen de Propiedad en Condominio, a partir de la fecha de entrada en vigor de esto decreto.
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo único. Se reforman los artículos 444, 500, segundo párrafo y 504 y se adiciona al título séptimo, sección segunda, un capítulo IV - bis, del Código de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 444. Las sentencias que causen ejecutoria, los convenios judiciales, los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y los laudos que emita, los convenios celebrados ante la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal en materia condominal y los laudos o juicios de contadores, motivarán ejecución si el interesado no intentare la vía de apremio.
CAPITULO IV BIS
Del juicio especial en materia condominal
Artículo 499 A. El presente Capítulo será aplicable en las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles, para el Distrito Federal, del Reglamento del Condominio respectivo y de las escrituras constitutiva y traslativa del dominio en este tipo de régimen de propiedad.
El juez tendrá las más amplias facultades para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga.
Artículo 499 - B. Tanto en el escrito de demanda como en el de contestación, las partes deberán ofrecer y acompañar las pruebas que consideren convenientes. Lo mismo debe observarse para la reconvención y la contestación a ésta.
Artículo 499 - C. Una vez admitida la demanda con los documentos y copias requeridas, se correrá traslado de ella a la parte demandada, y se le emplazará para que la conteste dentro del término de cinco días.
Si se demanda el pago de las cuotas para gastos comunes de los condóminos, adjudicatorios, poseedores o arrendatarios, hayan dejado de cubrir mensualmente el juez, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que estatuye el artículo 37 de la ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles, para el Distrito Federal, proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste.
No verificando el deudor el pago dentro de los cinco días de hecha la traba, ni oponiendo excepciones contra la ejecución o no contestando la demanda, sin necesidad de acuse de rebeldía se pronunciará sentencia de remate, mandando proceder a la venta de los bienes embargados.
Artículo 499-D. el demandado formulará la contestación en los términos previstos por los artículos 260 y 266 de este Código. Si opusiere las excepciones de falta de legitimación procesal, conexidad, litispendencia o cosa juzgada, se dará vista con ellas al actor para que dentro del término de tres días las conteste y ofrezca las pruebas que considere oportunas.
El demandado que oponga reconvención, lo haré precisamente el constatar la demanda y nunca después; y se dará traslado del escrito al actor, para que conteste en el término de cinco días.
Artículo 499-E. contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, el juez señalará fecha y hora para la celebración, de una audiencia previa, de conciliación y de desahogo de pruebas y alegatos dentro de los diez días siguientes.
Si alguna de las partes no concurre sin causa justificada, el juez la sancionará con una multa hasta por los montos establecidos en la fracción II del artículo 62 de este Código.
Si dejaren de concurrir ambas partes sin justificación, el juzgador las sancionará de igual manera. En ambos casos el juez procederá a examinar las cuestiones relativas a la legitimación procesal de las partes y la depuración procesal del juicio. La audiencia se celebrará concurran o no las partes y estén o no presentes los testigos y peritos y los abogados.
Si asistieren las dos partes, se procederá a procurar la conciliación que estará a cargo del conciliador adscrito al juzgado.
El conciliador escuchará las pretensiones de las partes y propondrá alternativas de solución al litigio, procurando un amigable composición.
Si se obtiene el acuerdo entre las partes, se celebrará el convenio respectivo, si se reúne los requisitos de ley, será aprobado por el juez y tendrá fuerza de cosa juzgada, dándose con ello, por terminado el juicio.
Artículo 499 - F. En caso de desacuerdo entre las partes, el juez continuará con el desarrollo de la audiencia, y con las más amplias facultades de dirección procesal, examinará, en su caso, las excepciones de conexidad, litispendecia y cosa juzgada, con el fin de depurar el procedimiento.
De declararse infundadas dichas excepciones, el juzgador pasará inmediatamente a desahogar las pruebas admitidas, las que se desahogarán en el orden que el juez determine, atento su estado de preparación. Desahogadas las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y hecho, se citará para sentencia.
El juez pronunciará su sentencia de manera breve y concisa dentro de los ocho días siguientes.
Artículo 499 - G. Los incidentes no suspenderán el procedimiento y se substanciarán en los términos del artículo 88 de este Código, pero su resolución deberá pronunciarse en la audiencia incidental.
Artículo 499-H. Contra las resoluciones judiciales emitidas en este proceso, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
Artículo 499-I En todo lo no previsto regirán las reglas generales de este Código, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente capítulo.
Artículo 500.....
Esta disposición será aplicable en la ejecución de convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, en laudos emitidos por dicha Procuraduría y en los convenios celebrados ante la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal en materia condominal.
Artículo 504. La ejecución de las sentencias arbitrales de los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, de los laudos dictados por ésta y de los convenios celebrados ante la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal en materia condominal, se hará por el juez competente.
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra más atenta y distinguida consideración.
Senador Manuel Aguilera Gómez, diputados: María de los Angeles Moreno U., Ramón Mota Sánchez, Pedro Ojeda Paullada, Angel Aceves Saucedo, Domingo Alapizco Jiménez, Gloria Brasdefer Hernández, Juan Moisés Calleja García, Roberto Castellanos Tovar, Juan José Castillo Mota, Alberto Celis Velasco, Manuel Díaz Infante, Rodolfo Echeverría Ruiz, Fernando Espino Arévalo, Marco Antonio Fajardo Martínez, Rafael Farrera Peña, Silvestre Fernández Barajas, Everardo Gámiz Fernández, Javier Garduño Pérez, Alfonso Godínez López, José Antonio González Fernández, Benjamín González Roaro, Manuel Jiménez Guzmán, J. Armando Lazcano Montoya, Fernando Lerdo de Tejada, Julio Méndez Aléman, José Merino Castrejón, Manuel Monarres Valenzuela, F. de Jesús Muñoz Kapamas, Alberto Nava Salgado, Aníbal Pacheco López, Filiberto Paniagua García, Silvia Pinal Hidalgo, Victoria Reyes Reyes, Alfonso J. Rivera Domínguez, Salvador Robles Quintero, José G. Rodríguez Rivera, José Ruiz de la H. Villagómez, Sandalio Sáinz de la Maza, Luis Salgado Beltrán, Manuel Solares Mendiola, Eduardo F. Trejo González, Amado F. Treviño Abatte, María de la Paloma Villaseñor V. y Alfredo Villegas Arreola.»
El Presidente: -Túrnese a las comisiones de Justicia y del Distrito Federal.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente: -El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona al artículo 168 de la Ley del Seguro Social.
En atención que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría de la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Honorable asamblea: a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del presente dictamen, la iniciativa con proyecto decreto que reforma y adiciona el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, presentada recientemente por un grupo de diputados en ejercicio de la facultad que les confiere al artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas comisiones unidas, en uso de las facultades que les otorgan los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al estudio y análisis de la mencionada iniciativa bajo los siguientes
ANTECEDENTES
El Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados, con fecha 10 de diciembre de 1991, solicitó al Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, tuviera a bien analizar la problemática de los pensionados y jubilados sujetos a la Ley del Seguro Social.
Con fecha 18 de febrero de 1992, durante el período de sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados consideró pertinente hacer un
pronunciamiento cuyo objeto sería concertar acuerdos que permitieran establecer los mecanismos para lograr la complementación de los ingresos que coadyuven a mejorar el nivel de vida de los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El 21 de abril del año en curso, nuevamente al Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados se presentó a la honorable Cámara de Diputados solicitando una respuesta a la problemática planteada.
En virtud de lo anterior, y con el afán de encontrar una solución viable, se reunieron los coordinadores de los grupos partidistas de la Cámara, decidiendo canalizar el asunto a las comisiones de Seguridad Social, Trabajo y Previsión Social, Información Gestoría y Quejas, y Derechos humanos, mismas que se encargaron del análisis y estudio de la problemática de los pensionados y jubilados.
Las comisiones mencionadas, decidieron crear una subcomisión plural que sesionó semanalmente y se reunió con diversos Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes brindaron información financiera que dotó a los diputados de elementos de juicio, con los cuales normaron su criterio.
Se celebraron igualmente varias reuniones con los propios pensionados y jubilados a fin de conocer sus puntos de vista y propuestas.
Con fecha 4 de junio del presente año, un grupo de diputados, miembros de la referida subcomisión, presentó en Pleno de la Cámara la iniciativa que hoy se dictamina, misma que fue turnada por el Presidente de la mesa directiva a las comisiones unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social.
El 5 de junio sesionaron las comisiones unidas, integrándose una comisión a cargo de los Presidente de las comisiones de Trabajo y prevención Social y de Seguridad Social, para elaborar el proyecto del dictamen.
El 8 de junio, la comisión redactora presentó el proyecto de dictamen a las comisiones unidas, mismas que lo aprobaron en sus términos, con base en las siguiente
CONSIDERACIONES
Es muy importante tener en cuenta que las retribuciones de los pensionados y jubilados deben ser los suficientemente amplias para vivir con dignidad y decoro.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, cuenta, entre sus objetivos, el de cubrir las pensiones a aquellos trabajadores que por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, se desincorporen de la vida laboral.
La esperanza de vida de los pensionados aumentó un 100% entre 1942 y 1990, y el fenómeno demográfico, deriva en un, cada vez mayor número de asegurados de demandan atención del instituto y un mayor número de pensionados.
El Instituto mexicano del Seguro Social ha dado respuesta a las demandas de sus pensionados, de acuerdo a sus condiciones imperantes y a su capacidad financiera, no solo elevando su nivel de ingreso sino incrementado su nivel de subsistencia y bienestar, a través de más y mejores prestaciones de naturaleza médica, hospitalaria y social.
Es fundamental mantener el equilibrio financiero del instituto, ya que solamente así se garantiza el cumplimiento presente y futuro de las obligaciones derivadas de su ley.
El incremento en el costo de la vida, y los problemas económicos a los que no puede ser ajeno el instituto, han sido ocasionado una desactualización en las pensiones que hoy se cubren a los asegurados pensionados.
Es indudable que se debe encontrar al mecanismo para ofrecer a los pensionados una respuesta positiva, no obstante la falta de una fuente de financiamiento que garantice, tanto la permanencia del incremento, como el cumplimiento cabal de las obligaciones.
De las reuniones sostenida con los funcionarios del Seguro Social y de acuerdo a la información proporcionada por ellos, se desprende que la situación financiera del instituto no permite dar una respuesta total a las justas demandas planteadas por los pensionados y jubilados, empero, se hizo una propuesta específica que fue analizada por la subcomisión plural, y que consiste en elevar la cuantía mínima de las pensiones establecidas en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, del 80% al 90% del salario mínimo general en el Distrito Federal.
Se tuvo conocimiento, como se desprende de la iniciativa, de que esta propuesta ya fue aprobada por el Consejo Técnico del Seguro Social, previo un estudio minucioso cuyo propósito era dar una respuesta positiva e inmediata a los pensionados, y al mismo tiempo mantener el equilibrio financiero del propio instituto que
asegurara el cumplimiento presente y futuro de sus obligaciones.
Si bien es cierto que esta propuesta es insuficiente ya no resuelve de manera total la problemática de los pensionados, también es de reconocer que constituye un paso importante tendiente a buscar, en un mediano plazo, una solución global que no ponga en peligro el compromiso del instituto con los casi 38 millones de asegurados y derecho habientes.
En ese mismo sentido, y en aras de atenuar el impacto que sobre las finanzas de la institución tendrá las propuestas mencionadas, se programará, en los artículos transitorios de proyecto de decreto, el incremento de manera escalonada. Así, se otorgarán 5 puntos porcentuales a partir del 1o. de junio del presente año y otros 5 puntos porcentuales a partir del 1o. de enero de 1993.
A fin de estar en posibilidad de hacer efectiva la propuesta referida, se hace necesario que se permita al instituto acceder a los activos financieros señalados en el artículo 264 de la Ley del Seguro Social para sufragar las erogaciones derivadas de los incrementos y garantizar su pago. Dicho acceso será por una sola vez y en el presente año, por lo que se hace necesario que con base en los estudios actuariales del instituto y a más tardar el próximo mes de diciembre, establezca los sistemas de operación y financiamiento que sustenten su equilibrio financiero,
La iniciativa que se dictamina constituye una respuesta que busca atender la problemática planteada, sin embargo, es necesario que l instituto, a más tardar en diciembre de 1992, concluya los estudios y análisis que aumenten las reservas actuariales para que se incremente la cuantía mínima de las pensiones hasta que se logre una mayor equivalencia con el salario mínimo que rija el Distrito Federal.
Por las anteriores consideraciones, las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, se permiten someter a consideración del Pleno el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 168 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:
Artículo 168. La pensión de invalidez, de vejez, o cesantía en edad avanzada incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al noventa por ciento del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1993.
Segundo. Durante el período comprendido entre el 1o. de junio y el 31 de diciembre de 1992, la pensión de invalidez, vejez, o censatía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso corresponda, no podrá ser inferior al ochenta y cinco por ciento del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.
Tercero. Por única vez y en el presente año, podrá utilizar el Instituto Mexicano del Seguro Social los activos financieros señalados en el artículo 264 de la Ley del Seguro Social, que sean indispensables para financiar los incrementos a que se refiere el transitorio anterior.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 8 de junio de 1992.»
Es de primera lectura.
NUEVA UNIDAD DEL SISTEMA MONETARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente: -El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto por el cual se crea una Nueva Unidad de Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos.
En atención a que este dictamen está siendo impreso y se distribuirá entre los diputados en el transcurso de la sesión, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le despensa la lectura al dictamen.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Hacienda y Crédito Público
Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción
I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el cual se crea una Nueva Unidad de Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la citada iniciativa fue turnada a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, habiendo sido ampliamente analizada y discutida por sus integrantes. Adicionalmente, en virtud del acuerdo tomado por la Cámara de Senadores, se realizó el análisis en conferencia.
En razón de lo anterior, con fundamento en las disposiciones antes señaladas, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
DICTAMEN
La moneda tiene como funciones esenciales ser un medio general de cambio, una medida de valor y una reserva de valor. Para cumplir cabalmente con estas funciones, una de las condiciones básicas que la moneda precisa tener es ser estable.
En razón de la aguda inflación que el país sufrió en el pasado, nuestra moneda no funciona adecuadamente como medida de valor. El elevado valor nominal que han alcanzado algunas cifras en moneda nacional, como es el caso de las denominaciones de los billetes y las monedas metálicas, dificulta una rápida y clara comprensión de las cantidades de dinero, reduce la facilidad con que deben llevarse a cabo las transacciones en efectivo y limita el empleo más eficiente de los sistemas de cómputo y registro contable.
Es por ello que resulta conveniente crear una nueva unidad de nuestro sistema monetario que equivalga a un determinando múltiplo de la unidad actual, lo cual tendrá el efecto de reducir el monto nominal de las sumas correspondientes a moneda nacional, particularmente la denominación de los signos monetarios a la vez que contribuirá a fortalecer el aprecio del público por nuestra moneda.
Se estima pertinente que la equivalencia entre la unidad actual y la nueva sea de mil por uno. Ello en virtud de que esta equivalencia se ha venido utilizando de manera espontánea por la población, al referirse a los precios de diversos bienes y servicios. Así, con la adopción de esta medida, se formalizaría una costumbre que se ha venido utilizando en las transacciones comerciales con fines de simplificación.
Esta comisión ha tenido conocimiento de que para llegar a esta iniciativa, el Ejecutivo Federal ha realizado estudios comparativos de la introducción de medidas semejantes en otros países. Al analizar tales estudios de la comisión que dictamina considera que la iniciativa ha aprovechado las experiencias positivas para asegurar en México el éxito total. Puede concluirse del análisis de los resultados obtenidos en diferentes países, que la sustitución de unidad monetaria es más conveniente cuando se tiene avances significativos en el manejo de la economía, especialmente en materia de inflación. Tal sería el caso de nuestro país, y, por ende, la adopción de esta medida resulta oportuna.
En este sentido, la sustitución de la unidad monetaria en México sería muy distinta a la de algunos países de nuestro continente que han sustituido su unidad monetaria al implantar sus programas de ajuste económico.
La comisión considera que la decisión de adoptar esta medida después de que el país ha dado pasos muy importantes en su programa de estabilización, resulta muy acertada. Considérese que la sustitución de una unidad monetaria no produce efecto alguno en la economía de un país, de no ser los beneficios obtenibles con la simplificación de los cálculos y las transacciones y del mejor empleo de los equipos de cómputo y contabilidad.
En realidad, como ya se apuntó, son los efectos de la inflación pasada sobre los valores nominales de los bienes y servicios, los que determinan la conveniencia de sustituir una unidad monetaria.
Una vez obtenidos avances importantes en el control de la inflación, es posible llevar a cabo medidas como ésta que simplifique el desarrollo de la vida cotidiana. Además, esta circunstancia permite prever que la nueva unidad sea duradera.
Estimamos también que resulta conveniente que la nueva unidad se comience a utilizar hasta el 1o. de enero de 1993. Primordialmente porque así se contaría con un período de aproximadamente medio año para difundir entre el público los términos en que se llevaría a cabo el cambio de unidad monetaria, preparando los ajustes que se requieran en materias de gran importancia como son salarios, precios y formulación de estados financieros. Adicionalmente, la elección de la fecha 1o. de enero tiene la ventaja de ser
la fecha del inicio de ejercicio del gobierno federal y de la mayor parte de las empresas (para fines fiscales todas las empresas se inician su ejercicio el 1o. de enero), con lo cual se les facilitará que la contabilidad de cada ejercicio se lleve en una sola unidad.
Es fundamental tomar las medidas necesarias para evitar que el cambio de unidad ocasione confusión o errores en el público. En razón de ello, resulta muy atinada la prevención de que, salvo su denominación, inicialmente los billetes correspondientes al nuevo peso conserven las mismas características de las piezas actuales que le sean equivalentes. De esta manera se facilitaría al público el conocimiento de que el uso de ambos signos es indistinto en las transacciones monetarias en tanto se familiariza con la nueva unidad.
Por otra parte, es pertinente modificar las características de nuestras actuales monedas metálicas. En primer término, por el negativo impacto que tiene en las finanzas públicas su elevado costo de fabricación y, en segundo lugar, porque nuestras actuales monedas resultan pocos prácticas y difíciles de manejar en razón de su gran tamaño.
En opinión de esta comisión la nueva unidad debe conservar el nombre de peso que tiene una larga y arraigada tradición en México. Es de observarse que transitoriamente el nombre de la nueva unidad debe ser distinto al de la actual para evitar confusiones. El uso del calificativo "nuevo", precediendo la palabra peso, es la opción más satisfactoria, pues así se conserva el nombre de nuestra unidad, se distinguen claramente ambas unidades durante un período y resulta lógico y sencillo suprimir dicho adjetivo para volver en un futuro a la denominación peso.
El establecimiento de una nueva unidad monetaria requiere normas concernientes a la expresión de cantidades en moneda nacional así como a la creación y al pago de obligaciones de dinero.
Los integrantes de esta comisión convienen con lo expresado en la iniciativa en el sentido de que, a partir del 1o. de enero de 1993, todas las cantidades deben expresarse en "nuevos pesos" y todas las obligaciones de pago en moneda nacional pactarse en "nuevos pesos".
No obstante, es previsible que puedan presentarse errores y que, al contraer una obligación monetaria, se omita indicar que en su monto se denomina en "nuevos pesos". La ley no debe desconocer esta posibilidad y ha de señalar la forma en que habrán de tratarse tales obligaciones.
También consideramos que la fórmula más consistente con el cambio de unidad monetaria es señalar que, aún a falta de la mencionada indicación, las obligaciones de dinero que pacten con posterioridad al 1o. de enero de 1993 deben entenderse contraídas en la nueva unidad. Ello independientemente de que el afectado pueda demostrar que la intención de las partes fue pactar en pesos actuales. La gran diferencia de valor entre una unidad y otra contribuirá a determinar cuál fue tal intención.
Asimismo, estimamos que los cheques y los documentos que suscriben los usuarios de tarjetas de créditos deben sujetarse a un tratamiento particular. En primer lugar, por el amplio uso de estos instrumentos como medios de pago. Por otra parte, porque en el caso de tales instrumentos el pago es efectuado por un tercero con cargo a una cuenta del deudor, quedando dicho pago fuera del control del propio deudor. Esta situación es muy distinta a la mayoría de las obligaciones de dinero en las cuales el cobro se hace directamente al deudor quien está en posibilidad de demostrar el monto auténtico de la obligación previamente a su pago.
Al señalar que las instituciones de crédito se abstendrán de pagar los aludidos cheques o de cubrir el importe de los mencionados documentos, de hecho se está obligando al acreedor a efectuar el cobro directamente al deudor, dando a éste la posibilidad de defenderse antes de que tenga que efectuar el pago. Este tratamiento requiere de una amplia difusión por parte de las instituciones bancarias.
Por último, es de considerar que con la creación de una nueva unidad se obtendrán ahorros substanciales y efectos económicos positivos.
Indica el Ejecutivo que, por lo que toca a monedas metálicas, se lograrán ahorros muy importantes porque las monedas cuyo valor sea equivalente al de las actuales tendrán un costo de fabricación mucho menor. Además, la estabilidad del nuevo sistema de monedas metálicas permitirá el uso más extendido de máquinas vendedoras, facilitando el comercio de bienes y servicios.
También se lograrán ahorros substanciales al sustituir los billetes de dos mil y cinco mil pesos por monedas metálicas. Estás, aun cuando son más costosas que los billetes tienen mayor duración, por lo que resulta económicamente más conveniente utilizar monedas metálicas para las denominaciones bajas que tienen una grande y rápida circulación. Por otra parte, los billetes
actuales podrán utilizarse durante toda su vida útil, ya que coexistirán con los nuevos, evitándose así su desperdicio.
La comisión estima pertinente que, dadas las bondades de la iniciativa, el Ejecutivo empiece a dar instrucciones a sus dependencias para que cuanto antes tomen medidas tendientes a facilitar el cambio de unidad. En particular a la Secretaría de Comercio en lo relativo a la forma en que deben expresarse los precios de las mercancías, sugiriéndose la conveniencia de que, previamente al 1o. de enero de 1993, los precios se expresan tanto en pesos actuales como en "nuevos pesos" para que el publico se vaya familiarizando con la nueva unidad aun antes de que ésta comience a utilizarse. Igualmente se recomienda dar atención a mecanismos que protejan a los turistas, a fin de evitar que sus intereses puedan verse lesionados.
Asimismo, habría que aprovechar el período previo a la utilización de la nueva unidad, para que las autoridades financieras convengan con las instituciones de crédito en que éstas tomen los cuidados necesarios para disminuir el margen de error en la expedición de cheques y otros documentos. Una buena precaución sería modificar los esqueletos de la chequeras y los documentos que se utilizan para pagos con tarjetas de crédito.
Por ultimo, creemos conveniente se procure la colaboración de las cámaras de Industria y Comercio, así como de asociaciones de profesionistas, a fin de que ilustren a sus agremiados para facilitar la sustitución de unidad monetaria.
Por las razones expuestas esta comisión somete a la aprobación de esta honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE CREA UNA NUEVA UNIDAD DEL SISTEMA MONETARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 1o. Se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos equivalente a mil nuevos pesos actuales. La nueva unidad conservará el nombre de "peso" y se dividirá en cien "centavos".
La unidad continuará representándose con el símbolo "$" y los "centavos" se representarán con el símbolo "¢".
Artículo 2º. Las obligaciones en moneda nacional deberán contraerse en la nueva unidad monetaria, en sus múltiplos y, en su caso, submúltiplos.
Artículo 3º. Las obligaciones de pago en moneda nacional se solventarán mediante la entrega, por su valor nominal, de los signos monetarios que representen a la nueva unidad.
Esta prevención es aplicable al pago en moneda nacional de obligaciones contraídas en moneda extranjera.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1993, con la excepción del décimo transitorio, el cual entrará en vigor el día siguiente al de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los billetes del Banco de México y las monedas metálicas, representativos de la unidad monetaria que se sustituye en virtud del presente Decreto, podrán emitirse con posterioridad al 1o. de enero de 1993. Tales signos, independientemente de las fechas de su colocación en el público, continuarán en la circulación conservando su poder liberatorio, hasta que sean desmonetizados.
Tercero. En tanto los billetes del Banco de México y las monedas metálicas referidos en el artículo anterior no hayan sido desmonetizados, los billetes y monedas representativos de la nueva unidad deberán contener la expresión "nuevos pesos" o el símbolo "N$".
A partir de la fecha en que los signos monetarios mencionados en primer término hayan sido desmonetizados, se iniciará la circulación de signos representativos de la nueva unidad en cuya denominación no figure la palabra "nuevos" ni su abreviatura "N".
Los signos monetarios metálicos que representen fracciones de la nueva unidad contendrán desde un principio sólo la expresión "centavos" o su símbolo "¢", sin anteponer la palabra "nuevos" o su abreviatura "N".
Cuarto. Los precios, salarios y demás prestaciones de carácter laboral, así como las sumas en moneda nacional contenidas en estados financieros u otros documentos contables, o en títulos de crédito y, en general, cualquier otra suma en dicha moneda, deberán expresarse en "nuevos pesos", "centavos" y, en su caso, en fracciones de estos últimos, hasta que los signos monetarios referidos en el segundo transitorio sean desmonetizados.
Se exceptúan de lo previsto en el primer párrafo de este artículo las denominaciones en pesos que contengan antiguas monedas mexicanas acuñadas en metales finos así como monedas de curso legal acuñadas en dichos metales, las cuales podrán continuar expresándose en pesos.
Quinto. A partir del 1o de enero de 1993 y en tanto los billetes del Banco de México y las monedas metálicas representativos de la unidad monetarias que se sustituye no hayan sido desmonetizados, las obligaciones de pago en moneda nacional deberán indicar que se denominen en la nueva unidad mediante la expresión "nuevos pesos" o el símbolo "N$" y, en su caso, la expresión "centavos" o el símbolo "¢".
A la falta de esta indicación, las obligaciones se entenderán contraídas en la nueva unidad monetaria, a menos que cualquiera de las parte demuestre que la intención de éstas fue pactar en la unidad monetaria a que se sustituye en virtud del presente decreto.
Sexto. Las instituciones de crédito y el Banco de México deberán abstenerse de pagar los cheques expedidos durante el período a que se refiere el artículo anterior, cuyo importe indicado en las palabras no vaya seguido de la expresión nuevos pesos". Dichos cheques serán devueltos a quienes los presenten, previa la inclusión en el propio título de la causa por la que no se paga.
Tratándose de pagarés, notas de venta, fichas de compra u otros documentos que, durante el período referido en el artículo anterior, suscriban usuarios de tarjetas de crédito conforme a los contratos de apertura de crédito en cuenta corriente que originen la expedición de estas tarjetas, el acreditante no deberá cubrir su importe a los proveedores respectivos cuando a la suma expresada en cifras no se anteponga el símbolo "N$" o, de contener la suma a pagar escrita en palabras, ésta no estuviere seguida de la expresión "nuevos pesos".
Séptimo. Las obligaciones dinerarias contraídas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se solventarán conforme a lo dispuesto por el artículo 3o. Al efecto, se aplicará la equivalencia establecida en el artículo 1o.
Octavo. En tanto los billetes del Banco de México y las monedas metálicas representativos de la unidad monetaria que se sustituye no hayan sido desmonetizados, el pago en moneda nacional de obligaciones contraídas en ésta o en moneda extranjera, independientemente de la fecha en que tales obligaciones se hayan contraído, se solventarán entregando, indistintamente, dichos billetes y monedas o los nuevos signos monetarios. Al efecto, se aplicará la equivalencia establecida en el artículo 1o.
Noveno. Las expresiones en moneda nacional contenidas en leyes, reglamentos, circulares u otras disposiciones que hayan entrado en vigor con anterioridad al 1o. de enero de 1993, se entenderán referidas a la unidad monetaria que se sustituye.
Décimo. A partir de la fecha de publicación de este Decreto, las dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, quedan facultadas para tomar las medidas necesarias y dictar las disposiciones conducentes para preparar y asegurar la adecuada y oportuna operación del nuevo sistema monetario, con la debida salvaguarda de los intereses del público. Al efecto, tales dependencias y entidades deberán contar previamente con la opinión del Banco de México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 9 de junio de 1992.»
Es de primera lectura.
LEY MONETARIA
El Presidente: - Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día, es la lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y se señalan las características de las monedas de 5,10,20 y 50 centavos y de 1, 2,5 y 10 pesos.
En atención a que este dictamen está siendo impreso y se distribuirá entre los diputados en el transcurso de la sesión, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
« Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: Con fundamento en los artículos 56 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior, se turnó a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen, la iniciativa del Ejecutivo Federal del decreto por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos.
La citada propuesta es complementaria a la diversa iniciativa, también turnada a esta Comisión, para crear una nueva unidad monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Comisión después de haber sostenido varias reuniones de trabajo, así como conferencias con la Comisión respectiva de la Cámara de Senadores, con fundamento en las disposiciones enunciadas, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
DICTAMEN
La creación de una nueva unidad monetaria conlleva, de manera necesaria, la creación de signos monetarios denominados en la nueva unidad.
Trantándose de monedas metálicas es necesario reformar el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer las nuevas denominaciones que éstas habrán de tener. En opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, debe aprovecharse esta oportunidad para modificar las características de nuestro sistema de moneda metálica a fin de contar con un sistema de moneda más económico y práctico tal como lo propone el Ejecutivo Federal.
Las monedas precisan cumplir con diversos requisitos para servir eficientemente como medios generales de cambio. Así, deben ofrecer seguridad en su autenticidad, ser fácilmente distinguibles entre sí, y de tener una adecuada presentación. Estas, son características que han sido satisfechas a través de una larga tradición en las piezas que acuña nuestra Casa de Moneda.
Como propone el Ejecutivo, las denominaciones de las monedas deben de ser las idóneas para su uso en el intercambió mercantil, deben ser económicas en su fabricación y contar con un valor intrínseco sensiblemente inferior al nominal, a fin de que permanezcan en la circulación por tiempos considerables.
Como se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa, las monedas tendrán características que las distinga claramente de aquéllas que sustituyen, con las que habrán de coexistir transitoriamente en la circulación. En el caso que nos ocupa, es necesario además distinguir las piezas denominadas en la unidad actual de las denominadas en la nueva unidad. De ahí, la propuesta contenida en la iniciativa de incluir en estas últimas, durante un período transitorio, la denominación "nuevos pesos" o el símbolo "N$". Una vez que las monedas actuales hayan sido retiradas de la circulación, en las emisiones subsecuentes se volverá a la denominación pesos y al símbolo "$".
En opinión de los miembros de esta comisión, las características físicas propuestas por el Ejecutivo Federal para las nuevas piezas, cumplen adecuadamente con los requisitos mencionados.
Por otra parte, los integrantes de la comisión estiman pertinente que a las monedas fraccionarias no se les agregue el calificativo "nuevos" ya que como señala el Ejecutivo, al no haber actualmente centavos en circulación no habrá riesgo de confusión.
Por lo que toca a las denominaciones de las nuevas monedas, esta comisión conviene con la propuesta del Ejecutivo en el sentido de que la moneda de más baja denominación sea la pieza de cinco centavos. Ello en razón de que en la actualidad tienen muy poco uso las denominaciones menores de cincuenta pesos, que por otra parte son muy escasas. Esto, sin duda, traería un considerable ahorro, ya que el costo de fabricación de piezas de denominación inferior a cinco centavos sería superior a su valor nominal.
En virtud de lo anterior, la iniciativa propone adecuadamente, reformar el artículo 3o., de la Ley Monetaria para prever una fórmula de "redondeo" para los pagos en efectivo, ajustando el importe de dichos pagos al alza o a la baja, según corresponda, al múltiplo de cinco centavos más próximo al citado importe. Importa resaltar que hoy en día el público ya ha adoptado la práctica de ajustar los pagos en efectivo a cincuenta pesos, equivalentes a cinco centavos de adoptarse la nueva unidad, en razón de que existe en circulación muy pocas monedas con valor inferior a cincuenta pesos.
Importa destacar que el redondeo en los pagos no implica el redondeo en los precios. Podrá haber precios expresados en cantidades inferiores a cinco centavos, como hoy en día hay precios inferiores a cincuenta pesos, sin que en realidad circulen monedas de denominación inferior a este valor.
En materia de precios esta comisión ha tenido el conocimiento del acuerdo adoptado por la industria y el comercio organizado del país, en el que se comprometen a que los precios no se verán afectados por la creación de la nueva unidad y señalan que los precios que al ser divididos entre mil resulten con más de dos decimales, se ajustarán hacia abajo suprimiendo las fracciones de centavo. La comisión considera que con este acuerdo y la prevención ya sugerida de expresar los precios tanto en pesos actuales como en nuevos pesos no es previsible que los comerciantes ajusten al alza los precios por virtud del cambio de la unidad monetaria.
Para decidir la denominaciones de las demás monedas metálicas, conviene tener en cuenta que si bien los billetes tienen un costo de fabricación menor, su temporalidad física es mucho menor a la de la moneda metálica. Además, dado que aquellos son más difíciles de falsificar, se les reservan internacionalmente los valores nominales de más alta jerarquía.
En opinión de esta comisión. los valores propuestos por el Ejecutivo observa debidamente las consideraciones anteriores.
Por primera vez en nuestro país contaremos con piezas de dos colores, denominados "bimetálicas", las cuales tienen amplio uso en varios países europeos hoy en día. Este diseño es conveniente para las monedas de mayor denominación ya que las demás de su atractiva presentación resultan más difíciles de falsificar que las de un sólo color.
La comisión considera atinada la previsión que se ha tomado en ocasiones anteriores de establecer aleaciones opcionales para cada moneda. De esta forma pueden aprovecharse técnicas de productos que se desarrollen en el futuro o utilizar la aleación que resulte más conveniente atendiendo a los precios relativos de los distintos metales en el mercado.
Se estima muy adecuada la inclusión de la nueva disposición que prevé la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar, en el Diario Oficial de la Federación, las resoluciones en que se determinen o sustituyan las composiciones metálicas utilizadas en las monedas. De esta manera se garantiza que el público esté debidamente enterado de las características de estas piezas.
Dado que en esta ocasión se determinan las características de todas las monedas que integrarán nuestro sistema de piezas metálicas, se debe procurar que estas tengan características que las identifiquen como una "familia". Es importante, además que en las monedas se representen valores culturales propios de nuestra vasta tradición.
Creemos que estos objetivos se cumplen cabalmente con el sistema propuesto, pues el diseño del reverso de todas las monedas se inspira en una misma obra, el Calendario Azteca, una de las piezas arqueológicas más representativas de la ciencia y cultura de nuestros antepasados. En los diseños de los reversos se toman elementos estilizados de los anillos que conforman el Calendario Azteca, culminando en la pieza de diez pesos con la parte central de dicho calendario, el círculo que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego. La elevada denominación de esta última pieza permite incluir un centro de plata. Así se recogen diversas peticiones de la ciudadanía por volver a incluir este metal precioso en nuestras monedas de curso corriente.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la comisión que suscribe se permite proponer a esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE SEÑALAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS DE CINCO, DIEZ, VEINTE Y CINCUENTA CENTAVOS Y DE UNO, DOS, CINCO Y DIEZ PESOS.
Artículo primero. Se reforma adiciona el inciso b, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:
Artículo 2o. . .
a). . .
b) Las monedas metálicas de diez, cinco, dos y un pesos, y de cincuenta, veinte, diez y cinco centavos, con los diámetros, composición metálica cuños y demás características que señalen los decretos relativos.
Cuando los decretos relativos prevean aleaciones opcionales para la composición de las monedas metálicas, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del Banco de México determinará su composición metálica señalando
alguna de las aleaciones establecidas en el decreto respectivo o sustituyendo la así señalada por otra de ellas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación las resoluciones en las que se determine la aleación que se utilizará en la composición metálica de las monedas de que se trata.
c). . .
Artículo segundo. Se reforma el artículo 3o., de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:
Artículo 3o. Los pagos en efectivo de obligaciones en moneda nacional cuyo importe comprenda fracciones de la unidad monetaria que no sean múltiplos de cinco centavos, se efectuarán ajustando el monto del pago, al múltiplo de cinco centavos más próximo a dicho importe.
Los pagos cuya realización no implique entrega de efectivo se efectuarán por el monto exacto de la obligación.
Artículo tercero. Las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos, a que se refiere el inciso B, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, serán las siguientes:
MONEDA DE CINCO CENTAVOS
Valor facial: Cinco Centavos.
Forma: Circular.
Diámetro: 15.5 mm (quince milímetros y medio.)
Composición: Podrá, conforme a lo previsto en el inciso b, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, ser cualquiera de las aleaciones siguientes:
A) Aleación de acero inoxidable.
Esta aleación estará integrada como sigue:
Entre 16% y 18% (dieciséis y dieciocho por ciento), de cromo;
0.75% (setenta y cinco centésimos de punto porcentual) de níquel, máximo;
0.12% (doce centésimos de punto porcentual) de carbono, máximo;
1% ( uno por ciento) de silicio, máximo;
1% ( uno por ciento) de manganeso, máximo;
0.03% (tres centésimos de punto porcentual) de azufre, máximo;
0.04% (cuatro centésimos de punto porcentual) de fósforo, máximo; y
Lo restante de hierro.
En esta composición el peso será de 1.58 g ( un gramo cincuenta y ocho centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.075 g (setenta y cinco miligramos), en más o en menos.
B) Aleación de acero recubierto de níquel.
Esta aleación estará compuesta por dos partes: un núcleo cuyo peso corresponderá entre 92 % y 96 % (noventa y dos y noventa y seis por ciento) y un recubrimiento cuyo peso corresponderá entre 8% y un 4% (ocho y cuatro por ciento), del peso total de la pieza. La composición de cada una de estas partes será la siguiente:
B1) Núcleo de acero.
Esta aleación estará integrada como sigue:
0.08 % (ocho centésimos de punto porcentual) de carbono, máximo;
Entre 0.25% y 0.40% (veinticinco y cuarenta centésimos de punto porcentual) de manganeso;
0.04% (cuatro centésimos de punto porcentual) de fósforo, máximo;
0.05 % ( cinco centésimos de punto porcentual) de azufre, máximo; y lo restante de hierro.
B2) Recubrimiento de níquel.
Estará integrado como sigue:
99.9 % (noventa y nueve, nueve décimos, por ciento) de níquel, mínimo.
En esta composición el peso será de 1.63 g ( un gramo sesenta y tres centésimos ), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.080 g (ochenta miligramos), en más o en menos.
C) Aleación de aluminio - magnesio.
Esta aleación estará integrada como sigue:
Entre 2.2% y 2.8% (dos, dos decimos y dos, ocho decimos por ciento) de magnesio;
Entre 0.15 y 0.35% (quince, y treinta y cinco centésimos de punto porcentual) de cromo;
0.25 % (veinticinco centésimos de punto porcentual) de silicio, máximo;
0.40 % ( cuarenta centésimos de punto de porcentual) de hierro, máximo;
0.10 % ( diez centésimos de punto porcentual) de cobre, máximo;
0.10 % ( diez centésimos de punto porcentual) de manganeso, máximo;
0.10 % ( diez centésimos de punto porcentual ) de zinc, máximo;
0.15 % ( quince centésimos de punto porcentual), de otros elementos, máximo; y lo restante de aluminio.
En esta composición el peso será de 0.55g ( cincuenta y cinco centésimos de gramo) y la tolerancia en peso por pieza será de 0.30 g (treinta miligramos), en más o en menos.
Cuños
Anverso: Al Centro del Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", formando el semicírculo superior.
Reverso: En la parte central de la moneda, el número cinco "5" como motivo principal y valor facial, a su derecha el símbolo de centavos "¢", en el campo superior al centro el año de acuñación y a la derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México "M", a la izquierda paralelo a un pentágono inscrito, una esterilización de los rayos solares del Anillo de los Quincunces de la Piedra del Sol.
Canto: Será liso para las composiciones de los incisos A y B; y estriado para la composición del inciso C.
MONEDA DE DIEZ CENTAVOS
Valor facial: Diez centavos.
Forma: Circular.
Diámetro: 17.0 mm (diecisiete milímetros).
Composición: Podrá, conforme a lo previsto en el inciso B del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, ser cualquiera de las aleaciones siguientes:
A) Aleación de acero inoxidable.
Como la que se refiere en el inciso A, de la composición de la moneda de cinco centavos.
En esta composición el peso será de 2.08 g ( dos gramos, ocho centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.102 g (ciento dos miligramos), en más o en menos.
B) Aleación de acero recubierto de níquel.
Como la que se refiere en el inciso B, de la composición de la moneda de cinco centavos.
En esta composición el peso será de 2.14 (dos gramos catorce centésimos) y la tolerancia en peso por pieza será de 0.105 g (ciento cinco miligramos), en más o en menos.
C) Aleación de aluminio magnesio.
Como la que se refiere en el inciso C, de la composición de la moneda de cinco centavos.
En esta composición el peso será de 0.75 g (setenta y cinco centigramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.040 (cuarenta miligramos),en más o en menos.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la Leyenda "Estados Unidos Mexicanos", formando el semicírculo superior.
Reverso. En la parte central de la moneda el número diez "10" como motivo principal y valor facial, a su derecha el símbolo de centavos "¢", en el campo superior al centro el año de acuñación, en el campo inferior al centro el símbolo de la Casa de Moneda "M" a la derecha paralelo a un exágono inscrito, una estilización del Anillo del Sacrificio de la Piedra del Sol.
Canto: Será liso para las composiciones de los incisos A y B y estriado para la composición del inciso C.
MONEDA DE VEINTE CENTAVOS
Valor facial: Veinte centavos.
Forma: Dodecagonal
Diámetro: 19.5 mm (diecinueve milímetros, cinco décimos), correspondiente al círculo que inscribe al dodecágono.
Composición: Podrá, conforme a lo previsto en el inciso b, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, ser cualquiera de las aleaciones siguientes:
A) aleación de bronce - aluminio.
Esta aleación estará integrada como sigue:
92% ( noventa y dos por ciento) de cobre;
6% (seis por ciento ) de aluminio; y
2% (dos por ciento) de níquel;
Con una tolerancia, en más o en menos, de 1.5 % (uno, cinco décimos por ciento), por elemento.
En esta composición en peso será de 3.04 g (tres gramos, cuatro centésimos) y la tolerancia en peso por pieza será de 0.150 g (ciento cincuenta miligramos), en más o en menos.
B) Aleación de acero recubierto de bronce.
Esta aleación estará compuesta por dos partes: un núcleo cuyo peso corresponderá entre 92 % y 96 % ( noventa y dos y noventa y seis por ciento) y un recubrimiento cuyo peso corresponderá entre 8% y 4% ( ocho y cuatro por ciento) del peso total de la pieza. La composición de cada una de estas partes será la siguiente:
B1) Núcleo de acero.
Como la que se refiere en el inciso B1, de la composición de la moneda de cinco centavos.
B2) Recubrimiento de bronce.
Estará integrada como sigue:
Entre 86% y 90% ( ochenta y seis y noventa por ciento) de cobre.
Entre 14% y 10% (catorce y diez por ciento) de estaño.
En esta composición el peso será de 3.01g (tres gramos, un centésimos), y la tolerancia en peso por pieza de será 0.148 (ciento cuarenta y ocho miligramos), en más o en menos.
C) Aleación de bronce - aluminio - hierro.
Esta aleación estará integrado como sigue:
5% (cinco por ciento) de níquel, máximo;
5% (cinco por ciento) de aluminio, máximo;
1% (uno por ciento) de hierro, máximo;
0.6% (seis décimos de punto porcentual) de manganeso, máximo; y lo restante de cobre.
En esta composición el peso será de 3.05 g (tres gramos cinco centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.150 g (ciento cincuenta miligramos), en más o en menos;
D) Aleación de alpaca dorada.
Esta aleación estará integrada como sigue :
70 % (setenta por ciento) de cobre;
5.5 % (cinco, cinco décimos por ciento) de níquel; y,
24.5 % (veinticuatro, cinco décimos por ciento) de zinc;
Con una tolerancia, en más o en menos de 1.5 % (uno, cinco décimos por ciento), por elemento.
En esta composición el peso será de 3.31 g (tres gramos, treinta y un centésimos ), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.162 g (ciento setenta y dos miligramos), en más o en menos.
E) Aleación de acero con recubrimiento cerámico.
Esta aleación estará compuesta por dos partes; un núcleo cuyo peso mínimo corresponderá al 94 % ( noventa y cuatro por ciento) y un recubrimiento cuyo peso máximo corresponderá al 6% (seis por ciento), del peso total de la pieza. La composición de cada una de estas partes será la siguiente:
E1) Núcleo de acero.
Como la que se refiere en el inciso B1, de la composición de la moneda de cinco centavos.
E2) Recubrimiento cerámico.
Cualquier material cerámico que le confiera un color dorado, que podrá ser ópticamente variable.
En esta composición el peso será de 2.97 g (dos gramos, noventa y siete centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.146 g (ciento cuarenta y seis miligramos), en más o en menos.
Cuños:
Anverso: Al Centro del Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", formando el semicírculo superior.
Reverso: En parte central de la moneda el número veinte "20", como motivo principal y valor facial, a su derecha el símbolo de centavos "¢", en el campo superior al centro el año de acuñación, en el campo inferior al centro el símbolo de la Casa de Moneda de México "M", a la izquierda paralelo a un marco dodecagonal una estilización del Acatl Decimotercer día de la Piedra del Sol.
Canto: Liso
MONEDA DE CINCUENTA CENTAVOS
Valor facial: Cincuenta centavos.
Forma: Dodecagonal muescada.
Diámetro: 22.0 mm (veintidós milímetros), correspondiente al círculo que inscribe al dodecágono.
Composición: Podrá, conforme a lo previsto en el inciso b, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, ser cualquiera de las aleaciones siguientes:
A) Aleación de bronce - aluminio.
Como la que se refiere en el inciso A, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición peso será de 4.39 g (cuatro gramos, treinta y nueve centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.200 g (doscientos miligramos), en más o en menos.
B) Aleación de acero recubierto de bronce.
Como la que se refiere en el inciso B, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 4.35 g ( cuatro gramos, treinta y cinco centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.195 g ( ciento noventa y cinco miligramos), en más o en menos.
C) Aleación de bronce - aluminio - hierro.
Como la que se refiere en el inciso C, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será 4.38 g (cuatros gramos, treinta y ocho centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.200 g (doscientos miligramos), en más o en menos.
D) Aleación de alpaca dorada.
Como la que se refiere en el inciso D, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 4.76 (cuatro gramos, setenta y seis centésimos), y la tolerancia de peso por pieza será de 0.215 g (doscientos quince miligramos), en más o en menos.
E) Aleación de acero con recubrimiento cerámico.
Como la que se refiere en el inciso E, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 4.27 g ( cuatro gramos, veintisiete centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.192 (ciento noventa y dos miligramos), en más o en menos.
Cuños:
Anverso: Al Centro del Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos, formando el semicírculo superior.
Reverso: En la parte central de la moneda, el número cincuenta "50" como motivo principal y valor facial, a su derecha el símbolo de centavos "¢", en el campo superior al centro el año de acuñación, en el campo inferior al centro el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" y paralelo al marco en semicírculo, en la parte inferior , una estilización del Anillo de la Aceptación de la Piedra del Sol.
Canto: liso
MONEDA DE UN PESO
Valor facial: Un peso.
Forma: Circular.
Diámetro 21.0 mm ( veintiún milímetros).
Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:
1. Parte central de la moneda.
Podrá, conforme a lo provisto en el inciso b, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, ser cualquiera de las aleaciones siguientes:
A) Aleación de bronce - aluminio.
Como la que se refiere en el inciso A, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 1.81 g ( un gramo, ochenta y un centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.081 g (ochenta y un miligramos), en más o en menos.
B) Aleación de acero recubierto de bronce.
Como la que se refiere en el inciso B, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 1.79 g ( un gramo), setenta y nueve centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.081 g (ochenta y un miligramos), en más o en menos.
C) la aleación de bronce - aluminio - hierro.
Como la que se refiere en el inciso C, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 1.81 g (un gramo, ochenta y un centésimo), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.081 g ( ochenta y un miligramos), en más o en menos.
D) Aleación de alpaca dorada.
Como la que se refiere en el inciso D, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 1.97 g (un gramo, noventa y siete centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.088 (ochenta y ocho miligramos), en más o en menos.
E) Aleación de acero con recubrimiento cerámico.
Como la que se refiere en el inciso E, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 1.77 g (un gramo, setenta y siete centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.079 g (setenta y nueve miligramos), en más o en menos.
F) Aleación de cero inoxidable con recubrimiento cerámico.
Esta aleación estará compuesta por dos partes: un núcleo cuyo peso mínimo corresponderá al 94 % (noventa y cuatro por ciento), y un recubrimiento cuyo peso máximo corresponderá al 6 % (seis por ciento) del peso total de la pieza. La composición de cada una de estas partes será la siguiente:
F1) Núcleo de acero inoxidable.
Como la que se refiere en el inciso A, de la composición de la moneda de cinco centavos.
F2) Recubrimiento cerámico.
Como la que se refiere en el inciso E2, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 1.74 g (un gramo, setenta y cuatro centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.078 g ( setenta y ocho miligramos), en más o en menos.
2. Anillo perímetro de la moneda.
Aleación de acero inoxidable como la que se refiere en el inciso A, de la composición de la moneda de cinco centavos.
En esta composición el peso será de 2.14 g (dos gramos, catorce centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.100 g (cien miligramos), en más o en menos.
Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central de la moneda y del anillo perimétrico de la misma, que corresponderá, para cada inciso del punto 1. anterior como a continuación se indica:
A) 3.95 g (tres gramos, noventa y cinco centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.181 g (ciento ochenta y un miligramos), en más o en menos
B) 3.93 g (tres gramos, noventa y tres centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.181 g (ciento ochenta y un miligramos), en más o en menos
C) 3.95 g (tres gramos, noventa y cinco centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.181 g(ciento ochenta y un miligramos), en más o en menos.
D) 4.11 g (cuatro gramos, once centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.188 g ( ciento ochenta y ocho miligramos), en más o en menos.
E) 3.91 g (tres gramos noventa y un centésimos ), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.179 g(ciento setenta, y nueve miligramos), en más o en menos
F) 3.88 g (tres gramos, ochenta y ocho centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.178 g (ciento setenta y ocho miligramos), en más o en menos.
Cuños:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estado Unidos Mexicanos", formando el semicírculo superior.
Reverso: En la parte central a la izquierda el símbolo "$" y a la derecha el valor facial uno "1", en el campo superior al centro el año de acuñación, en el campo derecho al centro el símbolo de la Casa de Moneda de México "M". Como motivo principal una estilización del anillo del Resplandor Solar de la Piedra del Sol.
Canto: Liso.
MONEDA DE DOS PESOS
Valor facial: Dos pesos.
Forma: circular.
Diámetro: 23.0 mm (veintitrés milímetros).
Composición. La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:
1. Partes central de la moneda.
Podrá , conforme a lo previsto en el inciso b, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, ser cualquiera de las aleaciones siguientes:
A) Aleación de bronce - aluminio.
Como la que se refiere en el inciso A, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 2.38 g (dos gramos, treinta y ocho centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.109 g (ciento nueve miligramos) en más o en menos.
B) Aleación de acero recubierto de bronce
Como la que se refiere en el inciso B, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En está composición el peso será de 2.40 g (dos gramos, cuarenta centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.108 g (ciento ocho miligramos), en más o en menos.
C) Aleación de bronce - aluminio - hierro.
Como la que ese refiere en el inciso C, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 2.43 g (dos gramos, cuarenta y tres centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.109 g (ciento nueve miligramos), en más o en menos.
D) Aleación de alpaca dorada.
Como la que se refiere en el inciso D, de la composición de la moneda de vente centavos.
En esta composición el peso será de 2.64 g (dos gramos, sesenta y cuatro centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.119 g (ciento diecinueve miligramos), en más o en menos.
E) Aleación de acero con recubrimiento cerámico.
Como la que se refiere en el inciso E, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 2.37 g (dos gramos, treinta y siete centésimos), y la tolerancia en pesos por pieza será de 0.107 g (ciento siete miligramos), en más o en menos.
F) Aleación de acero inoxidable con recubrimiento cerámico.
Como la que se refiere en el inciso F, de la composición de la moneda de un peso.
En esta composición el peso será de 2.34 (dos gramos, treinta y cuatro centésimos), y la tolerancia de un peso por pieza será de 0.105 g ( ciento cinco miligramos) en más o en menos.
2. Anillo perimétrico de la moneda.
Aleación de acero inoxidable, como la que se refiere en el inciso A, de la composición de la moneda de cinco centavos.
En esta composición el peso será de 2.81 g (dos gramos, ochenta y un centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.120 g (ciento veinte miligramos), en más o en menos.
Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central de la moneda y del anillo perimétrico de la misma, que corresponda para cada inciso del punto 1. anterior, como a continuación se indica:
AÑO I. No. 16 CÁMARA DE DIPUTADOS JUNIO 9, 1992
A) 5.19 g (cinco gramos, diecinueve centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.229 g (doscientos veintinueve miligramos), en más o en menos.
B) 5.21 g ( cinco gramos, veintiún centésimos) , y la tolerancia en peso por pieza será de 0.228 g ( doscientos veintiocho miligramos), en más o en menos.
C) 5.24 g (cinco gramos, veinticuatro centésimos), y la tolerancia de peso por pieza será de 0.229 (doscientos veintinueve miligramos), en más o en menos.
D) 5.45 g (cinco gramos cuarenta y cinco centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.239 g (doscientos treinta y nueve miligramos), en más o en menos.
E) 5.18 g ( cinco gramos dieciocho centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.227 g (doscientos veintisiete miligramos), en más o en menos.
F) 5.15 g (cinco gramos, quince centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.225 g (doscientos veinticinco miligramos), en más o en menos.
Cuños.
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos" formando el semicírculo superior.
Reverso: En la parte central a la izquierda aparece "$", al lado derecho el valor facial dos "2" , en el campo superior del año de acuñación, en el campo derecho al centro, el símbolo de la Casa de Moneda de México "M". Como motivo principal una estilización del Anillo de los Días de la Piedra del Sol.
Canto: Liso
MONEDA DE CINCO PESOS
Valor facial: Cinco pesos
Forma: Circular
Diámetro: 25.5 mm ( veinticinco milímetros, cinco decimos).
Composición: La moneda será biometálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que será como sigue:
1. Parte central de la moneda.
Podrá, conforme a lo provisto en el inciso b, el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, ser cualquiera de las aleaciones siguientes:
A) Aleación de bronce - aluminio.
Como la que se refiere en el inciso A, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 3.25 g ( tres gramos, veinticinco centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.146 g ( ciento cuarenta y seis miligramos), en más o en menos.
B) Aleación de acero recubierto de bronce.
Como la que se refiere en el inciso B, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 3.21 g (tres gramos, veintiún centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.144 g (ciento cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.
C) Aleación de broce - aluminio - hierro.
Como la que se refiere en el inciso C, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 3.25 g ( tres gramos, veinticinco centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.146 g (ciento cuarenta y seis miligramos), en más o en menos.
D) Aleación de alpaca dorada.
Como la que se refiere en el inciso D, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 3.53 g (tres gramos, cincuenta y tres centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.159 g (ciento cincuenta y nueve miligramos), en más o en menos.
E) Aleación de acero con recubrimiento cerámico.
Como la que se refiere en el inciso E, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 3.17 g ( tres gramos, diecisiete centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.143 g ( ciento cuarenta y tres miligramos), en más o en menos.
F) Aleación de acero inoxidable con recubrimiento cerámico.
Como la que se refiere en el inciso F, de la composición de la moneda de un peso.
En esta composición el peso será de 3.13 g (tres gramos, trece centésimos), la tolerancia en peso por piezas será de 0.141 g (ciento cuarenta y un miligramos), en más o en menos.
2. Anillo perimétrico de la moneda.
Aleación de acero inoxidable, como la que se refiere en el inciso A, de la composición de la moneda de cinco centavos.
En esta composición el peso será de 3.82 g (tres gramos, ochenta y dos centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.145 g (ciento cuarenta y cinco miligramos), en más o en menos.
Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central de la moneda y del anillo perimétrico de la misma, que corresponderá, para cada inciso del punto
1. anterior, como a continuación se indica:
A) 7.07 g (siete gramos, siete centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.291 g (doscientos noventa y un miligramos), en más o en menos.
B) 7.03 g (siete gramos, tres centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.289 g (doscientos ochenta y nueve miligramos), en más o en menos.
C) 7.07 g (siete gramos, siete centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.291 g (doscientos noventa y un miligramos), en más o en menos.
D) 7.35 g (siete gramos, treinta y cinco centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.304 g (trescientos cuatro miligramos), en más o en menos.
E) 6.99 g (seis gramos, noventa y nueve centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.288 g (doscientos ochenta y ocho miligramos), en más o en menos.
F) 6.95 g (seis gramos, noventa y cinco centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.286 g (doscientos ochenta y seis miligramos), en más o en menos.
Cuños.
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", formando el semicírculo superior.
Reverso: En la parte central a la izquierda aparece el símbolo "$" y al centro el número cinco "5" como valor facial, en el campo superior izquierdo el año de acuñación, en el campo derecho al centro el símbolo de la Casa de Moneda de México "M". Como motivo principal aparece una estilización del Anillo de las Serpientes de la Piedra del Sol.
Canto: Liso.
MONEDA DE DIEZ PESOS
Valor facial: Diez pesos.
Forma: Circular.
Diámetro: 28.0 mm (veintiocho milímetros).
Composición La moneda será biametálica y estará constituida por dos alineaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:
1. Parte central de la moneda.
Plata: Sterling.
Ley: 0.925.
Metal de liga: Cobre.
Peso: 5.604 g (cinco gramos, seiscientos cuatro milésimos).
Contenido: 5.184 g (cinco gramos, ciento ochenta y cuatro milésimos), equivalente a 1/6 oz. (un sexto) de onza troy de plata pura.
Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos) en más o en menos.
Tolerancia en peso por pieza: 0.090 g (noventa miligramos) en más o en menos.
Tolerancia en peso por conjunto de mil piezas: 1.75 g (un gramo, setenta y cinco centésimos) en más o en menos.
2. Anillo perimétrico de la moneda.
Este, conforme a lo previsto en el inciso b) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, podrá estar constituido por cualquiera de las aleaciones siguientes:
A) Aleación de bronce - aluminio.
Como la que se refiere en el inciso A, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 5.579 g (cinco gramos, quinientos setenta y nueve milésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.223 g (doscientos veintitrés miligramos), en más o en menos.
B)Aleación de acero recubierto de bronce.
Como la que se refiere en el inciso B, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 5.509 g (cinco gramos, quinientos nueve milésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.220 g (doscientos veinte miligramos), en más o en menos.
C) Aleación de bronce - aluminio - hierro.
Como la que se refiere en el inciso C, de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 5.572 g (cinco gramos, quinientos setenta y dos milésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.223 g (doscientos veintitrés miligramos), en más o en menos.
D) Aleación de alpaca dorada.
Como la que se refiere en el inciso D), de la composición de la moneda de veinte centavos.
En esta composición el peso será de 6.060 g (seis gramos, sesenta milésimos) y la tolerancia en peso por pieza será de 0.242 g (doscientos cuarenta y dos miligramos), en más o en menos.
Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponderá, para cada inciso del punto 2. anterior, como a continuación se indica:
A) 11.183 g (once gramos, ciento ochenta y tres milésimos), y las tolerancias en peso por pieza y por conjunto de mil piezas serán respectivamente 0.313 g (trescientos trece miligramos ) y, 6.086 g (seis gramos, ochenta y seis milésimos), ambas en más o en menos.
B) 11.113 g (once gramos, ciento trece milésimos), y las tolerancias en peso por pieza y por conjunto de mil piezas serán respectivamente 0.310 g (trescientos diez miligramos) y 6.028 g (seis gramos, veintiocho milésimos), ambas en más o en menos.
C) 11.176 g (once gramos, ciento setenta y seis milésimos), y las tolerancias en peso por pieza y por conjunto de mil piezas serán respectivamente 0.313 g (trescientos trece miligramos), y 6.086 g (seis gramos, ochenta y seis milésimos), y ambas en más o en menos.
D) 11.664 g (once gramos, seiscientos sesenta y cuatro milésimos), y las tolerancias en peso por pieza y por conjunto de mil piezas serán respectivamente 0.332 g (trescientos treinta y dos miligramos) y 6.456 g (seis gramos, cuatrocientos cincuenta y seis milésimos), ambas en más o en menos.
CUÑOS:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", formando el semicírculo superior.
Reverso: En la parte central está el círculo de la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego. En el anillo perimétrico, en la parte superior, al centro el símbolo "$10", a la izquierda el año de acuñación y a la derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México "M", en la parte inferior la leyenda "Diez Pesos". El marco liso con gráfila escalonada.
Canto: Estriado.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1993, con excepción del segundo transitorio, el cual entrará en vigor el día siguiente al de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se deroga el decreto por el que se reforma el inciso b, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de las monedas de cien, doscientos, quinientos, mil, dos mil, cinco mil, y diez mil pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 1990.
Tercero. Las piezas de uno, cinco, diez, veinte, cincuenta, cien, quinientos y mil pesos anteriores a las previstas en el decreto referido en el artículo anterior, así como las conmemorativas a que se refiere el inciso c, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, que no hayan sido demonetizadas, continuarán con el poder liberatario que les señala el artículo 5o. de la citada ley, hasta que sean retiradas de la circulación por el Banco de México.
El Banco de México, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación un aviso en el que se
indique que las piezas referidas en el párrafo anterior ya han sido retiradas de la circulación, sin perjuicio de lo cual, en los términos de su ley orgánica, efectuará el canje de dichas monedas durante un plazo de dos años contado a partir de la fecha de publicación del aviso respectivo.
Cuarto. Se desmonetizan las piezas actuales con denominaciones en centavos de peso. Sin perjuicio de lo anterior, el Banco de México, en los términos de su ley orgánica, las continuará recibiendo para su canje por piezas en circulación, hasta el 1o. de enero de 1995.
Quinto. En tanto el Banco de México no retire de la circulación las monedas a que se refiere el tercero transitorio, las monedas de uno, dos, cinco y diez pesos a que se refiere el artículo tercero, deberán contener en el reverso, en lugar del símbolo "$", el símbolo "N$", y la moneda de diez pesos deberá contener además, en lugar de la expresión "pesos" la expresión "nuevos pesos"
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 9 de junio de 1992.»
LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Interior.
En la Atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisiones Unidas de Comercio y de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: a las comisiones de Comercio y de Hacienda y Crédito Público fue turnada para su revisión, la minuta del Senado de la República sobre la iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Interior, propuesta por el Ejecutivo de la Unión en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 constitucional, en los términos en que fue aprobada por la Cámara de Senadores, que actuó con el carácter de cámara de origen.
Atento a lo anterior, los ciudadanos diputados integrantes de las comisiones antes mencionadas, con fundamento en los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
DICTAMEN
La iniciativa en estudio tiene como propósito la adecuación del marco jurídico y de operación del Banco Nacional del Pequeño Comercio, cambiando tal denominación, sin afectar en esencia el esquema de su actual Ley Orgánica enriqueciendo los rubros de operación y funcionamiento de la sociedad, a fin de ampliar los instrumentos que le permitan continuar canalizando en forma eficiente y equitativa los recursos crediticios de que dispone.
En resumen, el proyecto de análisis comprende cuatro aspectos distintos en relación a la Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio, los cuales son:
a) Cambio de denominación;
b) Ampliación de los objetivos de la sociedad;
c) Adecuaciones a la Ley de Instituciones de Crédito; y
d) Ajustes menores que ofrecen mayor claridad al ordenamiento.
Atento a los anterior, coincidimos en la necesidad de expedir una nueva Ley Orgánica y no sólo reformar la ley vigente, lo cual permitirá que el cuerpo legal orgánico de la sociedad presente un orden normativo coherente y bien estructurado que seguramente facilitará su conocimiento y observancia.
En los trabajos de conferencia con la Cámara de Senadores se acordó destacar los siguientes rubros:
La iniciativa propone el cambio de denominación de Banco Nacional del Pequeño Comercio por la de Banco Nacional de Comercio Interior,
Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, atendiendo al propósito de hacer representativos los objetivos que conforme al Plan Nacional de Desarrollo y a sus programas, corresponde alcanzar a dicha institución de fomento, con el fin de promover y financiar el desarrollo económico nacional y regional del país, concretamente para brindar un mayor apoyo a las actividades del comercio interior y del abasto, así como de los servicios y de aquellas ramas de actividad que por su importancia le encomiende el gobierno federal.
Al igual que lo ha manifestado la Colegisladora, se considera que el Banco Nacional de Comercio Interior debe regirse por una ley moderna y adecuada a su estructura y operación, que fortalezca su participación eficiente dentro del sistema financiero, respondiendo a los cambios en las tendencias económicas.
Adicionalmente, la denominación que se propone tiende a fortalecer la presencia de dicha institución de banca de fomento dentro del sistema financiero, destacando con ello los objetivos a los cuales se encausarán las actividades de la sociedad.
El Banco Nacional del Pequeño comercio fue creado con el propósito de apoyar a los comerciantes en pequeño del Distrito Federal, a fin de que adquieran sus mercancías directamente del productor; pero los cambios en la actividad económica han hecho necesario redimensionar sus objetivos institucionales con la finalidad de que atienda los requerimientos del comercio interior y del abasto en su conjunto.
Al efecto, el documento que se dictamina comprende ajustes y adiciones a los objetivos y operaciones que actualmente realiza el Banco Nacional del Pequeño Comercio, dotando a la sociedad de una mayor flexibilidad operativa.
De esta forma, la iniciativa prevé que el Banco Nacional de Comercio Interior emita, además de bonos bancarios de desarrollo, otros valores o títulos de crédito, así como certificados de participación con base en fideicomisos constituidos al efecto y certificados de participación nominativos en los que se haga constar la participación que tienen sus tenedores en títulos o valores o en grupos de ellos, que se encuentren en poder de la sociedad, o vayan a ser adquiridos con ese objeto, como excepción a lo que establece el artículo 228-A, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
El incorporar las operaciones mencionadas obedece al propósito de que el Banco Nacional de Comercio Interior, amplíe sus instrumentos de fondeo, a fin de incrementar sus recursos atrayendo a un mayor número de inversionistas, fomentando con ello el desarrollo del mercado de capitales y de la inversión institucional.
Entre los objetivos que se contienen en la iniciativa, destaca la posibilidad de que la sociedad apoye financieramente estudios de viabilidad técnica, económica y financiera que permitan determinar la rentabilidad económica y social de los proyectos relacionados con su objeto social, promoviendo el desarrollo tecnológico que demandan los sectores asignados, planteándose la alternativa para promover que dichos proyectos sean realizados por inversionistas potenciales.
Estas comisiones consideran que con los objetivos antes mencionados, la sociedad tendrá un marco que le facilitará elevar la eficiencia y productividad de los sectores, coadyuvando la adopción de nuevos procesos tecnológicos a aumentar la calidad a un bajo costo de los productos. Asimismo, es nuestra opinión que tales sectores requieren de apoyos suficientes que hagan posible incorporar en sus procesos los avances científicos relacionados con sus actividades, por tanto, la sociedad habrá de establecer una coordinación permanente con los distintos organismos abocados a
la generación e investigación de nuevas formas tecnológicas, encaminadas a optimizar en la práctica las tareas de los sectores productivos.
La iniciativa prevé como un objetivo adicional de la sociedad, el apoyo financiero que debe prestar a la comercialización de productos básicos, en apego a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, entre cuyos objetivos se comprende asegurar el abasto suficiente y oportuno de productos a la población, principalmente de alimentos.
Con lo anterior, la sociedad podrá diseñar los mecanismos de financiamiento adecuados que propicien el cumplimiento del objetivo mencionado. Al respecto, estas comisiones estiman que la sociedad podrá fomentar y apoyar la creación, operación y desarrollo de figuras asociativas que fortalezcan esquemas de compra en común y la gestión del crédito bancario, ampliando los sectores de población susceptibles de financiamiento, lo cual habrá de contrastar con la situación en la que actualmente se encuentra un gran número de sujetos vinculados al pequeño comercio sin acceso a fuentes de financiamiento.
Otro objetivo básico de la iniciativa lo constituye la posibilidad de que la institución sea fiduciaria
y administradora de fideicomisos, mandatos y comisiones constituidos por el gobierno federal. Estas comisiones coinciden con la opinión de la Colegisladora en el sentido de que con tal facultad la sociedad fortalecerá la vocación fundamental de la institución para canalizar recursos crediticios adecuados hacia programas y proyectos prioritarios, proporcionando apoyo integral a los sectores encomendados.
En congruencia a lo anterior, es de destacar que la iniciativa pretende que el Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, otorgue avales o garantías, a efecto de que aquél ofrezca este tipo de operación en adición al financiamiento directo y al vinculado con asistencia técnica y capacitación, con lo cual se ratifica el propósito de la sociedad de brindar apoyos integrales.
Como se ha destacado en el presente dictamen, el citado Banco pretende impulsar el abasto y apoyar la comercialización de productos básicos, como objetivos institucionales, acordes a los lineamientos y programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual hace necesario que en el órgano directivo de la sociedad, participen representantes de las dependencias vinculadas con dichos sectores. Por tanto, la iniciativa establece que el consejo directivo de la sociedad mantendrá el mismo número de integrantes, efectuando dos cambios en la parte relacionada con los representantes de la serie "A". Dichos cambios conllevan a sustituir al representante del Banco Nacional de Comercio Exterior por uno de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, como dependencia facultada para establecer las políticas y programas relacionados con la producción, industrialización y comercialización agrícola, ganadera y avícola, en todos sus aspectos; asimismo un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se sustituye por uno del Banco de México.
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito, el proyecto prevé que el órgano de vigilancia de la sociedad estará integrado por dos comisarios, nombrados, uno por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y otro por la Comisión Consultiva de la Sociedad.
Por otra parte, la iniciativa elimina las remisiones a la abrogada Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, adecuándose el proyecto, tanto en sus preceptos como en sus referencias, a la Ley de Instituciones de Crédito. Complementariamente la iniciativa propone algunos ajustes menores a operaciones previstas en la ley vigente, buscando con ello eliminar disposiciones que limiten el funcionamiento de la sociedad, brindando claridad al proyecto en comentario.
De esta forma, en el documento de análisis se reitera el apoyo financiero y de asistencia técnica que la sociedad debe proporcionar a los programas de modernización de la infraestructura comercial, refiriéndose, con carácter enunciativo y no limitativo, a los objetivos a perseguir con dichos programas.
Asimismo, la iniciativa distingue los supuestos en que la sociedad podrá invertir en el capital social de empresas; de organizaciones auxiliares del crédito y de intermediarios financieros no bancarios; de empresas que le presten servicios complementarios o auxiliares en su administración o en la realización de su objeto; y de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a sus oficinas. Al efecto, estas comisiones consideran acertado que la iniciativa precise las disposiciones a las cuales habrán de sujetarse dichas inversiones.
Por último. la iniciativa contiene en sus disposiciones transitorias las previsiones legales inherentes para la debida iniciación de la vigencia, así como el cambio de denominación de la sociedad de Banco Nacional del Pequeño Comercio a Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, precisándose, a efecto de salvaguardar los intereses de la sociedad, que todas las inscripciones, anotaciones marginales de cualquier naturaleza efectuadas en los registros públicos de la propiedad y del comercio, así como en cualquier otro registro relativo al Banco Nacional de Pequeño Comercio, respecto de inmuebles, muebles, marcas, contratos, convenios, títulos de crédito, comisiones de carácter mercantil y cualesquiera otras, se entenderán referidas al citado Banco Nacional de Comercio Interior; y por lo que hace a su reglamentación se prevé que continuará siendo aplicable la que actualmente rige al Banco Nacional del Pequeño Comercio, hasta en tanto no se expida el Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Comercio Interior.
Las comisiones dictaminadoras analizaron cuidadosamente el expediente que contiene la aprobación de la iniciativa en cuestión por parte de la colegisladora, principalmente por lo que se refiere a los ajustes de carácter técnico y que
con propósitos de claridad y precisión propone la propia Colegisladora, respecto de la iniciativa que se dictamina. Al efecto las comisiones que suscriben estiman que deben aceptarse tales ajustes en razón de que clarifican los conceptos a los cuales se refieren los mismos.
Especial mención merece el ajuste al artículo 2o. de la iniciativa, mediante el cual se precisa que la sociedad prestará el servicio de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo vigente y de los programas derivados del propio plan, en especial los relacionados con el financiamiento del desarrollo.
Por lo que se refiere al ajuste realizado al texto de la fracción X del artículo 6o. de la iniciativa relacionado con los fideicomisos constituidos por el gobierno federal vinculados con los objetivos de la sociedad, el mismo es igualmente aceptable en cuanto que fortalece la especialización de la actividad encomendada a la sociedad.
Asimismo, las comisiones admiten los ajustes propuestos por la Colegisladora para la fracciones II Y IV del artículo 7o. del proyecto que se dictamina, en razón a que con ellos se da claridad al contenido de su texto, haciendo referencia exclusivamente a los sectores a los cuales se canalizarán los créditos que contrate la sociedad y por otra parte, se precisa que la participación de la sociedad en el desarrollo de nueva tecnología, se hará mediante el otorgamiento de financiamiento.
Por último, la supresión que se hace al artículo 15 en su fracción I, inciso a, de la iniciativa, se estima conveniente por parte de estas comisiones por considerar que dicha fracción sólo está referida a la designación de los representantes de la serie "A" de certificados de aportación patrimonial.
Finalmente las comisiones revisoras estiman que el proyecto de ley se ajusta a los principios y lineamientos que en lo particular al sistema financiero, tiene trazados el Plan Nacional de Desarrollo y en especial el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, al establecerse que la sociedad llevará a cabo sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades que aquéllos señalan para promover y financiar las actividades de los sectores que se le encomiendan.
Por lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que la iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Interior, propuesta por el Ejecutivo de la Unión y los ajustes aprobados por la Colegisladora, se apegan estrictamente a las normas constitucionales, son congruentes con las prioridades del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo y son acordes a las leyes que conforman el sistema financiero, en especial a la Ley de Instituciones de Crédito.
En base a lo anterior, las comisiones que suscriben propone a esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR
CAPITULO I
De la sociedad, denominación, objeto y domicilio
Artículo 1o. La presente Ley rige al Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 2o. El Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de institución de banca de desarrollo, prestará el servicio de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del plan nacional de desarrollo vigente y de los programas derivados del propio plan, en especial los relacionados con el financiamiento del desarrollo, para promover y financiar las actividades de los sectores encomendados en la presente Ley.
Artículo 3o. El Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de Institución de Banca de Desarrollo tendrá por objetivo fundamental, la promoción y financiamiento del desarrollo económico nacional y regional del país, promoviendo su productividad y eficiencia, en particular del comercio interior y del abasto, así como de los servicios y de aquellas ramas de actividad que por su importancia le encomiende el Gobierno Federal.
La operación y funcionamiento de la sociedad, se realizarán con apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar dentro de los sectores encomendados al prestar el servicio de banca y crédito, los objetivos de carácter general señalados en el artículo 4o., de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 4o. El domicilio del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de
Crédito, institución de banca de desarrollo, será el que determine su Reglamento Orgánico.
La sociedad, previa aprobación de su consejo directivo, podrá establecer, reubicar o clausurar sucursales, agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en el país o en el extranjero, con la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de lo previsto por el artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 5o. La duración de la sociedad será indefinida.
CAPITULO II
Objetivos y Operaciones
Artículo 6o. La sociedad en el ejercicio de su objeto estará facultada para:
I. Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que atiendan necesidades de los sectores en las distintas zonas del país o que propicien el mejor uso de los recursos de cada región;
II. Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales, cuando se vinculen con la comercialización y el abasto, así como con los servicios o con aquellas ramas de actividad que por su importancia le señale el gobierno federal;
III. Apoyar financieramente y con asistencia técnica los programas de modernización de la infraestructura comercial, impulsando entre otros, la construcción y operación de centrales o módulos de abasto, centros de acopio, centros comerciales y tiendas de autoservicio, mercados, cámaras de maduración y refrigeración, tiendas sindicales, almacenes y modernización del comercio interior, el abasto y los servicios;
IV. Apoyar financieramente la comercialización de productos básicos;
V. Realizar estudios económicos y financieros que permitan determinar los proyectos de inversión prioritarios, relacionados con su objeto, a efecto de promover su realización entre inversionistas potenciales;
VI. Apoyar financieramente la realización de estudios de viabilidad técnica, económica y financiera que permitan determinar la rentabilidad económica y social de los proyectos relacionados con su objeto social;
VII. Promover el desarrollo tecnológico de conformidad con las necesidades de los sectores;
VIII. Ser agente financiero del gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo de créditos del exterior, cuyo objeto sea fomentar el desarrollo económico y que se otorguen por instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así como cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional en los términos de las disposiciones legales aplicables. No se incluyen en esta disposición los créditos para fines monetarios;
IX. Realizar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia técnica con otras instituciones de crédito, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado; y
X. Ser fiduciaria y administradora de los fideicomisos, mandatos y comisiones constituidos por el Gobierno Federal en relación al objeto de la sociedad señalado en el artículo 3o. de esta Ley.
Artículo 7o. Para el cumplimento de los objetivos a que se refieren los artículos 3o. y 6o. anteriores, la sociedad podrá:
I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refieren los artículos 46 y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Las operaciones señaladas en el citado artículo 46, fracciones I y II, las realizarán en los términos del artículo 47 de dicho ordenamiento;
II. Contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia los sectores mencionados en el artículo 3o. de esta Ley, conforme a las disposiciones legales aplicables;
III. Financiar estudios económicos que permitan determinar los proyectos de inversión prioritarios para su adecuado financiamiento;
IV. Financiar el desarrollo de nueva tecnología vinculada a actividades relacionadas con sus objetivos, conforme a lo dispuesto por las leyes aplicables;
V. Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades mercantiles;
VI. Otorgar avales o garantías;
VII. Participar en el capital social de empresas, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Instituciones de Crédito;
VIII. Emitir valores o títulos de crédito, incluyendo bonos bancarios de desarrollo, para el apoyo de las operaciones propias del objeto de la sociedad. Las emisiones procurarán fomentar el desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional y serán susceptibles de colocarse entre el gran público inversionista, caso en el cual le serán aplicables las disposiciones legales respectivas;
IX. Emitir certificados de participación con base en fideicomisos constituidos al efecto;
X. Emitir certificados de participación nominativos en los que se haga constar la participación que tienen sus tenedores en títulos o valores, o en grupos de ellos, que se encuentran en poder de la institución, o vayan a ser adquiridos para ese objeto, cono excepción a lo que establece el artículo 228 a, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
La sociedad conservará los valores de los coparticipantes, en simple custodia o en administración y en ese caso podrá celebrar, sobre los mismos títulos, las operaciones que estime pertinentes y sólo será responsable del debido desempeñó de su cargo.
Cuando los certificados de participación hagan constar el derecho del copropietario sobre valores individualmente determinados, se entenderá que la sociedad garantiza a los tenedores la entrega de esos títulos. Cuando los certificados hagan constar solamente la participación del copropietario en una parte alícuota de un conjunto de valores y de sus productos, o del valor que resulte de su venta, la sociedad sólo será responsable de la existencia de los valores y de la entrega de su productos o de su precio, en su caso.
La emisión de dichos certificados se hará por declaración unilateral de voluntad de la sociedad emisora, expresada en acta notarial, en la que se fijarán la naturaleza, condiciones, plazos se retiro y las utilidades, intereses o dividendos que la sociedad garantice a los tenedores de los certificados;
XI. Invertir en títulos representativos del capital social de empresas que le presten servicios complementarios o auxiliares en su administración o en la realización de su objeto, así como de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a sus oficinas;
XII. Invertir en el capital social de organizaciones auxiliares del crédito y de intermediarios financieros no bancarios.
Las inversiones a que se refiere esta fracción y la inmediata anterior se efectuarán de conformidad con lo dispuesto por los artículos 88 y 89 de la Ley de Instituciones de Crédito; y
XIII. Realizar las actividades análogas y conexas a sus objetivos en los términos que al efecto le señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 8o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como excepción a lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Instituciones de Crédito y 14 de la Ley Orgánica del Banco de México, dictará las disposiciones relacionadas con las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos y otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas, pasivas que no impliquen captación de recursos del público y de servicios que realice la sociedad, para cumplir el objeto que se le ha encomendado en sus carácter de Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
Corresponde al Banco de México en los términos de su ley orgánica, la determinación de los conceptos señalados en el párrafo anterior, respecto a las operaciones pasivas correspondientes a recursos que capten del público y que estén sujetas al régimen previsto en las fracciones I y VII del artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco de México.
Artículo 9o. En los contratos de fideicomiso que celebre la sociedad, ésta podrá actuar en el mismo negocio como fiduciaria y fideicomisaria y realizar operaciones con la propia sociedad en cumplimiento de fideicomisos y mandatos, como excepción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 348 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y al inciso a, de la fracción XIX del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 10. El gobierno federal responderá en todo tiempo de las operaciones concertadas por el Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con personas físicas o morales nacionales y con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales, o cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional.
CAPITULO III
Capital Social
Artículo 11. El capital social del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de
Crédito, institución de banca de desarrollo, estará representado por certificados de aportación patrimonial, correspondiendo un sesenta y seis por ciento de éstos a la serie "A" y el restante treinta y cuatro por ciento la serie "B". El valor nominal de estos títulos se determinará en su reglamento orgánico.
La serie "A" sólo será suscrita por el gobierno federal, se emitirá en un título que no llevará cupones, el cual será intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere al gobierno federal.
La serie "B" podrá ser suscrita por el gobierno federal, entidades de la administración pública federal, los gobiernos de los estados y de los municipios y por personas físicas o morales mexicanas preferentemente comerciantes. Los certificados de esta serie "B" podrán emitirse en uno o varios títulos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que entidades de la administración pública federal y de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie "B" en una proporción mayor de la establecida en el artículo 33 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 12. El capital neto a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito, será el que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria.
Artículo 13. En ningún momento, podrán participar en forma alguna en el capital de la sociedad, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros.
Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo, perderán en favor del gobierno federal la participación de que se trate.
CAPITULO IV
Administración y Vigilancia.
Artículo 14. La administración del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará encomendada a un consejo directivo y a un director general, en sus respectivas esferas de competencia.
Artículo 15. El consejo directivo estará integrado por nueve consejeros distribuidos de la siguiente forma:
I. Cinco consejeros representarán a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial que serán:
a) El secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el consejo directivo;
b) El secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien tendrá el carácter de vicepresidente;
c) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
d) Un representante de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos; y
e) Un representante del Banco de México.
Los consejeros de la serie "A" reunirán las características que al efecto señala el artículo 41 de la Ley de Instituciones de Crédito y tratándose de servidores públicos de la administración pública federal, tendrán el nivel jerárquico que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
II. Cuatro consejeros de la serie "B" que serán designados en los términos que al efecto establezca el reglamento orgánico de la sociedad.
Los consejeros de la serie "B" durarán en su cargo un año, pudiendo ser reelectos.
Por cada consejero propietario se nombrará un suplente, en la forma y términos en que lo sean los propietarios.
En los casos de las designaciones de consejeros suplentes que representen a la serie "A", éstas se efectuarán por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público, debiendo recaer dichas designaciones en servidores públicos de la administración pública federal o profesionales independientes de reconocida honorabilidad, experiencia y prestigio en materia económica y financiera.
Las renuncias de los consejeros serán presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del consejo directivo de la sociedad.
Los miembros que se designen para cubrir vacantes durarán en su cargo el tiempo que falte por transcurrir al consejero sustituido.
Artículo 16. El consejo se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará válidamente con la asistencia de cinco consejeros, siempre y cuando,
entre ellos se encuentran por lo menos tres de los nombrados por la serie "A".
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad, en caso de empate.
Artículo 17. No podrán ser consejeros las personas que se encuentren en los casos señalados por el artículo 41, de la Ley de Instituciones de Crédito.
Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, durante el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los supuestos del artículo señalado, será sustituido por su suplente, por todo el tiempo que dure el impedimento y no se haga designación del consejero propietario.
Artículo 18. El consejo dirigirá a la sociedad en los términos de lo previsto por el artículo 42 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Crédito.
El consejo directivo, podrá acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la sociedad. Los acuerdos que en su caso dicte respecto de las operaciones previstas en la fracciones VI y XI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, deberán considerar la propuesta del director general.
Artículo 19. También serán facultades del consejo directivo las siguientes:
I. Aprobar el informe anual de actividades que le presente el director general;
II. Aprobar las inversiones en capital de riesgo a que se refiere la fracción Vll del artículo 7o. de la presente ley y su enajenación, estableciendo las modalidades que considere convenientes; y
lll Aprobar de los demás programas específicos y reglamentos internos de la sociedad, que le presente el director general, a efecto de someterlos a la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 20. El director general será designado por el Ejecutivo Federal a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los requisitos que establecen los artículos 24 y 43 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 21. El director general tendrá a su cargo la administración y la representación legal del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al consejo directivo, al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones:
I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto, de la sociedad, contará para ello con las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa podrá emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitros y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aún las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener autorización expresa del consejo directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio;
II. Ejecutar las resoluciones del consejo directivo;
III. Llevar la firma social;
IV. Actuar como delegado fiduciario general;
V. Las que le señale el reglamento orgánico y
VI. Las que le delegue el consejo directivo.
Dentro de sus funciones administrativas, el director general someterá a la consideración del consejo directivo los proyectos y programas relacionados con las facultades que al propio consejo confiere el artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 22. El órgano de vigilancia de la sociedad, estará integrado por dos comisarios, nombrados uno por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y otro por Comisión Consultiva a que se refiere el artículo siguiente. Por cada comisario se nombrará el respectivo suplente.
Los comisarios tendrán las más amplias facultades para examinar los libros de contabilidad y demás documentación de la sociedad, incluida la del consejo, así como para llevar a cabo todos los demás actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, las que podrán ejercer conjunta o separadamente, teniendo el
derecho de asistir a las juntas del consejo directivo con voz.
Artículo 23. En los términos del artículo 45 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, tendrá una comisión consultiva integrada por los titulares de los certificados de la serie "B" distintos del gobierno federal, la cual se reunirá por lo menos una vez al año.
Artículo 24. Los consejeros, el director general, los directores, los subdirectores, los gerentes y los delegados fiduciarios de la sociedad, sólo estarán obligados a absolver posiciones o a rendir testimonio en juicio, en representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficio, el que contestarán por escrito, dentro del término que señalen las autoridades respectivas.
CAPITULO V
Disposiciones generales
Artículo 25. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretará para efectos administrativos la presente ley y expedirá las disposiciones complementarias que se requieran en la aplicación de la misma.
Artículo 26. Las operaciones y servicios de la sociedad, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, y supletoriamente por la Ley de Instituciones de Crédito, por la Ley Orgánica del Banco de México y por las demás disposiciones aplicables.
Artículo 27. La sociedad formulará anualmente sus programas financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos, así como sus programas operativos, en los términos de lo dispuesto por los artículos 31 y 42 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 28. Previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la sociedad deberá construir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimento del objeto que esta ley le encomienda. Las cantidades que se hayan llevado a dichas reservas y fondos no se considerarán remanentes de operación.
Fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la participación de los trabajadores en las utilidades de la sociedad, el saldo se aplicará en los términos previstos por el Reglamento Orgánico.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La presente ley abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1986.
Artículo tercero. El Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, cambia su denominación a Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
Artículo cuarto. Las inscripciones y anotaciones marginales de cualquier naturaleza efectuadas en los registros públicos de la propiedad y del comercio, así como cualquier otro registro relativo al Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, respecto de inmuebles, muebles, marcas, contratos, convenios, títulos de crédito, comisiones de carácter mercantil y cualesquiera otras, se entenderán referidas al Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
Asimismo, corresponde al Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, las acciones, excepciones, defensas y recursos de naturaleza deducidos en los juicios o procedimientos administrativos en los que el Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, hubiese sido parte con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la presente ley.
Las autorizaciones, poderes, mandatos y demás actos jurídicos y medidas administrativas, otorgados, dictados o celebrados con fundamento en la ley que se abroga, continuarán en vigor hasta que no sean revocados o modificados por los órganos o autoridades competentes.
Artículo quinto. En tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expida el Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, que contemple las
modificaciones correspondientes, a fin de adecuarlo a los términos de esta ley, continuará en vigor el que venía rigiendo al Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de abril de 1991. Todas las menciones legales y reglamentarias al Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, se entenderán referidas al Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo en los términos de la presente ley.
Artículo sexto. El Reglamento Orgánico de la Sociedad deberá expedirse en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la fecha de la vigencia de la presente ley.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 9 de junio de 1992.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
*LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto decreto que reforma y adiciona la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Atalo Sandoval García: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El Presidente: -En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. Se abre el registro de oradores.
- Este documento está en el diario No. 15 del día 4 de junio de 1992.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.
El secretario Atalo Sandoval García: -En votación económica se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido el dictamen propuesto a ustedes.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El secretario Lucas Adrían del Arenal Pérez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 392 votos en pro, 2 en contra y una abstención.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto por 392 votos. Aprobado el decreto que reforma y adiciona la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
El secretario Lucas Adrían del Arenal Pérez: -Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
RESERVA ECOLÓGICA.
El Presidente. -Tiene la palabra el diputado Fernando Lerdo de Tejada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición en relación a la preservación de las zonas de reserva ecológica en el Distrito Federal.
El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna: - Señor Presidente, con su permiso; compañeros diputados:
He pedido hacer uso de la palabra para presentar ante ustedes un punto de acuerdo que considero de la mayor relevancia para el Distrito Federal y la zona conurbada de la ciudad de México, y lo pongo en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente, que como todos ustedes saben
se está llevando a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, iniciando el pasado 3 de junio y con duración durante toda esta semana, conferencia que se ha conocido con el nombre de Cumbre de la Tierra.
Esta conferencia es la conferencia más grande y que mayores expectativas haya jamás tenido conferencia alguna. Yo les diría que ni siquiera la conferencia de Yalta o la de Versalles, por las cuales se cambió la geografía política de Europa, atrajeron tanta atención como ha sido esta conferencia de Río 178 países de un total de 188 que tiene registrados la Organización de Naciones Unidas. Esto quiere decir que excepto 11 países, todos los demás de la comunidad están presentes. Más de 100 jefes de Estado. Se habla de cerca de 30 mil participantes y otro tanto igual de observadores. Y es que lo que sucede, después de terminado este episodio desafortunado de nuestra historia como humanidad llamada Guerra Fría, que duró más de 40 años, por fin hemos entendido que la verdadera amenaza para la humanidad, no está ya en una conflagración de tipo atómico, sino que esa amenaza la encontramos en el deterioro ecológico y en la depredación de nuestros recursos naturales.
La primera conferencia, estimados compañeros diputados, se llevó a cabo hace 20 años, en 1972, en la ciudad de Estocolmo y la gran mayoría de los expertos considera que dicha conferencia fue positiva, entre otras cosas porque 115 naciones crearon ministerios que de alguna manera se encargaron de analizar y de atender el problema ecológico dentro de sus propias fronteras.
Sin embargo, en estos 20 años el deterioro ambiental ha continuado en forma acelerada. Fíjense ustedes, de entonces a la fecha han desaparecido 200 millones de hectáreas de bosques, esto es un territorio igual al de la República mexicana. Se han perdido en los últimos 20 años 500 millones de hectáreas de tierra cultivable, esto es una extensión similar a la que ocupan India y Francia en forma conjunta. Ríos, lagos y aun mares interiores han sido convertidos en drenajes, tiraderos industriales y lugares donde la vida ya no es factible.
En los últimos 20 años, cerca de un millón de especies vegetales y animales se han extinguido, han desaparecido permanentemente de la Tierra, en un patrimonio que era irrecuperable. A la luz de estos resultados, desde luego que esperamos que esta Conferencia de Río tenga mayor éxito en llegar a acuerdos concretos que nos permitan una mayor protección.
Y hay algunas luces que podrían indicarnos precisamente que se va por ese camino. La pugna tan esperada entre países en desarrollo y países desarrollados se esta resolviendo en torno a mayores consensos y salvo Estados Unidos que se encuentra aislado, la comunidad internacional ha llegado a acuerdos fundamentales.
Se ha estado desarrollando en esta Cumbre un nuevo concepto de seguridad nacional. Fíjense ustedes: si por seguridad nacional deberíamos entender las acciones de un Estado, dirigidas a disminuir su vulnerabilidad, bis a bis la posibilidad de ataque de otra nación, ahora la vulnerabilidad tiene un concepto menos militar y más ecológico y por lo tanto es de esperar que los gastos relacionados en esta materia, tengan una reorientación también importante y que por lo tanto se gaste más en aspectos ecológicos globales.
Es en este entorno, compañeros, donde el pasado 3 de junio, día de la inauguración de esta conferencia, la ciudad de México recibió un reconocimiento al esfuerzo ciudadano, que han realizado más de 15 millones de mexicanos que viven en la ciudad, para articular acciones que nos permitan enfrentar los problemas de la contaminación.
Lo que en realidad nos viene a decir este reconocimiento, lo que en realidad significa, es que dentro de las medidas y de las acciones que se desarrollan en las principales ciudades del mundo, las que llevamos a cabo en la ciudad de México, son acciones que van por una tendencia adecuada. Esto es, que nuestro programa es considerado como un programa completo y coherente, sobre todo en comparación con los esfuerzos que se llevan a cabo en las otras grandes ciudades del mundo.
Por supuesto que quisiéramos avanzar más rápido; claro que nos gustaría que hubiese menos contaminación, pero el premio no significa en ningún momento que estemos conformes, ni tampoco quiere decir que debamos bajar la guardia, lo que significa es que vamos por un camino correcto y adecuado y que debemos nosotros de acelerar los programas que tenemos en esta materia.
Bien, señoras y señores diputados, en este contexto de esfuerzo ciudadano, que los seis partidos políticos, pertenecientes a esta Cámara de Diputados, han decidido firmar y poner a consideración del pleno un punto de acuerdo para proteger el patrimonio natural de la ciudad de México y de la zona conurbada.
Un punto de acuerdo, compañeros, que considero de la mayor importancia porque no es solamente una declaración política que reconozca lo fundamental que es el área de conservación ecológica de la ciudad de México, sino que es un verdadero compromiso de las fuerzas políticas que están en esta Cámara, es un acto de responsabilidad de los partidos políticos con relación a la ciudad.
No leo los considerandos del punto de acuerdo, sin embargo solamente quisiera señalar a ustedes algunos de los principales elementos que en el mismo se consideran.
En el acuerdo se señala que el Distrito Federal cuenta con 85 mil hectáreas, consideradas como áreas de conservación ecológica, y que esta área es necesaria para establecer un equilibrio adecuado entre la naturaleza y las actividades que realizan los habitantes, que realizamos los habitantes del Valle de México.
El acuerdo señala en las consideraciones, que los principales bosques del Valle de México se encuentran comprendidos dentro del área de conservación ecológica y que estos bosques resultan un punto fundamental en la lucha contra la infición y la contaminación que se vive en la ciudad, debido a que constituyen verdaderos pulmones productores de oxígeno.
En el acuerdo se señala que en esta zona ecológica se encuentra la principal fuente de recarga de los acuíferos de la ciudad de México y que estos acuíferos son los que nos permiten el 70% del agua que consumimos en el Distrito Federal y en la zona conurbanada, por lo tanto, se requiere de un muy buen especial cuidado.
Y los dicen los considerando, que esta área de conservación ecológica, se encuentra amenazada de disminuirse día a día debido principalmente a situaciones de apropiación indebida por parte de los particulares, a invasiones que se han vuelto comunes en esta área...
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez (desde su curul): -Señor Presidente
El Presidente: - Sí señor diputado.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: (desde su curul): - Que se escuche al orador en asunto tan importante como es el problema ecológico del Distrito Federal y de México, pues que se le escuche, porque tal parece que no nos interesa el futuro de México en este renglón tan importante. Muchas Gracias.
El Presidente: - Una nueva petición a los diputados para que guardemos silencio en lo posible y poder escuchar con atención al orador. Muchas gracias.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna: - Yo le agradezco al señor diputado su llamado de atención y simplemente quisiera decirles a mis compañeros diputados que no tardaré mucho tiempo más y que sí considero este punto de acuerdo como muy importante para el Distrito Federal.
Señalaba yo que en el punto de acuerdo se menciona que el área de conservación ecológica de la ciudad de México, ésa área en donde están los bosques, esa área que es la principal fuente de recarga de los acuíferos, ésa área que permite un desarrollo de la naturaleza animal y vegetal del Valle, esa área que constituye un dique para el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad, está amenazada debido a distintas acciones que van desde la apropiación ilegal por parte de particulares hasta los asentamientos irregulares en ella. Se establecen hasta el fraccionamiento clandestino que nosotros requerimos, compañeros diputados, apoyar para que se controlen estos efectos indeseados.
Tres comisiones de esta Cámara de Diputados: la de Asentamientos Humanos, la de Ecología y la del Distrito Federal, hemos tenidos la oportunidad, y la de Bosques y Selvas también, que últimamente estuvo en el Desierto de los Leones. Cuatro comisiones de esta Cámara de Diputados hemos tenido la posibilidad de verificar en el campo la situación de amenaza y de peligro del área de conservación ecológica que rodea al valle de México.
Y ante esa situación es que se presenta ante ustedes este punto de acuerdo que procedo ahora a leer, nada más los puntos resolutivos y que ha sido firmado en un acto de verdadera unanimidad y de responsabilidad ante la ciudad por los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias. Dice lo siguiente el punto de acuerdo
Por lo anterior, diputados representantes de los partidos abajo firmantes han considerado tomar el siguiente
ACUERDO
Primero. Solicitar a las autoridades del Departamento del Distrito Federal y del gobierno del estado de México intensificar sus acciones para delimitar el área de conservación ecológica respecto del área urbana territorial de la ciudad
de México y publicar, a través de los medios más apropiados, los límites de su extensión para conocimiento preciso de la ciudadanía.
Segundo. Pedir a las autoridades mencionadas la inmediata elaboración y ejecución de un programa metropolitano de rescate, conservación, vigilancia, reforestación y expansión del área de conservación ecológica de la ciudad de México, el cual deberá de hacerse del conocimiento de los órganos de representación popular según corresponda para sus consideraciones.
Tercero. Analizar la problemática de los grupos asentados irregularmente en el área de conservación ecológica, proponiendo de acuerdo al grado en que afectan la ecología de la zona su permanencia o su reubicación. En el primer caso, se establecerá el compromiso de no permitir su expansión. En el segundo, se les otorgarán facilidades de alternativas.
Cuarto. Los partidos políticos aquí representados asumen el compromiso de procurar la defensa del área de conservación ecológica, desalentando y no respaldando las prácticas de invasión o asentamiento irregular en los espacios constituidos con ese carácter, para provecho de todos los ciudadanos. Asimismo, adquieren la responsabilidad de promover ante las autoridades competentes, la constitución de nuevas reservas ecológicas de propiedad estatal y de espacios territoriales para satisfacer las necesidades habitacionales de los pobladores.
Corresponde a las autoridades evitar la invasión u ocupación de espacios de protección ecológica y promover la constitución de reservas territoriales que permitan satisfacer los requerimientos de suelo de los pobladores. En igual sentido de su responsabilidad llevar a cabo en forma permanente con la ciudadanía, acciones de forestación, cuidado y vigilancia de las reservas ecológicas existentes.
Quinto. Promover los estudios adecuados que den base a un programa que asegure la recarga de los acuíferos de la ciudad de México.
Sexto. Procurar como objetivo simultáneo, elevar el nivel económico, social y cultural de los agricultores que laboran en el área de conservación ecológica.
Séptimo. Los diputados pertenecientes a los diversos partidos políticos, toman el compromiso de revisar la legislación existente en la materia, a fin de actualizar las normas o expedir las necesarias que permitan garantizar el aprovechamiento adecuado del área de conservación ecológica de la ciudad de México.
Octavo. Aprobado el acuerdo por el pleno de la Cámara, hágase llegar al jefe del Departamento del Distrito Federal y al gobernador del estado de México, procurando una reunión con ambos funcionarios a la que concurran los coordinadores de las fracciones partidistas, a efecto de hacer de su conocimiento el presente acuerdo y convenir las acciones y medidas que procedan.
México, Distrito Federal, Recinto Legislativo.
Este acuerdo está firmado por los coordinadores de todas las fracciones políticas.
Compañeros diputados: como podrían ustedes observar, se trata de verdaderos compromisos; se trata de verdaderas responsabilidades. Estas son de aquellas disposiciones que conforme pasa el tiempo, realmente crecen en importancia; si logramos nosotros garantizar y apoyar las acciones para conservar el área de protección ecológica de la ciudad de México, créanme ustedes que habremos ganado mucho para nuestra querida capital. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo a que se ha referido el diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente: solamente quisiera externarle mi interés en intervenir en relación al punto de acuerdo que se ha planteado.
El Presidente - Tiene usted la palabra, señor diputado Calderón.
El diputado Jorge Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente.
Quisiera expresar nuestro apoyo, tal como ha sido ya expuesto, con la firma que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática dio a este punto de acuerdo.
Hay sin embargo un aspecto, mencionado en el punto de acuerdo, que merece atención, porque está vinculado al debate de la ecología de la ciudad de México y al debate global que se está realizando en la Cumbre de la Tierra.
Por primera vez, estimados compañeras y compañeros legisladores, en un documento que se refiere particularmente a la situación de la ecología del valle de México y en particular del
Distrito Federal, en estas discusiones recientes que hemos tenido, repito, se menciona un aspecto que con frecuencia se olvida en la protección ecológica de nuestro valle, que es el relativo a los agricultores; a los agricultores de este valle de México y particularmente a los agricultores de la zona de reserva ecológica.
Y lo señalado porque preservación de nuestro medio ambiente no solamente es bosques y selvas o plantas de ornato, no solamente es preservación de tales o cuales áreas forestales, es también sistemas productivos, dinámicos, con capacidad autoreproductiva, con tecnologías suaves y flexibles, que permitan un desarrollo sustentable pero con preservación, repito, de los intereses de los productores agrícolas y en algunos casos también de los productores ganaderos y forestales.
Con mucha frecuencia, cuando se analizan los problemas de la ciudad de México y del valle de México, se olvida que tenemos un entorno rural, de hombres y mujeres que viven de la agricultura, de la ganadería y de un reciclaje de actividades forestales. Y es importante en una visión de largo plazo, con esas medidas de política y de aplicación legislativa que se propone en el punto de acuerdo, preservar no solamente los intereses de los pobladores, en el sentido estricto que tiene el término, sino los intereses de los agricultores, sean pequeños propietarios, ejidatarios o comuneros, que viven en la cuenca del valle de México.
Porque una agricultura fuerte tiene enormes ventajas económicas, desde el punto de vista de baja de costos de abasto hacia la ciudad de México, desde el punto de vista de fijar la mano de obra en actividades productivas en el propio valle, pero también desde el punto de vista de defensa del medio ambiente.
A veces se olvida, cosas tan elementales, como que producciones trigueras y frijoleras, producciones de maíz o procesos virtuosos de expansión de hortalizas o de otros productos, es una forma de ayudar a fenómenos de bioconversión, es una forma de ayudar, a través de ese milagro que es la fotosíntesis, a la limpieza de nuestro valle, desde los agricultores, de este valle, al mismo tiempo que generan una fuente de empleo y de trabajo, están contribuyendo de manera poderosa hacia nuestro bienestar; de aquellos que no nos dedicamos en el valle de México a las actividades agrícolas.
Y lo señalo también, para terminar, porque con frecuencia cuando se diseñan estos programas se olvida que existe en Distrito Federal una Comisión Coordinadora de Desarrollo Rural, que a veces recibe escasa atención en las actividades del Distrito Federal. Y es importante pensar en nuestro valle, en la zona conurbada que incluye estado de México y otras zonas, en las actividades agropecuarias como un medio de empleo también de preservación ecológica y porque es una forma de ofrecer alternativas.
Otro elemento, finalmente, que quisiera destacar, es el que se refiere a la discusión global de preservación de selvas y bosques, en donde está aprobado que selvas y bosques son un extraordinario medio de empleo y de ingreso a la población cuando hay un fenómeno virtuoso de expansión de estas zonas y de explotación adecuada.
Terminaré diciendo, pues, que expresamos nuestros mejores deseos porque este punto de acuerdo y en especial el relativo a los intereses de los agricultores en las zonas de protección ecológica y nosotros añadiríamos a los interéses de los agricultores del valle de México que están incluso fuera de la zona de protección ecológica, sean escuchados. Son productores, abastecen a nuestra ciudad y tenemos un compromiso con ellos de apoyo, de fomento, de estímulo, en mejora de sus familias y de sus comunidades y de la ecología del valle de México. Muchas gracias, señores. (Aplausos.)
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra, para hablar sobre el mismo tema, el diputado Salvador Abascal Carranza.
Se suplica a los señores diputados si pudieran hablar en voz baja, si es que tienen necesidad de hacerlo, para que puedan escuchar al orador quienes estén atentos a estas exposiciones. Muchas gracias.
Adelante, señor diputado.
El diputado Salvador Abascal Carranza: - Con su permiso. señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo quisiera que este punto de acuerdo fuese una buena intención más para combatir la contaminación del valle de México, de toda esa colección de buenas intenciones que ya tienen muchos años que se nos han recitado como proyectos, que generalmente han sido incumplidos.
Y me voy a referir a algunos puntos en concreto que nos hacen ver, primero, la grave
responsabilidad de los gobiernos anteriores, del mismo régimen político y que ahora tratan de corregir supuestamente con nuevos proyectos que no aterrizan en la práctica.
¿Qué ha sucedido con la obligación del gobierno de la capital para, según el Reglamento de Agua y Drenaje aprobado por la Primera Asamblea del Distrito Federal, para la reutilización del agua pluvial, del agua que corre por las barracas y los ríos de la capital y que hasta el momento no se ha cumplido puntualmente, como ordenaba u ordena este reglamento emitido por la Primera Asamblea de Representantes?
¿Qué ha ocurrido también con los dictámenes que salieron de la Primera Asamblea del Distrito Federal para la preservación ecológica de muchas áreas del Distrito Federal y que han quedado totalmente incumplidas? Me refiero, por ejemplo, a un dictamen de la Comisión de Vivienda y Asentamientos Humanos, de fines de la Primera Asamblea, del último período de la Primera Asamblea, en el cual se pedía al gobierno capitalino que estableciera como área de reserva ecológica la barranca de Río Mixcoac.
Ante una denuncia que el de la voz hizo en la Asamblea y una propuesta concreta, finalmente la Tercera Comisión de Asentamientos Humanos determino que era procedente el pedirle al Departamento que declarara reserva ecológica la barranca de Río Mixcoac.
A otra propuesta, también del Partido Acción Nacional, para determinar como área ecológica la Barranca del Muerto, en Mixcoac también en la delegación Alvaro Obregón, se dictaminó a favor, sin embargo el Departamento del Distrito Federal no ha hecho absolutamente nada al respecto. Todas las colonias que están o todos los asentamientos irregulares que están sobre esas barrancas, han seguido creciendo hasta el momento, sin que la autoridad le haya puesto un límite a ese crecimiento.
Todavía más, existen asentamientos en el área también de la Delegación de Alvaro Obregón, bajo torres de alta tensión y no sé si, según lo que dice el punto de acuerdo, se va a proceder a ver si los señores que están asentando bajo las torres de alta tensión, pueden seguir ahí o se les tiene que reubicar.
Ha emitido la Comisión Federal de Electricidad cinco dictámenes sobre cinco asentamientos irregulares en esa zona, diciendo que es altamente peligroso, además de ilegal, el que existan esos asentamientos. Quisiera que esto también se considerara en el punto de acuerdo y que se viera que no solamente por razones de reserva ecológica sino de seguridad de sus habitantes, no pueden permanecer ahí. Esto ocurre al día de hoy y con las lluvias se agrava el peligro de rayos y, por supuesto, todo lo que los médicos han dicho al respecto, sobre el efecto cancerígeno de vivir bajo esos cables de alta tensión.
Por otra parte, se habla también, con cifras muy alegres, de 13 millones de árboles y habría que ver que esto no tenga una base técnica, porque los que saben de esto tienen que determinar si el árbol es viable, en qué época hay que plantarlo, cuáles son las características, las condiciones del clima su crecimiento, su cuidado, etcétera. Es muy fácil hablar de cifras y puede ser muy engañoso otra vez volver a decirnos: "es que se va a reforestar la ciudad de México" pero al final de cuentas la mayor parte de ellos aun cuando puedan ser sembrados pueden perderse y por lo tanto el esfuerzo ciudadano queda desalentado.
Yo no sé si los que le dieron el premio por el combate a la ecología al regente Camacho Solís o a la ciudad de México por el combate a la contaminación, sabían del incumplimiento de tantas normas, de tantos dictámenes, de tantas exigencias y demandas de la ciudadanía muy concretas, no sé si sabían también estos señores que según un estudio de la universidad e inclusive de algunos investigadores extranjeros, las gasolinas en México no cumplen con los requisitos indispensables, los requisitos básicos, técnicos para ser consideradas gasolina de calidad que produzcan menor contaminación, yo estoy seguro de que estos señores que le dieron el premio al licenciado Camacho Solís o a la ciudad de México no conocían a fondo esta situación, como dijo un caricaturista por ahí, pues se lo tuvieron que dar en Río de Janeiro porque no se atrevieron a venir a la ciudad de México a dárselo, precisamente porque aquí seguramente se iban a asfixiar y los problemas de contaminación los iban a padecer en carne propia.
En fin, para terminar quisiera decir como empecé, no quisiéramos, aun a pesar de haber firmado este punto de acuerdo, estamos de acuerdo en lo general pero que no fuera simplemente una piedra más de buenas intenciones porque de estas buenas intenciones está empedrado el camino hacia la destrucción ecológica. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para hablar sobre el mismo tema el diputado José María Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón: - Le agradezco señor Presidente.
La fracción, independiente apoya el punto de acuerdo presentado por el diputado Lerdo de Tejada. (Aplausos.)
El Presidente: - Muchas gracias. Consulte la Secretaría al pleno si es de aprobarse el punto de acuerdo a que se refirió el diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El secretario José María Antonio Olvera Acevedo: - Se consulta, en votación económica, a los señores diputados si es de aceptarse el punto de acuerdo presentado por el señor diputado Fernando Lerdo de Tejada.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Aceptado el punto de acuerdo, señor Presidente.
CUMBRE MUNDIAL DE LA TIERRA
El Presidente: - Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada María Clara Mejía, del grupo partidista del Partido Popular Socialista, para referirse a la Cumbre Mundial de la Tierra que se realiza en Río de Janeiro, Brasil.
La diputada María Clara Mejía Guajardo: - señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Se ha inaugurado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, la magna reunión denominada Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, la que está llamada a realizar tareas del más elevado rango. Deseosa de contribuir a los trabajos de esa importante reunión, la dirección nacional de mi partido, el Partido Popular Socialista, envió a ese evento un documento breve con algunas reflexiones y proposiciones que considero útil sean conocidas por ustedes.
Me permito por lo tanto distraer unos minutos para dar lectura al documento que dice así: "a causa que el desarrollo de las fuerzas productivas, el crecimiento de la población a nivel mundial y la ampliación del mercado internacional se han dado de manera anárquica, el medio ambiente se ha deteriorado gravemente, por lo que la preservación y restauración de su equilibrio adquiere hoy en día una importancia de primer orden.
En efecto, los daños causados a los ecosistemas por y para la actividad del hombre, han dañado a tal grado el ambiente en el que se desenvuelve la vida cotidiana de la sociedad, que se empiezan a observar efectos altamente nocivos que amenazan el futuro mismo de la humanidad.
El crecimiento acelerado de la economía demanda una cantidad creciente de materia prima, requiere del uso cada vez más intenso de fuentes de energía que en nivel actual de desarrollo, en su mayor porcentaje, proviene de combustibles fósiles; trae consigo cantidades crecientes de desechos industriales en forma de sólidos, líquidos y polvos que son arrojados a los cuerpos de agua o del aire atmosférico y presiona al empleo de diversos productos químicos para elevar la productividad de los campos agrícolas.
Requiere asimismo, de materiales radiactivos en proceso, que se incrementan. Ha llegado a tal grado en sus efectos sobre los ecosistemas y sobre la de vida humana, que son cada vez más nocivos y ha causado ya verdaderas crisis ecológicas en algunas regiones del mundo.
Y en algunas más el deterioro tiende a ser irreversible, observándose efectos notables sobre la salud del hombre, sobre la vida y organización de las comunidades y aun sobre las propias actividades económicas en uno u otro país.
El daño causado al medio ambiente y sus efectos sobre diferentes comunidades humanas, evidentemente no es el mismo ni en sus características ni en su magnitud en todas las regiones de la tierra, lo cual se debe no solo a las diferentes características geográficas, sino fundamentalmente a dos factores I. El grado de desarrollo en la formación social de los países que conforman una región dada, y 2. El carácter de esta formación social.
Tampoco es uniforme la generación de contaminantes, pues el consumo de recursos naturales, de recursos energéticos o la actividad industrial misma, está profundamente diferenciada, concentrándose la mayor parte de ésta en los países más desarrollados.
Sin embargo, contradictoriamente el deterioro mayor del medio ambiente es más agudo en los países menos desarrollados económicamente, pues con ellos la capacidad de controlar la explotación de los recursos naturales, los desechos industriales, la quimicación del campo y el crecimiento de los vehículos automotores es mucho menor.
Los daños a determinadas regiones estratégicas del mundo, por su importancia, por reservas hidrológicas o reservas de producción de oxígeno o como factores de equilibrio para el clima global, son tan grandes, de tales efectos sobre las condiciones climáticas generales, que es preocupante ya el peligro del futuro sobre la Tierra considerada como un todo, en relación con las condiciones óptimas para la existencia de la vida humana.
A estas alturas, existe conciencia en amplios sectores, tanto gubernamentales como políticos o civiles, de que los problemas de alteración o contaminación del medio ambiente son de carácter global, no relacionados con las fronteras entre países, establecidas histórica o políticamente, de tal manera que varios países pueden formar parte del territorio o de la zona que abarque un ecosistema dado, o porque los flujos de cuerpos de agua, las corrientes marinas de las corrientes atmosféricas, aunados a los procesos de recambio entre la atmósfera y los cuerpos de agua, finalmente convierten el problema de la contaminación en uno de carácter común.
PROPUESTAS
1a. Considerar y reestructurar a la Organización de las Naciones Unidas como organismo internacional para la promoción y orientación de la solución de los problemas globales de la Tierra que afecten su futuro como un todo.
2a. Crear un consejo especial de la Organización de Naciones Unidas, que a semejanza del Consejo de Seguridad, aunque con una composición distinta, verdaderamente representativa, se avoque a los problemas de la preservación del equilibrio equibiológico de la Tierra.
3a. Que la Organización de Naciones Unidas promueva, fomente e impulse la creación de centros internacionales de investigación, para el estudio de soluciones de los problemas equibiológicos que afecten una región específica, que sea estratégica para el equilibrio global de la Tierra.
4a. Crear una tribuna internacional para la resolución y evolución de controversias entre países, con motivo de problemas de contaminación del medio ambiente, a semejanza del tribunal internacional de La Haya.
Este comunicado lo firma el profesor Indalecio Sayago Herrera, secretario general de la dirección nacional de mi partido. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias. Le suplicamos a la diputada sea tan amable de dejar el texto de sus propuestas en la Secretaría y procédase a turnar a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Ecología y Medio Ambiente.
DESECHOS TÓXICOS EN LA FRONTERA NORTE
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a la instalación de una planta de desechos tóxicos en las cercanías de la frontera norte.
El diputado Jorge Tovar Montañez: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
Como es del conocimiento de esta soberanía, la Comisión Permanente emitió, el 18 de marzo del presente año, una declaración política en materia de desechos tóxicos y radiactivos en la zona fronteriza norte, haciéndose eco de reiteradas demandas, preocupaciones y acciones, tanto de sectores sociales y autoridades mexicanas, como de integrantes de la propia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En esa declaración la Comisión Permanente demandó al Ejecutivo que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se intensificaran las gestiones para impedir la construcción de tal tipo de depósitos, que pudieran generar riesgo ecológico. Asimismo pidió respuesta a las autoridades norteamericanas para las notas diplomáticas cursadas por el gobierno mexicano, a la vez que planteó la necesidad de agregar un nuevo anexo al convenio de La Paz, relativo al tratamiento y respectivo confinamiento de desechos tóxicos y radiactivos.
En el mismo documento se hace un llamado a las autoridades competentes, para aplicar estricta y cabalmente las normas en materia ecológica, enfatizando finalmente la solidaridad del Congreso de la Unión a los habitantes de la zona fronteriza mexicana colindante con los Estado Unidos.
Cabe recordar que como efecto de estas preocupaciones, esta Cámara de Diputados acordó estructurar una subcomisión de sus integrantes, de integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Ecología y Asuntos Fronterizos, que diera seguimiento a los problemas relacionados con la materia ecológica y particularmente a la
instalación de confinamientos para los desechos del tipo antes mencionado.
Asimismo es conveniente recordar que esta Cámara debatió y opinó especialmente en torno a tres zonas en las que el gobierno del estado de Texas está realizando obras de confinamiento de desechos tóxicos y radiactivos, que afectan a la parte mexicana frente a los estados de Chihuahua, y Coahuila, son Sierra Blanca, Spofford y Driden.
Finalmente en estas consideraciones iniciales es necesario tener en cuenta que en posteriores acuerdos de esta misma Cámara de Diputados de la LV Legislatura, surgieron recomendaciones para que la representación mexicana en la reunión de gobernadores fronterizos que se llevó a cabo el 6 de abril pasado, así como en la Reunión Interparlamentaria México - Estados Unidos, que se efectuó del 1o. a 3 de mayo en San Antonio, Texas, planteara estas preocupaciones del pueblo y autoridades mexicanas, sin que haya habido interés de la contraparte norteamericana en ahondar en los planteamientos de las respectivas representaciones nacionales.
Hoy cobra actualidad nuevamente la posibilidad de que se construyan depósitos de desechos tanto radioactivos como de otro carácter perjudicial, de la zona de Sierra Blanca, situada aproximadamente a 70 kilómetros hacia el este de la zona Ciudad Juárez - El Paso y escasos kilómetros hacia el norte del municipio de Ojinaga, del estado de Chihuahua.
Según noticias publicadas en diarios de la zona Ciudad Juárez - El Paso y por declaraciones tanto de autoridades municipales de Ciudad Juárez como de autoridades relacionadas con la problemática ecológica del estado de Texas en Estados Unidos, se ha puesto nuevamente en marcha el plan de instalar en la región cementerios de desechos del carácter varias veces mencionados, sin recibir notificación previa del gobierno de Texas, no obstante que su gobernadora, la señora Ann Richards, ha manifestado interés en que representantes del gobierno mexicano o ciudadanos mexicanos, que puedan ser afectados, participen en las audiencias.
Primero. La autoridad de desechos radioactivos de bajo nivel de Texas, aprobó en días recientes, en la ciudad de Austin, designar a Sierra Blanca como un lugar apto para la instalación de un depósito de desperdicios nucleares; lo anterior no obstante reconocer, según encuestas, que el 63% de la población norteamericana que vive en los condados de Hafster y Culguerson, aledanos a Sierra Blanca, han rechazado el proyecto, proyecto para el cual el gobierno de Texas adquirió el rancho Fasting a un costo cercano al millón de dólares, continuando así su fallido intento iniciado en 1986, de establecer un sitio similar en el rancho Hankcook.
Cabe mencionar declaraciones de la autoridad texana, en el sentido de que aun faltan los estudios relativos a sismicidad, flora, fauna régimen hidrológico, suelo y subsuelo, no obstante así el proyecto ya ha sido aprobado. Y es de interés de esta Cámara saber que la misma autoridad de desechos radiactivos de bajo nivel del estado de Texas, ha declarado que es previsible una respuesta mexicana, pero que sólo darán contestación a los canales diplomáticos.
Debemos agregar que en información proporcionada por el gobierno del estado de Chihuahua, en ese cementerio se depositarán los desechos de las dos plantas nucleares texanas, ubicadas en Bay City y Glen Rouse, así como restos de hospitales, universidades e industrias que en conjunto hoy producen 9 mil pies cúbicos de desechos radioactivos y para los próximos años podrían llegar hasta 52 mil al trabajar sus plantas nucleares a toda su capacidad.
Segundo. La segunda acción que se da en estos momentos en la región de Sierra Blanca, es el depósito de desechos de la ciudad de Nueva York, la cual ha contratado, nos referimos a la ciudad, ha contratado los servicios de empresas privadas por un monto de 169 millones de dólares, para deshacerse de los productos de aquella urbe norteamericana, que tiene prohibido arrojarlos al mar, por tratarse de desechos semisólidos provenientes de su sistema de drenaje.
Para lo anterior, la empresa Merco Joy Venture a su vez ha adquirido un rancho en la zona de Sierra Blanca por un valor de cuatro y medio millones de dólares, no obstante la EPA, la Agencia para el Medio Ambiente de Estados Unidos ha indicado a la citada compañía que requiere de un permiso federal, porque el gobierno texano no posee la autoridad suficiente para otorgar dicho permiso, por lo cual se ha iniciado el litigio que no tardará más de 60 días en finiquitarse.
3. A principios del mes de mayo, fue localizado a 20 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, un tiradero de recipientes, presumiblemente de substancias tóxicas, al parecer provenientes de algunas maquiladoras, que como sabemos ésas tienen la responsabilidad de reempaquetar, reetiquetar,
consolidar, neutralizar, transportar y confinar los desechos tóxicos en el país de origen.
Agregamos que por información del gobierno de Chihuahua, aparentemente existe un permiso concedido a un profesionista mexicano para dar destino a tales depósitos, hecho el cual no hay plena seguridad.
Pero los mismos voceros de las empresas maquiladoras en Ciudad Juárez, afirman que nunca se levantó un censo que permita saber qué cantidad de químicos se exportan e importan y el manejo que le dan a éstos las industrias maquiladoras.
Indudablemente los hechos anteriormente expuestos plantean a esta Cámara de Diputados nuevos motivos de atención, fundamentalmente porque debe recoger y encauzar las justas preocupaciones de los mexicanos de la zona fronteriza y que en cierto modo también comparten los ciudadanos norteamericanos de la misma región, reafirmándose por tanto la validez de los acuerdos tomados por esta Cámara, especialmente en cuanto a la necesidad de agregar un nuevo anexo al Convenio de La Paz, en torno a desechos tóxicos en la franja de los 100 kilómetros, a ambos lados de la frontera norte de México.
Estas reflexiones, señoras y señores diputados, las hemos afirmado la compañera diputada María Clara Mejía Guajardo, el diputado Héctor Morquecho Rivera y su servidor y tienen el propósito fundamental de contribuir en las tareas de la subcomisión que esta misma Cámara aprobó para dar seguimiento a estos problemas.
Dejo copia de estos comentarios, de este documento, a la Secretaría. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias a usted, señor diputado. Túrnese a las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Fronterizos y a la de Ecología y Medio Ambiente.
ACCIONES DE LA POLICÍA FRONTERIZA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a las acciones de la policía fronteriza de los Estados Unidos de América, en territorio nacional.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados:
El pasado día 28 del actual, un grupo de agentes de Seguridad Pública del Estado de Texas, incursionaron violentamente en territorio mexicano, al traspasar la frontera, el puente fronterizo de Nuevo Laredo, con el propósito de detener a varios ciudadanos que en territorio mexicano devolvían un vehículo que había sido robado en los Estados Unidos.
Estos compatriotas nuestros fueron golpeados, detenidos y llevados a una prisión en los Estados Unidos. Después de que el cónsul de México intervino, los mexicanos fueron liberados, pero el gobierno de México presentó ya una formal nota de protesta al gobierno norteamericano por esta violación a nuestra jurisdicción o territorial.
Con la nota diplomática de protesta, que ya hemos mencionado, suman 24 las que en los últimos cuatro años ha presentado el gobierno de México, a través de su embajada en Washington, al gobierno de los Estados Unidos.
Aunque han pasado ya varias semanas de este incidente, todavía el Departamento de Estado no informa al gobierno de México de las circunstancias que motivaron al hecho que estamos comentando. Una vez más hay el peligro de que esta nota diplomática del gobierno de México, no sea respondida, no sea contestada por el gobierno de los Estados Unidos.
No es la primera vez que grupos de la policía de Estados Unidos detienen a ciudadanos mexicanos, porque todos recordamos el secuestro del doctor Humberto Alvarez Macháin, supuestamente involucrado en el asesinato del doble agente Enrique Camarena Salazar, el doctor Alvarez Macháin fue llevado con violencia de la ciudad de Guadalajara a los Estados Unidos sin mediar ningún procedimiento judicial, tipificándose claramente el delito de secuestro.
Aunque un juez de los Estados Unidos ha considerado que este mexicano se encuentra ilegalmente, se encuentra en calidad de secuestrado, todavía el doctor Alvarez Macháin no ha sido devuelto a nuestro país, lo que demuestra la prepotencia con la que actúan los cuerpos policiacos y de seguridad en los Estados Unidos de América.
En los Estados Unidos y es lo que más nos preocupa y nos motivó a subir a esta tribuna, está imperando el criterio de que las leyes norteamericanas puedan aplicarse en cualquier país del mundo, de que las autoridades judiciales del vecino país pueden actuar en cualquier país: en Líbano, en Libia, Panamá, en México, violando
los más elementales principios del derecho internacional, la jurisdicción nacional de las leyes y atropellando la soberanía de los países.
Ahí donde se vulnera un derecho de un norteamericano, ahí tiene derecho los agentes policiacos a intervenir para resarcir de ese daño a ese ciudadano norteamericano.
Lo que de ser aceptado por nosotros implicará aceptar la arbitrariedad legal, implicaría aceptar la negación de nuestra soberanía sobre el territorio nacional y el hecho de que los mexicanos sólo deben ser juzgados en función de las leyes mexicanas y por tribunas y jueces de nuestro país.
También queremos señalar que este incidente ocurrió a la misma hora en que en la ciudad de Washington se celebraba una reunión a nivel de subsecretarios de Relaciones Exteriores para examinar el grave problema de la violencia en la frontera norte.
En esa reunión, efectuada en la capital de los Estados Unidos, se acordó crear un mecanismo autónomo, binacional, encargado de evitar la violación de los derechos humanos en la frontera, de evitar los atropellos contra indocumentados mexicanos en la amplia frontera que une a los dos países.
Pero el acuerdo todavía no se ha cumplido y por el contrario vemos dos actitudes del gobierno norteamericano contrarias a este acuerdo que ya hemos estado comentando.
Una de ellas se refiere a la instalación de sensores electrónicos en la frontera de Tamaulipas para detectar el paso de inmigrantes ilegales y la otra se refiere a una militarización en la frontera Tijuana - San Diego, que es el punto de tránsito más importante que hay entre ambos países.
Consideramos nosotros que la militarización de la frontera no va a impedir el flujo de indocumentados mexicanos y de otras nacionalidades, por que la mano de obra mexicana se requiere para que la agricultura norteamericana tenga bajos costos y, por lo tanto, el indocumentado mexicano subsidia a la economía norteamericana.
Si no fuera por la mano de obra de los inmigrantes, la inflación en los Estados Unidos aumentaría más de lo que ya se encuentra en este momento y habría un aumento en los costos de producción de muchos servicios en la Unión Americana. Por eso pensamos que la militarización es una ofensa al gobierno y al pueblo de México, porque se ha acordado tratándose de los indocumentados, los acuerdos sean negociados, sean tomados mediante consultas bilaterales entre gobierno y gobierno; habiéndose comprometido el gobierno de los Estados Unidos, a no tomar medidas de carácter unilateral, sino siempre a tomar medidas de carácter bilateral.
Pero la instalación de sensores electrónicos, la creación de estructuras militares en la frontera norte, está en contra de los compromisos expreso por el Presidente Bush, de consultar previamente al gobierno mexicano, a la hora de tomar decisiones al respecto en la frontera común de ambos países.
Por estas razones y con fundamento en el artículo 58 de nuestro reglamento, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, hace la siguiente
PROPOSICIÓN
Única. La Cámara de Diputados rechaza la incursión violenta que un grupo de policías del estado de Texas hiciera en territorio mexicano en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 28 de mayo del presente año y al mismo tiempo, exige pleno respeto a nuestra soberanía nacional.
A 5 de junio de 1992. Dejo la propuesta en la Secretaría. Gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, diputado. Le pedimos que entregue su propuesta a la Secretaría y la turnamos a las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Fronterizos y de Derechos Humanos.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (II)
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, al que ya se le dio dispensa a la primera lectura, el inicio de esta sesión.
El secretario Marco Antonio Olvera Acevedo: - Por instrucciones de la Presidencia, votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensan la lectura al dictamen.
El Presidente: - En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Esta Presidencia informa que se han registrado los siguientes diputados, para hablar sobre el tema:
Hildebrando Gaytán Márquez, en contra; Miguel Ángel Sáenz Garza, a favor; Raúl Alvarez Garín, en contra; Julieta Mendvil Blanco, a favor; José Antonio Gómez Urquiza, para fijar posición; Evangelina Corona Cadena, en contra; Rafael Fernández, a favor; Juan Cárdenas García, en contra; Rafael Bernal Chávez, a favor; Nicolás Olivos Cuéllar, para fijar posición; Guillermo Flores Velasco, en contra; Adalberto Gómez Rodríguez, a favor; Jesús Martín del Campo, en contra; y por último Juan Moisés Calleja García, a favor.
Tiene la palabra el diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
Una suplica a los señores diputados, si pudieran guardar silencio para que sea posible escuchar a los oradores. Muchas gracias.
Proceda, señor diputado.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Gracias, señor Presidente. Señoras y señores diputados:
El tema que nos ocupa es uno de los más sensibles para el pueblo de México. Se trata de ver la situación y la forma en que puede responder esta Cámara a la vida de quienes ya no están en aptitud de dar su esfuerzo en la producción, pero que ya lo dieron durante toda su vida: los jubilados y los pensionados.
La iniciativa y el dictamen consiste en que aumenta de un 80% del salario mínimo a un 90% la cuantía mínima de las pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada. Hay varias precisiones que hacer al respecto.
Por una parte, de una manera engañosa en cuanto a presentar el monto de las pensiones, hace dos o tres años se incluyó en el artículo 168 lo que se refiere a las asignaciones y ayudas asistenciales. Presentando de esta manera un supuesto aumento, porque en realidad desde la fundación del instituto, las asignaciones y las ayudas asistenciales eran un complemento a la pensión, a la cuantía mínima.
Y de esta manera al luchar porque la cuantía mínima se elevara, se dejaba, por otra parte, el porcentaje de las ayudas asistenciales.
Pero el primer señalamiento es éste, que de manera engañosa se esta presentando ahora, que corresponden en un 90% las cuantías mínimas del artículo 168, cuando a la vez se incluye en ese porcentaje la ayudas asistenciales. Es decir, en la práctica se disuelven éstas.
El segundo señalamiento que habría de hacerse, es, que debemos tener la actitud consecuente de lo que es la Cámara de Diputados y su soberanía y por otro lado una actitud también consecuente en la lucha contra la pobreza.
Primer aspecto. ¡Cómo es posible que nosotros vengamos a legislar para que la cuantía mínima sea ahora 90%, con el argumento de que "esa fue la cantidad que fijo el Consejo Técnico del Seguro Social y que, por lo tanto, no podemos aumentarla"!
Es decir, aquí venimos ya sobre hechos consumados. El Consejo Técnico del Seguro Social tiene facultad, por la propia Ley, para incrementar cada año las pensiones y la cantidad que éste desee. Quiere decir que aun sin que esta Cámara de Diputados apruebe el artículo que hoy se presenta, de que sea el 90%, el seguro social, por medio de su Consejo Técnico y las atribuciones que le da la ley, puede establecer ésa y otra cantidad mayor.
Pero aquí lo que estoy yo señalando es que se nos está presentando el argumento de que esta Cámara, que es la que puede modificar cualquier artículo de la Ley del Seguro Social, que es la que nos ocupa hoy y en concreto el 168, para fijarle a la cuantía mínima de las pensiones la cantidad que considere conveniente; esta Cámara está siendo presionada, está siendo sujetada, bloqueada en su poder de decisión por el Consejo Técnico del Seguro Social. Y ése es el argumento que se nos presenta nada menos que en el propio dictamen, cuando se dice:
"Se tuvo conocimiento, como se desprende de la iniciativa, de que esta propuesta ya fue aprobada por el Consejo Técnico del Seguro Social".
Y cuando en comisiones pedimos que se rechace y se ponga una cantidad mayor al argumento es "No, ya el Consejo Técnico la aprobó en esos términos".
Nosotros rechazamos que a esta Cámara de Diputados se le pongan candados, que se le ponga límite a su poder de decisión soberana; eso, en primer lugar.
Por otra parte, el Presidente de la República dijo el día de ayer que esta nación está decidida a enfrentar a fondo y de raíz la pobreza extrema que todavía divide a los mexicanos; eso dijo.
¿Cómo se va a enfrentar a fondo y de raíz esta pobreza extrema?, ¿de qué manera?, ¿con disposiciones como esta de aumentar la cuantía mínima de las pensiones en 1, mil 350 pesos diarios?, y eso hasta el año que entra, porque por hoy quedaría a poco menos de 700 pesos al día. ¿Entregándole 700 pesos diarios más a cada pensionado, así se combate a fondo y de raíz la pobreza extrema?
Simplemente no hay consecuencia entre una declaración que ofrece salvar y sacar de la miseria a los miles de mexicanos y una medida tan mediocre, tan débil, que se toma con esta iniciativa, que fue la que determino el Consejo Técnico del Seguro Social.
No se puede de esta manera atacar esta pobreza extrema, una pobreza que se ha profundizado precisamente que se tomó el rumbo de beneficiar al capital mexicano, concentrado en una minoría y al capital norextranjero.
Nosotros tomamos en cuenta los datos que da el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dicen estos datos: "que de 1984 a 1989 los pobres se han hecho más pobres y la minoría ha acaudalado mayor riqueza; "dividían la población de México en 10 grupos y se tiene que en 1984 el grupo que recibía menor ingreso en México era el 1.72% de la población y en 1989 ese grupo recibía el 1.72% del ingreso total disminuyó a recibir el 1.58%; en cambio en el otro extremo, al grupo que recibía mayor riqueza le correspondía el 32% del ingreso total y en 1989 aumento al 38% del ingreso total. Los pobres se han hecho más pobres y la concentración se ha profundizado en una minoría; por eso el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática señala: "el 19% del ingreso total se destina al 50% de la población, el 50% de la población, 40 millones de mexicanos se distribuyen el 19% del ingreso" y como va señalaba en el otro extremo, esta el 10% de la población, 8 millones con el 38% del ingreso.
Esto demuestra, esto señala que toda la política que se ha aplicado en los últimos años ha sido para favorecer a una minoría, la que ahora tiene el control económico del país. Si a estas alturas nos preguntamos de quién es México ya no podemos decir que sea de los mexicanos, nos pertenece cada vez menos, el México que es la planta productiva, que es lo construido aquí en el territorio nacional pertenece a una minoría y de esa minoría gran parte es capital extranjero y esa política es la que da estos resultados.
El Presidente de la República hizo el día de ayer también otro pronunciamiento, cuando se refería a este caso de la extrema pobreza, decía que uno de los problemas acuciantes hoy en día es el de la defensa de la soberanía y señalaba: "tenemos que plantearnos ahora como vamos a defender mejor la soberanía de nuestra patria", como vamos a defender mejor la soberanía de nuestra patria". Es posible que la soberanía nacional esté hoy mejor defendida con esta política neoliberal de entrega al capital extranjero, de empobrecimiento del pueblo mexicano, de acorralarlo a situación de extrema pobreza a la mitad de la población, de debilitar las instituciones que se han creado precisamente para impulsar el desarrollo y llevar bienestar a los mexicanos.
Con esa política no se puede defender la soberanía nacional, no se puede tener una mejor defensa de la soberanía nacional; por el contrario, peligrosamente se está dejando en situación grave nuestra soberanía y dice el Presidente de la República que es necesario sumar a estas grandes corrientes de fuerza popular, es decir del pueblo para defender la soberanía nacional.
Yo quiero decir aquí, a nombre de mi partido, el Partido Popular Socialista, que nosotros tenemos la firma convicción de que el pueblo mexicano, llevado a esta situación de hambre y de miserias, sin embargo tiene en lo profundo un gran sentimiento nacionalista y antimperialista y que en la calle expresa todas sus dudas y sus temores sobre toda esta política que está deshaciendo y desmantelando la fuerza económica que había creado el pueblo en la vía de la Revolución Mexicana.
Y que nadie se engañe porque instituciones fundamentales como Petróleos Mexicanos pueden marcar el estallido de la inconformidad popular si se toman medidas que lesionen a esta institución, que es la que simboliza la lucha del pueblo de México no solo de la Revolución, sino de años atrás en toda nuestra historia.
Queremos decirle al grupo tecnócrata gobernante, que jugar con el destino de México como lo hace de manera irresponsable, con muchas medidas de política que adopta, está jugando
el destino y está poniéndolo en una situación grave porque el pueblo no va a poder, no va a negar su historia y no va a cerrarse las perspectivas de mejor lucha.
Al movimiento de jubilados y pensionados, el Partido Popular Socialista los saluda, porque a él se ha llevado esta lucha para mejorar la situación de su más de un millón que viven en esta situación de miseria.
Y le queremos externar nuestro saludo y nuestra confianza a que sigan diciendo no a estas medidas tan raquíticas que se le otorgan y que no abandonen la lucha, porque solo los grupos que en México han dicho no a la situación en que está el pueblo o la nación en peligro, son los que han abierto los nuevos caminos del progreso; los que agachan la cabeza y son complacientes a las políticas antinacionales y antipopulares, nunca han hecho nada positivo en México, son los que pertenecen al pasado.
Esta nación se ha hecho con los que han negado lo que ha existido en cada situación; la fuerza que negó la Colonia, por supuesto con Hidalgo y Morelos, era una fuerza que decía no; lo mismo Juárez o lo mismo Madero. Fuerzas que decían no con toda decisión y los que por conservar situaciones de comodidad pasajera, secundada en las medidas de los grupos que ahogaban al pueblo, son los que pasaron a la historia como los que no tenían razón histórica y los que se alejaron del pueblo.
Por eso nosotros le llamamos al grupo de jubilados a que siga diciendo no en este país y a que siga luchando y a que siga impulsando no solamente sus medidas de reivindicación en la cuantía mínima, sino al lado de las grandes decisiones que deben darse para enrumbar de nueva manera a México por la vía que el pueblo abrió y no por la que Bush o Milton Friedman y los demás del neoliberalismo nos quieren imponer.
Nosotros pensamos que el propio grupo que ha enarbolado el neoliberalismo en México, está hoy desesperado porque ve como ha orientado al país a la mayor supeditación, a la mayor miseria, como que empiezan a tener dudas y empiezan a querer llamar al pueblo, pero no es con declaraciones de que vengan a defender la soberanía, de que se va a combatir a fondo la pobreza, como se va a cambiar esta situación.
Los que tienen el poder tienen la responsabilidad y tienen la responsabilidad para empezar a aplicar medidas diferentes, lo demás es demagogia y engaño. Nosotros exigimos medidas nacionalistas y en el caso del Seguro Social, por su puesto que deseamos que se modifique su funcionamiento, de manera que la clase patronal aumente la cuota que entrega al Seguro Social, que el propio gobierno entregue financiamiento para medidas urgentes como ésta de los pensionados.
Por supuesto que buscamos que el Seguro Social se fortalezca, pero se fortalezca con una política en que deben entregar los que se han beneficiado con la riqueza pública la minoría de empresarios que hoy controla más del 85% de la economía.
Por estas consideraciones, porque no debe ser la Cámara sujetada por un Consejo Técnico de ninguna institución en la toma de sus decisiones, porque debemos de ser consecuentes en la lucha contra la extrema pobreza, porque elevando las cuantías a una cantidad mínima mejor a la que hoy se dispone, sí podrá crearnos el problema de buscar el mayor financiamiento para el Seguro Social.
Por eso quiero presentar, de conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, una propuesta diferente a la del dictamen en el artículo 168. Esta propuesta la presento a nombre de la fracción independiente que la firma el diputado Nicolás Olivos Cuéllar; a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática firmada por el diputado Raúl Alvarez y Guillermo Flores y, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista y, dice esta propuesta:
"Artículo 168. La pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, no podrá ser inferior al salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.
Al proponer nosotros esta propuesta alternativa, obviamente estamos en contra de la que viene en el dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra para hablar a favor, el diputado Miguel Ángel Sáenz Garza.
El diputado Miguel Ángel Sáenz Garza: -Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La Ley del Seguro Social vigente desde el año de 1943, ha buscado, a través de sus disposiciones
originales y de aquellas otras que se han incorporado o modificado en el transcurso de estos casi 50 años, satisfacer los requerimientos que en esta materia tiene la clase trabajadora y sus familias.
Nadie podría poner en duda el importante papel que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha desempeñado en todo este tiempo, como el más trascendente organismo que tiene como base una auténtica solidaridad, en el que con las aportaciones de muchos se satisfacen las necesidades de quienes lo requieren, afrontando las eventualidades de la supresión del ingreso por razones de salud, de cesación del empleo, de vejez o de muerte.
El origen de sus ingresos, ejemplo de concertación entre los factores de la producción y el Estado rector, le confieren al Instituto Mexicano del Seguro Social otra de sus características peculiares, colocándolo a la vanguardia de los organismos públicos descentralizados que desempeñan una función vital en el campo social del país.
Ese origen tripartita de sus ingresos, es precisamente la causa de sus dificultades, por las que en términos de sobrevivencia atraviesan cerca de un millón de trabajadores jubilados y pensionados o sus beneficiarios, toda vez que la participación de cada uno de los tres sectores tiene que darse necesariamente en relación directa y exclusiva, con un mismo marco de referencia que no puede ser otro que el salario de los trabajadores.
De esta forma el Instituto no puede disponer de otros ingresos y su capacidad de respuesta a las necesidades de seguridad social, está directamente relacionada con el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y en la misma medida en que este salario ha visto disminuido su valor real, en esa medida disminuye el valor de aquellas prestaciones que como las pensiones, el Instituto tiene que otorgar.
Es prudente precisar en relación a esa capacidad de respuesta de la institución al cumplimiento de prestaciones económicas diferidas, que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha cumplido y cumple a plenitud con las disposiciones que la ley que norma su funcionamiento precisa y que si bien la circunstancia de insuficiencia de las pensiones es el tema que analizamos en este momento, esa insuficiencia no es debida a falta de cumplimiento de las de las disposiciones legales, ya que son éstas, las disposiciones legales, las que requieren estudio, análisis y modificación, para que cumplan el cometido de otorgar seguridad social a la clase trabajadora y sus familias.
Cuando en febrero de este año se aprobaron modificaciones a la Ley del Seguro Social para incorporarle a ésta una nueva rama del seguro, la del seguro de retiro, las fracciones parlamentarias representadas en esta LV Legislatura, aprobaron un punto de acuerdo, cuya esencia era buscar los mecanismos para incrementar los ingresos de los jubilados y pensionados del Seguro Social. Ese acuerdo condujo, como en primer paso para el cumplimiento de este propósito, a la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social que analizamos.
Esta reforma, cuya aprobación venimos a la tribuna a solicitar a ustedes su aprobación, no es ni con mucho la solución definitiva del problema que ha sido planteado en relación a la insuficiencia de las pensiones, ni tampoco una solución totalmente satisfactoria en cuanto al monto de la pensión mínima.
Sin embargo y aun coincidiendo como de hecho hemos coincidido los diversos grupos parlamentarios en que esta reforma no es, en lo económico, totalmente satisfactoria, lo que sí podemos afirmar es que representa un esfuerzo importante de la institución, esfuerzo que estamos convencidos no es posible llevar más allá si se desea actuar razonablemente, estableciendo muy claro los límites entre lo deseable y lo posible.
Y aquí vale la pena señalar que el instituto da servicios de diversa naturaleza, pero principalmente médico - hospitalarios a un poco más de 38 millones de mexicanos y sin tratar de establecer prioridades, debemos considerar la importancia que tiene preservar la salud de ese número cercano a la mitad del total de la población mexicana.
Por ello señalamos que la respuesta que se ofrece ante la demanda justa y sensible de los jubilados y pensionados del Seguro Social de incrementar en forma escalonada la cuantía mínima de las pensiones del Seguro Social, hasta una cantidad equivalente al 90% del salario mínimo vigente del Distrito Federal, es un esfuerzo importante que hay que valorar en la justa dimensión de no alterar el equilibrio financiero de la institución, mejorando el ingreso de este importante sector de la población, sin afectar la prestación de servicios, ni a ellos ni a los trabajadores en activo ni a sus beneficiarios.
Y esta propuesta, tenemos que precisarlo también, no es engañosa, porque las asignaciones
familiares y las ayudas asistenciales están incluidas en la pensión mínima desde la reforma a la Ley del Seguro Social de 1989 y lo que aquí se propone es incrementar el mínimo de la pensión. Y precisemos que la Ley del Seguro Social establece en las tablas correspondientes para determinar el monto de las pensiones, un mecanismo que no es satisfactorio y en lo cual estamos de acuerdo, mecanismo que establece pensiones que están por debajo, bastante por debajo del salario mínimo vigente para el Distrito Federal.
Y ésta es la razón por la que en la iniciativa que fue aprobada por la Legislatura en 1989, incluyó, cuando se fijaron las pensiones mínimas, las pensiones mínimas, las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales, porque sería inequitativo tratar de incorporarlas a una pensión que se lleva más allá de lo que la misma ley establece de acuerdo con sus tablas de proporción en relación a salario y a antigüedad en el puesto.
Por otra parte, esta reforma debemos considerarla como una respuesta que busca en lo inmediato mejorar el monto de las cuantías mínimas de las pensiones, sin otorgarle a esta mejoría ningún adjetivo calificativo como el de "mediocre", que quien me antecedió en el uso de la palabra utilizó, pero sin perder de vista el objetivo fundamental, que debe de ser la solución definitiva de la problemática, motivo de este análisis.
Hay que precisar también, que si efectivamente en el dictamen que las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social presentaron a la consideración de este pleno, se señala que el Consejo Técnico del Instituto, aprobó que una propuesta fuera presentada ante la Cámara de Diputados, no aprobó de ninguna manera una modificación a la cuantía mínima de las pensiones, porque no tiene de ninguna manera facultades para realizar una modificación a la Ley del Seguro Social, modificaciones que sólo competen a esta soberanía.
La seguridad social no puede ser concebida como el otorgamiento de servicios y prestaciones a un sector de la población, la idea de la seguridad social tenemos que ampliarla para pensar en el ideal que representa llevarla a toda la población, bajo la dirección del Estado y con la participación de todos los sectores.
Mientras llegamos a esto, que no puede darse mientras no consolidemos lo que tenemos en la actualidad, debemos de tomar las medidas que nos conduzcan a la solución definitiva del planteamiento de fondo que permita hacer frente a los requerimientos de un número cada vez mayor de jubilados y pensionados.
La Ley del Seguro Social establece, en sus artículos 65, 106, 167 y 171, las tablas que sirven de base para determinar los montos de las pensiones, en los casos de riesgo de trabajo, de invalidez y vejez y de cesantía en edad avanzada, así como para determinar los subsidios a que tiene derecho en caso de incapacidad temporal para desempeñar el trabajo habitual.
Por otro lado, establece los mecanismos para sus ingresos, por medio de un porcentaje determinado del salario del trabajador para cada una de las ramas del seguro y diferente para cada uno de los tres sectores que aportan para su financiamiento. En la actualización de estos mecanismos, tanto para la determinación de las cuantías de la pensión considerando salario individual y antigüedad en el trabajo como en participación de cada uno de los sectores para su sostenimiento, está indiscutiblemente la cable para la solución total y definitiva de este problema.
Es indiscutible que en las condiciones actuales de la ley no es posible mejorar las pensiones, pero corresponde al órgano legislativo la responsabilidad de encontrar el justo equilibrio que permita hacerlo, incrementando las cuotas y corrigiendo los factores que sirven de base para mejor o determinar el monto de las pensiones.
No se trata de decir sí o de decir no a esta propuesta. Se trata de alcanzar mejorías en los niveles de subsistencia de los jubilados y pensionados del Seguro Social, para dar lugar a la solución definitiva de este problema.
Y por eso se señala en las consideraciones del dictamen puesto a discusión, que a más tardar en diciembre de 1992 deberá de contarse con el análisis que conduzca al establecimiento de las reservas necesarias para llevar las pensiones al mejor nivel posible, sin olvidar que la estructura general de la ley debe ser analizada para cubrir todos los ángulos indispensables para una solución integral.
De la iniciativa que analizamos hay que destacar el hecho de que para incrementar el monto de la pensión mínima busca en forma primordial no afectar el equilibrio financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social y con este propósito en el artículo tercero transitorio se propone que, por única vez este año, se podrán utilizar los activos financieros a los que se refiere el artículo
264 de la Ley del Seguro Social, en la medida en que éstos sean necesarios para hacer frente al incremento de la cantidad equivalente de la diferencia entre el 80% y el 85% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Esto es importante porque con esta medida se busca no modificar el presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que si éste tuviera que afectarse para este propósito el resultado sería disminuir la posibilidad de hacer frente a los requerimientos de servicio.
Y es importante destacar que esta propuesta que se presenta a pleno de esta Cámara conlleva precisamente el encontrar el mecanismo de sostenimiento para hacer frente a este gasto que no está presupuesto.
Porque señalar que la propuesta debe de ser llevar la pensión mínima cuando menos al 100% del equivalente del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es un ideal con el que todos podríamos compartir, pero tenemos que sustentarlo financieramente.
No se puede simplemente y sencillamente decir: vamos a otorgar el 100% a las pensiones con un incremento para llevarlo del 80% al 100% del salario mínimo vigente, si no se otorga al Instituto Mexicano del Seguro Social la base de financiamiento para poder realizar esta erogación.
Por ello, es claro que tenemos que hablar de la revitalización de la seguridad social, del reforzamiento de las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que este organismo requiere que sus ingresos se aumenten, ya que con los que actualmente dispone no puede hacer frente a sus obligaciones y a las necesidades de crecimiento, lo que va en contra de la finalidad esencial de la seguridad social.
Y si para hacer frente a este problema de los jubilados y pensionados se tuviere que recurrir a los ingresos actuales del Instituto provenientes de las cuotas obrero - patronales y de la contribución del Estado, la consecuencia directa sería un demérito en la calidad del servicio que se trata de prestar con la calidad y calidez que merecen y tienen derecho los asegurados y sus beneficiarios, pero que para ello requieren del personal necesario y del material y del equipo indispensable.
Recursos humanos y recursos materiales que en la actualidad están limitados y que se han reflejado en sobrecargas importantes de trabajo para quienes laboran al servicio de la seguridad social y en disminución de la calidad de los servicios.
Por ello, recurrir a los activos financieros para hacer frente a la responsabilidad de mejorar el ingreso de los jubilados y pensionados es la solución inmediata más óptima, precisando que la vigorización financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que ser el siguiente paso; no únicamente como resolución del problema de las pensiones sino del problema estructural, del fondo de sostenimiento, ampliación y mejoría del servicio que presta el Seguro Social.
Resumiendo entonces, que hay que mejorar el ingreso de los jubilados y pensionados, ésta mejoría que darse sin alterar el presupuesto de egresos del Instituto y que hay que buscar los mecanismos para mejorar las aportaciones que lo sustentan, es por lo que pedimos al pleno de esta Cámara, que dé su voto afirmativo a esta iniciativa de reforma al artículo 178 de la Ley del Seguro Social, por considerar que representa el camino correcto para llegar en el mejor tiempo posible a la solución más satisfactoria.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Raúl Alvarez Garín.
El diputado Luis Raúl Alvarez Garín: - Con su permiso señor Presidente.
Quiero hacer una serie de comentarios respecto a este dictamen y al trabajo que desarrollamos en comisiones.
Creo que el trabajo empezó bien pero los resultados no fueron del todo satisfactorios.
En realidad desde el inicio estábamos conscientes de que se trataba de hacer una revisión de problemas de financiamiento del Instituto. En las comisiones se recurrió al propio funcionario para que proporcionaran esta información y empezó a fluir digamos lentamente, pero en algún momento ya había algunos elementos para poder normar el criterio de todos los participantes.
En un principio las informaciones que proporcionaba el Instituto estaban relativamente abiertas y permitían examinar varias alternativas. Se estuvo examinado por ejemplo, la posibilidad de derogar un artículo transitorio que hoy existe, que tiene una cuota escalonada patronal, que se estableció en el año de 1991 y con ella podían financiarse las demandas de los pensionados y jubilados.
Si se derogaba este artículo transitorio y aumentaba la participación patronal de inmediato. Examinamos también la posibilidad de que hubiera una aportación directa del gobierno federal, para resolver uno de los problemas que ha sido una demanda central, el separar asignaciones familiares y ayudas asistenciales, de la cuantía total.
Y también se dio información de cual era el costo de distintas alternativas. Sin embargo, el 26 de mayo abruptamente el Instituto del Seguro Social ya había tomado una determinación y había cancelado todas las otras alternativas.
Esta posición del Seguro, conviene comentarla porque van apareciendo datos y permiten hacer una reflexión política sobre el significado de esta manera como el Instituto del Seguro Social atendió el problema general.
El 26 de mayo nos informaron de la propuesta de elevar al 90% en etapas: un 5% de inmediato y un 5% al final de año, nos dieron las cifras de lo que esto representaba: 184 mil millones de pesos para el primer año y con una reserva existente hoy de 480 mil millones, que es lo que tiene en activos financieros, permitía financiar este 5% de inmediato.
Sin embargo, esa reserva también funciona para financiar el 90% de inmediato, que serían 340 mil millones, si existen estos recursos en las reservas para financiarlos. Pero se tomó esta determinación en estos términos, sin posibilidades de moverlo más.
Ahora yo quiero comentar cuestiones que suceden: por ejemplo, en estos días nos acaban de informar que el Sistema de Ahorro para el Retiro captó un billón 200 mil millones en las primeras aportaciones del 1o. de mayo de este año. Pero el diputado Nicolás Olivos Cuéllar, nos informó en las subcomisiones que la Secretaría de Hacienda autorizó a los bancos a no incorporar el 2% que por ley está fijado, durante tres meses, los meses de: mayo, junio o julio. Y esa cantidad viene a representar 72 mil millones de pesos. Entonces compararemos las cifras.
La Secretaría de Hacienda tranquilamente por una firma, por un acuerdo, por un oficio interno, decide entregarles a los bancos 72 mil millones y escatima aumentos a los pensionados y jubilados, del mismo tamaño; porque cuando se ve flujo de información, el Seguro Social venía dando información de todas las alternativas y en un determinado momento se cancelan y se cierra. ¿Quién tomó esta determinación¿ La tomó Hacienda, la tomó el Ejecutivo Federal, en el que decidieron que no se podía continuar examinando ese tipo de soluciones y se restringen a una que hace exclusivamente uso de los recursos internos del Instituto.
Entonces la consecuencia política de esto, es clara. Para Hacienda y para el Ejecutivo Federal tiene prioridad los bancos privados, tienen prioridad los intereses, porque esta autorización que les da de no incorporar el 2% en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que en primer lugar es ilegal, está según esto fundamentada en el alto costo que tienen los equipos de cómputo para manejar el Sistema de Ahorro para el Retiro y entonces se les da un pago por anticipado.
Pero este tipo de cifras contrastantes son bastante ilustrativas porque en el mismo momento se estaban discutiendo que existían indicadores macroeconómicos de no tranquilidad y entonces parece ser que les importa mucho más la tranquilidad de los empresarios y no se quiere hablar abiertamente de los problemas de financiamiento del fondo del Instituto y cancelar esas opciones.
Ahora, el gran problema de fondo es que en cuanto se empezó a examinar la situación de jubilados y pensionados, aparecen una gran cantidad de problemas que tienen que resolverse. Algunas son cuestiones directamente relacionadas, por ejemplo, el tema que trató el diputado Sáenz Garza, de la separación de asignaciones familiares y ayudas asistenciales, en donde hay una discusión que tiene que resolverse a fondo. Hay razones históricas y razones legales de como esta estructurada la ley actual, producto de una serie de modificaciones en donde se ha caído en esa situación. Pero el problema es que esto se confronta con una situación de injusticia, porque el concepto de ayudas asistenciales y de asignaciones familiares que es para resolver la situación de los que están en una condición más difícil, hoy se ha mezclado y resulta que una persona que tiene esposa y dos hijos pensionados recibe el 80% del salario mínimo y otro que no tiene esposa y dos hijos también el 80% del salario mínimo. Y de esa manera han desaparecido estos dos conceptos en la práctica que tenían el sentido de ayudar a quienes más lo necesitaban. Hay una situación de injusticia que tiene que resolverse, como lo señaló el diputado Sáenz Garza, revisando una cantidad de artículos de la Ley del Seguro Social que producen esa situación. Hay una razón histórica, pero hay un problema de injusticia patente que tiene que resolverse.
Y la demanda de los jubilados, finalmente, ha sido: pensiones dignas, Y estamos restringidos por las cuestiones del salario mínimo; pero históricamente tendremos que llegar a que todas las pensiones tengan el valor del salario mínimo, y después que incremente el valor real del salario mínimo y esto tiene que ser un movimiento general y es una demanda que distintos sectores del país han estado reiteradamente planteando.
El gran problema de fondo, son las cuotas de participación patronal. La conclusión en este momento, es que hay una solución parcial temporal que de nuevo tiene seis meses de vigencia, siete meses de vigencia, porque en diciembre hay un problema de incapacidad financiera del Instituto para resolver este problema.
Y en el dictamen nos dicen y el Instituto lo dice, que se compromete a entregar los estudios actuariales para llegar a una solución financiera integral. Sin embargo creo que tenemos que insistir mucho más en todo el problema realmente integral del Seguro, porque no sólo la cuestión de los pensionados, sino también completar la infraestructura, ampliar los servicios para otros sectores de la población, ampliar los servicios para los solidario - habientes, que les llaman, que tienen restringidas sus posibilidades de servicio en el Seguro Social. Resolver problemas salariales. Resolver una cantidad de problemas internos. Que necesitan que el problema del Seguro Social se discuta a fondo en su problema de financiamiento.
El año que entra es el 50 aniversario del Seguro Social y si algo hemos ganado en esta discusión ha sido una gran conciencia de todos los problemas de fondo y necesitamos que esto se refuerce.
Finalmente, el compromiso que ha hecho el Seguro Social de entregar la información financiera, una reclamación que se le estuvo haciendo reiteradamente y que no la dio. Y esto es bien delicado, porque la administración de la información es uno de los rasgos más detestables del manejo político de un país. Y aquí fuimos víctimas de este tipo de cosas: una administración de la información en la que solamente nos entregaban una parte de las cosas y después se cancela el flujo total de información.
Nosotros necesitamos que la Cámara tenga estudios propios y que no tengamos por qué depender exclusivamente de la información que quieren los funcionarios entregar. Hay posibilidades concretas en este caso, para tener aproximaciones suficientemente buenas para que tengamos ideas de la magnitud de los problemas que se están tratando.
En este momento nosotros tenemos posibilidades, si nos tomáramos el tiempo y la tranquilidad de decir que sí es posible separar las asignaciones familiares y al ayuda asistencial y cuanto cuesta. Y que sí es posible llevar el 100% Y que el Seguro Social esta comprometiendo durante unos meses sus finanzas, lo podemos tomar conscientemente, tanto como ellos lo están tomando ahora. Porque llegaron a esa decisión de comprometer durante siete meses y con toda racionalidad podríamos nosotros tomar el mismo acuerdo aquí. Pero el flujo estuvo cancelado y ésta es una de las cosas más desagradables y graves de como se trató el problema.
Finalmente lo que estamos viendo, así como conclusión política, es de nuevo una sobre regulación del Poder Ejecutivo, que dice hasta donde pueden llegar las cosas y en qué momento las discusiones se cancelan.
Creo que si alguna cosa positiva podemos sacar de esta situación, además de que evidentemente los aumentos, por más escasos que sean, ayudarán, es exactamente que las comisiones continúen trabajando y que haya condiciones de estudios independientes, para que lleguemos a diciembre en una situación en que realmente se pueda dar un paso sólido, sustancial, como pedimos al principio.
La primera cosa que dijimos al participar en este debate; hace 40 ó 50 días, es que había que encontrar una solución duradera. Y de nueva cuenta no estamos ante una solución duradera, sino ante una solución parcial. Creo que lo único positivo es que estemos compenetrándonos todos de las características del problema y que tengamos la disposición de salir adelante. Gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra para hablar a favor la diputada Julieta mendóxs Mendívil Blanco.
Pedimos a quienes están en el pasillo del fondo, formando corrillos, que hablen con voz más baja para que no interrumpan a los oradores. Muchas gracias.
La diputada Julieta Mendívil Blanco: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El problema de los ingresos económicos de los pensionados y jubilados, es una preocupación que la LV Legislatura ha manifestado en repetidas ocasiones.
Esta problemática la hemos analizado los diputados, primero en comisiones unidas, después en la subcomisión plural, en múltiples reuniones de trabajo con servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y en varias ocasiones escuchando planteamientos que hicieron directamente los representantes del grupo Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados, solicitando una solución favorable a la demanda planteada por ellos el 1o. de diciembre de 1991.
Como ya lo hemos manifestado, el problema es muy serio si consideramos que actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social cubre pensiones a más de 1 millón 200 mil personas y que dicho problema se acentuará, aún más, en el futuro, si tomamos en cuenta algunas variables, como pueden se: el crecimiento de la población, el aumento de la planta laboral, el avance de la ciencia en materia de atención médica, al elevación del nivel de vida de la población y otros más, como por ejemplo, que la esperanza de la vida de los pensionados aumentó en un 100% entre 1942 y 1990.
También fueron descritas las modificaciones a la ley, que determinaron el otorgamiento de prestaciones superiores a las originalmente consideradas, entre ellas, pueden citarse las siguientes:
Otorgamiento de atención médica completa al pensionado y sus derechohabientes más de 2 millones 200 mil personas en la actualidad.
Derecho de pensión al viudo incapacitado.
Incorporación a la ley de las pensiones de ascendencia.
Compatibilidad de la pensión con la obtención de un trabajo remunerado.
Otorgamiento al pensionado que requiera la asistencia permanente de otra persona de una cantidad equivalente al 20% de su pensión, del 15% para la esposa o el pensionado en soledad y del 10% para cada uno de los ascendientes o descendientes del pensionado.
En este mismo sentido, pueden mencionarse el aumento a las pensiones del 1% al 1.25% del salario base, por cada 52 semanas cotizadas, en adición a las primeras 500; el aumento a la duración de las pensiones de orfandad o la reducción del tiempo de espera para tener derecho a la pensión de invalidez, vejez, cesantía o muerte, de los requisitos para la pensión por viudez.
Debe enfatizarse que estas prestaciones se concedieron sin modificar la cuota original del seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte.
También es justo destacar que en fecha reciente se celebró un convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Movimiento Nacional de Jubilados y Pensionados, en el que se sentaron bases de colaboración y se definieron los mecanismos para establecer una comisión mixta nacional, que se constituyó en foro para la atención y búsqueda de soluciones conjuntas.
Cabe destacar que se están instalando también comisiones mixtas delegacionales en todo el país y que se revisa el modelo de atención médica para pensionados.
Por supuesto, compañeras y compañeros diputados, lo deseable es resolver con plenitud la problemática de los jubilados, porque entendemos plenamente su situación. Sin embargo, la realidad financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social nos obliga a reflexionar que es lo posible aquí y ahora?
Creemos que es importante que en ningún momento se descuide el equilibrio financiero del Instituto, por ramo de seguro y se ponga en riesgo el destino de una institución de vanguardia encargada de vigilar el bienestar de los trabajadores.
No olvidemos el compromiso del Instituto Mexicano del Seguro Social con los 38 millones de derecho - habientes en activo y 11 millones de mexicanos en todo el país con el programa IMSS SOLIDARIDAD.
Creemos que el incremento aprobado por el Consejo Técnico del Instituto aunque no es lo esperado, si es un primer paso muy importante que se da en favor de los pensionados y jubilados y es un logro tangible para esta Legislatura en el momento actual.
Creemos que el hecho de que el 33% de pensionados alcancen con dicho incremento un 93.6 % del salario mínimo de su zona salarial; que el 11% alcance el 101.3% y que el 56% llegue al 111.2% del salario mínimo es un avance en su situación. Creemos también que es positivo el hecho de que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social haya anunciado que se continuará realizando un verdadero esfuerzo de optimización de recursos en el Instituto y que a más tardar en el mes de diciembre concluirán los estudios y análisis que les permitan tomar decisiones para atender los problemas de
mediano y largo plazo de los jubilados y pensionados.
Lo ahora obtenido sí es un logro, sí es un paso importante en el camino que aún habremos de recorrer juntos por lograr una situación mejor cada vez para este grupo de mexicanos que tanto han luchado y que tanto respeto nos merecen. Estamos y estaremos con los jubilados, no termina aquí nuestra labor a favor de ellos, seguiremos trabajando en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social para lograr permanentes mejorías.
Por todo lo anteriormente expuesto yo los exhorto compañeras y compañeros legisladores a votar en pro de este decreto que reforma y adiciona el artículo 168 de la Ley del Seguro Social y que mucho beneficiará a la clase trabajadora jubilada y pensionada que tanto ha aportado a México.
Por su atención, muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Para fijar posición en relación a este mismo tema, tiene la palabra el diputado José Antonio Gómez Urquiza.
El diputado José Antonio Gómez Urquiza: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es tan evidente y claro el terrible problema de los actuales pensionados y jubilados sobre, todo los del Seguro Social, que se suscribió por parte de todos los partidos políticos aquí representados un acuerdo para discutir en este período ordinario su situación y sus auténticas demandas.
Es de verdad lastimoso observar a un gran número de estos ex trabajadores jubilados o pensionados, muchos de ellos ahora por necesidad nuevamente trabajadores, teniendo para efectuar marchas y plantones para que la sociedad se conmueva y esta Cámara y el Seguro Social resuelvan mejoras a sus precarios ingresos.
A raíz de lo anterior hace más de un mes se abocaron las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social, Gestoría y Quejas y Derechos Humanos; se formó una subcomisión de estas comisiones unidas para recabar toda la información necesaria para poder legislar lo más adecuado sobre este tema, es decir, analizar con detalle y responsabilidad las posibilidades del Instituto Mexicano del Seguro Social tratando de cubrir en lo más posible los deseos de los pensionados y jubilados.
Sostuvimos al respecto varias reuniones, en promedio dos por semana, muchas de ellas con funcionarios del Seguro Social así como el movimiento representativo de los jubilados y pensionados.
Desde la primera reunión, los funcionarios del Seguro Social establecieron y fueron siempre reiterativos en el sentido de que no tenía el Instituto ni propuestas ni recursos y pidió a los legisladores comprensión y trabajo en equipo para buscar alternativas.
Nosotros asumimos ese reto. Al respecto y hablo por los diputados que integramos esta subcomisión, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, no sólo tomamos el compromiso, sino que de inmediato nos dedicamos a este trabajo.
Solicitamos en dichas reuniones y a través de los presidentes de las comisiones que trabajaron en este tema, una serie de datos e informes que en ese momento se ofreció el Instituto a entregar en futuras reuniones.
Pasaron una y otra y la información no llegaba, como nunca llegó.
Nos proporcionaron información valiosa sin duda, nos proporcionaron información interesante, pero que ellos... lo que ellos consideraban importante, no que lo que legisladores habíamos solicitado.
¿Qué información es aquella que solicitamos con más insistencia?, básicamente podemos hablar de tres reportes: el estado de ingresos y egresos, el balance financiero o contable y el balance actuatarial.
Voy a referirme a algunos de los artículos de la propia Ley del Seguro Social. El artículo 250 de la Ley del Seguro Social, a la letra dice: La Asamblea General, discutirá anualmente para su aprobación o modificación en su caso, el estado de ingresos y gastos, el balance contable, el informe de actividades presentado por el director general, el programa de actividades y el de presupuesto de ingresos y egresos para el año siguiente, así como el informe de la Comisión de Vigilancia. Cada tres años, la propia asamblea conocerá para su aprobación o modificación, el balance actuarial que presente cada trienio el Consejo Técnico.
El artículo 257 de la misma Ley, establece que el director general tendrá las siguientes atribuciones y entre otras, las fracciones V y VI,
dicen: fracción V. Presentar anualmente al Consejo Técnico el balance contable y el estado de ingresos y gastos, y la fracción VI. Presentar cada tres años al Consejo Técnico, el balance actuarial.
Es decir, son documentos que debe recibir la asamblea general y deben ser proporcionados por el director general del Instituto en esos términos.
¿Por qué es importante el balance contable?, el balance contable nos permitiría evaluar la situación actual del Seguro Social en base a sus recursos, en base a sus ingresos y gastos, inversiones, reservas, activos, etcétera, por todas las decisiones y acciones tomadas en el pasado; en el pasado se utilizaron adecuadamente los recursos, se invirtieron adecuadamente los recursos, el balance contable nos puede dar una fotografía del Instituto en este momento.
¿Por qué es más importante el balance actuarial?, porque nos daría una clara idea de las obligaciones del Instituto ante los actuales pensionados y jubilados, así como ante todos los derechohabientes, sobre todo el régimen de invalidez, vejez, cesantía y muerte. No basta con evaluar el impacto en este año; no basta con evaluar el impacto en los próximos dos o tres años, sino que es necesario evaluar el impacto por los próximos 20 ó más años.
Esta información que en repetidas ocasiones y en forma insistente solicitamos, todavía el día de ayer hicimos la petición nuevamente a los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y Seguridad Social, y nos informaron que esta información no había sido proporcionada por el Instituto.
Vamos a analizar ahora este problema desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los pensionados, de los propios pensionados y jubilados.
Una primera y obvia respuesta es que el incremento a sus pensiones, que de junio a diciembre representarán, si se aprueba esta incitativa, 20 mil pesos mensuales, es decir y hablando en términos de otras iniciativas que están en camino, es decir, este aumento representaría menos de un nuevo peso por cada día. No son ni por mucho suficientes, ni tan sólo un aumento digno.
Analicemos el deterioro que han tenido en sus pensiones. Y voy a poner un ejemplo, me voy a referir a los jubilados por edad. De acuerdo con lo que establece la Ley del Seguro Social, quien se pensiona por cesantía en edad avanzada o por vejez, recibe su pensión, tomando como base el salario promedio de las últimas 250 semanas, es decir, el salario promedio de los últimos 5 años.
Cuando inició el Seguro Social, hubo incluso algunos años en los que el salario promedio de los últimos 5 años y tomando como base el salario mínimo era el 100% del último salario. Si nos referimos ahora a la década pasada y tomamos como base algún año que puede ser 1988, en esa época quienes se pensionaron en 1988, simplemente por el hecho de promediar sus últimas 250 semanas, recibían como salario pensionable base para el cálculo de su pensión, una cantidad equivalente al 40% del último salario, es decir, con esto ya veían reducidas sus posibilidades a menos de la mitad.
Si tomamos en cuenta una persona que hubiera tenido 40 años cotizando, estaríamos hablando de 85% de pensión sobre el salario pensionable, es decir, el 33% de su último salario. En esa época no se tenía previsto algún aumento a las pensiones, o más bien dicho, se tenía previsto un aumento que era raquítico comparado con los índices de inflación y simplemente por el paso del primer año como pensionado, su pensión se reduciría al 25% del salario pensionable.
Si tomamos como válidas estas cifras y quisiéramos de alguna forma retribuirle lo que perdió por haberse calculado sus pensiones sobre estas bases, estaríamos en este momento hablando de un aumento a estos pensionados, los que se pensionaron en 1988, de un 226%. Simplemente para retribuirle lo que en su momento debió haber sido una pensión digna, 226%.
Ahora bien, hablamos de un aumento del 5% de aquí a diciembre con otro 5% de diciembre en adelante. Lo que ha sucedido en los últimos años con esta fijación del salario mínimo como mínimo a la pensión, del 80%, ahora sería del 85%, es que con esta nueva cifra el 95% de los pensionados y jubilados estarían recibiendo el mínimo de la pensión, no importando lo que hubieran cotizado, no importando el nivel salarial que hubieran tenido; en estos momentos el 95% estarían recibiendo el salario mínimo.
Pensando en posibles soluciones y obviamente preocupados por el pasado reciente y preocupados también por el futuro reciente, por quienes se van a pensionar y jubilar en los próximos años, se puede pensar en muchas alternativas. Una de ellas que se comentó en las reuniones de subcomisión, fue el considerar que el salario pensionable no se calculará sobre los últimos
cinco años, sino sobre los últimos tres años. Una posibilidad fue rechazada por los funcionarios del Seguro Social. Sin embargo para sorpresa de todos, quien, trabaja en el Seguro Social y cubierto por el generoso contrato colectivo del Seguro Social, no nada más no recibe su pensión sobre el salario promedio de los últimos cinco años, ni tampoco de los últimos tres años, lo recibo sobre el último salario. Entonces por que ese trato a quien trabaja en el Seguro Social y es imposible hacer un cambio, ¿a quienes cotizan y han pagado durante muchísimos años sus cuotas, tanto ellos como sus patrones?
Para concluir, la postura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en este sentido, será el voto por abstención. No podemos definir, por la falta de información que tenemos, no podemos definir si este 5%, raquítico para los pensionados y jubilados, es inclusive algo que está fuera de posibilidades de las finanzas del Instituto, porque no las conocemos. Por más que insistimos no nos fueron proporcionados estos informes.
Exhortamos tanto al Presidente de la Comisión de Seguridad Social, al doctor Miguel Ángel Sáenz, a que siga solicitando estos informes al Instituto y exhortamos también desde esta alta tribuna, a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que entreguen la información necesaria, para que los diputados actuemos responsablemente y podamos hacer un análisis profundo de los que a ellos les interesa. Muchas gracias. (Aplausos.)
RECESO
El Presidente (a las 15.00 horas): -Señores diputados, esta Presidencia decreta un receso de una hora para comer. Ojalá podamos reanudar los trabajos en punto de las cuatro de la tarde. Muchas gracias.
Receso
(A las 16.25 horas): Habiendo transcurrido 25 minutos después de la hora fijada para reanudar la sesión, vamos a hacerlo.
Tiene la palabra la diputada Evangelina Corona Cadena, para hablar en contra.
La diputada Evangelina Corona Cadena (desde su curul): -No hay quórum, señor Presidente.
El Presidente: -Esta protestando la diputada Evangelina. ¿Cuál es el pleito, señorita diputada? No hay quórum. Yo le garantizo que con estas personas que están presentes, va a tener usted mucha gente atenta escuchando su mensaje, (Aplausos.)
La diputada Evangelina Corona Cadena: -Bueno, yo creo que no es justo que nos pongan una Cámara vacía, definitivamente. Pero en fin.
Me he inscrito para el uso de la palabra y para hablar en contra de este dictamen que se ha presentado a esta Cámara, por razones que hemos discutido ya en las comisiones, en las reuniones de la comisión y también de las comisiones unidas.
Al mismo director del Seguro Social le manifestamos nuestro desacuerdo, porque consideramos, en primer lugar, que es una burla a los compañeros jubilados. Insistimos en que capital existe, lo que no existe es voluntad política para resolver el problema de los jubilados.
En diciembre hicimos una propuesta, una iniciativa en donde solicitábamos o solicitamos hasta este momento también, que a los jubilados se les incrementará el 100% del salario, porque consideramos que no es justo que una persona viva con 324 mil pesos al mes.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social, se nos decía que no era posible aumentarles al mismo salario porque protestarían los trabajadores en activo, a lo cual, compañeros diputados, yo creo que no es justo ni es una razón suficiente para no resolver el problema de los jubilados.
También nosotros solicitamos que se incrementara el salario a los jubilados y a los pensionados, porque tenemos compañeros que nos han presentado su recibo de pago y no son ni siquiera los 324 que otros están recibiendo, hay compañeras que tienen y reciben 49 mil pesos al mes y eso nos parece totalmente injusto.
Sin embargo, queremos fundar nuestros argumentos en que sí hay posibilidades de incrementarle a los jubilados, puesto que a nosotros como diputados nos han dado un salario bastante elevado.
Nosotros hicimos una primera propuesta en que se diera el aumento con los intereses que daría el 2% del salario, argumento que nos tiraron a la calle, porque dijeron que no podían tapar un hoyo haciendo otro. Sin embargo, hoy nos hemos enterado que el dinero no ha ido al Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que ha ido a bancos. eso nos parece que no es coincidente con lo que se nos dijo en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por eso también seguimos insistiendo que no es razonable que a los jubilados y pensionados se les limite con un 5%, y en pausas, primero un 5%, y luego hasta principios del otro año otro 5%, eso, compañeros diputados, nos parece doble falta de respeto.
Tenemos que hacer historia, como lo han manejado los compañeros jubilados, ellos son trabajadores que trabajaron no 10, 20, sino mucho más años y que dieron su vida porque México siguiera adelante, sin embargo, hoy se les limita a un 5%.
Hay un cuento, que a lo mejor ustedes se lo saben muy bien y que dice, es una pregunta: ¿Por qué doña Josefa Ortíz de Domínguez vestía de largo? Y la respuesta era: porque por 5 centavos no iba a enseñar las piernas.
Por eso también consideramos que los jubilados se van a sentir satisfechos con ese 5% que se les está dando.
Compañeros diputados, para cuando las elecciones vienen, tengo entendido que se da mucho dinero para las campañas, a los más pobres se les dieron seis millones de pesos, a los que tienen más cercanías con el Presidente o con el gobierno o con el instituto de elecciones, les dieron 200 millones de pesos para su campaña. ¿Cómo es posible, señores diputados, que para campañas, para comprar el voto de los ciudadanos si haya dinero y para darle a los jubilados no haya dinero?
Retomando la propuesta que hacían los compañeros del Partido Popular Socialista de que se dé el 100% del salario a los jubilados, nosotros también como partido, abanderamos esas propuestas, porque consideramos que aun siendo eso, no es justo ni razonable, que digan de dónde se va a agarrar el dinero.
Yo quisiera señalar tres lugares de donde se puede agarrar. Ya en un momento lo habremos manejado en las comisiones que fuera precisamente de ese fondo que se está formando y que hoy se manejaba que recaudaron un billón de pesos y fracción. De ahí los intereses pueden ser muy buenos para garantizarles a los compañeros una pensión mejor, pero dicen que no se puede tomar porque se hace otro hoyo para tapar uno.
Entonces hacemos otra segunda propuesta que podría ser. El Presidente de México ha manejado la solidaridad, Programa Nacional de Solidaridad, creo que sería conveniente aportar una cantidad aunque sea única vez al Instituto Mexicano del Seguro Social para que dé tiempo a que se refortalezcan las finanzas del Instituto.
Por otro lado, quisiera también decirles, que muchos de los que representamos a los obreros también los hicimos ricos con el dinero de los trabajadores. Podríamos también invitarlos a todos aquellos que de una u otra manera tienen capital a causa de los obreros, que también aporten una cantidad. Y creo, señores diputados, que con eso podríamos salir adelante con el problema de los jubilados, no con el 5% sino con el 100% de sus jubilaciones y pensiones.
Es lamentable que los compañeros reciban 324 mil pesos, pero tiene que pagar taxi para ir a cobrarlos o tiene que pagar a alguien que los lleve y aparte tienen que ir a perder tiempo ahí, haciendo cola. Considero y reitero que no nos parece positivo ni justo para nuestros compañeros jubilados.
Insisto, en que no estoy de acuerdo con el proyecto de dictamen que hizo la Comisión y no es nada extraño que lo diga aquí, en la tribuna, porque los compañeros diputados que forman las diferentes comisiones han escuchado mi propuesta. Considero también que no es válido que, mientras insistiendo en esto, a los jubilados y a los pensionados se les dé un salario tan miserable que en un momento aplaudí cuando la Prensa decía que el diputado Ochoa Zaragoza, calificó de risible el ofrecimiento que hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque creí que al fin se había conmovido por sus representados. Porque creí que al fin había florecido en él la humanidad, porque creí que era positivo, que no estaba de acuerdo. Sin embargo, lo dijo públicamente en la comisión, que no aceptaba ni reconocía esas palabras.
Realmente compañeros, creo que no estamos preparados quizá para revivir esa solidaridad que se vivió en el 1985; para revivir esa solidaridad que se manifestó en ese entonces; porque hoy con unos compañeros que los hemos visto plantados ante la Cámara, que hemos visto haciendo marchas, largas caminatas, no nos conmovemos. Y les ofrecemos un 5%.
Consideramos entonces, que por esta razón y aunque esto nos haga como que estamos cerrados a un razonamiento, nosotros no estamos de acuerdo en ese porcentaje que se les da a los compañeros.
También se nos decía que no se podía dar ese incremento, porque ya estaba en unos lugares sobrepasado; se está dando 112.%. ¿Pero es en
realidad a todos lo jubilados? ¿Podíamos pensar en todos ellos?
Yo tengo conocimiento y diculpenme que lo insista, en compañeros que no tienen ni siquiera los 324 mil pesos mensuales. Hay compañeros que están recibiendo 290 mil pesos, 280 mil pesos, que no llegan ni a los 300 mil pesos compañeros.
Y yo creo que sería conveniente que analizáramos, que reconsideráramos, que diéramos más margen a un análisis más profundo para poder dar una respuesta satisfactoria, que insistimos, no es lo que podamos dar; no será nunca lo suficiente. Pero sí consideramos que pudiera ser más justo. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra para hablar a favor, el diputado Rafael Fernández Tomás.
El diputado Rafael Fernández Tomás: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Esta discusión que se está llevando en el Recinto Alterno de la Cámara de Diputados, es para muchos de nosotros la importante discusión por cuanto está afectando a 1 millón 250 mil mexicanos, cantidad de por sí amplia.
Pero además que está afectando a 1 millón 250 mil mexicanos, mujeres y hombres, sobre cuyas espaldas se ha edificado el México moderno, el México que nosotros tenemos.
Por lo tanto, el analizar como lo hemos hecho en comisiones, el problema de los jubilados, nos remite en una primera instancia, a pensar que estamos analizando algo que tiene todo un sentido social. La vida de esos hombres,. de esas mujeres, de sus hijos y de sus nietos, es un problema que ha sido trasladado a la Cámara de Diputados y que ha sido recogido por la propia Cámara, para enfrentarlo.
Yo he escuchado a los compañeros que me antecedieron en la palabra y quiero decirles a los compañeros del Partido Popular Socialista, a la compañera que está en este momento, que coincido totalmente nuestra fracción coincide totalmente en el planteamiento que ustedes hacen de como las decisiones se toman en México, en beneficio del que más tiene y de cómo los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, del último censo, estaban señalando como el 19% del producto lo está disfrutando el 50% de la población, mientras el 38% de dicho producto le llega al 8% de los privilegiados de México. Y estamos de acuerdo con ustedes, compañeros.
Y quiero decir que estoy de acuerdo con el compañero Raúl Alvarez y su planteamiento, porque el compañero Raúl Alvarez, que ha sido uno de los más firmes pilares en la defensa de todos los diputados, en la lucha por los derechos de los jubilados y pensionados, lástima que no esté él ahora en este momento aquí el compañero Raúl Alvarez recogió en su intervención algunos aspectos importantes de los cuáles no quiero repetirlos porque creo que quedaron muy claros; pero si quiero retomar una frase expresada por el compañero Raúl Alvarez, que nosotros hace poco más de mes o mes y medio en esta tribuna, la fracción parlamentaria de nuestro partido, señaló el grave peligro de lo que significaría el Sistema de Ahorro para el Retiro. Yo recuerdo haber presentado a nombre de mi fracción, una moción que fue desgraciadamente votada negativamente en contra por todos los compañeros diputados y por alguna razón, así fue.
Pero los hechos nos están confirmando la justeza de los razonamientos hechos en aquella ocasión. En aquella ocasión dijimos: "El Sistema de Ahorro para el Retiro es fundamentalmente, un proyecto de la Secretaría de Hacienda y del gobierno federal, para incrementar la inversión interna, la inversión nacional". Y en eso no estamos en desacuerdo.
Pero decíamos en el artículo 183 - i, no me olvido, decíamos: "Ahí está el punto que hay que cuidar". Porque ahí se decía que todo el dinero del fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro, el 2% más el 5%, el 7%, iba a ser manejado por los bancos en México durante seis días naturales, es decir, la quinta parte del mes lo iban a manejar los bancos antes de que ese dinero se depositase en Banco de México para manejarlo en beneficio de los trabajadores.
Y haciendo cifras, y yo recuerdo cifras que dije aquí, y que señalaban lo siguiente. Decíamos: "Se acaban de abrir, se van a abrir diez millones de cuentas cautivas durante 35 años en los bancos". Y yo razonaba que los bancos estaban informados de esto. porque por eso se estaban vendiendo los bancos al 7%, al 8% y al 9% del valor en libros. Y que justamente era un gran botín el tener el banquero treinta años diez millones de cuentas para empezar, cautivas, cuando lo único que podrían retirar los compañeros trabajadores, era un 10%.
Y haciendo el análisis de cuánto deja a un banquero un billón de pesos, que es la cantidad por la que acaban de empezar los banqueros, según los medios de comunicación y según datos oficiales, dicen que el Sistema de Ahorro para
el Retiro empezó mucho mejor de lo esperado porque ya tiene un billón de pesos. los banqueros no invierten ese billón de pesos al 12% en Certificado de Tesorería. Los banqueros teniendo ese dinero en sus manos, le sacan el 50% y el 60% de rendimiento, en sus propios empresas.
Por lo tanto, quiero señalar que creo que lo que en un momento dado dijimos se está confirmando en la práctica. ¡Yo me iría más lejos que el planteamiento que hicieron algunos compañeros diputados, de que al darles tres meses de margen del Sistema de Ahorro para el Retiro a los banqueros, dizque para que tengan las computadoras que requieren para este proceso, les hemos dado el manejo de un billón de pesos tres meses! ¡Y esto en mis estimaciones dan 150 mil millones de pesos!, aunque todo es subjetivo, según la tasa de inversión.
Pero se han llevado los banqueros en tres meses, cuando tan solo es de un billón de pesos el fondo de retiro, se han llevado esta cantidad. ¡Y entonces Raúl Alvarez, con toda razón dice: "Oigan, no hubo dinero para los jubilados; por qué no lo hubo, ahora diremos por qué no lo hubo, no hubo dinero para los jubilados de parte del gobierno federal y sí ha habido dinero para los banqueros!
Es decir, se repite la vieja política de que los beneficiados del proceso de 1910, en nuestro país son unos cuantos miles o decenas de miles, mientras que en nuestro país hay más de 8 millones de desempleados. Y no entro a detalles que no corresponderían ahora a esta discusión, pero sí quería tomar ese punto, porque me pareció correcta la intervención del compañero Raúl Alvarez de decir: "Oigan, atención. Este asunto se está tratando así".
Para quien tuviese duda y con eso quiero dejar libre lo del Sistema de Ahorro para el Retiro, para los que tuvieran dudas, yo recuerdo muy bien que a los 8 ó 10 días o a las tres semanas de que aquí tomamos la decisión de aprobar el Sistema de Ahorro para el Retiro ¡Yo vi noticias en la prensa norteamericanos, donde señalaron que el gran botín, el gran atractivo para los bancos norteamericanos ante el Tratado de Libre Comercio, era el gran fondo de retiro que iba a haber en México!¡Es el gran botín que ellos querían tener y lo saben muy bien!
Por esa razón yo quería, en primer lugar, destacar el planteamiento correcto de los compañeros del Partido Popular Socialista, y el planteamiento desde mi punto de vista correcto del compañero Raúl Alvarez.
Pero permítanme compañeras diputadas y compañeros diputados, darles algo de información de lo que fue la subcomisión. Porque yo formé parte de la subcomisión, como otros diputados que me antecedieron, durante un mes.
En primer lugar hay un hecho que me parece que la Cámara de Diputados no ha valorado debidamente. Si nos fijamos nosotros hemos estado aquí semanas analizando iniciativas del Ejecutivo. La mayor parte de las iniciativas que se han discutido aquí han sido iniciativas del Ejecutivo. Independientemente de demandas particulares que se han manejado en la Cámara.
Pero creo que en el caso de jubilados, es el primer caso en el que la Cámara de Diputados, cumpliendo su papel constitucional, ha estado en contacto con la población, a estado en contacto con las calles, a recogido planteamientos de las calles, los a traído aquí, les ha dado forma en la forma de comisiones o subcomisiones han citado a funcionarios a la Cámara de Diputados y ha habido un avance. ¡Pequeño, pero ha habido un avance!
Y es, que yo recuerde, el primer caso que se da en la Cámara de Diputados, en que este avance que se logró hoy, lo logramos nosotros. A pesar de las restricciones del Ejecutivo. ¡Esta fue una iniciativa recogida de las calles, por todos nosotros, por los le - gis - la - do - res! ¡Y eso hace diferente, en mi opinión, a este punto; a todo los demás puntos o iniciativas que se han presentado!
Cuando la subcomisión que se integró por parte de varias comisiones para analizar el problema de los jubilados, lo primero que se pensó y se analizó era la justicia que se tenían esos hombres, de 70 años muchos de ellos, que han dejado lo mejor de su vida en el país que a nosotros nos tocó vivir.
Y esos compañeros, que son un millón 250 mil, estamos tratando de buscar una solución para llevarlos del salario que tienen, que es muy dispar, pero el 83.9 tenía 235 mil pesos mensuales, llevar a los jubilados en México hoy al 100%, para que después esa dinámica, el aumento de sus salarios, de acuerdo con los trabajadores en activo, significaba 1 billón 390 mil millones de pesos. Y todos en la comisión nos preguntábamos: ¿De dónde vamos a sacar 1 billón 390 mil millones de pesos?
Y entonces decíamos: ¿habrá voluntad política o no habrá voluntad política para poder sacar ese billón 390 mil millones de pesos?
El razonamiento de los compañeros jubilados, permítanme expresarlo aquí, pues era muy simple. La subcomisión en el Salón Verde o en la parte de arriba, se reunió durante varias semanas, abrió el debate y estuvieron los jubilados, estuvieron funcionarios que vinieron aquí del Seguro Social, el Secretario General del seguro Social y ellos nos trajeron informaciones que enriquecían la concepción que nosotros teníamos de lo que era el problema de los jubilados.
Y los jubilados nos dijeron algo, que eso es cierto y hay que remarcarlo aquí: "si hay un problema de los jubilados es porque alguien se comió las reservas de los jubilados". En nuestro país, por decenas de años hubo funcionarios que no se ajustaron a lo que eran sus obligaciones y se comieron las reservas, por no usar otro término más fuerte, las reservas del Seguro Social, porque si las reservas del Seguro Social hubieran estado donde debían de estar, esas reservas no habrían presentado ningún problema para los compañeros jubilados.
También se quejaban los compañeros y en ese sentido creo que Evangelina Corona tiene mucha claridad, porque para mi Evangelina es la mujer más proletaria que tenemos, la Diputada más proletariada que tenemos nosotros en la Cámara, desde mi punto de vista, es una obrera, sencilla, una obrera que viene de la lucha de las costureras, yo le tengo un gran respeto por eso y la compañera decía hace un rato algo que nos dijeron los jubilados y nosotros como Subcomisión tenemos la necesidad de informarle al pleno; los jubilados nos dijeron: "Hemos tenido que salir a la calle los jubilados, porque los líderes obreros del sistema nos dejaron solos", y eso nos dijeron y es una grave responsabilidad histórica para los dirigentes obreros de este país.
Esas no son palabras de Fernández, ni de la fracción del Frente Cardenista, esas fueron frases que dijeron los propios compañeros jubilados.
Entonces, yo creo que muchos compañeros preguntarán: Bueno, ese diputado se levantó a defender el dictamen y parece que es al revés, parece que iría al revés. Voy a razonar ahora por qué estoy en favor del dictamen, pero tenía que recoger, desde mi punto de vista, algo que era muy importante, que se había dicho aquí.
La subcomisión tenía que buscar para pasar al 100%, 1 billón 390 mil millones de pesos y no había forma de conseguirlos, porque las reservas del Seguro Social, según se nos informó, no alcanzaban a esa cantidad, salvo que se afectasen los intereses de los trabajadores actuales y la línea de la comisión fue no afectar en lo absoluto a los intereses de los trabajadores actuales del Seguro Social.
Buscamos otras opciones y el planteamiento de los compañeros jubilados fueron las siguientes: el dinero tiene que venir, decían el los de los que se han llevado la riqueza del país, de los patrones y tiene que venir del Estado mexicano porque el Estado mexicano fue descendiendo su aportación al Seguro Social durante mucho tiempo y de repente después de muchas reuniones que tuvimos nos citan para hablar con el director del Seguro Social, les consta a muchos compañeros diputados que están aquí, que yo fui uno de los diputados que me opuse a que la subcomisión fuera a las oficinas del director del Seguro Social y argumenté por qué, pero finalmente fuimos minoría, perdimos y el martes fuimos a las 6 y media a las oficinas del director del Seguro Social. Y era obvio que ese día estaba la respuesta del Ejecutivo, es decir, hasta ahí estaba la respuesta del Ejecutivo y fuimos a escucharlo y la respuesta del Ejecutivo nos permitió pasar de la nada en dos tantos a los 840 mil millones de pesos, de un billón 390 mil millones, se avanzo en 840 mil millones de pesos a pesar de que esto sea una miseria para los propios jubilados pero hay que ver la parte positiva y hay que ver el vaso medio lleno, avanzamos o no avanzamos, en el curso de un mes de un problema que estaba en la calle la Cámara lo recogió, los partidos nos unimos, discutimos, trabajamos conjuntamente todos y logramos arrebatar en dos partidas a 840 mil millones de pesos no el billón 390 mil y en mi opinión eso es un avance, un avance.
Segundo, en ningún momento la subcomisión dijo que el problema se acaba allí y lo dijimos todos los diputados que estuvimos ante el director del Seguro Social, le dijimos a Gamboa Patrón, le dijimos el problema no se acaba aquí, está es la respuesta que nos está dando el Seguro Social pero de aquí a diciembre el seguro Social tiene que dar otra respuesta complementaria a ésta y yo me pregunto o preguntan los compañeros de la Comisión si fue cierto o no que el Seguro Social, además así viene en el dictamen, se comprometió a que ese dinero, a que habrá estudios complementarios en el mes de diciembre. Por lo tanto la lucha que emprendimos todos los partidos, que sacamos de las calles, la trajimos aquí y tuvimos que ir al contraste con el Poder Ejecutivo, esa lucha ya tuvo una primera etapa victoriosa por pequeña que sea y yo la defino en primer lugar con los 840 mil millones de pesos en primer lugar, en segundo lugar con la solidaridad que se dio entre todos los partidos,
no hubo fisuras en eso, todos coincidimos, todos los compañeros que han hecho uso de la palabra han coincidido con eso y eso es un segundo avance importante.
No se informó aquí que el director del Seguro Social a través de un funcionario no de él, le ofreció a los jubilados varias cosas del Programa de Solidaridad, trabajó para ahora que se van a desarrollar las nuevas elecciones - trabajo en el Instituto Federal Electoral y yo le respondí al director del Seguro Social que a los jubilados y a los pensionados no se les pagaba en especie que ellos pagaron sus cuotas en efectivo y hay que responderles en efectivo sin subestimar lo que pudiera haber en el Programa de Solidaridad para ellos, no me quería meter pero había que pagarles no en especie. Y por esa razón aquel día al terminar hubo un cierto consenso entre nosotros por esa razón cuando nosotros se nos presenta un dictamen donde dice que se reforma la Ley, el artículo 168 de la Ley del Seguro Social para, pasar del 80% al 90% compañeros nosotros en nuestra fracción lo aprobamos porque es un avance pero cuidado de que piense que con ese avance nos hemos conformado, ni nuestro partido ni ningún partido estamos claros de que esto tendrá que analizarse de nuevo en el mes de noviembre y que la salida tendrá que venir como los jubilados lo plantean, de dos áreas: una tendrá que venir de quienes se llevaron los grandes capitales de la riqueza del país, o sea de los patrones y, la segunda, tendrá que venir del gobierno federal.
Y para terminar quiero recoger la palabra del compañero panista que no me acuerdo siempre de tu nombre, tu nombre compañero; el compañero es un compañero me parece que actuario y entonces él, dentro de la subcomisión porque yo así lo integré, es una subcomisión no partidista que recogió de la calle el problema y lo está enfrentando para sacarlo, y el compañero tenía los conocimientos que yo no tenía, o no teníamos otros.
El era actuario podía discutir con el actuario del Seguro Social, y dijo aquí cuando se le... cuando intervino, dijo algo muy cierto: Nosotros estamos cruzados de... limitados porque en la Cámara no hay la suficiente información y dependemos de la información que el Ejecutivo nos quiera dar; y esos compañeros es algo muy grave.
Por ello, ya que está aquí Paoli y que está el diputado Ortíz Arana, los dos diputados, yo quiero señalar una cosa, me sorprendió el trabajo que el compañero diputado Paoli, de la fracción del Partido Acción Nacional, Presidente de Bibliotecas, está desarrollando en San Lázaro.
Me sorprendió el trabajo que está desarrollando con la ayuda de Ortíz Arana y resulta que hay un sistema de computó que nos podría servir a todos los diputados, extraordinario...extraordinario en San Lázaro, y si no es así, bueno hay casi 222 empleados que dependen de ese sistema, díganme si hay un trabajo serio o no.
Entonces yo quisiera recoger el trabajo que nuestro diputado Paoli con la ayuda de Fernando Ortíz Arana, han desarrollado para que junto con lo que nos llegó hoy, por ejemplo de María de los Ángeles Moreno en Programación y Presupuesto, sentemos las bases para que aquí tengamos toda la información compañeros; ya no más salir los diputados a mendigar información al Ejecutivo, ya no más salir a mendigar información; la información llega aquí, tan poderosos como ellos somos nosotros y esa información lo discutimos y entonces podremos tomar medidas diferentes.
Por esa razón, yo creo sinceramente, y lo quiero decir a nombre de mi fracción, que si bien no fue un avance extraordinario, siquiera fue un avance pírrico se podría decir, pero no en la vida hay que ir ganando parcelas para ir construyendo esto y fue un primer triunfo, lo reitero, permítame que lo reitere.
La Cámara, los diputados, sacamos de la calle un problema, los metimos aquí nos unimos al rededor de él, dimos las peleas cada uno como pudimos, unos más otros menos, y logramos un avance: 840 mil millones de pesos nada más, pero quedo constituida la subcomisión y de aquí a diciembre buscaremos los mecanismos para que el Estado, que tiene los recursos, pueda complementar para antes de que este año termine, eso lo hicimos en un mes, la Cámara de Diputados pueda darle una satisfacción y una respuesta como corresponde, a un sector socialmente muy importante como es el de los jubilados y pensionados en México. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra para hablar en contra, el diputado Juan Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:- Señores y señoras diputados:
Estamos tratando un problema de estricta justicia para un grupo importante de mexicanos. Creo que coincidimos en el sentido de que se trata de hacer justicia a quienes han contribuido al desarrollo nacional con su esfuerzo físico e intelectual.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista ya ha anunciado que va a votar en contra del dictamen, porque consideramos que no se hizo el debido esfuerzo para satisfacer la demanda de los jubilados y pensionados.
Aquí he escuchando atentamente las expresiones de reconocimiento de que ha sido la medida tomada insatisfactoria para los jubilados, se reconoce que no ha sido suficiente, se reconoce que no se resuelve el problema de satisfacer la demanda de los pensionado; es decir, en otros términos mi compañero Hildebrando Gaytán, en términos llanos, ha calificado de una medida mediocre y así debe tomarse, en este término recto de la palabra. Nos parece que se ha quedado a medias, que pudo haberse realizado un esfuerzo para satisfacer en esta etapa la demanda que no es gran cosa de los jubilados, no están pidiendo un 100% del aumento del monto de las pensiones, están pidiendo solamente que se elevara del 80% al 100% del monto respecto al salario mínimo general del Distrito Federal, y aqui se han dado cifras de que ahora se alcanza el 93%, etcétera, y se ha argumentado de que el problema es de recursos.
Nosotros sostenemos que si de aquí a noviembre vamos a estudiar de nuevo el problema para ver si satisfacemos esa demanda de aumentarlo al 100%, quiere decir que de aquí a noviembre hay una situación de emergencia, una situación de contingencia que bien pudo haberse resuelto de eses punto de vista. ¿Cómo?, con una medida también emergente, una medida para esta etapa nada más, y esperar el estudio que se haga, que debemos hacer.
Pero nos parece que, y derivando de las argumentaciones que hemos escuchado a favor del dictamen, de que se trata de cuidar la orientación general, la orientación de la política económica y social del gobierno, no se quiere romper esa orientación con un hecho que se sentara precedente. De eso se trata. Y no se miró más la necesidad de hacer justicia a los jubilados y pensionados, es decir, a nosotros nos parece que se a procedido de una manera inversa. Si el problema de jubilados y pensionados es un problema que viene desde hace muchos años, es un problema añejo que no se ha podido resolver, quiere decir que seguimos en la misma actitud de no ver que es un problema de estricta justicia que había que afrontar, satisfaciendo una demanda justa; pero en lugar de mirar esa necesidad de hacer justicia a los mexicanos jubilados y pensionados, se vuelve a cuidar la orientación de la política económica y social del gobierno, poner por encima el problema de recursos que en otras circunstancias pudiera ser válida, pero no para este problema concreto de estricta justicia.
¿Para qué ha servido entonces si no para resolver problemas coyunturales, problemas emergentes el Programa Nacional de Solidaridad? ¿Por qué no se tomaron recursos de ahí para resolver esta demanda en esta etapa, de aquí a noviembre, de aquí a diciembre, o se espera crear motivos de insatisfacción para más movilizaciones de los jubilados y pensionados, se quiere obligarlos a que sigan marchando en las calles, haciendo plantones cuando deberían de estar disfrutando de una vida decorosa?
Alguien dijo que disfrutaba de una pensión más o menos satisfactoria; yo digo que más bien sufren una pensión miserables en estas condiciones de crisis económica del país.
Pensamos que aparte del compromiso de estudiar de aquí a noviembre, etcétera, y resolver el problema, si se pudo haber hecho el esfuerzo, encontrar fuentes de recursos. El Estado pudo muy bien canalizar del superávit que hay o que se pregona que existe de 17 billones de pesos, ¿por qué no canalizar los recursos suficientes para esta etapa, insisto, del primero de junio al último de diciembre, y después ya se verían como resolver el problema del financiamiento, de una manera definitiva.
Pero parece que prevalece la idea de que no se toque esos recursos que se tienen de reserva, porque se afectara toda la estructura propagandística del gobierno en torno de esos logros económicos y sociales.
Todavía más: me permito decir de manera categórica, que en este problema de falta de recursos del Instituto, hay responsables. Y lo decimos con toda energía. Los primeros responsables son los empresarios, todos, que han escamoteado cuotas al Instituto.
Hace apenas unos días se informaba oficialmente por parte del Instituto, como el 20% de los empresarios a lo largo y ancho del país, no están aportando sus cuotas, pero estamos seguros que los que si aportan escamotean parte de las cuotas, por eso acusamos a ese 20% de empresarios, de ser responsables junto a los otros, el resto, de esta falta de recursos del Instituto y reclamamos una acción del Estado para resolver este problema. Tenemos una tecnología muy avanzada, la que se ha mencionado aquí y se pueden detectar ya fácilmente que empresarios no están cotizando al Instituto.
Resuélvase este problema, pero mientras tanto hay que hacer justicia a jubilados y pensionados.
Señoras señores diputados, creo que en este problema hay tiempo; si hubiera una decisión política, si hubiera sensibilidad para resolverse ese problema concreto. Creo que si hubiera procedido en ese sentido, de mirar más por los jubilados y pensionados, se hubieran encontrados los caminos para que el Instituto tuviera los recursos y afrontara el reto, pero en fin ahí están los argumentos del Partido Popular Socialista. Insistimos, no ha sido el esfuerzo de acuerdo con las circunstancias reales del país, porque ahí están las reservas, ahí está el Programa Nacional de Solidaridad, ahí están recursos.
Vamos a votar en contra, precisamente porque consideramos que pudo haberse dado un paso para satisfacer en esta etapa lo que han demandado durante muchos muchos años, los jubilados y pensionados.
Dejarlos para diciembre, entonces para muchos no será mucho tiempo 6 meses, pero para los jubilados creo que es una eternidad seguir sufriendo la pobreza la miseria.
Todavía más, se les da por etapas, regateándoles, en lugar de darles ya el 90%, se les va a dar el 85%, o sea, 5%, 5% en diciembre. ¿Será para cerrarles el paso de que en diciembre se les puedan reclamar un monto mayor? ¿Es eso lo que se pretende? Es decir, como ya esta el 5% para enero, pues van a tener posibilidad de pedir más.
Entonces, creemos que sí está faltando a una verdadera sensibilidad social para resolver este problema. Compañeros, por su atención, muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para hablar a favor, el diputado Rafael Bernal Chávez.
El diputado Rafael Gilberto Bernal Chávez: - Con su permiso, señor Presidente; Compañeras y compañeros diputados:
Hemos estado debatiendo un punto que verdaderamente si es sensible, yo diría que para todos los que nos encontramos aquí, no habrá uno que no piense que los jubilados y pensionados merecen justicia.
Esto nos movió, en el período extraordinario de febrero, hacer un punto de acuerdo y ver las posibilidades de mejorar la vida de los jubilados y pensionados. Y hará seis semanas que constituyó con las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social, Investigación, y otras; Comisión de Recursos Humanos, y ahí se acordó hacer una subcomisión que se avocará a estudiar este problema.
Tuvimos varias reuniones donde estuvieron funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, a donde nos hicieron llegar datos que solicitábamos todos los diputados, a donde efectivamente, como dice el licenciado Fernández Tomás, no había ninguna lucha partidista, sino la lucha era los jubilados y pensionados.
Yo diría que sí tuvimos información suficiente, aunque no con la premura que se hubiera querido y algunos informes que no fueron posibles que nos llegaran, dada la rapidez y la complejidad que esto significa, como son los estados de egresos e ingresos del Instituto, el balance contable y el balance actuarial, pero precisamente por eso se quedo, ya en las últimas reuniones, yo diría que también la última, a donde se acordó que esta subcomisión siguiera trabajando, a donde el Instituto se comprometió y a través de la palabra del doctor Narro, a mandar estos informes para que nosotros nos alleguemos datos que pudieran darnos luz más amplia en el mes de diciembre, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social nos va a entregar el estudio que está haciendo de aquí a ese mes.
Posteriormente, el señor director, en una visita que le hizo la subcomisión a la oficina, nos leyó la propuesta que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, y es una propuesta nada más, no como aquí se dijo que el Consejo Técnico había aprobado ese 5% a partir del primero de junio, y el otro 5% a partir del primero de enero. Lo que aprobó el Consejo Técnico fue la propuesta de que daba el Instituto. Después de haber hecho unos estudios y de ver las posibilidades financieras.
Lo deseable es que la cantidad que se ofrece fuera mayor, pero aquí lo que provocaría sería un desequilibrio financiero del Instituto y esto tendría que repercutir necesariamente en los servicios que presta que es la seguridad social. Y la seguridad social no nada más es medicina, atención médica, la seguridad social es preservar el derecho humano a la salud y que en México el Seguro Social casi lo ofrece en un 100%, que es a través de los centros de seguridad social, a través de los centros de convalecencia, a través de la recreación. Falta mucho por hacer, pero también se requieren recursos y que tenemos que ir con cuidado para no hablar demagógicamente, que pudiéramos ampliar las pensiones
de un solo golpe a las cantidades que fueran remunerativas para el jubilado.
Estamos de acuerdo, vuelvo a repetir, en que necesitamos hacer algo, para retribuir a los jubilados al poder adquisitivo.
Se mencionaba aquí en esta tribuna de la diferencia que existe entre los jubilados que prestamos servicios al Seguro Social y el resto de los trabajadores afiliados al Seguro Social. Nosotros, como trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos doble carácter, con la protección que nos da la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo y también como trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que a través de las luchas sindicales, a través de conquistas contraactuales hemos tenido un régimen complementario.
Así que en nuestro doble carácter tenemos lo que nos otorga la ley más el régimen complementario, que es una conquista contraactual, vuelvo a repetir, pero que eso le cuesta o nos cuesta a nosotros los que prestamos servicios al Instituto un 3% más de nuestro salario.
Y esto no es exclusivo del Seguro Social, hay otras empresas en México, que a través de la lucha sindical logran este tipo de prestaciones. La ley maneja nada más los mínimos y los sindicatos tendrán que luchar para superar estas cantidades.
Quiero decirles a ustedes, compañeras y compañeros diputados, que no se escatimaron esfuerzos, pusimos todo el esfuerzo necesario para lograr avances. Ya el diputado Fernández Tomás, decía que éstos son avances pequeños, pero que no es lo último, porque seguiremos trabajando para los jubilados y pensionados y el mes de diciembre tendremos respuestas de algunos puntos que se le plantearon al Instituto.
Por lo tanto, quiero decirle a ustedes, compañeras y compañeros diputados, que mi partido, el Revolucionario Institucional, seguirá luchando por la dignidad del jubilado, por mejorar su poder adquisitivo, por mejorar la supervivencia de todos de que de él dependen. No duden en ningún momento que el Partido Revolucionario Institucional está con los jubilados. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para fijar posición el diputado Nicolás Olivos Cuéllar.
El diputado Nicolás Olivos Cuéllar: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La fracción parlamentaria independiente de esta Legislatura LV ha fijado su posición, tanto en las sesiones realizadas por las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social como al suscribir, junto con la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista y del Partido de la Revolución Democrática, la propuesta de modificación leída por nuestro compañero Hildebrando Gaytán.
Obran en mi poder las copias de sendas propuestas que al respecto en la Legislatura anterior, la LIV, fueron presentadas, una de ellas con fecha 4 de diciembre de 1989, por la representación obrera de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y, las segundas por las fracciones parlamentarias de diversos partidos, entre ellos el de la Revolución Democrática, el Autentico de la Revolución Mexicana, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, la fracción del Partido del Frente Cardenista y la fracción parlamentaria independiente, de esta LIV Legislatura.
En ambas se hace mención de reservas de recursos que desde aquella época, aquellos años y con anterioridad, venían reportándose en documentos oficiales. Entre otros, el informe de gobierno presentado por el Ejecutivo Federal, de aquella fecha, de 1990, así como los compromisos que contrajo el Instituto Mexicano del Seguro Social, de aplicar 800 mil millones de pesos en Fondo de Pensiones y Jubilaciones.
Decía una de las propuestas:"...por lo que a esta distancia deben existir recursos en suficiencia para elevar la cuantía mínima de las pensiones por invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, así para incrementar en cuando menos todas las pensiones al salario mínimo general que rija en el Distrito Federal e incrementar la misma cada vez que se eleven los salarios mínimos en el mismo porcentaje de estos. Independientemente de las asignaciones familiares y ayudas asistenciales correspondientes".
Escúchese bien; pues ambas propuestas planteaban no sólo la reforma al artículo 168 por la vía de ajustar el monto de las pensiones por lo menos al monto del salario mínimo legal vigente en el Distrito Federal, sino que planteaban una visión más avanzada: el que este incremento y este ajuste, fueran independientes a las percepciones que por concepto de asignaciones familiares y ayudas asistenciales tienen derechos pensionados y jubilados.
Y resulta que ahora en el proyecto presentado por estas comisiones unidas, hay una regresión,
una involución. Y tal parece que asistimos a una comedia de equivocaciones, porque es indudable que desde 1989 a la fecha, las condiciones del pueblo trabajador se han deteriorado en forma progresiva y si en las fechas mencionadas tenía plena justificación, tuvieron plena justificación estas iniciativas, hoy, con mayor razón existe ésta.
Por esta razón, la fracción parlamentaria independiente de esta LV Legislatura, votará en contra del proyecto de dictamen, porque estamos persuadidos, como lo están todos ustedes, de que independientemente de informes habidos en suficiencia o deficientes éstos, existe una razón elemental, una razón humana que es el derecho de la subsistencia de pensionados y jubilados y, por ello creemos que es perfectamente posible la propuesta de reforma presentada por el compañero Gaytán. Si ustedes se dan cuenta perfecta de la misma, estamos hablando de la reforma sustancial al 168 de la Ley del Seguro.
Y no aludimos a los artículos transitorios que hacemos nuestros. Quiere decir esto, un buen romance, que se podría accederá un acuerdo, a una reforma, aun que chocante, podríamos considerar que ese 5% fuera a partir de este mes de junio, pero a partir de enero, cuando haya habido los informes y análisis correspondientes, los cálculos actuariales pertinentes y aplicables, y sobre todo, el acopio de fondos y reservas que existen, existen, y lo decimos categóricamente, porque como aquí se ha reiterado más de una ocasión, hay, sólo un concepto de intereses generados por cerca de un billón y medio, que son los primeros depósitos del Sistema de Ahorro para el Retiro, cuantiosas ganancias para los bancos que van a administrar esos fondos.
Pero si eso no fuera suficiente, se ha anunciado con bombos y platillos, que hubo recientemente la compra de deuda externa por más de 7 mil millones de dólares y que por ello reportará un ahorro, sólo en pago de intereses de esa deuda, de 400 millones de dólares anuales.
De tal forma que hay recursos y si éstos no fueran suficientes, como hacía mención nuestra compañera Evangelina Corona, existen cuantiosos fondos del Programa Nacional de Solidaridad, para aplicarlos a estos rubros de interés social. Lo que no existe es sensibilidad; lo que no existe es decisión para atender un reclamo perfectamente justo.
Lo que nosotros planteamos, es que todos los diputados de esta Legislatura, pudieran hacer suya la consigna y reflejarse en ella, de nuestros compañeros del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados.
Ellos nos plantean que dejar de luchar es comenzar a morir y aquí aprobar una adición, una reforma tan limitada al texto de esta ley, es comenzar a dejar de luchar. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: Para fijar posición, tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes.
El diputado José María Téllez Rincón (desde su curul):-¡Señor Presidente, para ratificar hecho...!
El Presidente: - Un momento, diputado Dorantes. Tiene la palabra el diputado Téllez Rincón por cinco minutos.
El diputado José María Téllez Rincón: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo llamaría a esto: "Las grandes contradicciones de la historia".
En la LIV Legislatura el Partido Revolucionario Institucional presentó esta propuesta y dio todos los datos como ya fue manifestado aquí por el diputado Olivos Cuéllar. Dio la precisión de ello, porque por fortuna ese partido si puede llegar a esas cuentas y poderlas manejar en forma concreta, lo que no podemos hacer todos los diputados de esta LV Legislatura, cuando a nosotros no se nos entregan los datos oficiales, cuando a nosotros se nos niegan esos datos y se nos vienen a dar los datos que ellos quieren.
¡Esta contradicción no puede seguir adelante! ¡Tenemos que terminar con ella porque han mentido los del Partido Revolucionario Institucional y eso es muy severo para ellos! Hago una acusación pública porque aquí está un documento firmado por una gente que en su momento tuvo la representación oficial de ese partido ¡Aquí esta el facsímil de ellos! ¡ Aquí está la firma de los que intervinieron en ese momento!
¡Y si es verdad esto, hay un robo que se ha hecho a los jubilados de este país y que hay que decirlo muy fuerte! ¡Sí, compañeros! ¡Y este robo se debe de investigar donde está!
¡Se ha negado a nosotros los diputados ver lo que pasa con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores! ¡Que es esto! ¿Por qué no se nos permitió meter las manos ahí? ¡Porque todos sabemos que las cosas están mal! ¡Porque sabemos nosotros que no debe de seguirse en las instituciones de este país degenerando y nosotros los diputados permitiéndolo, que somos los más responsables en esta nación!
¡De tal manera compañeros, que yo les pido a ustedes, encarecidamente a todos nuestros compañeros del Partido Revolucionario Institucional, que rectifiquen esta posición, que sostengan sus convicciones anteriores y que no las cambien al vaivén del viento!
¡No podemos hacerle esta ingratitud a lo jubilados, a los que han dado toda su vida por el crecimiento de este país! ¡Porque ellos han sido las bases fundamentales para establecer la nación!
¡Yo pido a todos ustedes, compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, con todo respeto, que sostengan sus posiciones. Por que nos dejan a nosotros en situaciones de juzgarles muy severamente! Muchas gracias por su atención.
El Presidente:- Tiene la palabra para fijar posición el diputado Francisco Dorantes.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Estoy seguro de que lo que voy a decir quizá no lo diga con la mayor propiedad, pero de lo que sí estoy seguro es que lo voy a decir con el mayor respeto tanto a este histórico y respetable recinto, como para todos ustedes.
Tal parece, compañeros diputados, que queremos cerrar los ojos a la realidad de las circunstancias por las que están pasando los jubilados de México. De esta gente que terminó o acabó con su fuerza de trabajo, con su capital que era precisamente su capacidad física de producir. Contra ellas, es parte de los factores de la producción y que no se les ha hecho justicia social. Mientras que 300 familias de la República obtienen los beneficios de la producción.
¡Que lejos estamos de alcanzar una seguridad integral, que es anhelo de todo el pueblo mexicano de que el Estado se responsabilice del bienestar del ciudadano, desde que nazca el niño hasta que muera el adulto!
¡Cuanto hemos pedido que a los niños se les dé el Seguro Social con la sola presentación de su acta de nacimiento! ¡Y que a lo largo de su vida el Estado se encargue de buscar el bienestar social de los ciudadanos! ¡Y que al fallecimiento de los ciudadanos, el Estado, lo entierre y le proporcione fosa y servicios fúnebres gratuitos! Para alcanzar así una seguridad social como la que ya tiene por ejemplo Inglaterra, precursora del Seguro, o Alemania.
¡Que lejos estamos de alcanzar el postulado de Don Venustiano Carranza, que dijo en Hermosillo, Sonora, el 24 de septiembre de 1913: "Tendremos que removerlo todo. Crear una nueva Constitución, cuya acción benéfica sobre las masas nada ni nadie podrá evitar"
Tal parece que en este México moderno y neoporfirista se han suspendido los ideales de la Revolución Mexicana. Tal parece que la muerte de dos millones de personas fueron en vano, porque ahora con la mayor facilidad aceptamos las disposiciones de las iniciativas que nos manda el Ejecutivo.
Yo convengo que por necesidades de Estado, porque la inflación mundial nos obliga y nos ha puesto de espaldas contra la pared, tenemos que sujetarnos a ciertos lineamientos marcados por la economía mundial. Pero en lo que nunca estaré de acuerdo en que claudiquemos en los principios que sustentan a la vida nacional del pueblo de México, que es la Revolución Mexicana. ¡Tal parece que la Revolución Mexicana ya terminó; pero eso nos da a pensar que es necesaria otra Revolución!
Tal parece que si seguimos aprobando todas las iniciativas que nos mandan, tendremos que dar paso pronto a la aprobación de estas iniciativas, para que surja una nueva revolución.
Muy bien compañeros diputados, si así se quiere, así que sea. Pero démonos prisa para probar todo lo que nos manden, para que pronto despierte el pueblo de México y luche por su reivindicación y por sus derechos, que están siendo conculcados por un sistema que no podemos llamar mediocres, como dijo el compañero Gaytán del Partido Popular Socialista, pues no llega ni a mediocre la cantidad que se les está dando a los jubilados, porque no alcanzan 700 pesos ni para 5 bolillos. Esto no llega ni a ridículo, es risible lo que se está haciendo con los jubilados.
Por eso les digo, compañeros diputados, con el mayor respeto, mi partido votará en contra de este artículo 168, porque no es ni mediocre, es ridículo y pone en entredicho la seriedad de toda una Legislatura. Perdónenme si soy duro en estos conceptos.
¡Pero cómo podemos nosotros a sentarnos a comer con nuestra familia, cuando sabemos que hay 2 millones de personas, jubilados, que no alcanzan ni para desayunar con lo que se les paga!
¡Cómo podemos, con qué satisfacción podemos sentarnos a comer con la familia cuando sabemos que hay 8 millones de personas sin trabajo!. Estas fallas de nuestra organización social nos avergüenzan compañeros diputados y si no nos avergüenzan deberíamos de avergonzarnos, porque no hemos sido capaces de construir una organización social más justa, en donde predominen los ideales de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Carranza, de Cárdenas, el héroe, no el otro; no hemos sido capaces de vigilar los fondos y dineros del pueblo de México.
En 1945, por la colonia Morelos había una personas que llevaban a usted lo que quería, si quería un aparato para medir la presión, se lo llevaban, ¿de dónde?, del Seguro Social, si querían vitaminas, se las llevaban; si querían otro aparato, todo salía del Seguro Social; latas de alcohol iban a para a los articulares, ahí por Tepito.
Hay un ducho de un sanatorio que está en la calzada de Tlalpan, que sacaba grandes cantidades del Seguro Social, del Hospital del Seguro Social de San Luis Potosí y la mitad de todo lo que sacaban se quedaba en ese sanatorio.
¿Que ha pasado con la Dirección Nacional de Seguridad? Seguramente la Dirección Nacional de Seguridad, que antes se llamaba Dirección Federal de Seguridad, se dedicó únicamente a ver, a perseguir a los políticos, a saber que decían los políticos o que hacían, pero nunca se preocupó de vigilar a a los sinvergüenzas, funcionarios ladrones ha habido en todas las Secretarías y que son los culpables de la crisis económica que tiene el pueblo de México y la administración pública.
¡No, compañeros diputados!, y me dirijo a los compañeros de la mayoría, del partido mayoritario, una cosa es la disciplina del partido y otra cosa es hacerse disimulados respecto del giro que tienen los fondos públicos.
¿En donde están los fondos o los pasivos que produjeron las inversiones o las transferencias de los fondos de los jubilados? ¿En dónde está lo que produjo o lo que produjeron los equipos de fútbol o lo del Estadio, que por ejemplo el Estadio Delta, que se llamaba Delta y después Parque del seguro Social?
Yo creo, compañeros diputados, que es necesario que venga el Director del Seguro Social a informarnos de cómo se han manejado esos fondos. No es bueno que aceptemos que vengan funcionarios segundos o subcordinados a las comisiones a darnos únicamente evasivas, es necesario que el mismo director venga aquí a informarnos de lo que se ha hecho. No podemos permitir ya que tanto robos en la Secretarías empobrezca a nuestra patria. Por encima de ideologías, por encima de cualquier modo de pensar, todos los diputados debemos de exigir precisamente que se nos informe y que se de un buen destino de los fondos públicos.
Por lo tanto compañeros diputados, quiero dejar aquí constancia verbal de que votaremos en contra de por lo apuntado, al mismo tiempo reiterarles a todos mis respetos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para hablar a favor, el diputado Adalberto Gómez Rodríguez.
El diputado Adalberto Gómez Rodríguez: - Con su permiso señor Presidente; señoras y señores diputados:
Indudablemente que en este en este asunto está dicho todo o casi todo en referencia a esta iniciativa de reformas. Es evidente que también tenemos un común denominador los representantes de todos los partidos políticos que integramos esta honorable Legislatura, en el sentido de que enfáticamente declaramos de que se trata de una manera insatisfactoria que no concluye ahora, que está fuera de discusión también el emocionado reconocimiento que nos merecen los trabajadores jubilados y pensionados. Nosotros los diputados seguramente una buena mayoría tenemos no solo compromiso con electores jubilados y pensionados para venir aquí con toda la energía a hablar por ellos y a defender sus justos reclamos y también que seguramente que más de alguno de nosotros tenemos también familiares en tránsito a la jubilación o jubilados y pensionados; de tal suerte que fue nuestra discusión el concluir que tenemos un compromiso inconcluso en este tema y en este asunto.
Hemos recibido una propuesta seria, bien fincada por el Instituto Mexicano del Seguro Social por su Consejo Técnico; nosotros mismos, las comisiones unidas que integramos la subcomisión por urgencia y por voluntad propia, directamente desprendida de la urgencia, nos impusimos un plazo perentorio para dar respuestas, ésta que ahora se presenta en una respuesta que cubre en este momento pero que definitivamente nos tiene inconformes; de ahí que en la subcomisión los integrantes de nuestro Partido Revolucionario Institucional encontramos el apoyo de otros partidos para
que esta subcomisión continúe activa y actuante, es decir, que para las fechas próximas a este diciembre, cuando vayamos a recibir una propuesta producto de un estudio que apuntará la búsqueda de soluciones definitivas en este tan delicado y sentido asunto, podamos no ser espectadores pasivos preocupados sino que a través de la convocatoria de los presidentes de las comisiones unidas podamos seguirnos reuniendo para un seguimiento y una evaluación no sólo que reciba la propuesta en diciembre en esa oportunidad, sino también para que nosotros con creatividad, con imaginación, con profundo sentido de responsabilidad y seguramente con propuestas, que también tengamos la capacidad de instrumentar y de implementar, tengamos un buen punto de referencia para cuando recibamos la propuesta de Seguro Social, podamos dirimir, podamos conjugar esfuerzos y lleguemos a más felices conclusiones que las que ahora tenemos enfrente.
Estamos en lucha codo con codo con los jubilados, que quede claro porque al parecer algunos partidos de oposición son quienes sustentan a capa y espada al sacar a como de lugar en esta asamblea, mejores condiciones económicas y tal pareciera que los que integremos el Partido revolucionario Institucional, somos quienes estamos poniendo valladares y obstáculos a una conclusión muy deseable para todos, pero que a fuerza de ser honestos, la realidad económica de momento nos tiene limitados.
Suscribo la exacta y clara exposición para no incurrir en repeticiones, de nuestros compañeros Miguel Ángel Sáinz Garza y de Rafael Bernal quienes entre otras cosas, por ser dirigentes del Sindicato del Seguro Social, han vivido muy cerca y muy responsablemente, la problemática que está alrededor de esta propuesta.
Reiteramos que no venimos en fiesta a lanzar cohetes, reconocemos que estamos todavía en tiempo de seguir juntando varas, de hacer un trabajo responsable, tenaz y con todo nuestro empeño; reconocemos que esto es un avance supuesto que en este dictamen se señala que esta única vez se echará mano de ese activo Financiero del Seguro Social.
Vamos a analizar y a trabajar en la búsqueda de propuestas viables; esta comisión, esta subcomisión, seguirá trabajando intensamente; por lo demás en caso de aprobar este dictamen como propósito de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, queremos dejar claro que estamos convencidos que esta decisión no se aparta para nada de un rumbo claro, sereno, bien llevado; un buen rumbo que lleva nuestro país.
Quienes se preocupan por la soberanía y el nacionalismo, pueden estar tranquilos; las mayorías que activamente trabajamos y tuteamos en este sentido paralelamente al Ejecutivo, reiteramos que el nacionalismo, la soberanía y la libertad están garantizadas. Muchas gracias.
El Presidente: - Señor diputado. Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Lujambio; cinco minutos diputado.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Quise participar en este debate, por que me correspondió durante el pasado mes de febrero, formar parte del grupo de trabajo de mi Partido Acción Nacional en el análisis de la iniciativa del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Posiblemente, algunos de ustedes recuerden las inquietudes que expresábamos en Acción Nacional en relación a esta iniciativa; externábamos que esta iniciativa de ninguna manera podría resolver el problema de 1 millón 300 mil pensionados y jubilados de este país; que esta iniciativa sería por lo tanto votada en contra porque Acción Nacional reclama trato justo, justicia verdaderamente social para este sector de nuestra población.
En aquella ocasión me tocó expresar en tribuna esta decisión de Acción Nacional, de votar en contra de esta iniciativa.
Se nos invitó a tener conversaciones con algunos funcionarios del Banco de México, para darnos alguna información que nos llevo a la decisión y así lo hice en tribuna, de modificar la postura originalmente expresada por nosotros; se nos dijo en aquel entonces, y fue por unas de las razones que yo acepté en lo personal modificar esta posición que habría de tratarse en el siguiente período de sesiones ordinarias este asunto tan importante de las jubilaciones y que se daría solución a las demandas que estaban presentando y que vinieron a presentar aquí los representantes de los jubilados.
Decidí, compañeros diputados, subir a la tribuna para hacer algunas consideraciones dentro de esta brevedad de tiempo que se me concede.
Lo que estamos discutiendo en este momento, esta clara insuficiencia para resolver o intentar
resolver un problema de tantos años, esto que se nos dise de que todos los grupos parlamentarios compartimos la misma inquietud, todos queremos mejorar la situación de los jubilados, pues sí, efectivamente todos queremos esa mejoría pero no estamos actuando en concordancia y en congruencia con esa posición. Nos vemos sometidos una vez más a los dictados del Ejecutivo y de las dependencias paraestatales controladas por el Ejecutivo.
La cantidad que se pretende aprobar en esta iniciativa, ¿cuánto significa, señores diputados? Este incremento de subir al 85% durante el resto de este año y al 90% a partir del 1993, ¿cuánto significa para el erario nacional? Tenemos aquí un problema de proporciones, tenemos un problema de justicia. Este incremento a los pensionados significa, señores diputados, sólo dos milésimas parte del presupuesto nacional.
¿Cómo es posible que se diga que no hay recursos para atender las necesidades de este sector de nuestra población, cuando estamos dedicando para pagarle a los extranjeros, sólo por servicio de intereses durante este ejercicio, 42 billones de pesos y les estamos pagando a nuestros propios compatriotras jubilados, les vamos a dar y estamos en este regateo por migajas, para los propios mexicanos nuestro gobierno actúa con una mezquindad y una taqueñeria que no es tolerable, pero para pagar intereses a los acreedores extranjeros, hay una generosidad y unas partidas de cerca del 25% del presupuesto nacional.
Para mí, señores diputados, entonces considero, y así lo expreso aquí ante ustedes, que fue un error de parte de un servidor haber aprobado en este momento una iniciativa, que no se está resolviendo en este momento el problema de fondo, que no se están usando los criterios de justicia social que reclaman ustedes los que se dicen representantes del partido de las mayorías.
No es posible entonces que sigamos aprobando este tipo de iniciativas que no entienden a un criterio de racionalidad y de justicia.
Por esa razón considero que esta iniciativa no resuelve el problema, que no se cumplió el compromiso que habíamos acordado en febrero pasado y por lo tanto mi voto personal, respetando el de mis compañeros, será en contra de esta iniciativa. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para hablar en contra tiene la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su permiso señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Estamos discutiendo nuevamente los diputados este problema de los jubilados y pensionados, por el tesón por la perseverancia, por esa lucha incansable que han tenido los jubilados y pensionados de todo el país y distintas organizaciones que los han venido "atendiendo" diversas Legislaturas, desde la LIII que se ha venido tratando el problema reiteradamente, sin tener una solución a sus demandas, y vamos a ver por que algunos los consideran unos necios, que no se conforman, insatisfechos, que no tienen razón, porque ha habido también esas expresiones.
De los propios datos que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 75% de los jubilados y pensionados, esto es 903 mil 638, tienen una pensión máxima de 324 mil pesos, esto es de 16 mil 200 pesos de aumentos mensual es ese 5%. Diario representa 540 pesos,
Díganme, quién en su sano juicio va a considerar que con un aumento miserable de 540 pesos diarios se va a poder siquiera resolver las mínimas necesidades que tienen estos mexicanos, estos mexicanos a los cuales todos les debemos mucho en este país. Esos modernistas, esos tecnócratas que ahora les pesa ese estado de bienestar social, que les pesa los principios de la Revolución Mexicana, que les pesan esos obreros; ellos son los constructores de nuestra patria, de nuestro México moderno; ellos son los padres del sindicalismo moderno el México, ellos construyeron nuestra infraestructura del país; a ellos les debemos estar orgullosos de la institución del Instituto Mexicano del Seguro Social, de que sea una de las principales instituciones de salud y de seguridad social en todo el mundo; a esos millones de mexicanos y muchos que se murieron con la esperanza de justicia, con la esperanza de equidad, a ellos les debemos eso.
¿Cómo vamos a responderles nosotros otra vez con ilusiones, con esperanzas, como lo han hecho estos liberadores sociales? En el futuro van a estar bien, pero toda la vida se la han pasado esperando y otra vez promesas, promesas y más promesas que no se van a cumplir.
Y hay dinero, recursos económicos hay y había otras alternativas también, sin embargo, en todos estos debates que hemos tenido a lo largo de varias semanas en la subcomisión de estas comisiones unidas, nosotros no hemos quizá llegado también al fondo del problema.
¿Por qué tenemos a esos jubilados y pensionados hoy muertos de hambre, condenados a la muerte, porque es lo que estamos haciendo con esa mísera pensión que les entregamos? ¿ por qué los tenemos así? ¿Que fue lo que causó la crisis estructural del Seguro Social? ¿Nos hemos puesto a reflexionar sobre esto?
Pues sí hay graves problemas que creo que tenemos que atender en torno a eso, uno de ellos es la política salarial que hemos tenido los últimos años.
La Ley del Seguro Social tiene atado todos sus ingresos al salario mínimo. Si reconocemos que en los últimos años ha habido una pérdida real del poder adquisitivo del salario, se ha perdido también el poder adquisitivo de la institución.
Si también reconocemos que en los últimos años las aportaciones del gobierno, como cuota patronal para la seguridad social, se han reducido del 25% a menos del 5%, ésa es otra causa más de la miseria en la que viven los pensionados.
Si reconocemos también que ha habido una inflación que no han provocado los trabajadores, una inflación que ha desecho los recursos, ésa no la provocaron los trabajadores, pero también ha hecho talco esos ingresos que han tenido los pensionados.
Existen otros problemas más que ya se han mencionado aquí y que seguramente la mayoría se negará, como lo ha hecho en otras ocasiones.
El Instituto Mexicano del Seguro Social requiere una investigación a fondo de los recursos que han tenido, que también, como en el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, han sido administrado entre patrones, gobierno y trabajadores y ahí también hay una fuente muy grande de corrupción, de un trato discrecional de estos recursos. Y también por eso se han hecho agua los recursos que deberíamos tener ahorita para que los pensionados, los jubilados, vivieran como Dios manda.
Hay más problemas estructurales en el Instituto y no debe servir de pretexto para que después digamos que hay que también privatizarlo o despedazarlo, una vez que hemos aprobado leyes como ésta de las Sociedades Mercantiles, que todo se vale, basta la libre voluntad del capital para hacer lo que queramos en este país. Hay cosas muy graves que tenemos que discutir.
Pero creo que definitivamente esta Legislatura cometerá un gran error si acepta que esta iniciativa sea, como se ha dicho aquí, aunque sea un paliativo, una solución para los pensionados.
Creo que lo que ha presentado los compañeros del Partido Popular Socialista, que han sido apoyados por otras fracciones parlamentarias aquí, de por lo menos elevar al día de hoy la pensión al 100%, es lo menos que deberíamos estar haciendo. Y conste que ése no es el problema quizá central, porque detrás de todo esto está el problema de la política salarial que se sigue en nuestro país, que es un salario de hambre también, un salario de miseria, en lo cual otros cientos de miles de mexicanos, millones de mexicanos, día con día están sufriendo por eso. Creo que estos son otros temas que tendremos que tendremos que discutir otros días.
Pero creo que lo menos que podemos hacer ahora es rechazar la iniciativa que nos presenta la Subcomisión de Seguridad Social y Trabajo, y que nosotros aprobáramos esta otra alternativa.
¿Y por qué decimos que sí la podemos aprobar? porque sí hay recursos, y en los trabajos que estuvimos realizando, se presentaron otras alternativas para resolver ese problema y sí se puede resolver ese problema.
Simplemente de la propuesta que hace el director del Seguro, él mismo, en su discurso donde nos presenta la propuesta, ya hace ver que la propia propuesta que hace es en sí injusta e inquisitiva porque algunas zonas reciben un aumento mayor con respecto al salario mínimo con respecto a otra zona.
En la misma iniciativa que presenta el director de la propuesta de iniciativa, también se ve que hay un grave problema que también se ha visto en el pasado: disponer de las reservas técnicas, de las reservas financieras del propio instituto. Es más, la comisión que dictamina esto va más allá porque firma un cheque en blanco.
El director, en su punto tercero, solamente pide la autorización, y aquí tengo el documento que él nos dio lectura en esa ocasión, solamente pide autorización para 184 mil millones para este año, y él se compromete que va ha hacer una reestructuración interna administrativa, para resolver el problema del próximo año. Sin embargo, esta Comisión sale más papista que el papa y le ofrece un cheque en blanco para que disponga de todos los recursos que sean necesarios de la reserva financiera del Instituto.
Y esta reserva si nosotros regresamos al pasado, a revisar por qué lo creó la anterior Legislatura,
fue precisamente para que no tuviéramos necesidad de volver a aprobar este tipo de transitorios, de que: por única vez se autoriza al Instituto que tome tanto de las reservas.
Ese era el dicho del pasado, así se comieron los recursos de los júbilos y de los pensionados, que son recursos que ellos mismos generaron con su ahorro sistemático, semana tras semana, de cotización, respaldado por la propia ley. Sin embargo, cuando nosotros cambiamos las leyes nos vamos agotando esas reservas que se van creando.
Este dictamen va más allá de los que plantea el propio director. Va más allá porque no se exploraron adecuadamente otras iniciativas que presentamos para poder resolver ese problema. Si aquí algún diputado nos dice que ésta es la primera ocasión en que estamos desde que empezamos en esta Legislatura legislando una iniciativa de los propios Legisladores, esto es solamente en la forma, porque en el fondo otra vez la propia subcomisión que estuvo trabajando recibe una propuesta del director que se transforma en una iniciativa en los hechos del Partido Revolucionario Institucional, porque la subcomisión no tuvo acuerdo y no podía salir un dictamen de la subcomisión con votos a favor y votos en contra y toda la oposición en su mayoría y solamente contaban con los votos del Partido Revolucionario Institucional. Por eso el Partido Revolucionario Institucional en este procedimiento presenta la iniciativa como de su propio partido.
Pero esta iniciativa no es el resultado del trabajo de esas comisiones unidas y de la subcomisión que se encargó de nombrar estas comisiones unidas, porque nosotros sí hubiéramos actuado como comisiones hubiéramos explorado como se planteaba otras iniciativas.
Yo para terminar, creo que sí hay todavía mucho que hablar y hay mucho que hacer y desgraciadamente ésta no va a ser la última vez que estemos legislando sobre este problema, porque la presión social nos va seguir exigiendo consecuencias entre lo que decimos y lo que hacemos. Creo que va a seguir discutiéndose mucho este problema.
Sin embargo, creo que en todo esto debiéramos aceptar la propuesta que nos han hecho los compañeros del Partido Popular Socialista de hoy, votar por un aumento del 100% y que sea el Ejecutivo el que encuentre la forma de cómo encontrar esos recursos.
Que nos comprometamos a continuar explorando otras alternativas. Que demandemos la información que le hemos estado requiriendo al Instituto Mexicano del Seguro Social y que no ha presentado. Que exploremos la posibilidad de convocar también aquí en una comparecencia ante comisiones unidas o ante el mismo pleno, al director del seguro, para que responda sobre todos esos recursos pasados que se ha negado a entregar en las subcomisiones, con el pretexto de que no era el objeto de esas subcomisiones.
Creo que son cosas de las que podemos seguir hablando. Sin embargo, yo les pido seriamente que reflexionen sobre esa miseria que representa ese promedio de estos 74% de jubilados, que son 903 mil, que no reciben más allá de 540 pesos diarios con ese mísero aumento.
Yo les pido que reflexionen eso y si quieren que con eso se va a resolver este problema voten en conciencia. Si creen que hay otras alternativas voten en contra de esta iniciativa que presenten estas comisiones unidas y apoyemos la propuesta que nos hace el Partido Popular Socialista. Muchas gracias.
El Presidente:- Ha pedido la palabra el diputado Téllez Rincón, para presentar una propuesta. Son dos cuartillas y les va a dar lectura sobre el mismo tema.
El diputado José María Téllez Rincón:- Le agradezco señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es el apoyo a la propuesta que ya hemos hecho a través del diputado Gaytán.
La diputación de la fracción parlamentaria independiente atendiendo al llamado de más de un millón de jubilados, pensionados y viudas, que nos han hecho a los integrantes de esta LV Legislatura en el sentido de que legislemos para que ninguna pensión sea inferior al salario mínimo.
CONSIDERANDO
Que en la LIV Legislatura todos los grupos parlamentarios se comprometieron a que ninguna pensión fuera inferior al salario mínimo.
En su discurso inaugural el Presidente de la República declaro que el problema de los jubilados sería prioritario en su mandato. Sosteniendo en otras declaraciones que con los ahorros que se produjeran en la renegociación de la deuda externa, se ampliarían el gasto social para los que menos tienen.
Que desde la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, se han presentado diversas iniciativas para aumentar el monto de las pensiones a salario mínimo.
Que la iniciativa de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, suscrita por los presidentes de las comisiones unidas de Seguridad Social, de Trabajo y Prevención Social, diputado Juan Díaz Aguirre y diputado Juan José Osorio Palacios, de la LIV Legislatura y leída en pleno en diciembre de 1989, se propuso que el monto de la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, no sería inferior al salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.
Que proporcionar un salario inferior al mínimo, resulta violatorio al derecho consagrado en el artículo 123 constitucional, donde se ordena que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de sus hijos.
Que la ley del Seguro Social, resulta violatoria hasta la de la Constitución, de la Ley Federal del Trabajo y de las declaraciones universales de los derechos humanos en su artículo 25 que ordena:
"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios Tiene así mismo derecho a los seguros en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de su perdida subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad."
Que no es posible aceptar que se antepongan consideraciones de tipo limitativo en lo económico, para seguir dejando en el desamparo a un millón de mexicanos que dieron lo mejor de su esfuerzo para la construcción de un México mejor.
Ricardo García Sainz, contrajo el compromiso en la Legislatura pasada, de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, aplicara 800 mil millones de pesos, para que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, porque a esta fecha debe de existir cuando menos 3 billones 200 mil millones de pesos.
Que en el primer informe de gobierno del Ejecutivo, apuntó que el Instituto Mexicano del Seguro Social, reporta en los últimos años un superávit de 3 billones 339 mil 500 millones de pesos.
Que con el aumento de 540 pesos diarios hecha por Emilio Gamboa, en nada ayuda a la subsistencia de más de un millón de pensionados, jubilados y viudas.
Que nuestra fracción no puede avalar una política económica genocida que después de haber logrado incrementar el promedio de vida de los mexicanos, condene a los jubilados y pensionados y a las viudas a vivir en la miseria y morir de hambre, negándose una de las más grandes conquistas de la humanidad que es: ¡El derecho a vivir!
Que desde su fundación el Instituto Mexicano del Seguro Social ha obtenido superávit en los estados consolidados de ingresos y gastos, desde 1944; declaramos que actualmente deben de existir recursos suficientes para incrementar todas las pensiones al equivalente del salario mínimo; que es necesario un acto de justicia que trascienda los intereses particulares y que se encuentre por encima de las doctrinas políticas y religiosas y que se haga efectivo el derecho de la vida humana que ha logrado conquistar y asegure la alimentación a todos los jubilados, pensionados y viudas que demandan el aumento de sus pensiones.
Y aquí apoyamos la propuesta hecha por el compañero diputado Gaytán.
Pero yo, compañeros diputados, quiero pedir desde esta tribuna, ¡al señor Presidente de la República que a través del Programa Nacional de Solidaridad él les cumpla ese anhelo viejo a los jubilados!
Yo sé que se va a aprobar la iniciativa tal cual se presento. Pues quiero desde aquí pedir al señor Presidente, que por favor a través del Programa Nacional de Solidaridad, él les cumpla una promesa hecha desde hace muchos y que ha sido incumplida. Les agradezco su atención.
El Presidente:- Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado Juan Moisés Calleja.
El diputado Juan Moisés Calleja García:- Señor Presidente; compañeros diputados:
Con unas palabras o con otras; la gran ventaja de este debate consiste en que a pesar de que hubo una insinuación de que se votará en contra
la proposición de decreto, todos los que han venido a esta tribuna, son coincidentes desde el punto de vista, de estimar la necesidad de resolver el problema de los jubilados y nadie mejor que en esta preocupación lo es el movimiento obrero nacional, porque de ahí provienen nada menos los que van o los que son jubilados.
Y conocemos a profundidad lo que representa tal condición y lo que significa buscar soluciones definitivas, soluciones que eleven verdaderamente la dignidad de esos compañeros que después de muchos años de servicio, han dejado de prestar su actividad en el trabajo.
El movimiento obrero, por esta preocupación ha buscado desde siempre, soluciones a la preocupación y corresponde a él, la creación del Seguro Social. Porque antes, a través de cámaras mutualistas, era materialmente imposible llegar a soluciones concretas. Podríamos decir que la gran masa de los trabajadores, antes de la seguridad social, salían del empleo cuando terminaban su vida activa, sin ninguna posibilidad de ayuda y sin ninguna seguridad hacia el futuro. De tal manera, por esa razón, fue determinación de la clase obrera la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y esta institución, merece la pena señalar, que su creación y origen tiene dos razones. Una pudiéramos decir, la salida del corazón y otra, la brotada de la inteligencia.
La salida del corazón, fue de los trabajadores, en el sentido de tener seguridad hacia el futuro y. para lograrlo, hubo necesidad que muchos trabajadores, dirigentes de ellos, cayeran en el centro de la República, en el Zócalo, cuando los sectores opositores a la Seguridad Social, brutalmente atropellaron la petición de los propios trabajadores.
Pero cuando se consolidó la determinación de crear el Instituto, entonces actuó la inteligencia. El Seguro Social no es el fruto de posturas emotivas, de que queremos esto porque es lo mejor, según nuestro pensamiento; sino desde el instante que hubo la determinación de crear la seguridad social, se recurrió a expertos nacionales y a gente muy caracterizada del exterior, de esos que ya se hablaba aquí, de Inglaterra, de Francia y de otros países, que tenían más historia en relación con esta actividad y ellos técnicamente fijaron las bases de operación del Seguro Social.
De tal manera que cuando se fijan las cuotas de aportación, en las que contribuye el Estado, en las que contribuyen los patrones y en las que contribuyen los trabajadores, se hizo la determinación hacia dónde iban esas aportaciones. Que rebasó solamente la protección anterior en materia de riesgos profesionales. Se llegó a la protección del trabajador en lo que toca a sus enfermedades ordinarias. Pero más importante ha sido que también se previó la posibilidad realizada de que la protección fuera hacia la familia del obrero, del trabajador.
Y de ahí encontramos verdaderamente lo importante, lo trascendental de la seguridad social. Ante las mujeres de los trabajadores, en cualquier parto, estaban expuestas a la muerte. Los niños de los trabajadores, su vida era efímera en razón de las tantas enfermedades. Lo mismo ocurría con el trabajador y a través de los avances hemos logrado que con la seguridad social trabajadores, mujeres de ellos, hijos de ellos, hoy tengan una situación de protección y de ayuda que hemos logrado en un tiempo relativamente corto, que en vez de que el promedio de vida sea de 40 años, estamos arañando los 70 y más de los 70.
Pero, además de esto, se hizo la previsión. Que es lo que hoy nos interesa con los retiros y las pensiones. Se señalo que conforme a las aportaciones se destinarían determinadas cantidades para responder a estas obligaciones.
De tal manera que en el tiempo es mentira que se esté robando o se robe a los jubilados. Lo cierto es de que se está entregando en relación con las aportaciones y hasta ahora no hay un sólo trabajador que haya llegado al estado de obtener una pensión y que no se le haya entregado. ¡El seguro social ha cumplido con la obligación, dentro de las limitaciones naturales y económicas, de las aportaciones que se han dado!
Por esa razón, no ahora, los trabajadores lo sabemos, desde el primer día que surgió el primer trabajador jubilado, desde ese día se entendió que era necesario buscar formas para tratar de que no quedara en las condiciones difíciles que significan del carácter de pensionados.
En el instante que un trabajador recibe la pensión, la recibe tomando en cuenta el salario que disfruta, en el porcentaje que se le concede; de inmediato al día siguiente entiende que le han bajado la percepción y si en el tiempo, al transcurso del mismo va sufriendo las consecuencias de los fenómenos económicos, por eso hoy en un clamor y una necesidad y un deseo de mejorar por parte de los jubilados porque en las
condiciones presentes su situación es verdaderamente lamentable.
Por es razón, el movimiento obrero, al constatar la necesidad y al constatar el problema, externó a través de sus contrataciones colectivas, la creación, la posibilidad de llevar esos instrumentos, la jubilación y aunque alguien criticó aquí en esta tribuna, que como era posible que en tanto el jubilado recibe una cantidad baja, los trabajadores del Instituto del Seguro Social tenían una pensión equivalente al salario, es ejemplo de los que muchos tenemos de lograr haber mejorado las pensiones a través de la lucha sindical y haber consignado en los contratos colectivos la jubilación, independientemente de la que se obtiene a través del Seguro Social.
De tal manera que somos profundamente conscientes, por eso decía hace un momento, no ha habido aquí en las intervenciones nadie que esté en contra de que se mejoren las pensiones de los trabajadores jubilados. Nosotros, en especial los trabajadores y con ello mi partido, proclamamos la necesidad de una mejoría radical, sensata y responsable y estudiada, para llegar no solamente a beneficiar a los que se pretende el pago de un salario mínimo, porque los pensionados no solamente son los que hoy tienen menos del salario mínimo, sino que hay también pensionados que están con una percepción muy superior al salario mínimo, que también por razones de que no hay incrementos día a día les baja el valor de la pensión; ésas son preocupaciones de nosotros.
Pero en relación con lo que se ha comentado en esta tribuna y sinceramente lo digo, por mi condición de militante del movimiento obrero, verdaderamente he sentido desconcierto cuando se ha insinuado las votaciones en contra, en razón de que se considera que lo que se está logrando no es suficiente. Nadie discute esto. Todos sabemos que no es suficiente, pero los que estamos avezados en la lucha sabemos que las conquistas no son de un día para otro, se necesita vocación y esfuerzo de seguir adelante y yo diría con conocimiento propio que en verdad, más que pensar a través de un voto en contra puede dar lugar a desmoralizar la lucha, debemos entender que esta LV Legislatura ha señalado algo que tiene trascendencia enorme, los que desde hace años tocaban puertas, hacían caminatas, reclamaban sus condiciones y que nunca habían tenido oportunidad de empezar a avanzar en los resultados, hoy la LV Legislatura ha recogido su clamor, ha recogido lo que solicitan, y en esa virtud está logrando el primer paso en que en modo alguno significa que ahí nos vamos a quedar, seguiremos adelante pero adelante a paso firme, estudiando, conociendo, buscando medios para resolver el problema, porque si refrendamos y repetimos y especialmente a nombre de nuestro partido que apenas se empieza a resolver el problema de los jubilados y es responsabilidad de todos buscar las soluciones definitivas, yo diría a los jubilados: a los que han tocado a nuestras puertas esta Legislación, la LV los ha escuchado, ha iniciado los pasos, empieza a tener éxito y esto asegura un patrimonio mejor para ellos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Muchas gracias, señor diputado.
Esta mesa ha insistido en varias ocasiones de que se escuche con atención al orador. Quizá en tantas ocasiones que llevó a molestar a alguno de ustedes, en reconocimiento debe decir esta mesa a ustedes que ha habido un cambio muy positivo, que se puede apreciar desde esta mesa, de tal manera que agradezco mucho la colaboración de ustedes en este sentido. (Aplausos.)
Vamos a pedir ahora consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo lo único del proyecto de decreto.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:- Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba o se rechaza la propuesta que hizo el diputado Hildebrando Gaytán Márquez. Déle lectura.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González:- "Propuesta que presenta el diputado Hildebrando Gaytán, Artículo 168. La pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada no podrá ser inferior al salario mínimo general que rija para el Distrito Federal".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto del decreto, así como de sus tres artículos transitorios. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 252 votos en pro; 50 en contra y 51 abstenciones.
El Presidente:- Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto por 252 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 168 de la Ley del Seguro Social.
El secretario Alberto Alejandro Rébora González:- Pasa al senado para su efecto constitucionales.
El Presidente:- Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
CONDECORACIONES
La secretaria Bertha Onésima González Rubio:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano George Pulford Núñez, para aceptar y usar la condecoración de la Real Orden de la Estrella Polar, en grado de Encomienda, que le confiere el gobierno de Suecia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano George Pulford Núñez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Real Orden de la Estrella Polar, en grado de Encomienda, que le confiere el gobierno de Suecia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 4 de junio de 1992.- Diputados: Cesar Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvardo Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carbajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortes García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elias, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuellar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Aviles, Rubén Pabello Rojas Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crecensio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Segunda lectura.
Esta a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La misma Secretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano doctor Pedro Lavalle Aguilar, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de caballero, que le confiere el gobierno de la república francesa.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucionales, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Pedro Lavalle Aguilar, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 4 de junio de 1992.- Diputados: Cesar Augusto Santiago Ramírez.- Presidente; Salvardo Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuellar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Aviles, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescensio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Segunda lectura.
Esta a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
NOMBRAMIENTO
La secretaria Bertha Onesima González Rubio:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 26 de mayo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José de Jesús Levy García, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de junio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará el Gobierno de Colombia, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, está comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José de Jesús Levy García, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 4 de junio de 1992.- Diputados: Cesar Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvardo Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortes García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuellar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para su efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Francisco Dorantes Gutiérrez:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 26 de mayo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Ariadna Ruiz Mendiola y Norma Angélica Ocampo Salgado, para que puedan prestar sus servicios como asistente comercial y programador de computadoras, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de junio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán, serán como asistente comercial y programador de computadoras, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México, respectivamente, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso para que la ciudadana Ariadna Ruiz Mendiola, pueda prestar sus servicios como asistente comercial en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso para que la ciudadana Norma Angélica Ocampo Salgado pueda prestar sus servicios como programador de computadoras en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 3 de junio de 1992.- Diputados: Cesar Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortéz García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescensio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana José Alarcón Hernández y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
Segunda lectura
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente. Pasa al Ejecutivo para su efectos constitucionales.
El mismo Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 28 de mayo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Felícitas Esther Pliego Rayas, para prestar servicios como asesora de prensa e información en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de junio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará será como asesora de prensa e información en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Felícitas Esther Pliego Rayas, para que pueda prestar sus servicios como asesora de prensa e información en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 2 de junio de 1992.- Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc, Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado señor Presidente.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DÍA DE LA LIBERTAD DE PRENSA.
El Presidente:- Tiene la palabra el señor diputado Agustín Basave Benítez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la conmemoración del día dedicado a la libertad de prensa.
El diputado Agustín Basave Benítez:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La libertad de expresión no es en ningún sentido una dádiva graciosa del Estado, no lo es en primer lugar porque se trata de un derecho que como en el caso de las demás libertades, simplemente tiene que ser reconocido. Pero tampoco lo es porque en su reconocimiento participan todos, el individuo, los medios informativos, la sociedad en general.
Y es que en buena tesis el Estado es reflejo de la sociedad. En la medida en que la sociedad se preocupa y se ocupa de la cosa pública y se organiza políticamente, hace realidad la definición del Estado. Por eso puede decirse que el protagonismo estatal ha sido el efecto y no la causa de la pasividad social. En otras palabras, es la sociedad la que por acción o por omisión marca la pauta. El Estado suele actuar en consecuencia cediendo o llenando los espacios.
En este orden de ideas, la evolución del México del Siglo XX habla por si sola. Ya es casi el mas común de los lugares hablar de la transición de una sociedad preponderantemente rural, indiferenciada, expectante y aletargada, a otra primordialmente urbana, plural, activa y demandante, es decir, del surgimiento de una sociedad cada vez más participativa.
Pero pocas veces se destaca un elemento fundamental en ese cambio: la información. Es en efecto la emergencia de ciudadanos más informados lo que en buena medida ha acelerado la conformación de nuestra sociedad civil y en ese proceso los medios masivos han jugado el papel más importante, transformándose en forma
creciente de medios de información a auténticos medios de comunicación.
Los medios en México han madurado junto con la sociedad, paso a paso. Ciertamente, a diferencia de otros casos, en éste podría hablarse de una relación circular de casualidad, de una sociedad que se volvía cada vez más exigente y obligaba a los medios a superarse y de unos medios que se adelantaron a su tiempo e hicieron las veces de catalizadores en el despertar de la sociedad.
Mas el hecho es que empujándose mutuamente, a tumbos si se quiere, la participación y la comunicación sociales avanzaron. Si en otros tiempos la opinión pública no era opinión ni era pública, ese avance la hizo realidad. Gracias a ello la proporción de la ciudadanía involucrada en la opinión pública ha aumentado considerablemente o al menos así parece.
En su relación con el poder público por otra parte, medios y sociedad también han avanzado. Los medios se han convertido en instrumentos cada vez más eficaces para que la sociedad se haga escuchar cotidianamente, amplificando una voz que es de por sí mucho más fuerte que antes y ése es a mi juicio uno de los síntomas más claros de la modernización de México, que la vida nacional ya no transcurre en sigilo, porque la alerta social hace inviable el clandestinaje de las acciones que a todos atañen.
La relación Estado - sociedad en el mundo moderno no se caracteriza por todo menos por el silencio y en la nuestra las voces son cada vez más audibles.
No pretendo desde luego decir que hayamos llegado al Nirvana, tenemos todavía, tendremos siempre un camino que recorrer para perfeccionar en los hechos la libertad de expresión. Sin embargo, creo que ese cambio lo debemos recorrer todos juntos. El Estado ejerciendo el poder en caja de cristal y contrarrestando la inercia de los tiempos en que su abuso no generaba mayor costo político.
La sociedad, perseverando en su actitud participa y exigente, los medios elevando su calidad al grado que su paso de medios de información a medios de comunicación continúe hasta convertirse en verdaderos medios de educación y, por otro lado, aumentando su autosuficiencia para evitar vulnerabilidades y neutralizando las tentaciones del cuarto poder.
Triste modernidad sería aquella que radicara la arbitrariedad y la prepotencia a la que tienden algunos hombres públicos pero que no impidiese que a cambio sugieran medios prepotentes y arbitrarios, respecto a la discrepancia y dialogo son la clave, el marco legal sin duda también es perfectible; más aun, me parece que tenemos todavía un largo trecho que recorrer en el perfeccionamiento, en la modernización de la legislación en esta materia.
Lo que en mi opinión necesitamos es mantener y acrecentar las libertades de todos, libertad para que el Estado y la sociedad encuentren su punto de equilibrio, libertad para que la opinión pública sea cada día más pública, menos dependiente de unas cuantas voces; libertad para que los periodistas realicen su función de servicio social sin cortapistas ni de dentro ni de fuera de su fuente de trabajo con menos riesgos y más seguridad; libertad para criticar y para replicar, libertad para informar y libertad para ser informados libertad para expresar lo que se piensa y libertad para conocer la verdad sin distorsiones de ninguna especie; libertad de expresión, en suma que es la primera de las libertades del hombre.
Hacia allá nos dirigimos, nadie puede decir sin morderse la lengua que en México no hay libertad de expresión; en el mejoramiento de lo que tenemos cada quien ha de aportar su cuota, ninguno de los argumentos extremos que en torno a la libertad de expresión pueden esgrimirse, responde a la realidad, ni el de que ha sido una concesión generosa del Estado, ni el de que se ha dado a contrapelo del mismo. Sin la adecuación estatal a las mutaciones sociales otro país sería éste y sin la voluntad política de caminar al ritmo de la sociedad muy poco habríamos progresado.
No se trata de echar las campanas a vuelo, el periodismo, el de a deveras, es una de las profesiones peor remuneradas y más riesgosas que hay en el mundo. En tanto exista corrupción, en tanto se pueda atentar impunemente contra la integridad física y moral de un periodista, así sea en un rincón del país, existirán razones para redoblar el esfuerzo y aquí apenas es necesario agregar que mi partido exige la continuación de las investigaciones, el esclarecimiento cabal de los asesinatos de periodistas y el castigo a los culpables.
Ese es el compromiso del actual gobierno de la República, la aclaración de condiciones que permitan una más sana relación Estado - medio - sociedad y la lucha contra la impunidad de todas sus manifestaciones. La batalla contra la vieja cultura política, contra la mentalidad de quienes
no se han dado cuenta de que México ya es otro, de que ya no se puede gobernar como si la sociedad civil no existiera; se trata pues de reconocer que hemos dado pasos hacia adelante y para comprobarlo basta echar una mirada al pasado o internarse en los archivos de una hemeroteca.
No hay libertad que se alcance plenamente y para siempre, hay sí, trozos de libertad que se conquistan todos los días, se allana el sendero libertario cuando se supera un maximalismo que desdeña esos trozos en aras de un todo que sólo puede conformarse reuniéndolos uno a uno.
La inteligencia está hecha de matices demasiado compleja es la realidad como para reducirse al banco y negro, hay en ella una infinidad de tonalidades que sus luces y sombras proyectan y que debe percibirse con la mayor de las sutilezas.
Nuestra libertad de expresión es perfectible y en su perfeccionamiento tenemos todos una enorme responsabilidad pero no podemos negar que en ella los mexicanos hemos avanzado y que estamos hoy más cerca que ayer, compañeras y compañeros diputados, de una cima que se ve paradójicamente más grande y mas lejana mientras más se escala. La cima de la libertad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Humberto Flores Cuéllar (desde su curul) - Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:- Tiene la palabra.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar: - Con su permiso, señor presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados.
Soy diputado del estado de Coahuila, y aprovecho esta tribuna, en relación a lo que el compañero que me antecedió en la palabra comentaba de la libertad de expresión.
El pasado 7 de junio, en todo el país se celebró la libertad de prensa, ello movió el reconocimiento de la libertad, con grandes esfuerzos han logrado mantener muchos medios de comunicación social en el país.
Tales medios siguen la máxima del periodismo inglés: el comentario es libre, pero los hechos son sagrados.
Como diputado de la nación, no puedo quedar callado ante el acontecimiento ocurrido en mi estado de Coahuila en el que, con motivo de la publicación de la revista Proceso del lunes primero de junio, de un artículo en donde se comentaban las vicisitudes del ayuntamiento de Saltillo ante la hostilización permanente del gobernador del estado.
La denuncia de hechos indebidos donde se involucra al gobierno del estado, la edición de Proceso, destinada a circular por todo el estado, fue recogida y pagada en su importe en todos los puestos de distribución de todo el estado.
Como diputado de la nación, no puedo quedarme callado ante la conducta de un gobernador incapaz de respetar el pluralismo de la entidad, y quien antepone el espíritu de facción al bien común del municipio de la capital, que se ha valido de todos los mecanismos a su alcance para utilizar al ayuntamiento de la capital, y cuando un medio de comunicación social lo denuncia, acude al triste recurso de obstaculizar la información.
Y para prueba, compañeros diputados, hace unos días nos entregaron una revista que aquí nos reparte en el Congreso, donde aparece la denuncia de dos periodistas de Coahuila, uno de Torreón y uno de Saltillo, donde están amenazados de muerte por hacer señalamientos del mal gobierno que estamos viviendo en el estado.
En unos días más nosotros también presentaremos una denuncia completa de la inmoralidad en que estamos viviendo en el Estado de Coahuila.
Donde se ha devaluado, no nada más en lo social, en lo político y en lo económico, también sino en lo moral. Compañeros diputados, muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el mismo tema, señor diputado Gonzalo Altamirano Dimas.
El diputado Oscar Pimentel González (desde su curul):- Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos.
El diputado Oscar Pimentel González:- Con su permiso, señor Presidente.
Vengo aquí a la tribuna sólo para que no quede sin respuesta la intervención que tuvo nuestro compañeros del Partido de Acción Nacional y
señalar que en efecto en Coahuila hay una lucha política intensa que se ha dado en los últimos años entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional y, que en ese marco de pluralidad que se vive en nuestro país, el ayuntamiento de Saltillo es hoy gobernado por un presidente municipal que proviene de las filas de Acción Nacional y que efectivamente obtuvo el triunfo y es un triunfo que fue respetado y que los coahuilenses hoy buscamos convivir en un clima de pluralidad y en un clima de participación, y que buscamos las formas de dialogar y de encontrar las causas comunes, las causas que deben de responder al bienestar general de la comunidad. Y pensamos que más allá de la lucha partidista, debiésemos pensar en ese sentido, en fortalecer las libertades y en responder también a la convocatoria que ha hecho el propio gobierno del estado para que en un marco de libertades se pueda seguir fomentando esta intensa participación de todos los partidos políticos.
Pero no creo que ellos justifique el lanzar ataques infundados a un gobierno del estado que hace un esfuerzo relevante por llevar adelante un proyecto de gobierno en un estado pujante y un estado que buscar encontrar mejores formas de desarrollo en su modernidad en nuestro país.
Por ello queremos dejar aquí un testimonio, primero, de que tenemos que continuar respaldando una política de gobierno en Coahuila que atienda a los diferentes intereses de los partidos políticos, que fortalezca el clima efectivamente de libertades y que podamos los diferentes partidos políticos establecer metas comunes de trabajo, como ya en otras ocasiones lo hemos planeado y desterrar lo que sería una política de ataques, una política que busca la descalificación de las acciones de gobierno por sí mismas en vez de buscar las vías del dialogo y la concertación.
Por ello, que quede en esta tribuna el exhorto de nuestra fracción, del partido Revolucionario Institucional, a que en Coahuila sigamos juntos buscando las formas de diálogo, de concertar y de fortalecer un proyecto de gobierno plural y que fortalezca las libertades sin ataques infundados y siempre pensando en el bienestar general de nuestro estado y en el bienestar particularmente del municipio de Saltillo, que es el caso que aquí se ha comentado. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos hasta por cinco minutos el diputado Humberto Flores Cuéllar.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Nos extraña la respuesta que da el compañero Oscar Pimentel a decir aquí públicamente que son acusaciones infundadas. No basta más que agarrar la Prensa de todo el estado de Coahuila para leer todos los señalamientos que hacen las diferentes corrientes políticas y económicas de nuestro estado en el problema que estamos inmersos todos los coahuilenses.
Me extraña, quizá, por desconocimiento de fondo del compañero Pimentel, que apenas tiene unos cuantos meses de haber llegado a Saltillo, a raíz de que fue postulado desde el centro, por estar trabajando en Gobernación para ser candidato a diputado federal.
Los que tenemos muchos años en Coahuila sabemos el retroceso que hemos llevado en estos cuatro años, cinco meses y ocho días, donde el señor gobernador no nada más es señalado por el Partido Acción Nacional y donde nunca hemos dejado de tratar de llevar el diálogo, porque es el primer lineamiento que nosotros guardamos como panistas. Y la lucha no es contra el Partido Revolucionario Institucional en el estado como lo señala, es la lucha en toda la República por llegar al poder por las vías democráticas, que desconoce todavía su partido oficial.
Nosotros seguiremos luchando por llegar a señalar con bases fundamentales en las pruebas que se están llevando diariamente en cualquier Prensa que usted lea en el estado de Coahuila, señor diputado. Le podemos exhibir los 25 funcionarios de primer nivel con casa de mayor de mil millones de pesos, le podemos señalar el partenón del señor gobernador en "Los Lirios", que es la pura malla, la barda que rodea, la malla que tapa los manzanos le costó mil millones de pesos. Y podemos irnos más grandes, pero no venimos ahorita a eso, únicamente a señalar un error del mal uso de la autoridad por detener la libertad de expresión. Y ése fue el motivo, la discusión del manejo del gobierno del estado se hará en otro momento. Con mucho gusto afrontaremos nuestra responsabilidad y no son acciones infundadas ni denuncias infundadas, son fundamentadas y en su momento las fundaremos. Muchas gracias.
El Presidente:- Ahora sí tiene la palabra el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas.
El diputado Oscar Pimentel González (desde su curul):- Señor Presidente pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente: - Tiene la palabra.
El diputado Oscar Pimentel: -Con su permiso, señor Presidente:
Yo creo que el hecho de yo haya trabajado en el gobierno federal, no me invalida para acudir a mi tierra a ser respaldado por mi partido, para ser electo diputado federal.
Creo que es una elección muy legítima, como muchos de los compañeros de muchos partidos trabajaban en diferentes lugares y fueron respaldados por sus partidos para estar presentes en esta Cámara de Diputados.
Y también creo que hay que diferenciar muy claramente entre lo que es el respeto a la libertad de expresión y no solamente respeto, sino el aliento, el reconocimiento a la libertad de información.
Con lo que aquí se manifiesta como una diferencia, de puntos de vista partidistas y que así se da también en el estado de Coahuila. Y que en vez de que eso demerite el debate, creo que debiera enriquecerlo como pretendemos que se dé en el estado de Coahuila; que se diferencie con mucha claridad; no queremos decir que los gobiernos estén exentos en ocasiones de errores. Pero si de errores se trata de señalar podríamos aquí señalar también los errores que ha cometido la administración municipal del Partido de Acción Nacional en Saltillo.
Por ejemplo, el decretar que las mujeres por el solo hecho de transitar después de las 10 de la noche, serían consideradas mujeres de la calle y por tanto remitidas a la policía. ¿Esto es una medida que fortalezca la libertad?, ¿cómo los desalojos violentos que ha hecho la policía municipal de colonos indefensos en varios lugares de la ciudad? ¿Esto es fortalecer la libertad? Y muchos otros errores que se han cometido.
Pero no nos interesa; no nos interesa profundizar en los errores y en su señalamiento; nos interesa buscar una política y es la política de nuestro partido en Coahuila, una política plural de concertación y de diálogo abierto.
Y por ello que en la intervención que tuvo aquí nuestro compañero Agustín Basave, para enaltecer el valor que tiene la libertad de información, la libertad de expresión, la libre circulación de las ideas, que no se demerite con participaciones como las que ha habido aquí, donde se busca la confrontación y donde se busca hacer de las diferencias partidistas un tema en esta tribuna.
Yo exhorto nuevamente a que establezcamos muy claramente esta diferencia. Y que quede el testimonio de todos los diputados, no solamente los del Partido Revolucionario Institucional; que quede el testimonio de nuestro interés por seguir preservando en nuestro país la libertad de Prensa, la libertad de expresión y en general la libertad de todos los mexicanos. Muchas gracias compañeros.
El Presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Altamirano Dimas, para el mismo tema.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El Día de la Libertad de Prensa en el cual se reunieron autoridades y periodistas representantes de los medios de comunicación congregados en torno a la Presidencia de la República, nos obliga a hacer algunas reflexiones.
Antes de hacer estas consideraciones, quisiera referirme brevemente, no a la curiosidad de algunos que andan deambulando después de las diez de la noche en Saltillo y los confunden en la redada. Queremos hablar del prototipo de lo que algunos gobernadores hacen respecto a la libertad de expresión.
El decomiso de revistas como Proceso, tal y como se acaba de mencionar, ha sucedido en varios estados de la República y no solamente en Coahuila, en Jalisco, en Sinaloa, en Guerrero y el algunos otros estados de la República, que los gobernadores temen, aun llegando a estos extremos increíbles, temen estas publicaciones y a pesar de lo reducida que pueda ser una circulación en un estado, no de la importancia nacional, pero de lo reducido, aún sí se atreven a decomisar estas revistas o estos artículos periodísticos. Y Coahuila no es la excepción, tal y como lo señaló mi compañero de partido.
El día de la libertad de expresión o de Prensa, nos obliga a repensar cuáles son o cuáles deben de ser las relaciones entre el poder, la sociedad y los diferentes comunicadores que intervienen en este proceso.
El Presidente de la República dijo el día de ayer que:
"Solo del diálogo fructífero entre medios de comunicación y sociedad, habrían de surgir las respuestas a las necesidades colectivas de información".
Y nosotros nos preguntamos cuál es ese diálogo que propicia el gobierno. Hace poco con la tragedia de Guadalajara, precisamente un columnista prestigiado: Granados Chapa, corroboraba y denunciaba públicamente en su columna, lo que ya se conocía públicamente. La consigna que se daba desde Los Pinos, desde Gobernación, desde el propio Gobierno, o las presiones que se ejercían a los medios de comunicación, para que ya bajaran el nivel de información respecto a lo de Guadalajara; y La Jornada no fue la excepción.
¿Esa es la libertad y ésta es la comunicación a la cual nos convoca el Ejecutivo?
También se ha dicho en nuestra tribuna por parte del señor diputado del Partido Revolucionario Institucional, que nos antecedió en el uso de la palabra, diputado Basave, nos habla de los periodistas asesinados y de la necesidad de continuar las investigaciones. Es cierto, pero ya no solamente en declaraciones esto se hace necesario; ha habido lentitud por parte de las autoridades para hacer las investigaciones de decenas de periodistas asesinados principalmente en provincia, en provincia donde se dan este tipo de situaciones en mayor numero.
Prácticamente los periodistas de provincia están inermes, están desarmados ante la intimidación, ante la prepotencia y ante las intimidaciones de caciques o de gente oculta que ya han cobrado varias vidas en estos estados. Ser periodista en provincia realmente es jugarse la vida y esto obliga a las autoridades y obliga al propio Ejecutivo a responsabilizarse para que se aceleren ya las investigaciones y se castigue a los criminales que han cometido asesinatos. Permitir un solo asesinato es permitir la impunidad en contra de la libertad de expresión y no solamente de los periodistas.
Sin este clima de justicia y de tranquilidad, no puede haber libertad de expresión en el país.
Otras declaraciones del Ejecutivo preocupan también. Se dijo el día de ayer que el capital extranjero seguirá llegando a México para modernizar la comunicación en el país. Se nos dice aquí de alguna manera que el capital extranjero va a llegar a participar, porque ya participa de alguna manera en la propiedad de los medios de comunicación. Y ya se enunció la venta de Imevisión y la venta de El Nacional.
Realmente no nos preocupa el solo hecho de que el capital extranjero venga. Nos preocupa el hecho de que no exista una política de fortalecimiento de los medios de comunicación, que seguramente serán presa fácil del capital extranjero, si ellos empiezan a manejar medios de comunicación. La penetración extranjera se va a dar en condiciones muy desventajosas para los medios nacionales, si estos no toman la decisión de fortalecerse en su estructura, en sus libertades, en las condiciones de vida a los periodistas.
La competencia va a ser realmente desventajosa para los medios de comunicación nacionales, si no existe esta idea de fortalecimiento de los medios de comunicación.
También queremos mencionar que es necesario, dentro de este replanteamiento de las relaciones entre el Estado, los medios de comunicación y la sociedad, el hecho de que se considere la posibilidad de subsidiar, de que se subsidie la comunicación, la libertad de expresión, pero creando normas, creando condiciones justas, para determinar, de acuerdo al tiraje, a la audiencia, etcétera, a que medios de comunicación deben de dársele incentivos, principalmente incentivos fiscales.
Creemos que si de alguna manera se subsidia a los medios de comunicación que cumplen realmente con las condiciones que marque el Congreso, realmente se va fortalecer la libertad de expresión.
La actividad política se considera como de interés público la actividad de los partidos políticos. ¿Por qué no se va a considerar también de interés público la libertad de expresión, la libertad de informar y que se fortalezca realmente creando estos incentivos? Y muchos de estos incentivos fiscales deberían de canalizarse para mejorar las condiciones salariales, las condiciones de vida de los periodistas.
Eso debería de crear estímulos y deberían crearse cajones, cajones para que las empresas pudieran destinar fondos importantes para mejorar las condiciones económicas de los comunicadores.
Con el salario mínimo profesional, también hablando de la libertad de Prensa, se ha dado un paso importante. Pero coincidimos con el periodista Reyes Razo, cuando dice que los periodistas no deben de buscar un salario mínimo, sino un salario máximo. Ojalá y se llegue a esas condiciones salariales para que los periodistas puedan realmente acceder a estas condiciones de vida.
Señor Presidente: se me está pasando, por el señor Secretario, una tarjeta de tiempo y quisiera
tener las mismas condiciones de participación que el señor diputado del Partido Revolucionario Institucional, aunque voy a tratar de ser más breve.
(Desorden.)
El Presidente: -Compañeros: Quisiera esta Presidencia suplicar a todos los oradores se ajusten a su tiempo.
Efectivamente el señor diputado Altamirano Dimas, tiene en parte razón. Fue un minuto el que se excedió el compañero del Partido Revolucionario Institucional.
Suplicaremos a los demás compañeros oradores se ajusten a los cinco minutos que tienen por reglamento. Gracias.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas: - Señor Presidente: No pedí la palabra para rectificar hechos. Me había inscrito previamente en el orden, estaba yo inscrito en la lista.
Voy a concluir compañeros.
Es necesario que en esta oportunidad que tenemos para replantear las condiciones de comunicación, el marco de garantías que debe de regir a una política de comunicación social, lo hagamos verdaderamente a fondo.
Ojalá y en el próximo período de sesiones estemos legislando sobre esta materia, que es necesario hacerlo. Es necesario replantear las relaciones entre el Estado, los medios de comunicación y la sociedad.
Acción Nacional presentó en su plataforma política para esta campaña legislativa, un programa en materia de comunicación, que esperemos llevarlo a acciones legislativas en el próximo período.
Y finalmente queremos y hacemos votos para que el día de la libertad de expresión, que se celebró ayer, lo celebre el gobierno todos los días, cumpliendo cabalmente nuestra constitución y respetando las garantías constitucionales de los periodistas y las libertades de todos los mexicanos, en cuanto a su libertad de expresarse. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para el mismo asunto, el diputado Juan Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Hemos sido testigos de una celebración más del día de la libertad de Prensa y se han planteado cuestiones muy importantes por parte del Poder Ejecutivo en esta celebración, que tienen que ver efectivamente, con las libertades de expresión, de opinión y de concreción de los diversos medios en materia de comunicación.
Antes de abordar algunas cuestiones que preocupan a la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, deseo reflexionar en torno a la enorme importancia que hoy tienen los medios masivos de comunicación.
Sin duda es justa la valoración que se hace de que el siglo XX es el siglo de la comunicación. Los avances científicos, técnicos, se manifiestan con mayor espectacularidad en los campos de la comunicación. Desde que el Siglo pasado se empezara con el desarrollo de la electricidad, el telégrafo y el teléfono, pasando por otros medios tecnológicos avanzados, hasta desembocar en la microelectrónica, en la informática, en la cibernética y la computación, sin duda alguna se han multiplicado y ensanchado las enormes vías de comunicación, para llevar información y cultura tanto a las minorías de la sociedad, como a las grandes mayorías.
Este proceso generó indudablemente un derecho para todos, el derecho imperativo, inalienable de informarse y ser informados, ¿acerca de qué¿, acerca de los bienes que la civilización va produciendo para el disfrute de todos los hombres, acerca de los fenómenos económicos y sociales, acerca de las manifestaciones ideológicas y acerca de los problemas y necesidades concretas de los pueblos; en general y en particular, las sociedades de cada país.
Entre los medios masivos de comunicación, destaca sin duda en nuestro tiempo el papel importante que juegan la radio y la televisión, por la rapidez con que transmiten los hechos que acontecen en el mundo. Sin embargo, debemos coincidir en que el papel de la Prensa escrita sigue siendo de enorme trascendencia, porque a través de la Prensa escrita, de la palabra escrita, se puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la cultura y la democracia; la democracia y la cultura entre todos los pueblos del mundo o en un país determinado, por su mayor permanencia y esto es lo que permite, este hecho, el de su mayor permanencia, permite hacer un análisis de su contenido, asimilarlo y con lo cual la Prensa escrita cobra un papel importante al influir con más raciocinio en la conformación de la conciencia colectiva.
La comprensión de este hecho es muy importante para el Partido Popular Socialista porque consideramos que la conciencia del hombre se forja no solo con la experiencia personal sobre todo con la experiencia y el conocimiento ajenos y principalmente colectivos y porque la mejor manera de transmitir los conocimientos más elaborados, los resultados de análisis del pensamiento abstracto es a través de la palabra escrita. Y aquí es donde queremos acentuar nuestra intervención porque con la comprensión de este hecho incontrastable, se explica porque las fuerzas políticas que pugnamos unas contra otras para determinar la vía de desarrollo de nuestros países tienen que esforzarse en: ganar espacios de la Prensa escrita.
Utilizamos los otros medios en la medida de nuestras posibilidades pero la lucha es fundamentalmente para utilizar la Prensa escrita a fin de difundir la ideología, los programas que tiene cada partido para tratar de ganar la conciencia del pueblo. Las fuerzas en la actualidad combaten por alabanzas de la vida social en cada país para arribar a estadios superiores de existencia precisan de una Prensa abierta y democrática a efecto de que esté en posibilidad de darles cabida sin discriminación alguna y así al libre debate de las ideas exponiendo las propias y confrontándolas con las ajenas para que permita a todos los demás grupos sociales a los diversos sectores del pueblo y a los hombres en lo individual conformar sus juicios respecto a los problemas a debate o a la información recibida y podar de esta manera elevando su conciencia, precisar su participación en los actos cotidianos de su localidad o de su propio sector.
Por eso nos preocupa una tendencia política que se ha estado impulsando en los últimos años y que se profundiza en la actualidad y se refleja en la intervención del Presidente de la República en el día de ayer ante la Prensa. Esta política que se orienta a esconder o a ignorar cuando menos la lucha de clases, la lucha que se da entre las distintas clases sociales de la sociedad para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas en beneficio de uno o de otro. Esta lucha de clases que no puede desaparecer por simple decreto o por deseo de alguna clase gobernante que en su turno en el poder trata de ocultarlo. Esta lucha que se ha manifestado en la intención de impulsar en México el bipartidismo queriendo con ello evitar que las demás fuerzas políticas, que los otros partidos expresen los intereses de las clases sociales que representan. Por desgracia hay medios de comunicación que han caído en esta política y se ocupan solo de información proveniente de la Iglesia, de la cúpula empresarial y hablan sólo de la actividad de los partidos que representan esos intereses. Intencionalmente o por posición ideológica o política ocultan que los partidos representan los intereses de determinada clase social en particular el Partido Popular Socialista de la clase obrera, de la clase trabajadora. Por eso nos preocupa que en discurso presidencial se hable del diálogo, sí, pero del diálogo entre el gobierno y la sociedad; se hable en términos de la política que está impulsándose por toda América Latina de que la sociedad civil sustituya la actividad de los partidos políticos, esto es preocupante porque evidentemente la sociedad civil así manejada no puede expresar lo que es la realidad que se pretende ocultar que es la que sigue... la nuestra sobre todo, sigue siendo una sociedad dividida en diferentes clases sociales que tiene que expresar sus juicios, sus intereses, sus reivindicaciones.
Esta política es preocupante, esta tendencia, porque puede suceder lo que está sucediendo en otros lados, como en el caso de Fujimori en el perú, que recibió todo el impulso de una línea política expresada a través de los medios de comunicación para hacer a un lado el juego de los partidos políticos.
Lo mismo está sucediendo en los Estados Unidos en este momento y es una cuestión que tenemos que observar aquí, el caso de impulsar a un candidato independiente para en cierta medida socavar la participación de los partidos políticos en este país.
¿A quien conviene esta tendencia política?, a la clase capitalista, a la clase dominante que quiere ver maniatada de nuevo a la clase social antagónica, a la clase explotada para que no luche, con un camino yerto; porque ése es el papel de los partidos políticos, señalarle a la clase social que representa, las vías para obtener los objetivos de clase.
Por eso hemos aprovechado esta participación para hacer esta... advertir de los riesgos que puede conllevar el ocultar la existencia de las clases sociales y de empujar conceptos como la sociedad civil o la colaboración de clases; y esta situación obliga a los partidos políticos, a las organizaciones obreras, a dar una lucha de manera muy desventajosa, muy desigual, con sus propios medios de comunicación creando su propia Prensa. Y esto... esto no es posible en un... la etapa de desarrollo en que los medios de información deben cobrar una característica de objetividad real y de reflejar los intereses y las expresiones y juicios de todas las clases y tendencias políticas.
Esto tiene que ver con muchos problemas concretos que se observan; nos preocupa que, repito, algunos medios de información tomen una posición ideológica, de clase y por lo tanto desechen la información que no les conviene o que no está en el rumbo de su ideología, mas cuando observamos que en muchas ocasiones se da no por una dirección general del periódico, sino por la actitud de algunos de sus funcionarios medios, jefes de información, o jefes de redacción que por favorecer a su partido político o a su convicción ideológica simplemente archivan la información que proviene de otros partidos, de otras fuentes.
Por lo tanto, en estas condiciones es tremendamente desigual la lucha que tenemos que librar las diversas fuerzas políticas de México.
Otra cuestión que nos preocupa es que el Estado, el Estado mexicano, en el ejercicio de los dos últimos gobiernos, se esté retirando de los medios de información.
La venta de Canal 13, la venta de El Nacional, etcétera, se circunscriben en la tendencia general de la retirada del gobierno, de las funciones que la Constitución le confiere de intervenir en todos los ámbitos de la vida social, de la vida económica, política y social.
Esto es preocupante porque la única garantía real que hay de que las masas populares reciban una información cierta, es la que puede provenir de un Estado a la manera que lo concibe la Constitución.
Por eso aprovechamos ahora para expresar nuestro juicio de que el Canal 11, por ejemplo, sea fortalecido, porque es la única posibilidad de que las masas populares recibieran la información de lo que acontece en la cultura y los resultados de la investigación científica, porque nadie desconoce que estos son campos que no aborda la televisión comercial y cuando ahora más que nunca los pueblos necesitan de saber como avanza la educación, que manifestaciones tiene la cultura, que logros está obteniendo la investigación científica. Es necesario que se mire con más preocupación este problema y se fortalezca este instrumento que le queda al Estado, que es el Canal 11 de televisión.
Otra cuestión que se ha planteado aquí, la de la situación de peligrosidad con que ejercen los comunicadores, los periodistas, los reporteros su profesión. Creemos que es necesario que de alguna manera la Cámara de Diputados convoque o haga un llamamiento para que se creen condiciones de ejercicio libre, de seguridad en el ejercicio de esta profesión. No es posible que cuando se habla de que se fortalece la democracia, los periodistas tengan que ver sacrificada su existencia por el ejercicio de su profesión.
En este mismo rumbo está el problema de los salarios. Es indudable que no solamente por el riesgo del ejercicio de la profesión misma, sino por la trascendencia de la actividad debe ser justamente retribuida la actividad periodística. No es posible que se garantice el ejercicio libre de la profesión con un salario que ahora se tiene, que claro, es un avance, como se ha dicho, en el salario profesional, pero creemos que no garantiza de alguna manera que sea la base para el pleno ejercicio libre de la profesión y sobre toda objetiva.
En México en que todas las fuerzas coincidimos en el esfuerzo por construir un mundo democrático, en el que el debate de las ideas pueda realizarse de manera habitual, en un foro en el que todos compitan, se valora al más alto nivel la incalculable contribución de una Prensa que pueda desenvolverse sin cortapisas, sin obstáculos, sin presiones o mordazas, para orientar y dirigir sus actividades, pero al mismo tiempo y correspondiendo a ese privilegio, requiere que esa misma Prensa abandone la posición inquisitorial que en más de una ocasión adopta cuando por razones ideológicas de carácter partidario o de interés económico anula, desaparecen o ignoran la información que procede de personas, grupos ideológicos, filosóficos o religiosos distintos a los que maneja quizá no toda la organización periodística.
Pero aprovechamos la oportunidad para señalar una cuestión en que creo que podemos coincidir todos, en que la Prensa escrita deja muy atrás a los libros y se convierte en la práctica en un órgano que hace historia, que no sólo es fuente de la historia, sino es la historia misma que demanda de la presencia en sus páginas de todo cuanto le puede conformar. Por eso el Partido Popular Socialista reclama en este momento condiciones reales para una Prensa realmente democrática, que dé igualdad de oportunidades a todas las fuerzas políticas y para que la clase obrera en particular pueda expresar sus intereses de clases. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el señor diputado René Bejarano, para el mismo asunto.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Cada vez se ha convertido más en un rito la celebración del Día de la Libertad de Prensa, que en la confirmación de un derecho que a todos los mexicanos y mexicanas debiera asistir.
Reconocemos que los reconocimientos, valga la redundancia, al ejercicio profesional de la libertad de expresión, es una obligación que la sociedad sobre todo tiene que dar y que el Estado tiene que compartir. Sin embargo, todavía en nuestro país este derecho a la información, a la expresión no es pleno y hay en ello aspectos eminentemente jurídicos y legislativos, aspectos económicos, aspectos políticos y aspectos sociales.
En lo jurídico y lo legislativo, la falta de una libertad plena radica en que el nivel de obsolescencia de la legislación sobre los medios de comunicación es altísima, tan solo basta recordar que la Ley de Imprenta data de 1915 y que el desarrollo económico del país y del mundo, han hecho que muchas determinaciones legales prácticamente no se contemplen, o sea reiteradamente violadas.
Esta obsolescencia ha conducido a una serie de valores entendidos, de simulaciones y de matices que han ocasionado una perversión de un derecho fundamental. No podemos admitir que una sociedad democrática no tenga la posibilidad de que sea la sociedad y el Cuarto Poder quien ejerzan mecanismos de crítica y de control del ejercicio de la función pública. Todavía padecemos un autoritarismo muy pronunciado en este aspecto y un paternalismo estatal e incluso presidencialista que estimula, sanciona, condiciona, induce a los profesionales de la comunicación y a la propia sociedad para que éstos y ésta no se puedan expresar libremente.
El Estado tiene la obligación, porque así está establecido en el artículo 6o. de la Constitución, de garantizar el derecho a la información. Pero la ausencia de una legislación reglamentaria de este artículo, la ausencia deliberada, ha provocado una serie de lagunas jurídicas que promueven vicios insoportables. Como dijera don Julio Scherer, en el asunto de la Prensa y particularmente de la Prensa escrita, el pasado no se ha ido; todavía prevalece desafortunadamente el problema de la corrupción, que en algunos niveles de la Prensa se promueven, el embute, el chayote, la gacetilla u otras formas de condicionamiento del ejercicio de la libertad de expresión, desafortunadamente promovidos muchas veces desde el Estado, pervierten una relación que debiera establecerse sobre bases de salud política, de igualdad y de democracia.
Todavía conservamos la célebre frase de aquel político que fue presidente de la República y que dijo que no podía permitir que pagara para que le pegaran y que condicionó el ejercicio del otorgamiento de la publicidad a aquellos medios que fueran condescendientes con la versión oficial.
La publicidad no es una prerrogativa estatal; los fondos que el Estado tiene para promover los asuntos públicos son fondos públicos y no pueden utilizarse discrecionalmente para discriminar o para "ayudar" o a alentar a algunos medios en demérito de otro. Es una forma sutil de límites o de censura a la libertad de Prensa o de expresión. Y este límite y estos condicionamientos han logrado procesos de refinamiento cada vez mayores.
El costo político de la negativa de otorgar publicidad, ha llevado a que este mecanismo se desprecie cada vez más por el Estado, pero preocupantemente se utiliza ahora cada vez más el socorrido recurso del terrorismo fiscal.
Todavía están por aclararse aspectos oscuros de la negociación y venta de algunos diarios o de algún diario nacional.
Todavía es contemporáneo el aspecto de como mediante el ejercicio de auditorias o la amenaza del ejercicio de acción penal se condiciona el ejercicio de la libertad de Prensa.
Y no son pocos los ejemplos que en este sexenio y a lo largo y ancho del país conocemos de límites a la libertad de expresión.
Nuestro partido a contabilizado 25 periodistas asesinados en este sexenio, solo algunos casos han sido esclarecidos, pero son largas las listas de periodistas amenazados, golpeados, agredidos o reprimidos de diversa manera. Y preocupa que la agresión o los límites a la libertad de expresión que debieran garantizarse por parte del Estado, sean precisamente o provenientes por parte de autoridades de los distintos niveles ejecutivos, estatal o incluso federal.
¿Quién o quiénes fueron los actores materiales e intelectuales del asesinato de Manuel Buendía, a punto de quedar impune porque podría prescribir el ejercicio de acción penal? Si no autoridades dependientes del Ejecutivo Federal.
¿Quién o quiénes son los responsables de la denuncia hecha por la revista Proceso, del último número, cuando habla de que personas prepotentes, con todos los modos y maneras de agentes
judiciales, recorrieron los puestos de revistas de las ciudades de Torreón y Saltillo, inclusive en ésta última acudieron con nuestro agente, señala el distribuidor y les compraron todos los ejemplares que tenían de la edición 813 del semanario?
¿Quién o quiénes, sino el propio Ejecutivo estatal, que preocupado en la denuncia que lo implicaba en actos de prepotencia y corrupción, vulneró el derecho a la información de la sociedad cohauilense y pretendió impedir que se conocerán hechos que suponen una actitud de responsabilidad jurídica y penal?
Pero si acaso fuera una excepción, encontramos cada vez casos a lo largo y ancho del país. ¿Quién o quiénes fueron los responsables para que el director del diario El Porvenir tuviera que dimitir y pudiera ser sustituido? ¿Quién o quiénes fueron los responsables de decomisar y de comprar masivamente la edición y también de la revista Proceso, que denunciaba los actos de corrupción del ex gobernador Cossío Vidaurri cuando hablaba de las concesiones otorgadas para los servicios de taxis del aeropuerto, la concesión, a la verificación del control de la contaminación del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara.
¿Quién o quiénes son los responsables de la compra del diario Uno mas Uno? ¿Con qué fondos se adquirió? ¿Para qué fines? ¿Cuál fue la relación y el compromiso de la Secretaría de Gobernación denunciada por el ex director Manuel Becerra Acosta?
¿Quién o quiénes ejercen y otorgan los criterios para la publicidad? ¿Con qué criterios se procede al verdadero linchamiento público, político, moral de dirigentes destacados de la oposición? ¿Por qué se determina una línea francamente destructiva del sistema de partidos, que es evidentemente intolerante? ¿Hasta qué punto podemos hablar de libertad de expresión entendida como trozos de la libertad de expresión?
No podemos compartir el concepto de trozos de la libertad, porque la libertad, es o no es, no es a pedazos, no es a cucharadas, no es a cuentagotas, simplemente existe o no existe.
Entendemos que la lucha por lograr la libertad de expresión plena de la sociedad, de la Prensa escrita y de los medios de comunicación es un proceso, pero este proceso supone también una transición a la democracia. Y esta transición a la democracia tiene que convertir en asuntos de discusión pública aspectos que ahora son de determinación privada.
¿Cómo y con qué criterios se determina la línea de publicidad diplomática del gobierno mexicano en el extranjero? ¿Los recursos, en millones de dólares, que el gobierno mexicano ha gastado en inserciones y en servicios de agencias, sobre todo en Estados Unidos, para promover su imagen ante la eventual firma de un Tratado de Libre Comercio?
Evidentemente estos asuntos son de interés público, pero implican riesgos también para la independencia y soberanía de nuestro país ¿Hasta qué punto se vuelve cada vez más influyente la Prensa extranjera, a tal grado que influyó determinantemente en el cambio en las pasadas elecciones locales de San Luis Potosí, los editoriales publicados por algunos diarios extranjeros?
¿Hasta qué punto nuestra democracia es tan débil que es incapaz de soportar una campaña publicitaria promovida desde las agencias multinacionales de la información?
¿Cómo vamos a defender los espacios ganados ante la eventual firma de un Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo vamos a reglamentar la información por cable y por satélite? ¿Cómo podemos contrarrestar la impunidad que sobre todo desde la televisión se ejerce por algunos medios para atacar a diversos políticos sobre todo de la oposición? ¿Cómo podemos tolerar el grado de indefensión en que nos encontramos cuando no tenemos ninguna posibilidad realmente eficaz que permita moderar el abuso en el mercantilismo exacerbado de estas empresas de la información?
¿Cómo podemos hablar de libertad de expresión si existe un ejercicio reiterado de la manipulación política a través de los medios masivos de comunicación? ¿Hasta que punto podemos hablar de democracia si la venta de algunos instrumentos oficiales de información, particularmente de la empresa de Imevisión y del periódico El Nacional, no necesariamente van a favorecer los espacios de la sociedad civil sino pueden incluso favorecer los aspectos y los controles de las empresas multinacionales de la información.
¿Cuáles son las iniciativas jurídicas para adecuar la legislación obsoleta a la firma del Tratado de Libre Comercio? Y, ¿cómo podemos hablar de la libertad de información, de libertad de expresión, si las condiciones de vida de los periodistas no son suficientes para garantizar un ejercicio profesional adecuado?
Los ingresos de los periodistas deben ser los suficientes para garantizar el ejercicio
profesional objetivo; que no se vean presionados por sus limitaciones económicas, ni condicionados por los diversos jefes de Prensa para garantizar una información manipulada.
Cada vez más la autocensura, que es el recurso pragmático de los trabajadores profesionales de la comunicación, es el recurso que se utiliza para poder sobrevivir en el medio, esperando tal vez tiempos mejores.
La lista de agravios en contra de los periodistas del interior del país, es enorme. Son ellos quienes padecen las peores condiciones y los peores peligros. Es ahí donde los aspectos más primitivos del sistema político nacional, cobran su real dimensión y provocan verdaderos desequilibrios políticos.
Ser periodista en algunas entidades de la República, supone mucho valor, mucha autoridad y la posibilidad de perder la vida. Esto evidentemente no puede llamarse ningún paraíso, ni ningún elemento que pueda garantizar satisfacción plena a un sistema democrático de partido.
No compartimos el que se clasifique de maximalista a quienes deseamos que la libertad de expresión ejercida responsablemente, sea plena. Pero nosotros pensamos que esta plenitud sólo puede obtenerse con la desaparición del sistema de partido de Estado. Porque la libertad no es un graciosa concepción del Estado; la libertad es un derecho que se ejerce sobre todo por la sociedad y que el Estado tiene la obligación de promover y respetar.
Los funcionarios del gobierno y del Estado, no pueden obtener privilegios a partir del control que ejercen en la función pública y por eso la crítica que se ejerce desde los medios debe ser respetada porque esa crítica supone responsabilidad. Y cuando es calumnia implica la posibilidad de la replica. Pero si es Estado paternalistamente promueve la libertad supuestamente y se apropia de este derecho, en los hechos la anula, porque al "moderarla", impide que sea la sociedad quien la ejerza verdaderamente.
Nosotros pensamos que es necesaria una nueva legislación sobre los medios de comunicación. Pero también suponemos que habrá necesidad de un proceso de democratización de estos medios; que los medios sobrevivan sobre todo en función de sus lectores o de sus audiencias; que sean expresiones cabales de las fuerzas políticas y sociales que se muevan en el país; que contribuyan a elevar el debate de la nación; que la nación se fortalezca con el encuentro de diversos puntos de vista en la pluralidad y que la razón y la voluntad popular sea quien determine el rumbo que debe llevar nuestro país.
Son estas aspiraciones del constituyente; son estas aspiraciones consagradas en las garantías individuales; son estas aspiraciones expresadas en la reforma que creó el derecho a la información en el artículo 6o. de la Constitución. Pero es demagogia cuando el propio gobierno que deprime y desalienta la libertad de expresión, cuando el propio gobierno que la limita pretende que nos conformemos con trozos o con pedacitos de ella.
Es intolerable la impunidad que alguna autoridad pudiera gozar al abusar de su función pública, reprimiendo a los profesionales de la comunicación. El concepto de comunicación es hacer común una idea, un principio o un valor. Pero esta forma de entender, el debate, supone que también la sociedad pueda expresar y hacer sentir sus posibilidades de expresión.
Pero en muchas veces se condena a la sociedad a expresiones marginales, porque el poder estatal es mucho mayor e inhibe esa expresiones.
Nosotros, en este debate, señalamos que requerimos también que el Legislativo asuma cabalmente la profesionalización de la comunicación social. La oficina de comunicación social de la Cámara de Diputados, no puede ser entendida como la oficina de comunicación social de un partido político y particularmente del partido político mayoritario.
Esta Legislatura es un Poder y el equilibrio de poderes supone, que las diversas verdades, los diversos debates, no sean inhibidos, matizados o francamente censurados por un partido político ejerciendo funciones de control en la Cámara de Diputados.
Requerimos que la oficina de comunicación social sea objetiva e imparcial, plural; que la oficina sea administrada con pluralidad, que los diversos partidos políticos puedan garantizar su verdad, sus opiniones y sus expresiones. El uso faccioso de esta oficina, desalienta la modernidad política que debiera imperar en este poder. Pero es también expresión de la sumisión del Legislativo, temeroso de que el debate trascienda.
Muchas cosas que se dicen en este Recinto, no pasan estas cuatro paredes, por el cerco informativo que se impone. Quizá el lugar más
clandestino de este país sea la Cámara de Diputados, porque muchas cosas suceden y muy pocas se saben y se difunden; solamente se simula que se difunde la verdad, que se difunden las opiniones, se matizan, se desalientan algunas opiniones e incluso no se expresan.
Es por eso necesario que en la evaluación que el propio Legislativo haga de su función, más allá de discursos retóricos, en los hechos se asuma el compromiso de garantizar que todos los partidos políticos, no uno solo, puedan expresar libremente sus opiniones ante la sociedad.
Los diputados somos representantes de la nación y este derecho nos permite y nos obliga a exigir que lo que decimos sea escuchado por la nación; que sea la nación, el pueblo, quien determine si tenemos o no la razón. Que nuestras opiniones sean escuchadas, que no se silencie a nadie. Que las opiniones del partido oficial sean escuchadas; pero de los diversos matices de la oposición, también. Que de esta manera se ejerza profesionalmente la función de comunicación; que no sea esta oficina una oficina de incomunicación. Que se abra a las diversas posibilidades y que podamos hablar de libertad también aquí, porque no podemos entender la libertad como un tricot, como un pedacito. Entendemos la libertad como un ejercicio pleno de nuestras facultades políticas que el pueblo nos ha concebido.
Por eso nos reunimos al reconocimiento a la labor profesional; que los periodistas y los trabajadores de la comunicación hacen, pero consideramos que es indispensable también, que en esto se ejerza una función democrática; porque en competencias electorales es cuando más se inhibe la posibilidad de un ejercicio democrático y pleno; las posibilidades que las diversas candidaturas puedan expresarse a través de los medios masivos electrónicos de comunicación, son desiguales, francamente desventajosas. El tiempo que los partidos de oposición pueden disponer en estos espacios son pequeñísimos, comparados con el aplastante operativo del Estado que se desarrolla, sobre todo, en las elecciones federales; pero también en algunas elecciones estatales.
Los recursos económicos que se utilizan, muchas veces provienen de los fondos públicos y evidentemente esto es algo que no debe permitirse.
También en este sentido la reforma político - electoral tendrá que considerar estos aspectos para que haya verdadera igualdad y competencia de partidos.
Al tiempo dejamos la confirmación y pertinencia de nuestras palabras. Quienes tuvieron el valor moral, político y personal de denunciar la matanza del 2 de octubre de 1968, hoy son reconocidos socialmente. Pero verdaderamente apena leer los diarios del día siguiente, que hablaban de todo menos de ese hecho.
Si lo que aquí afirmamos es incierto o falso, el tiempo lo dirá. Pero estamos seguros que el proceso democrático que vive el país es irreversible y que tarde o temprano la libertad de expresión, como el conjunto de libertades que el país requiere florecerá y nuestro país avanzará hacia la democracia. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Téllez Rincón, para rectificar hechos, 5 minutos.
El diputado José María Téllez Rincón: - Agradezco, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
No podemos dejar pasar desapercibida esta fecha en que se celebra la libertad de prensa.
Yo quiero dejar aquí un pleno reconocimiento a los periodistas dignos de este país que, sin duda alguna, a través de exponer su integridad personal, siguen la conductaque deberían de tener todos los periodistas de todas las partes del mundo. Para ellos mi más amplio reconocimiento y la expresión de nuestro agradecimiento por extender nuestra voz hacia toda la nación, porque ellos son los portadores que nos permiten salir de estas cuatro paredes y que sepan que aquí en la Cámara de Diputados se ejerce un fuerza de lucha por obtener lo mejor para el pueblo de México, que las diferencias que nos traen a esta tribuna son con el objeto de poder mejorar la vida.
Pero esto no se sabrá si no es por estos integrantes de la digna Prensa de nuestro país. Para ellos mí reconocimiento, mí agradecimiento y dejamos perenne nuestro agradecimiento a Manuel Buendía Téllez Girón que, debe quedar muy claro para todos, dio su vida, precisamente, para que este día se pudiera celebrar. Muchas gracias.
El Presidente: -Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Cesáreo Morales.
El diputado Cesáreo Morales García: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La celebración del Día de Libertad de Prensa no debe ser considerada como algo protocolario
o como un simple ritual. Tenemos que entenderla como el compromiso del gobierno federal de garantizar el ejercicio pleno y cabal de la libertad de expresión en los medios.
Tenemos que entenderla, en segundo lugar, como el compromiso de la propia sociedad para encontrar en los medios uno de los instrumentos indispensables para el ejercicio democrático de participación en el gobierno y en todos los asuntos que tocan a sus intereses.
La libertad de expresión, consagrada en el artículo 6o. de la Constitución, artículo que viene en su literalidad desde la Constitución de 1857 y que agrega solo posteriormente y en términos recientes, el derecho a la información.
La libertad de expresión tiene dos grandes dimensiones. En la primera se articula con todas las otras libertades. La libertad de expresión es inseparable de la libertad de conciencia, de la de opinión, de la de pensamiento y del conjunto de las libertades. Por eso, es un ejercicio siempre abierto y que siempre puede elevar su calidad, siempre encontraremos mejores espacios para el ejercicio de las libertades; es responsabilidad de todos irlos creando, es responsabilidad de la ley y del gobierno garantizarlos.
Pero esa libertad de expresión se convierte, asimismo, en libertad de la sociedad, precisamente al expresarse en los medios en libertad pública, en libertad de pensar y criticar en público, es una libertad social, una libertad que entraña derechos, pero que también entraña deberes, una libertad irrenunciable, pero también una libertad con responsabilidades; es una libertad de la conciencia pública y para la conciencia pública.
Sin duda los medios de comunicación que trabajan en el ámbito del ejercicio de estas dos libertades, la de expresión y la del derecho a la información, contribuyen a crear un aspecto indispensable y fundamental en las relaciones entre el gobierno, entre el poder político y la sociedad y entre la sociedad con ella misma.
La libertad de expresión en los medios permite actualizar permanentemente la relación democrática entre sociedad y gobierno. La libertad de expresión en los medios forma y expresa la opinión pública, hablamos con mucha frecuencia de ella, de la opinión pública. En la sociedad compleja y heterogénea ubicar la opinión pública es un verdadero problema y sin embargo ahí está la opinión, ahí está también compleja, heterogénea, inasible, allí está en la opinión del ciudadano, allí está en la opinión del grupo, allí está en la opinión de la organización; existen todas estas libertades, la libertad de expresión ha de garantizar precisamente la conformación de una opinión pública cada vez más fuerte, cada vez más plural, cada vez más atendida.
La libertad de expresión en los medios asegura un ejercicio de la democracia que amplía y actualiza a esta misma.
El poder de la opinión pública acota y enmarca el ejercicio del poder político.
Hemos logrado en México el propósito de una sociedad moderna en este punto, ningún gobierno puede gobernar con la opinión pública en contra. Este hecho contrastable, verificable, es un avance de la propia sociedad, es un avance de las relaciones entre sociedad y gobierno, es un avance de la democratización, es el poder de la opinión pública como poder de la sociedad, es el poder de la opinión pública como poder de democratización permanente.
Podemos decir que el ejercicio cabal y cada vez más amplio de la libertad de expresión en los medios nos ha de permitir pasar y nos está permitiendo pasar de un democracia gobernada a una democracia gobernante. ¿Hasta dónde ha de alcanzar la democracia gobernante¿, ¿hasta dónde hemos de llegar en ella¿ La sociedad misma lo dirá, las oportunidades y las posibilidades; en este camino está siempre abierto como está abierto el camino de la democratización. La libertad de expresión en los medios permite, podríamos decir, el ejercicio de una contraloría ciudadana sobre el gobierno, los medios al ejercer su libertad son como un Procuraduría que recoge las denuncias ciudadanas, contraloría que vigila, contraloría que previene excesos del poder político o las aplicaciones sociales que se reclaman.
La libertad de expresión en los medios extienden y ratifican los certificados de legitimidad efectiva que requiere la toma de decisiones gubernamentales, la legitimidad de las sociedades complejas es al mismo tiempo una legitimidad compleja, se inicia sin duda con el voto mayoritario; se amplía luego con los concensos ciudadanos, una característica de la sociedad moderna es que el gobierno no puede gobernar sin los consensos ciudadanos y estos se expresan precisamente a través de los medios de manera privilegiada.
Los medios, al ejercer la libertad de expresión, aparecen por ello como una instancia de los consensos actualizados pero también de los disensos,
cuando los medios de comunicación funcionaran bien son los instrumentos de un referendum permanente acerca de las decisiones diarias de gobierno, pero también la información que transmiten los medios permiten elevar la calidad de la relación entre gobierno y sociedad. Una sociedad bien informada es un sociedad bien comunicada y una buena comunicación es la premisa de una buena concertación. Nuestra sociedad, ese milagro de sobrevivencia a partir de las voluntades de millones de individuos, solo puede sobrevivir mediante la concertación permanente, mediante la negociación constante de los convenios de asistencia y de cooperación, los medios de comunicación elevan la calidad de la información y al hacerlo elevan la calidad y las posibilidades de la concertación.
Pero también los medios ayudan a que la sociedad se comunique con ella misma, lo vemos en nuestros medios, a través de ellos aprendemos de lo que sucede en nuestras sociedades, en nuestras regiones, con los individuos, con los grupos sociales, con las organizaciones; a través de los medios la sociedad opina y piensa sobre ella misma, reflexiona y delibera, la calidad de los medios sin duda refleja la calidad de una sociedad, una calidad que siempre podemos elevar como siempre puede mejorar una sociedad como una sociedad puede ser siempre mejor el funcionamiento de los medios puede ser siempre mejor. Precisamente porque la crítica está siempre abierta y porque la crítica abre horizontes; precisamente porque en una sociedad compleja la objetividad no se logra en un instante sino es una búsqueda permanente, precisamente a través de los puntos de vista divergentes que se expresan sobre los hechos. Los hechos sin duda están ahí pero los hechos esperan interpretación, se espera información y dependiendo del punto de vista en el cual se ubique el observador, hablará sobre los hechos; los hechos por eso también son interpretados en la pluralidad.
La crítica, la objetividad como meta siempre adelante, la tolerancia son metas y valores de una sociedad bien comunicada, de esta manera en la corresponsabilidad se podrá construir una sociedad para la ciudadanía plena, una ciudadanía informada, comunicada con los demás no excluida que participa en las decisiones la ciudadanía plena, una ciudadanía informada, comunicada, con los demás, no excluida que participa en las decisiones.
De esta manera, gobierno y sociedad comunicados en la corresponsabilidad pueden mejor defender los intereses colectivos e individuales; gobierno y sociedad comprometidos con el objetivo de alcanzar una ciudadanía bien informada, comunicada entre sí para la acción cooperativa, para la negociación de los convenios.
Sociedad, gobierno, medios, por ello están obligados a una reforma permanente; sólo esta reforma asegurará la elevación de la libertad de expresión.
Por eso, ante la celebración este 7 de junio, del Día de la Libertad de Prensa, mi partido, el Partido Revolucionario Institucional quiere hacer aquí expreso su reconocimiento a todos los comunicadores de México, en particular a los comunicadores que en esta Cámara son responsables de llevar a la sociedad nuestros debates, nuestros acuerdos y nuestros disensos.
El compromiso de mi partido en este último caso, es abrir los caminos para que estos trabajadores de la comunicación cuenten cada vez con los mejores medios para cumplir con su trabajo; un trabajo plural que sin duda en la objetividad, hemos de reconocer se ajusta a los hechos en la medida en que eso aparece aquí en la pluralidad, en el peso de las opiniones, en la participación.
Mi partido asimismo, reclama plena seguridad para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los trabajadores de los medios.
En efecto, no debe suceder más que en algún lugar apartado de provincia, ejercer el periodismo o ejercer la comunicación tenga que convertirse en un acto de heroísmo. Una sociedad moderna es la que no exige de sus ciudadanos actos de heroísmo, sino solo actos ciudadanos.
En este sentido, nosotros también, el Partido Revolucionario Institucional, exigimos que en el caso de las muertes de periodistas se aclare a cabalidad quienes son los responsables y se les castigue con todo el peso de la ley.
Mi partido entonces, en este Día de la Libertad de Prensa que acaba de celebrarse, ratifica su compromiso en la promoción del respeto a las libertades de expresión, del derecho a la información; ratifica su compromiso de promover la seguridad para los trabajadores de los medios de comunicación y sin duda en un trabajo posterior, amplio, concreto, está comprometido a la modernización de la ley sobre medios de comunicación, que sin duda reclama el proceso actual de modernización de México. Muchas gracias.
DEL ESTADO DE PUEBLA
El Presidente: - Tiene la palabra, el diputado Badillo Valseca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para referirse al asentamiento irregular en la ribera del Río Atoyac en San Martín Texmelucan, Puebla .
El diputado Emilio Badillo Valseca: -Señor Presidente, señoras y señores diputados:
El día 10 de julio de 1990, el ciudadano Presidente de la República visitó el municipio de San Martín Texmelucan del estado de Puebla.
Dentro de los programas de trabajo, uno de ellos precisamente se estableció la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, mediante colectores marginales sobre los ríos Atoyac y Acotzala, que se localizan al norte y sur de la cabecera municipal, respectivamente.
Pues bien, pese a que se ha venido trabajando sobre el proyecto mencionado y que es del conocimiento de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, hoy Secretaría de Desarrollo Social, por medio de la delegación estatal en Puebla de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del estado de Puebla y de otras dependencias que intervienen, tanto del gobierno federal como estatal, en las elecciones federales de 1991, un grupo de personas encabezadas por la profesora Angélica Castillo Cruz y que se hace denominar "Grupo Solidaridad", solicito a la entonces candidata a diputado federal por el III distrito electoral, la licenciada Julieta Mendívil Blanco, que interviniera para obtener vivienda mediante los programas del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONHAPO, comunicándole por parte del gobierno del estado de Puebla que no había inconveniente, siempre y cuando este grupo contara con terreno propio o lo adquiriera y presentara las escrituras de propiedad correspondientes.
Pero el día 27 de noviembre de 1991, este grupo denominado "Solidaridad", invadió las riveras del Río Atoyac y de inmediato el honorable ayuntamiento constitucional de San Martín Texmelucan, dio aviso a la gerencia estatal de la Comisión Nacional del Agua con sede en la ciudad de Puebla.
Al no tener respuesta por parte de la citada dependencia, se giró el oficio número 59 por parte del ayuntamiento, al licenciado Fernando Gutiérrez Barrios, Secretario de Gobernación, con copia a varias dependencias del gobierno federal y estatal, sin que hasta la fecha se reciba respuesta. Solamente la Comisión Nacional del Agua, con oficio de fecha 24 de febrero de 1992, dice que no considera necesaria su intervención porque no hay asentamientos irregulares, pero en este momento muestro fotografías por notario público, con fecha 26 de abril de 1992, indicando el asentamiento irregular.
Por cierto, la delegación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Puebla, aceptó por parte del grupo "Solidaridad?, el derribamiento de árboles para sus casas del asentamiento irregular, cuando al municipio de Tehuacán le niegan la donación de árboles para reforestación, si no pagan la cantidad de dinero por ello. Además, la Comisión Federal de Electricidad ha tenido problemas con el asentamiento irregular, en virtud de que por diferentes medios hacen servicio eléctrico, sin pagar ni estar contratados por ser zona federal de alto riesgo, siendo también negado el servicio de agua potable, por encontrarse en zona irregular y que es un lugar no permitido.
La profesora Angélica Castillo Cruz, líder del grupo invasor, se ha cobijado bajo el cargo de secretaria regional por San Martín Texmelucan, del Frente Revolucionario de Campesinos y Trabajadores de México, cosa muy distinta de los fines del organismo mencionado.
Por lo anteriormente señalado, ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Emilio Badillo Valseca, diputado federal a la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atentamente se dirige a usted para expresarle lo siguiente:
Que el honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de San Martín Texmelucan, del estado de Puebla, me ha remitido el expediente en el que se señala un asentamiento irregular en la ribera del Río Atoyac, que se localiza al norte de esta cabecera municipal y que pese a las inconformidades presentadas a las dependencias federales y estatales, no han resuelto lo correspondiente, por lo que con fundamento en la fracción I del artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente
PROPOSICIÓN
Unico. Se turne el expediente respectivo a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, Recursos Hidráulicos y Asentamientos Humanos, con la documentación anexa de 15
Fotografías certificadas por notario público y tres fotografías simples.
Salón de sesiones del recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados, a 9 de junio de 1992. Firma el suscrito. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos la diputada Julieta Mendívil Blanco.
La diputada Julieta Mendívil Blanco: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Uno de los principales objetivos de la campana política priísta que realizamos en el III distrito de Puebla, fue precisamente escuchar las inquietudes y peticiones de las personas y grupos que se acercaron a nosotros para que, como sus representantes en esta Cámara de Diputados y en nuestra tarea de gestoría, se diera trámite a dichas demandas.
En efecto, una de las peticiones que recibimos fue la solicitud de apoyo de un grupo de vecinos de la zona de San Martín Texmelucan, en donde pedían la obtención de créditos para vivienda, manifestando que dichas familias estarían dispuestas a cubrir los requisitos necesarios, en base a sus recursos económicos.
Dicha petición fue canalizada al Instituto Poblano de la Vivienda, el cual una vez verificadas las escrituras de la propiedad del terreno en donde dicho grupo pretendía asentarse, otorgaría los créditos o paquetes de materiales para la autoconstrucción referida.
Por informes que nos fueron allegados por dicho instituto, al no haber acreditado la propiedad los representantes del grupo mencionado, no procedió el otorgamiento de ningún crédito de vivienda. Sin embargo, éste es eminentemente un problema social que mucho nos preocupa y compartimos la opinión del compañero que me antecedió en el uso de la palabra.
Desde luego hemos atendido permanentemente esta petición, pero como ya lo señalamos el problema no es sobre el otorgamiento de apoyos, es un problema de propiedad del terreno donde pretendían construir, ya que dicho inmueble es propiedad de la Federación, en consecuencia, ratificando el compromiso con nuestros representados, invitamos al compañero diputado de Acción Nacional que planteó este asunto, a que sumemos nuestros esfuerzos y juntos acudamos ante las instancias competentes para resolver el problema social que afecta a este grupo y a muchos mexicanos.
Por encima de tesis de partido, canalicemos por el campo del derecho, de la conciliación y del diálogo, este problema en beneficio de la colectividad.
Ruego a la Presidencia turne este asunto a las comisiones correspondientes para su atención y trámite. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, a la de Asentamientos Humanos y a la de Asuntos Hidráulicos, los documentos y la propuestas presentadas por el diputado Emilio Badillo Valseca.
DEL ESTADO DE MÉXICO (I)
El Presidente : - Tiene la palabra el diputado Juan Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la marcha por la democracia y dignidad mexiquense.
El diputado Juan Hernández Mercado: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como ya es del dominio público, en estos momentos en el estado de México se está realizando una marcha en contra de la represión por la democracia y la dignidad mexiquense, la cual con sus demandas guarda una estrecha relación de causalidad con el acontecer estatal, a consecuencia de un fenómeno que pereciese tender a generalizarse en la entidad y que es la violación a las garantías individuales en nuestra Constitución y fundamentalmente a los derechos humanos.
Es lamentable que el licenciado Ignacio Pichardo Pagaza haya permitido que el estado de México obtenga el nada digno segundo lugar en recomendación de recibidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las que de enero a mayo del año en curso suman ya siete; a lo mejor para fin de año tenemos 14 o tenemos más.
De esta cifra se desprende por sí sola la evidencia de que hoy vive el estado de México una escalada de violencia y de violación a los derechos humanos, en la inteligencia de que no estoy partiendo únicamente de los hechos registrados, hay una serie de violaciones sistemáticas y cotidianas a los derechos humanos en la entidad y que no se registran, no se registran porque los
ciudadanos del estado de México, no tienen confianza en las instituciones existentes, no hay credibilidad en que realmente se hagan respetar sus derechos.
En el caso de Ciudad de Netzahualcóyotl, cobra importancia su significado castellanizado, el de "coyote hambriento", ya que hoy en este municipio existe hambre, no sólo en el sentido estricto de la palabra, sino también respeto a los derechos de petición, manifestación y expresión.
Todas estas garantías son flagrantemente violadas con la complascencia del presidente municipal Juan Gerardo Vizcaino Cobían, quien por omisión ha propiciado una serie de hechos jurídicos, con los cuales ha acelerado el deterioro del estado de derecho en el municipio.
Es la manifiesta y cómoda utilización de la fuerza pública, así como de grupos parapoliciacos y porriles, mediante las cuales un gobernante alejado, no sólo metafórica sino física y políticamente de sus obligaciones, resuelve los problemas, esto a consecuencia de las innumerables quejas y solicitudes que no son atendidas por él.
Resulta sorpresivo que el gobierno del estado no haga nada para impedir estas anomalías en el municipio, lo que hace suponer que tal vez sea ésta la política implementada por Pichardo Pagaza en todo el estado.
Como ejemplo de lo acontecido en Netzahualcóyotl, tenemos los siguientes datos: el 18 de marzo de 1992 del año en curso, en una reunión pública, el presidente municipal se comprometió a dar un trato respetuoso y de atención permanente a las demandas de la población, conforme al espíritu y letra de la fracción XIII del artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal. Hasta la fecha no lo ha cumplido. Netzahualcóyotl padece problemas, desde la recolección de basura hasta el sistema de agua potable, el cual resulta precario para la comunidad.
El 9 de marzo de este mismo año se da una agresión física a los ciudadanos que se manifestaban pacíficamente en demanda de la solución inmediata a sus problemas. A la petición de solución a problemas de desazolve, de agua, de limpieza, la policía los agrede violentamente y por lo tanto se levanta un acta. Hasta hoy esa acta no ha procedido.
El 1o. de mayo nueva agresión física con lujo de violencia por parte de grupos porriles o paramilitares a manifestantes, entre los que había miembros del Frente Social Mexiquense.
Por último, represión al profesor Felipe Rodríguez, miembro de los comités Ejecutivo, Estatal y Municipal del Partido de la Revolución Democrática, así como a ciudadanos y miembros de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ, el pasado día 3 de junio, con los consiguientes resultados y el punto de acuerdo que se suscribió en la sesión pasada.
A todo esto se suma la incapacidad del presidente municipal para cumplir con los elementales derechos de petición y de información, al no hacer entrega, habiéndosele solicitado en forma previa del Plan Municipal de Desarrollo 1991 - 1993, del informe de gobierno respectivo y de la copia del presupuesto de ingresos y egresos correspondientes.
Todo lo anterior queda enmarcado más allá de las garantías individuales, para inscribirse en una sistemática violación de los derechos humanos, buscando, según parece, asfixiar de origen todo brote democrático que pretende surgir en el municipio por medio de un terrorismo subterráneo.
Esta situación desde luego no es privativa de Netzahualcóyotl, El 30 de mayo, en el Municipio de Santana Nextlalpan, sin orden judicial y con lujo de violencia, fueron sacados de su casa siete vecinos, entre ellos un dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Alfonso Ayala, por la policía.
La actuación del gobierno del estado resulta facciosa al reprimir casi inmediatamente a grupos que no le resultan gratos, y en contrario tolerar a los grupos que son afines. Tal es el caso de los maestros que ocuparon una unidad habitacional en Coacalco, demandando el lugar donde vivir. A ellos sí se les desalojó de manera inmediata, en cambio se ha tolerado a un grupo de Antorcha Campesina, que ha ocupado un predio de los Reyes y no se les ha molestado, en contra de un grupo legalmente constituido.
Hoy que se ha hablado en la libertad de prensa, aparece una nota en La Jornada, en donde dice que hubo un desalojo de la Unidad Habitacional Tabla Onda, del municipio de Tlalnepantla.
Se puede leer en La Jornada que hubo un diálogo de tres horas con las autoridades, se facilitó transporte a los ocupantes y se le dio finalmente una solución pacífica al problema. Lo cual es falso. En realidad el desalojo fue violento, no hubo diálogo y para variar la policía decomisó objetos de uso personal, como son radiograbadoras y cobijas de los ocupantes, tal vez para tenerlos como prueba del cuerpo del delito.
La política de la policía en el estado de México. Aquí es importante precisar que previa a la ocupación en la Unidad Habitacional de Tabla Onda se buscó el diálogo con la autoridad del estado de México. Se hicieron tres citas con el Secretario Particular de Gobierno, Lira Mora, el cual accedió a darlas, en ninguna de ellas se presentó y cuando envió un interlocutor éste dijo que no tenía facultades para resolver nada de lo ahí planteado.
En consecuencia, del deterioro del marco jurídico y de la ausencia de voluntad política para la solución de la conflictiva que vive el estado de México, el Partido de la Revolución Democrática demanda:
1. Respeto pleno a las garantías individuales y por ende a los derechos humanos en la entidad.
2. Respeto a las organizaciones sociales y diálogo para sus demandas, pero un diálogo efectivo no un diálogo simulado; y
3. Solución a la marcha en contra de la represión por la democracia y la dignidad Mexiquense.
Asimismo quiero darle lectura a un desplegado que el día de ayer se público que fija la posición del Comité Ejecutivo Estatal del estado de México con relación al problema de la represión en Netzahualcóyotl y dice así:
"Partido de la Revolución Democrática. - Estado de México.
Ignacio Pichardo Pagaza ¿Es usted político o es un represor?
En los tiempos de modernidad que vivimos es sumamente peligroso ser ciudadano y exigir respeto a sus derechos y lo es más, ser dirigente opositor, sobre todo si milita uno en las filas del Partido de la Revolución Democrática.
Como es del conocimiento público, el pasado día 3 de junio un grupo de choque pretendió disolver violentamente a ciudadanos que se manifestaban en ciudad de Netzahualcóyotl contra la venta ilegal de una escuela construida por la comunidad. El negocio reportará, de darse, 600 millones de pesos y se presume está detrás José Salinas Navarro ex presidente municipal y actual diputado federal. En la agresión fue brutalmente golpeado el dirigente estatal de nuestro partido Felipe Rodríguez Aguirre, que debió ser hospitalizado en el ISSEMYN de Satélite y varios manifestantes más, entre ellos la señora Rosa Calderón Pérez con cuatro meses de embarazo y que a causa de los golpes recibidos abortó al día siguiente en la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Los agresores son conocidos como integrantes de organizaciones priístas vinculadas a Salinas Navarro y al propio presidente municipal Juan Vizcaíno Cobián.
La violencia fue dirigida en especial hacia nuestro compañero dirigente, lo cual no es extraño pues hasta el momento en nuestra entidad se sigue una política de hostigamiento y violencia contra militantes del Partido de la Revolución Democrática. La agresión no es un hecho aislado, es parte de una política gubernamental de cerrazón y violencia que no es decidida desde los ayuntamientos, pues éstos no llevan a cabo estas acciones sin consentimiento del gobierno estatal.
Los hechos relatados son muy graves, muestran violaciones flagrantes a los derechos humanos y sobre todo, la violencia dirigida contra militantes o dirigentes del Partido de la Revolución Democrática. La dirección estatal anterior también fue recibida con una brutal agresión al regidor del Partido de la Revolución Democrática en Tlalnepantla, Elmer Martínez y hasta la fecha los agresores gozan de impunidad. Hoy, la nueva Dirección Estatal de Partido de la Revolución Democrática, también es recibida con una injustificable agresión a uno de sus dirigentes.
La complicidad gubernamental se manifiesta entre otras cosas por la rapidez con que la justicia liberó el día siguiente de la agresión a 13 golpeadores y hoy liberó a diez más bajo fianza, quedando solo 6 detenidos de 65 agresores.
La cerrazón se demuestra por el hecho de que hasta hoy el gobierno local no ha hecho ningún contacto a la dirección estatal de Partido aunque ha pretendido abrir infructuosamente interlocuciones buscando evadir su responsabilidad sin dar la cara a la fuerza política más importante de la entidad.
Lo anterior nos preocupa de sobremanera pues demuestra que el partido del gobierno es el de la violencia y la impunidad. Abre hostilidad hacia nuestro partido cuando nosotros hemos manifestado interés en el diálogo y la relación política respetuosa y civilizada. Nos demuestra una vocación autoritaria del gobierno que presagia tiempos difíciles para la democracia, la libertad y la justicia en el estado.
Exigimos:
1. Investigación, hasta su últimas consecuencias apegada a derecho, para castigar a los autores materiales e intelectuales de la agresión. Demandamos una fiscalía especial que realice esta investigación.
2. Exigimos la desaparición de grupos de choque paramilitares en Netzahualcóyotl y en toda la entidad.
3. Respecto a las organizaciones sociales, respuesta cabal a sus demandas, y en especial garantizar que será suspendida o anulada la venta ilegal de la escuela Jacinto Canek.
Nos sumamos a la "Marcha contra la represión, por la democracia y la dignidad mexiquense" que saldrá el 8 de junio a las 12 horas de ciudad Netzahualcóyotl a Toluca, demandando solución a éste y muchos problemas más añejos y acumulados. Invitamos a todas las fuerzas políticas y sociales que luchan por la democracia, a sumarse y apoyar este esfuerzo.
El Consejo Estatal y la militancia del Partido de la Revolución Democrática, repudiamos estos hechos violentos y mantenemos una actitud de apertura y civilidad a pesar de la cerrazón gubernamental.
Emplazamos al gobernador del estado a dar una respuesta formal a la dirección del Partido de la Revolución Democrática para terminar con el clima de violencia hacia nuestra militancia y hacia la ciudadanía de la entidad. Nosotros somos políticos que creemos se puedan resolver los problemas apegados a derecho, con voluntad, honestidad, civilidad y madurez. Esperamos del ejecutivo local lo propio.
Toluca, Estado de México, 7 de junio de 1992. - Gerardo Fernández Noroña, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal."
El Presidente: - Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado José Benigno López Mateos, sobre el mismo tema.
El Diputado José Benigno López Mateos: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En virtud de la intervención que en esta alta tribuna de la nación, hiciera el compañero diputado Juan Hernández, hemos solicitado el uso de la palabra con el propósito de puntualizar algunos aspectos de lo que aquí se ha expresado. Y lo hacemos señoras y señores diputados, porque consideramos importante que la asamblea tenga una información objetiva, amplia y detallada respecto al problema que sucedió el pasado miércoles en el municipio de Netzahualcóyotl México.
Al respecto resulta oportuno reiterar la condena a los hechos de agresión que un grupo de ciudadanos sufrió alrededor del mediodía, cerca del cruce de las avenidas licenciado Adolfo López Mateos y Chimalhuacán, en la colonia Benito Juárez, primera sección.
Por lo que se refiere a tan lamentables acontecimientos, cabe mencionar que tan pronto como la autoridad tomó conocimientos de los hechos, se iniciaron las primeras investigaciones, mismas que arrojaron la detención ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, de 31 personas, a quienes se les procedió a tomar su declaración respecto a los acontecimientos antes mencionados y poder de esa manera determinar su situación jurídica, de lo cual 14 resultaron sin relación alguna con conductas delictivas y el resto, que fueron 18 personas, sí se les encontró relación con hechos antisociales, de los cuales dos resultaron ser menores de edad, mismos que fueron remitidos o canalizados al tutelar respectivo y, los 16 restantes fueron consignados ante el juez penal correspondiente.
De los 16 consignados, ocho alcanzaron el beneficio de la libertad bajo fianza y los restantes continúan detenidos y se les ha dictado ya el auto de formal prisión.
Ahora bien, honorable Asamblea, si recordamos que los hechos sucedieron el día 3 de los corrientes, observamos que el gobierno del estado de México a través de la Procuraduría General de Justicia, ha actuado y lo continúa haciendo, con diligencia y con estricto apego a las normas jurídicas para el pronto esclarecimiento y el consecuente castigo de quienes resulten responsables.
Resulta también oportuno informar a esta soberanía, que respecto a los acontecimientos que se suscitaron en ciudad Netzahualcóyotl, en la sesión pasada, como último punto del orden del día, la Secretaría leyó un punto de acuerdo que tiene como propósito fundamental que se haga justicia y quede algún responsable sin castigarse. Tal y como lo establece el Código Penal vigente del Estado de México.
De manera particular, los diez diputados por ciudad Netzahualcóyotl, estamos haciendo un
seguimiento de los acontecimientos y observamos el avance importante que se viene realizando. Asimismo observamos la voluntad política tanto del gobierno del estado de México, como del honorable ayuntamiento, voluntad política que se da y que se expresa a través de una serie de reuniones que se han venido realizando desde el mismo día de los tan lamentables acontecimientos, para de esta manera encontrar la mejor solución a los problemas que se han planteado y que tuvieren como origen el estricto acatamiento a un mandato judicial de desalojo. Agradezco su atención, honorable Asamblea.
El Presidente: - Hay dos peticiones para rectificar hechos. Tiene la palabra el Diputado Dorantes, por ser para el mismo tema y después el diputado Martínez Mireles tendrá el uso de la palabra.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con qué facilidad se quiere echar tierra a un incidente tan importante de ciudad Netzahualcóyotl, a la que yo llamo la prueba más completa de la incapacidad para gobernar y para administrar.
Esto de la represión de los enemigos del presidente municipal, no es nueva. Hace muchos años, allá hace unos 15 años, un grupo de la Central Campesina Independiente quiso hacer una manifestación y hasta el llegó un individuo encabezando mucha gente con palos, que era el único sistema de política que conocía y preguntó:
¿Quién trae a esta gente?
Le señaló el señor Marco Antonio Sánchez, que era el presidente de la Central Campesina Independiente y le dijo:
Yo.
Y le dijo él:
!Pues váyanse de aquí muy quién sabe hasta donde, con esa gente...!
Después, posteriormente la Unión de Comerciantes de Tlalnepantla quiso hacer otro mitin en contra del presidente municipal y también ese mismo grupo con palos los rechazó.
En ciudad Netzahualcóyotl hemos tenido que soportar esta forma de represión del presidente municipal, el terrorismo.
Yo tengo ya en ciudad Netzahualcóyotl cerca de 30 años y sé cómo se ha desenvuelto eso, llegué antes de que llegaran los terroristas. Después hemos tenido que soportar hasta presidentes municipales, señores diputados, que los lunes izaban la bandera en completo estado de ebriedad, en el centro de la ciudad.
Por favor no vayan a salir con que vienen a la tribuna para alusiones personales; esto no es contra de una persona, es en contra de un sistema que ciudad Netzahualcóyotl se lamenta.
Yo les pido por favor a las personas que chiflan, que vengan aquí, por favor, con todo respeto y me digan en lo que no están de acuerdo. No, éste no es un sistema parlamentario de chiflidos, es un sistema de razonamientos, de lógica, de intercambio de palabras. Disentir no es estar de acuerdo; ponderar tampoco quiere decir reñir. Lo que sí es y deber ser, que nos entendamos con razones y ya no con palos.
Hubo un político que jugó una vez en un distrito de ahí de ciudad Netzahualcóyotl, que andaba pidiendo el voto en las casas, con palos. Eran brigadas de diez o doce personas que traían cachuchas y sombreros con las siglas del Partido Revolucionario Institucional, tocaban la puerta. Abría la persona y, a boca de jarro les preguntaban:
¿Por quién va a votar usted?
¡Claro!, aquella persona se espantaba, veía doce palos y contestaba:
¡Pues, por el Partido Revolucionario Institucional...!
Aquí están las personas y aquí están unas personas que no me van a dejar mentir. No es el caso señalar nombres, pero lo podemos señalar y traer periódicos de esa fecha, de El Ovaciones y de una conferencia de prensa que dijimos.
Yo lo que quiero, compañeros diputados, es esto, permítanme hablar y pedirle al señor gobernador que intervenga, que ponga orden en ciudad Netzahualcóyotl. !Ya basta de tanta anarquía!
Yo les pido a ustedes, si lo dudan, vayan a ciudad Netzahualcóyotl. Primeramente vean los semáforos: hay tres funcionando y eso mirando para otro lado. Vean el piso. Dense una vueltecita por la Reforma, a aquello de las siete de la noche o a la Villada o a la colonia Del Sol. Nomás sí les recomiendo que se vayan confesados.
(Desorden.)
Porque la policía de ahí, he visto patrullas por toda la avenida Vicente Villada, que paran a una persona y luego paran a otra y luego paran a otra. Pero no salen a trabajar. Ese es un grito a voces, compañeros diputados, de que la policía de ciudad Netzahualcóyotl no sale a trabajar: !Sale a robar!
Una policía que no es capaz de correr tras un delincuente, porque su edad y su peso no es congruente con una labor policiaca.
Por eso siempre he dicho que la policía preventiva de ciudad Netzahualcóyotl solamente previene la caída de los borrachos, para que no se caigan.
Por esta razón, compañeros diputados, con toda seriedad yo le pido al señor gobernador que no malinterprete el artículo 115 constitucional de la libertad municipal. Una cosa es la libertad política y otra cosa es la libertad que se les da a los presidentes municipales para que obren como quieran.
Hace unos meses yo anduve buscando al presidente municipal, a Vizcaino y no lo pude encontrar en dos meses, en dos periodos. Yo le pregunté a un señor diputado y le dije: "Oiga, señor diputado. Yo quisiera hablar con el presidente municipal". Y me dice: "Pues yo también, fíjese".
(Desorden.)
Bueno, un día le pregunté y llegué al palacio municipal, de esos días que les informo, a preguntar por el presidente municipal a una de las secretarías y, me atendió una señora gordita que tal parece que se llama Elvira. Una señora déspota completamente. Que cuando le informé que era diputado federal, quiso ser amable, pero no pudo. Entre déspota y amable me contestó que el señor presidente municipal no trabajaba en la presidencia municipal, que siempre andaba en trabajos de campo.
Dije, bueno pues señáleme, hágame el favor de decirme dónde anda para ir a buscarlo. No lo encontré. Fui a ver a algunas amistades de ahí de la presidencia y me dijeron: "Mire a manera de un tip, hoy va a estar en un conocido restaurante - bar de la avenida López Mateos. Vaya ahí y seguramente que ahí lo encontrará".
Les digo que sinceramente no fui, por que seguramente no me habrían dejado acercarme a él.
Yo le voy a pedir al señor gobernador que le ordene al señor presidente municipal, si todavía tiene autoridad sobre él, que me reciba...
El Presidente: - Señor diputado: si puede terminar su intervención, por que ya se ha terminado el tiempo. Por favor.
El Diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - ...Para ver si es posible que haya autoridad y, si el señor gobernador no puede, entonces que renuncie también; por que una cosa es la libertad municipal y otra cosa es el libertinaje. Muchas gracias.
El Presidente : - Había solicitado usted la palabra para rectificar hechos, señor diputado.
El diputado Julio César García Hernández: - (desde su curul): Sí.
El Presidente: - ¿Sobre el mismo tema?
El diputado Julio César García Hernández: - (desde su curul): Sí.
El Presidente : - Pase usted. Tiene usted cinco minutos.
El Diputado Julio César García Hernández: - Compañeros diputados; señor Presidente:
Me sorprende cómo un hecho tan grave, una agresión a una manifestación pacífica, por un grupo organizado, de golpeadores, hace un momento el diputado Benigno López venga y él mismo diga o califique esos hechos como solamente una conducta antisocial.
Sorprende, además, que no se preocupen de que un hecho evidentemente político no se sancione y no se investigue y no se diga que el gobierno del estado y, en especial la fracción parlamentaria del estado de México, del Partido Revolucionario Institucional, está preocupada por este hecho.
Y me preocupa porque no es el único hecho de violencia que ha aparecido en el estado de México, en lo que va del gobierno de Pichardo Pagaza.
Todos recuerdan lo que paso en Tejupilco. Todos recuerdan de dónde salió el grupo que provocó una balacera en un conocido hotel de las cercanías de Chapultepec: era gente de Wallace de la Mancha, que tenía, gente organizada del municipio de Tultitlán.
También todos recuerdan aquí quiénes y de dónde pertenecían esos grupos de golpeadores que fueron a las instalaciones de la FORD a organizar una balacera y provocar la muerte de Cleto Nigno Urbina, ahí en esa empresa, en Cuautitlán.
Pero además, hace poco en Tlalnepantla fueron desalojados unos solicitantes de vivienda del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y no hace mucho, también en Tlalnepantla, el regidor, en este caso del Partido de la Revolución Democrática, fue golpeado enfrente del mismo comandante por fuerzas policiacas; ese comandante de policía sigue ese puesto y no se ha hecho nada al respecto.
En el estado de México no puede tolerarse que un grupo organizado impunemente sea sancionado y dos días después o un día después estén libres bajo fianza, con delitos menores y no sea una preocupación política de esta Cámara y en especial de los diputados del estado de México, el que se investigue quién está organizando este tipo de grupos de golpeadores. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Salvador López, por cinco minutos.
El Diputado Salvador López Sánchez: - Con su permiso, señor Presidente; Señoras y señores diputados:
En relación con los hechos que aquí se están comentando en este momento, quiero que quede en evidencia el pensar del Partido Acción Nacional, en ciudad Netzahualcóyotl.
Mi partido condena la violencia como medio de solución a los problemas sociales de cualquier índole y propone en cambio el diálogo democrático basado en el respeto a la dignidad de la persona, lo cual implica, también en primer término, hacer la investigación necesaria para saber el origen de este lamentable suceso y buscar a los verdaderos culpables y que se aplique la ley sin distingos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
El Presidente: - Ahora sí, tiene la palabra el señor diputado Miguel Martínez Míreles, para otro asunto.
El diputado Alberto Miguel Martínez Mireles: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Hemos solicitado el uso de la tribuna para comentar unos hechos similares a los que aquí se acaban de exponer de ciudad Netzahualcóyotl, pero que sucedieron en un municipio potosino que Manuel Clouthier siempre lo recordaba como un municipio bonito de nombre feo.
Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, sufrió el viernes pasado una convulsión de la que esperamos que pronto se repongan los habitantes de aquel lugar.
Desde diciembre pasado en este municipio hubo una discusión interna del partido gobernante por sacar su candidato a la presidencia municipal de aquel lugar y hubo una concertación, así lo hicieron público, entre los dos grupos que, provenientes del mismo partido, peleaban la Presidencia.
Sin embargo, a varios meses, transcurridos varios meses, el pueblo de Salinas, en lo que nosotros juzgamos una mayoría de los habitantes del pueblo de Salinas, no ha aceptado a quien en este momento les gobierna el municipio y hechos sucedidos recientemente que implica el que la ciudadanía de ese lugar tenga serias dudas acerca de los movimientos financieros y administrativos de ese municipio, provocó que un grupo de habitantes de este lugar solicitara mediante la denuncia respectiva al Congreso del Estado, el que se auditara la administración que en este momento gobierna a Salinas de Hidalgo.
El gobernador interino de San Luis Potosí, Gonzalo Martínez Corbalá, se comprometió a estar en Salinas el viernes pasado a temprana hora para dialogar con los salinenses que tenían tomada la presidencia municipal y que se encontraban en la plaza principal de aquel lugar. Por causas desconocidas el gobernador del estado no pudo llegar en la hora que él había solicitado y enardecidos salinenses fueron y quemaron una patrulla del gobierno municipal frente a su propia sede del ayuntamiento de ese lugar. Cuando se le informó al gobernador del estado de ese hecho, regresó de la zona del altiplano donde estaba y llegó al Municipio de Salinas, para dialogar con la gente que en ese momento estaba posesionada de la plaza; el gobernador se comprometió a darle vigencia a la denuncia, a hacer efectiva la auditoría que la gente de Salinas solicitaba de su propio ayuntamiento, pero juzga el pueblo de Salinas que desafortunadas intervenciones de Gonzalo Martínez Corbalá, gobernador interino, exacerbaron los ánimos de la gente de este municipio. Expresiones como "no les tengo miedo", "en Chile no me asustaron las ametralladoras de los de Pinochet"; aquí vale la pena recordarles a los compañeros diputados que Gonzalo Martínez Corbalá era el cónsul en Santiago de Chile cuando hubo este golpe de estado y esta forma de expresarse, siento que
desafortunada, no creo que de mala fe pero, sí desafortunada, molestó a la gente de este municipio y ante una respuesta de algún ciudadano que le grito al gobernador, nosotros tampoco le tenemos miedo a usted, señor gobernador, porque nos asiste la razón, se generó una serie de improperios, de rechiflidos, que tuvo como consecuencia que saliera rápidamente la caravana de vehículos que llevaba el gobernador del Estado. En esta confusión y por la rapidez necesaria alguno de los vehículos golpeó a dos niños, uno de 12 años y otro de 10, afortunadamente sin consecuencias graves, pero sí fueron golpeados.
Y a decir de la gente de Salinas, esto motivó a que ya en forma iracunda aquella multitud fuera a la casa del presidente municipal, rompiera algunos vidrios de la casa del señor presidente, sacara un vehículo propiedad del presidente, lo quemaran y algunos hechos violentos de menor importancia, pero que nos demuestran la forma como se estaba conduciendo la gente en aquel lugar.
A partir de esa circunstancia, el gobernador interino de San Luis Potosí, a juicio también de la gente de Salinas, que no de nuestro partido, por que ya lo dije que esto no es un pleito entre partidos, sino un problema que es interno, pero que ya lamentablemente trascendió a la ciudadanía de aquel lugar y a partir de ese momento el gobernador hizo públicas declaraciones de que actuaría con todo rigor de la ley y con toda la fuerza que el mando le da. El lunes pasado, ayer, hubo ya una serie de detenciones para algunas personas de las que se supone que eran los dirigentes de esos hechos; sin embargo de las cuatro personas detenidas hay un albañil, un carnicero, otra persona que es empleada, un pequeño ganadero, lo que simplemente nos hace pensar que no son ellos definitivamente los líderes del movimiento que en ese momento puso en problemas a aquel municipio, pero hay también 300 elementos del Grupo ALFAC, que es el grupo especializado, una especie de antimotines que tiene el gobierno de San Luis Potosí y que tienen literalmente sitiado el municipio de Salinas, que hacen incluso...vaya, exhiben el armamento que poseen para intimidar a la gente de aquel municipio.
El partido Acción Nacional, simplemente toma esta tribuna, la más alta de la Nación, para denunciar que, como lo dijo mi anterior... el compañero que me antecedió en la palabra, de mi partido, Acción Nacional no cree que con violencia, con represalias, es como estos problemas se deben arreglar.
Nosotros creemos y ya lo dije, quiero dejarlo muy claro, no es un problema en el que se pueda inmiscuir a nuestro partido; es un problema interno del partido gobernante pero que ha llevado implicaciones sociales fuertes y estamos de acuerdo en que se persiga a los verdaderos culpables, pero de veras a los que movieron a la ciudadanía a estos problemas.
Y que si hay algún delito qué perseguir, se persiga y se castigue, pero a juicio de mucha gente de Salinas, San Luis Potosí, fue lamentablemente una intervención desafortunada del gobernador interino, el que provocó esta circunstancia que todos lamentamos y desde luego tenemos que hacernos la pregunta que se va a castigar a los ciudadanos que quemaron los vehículos, pero si existe responsabilidad del gobernador, ¿quién lo va a castigar?
El Congreso del Estado de San Luis Potosí no pretende tomar ninguna iniciativa.
Compañeros diputados, simplemente esta denuncia se hace en esta tribuna por ser precisamente, la más alta de la nación. Yo creo que si esta intervención sirve, simplemente para solicitarle al gobernador de San Luis Potosí que no con excesos de poder, que no con exceso de la fuerza que le da el lugar en donde él está, es como deben de solucionar esos problemas.
Sentimos que es necesario el diálogo con aquellas personas, sentimos que es necesaria una intervención diferente que la que en este momento se esta dando en San Luis Potosí y para ello hemos utilizado esta intervención. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: - Muchas gracias. Tiene la palabra para hablar sobre el mismo asunto, el diputado Horacio Sánchez Unzueta.
El Diputado Horacio Sánchez Unzueta: - Con su permiso; señor Presidente; compañeros diputados:
Quisiera hacer referencia a algunos comentarios que ha hecho nuestro compañero diputado Alberto Miguel Martínez Mireles, respecto de acontecimientos que en el Estado de San Luis Potosí, todos los potosinos lamentamos.
Efectivamente, el señor diputado Martínez Mireles tiene la razón cuando afirma que en el municipio de Salinas, los potosinos fuimos testigos de hechos de violencia, de una confrontación que sin lugar a dudas alteró la paz y la
tranquilidad del pueblo de Salinas, derivado de acontecimientos, de disputas fundamentalmente dentro de dos grupos sociales de esta municipalidad de San Luis Potosí.
Tiene razón nuestro compañero Martínez Mireles en afirmar que sucedieron hechos cuyos responsables tienen que ser castigados de acuerdo con lo que marca el derecho.
En San Luis Potosí, existe una clara conciencia y clara responsabilidad política no solamente de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, sino de un compromiso de todos los partidos, incluido el suyo, compañero Miguel Ángel Martínez Mireles, para hacer prevalecer en el Estado de San Luis Potosí, el estado de derecho.
En ello se finca la posibilidad de resolver las diferencias y las naturales confrontaciones en el seno de la sociedad potosina; fuera de la prevalencia del estado de derecho esto es imposible.
Sin embargo, compañero diputado Martínez Mireles, yo quisiera hacer algunas precisiones respecto de hechos en los cuales yo no estoy de acuerdo con la opinión que usted tiene sobre los mismos. Respetuosamente le quiero informar que yo estuve presente cuando asistió el señor gobernador del Estado al municipio de Salinas. Previamente, en efecto había compromiso del ciudadano gobernador de estar presente ese día en ese municipio. Oportunamente fue informado el grupo disidente de esta municipalidad que el gobernador estaría presente una vez que se conociera de la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sobre la denuncia sobre un supuesto manejo irregular de recursos públicos por parte de la autoridad municipal.
Sin embargo se suscitaron hechos que nada tienen qué ver con los partidos políticos, ni siquiera con el suyo, ni siquiera con el mío, hechos que en San Luis Potosí lamentamos y que definitivamente condenamos.
Los comentarios que usted escuchó, porque entiendo que no estuvo presente, por parte de ciudadanos del municipio de Salinas, señalan la intervención del ciudadano gobernador del estado de San Luis Potosí, lo cual implica una responsabilidad política respecto de los acontecimientos ilegales que se sucedieron a la directa intervención del gobernador del estado.
Yo quiero expresarle que en efecto, en el palacio municipal estuvieron los dos grupos inconformes, durante tres horas hubo un diálogo abierto, muy respetuoso y muy puntual, para lograr una solución de carácter político a las diferencias de opinión que en ese municipio prevalecen. Se lograron los puntos de acuerdo. Una vez que este hecho ocurrió, el ciudadano gobernador salió con la gente, hubo un trato respetuoso y hubo incluso la participación de los ciudadanos que con toda libertad expresaron sus puntos de vista, y al final de esta reunión, frente a cerca de 3 mil testigos que pueden confirmar estos hechos, se retiró el señor gobernador del estado. Inmediatamente después un grupo muy reducido allana la casa del señor presidente municipal, violenta la seguridad de esta familia, sustrae su vehículo, es llevado a la plaza pública y es incendiado.
Ello para todo mundo en el estado de San Luis Potosí y desde luego para los partidos políticos, nos merece la más clara desaprobación y la exigencia para que se aplique la ley, de acuerdo al procedimiento que marcan las disposiciones penales de nuestra legislación.
En mi calidad de presidente del Partido Revolucionario Institucional en el estado de San Luis Potosí, públicamente solicitamos se procediera conforme a derecho en contra de los responsables de hechos violentos que el pueblo de Salinas mismo está reprobando, porque alteró la paz pública, el orden y la seguridad de las familias de los potosinos de Salinas.
En este momento quiero informarle que ya hay cuatro detenciones de los responsables de estos hechos de violencia.
Y la posición de mi partido es muy clara. Usted sabe bien que estos dos grupos son simpatizantes de mi partido, del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, en forma categórica en el estado de San Luis afirmamos que independientemente del partido político en el cual se milite, no es válido para la política y para San Luis Potosí, protegerse detrás de las siglas de ningún partido para cometer actos delictuosos; sea, trátese del partido de miembros simpatizantes del partido que se trate, debe ser castigado con severidad por la ley, porque primero está el estado de derecho al que todos los potosinos aspiramos. Ese es nuestro compromiso respetado, compañero y, éstos también son los hechos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado José Salinas Navarro (desde su curul): - Señor Presidente, yo le había pedido el uso de la palabra para el asunto anterior y usted lamentablemente le dio la palabra al compañero de San Luis.
El Presidente: Lamentablemente es que el había pedido antes que usted, aunque usted ya estaba en camino a la tribuna, pero puede usted, señor diputado Salinas Navarro, va a tener cinco minutos si nos permite a que terminen primero los cinco minutos a que tiene derecho el diputado que va a hacer uso de la palabra; terminando él, a usted se le concede el uso de la palabra.
El Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: - Muchas gracias, señor Presidente; señores diputados:
Como todos ustedes saben, en el estado de San Luis Potosí tuvimos unas elecciones que nos hicieron famosos no nada más en la República, sino también en algunas otras partes del mundo. El resultado de la elección a gobernador es por todos ustedes conocido, fue una elección que no dejó contenta a la ciudadanía, hubo muchas protestas y tuvo que renunciar el que había sido declarado gobernador electo.
Pero más recientemente, en diciembre del año pasado, tuvimos elecciones municipales, hubo muchas irregularidades entre las que quiero destacar solamente una. En el municipio de la capital, el comité municipal electoral ya había cambiado y esto fue muy notorio y fue famoso, el resultado de 15 actas que obviamente cambiando el resultado se daba el triunfo al candidato del Partido Revolucionario Institucional. Fueron necesarias las manifestaciones de la ciudadanía para que se volviera al resultado original, y finalmente hoy el presidente municipal es del Partido Acción Nacional. En total se reconocieron ocho ayuntamientos del Partido Acción Nacional y uno del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pero quiero señalar que el descontento fue evidente en muchos otros municipios, de tal forma que fue necesario integrar ayuntamientos en donde estuvieran incluidos los inconformes, como una solución que no nos satisface pero que aceptamos para evitar la violencia.
Este tipo de problemas no fue privativo entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional; hubo pugnas entre los mismos priístas, a tal grado que se anularon cuatro elecciones en donde el pleito fue entre priístas. Este es el origen del problema de Salinas. Hubo descontento en la selección de los candidatos del partido oficial y hubo descontento con los resultados de las elecciones.
Está pidiendo el compañero Horacio Sánchez Unzueta que se aplique la justicia a los que han violado la ley y estamos de acuerdo, pero ¡quien le va a aplicar la justicia a los que han causado el descontento, a los que no han sabido jugar limpiamente en el proceso electoral y son los causantes de este descontento?
Hacemos un llamado, amigos, a toda la ciudadanía, para que mantengan sus protestas, no para que las quiten, no para que las eliminen, para que las mantengan pero dentro de los derechos que nos da el artículo 9 de nuestra Constitución y hacemos un llamado a las autoridades para que nos recurran a la represión o a la persecución para dirimir conflictos políticos.
No la paguen los garrotes y la intimidación y la represión. Queremos la paz, que es el fruto de la justicia, de la democracia y de la libertad. Muchas gracias.
ESTADO DE MÉXICO (II)
El Presidente: Para hablar en relación al asunto anterior de ciudad Netzahualcóyotl, tiene la palabra el diputado José Salinas Navarro.
El Diputado José Salinas Navarro: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
En muchas ocasiones, con el ánimo de defender con vehemencia los intereses de algunas corrientes políticas aquí representadas, los voceros autorizados enumeramos una serie de acontecimientos de una manera muy generalizada, sin entrar en detalle sobre los mismos, lo que nos hace cometer algunas imprecisiones, como es el caso del señor diputado del Partido de la Revolución Democrática, lo que me motivó en principio a solicitar el uso de la palabra y más tarde el diputado Dorantes, del partido Auténtico de la Revolución Mexicana, cuando hablaba de ciudad Netzahualcóyotl.
Yo quiero de manera muy concreta ante ustedes, señores diputados, referir aquí, reafirmar más bien aquí algunos hechos para que ustedes puedan tener los elementos necesarios para normar su criterio.
La intervención del Partido de la Revolución Democrática en este asunto se originó con los lamentables y reprochables hechos ocurridos el pasado miércoles en ciudad de Netzahualcóyotl, de los cuales está Asamblea ya tiene conocimiento y sobre lo que ya se firmó un punto de acuerdo, como ya se refirió parte del diputado Benigno López Mateos y, ya también es del conocimiento de todos ustedes.
Por parte del gobierno del estado y por parte del gobierno municipal, se ha dado cumplimiento pleno y cabal a lo aquí acordado; se está haciendo justicia, pero vivimos en un mundo de derecho y no de hecho. No se va simple y sencillamente a sancionar a una persona por la sola acusación o la sola imputación y que el Ministerio Público lo refiere como presunto responsable. El Ministerio Público, al conocimiento de los hechos, inmediatamente consignó ante la autoridad competente y, ya se ha demostrado, como ya lo pudo constatar incluso el Partido de la Revolución Democrática, que hay seis detenidos, que incluso se les ha dictado el auto de formal prisión. El gobierno del estado y el gobierno municipal en consecuencia están manifestando su voluntad política, puesto que estuvieron actuando y están actuando en estricto apego a derecho.
Por otro lado, en el punto de acuerdo aquí leído, y que es del conocimiento de ustedes, se comprometió el Partido de la Revolución Democrática a nombrar a un observador, con el propósito de que estuviera al pendiente de todos los hechos, del desarrollo de las acciones que se estaban llevando a cabo para poder llegar a la justicia que están clamando.
Lamentablemente los señores del Partido de la Revolución Democrática no han nombrado a ninguno de sus representantes y en consecuencia no pueden tener una precisión exacta acerca del desarrollo de los acontecimientos.
Por otro lado, quiero aquí rechazar categóricamente que el gobierno del estado y el gobierno municipal no hayan hecho o no hayan llevado a cabo alguna acción para poder dar cumplimiento a esta justa demanda.
Los hechos están plasmados en una averiguación que fue consignada al juez y ésta, la autoridad competente, la autoridad judicial, es la que se va a encargar de señalar si son o no son culpables y en su momento oportuno aplicar la sanción correspondiente y esto está plasmado en el punto de acuerdo aquí leído.
Por último, en cuanto a la cuestión del compañero diputado Dorantes, que es de Ciudad Netzahualcóyotl. Ya aquí en varias ocasiones ha venido a esta tribuna a ponderar las deficiencias de este pueblo luchador, de este pueblo valiente, que debería estar orgulloso el señor Dorantes, por que en tan sólo 29 años, de la nada, de ser un páramo salitroso e insalubre, hemos logrado, con el apoyo de los gobiernos municipal, del estado y federal, levantarnos como un gran ciudad.
No es posible que vengan aquí a esta tribuna a señalar hechos, situaciones de hace 20 años. Es cierto, señores diputados, que en nuestro origen hace 29 años no teníamos los más elementales servicios, pero hoy por hoy Netzahualcóyotl es una ciudad que se presenta a la luz de ustedes, a la vista de ustedes como una ciudad digna. Hemos logrado superar en gran medida nuestras carencias, pero, claro está, tenemos deficiencias.
Y hay una voluntad política inquebrantable del gobierno municipal y del gobierno del estado en estrecha comunión con el pueblo de Netzahualcóyotl, para abatirlas y pronto erigirnos como la ciudad, orgullo y ejemplo, del estado de México.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene usted la palabra cinco minutos, diputado julio César García Hernández.
El Diputado Julio César García Hernández: - Del diputado Salinas Navarro, me preocupa todavía más su participación, él dice que los hechos que ameritan este debate lamentablemente fueron provocados por el Partido de la Revolución Democrática. Es decir, lamentablemente, en este país, a mucha gente se le ocurre hacer manifestaciones y corremos el riesgo de que esto se repita según él.
Creo que en este caso tiene razón él en preocuparse. ¿Por qué no se ha cumplido este acuerdo de nombrar a un observador para ver ese caso de violencia en el estado de México?
El presidente del Partido de la Revolución Democrática en el estado de México se ha comunicado con las autoridades del gobierno del estado y no solamente se ha planteado un mecanismo para que este observador tenga alguna base de trabajo de coordinación, sino que además no se le a dado ni una sola información a él, al presidente del partido.
Esto ha motivado que se realice esta marcha hacia la ciudad de Toluca, no es con un afán de crítica o de intolerancia; simple y sencillamente a una arbitrariedad a la que se le suma negligencia, se le suma falta de coherencia.
Es por eso que nosotros hemos hecho uso de esta tribuna el día de hoy. Muchas gracias.
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, cinco minutos, por favor, para contestar alusiones personales.
El Diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Señor Presidente; Compañeras y compañeros: Con qué facilidad nuevamente se deforman los hechos y las palabras que recientemente acabo de decir. No vine a ponderar la labor del Pueblo de Netzahualcóyotl, del que yo formo parte, el pueblo que hizo las escuelas cuando llegamos a Ciudad Netzahualcóyotl y las hicimos con nuestro propio trabajo, con nuestras propias manos.
Nosotros, que inclusive pagábamos a maestros; que llevamos la luz con nuestro peculio. Nosotros que combatimos desde el inicio del municipio las arbitrariedades y las violaciones al artículo 16 constitucional. En ningún momento aludí al pueblo, el pueblo heroico de Ciudad Netzahualcóyotl, que tuvo que luchar y enseñar a las autoridades a respetar las garantías constitucionales, El pueblo de Ciudad Netzahualcóyotl, que constantemente le echó en cara al Partido Revolucionario Institucional sus abusos, el partido que pudo haber sido el mejor partido, porque era emanado de la revolución mexicana y que poco a poco se fue desviando por llevar al poder a gente inepta y muchas veces que no eran convenientes para gobernar los municipios, ni siquiera el estado.
En donde un gobernador, más preocupado por recaudar impuestos, que por poner orden en Ciudad Netzahualcóyotl. El pueblo de Ciudad Netzahualcóyotl no es culpable de nada.
He dicho que es la falta de capacidad de gobernar y para administrar, porque no tiene idea de lo que es planificación integral. Porque nunca ningún gobernador pensó en los excedentes de población, los excedentes demográficos de la capital iban a tener que ser captados en 42 kilómetros de Ciudad Netzahualcóyotl y que fue secado el lago para formar ahí hortalizas. Eso es lo que debemos decir. ¿Por qué se defienden con el pueblo de México, al que no han sabido hacer justicia?
No vine a ponderar nada en contra del pueblo, Vine a decir que hay grupos de choque desde 1970 o 1965, cuando apareció un grupo de gente que se apoderaba de los terrenos. Yo ahí vi llorar a gente, a padres de familia que tenían su terreno para fincar su hogar y que no lo fincaban porque no tenían dinero para hacerlo y vi cómo se apoderaban de él.
Y un día cuando fui al Ministerio Público me dijeron que unos sujetos se habían ido a sacar al señor que cuidaba su terreno, lo sacaron y lo mataron en el lago para meterse a su terreno. Esa es de la incapacidad que hablo de la administración pública; no hablo concretamente de un ex presidente municipal y de un gobernador; hablo del sistema para resolver los problemas de la sociedad, porque nunca se les ha ocurrido que en un terreno adyacente a la metrópoli, algún día tendría que captar el excedente de población.
Siempre creyeron que era mejor, no obstante tener un plano regulador, era mejor decir a los fraccionadores: metanle gente como pueda. ¿Por que?, ¿qué intereses oscuros los movían para no exigir a los fraccionadores que dieran primero, que pusieran primero el drenaje o el agua o la luz? Eso es a lo que yo me refiero. Yo no vengo, como voy a atacar al pueblo que fue mi compañero y que juntos luchamos por llevar los camiones y la luz y que nos pasábamos los domingos para llevar luz desde el Elba, desde el balneario hasta la "Vicente Villada".
Sinceramente si yo hubiera sido funcionario en Ciudad Netzahualcóyotl, cuando alguien de la oposición dijera algo como esto, sinceramente no vendría a la tribuna, compañeros.
Yo creo que lo mejor en estos casos quedarse callado, por que si había alguna intención o sentimiento de conmiseración para las autoridades ineptas, pues nos obligan a abrir la boca y yo creo que lo mejor es que nos pongamos a trabajar mejor y servir a México de una mejor manera para que prospere nuestra patria y que no seamos la vergüenza de nosotros mismos. Muchas gracias compañeros.
El Presidente: - Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Lucas Adrián Del Arenal Pérez: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Primer año de la LV Legislatura.
Orden del día
11 de junio de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Minuta
Con Proyecto de Ley Federal sobre Metrología y Normalización,
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con Proyecto de Decreto por el cual se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con Proyecto de Decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de las monedas de cinco, diez y veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos.
De las comisiones unidas de Comercio y de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Interior.
Elección de mesa directiva.
Dictámenes de primera lectura con los que la Secretaría dé cuenta.
El Presidente: - (a las 9:57 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 11.00 horas.