Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19920616 - Número de Diario 18
(L55A1P1oN018F19920616.xml)Núm. Diario: 18ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LO DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D.F., martes 16 de junio de 1992 No.18
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
OFICIO DE LA COLEGISLADORA
Por el que comunica la elección de su mesa directiva para el tercer mes del primer año de ejercicio. De enterado.
MINUTA DE LA COLEGISLADORA
LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de la de justicia.
Tomás González de Luna
Se turna la solicitud del diputado Rincón Gallardo, a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Energéticos.
TRANSFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Hace uso de la palabra la diputada Layada Sansores San Román, para hacer un pronunciamiento político respecto a la transformación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Para expresar sus opiniones respecto del mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados:
Jesús Martín del Campo
Javier Centeno Ávila
Adolfo Kunz Bolaños
Martín Tavira Uriostegui
Francisco Paoli Bolio
Francisco Salazar Sáenz para rectificar hechos.
Jesús Berrospe Díaz
René Bejarano Martínez
Francisco Paoli Bolio, para rectificar hechos.
Jesús Martínez del Campo, para rectificar hechos.
Francisco Paoli Bolio, para contestar alusiones personales.
Javier Centeno Ávila, para rectificar hechos.
René Bejarano Martínez, para rectificar hechos.
Felipe Calderón Hinojosa para rectificar hechos.
Jorge Calderón Salazar
Carlos González Durán, para rectificar hechos.
José Ruiz de la Herrán y Villagómez
De enterado y túrnese copia al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
REZAGO LEGISLATIVO
Se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien se refiere al rezago legislativo y retira tres iniciativas de su partido. Se envían copias del desistimiento a las comisiones respectivas.
RESERVA DE ZONAS ECOLÓGICAS
Solicita y se le concede el uso de la palabra al diputado Hugo Palacios Laguna, quien presenta iniciativa para declarar reserva ecológica la zona de Chimalpa, entre los estados de Chiapas y Oaxaca. Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Para expresar sus opiniones respecto de esta iniciativa, hacen uso de la palabra los diputados:
Francisco Hernández Juárez, para rectificar hechos.
Jesús González Cortázar
BOSQUE DE CHAPULTEPEC
Toma la palabra el diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna, quien hace un pronunciamiento respecto a la expropiación de terrenos en el Bosque de Chapultepec. Se turna copia al Jefe del Departamento del Distrito Federal.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
Hace uso de la palabra el diputado Gilberto Rincón Gallardo, para solicitar la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos, a fin de que explique la reestructuración de esa paraestatal.
Sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados:
Pedro Ojeda Paullada
Gilberto Rincón Gallardo, para contestar alusiones personales.
Pedro Ojeda Paullada, para contestar alusiones personales.
Gonzalo Altamirano Dimas
Cecilia Soto González
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Rafael Fernández Tomás
TRATADO DE EXTRADICIÓN MÉXICO - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio González Fernández , para hacer un pronunciamiento político en relación con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, respecto a la actividad internacional de sus grupos policíacos, firmado por diputados de todos los grupos parlamentarios.
Sobre el mismo asunto toman la palabra los diputados:
Martín Tavira Urióstegui
Carlos Cantú Rosas
Ricardo Valero Recio Becerra
Gabriel Jiménez Remus
Demetrio Hernández Pérez
José Velázquez Hernández
De enterado y túrnese copia al Secretario de Relaciones Exteriores.
AMBULANTAJE Y DESEMPLEO
Para hablar sobre el comercio ambulante y el desempleo en México, hacen uso de la palabra los diputados:
Héctor Morquecho Rivera
René Bejarano Martínez
Victoria Reyes Reyes
Salvador Abascal Carranza
Alfonso Rivera Domínguez
ESTADO DE MICHOACÁN
Se concede el uso de la palabra al diputado Rodolfo Barbosa Rodríguez, quien denuncia hechos políticos en el estado de Michoacán.
Comentan esos hechos los diputados:
Gabriel Mendoza Manzano
Rodolfo Barbosa Rodríguez para contestar alusiones personales.
José de Jesús Martín del Campo, para rectificar hechos.
Demetrio Hernández Pérez, para rectificar hechos.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY FEDERAL SOBRE METEOROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN
De las comisiones unidas de Comercio y de Patrimonio y Fomento Industrial, con proyecto de Ley Federal de Meteorología y Normalización.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
De la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de la Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero de dicha ley.
A discusión en lo general y en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados:
Francisco Dorantes Gutiérrez, en contra.
Francisco Arroyo Vieyra, para rectificar hechos.
Francisco Dorantes Gutiérrez, para contestar alusiones personales.
Tomás González de Luna, en pro.
Guillermo Sánchez Nava, en pro.
Félix Bautista Matías, en pro.
Se someten a votación las propuestas presentadas.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO GUSTAVO CARBAJAL MORENO
El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamento.
El secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón: - Se informa a la Presidencia, que existen registros previamente 398 diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente (a las 11.57 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón: - Se va dar lectura al orden del día.
"Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
16 de junio de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que se comunica la integración de su mesa directiva para el tercer mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio.
Iniciativas de ciudadanos diputados
De acuerdo para declarar reservar ecológica la zona de Chimalapa, entre los estados de Chiapas y Oaxaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Minuta
Con proyecto de Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Comunicación del ciudadano diputado Cuauhutémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el rezago de iniciativas de leyes y derechos.
Intervención del ciudadano diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respecto a la expropiación del Bosque de Chapultepec.
Intervención del ciudadano diputado Gilberto Rincón Gallardo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentando punto de acuerdo para la comparecencia del director general de Petroleros Mexicanos.
Pronunciamiento Político, presentando por diputados de diversos grupos partidos, en torno al proyecto de transformación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Intervención del ciudadano diputado Jorge Tovar Montañez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el ambulantaje y desempleo en nuestro país.
Pronunciamiento político que presentan diputados de diversos grupos Partidistas, con relación al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de América.
Denuncia del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación generada a partir de la represión de los damnificados de Guadalajara, Jalisco.
Dictamen de primera lectura
De las comisiones de Comercio y de Patrimonio y Fomento Industrial, como proyecto de decreto de la Ley Federal de Metodología y Normalización.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y sancionar la Tortura.
Intervención del ciudadano diputado Rodolfo Barbosa Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en relación a suceso ocurridos en el estado de Michoacán.
Sesión secreta."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presiente: - Se entregaron copias de acta de la sesión anterior a los coordinadores de los
grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura.
El secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura señor Presidente.
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día once de junio de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del Diputado Juan Moisés Calleja García
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con tres minutos del día once de junio de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos noventa y un diputado, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, posteriormente, en virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios han recibido copias del acta de la sesión anterior y no existe individuos que la impugne, la Asamblea dispensa la lectura al documento y lo aprueba en sus Términos en votación económica.
Se da cuenta con una minuta del Senado de la República, con proyecto de Ley Federal sobre Metroligía y Normalización. Se turna a las comisiones unidas de Comercio y de Patrimonio y Fomento Industrial.
Se conoce el uso de la palabra al diputado Esteban Zamora Camacho, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a hechos delictuosos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y presenta un punto de acuerdo al respecto.
Para expresar sus opiniones sobre el mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados Octavio Falomir Hernández, del Partido Revolucionario Industrial y Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática. de entrado y se cumplirá con la solicitud.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Silvia Pinal Hidalgo, del Partido Revolucionario Institucional, quien informa sobre su participación en la reunión de la Federación Ibero- Latinoamericana de Intérpretes y Ejecutantes que se llevó a cabo en España.
Sube a la tribuna el diputado Hiram de León Rodríguez, del partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas y adiciones al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la de Educación.
En virtud de que los señores diputados han recibido copias del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Justicia, con proyectos de decreto que reforma el artículo tercero de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Asamblea le dispensa la lectura. Es de primera lectura.
Por las mismas razones de dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el cual se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos y se somete a discusión de inmediato.
Solicita se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta a la consideración la Asamblea una moción suspensiva.
En votación económica se admite a discusión de inmediato la moción y hacen uso de la palabra los diputados, José Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional en contra de la moción, y Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en pro.
La Asamblea, en votación económica desecha la misión supervisa y para fijar las posiciones de sus grupos parlamentarios respecto del proyecto de decreto, hacen uso de la palabra los diputados Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular socialista; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Jorge Ocenguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
A las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, el Presidente decreta un
RECESO
A las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos se reanuda la sesión y continúan fijando posiciones los diputados Jorge Calderón Salazar,
del Partido de la Revolución Democrática; José Gómez Urquiza, del Partido Acción Nacional y Roberto Soto Prieto, del Partido Revolucionario Industrial.
A discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, hace uso de la palabra los diputados Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en contra; Tomás González de Luna; Profirió Camarena Castro, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Gonzalo Cedillo Valdez, de Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Eberto Croba Rodríguez del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; José Gómez Urquiza de la Macorra, del Partido Acción Nacional, quien presenta proposición de reformas a los artículos noveno y décimo transitorios y Ovidio Pereira García, del Partido Revolucionario Institucional, que apoya las reformas presentada y presenta otra más.
La Asamblea considera suficientemente discutido el proyecto de decreto y admite las reformas presentadas por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Industrial, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma resulta aprobatoria por tres cientos veintiséis votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Colorado Pulido, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien da lectura a un comunicado de su partido, en el que se repudia la campaña contra su instituto político y apoya a su Presidencia nacional, el diputado Enrique Cantú Rosas. De enterado
En virtud de que los señores diputados ha recibido copias del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforme y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos, la asamblea le dispensa la segunda lectura.
Puesto a discusión y no habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulte aprobatoria por trescientos treinta y nueve votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Por las mismas razones que al anterior, se dispensa la segunda lectura al dictamen de las comisiones unidas de Comercio y de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Interior.
Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los diputados Víctor Cánovas Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, quien fundamenta el dictamen a nombre de las comisiones; José Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien condiciona el voto de su partido a la aceptación de diversas proposiciones y Ángel Aguirre Rivero, del Partido Revolucionario Industrial, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y en votación económica rechaza las proposiciones, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintidós votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se realiza la elección de mesa directiva para el tercer mes del segundo período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura y, después de realizado el cómputo de reglamento, son electos los diputados Gustavo Carbajal Moreno, como Presidente: Jorge Zermeño Infante, Jorge Calderón Salazar, Eberto Croda Rodríguez, Samuel Moreno Santillán y Juan Campos Vega, como vicepresidentes; Jaime Rodríguez Calderón, Felipe Muñoz Kapamas, Napoleón Gallardo Ledezma y Arquímides García Castro, como secretarios y Julieta Mendívil Blanco, Demetrío Pérez, Gonzalo Cedillo Valdés y María Calara Mejía Guajardo, como prosecretarios, pro trescientos veintisiete votos.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, al Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con cuarenta y tres minutos, citado para la que tendrá lugar el próximo martes dieciséis de junio de mil novecientos noventa y dos a las once horas."
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón: - Está a consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma¿ Se consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Probada el acta, señor Presidente.
OFICIOS DE LA COLEGISLADORA
LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presente.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Cámara, en sesión celebrada, el día de hoy, eligió la siguiente mesa directiva que funcionará durante el tercer mes, correspondiente al segundo período ordinario del primer año de su ejercicio.
Presiente: senador Manuel Aguilera Gómez; vicepresidente: senadores José Joaquín González Castro y Roberto Suárez Nieto.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 11 de junio de 1992. - Senadores secretarios Salvador Sánchez Vázquez y María Elena Chapa Hernández."
De enterado.
El mismo Secretario:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
Para sus efectos correspondiente, no permitimos a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 11 de junio de 1992. - Senadores secretarios Salvador Sánchez Vázquez y María Elena Chapa Hernández."
MINUTA
PROYECTO DE LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
TITULO PRIMERO
CAPITULO ÚNICO
Disposiciones generales
Artículo 1o. Esta ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de Derechos Humanos, respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el país, en los términos establecidos por el apartado B, del artículo 102 constitucional.
Artículo 2o. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.
Artículo 3o. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de queja relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando estas fueren imputadas autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación..
Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la Federación, como de las Entidades Federativas o Municipios, la competencia se surtirá en favor de la Comisión Nacional.
Tratándose de presuntos violaciones a los Derechos Humanos en que los hechos se imputen exclusivamente a autoridades o servidores públicos de las entidades federativas o municipios, en principio conocerá los organismos de protección de los derechos humanos de la entidad de que se trate, salvo lo dispuesto por el artículo 60 de esta ley.
Asimismo, corresponderá conocer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de las inconformalidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes de los Estados de la Federación, a que se refiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4o. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser breves y sencillos, y estarán sujetos solo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán además de acuerdo con los principios de inmediata, concentración y rapidez, y se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con quejosos, denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.
El personal de la Comisión Nacional deberá manejar de manera confidencial la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia.
TITULO SEGUNDO
Integración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
CAPITULO I
De la integración y facultades de la Comisión nacional
Artículo 5o. La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaria Ejecutiva, hasta cinco visitadores generales, así como el numero de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.
La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un Consejo.
Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;
II. Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal;
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos hilitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas;
III. Formular recomendaciones públicas autonómas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridad respectivas, en los terminos establecidos por el artículo 102, apartados B, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos;
IV. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenta respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos de las entidades federativas a que se refiere el citado artículo 102, apartado B, de la Constitución Política;
V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de estos por parte de las autoridades locales, en los términos señales por esta ley;
VI. Procurar la conciliación entre los quejados y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita;
VII. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país;
VIII. Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativos y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos.
IX. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional;
X. Expedir su Reglamento Interno;
XI. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos;
XII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país;
XIII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratifica dos por México en materia de derecho humanos;
XIV. Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción
de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos;
XI. Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales.
Artículo 7o. La Comisión Nacional no podrá conocer de los asuntos relativos a:
I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales;
II. Resoluciones de carácter jurisdiccional;
III. Conflictos de carácter laboral;
IV. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales.
Artículo 8o. En los términos de esta ley, sólo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales, salvo las de carácter federal, cuando dichos actos u omisiones tengan carácter administrativo. La Comisión Nacional por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.
CAPITULO II
Del nombramiento y facultades del presidente de la comisión
Artículo 9o. El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá reunir para su designación los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. NO tener menos de treinta y cinco años de edad, el día de su nombramiento
III. gozar de buen reputación y no haber sido condenado por delito internacional que amerite pena corporal de mas de un año de presión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera haya sido la pena;
Artículo 10. El nombramiento del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, será hecho por el Presidente de la República y sometido a la aprobación de la Cámara de Senadores, o en los recesos de éste, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Artículo 11. El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durará en sus funciones cuatro años, y podrá ser desganado exclusivamente para un segundo período.
Artículo 12. Las funciones del Presidente de la Comisión Nacional, de los Visitantes Generales y de la Secretaría Ejecutiva, son incompartibles con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión de la Federación, los estados, municipios o en organismos privados, o con el desempeño de su profesión, exceptuando las actividades académicas.
Artículo 13. El Presidente de la Comisión Nacional y lo Visitadores Generales no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.
Artículo 14. El Presidente de la Comisión Nacional podrá ser destituido y, en su caso, sujeto a responsabilidad, solo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese supuesto, el Presidente será substituido interinamente por el primer visitador general, en tanto no se designe nuevo Presente de la Comisión Nacional.
Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades:
I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional;
II. Formar los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;
III. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones de la Comisión;
IV. Distribuir y delegar funciones a los visitadores generales en los términos del Reglamento Interno
V. Enviar un informe anual al Congreso de la Unión y al Titular del Poder Ejecutivo Federal sobre las actividades de la Comisión;
VI. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y
organismos de defensa de los derechos humanos, así como instituciones académicas y asociaciones culturales, para el menor cumplimiento de sus fines;
VII. Aprobar y emitir las recomendaciones públicas autónomas y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas por los visitadores;
VIII. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los derechos humanos en el país;
IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la comisión y el respectivo informe sobre su ejercicio para presentarse al Consejo de la misma;
X. Las demás que le señale la presente ley y otros ordenamientos.
Artículo 16. Tanto el Presidente de la Comisión, como los Visitadores Generales y los visitadores adjuntos, en sus actuaciones tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos en relación con las quejas o inconformidades, presentadas ante la Comisión Nacional.
CAPITULO III
De la integración nombramiento y facultades del consejo
Artículo 17. El Consejo a que se refiere el artículo 5o., de esta ley, estará integrado por diez personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad, mexicana en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y cuando menos siete de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión como servidor público.
El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo. Los cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su Presidente, cada año deberá ser substituido el miembro del Consejo de mayor antigüedad.
Artículo 18. El nombramiento de los miembros del Congreso será hecho por el Titular del Poder Ejecutivo Federal y sometido a la aprobación de la Cámara de Senadores, o en los recesos de esta, a la de la Comisión Permanente del Consejo de la Unión.
El Consejo contará con un Secretario Técnico quien será designado por el propio Consejo a propuesta del Presidente de la Comisión Nacional.
Artículo 19. El Consejo de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades:
I. Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión Nacional;
II. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión Nacional;
III. Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con la Comisión Nacional;
IV. Opinar sobre el proyecto de informe anual que el Presidente de la Comisión Nacional presente al Congreso de la Unión y al Titular del Poder Ejecutivo Federal;
V. Solicitar al Presidente de la Comisión Nacional información adicional sobre los asuntos que se encuentren en tramite o haya resuelto la Comisión Nacional;
VI. Conocer el informe del Presidente de la Comisión Nacional respecto al ejercicio presupuestal.
Artículo 20. El Consejo funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes. Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos una vez al mes.
Las sesiones extraordinarias podrán convocarse por el Presidente de la Comisión Nacional o mediante solicitud que a este formulen por lo menos 3 miembros del Consejo, cuando se estime que hay razones de importancia para ello.
CAPITULO IV
Del nombramiento y facultades de la secretaría ejecutiva
Artículo 21. El Titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir par su designación, los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Gozar de buena reputación;
III. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento.
Artículo 22. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. Proponer al Consejo y al Presidente de la Comisión Nacional, las políticas generales que
en materia de derechos humanos habrá de seguir la Comisión Nacional ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales;
II. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión Nacional, con organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos;
III. Realizar estudios sobre los tratados y con venciones internacionales en materia de derechos humanos;
IV. Preparar los proyectos de iniciativas de leyes y reglamentos que la Comisión Nacional haya de entregar a los órganos competentes, así como los estudios que los sustenten;
V. Colaborar con la Presidencia de la Comisión Nacional en la elaboración de los informes anuales, así como de los especiales;
VI. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión Nacional;
VII. Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y reglamentarias.
CAPITULO V
Del nombramiento y facultades de los visitadores
Artículo 23. Los visitadores Generales de la Comisión Nacional deberán reunir para su disignación , los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;
III. Tener título de licenciado en Derecho expedido legalmente, y tener tres años de ejercicio profesional cuando menos;
IV. Ser de reconocida buena fama.
Artículo 24. Los Visitadores Generales tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I. Recibir , admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por los afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión Nacional;
II. Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que les sean presentadas, o de oficio, discrecionalmente aquellas sobre denuncias de violación a los derechos humanos que aparezcan en los medios de comunicación;
III. Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación la solución inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo permita;
IV. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación o acuerdo, que se someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su consideración;
V. Las demás que le señale la presente ley y el Presidente de la Comisión Nacional, necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Los visitadores adjuntos auxiliarán en sus funciones a los visitadores Generales en los términos que fije el reglamento y para tal efecto deberán reunir los requisitos que establezca el mismo para su designación.
TITULO TERCERO
Del procedimiento ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 25. Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional para presentar, ya sea directamene o por medio de representantes, quejas contra dichas violaciones.
Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los afectados, inclusive por menores de edad.
Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas podrán acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar las violaciones de derechos humanos respecto de personas que por sus condiciones físicas, mentales, económicas y culturales, no tengan la capacidad efectiva de presentar quejas de manera directa.
Artículo 26. La queja solo podrá presentares dentro del plazo de un año, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que
se estimen vilatorios, o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos. En esos excepcionales, tratándeso de infracciones graves a los derechos humanos, la Comisión Nacional podrá amigar dicho plazo mediante una resolución razonada.
No contará plazo alguno cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad.
Artículo 27. La instancia respectiva deberá presentarse por escrito; en casos urgentes podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica. No se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el quejoso no se identifica y la suscribe en un primer momento.
Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren recluidos en un centro de detención o reclusorio, sus escritos deberán se transmitidos a la Comisión Nacional sin demora alguna por los encargos de dichos centros o reclusorios o aquéllos podrán entregarse directamente a los Visitadores Generales o adjuntos.
Artículo 28. La Comisión Nacional designará personal de guardia para recibir y atender las reclamaciones o quejas urgentes a cualquier hora del día y de la noche.
Artículo 29. La Comisión Nacional deberá poner a disposición de los reclamantes formularios que faciliten el trámite, y en todo caso orientará a los comparecientes sobre el contenido de su queja o reclamación. Las quejas también podrán presentarse oralmente, cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad. Tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, se les proporcionará gratuitamente un traductor.
Artículo 30. En todos los casos que se requiera, la Comisión Nacional levantará acta circunstanciada de sus actuaciones.
Artículo 31. En el supuesto de que los quejosos o denunciantes no puedan identificar a las autoridades o servidores públicos, cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus derechos fundamentales, la instancia será admitida, su procede, bajo la condición de que se logre dicha identificación en la investigación posterior de los hechos.
Artículo 32. La formación de quejas y denuncias, así como las resoluciones y recomendaciones que emita la Comisión Nacional, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectos conforme a las leyes, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.
Artículo 33. Cuando la instancia sea inadmisible por ser manifiestamente improcedente o infundada, será rechazada de inmediato. Cuando no corresponda de manera ostensible a la competencia de la Comisión Nacional, se deberá proporcionar orientación al reclamante, a fin de que acuda a la autoridad o servidor público a quien corresponda conocer a resolver el asunto.
Artículo 34. Una vez admitida la instancia, deberá ponerse en conocimiento de las autoridades señaladas como responsables utilizando en casos de urgencia cualquier medio de comunicación electrónica. En la misma comunicación se solicitará a dichas autoridades o servidores públicos que rindan un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les atribuyan en la queja, el cual deberán presentar dentro de un plazo máximo de quince días naturales y por los medios que sean convenientes, de acuerdo con el caso. En las situaciones que a juicio de la Comisión Nacional se consideren urgentes, dicho plazo podrá ser reducido.
Artículo 35. La Comisión Nacional, por conducto de su Presidente y previa consulta con el Consejo, puede declinar su competencia en un caso determinado, cuando así lo considere conveniente para preservar la autonomía y autoridad moral de la institución.
Artículo 36. Desde el momento en que se admita la queja, el Presidente o los Visitadores Generales o adjuntos y, en su caso, el personal técnico y profesional, se pondrán en contacto inmediato con la autoridad señalada como responsables de la presunta violación de derechos humanos para intentar lograr una conciliación entre los intereses de las partes involucradas, siempre dentro del respeto de los derechos humanos que se consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata del conflicto.
De lograrse una solución satisfactoria o el allanamiento del o de los responsables, la Comisión Nacional lo hará constatar así y ordenará el archivo del expediente, el cual podrá reabrirse cuando los quejosos o denunciasen expresen a la Comisión Nacional que no se ha cumplido con el compromiso en un plazo de 90 días. Para
estos efectos, la Comisión Nacional en el término de setenta y dos horas dictará el acuerdo correspondiente, y en su caso, proveerá las acciones y determinaciones conducentes.
Artículo 37. Si de la presentación de la queja no se deducen los elementos que permitan la intervención de la Comisión Nacional, ésta requerirá por escrito al quejoso para que la aclare. Si después de dos requerimientos el quejas no contesta, se enviará la queja al archivo por falta de interés del propio quejoso.
Artículo 38. En el informe que deberán rendir las autoridades señaladas como responsables contra las cuales se interponga queja o reclamación, se deberá hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos y omisiones impugnados, si efectivamente éstos existieron, así como los elementos de información que consideren necesarios para la documentación del asunto.
La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que en relación con el trámite de la queja se tengan por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.
Artículo 39. Cuando par la resolución de un asunto se requiera una investigación, el Visitador General tendrá las siguientes facultades:
I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones de derechos humanos, la presentación de informes o documentación adicionales;
II. Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo género de documentos e informes;
III. Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del personal técnico o profesional bajo su dirección en término de ley;
IV. Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos;
V. Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto.
Artículo 40. El Visitador General tendrá facultad de solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.
Dichas medias pueden se de conservación o restitutorias, según lo requiera la naturaleza del asunto.
Artículo 41. Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien que la Comisión Nacional requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto por el Visitador General, de acuerdo con los principios de la lógica y de la experiencia, y en su caso de la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja.
Artículo 42. Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el propio expediente.
CAPITULO II
De los acuerdos y recomendaciones autónomos
Artículo 43. La Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios para las autoridades y servidores públicos para que comparezcan o aporten información o documentación. Su incumplimiento acarreará las sanciones y responsabilidades señaladas en el Título Cuarto, Capítulo II de la presente ley.
Artículo 44. Concluirá la investigación, el Visitador General formulará, en su caso, un proyecto de recomendación, o acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, o hubiesen dejado sin respuestas las solicitudes presentadas por los interesados durante un período que exceda notoriamente los plazo a fijados por las leyes.
En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva
restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.
Los proyectos antes referidos serán sometidos al Presidente de la Comisión Nacional para su consideración final.
Artículo 45. En caso de que se comprueben las violaciones de derechos humanos imputadas, la Comisión Nacional dictará acuerdo de no responsabilidad.
Artículo 46. La recomendación será pública y autónoma, no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigía y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.
En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.
Artículo 47. En contra de las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Comisión Nacional, no procederá ningún recurso.
Artículo 48. La Comisión Nacional no estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una recomendación o a algún particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, discrecionalmente determinará si son de entregarse o no.
Artículo 49. Las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad se referirán a casos concretos; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón.
CAPITULO III
De las notificaciones y los informes
Artículo 50. La Comisión Nacional notificará inmediatamente a los quejosos los resultados de la investigación, la recomendación que haya dirigido a las autoridades o servidores públicos responsables de las violaciones respectivas, la aceptación y la ejecución que se haya dado a la misma, así como, en su caso, el acuerdo de no responsabilidad.
Artículo 51. El Presidente de la Comisión Nacional deberá publicar, en su totalidad o en forma resumida, las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad de la Comisión Nacional. En casos excepcionales podrá determinar si los mismos sólo deban comunicarse a los interesados de acuerdo con las circunstancias del propio caso.
Artículo 52. El Presidente de la Comisión Nacional de derechos Humanos deberá enviar un informe anual, tanto al Congreso de la Unión como al Titular del Ejecutivo Federal, sobre las actividades que haya realizado en el período respectivo. Dicho informe será difundido en la forma mas amplia posible para conocimiento de la sociedad.
Artículo 53. Los informes anuales del Presidente de la Comisión Nacional deberán comprender una descripción del número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado, los efectos de la labor de conciliación; las investigaciones realizadas, las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados obtenidos, así como las estadísticas, los programas desarrollados y demás datos que se consideren convenientes.
Asimismo, el informe podrá contener proposiciones dirigidas a las autoridades y servidores públicos competentes, tanto federales, como locales y municipales, para promover la expedición o modificación de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para perfeccionar las prácticas administrativas correspondientes, con el objeto de tutelar de manera más efectiva los derechos humanos de los gobernadores y lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servidores públicos.
Artículo 54. Ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con motivo de los informes a que se refiere el artículo 52 de esta ley.
CAPITULO IV
De las inconformidades
Artículo 55. Las inconformidades se substanciarán mediante los recursos de queja e impugnación, con base en lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Se aplicará
supleteriamente y en lo que resulte procedente, los preceptos del Título Tercero, Capítulo I, de esta ley. Las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre estas inconformidades Derechos Humanos sobre estas inconformidades no admitirán recurso alguno.
Artículo 56. El recurso de queja, solo podrá ser promovido por los quejosos, o denunciantes que sufran un perjuicio grave, por las omisiones o por la inacción de los organismos locales, con motivo de los procedimientos que hubiesen substanciado ante los mismos, y siempre que no exista recomendación alguna sobre el asunto de que se trate; y hayan transcurrido seis meses desde que se presento la queja o denuncia ante el propio organismo local.
En caso de que el organismo local acredite estar dando seguimiento adecuado a la queja o denuncia, el recurso de queja deberá ser desestimado.
Artículo 57. El recurso de queja deberá ser presentado directamente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por estricto, o en casos de urgencia, oralmente o por cualquier medio de comunicación; en este supuesto, la instancia deberá ser ratificado dentro de los tres días siguientes por el interesado. En dicho escrito o comunicación, deberán precisarse las omisiones o la inactividad del organismo estatal respectivo; acompañado de las pruebas documentales que los sustenten. La Comisión Nacional, antes de pronunciarse sobre la admisión del recurso, podrá solicitar a los interesados la informaciones o aclaraciones que considere necesarias, y podrá desecharlos de plano cuando lo considere notoriamente infundado o improcedente.
Artículo 58. La tramitación será breve y sencilla. Una vez admitido el recurso, la Comisión Nacional correrá traslado del mismo, al organismo estatal contra contra el cual se presente, para que rinda un informe en un plazo no mayor de diez días hábiles, el cual deberá acompañar con las constancia y fundamentos que justifique su conducta. Si dicho informe no se presenta dentro de dicho plazo, se presumirán ciertos los hechos señalados, salvo prueba en contrario.
Artículo 59. La Comisión Nacional deberá pronunciarse sobre la impugnación en un término que no exceda de sesenta días, a partir de la aceptación del recurso, formulando una recomendación al organismo local, para que subsane, de acuerdo con su propia legislación, las omisiones o inactividad en las que hubiese incurrido; o bien declarará infundada la inconformidad cuando considere suficiente la justificación que presenta ese organismo estatal. Este debería informar en su caso, en un plazo no mayor de quince días hábiles, sobre la aceptación y cumplimiento que hubiese dado a dicha recomendación.
Artículo 60. La Comisión Nacional ante un recurso de queja por omisión o inactividad, si considera que el asunto es importante y el organismo estatal puede tardar mucho en expedir su recomendación, podrá atraer esa queja y continuar tramitándola con el objeto de que se este organismo el que emita, en su caso, la recomendación correspondiente.
Artículo 61. El recurso de impugnación procederá exclusivamente ante la Comisión Nacional y contra las resoluciones definitivas de los organismos estatales de derechos humanos o respecto de las informaciones también definitivas de las autoridades locales sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los citados organismos. Excepcionalmente podrán impugnarse los acuerdos de los propios organismos estatales cuando, a juicio de la Comisión Nacional, se viene ostensiblemente los derechos de los quejoso o denunciantes en los procedimientos seguidos ante los citados organismos, y los derechos deban protegerse de inmediato.
Artículo 62. El recurso de impugnación deberá contener una descripción de los hechos y razonamientos en que se apoya, así como las pruebas documentales que se consideren necesarias. A su vez, el organismo estatal de derechos humanos deberán enviar con la instancia del recurrente un informe sobre la recomendación que se impugne con los documentos justificativos que considere necesarios.
Artículo 63. El recurso de impugnación interpuesto contra una recomendación de carácter local, o contra la insuficiencia en el cumplimiento de la misma por la autoridad local, deberá presentarse por escrito ante el organismo estatal de protección de derechos humanos que la hubiere formulado, dentro de un plazo de treinta días naturales, contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de la propia recomendación. El citado organismo local deberá enviar el recurso ante la Comisión Nacional dentro de los quince días siguientes.
Artículo 64. Sólo quienes hayan sido quejosos en un expediente integrado por un organismo estatal de derechos humanos, estarán legitimados para interponer los recursos de impugnación, tanto contra las recomendaciones de dichas
organismos como contra la insuficiencia de las autoridades locales en el cumplimiento de ellas.
Artículo 65. Una vez que la Comisión Nacional hubiese recibido el recurso de impugnación, de inmediato examinará su procedencia y en caso necesario examinará su procedencia y en caso necesario requerirá las informaciones que considere necesarias del organismo estatal respectivo, o de la autoridad correspondiente. Podrá desechar de plano aquellos recursos que considere notoriamente infundados o improcedente.
Una vez admitido el recurso, se correrá traslado del mismo a la autoridad u organismo estatal contra el cual se hubiese interpuesto, según sea el caso, de que en un plazo máximo de diez días naturales remita un informe con las constancia y fundamentos que justifiquen su conducta. Si dicho informe no se presenta oportunamente, en relación con el trámite del recurso se presumirán ciertos los hechos señalados en el recurso de impugnación salvo prueba en contrario.
De acuerdo con la documentación respectiva, la Comisión Nacional examinará la legalidad de la Recomendación del organismo local, o de la conducta de la autoridad sobre el cumplimiento de la que se le hubiese formulado. Excepcionalmente y solo cuando se considere que se preciso un período probatorio, se recibirán las pruebas ofrecidas por los interesados o por los representantes oficiales de dichos organismos.
Artículo 66. Una vez agotada la tramitación, la Comisión Nacional deberá resolver el recurso de impugnación en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, en el cual deberá pronunciarse por :
a) La confirmación de la resolución definitiva del organismo local de derechos humanos.
b) La modificación de la propia Recomendación, caso en el cual formulará a su vez, una Recomendación al organismo local.
c) La declaración de suficiencia en el cumplimiento de la Recomendación formulada por el organismo estatal respectivo.
d) La declaración de insuficiencia en le cumplimiento de la Recomendación del organismo estatal por parte de la autoridad local a la cual se dirigió, supuesto en el que la Comisión Nacional, formulará una recomendación dirigida a dicha autoridad, la que deberá informar sobre su aceptación y cumplimiento.
TITULO CUARTO
De las Autoridades y los Servidores Públicos
CAPITULO I
Obligaciones y colaboración
Artículo 67. De conformidad con lo establecido en la presente ley, las autoridades y servidores públicos de carácter federal, involucrados en asuntos de la competencia de la comisión, o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus términos con las peticiones de la comisión en tal sentido.
En los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3o. de la ley tratándose de las inconformidades previstas en el último párrafo del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos, Mexicanos, las autoridades locales y municipales correspondientes deberían proporcionar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la información y datos que ésta les solicite, en los términos de la presente ley.
Artículo 68. Las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que se estime con carácter reservado, lo comunicarán a la Comisión Nacional y expresarán las razones para considerarla así. En ese supuesto, los Visitadores Generales de la Comisión Nacional tendrán la facultad de hacer la calificación definitiva sobre la reserva, y solicitar que se les proporcione la información o documentación que se manejará en la más estricta confidencialidad.
Artículo 69. En los términos previstos en la presenta ley, las autoridades y servidores públicos, federales, locales y municipales, colaborarán dentro del ámbito de su competencia, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sin perjuicio de las atribuciones legales que correspondan a los organismos estatales de protección de los derechos humanos, la Comisión podrá celebrar convenios o acuerdos con dichas autoridades y servidores públicos para que puedan actuar como receptores de quejas y denuncias de competencia federal, las que remitirían a la Comisión Nacional por los medios más expeditos.
CAPITULO II
De la responsabilidad de las autoridades y servidores públicos
Artículo 70. Las autoridades y los servidores públicos serán responsables penal y
administrativamente por los actos u omisiones en que incurrían durante y con motivo de la tramitación de quejas e inconformidades ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Artículo 71. La Comisión Nacional podrá rendir un informe especial cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades y servidores públicos que deban intervenir o colaborar en sus investigaciones, no obstante los requerimientos que ésta les hubiere formulado.
La Comisión Nacional denunciará ante los organismos competentes los delitos o faltas que, independientemente de dichas conductas y actitudes, hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos de que se trate.
Respecto a los particulares que durante los procedimientos de la Comisión Nacional incurran en faltas o en delitos, la misma lo hará del conocimiento de las autoridades competentes para que sean sencionados de acuerdo con las leyes de la materia.
Artículo 72. La Comisión Nacional debera poner en conocimiento de las autoridades superiores competentes, los actos u omisiones en que incurran autoridades y servidores públicos, durante y con motivo de las investigaciones que realiza dicha Comisión, para efectos de la aplicación de las sanciones administrativas que deben imponerse. La autoridad superior deberá informar a la Comisión Nacional sobre las medidas o sanciones disciplinarias impuestas.
Artículo 73. Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que puedan incurrir las autoridades y servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la Comisión Nacional, podrá solicitar la amonestación pública o privada, según el caso, al titular de la dependencia de que se trate.
TITULO QUINTO
Del Régimen Laboral
CAPITULO ÚNICO
Artículo 74. El personal que preste sus servicios a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se regirá por las disposiciones del partido B del artículo 123 de la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Dicho personalmente quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Todos los servidores públicos que integran la planta de la Comisión Nacional, son trabajadores de confianza debido a la naturaleza de las fundaciones que ésta desempeña.
TITULO SEXTO
Del patrimonio y del presupuesto de la Comisión Nacional
Artículo 75. La Comisión Nacional de Derechos Humanos contará con patrimonio propio. El Gobierno Federal deberá proporcionarle los recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento.
Artículo 76. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá la facultad de elaborar su anteproyecto de presupuesto anual de egresos, el cual remitirá directamente al Secretario de Estado competente, para el trámite correspondiente.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.
Tercero. En tanto el Congreso de la Unión para el Distrito Federal y las legislaturas de los estados establezcan los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el primer párrafo del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá seguir conociendo de las quejas que deban ser de competencia local, de conformidad con lo establecido por dicha Constitución Política.
La Comisión Nacional conocerá también de las quejas e inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones o acuerdos del organismo de derechos humanos de Distrito Federal, así como de la insuficiencia en el cumplimiento de las mismas por parte de las autoridades a las que sean emitidas.
Cuarto. Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que actualmente cuenta la
Comisión Nacional de Derechos Humanos como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pasarán a formar parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como organismo descentralizado que se crea en esta ley, presentándose los derechos adquiridos de los trabajadores de la Comisión.
Quinto. Los actuales funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Permanecerán en sus cargos hasta que se haga la designación correspondiente, conforme a lo dispuesto por esta ley.
Sexto. Los actuales miembros del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, permanecerá en el desempeño de sus encargos en dicho Consejo, el que realizará una incautación para conocer el orden en que serán substituidos de conformidad con el artículo 17 de esta ley.
Séptimo. El Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será expedido por su Consejo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Octavo. El Presidente de la República enviará a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para su aprobación, el nombramiento de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dentro de los noventa días siguientes a aquél en que esta ley entre en vigor.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 11 de junio de 1992.
Senadores Gustavo guerra Ramos, presidente; Salvador Sánchez Vázquez, secretario y María Elena Chapa Hernández, secretaria.
Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de la Camisón de Justicia.
REZAGO LEGISLATIVO
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse al rezago de iniciativas de leyes y decretos.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señores Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Me voy a permitir dar lectura a un comunicado que envía a esta soberanía la fracción parlamentaria de mi partido y que tiene que ver con un tema de importancia para todos nosotros, que es el relativo al rezago parlamentario. Dice así:
"Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados: un hecho que la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista saluda como uno de los avances que se vienen dando en la presente Legislatura, en el proceso de ascenso de la Cámara de Diputados hacia la cobertura cabal del elevado rango que le asigna la Constitución, lo es la decisión de abatir el rezago parlamentario, constituido por más de 700 iniciativas que se han venido acumulando a lo largo de los años, sin que fueran objeto de dictamen.
El Partido Popular Socialista ha participado activamente en el proceso parlamentario y legislativo de nuestro país desde 1948 y, desde entonces ha presentado en todas las legislaturas diversas iniciativas que recogen y expresan los planteamientos de las plataformas electorales, con las cuales el Partido Popular Socialista ha solicitado en cada momento el voto popular.
Entre las iniciativas presentadas por el Partido Popular Socialista, las ha habido del más alto rango, como aquella propuesta por el diputado Vicente Lombardo Toledano, en la XLVI Legislatura, para modificar la Constitución creando un nuevo capítulo referente a la economía nacional.
En todos los casos nos ha guiado el propósito de contribuir a la elevación desnivel de vida del pueblo, a la ampliación de régimen democrático y, por encima de todo, a la preservación y fortalecimiento de la independencia y la soberanía nacional, así en lo político como en lo económico.
De igual manera, nos ha guiado en interés de fortalecer al Poder Legislativo, y dentro de éste particularmente a la representación popular por excelencia, que lo es la Cámara de Diputados.
Nuestros esfuerzos no siempre fueron valorados de manera adecuada, razón por la cual la gran mayoría de nuestras iniciativas, de manera indebida fueron vistas con desdén, no fueron objeto de dictamen oportuno y pasaron de esta manera a formar parte de ese lamentable rezago legislativo, que por décadas fue la expresión de la ausencia de adecuada sensibilidad y voluntad política democrática por parte de la fracción mayoritaria.
Es natural que con el transcurrir de los años, al modificarse la realidad del país en muchos
aspectos, tanto en el ámbito de lo económico como de lo social."
El Presidenta: - Un momento, señor diputado. Quisiéramos rogarle a los compañeros diputados guarden silencio para poder oír al orador.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Agradezco mucho su moción, señor Presidenta. Decía yo que es natural que con el transcurrir de los años, al modificares la realidad del país en muchos aspectos, tanto en el ámbito de lo económico como de lo social, de lo político, de lo cultural y de lo jurídico, muchas de las iniciativas presentadas años antes han dejado de tener vigencia.
Por esta razón nos hemos propuesto, declinar un considerable número de las poco más de 100 iniciativas del Partido Popular Socialista que forman parte del rezago, pues consideramos inútil que empleen su tiempo nuestros compañeros legisladores, que habrían de dictaminarlas en el seno de las comisiones, cuando se trata de iniciativas que no sean plenamente vigentes en este momento, como innecesario también sería ocupar el tiempo del conjunto de nuestros compañeros diputados en las sesiones plenarias en las que hubiera que poner a debate y votación tales dictámenes.
En estos términos, nos proponemos ir presentado paulatinamente al conocimiento del pleno de la Cámara de declinación de diversas iniciativas que tengan las características señaladas. Por hoy lo hacemos en el caso de tres iniciativas que fueron furandas en su momento a la Comisión del Distrito Federal. Una data de 1965, de la XLIV Legislatura y en ella proponíamos una serie de reformas a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal; otra data de 1978, de la L Legislatura Federal; y propone la creación de una empresa descentralizada del Estado que preste todas las modalidades del servicio público del transporte de pasajeros en el Distrito Federal; la tercera y más reciente, data de 1980, de la LI Legislatura y propone se retire al Departamento del Distrito Federal la facultad de concesionar los servicios públicos.
Ninguna de las tres iniciativas que comento es vigente en este momento.
En el primer caso, la vieja proposición del Partido Popular Socialista porque se amplíe la vida democrática en la capital de país, se plasmaba en esta en la proposición de convertir al gobierno del Distrito Federal, que está a cargo del Presidente de la República, en un órgano plural que recoja las opiniones del pueblo en las vertientes que más le interesan. Se trata de una proposición fundamentada en argumentos históricos, jurídicos, políticos y económicos, según la cual debería integrarse en Consejo Metropolitano, integrado por representantes electos di - rectamente por el pueblo, uno por cada 100 mil habitantes.
En aquel entonces estaba vigente la Ley orgánica del Departamento del Distrito Federal expedida el 31 de diciembre de 1941, la que fue sustituida por una nueva ley de la materia en 1970 y luego nuevamente por otra que es la actual, del 29 de diciembre de 1976.
Por otra parte, en el constante análisis de la problemática nacional y local que realiza el Partido Popular Socialista, a través de sus órganos regulares y del constante diálogo con el pueblo, nuestra propia concepción con respecto a las mejores formas para ampliar la vida democrática en la capital de la República fue adquiriendo otros perfiles más nítidos que se plasmaron en su momento en la proposición para la creación del estado de Anáhuac.
Por tales razones declaramos hoy que no es vigente, como lo era de manera plena en su momento, la iniciativa que fue presentada hace 27 años y que buscaremos satisfacer las necesidades de vida democrática de la capital, con la nueva formulación que ya hace tiempo concebimos, con la que hoy coinciden, por ciento, la gran mayoría de las fuerzas políticas de la entidad que es ésta, la creación del estado de Anáhuac.
En este aspecto hemos saludado la apertura al debate ideológico y prográmatico por parte de las autoridades actuales del Departamento del Distrito Federal, dado que consideramos que se abren muy buenas condiciones para avanzar de manera sustancial hacia la solución de este viejo problema.
Por lo que se refiere a la segunda iniciativa, en su parte expositiva, examinaba el papel nocivo que desempeña la Alianza de Camioneros de México, en esa época usufructuaria de la mayoría de las concesiones para el transporte público de pasajeros, la que formaba un verdadero monopolio, con las consecuencias de atrofiar en la práctica la regulación y planeación del transporte urbano en la capital, de violentar los derechos leganales elementales de los trabajadores, de encarecer el servicio del transporte y en general de prestar un mal servicio.
Proponíamos, por lo tanto, la creación de una empresa descentralizada, que prestara todas las modalidades del servicio público del transporte en el Distrito Federal, la consecuente cancelación de todas las concesiones y permisos otorgados hasta esa fechas y se facultara al Ejecutivo para dictar el necesario reglamento en breve plazo.
De 1978 a esta fecha se han producido, entre otros hechos, la municipalización del transporte urbano de pasajeros de autobuses por medio de Ruta - 100, y la consecuente desaparición de la Alianza de Camioneros de México y, posteriormente, el reinicio de la privatización del transporte por la vía de la proliferación de las camionetas y microbuses comúnmente denominados "peseros" que adolecen de todos los vicios, quizá amplificados, que en su momento tuvo la Alianza de Camioneros de México.
Se ha consumado, asimismo, la conformación de un complejo urbano conurbado entre la ciudad de México y decena y media de municipios del valle de México, que hacen necesario un nuevo tipo de planeamiento para resolver el problema del transporte, el que en su oportunidad formuló el Partido Popular Socialista, plasmándolo en una nueva iniciativa, posterior a la de referencia, en la que proponemos la creación del Consejo Metropolitano del Transporte, iniciativa ésta que sí consideramos plenamente vigente y que solicitamos sea dictaminada y discutida en esta Legislatura en su oportunidad.
La tercera, en su exposición de motivos considera que en el artículo 27 de la Constitución Federal, se abandona la vieja tesis tradicional individualista, cerca de la propiedad privada y recoge el nuevo concepto del interés social, ya que es la nación y no los individuos la que tiene el dominio sobre todo los recursos, los cuales deben explotarse para beneficio de la colectividad.
La iniciativa define el servicio público como aquella actividad organizada, dirigida a la satisfacción de necesidades fundamentales de carácter colectivo y señala que por ello debe de prestarse por el Estado, a fin de que el criterio que rija su prestación sea esencialmente social.
Propone, en consecuencia, la modificación al artículo 22 de la Ley Orgánica del departamento del Distrito Federal, para que en él se establezca que la presentación del servicio público en el Distrito Federar corresponde al Departamento del Distrito Federal, el que podría prestarlo de manera directa o a través de empresas descentralizadas, pero en ningún caso otorgarlo en concesión a los particulares.
Se trata sobre todo de otra modalidad para atacar esencialmente el problema del monopolio del transporte público de pasajeros, a semejanza del caso de la iniciativa anterior.
Por las razones expuestas informamos a esta soberanía de nuestra decisión de declinar estas tres iniciativas, lo que solicitamos se haga del conocimiento de la comisión dictaminadora para los efectos correspondientes.
Atentamente.
¡Viva México¡
México, Distrito Federal, a 16 de junio de 1992. - Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista: diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Martín Tavira Urióstegui, Francisco Hernández Juárez, Rigoberto Arriaga Ruiz, Juan Campos Vega, Juan Cárdenas García, Hildebrando Gaytán Marquez, Gabriela Guerrero Oliveros, María Clara Mejía Guajardo, Héctor Morquecho Rivera, Héctor Ramírez Cuéllar y Jorge Tovar Montañez.
El Presidente: - Envíese copia del desistimiento a las comisiones que correspondan de las iniciativas a que ha hecho referencia el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
RESERVA DE ZONAS ECOLÓGICAS
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Hugo Sergio Palacios Laguna, del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de decreto que declare reserva ecológica la zona de Chimalapa, entre los estados de Chiapas y Oaxaca.
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
En esta ocasión hago uso de esta tribuna para defende del peligro de extinción a un especie a la cual le hemos negado el derecho de sobrevivir a pesar de que nos ha dado todo, ya que nos proporciona alimento y a su sombra un lugar para el descanso.
Señores diputados, me refiero al árbol del bosque, al árbol de la selva, aquél que el hombre en su afán destructivo poco a poco se ha empleando en extinguir, en aniquilar y borrar de la faz de la tierra.
Me refiero en esta ocasión al árbol de la selva tropical de los Chimalpa, región situada entre los estados de Chiapas y de Oaxaca. Esta selva ha sido objeto de una explotación desmedida por parte de compañías madereras que en su afán de enronquecimiento no se detienen ante nada. En los últimos 20 años éstas fueron desforestadas por compañías como la Unidad Rosamosa, Monarca, Sánchez Monroy, entre otras, depredando más de 40 mil hectáreas de selva tropical.
En la actualidad las concesiones madereras en Chiapas y Oaxaca han sido canceladas, pero es necesario proteger esta selva para bien de México y para bien de la humanidad.
A escasos días de terminada la Conferencia de la Naciones Unidas para el Desarrollo del Medio Ambiente y que se ha conocido con le nombre de Cumbre de la Tierra y en la que México fue uno de sus participantes, debemos mostrar al mundo que somos responsables en la conservación de nuestras selvas y nuestros bosques.
En virtud de lo anterior no debemos dejar que aumente la superficie de selvadas que desaparecen. Tampoco debemos de contribuir a acelerar la desaparición de especies vegetales y animales sobre la faz de la Tierra. Tenemos la obligación de rescatar y conservar este patrimonio para bien de toda la humanidad.
Es por eso que presentamos la siguiente iniciativa de decreto para declarar reserva ecológica la zona de Chimalpas.
Los suscritos diputados de Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional, la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la discusión de esta honorable Cámara el proyecto de decreto para considerar reserva ecológica la llamada zona de los Chimalpas, situada en los estados de Oaxaca y Chiapas, entre los 16o. y 16' y 17o. 12' latitud norte; y 93o. 5' y 94o. 15' de longitud oeste, del Meridiano de Greenwich, con fundamento en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Grandes extensiones de bosques y selvas han desaparecido de la faz del planeta, so pretexto de hacer más productivas las tierras. Puesto que actualmente es preocupación general de la sociedad el deterioro que surge el medio ambiente, es urgente rescatar y proteger la ecología del orbe. En tal virtud tanto en México como en otros países se han constituido diversas agrupaciones a fin de llevar a cabo simposios reuniones y conferencias internacionales, con objeto de lograr, entre otros, el resguardado de las regiones catalogadas como fuentes de recursos renovables; es decir, los bosques y las selvas bien reconocidas como fuente de oxigenación del planeta que habitamos.
2. En diversos foros el Partido Acción Nacional ha sostenido que México vive unatraso sustancial en materia de preservación ecológica, ya que por años el crecimiento de los asentamientos humanos estuvo apoyando en una política agraria irresponsable cuya tésis sostenía que toda zona arbolada naturalmente debería ser considerada tierra ociosa, asimismo, en areas de la producción de alimentos basada en una política popularista, grandes extenciones de selvas y bosques fueron devastadas merced a una tala desmedida. Además, el grave deterioro que surgen los entornos naturales debe en gran parte a la falta de atención oportuna. No es desconocido para los ciudadanos diputados que apenas hace algunos años el congreso empezó a legislar en materia de ecología.
3. Otro factor que contribuye al desastre es la casi nula educación ecológica de la educación civil: a pesar de los esfuerzos hechos para proteger a la naturaleza se han ido agotando los mantos acuíferos, mientras que la reducida extensión de bosques y selvas se están extinguiendo debido a la tala irracional. Tales circunstancias evidencian que en casi todo el país se hallan muy seriamente dando los ecosistemas. Por ello es preciso insistir: uno de los problemas nacionales graves en materia ecológica es la desforestación, lo que motivó que desde hace muchos años se hiciera tal señalamiento, sin lograr que se hiciera tal señalamiento, sin lograr que se emprendieran medidas adecuadas. Por otro lado, ante la evidente pérdida de miles de kilómetros cuadrados de bosques y selvas tropicales, la vigilancia y conservación de estos "pulmones" del país corresponde al gobierno, sus legisladores, los partidos políticos y la sociedad entera. Es por ello que debemos luchar para lograr su preservación, como es el caso que nos ocupa de ese tesoro verde nacional de la región Los Chimalpas, comprendida entre Oaxaca y Chiapas.
En mérito de lo expuesto, los diputados del Partido Acción Nacional de las mencionadas entidades federativas presentan este proyecto de decreto como una urgencia ecológica, a fin de salvar la región de Los Chimalpas de su inminente desaparición, pues en la zona concurren intereses de toda índole debido a su gran riqueza.
maderera. Por ello es menester mantener una estricta observancia del equilibrio ecológico en esa parte de la patria, que se logrará cuando los Chimalpas sea decretada reserva ecológica.
Hoy hacemos un llamado solidario a los compañeros legisladores, en especial los del sureste, a efecto de que sin distingo de posiciones partidistas de pronuncien en favor del proyecto de decreto referido, cada toda vez que más allá de cualquier planteamiento político debe prevalecer, tanto la conservación de la especie humana como la preservación de sus entornos naturales. En base a todo lo anteriormente expuesto presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Primero. Se declara área natural protegida para reconstituir reserva ecológica la región de Los Chimalpas, ubicada entre los Estados de Oaxaca y Chiapas, en los 16o. 27' y 17o. 12' de latitud norte; y 93o. 50' y 94o. 15' de longitud oeste, del Meridiano de Greenwich.
Segundo. El área de referencia tiene una superficie aproximada de 1934km2, cuyas colindancias son las siguientes: al norte, con el Estado de Veracruz y parte del embalse de la presa de Netzahualcóyotl o Malpaso en le estado de Chiapas; al sur, con el poblado de Tepanatepec, Oaxaca y el poblado Rizo de Oro Chiapas al Oriente, con el Río Encajonado de por medio con los ejidos Roberto Barrios y propiedades particulares ubicados en el municipio de Cintalpa, Chiapas; al oeste, con los bienes comunales de Santa María Chimalpa, en el estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará a vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las autoridades oficiales, en el ámbito de sus respectivas competencias determinarán en un plazo no mayor de 12 meses, contado a partir de la vigencia a que se refiere el artículo anterior, la situación jurídica y los aspectos técnicos correlativos de los ejidos, nuevos centros de población bienes comunales y terrenos nacionales comprendidos dentro de la zona de reserva ecológica a que se refiere el presente decreto.
Recinto Alterno, a 9 de junio de 1992. - Diputados Hugo Sergio Palacios Laguna, Luis Correa, Daniel Avila, Adrián del Arenal Pérez, Luis Rejón Peraza y Joaquín Martínez Gallardo.
El Presidente.- Túrnese a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
El diputado Francisco Hernández Juárez (desde su curul): - Pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente.- Tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez. El diputado Francisco Hernández Juárez; - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En las diversas comparecencias que se han hecho por esta Cámara con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, como de la Reforma Agraria yo he mencionado en muchas ocasiones la gran importancia económica que tienen los Chimalpas.
Esta Zona de hecho da vida no sólo a tres estados de la República desde el punto de vista económico: Veracruz, Oaxaca y Chiapas, sino que esta región es el pulmón diría yo, de todos los habitantes del sureste de la República. Es una zona en donde todavía se encuentran muchas especies, miles de especies de aves, de animales, maderas finas, que desgraciadamente todos los días se están destruyendo.
La existencia de los bosques de Chimalpa tienen que ver con el desarrollo económico todo el Istmo de tehuantepec, desde Jalapa del Marquez hasta el estado de Chiapas, principalmente hasta Motozintla incluyendo Arriaga. Tiene qué ver con la construcción de la presa Chicapa - Chimalpa, porque las aguas que caen por esos bosques podrían regalar hasta 310 mil hectáreas de tierras que abarcaría desde Mixtepec, Xanatepec, Unión Hidalgo. Toda la zona Huave, Chahuites, Xanatepec y Arriaga.
Está un proyecto de construir esa presa. Pero hasta ahora el gobierno no ha puesto en práctica la construcción de esa presa que tanto desean los istmeños. En varias ocasiones con diversos funcionarios, desde hace seis años hemos plantado los 42 municipios del Istmo de Tehunatepec, que han hecho suyo este proyecto de conservar los bosques de los Chimalpas, porque es la vida de todo el Istmo de Tehuantepec.
En verdad, compatriotas, da coraje cuando ahora vemos como todos los días salen cientos de carros, cientos de vehículos cargados de madera,
no sabemos quien los explota. Se ha mencionado aquí a los Sánchez Monroy. A mi juicio ésos son los más voraces y los que más daño han causado a los bosques de Los Chimalpas.
Por eso considero que esta Cámara deba pensar que esta zona sea no sólo reserva ecológica sino patrimonio de la humanidad, patrimonio del sureste de la República, porque es una fuente de riqueza.
Próximamente mi partido, el Partido Popular Socialista, dará mayor información y hará una proposición concreta, para que esta presa Chicapa - Chimalpa, que no solamente va a irrigar 310 mil hectáreas, sino que también producirá gran cantidad de peces y también producirá energía eléctrica, tal vez comparable con la que produce Chicoasén.
Compañeros, hay que tomar conciencia de esa situación; ahí están las intervenciones que hemos hecho con diversas comparecencias de estos funcionarios que he mencionado. Simlemente vengo a apuntar que el Partido popular Socialista tiene mucha preocupación y estamos en contra de esa depredación que hay de los bosques de Los Chimalpas y planteamos que se construya cuanto antes, la presa de Chicapa - Chimalpa, para que esas aguas que ahora caen en esas montañas, no vayan a inundar a través del estado de Veracruz, a través del Río Coatzacoalcos. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente.- Tiene la palabra el diputado Jesús González Gortázar.
El diputado J. Jesús González Gortázar: - Señor diputado presidente; compañeros diputados:
Los legisladores de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad vemos con particular simpatía la iniciativa de ley que hemos escuchado para conservar la zona de Los Chimalpas, como una reserva ecológica para el pueblo mexicano.
Los Chimalpas, junto con las selvas de Quintana Roo, son los últimos reductos de la selva tropical húmeda con que cuenta el país y que año con año se reduce en extensión, en importancia.
Pero además creemos que es el momento oportuno para recalcar un hecho que está dañando terriblemente, no solamente a la ecología de los Chimalpas, sino también a los pequeños propietarios de esa zona.
Resulta que hay un conflicto de limites entre Chiapas y Oaxaca y, por cuidar muchas veces la figura, nadie se ha preocupado porque se defina en una forma u otra a quien pertenecen las zonas en discordia, los territorios en discusión. Eso ha ocasionado que se convierta en una zona de nadie, en una tierra sin ley, sin orden y sin justicia y, entonces la pequeña propiedad de esa región, constantes invasiones, está sufriendo robo de ganado, el abigeato florece, el narcotráfico, por desgracia, también y, por ellos estimamos que al tiempo de manifestar nuestro apoyo caluroso a dicha iniciativa de ley, es el momento oportuno para hacer una llamada a las autoridades de Oaxaca y Chiapas, para que de una vez por todas y sin preocuparse de que si se queman o no se queman, resuelvan, si pueden por vía de negociación, a quien pertenece la zona en conflicto y, en caso de que eso no sea posible, compañeros, tenemos la vía que marca la Constitución; recurrir a la Suprema Corte de Justicia, para que resuelva a cual de las dos entidades corresponde, repito, esa porción de los Chimalpas.
Mientras no se defina su situación política, mientras no se defina su situación jurídica, cualquier paso que demos va a ser endeble, débil, sin trascendencia ni proyección. Por eso aprovechamos esta oportunidad para demandar a las autoridades de ambos estados, preocuparse por definir de una vez por todas la situación y así que vuelva a imperar el orden, la paz social, el derecho y la tranquilidad en esa zona, que es una reserva ecológica y que es un patrimonio de todo el pueblo mexicano.. Muchas gracias. (Aplausos.)
BOSQUE DE CHAPULTEPEC
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Lerdo de Tejada, del grupo parlamentario del Partido revolucionario Institucional, para referirse a la expropiación del Bosque de Chapultepec.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
El día de hoy, en el transcurso de esta mañana, la Comisión del Distrito Federal realizó una de sus sesiones y en la misma en forma unánime, por los compañeros diputados presentes en la misma y de parte de todos los partidos políticos, se acordó hacer un pronunciamiento con relación a la expropiación de terrenos y a la constitución de una área natural protegida, que la semana pasada tuvo lugar, en relación a la tercera sección del bosque de Chapultepec.
Por tal motivo me permito leer a ustedes este pronunciamiento que, repito, fue firmado por 36 diputados de todos los partidos políticos y que dice así:
"El pasado miércoles 10 de junio se publicaron el Diario Oficial de la Federación dos decretos que tienen por objeto proteger el carácter recreativo y ecológico del Bosque de Chapultepec. El primero expropia una extensión de 85.6 hectáreas, en favor del gobierno de la ciudad. El segundo declara área natural protegida, otras 141.6 hectáreas, correspondientes a predios de propiedad federal.
La necesidad de proteger el Bosque de Chapultepec constituye el propósito de los decretos mencionados. parte de los terrenos comprendidos en el decreto expropiatorio habían venido siendo objeto de diversas transacciones comerciales, en virtud de resoluciones judiciales que reconocieron en los últimos años la propiedad que sobre dichos predios reclamaban algunos particulares.
El conflicto judicial tiene más de 40 años y se origina en la inscripción defectuosa de la compra que hiciera el ayuntamiento de la ciudad de México en 1980, así como de la falta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de posteriores adquisiciones realizadas en 1910.
Estos conflictos antiguos significaron en el presente la posibilidad de transferir importantes extensiones del bosque a particulares, para su fraccionamiento y urbanización. Situación insostenible, en virtud del valor cultural, social y ecológico que para la ciudad de México tiene el Bosque de Chapultepec.
En efecto, el Bosque de Chapultepec constituye un patrimonio común para los habitantes de la ciudad de México, quienes desarrollan en el mismo múltiples actividades recreativas y culturales. Es también la principal área de conservación ecológica del Distrito Federal, por encontrarse en el corazón de la ciudad de México.
La medida dictada por el Ejecutivo Federal pone fin a muchos años de conflicto y de incertidumbre sobre la propiedad de dichos terrenos y asegura, para beneficio de todos los capitalinos, este importante patrimonio de nuestra ciudad.
Asimismo, la medida va en consonancia con el acuerdo aprobado por el pleno de esta Cámara y suscrito por los coordinadores de todos los partidos políticos, en el sentido de demandar a la autoridad de nuestra ciudad la protección, conservación, incremento y vigilancia de las áreas de protección ecológica que se encuentra en el valle de México. Al mismo tiempo, esta medida responde a los planteamientos ciudadanos de proteger las áreas verdes de la ciudad y aumentar nuestro patrimonio natural.
En los pueblos, barrios y colonias que conforman el Distrito Federal, los ciudadanos han manifestado su interés por cuidar las barrancas, bosques y zonas de conservación ecológica. El decreto expropiatorio da respuesta a dichos planteamientos.
Mediante el segundo decreto, publicado también el pasado 10 de junio y que contiene la declaración de área natural protegida, se asegura no sólo la propiedad de dichos predios en favor del gobierno de la ciudad, sino además que los mismos se mantendrán como reserva natural, impidiendo así la construcción de cualquier tipo de edificaciones y garantizando su vocación ecológica. Este segundo decreto significa el incremento de la extensión del Bosque de Chapultepec.
Por considerar que las medidas adoptadas repercutirán en beneficio de todos los habitantes del Distrito Federal de la ciudad misma y que manifiestan una clara voluntad de proteger la ecología del valle, los partidos políticos bajo firmantes expresan su apoyo a las mismas.
En el mismo sentido, los partidos políticos aquí representados se pronuncian porque las autoridades continúen adelante con acciones como éstas, que tienen como objeto aumentar el patrimonio ecológico de la ciudad de México y se garantice la conservación de las áreas verdes del Distrito Federal".
Ese es, señores diputados, el contenido de este pronunciamiento que, repito a ustedes, ha sido firmado por el diputado de todos los partidos políticos en respuesta a las medidas que se realizaron la semana pasada para proteger el Bosque de Chapultepec, que estaba en una parte importante del mismo, 85 hectáreas, en peligro de ser transferidas a particulares para su urbanización y fraccionamiento. Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos).
El Presidente: - Envíense copias del pronunciamiento al jefe del Departamento del Distrito Federal.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Gilberto Rincón Gallardo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar un punto de acuerdo para que comparezca el director general de Petróleos Mexicanos.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La nacionalización de los recursos y la industria petrolera, realizada el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, constituyó uno de los hechos históricos de mayor importancia para la vida moderna del país.
Realizada con valentía, el coraje y el empuje del pueblo mexicano, la expropiación de la industria petrolera al capital extranjero ensanchó los márgenes de la independencia el país, al recuperar en la práctica el dominio de la nación sobre estos recursos naturales del valor estratégico, de los cuales los mexicanos no habían podido beneficiarse.
La expropiación de la riqueza petrolera en beneficio de la nación mexicana hizo realidad unos de los sentimientos populares básicos expresados a lo largo de la lucha revolucionaria iniciada en 1910. Desde entonces a la fecha la aportación de la empresa Petróleos Mexicanos a las tareas del desarrollo del país ha sido de fundamental importancia; proporcionó en todo momento la energía necesaria para que la nación mantuviera su planta industrial, su creciente parque vehicular, los insumos requeridos para el transporte de aire, por tierra ya sea por carretera o por ferrocarril e incluso por el mar, de ahí surgieron las materias primas para numerosas industrias, incluídos los agroquímicos y los plásticos; además Petróleos Mexicanos se constituyó en la columna vertebral del sector exportador del país y en el principal contribuyente de recursos al fisco.
Los vicios del sistema político mexicano caracterizado por el autoritarismo presidencialista, el centralismo asfixiante que impide una adecuada relación entre el Poder Federal y los gobiernos estatales y municipales, el cooperativismo sindical y la corrupción, terminaron por afectar seriamente a la que ha sido la principal empresa del país, tanto por su dimensión cómo por su carácter estratégico.
Otro tanto ha contribuido la política económica neoconservadora aplicada desde 1982, que ha extraído de Petróleos Mexicanos la mayor parte de sus excedentes para dotar al fisco de recursos. Finalmente para que estos recursos fueran canalizados en una parte sustancial al pago de la deuda externa, pero los drásticos recortes al gasto de Petróleos Mexicanos en nuevas inversiones y mantenimiento de sus equipos e instalaciones, los recortes al gasto para la investigación y desarrollo tecnológico, han sido una de las causas por las que México se encuentra al margen del cambio tecnológico.
Todo esto tiene ya un costo enorme que no sólo se mide en términos económicos, sino que tiene relación con la pérdida de la soberanía en primer término, pero también con el daño ambiental que le es atribuible a Petróleos Mexicanos y en catástrofes de enorme costo humano como la ocurrida durante las pasadas semanas en Guadalajara. Así el histórico proyecto nacional y la noble empresa que es Petróleos Mexicanos, han sido deteriorados por la mala administración y el autoritarismo, hasta el punto de colocarla en una grave crisis que amenaza su misma supervivencia.
No se puede guardar silencio ante realidades de una política de deterioro y debilitamiento de Petróleos Mexicanos por lo que ahora se clama una reestructuración que no pretende recuperar la perdida capacidad soberana, sino dar cobertura a una muy probable posterior privatización, que como sabemos va a dar a Estados Unidos o acaso ignoramos que es en ese país donde se encuentra el 30% de las refinerías del mundo, es que se pretende que nos quedemos nada más con el gas y con la gasolina. En última instancia es un hecho que hay una clara intención de privatizar la petroquímica y entregarla al extranjero. Es ésta una de las razones por las que afirmamos que nos han echado a andar un camino por el que cada día se empeña más nuestra soberanía.
La actual situación de Petróleos Mexicanos, no cayó del cielo ni es atributo obligado de la empresas estatales, es el resultado de una política que data de varios sexenios atrás. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se hace eco de la enorme preocupación que existe entre amplios sectores de la población mexicana por la crisis de Petróleos Mexicanos y también porque esa delicada situación producto de la política con la que ha sido administrada la empresa, sea aprovechada por las fuerzas más entrevistas y retardatarias del país para reducir las dimensiones de Petróleos Mexicanos, para restarle importancia como proyecto histórico, para permitir que el futuro próximo sea parcialmente entregado a la influencia y beneficio del capital extranjero.
Nuestro Partido también se hace eco de la preocupación por los efectos que ha sufrido y los potenciales peligros ligados a áreas de ineficiencia, inseguridad y obsolescencia y que ha sido colocada la operación de la paraestatal con sus correspondientes impactos ambientales no sólo a nivel nacional, sino en cada región y localidad.
Por Guadalajara en carne viva, sabemos hoy los riesgos que presentan las zonas conurbadas con la industria petrolera, como son entre otros casos de Poza Rica, Pajaritos, La Cangrejera.
El gobierno ciertamente ahora presenta a Petróleos Mexicanos como una empresa deficitaria y deficiente, improductiva y toma sin el pueblo, determinaciones que conocimos primero como rumor y ahora por publicaciones en la Prensa, de una reestructuración que muy probablemente nada tenga qué ver con la demanda de recuperar el proyecto de Petróleos Mexicanos en la dimensión histórica con que surgió como una reivindicación de la nación mexicana en su derecho a utilizar para su beneficio y para el desarrollo de la economía; para el fortalecimiento del mercado nacional; para el bienestar de las familias de los trabajadores que participan directamente en la explotación, distribución, comercialización, transformación de los hidrocarburos para ocupar un lugar en el desarrollo científico y tecnológico.
Los trabajadores de Petróleos Mexicanos reclaman que se les reconozca y se les respete como los herederos de aquéllos que con sus luchas iniciaron el movimiento que culminó con la Expropiación Petrolera.
Es por tanto necesario terminar con la práctica del charrismo, del corporativismo y del autoritarismo en el sindicato de la empresa.
La sociedad mexicana reclama llevar adelante una revisión exhaustiva de la situación de Petróleos Mexicanos, no para disminuirla, debilitarla, desmantelarla o desnacionalizarla; no para dar pasos parciales o totales al capital de las transnacionales petroleras que van buscando fincar un nuevo orden petrolero internacional, disponiendo del petróleo mexicano para ellos.
México ya conoce en carne propia que no es el capital transnacional el que puede explotar esta industria estratégica para beneficio de la nación y de los nacionales; la sociedad mexicana reclama llevar adelante una profunda revisión de la situación de Petróleos Mexicanos para fortalecer uno de los más importantes proyectos nacionales que han surgido de la valentía y de la lucha del pueblo mexicano; del esfuerzo de sus técnico y trabajadores; del talento de sus gobernantes que supieron hacer reformas progresistas y, en su tiempo, realmente modernizadoras, principalmente por su sentido democrático, como lo hizo el presidente Lázaro Cárdenas.
Vivimos hoy momentos históricos en los que se da un proceso mundial de fusión de las compañías petroleras y de industria petroquímica.
La derechización que padecemos actualmente, por más que su expresión gobernante en México quiera, no logrará ocultar la relación que existe entre soberanía, seguridad nacional y petróleo.
Señor Presidente, considerando que se ha publicado en la Prensa la existencia al interior del gobierno de un proyecto de reestructuración de Petróleos Mexicanos, que en este momento se lleva adelante una de la fases más críticas del proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio y que el conocimiento de la situación real de la más importante empresa del país y de los proyectos existentes para modificarla, son cuestiones del más amplio interés y de la competencia de la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pide a usted se turne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Energéticos, nuestra solicitud para que el director de Petróleos Mexicanos comparezca ante esta Cámara de Diputados, con el fin de informar sobre la situación actual que guarda Petróleos Mexicanos y sobre los proyectos existentes encaminados a la reestructuración de la paraestatal. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Pedro Ojeda Paullada.
El diputado Pedro Ojeda Paullada: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Ciertamente la Prensa de hoy divulga un boletín expedido por la Presidencia de la República, en el que se anuncia que próximamente será presentada una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.
Como todos sabemos, esto es resultado de una petición que le propio Presidente de la República hizo al Secretario de Minas e Industria Paraestatal y a la propia empresa pública Petróleos Mexicanos, para que se presentara una reorganización acorde con las directivas que desde el Plan Nacional de Desarrollo y desde el
programa de Modernización Energética, se anunciaron y que se ha venido realizando a lo largo de estos años recientes.
También la propuesta e resultado de un análisis de las circunstancias y de la necesidad de que Petróleos Mexicanos cumpla de la mejor manera con su cometido y desde luego teniendo en cuenta cual es la misión que le encomienda nuestro sistema jurídico, a partir de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 y otros artículo relacionados, como también por la Ley Reglamentaria del propio artículo 27 constitucional en materia de petróleo.
Por lo tanto, el hecho de que llegara a presentarse una nueva Ley Orgánica, sólo atendería a ello, o sea en la forma como Petróleos Mexicanos debe cumplir con el mandato constitucional.
Ante reiteradas expresiones de duda sobre si lo que se pretende en privatizar a Petróleos Mexicanos o hacer cambios que pudieran significar una diferente actitud del Estado mexicano sobre la materia, en reciente reunión el Presidente de la República le dijo a todos los servidores públicos de Petróleos Mexicanos, que la reestructuración tendría por objeto precisamente fortalecer a Petróleos Mexicanos y de ninguna manera privatizar.
Como ustedes saben, de darse el hecho que esperamos, o sea, en el caso de que recibamos la iniciativa de nueva Ley Orgánica, esta soberanía nacional la estudiara cumpliendo cuidadosamente con ese proceso y, desde luego, en ello se incluiría la posibilidad de llamar a las comisiones de estudio, a quienes tuvieran una relación más directa e inmediata con esta Ley Orgánica, como lo es desde luego la propia dirección de Petróleos Mexicanos.
En mi condicción de Presidente de la Comisión de Energéticos, que por cierto mañana tendrá una sesión ordinaria en las que trataremos varios puntos, entre ellos éste, nosotros analizaríamos en su momento todo lo que fuera menester, a efecto de cumplir cabalmente con nuestra obligación, antes de presentar el dictamen correspondiente a este pleno y esperamos que para entonces haya quedado perfectamente analizado todo lo que se necesite, para que es su caso esa nueva Ley Orgánica realmente sea un paso adelante en el continuo proceso de modernización del país.
Debo decir sin embargo que no estamos de acuerdo con las expresiones del compañero Rincón Gallardo, que acaba de mencionar que existiría o pudiera existir o que existe en el gobierno una intención diferente a la que aquí se ha anunciado. Basta leer el boletín reciente, para dejar perfectamente claro que en caso de que esa iniciativa no llegue, contendría la propuesta de crear cuatro organismos públicos descentralizados, subsidiarios de Petróleos Mexicanos y que los tres primeros que serían el Pemex Exploración y Producción, el Pemex Refinación, el Pemex Gas y Petroquímica Básica, son los que tendrían a su cargo cumplir con lo que la Constitución y sus leyes reglamentarias establecen en materia de manejo de los hidrocarburos y que el cuarto organismo público descentralizado, que sería Petróleos Mexicanos Petroquímica Secundaria, sí podría tener, como ya tiene Petróleos Mexicanos desde hace muchos años, contacto con las empresas petroquímicas privadas, en las cuales la Ley permite, desde siempre, que exista capital privado no sólo nacional, sino también capital extranjero.
Pero debemos dejar también bien claro, que aun en este organismo no podría haber una penetración del exterior hacia el organismo descentralizado, o sea de que no se trata de que la gente venga a tomar partes sociales o acciones de ese organismo, porque precisamente pensando en ello, no se trata de una sociedad por acciones, sino se trata de un organismo público que ha recibido ese patrimonio nacional para usarlo adecuadamente, por lo tallas asociaciones, conversiones o fusiones que podría realizar el mismo organismo, tendrían que ser participando las empresas privadas que se establecieran, o en las que ya existen, para manejar productos petroquímicos secundarios, que son tan variados, como ustedes los saben, que van desde las mismas sustancias básicas hasta las telas y sin fin de productos petroquímicos.
Por lo tanto debo dejar expreso que no coincidimos con la opinión expresada por el distinguido representante del Partido de la Revolución Democrática, diputado Gilberto Rincón Gallardo, en todo lo que pudiera significar que la nueva organización se desvía de los objetivos que la Constitución establece en esta materia.
Es importante destacar también que ciertamente las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, han dado materia a esta difusión o a esta duda o a esta preocupación o a esta pregunta, como desde luego seguramente habían pedido los representantes de estos países y de otros más una posibilidad de participación. A ellos se les ha externado con claridad, como lo dijo el Presidente más de una vez, que no están en negociación los principios
dente más de una vez, que no están en negociación los principios constitucionales en la materia y desde luego por lo tanto lo que se llegue a pactar en relación con cualquier cosa, no afectará esos principios.
En resumen, es probable, como se anuncia, que llegará a presentarse en esta soberanía una iniciativa presidencial para una nueva Ley Orgánica. Indudablemente que la estudiaríamos en las comisiones correspondientes, desde luego creo que la Energía debe ser una de ellas por lo menos y creo que no habría inconveniente en considerar en las comisiones, la posibilidad o no de que se hagan o no llamados a unas u otras personas que pudieran tener interés y que pudieran participar o aportar algo sobre ese estudio.
Así pues, esperemos. No habrá de transcurrir mucho tiempo para saber lo que ocurre, y desde luego ocurrirá lo mejor, que es fortalecer a Petróleos Mexicanos, sin privatizarlo y habitarlo para que cumpla mejor con la función que la nación mexicana le ha encomendado.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente: - Para contestar alusiones personales, el diputado Gilberto Rincón Gallardo.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señoras y señores diputados:
Lo que yo dije aquí hace un rato lo confirmo ahora, no dije nada que no fuera estrictamente cierto o estrictamente publicado en los distintos diarios del país.
Ha habido una clasificación de lo que es la industria petroquímica y por distintos decretos presidenciales se ha venido reduciendo lo que es la petroquímica básica y yo hice la pregunta: ¿qué acaso nos vamos a quedar solamente con el gas y la gasolina y todo lo demás pasa a ser parte de los elementos secundarios de la petroquímica, donde sí hay, como lo ha reconocido aquí el diputado Pedro Ojeda Paullada, posibilidades de inversión extranjera?
Cuando el propio diputado Ojeda Paullada acepta que hay una de las cuatro empresas donde sí queda abierta a la inversión extranjera, no está dando la razón y no hemos dicho nada más ni nada menos.
Por lo tanto, lo que nosotros pedimos aquí, más que el hecho de venir a hacer una mera denuncia y mucho menos especulación, es que está Cámara solicite al director de Petróleos Mexicanos comparecer para explicarnos precisamente muchos de los aspecto s de la clasificación que ha sufrido Petróleos Mexicanos.
¿Qué es lo que va a quedar a disposición de la inversión extranjera y qué no¿ Porque nosotros venimos percibiendo que decreto tras decreto, se viene reduciendo lo que es la petroquímica básica y ampliando la petroquímica secundaria donde sí hay posibilidades de inversiones extranjeras y tenemos el riesgo de quedar reducidos al mínimo, sólo con el gas y la gasolina y lo demás abierto a la inversión extranjera.
Ese riesgo lo vemos. Si no es así, que explique el director de Petróleos a esta Cámara de Diputados ¿qué es y qué no es¿, para que terminemos con especulaciones. Muchas gracias.
El diputado Pedro Ojeda Paullada (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Pedro Ojeda Paullada, para contestar alusiones personales.
El diputado Pedro Ojeda Paullada: - Señores diputados:
Ha quedado muy claro lo que tenemos que comentar. No cabe duda que iremos quizá a la versión estenográfica para repasar puntualmente cada uno de los puntos que expresó el diputado Rincón Gallardo en su primera presentación y esto será sin duda algo que platicaremos mañana en la Comisión de Energéticos, porque, como bien lo recordó él ahora, ciertamente se ha hablado mucho sobre el alcance de la petroquímica básica y los posibles cambios que en ella existirían de darse determinados supuestos y eso no es exactamente la materia que tendría que tratarse, en función de la Ley Orgánica, porque la Ley Orgánica, como ya lo expresé, prevé la constitución de cuatro organismos públicos descentralizados, a los que debemos llamarles empresas públicas, pero que no se confunda ese término con lo de sociedades anónimas o sociedades mercantiles, porque no son sociedades por acciones ninguno de los cuatro.
Los cuatro organismos, como ya lo dije y lo repito, van a cumplir las funciones que las leyes encomiendan a Petróleos Mexicanos. Los tres primeros, o sea los relativos a Exploración y producción, Refinación y el de Petroquímica Básica y Gas, son los que ejercerán las funciones que
la Ley Orgánica del artículo 27 constitucional en materia de petróleo le encarga a Petróleos Mexicanos y, el cuarto organismo público descentralizado, al cual podemos llamarle también empresa pública pero no empresa por acciones, es el que tendrá a su cargo todo lo que se decida que petróleos Mexicanos puede, quiere o debe tener, en materia de industria petroquímica secundaria.
Ahí habrá mucho qué platicar, si le entra más o menos, pero no si debe existir el organismo y no se va a discutir ahí cuáles son, según las sustancias que forman la petroquímica secundaria.
Ciertamente es un tema interesante, nadie lo niega, pero desde luego no tiene nada de novedad que Petróleos Mexicanos haya tenido y tiene empresas petroquímicas en las cuales sustenta a veces la mayor parte de las acciones o que se asocia, como ya es socio de empresas en donde tiene una parte minoritaria de las acciones, o que hay otra empresas petroquímicas en las que Petróleos Mexicanos no tiene ninguna participación accionaria, porque es totalmente propiedad de particulares, con una mezcla de capital privado mexicano y de capital privado extranjero.
Siendo así las cosas que podemos delimitar con absoluta claridad, que en lo que yo expresé que no estoy de acuerdo, es en las expresiones que habría que repasar y que pudieran aludir a que el gobierno de la República quiere que se desvíe el cumplimiento del mandato constitucional y sus leyes reglamentarias.
En este sentido, ratifico, que la Ley Orgánica no puede hacer otra cosa, sino que organizar este trabajo y organizarlo bien y, por lo tanto, no toca, no vulnera, no afecta los derechos de la nación, sino por el contrario busca la mejor manera de ejercitarlos. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados
El anuncio que se ha hecho desde la Presidencia de la República, según lo consignan los diarios el día de hoy, de un envío de un proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, lo consideramos de la mayor importancia para la nación.
Este anuncio hecho desde la Presidencia de la República obliga a analizar cuidadosamente y de manera muy a fondo cuáles van a ser los alcances de la reestructuración de Petróleos Mexicanos.
No se puede en unos cuantos días considerar una Ley, sobre todo si estamos a menos de un mes de terminar el período de sesiones. No se puede analizar de manera superficial o de manera ligera, una reforma de la trascendencia que tiene, por los alcances que se han anunciado respecto a Petróleos Mexicanos.
Mi partido, Acción Nacional, ha anunciado a través de su Comité Ejecutivo, la necesidad de que se haga una consulta más general, una consulta pública para que se definan cuáles deben de ser los alcances de la reestructuración de Petróleos Mexicanos.
Podríamos coincidir con algunos de estos aspectos, pero en tanto no se precise cuáles van a ser lo alcances de esta reestructuración, no podemos especular en el vacío.
A pesar de la manera en que se ha empezado a informar en los últimos, tiempos como es la filtración de la información, salvo hasta el día de ayer que se emitió información desde la Presidencia de la República. Por eso, nosotros urgimos a que se haga esa consulta; una consulta a nivel nacional, para que se expresen las opiniones de todos los sectores de la sociedad, respecto a los alcances que debe de tener esta reforma de Petróleos Mexicanos.
También consideramos positivo que en alguna manera se le dé entrada a la propuesta que se ha hecho en esta tribuna para que comparezca el director de Petróleos Mexicanos. Aunque de alguna manera se insinuó aquí por parte del diputado Ojeda Paullada, que vendrían a explicar los funcionarios responsablemente involucrados.
Sí queremos que exista ese compromiso o de que se analice detenidamente esta propuesta, para que sea precisamente el director de Petróleos Mexicanos, Francisco Rojas, quien venga a comparecer a esta Cámara de Diputados, porque ya vimos los hechos anteriores cuando lo de Guadalajara, que de una manera inconveniente se ha manejado a través de la opinión pública, una visita que debió haber sido una comparecencia en esta Cámara de Diputados.
Esperemos en esta ocasión, que Francisco Rojas venga a explicar detalladamente a los diputados,
si ya no lo de Guadalajara, que todavía está pendiente, que venga a explicar cuáles son los alcances de la reestructuración de Petróleos Mexicanos.
Por cierto, las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República van tan lentas que seguramente van a traer el dictamen final de lo sucedido en Guadalajara, una vez que esta Cámara de Diputados entre en receso.
Sería conveniente que a la vez que se estudia esa posibilidad de la comparecencia del director del Petróleos Mexicanos, también la Procuraduría General de la República, acelere las investigaciones en torno a lo de Guadalajara y defina quiénes son los responsables de esos hechos tan lamentables.
El Presidente:- Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La fracción parlamentaria del Partido Auténtico me ha encomendado que suba a esta tribuna para plantear nuestro apoyo a la iniciativa para solicitar la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos, Francisco Rojas.
Este mismo debate ha demostrado la necesidad de celebrar un acto largamente pospuesto; la necesidad de varios diputados de subir repetidamente a la tribuna para aclarar y volver a aclarar, demuestra la necesidad de la Cámara de Diputados, de tener una información mucho más puntual sobre la realidad de Petróleos Mexicanos y las previsiones de su reorganización, que la que tenemos en la actualidad.
Dice bien el compañero Altamirano, del Partido Acción Nacional, que no puede la Cámara de Diputados proceder a examinar la profundidad la iniciativa que quizá nos mande el Ejecutivo, si no estamos debidamente preparados.
Se nos ha planteado, se nos ha insinuado que quizá en el curso de ese examen, de esa posible iniciativa, se convoque a alguno o algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos. Sin embargo no es la primera vez que la Cámara de Diputados no se mantiene en las promesas.
Quiero recordar aquí que durante el período de sesiones extraordinarias, 128 diputados, apoyados en le artículo 93 de la Constitución, pedimos que se llevara a cabo un examen a fondo de las cuentas del Instituto del fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y hubo la promesa de eso se llevar a a cabo una vez que se iniciara el período de sesiones ordinarias de abril. Como todos ustedes saben y recuerdan ese debate, finalmente la iniciativa de estos 128 diputados, quedó sin cumplirse.
No podemos entonces retirar - pienso yo - esta propuesta para que comparezca el director de Petróleos Mexicanos, confiados en una vaga promesa de que quizá, a la mejor viene algún o algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos.
Nos preocupa, además, lo siguiente: es bien sabido que desde hace más de un año la paraestatal Petróleos Mexicanos, contrató los servicios de una importante firma de consultoría administrativa: la Mackenzie, una de las firmas más importante en este campo, que ha asesorado la reestructuración de numerosas empresas multinacionales y de otro tipo.
A muchos nos parece que la orden presidencial de reestructurar en menos de treinta días la paraestatal, fue la oportunidad dorada para poner en marcha un plan de reestructuración que no viene precisamente de las oficinas de Petróleos Mexicanos, sino de las oficinas de la Mackenzie.
En este sentido los diputados queremos ver, no prejuzgamos, pero queremos ver si este plan de reestructuración se ajusta a las necesidades nacionales o al concepto muy particular que puede tener esta firma de una operación gerencia más eficiente.
Quisiera además recordar, que hace unas cuantas semanas en el debate sobre la Secretaría de Desarrollo Social, una distinguida diputada reconocía numerosos errores llevados a cabo por le régimen en la década de los setenta y de los ochenta. Errores que quizá no se hubieran cometido si la Cámara de Diputados hubiese tenido un papel más activo, más de vigilancia, más de balance en el Poder Ejecutivo. Nosotros pensamos que esos errores no deben volver a repetirse. Por ello urjo a que votemos a favor para la comparecencia del contador público Francisco Rojas, en esta Legislatura. Muchísimas gracias.
El presidente:- Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Petróleos Mexicanos es tema que ha estado en el centro de los debates de todas las fuerzas políticas de nuestro país, que ha estados en el centro de la preocupación de todos los mexicanos desde 1938 hasta nuestros días, desde el momento mismo en que fue llevada a cabo la nacionalización de la industria petrolera, esa gloriosa gesta; desde ese mismo momento ha estado permanentemente en la mira de quienes han tratado de retrotraer ese proceso, de volverlo a manos privadas, particularmente de los capitales extranjeros.
Sin embargo, este tema de siempre, este tema de los últimos 54 años del debate político en México y del debate político que desborda las fronteras de nuestro país, hoy está, más que otros momentos, en el escenario, en los últimos meses, en las últimas semanas, con mayor intensidad, a causa de la situación coyuntural derivada de las negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio, particularmente en los días últimos, en virtud de que esas negociaciones se van acercando a su final, las presiones por la parte norteamericana para que los energéticos, como rubro y particularmente el Petróleo, puedan entrar al Tratado de Libre Comercio, que es el renglón fundamental para la parte norteamericana, de entre los diversos que componen estas negociaciones, se han venido agudizando.
Las presiones, pues, para que Petróleos Mexicanos se privatice, dado que en tanto esté amparaba en el 28 constitucional y sea una actividad privativa del Estado, no podría entrar a las actividades del Libre Comercio, que el Tratado engloba, estas presiones han crecido de manera intensa cada vez más.
Algunos indicadores simplemente que han estado muy a la vista de todos: la presencia en México de una seudoteórico de la economía, aquel famoso precursor del grupo de los "Chicago Boys", Milton Friedman, teórico del neoliberalismo y en su momento de la vertiente hacia los países dependientes, que viene a nuestro país con el pretexto de participar en algún foro, quién sabe de qué cuestión, que para todo mundo pasó inadvertido; pero que en cambio se toma la libertad de opinar sobre un asunto sobre el cual no tenía para qué abrir la boca, puesto que es asunto exclusivo de los mexicanos y se pronuncia por la privatización de Petróleos Mexicanos. Aquí en nuestro país.
Evidentemente este señor fue traído por quien tenía capacidad interés para moverlo, para que hiciera tal pronunciamiento, aquí y no en algún otro escenario.
También en la presencia para otro foro de carácter internacional, en la ciudad de Querétaro, del Jeque Yammani, aquel que en algún tiempo dirigiera la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, justamente cuando la organización de productores pasó a tener un mayor grado de dependencia con relación al grupo de Las Siete Hermanas, al grupo que monopoliza al producción y comercialización del petróleo en el mercado mundial y que también aprovecha su presencia en nuestro país para pronunciarse por la privatización de Petróleos Mexicanos.
Son dos. Podríamos mencionar muchos más indicadores de ¡de qué tamaño están las presiones en este momento¡, en contra del principal patrimonio mexicano, de la industria y empresa que constituye el pilar en el área económica de nuestra independencia y soberanía.
Sin embargo, independencia y soberanía que son dos conceptos plenos de contenido y riqueza, a veces de tanto manejarse pudieran perder parte de su contenido, pero también podemos hablar en términos económicos muy claros y muy concretos. Petróleos Mexicanos, la industria petrolera en manos del Estado, ha permitido la construcción de la tercera parte del total de hospitales que ha construido el Estado mexicano en los últimos 50 años; si fuera una empresa privada tendríamos una tercera parte de hospitales menos, una tercera parte de escuelas menos, una tercera parte de carreteras menos, una tercera parte de servicios públicos de todos los órdenes menos, puesto que en los últimos 54 años Petróleos Mexicanos ha otorgado la tercera parte, el 33% del total de recursos de que ha dispuesto el Estado mexicano para atender el volumen total de sus obligaciones en todas las áreas; todo esto lo hubiésemos dejado de percibir si Petróleos Mexicanos llegara a privatizarse la pérdida económica, ya no en términos de soberanía y de independencia, la pérdida económica para la nación mexicana en su conjunto sería cuantiosa.
Por ahí alguien escribió una nota, hace no mucho tiempo, en el sentido de que Petróleos Mexicanos estaba operando con números rojos, evidentemente se trata de alguien que no se informo de manera adecuada. Petróleos Mexicanos opera con números negros, es una empresa extraordinariamente rentable, desde el punto de vista económico y sus propietarios hacen un retiro, una toma de utilidades cuantiosas año con año. Esta toma de utilidades, dado que sus propietarios somos todos los mexicanos, por ser una
empresa nacional, se hace por el mecanismo fiscal, por eso tiene esas cargas fiscales específicas y especiales, distintas a las que tienen todas las demás empresas; aparte de las que tienen todas las demás empresas, tiene una enorme carga fiscal, a través de la cual el estado hace la toma de utilidades, que, repito, es una toma de utilidades extraordinariamente cuantiosa, de tal magnitud que año con año nos aporta entre el 30% y el 40% del total de los recursos de que dispone el Estado y que aquí aprobamos cuando se discuten los Presupuestos de Egresos de la Federación y previamente a ellos sus leyes de ingresos.
Por eso, es justa la preocupación de todas las fuerzas patrióticas y democráticas, de cuidar a Petróleos Mexicanos como patrimonio de la nación, de vigilar por su desarrollo sano, por su expansión, por su crecimiento, porque esté siempre al día en materia de tecnología, porque esté siempre al día en materia de seguridad, porque sea una empresa ejemplar en todos los órdenes.
Desde ese punto de vista, el tema de la reestructuración reciente se implica en este otro tema profundo y fundamental, el de la preocupación por la seguridad de que Petróleos Mexicanos siga siendo una empresa de la Nación mexicana, de que no haya un sólo paso atrás, de que no se ceda un sólo milímetro en ese aspecto.
Hasta dónde hemos examinado en la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, la reestructuración, lo que de ella se ha publicado, no implica pasos en el sentido de la privatización, sin embargo no podemos quedarnos con lo que se ha publicado hasta hoy. Necesitamos los del Partido Popular Socialista, seguramente esta opinión la compartimos todas la fuerzas patrióticas, democráticas y nacionalistas, necesitamos conocer mucho más a fondo el tema y el problema. Seguramente todos los diputados buscaremos los medios idóneos para ahondar en el tema. La Comisión de Energéticos en concreto, que es responsable de esa área, seguramente tendrá que buscar todas las maneras de allegarse la información, incluso de ser necesario en su momento, la comparecencia del director General de Petróleos Mexicanos, incluso, de ser necesario, su comparecencia plenaria.
Nosotros no compartiríamos la idea de invertir el proceso y de que aprobáramos primero la comparecencia del director a plenaria, porque en esas condiciones podríamos correr el riesgo de que en vez de recabar la información suficiente, esta comparecencia surtiera los efectos que a veces, que muy a menudo surten las comparecencias de funcionarios de alto nivel de Ejecutivo aquí en el plenario, más bien pasarelas, más bien tribunas para el lucimiento personal de ese funcionario y no fuentes para el acopio de la información que nosotros como diputados requerimos.
Nos parece que debemos proceder a recabar la información por los canales idóneos e inmediatos y que una vez teniendo la suficiente, si se requiere la presencia de este funcionario, lo examinemos y y lo convoquemos a venir a plenaria a contestar preguntas específicas que no hayamos podido resolver por otros canales. Esa sería nuestra posición y desde luego reiterar nuestro firme y vehemente compromiso con la lucha por que no hay ya la menor concesión en cuanto a Petróleo Mexicanos como empresa propiedad de la nación y del Estado mexicano. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra, el diputado Rafael Fernández Tomás.
El diputado Rafael Fernández Tomás: - Muchas gracias, señor Presidente:
Quisiera, si me permite, decir que mi nombre es Rafael Fernández Tomás porque siempre hay confusión, soy Rafael Fernández Tomás no Tomás y eso con el respeto al señor Presidente, no por él sino es en general. He subido a la tribuna para presentar la posición sobre este tema de la fracción del Partido del frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El día de hoy una noticia de una gran importancia en la Prensa nacional que desde nuestro puesto de vista no podemos dejarla suelta ligada al tema que nos lleva a esta discusión en el plenario de la Cámara.
El día de ayer en una acción sumamente grave la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tomó el acuerdo en relación con el doctor Alvarez Machain en concreto, pero tomó el acuerdo..
El Presidente: - ¿Me permite, señor diputado¿ Este punto lo tenemos agendado en la orden del día más adelante.
El diputado Rafael Fernández Tomás: - Sí señor Presidente; lo recojo, no estaba en el orden del día que recibí y era simplemente para vincular la importancia de que una medida chantajista como la que hay y quisiera que se me permitiese explicar por qué está ligado con esto, una medida como la de la Suprema Corte ayer que le da
la oportunidad a que el Presidente Bush pueda ratificarla y es un medio de chantaje, medio de presión que puede utilizar el Gobierno norteamericano ante el Mexicano y que afortunadamente el gobierno Mexicano respondió muy rápidamente, nos da idea del marco de las presiones en que se está moviendo en ese momento las relaciones de México con los Estados Unidos y con Canadá y en ese marco el punto central el punto neurálgico se orienta rumbo a Petróleos Mexicanos.
Nosotros debemos entender que la reorganización que anuncia el día de hoy el Boletín de la Presidencia de la República sobre Petróleos Mexicanos no salió de la nada, esa reorganización biene de los sucesos de Guadalajara y de la demanda del Presidente que le dio 30 días a Petróleos Mexicanos para reorganizarse y presentar al final del viaje a Río de Janeiro del Presidente de la República, presentar la reorganización de la industria paraestatal. Es decir, que ya arrastra la reorganización de Petróleos Mexicanos todos los problemas que se han presentado aquí más todos los problemas que se dieron en Guadalajara y no es casual esa reorganización que hay en petróleos Mexicanos.
Si fuera tan sólo una reorganización normal de la paraestatal, como explicó el licenciado Pedro Ojeda Paullada bastante, claramente, podría darse el marco de la discusión, en otra forma pero resulta que esta reorganización se da en la parte final de las reorganizaciones del Tratado del Libre Comercio poco antes de que fuera a inicializarse el Tratado y además, como muy bien dijo el compañero Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista, como muy bien dijo, viene después de que en México ha habido declaraciones, por una parte de Milton Friedman pidiendo la privatización de Petróleos Mexicanos; por otra parte de Yammani pidiendo la privatización de Petróleos Mexicanos y faltó., faltó un caso si usted me permite, de los propios empleados que hay en México de los intereses de las grandes compañías norteamericanas; en concreto el caso de Ricardo Dager Nahum que es el Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio en el país y que también planteó la privatización de Petróleos Mexicanos.
Es decir, que nosotros los diputados, por lo que vemos, de todas las fracciones estamos sumamente preocupados en este momento porque hay presiones muy grandes en la paraestatal.
No es un momento de la historia del país como pudieron haber sido en hace 15 años, es un momento particularmente importante.
Nosotros planteamos que en cualquier parlamento del mundo, ante lo que se planteó ayer de la reorganización de la paraestatal y ante la duda que nos queda, con toda honestidad, el licenciado Ojeda, ante la duda que nos queda a todos qué es exactamente lo que significa la petroquímica secundaria, en donde puede participar el capital extranjero, el capital privado, esa explicación requiere darse al máximo organismo donde reside la soberanía nacional que es nuestra Cámara.
En cualquier parlamento del mundo, tendríamos aquí al director de Petróleos Mexicanos en estas condiciones, explicando a los diputados lo que significa la reorganización, y nosotros estamos ahora planteando ante todos nosotros la preocupación que como diputados y mexicanos tenemos para que en Petróleos Mexicanos, ante el Tratado del Libre Comercio no se dé marcha atrás.
Por lo tanto, la fracción parlamentaria del Partido del Frente Carrerista de Reconstrucción Nacional considera, junto con las inquietudes de los demás compañeros diputados, que tenemos que tener una información mucho más completa de lo que significa la reestructuración de Petróleos Mexicanos; por lo tanto pedimos que se dé trámite a la iniciativa que se presentó para que pase a comisiones este caso y tengamos una respuesta lo antes posible, primero en comisiones y después, ojalá sea así, se lo planteo a nombre de mi fracción al presidente de la Comisión de Energéticos, para que le plantee al director de Petróleos Mexicanos, que sería de una gran importancia la presencia de él en plenaria de la Cámara de Diputados para poder dar claridad este momento tan importante y paraguas de la historia del país, del futuro que tiene la empresa paraestatal y dejarle claro a él., como creo que ha sido recogido aquí, que no estaremos ninguna de las fracciones parlamentarias creo, que estamos dispuestos a que se no dé marcha atrás en ningún punto en relación con la privatización de Petróleos Mexicanos después que se nos sea aclarado qué significa el cuarto punto ahora, realmente como fue planteado por usted en lo de la petroquímica secundaria. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Tomás González de Luna.
El diputado Tomás González de Luna: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
A nombre de la fracción parlamentaria Independientemente, me permito hacer referencia a lo que
hasta el momento solamente tenemos como una información periodística de una iniciativa del Ejecutivo Federal, que es la posible reestructuración de Petróleos Mexicanos, de la industria petrolera del país.
Para todos es conocido que momentos difíciles de la vida económica del país, como fue a partir de 1983 la crisis económica que comenzó a azotar el país, llevó poco a poco a una petrolización de la economía. Para nadie era desconocido que la base económica del país estaba sustentada en ese recurso importante. Esto fue lo que permitió en un momento dado al país poder sufragar muchas de sus urgencias.
En este momento que se plantea la reestructuración de esta importante empresa nacional, lo cual está íntimamente ligada a la historia del país que significa en un momento dado independencia y soberanía para nuestra patria, para todos los mexicanos y en particular para esta soberanía, es motivo y preocupación, de interés, de cuidado delicado, cuál es la trayectoria y los términos en que se planteará la iniciativa.
Hasta el momento, repito, solamente podemos hacer referencias, advertencias a toda la nación, de la importancia y de la trascendencia que significa la discusión de este problema. Sin duda que todos coincidimos, los mexicanos, que no se debe dar ningún paso atras en la propiedad del país de este importante recurso nacional.
En fecha próxima; sin duda tendremos la oportunidad de hacer mención, de hacer referencia en nuestros puntos de vista en relación a esta problemática.
Por otra parte consideramos de vital interés, como un aspecto fundamental, la presencia del responsable de Petróleos Mexicanos ante esta soberanía, aumentando la información al respecto de cuáles son los motivos que llevan al Ejecutivo Federal a presentar una iniciativa de tal trascendencia, de la cual el Presidente de la Comisión de Energéticos de esta Cámara ha mencionado los elementos sustanciales.
Consideramos, repito, que éste es un hecho del cual nos debemos ocupar y que esta soberanía debemos convocar a todos los mexicanos a no dar un paso atrás en la nacionalización, en la forma en que existe esta propiedad para la nación de este recurso tan importante. Muchas gracias.
El Presidente:- Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos constitucionales y de Energéticos.
TRANSFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Presidente:- Tiene la palabra la diputada Layda Sansores, a nombre de diversos grupos partidistas, para presentar un pronunciamiento en torno al proyecto de transformación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La diputada Layda Elena Sansores San Román: - En el curso de esta mañana, cinco fracciones parlamentarias hemos decidido, por consenso, hacer un pronunciamiento político en torno al proyecto de transformación universitaria. Por su relevancia, me permito darle lectura.
Los que suscribimos, diputados federales pertenecientes a diversos partidos políticos integrantes de esta legislatura de la honorable Cámara de Diputados, reiterando nuestro respeto a la autonomía universitaria y reconociendo que el tema de esta declaración corresponde exclusivamente al ámbito interno de la Universidad Nacional Autónoma de México, formulemos el siguiente pronunciamiento, por la significación de este asunto para la vida nacional.
Sabemos que el proyecto referido al financiamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, deriva de una amplia consulta entre la comunidad universitaria, que aún será materia de mayor diálogo y concentración en su seno a futuro y que comprende relevantes aspectos que fueron ventilados ampliamente en diversos medios de comunicación.
Consideramos que la propuesta recientemente presentada por las autoridades universitarias, es competencia exclusiva de esa comunidad y comprendemos que dicha propuesta se orienta a mejorar las condiciones en que la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolla sus actividades educativas, de investigación y de difusión de la cultura.
La Universidad Nacional ha jugado, sin lugar a dudas, un papel de primer orden en la conformación del México de hoy, ha sido un factor determinante de movilidad social en el país y un elemento de transformación y avance en las distintas etapas de su desarrollo.
En efecto, no podría concebirse este país sin la presencia de nuestra máxima casa de estudio en los distintos ámbitos de la vida nacional. Hoy que apreciamos profundas y rápidas transformaciones en todos los campos de la actividad humana a nivel nacional e internacional, nuestra
universidad no solamente aporta al cambio sino también se actualiza para responder a las nuevas realidades y se prepara para actuar con éxito ante los retos del futuro.
Para mantener a la vanguardia, la universidad requiere mejorar su actividad y transformarse cotidianamente, para lo cual le son indispensables recursos crecientes. A este respecto, el Estado mexicano ha mantenido su papel central, al ser el sustento principal de las universidades públicas y en particular de la Universidad Nacional Autónoma de México.
No obstante los subsidios crecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México y los apoyos extraordinarios que esta casa de estudios recibe, la magnitud de sus tareas y la complejidad de sus programas y proyectos, hacen necesario que esta institución diversifique sus fuentes de financiamiento y en uso de su autonomía, decida libremente las formas y mecanismos que garanticen sus fines institucionales.
En las recientes propuestas que ha formulando la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha manifestado el propósito de mejorar a la institución y en tanto ése es el sentido de la iniciativa del rector, los diputados federales de las distintas fracciones parlamentarias de la LV Legislatura, expresamos nuestra coincidencia con los objetivos de fortalecimiento y autonomía de esa gran institución nacional.
Recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados, México, 16 de junio de 1992. - Firman: por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Fernando Ortiz Arana, por el Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos, por el Frente Cardenista Alberto Carrillo Armenta, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Adolfo Kunz Bolaños, por el Partido Popular Socialista Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - He sido comisionado por el Partido de la Revolución Democrática para exponer nuestro punto de vista sobre el mismo asunto que motivó el punto de acuerdo que leyó la diputada Layda Sansores.
La primera cuestión que queremos plantear por mi conducto los diputados del Partido de la Revolución Democrática es la siguiente: coincidimos con el rector José Sarukhán en el sentido de que un problema fundamental para la Universidad Nacional Autónoma de México y para la totalidad de las universidades públicas en este país, es el problema del financiamiento; tanto es así, que el propio rector José Sarukhán, a principios de este año envió una solicitud a la LV Legislatura para que se apoyara, a través de los medios que ésta tiene, la demanda del Congreso Universitario en el sentido de que debe aumentarse drástica y significativamente el presupuesto que el erario federal dedica a la educación, en particular a la Universidad Nacional Autónoma de México; incluso aquí, en esta LV Legislatura, no hubo ningún pronunciamiento en contra porque es del dominio público y todos los partidos debemos de ser sensibles a este asunto, de que la Universidad Nacional Autónoma de México, requiere cuanto antes de un incremento el presupuesto que se le dedica.
También sabemos que... y se ha planteado aquí cuando se habló del Presupuesto de Egresos, en diciembre del año pasado, que en comparación con las cifras que antes recibía la Universidad Nacional Autónoma de México, el presupuesto en los últimos años fue muy castigado. El promedio de los últimos 10 años, indica que si bien en los tres más recientes hubo un aumento, el promedio general indica que todavía no se alcanzan los presupuestos en términos relativos que tenía la Universidad a principios de los años ochenta.
No han aumentado entonces en términos relativos los presupuestos que se dedican a la Universidad Nacional Autónoma de México.
El Partido de la Revolución Democrática, considera que hay que seguir una política por parte de la LV Legislatura, que respetando la autonomía de nuestra máxima casa de estudios, contribuya a que se fortalezca su papel como la principal institución de estudios superiores en México.
La crisis profunda por la que atraviesa la Universidad Nacional Autónoma de México, no sólo es originada por el déficit presupuestal, sino que es una crisis que se deriva del modelo económico que ha seguido nuestro gobierno.
Este modelo económico ha partido de un criterio de austeridad y sólo ha acertado a plantear salidas de carácter económico inmediato a través de las cuotas, que no resuelven en lo fundamental el asunto de considerar a la Universidad como una prioridad de la educación superior en nuestro país.
Desde el punto de vista del Partido de la Revolución Democrática, no ha lugar a dudas que el artículo 3o., en su fracción VII, plantea claramente que toda la educación pública debe de ser gratuita.
Para nosotros el problema no es de montos; para nosotros el problema es que intrínsecamente las instituciones de educación pública en nuestro país, por las condiciones de desarrollo de nuestra sociedad, deben ofrecer la posibilidad de que todos los mexicanos que reúnan las condiciones de estudios para hacerlo, puedan acceder a las instituciones de educación superior.
No dudamos que cualquier universidad puede hacer modificaciones, puede tener reestructuraciones, puede conseguir a través del consenso cada vez una mejor administración de los recursos, pero nosotros tratamos de no morder el anzuelo de que el problema radica en aumentar las cuotas. Es una asociación mecánica, es una asociación inadecuada que publicitariamente se ha manejado y que va a llevar al fracaso a quienes creen ciegamente en ella, que el aumento de cuotas inmediatamente significa transformación integral de la universidad.
Nosotros somos partidarios que se transforme integralmente la universidad y a fondo, con consensos, con una revitalización de la vida democrática a su interior, considerando el punto de vista de los estudiantes, no sólo de los que tienen el punto de vista oficial, considerándose el punto de vista de los sindicatos de trabajadores de la universidad, consideramos el punto de vista de los académicos, de los científicos que integran la comunidad universitaria y de los sectores de toda la sociedad, puesto que la Universidad Nacional Autónoma de México es de interés de toda la sociedad mexicana.
Queremos que quede claro entonces: el Partido de la Revolución Democrática no se opone a la transformación que requiere nuestra universidad. Ponemos en el centro sin embargo que esta transformación debe de vincular o reivincular a la universidad hacia los proyectos de prioridad social, el desarrollo de una economía sana, que la investigación sea depositada en estas instituciones, como la Universidad, el Politécnico y el resto de las universidades públicas; que no se convierta nuestro país por la vía de sacrificar los presupuestos para investigación nacional en sus instituciones en simples receptores de las patentes de otras universidades. Queremos entonces que haya transformaciones, pero no queremos morder el anzuelo, reitero, de que el problema de las cuotas es el problema que resuelve el financiamiento de la universidad.
Todo mundo sabe, haciendo las cuentas, que el financiamiento no rebasará el 8% del total de los recursos que maneja la universidad.
La declaración misma del conjunto de elementos que serán considerados como elementos atenuantes para de pago de la cuota, revela que el 90% de los estudiantes, según el criterio de quienes elaboraron la propuesta no pueden pagar cuotas, el 90% tiene condiciones de exención según los propios datos que maneja la autoridad que elaboró la propuesta de las cuotas.
Quiere decir entonces que lo que requieren el 90% de estudiantes son exención de cuotas y becas. Ahí mismo, en la propia propuesta, que tiene aparentemente respuestas a todo, que aparece muy lógica, muy cerrada y muy sistemática se encierra este criterio que es perverso, porque por un lado se reconoce que hace falta financiamiento, por otro se pone en el centro el problema de las cuotas y, sin embargo, se reconoce que el 90% de los estudiantes pueden ser exentos o necesitan beca.
Quiere decir que lo que se reconoce es que sólo una pequeña porción de estudiantes tienen un ingreso superior a los siete o nueve salarios mínimos que les permitirá incluso no estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México sino irse a una particular o fuera del propio país.
Por lo mismo, el Partido de la Revolución Democrática, considera unilateral apoyar sólo esta medida del rector. Nosotros consideramos prioritario apoyar la medida del rector que solicitó a esta LV Legislatura que interpusieramos todos nuestros oficios para que lo que aumente sea el presupuesto general de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Y decimos que nuestro punto de vista político es que todos los cambios que se den en la universidad, deben ser con el consenso de la comunidad de la universidad y por lo pronto salta a la vista, que no sólo no todos los universitarios sino quizá una parte muy importante de la comunidad de estudiantes, de académicos en general no está tan de acuerdo con poner en el centro para la solución de los problemas de la Universidad Nacional Autónoma de México el asunto de las cuotas.
El Partido de la Revolución Democrática quiere cambios con consenso de una universidad que fortalezca el vínculo de la misma con la sociedad, pero no poniendo en el centro el problema de las cuotas. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Javier Centeno Avila.
El diputado Javier Centeno Avila: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Primera cuestión que quiero diferir es respecto de la amplia consulta de que se hace mención en el punto de acuerdo respecto a los universitarios, quiero decir que es una consulta limitada. La estructura de la Universidad Nacional Autónoma de México, la estructura de gobierno, es una estructura obsoleta, es una estructura vertical y autoritaria, por ello mismo se ha impedido la amplia participación democrática de todos los sectores. Es una de mis primeras objeciones a ese punto de acuerdo.
Por otra parte, me sumo a la opinión del Partido de la Revolución Democrática en el sentido de que no basta con modificar el reglamento de pagos y solicitar aumento de cuotas para que mágicamente la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más grandes del mundo, la más importante quizá por su tamaño en América Latina pueda mejorar su calidad académica, esto no es automático.
La modificación al Reglamento General de Pagos de la Universidad Nacional Autónoma de México que aumenta las cuotas de inscripción y por servicios prestados a los estudiantes, está tratando de iniciar una nueva etapa en la educación superior, al evitar, bueno, al impedir el libre acceso en forma gratuita a cualquier hijo de la clase trabajadora.
Esta medida que, como ya se informaba es parcial, trata de resolver el problema de financiamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, olvidando que lo que se requiere hoy, es terminar con la disociación que existe entre el proceso de formulación de conocimientos y el proceso de su distribución y por otra parte, hace falta voluntad política para hacer de nuestra máxima casa de estudios, un centro de formación de cuadros con vocación de servicio y con compromiso por la transformación de la sociedad mexicana y no que formemos cuadros sólo al servicio de los intereses de las transnacionales.
La universidad requiere hoy, para actualizarse, modificar sus planes y programas de estudio. Requiere elevar las condiciones laborales de los profesores e investigadores. Ya basta de que un profesor de tiempo completo no gane ni 2 millones mensuales. con esa cantidad cómo es posible que pueda adquirir libros modernos o libros actuales, si no alcanza ni para las necesidades más elementales al magisterio universitario.
Por otra parte, se requiere también mejorar las condiciones de estudio de cada uno de los educandos de la Universidad Nacional.
En síntesis, para transformar verdaderamente la universidad, se requiere de un proyecto alternativo académico que lo lleve a este objetivo. No basta con una simple medida unilateral de elevar las cuotas.
Por otra parte, esta decisión corresponde a los universitarios. Si las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México son tan democráticas, ¿por qué no someten a referendum de la comunidad universitaria, el aumento o no de las cuotas¿
Lo que está en juego es el principio de la educación pública gratuita en educación superior de México. Esto llevará como consecuencia a eliminación de este tipo de educación, ya que con el aumento de cuotas quedarán fuera del sistema universitario muchos hijos de los trabajadores.
Hoy se realiza una propuesta de cuotas diferenciadas y mañana sólo podrán estudiar quienes puedan pagar. Hemos asistido a reuniones con el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituto de Enseñanza Superior, quien explicaba que el aumento de cuotas no resuelve lo sustancial, la falta de presupuesto para las universidades. Lo que sí no puede resolver es mayor voluntad política por parte del Estado mexicano, para tener presupuestos que alcancen a mejorar y a transformar cualitativamente nuestras instituciones de nivel superior.
El problema del presupuesto, el problema a que nos enfrentamos, es que la actual política neoliberal lo que pretenden es el autofinanciamiento de los centros de educación superior.
Por ello, la Fracción Independiente de esta Cámara de Diputados, nos pronunciamos por el respeto a la fracción VII del artículo 3o., constitucional, en defensa de la educación pública y gratuita.
Dado que ha sido asunto universitario, nos pronunciamos por el respeto a los acuerdos del histórico congreso universitario que hoy las autoridades universitarias pretenden violentar. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños: - Con su venia, señor Presidente:
Nosotros hemos apoyado este punto de acuerdo porque el aspecto central del mismo se refiere a la autonomía que debe de tener la universidad para tratar sus asuntos internos.
Y desde luego que entendemos por autonomía la facultad de tomar sus decisiones. Nosotros no podemos ver en la universidad, un ente ajeno al resto del país.
Pero quisiera plantear una reflexión y hacer un antecedente.
Cuando cursaba la carrera de abogado en la Universidad Nacional Autónoma de México, observé un fenómeno muy curioso: una buena cantidad de mis compañeros únicamente iban a visitar a los amigos, a utilizar las instalaciones deportivas, a ver a la novia, o a dar la vuelta por ahí y observando esto en un periódico de la Facultad de Derecho que se llamaba: "Ideales", escribí sobre la injusticia que representaba que nuestra universidad resultara un club deportivo y social regalado para las clases pudientes, entre las que había muchachos que llegaban eventualmente, por qué no iban regularmente en carros importados; y también había compañeros que muchas veces no desayunaban porque no tenían los recursos para hacerlo.
Resulta indudable que debe de existir un criterio diferencial en el cual los que no tengan recursos económicos, pero la capacidad para hacer una carrera, no sólo no paguen los estudios, sino que sean apoyados económicamente con becas.
Pero a la vez resulta imprescindible que los sectores, principalmente el sector obrero o los empleados, no subsidien las carreras de personas que una vez que terminan logran un avance social y normalmente ven mejorada su situación económica únicamente en su provecho.
Este sería un argumento suficiente, lógico, aunque difícil, quizá de implementar. Pero yo quiero hacerles otro argumento, ya no invocando a mi carácter de ex alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino a mi carácter de ex maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México. La universidad pública en México ha ido perdiendo su posición de privilegio. Esto se demuestra fácilmente con el crecimiento de las universidades privadas, donde no obstante hay que pagar a veces sumas muy altas, siguen creciendo en la capitación de alumnos.
Yo no estoy en contra de las universidades privadas; creo que sus propietarios y sus alumnos tienen derecho a llevarlas adelante y a responder y a satisfacer las necesidades que se buscan. Hay universidades que se enfocan a la ingeniería, otras a la medicina, etcétera.
Pero lo que no me parece conveniente, es que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México pierda el liderazgo de la educación superior en México y no me parece conveniente, porque nuestra universidad responde no a los intereses de una empresa o de un sector, sino a los intereses nacionales.
La universidad, que actualmente utiliza básicamente recursos públicos, debe de lograr una eficiencia tanto en lo económico, para aprovechar adecuadamente esos recursos públicos, como en lo académico. Para conservar el liderazgo de la educación superior, ya que como dije, sus intereses responden a los intereses nacionales.
Pero difícilmente vamos a conservar ese liderazgo si no conservamos un alto nivel académico, si no conservamos a los mejores maestros, a los mejores investigadores, como parte del personal docente de nuestra universidad.
Y esto no se puede hacer con los recursos que contamos, ni podemos pensar en seguir tomando recursos, provenientes muchas veces de sectores populares, para financiar la educación de un grupo numeroso, pero no deja de ser un grupo privilegiado de universitarios.
En tal virtud, nos parece conveniente que la universidad adopte las medidas adecuadas para que, sin dejar de ser la gran oportunidad que tuvimos muchos que no podíamos pagar los estudios de hacer una carrera profesional, a la vez obtenga recursos para que su profesorado reciba un sueldo que le permita competir con otro tipo de instituciones educativas.
Creo que de una manera o de otra, ya hace algunos años lo dijen en la Asamblea de Representantes y lo repito aquí, es una verdadera lástima que Carpizo no haya podido llevar adelante sus reformas; pero aún es tiempo de que nuestra universidad conserve el liderazgo de la educación superior en México. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Martín Tavira.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; honorables diputadas y diputados:
Este tema indudablemente tiene un interés fundamental para el desarrollo de la nación. Es necesario reflexionar y ésta es una oportunidad, sobre la educación universitaria en general y, claro, sobre la Universidad Nacional Autónoma de México en lo particular.
Naturalmente que una reestructuración de las cuotas universitarias, una redefinición de la política financiera de la universidad, no es la solución total del problema; pero es el inicio de la solución.
Si nos preguntamos ¿cuáles son los fines de la universidad?, la respuesta todos la tenemos, a flor de labio: impartir enseñanza, en sus diferentes niveles y aspectos; realizar la investigación científica y difundir la cultura.
Pero esos objetivos de la universidad, se convierten al propio tiempo en medios, si pensamos en el interés nacional: ¿Enseñanza, de qué y para qué? ¿Investigación científica, de qué y para qué? ¿Difusión de la cultura, de qué y para qué?
Tenemos que preguntarnos ¿cuáles serían los objetivos que a corto y largo plazo debe alcanzar la nación para que la educación universitaria fuera el medio para conseguir esos objetivos?
Lamentablemente las universidades del país viven en la dispersión y el aislamiento. Lo hemos dicho en todos los tonos y de manera insistente. Como funcionarios universitarios se lo expresamos a los responsables de la educación nacional, en repetidas ocasiones.
En una reunión que tuvimos con el presidente Echeverría le hacíamos ver la necesidad de realizar la planificación de la enseñanza universitaria y su respuesta fue muy breve y concreta: "Tenemos todos los elementos para hacer esa planificación, pero si nosotros, de acuerdo con las universidades del país, establecemos los lineamientos fundamentales de la educación universitaria, de sus propósitos, qué carreras hay que establecer, qué carreras hay que estimular, qué carreras habría, no sé, a lo mejor suprimir, en qué campos hacer la investigación científica de manera prioritaria, la investigación tecnológica, se nos acusaría de violar la autonomía universitaria".
Pero, señoras y señores diputados, en la época presente cada universidad se desarrolla atendiendo más a las circunstancias desde un momento determinado, que a un criterio general y básico sobre los objetivos de la nación y de los diferentes estados del país.
Cada universidad crea sus carreras, sus escuelas, diseña sus planes, sus programas de enseñanza, en función de los raquíticos subsidios que reciben las universidades de provincia diseñan su investigación científica, fundan sus institutos y sus centros, pero nadie, ninguna universidad de Yucatán o la de Chihuahua o la de Sonora o la Universidad Nacional Autónoma de México¿; ¿no se estarán repitiendo investigaciones¿; ¿no se estarán haciendo investigaciones que ya se hicieron en otros centros?
¿Por qué no hay en esa coordinación?, ¿cuál es la obligación de la ANUIES, de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior?, ¿solamente ser gestora de los subsidios que se dan a veces a cuenta gotas? El papel fundamental de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior debiera ser precisamente ese, el de coordinar el trabajo de las instituciones de educación superior, para realizar los planes y los programas que la nación esta requiriendo.
Alguna vez el maestro Lombardo Toledano, en la universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, dijo: "Los tres grandes objetivos que debe alcanzar la universidad en nuestro tiempo son tres: la independencia total de la nación, en su aspecto económico y político; la elevación permanente de las condiciones de vida de nuestro pueblo y la ampliación del régimen democrático". Estos tres deberían ser los grandes objetivos, los permanentes objetivos de la universidad mexicana.
Pero cada una de ellas arregla su vida de manera "autónoma" muchas veces, bajo la presión de grupos y de autoridades, pero no hay un Plan Nacional de Desarrollo de la Universidad.
Algunas veces los políticos toman a la universidad como campo de batalla, tratando de desvirtuar los fines de esta institución superior. Ustedes saben que ha habido universidades que han olvidado su papel fundamental y se han dedicado a hacer política ajena a la universidad, tratando de substituir o a los partidos políticos o a las organizaciones sociales.
Nadie duda de que las universidades son campo de batalla ideológica, sería una ilusión pensar que las universidades son islas que no tienen que ve con la lucha política nacional pero también es cierto que los dirigentes políticos tienen la obligación de respetar la universidad de entender cuál es su misión y la única política que deben hacer los partidos y los políticos es política
universitaria, política académica, política tendiente a solucionar los problemas nacionales a través de la educación, de la investigación y de la difusión de la cultura.
Ahora, respecto del financiamiento universitario nosotros hemos dicho siempre honorables miembros de esta Asamblea, que una inversión del Estado hacia las universidades es una inversión altamente productiva porque en todo caso la investigación científica bien realizada, lleva al acrecentamiento de las fuerzas productivas; la investigación científica y tecnológica, la ciencia y la tecnología se convierten en poderosas palancas de desarrollo económico, social, cultural y político de la nación. De manera que la inversión del Estado en la educación superior es una inversión altamente redituable. Nosotros sostenemos siempre la tesis de que el Estado mexicano esta obligado a financiar a las universidades públicas pero tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué nos ha dicho una experiencia de muchos años en la vida universitaria¿ Nos ha dicho que se cometen incontables injusticias para el pueblo de México, para el pueblo pobre, para el pueblo inteligente pero sin recursos si se mantiene la cotización pareja; no es posible en las universidades públicas considerar a los desiguales como iguales.
Yo no sabría decir en estos momentos porque carezco de la información, que porcentaje de los diversos sectores sociales van a las universidades, pero me temo, me temo que las universidades a pesar de que alguna de ellas son populares me temo que éstas casas de estudio reciben en su mayor parte jóvenes provenientes de la pequeña y de la gran burguesía, de los hijos de la clase trabajadora en general o se quedan fuera o conforman un contingente bastante reducido y ésta es una grave injusticia. No es posible que las universidades continúen por este camino, es necesario que nuestras casas de estudios estimulen el talento de los jóvenes mexicanos.
Perdonen ustedes que hable en lo particular, pero muchos mexicanos provenientes de capas empobrecidas no hubiéramos podido estudiar, ni la educación elemental mucho menos la educación superior. La universidad Michoacán si no me equivoco fue la primera que estableció un sistema de becas y gracias a este sistema muchos estudiantes pobres pudimos realizar nuestra carrera, pero en el seno de la institución nos dimos cuenta que hay una injusticia, los que pueden pagar no pagan, no pagan lo que deben pagar y los que no pueden pagar pagan lo que pueden pagar.
Esa es la paradoja, éste es el inicio de una reestructuración de la Universidad en México, hablo en general.
¡Quienes tengan para pagar, que paguen; quienes tengan el talento y la decisión de estudiar, que no paguen un solo cinco si provienen de las capas pobres y que el Estado les dé sus becas; y que el Estado multiplique bibliotecas, laboratorios y centros de todo carácter para que los estudiantes pobres puedan realizar su ambición, su ideal, que es formarse para servir a su país¡
Una de las injusticias que se comete en las universidades es ésta: los peores estudiantes resultan más caros a la nación, que los mejores estudiantes. ¿Por qué¿
Los mejores estudiantes no repiten; los peores estudiantes repiten y se vuelven muchos de ellos en grupos... se convierten en grupos de presión para que violentando las norma universitarias, hagan examen cuando inclusive no tienen derecho a ello, cuantas veces sea necesario.
Los peores estudiantes son estudiantes repetidores y en consecuencia las universidades tienen que hacer desembolsos para pagar profesores, ampliar sus laboratorios, etcétera, con el fin de que esa población pueda seguir en sus estudios, o seguir mal en sus estudios.
Esa es la paradoja que se vive; debiera haber estímulos para que los mejores estudiantes pudieran realizar sus ideales de hacerse científicos, técnicos, hombres de cultura, artistas y las universidades deberían desestimular a aquéllos estudiantes que no tienen el menor interés de formarse, sino simplemente de adquirir un título, porque tampoco compañeros diputados, es difícil adquirir un título a nivel de licenciatura y a veces en otros niveles.
No hay muchas veces una vigilancia de la calidad de las tesis que se presentan, pero ahora es hasta corriente hablar de que los estudiantes deben recibirse sin tesis, sin nada.
No sé, si tengan razón en eso, pero en las instituciones donde pudimos dejar oír nuestra humilde opinión, siempre manifestamos la idea de que los estudiantes deberían esforzarse por demostrar en su tesis recepcional, que son capaces por lo menos de asimilar un tema; si no aportar nada, por lo menos asimilar el conocimiento.
El Partido Popular Socialista desde hace muchos años, ha propuesto la creación de un sistema nacional de becas. Lo hemos explicado en todos
los tonos pero nunca se han puesto las autoridades educativas o universitarias a estudiar, a ver si hay algo de positivo en esta proposición, que sería en dos palabras un sistema nacional de becas.
El Estado mexicano hace un estudio de las condiciones económicas de los universitarios. Eso no es del otro mundo. El Estado mexicano otorga a quienes necesitan la beca necesaria para que puedan pagar a la universidad y para que puedan sostenerse, alimentarse, comprar sus libros.
Es necesario que los estudiantes, pobres hijos de campesinos o hijos de obreros, tengan el cumplimiento de su derecho a la cultura y a la educación, si tienen el talento para ello. De vez en cuando, honorables diputadas y diputados, se dejan oír voces en las universidades, demagógicas por cierto, que causan mucho daño, de que indiscriminadamente hay que becar a todo mundo, tenga preparación o no tenga, tenga inteligencia o no tenga, tenga capacidad o no, con la tesis entre comillas de que los estudiantes de capas pobres por no haberse alimentado desde su niñez, no se desarrolló su cerebro suficientemente. Suponiendo que esto fuera cierto. Pero la nación no tiene la culpa que una serie de gente incapacitada vaya al mercado de trabajo, simulando que aprendió una carrera. El estímulo del Estado debe ser para los que pueden con una carrera universitaria, para los que tienen la capacidad y tienen la voluntad de realizar sus estudios.
Para terminar, compañeras y compañeros diputados, quisiera recordar que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nuestro diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, en nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, el 11 de marzo de este año, presentó una proposición, con el fin de que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, bueno, ahora desaparecida, pero ahora diríamos por los canales adecuados, acreciente el subsidio a las instituciones, pero especialmente a las instituciones de educación superior y a la Universidad Nacional Autónoma de México que, independientemente de que seamos provincianos o de esta enorme metrópoli, es la universidad más grande en población y la que tiene que atender una multitud de actividades académicas.
Esta es la posición del Partido Popular Socialista, señoras y señores diputados, en esta discusión importante sobre las universidades mexicanas y en concreto sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Francisco José Paoli Bolio.
El diputado Francisco José Paoli Bolio: - Con su venia, señor Presidente, señores diputados de la nación:
En primer término quisiera sostener que nuestra adhesión al pronunciamiento que acaba de hacerse, como grupo parlamentario, obedece a diversas razones: la primera es que corresponde a la Universidad Nacional Autónoma de México tomar este tipo de decisiones en relación con las cuotas.
Este es pues, un pronunciamiento de deber ser respetuoso, pero que no puede soslayar algunas de las razones fundamentales que se encuentran fundamentales, que se encuentran detrás de la iniciativa y que como universitarios tenemos que entender en el sentido más amplio.
Estamos viviendo un tiempo distinto que se manifiesta de diversas maneras. En el campo educativo este tipo nos lo anuncia el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en diversos aspectos: señalando en algunos de ellos que la participación de la sociedad y en particular de algunos de sus grupos más dinámicos, de los padres de familia, tienen que ser una realidad cada vez mejor concretada.
En este caso de la universidad, que plantea una modificación a su Reglamento de Becas, estamos en presencia de una posibilidad de impulso a la sociedad, e insisto, cuando hablamos de sociedad hablamos de algo muy abstracto, porque en realidad las sociedades están compuestas por un número muy amplio y muy diverso de organismo y sin embargo hay algunos que tienen responsabilidades y posibilidades mayores para apoyar diversas actividades. A ésto es a los que debemos acudir para fortalecer las instituciones de educación superior.
No es cierto que todo tenga que provenir del Estado; ésta es una tesis que poco a poco, por distintos conductos, a propósito de diversos temas se ha venido precipitando, junto con estados que sostuvieron estas tesis. Hoy en día está claro que las sociedades tienen que concurrir a sus tareas fundamentales para el desarrollo integral del ser humano y que en muchos países así ocurre, que nosotros, sí queremos salir adelante como país, requerimos dar un apoyo especial, dar un jalón especial, tener una presencia particularmente vigorosa en el campo educativo en todos sus niveles.
No es posible seguir enviando la responsabilidad a un ente omnipresente, abstracto, que todo lo resuelve y que es el Estado; la sociedad debe concurrir responsablemente, organizadamente, según sus grupos mas dinámicos lo permitan para apoyar aquellas actividades que son básicas para al formación, no de una clase, no de un grupo sino del ser humano. El ser humano es un ser que nace indigente, como el más indigente de los seres y sólo se va completando por el apoyo solidario de sus semejantes a través de la educación y otros tipos de apoyo fundamentales.
Este es el fundamento para saludar desde aquí esta iniciativa que ha hecho el doctor Sarukhán, para modificar el reglamento de cuotas, porque permite a través de él, que la participación de la sociedad se haga en forma ordenada, responsable y por cierto tomando en cuenta los niveles de ingreso familiares, porque no se esta tomando una medida a raja tabla, uniforme, igual para todos; se parte de un principio de desigualdad y es una grave injusticia social hoy día, una grave injusticia social, insisto, que se ofrezcan iguales posibilidades a quien tiene mucho y a quien tiene muy poco.
Esta iniciativa considera extensiones totales, no sólo para aquéllos que no tienen recursos, sino también para aquellos que sacan muy altos rendimientos como estudiantes. Es un estímulo fundamental que nuestros estudiantes que más se esfuerzan y que mejores desempeños logran, puedan tener estímulos también en el orden económico y de reconocimientos. Pero hay extensiones que van del 75% al 50% y al 25%, que permiten que ningún estudiante que tenga la capacidad, que tenga la aptitud, pueda quedar fuera del sistema educativo si toca a las puertas de la universidad, porque se contempla y se da crédito a la palabra de quien va a pedir inscripción, para reducirle, por conducto de becas, por concepto de becas, un porcentaje elevado de la cuota que tendría que pagar.
Las cuotas, se ha planteado aquí, no resuelven todo el problema del financiamiento y creo que es correcta la afirmación. En efecto, hay muchos elementos de vinculación de las universidades con la sociedad que debieran generar ingresos por concepto de investigación financiada, por concepto de contratos para elaborar servicios y diversos satisfactores sociales en los que la universidad puede participar.
Pero las cuotas también juegan un papel importante, no por cierto en función del porcentaje que representan en el presupuesto universitario; se ha dicho que no representarán más del 8% y 10%, del total del presupuesto anual de la Universidad Nacional estas cuotas, pero sí por que introducen un principio de orden necesario del que ha estado, ayuna la universidad pública en general por muchos años; por mantener una posición populista; por evitarse conflictos políticos que los hay y los habrá; por evitar el enfrentamiento para grupos que se han enquistado y buscan sostener privilegios que no pueden sostener en los exámenes, en el estudio, en el esfuerzo y si la universidad es gratuita o la educación es gratuita, en términos formales, en términos constitucionales, señores, la universidad no es gratuita ni la educación lo es, nos cuesta a todos los contribuyentes y tenemos la obligación, como la tienen todos los universitarios, como la tienen todos los señores diputados, de vigilar que los dineros públicos se inviertan bien, porque la gratuidad implica no tener una carga excesiva que el educando no puede cubrir o su familia, pero no implica que se autorice, como se ha autorizado por decenas de años la irresponsabilidad en los campos universitarios.
No tenemos en muchas universidades públicas matrículas confiables y esto ¿qué representa¿ Representa que hay un engaño, que hay una ficción, que están inscritos 20 ó 15 mil alumnos y en realidad asisten la mitad o el 60%. Esto hace poblaciones fantasmas y presupuestos igualmente fantasmas; esto permite corruptelas, aviadores; esto estimula la existencia de estudiantes fósiles que permanecen por muy bajas cuotas y sin ningún control. Podrían o no pagar nada o tener bajas cuotas, pero por lo menos los que tengan interés en estudiar, deben asistir a inscribirse, a solicitar una beca y a sostener un promedio, un promedio razonable, que no tiene que ser muy alto, para que esas becas sean sostenidas, porque el pueblo de México está trabajando todos los días para cubrir esta educación gratuita a esta educación subsidiada para el que menos tiene y por tanto, lo menos que se puede pedir es la responsabilidad, la introducción del principio de responsabilidad que tan largamente ha estado ausente en muchos aspectos de la vida universitaria y en particular de las universidades públicas.
Hay una deserción alarmante que va más allá del 50%. Esto no es posible mantenerlo y en parte es porque a quien le cuesta poco y no me refiero sólo a términos económicos, sino le cuenta poco en términos de gestión de su propio destino, de ir a solicitar y de sostener un promedio para mantenerse estudiando, como se hace en todos los países y se hacia por cierto en los países socialistas. Está dejándosele poco
a poco caer en una inercia de la irresponsabilidad.
La educación, discutió el Constituyente de 1917 en su momento, tenía que ser gratuita cuando era obligatoria. Quién revise el debate del constituyente, va a encontrar que el espíritu de esta disposición, que se encuentra hoy en la fracción VII del artículo 3o., constitucional, no era hacer gratuita toda la educación. Pueden ustedes revisar el debate del constituyente y no los cansaré con los argumentos esgrimidos, pero lo que se trataba era de que aquélla educación, que era obligatoria, no tuviera que pesar sobre los hombros de los educandos y sus familiar, sino que el país entero hiciera la aportación para que esta educación pudiera cubrirse.
Así pues, estos son los argumentos fundamentales en función de esta iniciativa que ha tomado el señor rector y que por supuesto no resuelve todo el problema de financiamiento ni implican que la Federación o el Estado, en cualquiera de sus niveles, entidades o municipios, hagan un esfuerzo menor.
Estamos convocados todos a hacer un esfuerzo mayor para apoyar la tarea educativa. Sólo así, insisto, saldremos como país.
Pero se trata de obtener recursos adicionales y de establecer este principio de responsabilidad. Recursos adicionales que podrán estimular también a los profesores, sobre todo aquellos que desempeñan con mayor responsabilidad sus tareas.
No entro a desarrollar otro tema, pero me dio mucho gusto escuchar, porque es raro coincidir con los compañeros diputados del Partido Popular Socialista, la posición de que son caros los estudiantes que estudian menos. Pero yo diría, compañeros del Partido Popular Socialista, no sólo porque repiten los que estudian menos, ése es un dato importante. Pero es mucho peor porque no sirven al país, porque son desechos de recursos frescos que el país entrega y que después nos pueden servir como médicos, como abogados, como ingenieros, como dentistas, como profesionales responsables. Porque no tienen la capacidad. Porque llegamos a ver en la vergüenza de algunos periódicos que dicen: ex alumnos de tal universidad ni presentarse. Esto es lo más grave, la vergüenza y el baldón de formar mal, irresponsablemente y dejar en manos de profesionales un título que no ha merecido.
No entraré pues al sistema del sostenimiento de los universitarios que no tienen recursos no sólo para pagar su colegiatura, porque no es materia del reglamento de becas, pero también coincido en que es necesario crear un sistema nacional de apoyo a los estudiantes de menores recursos, para que puedan tener elementos para su mantenimiento, para la compra de sus libros y para vivir dignamente mientras desarrollan con responsabilidad y sujeto a normas, no en el desorden y en la tolerancia absoluta, sus estudios. En la medida en que ellos sean responsables la sociedad debe contribuir, mucho más ampliamente, a su sostenimiento y no sólo para el pago de colegiaturas sino para su mantenimiento cotidiano y para la adquisición de los implementos y recursos que les permitan ser profesionistas responsables. Muchas gracias.
El Presidente:- El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz para rectificar hechos.
El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados.
Quiero pedir una disculpa por hacer una referencia personal pero creo que sirve para lo que quiero resaltar. Fui fundador del Sindicato de Maestros de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fui su secretario general por seis años y después fui secretario general de dos federaciones de sindicatos universitarios en toda la República. Y siempre hablamos mucho en este sindicalismo universitario de lo que le costaba al país la fuga de cerebros, lo que se ha llamado la fuga de cerebros.
Algunos llegaron a criticar y a decir que eran unos traidores aquellos que se habían formado con recursos de los mexicanos y después iban a ejercer su profesión al extranjero, pero yo quiero decirles que en ocasiones la tentación debió haber sido muy grande porque los sueldos en las universidades extranjeras representan cinco, seis y hasta más veces lo que gana un maestro en una universidad mexicana.
A nosotros siempre nos desconcertó el argumento que nos daba el gobierno cuando pedíamos aumento de sueldo, nos decían: no hay dinero, no alcanza el presupuesto. Pero en muchas universidades buena parte de los recursos se gastaban para construir estacionamientos para los estudiantes.
Yo creo que aquí hay una doble injusticia compañeros diputados: Por un lado, el gobierno ha estado presumiendo en foros internacionales de que en México hay educación gratuita. Sí. Pero a costa de los sueldos de los maestros
universitarios. Y no se trata de aquellos alumnos, nadie ha hablado en este foro, ni nadie ha hablado en la Prensa, de que los alumnos que no tienen recursos paguen. Pero no estamos hablando de familias con ingresos de uno o dos salarios mínimos. A las universidades públicas, acuden estudiantes cuyas familias tienen ingresos hasta de 100 veces el salario mínimo y de todas maneras no pagan nada, a costa del sueldo de los maestros.
Pero hay otra injusticia y ésta es la más grave y, sobre ésta quiero llamar su atención señores diputados. Los alumnos ricos, los alumnos de clase alta, pueden suplir el bajo nivel académico de las universidades, porque tienen recursos para comprar computadoras, libros de texto y a veces hasta clases particulares. Pero el alumno pobre sólo tiene el nivel que le da la universidad; no tiene recursos para remontar el nivel con el que sale. Y ése es el más afectado por el bajo nivel de las universidades.
Nosotros decimos que los que sí pueden pagar que paguen; pero que no se sacrifique el nivel de todos los estudiantes, porque los estudiantes pobres son los más afectados.
Por otro lado, lo gratuito no se aprecia, la prueba de ello son los fósiles y los malos estudiantes. Un becado que es diferente de la generalidad de los alumnos que en una universidad no pagan, un bacado sí lo aprecia porque sabe que sus estudios cuenta. Pero que él es una excepción que tiene que mantener la beca.
Nadie ha dicho que el Estado deje de dar recursos a la educación. Acción Nacional ha repetido en muchos foros que lo que se destina ahora a la educación debe triplicarse cuando menos. El 3.1% del producto interno bruto es absolutamente insuficiente; cuando menos el 8% recomiendan los organismos internacionales. Pero también los beneficiados con la educación deben de participar en la medida de sus posibilidades.
Señores diputados: yo quisiera llamar su atención sobre dos cosas, ojalá esté equivocado el boletín de Prensa que hoy aparece en los diarios, en donde habla de que algunos líderes estudiantiles se negaban siquiera a discutir el asunto de las cuotas. Ojalé esté mal, porque eso sería inconcebible, este tipo de intolerancia a negarse a discutir un asunto, sería inconcebible en la universidad.
Piensen por favor en esta paradoja, los que quieren que nadie pague cuota en la universidad, en realidad están perjudicando a los estudiantes pobres, a los maestros y están beneficiando a los estudiantes ricos. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado José de Jesús Berrospe Díaz.
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
En relación a la propuesta que recientemente ha sido presentada por las autoridades universitarias, nuestra fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quiere dar algunas razones acerca del por qué apoya este pronunciamiento político en torno al proyecto de transformación universitaria, firmado por la mayoría de las fracciones parlamentarias que constituimos esta Cámara.
En primer lugar consideramos los mexicanos que apreciamos las profundas y rápidas transformaciones que en todos los campos de la actividad humana, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional se están dando actualmente, sería inconcebible que nuestra universidad se quedara a la zaga, ya que no solamente aporta al cambio, sino que también se actualiza para responder a las nuevas realidades del mundo actual.
En segundo lugar creemos que sería inconcebible, para este país que va en el cambio de la historia, no contar con nuestra máxima casa de estudios en el ámbito de la vida nacional.
Pensamos que para que la Universidad Nacional Autónoma de México se mantenga a la vanguardia, requiere mejorar su actividad y transformarse continuamente, para lo cual creemos que es indispensable que cuente con recursos crecientes.
Por eso en nuestra cuarta reflexión creemos que se hace necesario que esa institución diversifique sus fuentes de financiamiento, pero que haga uso para ello, en todo momento, de su autonomía, que no debe en ningún momento perder; que sea la universidad quien decida libremente tanto las formas como los mecanismos que garanticen sus fines institucionales. Por eso expresamos nuestra coincidencia con los objetivos de fortalecimiento e independencia de esta gran institución nacional.
No estamos de acuerdo en aquellas posiciones que aparentemente son progresistas cuando proponen que en la universidad los estudiantes no paguen un solo centavo, porque creemos que
se esconden puntos de vista conservadores y que no están dispuestos al cambio, siendo en esto reaccionarios.
Creemos que la Universidad Nacional Autónoma de México, al fortalecerse en lo económico, será capaz de dar apoyos a todos los mejores estudiantes de cualquier clase social a que pertenezcan. Pero que con ese fortalecimiento económico deben tener opción aquellos estudiantes que con su capacidad demuestren que quieren el progreso del país y que principalmente pertenecen a la clase humilde, para que puedan lograr convertirse en investigadores y científicos que engrandezcan a nuestro país y que se hagan estudios socioeconómicos para que la universidad pueda determinar en forma consciente y justa, el monto de estas cuotas que se proponen en esta iniciativa del señor rector.
Esta es la posición de nuestra fracción parlamentaria. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado René Juvenal bejarano Martínez.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Resulta falaz afirmar que en el Constituyente de 1917 se estableciera que sólo la educación que fuese considerada obligatoria tenía el carácter de gratuita, o tendría el carácter de la gratuidad, porque la fracción VII del artículo 3o., no deja lugar a dudas. A la letra dice:
"Toda la educación que imparta el Estado será gratuita". Y los argumentos para contrarrestar lo que la Constitución dice, son muy débiles e inconsistentes.
Se dice, en primer lugar, que el que las universidades sean autonómas les otorga la facultad para hacer llegar los recursos y que consagraron la fracción IX del artículo 3o., entonces no se cae en una ilegalidad. Este argumento cae por su propio peso porque ninguna ley puede contravenir lo establecido en la Constitución. Ninguna ley reglamentaria, del tipo que fuere, puede contravenir lo que la propia Constitución establece.
Se dice, en segundo lugar, que tiene más de 40 años que en la universidad se cobran cuotas, que data de 1948 el cobro de la cuota vigente y que por lo tanto siendo una práctica común, entonces esto ha adquirido naturalidad y legalidad. Es decir, es un uso y una costumbre y que por lo tanto ya debe estatuirse así.
Y bueno resulta que la violación de una norma, no nos exime, por reiterada que sea la violación, de su cumplimiento. Porque con ese argumento, el argumento de que de todos modos durante muchos años se han cobrado cuotas, nos llevaría a que en otras áreas de la propia legalidad se estableciera como que de todos modos se siguen violando muchas leyes o sigue habiendo asesinatos. Entonces de cualquier forma esta norma deja de ser vigente.
Y tiene que quedar muy claro que la violación de una norma no exime a nadie de su cumplimiento y, la Constitución es clara.
Pero además se dice: "Estamos hablando de las universidades autónomas". Y esto solo parcialmente es cierto. Porque si revisamos el programa gubernamental en su conjunto para la educación superior, el problema de la elevación de las cuotas no está circunscrito a la universidad nacional.
En el Instituto Politécnico Nacional, que no tiene el carácter de autónomo, se han indexado las cuotas semestrales al salario mínimo y se han incrementado substancialmente. De tal manera que el concepto que solo fundado en la autonomía se pueden establecer los cobros de cuotas es, cuando menos, falaz.
Y además hay otras universidades que no son autónomas, como la Universidad de Guadalajara, que precisamente cobra cuotas y que evidentemente está violentando lo que la fracción VII del artículo 3o., establece: que toda la educación que imparte el Estado será gratuita.
Pero esto nos lleva a pensar algunos otros aspectos también del resto de la educación. Con este argumento que se da de que todos modos se cobran cuotas, entonces tendríamos que decir que las cuotas "voluntarias", que se cobran en las primarias y en las secundarias anulan el carácter de gratuidad de esas instituciones.
Entonces quienes argumentan eso, debieran venir a subir aquí a argumentar porqué entonces, porqué entonces la educación básica o elemental como se establece en la Ley Federal de Educación, sí debe ser gratuita a pesar de que se cobran cuotas.
Y evidentemente esa argumentación es inconsistente, es profundamente inconsistente, más aun para el partido oficial que anuncia que en fechas próximas va a presentar una iniciativa de ley para establecer la obligatoriedad de la educación secundaria.
¿Cómo garantizar la obligatoriedad de la educación secundaria si no se establece su gratuidad? ¿Cómo garantizarla? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál va a ser el carácter de obligatoriedad o estamos incurriendo expresamente en un acto demagógico para fines de promoción política?
Evidentemente si una educación, si la educación es un derecho universal, el Estado sí debe garantizar el acceso de los mexicanos, de todos los niveles económicos, a la educación.
Y entonces es una práctica populista, refiriéndome a algunas palabras de algún diputado que me antecedió en el orden, ¿es populista que el Estado establezca la gratuita de la educación elemental o de la educación, media¿ ¿Es populista? ¿Es paternalista? ¿ Es un concepto anacrónico heredado de épocas del Estado de bienestar o del Estado paternalista? ¿Por qué no es populista la educación gratuita elemental, secundaria o incluso la media y sí es populista la educación superior, siendo que la educación superior es también masiva?, y que además el carácter masivo de la educación superior no es privativo de nuestro país, estamos hablando también de países desarrollados donde la participación de sectores importantes de la población, en los servicios educativos de carácter superior, es muy importante para garantizar el desarrollo científico y tecnológico.
Pero aquí se nos viene a hablar del fetichismo de las cuotas como si ése fuera el problema central y la varita mágica para resolver los problemas de la universidad. Se dice: las cuotas y el no pago de cuota o de cuotas ínfimas, significa la posibilidad de que se arraiguen o se reproduzcan vicios heredados como los fósiles o como núcleos de poder que se enquistan ilegítimamente y que usurpan ilegítimamente el beneficio social.
Yo diría que no se derivan del costo bajo de las cuotas esos vicios, porque el porrismo, que es uno de los vicios de los fósiles, no estuvo influenciado, no estuvo determinado por el costo bajo de las cuotas, no es cierto. El porrismo es un engendro de la burocracia universitaria y del aparato político del sistema dominante para controlar corporativamente a la sociedad que se expresaba en las instituciones de educación superior y ejercer violencia en contra de ellos.
De tal manera que no puede argumentarse que los fósiles provengan del bajo costo de las cuotas o que los vicios del deterioro de la calidad academica provengan de eso. Yo diría que es una forma manquea de interpretar el asunto, porque a ver, ¿podría decirse que las instituciones privadas tienen, con altas cuotas, con altos costos de servicios, en áreas importantes de la ciencia mejores niveles que la Universidad Nacional? Yo diría que no es cierto, que la Universidad Nacional sigue siendo y esto aun aunque les pese a los que se han formado en universidades privadas, la Universidad Nacional sigue siendo hoy la principal Universidad de América Latina y en ramas fundamentales de la ciencia y de la investigación es sector de punta de avanzada y hay que reconocerlo, a veces, por la labor heroica de los investigadores, que sin las mejores condiciones han desarrollado una batalla fundamental para tener a nuestro país en condiciones óptimas.
De tal manera que es un mito que las universidades privadas, porque cobren cuotas, tienen mejor nivel académico. Hay muchas universidades privadas que son verdaderos institutos patrulla, verdaderos negocios, más que garantizar el nivel académico son instituciones de lucro que no garantizan un adecuado nivel académico y que también hay muy malos estudiantes en las universidades privadas, aunque paguen 5 millones de cuotas, aunque tengan coches último modelo, que "papi" todo les paga.
Así es que de todos modos no se tiene que venir aquí a hacer una apología de la universidad privada o de que la universidad pública va a mejorar solo porque se paguen cuotas. Eso es un argumento falaz, es un argumento tramposo, que en el fondo esconde una interpretación distinta de la universidad.
Y se viene a hablar aquí de los vicios del sector estudiantil. Pero tiene que reconocerse que los motores de cambio de la universidad han estado implicados fundamentalmente por los trabajadores académicos, manuales y administrativos y por los estudiantes y que los sectores más resistentes a los cambios en las universidades han sido, eso sí, esas burocracias enquistadas que durante años se han enriquecido y se han conformado en mafías en las universidades y que han evitado que las universidades se desarrollen. Esos si son los verdaderos núcleos de poder, son los que se resisten al cambio, son los que han generado muchos vicios y son los que no informan los gastos que tienen y lo que implican para la universidad.
¿Por qué no se dicen en la encuesta de la universidad cuántos empleados de confianza hay y cuánto gastan? ¿Por qué no se reporta cuánto es el ingreso de las autoridades universitarias de los diversos niveles y de las muchas burocracias que se mantienen enriqueciéndose a
partir del presupuesto público? Se habla de que; ¿cómo es posible que un estudiante paga sus cuotas pero no se informa cuanto ganan las autoridades universitarias de los altos niveles? y, por qué no se dice que el propio informe del subsecretario Urpado, responsable de la educación superior de nuestro país, habla de que aproximadamente el 35% o hasta el 40% de la administración educativa en las universidades se lleva ese porcentaje de presupuesto, que el presupuesto universitario está destinado muchas veces a cubrir partes fundamentales de la administración educativa y en donde se incluyen esos núcleos de poder que además se reproducen y utilizan a la universidad y que no garantizan su desarrollo a futuro.
De tal manera que de lo que estamos hablando es de un modelo de universidad, y la verdad es que hablar de las cuotas como el costo de la educación es también una trampa y hablar de becas, el no pagar cuotas, también es una trampa. Una beca en su sentido original y en las instituciones de educación en nuestro país estuvo ideada para proporcionar las condiciones generales para estudiar y esto tiene qué ver con salud, alimentación y un entorno socioeconómico y entonces ahora una beca es no pagar y eso es una falsedad. Si verdaderamente se está tratando de que ninguna persona que quiera estudiar en la universidad y no pueda, tenga derecho a ella, entonces sí se le debe implementar becas, pero becas de apoyo académico, becas de ingreso, becas de alimentación, becas de servicios médicos y apoyo para trabajar en caso de que no se pueda tener un ingreso estable; de tal manera que se reduce el costo de la educación a una cuota y eso es falso porque la educación cuesta mucho más que la cuota que se está proponiendo, ésta es la manutención de los estudiantes, esto es el material didáctico, en muchas facultades es altísimo el costo por ejemplo en la facultad de Medicina de lo que tienen que gastar y erogar las familias y que eso no se habla y que eso se ha venido encareciendo rápidamente y no se habla de los servicios que la universidad cobra, por ejemplo los servicios de inscripción para el idioma inglés y no estamos hablando de los exámenes extraordinarios y, ¿por qué todo este esfuerzo no se hace para incrementar los salarios de los profesores?
Se reconoce el deterioro de la calidad académica pero no se habla, no se dice que durante muchos años los profesores de las universidades han tenido una pérdida significativa de su ingreso real y que esa pérdida significativa ha provocado el chambismo, el abandono profesional y que muchos investigadores abandonen las instituciones públicas e incluso el país porque no tienen las condiciones para investigar adecuadamente y ¿no es responsabilidad del Estado garantizar nuestra independencia científica y tecnológica?, ¿ es populista pedirle al Estado que promueva la entrega de recursos para garantizar la investigación científica y tecnológica?, ¿es reaccionario pedir eso cuando el dinero que maneja el Estado no es otro que el dinero del pueblo y que debe servir para el desarrollo de la nación, cuando en nuestro país se destina muy poco ingreso per capita a la investigación comparado con países como Japón, ¿acaso el gobierno japonés es populista porque destina una parte fundamental del producto nacional bruto a la educación y particularmente a la investigación? ¿No es un sector estratégico la investigación y por eso debe estar apoyada fundamentalmente por el Estado?, y ¿no es fundamentalmente la población la beneficiada en los servicios educativos y la educación no ha sido concebida como un factor de movilidad social?
Se está renunciando a etapas fundamentales de la vida educativa del país y en el fondo lo que se está abriendo es el camino para encarecer los servicios educativos y no estamos hablando de algo que no haya pasado, este camino ya lo recorrimos, lo recorrimos en el sistema de educación normal cuando paulatinamente se fueron cerrando internados alegando que eran centros de guerrilla; de subversión de agitación, se fueron cerrando casas de estudiantes, se fueron eliminando becas y prestaciones y lo mismo en el Politécnico Nacional y prácticamente sus apoyos a la educación de los más pobres de los trabajadores se eliminaron, de tal manera que ahora lo que se quiere es darle patente de legitimidad a una iniciativa que en el corto o mediano plazo tiene el objetivo de evitar que muchos trabajadores tengan acceso a la educación superior y claro que estamos por elevar la calidad académica de las instituciones de educación superior; claro que queremos una mejor universidad; claro que queremos cambios en la universidad, pero precisamente por eso nos llama la atención la contradicción de la forma como se presentan y como se anuncian estas iniciativas del rector, porque el Congreso Universitario estableció lineamientos para tansformar la universidad, estableció los consejos de área.
Y esta iniciativa que no tuvo consenso, que no tiene consenso en los universitarios ni en la población, es la que se lanza como la gran panacea para transformar la universidad, cuando en el Congreso Universitario se establecieron una serie de resolutivos, eso si es de consenso y que las autoridades universitarias se han negado, varios años después, a acatar y a cumplir.
De tal manera que no estamos hablando de inmovilismos o de pretensiones ilegítimas al pretender alentar a los que no estudian, y eso que hay un sector fundamental de los estudiantes que trabajan y estudian y que no son ningunos haraganes, que tienen al mismo tiempo que mantener su ingresos y el de sus familias y proporcionarse ellos mismos condiciones para el estudio.
No estamos hablando de sectores que no estén interesados en el desarrollo profesional, y si, sí es cierto que hay malos estudiantes, y hay desempleo profesional, eso no es atribuible nada más a las cuotas, es una versión simplista de un asunto mucho más complejo.
Evidentemente que entonces se habla con verdad, quieren que se elimine el carácter gratuito de la educación; bueno, presenten la iniciativa; pero no se puede implantar ilegalmente una medida antes de transformar la Constitución.
Primero tendrá que transformarse la Constitución para luego, en todo caso de aprobarse, implementar una medida de este tipo, pero se está haciendo al revés; exactamente al revés y argumentado que lo que la Constitución dice no tiene nada que ver con el espíritu de lo del constituyente, cuestión discutible, cuando la letra es muy clara y no admite interpretaciones.
De tal manera que por eso nosotros no compartimos estos criterios que ahora se dan y no apoyamos la propuesta del rector.
No compartimos estas determinaciones o esas pretendidas determinaciones y, aclarar que, en todo caso, sí apoyamos un proyecto de universidad diferente, pero que tiene efectivamente que abrir espacios a la sociedad.
Ahora se viene a hablar de que la sociedad es la que tiene que ser protagónica en la universidad, cuando las leyes orgánicas de las universidades precisamente lo que hacen es excluir los aspectos de la sociedad y delegar en un sector pequeño de las burocracias universidades, la facultad para gobernarlas.
La inmensa de las mayorías de las universidades no tienen gobiernos democráticos y la propia vida orgánica de la Universidad de Sonora, está reproduciendo ese vicio.
Lo que garantiza es un control vertical supuestamente colegiado, pero que no expresa verdaderamente la representatividad de los universitarios, de tal manera que si realmente se quiere hablar de representación de la sociedad en la universidad, también deben transformarse las leyes orgánicas en sentido democrático para que sean los universitarios quienes gobiernen la universidad y no vengan de una estructura vertical del propio sistema político partiendo de la Presidencial de la República, la Secretaría de Educación Pública y el Tribunal y el Consejo Universitario.
Esa es la forma en que la sociedad se expresa en la universidad... nada más la sociedad se debe expresar en la universidad pagando... nada más, ésa es la única forma de expresión de la universidad, o se debe establecer otro...
El Presidente: - Diputado Bejarano, acepta usted una interpelación?
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Sí, al terminar mi intervención.
Por eso mismo, por eso mismo establecemos que sí, la sociedad tiene derecho a expresar en la universidad, pero la sociedad no es un ente etéreo, metafórico; la sociedad tiene formas de representación y éstas no están siendo efectivamente incorporadas en la universidad.
Por eso mismo no compartimos este pronunciamiento; efectivamente tocará a los universitarios decidir sobre este aspecto, pero no podemos otorgar patente de legitimidad a una iniciativa que además rompe con la propia legalidad de los universitarios porque no fue un acuerdo del Congreso Universitario y ahora se está convirtiendo la medida principal de la propia rectoría. Muchas gracias.
El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (desde su curul): - Es una pregunta, señor diputado.
Creo que si generalizamos en ambos casos, vamos a caer en errores, Yo quisiera hacerle una pregunta concreta y sobre un caso específico.
¿Estaría usted de acuerdo en que un estudiante cuya familia tiene ingresos digamos de 100 salarios mínimos, 30 millones de pesos, no pague absolutamente nada?
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Yo estoy de acuerdo en que toda la educación que imparta el Estado, debe ser gratuita. Así se lo contesto y, si no les parece a los compañeros del Partido Acción Nacional, pues no compartimos, lamentamos que no lo compartamos, pero evidentemente, voy a contestarle, evidentemente
partimos de un concepto distinto de sociedad, evidentemente.
Nosotros no creemos que sea la inmensa mayoría de los que tengan 100 salarios mínimos que tengan acceso a la universidad pública; en todo caso son un pequeño núcleo.
Pero evidentemente tendrán que consultarse las formas de distribución del ingreso y la parte de la población que percibe menos de dos salarios mínimos.
No compartimos ni le damos credibilidad a las encuestas de la universidad, estas encuestas como otras que están de moda, están predestinadas y manipuladas para justificar algo que se decide previamente. Evidentemente no puede ser que la encuesta arroje que la sociedad tiene una composición distinta. ¿Cómo podemos decir que la inmensa mayoría de la población tiene más de cinco salarios mínimos, cuando los propios datos oficiales nos hablan de que más de la mitad de la población económicamente activa apenas si alcanza entre uno y dos salarios mínimos?
Por eso es que las formas y los argumentos que se han dado para sustentar esta tesis, son en todo caso incorrectos y, si pudiera haber excepciones, hay mecanismos mejores de redistribución del ingreso, en todo caso, pero además hay aquí otro elemento punitivo que nos parece peligroso. No es la primera vez que las autoridades universitarias actúan persecutoriamente, alegando fines distintos a los que realmente persiguen, se dice que aquel estudiante que declare que no tiene los ingresos suficientes y que tenga más ingresos de los que declaró, será suspendido un año de sus derechos escolares y condenado a pagar la totalidad de la cuota en caso de que sea sorprendido.
Permítame decirle que en la universidad y en muchas otras instituciones, tanto a los trabajadores como a los estudiantes se les ha perseguido por razones ideológicas y políticas, que todavía hay intolerancia y que esto abre la posibilidad para que se argumente macarthistamente en contra de los universitarios. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Francisco José Paoli Bolio.
El diputado Francisco José Paoli Bolio: - Con su venia, señor Presidente; ciudadanos diputados:
He subido a la tribuna para hacer una serie de clarificaciones en relación con mi propia exposición y con algunas otras exposiciones.
En primer término creo que es importante dilucidar que quiere decir este mandado constitucional que se establece en la fracción VII del artículo 3o., y que dice lateralmente: "Toda la educación que el Estado imparta será gratuita".
Esta interpretación, como cualquier estudiante de algunos años de derecho sabe, no se puede hacer en forma aislada, sino que tiene que interpretarse en conjunto con la discusión que el artículo 3o., mismo establece y este artículo señala, en el primer párrafo del artículo 3o., lo siguiente: La educación que imparta el Estado, y ahí define entre guiones Federación, estados y municipios. La Universidad Nacional no forma parte de la Federación, es un organismo autónomo por ley, con patrimonio propio y personalidad jurídica distinta de las que tienen estas entidades estatales.
En segundo lugar, yo no dije que textualmente en ningún lado el Constituyente hubiera señalado, porque lo tendría que haber puesto en la Constitución, que la educación primaria sería gratuita, pero el que lea el debate, encontrará que el principio que se defiende, que el espíritu que está detrás de esta disposición, es que aquella educación que se estaba marcando como obligatoria, no pudiera serlo en forma voluntarista y quedar al garete esta obligación, sino que tendría que ser financiada por el Estado y es la educación que imparte el Estado la que es gratuita, y en el caso de la primaria, hasta ahora obligatoria.
En el momento en que esta soberanía y después del tránsito constitucional de las entidades y de las legislatura estatales se apruebe un cambio, entonces podríamos hablar de la educación secundaria obligatoria y ésa, la que imparte el Estado a ese nivel secundario, también tendría que ser gratuita si rescatamos el espíritu del constituyente, pero ningún otro nivel ha sido gratuito.
En ningún momento he argumentado que porque el paso del tiempo y la violación de las normas se hubiera dado, quedaban éstas sin efecto. Es principio de derecho público conocido, que la violación reiterada de las normas no exime a nadie de su cumplimiento y, sin embargo, lo que sostengo es que no hubo nunca violación, porque desde los años cuarenta la Universidad Nacional y otras universidades en años y décadas posteriores, han cobrado cuotas, y aquí no estamos discutiendo por el momento un asunto de orden cuantitativo. Igual violación de la Constitución sería cobrar 200 pesos que 2 millones de pesos, es decir que si se está violando en forma costuras la Constitución, que es lo que se ha
sostenido aquí, se ha venido violando por decenas de años, sin que nadie hubiera protestado.
Y hay universidades muy responsables que hoy en día, públicas, que cobran una parte importante del costo de los servicios que prestan, pero no todas, En este caso y en la iniciativa que el rector Sarukán ha mandado, se ha hecho un cálculo de lo que cuesta la enseñanza universitaria a nivel de licenciatura alrededor de 4 millones de pesos, y se está poniendo como cuota máxima 2 millones de pesos al año, 200 mil pesos en 10 mensualidades, para aquellos que estén en el óptimo de los casos y de los ingresos, y que sólo representarían el 10% de los estudiantes, en la hipótesis de la investigación hecha.
Cuando la Universidad Nacional empezó a cobrar cuotas, 200 pesos representaban una cantidad que si se actualizara sería mucho más amplia, pero ha habido indolencia, ha habido esta decidia y este evitarse problemas. Ante cualquier manifestación y gritería, muchas universidades, autoridades y no sólo a nivel universitario sino más amplio del país, se atemorizan y no cumplen con el deber que el país les tiene encomendado y esto es muy grave y debe terminar.
Esta no es una iniciativa, en efecto, para resolverlo todo. Las universidades públicas tienen una grave responsabilidad y, en efecto digo, lo he dicho acá y en otros foros, que son las que sostienen la principal investigación del país.
En ningún momento he hecho una apología de las universidades privadas como mañosamente se ha tratado de insinuar. Yo vine a decir que las universidades públicas requieren de incrementar su nivel de responsabilidad, en los profesores, en los estudiantes y que una de las formulas una de las valvulas de seguridad es el ingreso y es el ingreso sujeto o a pago de una cuota que es muy razonable, y que no representa en el promedio de los casos ni la tercera parte del costo de la universidad, pero debo decirles que una universidad responsable, pública, como la Universidad de Aguascalientes, tiene otro esquema.
Por supuesto aquí podemos hablar de muchos esquemas de universidades, y la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene un presupuesto que se integra en forma tripartita: una tercera parte la paga la entidad federativa, otra tercera parte la paga la Federación y la otra tercera parte proviene de sus recursos propios, cuyo monto fundamental es de colegiaturas.
Hay universidades públicas que tienen cuotas de 800 mil pesos o de menos, es decir, no se trata de argumentar aquí que por una violación reiterada de la norma, ésta quede sin efecto. En ningún momento se ha hecho este argumento y decirlo es falaz, porque es poner en boca ajena lo que no dijo esa boca.
Yo quisiera nada más decir que entonces somos todos los miembros de universidades públicas que cobramos cuotas por nuestros servicios, violadores contumaces de la Constitución desde hace decenas de años y entonces seríamos también señores cínicos. Pero no creo que esta es la atribución que subiera yo a hacer ni la imputación a nadie.
Cambiar y tergiversar, tomar los argumentos por una parte de ellos y llevarlos a un punto en donde no estaban enfocados, es una trampa y es, eso sí, un engaño.
Jamás he dicho que las Universidades, como las japonesas, ni nadie creo que lo hubiera sostenido aquí, son populistas. Yo quisiera invitar a los que tengan duda a que pregunten cuánto cuestan las universidades japonesas y cuál es el nivel de exigencia para el ingreso y para la permanencia de los estudiantes y para los estímulos que en efecto reciben. Pero no son gratuitas, sus padres pagan cuotas y cuotas muy altas.
Las universidades públicas en muchos lugares del mundo tienen cuotas, porque alguien dudaba de que esto fuera así, aun en los Estados Unidos. La universidad, una de las más prestigiadas, que es Berkeley, cobra cuotas significativas muy amplias a los estudiantes universitarios.
Lo que yo decía es que la participación de la sociedad tiene que ser muy vigorosa, y tiene que abrirse cauces y formas distintas, no con una sola fórmula. Aquí el problema no es cuota sí o cuotas no; es no continuar desentendiéndose de un problema y de una responsabilidad que el conjunto de la sociedad está clamando porque hay que tomar medidas que sean suficientemente eficaces para tener una matrícula confiable, no una matrícula fantasma, y esto ordena la educación superior, porque permite saber con cuántos profesionales estamos programando el desarrollo de nuestro país, con cuántos laboratorios, talleres y recursos debemos contar para que sean debidamente apoyados esos estudiantes, y no un conjunto fantasmagórico de miles de estudiantes que están inscritos en el papel, que muestran una constancia, que es una pátina para mejorar algo en sus empleos o para engañar en sus
hogares y que están siendo encubiertos por un sistema excesivamente tolerante y contemplativo.
Yo creo, para terminar, que hay experiencias muy importantes que la Universidad Nacional también tiene que escuchar y analizar.
En los últimos 13 años he trabajado en otra universidad pública, la Autónoma Metropolitana, que desde su fundación cobró dos salarios mínimos de inscripción y colegiaturas, y que posteriormente se fueron aumentando, pero con el pacto se detuvo el incremento de cuotas y esta universidad pública, producto de una ley del Congreso, de este Congreso, igual que la Universidad Nacional y que tiene derecho y lo ha venido haciendo en forma responsable, el cobro de las cuotas.
Creo que hay una cuestión que quedó fuera y es el establecimiento de patrimonio propio de las universidades.
Es fundamental que para el ejercicio pleno de la autonomía, las universidades puedan contar con patrimonios...
El Presidente: - Le recordamos al diputado...
El diputado Francisco José Paoli Bolio: - Concluyo señor Presidente.
Y no solamente con el subsidio que pueden estar negociando, sujeto no siempre a las presiones más adecuadas.
Cada año las universidades, con el esfuerzo del Estado y de los particulares que tengan más recursos, deben ir constituyendo, las públicas y las privadas, patrimonios propios que garanticen el ejercicio de su autonomía, que no es una concesión política, sino una condición para el desarrollo del trabajo académico. Muchas gracias.
El Presidente: - Señor diputado, tiene usted una interpelación...
El diputado Francisco José Paoli Bolio: - Adelante.
El diputado Javier Centeno Avila (desde su curul): - Primero quiero decir que en la Comisión de Educación hemos estado difiriendo o hemos estado en puntos contradictorios al diputado Paoli, él les ha mostrado con el adalid del aumento de cuotas y que no hemos tenido un punto de vista oficial por parte de la Comisión de Educación.
En ese sentido, quería preguntarle, primero, un Congreso Universitario, en el cual yo tuve el honor de participar, ese Congreso Universitario se concedió por 800 delegados, y un acuerdo de no modificar el reglamento de pagos, Esta fue la legalidad que nos dimos los universitarios. Yo le pregunto a usted, debido a tanta insistencia: si usted considera que se viola o no la legalidad universitaria, al violentar estos acuerdos sí logrados por toda la comunidad. Es una primera pregunta.
Una segunda pregunta. ¿Por que en toda su argumentación, esta argumentación que se ha dado aquí, se discutió en el Congreso Universitario, quiero decírselos, se argumentó sobre la constitucionalidad o no de las medidas? Toda esta discusión que una de las partes hoy usted representa, se dio en el Congreso Universitario, y llegamos a la conclusión todos de que no había condiciones y el consenso fue no aumentar las cuotas. Ese fue el consenso, no modificar el Reglamento de Pagos y fue no aumentar las cuotas en este sentido.
Ahora, por otra parte, para nada ha tocado usted la estructura de gobierno de las universidades, Yo le pregunto, ¿si usted está de acuerdo de que los universitarios puedan decidir sobre el nombramiento de sus autoridades y que, por lo menos, en la estructura de la Universidad Nacional dejen de existir jefes natos y quince ministros puedan decidir, sobre todo el nombramiento de autoridades de la universidad más grande del mundo; cual es la opinión que tiene usted al respecto?
¿Si considera que los universitarios deben continuar al margen de la toma de decisiones en esta Universidad Nacional o considera al revés, como lo decía el compañero Bejarano, que las leyes orgánicas deben democratizarse para dar cabida a la participación en la transformación académica de las universidades?
No coincido que con la simple, es una tercera pregunta, si con la simple modificación, todos estamos por elevar la calidad de los centros educativos...
El Presidente: - Le rogamos al diputado se sirva completar su pregunta.
El diputado Javier Centeno Avila (desde su curul): - Voy a terminar, vamos por la tercera pregunta. Solamente quiero preguntar, ¿sí usted considera que con modificar las cuotas esto inmediatamente, automáticamente, producirán elevar la calidad académica de nuestros centros de educación superior?
El diputado Francisco José Paoli Bolio: - Agradezco mucho al diputado Centeno que me hubiera hecho estas preguntas, que me permiten matizar e informar algunas cuestiones que el tiempo me impediría.
En primer lugar sí declaro, aunque sea ocioso hacerlo, pero ante una susceptibilidad, que no estoy en la tribuna como representante de ninguna comisión aunque pertenezco muy honrosamente a la Comisión de Educación. No hay el ánimo de imponer ningún argumento de autoridad, pero tengo derecho a mi opinión como diputado de la nación, y ésta es la única que estoy tratando de expresar.
En segundo lugar, tratemos lo del Consejo Universitario, que efectivamente es un asunto espinoso y difícil. Considero que ningún Congreso Universitario está por encima de la Constitución y las leyes que emanan del Poder Legislativo, en la medida en que las universidades o algunos de sus órganos, consejos universitarios, rectores, directores u otras entidades violen la Constitución o las leyes o no las acaten, no nos llevaría según el argumento que ya ha sido expresado a dejar estas leyes sin efecto.
Y el Reglamento de la Universidad, cuotas y cualquier otro al que la Universidad tenga derecho a desarrollar, en función de la facultad reglamentaria que se ejerce a través del Consejo Universitario, en la medida en que la Ley Orgánica de la Universidad que establece que las decisiones las tomas el Consejo Universitario y no un Congreso y que los reglamentos los hace el Consejo Universitario y no un Congreso y estos sean violados, como hay muchas otras violaciones de las que yo les podría hablar por mi experiencia académica, como por ejemplo, que lo impactable a nivel laboral lo pacten consejos universitarios populistas con sindicatos, a fin de lograr una serie de prestaciones.
Yo diría que esos acuerdos son inválidos y me atrevería a sostener que en algunos casos son inexistentes, es decir, que jurídicamente hablando, porque no podemos hablar de otra forma en esta tribuna, no podemos hablar de que hay una norma dictada por un órgano que no tiene legitimidad alguna a los ojos de la nación, la legitimidad la tiene el Consejo Universitario mientras la Ley Orgánica que solo este Congreso puede cambiar, diga que reglamentará el Consejo Universitario.
Si hay otra aceptación, es una aceptación de hechos, pero está para hacer uso del argumento que se estaba insinuando y que no era por cierto el que yo había sostenido, no puede estar por encima de la Constitución y de las leyes.
Yo le diría al diputado Centeno que con lo que yo no he dicho aquí se podría llenar con documentos este salón, pero creo que las interpelaciones debieran ceñirse a lo que uno dice o a lo que uno sostiene.
Efectivamente no hablé de muchas cosas como no hablé del gobierno de las universidades, estaría dispuesto a hacerlo en otra tribuna o aquí mismo si el caso y la condición lo permitieran. No creo que el solo aumento de las cuotas para responder a una de sus preguntas, conduzca a la calidad del Trabajo académico en general y sin embargo, hay condiciones que propician, que impulsan, que facilitan y hay condiciones que relajan, que impiden, que neutralizan los esfuerzos.
El establecimiento de un sistema de cuotas, no garantiza en efecto por sí mismo, que tengamos una calidad académica muy alta. Esta depende de que haya en primerísimo lugar, buenos y responsables profesores y que estén para ello bién renumerados. En ningún momento he argumentado lo contrario.
Segundo, que haya la infraestructura y dentro de la infraestructura está la normatividad, no sólo son los laboratorios, los mesa bancos, los pizarrones, los talleres, que permiten que haya calidad académica. También hay una normatividad a la que se someten los estudiantes universitarios. Y un orden para ir consiguiendo paulatinamente, con la dosificación pedagógica que requieren sus distintos aprendizaje, esa calidad académica. Pero es indudable que en las dos últimas décadas en el sistema de educación pública y en general en el sistema educativo, porque no estoy haciendo la apología de nadie, hemos caído en el nivel académico en todo el país. Y mucho no se le puede reclamar a las universidades porque ya reciben a los estudiantes tan bajamente capacitados, con tantas lagunas y tantas imposibilidades, que los conocimientos que la universidad quiere depositar en ellos, se resbalan. No hay nada que los sostenga y se van como el agua entre los dedos.
Este es un problema fundamental en efecto, que tenemos que atacar. Yo creo que el programa de modernización educativa que se planteo a principios de este sexenio está bien planteado en haber escogido como prioridad la educación que se llamó básica. Pero desde luego, creo que si no tenemos una primaria sólida como la que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos, que
les permitía comunicarse con sus semejantes a través del lenguaje y através de la matemática, que es el otro lenguaje.
Si no podemos tener gente capaz de cumplir con las tareas básicas que la sociedad les encomienda; que no se pueden comunicar; que no pueden hacer sus operaciones básicas; no podemos seguir en el plano del barniz y de la tolerancia y de la filosofía del pase automático, llevada a toda la gama y perneando todo el sistema educativo.
Este ha sido un problema sumamente serio y ¡qué bueno que hay ocasión¡, compañero Centeno, aprecio muchísimo sus preguntas, porque hemos caído en la filosofía del pase automático, que en algún momento tuvo alguna justificación o aquí se vio, somos culpables muchos tal vez Se dijo en una frase como ésta: "Más vale que pasen un poco por la escuela, a que no tengan nada". "Más vale algunos años". Entonces las reprobaciones eran menos. Y entonces las exigencias eran menos. Desde los maestros para formarlos, hasta los estudiantes. Y se fue relajando el conjunto, dramáticamente, del sistema educativo nacional, público y privado, porque finalmente éste es un virus que a todos pervade.
Yo diría: por supuesto que el sistema de cuotas es sólo un elemento. No queríamos magnificarlo. Las universidades tienen que hacerse de recursos que vienen de la sociedad a través de hacer buena investigación, a través de resolver problemas, de diseñar formas y procedimientos para que la sociedad procese mejor sus actividades, a través de la formación de científicos, de técnicos, de profesionales responsables en los cuales pueda confiar, a veces su vida, como en el caso de los médicos o de los abogados penalistas.
Y estamos teniendo un grave nivel de irresponsabilidad que viene de muchas décadas de dos por lo menos muy marcadamente. Muchas universidades fueron creadas falsamente, digámoslo con claridad si aquí se pregunta, diputado Centeno.
Durante el período 1970 - 1976 fue aumentando en más de siete veces el presupuesto a la educación superior y se crearon muchas universidades ficticias que no tenían ni las condiciones ni las posibilidades de ser instituciones de educación superior.
Se tomó esto como una decisión que viene sí, de 1968, con un grave cargo de conciencia como algún ex Presidente ha reconocido, porque se masacró a los estudiantes que pedían democracia y entonces se trato de capturar aun a los muy jovencitos, para puestos importantes de la administración pública, cuando no tenían la capacidad ni la madurez para asumirlo y se tomaron una serie de medidas populistas como ésta de aumentar ficticiamente los presupuestos y algunos que eran institutos honrosos, científicos y literarios, pasaron a ser inmediatamente y por decreto, universidades para aprovechar este incremento populista, sin fundamento, sin estudios, sin programación de ...
El Presidente: - Le ruego, diputado, concretar su respuestas.
El diputado Francisco José Paoli Bolio: - Quiero saber, señor Presidente, a cuántos minutos me da cada pregunta. (Aplausos.)
Pero no se preocupe, voy a concluir.
Nada más que tocar el problema de la calidad académica, y aquí quiero dejar salvada mi responsabilidad, requiere mucho más elementos que no he acabado de pronunciar; y como ésta fue la pregunta y aquí no hay tiempo suficiente, dejaría a salvo para responderle cabalmente, cuales son los elementos que considero pueden conducir a la elevación de la calidad académica; pero si el tiempo, este tirano que tenemos encima me lo impide, dejaría en manos del tiempo la responsabilidad y estaría dispuesto, Centeno, compañero diputado Centeno, a platicar largamente con usted, de lo que considero que puede mejorar la calidad académica.
Pero termino diciéndole que no es despreciable el elemento que establece la responsabilidad, no las cuotas; a través de las cuotas, la responsabilidad en la universidad, para que se tenga un desempeño adecuado, para que se sostenga un promedio adecuado y se puedan tener becas de colegiatura. Por supuesto, yo termine diciendo en mi primera intervención, que no todo se resuelve con colegiaturas y que habría que establecer la beca o como se llame, el estímulo a los estudiantes que teniendo capacidad no tienen recursos, para que puedan tener la alimentación adecuada y los instrumentos que le permitan educarse en el plano universitario. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Como lo señalamos los del Partido de la Revolución Democrática, desde la primera
intervención que hice yo, ratificado por la intervención que hizo el diputado René Bejarano, el tema no se reducía y queda cabalmente comprobado con la larga digresión, primera y segunda que ha hecho el diputado Paoli, al problema de las cuotas.
Aquí lo que hay que discutir, efectivamente, aunque no nos concierne la vida interna, se ha dicho desde el propio resolutivo, porque hay autonomía en la universidad, aquí lo que estamos discutiendo es las concepciones que sobre las universidades públicas tenemos los diputados de distintas fracciones.
Y como ya se abrió el debate, en todo caso es el que dijimos debería haber precedido a la elaboración de un punto de acuerdo o de un pronunciamiento, para que sepamos bien a que nos estamos refiriendo con ese pronunciamiento, pues tenemos que decir nuestra opinión.
Creo que no se puede subrayar bajo ningún criterio, ni siquiera los que efectivamente de manera unilateral por el tiempo, por lo que se ha tocado, el diputado Paoli, conocedor del medio universitario, porque ha sido profesor en el mismo, igual que su servidor, no se puede eludir, insisto, por hablar de que hay haraganes, de que hay porros, de que hay simulación, de que hay rezago, de que es responsabilidad fundamental del Estado mexicano, por las condiciones en que surgen las instituciones de educación básica y superior en este país, es responsabilidad central del Estado mexicano financiar en lo fundamental, la educación pública, también la superior y particularmente debe ser el presupuesto fundamental que permita el desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México y si no pensara así el diputado Paoli o cualquiera otro de los compañeros diputados que nos han antecedido en el uso de la palabra, estarían incluso en contra de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, que incluye al rector, que nos ha pedido desde febrero de este año, que intervengamos para que aumente ese presupuesto y que es el fundamental.
En buena parte por la necesidad de responder y de salir bién librado a las aseveraciones que hicieron diputados sobre la intervención del compañero Paoli, si oculta o no oculta, dice explícitamente, una concepción que no compartimos. Esa concepción está expresada incluso ya de manera riesgos y quizá es por la exposición, que me disculpe el diputado Paoli si no fue ésa la intención, se parece mucho a argumentos que yo escuché cuando fui estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, antes de 1968 y durante 1968, esos de que "los que andan haciendo alboroto representan al dragón que despiertan los rectores cuando tienen medidas autoritarias".
Aquí, cuando dice "que hay que combatir el populismo a través de las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México", en el fondo está escondiendo incluso una concepción aristocrática de universidad. Lo sabe él, lo sabemos quienes estudiamos estos problemas, que siempre ha sido un debate permanente el que opone cantidad y calidad en las universidades.
Aquí lo que está diciendo es "que deberían dejar de entrar a la universidad todos aquellos estudiantes que vienen de las escuelas públicas, por que están mal preparados y se resbala como el agua entre las manos el conocimiento que les queremos dar los ilustrados, los que procedemos de capas bién orientadas de la población, porque hemos tenido los recursos y la capacidad intelectual de recibir los conocimientos que a veces la aristocracia le quiere dar a los pobres, a los plebeyos y que no lo reciben, se les resbalan porque son pobres". (Aplausos.)
Esa concepción es aristocrática. Esa por combatir el populismo se pasa de plano a una concepción conservadora, que sí es la que combatimos nosotros contra la que estamos y efectivamente que cuando se unilateraliza el problema de las cuotas permite no solo abrir una grieta, sino una zanja amplia que va a separar a los mexicanos, a los de la extrema pobreza con los que sí pueden recibir los conocimientos con "pegamento de contacto" para que no se les "resbalen". como sugiere el diputado Paoli.
En esas concepciones, que me disculpe y no estoy diciendo lo que no dijo, si estamos en desacuerdo. Es un debate de los medios intelectuales. Es un debate de los medios académicos, no lo íbamos a tocar y lo estamos tocando. Hay concepciones de curriculum que son aristocráticas y que hablan del curriculum de alto status para una capa muy pequeña de la población.
¡Si ese criterio se hubiera aplicado cuando estudiamos, más de la mitad de los que aquí estamos; no hubiéramos tenido la carrera que tenemos, no hubieran llegado de aquí de las distintas fracciones parlamentarias¡ ¡Pudimos estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México o en cualquier otra institución, porque es pública¡ ¡por qué nos permitió pagar doscientos pesos¡ ¡Porque muchos de nuestros
padres no tenían para pagar más que eso¡ ¡Y no somos diputados a los que se nos resbalaron los conocimientos¡ Yo no conozco a alguno, pero espero que no sean de los que se les resbalaron los conocimientos. ¡Y como no se nos resbalaron, como apreciamos el papel que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México y todas las instituciones de educación superior, única posibilidad para millones de mexicanos de ingresar a estudiar, para que se incorporen efectivamente a superar los rezagos que tienen nuestra sociedad, creemos que unilateralizar el problema de las cuotas, poner eso en el centro para asociarlo a que la haraganería va a desaparecer, a que la simulación va a desaparecer, a que la falta de capacidad para retener conocimientos va a desaparecer por las cuotas, me parece, compañero diputado Paoli y todos los que compartan su puntos de vista, una franca exageración que no se justifica ni siquiera en afán derrotar en el debate a otros compañeros¡
Que el Congreso Universitario es o no legal, a mí me parece otra exageración. En ejercicio de la autonomía de la Universidad, el propio rector Carpizo, que habló de fortaleza y debilidad de muchos rezagos que todo mundo reconoció, en los que todo el mundo reconoció, se tuvo la necesidad de llegar a un congreso y tiene validez. Aquí la interpretación jurídica e incluso no es la fundamental, si hablamos de que ese congreso permitió hablar de esa lacerantes realidades de las que habló en su documento Carpizo y que pudieron recrearse.
Si se quiere desordenadamente, como a veces son las reuniones aquí, pero con la participación de muchos representantes de la comunidad universitaria.
Es una tardía reacción del compañero Paoli, hablando de que no tiene validez ese congreso y poniendo en duda el potencial que encierran algunos de los resultados.
Insisto, el que los estudiantes participen como participamos muchos en 1968 y antes de 1968, y que nos costó represión y algunos estuvimos "internados" como solemos decir, recreando aquella experiencia "internados" con alimentación mala durante tres veces al día y a veces sólo una en la prisión, por haber participado en 1968, no podemos decir que justificamos esas intenciones que hay detrás de algunos discursos de que lo que hay que aplacar es a los estudiantes, que son demagogos, que son populistas y que los rectores deben verlos como ese dragón que se despierta. Para mi es muy importante que el estudiantado participe, no sólo en marchas realmente, pero que participe también con todas las posibilidades de ser escuchado; las modernas y democráticas teorías no son populistas y sin embargo suponen la incorporación del punto de vista de las comunidades universitarias, para integrar al curriculum no sólo lo que formalmente se considera el conocimiento y el saber válido; a cualquiera, incluido el diputado Paoli, que le preguntemos si se acuerda de todas sus clases porque no se resbalaba el conocimiento, de muchas no se acuerda nadie, porque no tienen utilidad en la vida, porque no son conocimientos significativos, porque es la realidad social la que hace significativo el conocimiento y muchos diputados aquí cambiaron de intención después de que estudiaron una vida, porque así es la vida y no los vamos a acusar de que se les resbalaron los conocimientos.
Por lo tanto, insistimos en nuestro punto de vista, es falso, como dijo también un compañero del Partido del Frente Cardenista en alusión a nosotros, no directa, pero la tomo, que es conservador quien plantea que es unilateral el asunto del aumento de cuotas, es conservador el que sólo es seguidista y no argumenta por que apoya algo. Nosotros argumentamos por que no apoyamos el punto de acuerdo, no porque nos opongamos a las transformaciones de la universidad, simple y llanamente dijimos que era unilateral y el debate demuestra que era necesario abrirlo para que habláramos de otros conceptos de los que carecía el punto de acuerdo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Francisco José Paoli Bolio.
El diputado Francisco José Paoli Bolio: - Señor Presidente; con su venia; señores diputados:
Parece claro que el debate se ha dado y creo que será sano para la República que este debate se dé. Es tiempo del debate educativo, a partir del acuerdo para la modernización educativa. Por eso el grupo parlamentario de Acción Nacional decidió presentar también su iniciativa para modificar el artículo 3o., en diversas fracciones y hay otras disposiciones de la Secretaría de Educación Pública que están permitiendo ventilar algunos asuntos fundamentales.
Me voy a referir solamente a dos cuestiones, a la concepción de universidad. Por supuesto que de cierto compartimos diversas concepciones de universidad.
Yo no estoy de acuerdo con una educación aristocrática y por ella se entiende la aristocracia
de los títulos, que es de donde viene, el término, la que da privilegios por razones de linaje y de encumbramiento que producen los títulos de nobleza, ésta es a la aristocracia a la que normalmente se acude. Con esa educación aristocrática no estoy, no he estado, nunca estaré de acuerdo.
Tampoco estoy de acuerdo en los privilegios que acarrea el dinero, si se que a esto pudiera llamarse aristocracia. Dudo mucho que Aristóteles, el estagirita llamara a los adinerados aristócratas. Pero si a la aristocracia que se ha llamado del dinero se refieren, tampoco estoy de acuerdo.
Y sin embargo. con Alfonso Reyes sí estoy de acuerdo y con otros próceres que sería largo enunciar. Porque si alguna aristocracia se justifica es la aristocracia del saber. (Aplausos.)
Esta, que no es una meritocracia, que no es una influencia que viene de algo distinto de la propia capacidad y de la propia voluntad empeñada en una causa como es la propia educación. El que se esfuerza, el que se hace tallándose la figura, como dicen en Veracruz; mejor ése merece, por que se perfecciona y nos perfecciona a todos como seres humanos, tener , sí, los privilegios del saber, privilegios que además le dan una grave responsabilidad.
Por supuesto que es posible que no coincidamos tampoco en esto, pero yo estoy dispuesto a sostener que aquellos que tienen el valor y la voluntad para estudiar, para educarse, para esforzarse en beneficio propio y del país éstos debieran ser tratados con el respecto que nos merecen los aristócratas del saber. Esto es lo que sostenía Alfonso Reyes, no les haré una cita textual.
Yo no estoy haciendo sólo la evaluación. Por lo que se refiere a la Universidad Nacional, la evaluación en el documento "Fortaleza y Debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México" la hizo el doctor Carpizo o la hicieron un grupo de técnicos y analistas, pero la asumió el rector Jorge Carpizo y habló de las graves incompetencias a las que los estudiantes que presentan examen de admisión a la Universidad Nacional en sus distintos niveles de bachillerato y de universidad tienen estas deficiencias que son vergonzantes y que no permitieron al doctor Carpizo llevar adelante una reforma; impedido por un movimiento político que representa en todo caso a unos privilegiados que no lo son en función de su saber por lo menos y los cuales en esa medida, en el plano universitario, no merecen tampoco respeto.
No soy yo el que hace la evaluación, Gilberto Guevara Niebla, especialista en educación ha públicado una síntesis de un estudio muy largo que es una encuesta nacional y que titula significativamente que somos un país de reprobados, a eso me estoy refiriendo, a que el sistema educativo en su conjunto ha caído por diversas razones que no he expresado totalmente, en una baja calidad académica que nos llevado a ser un país de reprobados.
Yo en ningún momento he sostenido, diputado Martín del Campo, en ningún momento he sostenido que hay que aplacar a los universitarios o que hay que usar argumentos para sacar a los universitarios; al contrario, en todo momento en el papel que ha tocado jugar y ahora sostengo que lo que hay que hacer con los universitarios, lo que yo he pretendido hacer en esta tribuna y lo que no han permitido algunos universitarios hacer hace unos días es razonar porque bloquear las puertas del Consejo Universitario... (Aplausos.)
...Bloquear las puertas de estrada para que no se presenten a razonar cuáles son los elementos que fundamentan una posible iniciativa, es violentar, allí sí se está aplacando a los consejeros universitarios, que no se les quiere escuchar el razonamiento y aquí venimos a razonar señores diputados, no a aplacar a nadie y el razonamiento consiste en ver cuáles son las bases para la toma de una medida completa que ni es una reforma universitaria en términos integrales, ni es tampoco una medida para lacerar pobres estudiantes como demagógicamente se viene a presentar aquí. Por tanto sostengo que la aristocracia del saber esforzado es una aristocracia respetable; y segundo, sostengo que la evaluación de nuestro nivel académico la han hecho los analistas más competentes y cité sólo al doctor Carpizo y a Gilberto Guevara Niebla, para dejar no por argumento de autoridad sino porque ellos tienen estudios más amplios que han externado públicamente estos elementos. No se está queriendo discutir y ahora estamos discutiendo pero en el Consejo Universitario no fue posible y hay amenazas, hay amenazas que pintan efectivamente el tipo de concepción de la universidad que se tiene, hay amenazas de que no se dejará funcionar a la conciencia de la Universidad que está representada en el Consejo Universitario.
¡Qué pasaría si en cualquier provincia se reúne un congreso de estudiantes y decide derogar la Ley Orgánica de su Universidad! Derogar sus reglamentos tomados por el Consejo Universitario o que caeríamos en la anarquía más absoluta por la vía de las presiones políticas, entonces no puede argumentarse que no queremos razonar y que estamos queriendo aplacar a los
estudiantes. Yo he razonado muchas horas, más de las que aquí continuamente hemos estado como diputados, he llegado a tener sesiones del Colegio Académico de la Universidad Metropolitana de 27 y 28 horas, en el razonamiento con los estudiantes, en el convencimiento; no me arrepiento de ello, no estoy invocando otro tipo de garrotes, no estoy invocando ninguna táctica macarthista, estoy invocando la reflexión de los legisladores que deben proteger el interés general de la nación y no la pequeños grupos de privilegiados así tengan una enorme capacidad de gritos y de protestas, lo cual no les da la razón. Eso es todo.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Javier Centeno Avila.
El diputado Javier Centeno Avila: - Compañeros diputados, yo lejos de estar en contra que en la década de los setenta el sistema educativo mexicano se ha transformado de un sistema de corto alcance en un sistema masivo de educación, reivindico esta obra del régimen político mexicano.
Reivindico la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana como una universidad de vanguardia y con un sistema o con un enfoque curricular moderno como lo es el que existen en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco.
Reivindico la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tegnología como un órgano rector del desarrollo técnico científico de México; reivindico la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades como un nuevo modelo educativo de vanguardia para la educación media superior del país.
Reivindico el que se haya ampliado las oportunidades para que todos los mexicanos tuvieran acceso a la educación superior. No me lamento ni considero que sean medidas populistas.
Por otra parte, considero que lejos de que busquemos la aristocracia del conocimiento, debemos buscar la igualdad de oportunidades; cualquier ser humano si tiene igualdad de oportunidades, si tiene igualdad de punto de partida, puede desarrollar todas y cada una de sus facultades tal y como dice el artículo 3o. constitucional.
Entonces en este sentido, yo reivindico la educación amplia de masas y coincido con el compañero Martín del Campo, en el sentido que no está reñida la cantidad con la calidad.
Considero que es un problema esencial del sistema educativo mexicano ir mejorando la calidad educativa día con día; pero todo el sistema educativo, desde el sistema elemental hasta el sistema de posgrado.
Por otra parte también, acudo aquí ante esta tribuna, a la tribuna máxima de la nación, a reivindicar los acuerdos del Congreso Universitario; un congreso con la mayor participación que haya existido en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un congreso organizado por el propio Consejo Universitario, organizado por votos y secreto universal de cada uno de los integrantes; un congreso en el que es, para nosotros, un bastión y el inicio de una nueva etapa universitaria.
El Congreso Universitario es más rico que un simple aumento de cuotas; el Congreso Universitario estableció concejos académicos por área para realizar la evaluación; estableció un sistema de profesionalización de los docentes; estableció la iniciativa de cambios curriculares; estableció un sinnúmero de iniciativas académicas que deberían ser la bandera en forma mediana y a más largo plazo de nuestra querida Universidad Nacional.
Entonces en ese sentido compañeros, yo no acepto que se pretenda minimizar un evento tan extraordinario nuestra de democracia para este país. En ese sentido también, el Consejo Universitario actual, fue decisión, debería por mandato, asumir los acuerdos del congreso.
Discutimos la Ley Orgánica, no obstante que la mesa 10 de Legislación Universitaria se aprobó modificarla, en el conjunto del Congreso esta iniciativa no próspero y la acatamos y la respetamos; como acataremos y respetaremos todos y cada uno de los acuerdos de este histórico Congreso de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En este sentido, compañeros legisladores, los universitarios sabrán decidir en su propia institución, lo que insistimos nosotros es que esperemos que sea con mecanismo democráticos.
Y vuelvo insistir, el Congreso Universitario es legal y legítimo y sus acuerdos deberían ser observados también por las autoridades universitarias. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado René Juvenal Bejarano Martínez.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Creo que el diputado Paoli no se ofenderá si nos referimos ahora a él como el aristócrata del saber y aquí el compañero diputado aristócrata del saber tiene que reconocer que la aristocracia que parte de los títulos y la que deviene de los ingresos económicos, no puede separarse de quienes tienen acceso a los conocimientos.
Cómo puede separar el nivel socioeconómico con la posibilidad de acceso a los conocimientos y al saber. Prácticamente es imposible. Lo hace maniqueamente como si todos lo que estudian en este país, tienen las mismas posibilidades y las mismas condiciones. Efectivamente, el sistema educativo nacional se ha determinado gravemente, pero por qué, cuáles son las responsabilidades que todos debemos compartir y cuáles las que tuvieron o tienen en sus manos los destinos de la educación del país.
Porque como puede mejorarse la educación si apenas hace 3 años un maestro de primera ganaba 131 mil pesos de salario mensual y si vino un proceso de deterioro y expropiación del salario, sería posible argumentar eso como la indolencia del magisterio, o la incapacidad para que los estudiantes aprendieran?
Yo fui maestro de primera en zonas apartadas y marginales y conocí directamente la imposibilidad, por razones socioeconómicas, en escuelas públicas, de que muchos niños pudieran acceder a los conocimientos y no pudieron ser aristócratas del saber y tal vez llegaron al Colegio de Ciencias y Humanidades y tal vez pro el resentimiento, llegaron a gritar, esa gritería anárquica que ahora le espanta al diputado Paoli, esa gritería que no merece ningún respeto, según él, que no tiene ninguna validez; es también consecuencias de un entorno social, y no se puede aprender si no se come y cuando los niños no desayunaban o cuando tenían que trabajar vendiendo chicles, tenía reales posibilidades de aprender de aprender lo mismo que el niño que se alimenta.
Entonces hay razones estructurales y no se venga aquí a hablar de la aristocracia del saber como algo separado del entorno socioeconómico.
Y como no tenemos tiempo suficiente en estos cinco minutos, podríamos enumerar muchos vicios de la administración educativa del país que llevaron a este país de reprobados, pero también teníamos que reconocer que hay elementos derivados de un administración de la educación universitaria.
Por razones diversas cuando yo era estudiante en al Universidad, donde el profesor Paoli era profesor, nos conocimos. En aquel tiempo compartíamos las mismas ideas, éramos del mismo partido. Ahora entiendo por que se volvió panista, porque renunció a lo que compartimos y el programa de acción de aquel partido que militamos juntos, defendía con cuestiones totalmente distintas de lo que ahora él dice.
Tiene derecho a cambiar, tiene derecho, no sé si sea sabio o no, pero tiene derecho. Lo que es evidente es que no compartimos esa forma.
Y tampoco compartimos la forma en que descalifica un acto autoritario y antidemocrático, porque coincide el diputado Paoli con calificar, como el Secretario del Trabajo, de inexistentes algunas cuestiones; el Secretario del Trabajo nos habla de inexistencias de las huelgas y aquí el diputado Paoli nos habla de la inexistencia jurídica del Congreso Universitario y entonces lo anual. Y tiene que reconocer que ese congreso tuvo validez jurídica, porque fue convocado pro el consejo y sus resolutivos asumidos por el consejo y que uno de los acuerdos del congreso fue no revisar el reglamento de pagos y que cuando pasando por los acuerdos de un congreso, un núcleo enquistado en el poder, autoritariamente intenta violentar la propia legalidad, la comunidad universitaria o las partes de la comunidad universitaria que quieran movilizarse, tienen derecho a reclamar la propia legalidad, y quienes incurrieron en la legalidad, quienes incurrieron en la legalidad son aquellos que violen tan los acuerdos del Congreso Universitario, y no es negarse al diálogo y a la discusión; simple y sencillamente es que cuando se hizo una consulta amañada, cuando se hace campaña de Prensa con los recursos de la Universidad, y cuando se pretende darle legalidad y legitimidad a unos acuerdos que en un Consejo Universitario, que tiene mayor jerarquía y mayor instancia, los universitarios tienen derecho a manifestarse y a reclamar la legalidad.
Así ha sido, cuando se ha movilizada la sociedad; así ha sido en conflictos electorales, así fue en San Luis y en todo eso el diputado Paoli tendría que decir que las mujeres que se apostaron afuera del palacio municipal y que reclamaban sus derechos cívicos, no querrán el diálogo. Había ahí un acto autoritario similar al que ahora se pretende engendrar en la Universidad, y entonces tendría que descalificar a todos los que se ha movilizado en la historia de este país ante los actos autoritarios de la autoridad de diversos signos y evidentemente el primero que se
califica es el propio diputado Paoli. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Comprar las elecciones de San Luis Potosí con la situación en la Universidad comparar la lucha del pueblo potosino con la acción de quienes se apostaron a las puertas del consejo, no entender la diferencia que existe entre el fraude electoral y el problema radial, profundo que tiene que enfrentar las Universidades, y que tiene que ver, es cierto, con muchos tópicos, entre ellos los de su financiamiento, el no entender de la inexistencia jurídica, la existencia, al legalidad, la teoría de las nulidades, son como se dice, de explorado derecho y nada tiene que ver con la existencia misma de los hechos que juzgan, y menos de los hechos políticos, sino con los sujetos que los realizan, los objetos que regulan, la legalidad o ilegalidad en que se fundan, el no entender todo eso y el ser tales confusiones, es un reflejo sin duda alguna del bajo nivel académico que presenta el país en nuestras universidades. (Aplausos)
Se habla demagógicamente en nombre de los estudiantes de menores recursos y digo demagógicamente porque son los estudiantes de menores recursos los que se ven afectados por un sistema de pagos que sí existe, donde se trata por igual a los desifuales, donde tiene que pagar lo mismo precisamente ese joven mal nutrido, mal formado por su situación socioeconómica, que el junior que llega a la Universidad, que posteriormente se encarrila fácilmente en puestos públicos o privados, que ocupa el mismo espacio y oye las mismas clases. Eso no puede continuar así.
Tratar igual a los desiguales, es la injusticia radical que ha conocido la humanidad a lo largo de su historia y establecer un sistema diferenciado, que es lo que no se ha querido abundar aquí, en el pago de cuotas a la Universidad Nacional Autónoma de México, e inclusive estudiar la posibilidad de pagos negativos, es decir de recepciones concretas de dinero de estudiantes que lo requieren, el no dar pie ni posibilidad a que exista este sistema diferenciado de financiamiento, es condenar a la injusticia precisamente a los estudiantes de menores recursos.
No todos tienen ni las mismas posibilidades ni las mismas condiciones, eso es evidente. Y precisamente para que los tengan debe de establecerse un sistema diferenciado de financiamiento.
Yo recibí, desde una preparatoria incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, una beca de la Universidad Nacional; la recibí porque ciertamente no teníamos en mi casa el dinero suficiente para pagar la cuota o la colegiatura de esa preparatoria, ese bachillerato donde yo estudiaba. Y la recibí además y estuve con la ilusión de ir a la Universidad Nacional porque habría aprendido mucho de ella desde lejos, porque la habría aprendido a leer, a escuchar, en las narraciones de mexicanos, mucho más valiosos que muchos se autoproclaman defensores de la Universidad, porque escuché de sus palabras las luchas por la autonomía universitaria, porque supe la lucha de Gómez Morín en la Rectoría, porque supe de la actitud del gobierno despótico de Cárdenas, que le cortó el subsidio a la Universidad Nacional porque representaba un foco de discrepancia, de pensamiento y de crítica. Y supe de lucha de Gómez Morín por renunciar el mismo a su sueldo; supe de la generosidad de los universitarios por dar aportaciones mayores a las que se estipulaban, la de los maestros, la de las cooperaciones de la sociedad, por rescatar la autonomía financiera de la Universidad.
Y cuando quise presentarme en al Universidad Nacional a estudiar la carrera de derecho, rechazado además en la Universidad Michoacana, que no reconocía los estudios de esta preparatoria por el crimen contra la patria de ser no estatal, particular. Y cuando quise inscribirme en la facultad de Derecho en la Universidad, se me negó el acceso; se me negó el acceso con el argumento, entre otros, de que la Universidad no era nacional, sino que era para los del pase automático de la ciudad de México, con el argumento de que no importaba el promedio que se tuviera, aun en una escuela incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, por que lo que importaba era eso: que pasaran los que y estaban antes. Y la Universidad que se quiso estudiar en ella. Ciertamente no todo mundo tiene las mismas oportunidades.
Fui a otro centro educativo, sí privado, donde paradógicamente se paga mucho menos o se paga más o menos igual en algunas universidades públicas, por la sencilla razón de que sus maestros no cobran salario.
Pero no podemos condenar a la Universidad Nacional a que parece así porque sus maestros no cobran salario.
Lo que se está financiando de gratuidad a los alumnos de altos ingresos en la Universidad, que no lo necesitan lo de altos ingresos, son a los que van enfocados una modificación al Reglamento de Cuotas o de Pagos, lo que les está dando gratuitamente a ello se les está quitando a muchos mexicanos hundidos en la miseria, que son precisamente los alumnos universitarios del futuro quien o podrán aprender por las deficiencias orgánicas y estructurales, como bien se dice, los estudios universitarios.
Y lo que está pagando la Universidad a abogados que no saben defender al pueblo, a ingenieros cuyos drenajes, cuyo edificios y puentes se caen; lo que está pagando a médicos que dejan lesiones irreversibles en sus pacientes en las instituciones públicas y privadas; lo que está pagando a la Universidad a muchos aspirantes a economistas, a sociólogos, abogados, que sólo aspiran a conectarse a una política que han que cambiar de raíz; lo que está pagando la Universidad a muchos de ellos que pudieron haber pagado sus recursos, se lo están quitando a un pueblo miserable.
Nosotros coincidimos que el problema radical de la Universidad no es la esencia del sistema de pagos, es más, por eso condenamos inclusive que en una lucha política, abierta, subrepticia en la Universidad, se utilice como adalid el problema de las cuotas. Y que se utilice eso como adalid para rascar el entendimiento y para calar en el debate y precisamente como una estrategia como tinta de pulpo para cubrir las graves lacras de atraso de la Universidad.
Creemos que el debate por una universidad critica, al servicio del pueblo y popular, debe ser esto: Buscar la manera de que la universidad siga siendo el punto donde confluya las ideas divergentes, siga siendo el punto donde la, comunidad se sirva y se nutre de cultura, de saber y de conocimientos y siga el punto donde puede acudir el pueblo. Pero que no sea más, ni la capilla del dogma o del Estado o de una ideología que se expropia como propia la cultura de la universidad pública.
Que no sea una universidad que en lugar de servir al pueblo por su demogogia se convierta en un lastre para el pueblo. Y que no sea una universidad que en lugar de abriles las puertas a los mexicanos, se las cierre, porque hay unos señores que reclaman el derecho de estar sentados, por el hecho de que han estado sentados tres años.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Estimado compañeros y compañeras legisladores:
Solicité la palabra para rectificar hechos porque tengo interés en presentar con la brevedad del caso algunas consideraciones sobre distintos puntos de vista que aquí se han expuesto en torno a la Universidad.
Hablo en mi carácter de diputado federal, pero también en mi carácter de investigador y profesor universitario durante más de veinte años en la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado Nacional Autónoma de la facultad de Economía de la Universidad Autonoma de México e investigador de ésta misma, durante una parte sustancial de mi ejercicio profesional.
Entrando en materia, hay un elemento que debe, como punto de partida destacarse, y que con mucha frecuencia no ha sido tomado en cuenta al evaluar la magnitud del rezago educativo y de la crisis educativa que nuestro país. Y ese elemento es la crisis económica, la disminución de los niveles de vida y de ingresos de las grandes mayorías de la población, la cancelación de las esperanzas de mejoramiento económico y los problemas devastadores que ha tenido en la vida familiar y en la educación una década pérdida.
Miren ustedes, estimados compañeras y compañeros diputados. Los resultados del censo muestran que sólo un 25% de la población mexicana en edad de trabajar, tiene empleo fijo, estable y permanente, sólo el 25% , hay 75% de mexicanos que sobreviven en condiciones extremadamente críticas. ¿Como podemos esperar que esa población del 75% de mexicanos en edad de trabajar puedan sostener a sus familias, apoyar a sus hijos y a sus adolescentes, para realizar estudios de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, en condiciones adecuadas? ¿Cómo podemos suponer que la población que viven los diecisiete millones de pobreza extrema a los cerca de cuarenta millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza severa bajo diversos grados, puedan tener condiciones adecuadas de realizar estudios universitarios?
Otra cuestión, lo que se refiere al Presupuesto de Egresos de la Federación. Hay en términos de gastos por habitante una caída vertical del gasto público en los últimos diez años. De nada sirve, y lo sostuvimos en noviembre y en diciembre y lo ratificamos en este momento, que nos presenten cifras astronómicas de gasto público
destinadas a cualquier nivel de educación superior. En una nación lo que importa es el gasto por habitante en educación y en investigación tecnológica. Y sostenemos los diputados del Partido de la Revolución Democrática y lo hemos sostenido en varias ocasiones, que hay una caída vertical en el gasto por estudiante universitario y en el gasto por estudiante a todos los niveles. No es posible una educación de excelencia, de ninguna forma y bajo ninguna modalidad, con una caída brutal en al inversión pública destinada precisamente al gasto educativo.
Otra cuestión, lo que se refiere a democracia. La Universidad Nacional Autónoma de México, que es efectivamente el alma mater de muchos de nosotros, tiene una estructura feudal, autoritaria, autocrática y completamente opuesta a los postulados centrales de la Constitución de 1917.
Desde que éramos estudiantes universitarios en los años sesenta, nos opusimos y nos seguimos oponiendo ahora, con nuestra identidad de diputados federales y antes la investidura de universitario, a una situación el la cual una junta de gobierno que se autoelige de manera perpetua, tiene facultades omnímodas para elegir al propio recto par elegir directores de escuelas y para una serie de decisiones fundamentales en la vida de la Universidad.
Y uno de los grandes problemas no resueltos, es precisamente que las enormes esperanzas que se levantaron con el congreso universitario, fueron parcialmente afectadas por una negativa de un conjunto de fuerzas enquistadas en el aparato burocrático de la Universidad, a hacer una profunda reforma democrática interna, con una estructura autoritaria, con una Ley Orgánica particularmente vertical y antidemocrática, con una junta de gobierno que se arroga decisiones fundamentales y con un consejo universitario que no refleja una comisión equilibrada, plural y democrática del conjunto de la comunidad universitaria, evidentemente hay una crisis permanente en la universidad que no ha sido posible resolver durante varias decadas, porque solo puede resolverse con autonomía efectiva frente a las autovías gubernamentales que continuamente intervienen en las vidas de la Universidad, distorsionado su vida interna.
Solamente con autogestión efectiva de investigadores, profesores y estudiantes puede renacer una vida académica y una vida de investigación que permite un ejercicio efectivo de excelencia académica combinada con el acceso de otros sectores.
Y otro punto final, lo que se refiere al pase automático. Para aquello que reiteradamente insisten en esto como si fuera un problema central, hay que recordar varios aspectos que por obvio pareciera que se sufre de amnesia.
Los estudiantes que ingresan a las preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México y los estudiantes que ingresan al Colegio de Ciencias Humanidades, realizan señores diputados y diputadas, un examen de admisión, estricto preciso, exigente y sólo aquellos que cumplen determinados requisitos académicos pueden acceder precisamente a ser estudiantes de preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. En ese momento ingresan a la Universidad por un examen especifico que evalúa sus conocimientos.
Por tanto, resulta inadecuado hacer una expresión que convierte el pase automático en una especie de punto que debiera ser atacado de manera sistemática. Y hay que reivindicar además, que es práctica de la Universidad el que cierto sector de los espacios de la licenciatura, sea abierto a estudiantes que no han cursado sus estudios en la preparatoria y en el Colegio de Ciencias y Humanidades.
Para terminar finalmente, lo relativo a las cuotas, el punto de vista que ha sido expuesto reiteradamente por el Partido de la Revolución Democrática, lo expuso el diputado Jesús Martín del Campo en su primera exposición, es que como norma constitucional fundamental y lo ratificamos aquí interpretamos el espíritu del Constituyente de 1917, en el sonido de que esa educación superior que es impartida por instituciones descentralizadas del Estado, debe tener como norma y orientación general, una orientación fundamental gratuita.
Ahora bien, en el caso particular de la Universidad, entendemos que el problema particular de su reforma universitaria interna, de su organización democrática, de la elevación de sus niveles académicos, del mejoramiento de los niveles de ingresos y de existencia académica a los profesores y el problema de las cuotas, debe ser discutido en base a consensos democráticos, en base al diálogo y en base a la concertación. No es base a encuestas, como aquí ye se expuso, sino en base a una discusión democrática global. Y ojalá que existieran las condiciones precisamente en este momento que se está discutiendo lo relativo a las cuotas, para realizar un congreso democrático universitario, representativo, autogestionario, autonomista y que refleje adecuadamente los puntos de vista de estudiantes,
maestros, investigadores y de todos los sectores de la universidad.
Sólo en base a auténticos consensos plurales democráticos internos puede darse un reforma democrática congruente con el espíritu del Constituyente del 1917, que fortalezca nuestras instituciones republicanas y que permita a la Universidad Nacional a insertarse en los cambios que la nación requiere, pero con respeto a la democracia, a la justicia y a la participación democrática del pueblo. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra rectificar hechos, El diputado Carlos González Durán.
El diputado Carlos Durán: - Con su venia, compañero Presidente; honorable Asamblea:
He subido a la Tribuna, no para atacar ni defender a nadie, sino para defender lo que debemos defender. Lo que nosotros debemos defender como mexicanos en torno a la educación y en torno a la universidad, son dos cosas.
La historia de las universidades en América Latina, durante la Colonia, se caracterizó por un modelo academista. En este modelo academista, tenía la cara puesta hacia Europa y la espalda puesta a su entorno. Ese modelo subsistió, ese modelo significó que la cultura era un privilegio o una ventaja que sólo se concebía a ciertos niveles de clases acomodadas en esa sociedad y así fue mucho tiempo y después de la independencia de nuestros pueblos.
Sólo a partir del movimiento de la universidad argentina de Córdova, la relación entre cultura y sociedad, cambió a partir de ese movimiento estudiantil, la cultura y la universidad dieron la cara a sus raíces, a su pasado, a sus problemas y surgió un nuevo modelo de universidad. Ese nuevo modelo de universidad en México, lo defendió el maestro Vicente Lombardo Toledano y su opinión fue contraria al maestro respetable, que había sido su profesor, pero que sostenía un cierto academicista. Quiere decir que en la relación cultural - sociedad, hay tres posiciones:
Hay la posición inoperante e irresponsable o academista, que entiende la universidad de la cultura como un disfrute cerrado que la libertad de oportunidad a la educación del pueblo.
Por 300 años, durante la Colonia, se nos relata que solamente hubo una escuela de mujeres: la de las Vizcainas. El pueblo no fue educado; no se le educo en las letras ni tampoco en las matemáticas ni tampoco en otros lenguajes y el lenguaje que tenía, se le quitó de la boca. Quiere decir que cuando la Revolución Mexicana triunfa, rescata el derecho a la educación como un derecho social y este derecho a la educación, como un derecho social, señala el carácter gratuito de la educación.
Lo que entre nosotros, compañeros de izquierda, entendemos, consideramos que lo primero y principal es hacer efectiva la oportunidad de educación. ¿Como? Dando educación a todos. ¿A cargo de quién?. A cargo del Estado.
No es una relación paternalista, ni injusta, sino es una oportunidad para que todos los que quieran educarse, se eduquen, siempre y cuando desplieguen su voluntad de conocimiento.
Ya sabemos que en la antigua Grecia, en el Siglo V, antes de Jesucristo, se instituyó la educación como profesión. Fueron los sofistas, borgias, calicres, trasimaco de calcedonia, proctágoras de abdera, los que enseñaban a los políticos. Pero a cambio de un pago.
La relación no era una relación de voluntad de conocimiento y de responsabilidad por los valores humanos, era una relación mercantilizada. Contra ese modelo educativo, Sócrates enseñaba a quienes estaban dispuestos a aprender y para eso los convocaba y para eso lo invitaba y los conducía a un debate.
Quiere decir que la verdadera educación, puesto que el magisterio de Sócrates es fundamental en al historia de la pedagogía, se llama: educación democrática, hoy en nuestro tiempo. Porque supone que el alumno no es un sujeto pasivo que ese tiene que simplemente el buen alumno es aquel que va a enseña, como si el maestro y abstuviera en posesión de una verdad completa, acabada y terminada.
Pero la verdad no se da aquí. La verdad supone una voluntad de conocimiento y la voluntad de conocimiento supone otras cosas, como estas: supone una voluntad de investigación, una voluntad de enseñanza, una voluntad de comunicación. Pero eso se cumple activamente cuando educandos y educadores participan conjunta y responsablemente de la tarea.
Por otra parte, al cultura demagógica no la estamos defendiendo. No estamos defendiendo la
cultura dogmatizada o la cultura incorrectamente politizada, por que esa cultura es deformante y servil. Lo único que estamos defendiendo es la oportunidad que al fundarse la Universidad de Guadalajara, los que son de Jalisco recordaran, que el licenciado, entonces gobernador del estado, José Guadalupe Zuno, dijo: "Habrase la puerta del sótano".
Y al abrirse la puerta del sótano, quiso decir: Tengan educación, tengan oportunidad de venir a la universidad los que antes no tenían esa oportunidad.
Quiero decir que lo único que nosotros estamos tratando de que se respete es la garantía social al derecho a la educación.
Ahora bien, nosotros entendemos que en el ámbito de la vida universitaria el artículo 3o. nos habla de autonomía universitaria y la autonomía universitaria quiere decir que no es la iglesia, que no es una corporación de la sociedad civil, que no es el Congreso de la Unión el que va a dictarles las Leyes, de cuales son los fines, cuales son los procedimientos educativos, planes, programas, etcétera, todas las etapas organizativas de convivencia y de tareas investigativas y de exposición de la cultura de la sociedad.
Eso lo tienen qué hacer los mismos universitarios. El derecho que se ha rescatado en la larga historia de las universidades, se llama autonomía y autonomía quiere decir autolegislación, tener una voz propia.
Nosotros también tenemos una tradición democrática, a partir del nacimiento de la independencia. La independencia se logró por Hidalgo, por Morelos, para que nuestro pueblo tuviera un voz propia.
Bueno, pues ese espíritu se recogió en al Universidad de Guadalajara con la divisa "Piensa y Trabaja". Piensa, investiga, pero para responder a tu sociedad, para responder a tu sociedad, para responder a tu historia, para cumplir una vocación de justicia social.
Ahora, ¿frente a esa tesis, cuál hay? Pues hay otra que dice que "El espíritu, el espíritu de Dios, ¿verdad?, hablará por nuestra cultura".
La proyección cardenista de la educación es esa que surge del movimiento estudiantil de Córdoba, donde se crearon las casas de estudiantes, donde el general Lázaro Cárdenas en una servilleta, en un desayuno, donó un convento para que estuviera a la disposición de estudiantes. Nosotros no defendemos dogmatismos demagógicos, ideológicos, no, lo único que defendemos es la oportunidad de la educación.
Ahora, sobre el tema éste de la actividad universitaria y de la autonomía universitaria, debemos precisar que hay diferentes modos de cultura. hay una cultura profesional y utilitaria, que se de para hacer saber algo profesionalmente en un ámbito de actividades especializadas. Hay el saber culto, es el que nos hace participar de un poder, que es el poder de la cultura pero ese poder de la cultura en términos de egoísmo, la cultura no es por la cultura, la cultura es por el hombre, por la dignidad del hombre, por el respeto de la sociedad, por el cumplimiento de lo valores humanos.
Entonces, ésta es una cultura responsable. Defendemos la liberta de educación para la cultura responsable. No estamos de acuerdo con la inautenticidad universitaria que ha creado la educación de masas, la inautenticidad universitaria de la indisciplina, del desorden, de los porros, de las violencias, de las fuerzas brutas que se imponen en las convivencias, en los planteles, que acaban con la tranquilidad, el sosiego y el espíritu de superación intelectual. No estamos defendiendo nosotros eso. Lo condenamos, pero a base de reclamar el verdadero ejercicio de la actividad democrática.
Entonces, defendemos los valores democráticos en la cultura y esos valores democráticos en la cultura nos dicen que la autonomía universitaria es un respeto. Nosotros no le vamos a imponer a la Universidad Nacional Autónoma de México, hagan esto o deja de hacer aquello. Les podemos decir, a criterio de opinión: La educación que se cifra en el lucro y en la ganancia es una educación que hace de la enseñanza un negocio y toma a los maestros como empleados y a los estudiantes como clientes; ahí se dirige a otro asunto la educación. Pero la educación generosa, que la Revolución Mexicana luchó y consagró en el artículo 3o, es el derecho social del pueblo mexicano a educarse. Este es el que estamos defendiendo, pero no atacamos ni defendemos a nadie. Nos merecen respeto todas las opiniones que aquí se han vertido. (Aplausos).
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José de la Herrán.
El diputado José Antonio Ruiz de la Herrán y Villagómez: - Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados de esta Legislatura:
Yo me voy a restringir a retomar algunas precisiones.
El señor rector, José Sarukhán, en su propuesta de ningún modo limita el acceso a la Universidad Nacional Autónoma de México de estudiantes de recursos limitados o insuficientes. Antes de exponer los nueve puntos de su propuesta, el rector declara: "Por ningún motivo la Universidad Nacional Autónoma de México dejará fuera de sus aulas a quien teniendo vocación no tuviere medios económicos para responder a ella. Nadie, absolutamente nadie, dejará de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México por no poder pagar cuotas. Después algunos de sus puntos menciona cosas como la siguiente: los alumnos de excelente desempeño académico estarán exentos del pago total de su colegiatura, independientemente de su condición económica y en otro punto menciona que habrá un trato especial para las familias con más de un hijo inscrito en la universidad y se mantendrán las condiciones de exención de los hijos de los académicos y de los trabajadores de la propia universidad.
En este sentido yo quisiera comentar que hay varios puntos importantes respecto por ejemplo a la historia de los últimos 20 años en la investigación científica y tecnológica de la universidad. Yo entré de nuevo ya no como alumno, sino como colaborador en la propia universidad hace aproximadamente veintitantos años al principio de los setenta. Cuantos estuve como alumno en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, yo ganaba $ 600 pesos al mes y el pago cerrespondiente de los $200 pesos al mes significaba una cantidad importante. En mi casa el criterio fue de que si yo deseaba estudiar la carrera e ingeniero, mecánico electricista que la debía de costear yo mismo y fue un criterio que a mí me llenó de alegría porque me permitió trabajar y estudiar simultáneamente y claro trabajar en lo s conceptos, en los campos en los que yo estaba estudiando en la escuela, esto es en tema sobre Ingeniería Mecánica y sobre Ingeniería Eléctrica.
A partir de los 30 años que pasaron de ahí a que regresé a la universidad, sucedieron muchas cosas; en primer lugar la investigación científica en la Universidad Nacional Autónoma de México prácticamente no existía cuando yo era estudiante; cuando regresé en 1970, la investigación científica estaba progresando rápidamente pero prácticamente no se hablaba en al universidad de investigación tecnológica y un grupo de universitarios trabajamos intensamente para promover el concepto de la investigación tecnológica como fundamental para el desarrollo de nuestro país. En ese sentido hay que aclarar que la instrumentación evoluciona tremendamente en ese período y para poner un ejemplo, en los setenta si uno quería adquirir un osciloscopio de rayos catódicos para cualquier estudio de cuestiones de electrónica se podían pagar hasta 10 libras y hablo de libras porque recuerdo ese precio como notablemente bajo para un instrumento.
En el presente un osciloscopio de buena calidad de mucha mejor calidad obviamente de los que había en los setenta puede costar tres, cuatro y hasta seis mil libras y no existen ya los osciloscopios de 10, 20 ó 50 libras, esto significa un aumento de 100,200 y en algunos casos hasta de cerca de 1 mil veces el costo de la instrumentación científica y tecnológica para desarrollar la investigación que en el presente se requiere desarrollar.
Asimismo la evolución de la instrumentación ha ido a pasos agigantados y en muy pocos meses sucede que tienen que ser repuestos los equipos a pesar de su alto costo; asimismo la actualización de los conocimientos es un tema que en el presente reviste gran importancia y que requiere en práctica. Estos factores factores son ejemplo de lo diferente de las condiciones y de la problemática de la Universidad Nacional Autónoma de México en la actualidad comparada con su reciente pasado.
La dinámica en este proceso no se ha detenido ni se va a detener; por el contrario, se acelera año con año y resulta que la preocupación económica que en el presente se vive, tiene por objeto el que la Universidad Nacional Autónoma de México no sólo no perdía terreno, sino que pueda afrontar los desafíos, que cada día son más serios y que ya se están viviendo en este fin de siglo y, todo ello se presenta como una realidad insoslayable en que no van a dejar de aumentar en el cercano futuro.
Por estas razones considero que es apremiante la búsqueda en al universidad de los recursos necesarios para que en el presente y en el futuro inmediato, pueda cumplir con sus objetivos.
Una fuente de estos recursos es indiscutiblemente su propio estudiantado y digo una fuente, tal vez pequeña, tal vez no tan pequeña.
En ese sentido también, la propuesta del rector José Sarukhán, debe de ser analizada por la propia universidad para que en ella se acuerde sobre este importante tema.
Nosotros, lo que firmamos el pronunciamiento, tenemos un gran respeto hacia la autonomía
Universitaria y confirmamos ampliamente en la capacidad interna de la institución. Muchas gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia se da por enterada del pronunciamiento e indica se turne copia del mismo al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
TRATADO DE EXTRADICIÓN MÉXICO - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El Presidente: - Por la importancia que reviste el próximo tema a tratar, pedimos a los señores diputados su atención. Tiene la palabra el diputado José Antonio González Fernández, a nombre de diversos grupos partidistas para presentar un pronunciamiento en relación al fallo admitido por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América.
El diputado José Antonio González Fernández: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
El día hoy, los grupos partidistas de la Cámara de Diputados, decidieron suscribir a través de sus coordinadores y otros diputados, una declaración política que a la letra dice lo siguiente:
En relación al fallo dictado el día de ayer por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, sobre el caso del mexicano Humberto Alvarez Macháin, los diputados miembros de la LV Legislatura hacemos la siguientete declaración política: Rechazamos contundentemente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, por que lejos de contribuir al espíritu de cooperación que debe prevalecer entre nuestras naciones, avala una flagrante violación al tratado de extradición firmado por México y Estados Unidos de América en 1978; reiteramos nuestra absoluta condena al secuestro en territorio nacional de cualquier ser humano y a todo acto de amenaza a nuestra soberanía nacional y condenamos también este tipo de secuestros efectuados en otros países de la tierra; coincidimos con la postura adoptada por el gobierno mexicano y hacemos votos para que pronto se legue a una solución junta de este lamentable caso.
Ratificamos nuestra convicción de que tratándose de un crimen contra la humanidad como el narcotráfico, únicamente la cooperación con pleno respeto a la soberanía de los estados es el medio efectivo para combatir ese flagelo. Insistimos en que para que prevalezca la convivencia internacional, ésta deberá basarse en el respeto al Derecho Internacional y a la legislación interna de los estados.
No se puede, en una supuesta búsqueda de la legalidad, transgredir la ley.
Recinto alterno, Centro Médico, D.F., 16 de junio de 1992 y firma por el Partido Revolucionario Institucional, los diputados Fernando Ortiz Arana, José Antonio González Fernández; César Augusto Santiago Ramírez; por el Partido Acción Nacional, los diputados Diego Fernández de Cevallos, Gabriel Jiménez Remus; Fernando Gómez Mont; por el Partido de la Revolución Democracia, los diputados Rosa Albina Garavito y Gilberto Rincón Gallardo; por el Frente Cardenista, los diputados Alberto Carrillo Armenta y Manuel Terrazas; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, los diputados Carlos Enrique Cantú Rosas y Adolfo Kunz y Bolaños; por el Partido Popular Socialista, los diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y Martín Tavira Urióstegui y por la Fracción Independiente el diputado Rodolfo Toxtle Tlamani.
Dejo, señor Presidente, en al Secretaría, para los efectos procedentes la declaración política. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; distinguidos miembros de este cuerpo colegiado:
Creo que ha causado uno gran preocupación y una gran indignación la resolución del tribunal máximo de los Estados Unidos de América, respecto a este asunto que se viene comentando desde hace tiempo, del derecho que se adjudican los Estados Unidos de América de extender su jurisdicción fuera de su territorio. No respetan normas, no respetan principios, no respetan la moralidad internacional, no respetan nada, quieren que el mundo sea una especie de selva en donde la fiera más cruel gobierne todos los ámbitos. Esto es justamente le imperialismo.
No es ningún denominación gratuita, porque en todo caso el imperialismo no sólo significa el dominio económico hacia los pueblos débiles, sino también la imposición de políticas que niegan el derecho de autodeterminación de los pueblos y atropellan la soberanía de los estados.
Parece que hubiera sido inconcebible hace algunos años, que un país se atreviera, a través
de su supremo tribunal, a viola el principio de territorialidad.
¿Quién tiene derecho de juzgar los delitos? Pues el tribunal ubicado dentro del territorio donde se cometió o se cometierón los delitos, independientemente de quién sea el hechor y quién sea la víctima. Ese es el principio fundamental. Ningún Estado tiene el derecho de extender su jurisdicción fuera de los límites de su territorio. Eso es principio básico que no está a discusión.
Pero ahora resulta que la Suprema Corte de Justicia encargada de interpretar la Constitución y naturalmente también, ¿Por qué no¿, el derecho internacional ha dictado, según su criterio, un nuevo principio, el de que los Estados Unidos pueden tomar prisionero a cualquier delincuente que haya ofendido algún connacional suyo para llevarlo ante sus propios tribunales.
¿Esto a dónde nos va a conducir, distinguidos miembros de esta asamblea? Pues a que la soberanía de los estados puede hecho tabla rasa. Es un precedente funestísimo, porque con este criterio imperialista, los norteamericanos pueden utilizar su fuerza militar para aprehender a cualquier persona que consideren delincuente y que ha ofendido los intereses de los Estados Unidos.
Es justamente lo que han hecho en Panamá. No estamos discutiendo aquí si Noriega es culpable o no de los delitos que se le adjudican; eso no está a discusión. Lo que está a discusión es si los Estados Unidos tienen derecho de agredir a un pueblo pequeño para capturar a un personaje y llevarlo ante sus tribunales.
Con ese criterio, ningún estado del mundo está a salvo de este atropello. Mañana los Estados Unidos Pueden declarar que un connacional suyo ha sido asesinado en la India y en consecuencia tienen derecho de mandar a su policía a ese país para que capture a un supuesto delincuente, violando todas las normas.
Comentábamos en al mañana con algunos legisladores, con Gabriel Jiménez Remus y otros y decimos: si el razonamiento de los señores magistrados de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos es en el sentido de que el Tratado de Extradición no prohibe que la policía norteamericana venga a capturar a un mexicano, entonces ¿Para qué se hizo el Tratado?, porque el Tratado en todo caso es letra muerta absolutamente, como si no existiera. ¿Para qué sirve el Tratado?
Como dijo Salinié en 1962, "Vale tanto como el papel en que está escrito", entonces el Tratado de Extradición entre México y los Estado Unidos vale tanto como el papel en que está escrito.
Creo que esta resolución ha ofendido la dignidad de nuestro pueblo, ha ofendido de cada mexicano en particular, de cada partido político en particular, independientemente de su posición ideológica, porque está de por medio justamente la dignidad de la nación y la soberanía del Estado mexicano, que todos los mexicanos tenemos obligación de defender, independientemente de los criterios políticos que nos orienten y de las organizaciones partidarias a las que pertenezcamos.
No podemos permanecer callados. Nosotros no juzgamos aquí si el señor Alvarez Macháin es culpable o no. Eso debiera resolver un tribunal mexicano, porque el delito se cometió en México.
Fíjense ustedes que, de acuerdo con la leyes de nuestro país, si se comete un asesinato en Chilpancingo, la capital de Guerrero, no tiene derecho un tribunal de Guadalajara a juzgarlo, porque no es competente ni es de su jurisdicción, solo el tribunal que esta en el estado de Guerrero y concretamente de acuerdo con la legislación de Guerrero. Eso es absolutamente elemental, ya no digamos tratándose de país distintos.
Pero ahora el imperialismo norteamericano le da una nueva interpretación a la famosa tesis de Hobs, ése es el super estado, el estado monstruoso, el estado gigante, el estado que puede decir, hacer y decidir según sus intereses muy concretos, sin importarle que pueda atropellar los intereses y la soberanía de otros pueblos de otros estados.
Como la fiera en una selva, que no le importa matar a los animales para alimentarse, tiene que hacerlo para sobrevivir. El imperialismo norteamericano para sobrevivir como tal, como imperialismo, como potencia que pretende dominar al mundo, tiene que cometer esos atropellos. Está dentro de, diríamos, la ley de la necesidad del imperialismo, de la que quiere el imperialismo, de sus intereses como imperialismo.
Entonces este acuerdo de toda las fracciones parlamentarias de la representación nacional, de la representación del pueblo mexicano, correctamente rechaza esa resolución por defender la dignidad rechaza esa resolución por defender la dignidad nacional, por ofender al pueblo de México, por ofender, por atropellar la soberanía
del Estado mexicano y por atropellar, por qué no decirlo, a toda la humanidad. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores diputados, integrantes de las diversas fracciones parlamentarias, representantes de los medios, presentes en este evento que, a no dudarlo, de profunda trascendencia, marca un hito en la historia de una actividad gubernamental para poner un hasta aquí a los abusos y a las discrepancias de legitimidad que en contra de nuestro gobierno y nuestros connacionales han venido cometiendo potencias extranjeras.
Resulta ilegítima en su contenido y cínica en su expresión, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de al Nación de los Estados Unidos de América.
Parece ser que volvemos a los tiempos del "Big Stick", pareciera que el fantasma de Teddy Roosvelt volviera a campear en al Policía exterior de los Estados Unidos de América.
¿Dónde quedó la legalidad, el derecho internacional y los principios de convivencia entre las naciones, después esta absurda y criticable decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos? Y lo más grave de todo, señores diputados, ¿cuál serán las implicaciones hacia futuro, en las relaciones del gobierno norteamericano y el resto de la comunidad internacional, puesto que podemos inferir de ello que la decisión de Washington, no sólo conforma y ahonda el divorcio entre el sistema judicial estadounidense y el derecho internacional sino que da mano libre para la realización de actividades ilegales por parte de diversas dependencias del ejecutivo norteamericano.
Es muy claro que se ha entregado con esta decisión, a todas luces criticables, casi vergonzante, una patente de corzo a los agentes de Washington, para que actúen en otros países al incluir en sus tareas normales el secuestro y la violación a las normas mínimas del derecho de gente.
Lamentablemente con esta conducta avizoramos una época en donde lo que prevalezca sea la ley del más fuerte, es decir, volveremos a la le de la selva
Con atingencia, el gobierno mexicano, da por inválidos e inaceptables los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, al emitir un fallo que autoriza que el mexicano, Humberto Alvarez Macháin, sea juzgado en ese país, tras haber sido secuestrado en territorio mexicano y trasladado al vecino país en violación de nuestro orden jurídico.
El gobierno mexicano ha rechazado terminantemente cualquier interpretación que pretenda reconocer la posibilidad de la aplicación extraterritorial de las leyes de un país y, por lo tanto considera como un acto criminal, cualquier intento de secuestrar a un nacional para que sea llevado a juicio a otro país.
Enérgica y necesaria ha sido la repuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Los mexicanos que hayan transgredido la ley en México, sólo podrán ser juzgados en México.
Con todo fundamento el gobierno mexicano expresa en su comunicado que la autorización de permitir que Alvarez Macháin en los Estados Unidos tras haber sido secuestrado en territorio mexicano, es una clara transgresión a los principios esenciales del derecho internacional e ignora el Tratado de Extradición firmando por ambos países.
Con éste, son múltiples los ejemplos que el gobierno norteamericano realiza y recurre al argumento de la fuerza en contra de las normas del derecho internacional, ya sea de manera abierta o sutilmente, buscado siempre justificar su proceder ante la opinión pública internacional. Fue precisamente con esta misma línea de conducta y este criterio y estos argumentos, que escudándose en la supuesta voluntad de combatir al narcotráfico desató una violenta invasión en contra de una hermana república bajo el pretexto de llevar a juicio a un hombre.
La decisión adoptada por la Corte estadounidense de autoriza el secuestro de personas en todo el mundo para que sea enjuiciados en territorio extranjero, sólo viene a deteriorar aún más la violenta imagen de policía del mundo o representantes del "big stick" o del garrote grande, que contraviene al respeto a la soberanía de los pueblos y el íntimo valor que tiene los tratados internacionales para el gobierno de Washington.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana apoya sin restricción alguna la decisión del gobierno de someter a revisión el Tratado de Extradicción suscrito entre México y Estados Unidos.
La historia del Siglo XIX tiene para nosotros innumerables enseñanzas en cuanto a la
Definición de una postura indeclinable en defensa de los principios de autodeterminación y de los derechos inalienables de la soberanía nacional.
Se ha pagado con creces la defensa de nuestro derecho a ser nación y en ningún caso bajo ninguna circunstancia abdicaremos de esta herencia que nos legaron los patriotas que con su sangre y voluntad construyeron el México que hoy disfrutamos.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ratifica desde esta tribuna la necesidad de mantener el imperio del derecho, como la única forma de equilibrar y dar permanencia a la convivencia entre las nacionales.
Este incidente que hoy nubla las relaciones entre dos países, ha motivado la honda preocupación del propio pueblo de los Estados Unidos de América. En este sentido el Magistrado John Paul Stevens, junto con sus colegas Sandra Day O'Connors y Harru Black Mun, expresaron desacuerdo con la decisión del presidente de la Corte William Rehnquist, a la que calificaron de decisión monstruosa.
Igualmente le abogado Robin Tom, de los Angeles, lo calificó como una bofetada en la cara del pueblo de México y de su gobierno.
Hoffman, el abogado que defendió el caso ante la Suprema Corte, manifestó:".. que la decisión es una invitación a una conducta por encima de la ley de los gobiernos y una invitación también a los cazadores a sueldo, remembranza de los cazadores de cabezas que se empleaban en ocasiones en contra de los forajidos y muy frecuentemente en contra de las minorías.
Es también una invitación a gobiernos extranjeros para que secuestren a nuestros connacionales".
Ante la fuerza de los hechos consumados, Benito Juárez indicó en su momento: "Jamás validaremos un acto de injusticia que vulnere nuestro derecho. Si por nuestra debilidad nos imponen condiciones que atropellen nuestra integridad nacional, jamás les daremos legitimidad y dejaremos vivo para nuestros hijos, el derecho para que otras generaciones más fuertes y más capaces reclamen lo que en derecho nos corresponde".
Hoy, el gobierno mexicano cumplimenta un legítimo anhelo popular, la decisión patriótica de suspender las actividades de los agentes de la Agencia Federal Contra el Narcotráfico en nuestro país y revisar el Tratado de Extradición suscrito entre los gobiernos de México y los Estados Unidos en 1978.
Ante esta actitud, los pusilánimes han empezado a argüir que esta digna política pone en riesgo la firma del Tratado de libre Comercio, lo cual indica la miopía de estos personeros de la sumisión, puesto que si estos momentos de coyuntura de indefiniciones, ante la vigencia de los acuerdos, tratados y el derecho en general, no manifestamos nuestro reclamo, en el momento en que la potencia del norte decida que el Tratado de Libre Comercio ya no Funcione de acuerdo a sus intereses, puede pisotearlo y desconocerlo de acuerdo a su muy particular interpretación y, por lo tanto, esos defensores a ultranza del Tratado de Libre Comercio recibirían la violencia de una voluntad que no respeta el derecho, sino que nuevamente pretende que éste, solamente sea acatado por los demás, pero no válido para ello.
En aras del restablecimiento de un régimen de derecho, el Estado Norteamericano, deberá rectificar una decisión que daña nuestras relaciones y no sólo la imagen de su gobierno, si no la historia de su pueblo. Es necesario que esta rectificación se produzca en tiempo y forma, que permita restañar el daño causado. Los gobiernos y las naciones de otras latitudes, estarán pendientes de lo que aquí suceda y actuaran en consecuencia.
La cuestión, la pregunta y el interrogante es: ¿Cuál será hoy adelante, la base jurídica para la relación entre los pueblos?, de lo contrario volveríamos a los ya superados y criticables tiempos en los que soberanía de los pueblos se medía por el alcance de sus cañones; y más aún, daríamos pie a seguir considerando en nuestra relación con el vecino país del norte, como es tradicional creencia de la conseja popular, que ellos son territorialmente los vecinos y nosotros somos simplemente los buenos.
Por ello, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, resulta para los miembros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ilegítima en su contenido, violatoria del derecho internacional y cínica en su expresión. Muchas gracias, señores diputados.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ricardo Valero.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: - Señor Presidente, compañeros y compañeros diputados:
El Partido de la Revolución Democrática, como acaba de ser leído, suscribe la declaración, el punto de acuerdo relacionado con este tema. Lo hace convencido de su contenido, de los términos en que fue expresado y acordado por las distintas fracciones parlamentarias y por supuesto, se compromete a dar cumplimiento a su significado, a su sentido en sus consecuencias prácticas.
También reconoce que hubo un esfuerzo encomiable, de parte de todas las fracciones parlamentarias para alcanzar este punto de acuerdo y que permitieron una redacción para todos aceptables y en donde se coincida y se identifiquen los puntos de vista, no siempre idénticos.
Tan fue así el celo de quienes prepararon y elaboraron los primeros proyectos, que inclusive alguna cuestión secundaria o menor en la redacción final, se advierte como uno de los problemas ciertamente secundarios, Por ejemplo en el tercer párrafo con las modificaciones que sufrió y al no modificarse su conjunto, se habla de un lamentable caso que no se entiende exactamente cuál es, porque en la elaboración, como digo y en la negociación del documento , que es el lamentable caso en los proyectos y en las redacciones iniciales se refería al doctor Alvarez Macháin; desaparece esa alusión y en cambio no se hace rectificación, la redacción que correspondía a la redacción inicial.
En todos sus términos entonces suscribimos este documento, esta declaración, porque estamos de acuerdo en le rechazo categórico, contundente, como dice la declaración, a la sentencia o al fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, porque también estamos de acuerdo en condenar los secuestros en territorio de otros países y prácticamente cualquier género de secuestro, como se menciona en la declaración, porque también en algún sentido coincidimos con la declaración hecha por el Poder Ejecutivo, del gobierno de México el día de ayer y por último, porque tenemos preocupación en cuanto, tanto este tema relacionado con el narcotráfico directamente, como el que se refiere a uno más general vinculado y desprendido del derecho internacional
Dicho lo anterior, sin embargo y como es nuestro derecho y una obligación, también creemos que es una declaración política insuficiente o que en todo caso debe ser apenas punto de partida para mayores y más profundas consideraciones, reflexiones y conclusiones por parte de esta Cámara de Diputados.
En el primer párrafo, por ejemplo, se hace ese rechazo categórico, definido, muy claro al fallo de la Suprema Corte de Justicia, pero se dice que se expresa en la medida en que constituye ese mismo fallo, una flagrante violación del Tratado de Extradición firmado por el gobiernos de los Estados Unidos y de México, en 1978.
Pensamos que siendo un elemento importante, apenas se trate de un primer nivel y ni siquiera el más significativo o representativo.
Hay inclusive quien opina que ese Tratado de Extradición, simplemente lo menciono, no tiene una vigencia plena; en la medida que no ha sido ratificado por los órganos legislativos de ambos países. En todo caso en el fallo del Tribunal Superior de Justicia de los Estados Unidos de América se hace un reconocimiento al Tratado de Extradición y se le da la validez, la vigencia que tiene.
Sin embargo ése no es tanto el problema. La pregunta sería: ¿si no existiera este tratado y aún antes, antes de 1978, actos como los que pudieran desprenderse de la determinación del Tribunal Superior de justicia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, podrían realizares?
Y la respuesta es muy clara: ningún país, ninguna potencia, por poderosa que sea, se puede arrogar estas facultades.
Entonces el problema, a diferencia de lo que se plantea en nuestro comunicado y en nuestra declaración, no se reduce a la vigencia y a la aplicación del tratado, sino a la conducta a que están obligados, los distintos estados, el nuestro por supuesto, pero también en de los Estados Unidos de América, a acatar normas esenciales, normas elementales del derecho internacional, que no son por cierto muy distintas, esas normas internacionales a que me refiero, a aquellas que están consagradas en al Consideración General de la República.
Principios y normas, como el más importante el de respeto absoluto a la soberanía de los países, a la igualdad jurídica de las naciones, a la no injerencia, la no intervención en los asuntos internos de otros estados, al derecho de los tratados y su observación por parte de todos los países, son precisamente los que entran en contradicción, los que son rechazados, los que son tomados en consideración de una manera, incluso, agresiva, ofensiva y arrogante, por este fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América
También, ese es le segundo párrafo de la declaración, se habla en él de las condenas a los
secuestros, a cualquier secuestro en territorio nacional de cualquier ser humano.
El comentario, la consideración, es en los mismos términos que ya lo han hecho otros diputados que han comentado previamente esta declaración y este tema. El problema es el siguiente, es uno que ya hemos referido en esta misma tribuna:
Nos preocupa que una cuestión a consideración y una premisa como la que sostenemos en nuestra declaración, no se reproduzca, no sea el criterio, la norma, que oriente la conducta del país o en todo caso las posiciones que asume el propio gobierno.
Por supuesto y aquí se ha dicho, este fallo no puede ser sino producto y no puede resultar sino la visión de una potencia que interviene injerencista en los asuntos de otros países.
Antecedente muy claro y consecuencia de una noción, de una visión y de consideraciones muy similares, por supuesto lo encontramos en la intervención del gobierno de los Estados Unidos en nuestra república, en diciembre de 1989; en Panamá y aún recientemente. No es otra cosa la que se discute en los organismos internacionales, por ejemplo, cuando las grandes potencias que dominan los organismos internacionales, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, obligan a un país en desventaja, en este caso a Libia, a que entregue para ser juzgados en otros tribunales a dos nacionales suyos. Pero que en cambio ese mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se niegue siquiera a examinar una queja de un pequeño Estado, en este caso el de Cuba, que pide un tratamiento similar para sujetos que cometieron actos de terrorismo en contra de sus intereses y causaron daños sumamente graves.
Este es el tema y éste es un asunto frente al que no ha habido la congruencia indispensable, necesaria, que nos pudiera permitir inclusive, en casos como este, cuando el gobierno de México rechaza con toda razón la pretensión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, pero que le podría dar al gobierno de México un fundamento, un respaldo, un apoyo, que no tiene del todo, precisamente por sus vacilaciones, precisamente por su falta de consistencia, de congruencia, cuando situaciones similares, como éstas que refiero y podrían, desde luego, invocarse algunas más y en las que no ha habido una posición de parte de nuestro país que corresponda al propio principio.
Pensamos también que es y así lo hemos dicho en anteriores ocasiones, por ejemplo hace unas cuantas semanas, cuando aquí conocimos los resultados de la reunión de la Comisión Interparlamentaria entre los Estados Unidos y México, que no tratábamos, de acuerdo con nuestras perspectivas y nuestros intereses, un asunto de la importancia, como la tiene en nuestros días el problema del narcotráfico; oportunidad que de nueva cuenta se nos va al no recogerlo en nuestras preocupaciones, en las orientaciones de esta declaración política.
Estos son los puntos que nos suscitan algunas dudas con respecto a la declaración que hemos aprobado, lo cual no invalida, ni siquiera disminuye la importancia que le atribuimos, el apoyo y el respaldo que le proporcionamos.
Nos remite, sin embargo, a otros remas y éstos son los esenciales para los que la Cámara de Diputados debe prepararse y aún más, insistir en que son materia de su interés, de su competencia y del interés nacional en su más alta, en su más elevada expresión.
No es exagerada ni falsa a la realidad, sino todo lo contrario, esa consideración que se ha hecho, según la entiendo, en la tribuna, de que no podemos ni tenemos ningún elemento, sino todo lo contrario, en entender que esta decisión, este fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos, sea un acto aislado y que deba ser contemplado, deba ser avizorado simplemente como un acto, con su propia dinámica, con su punto de partida y alcance recogido en sí mismo.
Ciertamente debemos analizarlo, debemos juzgarlo, definir una posición, pero como han dicho algunos que han comentado esta primera decisión, en primer lugar no es sino una actitud, un momento más, un eslabón, de un comportamiento internacional que se ha venido reproduciendo en los últimos tiempos.
Tenemos, no solamente derecho, sino sobre todo obligación, si este fallo no reproduce ni es en algún sentido una actitud, una decisión, la de los jueces del Supremo Tribunal de los Estados Unidos en materia de lo que puede ser la aplicación, la puesta en práctica del orden internacional, enunciado por el gobierno de ese país por lo menos hace un año y medio. Es un acto de prepotencia, es un acto de arrogancia y es un acto que, sobre todo, está destinado a permitirle una supuesta capacidad, derecho y fundamentos a los Estados Unidos para poder en esta materia, pero seguramente también en otras
más, a poder intervenir en asuntos que no son ni de su competencia, ni corresponden a su jurisdicción.
Debemos tener, además, particular cuidado con este tema, porque bien sabemos que es uno en el que más insiste, sino el que más, en estos días, precisamente cuando se reelabora una nueva agenda internacional en el seno de las Naciones Unidas. Pero sí nos debe preocupar este acto, esta decisión con sus consecuencias lo que anuncia, pero también corrobora lo más importante es que nos conduzca a pensar en los efectos que para nosotros tiene y, uno de ellos, el más elemental y que sin embargo no queremos, no deseamos ni tomamos ninguna decisión al respecto, sino todo lo contrario, es a no querer contemplarlo como parte de una conducta recurrente que por lo demás no corresponde a una voluntad, sino corresponde a la esencia, a las características, a la actuación, a la forma en que a sí misma se contempla una gran potencia.
Cuando en ésta y en otras tribunas y en otros momentos mencionamos que la única consideración, que parece no haberse hecho en el momento en que se toma la decisión de integrarnos de manera formal a la economía norteamericana, fundamentalmente al Tratado de Libre Comercio que está a punto de ser terminado y también suscrito como no los han hecho saber, pero la única consideración que no se hace y es la fundamental, se refiere precisamente a los países con quien se establece esa relación y es el mismo país, lo acabamos de examinar con la resolución correspondiente en una reunión de comisiones unidas, el mismo país que ha convertido en recurrente la práctica de la persecución en territorio mexicano por motivos propios y que sólo a ellos corresponde recoger, integrar y actuar en correspondencia, es ese mismo país, son las autoridades de ese mismo país las que ahora a través de la Suprema Corte de Justicia emiten un fallo, el fallo que ahora analizamos, discutimos y es objeto de nuestra Declaración.
Pero es el mismo país de los tiraderos tóxicos en la frontera y es el mismo país no otro, el que viola de manera permanente y sistemática los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos, que se niega a reconocer esos derechos laborales y humanos y el trato correspondiente a los trabajadores emigrantes o migratorios mexicanos, no es otro y sin embargo vemos uno distinto cuando se trata de la firma del Trabajo de Libre Comercio, otro cometiendo este tipo de actos los que acompañan precisamente este fallo y somos incapaces o nos negamos a establecer los vínculos, las asociaciones que por otro lado son evidentes de obtener el traer las conclusiones respectivas, las conclusiones correspondientes; más aún, a pesar de la comisión de la recurrencia de una y otra vez de esos actos, la declaración formal, la declaración oficial del gobierno de México es que no pueden ser ni habían estado en el pasado en ningún otro momento en tan alto nivel y en tan buenos términos esas relaciones de tipo bilateral y ésa es la preocupación primordial que queríamos plantear en esta tribuna porque no solamente consideramos que es nuestra obligación para conocer una decisión como es la de la suscripción de esta declaración política, momento importante en esta Cámara, toda vez que ha sido todas las fracciones parlamentarias sino también y sobre todo crear, ir abriendo el espacio, el ambiente, con los elementos indispensable en esta Cámara, para que nuestra reflexión sea lo más amplia posible, que cubra los distintos aspectos involucrados en este tema y que seamos capaces de tomar en el futuro, a partir de una evidencia tan clara en el futuro, a partir de una evidencia tan clara como nos la presenta este fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, en todo lo que se refiere a la relación bilateral; en todo lo que se refiere a la necesaria reflexión y análisis del comportamiento obligado que tenemos que hacer de la actitud internacional de esta gran potencia, que como hemos dicho, queremos y creo que todos, tener la mejor, la más amistosa relación posible, pero nunca en cambio o a cambio del sacrificio, de la pérdida siquiera, de la afectación, por mínima que sea y no es el caso precisamente de principios, de factores, de valores que son fundamentales para la nación mexicana. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gabriel Jiménez Remus.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus: - Señoras y señores diputados, muy honorable Asamblea:
Una voz más, la de la diputación del Partido Acción Nacional, concluye en este muy justificado reproche que hace la Cámara de Diputados a los Estados Unidos de América.
Con honestidad intelectual, al conocer la noticia de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, el grupo parlamentario de Acción Nacional, pretendió encontrar esa correa de transmisión entre el artículo 9o., del tratado de extradición de 1978 y la interpretación que de impromptu nos parecia irracional y no encontramos en serio la explicación dentro del
contexto del derecho internacional, que pudiera justificar esta agresión, no a México, sino al mundo entero.
Jurídicamente fuimos incapaces de fincar esta relación de causa efecto, en la interpretación del tratado en comento y quizá con algo de astucia y de malicia, probablemente conjeturamos y llegamos incluso a pesar que el caso Noriega se le complicaba a Estados Unidos y que para poder salvar un nefasto antecedente, prefirió violar, descoyuntar el orden internacional para sacar adelante otras negligencias y omisiones internacionales en otros países hermanos.
Y no es posible sostener ahora que la interpretación del artículo 9o., del tratado de extradición pueda justificar este desequilibrio internacional que con prepotencia económica y con soberbia internacional, quiere fincar como nueva conducta en el mundo el gobierno de los Estados Unidos.
¿Y saben lo que ahora han consagrado los Estados Unidos?, el derecho de ese país, a ser policía que comete delitos en todo el mundo, pero además con impunidad, con desprecio del orden constitucional ilegal de todo el mundo; cazadores de recompensas al estilo del siglo pasado y esto a finales de un milenio, no podemos soportarlo la gente civilizada y democrática.
Pero por otra parte esta implícito otro calor fundamental del que casi no se habla. Así como mi partido y la diputación hablamos del bien común de la nación, señoras y señores diputados, hay un bien común internacional que permite la solidez y la honestidad y la solidaridad en el concierto de las naciones. La relación entre países, con independencia de poderíos económicos, la solidaridad que va en ayuda y en auxilio del que lo necesita y no espera recompensas ni cobrar después las prepotencias en cualquier parte del mundo.
Y, ¿quién nos dice ahora, señoras y señores diputados, que a partir de esta interpretación unilateral de un tratado de extradición vigente, que no encuentra incluso racionalidad en la interpretación, dentro de muy poco tiempo también el gobierno de Estados Unidos con otra interpretación de su Corte, desprecie un tratado de asilo político?
Hay un solo paso, el filo muy estrecho de una navaja, para que siga violando impunemente el derecho internacional. Ya no habrá rincón en el mundo donde pueda acogerse al perseguido político, porque conforme a los intereses de este gobierno, pueden ir por él, rompiendo la palabra, el honor, la tradición jurídica, 200 años de independencia de este país, para poder salvaguardar intereses que afectan no a México; ¡Al mundo entero¡ Yo llamaría a una ecología jurídica que está de por medio, para que sigamos viviendo en paz, civilizadamente y con seguridad jurídica internacional. Esto es una desfachatez.
Y finalmente, creo que estamos obligados todos en este momento, no solamente al rechazo, con una posición emanada de la libre voluntad del mexicano, sino también en el ámbito de nuestra jurisdicción, de nuestra competencia como Congreso mexicano, tratar de que se restaure el orden jurídico internacional. No podemos simplemente dejarlo en un primer estadio de queja, precisamente para que se restaure el orden jurídico internacional, si es que queremos vivir en paz y más nosotros, 3 mil kilómetros de frontera.
Por eso el Partido Acción Nacional por mi conducto y en esta diputación, rechazamos enfáticamente esta perversidad de Estados Unidos de romper voluntariamente con un orden jurídico que él mismo había aceptado. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Demetrio Hernández.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Estos momentos críticos del orden internacional ameritan una especial atención de los que se dicen verdaderos mexicanos. La fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, firmamos el acuerdo, convencidos plenamente de sus términos, pero además, por la urgencia y la necesidad, además, como una obligación y una responsabilidad de lo que debe ser la Cámara de Diputados, que es un órgano que tiene como deber fundamental defender la soberanía y la integridad nacional ante la brutal agresión de la decisión discutida en este momento.
Reconocemos públicamente la valentía y la justeza de la respuesta inmediata del Presidente de la República, porque la gravedad de los hechos ameritó esta reacción y porque además esta reacción del Presidente de la República requiere total y absolutamente el apoyo del pueblo de México.
Por lo tanto, este órgano legislativo que vela por la soberanía nacional y por los intereses de la nación, debe pronunciarse públicamente, enérgicamente en contra de esta decisión.
En el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, no solamente estamos preocupados por los intereses y el orden nacional; vemos con preocupación también como nos vamos integrando al nuevo orden internacional y necesitamos integrarnos con dignidad, con respeto, señalando las agresiones que sufren nuestros conciudadanos y las agresiones que sufrimos como nación. Por lo tanto considerarnos que la esencia del nacionalismo, debe manifestarse en esta Cámara y debe llegar a todos los órganos y a todas las instancias internacionales, para que en el futuro no solamente podamos enfrentar, sino defender con dignidad, como va a ser el Traslado de Libre Comercio, la soberanía nacional.
El Partido del Frente Cardenista ratifica su postura y su energía protesta por esta decisión. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Socorro Velázquez Fernández.
El diputado José Socorro Velázquez Fernández: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Se ha puesto a la consideración de esta asamblea una declaración política firmada por todos los partidos aquí representados, una declaración política que más allá de las ideologías, que más allá de nuestras formas de pensar, nos ha unido en un consenso nacionalista y en un consenso patriótico.
Hemos escuchado también las intervenciones de cada uno de los representantes de los propios partidos en esta tribuna. Vuelve a ser evidente el consenso en lo fundamental.
El día de ayer conocimos el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el sentido de que el secuestro en territorio mexicano del doctor Humberto Alvarez Macháin, no viola el espíritu y el contenido del Tratado de Extradición firmado por los gobiernos de México y de los Estados Unidos en 1978.
La aseveración, esta aseveración del máximo órgano jurisdiccional de los Estados Unidos de que no viola el tratado porque no está prevista la prohibición expresa del caso que nos ocupa, resulta para todos política, jurídica y moralmente inaceptable. En otras palabras, la Corte de los Estados Unidos, al emitir su fallo, por cierto en contra de dos instancias jurisdiccionales previas que opinaron que deberá devolverse a Alvarez Macháin a México, está avalando una auténtica barbaridad; el uso de la fuerza, la violencia, la violación al derecho internacional y a la soberanía de otros países, en aras de justificar los procedimientos de los más poderoso.
No puede, pues, considerarse más que denigrante, ofensiva, la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos; opinión contra toda lógica y contra todo orden jurídico y peor aún en el contexto en que la Suprema Corte analiza el asunto, pues lleva implícita la violación de un país vecino.
No se trata solamente de un atropello a los derechos de un ciudadano mexicano, sino de una burla al estado internacional de derecho.
El combate al narcotráfico es indudablemente mundialmente aceptado, pero de ninguna manera con este pretexto se justifica la transgresión de la ley.
Por eso hemos manifestado nuestra más enérgica protesta por la afrenta que significa la resolución de la corte norteamericana, que viola las normas más elementales del derecho internacional.
De ninguna manera en nombre de la ley se pueden convalidar actos que atenten contra la soberanía de otros países, y mucho menos en contra de vecinos con los que se tienen múltiples instrumentos bilaterales, suscritos para el tratamiento civilizado de estos problemas.
Tampoco es aceptable, ni se justifican tales violaciones, con el pretexto de juzgar indebidamente bajo legislaciones extranjeras a ciudadanos mexicanos. Este es el caso del inaceptable fallo de la Corte de los Estados Unidos. Por eso los legisladores de todos los grupos parlamentarios de esta honorable Cámara de Diputados, respaldamos totalmente la posición del gobierno mexicano en relación a este asunto y no vacilamos en apoyar con firmeza el comunicado que rechaza la afrenta a nuestra soberanía y nos solidarizamos exigiendo la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, políticas históricamente postuladas y practicadas por nuestro país. Pero también insistimos en la necesidad del diálogo y la cooperación en búsqueda de soluciones bilaterales.
El gobierno mexicano, a través de la cancillería ha sostenido entre otras cosas que es necesario revisar el Tratado de Extradición, celebrado entre ambos países. Esta revisión no sólo es necesaria sino indispensable y urgente, pues no
tiene caso mantener la vigencia de tratados con países que no los respetan.
Al respecto la cancillería establece que México, basado en su derecho soberano, procederá estrictamente conforme a sus leyes y a la legislación internacional en la materia por lo que el gobierno mexicano ha decidido someter a revisión el Tratado de Extradición entre ambos países, reiterando la propia cancillería que dicha colaboración sólo puede darse dentro del más estricto respeto a la soberanía y a las leyes de cada país. Con ese objetivo, el gobierno de México está dispuesto a iniciar de inmediato platicas con el de Estados Unidos, para asegurar las nuevas condiciones que permitan continuar con la necesaria cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
Pero, insistimos, esto no quiere decir que con ese pretexto se violen principios elementales de soberanía y de derecho internacional.
Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos partidistas representados en esta Cámara, sometimos a la consideración del Pleno la declaración política que aquí se ha dado a conocer, firmada por todos los partidos políticos aquí representados, animados todos por el deseo de que la política del uso y el abuso de la fuerza no sustituya jamás a la política de convivencia respetuosa ente los pueblos. Les agradezco mucho su atención.
El Presidente: - Esta Presidencia se da por enterada del pronunciamiento que realizan los grupos partidistas de este Congreso.
Túrnese copia de la misma al Secretario de Relaciones Exteriores de México para su conocimiento.
AMBULANTAJE Y DESEMPLEO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse al ambulantaje y desempleo en nuestro país.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados:
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista abordaré el problema del ambulantaje.
El nueve de junio se produjo una situación entre seria y jocosa, protagonizada entre los comerciantes informales y los sedicentes dirigentes del comercio establecido en la zona del centro histórico de la cuidad de México, que no pasó a mayores por cuanto a daños personales se refiere.
A juicio del Partido Popular Socialista el cierre intencional de sus negocios, por parte de los comerciantes establecidos que comanda un señor de apellido Gasal, que no son todos lo que él afirma dirigir sino sólo a los más acaudalados, es un acto de presión.
No obstante que media un acuerdo entre ese grupo de comerciantes informales ante las autoridades del Departamento del Distrito Federal, que según tenemos entendido los plazos aun no vencen y este señor de apellido Gasal está ignorando su propia firma.
Y estas actitudes de ese dirigente empresarial se repetirán en parte, porque ya ha anunciado que no cejará en sus intentos y demandas judiciales y fundamentalmente porque este señor sólo ha atendido sus intereses mercantiles, pretendiendo con ello ignorar que se trata de un problema que está ligado estrechamente a la pobreza creciente de nuestro pueblo, es decir, la disminución del ingreso, el incremento el desempleo, el descenso en los servicios de seguridad social y deficiencias de la misma.
Es decir, trata de ignorar que esto proviene de un problema de cárter nacional y no sólo del Distrito Federal, en donde afirma, por parte de este señor Gasal, es el que no nos quedamos atrás respecto a los demás países pobres del mundo, especialmente los de América Latina, como un efecto de la crisis y de la creciente pobreza que viven nuestros pueblos que como se ha dicho repetidamente en los últimos años, ha sido provocada por las medidas de corte neoliberal de los respectivos gobiernos.
Desde que se organizaron los comerciantes establecidos y acaudalados que comanda este señor Gasal, que insistimos, no son la mayoría de ellos, de tiempo para acá sus argumentos han sido por demás egoístas y miopes. Acusan a los comerciantes ambulantes de competencia desleal. Los acusan de que no pagan dichos comerciantes ambulantes, los impuestos correspondientes. Que sus ganancias son elevadas, Que no se trata de gente necesitada y que pronto serán en número, mayor que los comerciantes establecidos.
Esto en opinión del Partido Popular Socialista, es parcialmente cierto. Pero es más falso que
cierto todavía. Puede serlo de algún sector de ambulantes. Pero por estudios hechos a los comerciantes ambulantes más modestos, se ha comprobado que el 58% de ellos, se surte del comercio establecido y un 27% se surte de los proveedores.
Por cuanto a que pagan o no pagan impuestos, nosotros nos preguntamos ¿cómo es posible que puedan pagar los impuestos, si apenas pueden sobrevivir?
Está visto que entre los ambulantes más pobres el 38% tiene menos del salario mínimo; el 42% gana entre uno y dos salarios mínimos y sólo el 1% obtiene una ganancia de más de dos salarios mínimos. Esto refleja que los sedicentes comerciantes establecidos están mostrando falta de sentido de equidad y amplio egoísmo, porque no han sido capaces de abordar el problema, sino con el enfoque de la competencia desleal, argumento muy socorrido por los empresarios en nuestro país, que en su tiempo emplearon en contra de las empresas del Estado.
A juicio del Partido Popular Socialista, el problema tiene otro fondo, en un fondo de carácter social, es un fondo económico y político, Nosotros no podemos de ninguna manera quedarnos con explicaciones simplistas de comerciantes y camarillas.
En primer lugar, el ambulantismo es el signo de la pobreza creciente de nuestros países; es un fenómeno tal que ya ha ganado espacios en las estadísticas de América Latina y del mundo. Por lo tanto, es un fenómeno insoslayable por sus causas y efectos económicos, sociales y políticos.
Ya ha venido a colocarse este grave problema, como un fenómeno que no debemos hacer a un lado y no debemos juzgarlo como algo pasajero o circunstancial.
De alrededor de 600 mil personas dedicadas a este ramo que estamos comentando, lo cual implicaría el 2.5% de la población económicamente activa, destacan entidades que rebasan esa media nacional, como es el caso del Distrito Federal, en donde se alcanzan los mayores índices de México, con un 3.4% que efectivamente corresponde a un número superior a los 100 mil y posiblemente cerca de 150 mil comerciantes ambulantes.
Algunas entidades, pocas, rebasan el 2% de su población económicamente activa. No siempre correspondiente a las mayores ciudades de nuestra nación, corresponden más exactamente a los mayores índices de pobreza y sobrepoblación, cuestión que hay que revisar en cada una de las entidades federativas.
Debemos pues intentar precisar las causas de este problema. En algún estudio realizado entre los sectores más modestos de los ambulantes del Distrito Federal, concretamente de la zona del centro histórico, se ha encontrado que el 33% de ellos practican el comercio ambulante por la necesidad de aumentar sus ingresos. Esto comprueba el deterioro del poder adquisitivo del salario del ingreso, a su vez, cuestión que se ha venido agravando por efectos de las políticas de contención salarial implementadas.
También se ha encontrado en los estudios mencionados, que el 27% de los vendedores informales de esta categoría son gente que han sido liquidada de los empleos, hecho conocido que se presenta constantemente por la reducción de la planta productiva de pequeñas y medianas empresas, así como se ha dado también en las empresas estatales.
Y un indicador más nos dice que el 16% de ellos corresponde a personas que no han podido dedicarse a otra actividad. Es decir, son gente sin trabajo que no han podido encontrar otra opción para sobrevivir.
Las cifras anteriores pudieran ser muy relativas y hasta parciales, pero debe llamarnos la atención el desempleo en el país, lo que nos permitirá hacer la hipótesis más firme. En nuestra patria hay, según censos y ajustes recientes, alrededor de 5.5 millones de desempleados, lo cual equivale al 21% de la población económicamente activa.
Entre esas cantidades señaladas, no están comprendidos lo que laboran menos de 35 horas semanales, o que de plano están francamente desempleados. De éstos últimos se calcula que el 11% de la población económicamente activa se refiere a los que reciben ingresos insuficientes o están desempleados, que serían más de 3 millones de mexicanos. Y aún cuando podamos señalar algunas disminuciones en estos indicadores, como los últimos en los que la tasa de ingresos insuficientes y desempleados ha bajado del 17% al 11%. Y aun cuando el propio subempleo bajara de 6% a cerca de 5%, el hecho concreto es que entre el año de 1989 y el de 1991 se registró un faltante de casi cinco millones de empleos.
A este respecto recordemos que en la rama manufacturera el empleo disminuyó en 3.3%, que
equivale a 72 mil desempleados. En la rama azucarera hubo 42 mil despedidos y en la burocracia, con los planes que ha implementado el gobierno, la meta es llegar a más de 600 mil desempleados.
A esto hay que agregarle una cuestión que es muy preocupante. Las mayores tasas de desempleo se producen en los jóvenes de entre los 15 y 24 años de edad, de los que solicitan trabajo. El 30% de ellos cuenta con educación media y superior y el 44% cuenta con estudios de secundaria. Es decir, los mexicanos sabemos lo que significa la frustración juvenil y esa amarga experiencia no debe repetirse.
Con estas cifras, compañeras y compañeros diputados, en estas cifras que revelan la creciente demanda de empleo, no podemos ignorar que un buen número proviene de los jubilados, que han tenido que volver a buscar empleo para poder incrementar sus ingresos; baste platicar con los trabajadores del Distrito Federal, de Mérida y de otros lugares de nuestro país.
Hasta aquí hemos hecho algunas consideraciones socioeconómicas.
Ahora debemos ver otro tipo de motivos: Los motivos económico - político en torno a este problema del comercio informal. Este problema, como todos sabemos, ha estado acompañado de altibajos en virtud de la crisis económica, pero recordemos que al principio también creció por la búsqueda del llamado "clientelismo político" que algunos partidos y grupos políticos alimentaron para beneficio propio.
Hoy, en opinión del Partido Popular Socialista, el hecho de que cualquier agrupación política alimente este fenómeno, está en complicidad con los patrones, ya sean del sector privado o del sector público, porque de alguna manera le están ayudando a enmascarar el desempleo y su política concertada de despidos en un país como el nuestro en donde no existe el seguro de desempleo.
Indudablemente el problema ha crecido artificiosamente también. Se calcula que ha llegado a representar el 1.1% del producto interno bruto y esto aumenta constantemente. En el Distrito Federal se movieron por este concepto 6 mil 500 millones de pesos en 1991. Sólo en la delegación Cuauhtémoc ha llegado a haber hasta 45 mil vendedores y debemos suponer que en esto están medrando politiqueros, comerciantes, contrabandistas, funcionarios menores del Departamento del Distrito Federal y principalmente seudolíderes de comerciantes ambulantes.
Basta recorrer algún puesto en donde se expenden productos electrónicos de procedencia extranjera y nos daremos cuenta que son subcontratados los verdaderos dueños que solicitan empleados para que se hagan cargo de las ventas. Aquí en nuestra ciudad capital el problema se puede catalogar como una verdadera lacra que invade hasta los puentes peatonales. Algunos sitios son foco de suciedad, insalubridad , inseguridad, que ocupan las principales avenidas. Que se extiende incontenible y se extenderá mientras aumente la miseria de nuestro pueblo.
Por todo esto, repetimos, el problema debe atenderse, pero sin los criterios estrechos de los comerciantes establecidos y acaudalados.
En opinión del Partido Popular Socialista el camino correcto es el reordenamiento del ambulantaje puesto en marcha por las autoridades y los comerciantes, tanto ambulantes como establecidos, deben sujetarse a él y contribuir a su éxito y no a su entorpecimiento.
Junto a lo anterior, es necesario, a juicio del Partido Popular Socialista, ir más a fondo de este problema: Acabar con el "clientelismo político", con las simulaciones, con el acaparamiento, con la corrupción de autoridades menores, con el desorden y la suciedad, que nos pone en peligro a todos.
Los permisos que se otorguen en el futuro o se confirmen, deben servir a auténticos jefes de familia comprobadamente necesitados, para que los atiendan ellos y sus familias.
Todo esto es necesario y es posible, pero la solución de fondo, lo sabemos todos, es acabar con la agresiones al bienestar de la clase trabajadora y de nuestro pueblo. Gracias.
El Presidente: - Tiene uso de la palabra el diputado René Bejarano.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El Partido de la Revolución Democrática quiere hacer por mi conducto algunas reflexiones acerca de este complejo problema, que tiene que ver con el comercio establecido, el fijo, semifijo y el ambulante.
Partidos del hecho de que el desarrollo económico del país generó que el circuito de la distribución, el cambio y el consumo, hayan adquirido niveles de alta complejidad y que esto
provocara también importantes efectos políticos y sociales, vinculados el proceso de producción y realización de mercancías, particularmente en los grandes centros urbanos del país y señaladamente en las ciudades de más de 100 mil habitantes.
Sabemos todos que en la década pasada la crisis económica mexicana y la posterior integración comercial, propició que la apertura de nuestro mercado generara el crecimiento desproporcionado de la economía informal, que provoco a su vez dos tendencias contradictorias.
El ambulantaje, como se estila referirse a él, se tornó en una válvula abierta para aligerar las tensiones derivadas del desempleo abierto y de la drástica caída del salario real, toda vez que ofreció la posibilidad de un ingreso complementario a los trabajadores asalariados y que con el paso del tiempo, con el paso del tiempo en muchos casos se convirtió en el ingreso principal. Pero al mismo tiempo esta tendencia rompió el equilibrio que debería existir entre el comercio establecido, las obligaciones fiscales de todos los que se dedican al comercio y las características del comerciante fijo, del semifijo, del ambulante y también sobre los derechos de la vialidad, particularmente en el centro histórico o en los lugares de mayor tránsito de ciudadanos: Estaciones de autobuses, estaciones del Sistema de Transporte Colectivo en la ciudad de México y otros lugares o puntos neurálgicos de las diversas ciudades.
A lo anterior se agregó el ingrediente político en su vertiente clientelar. Por las necesidades políticas para garantizar control ciudadano, manipulación del voto y garantía de público con características escenográficas para mítines políticos, se generó un mecanismo de control de los comerciantes semifijos que se vieron así convertidos en sujetos de manipulación política, de control y muchas veces de extorsión y, justo es decirlo, por diversas organizaciones políticas.
A nivel federal, las oscilantes determinaciones de las diversas autoridades se han tomado en un vació jurídico, contradictoria e improvisadamente. Por ejemplo, la Primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal convocó a un foro sobre el comercio en vía pública; se presentaron múltiples ponencias, se avanzó en un proyecto de reglamentos asumido pluralmente no fue ratificado, se dio marcha atrás y no se concluyó en el proceso.
En la ciudad de Puebla, por ejemplo, en el centro histórico se acudió a la recaudación forzada y violenta de los comerciantes; se ideo además en la periferia de la ciudad la instalación de mercados establecidos, que supuestamente iban a resolver ese problema.
El dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes "28 de octubre", Rubén Sarabia, se encuentra preso. Los comerciantes no se han alejado en su totalidad del centro histórico y los comercios que están en la periferia de la ciudad reproducen las características y las deficiencias del comercio que estaba en el centro histórico y con el agravante de que ahora éstos se encuentran en la Central de Autobuses de Puebla y que una vez más se regresa al problema de los espacios controlados politicamente.
En el centro de la ciudad de México, por ejemplo, se ha aplicado un programa de supuesta reordenación, pero ésa ha sido contradictoria, insuficiente y francamente fallida. Por ejemplo, se dijo que la construcción del mercado de la zona de San Ciprián iba a garantizar la reubicación de los comerciantes de alguna de las naves de La Merced. El mercado de San Ciprián, mal planificado, prácticamente esta abandonado, porque no son rentables los comercios que ahí se instalan, dado el alejamiento de los ciudadanos que no concurren a hacer sus compras. Pero en La Merced el comercio sigue y no sólo eso, sino que incluso se ha acrecentado.
En los tiempos en que Enrique Jackson fue delegado en Cuauhtémoc, por ejemplo, se decretó que la calle Correo Mayor y la calle Del Carmen serían desalojadas de comerciantes ambulantes. Se reubicó a esos comerciantes en la calle de Colombia y en otras arterias del centro de la ciudad. Lo real es que las calles donde fueron reubicados sí se convirtieron en lugares para el comercio ambulante pero los invito a que vayan a la calle Del Carmen y Venezuela a la Plaza del Estudiante y constaten como a pesar de este esquema de reordenación en realidad el comercio ahí sigue, prácticamente está intocado.
En la zona de Tepito, en la calle de Aztecas el subdelegado del centro de Tepito, el doctor Andrés Covarrubias concertó con los dirigentes de esa zona la construcción de comercios fijos y semifijos en esa calle instaló una fuente, se pidieron grandes cantidades de dinero para otorgar los permisos pero en realidad ese proyecto sólo se convirtió como un negocio para algunos cuantos y el problema se mantiene prácticamente igual. Sucesos de violencia asociados a la instalación de comerciantes son múltiples y variados, derivados o de la arbitrariedad con que los
supuestos inspectores de vía pública ejercen en contra de diversos comerciantes e incluso el robo que hacen de las mercancías de los comerciantes más desprotegidos a las desafortunadas determinaciones de desalojos de comerciantes que se han tomado por diversos delegados en diversas épocas de este sexenio o también asociados por el reparto de zonas para vender o también al conflicto asociado entre comerciantes establecidos y comerciantes ambulantes.
De tal manera que la política de permisos, de controles corporativos, de construcción de mercados, de reordenación sin reglamentos prácticamente no ha garantizado una solución ni una tendencia a solucionar el problema. Mientras tanto el crecimiento de las zonas que el comercio semifijo tiene a lo largo y ancho de la ciudad es enorme. Explicado esto por las deficiencias de la economía mexicana por la importancia de bienes de consumo, o chatarra, por la necesidad de desempeñar un trabajo, por la evasión fiscal que se comete de diverso tipo, por el contrabando de mercancías, por los espacios políticos que garantizan el control de comerciantes han hecho que la ciudad de México y diversas ciudades del país se conviertan cada vez más en zonas donde la economía informal crece y particularmente a través de estas características. Por eso es que se tiene que pensar qué mecanismos de solución duradera se tienen que dar a este problema. Este problema es terreno fértil para la demagogia, los representantes de comerciantes establecidos por ejemplo alegan desventajas fiscales y competencias desleales según ellos, según los cuales en los últimos tiempos les han ocasionado pérdidas cuantiosas o algunos incluso hablan de quiebra.
Por su parte los líderes del comercio semifijo arguyen la pobreza, casi indigencia, dicen y el derecho al trabajo de sus representados; ambas argumentaciones sólo tienen parcialmente razón, porque los comerciantes establecidos ingeniosamente son también proveedores sino también representantes del comerciante ambulante. Encontramos por ejemplo que las calles del centro histórico de la ciudad de México, los comerciantes ambulantes, muchos de ellos en alguna proporción elevada incluso el 80%, los comerciantes ambulantes son empleados de los comerciantes establecidos que por esa vía evaden fiscalmente las obligaciones que debieran tener.
En algunas calles incluso los comercios establecidos colocan ellos mismo comercios semifijos en el mismo lugar, en la misma puerta del comercio establecido; así es que ahí no hay tal competencia desleal lo que hay es una evasión fiscal porque no se pagan derechos a los trabajadores que se contratan, no se emiten facturas, no hay controles de calidad y sí se ejerce una presión ilegítima porque además se incrementa el número de comerciantes no establecidos semifijos que no necesariamente tienen la necesidad de acudir a esa fuente de ingresos; pero por otro lado la inocencia y casi candidez con las que se nos quieren presentar algunos líderes de comerciantes ambulantes llama a risa.
Nótese si no por ejemplo la nota publicada en el diario El Economista del día de ayer que informa que la dirigente de comerciantes del centro histórico de la ciudad de México, Alejandra Barrios, gana la pequeña cantidad de 175 millones semanales, por concepto de representación, que además se convierten en mecanismos de presión y de violación de la legalidad, porque conocemos los casos de como esta señora afiliada al partido oficial tiene protección para cometer una y múltiples arbitrariedades, ejercer invasiones a propiedades privadas, desalojar arbitrariamente a colonos que no pagan la cuota, ejercer la violencia física en contra de otros comerciantes que no comparten sus puntos de vista, impedir que se instalen si no acuden a determinado mitin político, evidentemente del partido oficial y desde luego la extorsión a la que acude para garantizar que los comerciantes que ella representa, entre comillas, tenga la posibilidad de seguir trabajando en esas zonas y de poder seguir teniendo por esa vía esos ingresos.
De tal manera que no hay del todo esa indigencia, no hay del todo esa pobreza extrema, sino hay ahí un problema de manipulación política.
La casi celebre embajadora del Departamento del Distrito Federal y particularmente del regente en el centro histórico, la respetable señora Guillermina Rico, llama candorosamente a los inspectores de vía pública, como sus hijos y tiene tal control de ellos, que asombra que ni los propios subdelegados tengan el control ni los jefes de vía pública de los problemas que ejercen y de la forma que controla a sus representados.
Claro que los comerciantes ambulantes tienen derecho al trabajo; claro que tienen un derecho al ingreso, pero no tiene que padecer por las manipulaciones políticas principalmente del partido oficial ni por las lagunas jurídicas, ni por la indolencia, los vicios de una tutela ilegítima, de una expropiación de los productos de su trabajo y de una extorsión permanente que además
se convierte en un caso de cultivo para vicios indeseables para nuestra naciente democracia en el país.
Por ello mismo, es necesario empezar a desentrañar, al mismo tiempo la larga lista y cadena de corrupciones que al efecto existen.
En primer lugar, los inspectores de vía pública; las ilegales camionetas que sin placas de circulación, sin número económico, sin permiso, practican detenciones y decomisos de mercancías a diestra y siniestra; la asociación ilegítima entre los inspectores de vía pública y los líderes "empobrecidos", del comerciante ambulante; la complicidad de los jefes de vía pública de las delegaciones; los delegados políticos; los diversos presidentes municipales que incluso han ejercido desalojos violentos en contra de los comerciantes y, desde luego, las lagunas jurídicas que al respecto existen.
Vale la pena además, destacar que los problemas de violencia que se han presentado, son apenas un aviso de los problemas que se están incubando; la indolencia, la insensibilidad y el inmovilismo, pueden alentar a una inercia de confrontaciones en una tierra de nadie.
El caldo de cultivo de los intereses creados, se ha conformado y urge la necesaria definición de una estrategia fundada en la concertación que contemple los aspectos jurídicos, económicos, sociales y políticos del problema.
Al respecto, nosotros planteamos algunos ejes centrales que pudieran servir para determinaciones futuras y que ojalá en la Comisión del Distrito Federal y en la Comisión de Abastos pudieron retomarse en su discusión.
En primer lugar, resulta a todas luces ingenuo pensar que el crecimiento de la economía informal en el corto y en el mediano plazo se va a detener, pero sí pudiéramos aspirar a orientar este crecimiento, sobre todo en algunos sectores del comercio, particularmente en le comercio de los bienes de consumo duradero que es uno de los cuales proporciona grandes ganancias y mayores evasiones fiscales, particularmente el de la "fayuca", del contrabando de aparatos eléctricos y que llama la atención de ver en un puesto de un supuesto comerciante pobre, cantidades multimillonarias en aparatos eléctricos, que cualquiera persona de clase media ambicionaría tienen para ejercer un nivel de vida decoroso.
La cantidad de evasión fiscal que se ejerce en este rubro de la economía de los bienes de consumo duradero, es elevada y por ello se tiene que actualizar un padrón de contribuyentes que establezca criterios de justicia, equidad y también racionalidad tributaria.
Y aquí vale la pena además establecer una pregunta: ¿se puede concesionar, alquilar, vender o traspasar la vía pública? Son legales los permisos en la vialidad y el transporte que otorgan administrativamente las autoridades delegacionales o del propio Departamento del Distrito Federal y que incluso se han convertido en materia de convenios signados por las autoridades¿ ¿Es legal concesionar la vía pública¿ Evidentemente no, pero si esto no puede hacerse, entonces se tienen que tomar determinaciones de diverso tipo para flexibilizar la vialidad y particularmente el uso del suelo, que son violentados sistemáticamente y que obligan a repensar la forma en como conciliar el derecho el trabajo al que tienen los comerciantes que legítimamente tienen esa necesidad de ingreso; el derecho de los ciudadanos a vivir tranquilamente en las zonas particularmente conflictivas; el derecho a transportarse adecuadamente, a tener una vialidad efectiva y el derecho a una salubridad adecuada, derivada de las grandes toneladas de basura que se generan ahí.
Y aquí entra otro problema, son grandiosas las ganancias de la gente que administra los desechos y las basuras y los desperdicios de los comerciantes ambulantes. Diariamente por ejemplo en el centro histórico, llegan camiones del propio Departamento del Distrito Federal que no recogen la basura sino escogen sobre todo el cartón y el papel y que es reciclado y vendido después. Hay ahí incluso una fuente de ingresos que no está debidamente reglamentada, pero no es sólo el caso del Departamento del Distrito Federal.
Se requiere además garantizar un equilibrio mayor entre el sector productivo y el sector terciario. No podemos seguir alimentando las dificultades del desempleo con el crecimiento en la economía informal, porque al final de cuentas eso no garantiza el desarrollo económico del país y es un espejismo de supuesta bonanza económica que al cabo del tiempo se va a caer.
Reglamentar el comercio ambulante, establecer los mecanismo legales para evitar las corrupciones, ver la forma más eficaz de evitar las manipulaciones de que son objeto estos trabajadores.
Evidentemente el partido oficial es quien tiene mayor responsabilidad en ello, no la única pero
sí la principal. Mientras el partido oficial siga cobijando, encubriendo, oscureciendo la verdadera identidad de quienes ilegítimamente extorsionan a los comerciantes sólo por interés y provecho político, no puede garantizar una modernización efectiva de los derechos ciudadanos.
No es posible que los trabajadores para ejercer su derecho al trabajo, tengan que pagar cuotas ilegitimamente concesionadas, ilegítimamente entregadas, a personas de escasa calidad moral.
El ambulantaje y los recientes sucesos violentos en la calle Tacuba del Centro Histórico de la ciudad de México, sólo es la punta de una gran montaña de diversos problemas que tienen complejas razones profundas.
Necesitamos la implantación de una verdadera voluntad política para resolver el problema; de lo contrario, estaremos regresando recurrentemente a discutir aquí, en la Asamblea de Representantes, en las cámaras locales, en las diversas instancias de gobierno, los problemas derivados de este asunto, sin encontrar un camino de solución que en el tiempo abra las posibilidades de un entendimiento por la vía del consenso.
No es cierto que lo que se esta haciendo sea lo más adecuado, es una política improvisada, contradictoria, que no garantiza continuidad ni seguridad para los protagonistas de este asunto.
Por lo mismo, el Partido de la Revolución Democrática sugiere que por la vía de la Comisión del Distrito Federal y de la Comisión de Abasto, se recuperen los avances que al respecto existieron en un Reglamento para el Comercio en vía pública y se avance en la implementación de una normatividad que evite los problemas que se padecen en diversos lugares del país. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Victoria Reyes.
La diputada Victoria Reyes Reyes: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
El comercio en la vía pública, como aquí se ha dicho y no es el comercio ambulante, tenemos que definirlo bien, el comercio que se establece en la vía pública, habría que definir entre ese comercio ambulante. El comercio ambulante que data de toda la historia del mundo, es el que camina pregonando lo que vende y el comercio en la vía pública es aquel que se ha acentuado en las grandes urbes como es la nuestra y a él me voy a referir.
El comercio en vía pública, es sin lugar a dudas un problema del que la autoridad de la ciudad no puede quedar al margen, sino por el contrario, es su papel de diálogo y concertación, encontrar una respuesta que sea lo menos lesiva para las partes en controversia.
Comerciantes establecidos, comerciantes en vía pública y la sociedad en su conjunto, para ellos todos los intereses que para cada uno representan, son encontrados. El comercio establecido se queja de la competencia desleal que generan los ambulantes, de la evasión fiscal, de estos y las lesiones que causan a la propia ciudadanía, esta ciudadanía, la que no puede usar sus vías de paso que le den seguridad.
Sin embargo, también es de señalarse que el comercio en la vía pública, en todos los tiempos históricos de esta ciudad, ha sido el camino a la salida del problema del desempleo y subempleo, sobre todo en épocas de crisis para el país donde muchos de los comerciantes establecidos en estas condiciones adversas, dependen de sus ganancias para llevar el sustento diario a miles de familiar que no cuentan con un empleo remunerativo; quisieran un poco de recursos para satisfacer sus necesidades y lejos de actos que cometieron ellos delictivos, deciden; esto es muy importante para nosotros, que no se dedican a actos delictivos, decíden comerciar en la vía pública para resolver sus necesidades económicas.
Este problema compañeros existe, es una realidad. Lo que se requiere es no negar la presencia de esas comercios en la vía pública y los problemas que de él se derivan, pero también reconocer los servicios que estos generan para la sociedad de la voluntad política que existe, porque sí existe compañero Bejarano, existe una voluntad política del gobierno de la ciudad de México, prueba de ello es que se han juntado a realizar una serie de convenios con las personas interesadas, con representantes populares que en este caso no hemos sido los diputados, han sido los representantes en la Asamblea; han firmado convenios, la única que no lo firmó fue doña Guillermina Rico que usted la menciona también aquí, sin embargo ella lo dijo públicamente; mi firma no está pero mi palabra vale.
Los demás comerciantes, dirigentes de comerciantes en vía pública han firmado este convenio que va por etapas. Este problema creció y no
creció de la noche a la mañana; este problema, como usted bien lo dijo, se fue incrementando por una crisis, que no únicamente vivía México, que la vivía el mundo entero, en una crisis que en nuestro país estamos en vías de recuperación económica.
Quiero decirles que para mí ha sido y voy a dejar este documento, para mí ha sido verdaderamente preocupante la situación que se presento en días pasados en el Centro Histórico y digo que para mí en lo particular, porque soy diputada, soy representante popular y he llegado a esta honorable Cámara de Diputados por el voto de quienes viven en ese distrito. Ahí en el centro histórico donde se dieron estos problemas, nos ha preocupado a todos los que tenemos algún interés en esa zona; intereses no como los que se mencionan aquí de algunos líderes, que si bien es cierto de lagunas filiaciones políticas y no únicamente del partido oficial, del cual me honro en pertenecer, también es cierto que del Partido de la Revolución Democrática, del Frente Cardenista, de otros tantos partidos a los que se acercan estas personas necesitadas se les brinda un apoyo.
Aquí mismo el compañero Fernando Sánchez, la compañera ex diputada célebre Celia Torres, ella estuvo en la LIV Legislatura, ellos son líderes de comerciantes en vía pública,
Yo quiero decirles que para nosotros fue preocupante porque nosotros debemos hacer coincidir aquí las voluntades que ése es el interés del gobierno capitalino, de que no caigamos en esas situaciones en las que cayeron dos representaciones, una parte del señor del Procéntrico, el señor Gasal, que se permite provocar a los comerciantes en vía pública. Dicen ellos que no fueron. Todavía no lo sabemos; nosotros no los estamos defendiendo, pero creemos que no es la vía para dar solución a los problemas.
Aquí se ha mencionado que en la primera Asamblea de Representantes se tuvo la intención de sentarse y acordar con todos los interesados en este gran problema que vivimos, que a todos nos afecta. Nos afecta como lo vimos en el metro; hubo voluntad del gobierno de la ciudad para retirarlos.
Esta dándose una reordenación y una reubicación que son dos aspectos totalmente diferentes.
¿La reordenación es que consiste? En que los que quedan en esa vía pública comerciando, respeten los espacios para que puedan transitar los ciudadanos, que permitan el acceso a los demás comercios, que permitan la entrada a los inmuebles que se encuentren ahí. Ese sería el reordenamiento, que no está en los comercios, en la vía públicas con más espacio del que requieren para poder comerciar.
La reubicación y aquí se ha presentado también un ejemplo, el del mercado de San Ciprián. El mercado de San Ciprián no es la única oferta que ha dado el gobierno de la ciudad; es una de las tantas propuestas que, como pudiéramos llamarlo, ejemplo de buena disposición, se dio oportunidad a los comerciantes para que vinieran a este mercado. Se dieron cuenta que no es posible, ese mercado quedó como un gran elefante blanco y hay que reconocerlo, pero es la única opción, Hay otras tantas opciones que se están presentando.
Así como los compañeros del Partido de la Revolución Democrática acaban de mencionar que ellos proponen unos corredores, a lo mejor los corredores no son los que les conviene a los compañeros comerciantes ambulantes. Por eso en el convenio a quienes se convoca son a los interesados, a los que quieren trabajar en la vía pública, a los que tienen sus negocios establecidos, a la ciudadanía y a la representación popular. En este caso quienes están trabajando, vuelvo a repetir, son los compañeros representantes a la Asamblea.
Creo yo, como pertenezco a la Comisión del Distrito Federal y preocupados de la Comisión del Distrito Federal por atender este tipo de problemas, que nos sumaremos también a esta situación.
Pero volviendo a las diferentes formas como se esta atendiendo, se llevan plazos y vuelvo a repetir, el problema no creció de la noche a la mañana, se fue dando. En esa misma medida las soluciones se tienen que ir tomando. ¿Cómo¿ Con los tiempos que se tienen establecidos. Hasta ahora lo primero a lo que se llegó es saber cuántos son y dónde están, quiénes los están lidereando y como se va a atender. ¿Cómo se va a ir reubicando a cada una de estas calles que están afectando a nuestro Centro Histórico, que tenemos todos los que amamos a esta ciudad, el interés de recuperarlo? Muchas Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Abascal.
El diputado Salvador Abascal Carranza: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para empezar quiero dejar bien sentado el hecho de que Acción Nacional es el único partido, quizá algún otro más por ahí, aceptaría la aclaración, que no liderea comerciantes en vía pública, como tampoco liderea y esto lo puedo afirmar definitivamente, invasores de terrenos en ninguna parte del país y eso por respeto irrestricto a la dignidad de la persona, a nuestros principios, a nuestro estatutos que prohiben la afiliación compulsiva, la afiliación de organismos, en nuestro caso, es una afiliación individual no como ocurre con otros partidos especialmente el oficial.
Pero además, quiero decirles que el problema que nos ocupa no tuvo orígenes así confusos producto del problema en que se encontraba el mundo en su momento y entonces aquí han venido muchas veces a disculparse los diputados de la mayoría diciendo: Bueno, es que el mundo estaba así y como el mundo estaba así, nosotros recibimos esos problemas casi como una maldición, como un contagio del exterior y, quiero decirles que estos problemas, como los del comercio en vía pública y también del comercio de ambulantes fueron producidos en ciencia y paciencia del gobierno y los ciudadanos.
Ellos produjeron las condiciones necesarias para que se diera este problema que en este momento, ciertamente, rebasa la capacidad del propio gobierno de la ciudad para darle una solución inmediata. Lo dejaron crecer, por un lado, pero también, por el otro lo animaron, lo alentaron, lo regaron, lo hicieron crecer.
Y parte de este problema fue precisamente que en medio de todo este asunto se encuentra mezclada una gran corrupción. La corrupción, que me consta, que en un momento en la Asamblea de Representantes les hice ver a los diferentes delegados de los que me constaba que había habido corrupción, en la venta de la concesión, la renta de la vía pública para el comercio, esta corrupción que además de agrava en muchas ocasiones, cuando desalojados, a veces con violencia los comerciantes, son reubicados posteriormente a unas cuadras, pero resulta que el espacio se ha encarecido y ahí los inspectores, los funcionarios públicos ganan más porque el comerciante atemorizado dice: Bueno, pues si tengo que darle más porque aquel tiene que dar más arriba también de corrupción y para que yo pueda seguir trabajando, porque eso quieren ellos, ciertamente, trabajar, tengo que alimentar mi cuota al que me liderea. Al gángster, hay que hablarlo con claridad. Se les llama eufemísticamente líderes y son muchos de ellos verdaderos gángsters.
Un caso, Jorge Soriano, había que ver como destaca su casa, su mansión en medio de las humildes habitaciones de interés social de la zona habitacional de Culhuacán. Ahí, Jorge Soriano, líder del Partido Revolucionario Institucional, de comerciantes en vía pública y ambulantes, tiene una verdadera mansión, que sobre todo se ve a lo lejos por su antena parabólica.
El problema también surgió, evidentemente de la falta de empleo en todo el país, de la falta de oportunidades en el campo, por ejemplo, que expulsó a muchos de nuestros mejores hombres y que vinieron a dar a las grandes ciudades para ver que hacían, cómo podían sobrevivir, otros más se fueron allende la frontera, para poder trabajar en un país hostil, con una tradición y cultura diferentes a la nuestra, pero querían también eso trabajar.
No es un asunto histórico, no es que las cosas hayan simplemente sucedido así como llueve o como se da la marea en el mar, sino que hay responsables históricos de este problema.
Además, hay que recordar que en veinte años el Departamento del Distrito Federal no hizo nada o muy poco por resolver el problema del comercio. Esto es, no se construyeron mercados, a excepción del de San Ciprián ya mencionado, a excepción de la nueva Central de Abastos y alguno que otro mal ubicado por cierto en las faldas del Cerro de la Estrella que yo conozco, no hubo un programa de construcción de mercados, a pesar de que en su momento había el espacio para hacerlo.
Ahora por la disputa por el espacio urbano, cada vez quedan menos espacios disponibles para poder reubicar a estos comerciantes y darle salida al problema y ahí donde existen todavía esos espacios por ejemplo en la zona de Culhuacán y habiendo determinado el Departamento del Distrito Federal que sí se incumplió por ejemplo con la construcción de cinco mercados en Culhuacán, es el momento, desde 1989 no se hace absolutamente nada para construir lo que es una necesidad de la población de 119 mil familias que habitan esa zona y más que son los de alrededor.
Por no invertir, por no construir el mercado, lógicamente el gobierno además con ese plan populista que en su momento llamó Echeverría acercar el campo a la ciudad, invadió las calles de las ciudades con los famosos tianguis que de productos del campo pronto, en poco tiempo se convirtieron en productos también importados y no muy baratos que digamos, que producen
altos rendimientos en algunas de estas tiendas semifijas que se ponen en la vía pública.
No estamos evidentemente en contra de los ambulantes, ni podemos estarlo. Ellos son víctimas del sistema. Ellos han sido explotados, exprimidos por el sistema. Han sido acarreados, han sido humillados, han sido llevados a votar en contra de su voluntad. Hay que recordar la "operación tamal" del 1991, muchos de ellos estaban ahí y curiosamente ese día las calles de la ciudad de México aparecieron limpias de ambulantes fijos, semifijos, todos estaban ocupados en las elecciones. Pero no por su vocación política, democrática, sino porque eran llevados en las combis y minibuses, a votar. Pero aparte, quedan otros problemas que no se han mencionado.
Se dijo que el problema de la mercancía importada, pero como una cosa curiosa. Pero aparece en las esquinas ¿Es el verdadero comercio ambulante?, quiero decirles en las esquinas de las calles, ahí los vendedores que van de carro en carro, ésos son verdaderos ambulantes, los otros tiene razón la diputada Victoria Reyes, son comerciantes en vía pública. Semifijos, porque a las seis y siete de la noche, recogen sus bártulos y se van y al día siguiente se vuelven a establecer ahí. Pero resulta que unos y otros, los fijos, los semifijos y los ambulantes, curiosamente llevan la misma mercancía cara, de importación, los mismos días.
Y yo me pregunto ¿Donde está Francisco Gil y Pedro Aspe?, los fiscales de hierro que tanto aprietan el cuello a los contribuyentes cautivos. Pero que no se preocupan por descubrir el hilo conductor que los llevaría a los contrabandistas, a los causantes de este fenómeno de contrabando enorme, que seguramente tiene padrinos muy fuertes, porque no solamente, ya esto lo hemos comentado algunos diputados de otros estados, no solamente se da en el Distrito Federal, se da en otras ciudades de la República al mismo tiempo. Imagínense la capacidad de contrabando que deben tener o el padrinazgo, para introducir esa cantidad de mercancía ilegal al país, sin que se den cuenta nuestras autoridades aduaneras, nuestras autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No es entonces el peor de los problemas, el que no paguen sus impuestos, que sí lo es. Pero el mayor quizá es que hay otra corrupción que no se ha señalado, dentro del propio gobierno, porque de otra manera no se explica esa cantidad de mercancía ilegal en las calles y de repente simplemente dicen que pasó un Tepitazo. Recuerden ustedes en los diarios de repente aparece que fueron a Tepito, incautaron dos o tres bodegas, para calmar estas inquietudes razonables, lógicas, de muchos ciudadanos que dicen: Bueno y, ¿Que pasa con esa mercancía de importación?, y con esto dicen: "Bueno se le dio un golpe al contrabando..." Pero en realidad son valores entendidos. Al rato le regresan su mercancía un poco más cara también, hay que verlo y aquí no ha pasado nada.
Otros problemas que no son menores pero que hay y que ya se mencionaron algunos de ellos, pero vale la pena repetir en ocasiones para que no se nos olvide, es el caso de que estos líderes son quizá algunos de los campeones de la contaminación en México. Si nos diéramos cuenta real del problema de contaminación que producen indirectamente por bloquear las calles, por, incluso impedir a los ciudadanos el tránsito normal, inclusive la contaminación de los alimentos, la contaminación auditiva, ha pasado por la Calle de Palma, en el centro, no se necesita tener muy sensibles los tímpanos para darse cuenta que hay una gran contaminación auditiva ahí y ni quien ponga remedio. Pobres de los vecinos que viven por ahí, si hay un enfermo, peor el asunto.
Además la insalubridad de muchos de estos puestos que se ponen ahí, puede uno casi ver brincando las salmonellas hacia las vías respiratorias de los pobres parroquianos; además de que son antiestéticos y fomentan hasta el consumismo, porque miren: Si uno tiene deseo de comprar algo, uno sabe muy bien por las leyes del mercado, por los estudios de mercadotecnia, bueno, pues entonces hace uno el esfuerzo de ir al lugar cuando hay una mercancía que evidentemente le hace falta. Pero esta gente le presenta la mercancía a la gente y fomenta el consumismo, de la gente incluso más desprotegida. ¿Por qué? Porque está ahí en la banqueta, porque está al paso, porque al niño se le ocurre el juguete que no necesita, ya tiene muchos por ahí, entonces también está fomentando esto que no se ha comentado.
Se dice que no se cuenta con la información veraz. Nosotros no, ciertamente esta soberanía ni la Comisión del Distrito Federal ni la Asamblea de Representantes contamos con esta información. Por cierto en la Asamblea de Representantes solicitamos en su momento el padrón de los llamados ambulantes o de los llamados comerciantes en vía pública y durante tres años se ofreció el Departamento de proporcionarnos este padrón. Jamás llegó, hasta el momento creo que no ha llegado.
Y no es que no sepan quiénes son, saben perfectamente bien, tienen perfectamente detectados a los líderes; no es un proceso, como decía la diputada Victoria Reyes, de que en este momento están detectando a los líderes. Por favor, si los conocen de antemano, es más, los han prohijado, los han producido, son de ellos mismos. Sólo les recuerdo, por ejemplo...
La diputada Victoria Reyes Reyes:(desde su curul): - Señor Presidente; Pregunte al orador sí acepta una interpelación:
El Presidente: -¿Acepta, una interpelación?
El diputado Salvador Abascal Carranza: - ¡Con mucho gusto!
La diputada Victoria Reyes Reyes (desde su curul): - Yo en ningún momento dije que no supieran quiénes eran los líderes. Yo dije que estaban haciendo un estudio por calles y ver en esta calle quién está lidereando. Yo no hablé que desconocieran quiénes eran los líderes y que saber en este padrón que sí se está haciendo, compañero Abascal, porque nos consta que se está haciendo y, yo hablo del distrito mayor poblado en estos comerciantes. Me consta que se está haciendo; se está haciendo calle por calle, ver quién es el líder de esta calle y cómo se va a reordenar esa calle. Muchas gracias.
El diputado Salvador Abascal Carranza: - Yo creo que esta aclaración la acepto en función de que si no dijo que no sabían quiénes eran los líderes, pues entonces solamente con conocerlos, a confesión de parte relevo de pruebas, no hay que hacer ni siquiera entonces el esfuerzo de calle por calle, levantar el padrón. Hay que preguntarles a los líderes quiénes son sus afiliados y asunto resuelto. Si se le pregunta a Jorge Soriano cuáles son sus afiliados, si se le pregunta a Guillermina Rico, que por cierto fue asambleista suplente, para quienes no lo sabían; si se le pregunta a Alejandra Barrios, sabrán perfectamente bien quiénes son su afiliados, para que tanto esfuerzo, además quizá están gastando mucho dinero en eso. Una vez detectados, pasan las listas y en todo caso vendrá una corroboración en campo de lo que dicen los líderes que es; pero es urgente que se dé esa información, serviría mucho para analizar el aspecto social, económico de la capital y de todo México, porque esto también habría que hacerse en todas las demás ciudades importantes de la República.
Para terminar, muchas cosas se han dicho, pero quisiera finalizar con una propuesta en todo caso, no solamente es la crítica sino la proposición la que puede dar una solución al problema.
No creo que un reglamento solucione, éste es un buen intento, ciertamente, pero no resuelve los problemas cuando vemos por ejemplo que se aprobó hace ya más de dos años el reglamento de tránsito y no se aplica más que para detener los automóviles que no deben circular el día equis. Entonces el reglamento no funciona si no existe voluntad política para hacerlo cumplir.
Lo que hace falta pues es, primero, hacer un análisis técnico, realista, con todas las partes involucradas, empezando por los comerciantes no por los líderes. Pero para esto también es muy importante que nos demos cuenta de que el líder tiene un fuerza política que no va a abandonar con facilidad, porque esta fuerza política una vez perdida, le va a quitar también todos sus recursos económicos. Es decir, la fuerza política le ha dado riqueza económica en abundancia y, lo podemos demostrar en cualquiera de los líderes mencionados y otros más que se me escapan.
Entonces aquí se requiere de voluntad política para resolverlo, quizá por encima de los líderes. Ellos ya ganaron lo suficiente y los que han perdido son los comerciantes y quien ha perdido también es la ciudadanía del Distrito Federal y de todo el país.
Porque no se vale, no se valdría, que estos mexicanos víctimas de la corrupción, de los desvaríos políticos y económicos del sistema simplemente de ser explotados y exprimidos se le dé una patada, porque así conviene a la nueva imagen del gobierno.
Si las fuerzas involucradas, que son el gobierno, los ciudadanos y los comerciantes, empiezan a platicar en serio sin los líderes, ¡Porque eso es lo que no me gusta del proyecto de lo que dijo, con todo respeto, la diputada Reyes!, si esto se da yo creo que hay vías de solución. ¡La condición será que no participen quienes han demostrado ser corruptos de principio a fin; quienes han demostrado además ser más fieles, lacayos del mismo oficial, que representantes dignos de los comerciantes ambulantes! Muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfonso Rivera.
El diputado Alfonso Rivera Domínguez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Voy a hacer unos muy breves comentarios respecto de lo hasta este momento expuesto por otros compañeros diputados.
De entrada diría que ¡Qué bueno que el compañero Abascal no está en contra de los vendedores ambulantes!, a pesar de haberlos llamado "antidemocráticos", "contrabandistas", "contaminadores ambientales" y "antiestéticos".
¡Y si su partido no tiene ninguna relación con este tipo de organizaciones, como sí la tienen otras fuerzas políticas y como no la tienen con organizaciones demandantes de tierra, como sí la tiene otras fuerzas políticas, es porque seguramente no les preocupan los problemas sociales de nuestro país! (Aplausos.)
El problema del ambulantaje es un problema complejo, es un problema muy difícil de solucionar. Nosotros creemos que es producto de esta economía convaleciente y en proceso de recuperación. Mientras no haya empleos y no haya empleos bien remunerados siempre habrá comerciantes ambulantes en la calle.
Pero no es este un problema exclusivo del Distrito Federal, se presenta en todas las grandes ciudades del país y no es tampoco un problema exclusivo de nuestro país, se presenta en prácticamente todos los países del mundo, incluso en aquellos países que se autodenominan como países desarrollados.
Nosotros consideramos que es preferible que estas familias que requieren de ingresos para su mantenimiento se dediquen a esta actividad, a que se dediquen a otra actividad que podría ser, incluso, la delincuencia.
Para nosotros, compañero Abascal, los vendedores ambulantes no son mexicanos de segunda, tienen derecho, como todos lo tenemos, a obtener ingresos para mantener y sufragar los gastos de sus familias.
Reconocemos que en este momento y particularmente en la ciudad de México, se presenta una situación de anarquía, una situación de caos, que solo beneficia a autoridades menores corruptas y a líderes también corruptos, contra las que nuestro partido rechaza su participación en esta actividad.
Por otro lado, reconocemos que el ejercicio de la actividad comercial en las calles se hace en ejercicio de la garantía constitucional al trabajo. El artículo 5o. de nuestra Constitución establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siempre y cuando sean lícitos. Esta licitud debemos entenderla como la existencia de una norma legal que regule la actividad. Creemos que mientras no exista un ordenamiento, un reglamento que ordene esta actividad, continuará la anarquía y continuará el caos.
Debemos de señalar que corresponde a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal expedir el reglamento correspondiente, en los términos del artículo 73, fracción VI, apartado tres, inciso a, de nuestra Constitución. Mi partido considera que los puntos esenciales de esta normatividad o de esta regulación al comercio ambulante en la ciudad de México, deben de ser los siguientes:
Primero. Que exista un padrón o censo único, con el objetivo de que no siga creciendo de manera desordenada el comercio en la vía pública.
Segundo. Que se realice en lugares específicos y previamente determinados por las autoridades, con el objetivo de evitar que se causen perjuicios a terceros o que se ofendan los derechos de la sociedad.
Particularmente, consideramos, por ejemplo, que no debe permitirse el comercio en los andenes del metro, afuera de los hospitales, afuera de las escuelas o en aquellas vialidades que cuentan con banquetas muy estrechas y que obligan a que los transeúntes bajen al arroyo a caminar.
Tercero. Que los vendedores ambulantes paguen impuestos, al igual que todos los mexicanos, en los términos del artículo 39 de la Constitución, de una manera proporcional y equitativa, que pague más el que gane más y que pague menos, desde luego, el gane menos.
Que cubra también sus derechos por los servicios que reciban: Agua, luz, etcétera.
Que se les pueda incorporar a los servicios de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo.
Que se garanticen los derechos del consumidor, con el objetivo de que cualquier persona que adquiera un bien de parte de los vendedores ambulantes, tenga la seguridad de que si éste sale defectuoso le podrá ser reembolsado su dinero o cambiada la mercancía.
Y que se sujeten en todo momento a las disposiciones sanitarias, con el objetivo de evitar males a la sociedad en su conjunto.
Finalmente, quiero aprovechar para expresar que mi partido lamenta profundamente los recientes y bochornosos acontecimientos sucedidos en la calle de Tacuba. Hacemos una exhortación a las partes involucradas para que con buena fe y mediante el diálogo y la concertación se resuelva este problema.
Es un problema que nos preocupa como habitantes de esta ciudad y que nos preocupa como organización política. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Salvador Abascal, para contestar alusiones personales.
El diputado Salvador Abascal Carranza: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Escuché con mucha atención lo que dijo el señor diputado Rivera, cosa que él seguramente no hizo cuando yo hablé, porque en ningún momento me referí a que los ambulantes fueran mexicanos de segunda, tampoco me refería despectivamente de ellos, sino que denuncié a sus líderes, que fue quizá lo que le dolió al señor diputado Rivera.
Y precisamente por eso, lo que vine a decir aquí no fue desmentido, lo único que no fue desmentido fue que sus líderes, pagados o a las ordenes de su partido, llevaron y llevan constantemente, explotados y engañados, aprovechándose de la necesidad y de la ignorancia de muchos de ellos y sobre todo de la necesidad, los llevan precisamente para consumar sus fraudes, los llevan a sus acarreos y para los escenarios políticos que les convienen a sus propios personajes. Muchas gracias. (Aplausos.)
ESTADO DE MICHOACÁN
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rodolfo Barbosa Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para referirse a los sucesos ocurridos en el estado de Michoacán.
El diputado Rodolfo Barbosa Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea:
Nuestra fracción parlamentaria denuncia ante esta Cámara de Diputados el clima de violencia e intolerancia política prevaleciente en el estado de Michoacán. Desde el inicio de la campaña político - electoral nuestro partido, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ha sido de manera permanente y sistemática hostilizado a lo largo y a lo ancho de los municipios gobernados por el Partido de la Revolución Democrática, agresiones que van desde la destrucción de la propaganda política en sus diferentes formas y manifestaciones, hasta llegar a la agresión verbal y física tanto a nuestros militantes de campaña como a nuestros candidatos a gobernador y a diputados locales.
Vamos a señalar algunos de los incidentes que han sido provocados por militantes del Partido de la Revolución Democrática en contra de nuestra organización política. El día 17 de mayo durante la Toma de Protesta de los diputados en la Plaza Principal de Uruapan, un grupo de militantes del Partido de la Revolución Democrática, azuzados por el diputado local Antonio Lagunas Angel intentó confrontarlos con nuestros militantes armándolos con todo tipo de aditamentos peligrosos que atentaban contra la integridad física de nuestros compañeros. Durante este hecho, en el que fueron rechazados pacíficamente por nuestros militantes, algunos de ellos fueron identificados como miembros del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática en la ciudad de Uruapan; durante nuestra campaña se han suscitado hechos graves como los siguientes: En Tumbiscatío, a la policía preventiva encabezada por el Comandante de la misma y por instrucciones del Presidente Municipal, por medio de armas de fuego se impidió que nuestro candidato a diputado local por Lázaro Cárdenas efectuaran labores de proselitismo electoral. En Yurécuaro el presidente municipal impidió por medios de la fuerza y disparos de arma de fuego de nuestras brigadas y candidato a diputado local se instalaran en la Plaza pública para preparar el mitin de recepción al candidato a la gubernatura del estado de Michoacán por mi partido, el licenciado Octaviano Alanís Alanís, argumentando que ningún otro partido con excepción del Partido de la Revolución Democrática y mucho menos el nuestro, podría manifestarse en esta localidad.
Siguiendo con esta práctica de intolerancia y autoritarismo se nos ha agredido de diversas maneras en las siguientes localidades: Nuevo Urecho, Gabriel Zamora, Paracho, Cherán y Morelia.
Adicionalmente señalamos que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional han sufrido en Cherán y Buena Vista Tomatlán, agresiones diversas, como también algunos periodistas en el municipio de Puruándiro; pero sin duda el hecho más grave es que el viernes 12 de junio en el municipio de Lázaro Cárdenas a las 22.00 horas, fue asesinado nuestro
compañero Alejandro Espinosa de 19 años de edad, miembro distinguido de nuestro partido y dirigente distrital de las brigadas juveniles cardenistas.
Además, en el mismo incidente, resultó gravemente herido otro militante de nuestro partido, el compañero Jaime Espinosa que actualmente se encuentra gravemente herido e internado en el Seguro Social de Lázaro Cárdenas.
El autor material de estos actos es Juan Samuel Sánchez Ortiz, militante y dirigente local del Partido de la Revolución Democrática en la colonia Flor de Abril del municipio de Lázaro Cárdenas.
Desde hace tiempo, el responsable material de los hechos criminales había venido agrediendo a nuestros compañeros; el mismo día de los sucesos funestos, se presentaron situaciones de provocación con ellos.
Conviene señalar que Juan Samuel Sánchez Ortiz, dirigente de la vivienda del Partido de la Revolución Democrática, intentó asesinar al Presidente del Comité Municipal de nuestro partido, Rafael Espinosa; al no encontrarlo en su domicilio fue que baleó a sus dos sobrinos que acudieron a abrir la puerta con los resultados ya descritos.
Vale la pena comentar que el Partido de la Revolución Democrática en Lázaro Cárdenas y a nivel estatal, no se ha deslindado de los mencionados hechos, informes recientes, por el contrario, indican que en esa región de Michoacán, se han vanagloriado por los sucesos violentos que han provocado.
Esto nos preocupa y, desde luego nos indigna este lamentable suceso que crea tensión en el proceso electoral de la entidad, debe ser condenado por todas las fuerzas políticas nacionales representadas en esta Cámara; deben ser investigados los hechos y castigados él o los responsables materiales e intelectuales del mismo.
Es de conocimiento público el ambiente de tensión política que priva en Michoacán. Una de las fuerzas contendientes en el proceso electoral de la entidad, específicamente el Partido de la Revolución Democrática, ha venido promoviendo una estrategia peligrosa de confrontación intolerante, que con actitud temeraria e irresponsable incita a la violencia rompiendo el clima de tranquilidad en el Estado.
Los michoacanos hemos venido clamando desde hace tiempo por un clima político de convivencia pacífica; sin embargo, esta fuerza política se ha empeñado en perseguir, linchar y ahora como se muestra, en asesinar a quienes no comparten sus fines políticos.
De la agresión verbal se pasa a los hechos; de las formas de linchamiento público y moral, como el lanzamiento de monedas padecido por nuestros candidatos y dirigentes, se transita al empleo de armas de fuego.
¿Hacia dónde se pretende llegar con esta conducta de violencia?... Michoacán ha sufrido con todo este ambiente; ha sido víctima de verdaderos trepadores de la política; de sujetos que sin principios ni razones profundas, mudan supuestamente de piel. De conversos de la noche a la mañana, son religiosos de la democracia.
Todo crimen es condenable. También es censurable en que se efectúa dentro del marco de una contienda electoral y que afecta a un joven de escasos 20 años; por ello, quien acude a la violencia pierde autoridad cuánto aclama por el respeto de otros para sí quien reclama el cumplimiento de los derechos humanos debe tener congruencia. Los diferentes en la popularidad política sólo deben ser resueltos mediante el ejercicio del libre sufragio y de la tolerancia noble. Contribuye a la salud nacional conducirse por tales senderos. Por todo lo anterior, solicitamos que esta honorable Cámara de Diputados se pronuncie porque se haga un llamado para la convivencia política pacífica en Michoacán, en todo tiempo y con mayor razón durante esta contienda electoral.
Además, exigimos que los responsables materiales e ideológicos e intelectuales de este atentado, sean castigados de acuerdo a la ley.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gabriel Mendoza.
El diputado Gabriel Mendoza Manzo: - Señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Hemos escuchado aquí una denuncia, una denuncia de un partido minoritario dentro de las minorías a nivel nacional y de manera particular en el estado de Michoacán.
Se ha denunciado un hecho violento, un hecho violento que reprobamos en el Partido de la Revolución Democrática y que exigimos a las autoridades del fuero común, que se hagan las
investigaciones para identificar al causante de la pérdida de vida de un mexicano, no importa de que partido sea y que se aplique la ley con todo su peso.
Por lo tanto reprobamos, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, el uso de la violencia que, como el hecho que se dio en ciudad Lázaro Cárdenas, se vienen repitiendo día tras día en todo el país y de manera especial en ciertas regiones y estados de nuestra República.
¿Pero por qué vino a esta tribuna el caso de la violencia entre dos ciudadanos avecindados en el municipio de Lázaro Cárdenas? ¿Por qué se trajo el caso de Alejandro Espinosa, supuesto militante del Partido del Frente Cardenista y el de José Manuel Sánchez Ortiz, también supuesto militante del Partido de la Revolución Democrática? Por una simple razón. El proceso electoral en el estado de Michoacán está llegando a su fase final.
Y aquí en esta misma tribuna, hace aproximadamente 15 días, también desmentimos y refutamos imputaciones calumniosas de un miembro de la legislatura del partido oficial, pero resulta que ahora hay una extraña coincidencia en el lenguaje de los compañeros diputados de la fracción del Frente Cardenista, con los compañeros diputados de la fracción mayoritaria de esta Cámara y, lo que pasa es que ante la carencia de argumentos y sobre todo como es vox populi, el claro alineamiento entre el Partido del Frente Cardenista con el partido oficial y propiamente con el gobierno, impone un fuerte peso y un compromiso a ese Partido Cardenista para justificar acciones que cualquier otro grupo político que se precie de serlo no se prestaría como ahora los compañeros diputados del Frente Cardenista lo están haciendo.
Y traen este caso a la tribuna de la Cámara de Diputados para buscar notoriedad, porque de entrada están inculpando a una organización política, están señalándola como responsable de incitar ese tipo de hechos, ese tipo de actos violentos. Están involucrando a dirigentes de este partido, pero además están prestándose a llevar un ingrediente sumamente preocupante al proceso electoral que se está viviendo en Michoacán.
Nosotros entendemos que ésa es la respuesta que el Partido del Frente Cardenista está dando por instrucciones del partido oficial, dado que no ha habido la manera de encontrar, de justificar que pudiera...
El Presidente: - Señor diputado, ¿Acepta usted, una interpelación?
El diputado Gabriel Mendoza Manzo: - Con mucho gusto, al terminar mi intervención.
Por lo tanto, nosotros rechazamos categóricamente estas imputaciones del compañero diputado Barbosa Rodríguez. Debiera él, saber que ese tipo de casos corresponden al fuero común, que debiera esperar a que se haga la investigación correspondiente para entonces hacer denuncias que en este momento, por pueriles, por falta de fundamento, nosotros rechazamos de manera categórica.
Sí, nos pronunciamos porque este tipo de hechos violentos no se den en el municipio de Lázaro Cárdenas, no se den en el estado de Michoacán y no se den en toda la República. Estamos hablando de pérdida de vidas, de mexicanos en una edad que apenas empiezan a ser productivos y que nos están dando un ejemplo claro de la falta de una política de seguridad pública en muchos municipios y casi en todo el estado de Michoacán. Esto no es imputable al Partido de la Revolución Democrática y considero, ya de manera personal, que este tipo de situaciones tratásemos de evitarlas, que se venga a introducir al proceso electoral para evitar su contaminación.
Por otra parte, para finalizar, no entendemos la postura del Partido del Frente Cardenista en relación con las declaraciones que se vive un estado de violencia en Michoacán, cuando el candidato del partido oficial ha venido sosteniendo a lo largo de su campaña que Michoacán está en paz y que se está pugnando por mantener ese estado de concordia. Muchas gracias. El Presidente: - Diputado, la interpelación ¿La acepta usted?
El diputado Gabriel Mendoza Manzo: - Sí, señor.
El diputado Demetrio Hernández Pérez (desde su curul): - Quiero preguntarle con todo respeto al señor diputado, si él tiene conocimiento del organigrama de su organización, si acepta que la persona que estamos denunciando es dirigente de su partido en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El diputado Gabriel Mendoza Manzo: - Yo le contesto a usted, que en mi intervención señalé "supuesto", porque ustedes lo señalaban "supuesto dirigente", el que se murió, del Partido del Frente Cardenista y supuesto dirigente, que ustedes lo señalaron, del Partido de la Revolución Democrática. Por lo tanto, en este momento, la respuesta es de que aquí nosotros rechazamos,
en primer término, que el Partido de la Revolución Democrática tenga algo que ver en este hecho violento.
Segundo, que si algún ciudadano cometió un ilícito, sea del partido que fuere, debe de aplicársele todo el peso de la ley ante hechos que son delitos del fuero común y en nada tiene que ver con supuestos delitos del orden político.
El diputado Demetrio Hernández Pérez (desde su curul): - Eso ya lo explico usted. Yo solamente quiero preguntarle: ¿Reconoce qué es o no es dirigente del Partido de la Revolución Democrática?
El diputado Gabriel Mendoza Manzo: - No reconozco que sea dirigente del Partido de la Revolución Democrática, porque en este momento no tengo los elementos. Si usted me lo demuestra......
El diputado Demetrio Hernández Pérez (desde su curul): Nosotros se lo vamos a demostrar.
El diputado Gabriel Mendoza Manzo: - Si usted me lo demuestra, yo lo consultaré con el padrón electoral...
El Presidente: - Se recuerda a los señores diputados que no se admiten los diálogos personales. Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Rodolfo Barbosa Rodríguez.
El diputado Rodolfo Barbosa Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente:
Efectivamente, nuestro partido es un partido minoritario, pero que definitivamente ha estado creciendo con el apoyo y participación de una gran cantidad de ciudadanos.
En relación a que señalamos que en el estado de Michoacán se vive un clima de intranquilidad y de violencia, a nosotros no nos interesa la opinión que dé ningún otro partido, ésa es la apreciación política que hace el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Y vamos a señalar algunas cosas en particular. De manera sostenida, los candidatos a diputados del Partido de la Revolución Democrática y su candidato a gobernador, ha estado señalando que el día 12 de julio a las 18.00 horas se iniciará una marcha, se iniciarán acciones tendientes a tomar palacio de gobierno, porque seguramente ya desde ahorita dan como un hecho que el pueblo de Michoacán los está apoyando.
Nosotros desde esta tribuna denunciamos estas maniobras, tendientes a confundir a la opinión nacional, ya que en muchos lugares, por no decir en todo el estado, ha habido una gran cantidad de rechazo a estas invitaciones.
Nuestro partido quiere señalar que se ha estado convocando a violentar no únicamente en lo personal o la integridad física de nuestro partido, sino que también se está violentando el proceso electoral; se ha pretendido desconocer los órganos electorales en el estado, argumentando que han cometido una serie de irregularidades.
Ahí, en el Comité Estatal Electoral, los representantes del Partido de la Revolución Democrática, han participado y apoyado la gran cantidad de medidas que se han dado.
Concretamente señalamos que efectivamente se convoca a la violencia, tratando de desconocer los órganos electorales en el estado y también se convoca a la violencia porque presidentes municipales en Michoacán, militantes del Partido de la Revolución Democrática, en todos los actos en que nuestro candidato a gobernador a estado, han pretendido agredirlo, sobre todo en los lugares en que hemos señalado. Gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo: - Mi intervención va para ratificar que el partido de la Revolución Democrática en Michoacán y a nivel nacional, tiene la determinación única para todos los procesos electorales, en el sentido de denunciar e impedir con su actividad todos los hechos delictivos y violentos que en general se han realizado más bien contra el propio Partido de la Revolución Democrática.
Por lo tanto, reiteramos el llamado que hizo el compañero que me antecedió del Partido de la Revolución Democrática a los del Partido del Frente Cardenista para que efectivamente hagan la denuncia ante las instancias correspondientes, respecto al hecho de que están hablando de la muerte de una persona, muerte que también nosotros reprobamos, y en el caso de que resultara responsable algún compañero, como se presume por parte del Partido del Frente Cardenista, del Partido de la Revolución Democrática, nosotros no atenemos a procesos legales ante evidencias claras.
Lo que no se vale es que un partido, como el Partido del Frente Cardenista en esta ocasión y para esta campaña en Michoacán, por un lado
le haga el trabajo sucio al Partido Revolucionario Institucional, al partido oficial, viniendo a hacer denuncias en su nombre, que ni el propio partido oficial ha hecho aquí en esta tribuna, y que revela ya otro tipo de intenciones y otro tipo de componendas.
Así lo evidencia, por ejemplo, que los del Partido del Frente Cardenista no están preocupados porque hay 327 mil 737 personas sin credencial de elector, de acuerdo al censo de hace dos años en Michoacán y que no podrán sufragar y que eso sí representa un hecho delictivo que debe ser denunciado por todos los partidos políticos, para que las contiendas sean en igualdad de condiciones y no favorezcan sólo un partido, al partido oficial.
Creo que también hay exageraciones en la intervención que hacen, porque más allá de la denuncia, que es motivo de la intervención, hablan ya de responsables ideológicos y hablan de que pudiera constituirse en un delito el hecho de que un candidato que tiene serias posibilidades de triunfar, según nuestras proyecciones, que es el compañero Cristóbal Arias, hable de que si triunfa con el voto de los ciudadanos de Michoacán, acudirá a palacio como corresponde a todo triunfador en un proceso electoral. Y con toda legitimidad un candidato que tiene apoyo popular y que por las proyecciones legales y no sesgadas de encuestas pagadas por las instancias oficiales, puede triunfar, claramente se sabe por todo mundo que puede triunfar, si no el partido oficial, el candidato del partido mayoritario en esta Cámara, no haría el gasto de tantos y tantos recursos que está haciendo el candidato del partido oficial, porque sabe que hay un serio contendiente que tiene muchísimas posibilidades de triunfar con el apoyo, y tienen que acudir a anular a 327 mil personas del padrón, tienen que quitarles su credencial para que no puedan sufragar, porque tenemos muchas posibilidades de triunfar los del Partido de la Revolución Democrática.
Aquí lo que se esconde con denuncias, por tratar de desacreditar al Partido de la Revolución Democrática en su conjunto y de que en todos sus actos está llamando a la violencia, lo cual es francamente falaz y pueril porque así no ha sido, porque eso es mentira, porque no hay manera de comprobarla más que con demagogia y mentira y con los grupos de algunos, que se desesperan porque allí hay una campaña importante con competidores serios y que no tenga complacencia en los competidos sino competidores serios. Por eso vienen aquí a querer hacer caldo gordo de otro partido usando las siglas del Frente Cardenista.
El 9.75% de las manzanas de acuerdo a la cartografía electoral, no corresponde a la sección y eso va a impedir que el 9.75% de las personas que habitan en esas manzanas no puedan votar el día de las elecciones. Son hechos que hemos documentado los del Partido de la Revolución Democrática.
Y todo el mundo lo sabe, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los foros internacionales y en esta misma tribuna y están los datos perfectamente documentados, que de los partidos aquí representados el que más a sufrido agresiones, violencia y asesinatos de compañeros y, en particular, en Michoacán, es el Partido de la Revolución Democrática.
Que no nos vengan con cuentos, a colgarnos "San Benitos", de que nosotros sólo queremos violencia porque nos sentimos derrotados. Esa propaganda no se las va a creer nadie. Y si no documentan las acusaciones, si no se restringen, como yo no lo he hecho ahora porque no se restringió el orador del Partido del Frente Cardenista al asunto que denuncian, los del Partido de la Revolución Democrática sabremos defendernos, ya lo hemos visto; no nos vamos a quedar callados ante las agresiones que hemos sufrido del partido oficial, de sus candidatos y de sus ayudantes, en campañas que saben que tienen pérdidas de antemano. Muchas gracias.
El diputado Demetrio Hernández Pérez (desde su curul): - Pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Demetrio Hernández.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Definitivamente conservar la serenidad en estos casos requiere de un gran esfuerzo.
Hemos visto cómo de manera intolerante y con calificativos incluso, los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, descalifican a nuestro partido y lo llaman minoría, cuando sacó más votos para senadores que ellos.
Pero no solamente eso, hemos visto claramente como se deslindan de una responsabilidad y aprovechan la tribuna para llamarse acusados y hacer otro tipo de denuncias. Esto es muy grave compañeros.
Queremos señalar una cuestión concreta: Estamos haciendo una denuncia en esta tribuna, enérgica, porque ha sido asesinado un militante de nuestro partido. Lo hemos señalado clara y llanamente.
Además de que tenemos el nombre del culpable, el cuál ha evadido la justicia. Y en esta ocasión concretamente, solicitamos a los compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática con todo respeto, que asuman la responsabilidad o se deslinden, si es miembro o no de su partido. En todo caso, nosotros actuaremos conforme a derecho, conforme al reglamento que estipulan las leyes de nuestro país, para perseguir al culpable.
Pero ustedes no deberían solapar ni proteger este tipo de acciones que no solamente denigran a su partido, sino que ponen en tela de juicio la estabilidad política concretamente de Michoacán y del país.
Sabemos perfectamente que la manera más fácil de salir avante en un tormenta, es asirse de cualquier palo en la corriente y es lo que han tratado de hacer algunos compañeros.
Sabemos que el caminos más fácil es precisamente aventar improperios y el camino más fácil es llegar a la violencia. Sin embargo, nosotros hacemos un llamado fraternal, respetuoso, digno y enérgico a los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, porque me consta que algunos ahí abajo se estaban mofando de la denuncia, que lo tomen con respeto y que piensen que aunque se sientan víctimas en un determinado momento los papeles pueden cambiar, porque el pueblo de México se da cuenta de las acciones de los dirigentes y se da cuenta de la validez de los principios, de las estrategias y de las luchas de cada partido político.
Y por eso, en base a lo que acabo de argumentar, solicito de manera atenta y respetuosa a los compañeros del Partido de la Revolución Democrática una actitud consecuente y además quiero aclarar que si en esta ocasión nosotros venimos a denunciar un hecho, no es porque seamos paleros ni estemos vendidos; no aceptamos ese supuesto de ustedes, porque cuando el partido oficial vino a denunciar hechos concretos, nosotros no intervenimos. Pero ahora se trata de un compañero nuestro militante distinguido de un partido y además se trata de un hecho tipificado en nuestras leyes. Por lo tanto, elevamos una vez más nuestra enérgica protesta, nuestra denuncia ante los compañeros diputados de esta LV Legislatura y nos reservamos el derecho de seguir los tramites legales para que se castigue a los culpables. Muchas gracias. (Aplausos.)
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
Comisiones unidas de Comercio y Patrimonio y Fomento Industrial
Honorable Asamblea: A las comisiones unidas que suscriben, fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con el proyecto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que envió a esta Cámara de Diputados, el Senado de la República en los términos del artículo 72 inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior sometemos a consideración del Pleno el siguiente
DICTAMEN
I. Antecedentes
En cumplimiento con el acuerdo parlamentario suscrito por los diversos partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, para realizar trabajos de conferencia, las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y Tercera Sección de Estudios Legislativos del Senado de la República y las comisiones de Comercio y Patrimonio y Fomento Industrial de esta Cámara,
se reunieron para trabajar conjuntamente en el análisis de la iniciativa de Ley Federal sobre Metrología y Normalización enviada por el Ejecutivo Federal.
Para tal efecto, los días 18 de mayo y 1o. de junio las comisiones de reunieron con funcionarios de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para intercambiar con ellos puntos de vista sobre el contenido, propósito y alcance de la mencionada iniciativa.
Es de suma importancia mencionar que la minuta que se recibió de nuestra colegisladora, refleja el arduo trabajo de análisis realizado conjuntamente por los diputados y senadores de todos los partidos políticos que participan como miembros de estas comisiones. En este sentido, debe destacarse que la minuta incorpora todas las modificaciones propuestas por los diputados que comprende 34 cambios de fondo y 11 de forma, por lo que se consideran satisfactorios los resultados obtenidos en cuanto al trabajo conjunto realizado por las comisiones de ambas cámaras en las reuniones de conferencia.
II. Consideraciones Generales
La iniciativa de ley que se somete a su consideración, es un instrumento normativo que adecúa y actualiza el marco regulatorio de la actividad productiva, buscando hacerla más competitiva tanto en lo interno como en lo externo, para evitar la competencia desleal y la formación de barreras comerciales no arancelarias que pudieran limitar la modernización uniforme de la actividad económica nacional.
La iniciativa abarca tres grandes rubros: Metrología, normas oficiales mexicanas y normalización voluntaria.
En materia de metrología, la iniciativa actualiza su marco normativo permitiéndole ajustarse a los cambios tecnológicos en materia de medición.
Se establece la obligación de que los requerimientos técnicos que deben satisfacer los instrumentos de medición se fijen en normas oficiales mexicanas de cumplimiento obligatorio, evitándose el establecimiento arbitrario de los mismos. Asimismo, se sustituye el sistema de autorización previa para la fabricación, venta y uso de instrumentos de medir, por un sistema de verificación aleatoria.
Es importante hacer notar que, a instancia de los diputados, se incorporó nuevamente al texto de la misma, las unidades básicas del Sistema General de Unidades de Medida, la obligación de que las escuelas no incluyan a sus programas de estudio. De la misma manera, se incluyó la propuesta de modificar el procedimiento de nombramiento del Director General del Centro Nacional de Metrología y de los servidores públicos de jerarquías inferiores.
En materia de normas oficiales mexicanas, la iniciativa establece un procedimiento uniforme y claro para expedición de normas y descentraliza la función de normalización para convertirla en una función compartida. Por lo tanto la aplicación y vigilancia de esta legislación corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal que tengan competencia en la materia. Para tal efecto se creará un banco de información administrado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para dar servicio público y eficaz y oportuno sobre el universo de las normas oficiales mexicanas y normas oficiales optativas.
En los términos de la presente iniciativa, las normas oficiales mexicanas se convierten en el instrumento o a través del cuál las dependencias de la Administración Pública Federal, pueden establecer con carácter obligatorio los requisitos, características o especificaciones técnicas con que deben cumplir los productos, procesos, servicios o actividades, para garantizar la seguridad y la salud de la población; la sanidad vegetal y animal; la higiene laboral; las comunicaciones, los ecosistemas; la información al público; y, la protección de los consumidores, entre otras.
Con lo anterior, se da mayor seguridad jurídica a los destinatarios de la ley y se evitan tanto posibles contradicciones entre las normas expedidas por las distintas dependencias, como la duplicidad de trámites y requisitos con que deben cumplir los particulares, beneficiando así la actividad y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.
En materia de normalización voluntaria, la iniciativa busca fomentar la calidad y la competitividad mexicana en los mercados internacionales y facilitar al consumidor nacional la identificación de marcas de calidad que le permitan disfrutar mejores productos y servicios. Para este efecto crea el concepto de normas mexicanas.
En este sentido, la iniciativa reconoce la importancia de la participación de productores, prestadores de servicios, consumidores y científicos en el desarrollo de normas de calidad de
productos y servicios y, para ello, crea a los organismos nacionales de normalización. A estos organismos privados se les encomienda la expedición de las normas mexicanas, que no son normas oficiales y, por tanto, no son obligatorias.
Cabe mencionar que, a petición de los diputados, se estableció que las normas mexicanas no pueden contener especificaciones inferiores a las establecidas en las normas oficiales mexicanas.
Esta iniciativa crea figuras nuevas como los organismos de certificación y las unidades de verificación, que por una parte facilitarán al gobierno federal sus labores de comprobación de cumplimiento de normas oficiales mexicanas, pero además, servirán a los particulares para los mismos propósitos en el caso de las normas mexicanas, con lo cuál no se da oportunidad a la comunidad científica y tecnológica para solicitar la acreditación de laboratorios para certificar el cumplimiento de normas y mediciones.
Los organismos de certificación privados no sólo fungen como entidades de apoyo al gobierno federal en el área de certificación oficial sino que además, permitirán crear una infraestructura moderna de aseguramiento de la calidad como la que existe en otros países del mundo. Las unidades de verificación privadas podrán, a petición de parte, realizar actividades de inspección como un importante complemento a las actividades de inspección que lleva a cabo el gobierno federal. Las unidades de verificación permitirán a las dependencias de la Administración Pública Federal contar sin costo alguno, con técnicos altamente capacitados para realizar las tareas de verificación del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.
Por último la presente iniciativa incrementa el monto de las sanciones y deja a salvo las facultades de las dependencias para sancionar conforme a las atribuciones que otros ordenamientos legales les otorgan.
Las comisiones conjuntas de Comercio y Patrimonio y Fomento Industrial consideran que la presente iniciativa reúne los requisitos necesarios que le permiten ser un instrumento normativo que propicie un desarrollo más competitivo de la industria, el comercio y los servicios, a través de reglas claras que dan mayor seguridad jurídica a los destinatarios.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que la iniciativa en cuestión responde a la necesidad incuestionable de mantener actualizadas las normas legales, con el objeto de que respondan a los requerimientos sociales, circunstancia que se cumple con la presente iniciativa, estas comisiones se permiten proponer al pleno de la Cámara, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN
TITULO PRIMERO
CAPITULO ÚNICO
Disposiciones generales.
Artículo 1o. La presente Ley requerirá en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la Administración Pública Federal que tenían en este ordenamiento.
Siempre que en esta Ley se haga mención a la "Secretaría", se entenderá hecha a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto:
1. En materia de metrología;
a) Establecer el Sistema General de Unidades de Medida;
b) Precisar los conceptos fundamentales sobre metrología;
c) Establecer los requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso de los instrumentos para medir y los patrones de medida;
d) Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones comerciales y de indicar el contenido neto en los productos envasados;
e) Instituir el Sistema Nacional de Calibración;
f) Crear el Centro Nacional de Metrología, como organismo de alto nivel técnico en la materia; y
g) Regular, en lo general, las demás materias relativas a la metrología.
II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación:
a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas;
b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las actividades que sobre normalización corresponde realizar a las distintas dependencias de la Administración Pública Federal;
c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales mexicanas por las dependencias de la Administración Pública Federal;
d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la elaboración y observación de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas;
e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y laboratorios de prueba de las dependencias de Administración Pública Federal;
f) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de normalización y de certificación, unidades de verificación y de laboratorios de prueba y de calibración; y
g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades relacionadas con la materia.
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
I. Acreditamiento: El acto mediante el cual la Secretaría reconoce organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, laboratorios de pruebas y de calibración y unidades de verificación, para que lleven a cabo las actividades a que se refiere esta ley;
II. Calibración: El conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar los errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características meteorológicas;
III. Certificación: Procedimiento por el cuál se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacionales o internacionales;
IV. Dependencias: Las dependencias de la Administración Pública Federal;
V. Instrumentos para medir: Los medios técnicos con los cuáles se efectúan las mediciones y que comprenden las medidas materializadas y los aparatos medidores;
VI. Medir: El acto de determinar el valor de una magnitud;
VII. Medida materializada: El dispositivo destinado a reproducir de una manera permanente durante su uso, uno o varios valores conocidos de una magnitud dada;
VIII. Manifestación: La declaración que hace una persona física o moral a la Secretaría de los instrumentos para medir que se fabriquen, importen, o se utilicen o pretendan utilizarse en el país;
IX. Método: La forma de realizar una operación del proceso, así como su verificación;
X. Normas mexicanas: Las normas de referencia que emitan los organismos nacionales de normalización;
XI. Normas oficiales mexicanas: Las que expidan las dependencias competentes, de carácter obligatorio sujetándose a lo dispuesto en esta ley y cuyas finalidades se establecen en el artículo 40.
Las dependencias sólo podrán expedir normas o especificaciones técnicas, criterios, reglas, instructivos, circulares, lineamientos y demás disposiciones de naturaleza análoga de carácter obligatorio, en las materias a que se refiere esta ley, siempre que se ajusten al procedimiento establecido y se expidan como normas oficiales mexicanas;
XII. Organismos de certificación: Las personas morales que tengan por objeto realizar funciones de certificación;
XIII. Organismos nacionales de normalización: Las personas morales que tengan por objeto elaborar normas mexicanas;
XIV. Patrón: Medida materializada, aparato de medición o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores conocidos de una magnitud para transmitirlos por comparación a otros instrumentos de medición;
XV. Patrón nacional: El patrón autorizado para obtener, fijar o contrastar el valor de otros patrones de la misma magnitud, que sirve de base para la fijación de los valores de todos los patrones de la magnitud dada;
XVI. Proceso: El conjunto de actividades relativas a la producción, obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, ensamblado, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de productos y servicios;
XVII. Unidades de verificación: Las personas físicas o morales que hayan sido acreditadas para realizar actos de verificación por la Secretaría en coordinación con las dependencias competentes; y
XIX. Verificación: La constatación ocular o comprobación mediante muestreo y análisis de laboratorio acreditado, del cumplimiento de las normas.
Artículo 4o. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, representará al país en todos los eventos o asuntos relacionados con la metrología y normalización a nivel internacional, sin perjuicios de que en dicha representación y conforme a sus atribuciones participen otras dependencias interesadas en razón de su competencia, en coordinación con la propia Secretaría. También podrán participar, previa invitación de la Secretaría, representantes de organismos públicos y privados.
TITULO SEGUNDO
Metrología
CAPITULO I
Del sistema general de unidades de medida
Artículo 5o. En los Estados Unidos Mexicanos el sistema General de Unidades de Medidas es el único legal y de uso obligatorio.
El Sistema General de Unidades de Medida se integra, entre otras, con las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades: De longitud, el metro; de masa, el kilogramo; de tiempo, el segundo; de temperatura termodinámica, el Kelvin; de intensidad de corriente eléctrica, el ampere; de intensidad luminosa, la candela, y de cantidad de sustancias, el mol, así como con las suplementarias, las derivadas de las unidades base y los múltiplos y submúltiplos de todas ellas, que apruebe la Conferencia General de Pesas y Medidas y se prevean en normas oficiales mexicanas. También se integra con las no comprendidas en el sistema internacional que acepte el mencionado organismo y se incluyan en dichos ordenamientos.
Artículo 6o. Excepcionalmente la Secretaría podrá autorizar el empleo de unidades de medida de otros sistemas por estar relacionados con países extranjeros que no hayan adoptado el mismo sistema. En tales casos deberán expresarse, conjuntamente con las unidades de otros sistemas, su equivalencia con las del Sistema General de Unidades de Medida, salvo que la propia Secretaría exima de esta obligación.
Artículo 7o. Las unidades base, suplementarias y derivadas del Sistema General de Unidades de Medida así como su simbología se consignarán en las normas oficiales mexicanas.
Artículo 8o. Las escuelas oficiales y particulares que formen parte del sistema educativo nacional, deberán incluir en sus programas de estudio la enseñanza del Sistema General de Unidades de Medida.
Artículo 9o. La Secretaría tendrá a su cargo la conservación de los prototipos nacionales de unidades de medida, metro y kilogramo, asignados por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas a los Estados Unidos Mexicanos.
CAPITULO II
De los instrumentos para medir
Artículo 10. Los instrumentos para medir y patrones que se fabriquen en el territorio nacional o se importen y que se encuentren sujetos a norma oficial mexicana, requieren, previa su comercialización, aprobación del modelo o prototipo por parte de la Secretaría sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias. Deberán cumplir con lo establecido en este artículo los instrumentos para medir y patrones que sirvan de base o se utilicen para:
I. Una transacción comercial o para determinar el precio de un servicio;
II. La remuneración o estimación, en cualquier forma, de labores personales;
III. Actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad corporal;
IV. Actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa; o
V. La verificación o calibración de otros instrumentos de medición.
Artículo 11. La Secretaría podrá requerir de los fabricantes, comercializadores o usuarios de instrumentos de medición, la verificación o calibración de estos, cuando se detecten ineficiencias metrológicas en los mismos, y sea antes de ser vendidos, o durante su utilización.
Para efectos de lo anterior, la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación, con la debida anticipación, la lista de instrumentos de medición y patrones cuyas verificaciones iniciales, periódica o extraordinaria o calibración serán obligatorias, sin perjuicios de ampliarla o modificarla en cualquier tiempo.
Artículo 12. La Secretaría, así como las personas acreditadas por la misma, al verificar los instrumentos para medir, dejarán en poder de los interesados los documentos que demuestren que dicho acto ha sido realizado oficialmente.
Artículo 13. Los recipientes que, no siendo instrumentos para medir, se destinen reiteradamente a contener o transportar materias objeto de transacciones cuya masa se determine midiendo simultáneamente el recipiente y la materia, deberán ostentar visible e indeleblemente con carácteres legibles su tara, la que podrá verificarse en la forma y lugares que fije la Secretaría.
Artículo 14. Los instrumentos para medir cuando no reúnan los requisitos reglamentarios serán inmovilizados antes de su venta o uso hasta en tanto los satisfagan. Los que no puedan acondicionarse para cumplir los requisitos de esta ley o de su reglamento serán inutilizados.
CAPITULO III
De la medición obligatoria de las transacciones
Artículo 15. En toda transacción comercial, industrial o de servicios que se efectúe a base de cantidad, ésta deberá medirse utilizando los instrumentos de medir adecuados, excepto en los casos que señale el reglamento, atendiendo a la naturaleza o propiedades del objeto de la transacción.
La Secretaría determinará los instrumentos para medir apropiados en razón de las materias objeto de la transacción y de la mayor eficiencia de la medición.
Artículo 16. Los poseedores de los instrumentos para medir tienen obligación de permitir que cualquier parte afectada por el resultado de la medición se cerciore de que los procedimientos empleados en ella son los apropiados.
Artículo 17. Los instrumentos automáticos para medir que se empleen en los servicios de suministro o abastecimiento de agua, gas o energía eléctrica, quedan sujetos a las siguientes prevenciones:
I. Las autoridades, empresas o personas que proporcionen directamente el servicio, estarán obligadas a contar con el número suficiente de instrumentos patrón, así como con el equipo de laboratorio necesario para comprobar, por su cuenta, el grado de precisión de los instrumentos en uso;
La Secretaría podrá eximir a los suministradores de contar con equipo de laboratorio, cuando sean varias las empresas que proporcionen el mismo servicio y sufraguen el costo de dicho equipo para uso de la propia Secretaría, caso en el cuál el ajuste de los instrumentos corresponderá a ésta;
II. Los suministradores podrán mover libremente todas las piezas de los instrumentos para medir que empleen para repararlos o ajustarlos, siempre que cuenten con patrones de medida y equipo de laboratorio. En tales casos deberán colocar en dichos instrumentos los sellos necesarios para impedir que personas ajenas a ellas puedan modificar sus condiciones de ajuste;
III. Las autoridades, empresas o personas que proporcionen los servicios, asumirán la responsabilidad de las condiciones de ajuste de los instrumentos que empleen, siempre que el instrumento respectivo ostente los sellos impuestos por el propio suministrador;
IV. La Secretaría podrá practicar la verificación de los instrumentos a que se refiere el presente artículo. Cuando se trate de servicios proporcionados por dependencias o entidades paraestatales, que cuenten con el equipo a que se refiere la fracción I, la verificación deberá hacerse por muestreo; y
V. Con la excepción prevista en la fracción II, en ningún otro caso podrán ser destruidos los se los que hubiere impuesto el suministrador o, en su caso, la Secretaría. Quienes lo hagan serán acreedores a la sanción respectiva y al pago estimado del consumo que proceda.
Artículo 18 La Secretaría exigirá que los instrumentos para medir que sirvan de base para transacciones, reúnan los requisitos señalados
por esta ley, su reglamento o las normas oficiales mexicanas a fin de que el público pueda apreciar la operación de medición.
Artículo 19. Los poseedores de básculas con alcance máximo de medición igual o mayor a cinco toneladas deberán conservar en el local en que se use la báscula, taras o tener acceso a éstas, cuyo mínimo equivalente sea el 5% del alcance máxima de la misma.
La Secretaría podrá exigir que la operación de dicha báscula se efectúe por personas que reúnan los requisitos de capacidad que se requieran.
Artículo 20. Queda prohibido utilizar instrumentos para medir que no cumplan con las especificaciones fijadas en las normas oficiales mexicanas.
El uso inadecuado de instrumentos para medir en perjuicio de personas alguna será sancionado conforme a la legislación respectiva.
Artículo 21. Los productos empatados o envasados por fabricadores o comerciantes deberán ostentar en su empaque, envase, envoltura o etiqueta, a continuación de la frase contenido neto, la indicación de la cantidad de materia o mercancía que contenían. Tal cantidad deberá expresarse de conformidad con el Sistema General de Unidades de Medida, con carácteres legibles y en lugares en que se aprecie fácilmente.
Cuando la transacción se efectúe a base de cantidad de partes, accesorios o unidades de efectos, la indicación deberá referirse al número contenido en el empaque o envase y, en su caso, a sus dimensiones.
En los productos alimenticios empacados o envasados el contenido neto deberá corresponder al total. Cuando estén compuestos de partes líquida y sólida, además el contenido neto deberá indicarse la cantidad de masa drenada.
Artículo 22. La Secretaría fijará las tolerancias permisibles en cuanto al contenido neto de los productos empacados o envasados, atendiendo de igual forma, las alteraciones que pudieran sufrir por su naturaleza o por fenómenos que modifiquen la cantidad de que se trate. Dichas tolerancias de fijarán para fines de verificación del contenido neto.
Artículo 23. Si al verificarse la cantidad indicada como contenido neto de los productos empacados o envasados de encontrarse que están fuera de la tolerancia fijada, podrá la Secretaría además de imponer la sanción administrativa que proceda, prohibir su venta hasta que se remarque el contenido neto de carácteres legibles o complete éste.
La selección de muestras para la verificación del contenido neto se efectuará al azar y mediante el sistema de muestreo estadístico, en cuyo caso se estará al resultado de la verificación para, de proceder, prohibir la venta en tanto no se remarque o se complete el contenido neto.
CAPITULO IV
Del sistema nacional de calibración
Artículo 24. Se instituye el Sistema Nacional de Calibración con el objeto de procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realizan en país, tanto en lo concerniente a las transacciones comerciales y de servicios, como en los procesos industriales y sus respectivos trabajos de investigación científica y de desarrollo tecnológico.
La Secretaría autorizará y controlará a los patrones nacionales de las unidades básicas y derivadas del Sistema General de Unidades de Medida y coordinará las acciones tendientes a determinar la exactitud de los patrones e instrumentos para medir que utilicen los laboratorios que se acrediten, en relación con la de las respectivos patrones nacionales, a fin de obtener la uniformidad y confiabilidad de las mediciones.
Artículo 25. El Sistema Nacional de Calibración, se integrará con el Centro Nacional de Metrología, los laboratorios de calibración acreditados y los demás expertos en la materia que se consideran convenientes. En apoyo de dicho Sistema, la Secretaría realizará las siguientes acciones:
I. Acreditar laboratorios para que presten servicios técnicos de medición y calibración.
II. Integrar con los laboratorios acreditados cadenas de calibración, de acuerdo con losa niveles de exactitud que se les haya asignado; III. Difundir la capacidad de medición de los laboratorios acreditados y la integración de las cadenas de calibración.
IV. Autorizar métodos y procedimientos de medición y calibración y establecer un banco de información para difundirlos en los medios oficiales, científicos, técnicos e industriales;
V. Establecer convenios con las instituciones oficiales extranjeras e internacionales para el reconocimiento mutuo de los laboratorios de calibración.
VI. Celebrar convenios de colaboración e investigación metrológica con gobiernos estatales, instituciones, organismos y empresas tanto nacionales como extranjeras;
VII. Establecer mecanismos de evaluación periódica de los laboratorios de calibración que formen parte del sistema; y
VIII. Las demás que se requieren para procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones.
Artículo 26. La Secretaría acreditará los laboratorios que integran el Sistema Nacional de Calibración mediante comités de evaluación en los términos del artículo 69, siempre que cuenten con las instalaciones, equipo, patrones de medida, personal técnico, organización y métodos operativos adecuados para asegurar la confiabilidad de los servicios que presten.
La acreditación se otorgará por cada prueba específica de calibración o medición que está en condiciones de efectuar al laboratorio.
Artículo 27. Los laboratorios acreditados podrán prestar servicios de calibración y de operaciones de medición. El resultado de la calibración de patrones de medida y de instrumentos para medir se hará constar en dictamen del el laboratorio, suscrito por el responsable del mismo, en el que se indicará el grado de precisión correspondiente, además de los datos que permitan la identificación del patrón de medida o del instrumento para medir.
Las operaciones sobre medición se harán constar en dictámenes que deberán expedir, bajo su responsabilidad, la persona física que cada laboratorio autorice para tal fin.
Artículo 28. La Secretaría podrá suspender o revocar el acreditamiento de los laboratorios de calibración, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 118 y 119 de esta Ley.
CAPITULO V
Del centro nacional de metrología
Artículo 29. El Centro Nacional de Metrología es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con objeto de llevar a cabo funciones de alto nivel técnico en materia de metrología.
Artículo 30. El Centro Nacional de Metrología tendrá las siguientes funciones:
I. Fungir como laboratorio primario del Sistema Nacional de Calibración;
II. Conservar el patrón nacional correspondiente a cada magnitud, salvo que su conservación sea más conveniente en otra institución;
III. Proporcionar servicios de calibración a los patrones de medición de los laboratorios, centros de investigación o a la industria, cuando así se solicite, así como expedir los certificados correspondientes;
IV. Promover y realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico en los diferentes campos de la metrología, así como coadyuvar a la formación de recursos humanos para el mismo objetivo;
V. Asesorar a los sectores industriales, técnicos y científicos en relación con los problemas de medición y certificar materiales patrón de referencia;
VI. Participar en el intercambio de desarrollo metrológico con organismos nacionales e internacionales y en la intercomparación de los patrones de medida;
VII. Dictaminar a solicitud de parte, sobre la capacidad técnica de calibración o medición de loas laboratorios que integran el Sistema Nacional de Calibración;
VIII. Organizar y participar, en su caso, en congresos, seminarios, conferencias, cursos o en cualquier otro tipo de eventos relacionados con la metrología;
IX. Celebrar convenios con instituciones de investigación que tengan capacidad para desarrollar patrones primarios o instrumentos de alta precisión, así como instituciones educativas que puedan ofrecer especializaciones en materia de metrología;
X. Celebrar convenios de colaboración e investigación metrológica con instituciones, organismos y empresas tanto nacionales como extranjeras; y
XI ¿ Las demás que se requieran para su funcionamiento.
Artículo 31. El Centro Nacional de Metrología estará integrado por un Consejo Directivo, un director general y el personal de confianza y operativo que se requiera.
Además se constituirán los órganos de vigilancia que correspondan conforme a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo 32. El Consejo Directivo del Centro Nacional de Metrología se integrará con el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien le presidirá; los subsecretarios cuyas atribuciones se relacionen con la materia, de las secretarías de Hacienda y Crédito Público; Energía, Minas e Industrias Paraestatales; Educación Pública; Comunicaciones y Transportes; un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México; un representante del Instituto Politécnico Nacional; el director general del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología; sendos representantes de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales; de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y de la Confederación Nacional Cámaras de Comercio y el director general de Normas de la Secretaría. Por cada miembro propietario se designará un suplente.
A propuesta de cualquiera de los miembros del Consejo Directivo podrá invitar a participar en las sesiones a representantes de las instituciones de docencia e investigación de alto nivel u de otras organizaciones de industriales.
Artículo 33. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Expedir su estatuto orgánico;
II. Estudiar y, en su caso, aprobar el programa operativo anual;
III. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el director general, con la intervención que corresponda a los comisarios;
IV. Aprobar los presupuestos de ingresos y egresos;
V. Vigilar el ejercicio de los presupuestos a que se refiere la fracción anterior;
VI. examinar y, en su caso, aprobar el balance anual y los informes financieros del organismo, debidamente auditados;
VII. Autorizar la creación d comités técnicos y de apoyo;
VIII. Expedir el reglamento a que se refiere el artículo 36;
IX Aprobar la realización de otras actividades tendientes al logro de las finalidades del Centro Nacional de Metrología; y
X. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables.
Artículos 34. El director general del Centro Nacional de Metrología será designado por el Presidente de la República. Los servidores públicos de las jerarquías inmediatas inferiores al director general serán designados por el Consejo Directivo a propuesta del director general.
Artículo 35. El director general del Centro Nacional de Metrología tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I Representar al organismo ante toda clase de autoridades, con todas las facultades generales a que se refiere el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y en para toda la República en Materia Federal, y las especiales que se requieran para el ejercicio de su cargo;
II Elaborar el programa operativo anual y someterlo a consideración del Consejo Directivo; así como procurar la ejecución del que se aprueba;
III Establecer y mantener relaciones con los organismos de metrología internacionales y de otros países;
IV Construir y coordinar grupos de trabajo especializados en metrología;
V. Designar al personal de confianza, salvo el correspondiente a las dos jerarquías inmediatas inferiores a su cargo, sobre la base de lo dispuesto en el artículo siguiente, así como al demás personal;
VI. Formular el proyecto de presupuesto anual del organismo, someterlo a consideración del Consejo Directivo y vigilar el ejercicio del que se apruebe;
VII Rendir los informes periódicos al Consejo Directivo relativos a las actividades realizadas, al presupuesto ejercido y en las demás materias que deba conocer el Consejo Directivo; y
VIII. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo y, en general, realizar las actividades para el debido cumplimiento de las funciones del Centro Nacional de Metrología y de los programas aprobados para este fin.
Artículo 36. Las Designaciones del Director General y del personal de confianza deberán recaer en profesionales del área de ciencias o de ingeniería con reconocida experiencia en materia de metrología. Las designaciones respectivas se harán con base en los resultados de la evaluación de dichos profesionales. Las
promociones efectuarán sobre la base de la evaluación del desempeño, conforme al reglamento que aprueba el Consejo Directivo para este fin.
El personal del Centro Nacional de Metrología estará incorporado al Régimen de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus relaciones con el centro se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.
Artículo 37. El patrimonio del Centro Nacional de Metrología se integrará con:
I. Los bienes que le aporte el gobierno federal;
II. Los recursos que anualmente le asigne el gobierno federal dentro del presupuesto aprobado a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
III. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los que resulten del aprovechamiento de sus bienes; y
IV. Los demás bienes y derechos que adquiera para la realización de sus fines.
TITULO TERCERO
Normalización
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 38. Corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia:
I. Contribuir en la integración del Programa Nacional de Normalización con las propuestas de normas oficiales mexicanas;
II. Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones;
III. Ejecutar el Programa Nacional de Normalización en sus respectivas áreas de competencia;
IV. Construir los comités de evaluación y consultivos nacionales de normalización, así como prestarles el asesoramiento necesario;
V. Certificar, verificar e inspeccionar que los productos, procesos, métodos, instalaciones servicios o actividades cumplan con las normas oficiales mexicanas;
VI. Aprobar, previo a su acreditamiento, la operación en su área de competencia de los organismos nacionales de normalización, de certificación, laboratorios de pruebas y unidades de verificación;
VII. Coordinarse en los casos que proceda con otras dependencias para cumplir con lo dispuesto en esta Ley; y
VIII. Coordinarse con las instituciones de enseñanza superior para constituir programas de estudios para formar técnicos calificados.
Artículo 39. Corresponde a la Secretaría:
I. Integrar el Programa Nacional de Normalización con las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que se pretendan elaborar anualmente;
II. Codificar las normas oficiales mexicanas por materias y mantener el inventario y la colección de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, así como de las normas internacionales y de otros países;
III. Fungir como secretario técnico de la Comisión Nacional de Normalización y de los comités nacionales de Normalización, salvo que los propios comités decidan nombrar al secretario técnico de los mismos;
IV. Acreditar a los organismos nacionales de normalización, de certificación, laboratorios de pruebas y de calibración y unidades de verificación previa aprobación de las dependencias competentes;
V. Expedir las normas oficiales mexicanas en las áreas a que se refieren las fracciones I a IV. VI, VIII, IX, XII, XIV, XV, y XVII del artículo 40 de la presente ley;
VI. Llevar a cabo acciones y programas para el fomento de la calidad de los productos y servicios mexicanos;
VII. Coordinarse con las demás dependencias para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en base a las atribuciones de cada dependencia.
VIII. Participar con voz y voto en todos los comités consultivos nacionales de normalización en los que se afecten las actividades industriales o comerciales; y
IX. Coordinarse con las instituciones de enseñanza superior para construir programas de estudio para formar técnico calificados.
CAPITULO II
De las normas oficiales mexicanas
Artículo 40. Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:
I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan construir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales;
II. Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como materias primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, siempre que para cumplir las especificaciones de éstos sean indispensables las de dichas materias primas, partes o materiales;
III. Las características y/o especificaciones que deben reunir los servicios cuando éstos puedan construir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor;
IV. Las características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad;
V. Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los productos que pueden construir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud de las mismas o el medio ambiente;
VI. los métodos y/o procedimientos para comprobar las especificaciones a que se refiere este artículo y el equipo y materiales adecuados para efectuar las pruebas correspondientes, así como los procedimientos de muestreo;
VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo y otros centros públicos de reunión;
VIII. La nomenclatura, expresiones , abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que deberán emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de comunicación;
IX. La descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para fines de esta Ley;
X. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales;
XI. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover la salud de las personas, animales o vegetales;
XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisito que debe cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario;
XIII. Las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o se calidad y particularmente cuando sean peligrosos;
XIV; Los requisitos y procedimientos que deberán observarse en la elaboración de normas mexicanas y en las certificación del cumplimiento de las mismas;
XV. Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del país;
XVI. Las características y/o especificaciones que deben reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios;
XVII. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos para el manejo, transporte y confinamiento de materiales y residuos industriales peligrosos y de las sustancias radioactivas; y
XVIII. Otras en que se requiere normalizar productos, métodos procesos, sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales, siempre que se observe lo dispuesto por los artículos 45 a 47.
Artículo 41. Las normas oficiales mexicanas deberán contener:
I. La denominación de las norma, su clave y en su caso, la mención a las normas en que se basa;
II. La identificación del producto, servicio, método, proceso, instalación o, en su caso, del objeto de la norma conforme a los dispuesto en el artículo precedente;
III. Las especificaciones y características que correspondan al producto, servicio, método, proceso, instalación o establecimiento que se establezcan en las normas en razón de su finalidad;
IV. Los métodos de prueba aplicables en relación con la norma y en su caso, los de muestreo;
V. Los datos y demás información que deben contener los productos o, en su efectos, sus envases o empaques, así como el tamaño y características de las diversas indicaciones;
VI. El grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales cuando existan;
VII. La bibliografía que corresponda a la norma;
VIII. La mención de las o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las normas cuando exista concurrencia de competencias; y
IX. Las otras menciones que se consideran convenientes para la debida comprensión y alcance de la norma.
Artículo 42. Las normas mexicana deberán cumplir con lo dispuesto en las fracciones I a VII y IX del artículo anterior.
Artículo 43. En la elaboración de normas oficiales mexicanas participarán, ejerciendo sus respectivas atribuciones, las dependencias a quienes corresponda la regulación o control del producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia a normalizarse.
Artículo 44. Corresponde a las dependencias elaborar los anteproyectos de normas oficiales mexicanas y someterlos a los comités consultivos nacionales de normalización.
Asimismo, los organismos nacionales de normalización podrán someter a dichos comité, como anteproyectos, las normas mexicanas que emitan.
Los comité, consultivos nacionales de normalización, con base a los anteproyectos mencionados, elaborarán a su vez los proyectos de normas oficiales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo.
Para la elaboración de normas oficiales mexicanas deberán en consideración la normas mexicanas y emitidas por organismos internacionales reconocidos por el gobierno mexicano con los términos del derecho internacional.
Las personas interesadas podrán presentar a las dependencias, propuestas de normas oficiales mexicanas, las cuales harán la evaluación correspondiente y en su caso, presentarán al comité respectivo el anteproyecto de que se trate.
Artículo 45. Los anteproyectos que se presenten en los comités para discusión, deberán acompañarse de un análisis que comprenda:
I. La razón científica, técnica o de protección al consumidor de la norma, que apoyen su formulación y expedición;
II. La descripción de los beneficios potenciales de la norma, incluyendo los beneficios que no pueden ser cuantificados en términos monetarios y la identificación de aquellas personas o grupos que se beneficiarían por la norma;
III. La descripción de los costos potenciales de la norma, incluyendo cualquier efecto adverso que no pueda ser cuantificado en términos monetarios y la identificación de las personas o grupos que tendrían la carga de los costos;
IV. La cuantificación en términos monetarios de los beneficios netos potenciales de la norma, incluyendo una evaluación de los efectos que no pueden ser cuantificados en términos monetarios; y
V. La justificación de por que la norma oficial mexicana es entre otras alternativas posible, el mecanismo que permite alcanzar el objeto deseado con el mayor beneficio neto. Esta justificación deberá incluir una descripción de los otros mecanismos que permita alcanzar el mismo objeto con mayor beneficio neto que la norma oficial mexicana propuesta, y las razones legales o de otra índole por las cuales estos mecanismos no fueron adoptados. Cuando no existan mecanismos alternativos deberá hacerse mención de ello el análisis.
Sólo se podrán expedir normas oficiales mexicanas que cumplan con lo dispuesto en este artículo, salvo que se trate del caso previsto en el artículo 48 de la presente ley.
Artículo 46. La elaboración y modificación de normas oficiales mexicanas se sujetará a las siguientes reglas:
I. Los anteproyectos a que se refiere al artículo 44, se presentarán directamente al Comité Consultivo Nacional de Normalización respectivo, para que en un plazo que no excederá los 75 días naturales, formule observaciones; y
II. La dependencia u organismo que elaboré el anteproyecto de norma, contestará fundadamente las observaciones presentadas por el comité en un plazo no mayor de 30 días naturales contando a partir de la fecha en que le fueron prestadas y, en su caso, hará las modificaciones correspondientes.
Cuando la dependencia que presentó el proyecto, no considere justificadas las observaciones presentadas por el comité, podrá solicitar a las presidencia de éste, sin modificar su anteproyecto, ordene la publicación como proyecto, en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 47. Los proyectos de normas oficiales mexicanas se ajustarán al siguiente procedimiento:
I. Se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que dentro de los siguientes 90 días naturales los interesados presenten sus comentarios al comité consultivo nacional de normalización correspondiente. Durante este plazo los análisis a que se refiere el artículo 45 estarán a disposición del público para su consulta en el comité;
II. Al término del plazo a que se refiere de la fracción anterior, el comité consultivo nacional de normalización correspondiente estudiará los comentarios recibidos y, en su caso, procederá a modificar el proyecto en un plazo que no excederá los 45 días naturales;
III. Las dependencias deberán ordenar la publicación de las respuestas a los comentarios recibidos, con autoridad a la publicación de la norma oficial mexicana; y
IV. Una vez aprobadas por el comité de normalización respectivo, las normas oficiales mexicanas serán por la dependencia competente y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Cuando dos o más dependencias sean competentes para regular un bien, servicio, proceso, actividad o materia, deberán expedir las normas oficiales mexicanas conjuntamente. En todos los casos, el presidente del comité será el encargado de ordenar las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará en el caso del artículo siguiente.
Artículo 48. En casos de emergencia, la dependencia competente podrá elaborar directamente, aun si haber medido anteproyecto o proyecto y, en su caso, con la participación de las demás dependencias competentes, la norma oficial mexicana, misma que ordenará se publique en el Diario Oficial de la Federación con una vigencia máxima de seis meses. En ningún caso se podrá expedir más de dos veces consecutivas la misma normas en los términos de este artículo.
Si la dependencia que elaboró la norma decidiera extender el plazo de vigencia o hacerla permanente, se presentará como anteproyecto en los términos de las fracciones I y II del artículo 46.
Artículo 49. Cuando no subsistan las causas que motivaron la expedición de una norma oficial mexicana, las dependencias competentes, la comisión nacional de normalización, o los miembros del comité consultivo nacional de normalización correspondiente, podrán proponer al comité la cancelación de la norma. Para tal efecto se ajustarán a los dispuesto en los artículos 45 a 47 de esta ley.
Artículo 50. Las dependencias podrán requerir de fabricantes, importadores, prestadores de servicios, consumidores o centros de investigación, los datos necesarios para la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas. también podrán recabar, de éstos para los mismos fines, las muestras estrictamente necesarias, las que serán devueltas una vez efectuado su estudio, salvo que para este haya sido necesaria su destrucción.
Toda la información y documentación que se alleguen las dependencias para la elaboración de anteproyectos de normas oficial mexicanas, así como para cualquier trámite administrativo relativo a las mismas, se empleará exclusivamente para tales fines, tendrá el carácter de confidencial y no será divulgada, gozando de la protección establecida en la Ley para el Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
Artículo 51. Para la modificación de las normas oficiales mexicanas deberá cumplirse con el procedimiento para su elaboración.
CAPITULO III
De la observancia de las normas
Artículo 52. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades
deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas.
Artículo 53. Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma.
Para tal efecto, antes de su internación al país, se deberá contar con el certíficado o autorización de la dependencia competente para regular el productos o servicio correspondiente que hayan sido reconocidas o aprobados por las dependencias competente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación; o de organismos de certificación acreditados.
Cuando no exista norma oficial mexicana, los productos o servicios a importarse deberán mencionar ostensiblemente, antes y durante su comercialización, que cumplen con las especificaciones del país de origen, en su efecto las internaciones o a falta de éstas las del fabricante.
Artículo 54. Las normas mexicanas, constituirán referencia para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación de los consumidores. Dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores a las establecidas en las normas oficiales mexicanas.
Artículo 55. En las controversias de carácter civil, mercantil administrativo, cuando no se especifiquen las características de los bienes o servicios, las autoridades judiciales o administrativas competentes en sus resoluciones deberán tomar como referencia las normas oficiales mexicanas y en su defecto las normas mexicanas.
Sin perjuicio de los dispuesto por la ley de la materia, los bienes o servicios que adquieren o arrienden las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberán cumplir con las especificaciones fijadas en las normas oficiales mexicanas.
Artículo 56. Loa productores, fabricantes y los prestadores de servicios sujetos a normas oficiales mexicanas deberán mantener sistemas de control de calidad compatibles con las normas aplicables. También estarán obligados a verificar sistemáticamente las especificaciones del producto o servicio y su proceso, utilizando equipo suficiente y adecuado de laboratorio y el método de prueba apropiado. así como llevar un control estadístico de la producción en forma tal, que objetivamente se aprecie el cumplimiento de dichas especificaciones.
Artículo 57. Cuando los productos de los servicios sujetos al cumplimiento de determinada norma oficial mexicana, no reúnen las especificaciones correspondientes, la autoridad competente prohibirá de inmediato su comercialización, inmovilizando los productos, hasta en tanto se acondicionen, reprocesen, reparen o substituyan. De no ser posible, se tomarán las providencias necesarias para que no se usen o presten para el fin que se destinaría de cumplir dichas especificaciones.
Si el productos o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución o se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Cuando el incumplimiento de la norma pueda dañar significativamente la salud de las personas, animales, plantas, ambiente o ecosistemas, los comerciantes se abstendrán de enajenar los productos o prestar los servicios desde el momento en que se haga de su conocimiento. Los medios de comunicación masiva deberán difundir tales hechos de manera inmediata a solicitud de la dependencia competente.
Los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores serán responsables de recuperar de inmediato los productos.
Quien resulten responsables del incumplimiento de la norma tendrán la obligación de reponer a los comerciantes los productos o servicios cuya venta o prestación se prohiba, por otros que cumplan las especificaciones correspondientes, a en su caso, reintegrarles o bonificarles su valor, así como cubrir los gastos en que se incurra para el tratamiento, reciclaje o disposición final, conforme a los ordenamientos legales y las recomendaciones de expertos reconocidos en la materia de que se trate.
El retraso en el cumplimiento de lo establecido en el párrafo podrá sancionarse con multas por cada día que transcurra, de conformidad a los establecidos en la fracción I del artículo 112 de la presente ley.
CAPITULO IV
De la comisión nacional de normalización
Artículo 58. Se instituye la Comisión Nacional de Normalización con el fin de coadyuvar en
la política de normalización y permitir la coordinación de actividades que en esta materia corresponda realizar a las distintas dependencias y entidades de la Administración Federal.
Artículo 59. Integrarán la Comisión Nacional de Normalización:
I. Los subsecretarios correspondientes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Energía, Minas e Industria Paraestatal; Comercio y Fomento Industrial; Agricultura y Recursos Hidráulicos; Comunicaciones y Transportes; Salud; Trabajo y Previsión Social; Turismo; y Pesca;
II. Sendos representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior; de las cámaras y asociaciones de industriales y comerciales del país que determinen las dependencias; organismos nacionales de normalización y organismos del sector social productivo;
III. Los titulares del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología; de los laboratorios nacionales de Fomento Industrial; del Centro Nacional de Metrología; del Instituto Nacional de Ecología; del Instituto Nacional del Consumidor; del Instituto Mexicano de Comunicaciones; del Instituto Mexicano del transporte; del Instituto Nacional de Pesca y de los Institutos de investigación que se consideran pertinentes.
Por cada propietario podrá designarse un suplente para cubrir las ausencias temporales de aquél exclusivamente.
Asimismo, podrá invitarse a participar en la sesiones de la comisión a representantes de otras dependencias, de las entidades federativas, organismos públicos y privados, organizaciones de trabajadores, consumidores y profesionales e instituciones científicas y tecnológicas, cuando se traten temas de su competencia, especialidad o interés.
La comisión será presidida rotativamente durante seis meses por los subsecretarios en el orden establecido en la fracción I de este artículo.
Para el desempeño de sus funciones, la comisión contará con un secretario técnico a cargo de la secretaría.
Artículo 60. La Comisión tendrá las siguientes funciones:
I. Aprobar anualmente el Programa Nacional de Normalización y vigilar su cumplimiento;
II. Establecer reglas de coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y organizaciones privadas para la elaboración y discusión de normas y su cumplimiento;
III. Recomendar la elaboración de las normas que considere conveniente;
IV. Resolver las discrepancias que puedan presentarse en los trabajos de los comités consultivos nacionales de normalización;
V. Opinar, cuando se le solicite, sobre el acreditamiento de organismos nacionales de normalización;
VI. Proponer la integración de grupos de trabajo para el estudio e investigación de materias específicas;
VII. Proponer las medidas que se estimen oportunas para el fomento de la normalización;
VIII. Dictar los lineamientos para la organización de los comités de evaluación y consultivos nacionales de normalización; y
IX. Todas aquellas que sean necesarias para la realización de las funciones señaladas.
El reglamento interior de la Comisión determinará la manera conforme la cual se realizarán estas funciones.
Artículo 61. Las sesiones de la Comisión Nacional de Normalización serán convocadas por el secretario técnico a petición de su presidente o de cualquiera de los integrantes a que refiere el artículo 59 y se celebrarán por lo menos una vez cada 3 meses.
En el caso de la fracciones I, II, IV y VIII del artículo anterior, las decisiones de tomarán por mayoría de votos de los miembros a que se refiere la fracción I del artículo 59 y las sesiones serán válidas con la asistencia de por lo menos siete de éstos. En los demás casos, por la mayoría de todos los miembros, pero deberán asistir por lo menos cuatro de los representantes mencionados en la fracción II del mismo artículo.
CAPITULO V
De los comités consultivos nacionales de normalización
Artículo 62. Los comités consultivos nacionales de normalización son órganos para la elaboración
de normas oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimiento. Estarán integrados por personal técnico de las dependencias competentes, según la materia que corresponda al comité, organizaciones de industriales, prestadores de servicios, comerciantes, productores agropecuarios, forestales o pesqueros; centros de investigación científica o tecnológica, colegios de profesionales y consumidores.
Las dependencias competentes, en coordinación con el secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización determinarán qué organizaciones de las mencionadas en el párrafo anterior, deberán integrar el comité consultivo de que se trate, así como en el caso de los comités que deban constituirse para participar en actividades de normalización internacional.
Artículo 63. Las dependencias competentes, de acuerdo con los lineamientos que dicte la Comisión Nacional de Normalización, organizarán los comités consultivos nacionales de normalización y fijarán las reglas para su operación. La dependencia que regule el mayor número de actividades del proceso de un bien o servicio dentro de cada comité, tendrá la presidencia correspondiente.
Artículo 64. Las resoluciones de los comités deberán tomarse por consenso; de no ser esto posible, por mayoría de votos de los miembros. Para que las resoluciones tomadas por mayoría sean válidas, deberán votar favorablemente cuando menos la mitad de las dependencias representadas en el comité y contar con el voto aprobatorio del presidente del mismo. En ningún caso se podrá expedir una norma oficial mexicana que contravenga otras disposiciones legales o reglamentarias.
CAPÍTULO VI
De los organismos nacionales de normalización
Artículo 65. Para obtener el acreditamiento por la Secretaría como organismo nacional de normalización, se requerirá la aprobación previa de la dependencia competente según la materia de que se trate. El solicitante deberá:
I. Presentar solicitud por escrito;
II. Presentar sus estatutos para aprobación de la Secretaría en donde conste que:
a) Tienen por objeto social el de normalizar;
b) Sus labores de normalización se lleven a cabo a través de comités integrados de manera equilibrada por personal técnico que represente a nivel nacional a productores, distribuidores, comercializadores, prestadores de servicios, consumidores, instituciones de educación superior y científica, colegios de profesionales, así como sectores de interés general y sin exclusión de ningún sector de la sociedad que pueda tener interés en sus actividades; y
c) Tengan cobertura nacional; y
III. Presentar a la Secretaría el programa de financiamiento que asegure la continuidad en sus actividades.
Artículo 66. Los organismos nacionales de normalización tendrán las siguientes obligaciones:
I. Permitir la participación de todos los sectores interesados en los comités para la elaboración de normas mexicanas, así como de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes;
II. Conservar las minutas de las sesiones de los comités y de otras deliberaciones, decisiones o acciones que permitan la verificación por parte de la Secretaría, y presentar los informes que ésta les requiera;
III. Hacer del conocimiento público los proyectos de normas que pretendan emitir y atender cualquier solicitud de información que sobre éstos o sus normas hagan los interesados;
IV. Celebrar convenios de cooperación con la Secretaría a fin de que ésta pueda, entre otras, mantener actualizada la colección de normas mexicanas;
V. Admitir en su órgano de gobierno a un representante de la Secretaría; y
VI. Tener sistemas apropiados para la identificación y clasificación de normas.
Artículo 67. Las entidades de la Administración Pública Federal, deberán constituir comités de normalización para la elaboración de las normas de referencia conforme a las cuales adquieran, arrienden o contraten bienes o servicios.
Dichos comités se ajustarán en lo conducente a lo dispuesto por los artículos 62 y 64 de esta ley.
TÍTULO CUARTO
De la acreditación y certificación
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 68. La certificación y verificación de las normas oficiales mexicanas se realizará por las dependencias oficiales o por organismos de certificación, laboratorios de pruebas y de calibración y unidades de verificación acreditados.
Artículo 69. La Secretaría deberá acreditar, previa la aprobación de las dependencias competentes , a las personas físicas o morales para operar como organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación.
Para la aprobación a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias formarán comités de evaluación integrados por técnicos calificados y con experiencia en los campos de las ramas específicas.
En los casos en que el organismo, laboratorio o unidades por acreditar pretendan ofrecer servicios para dos o más dependencias, los comités correspondientes evaluarán y dictaminarán de manera conjunta la procedencia del acreditamiento.
Artículo 70. Presentada la solicitud de acreditamiento, el comité de evaluación correspondiente procederá a realizar las visitas que sean necesarias para determinar si se cumplen los requisitos que fije la ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas.
Cuando los comités de evaluación no cuenten con expertos en determinada área, las dependencias notificarán al solicitante sobre este hecho y tomarán las medidas necesarias para contar con tales expertos. Cuando los expertos no sean personal de la dependencia, los honorarios de éstos correrán por cuenta de los solicitantes.
En caso de no ser favorable el dictamen del comité, se otorgará un plazo de 180 días naturales al solicitante para corregir las faltas encontradas. Dicho plazo podrá prorrogarse por plazos iguales, cuando se justifique la necesidad de ello.
Artículo 71. Las dependencias competentes podrán en cualquier tiempo realizar visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas, por parte de los organismos de certificación, de las unidades de verificación y de laboratorios acreditados.
Artículo 72. La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación, periódicamente, la relación de los organismos nacionales de normalización, de los organismos de certificación, de laboratorios de pruebas y de calibración y de las unidades de verificación acreditados. Publicará también las suspensiones y revocaciones.
CAPÍTULO II
De la certificación oficial
Artículo 73. Las dependencias de acuerdo con sus atribuciones, certificarán para fines oficiales que determinados procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades cumplen las especificaciones establecidas en normas oficiales mexicanas. También podrán hacerlo a petición de parte, para fines particulares o de exportación.
Podrán certificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, por materias o sectores, los organismos de certificación acreditados conforme a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.
Artículo 74. Las dependencias a que se refiere el artículo anterior y los organismos de certificación podrán también certificar que los productos han sido elaborados con determinadas materias primas, o materiales o mediante procedimientos específicos que los distingan en calidad respecto a otros de la misma naturaleza, siempre y cuando se cercioren fehacientemente de las materias primas o procedimientos empleados.
Artículo 75. Es obligatorio el contraste de los artículos de joyería y orfebrería elaborados con plata, oro, platino paladio y demás metales preciosos, la certificación se efectuará sobre los artículos que contengan como mínimo la ley del metal que se establezca en las normas oficiales mexicanas respectivas.
CAPÍTULO III
De las contraseñas y marcas oficiales
Artículo 76. La Secretaría en coordinación con las dependencias competentes, establecerá las características de las marcas y contraseñas oficiales que deberán de llevar los productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas.
Artículo 77. Los productos o servicios sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas,
deberán ostentar la contraseña que denote dicho cumplimiento.
De no ser posible fijarla en el producto mismo, se hará en sus envases, embalaje, etiquetas o envolturas. Además, podrá utilizarse en las facturas, correspondencia y publicidad relativa al producto o servicio de que se trate.
La Secretaría y las dependencias, conforme a sus respectivas competencias, verificarán periódicamente que el uso de contraseña oficial corresponda a lo dispuesto en este artículo.
Artículo 78. La Secretaría autorizará el uso de las marcas y contraseñas oficiales a aquellas personas que demuestren, cumplir con lo dispuesto en esta ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas respectivas.
Se podrá permitir el uso de marcas o contraseñas distintivas de organismos de certificación acreditados. También podrá permitirse su uso de manera conjunta con las marcas y contraseñas oficiales si esto no induce a error al consumidor sobre las características del bien o servicio.
CAPÍTULO IV
De los organismos de certificación
Artículo 79. Para operar como organismo de certificación, será necesario contar con el acreditamiento de la Secretaría en los términos del artículo 69, mismo que se otorgará siempre que se cumpla con lo siguiente:
I. Solicitar por escrito el acreditamiento a la Secretaría y la aprobación de la dependencia correspondiente;
II. Demostrar que cuenta con la capacidad técnica material y humana para llevar a cabo programas de certificación;
III. Demostrar que cuenta con procedimientos de aseguramiento de calidad, que garanticen el desempeño de sus funciones;
IV. Demostrar no estar sujeto a influencia directa por algún fabricante, comerciante o persona moral mercantil; y
V. Presentar sus estatutos y propuesta de actividades de certificación para aprobación.
Artículo 80. Las actividades de certificación, deberán ajustarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas, y en su defecto a las normas internacionales. Las actividades deberán comprender lo siguiente:
I. Evaluación de los procesos, productos, servicios e instalaciones, mediante inspección ocular, pruebas, investigación de campo o revisión y evaluación de los programas de calidad; y
II. Seguimiento posterior a la certificación inicial, para comprobar el cumplimiento con las normas y contar con mecanismos que permitan proteger y evitar la divulgación de propiedad industrial o intelectual del cliente.
CAPÍTULO V
De los laboratorios de pruebas
Artículo 81. Se instituye el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas con el objeto de contar con una red de laboratorios acreditados que cuenten con equipo suficiente, personal técnico calificado y demás requisitos que establezca el reglamento, para que presten servicios relacionados con la normalización a que se refiere esta ley.
Los laboratorios acreditados podrán denotar tal circunstancia usando el emblema oficial del sistema nacional de acreditamiento de laboratorios de pruebas.
La Secretaría, por sí o a solicitud de cualquier dependencia competente podrá concertar convenios con instituciones oficiales extranjeras e internacionales para el reconocimiento mutuo de laboratorios de pruebas acreditados.
Artículo 82. Para el acreditamiento de laboratorios de pruebas se estará a lo dispuesto en el artículo 69.
Artículo 83. El resultado de las pruebas que realicen los laboratorios acreditados, para los fines de esta ley, se hará constar en un dictamen que será firmado, bajo su responsabilidad por la persona facultada por el propio laboratorio para hacerlo. Dichos dictámenes tendrán validez ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
CAPÍTULO VI
De las unidades de verificación
Artículo 84. Las unidades de verificación podrán, a petición de parte interesada, verificar el
cumplimiento de normas oficiales mexicanas, solamente en aquellos campos o actividades para las que hubieren sido aprobadas por las dependencias competentes.
Artículo 85. Los dictámenes de las unidades de verificación serán reconocidos por las dependencias competentes, así como por los organismos de certificación y en base a ellos podrán actuar en los términos de esta ley y conforme a sus respectivas atribuciones.
Artículo 86. Para operar como unidad de verificación será necesario contar con el acreditamiento de la Secretaría, en los términos del artículo 69, mismo que se otorgará siempre que se cumpla con lo siguiente:
I. Solicitar por escrito el acreditamiento a la Secretaría y la aprobación de la dependencia correspondiente;
II. Presentar una descripción detallada de los servicios que pretende prestar;
III. Demostrar que se cuenta con capacidad técnica o profesional suficiente y, en su caso, con el personal capacitado para la prestación del servicio que se pretende ofrecer. Las normas oficiales mexicanas determinarán los niveles de suficiencia técnica o profesional para la materia de que se trate;
IV. Demostrar contar con la infraestructura suficiente y adecuada relacionada con los servicios que pretende prestar;
V. Informar de las normas oficiales mexicanas que se pretendan verificar, y se describan los procedimientos que se utilicen para la prestación de los servicios; y
VI. Contar con la aprobación de la dependencia competente para la rama de que se trate.
Artículo 87. El resultado de las operaciones que realicen las unidades de verificación se hará constar en un acta que será firmada, bajo su responsabilidad, por el acreditado en el caso de las personas físicas y por el propietario del establecimiento o por el presidente del consejo de administración, administrador único o director general de la propia unidad de verificación reconocidos por las dependencias, y tendrá validez una vez que haya sido reconocido por la dependencia conforme a las funciones que hayan sido específicamente autorizadas a la misma.
TÍTULO QUINTO
De la verificación
CAPÍTULO ÚNICO
Verificación y vigilancia
Artículo 88. Las personas físicas o morales tendrán la obligación de proporcionar a las autoridades competentes los documentos, informes y datos que les requieran por escrito, así como las muestras de productos que se les soliciten cuando sean necesarios para los fines de la presente ley y demás disposiciones derivadas de ella. En todo caso, respecto a las muestras se estará a lo dispuesto en los artículos 101 al 108 de la presente Ley.
Artículo 89. La Secretaría llevará un registro con información actualizada de:
I. Empresas que realicen algún proceso o una fase del mismo, cuando éste o los productos o servicios, se encuentren sujetos a normas oficiales mexicanas o cuando ostenten contraseñas o marcas oficiales;
II. Organismos nacionales de normalización, de certificación, laboratorios de pruebas y de calibración acreditados ante la Secretaría, así como de unidades de verificación; y
III. En general, de toda aquella que se requiera para los fines de esta ley.
La Secretaría deberá proporcionar esta información a las dependencias competentes, cuando así lo soliciten.
Artículo 90. Las personas a que se refiere el artículo anterior, para su registro deberán proporcionar a la Secretaría la siguiente información:
I. Nombre y domicilio;
II. Ubicación precisa del establecimiento donde se realice el proceso o alguna fase del mismo o en donde se presten los servicios; y
III. Línea o líneas de productos o servicios que se manejan.
Artículo 91. Las dependencias competentes deberán periódica, aleatoriamente o cuando lo estimen necesario, y utilizando los métodos de muestreo estadístico establecidos en las normas oficiales mexicanas, realizar muestreos en los
lugares donde se producen, fabrican, almacenan, expenden o prestan productos y servicios sujetos a normas oficiales mexicanas, con el objeto de verificar el cumplimiento de las especificaciones aplicables.
La verificación se efectuará únicamente en laboratorios acreditados, salvo que éstos no existan para la prueba específica, se podrá realizar en otros, siempre con cargo al productor, fabricante, importador, comercializador o prestador de servicios a quien se efectúe la visita.
Las dependencias competentes presumirán el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en aquellos casos en que el interesado cuente con certificado expedido por organismo nacional de certificación.
Artículo 92. De cada visita de verificación efectuada por el personal de las dependencias competentes o unidades de verificación, se expedirá un acta detallada, sea cual fuere el resultado, la que será firmada por el representante de las dependencias o unidades, en su caso por el del laboratorio en que se hubiere realizado, y el fabricante o prestador del servicio si hubiere intervenido.
La falta de participación del fabricante o prestador del servicio en las pruebas o su negativa a firmar el acta, no afectará su validez
Artículo 93. Si el producto o el servicio no cumplen satisfactoriamente las especificaciones, la Secretaría o la dependencia competente, a petición del interesado podrá autorizar se efectúe otra verificación en los términos de esta Ley.
Esta verificación podrá efectuarse, a juicio de la dependencia, en el mismo laboratorio o en otro acreditado, en cuyo caso serán a cargo del productor, fabricante, importador, comercializador o del prestador de servicios los gastos que se originen. Si en esta segunda verificación se demostrase que el producto o el servicio cumple satisfactoriamente las especificaciones, se tendrá por desvirtuado el primer resultado. Si no las cumple, por confirmado.
Artículo 94. Para los efectos de esta ley se entiende por visita de verificación:
I. La que se practique en los lugares en que se realice el proceso, alguna fase del mismo, de productos, instrumentos para medir o servicios, con objeto de constatar ocularmente que se cumple con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, así como comprobar lo concerniente a la utilización de los instrumentos para medir; y/o
II. La que se efectúe con objeto de comprobar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, el contenido neto y, en su caso, la masa drenada; determinar los ingredientes que constituyan o integren los productos, si existe obligación de indicar su composición comercial o la ley de los metales preciosos. Dicha verificación se efectuará, tratándose de lotes de productos, sobre el número de unidades representativas conforme a las normas oficiales mexicanas y en los laboratorios del fabricante si cuenta con el equipo que se requiere, o en los acreditados por la Secretaría.
Cuando exista concurrencia de competencia, la verificación la realizarán las dependencias competentes de acuerdo a las bases de coordinación que se celebren.
Artículo 95. Las visitas de verificación que lleven a cabo la Secretaría y las dependencias competentes, se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado, previa identificación vigente y exhibición del oficio de comisión respectivo.
La autoridad podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, en cuyo caso el oficio de comisión expresará tal autorización.
Artículo 96. Los productores, propietarios, sus subordinados o encargados de establecimientos industriales o comerciales en que se realice el proceso o alguna fase del mismo, de productos, instrumentos para medir o se presten servicios sujetos al cumplimiento de la presente ley, tendrán la obligación de permitir el acceso y proporcionar las facilidades necesarias al personal comisionado por la Secretaría o por las dependencias competentes para practicar las visitas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el presente título.
Cuando los productores, propietarios o encargados decidan voluntariamente utilizar los servicios de verificación prestados por las personas físicas o morales a que se refieren los artículos 104 y 105 de esta ley.
Artículo 97. De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien
se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquella se hubiese negado a proponerlos.
De toda se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiese negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se trate.
Artículo 98. En las actas se hará constar:
I. Nombre, denominación o razón social del establecimiento;
II. Hora, día, mes y año en que inicie y en que concluya la diligencia;
III. Calle, número, población o colonia, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;
IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivo;
V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;
VII. Datos relativos a la actuación;
VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien la llevó a cabo.
Artículo 99. Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación, podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en ella o, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya levantado.
Artículo 100. La separación o recolección de muestras de productos, sólo procederá cuando deba realizarse la verificación a que se refiere la fracción II del artículo 94, así como cuando lo solicite el visitado.
Artículo 101. La recolección de muestras se efectuará con sujeción a las siguiente formalidades:
I. Solo las personas expresamente autorizadas por la Secretaría o por la dependencia competente podrán recabarlas.
También podrán recabar dichas muestras, los organismos de certificación y las unidades de verificación únicamente cuando lo soliciten los propietarios o encargados de establecimientos;
II. Las muestras se recabarán en la cantidad estrictamente necesaria, la que se constituirá por:
a) El número de piezas que en relación con los lotes por examinar, integren el lote de muestra conforme a las normas oficiales mexicanas; y
b) Una o varias fracciones cuando se trate de productos que se exhiban a granel, en piezas, rollos, tiras o cualquiera otra forma y se vendan usualmente en fracciones;
III. Las muestras se seleccionarán al azar y precisamente por las personas autorizadas;
IV. A fin de impedir su sustitución, las muestras se guardarán o asegurarán, en forma tal que no sea posible su violación sin dejar huella; y
V. En todo caso se otorgará, respeto a las muestras recabadas, el recibo correspondiente.
Artículo 102. Las muestras se recabarán por duplicado, quedando un tanto de ellas en resguardo del establecimiento visitado. Sobre el otro tanto se hará la primera verificación, si de ésta se desprende que no existe contravención alguna a la norma de que se trate, o a lo dispuesto en esta ley o demás disposiciones derivadas de ella quedará sin efecto la otra muestra y a disposición de quien se haya obtenido.
Si de la primera verificación se aprecia incumplimiento a la norma oficial mexicana respectiva o en le contenido neto o masa drenada, se repetirá la verificación si así se solicita, sobre el otro tanto de las muestras en laboratorio acreditado diverso y previa notificación al solicitante.
Si del resultado de la segunda verificación se infiere que las muestras se encuentran en el caso del primer párrafo de este artículo, se tendrá por aprobado todo el lote. Si se confirmase la deficiencia encontrada en la primera se procederá en los términos del artículo 57.
Se deberá solicitar la segunda verificación dentro del término de cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tuvo conocimiento del resultado de la primera verificación. Si no se solicitare quedará firme el resultado de la primera verificación.
Artículo 103. Las muestras podrán recabarse de los establecimientos en que se realice el proceso
o alguna fase del mismo, invariablemente previa orden por escrito.
Si las muestras se recabasen de comerciantes se notificará a los fabricantes, productores o importadores para que, si lo desean, participen en las pruebas que se efectúen.
Artículo 104. De las comprobaciones que se efectúen como resultado de las visitas de verificación se expedirá un acta en las que se hará constar:
I. Si el sobre, envase o empaque que contenga las muestras presenta o no huellas de haber sido violado, o en su caso, si el producto individualizado no fue sustituido;
II. La cantidad de muestras en que se efectuó la verificación;
III. El método o procedimiento empleado, el cual deberá basarse en una norma;
IV. El resultado de la verificación; y
V. Los demás datos que se requiera agregar.
Las actas, deberán ser firmadas por las personas que realizaron o participaron en las pruebas, y por el responsable de laboratorio, si se trata de laboratorios acreditados. En los demás casos por el representante de la Secretaría o dependencia competente que hubiese intervenido y el del productor, fabricante, distribuidor, comerciante o importador, que hayan participado y quisieran hacerlo. Su negativa a firmar no afectará la validez del acta.
Artículo 105. Los informes a que se refiere el artículo precedente, cualquiera que sea su resultado se notificará dentro de un plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del informe de laboratorio, a los fabricantes, o a los distribuidores, comerciantes o importadores si a estos les fueron recabadas las muestras. Tratándose de las personas a que se refiere el artículo 84, los informes deberán notificarse dentro de un plazo de 2 días hábiles siguientes a la recepción del informe de laboratorio, a la dependencia competente.
Si el resultado fuese en sentido desfavorable al productor, fabricante, importador, distribuidor o comerciante, la notificación se efectuará en forma tal que conste la fecha de su recepción.
Artículo 106. Al notificarse el resultado de la verificación, las muestras quedarán a disposición de la persona de quien se recabaron, o en su caso el material sobrante si fue necesaria su destrucción, lo que se hará saber a dicha persona para que lo recoja dentro de los tres días hábiles siguientes si se trata de artículos perecederos o de fácil descomposición.
Los fabricantes, productores e importadores tendrán obligación de responder a los distribuidores o comerciantes las muestras recogidas de ellos que resulten destruidas.
Cuando se trate de productos no perecederos, si en el lapso de un mes contado a partir de la fecha de notificación del resultado, no son recogidas las muestras o el material sobrante, se les dará el destino que estime conveniente quien las haya recabado.
Artículo 107. Si de la verificación se desprende determinada deficiencia del producto, se procederá de la siguiente forma:
I. Si se trata de incumplimiento de especificaciones fijadas en normas oficiales mexicanas se estará a lo dispuesto en el artículo 57;
II. Si se trata de deficiencias en el contenido neto a la masa drenada, se estará a lo dispuesto en el artículo 23;
III; Si los materiales, elementos, substancias o ingredientes que constituyan o integren el producto no corresponden a la indicación que ostenten o el porcentaje de ellos sea inexacto en perjuicio del consumidor, se prohibirá la venta de todo el lote o, en su caso, de toda producción similar, hasta en tanto se corrijan dichas indicaciones. En este caso de no ser esto posible, se permitirá su venta al precio correspondiente a su verdadera composición, siempre y cuando ello no implique riesgos para la salud humana, animal o vegetal o a los ecosistemas; y
IV. Si se trata de la prestación de un servicio en perjuicio del consumidor, se suspenderá su prestación hasta en tanto se cumpla con las especificaciones correspondientes.
Las resoluciones que se dicten con fundamento es este artículo serán sin perjuicio de las sanciones que procedan.
Artículo 108. Siempre que se trate de la verificación de especificaciones contenidas en normas oficiales mexicanas, del contenido neto, masa drenada, composición de los productos o ley de metales preciosos, en tanto se realiza la verificación respectiva el lote de donde
obtuvieron las muestras, sólo podrá comercializarse bajo la estricta responsabilidad del propietario del establecimiento o del órgano de administración o administrador único de la empresa.
Solamente en los casos, en que exista razón fundada para suponer que la comercialización del producto puede dañar gravemente la salud de las personas, de los animales o de las plantas, o irreversiblemente el medio ambiente o los ecosistemas, el lote de donde se obtuvieron las muestras no podrá comercializarse y quedará en poder y bajo la responsabilidad del propietario del establecimiento o del consejo de administración o administrador único de la empresa de donde se recabaron. De no encontrarse motivo de infracción se permitirá de inmediato la comercialización del lote.
De comprobarse incumplimiento a las especificaciones o a la indicación del contenido neto, masa drenada, composición del producto o ley del metal precioso, se procederá como se indica en el artículo anterior.
Cuando el procedimiento de verificación y muestreo se refiera a productos, actividades o servicios regulados por la Ley General de Salud, se estará a lo dispuesto en dicho ordenamiento legal.
Artículo 109. Cuando sean inexactos los datos o información contenidos en las etiquetas, envases o empaques de los productos, cualesquiera que éstos sean, así como la publicidad que de ellos se haga, la Secretaría o las dependencias competentes de forma coordinada podrán ordenar se modifique, concediendo el término estrictamente necesario para ello, sin perjuicio de imponer la sanción que proceda.
TÍTULO SEXTO
De los incentivos, sanciones y recursos
CAPÍTULO I
Del premio nacional de calidad
Artículo 110. Se instituye el Premio Nacional de Calidad con el objeto de reconocer y premiar anualmente el esfuerzo de los fabricantes y de los prestadores de servicios nacionales, que mejoren constantemente la calidad de procesos industriales, productos y servicios, procurando la calidad total.
Artículo 111. El procedimiento para la selección de los acreedores al premio mencionado, la forma de usarlo y las demás prevenciones que sean necesarias, las establecerá el reglamento de esta ley.
CAPÍTULO II
De las sanciones
Artículo 112. El incumplimiento a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, será sancionado administrativamente por las dependencias conforme a sus atribuciones y en base a las actas de verificación y dictámenes de laboratorios acreditados que les sean presentados a la dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de la norma conforme lo establecido en esta Ley. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales, las sanciones aplicables serán las siguientes:
I. Multa hasta por el importe de 20 mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento que se cometa la infracción. Cuando persista la infracción podrán imponerse multas por cada día que transcurra;
II. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total;
III. Arreglo hasta por treinta y seis horas; y
IV. Suspensión y revocación del acreditamiento.
Artículo 113. En todos los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior, sin que en cada caso su monto total exceda del doble máximo fijado en el artículo anterior.
Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.
Artículo 114. Las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas, en los resultados de las comprobaciones o verificaciones, en los datos que ostenten los productos, sus etiquetas, envases, o empaques en la omisión de los que deberían ostentar, en base a los documentos emitidos por las personas a que se refiere el artículo 84 de la ley o con base en cualquier otro elemento o circunstancia de la que se infiera en forma fehaciente infracción a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella. En todo caso las resoluciones en materia de sanciones deberán
ser fundadas y motivadas y tomando en consideración los criterios establecidos en el artículo siguiente.
Artículo 115. Para la determinación de las sanciones deberá tenerse en cuenta:
I. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
II. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los consumidores; y
III. Las condiciones económicas del infractor.
Artículo 116. Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, las multas se determinarán separadamente y, por la suma resultante de todas ellas, se expedirá la resolución respectiva.
También cuando en una misma acta se comprendan dos o más infractores, a cada uno de ellos se impondrá la sanción que preceda. Si el infractor no intervino en la diligencia se le dará vista del acta por el término de diez días hábiles, transcurrido el cual, si no desvirtua la infracción, se le impondrá la sanción correspondiente.
Cuando el motivo de una infracción sea el uso de varios instrumentos para medir, la multa se computará en relación con cada uno de ellos y si hay varias prevenciones infringidas también se determinarán por separado.
Artículo 117. Las sanciones que procedan de conformidad con esta ley y demás disposiciones derivadas de ella se impondrá sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores.
Artículo 118. La Secretaría, de oficio o a petición de las dependencias competentes, previo cumplimiento de la garantía de audiencia, podrá suspender el acreditamiento de los organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, laboratorios de pruebas y de calibración y unidades de verificación cuando:
I. No proporcionen a la Secretaría o a las dependencias competentes en forma oportuna y completa los informes que les sean requeridos respecto a su funcionamiento y operación;
II. Se impidan u obstaculicen las funciones de verificación y vigilancia de la Secretaría o de las dependencias competentes; y
III. Se disminuyan los recursos o la capacidad necesaria para emitir los dictámenes técnicos o las certificaciones en áreas determinadas, caso en el cual la suspensión se concentrará en el área respectiva.
En el caso de los organismos de certificación, además de lo dispuesto en las fracciones anteriores, procederá la suspensión, cuando se deje de observar lo dispuesto por los artículos 79 y 80.
Tratándose de los organismos nacionales de normalización procederá la suspensión cuando se incurra en el supuesto de las fracciones I y II de este artículo o se deje de cumplir con alguno de los requisitos u obligaciones a que se refieren los artículos 65 y 66.
Para los laboratorios de calibración, además de lo dispuesto en las fracciones anteriores, procederá la suspensión cuando se compruebe que se ha degradando el nivel de exactitud con que fue autorizado o no se cumpla con las disposiciones que rijan el funcionamiento del Sistema Nacional de Calibración.
La suspensión durará en tanto no se cumpla con los requisitos u obligaciones respectivas, pudiendo concretarse ésta sólo al área de incumplimiento cuando sea posible.
Artículo 119. La Secretaría, de oficio o a petición de las dependencias competentes o de la Comisión Nacional de Normalización, previo cumplimiento de la garantía de audiencia, podrá revocar el acreditamiento de los organismos de certificación, laboratorios de pruebas y de calibración y unidades de verificación, cuando:
I. Emitan certificados o dictámenes falseados;
II. Nieguen reiteradamente o injustificadamente a proporcionar el servicio que se le solicite;
III. Tratándose de la suspensión fundada en las fracciones I y II del artículo precedente, reincidan en la misma infracción, así como cuando la disminución de recursos o de capacidad para emitir certificados o dictámenes se prolongue por más de tres meses consecutivos; o
IV. Renuncien expresamente el acreditamiento concedido para operar.
Cuando se trate de unidades de verificación, además de lo dispuesto en las fracciones anteriores, procederá la revocación, cuando hagan mal uso de su contraseña o la del organismo nacional de certificación que supervise sus actividades.
La revolución del acreditamiento conllevará la prohibición de ejercer las actividades que se hubieren autorizado y de hacer cualquier alusión al acreditamiento, así como la de utilizar cualquier tipo de información o símbolo pertinente al acreditamiento
Artículo 120. La Secretaría, de oficio, o a petición de las dependencias competentes o de la Comisión Nacional de Normalización, previo cumplimiento de la garantía de audiencia podrá revocar el acreditamiento de los organismos nacionales de normalización cuando:
I. Se incurra en el supuesto de la fracción I del artículo 118 o de la fracción III del artículo anterior;
II. Se expidan normas mexicanas sin que haya existido consenso o que sea evidente que se pretendió favorecer los intereses de un sector; y
I. Tratándose de suspensión fundada en el párrafo tercero del artículo 118, se reincida en la misma infracción, así como cuando la disminución de recursos o de capacidad para expedir normas se prolongue por más de tres meses consecutivos.
CAPÍTULO III
Del recurso administrativo
Artículo 121. Las personas afectadas por las resoluciones dictadas con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán recurrirlas administrativamente por escrito, que presentarán ante la autoridad que haya pronunciado la resolución, dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación.
Artículo 122. El recurrente deberá acompañar al recurso lo siguiente:
I. Los documentos que acrediten legalmente su personalidad; exhibiendo la documentación respectiva, cuando el recurso no se interponga a nombre propio;
II. Copia del documento en que conste el acto impugnado; y
III. Las pruebas que ofrezca y que tengan relación directa con los hechos constitutivos de la infracción.
Artículo 123. Excepto la confesional en el recurso administrativo podrán ofrecerse toda clase de pruebas, siempre que tengan relación con los hechos que constituyan la motivación de la resolución recurrida. Al interponerse el recurso deberán ofrecerse las pruebas correspondientes y acompañarse las documentales.
Artículo 124. Si se ofreciesen pruebas que ameritasen ulterior desahogo, se concederá al interesado un plazo, no menor de 8 ni mayor de 30 días hábiles, para tal efecto.
Quedará a cargo del recurrente la presentación de testigos, dictámenes y documentos. De no presentarlos dentro del término concedido, la prueba correspondiente no se tendrá en cuenta al emitir la resolución respectiva.
En lo no previsto en este capítulo será aplicable supletoriamente, en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 125. El recurso se tendrá por no interpuesto cuando:
I. Se presenten fuera del término a que refiere el artículo 121;
II. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad jurídica del recurrente; y
III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del término para interponerlo.
Artículo 126. Las resoluciones no recurridas dentro del término establecido en el artículo 121, así como las dictadas al resolver los recursos o tenerlos por no interpuestos, tendrán administrativamente el carácter de definitivas.
Artículo 127. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada por cuanto al pago de multas, siempre que se garantice su importe, en los términos del reglamento de esta ley.
Respecto de resoluciones que no impliquen pago de multas, la suspensión sólo se otorgará si ocurren los siguientes requisitos:
I. Que la solicite el recurrente;
II. Que el recurso sea procedente, atento a lo dispuesto en el artículo 125;
III. Que no se permita la consumación o continuación de actos y omisiones que impliquen
inobservancia o contravención a lo dispuesto en esta ley;
IV. Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del recurrente; y
V. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor a los 15 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 26 de enero de 1988.
Tercero. La vigencia de las normas o especificaciones técnicas, criterios, reglas, instructivos, circulares lineamientos y demás disposiciones de naturaleza análoga de carácter obligatorio, en las materias a que se refiere esta ley, que hayan sido expedidas por las dependencias de la Administración Pública Federal con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, no podrá exceder de 15 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Cuarto. Para los efectos del artículo 91, durante los 365 días naturales posteriores a la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Federación, también podrán hacerse las verificaciones en los laboratorios de la secretaría o de las dependencias competentes. Transcurrido este plazo, sólo los laboratorios acreditados públicos o privados podrán servir para este propósito.
Quinto. Las normas oficiales mexicanas de carácter voluntario que hayan sido expedidas con anticipación a la entrada en vigor de esta ley quedarán vigentes. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley, la Secretaría mediante acuerdo deberá modificar su denominación por el de normas mexicanas. La secretaría podrá expedir normas mexicanas en las áreas no cubiertas por organismos nacionales de normalización. Las normas mexicanas que expida la secretaría en los términos del presente artículo, deberán distinguirse de las expedidas por los organismos nacionales de normalización.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a junio de 1992.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
*LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma el artículo 3o., de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En atención a este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los señores diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Josafat Arquímedes García Castro: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Esta Presidencia hace del conocimiento de la Asamblea que se han registrado en pro, los diputados; Tomás González de Luna, Francisco Dorantes, Guillermo Sánchez Nava y Félix Bautista.
No habiendo oradores en contra.
Tiene el uso de la palabra el diputado Tomás González de Luna.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez (desde su curul): - Señor Presidente, me inscribo en contra.
El Presidente: Está manifestando el diputado Francisco Dorantes, en contra. Tiene la palabra.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El aprobar la reforma de este artículo 3o., de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, no implica más que votar a favor; pero en este caso,
*Este documento se publicó en el Diario No. 17 del día 11 de junio 1992.
como en todos, no es conveniente aprobar sin el análisis y reflexión de las consecuencias que producirá tal reforma para la misma sociedad que tenemos la obligación de proteger.
En verdad, compañeros diputados, ¿creen ustedes que con la reforma de este artículo se protegerá a las personas de los abusos de los servidores públicos arbitrarios denominados policías?
Hace más de 50 años existió una policía llamada Servicio Secreto, en la policía . Fue el Servicio Secreto la policía más respetada de la República. Algunas veces se les llamó a sus agentes "torquemadas", emulándolos con aquel sacerdote católico que se llamaba Tomás de Torquemada.
El Presidente: - Se ruega a los compañeros diputados guarden silencio, para poder oír al orador.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Aquel sacerdote católico Tomás de Torquemada, cuando aplicaba el tormento a los atormentados les decía: "Que era su culpa si morían en el tormento, por no confesarse culpables".
A medida que la civilización va avanzando , la sociedad va tomando más conciencia de los derechos humanos proclamados en la declaración universal de 1948, por las Naciones Unidas.
En nuestro orden jurídico, en 1975, las Naciones Unidas con su resolución 3452 adoptó la declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otras penas o tratos crueles o inhumanos y degradantes.
En 1984 la Asamblea General llegó a la adopción de la Convención contra la Tortura y otros tratos apenas crueles o inhumanos o degradantes, la cual fue ratificada por México el 23 de enero de 1986 y promulgada mediante decreto del 12 de febrero del mismo año, publicado en el Diario Oficial del 6 de marzo de 1987, o sea un año después.
Desde 1953, desde el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines, se fueron reprimiendo los actos de la policía arbitraria.
Quienes me conocen, saben que hemos luchado casi la mitad de la vida por la defensa o el respeto a las garantías individuales.
Pero en este caso, compañeros diputados, creo que el afán de cumplir con los tratados internacionales a este respeto, nos ha llevado al extremo de desproteger a la sociedad, pues con el afán de reprimir a la policía arbitraria se está reprimiendo o frenando a la policía que trabaja honradamente o policías eficientes.
¿Que está sucediendo? Que cada día vamos viendo como aumenta la criminalidad. El periódico El Sol de México hace tres semanas informó que han muerto 162 policías en lo que va del año y también agentes de la policía judicial.
¿Qué es lo que está sucediendo con tanta ley o tantas disposiciones legales? Lo que está sucediendo es que está frenando a la policía, a la buena policía, entregándola en manos del hampa, entregándole a la sociedad, que está desprotegida ya de por sí.
Es muy importante que nos demos cuenta de que no debemos reprimir tanto a la policía. En la ley que está todavía en este momento vigente, o sea el artículo 3o., en su segundo párrafo sensatamente estaba mencionado lo siguiente:
"No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales que sean inherentes o incidentales o incientales a ésta o derivados de un acto legítimo de autoridad".
Aquí en esta última frase "derivadas de un acto legítimo de autoridad", encuadra perfectamente el momento de la aprehensión en que un policía puede aprovechar el momento para poder obtener datos de una investigación.
Sin embargo ahora, al quitarle este párrafo, solamente se agrega, en lo que se propone para que se reforme, esto: "O se sospeche ha cometido o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada."
¿Qué sucede con esto? Que entonces la policía no tiene ya elementos para investigar, porque en principio el artículo que propone la comisión habla de que "no se inflingirán dolores o sufrimientos graves, sean físicos o síquicos".
Esto de lo síquico, es calidad del sique. Ustedes saben mejor que yo respecto de este concepto que cifra en los parámetros del conocimiento y el estudio del alma.
Vamos a tener que, si aplicamos esta ley o la aprobamos, vamos a tener que darle a cada agente de la policía el conocimiento de la psiquiatría, por lo menos unos seis meses de psicología, para que pueda aprender esto.
Hace unos días yo me entrevisté con la señora Regina Alemán Lenin, directora del Instituto de Formación Profesional de la Policía Judicial; es una persona muy capaz, muy responsable, con suficientes conocimientos para dirigir el instituto, quien me estuvo informando algunos aspectos. Y les puedo garantizar que no obstante la buena intención de la autoridad o de las altas autoridades, el policía aun no tiene los elementos para ser una policía que cumpla o llene los requisitos del artículo que se nos está proponiendo.
Por lo tanto ni siquiera, ni nuestra sociedad, imagínense ustedes, para no cometer el delito que aquí se menciona o violación de este artículo, de no cometer una tortura síquica, tuviera un agente de la policía que decirle a dos o tres violadores: "señores, buenas tardes, vengo de parte de la Procuraduría, para que vayan a la Procuraduría y tengan la bondad de acompañarme, y súbanse al carro, por favor". ¿Quién? ¿Cómo lo haríamos? Un delincuente así o un asaltante o asaltantes no permitirían esta forma de policía.
Esto, si me permiten hacer una comparación con la policía de Inglaterra, los bodies, por ejemplo, no traen armas, ninguna policía trae armas; aquí lo vemos, no lo inventé yo, en el Ordenamiento Jurídico y Sistema Judicial del Reino Unido, que me fue proporcionado por la misma embajada de Inglaterra. Aquí dice que ningún policía trae armas.
Hace años la policía todavía, hasta donde entiendo, le hablaba a un delincuente y le decía: ¡Queda usted detenido en nombre de su majestad, y aquél acataba e iba acompañando al agente. Hace unos 25 años la policía sufrió una baja, de un policía que mató a un hampón y parece que hay un acuerdo tácito entre la policía y hampa de Inglaterra, para que no maten o asesinen, no usen armas. Entonces la sociedad de Inglaterra se preguntaba si ya habían terminado ese acuerdo tácito entre la policía y el hampa; si así era, entonces el hampa se atuviera a las consecuencias. Pues la misma hampa detuvo al hampón y lo entregó a la policía.
Nuestra sociedad...Eso compañeros es para reflexionar, no es, digamos, para hacer mofa de lo que decimos, lo hago con la mejor intención, lo hago con la idea de proteger a la sociedad, porque cada día ustedes ven como aumenta la criminalidad, a cualquier hora pueden asaltar a la gente y el policía realmente ya está sufriendo una, digamos, si no desmoralización, sí está dándose cuenta de que ya no tiene el apoyo de la misma sociedad.
Por esto, cuando ustedes pueden ver problemas simplemente en el metro, vimos hace unos días a unos policías que querían someter a un carterista, el carterista los golpeó y alguien le dijo al teniente que los mandaba, y dice: ¡háganse respetar! ¡suénenle!; y él les dijo: ¡no!, ahora en estos tiempos preferimos que nos den un golpe a golpear a un delincuente. Entonces ¿qué está sucediendo señores diputados?, que estamos realmente desprotegiendo a la sociedad.
Por esta razón, yo hago una propuesta, que quedaría así:
"Artículo 3o. Comete el delito de tortura el servidor público que:
Párrafo primero. Con motivo de sus atribuciones infringa a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o de cualquier especie, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
Segundo párrafo. No se consideraran como tortura los actos legítimos de autoridad".
¿Por qué razón?, porque en la aprehensión o en el interrogatorio cualquier delincuente podría argumentar o alegar en su defensa ya frente al juez que fue sometido a una tortura síquica que ni siquiera define la comisión que nos propone este artículo, no define, tan por difícil que es, ¿qué cosa es tortura síquica?, debía de tener una norma explicativa de este concepto, sin embargo por esto creo que es conveniente que nos demos cuenta y sensatamente tratemos de proteger a la sociedad no frenando a los buenos policías. Muchas gracias. (Aplausos).
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente: - Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Francisco Agustín Arroyo.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Yo creo que la preservación, el aliento, el fomento de la cultura de los derechos humanos no está reñida ni con mucho con el tema de la seguridad pública, de la seguridad jurídica, de la integridad física de los elementos que componen los cuerpos de seguridad. El señor diputado Dorantes seguramente sabe porque prestó sus servicios en alguna corporación policiaca, de
los entretelones de las actividades, de las actividades y hasta de las costumbres que se hicieron casi usuales entre este tipo de servidores públicos
Para nadie es un secreto que la sociedad exige y nosotros atendemos al reclamo con toda puntualidad, un paquete que humanice la aplicación del derecho penal. No podría yo aburrirlos con mencionar todas y cada una de las reformas que se han dado a los códigos, en cuanto a la despenalización, en cuanto a menores infractores y evidentemente también la adición del 102 y su próxima reglamentación.
Al efecto, la Ley de Prevención y Sanción de la Tortura recientemente aprobada por esta Soberanía da cuenta de elementos sustanciales que le permiten a la sociedad vivir en un marco de mayor seguridad y de certeza jurídica. Eleva las penas, las multas, inhabilita a quien comete este delito por demás deleznable. La sanción para quien la comete pero también la contempla para quien la permite o para quien no informa que se está cometiendo. Se contempla el pago de daños y perjuicios para las víctimas y la obligación subsidiaria del Estado pero he aquí quizá el elemento que motiva esta intervención, el de la prevención, el del afán de la sociedad mexicana por tener cuerpos policiacos capacitados, concientizados, profesionalizados y porque no decirlo, hasta amedrentarlos por la aplicación de una ley en caso de que se conduzcan en contra de la dignidad humana fundamental en nuestros tiempos y en todos los tiempos para esta situación.
Quisiera yo terminar diciendo o comentando que los parangones del señor Diputado Dorantes con los sistemas policiacos de Inglaterra, del Reino Unido de Londres, me recuerdan un artículo de Vicente Leñero respecto a lo difícil que resultaría o que les ha resultado a los escritores hacer una novela policiaca en México; aquí no habría un Watson a quien llamarle "elemental mi querido idem", aquí tendríamos nosotros en un momento dado que atender hacia otro argot en el que encontraríamos términos muy poco románticos como el de "madrina", "zorrero", "jaulero", "soplón", nos encontraríamos con que de repente la falta de conciencia, de preparación y hasta de recursos de nuestras policías nos llevarían a buscar un culpable y no al culpable. Yo creo que este tema por demás importante para la sociedad mexicana debemos de llevarlo todos en la médula de nuestras conciencias porque se trata en este caso de integrar a los elementos del delito también la intimidación para que una persona haga pero también para que una persona deje de hacer, léase, deje de denunciar el delito del que estamos hablando y al que todos nos interesa combatir.
La sociedad en su conjunto pues, considera y seguramente como ustedes van a considerar, una adecuada adecuación a la norma; un perfeccionamiento de nuestra normatividad que busca el imperio irrestricto de la dignidad de la persona humana a la que nunca podríamos renunciar. Muchas gracias.
El Presidente: - Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
No se trata, reitero, de defender a los malos policías, ni el hecho de que el suscrito.. el que habla, perdón, haya sido o no policía, lo que se ve en el fondo de esto es lo que sí es romántico, pero demasiado romántico, el hecho que por una simple disposición se acabe la tortura.
Yo les puedo garantizar que la tortura no se va a acabar; de alguna forma la tortura será, lo que se trata es de frenar a los malos policías.
Y no inventé esto ni quise aludir a una novela, lo que yo les mencioné respecto de Inglaterra, no lo leí en una novela, yo se los mencioné que es el ordenamiento jurídico y sistema judicial en el Reino Unido y que en el página 10, dice: "Por regla general en Gran Bretaña, los agentes de policía no portan arma de fuego, aunque en casos de emergencia pueden proporcionarles con rapidez armas de fuego mediante autorización de un oficial de categoría superior".
Lo que quiero decir con esto, es que nuestra sociedad no está apta para una clase de policías como la que se pretende tener o crear con cumplimiento de las obligaciones internacionales respecto de la Carta de San Francisco. No, lo que se trata es de que seamos sensatos y no entreguemos a la sociedad más al hampa.
Unos agentes de la policía me dijeron, cuando yo les pregunté acerca de esta situación y me dijeron lo que yo les refiero con todo respeto; dijo uno de ellos, o dijeron: A nosotros nos gustaría que el doctor Carpizo, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, trabajara como policía siquiera un año, para que se diera cuenta de lo que es ser policía. Ser policía no es nada más traer una pistola y perseguir
y correr detrás de un delincuente, también implica conocimientos , un grado de cultura también y humanidad, por qué no.
De otra manera, asimismo, nosotros, yo les digo no vengo a defender a los malos policías, ni siquiera a....
El Presidente: - Diputado Dorantes, me permite, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Cuando termine señor, porque no veo el caso, no veo el caso no sé para qué, qué caso tendría, dígame.
No veo el caso realmente, lo único que yo quiero llamar la atención de la Asamblea, es que no debemos de entregar a la sociedad en manos del hampa, cada día se frena más a la policía.
Cuando en 1950 o 1955 mataban un policía, la policía, el servicio secreto, la judicial, no paraba hasta detener a aquél que había asesinado al policía entonces había más respeto por la autoridad; ahora no, el hampa, la delincuencia trae mejores armas.
Y dijo Jiménez Lacroix, palabra más o palabras menos en su análisis criminal El delincuente potencialmente es más hábil, más preparado y más inteligente que el mismo policía.
Si nosotros sumando a esto, frenamos a la policía, pues entonces nosotros estamos entregando a la sociedad en manos del hampa; como ustedes podrán analizarlo sensatamente, se darán cuenta de la criminalidad cómo ha aumentado y cómo está desprotegida la sociedad. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Tomás González de Luna, para hablar en pro.
El diputado Tomás González de Luna: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputadas y diputados:
El voto de la fracción parlamentaria Independiente en relación al proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, la fracción parlamentaria Independiente sostiene, en primer término, que hay un avance en la legislación al elevar a rango constitucional los derechos humanos.
Así también estimamos que es un hecho positivo se sancione la tortura, a la luz de los lineamientos que establecen los tratados internacionales sobre la materia, pues tipificar la tortura como un delito grave que comete un servidor público con motivo de sus atribuciones, es un hecho que limita la conducta y la acción del Estado en relación a los ciudadanos; permite a la ciudadanía ejercer sus derechos y pugnar por sus prerrogativas ante el poder público; evita que el Estado se manifieste ante la sociedad civil con prepotencia e impunidad.
Una disposición como la que comentamos, implica que el poder público de nuestro país reconozca los más recientes postulados que la teoría política y los países más avanzados utilizan como expresiones de nuestra civilización y del actual desarrollo de la humanidad.
Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria Independiente vota a favor de la iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para razonar su voto, el diputado Guillermo Sánchez Nava.
El diputado Guillermo Sánchez Nava: - Señor Presidente; diputadas y diputados:
Desde el 18 de abril de 1985, México por conducto del Ejecutivo Federal, suscribió la convención contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Para ello, la Cámara de Senadores hubo de ratificarla en su sesión del 9 de diciembre de 1985, donde además de definir la tortura, se estableció en dicha convención que todo Estado parte, tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.
Queremos además señalar que nuestro país suscribió igualmente la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que nos ofrece una definición complementaria, pero más desarrolladas que la convención de la Organización de las Naciones Unidas.
La definición de tortura señala: " se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente, por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin".
"Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia física".
Definió también con mayor precisión quienes serán los responsables del delito de tortura.
a) Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter, ordenen, instiguen induzcan a su comisión, lo cometan directamente, o que pudiendo impedirlo, no lo hagan.
b) Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a, ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.
De lo antes citado, consideramos que si bien es cierto que la iniciativa del Ejecutivo para reformar el artículo 3o., de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, es una importante adecuación de nuestra legislación interna a la legislación en el ámbito internacional que nuestro país ha suscrito, especialmente a la Convención Universal antes citada, consideramos que aún es insuficiente, por el hecho de que como se demostró con la cita expuesta, en la legislación de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, matiza y desarrolla con mayor precisión la definición del concepto tortura y establece con exactitud quiénes serán responsables de la misma.
Creemos que es necesario que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura sea un instrumento legal más desarrollado y acorde con lo más avanzado de la legislación de la materia en el ámbito internacional. Se requiere entonces abatir el rezago que en esta materia tiene nuestra legislación.
Reconocemos que la presente administración se ha visto obligada a poner especial énfasis en la promoción y defensa de los derechos humanos y que se han logrado avances importantes en la lucha contra la tortura, tal como se afirma en el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, es necesario reconocer que aún en estos momentos, la tortura desde el punto de vista de las definiciones internacionales mencionadas, sigue siendo utilizada por diversas autoridades, especialmente las judiciales, como un procedimiento de uso común para arrancar confesiones o para chantajear a los presuntos delincuentes.
La norma, aunque perfectible en nuestro país, aún no es garantía suficiente para evitar la violación de los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su último informe señala: "los casos más registrados fueron, en orden de secuencia: detención arbitraria, negación de justicia, abuso de autoridad, dilación en la procuración de justicia, falsa acusación, vicios en el procedimiento, tortura, violación de los derechos de los reclusos inconformidad con la sentencia, laudo o resolución y negativas a la solicitud de atención médica".
Señala también que en los dos primeros semestres, del total de quejas recibidas, el primer lugar de entre los hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos, lo ocupó la tortura; en el tercer semestre ocupó el tercer sitio con 6.2% del total de quejas recibidas y que en este cuarto semestre ocupó el séptimo con 2.9%, con 134 quejas, lo cual significa que aún cuando el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tortura ha disminuido en términos porcentuales, comparativamente con otras violaciones a los derechos humanos, la tortura sigue siendo un motivo de preocupación para todos aquellos que defendemos el estado de derecho.
Es claro que un promedio de prácticamente una queja diaria por este motivo, debe ser causa de preocupación de esta soberanía, que nos debe obligar a mejorar nuestra legislación y sobre todo a establecer mejores mecanismos para prevenir la tortura.
Conviene reiterar lo que todos podemos entender y sabemos: las quejas que recibe la Comisión Nacional de Derechos Humanos son sólo una muestra representativa , por cierto, de lo que realmente sucede a lo largo y ancho del país.
Señores diputados; una reflexión: como hemos dicho esta ley representa un avance, pero creo que falta un paso que es fundamental. Efectivamente cambiar de manera radical las estructuras y la mentalidad de los cuerpos policiacos y administrativos; mientras no se cambien los jefes policiacos, los comandantes que muchas de las veces no son profesionistas sino son gente que tiene una carrera policiaca, que no tiene una cultura que acorde a los cambios legislativos y a la modernidad ciudadana, muchos de los jefes policiacos, comandantes, directores de la Policía Judicial, comandantes de seguridad pública, en todo el país, mientras no se cambien a estos jefes, mientras no se ponga gente capacitada profesionalmente y en todos los aspectos, repito, creemos que esta ley puede quedar, como muchas otras leyes, en el papel y por eso es que nuestra reflexión y nuestro llamado para que en verdad, en verdad, se tomen todas las medidas adecuadas para cambiar, repito, esa estructura y esa mentalidad policiaca que en el campo y en los medios urbanos se sigue aplicando la tortura.
Finalmente, votaremos a favor del dictamen en discusión, porque creemos que en esta materia
los avances legislativos, aunque todavía perfectibles, contribuyan a que en nuestro país se vaya erradicando para siempre la práctica de la tortura, tan nociva y funesta para nuestra sociedad.
Atentamente la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Félix Bautista, en pro.
El diputado Félix Bautista Matías: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La posición del Partido del Frente Cardenista es la siguiente:
La tortura es una de las formas perversas del ejercicio del poder político; es un procedimiento que viola flagrantemente las garantías individuales y genera directamente, se admita o no, formas autonomizadas del poder al interior del estado.
Las bandas policiacas y todos los cuerpos de seguridad que utilizan o han utilizado la tortura para obtener información, castigar o prevenir conductas, generan al interior del aparato estatal una especie de poder dual o poder en las sombras, cuyo contacto con el poder visible , con el poder del derecho, que se encarga a funcionarios obscuros de la administración pública.
Las sombras anómalas del poder, los responsables de la tortura, las desapariciones y demás formas de terrorismo paraestatal, sólo se perciben cuando desde la sociedad civil o desde el gobierno se vuelven ingobernables o amenazan la estabilidad política y social o al mismo aparato estatal.
El problema de la tortura no sólo tiene que ver con los derechos humanos, las garantías individuales y el estado de derecho, sino también con una unidad del aparato estatal y de la homogeneidad del poder político estatal.
El problema más grave de la tortura, además de atentar contra la integridad física y la dignidad del hombre y de todas las formas sucias del poder, es el de constituir formas estatales dentro del mismo Estado, formas perversas del poder político, cuya funcionalidad ha terminado por generar más problemas de legitimidad del gobierno o de uniformidad en el Estado.
En México, después de las tristes experiencias de los años sesenta, de la lucha antiguerrillera de los setenta, las desapariciones, la lucha contra el narcotráfico y las explosiones civiles y electorales de los años ochenta, los asesinatos de periodistas y luchadores sociales, han generado un movimiento social y político para atender la práctica y la legislación del respeto a los derechos humanos.
Las iniciativas de reforma constitucional del artículo 102, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las modificaciones a los códigos penales y la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, son la muestra palpable de que después de muchos años de denuncia, la lucha por la erradicación de la tortura y los derechos humanos, ya son una parte importante de las políticas públicas.
No sólo al interior del país sino crecientemente en las de relaciones bilaterales y multilaterales en los foros internacionales y los convenios firmados por nuestro país. Sin duda la tipificación de la tortura es imprescindible para ejercer acción judicial o incluso para prevenirla.
En la actual legislación su definición es limitada, sólo incluye los daños físicos o síquicos para obtener información, confesión o infringir castigo, sin embargo, la práctica de la tortura es variable y no sólo se da sobre conductas ya ejercidas y presumidas como delictuosas sino también sobre la coacción, la intimidación y la extorsión.
No incorporar en la ley para prevenir y sancionar la tortura todas las formas de coacción o intimidación, sería desconocer una práctica concreta y permitir, por la vía de la omisión, la comisión de prácticas nefastas de la violencia desde el mismo Estado.
Por consiguiente, nuestro partido, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, considera favorable y congruente la adición al artículo 3o., de la figura de la coacción como definitoria del delito de tortura. Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del Proyecto de Decreto.
El secretario Josafat Arquímides García Castro: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Se pide a la Secretaría consulte a la Asamblea si se acepta o se rechaza en votación económica la propuesta presentada por el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez.
El secretario Josafat Arquímedes García Castro: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
El secretario Josafat Arquímides García Castro: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación)
Señor Presidente, se emitieron 359 votos en pro y dos abstenciones.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único del decreto por 359 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 3o., de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
El secretario Josafat Arquímides García Castro: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Primer año. - LV Legislatura.
Orden del día.
18 de junio de 1992
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXXI aniversario luctuoso del general Leandro Valle Martínez, tendrá lugar el 23 de junio en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, Delegación Política Miguel Hidalgo, a las 10:00 horas.
Minutas.
Con proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Juan José Padilla Torres, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la república francesa.
Con proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Noemí Peña Díaz y Víctor Días Murillo, para que puedan prestar servicios como secretaría y gestor conductor, respectivamente, en la embajada de la república islámica de Irán, en México.
Con proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Tomás Antonio Olascoaga García, para que pueda prestar servicios como chofer en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
Con proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Luis Fausto Martínez Uribe, para que pueda prestar servicios como empleado consular en el consulado general de los Estados Unidos de América, en ciudad de Juárez, Chihuahua.
Con proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Hilda Bertha Franco Vizcarra, Gilda Gil Chávez, Adriana González Quintana, Norma Hernández Barquera, María Elena Tinoco de la Cruz, Roberto Méndez García, Miguel Rodríguez Pérez, Fernando Rodríguez Arcos, Enrique Solares Núñez y Alejandro Granillo Meade, para que puedan prestar servicios en la embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Denuncia del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación generada a partir de la Represión de los Damnificados en Guadalajara, Jalisco.
Dictámenes a discusión.
De las comisiones Comercio y de Patrimonio y Fomento Industrial, con Proyecto de Ley Federal de Metrología y Normalización.
Dictámenes de primera lectura con los que la Secretaría dé Cuenta.»
El Presidente (a las 9.09 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 18 de junio a las 11.00 horas.
Sesión secreta.