Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19920710 - Número de Diario 26
(L55A1P1oN026F19920710.xml)Núm. Diario: 26ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D. F., viernes 10 de julio de 1992 No. 26
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Baja California. De enterado.
MINUTA DE LA COLEGISLADORA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (I)
Con proyecto de decreto, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, pueda prestar sus servicios en la Embajada del Reino Unido de Bélgica en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CÓDIGO PENAL
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal. Es de primera lectura.
NOMBRAMIENTOS
De la Comisión de gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia, en Monterrey, Nuevo León.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Guadalajara, Jalisco.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (II)
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto que concede permiso al ciudadano Miguel López Martel, para trabajar en la embajada de Tailandia, en México.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (I)
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Valencia Carmona quien a nombre de la comisión fundamenta el dictamen.
Para expresar sus opiniones en lo general y fundamentar su voto hacen uso de la palabra los diputados:
Ricardo Valero Recio Becerra, en contra.
Laura Alicia Garza Galindo, en pro.
Ricardo Valero Recio Becerra, para rectificar hechos.
Martín Tavira Urióstegui, en pro.
José Berrospe Díaz, en pro.
Adolfo Kunz Bolaños, en pro.
Víctor Orduña Muñoz, en pro.
César Augusto Santiago Ramírez, en pro.
Carlos González Durán, para rectificar hechos.
La Asamblea aprueba que la votación en lo general y en lo particular, se realice en un solo acto, al término de la discusión.
Para expresar sus opiniones y hacer diversas propuestas, hacen uso de la palabra los diputados:
Carlos González Durán
Felipe Ocampo Ocampo
Rafael Cañedo Benítez
Jesús Bazaldúa González
Víctor Martín Orduña Muñoz
Abundio Ramírez Vázquez
Juana Hernández Mercado
Fernando Gómez Mont Urueta
Se ponen a consideración de la Asamblea las proposiciones realizadas durante el debate.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
INVITACIÓN
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta con una invitación del Gobierno de la República, al acto cívico conmemorativo del CXX aniversario luctuoso del Presidente Benito Juárez García. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados en dicho acto.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (II)
LEY ORGÁNICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS
De las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Energéticos, con proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Energéticos, diputado Pedro Ojeda Paullada.
A discusión en lo general, fundamental los votos de sus partidos los diputados:
Sebastián Guzmán Cabrera, en pro.
Lucas Adrián del Arenal Pérez, en pro.
Raúl Alvarez Garín, en contra.
Cuauhtémoc López Sánchez, en pro.
Juan Manuel Huezo Pelayo, en pro.
Gabriela Guerrero Oliveros, en pro.
Cecilia Soto González en pro.
José Treviño Salinas, en pro.
Raymundo Cárdenas Hernández, en contra.
Fidel Herrera Beltrán, en pro.
Julio César García Hernández, en contra.
Manuel Terrazas Guerrero, en pro.
Miguel Osorio Marbán, en pro.
La Asamblea, en votación económica, aprueba que se realice una sola votación en lo general y en lo particular, al término del debate.
Para la discusión en lo particular, de los artículos reservados y hacer diversas proposiciones, hacen uso de la palabra los diputados: Raúl Alvarez Garín
Yolanda Elizondo Maltos
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Enrique Sada Fernández
Adrián del Arenal Pérez
Juan José Castillo Mota
Cecilia Soto González
Juan Manuel Huezo Pelayo
Abundio Ramírez Vázquez
Guillermo Mercado Romero
Enrique Rico Arzate
Juan Antonio Nemi Dib
Se someten a consideración las propuestas realizadas a debate.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta sesión.
COLEGIO ELECTORAL
Para conocer del resultado de las elecciones extraordinarias realizadas en el V distrito electoral federal del Estado de Coahuila.
Se dispensa la segunda lectura al dictamen correspondiente, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba.
Se levanta la sesión de Colegio Electoral.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE CALDERÓN SALAZAR
ASISTENCIA
El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 394 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente: - Esta Presidencia ha sido informada por los coordinadores de los grupos parlamentarios que algunas de las fracciones parlamentarias están finalizando reuniones. Además, hemos sido informados que algunas comisiones también están a punto de finalizar sus reuniones para incorporarse al trabajo de esta Asamblea. En consecuencia, se abre la sesión (a las 12.13 horas.)
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Julieta Mendívil Blanco:
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día 10 de Julio de 1992
Lectura del Acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Baja California.
Minuta
Con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, Arsenio Lucio, Susana Cruz Herrera y Francisco Ruiz Romero, para que pueda prestar servicios en la embajada del Reino de Bélgica, en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia, en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
De la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia, en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel López Martel, para que pueda prestar servicios como chofer en la oficina de Asuntos Comerciales en la embajada de Tailandia, en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación o Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
De las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Energéticos, con proyecto de ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Sesión secreta.
Colegio electoral.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo Se dispensa la lectura.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día nueve de julio de mil novecientos noventa y dos,
correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura
Presidencia del diputado
Jorge Zermeño Infante
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con veintidós minutos, del día nueve de julio de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos ochenta y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, posteriormente y en virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios han recibido copias del acta de la sesión anterior, la Asamblea dispensa la lectura a ese documento y lo aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con tres minutas del Senado de la República con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que el ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar y el ciudadano José Antonio Flores de la Vega, puedan aceptar y desempeñar los cargos de cónsules honorarios de Australia en Monterrey, Nuevo León, con circunscripción en los Estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y en Guadalajara, Jalisco, con circunscripción en los Estados de Colima y Jalisco, respectivamente; y el ciudadano Miguel López Martel, pueda prestar sus servicios en la oficina de asuntos comerciales de la embajada de Tailandia en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación Y Puntos Constitucionales.
La Secretaría da cuenta con un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional, a fin de efectuar visitas de trabajo a los Estados Unidos de América, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República francesa, Reino de España y Hungría. Es de primera lectura.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría consulta a la Asamblea, misma que dispensa la segunda lectura del dictamen y se somete a discusión de inmediato.
Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los diputados Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, en pro; Rogelio Villarreal Garza, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional, en pro y Héctor Ortiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y seis votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Para continuar con el orden del día, la Secretaría da lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es de primera lectura. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría consulta a la Asamblea, misma que dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
En virtud de que los señores diputados han recibido copias de los dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y con proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, la Asamblea dispensa la primera lectura. Son de primera lectura.
Por las mismas razones que los dos anteriores, se dispensa la primera lectura al dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es de primera lectura.
La Asamblea dispensa la segunda lectura y se somete a discusión en lo general y en lo particular, de inmediato, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de ley que armoniza diversas disposiciones con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, los
tratados para evitar la doble tributación y para simplificación fiscal.
Para fundamentar el dictamen se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Rodríguez Cerna, del Partido Revolucionario Institucional y, para expresar sus opiniones en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita un receso de treinta minutos.
Desde su curul, el diputado Rodríguez Lozano, solicita que, en todo caso, para verificar el quórum, se pase lista de asistencia.
Por instrucciones de la Presidencia se inicia el pase de lista de asistencia y el mismo Presidente declara que es evidente que hay quórum y para continuar con el debate en lo general, se concede el uso de la palabra a los diputados Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Roberto Soto Prieto, del Partido Revolucionario Institucional, en pro;
Presidencia del diputado
Samuel Moreno Santillán
José Gómez Urquiza, del Partido Acción Nacional, en pro; José Ramos González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
Presidencia del diputado
Jorge Zermeño Infante
Continúan en la discusión en lo general, los diputados Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en el mismo sentido.
La Asamblea en sendas votaciones económicas, considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y da su anuencia para que tanto la votación en lo general, como en lo particular de los artículos impugnados, de los que informa la Presidencia, se voten en un solo acto al final de la discusión.
Para expresar sus opiniones y hacer proposiciones respecto a las diversas leyes que integran este dictamen, se concede el uso de la palabra a los diputados Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional; Rubén Pabello Rojas, del Partido Revolucionario Institucional; Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Ovidio Pereyra García, del Partido Revolucionario Institucional; Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional; Roberto Soto Prieto, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional y Enrique Jacob Rocha, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pone a consideración de la Asamblea las proposiciones hechas durante el debate, de las que se aprueban las del Partido Revolucionario Institucional, respecto de diversos artículos del Código Fiscal,
Ley Aduanera, Impuesto Sobre la Renta y Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.
La Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos sesenta y nueve votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta con un oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población. Se turna a la comisión correspondiente.
En virtud de que los señores diputados han recibido copia del dictamen de la Comisión del Distrito Federal con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, la Asamblea dispensa la segunda lectura y se pone a discusión, en lo general y en lo particular de inmediato.
Hace uso de la palabra sobre este dictamen, el diputado Mario Nava Salgado, del Partido Revolucionario Institucional para proponer una modificación al sexto párrafo del artículo ciento cincuenta.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y aprueba en votación económica la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y siete votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Por las mismas razones que los anteriores dictámenes, se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona dos artículos transitorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se pone a discusión de inmediato en lo general y en lo particular.
Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los diputados Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la comisión fundamenta el dictamen; Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, por la abstención; Gabriel Mendoza Manzo, del mismo Partido, para rectificar hechos; Jorge Uzcanga Escobar, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en contra; Manuel Garza González, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro.
Continúan en el debate los diputados Jesús González Reyes, del Partido Acción Nacional, en pro; Francisco Dorantes Gutiérrez del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; José Alvarado Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y acepta una interpelación del diputado Robledo Ruiz; Irma Piñeiro Arias, del Partido Revolucionario Institucional en pro y Javier Centeno Avila, para hacer una proposición.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y en sendas votaciones económicas desecha las diversas proposiciones hechas durante el debate, excepto dos de los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Revolucionario Institucional.
La Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y nueve votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Para denunciar el deterioro ecológico provocado por Petróleos Mexicanos en diversas zonas del Estado de Tabasco, hace uso de la palabra el diputado Miguel Vázquez Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática y para rectificar hechos al respecto, los diputados Juan Rodríguez Pratts y Juan Antonio Nemi Dib, ambos del Partido Revolucionario Institucional, así como el ponente.
Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Se concede el uso de la palabra al diputado Hugo Palacios Laguna, del Partido Acción Nacional, quien denuncia hechos en contra de la Policía Federal de Caminos por hechos en el estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
El Presidente declara que la Asamblea se constituye en Colegio Electoral, para conocer del proceso electoral extraordinario celebrado en el quinto distrito electoral federal del estado de Coahuila y, en virtud de que los señores diputados; han recibido copias del dictamen correspondiente, se dispensa la primera lectura y el Presidente levanta la sesión de Colegio Electoral.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie mas que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintitrés horas con cincuenta y un minutos, contando para la que tendrá lugar mañana, viernes diez de julio de mil novecientos noventa y dos a las once horas.»
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
COMUNICACIÓN
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Se va a dar lectura a una comunicación.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado de Baja California.- XIII Legislatura Constitucional.
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. s/n. México, D. F.
Nos es satisfactorio comunicar a ustedes que la Honorable XIII Legislatura del Estado de Baja California, clausuró el día 30 de junio próximo pasado, su Segundo Período de Sesiones Ordinarias correspondientes al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional; asimismo, que la Comisión Permanente designada para fungir durante el receso que se inicia el día de hoy y concluye el día 30 de septiembre del presente año, quedó integrada en la forma siguiente;
Diputados: Dolores de María Manuel Gómez de Méndez, Presidente; Jesús Antonio Garzón Zataraín, vicepresidente; Javier Moctezuma y Coronado, secretario.
Diputados suplentes: Cuauhtémoc Cardona Benavides; Nicolás del Real Montes y Catalino Zavala Márquez.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterar a ustedes, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, 1o. de julio de 1992. La Comisión Permanente. Presidente, Dolores de Ma. Manuel Gómez de Méndez y secretario, Javier Moctezuma y Coronado.»
De enterado.
MINUTA DE COLEGISLADORA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (I)
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Para los efectos constitucionales nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos que a continuación se mencionan para que puedan prestar sus servicios en la embajada del Reino de Bélgica en México:
Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, como chofer- ujier; Arsenio Lucio, como ujier; Susana Cruz Herrera, en las labores domésticas y Francisco Ruiz Romero, como chofer.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 9 de julio de 1992. Secretarios: senador Alger León Moreno y senador Salvador Sánchez Vázquez.»
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, para que pueda prestar sus servicios como chofer- ujier en la embajada del Reino de Bélgica en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Arsenio Lucio, para que pueda prestar sus servicios como ujier en la embajada del Reino de Bélgica en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Susana Cruz Herrera, para que pueda prestar sus servicios en las labores domésticas en la embajada del Reino de Bélgica en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Francisco Ruiz Romero, para que pueda prestar sus servicios como chofer, en la embajada del Reino de Bélgica en México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D.F. a 9 de julio de 1992. Presidente: senador Manuel Aguilera Gómez; secretarios: senadores: Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 9 de julio de 1992.- El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CÓDIGO PENAL
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día en la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que adiciona el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos
diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén en contra, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Justicia de la honorable Cámara de Diputados, fue turnado para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto enviada por la honorable Cámara de Senadores, por la cual se reforma el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Esta Comisión en apego a los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87; 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocó al análisis y estudio del presente asunto, bajo las siguientes:
ANTECEDENTES
La minuta que contiene el proyecto de decreto que adiciona el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, fue turnada por la honorable Cámara de Senadores, el 8 de julio de 1992.
Conforme a reglamento, el Presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados, ordenó lo siguiente: "Túrnese a la Comisión de Justicia".
Esta Comisión, con las facultades arriba citadas, se permite presentar este dictamen, bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES
En la minuta que contiene el proyecto de decreto que adiciona el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, guarda como propósito dejar claro que la hipótesis a que se refiere la iniciativa que se comenta, se adecúa a lo señalado por el tipo previsto en la fracción II del artículo 123 del Código Penal vigente, por lo que para el efecto, se adiciona un tercer párrafo a la citada fracción. Conforme se refiere a la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal y la minuta que remite la colegisladora, dentro del Código Penal se contemplan ya entre los delitos contra la seguridad de la nación, el de traición a la patria.
El objeto que se plantea en la minuta, es el de la concreción de un acto legislativo que deje claro el propósito del gobierno de la República en señalar, que aquellas conductas que se han venido dando, respecto a la privación ilegal de la libertad de personas en el territorio nacional, para entregarlas a las autoridades de otro país o trasladarlas fuera de nuestro territorio con tal fin, no solo constituyen meros atentados a la libertad personal, sino además son, actos de cooperación con autoridades de gobiernos extranjeros que, en contradicción con los principios elementales del derecho internacional público, recurren a soluciones de propia autoridad.
Por lo anterior, se confirma la exigencia lógica y razonable de que sean los procedimientos previstos y aceptados por el derecho internacional para la extradición, la única vía que política y jurídicamente garantiza una convivencia internacional basada en el respeto mutuo entre estados soberanos.
La Comisión que suscribe, hace suyos los razonamientos expuestos en la minuta enviada por el Senado de la República, y de la misma forma, se permite referir que al artículo que se reforma trae consigo aparejado un triple valor.
Primero. Calificar como actos de hostilidad contra México a aquellos procedimientos por los cuales, una autoridad de gobierno extranjero, busca allegarse personas que residan en el país con el objeto de someterlas a su jurisdicción de origen, sin cumplir con las exigencias y procedimientos del derecho internacional.
Segunda. Sancionar a aquellas personas que ilegalmente priven de su libertad a alguien para los efectos mencionados en el punto anterior, como sujetos que cooperan con una autoridad extranjera, en un acto hostil en perjuicio de la República y de su soberanía.
Tercero. Dejar claro que la minuta no plantea la creación de un nuevo tipo penal, es decir, una nueva hipótesis de ilicitud, sino que declara que tales conductas se ajustan a una prohibición preexistente a la reforma. Con lo anterior, se
confirma que hechos recientes como los que condenaron ambas cámaras, en función de una resolución jurisdiccional de autoridad extranjera, desde su comisión constituyeron actos en perjuicio de la soberanía nacional y del respeto a un orden jurídico internacional.
En consecuencia, se tutela de manera adecuada el interés de México en contra de actos y conductas carentes de sustento legal, para evadir la jurisdicción del Estado mexicano o privilegiar la jurisdicción de cualquier otro Estado cuando cometa al nuestro.
De las deliberaciones que se dieron en la Comisión de Justicia al analizar la minuta en cuestión, se concluyó que en base a una aplicación sistemática de la Ley penal, debe quedar claro que los autores y partícipes en la realización de la conducta prevista en la iniciativa que nos ocupa, serán aquellos a los que se refiere el artículo 13 del Código Penal Federal, es decir, autores materiales, intelectuales, instigadores, cómplices, entre otros.
Asimismo, se estableció que tal hipótesis se refiere tanto a mexicanos como a extranjeros, en los términos del artículo 126 del propio ordenamiento.
Por último, es necesario señalar que la prohibición de tales conductas, bajo el tipo previsto en el artículo 123, fracción II, de la Ley penal no excluye la aplicación de la pena para el delito de privación ilegal de la libertad, ya que ambas hipótesis, refiriéndose a un mismo hecho, tutelan bienes jurídicos distintos, y por ende, es perfectamente posible la concurrencia de su aplicación a un mismo caso.
Por lo anterior expuesto y razonado, esta Comisión se permite proponer el siguiente dictamen, que contiene el siguiente
DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 123 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL
Artículo único. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción II del artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se considerarán en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito.
III a XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, México, Distrito Federal, a 9 de julio de 1992.- Diputados, Fernando Gómez Mont, Presidente; Juan José Castillo Mota y Jaime Muñoz Domínguez, secretarios.»
Es de primera lectura.
NOMBRAMIENTOS
La secretaria María Clara Mejía Guajardo:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 7 de julio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del Honorable. Congreso de la Unión, el 9 de julio, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Australia, serán de carácter estrictamente consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del Apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 10 de julio de 1992.- Presidente: César Augusto Santiago Ramírez; secretarios: Salvador Valencia Carmona y Juan de Dios Castro Lozano; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carbajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Alfonso Kunz Bolaños, Benigno López Mateos Cuauhtémoc López Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
La misma secretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 7 de julio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Guadalajara con circunscripción consular en los Estados de Colima y Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 9 de julio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Australia en Guadalajara con circunscripción consular en los Estados de Colima y Jalisco, serán de carácter estrictamente consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México,
D.F., a 9 de julio de 1992.- Presidente: César Augusto Santiago Ramírez; secretarios: Salvador Valencia Carmona y Juan de Dios Castro Lozano; José Octaviano Alaniz Alaníz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carbajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Alfonso Kunz Bolaños, Benigano López Mateos, Cuauhtémoc López Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (II)
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 6 de julio del año en curso la Cámara de Senadores remite expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel López Martel, para que pueda prestar sus servicios como chofer en la oficina de asuntos comerciales de la embajada de Tailandia, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 9 de julio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de su nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará, en la embajada de Tailandia, en México, serán como chofer.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Miguel López Martel, para que pueda prestar sus servicios como chofer en la oficina de asuntos comerciales de la embajada de Tailandia en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 10 de julio de 1992.- Presidente: César Augusto Santiago Ramírez; secretarios: Salvador Valencia Carmona y Juan de Dios Castro Lozano; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carbajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez
Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Alfonso Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zuñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (I)
*LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
Es de segunda lectura.
El Presidente: En consecuencia está a discusión en lo general.
Esta Presidencia informa que en base al artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Guillermo Pacheco Pulido solicita que fundamente el dictamen el diputado Salvador Valencia.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Salvador Valencia Carmona.
El diputado: Salvador Valencia Carmona: - Señoras y señores diputados:
El día de hoy se someterá a su consideración un dictamen que contiene una doble iniciativa; por una parte hemos recibido la Iniciativa del Ejecutivo de la Unión donde propone que se reformen diversos artículos de la Ley de Responsabilidades, que tienen que ver fundamentalmente con la responsabilidad administrativa y el registro de los bienes patrimoniales que la propia Secretaría de la Contraloría lleva.
Por otro lado, en este mismo dictamen estamos recibiendo una iniciativa de los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara, que versan fundamentalmente sobre la materia de juicio político.
Sobre la iniciativa presidencial podemos afirmar con toda seguridad, que es una iniciativa que viene a fortalecer y a consolidar el principio de la división de poderes, que va a ayudar a que el régimen disciplinario y administrativo sea más escrupuloso y cuidadoso para bien del país.
La iniciativa presidencial propone fíjense bien señores diputados, que el registro patrimonial que el sistema de control de bienes, se lleve a cabo por cada poder la unión; significa esto que cada uno de los poderes, el Legislativo como es el caso nuestro, la Cámara de Senadores por otro lado y la Asamblea, llevarán cada uno sus registros propios. Eso significa que ya no tendrán que concurrir, como a veces lo hacían algunos diputados, algunos senadores, los ministros de la Corte, a la Contraloría, sino será ante su propio Poder donde declaren qué tipo de bienes, muebles e inmuebles o de otro carácter, que tipo de bienes, muebles, inmuebles o de otro carácter poseen ellos en su acervo.
Por otro lado, esta propia iniciativa establece y mejora el régimen interdisciplinario existente; amplía algunos periodos de prueba, y también establece y ajusta algunas sanciones. Esto es por
*Este dictamen fue publicado en el Diario No. 24 del día 7 de julio de 1992.
lo que se refiere a la iniciativa que hemos recibido del Presidente de la República.
Hay, en la otra iniciativa algunos aspectos que vale la pena que ustedes mediten. Ustedes saben que aquí en la Cámara hemos recibido en diversas ocasiones algunas denuncias de juicio político. Hace algún tiempo, no mucho, hemos recibido más o menos ocho a 10 denuncias de juicio político que resolvimos en su oportunidad. Esas denuncias se declararon todas infundadas. ¿A qué se debe esto? No se debe, vamos a decir, a falla de la ley, se debe a una confusión muy clara que existe en la ley.
Quiero decirles que cuando se hizo la reforma de 1982, se establecieron en nuestra Constitución tres tipos de responsabilidades: la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad política. Es ésta última la que ha tenido mayor discusión, la que ha tenido mayor resonancia, y la que se ha utilizado quizá en exceso, y digo en exceso porque no se han cubierto a veces los requisitos necesarios para el juicio político, que es un juicio excepcional.
Quiero detenerme un poco en este asunto del juicio político, porque a veces el nombre nos provoca la creencia de que el juicio político puede ser la panacea o la solución a todos los problemas de responsabilidad de los funcionarios en el país, y no hay tal. El sistema de responsabilidades nuestro, es un sistema complejo, es un sistema que sobrepone y estructura y enlaza tres responsabilidades diversas; la administrativa, que tiene todo un capítulo en la Ley de Responsabilidades, un capítulo muy complejo, con muchas causas, con muchas hipótesis y que se ha venido cumpliendo en la práctica; la penal, y si ustedes revisan el Código Penal, se dan cuenta que hay toda una serie de delitos que cometen los funcionarios públicos, y están también allí previstas una serie de sanciones y de aspectos de la mayor importancia, que a veces porque no se actualizan se nos olvidan, pero ahí están, lo importante es que se actualicen, que exijamos que ese tipo de hipótesis, cuando se presente la conducta, cobren actualidad.
Por eso creo que este esfuerzo que se ha hecho por los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Justicia por afinar, por poner a punto el juicio político, es una iniciativa que debemos ver con agrado, y repito que debe verse con agrado, porque trata de ajustar el juicio político, no de cerrarlo, no de negar su procedencia, sino de establecer una serie de medios que le permitan a ese juicio ser operativo.
Si ustedes examinan las causas del juicio político y sus orígenes, se dan cuenta que este juicio político es un juicio que viene casi desde los orígenes del derecho constitucional, casi desde que nace el estado moderno, nos encontramos con el juicio político, por ejemplo, en Inglaterra, el impeachment inglés que sirvió para todo, para enjuiciar, digamos a ministros, a obispos, a jueces altos. De Inglaterra se trasladó a Estados Unidos después y ahí dio lugar en diversas oportunidades a algunas causas que se hicieron célebres. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que precisamente el impeachment de hace algunos años hizo salir de la presidencia de la república nada menos que a un presidente que tenía un gran poder, un presidente discutido y polémico, como fue el caso de Richard M. Nixon.
Y lo mismo ha pasado en otras oportunidades, con jueces, con magistrados, con funcionarios de primera línea.
Significa esto que el juicio político es un instrumento delicado, es un instrumento que debemos utilizar con prudencia. Debemos utilizar primero los demás instrumentos que tiene el derecho. Y, el juicio político es la última instancia que tiene el estado de derecho para poner orden.
Por eso creo que esta iniciativa que propone que se erija una Comisión de Examen Previo, que se allegue datos, que cite al denunciado, que pida pruebas, es una iniciativa bien pensada.
Hemos recibido continuamente nosotros en la Comisión de Gobernación algunas denuncias que podemos calificar de ligeras o que se refieren a otros aspectos no importantes, vamos a decir, en el contexto nacional, aunque todos los asuntos obviamente para un ciudadano son importantes, hay también jerarquías, a veces se afectan intereses individuales, colectivos o públicos.
Y dice la ley y dice bien, el juicio político debe utilizarse cuando el interés de la nación se afecta, cuando el interés de la nación está amenazado. Por eso mismo creo que esta iniciativa que pone las cosas en su lugar, que pone las cosas de procedimiento adecuadas, que las moderniza, que las actualiza, debe ser bienvenida.
Y debe ser bienvenida por otra razón, no sólo porque es el esfuerzo de dos comisiones, sino porque de este modo el Legislativo demuestra que también trabaja. A veces se nos acusa que sólo recibimos iniciativas del Ejecutivo. Esta iniciativa demuestra que aquí también en la Cámara se puede pensar y se puede pensar bien.
Quiero decirles que la iniciativa que tienen ustedes a la vista y el dictamen, es una iniciativa que se generó de manera colectiva en que intervinieron diputados de muchos partidos, que intervino también la mayoría. Por eso creo que es una iniciativa que merece su atención, para que ustedes la examinen, la vean con cuidado y voten por ella a favor, porque es una iniciativa para bien del país, para bien del sistema constitucional y para bien nuestro. Muchas Gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Salvador Valencia Carmona. Se abre el registro de oradores. Esta Presidencia informa que se han inscrito para intervenir en esta discusión los siguientes diputados: el diputado Ricardo Valero del Partido de la Revolución Democrática, en contra. La diputada Laura Alicia Garza Galindo del Partido Revolucionario Institucional, a favor. Y, para razonar su voto se han inscrito los siguientes Diputados:
Diputados: Martín Tavira del Partido Popular Socialista; José de Jesús Berrospe del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Víctor Orduña del Partido Acción Nacional; Adolfo Kunz Bolaños del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y para presentar propuesta está inscrito el diputado Guillermo Pacheco Pulido del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia tiene la palabra el Diputado Ricardo Valero.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Desde que este asunto, de manera formal, integral y sistemática empezó a ser considerado en la Cámara de Diputados, si no recuerdo mal, en una sesión de comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, hace dos meses aproximadamente en una sesión que se caracterizó no tanto en nuestra opinión, por reflexionar a profundidad a propósito de estas cuestiones ni tampoco para, con métodos y criterios racionales, superar los rezagos que sobre todo en materia de iniciativas de juicio político se presentaron entonces, sino más bien en forma, en muchos casos, precipitada, para eliminar y dejar de lado cuestiones que deben ocupar una atención preferente y cuidadosa en la Cámara de Diputados.
Se anunció que se haría, con el propósito de proceder de manera más precisa, en el futuro, con márgenes y criterios más claros que pudieran ser de confianza para todos, a un proceso de revisión tanto de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, como en todo lo que atañe a el juicio político.
Dijimos desde entonces, que en esta reflexión, en esta revisión en la que participaríamos activamente y con propuestas, partíamos de cuatro consideraciones, cuatro fundamentos o premisas, que desde luego nos han guiado, nos han orientado y nos han permitido precisamente hacer del conocimiento de otros compañeros, externar nuestros criterios y nuestras propuestas.
La primera de ellas, de esas premisas, se refiere a que de ninguna manera, y como ha ocurrido en la práctica y en el país frente a problemas y fenómenos que desde luego no sólo la sociedad, sino todos debemos esforzarnos no sólo para repudiarlos formalmente, sino a través de la aplicación de disposiciones legales muy claras, que es el de la corrupción y que no fuera otra vez una moda temporal, sexenal.
La actual Ley Federal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, sabemos que fue elaborada cuando sin mayores consecuencias prácticas la moda fue la consigna, el lema de la renovación moral de la sociedad.
Y nunca se superó esa distinción que sólo en el pasado afectó a funcionarios, a servidores públicos, no de menor jerarquía, porque en eso no hay jerarquía, pero indefensos, y desde luego ocupando las funciones más humildes o menor remuneradas y nunca siquiera, a funcionarios intermedios, para no hablar precisamente de los que se identifican como funcionarios de jerarquía superior.
Entonces para tener criterios mejor configurados, pero para asegurar el cumplimiento y la aplicación de la ley, en todos los casos y con mayor razón, precisamente frente a quienes se han sustraído de sus obligaciones y de las disposiciones jurídicas al respecto.
La segunda premisa, tan importante como la primera, es que no podíamos entender que este nuevo procedimiento se incorpora, se antepusiera, a las disposiciones actuales, pero en términos no de facilitar ni la aplicación de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos y menos aún la de juicio político, que para iniciar cualquier trámite, cualquier planteamiento, cualquier denuncia en ambos casos teníamos, sobre
todo, no que pensar en las dificultades que se habían presentado en el pasado por supuesto, desde luego éstas también, sino sobre todo que el nuevo trámite permitiera facilitar y no obstruir, no obstaculizar, no adicionar a algo que ya es precisamente inhibitorio para quienes tengan interés en una iniciativa de este carácter, sino para facilitar el cumplimiento y las disposiciones de la ley.
La tercera y también la dijimos, que el funcionario y de cualquier género, carácter o nivel jerárquico, debe tener las garantías, deben asegurársele las garantías para que no se asuman y no se presenten iniciativas irresponsablemente o que no tengan los fundamentos, y en cambio consecuencias degradantes que afecten su función de manera superficial.
Todo esto, pensamos nosotros, constituirán criterios orientadores para los trabajos que desde entonces se anunciaban.
Pensamos que en el proyecto se avanzó, se perfeccionaron, se introdujeron algunas disposiciones que son positivas. Inclusive, se recogieron algunas ideas, algunas propuestas, que nuestro partido en su momento presentó.
Sin embargo, nuestra opinión primordial o nuestra opinión en lo que tiene de esencial considera que los fundamentos, los requisitos, las premisas a que me refiero, no solamente no quedaron plasmadas en el proyecto; sino por el contrario, ahora adicionan elementos que no existen en las actuales disposiciones y que todavía nos colocan muy lejos e inclusive en algún caso en iniciación y la presentación de las denuncias, en una situación más desventajosa que en el pasado.
En efecto, la historia política contemporánea de México no pocas veces a contado o ha tenido servidores públicos que han visto en el cumplimiento de esos deberes y responsabilidades la forma de obtener beneficios personales y en otros casos ha sido común que otros funcionarios realicen actos de lujo de prepotencia, vulnerando sistemáticamente la constitución federal, sin que se pueda hacer nada para responsabilizarlos política o penalmente.
Hasta ahora, en la práctica, el pueblo ha tenido vedado su derecho de hacer responsables a estos deshonestos, corruptos o malos funcionarios.
En tratándose de los funcionarios que son sujetos de juicio político, ninguno de ellos ha sido sancionado en términos de los dispuesto por la constitución federal, se debe fundamentalmente a que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; lejos de ser instrumento que permita determinar con claridad y con imparcialidad la responsabilidad de esos servidores, ha permitido tergiversar e inclusive en cierta forma lo ha propiciado los postulados constitucionales de la materia, con el fin de hacer improcedentes las denuncias de juicio político que el pueblo promueve.
Ningún artículo constitucional se refiere a que las denuncias de juicio político tengan que ser conocidas previamente por una Comisión o una Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, para prejuzgar sobre su procedencia y sobre la presunta responsabilidad del servidor público, antes de que sea la sección instructora de la propia Cámara de Diputados la que conozca del asunto.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 12,...
El Presidente - Señor diputado Ricardo Valero ¿me permite un segundo?
Señores Legisladores: Esta Presidencia, en ejercicio de las atribuciones que señala el artículo 21, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, hace un atento y respetuoso llamado a todos los asistentes, legisladores e invitados, a que guarden silencio, a fin de que podamos desarrollar esta sesión en condiciones adecuadas. Gracias.
Continúe usted señor diputado.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: Gracias, señor Presidente:
La Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en su actual artículo 12, contiene el mecanismo por el cual las denuncias de juicio político son desechadas o, en el mejor de los casos, declaradas improcedentes, sin investigación profunda de los actos u omisiones imputados al servidor público en cuestión. Este artículo, en su texto vigente faculta a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para que en una acción de prejuzgamiento determinen si la conducta imputada corresponde a las enumeradas en el segundo párrafo del artículo 5o. y a las enumeradas en el artículo 7o., así como si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos que son sujetos de juicio político. Y si la denuncia es procedente y, por lo tanto, amerita la incoacción del procedimiento. Hasta después de acreditados estos elementos, la denuncia se turnará
a la sección instructora de la propia Cámara de Diputados, para la continuación del procedimiento.
Este es precisamente el mecanismo por el cual las denuncias de juicio político nunca, jamás han procedido. Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, sin llegar al fondo de la cuestión planeada para su cabal cumplimiento, prejuzgan, desechando las denuncias o declarándolas improcedentes.
Las modificaciones propuestas en el dictamen que ahora nos ocupa, respecto del artículo 12, no superan este mecanismo y, por el contrario, lo fortalecen, complicando aún más la procedencia de la denuncia. Ahora, de acuerdo con el dictamen, se aumenta una instancia más para el conocimiento del juicio político, resultando que sean cuatro instancias a saber: la de la Subcomisión de Examen Previo; la de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; la de la sección instructora y la de la sección de enjuiciamiento de la Cámara de Senadores.
Con la propuesta presentada se le atribuye a la subcomisión indebidamente la facultad de hacer una valoración de las pruebas y de los elementos presentados, a efecto de determinar si justifican la conducta atribuida, así como si dichos elementos permiten presumir la certeza de la infracción y la presunta responsabilidad del denunciado.
Lo anterior implica otorgarle a la subcomisión una absoluta discrecionalidad para valorar los elementos presentados y, dicha discrecionalidad se plasma en conceptos tan subjetivos, como certeza o probable responsabilidad. Así están enunciados en el dictamen.
Cabe decir que esta Subcomisión de Examen Previo no será, como tampoco lo han sido las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, la instancia ad hoc para determinar la certeza de la infracción y la presunta responsabilidad del denunciado. Es la sección instructora de la Cámara de Diputados la que tiene competencia para determinar si existen elementos suficientes para presumir la responsabilidad del servidor público, como lo señala claramente la fracción segunda del artículo 17 de esta misma ley.
El artículo 12 contenido en el dictamen que nos ocupa, en el fondo conserva el mismo espíritu del actual. La única diferencia es la agregación de esta de esta Subcomisión de examen previo que será ahora la encargada de predeterminar sobre la procedencia o procedibilidad de la denuncia de juicio político; por el contrario, para lograr un proceso como el que se busca, claro e imparcial de juicio político, la sección instructora de la Cámara de Diputados es precisamente la que debe conocer de manera directa las denuncias de juicio político, el nombre de la sección instructora se debe a la etapa de la instrucción que todo proceso jurisdiccional debe tener.
La doctrina del Derecho Mexicano ha reconocido y establecido que todo procedimiento jurisdiccional se divide en dos grandes etapas, la de la instrucción que corre desde la presentación de la denuncia hasta el desahogo exhaustivo de las pruebas y la etapa del juicio que corre o se inicia desde la expresión de los alegatos hasta la pronunciación de la sentencia definitiva pasando por la valoración de las pruebas.
El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, señala que es dentro de la etapa de la instrucción donde en primer lugar se determina la existencia de los elementos suficientes, los llamados de procedibilidad para iniciar un juicio; la instrucción como tal, constituye una etapa indivisible; sin embargo, para fines prácticos doctrinariamente se ha subdividido en tres etapas; la primera engloba la presentación de la denuncia, la contestación y la fijación de los puntos controvertidos, es la llamada de corrección de la litis; la segunda, engloba el ofrecimiento de admisión de las pruebas y la tercera incluye o engloba el desahogo propiamente de las pruebas.
Es por todo esto que la sección instructora de la Cámara de Diputados es, como lo hemos señalado y recordado, el órgano adecuado, el órgano ad hoc para determinar todos estos elementos y no otras instancias previas. Otro grave problema contenido en este dictamen y que se relaciona con el anterior, es que a la Subcomisión de Examen Previo no se le conceden o aseguran facultades para solicitar las pruebas que el denunciante ofrezca en la denuncia y no las pueda presentar físicamente, facultad que sí en cambio tiene la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, como claramente lo señala el artículo 13 de la propia ley.
En cuanto a otros artículos que ya no son de los que se refieren al juicio político, también contienen otro tipo de problemas consistentes en incongruencias e incertidumbres respecto de los procedimientos para la aplicación de las sanciones administrativas para los servidores públicos
como los que refieren a la adición del segundo y tercer párrafo de la fracción VI del artículo 53, que consideramos deben suprimirse del dictamen. Si la sanción de inhabilitación se impone a un servidor público por un tiempo determinado, es decir es una sanción específica con un término perentorio, es por lo menos innecesario que para volver a desempeñar su empleo, cargo o comisión requiera de la autorización de la Secretaría de la Contraloría pues si se presenta el caso de no autorizarlos se le estaría, en la práctica y en los hechos, imponiendo una doble sanción. No podemos estar de acuerdo con lo que se establece en la fracción II del artículo 64 que se propone reformar. En el proyecto hay una propuesta para ampliar el término señalado para dictar resolución de tres a 30 días situación contraria a los principios constitucionales de que la impartición de justicia debe ser pronta en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución, por lo que se propone que esta fracción no se reforme y quede en los mismos términos en que actualmente se encuentra.
Consideramos que artículo 70 que se propone reformar, está incompleto. Si un servidor público es sancionado administrativamente y luego por resolución posterior se anula la sanción impuesta, además de ser restituido en el goce de los derechos de que hubiera sido privado, se le tendría que agregar a este artículo que también se le paguen los daños y perjuicios causados a ese servidor público que haya sido sancionado en un momento y luego absuelto en el otro.
Por lo que toca a la propuesta de derogar el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 71, no existiría ahora término para desahogar las pruebas en el recurso de revocación, colocando a las partes del procedimiento en la incertidumbre y en el retraso de la impartición de justicia, situación que es claramente anticonstitucional en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y17 constitucionales.
En los procedimiento judiciales, se debe cumplir con todas sus formalidades esenciales, entendiendo por ellas en este caso, que existan términos procesales claramente definidos que eviten la incertidumbre del propio proceso en la impartición de justicia, por lo que consideramos que este párrafo segundo de la fracción II del artículo 78, no se debe derogar.
La fracción III de este mismo artículo 71, amplía el plazo para emitir la resolución de tres días a 30 días hábiles, lo cual resulta anticonstitucional por violar los principios contenidos en el artículo 17 precisamente de la Constitución, consistentes en que la impartición de justicia debe ser pronta, completa e imparcial, por lo que esta modificación no debe proceder y dejarla también en los términos como actualmente se encuentra.
En la propuesta de adicionar un segundo y un tercer párrafo al artículo 79 de esta ley, se contiene la proposición de que ahora ya no sea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la que reciba de manera exclusiva la declaración patrimonial de todos los servidores públicos, sino que ahora y en adelante, se propone que cada Poder Federal, incluyendo al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, reciba cada uno por su parte, a través de un órgano especial, las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que laboran en cada una de ellas.
Esta modificación es una vieja demanda, sobre todo de los servidores públicos del Poder Legislativo, que ha considerado que esta medida fortalece la división de poderes; sin embargo, advertimos, no se beneficia con ello la fiscalización que cada poder debe ejercer sobre el otro, de tal manera que se hagan patentes los frenos y contrapesos que debe existir o que debe tener uno y el otro.
En ese sentido podríamos avanzar y deberíamos precisar justamente en este lapso, un mecanismo que asegure ambos criterios que consideramos válidos y conciliables.
La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, la cual es el órgano supremo de fiscalización, es la que debe tener el control en la remisión de estas declaraciones patrimoniales, por lo que consideramos que los órganos encargados de recibirlas en cada uno de los poderes federales o dependencias, deben remitir a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, copia del expediente en donde se lleven dichas declaraciones.
Estas son nuestras consideraciones y nuestras propuestas, criterios primordiales en relación con los proyectos.
Señor Presidente, compañeros diputadas y diputados, estaremos muy atentos al curso que siga el debate en los próximos momentos.
Hemos registrado también los elementos de juicio que acompañaron la presentación de las iniciativas.
En principio, lo que hemos manifestado, sobre todo con respecto a la iniciación y la presentación de las denuncias, nos parece que constituyen lo fundamental, y en ese sentido está ahora orientado nuestro voto, pero consideramos que podemos hacer un esfuerzo, precisamente ahora, corregir, precisar y a ese debate y a esas seguras aportaciones que se harán en los próximos momentos, sujetaremos en definitiva esa orientación, ese sentido de nuestro voto. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Ricardo Valero. A continuación tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo: - Señor Presidente; honorable Asamblea:
Nosotros valoramos mucho la buena voluntad expresada aquí por el diputado Valero, esperamos que se concrete. Sin embargo me extrañó que al principio de su intervención haya calificado el trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales como precipitada. Es que el trabajo de los diputados no puede ser de solitarios. Quizá al diputado Valero le haya resultado precipitado el trabajo de la comisión pero lo que pasa es que casi todas las fracciones parlamentarias trabajamos en equipo y aquí sumamos esfuerzos, tiempos, ideas, y en efecto, aprovechamos el poco tiempo con que contamos los diputados, aunque sin embargo en este caso debemos aclarar que hubo mucho trabajo en la Comisión de Gobernación, comisión en donde trabajamos en la pluralidad, trabajo intenso que no se vale descalificar.
Dijo también el diputado Valero, que en el sexenio del presidente De la Madrid, se puso de moda la renovación. Yo francamente no creo que querer transparencia para la conducta pública de los servidores de la administración pública federal, ahora de los legisladores y de los jueces, sea una moda.
Yo le pregunto al diputado Valero si recuerda, si hasta allá llega su memoria, sobre el cargo que ocupaba en el sexenio pasado, hace algunos años, cuando esto, la renovación moral de la sociedad, se puso en boga, como él dice.
Por si no se acuerda, era alto funcionario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y suscribió entonces la tesis de la transparencia, de la renovación moral. Sólo se lo quiero recordar.
Nuestra presencia en esta tribuna tiene por objeto presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada a esta Legislatura por el Ejecutivo Federal. Se plantea como premisa fundamental que la responsabilidad de los servidores públicos entraña el escrupuloso manejo de los recursos federales y que el principio rector para el cumplimiento de sus funciones debe ser la eficacia, la eficiencia, y que para reafirmar premisa y principio, se torna indispensable evolucionar el marco normativo que, acorde a las necesidades sociales, regule adecuadamente estas responsabilidades en observancia y para su fortalecimiento, el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el de las responsabilidades de los servidores públicos, y el perfeccionamiento de su ley reglamentaria, la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que nos ocupa.
Hemos intentado agrupar las diversas modificaciones, adiciones y reformas de la Ley, de acuerdo al tipo de propuestas que plantea el Ejecutivo Federal. En primer término nos referiremos a la cuestión de la situación patrimonial.
El texto vigente de la ley establece que actualmente la Secretaría de la Contraloría General de la Federación recibe las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Poder Legislativo, Judicial, Federal y del Distrito Federal, y de diversos órganos jurisdiccionales, constituyéndose sobre el particular en mero custodio de las mencionadas declaraciones, sin que se ejerza ningún acto de verificación o seguimiento sobre esos patrimonios.
Tenemos así...
El Presidente: - Diputada, perdone que interrumpa su exposición pero es que quisiera hacer un llamado a los legisladores.
Estimados legisladores, nuevamente esta Presidencia hace un respetuoso llamado de atención a tan respetable auditorio para que guarde silencio y escuche con atención el desarrollo de este debate, particularmente a nuestra estimada compañera diputada. Gracias.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:- Tenemos entonces que de la delimitación de competencias de los Poderes de la Unión y otros órganos del Estado en las materias de responsabilidades y situación patrimonial de los servidores públicos, tenemos que en primer término, en el artículo tercero fracción 1- bis, se adiciona al precepto, con objeto de que se incluya dentro
de las autoridades competentes para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
En el artículo 47 fracción XVIII, mediante la reforma a esta fracción, se busca que la obligación de todo servidor público, relativa a la presentación oportuna y veraz de las declaraciones de situación patrimonial, se enuncie de manera genérica en la ley, para lo cual se propone excluir el señalamiento que en dicha función se hace de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Esta modificación se aprecia congruente con las que por su parte se sugieren para los artículos 79 y 80 de la ley, en razón de que a estos preceptos les corresponderá regular cuáles servidores públicos tienen obligación de presentar la declaración de situación patrimonial, así como ante que autoridad deben hacerlo.
De igual modo la reforma en cuestión es conforme con uno de los objetivos fundamentales de la presente iniciativa en lo relativo a que se pretende delimitar la actividad de cada uno de los Poderes de la Unión, de la Asamblea de Representantes y del Tribunal Superior del Justicia, ambos del Distrito Federal, en materia de situación patrimonial de los servidores públicos, únicamente por lo que toca a su ámbito de competencia.
Por otra parte, y en consideración a que los servidores públicos están obligados no sólo a presentar declaración de situación patrimonial inicial, sino también la correspondiente al mes de mayo de cada año, y la final a la conclusión del encargo, se pretende modificar la fracción en comentarios, con objeto de enunciar en términos plurales a dicha obligación.
Artículo 51. En el segundo párrafo de este precepto, se pretende incorporar a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con la finalidad de que, acorde con la reforma al artículo 3o. de la ley, mediante la cual se incluirá dicho órgano como autoridad competente para aplicar con la misma, cuente además con los órganos y sistemas necesarios para llevar a cabo las funciones de identificación, investigación y determinación de las responsabilidades de los servidores que les están adscritos, así como para aplicar las sanciones que correspondan conforme a la Ley.
Artículo 79. La reforma a este precepto tiene como principal objetivo que en materia del registro patrimonial de los servidores públicos, se salvaguarde cabalmente el principio de división de poderes, consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, la modificación al primer párrafo del artículo 79, busca delimitar la competencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en la referida materia de registro patrimonial, únicamente por lo que respecta a los servidores públicos de las dependencias, entidades y órganos jurisdiccionales a que alude la ley, con objeto de que la misma lleve en lo tocante a ellos el registro, así como el seguimiento de la evolución de su situación patrimonial.
Por su parte, la adición de un segundo párrafo al numeral 79 que se analiza, tiende a reafirmar el propósito expresado en esta iniciativa, consistente en establecer una clara separación de competencias entre las diversas autoridades encargadas de aplicar la ley, para lo cual se dota tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como a las cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión y Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en sus respectivas competencias, de las facultades que el Título Cuarto de la Ley, otorga a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Finalmente, la adición de un tercer párrafo al numeral 79, permitirá que las mencionadas autoridades cuenten con sus propios órganos y sistemas para llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos que les estén adscritos.
En lo que se refiere al artículo 80, primer párrafo, hay que destacar la supresión en el párrafo que nos ocupa, del término anual referido a la declaración de situación patrimonial que atiende al propósito de que dicho párrafo sea congruente con el artículo 81 de la Ley, por cuanto a que, de conformidad a este precepto, los servidores públicos no sólo están obligados a presentar la declaración anual, sino también la inicial a la toma de posesión del cargo, así como la final a la conclusión del mismo.
Vamos a tocar aquí dos de los artículos transitorios, el tercero transitorio, que establece que en congruencia con la reformas planteadas por los artículos 3o. y 51 de la Ley, se propone que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y los diversos órganos jurisdiccionales
que hemos mencionado, establezcan sus respectivos órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos que les están adscritos, dentro de un plazo no mayor de 60 días naturales, a partir de la vigencia de este decreto y mediante las adecuaciones a su reglamento interiores y manuales de organización correspondientes.
Y el artículo cuarto transitorio, que establece que los diversos órganos jurisdiccionales mencionados establezcan en un plazo no mayor de 60 días, a partir de la vigencia de este decreto, los órganos, sistemas, registros, formatos y demás circunstancias necesarias, a fin de que puedan ejercer cabalmente las atribuciones que les otorgaría, por virtud de esta reforma, el Título Cuarto de la Ley, relativo al registro patrimonial de los servidores públicos.
A este efecto se propone que la Secretaría de la Contraloría General de la Federación entregue a la autoridad que resulte competente, las declaraciones de situación patrimonial que hubiese recibido con anterioridad.
Que las cámaras del Congreso de la Unión y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, determinen provisionalmente los órganos que recibirán y custodiarán las declaraciones correspondientes y que puedan utilizar para efectos de presentación de las declaraciones, los formatos que emplea la Secretaría de la Controlaría General de la Federación.
En otro agrupamiento tenemos las nuevas obligaciones en el servicio público y ajustes a las establecidas, que tocan al artículo 47 primer párrafo fracción VIII, XX y XXX.
En este caso el vigente de la ley establece que existe la posibilidad de que servidores públicos formen parte de empresas privadas que sean proveedores del gobierno federal en materia de adquisiciones, arrendamientos, enajenación y contratación de obra pública, y sea utilizado el cargo público para promover o favorecer a dichas empresas.
Además es probable que personas que fueron inhabilitadas participen como proveedores del sector público.
El texto propuesto por el Ejecutivo establece que se propone fortalecer las medidas jurídicoadministrativas que protegen a la administración pública, estableciendo impedimentos legales al servidor público que formen parte de sociedades que sean proveedores del gobierno federal, para que éstas no puedan participar como tales.
Dicho impedimento se extiende a la contratación con personas inhabilitadas o sociedades a las que formen parte.
Por último, nos parece importante aumentar lo relativo a la prescripción para aplicar sanciones administrativas que se refiere al artículo 78 fracción I segundo y tercer párrafos, que establece en el texto propuesto adecuar y ampliar el plazo de prescripción a un año, cuando el beneficio obtenido o el daño causado no exceda 10 veces el salario mínimo mensual vigente para el Distrito Federal.
En el mejoramiento de los procedimientos administrativos, el texto propuesto busca adecuar los plazos de tramitación a la realidad, para hacerlos eficaces. De esta manera se establece el plazo de 30 días hábiles para resolver el asunto y se amplía el plazo para notificar la resolución hasta 72 horas.
Finalmente, en lo que se refiere a medios de apremio para hacer que se cumplan los requerimientos de la autoridad, el texto propuesto establece que se faculta también a los titulares de las dependencias, para que empleen los medios de apremio que la Ley contempla. Eso es todo. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, diputada Laura Alicia Garza Galindo.
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Ricardo Valero.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:- Señor Presidente; compañeros diputados:
Sólo para una precisión: dando una disculpa. Lo omití en la intervención inicial con ese propósito muy específico.
Considero que el trabajo que realizó el grupo que se encargó de preparar el dictamen en el que participamos, en donde hubo consultas, pudo haber ido y cumplir de esta manera en mejor término su actividad, su trabajo y sus objetivos, avanzar en lo que desafortunadamente no se pudo, dada tal vez la complejidad del tema.
Pero es precisamente en la precisión hasta donde sea posible, de la figura de juicio político.
¿Qué es? ¿De qué es objeto? ¿Qué elementos? ¿Hacia dónde está dirigido?, algo más, porque en las consideraciones que hasta ahora acompañan esta noción, hay una gran o puede haber una gran subjetividad en cuanto a lo que es objeto o puede ser objeto del juicio político.
Sí dije; pero quisiera precisarlo ahora, que la precipitación fue en mi opinión, en aquella reunión de las comisiones unidas en donde se desahogaron 11 casos. Pero precisamente la lección de esa reunión como de otras, era para que pudiéramos haber avanzado algo más y, desafortunadamente esto no se cumplió en la precisión de esa figura de juicio político. Ese es el tema, ése es el punto. Eso es lo que hubiera querido mencionar con mayor precisión hace un momento y, también, como un hecho, que incorporemos en nuestros análisis, en nuestra discusión, en nuestro debate, el que nunca, ése es un hecho, un hecho más que lamentable pero también indicador, nunca se ha aplicado. No ha tenido ninguna vigencia desde que se estableció constitucionalmente el juicio político. No ha operado en la práctica. Y esa debería de ser la mejor referencia para orientar nuestro trabajo. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:- Gracias diputado, Ricardo Valero.
Antes de dar la palabra al siguiente diputado inscrito en el orden del día, esta presidencia quiere rogar a todas las personas que se encuentran de pie en los pasillos, a que ocupen los lugares que les corresponden sea en el área reservada a los legisladores o al área reservada a los visitantes.
Y ruego también al personal que realiza labores periodísticas y particularmente a los camarógrafos, que colaboren en el buen desempeño de esta sesión, evitando obstruir o distraer el desarrollo de las discusiones y los debates.
Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Martín Tavira, del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; muy distinguidos legisladores:
En una reunión tenida en este recinto con los ciudadanos senadores, algún respetable senador expresó al final de nuestra entrevista, que la Ley de Responsabilidades, era una de las peores que había en México y, que cualquier reforma positiva, podría conducir a que en un futuro no lejano, tuviéramos una buena Ley de Responsabilidades.
Y en efecto, el derecho como la verdad, son procesos. Nunca tenemos la última verdad, nunca tenemos la última ley.
Claro, las leyes se modifican, se deben de modificar para mejorarlas. Mejorarlas significa no tan sólo hacerlas más claras técnicamente, sistematizarlas. Mejorarlas significa hacerlas más avanzadas para que ellas contribuyan al progreso del pueblo y de la nación.
Quizá venga a cuento recordar la polémica de Kelsen, con Herman Heller. Nosotros no creemos en la teoría pura del derecho. El derecho siempre refleja una realidad y debe reflejar una realidad cambiante.
Cuando en 1965 el maestro Vicente Lombardo Toledano presentó aquella iniciativa para establecer un nuevo capítulo en la Constitución, que se refiriera a la economía nacional, dijo una verdad incontrovertible:
"El derecho también mira hacia el futuro."
Es decir, las normas jurídicas deben impulsar el cambio también. ¿Y qué otra cosa fue la Constitución de 1917? Fue una carta política que contribuyó a la transformación profunda de nuestro país.
Yo digo, distinguidos miembros de este cuerpo colegiado, que es necesario conformar la realidad política, diríamos, la realidad orgánica del gobierno con la teoría de la división de poderes. La teoría de la división de poderes está muy maltrecha y ha estado muy maltrecha en nuestro país; es una vieja aspiración, porque como lo hemos afirmado aquí mismo, Montesquieu ni siquiera es original. La tesis de la división del poder, viene desde Aristóteles, pasando por John Lock y naturalmente adaptada a nuestro país, significa que el parlamento, especialmente la Cámara de Diputados tenga la suficiente independencia frente al Ejecutivo, para que este Poder legisle en favor del pueblo mexicano, sin pedirle permiso a nadie.
En realidad era una irregularidad, era una violación al principio de la división del poder y de la independencia del Poder Legislativo, el que los representantes de la nación tuviéramos que presentar nuestra declaración de situación patrimonial a un órgano del Poder Ejecutivo.
Ese absurdo, ese contrasentido, va a desaparecer con esta reforma y, por eso en este aspecto el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, la pondera.
Claro, el diputado Ricardo Valero ha dicho algo interesante, y en nuestro grupo parlamentario también se ha expresado esta idea. La Cámara de Diputados tiene un órgano que es la Contaduría Mayor de Hacienda. Había que estudiar a fondo esta proposición que acaba de hacer en tribuna el diputado Ricardo Valero. Quizá, un comienzo de esa transformación sería el de que, por lo menos, se mandaran copias a la Contaduría Mayor de Hacienda de todas las declaraciones de situación patrimonial. Llegará el día en que la Contaduría Mayor de Hacienda sea el órgano encargado de recibir todas estas declaraciones ¿en nombre del poder más representativo del pueblo y de la nación?
Claro, las leyes no tendrán nunca mecanismos perfectos para destruir la corrupción. La corrupción pertenece siempre a una forma de sistema, y en México la corrupción tiene una vieja tradición, muy firme, que no hemos podido desterrar. El derecho podrá contribuir a aminorar la corrupción, pero necesitamos cambiar nuestro sistema económico y político de manera radical y profunda, para que alguna vez la corrupción en México sea historia del pasado.
Ahora, en relación con el otro aspecto de la reforma, quisiera expresar a ustedes, compañeras y compañeros legisladores, nosotros compartimos la preocupación, que viene de lejos, por cierto, de hacer juicio político un juicio serio y hay que comenzar con el procedimiento.
Hemos sido testigos de acusaciones totalmente infundadas. Todos los que estamos aquí podemos ser víctimas de acusaciones frívolas, absolutamente sin ningún sustento.
La última reunión que tuvieron las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales fue para estudiar largamente denuncias totalmente frívolas, sin ningún sustento.
Quizá, este camino que se ha propuesto no vaya a resolver el problema. Vamos a ver si en efecto una Subcomisión de Examen Previo, como la que se ha diseñado en esta reforma, puede mejorar el procedimiento para que la Cámara de Diputados no pierda su tiempo en examinar expedientes que no valen la pena, en donde se contienen escritos solamente para vengarse de un funcionario público, y todos tenemos enemigos dentro y fuera de la administración pública, y no es justo que cualquiera de los funcionarios públicos reciba una o tenga en su contra una denuncia, cuando realmente no hay bases, no hay pruebas de ninguna especie.
Nosotros consideramos, compañeras y compañeros legisladores, que esta ley se puede mejorar en el futuro. Se puede hacer inclusive otra ley. Habrá que sentarse a estudiar, a discutir profundamente los diversos aspectos de estas normas, para ver si podemos mejorar la legislación en esta materia tan importante.
Por ahora creo que hay avances y no podemos estar en contra de los mismos. Como lo hemos dicho, lo repetimos aquí, ciudadanos legisladores: "Todo es perfectible, hasta lo perfecto". Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Martín Tavira.
A continuación, para razonar su voto, tiene la palabra el diputado José de Jesús Berrospe, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz: - Con su permiso, señor Presidente:
Compañeros Legisladores: Nuestro partido, el del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional concibe las funciones del servicio público conforme al mandato constitucional. El comportamiento del servidor público, como se orienta en la fracción III del artículo 109, debe apegarse a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Con el propósito de orientar el debate de esta iniciativa de ley, conviene repasar lo que nuestra Constitución Política entiende por servidor público, que se encuentra en el artículo 108.
"Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros de los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal; quienes serán responsables por los actos y omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones."
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene por objeto reglamentar
el título cuarto constitucional, en aspectos tales como los siguientes; delimitación de los sujetos de responsabilidad en el servicio público; determinación de las obligaciones en el servicio público; delimitación de responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público y las que de han resolverse en el juicio político; precisión de las autoridades competentes; derecho procesal en la materia; criterios de procedencia para servidores públicos con fuero y registro patrimonial de los servidores públicos.
Esta ley reglamentaria data, por su publicación en el Diario Oficial, del 31 de diciembre de 1982. En una legislación relativamente reciente, correspondió a los tiempos de la ya casi olvidada renovación moral del expresidente Miguel de la Madrid. En el marco jurídico de las responsabilidades de los servidores públicos, no se dispone de una larga tradición legal, existen vicios e imprecisiones en el orden jurídico reglamentario. Pero más grave que las insuficiencias legales son las prácticas de corrupción hacendaria en la Administración Pública, una corrupción estructural e histórica que arrastramos desde hace mucho tiempo. de ahí la pertinencia de la iniciativa y dictamen de reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Las modificaciones propuestas en la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal se concentran en los siguientes aspectos, tomados en cuenta a nuestro criterio.
Primero. Establecimiento de penas de uno a catorce años de inhabilitación en su cargo a todo funcionario que incurra en ilícitos o actos de omisión.
Segundo. Delimitación expresa para que los miembros de los Poderes de la Unión, legisladores, jueces y magistrados, además de funcionarios públicos presenten sus respectivas declaraciones de bienes patrimoniales ante órganos y sistemas propios, respetando el principio de división de poderes, consagrado en nuestra Constitución.
Tercero. Adecuar fracción sexta del artículo 56 para que cuando la inhabilitación de un servidor público se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique el lucro o causas de daño y perjuicios será de uno a seis años si el monto de aquellos no excede de 100 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal y de 6 a 14 años si excede dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductos graves de los servidores públicos.
4o. Adicionar en la fracción XXIII del artículo 47, la abstención o negativa para celebrar o autorizar pedidos o contratos con servidores o exservidores públicos que tengan menos de un año de haberse separado de su servicio; además, se propone establecer en la fracción de referencia la obligación de abstenerse de celebrar contrato o pedido alguno con quienes se encuentren inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
5o. Precisión del requisito para que el servidor publicación que hubiere sido inhabilitado por más de 8 años cuente con su reingreso con la autorización de la Secretaría General de la Contraloría de la Federación.
Estas son para nuestra fracción parlamentaria, las principales propuestas contenidas en esta iniciativa de ley y que a nuestro parecer son pertinentes; así por ejemplo actualmente la inhabilitación que puede sufrir un servidor público que incurre en faltas de 5 años y posteriormente puede ocupar un cargo en el sector público sin mayor requisito que la de haber cumplido con la inhabilitación, con el incremento de la sanción que se proyecta en la iniciativa, el período de inhabilitación con que se castigará al servidor público será de acuerdo con la falta cometida; sin embargo, nosotros consideramos y a la vez proponemos que es conveniente que en la iniciativa se precisen las inhabilitaciones con carácter definitivo, primordialmente para aquellos funcionarios que comentan delitos de fraude. Es lógico pensar que una persona inhabilitada no puede realizar contratos, lo cual se precisa en la iniciativa, es conveniente que la Secretaría General de la Contraloría de la Federación autorice los reingresos de personas que han sido inhabilitadas por más de 8 años pero consideramos que se deben de precisar los criterios que se utilizarán para autorizar este reingreso. Todos los Poderes de la Unión deben ajustarse a las normas dispuestas en el Título IV de la Constitución Política. Los servidores públicos tal como se define en el primer párrafo del artículo 108 constitucional deben comportarse como verdaderos asistentes públicos, pero ello debe ocurrir dentro del respeto a la soberanía de los poderes constitucionales y buscando que sus miembros cumplan con las obligaciones marcadas en esta Ley.
Para nosotros no hay posibilidad de confusión, los sujetos de fuero no deben ser engendros
ominosos que disfruten privilegios, las reformas y adiciones propuestas en el artículo 51 tienen la mayor importancia; en primer lugar, incorporar a la Asamblea de Representantes en la delimitación de sanciones administrativas y el procedimiento para aplicarlas; en segundo lugar, se plantea que en lo que se refiere a diversos ámbitos de competencia, las autoridades jurisdiccionales a que se refiere la Fracción VII y IX del artículo 3o. de esta Ley Reglamentaria, determinarán los órganos y sistemas para los efectos a que se refiere el párrafo primero, en los términos de su legislación respectiva.
Aquí encontramos un avance, se conocen y se conceden particularmente, pero se reafirman obligaciones y marcos regulatorios, común para los servidores públicos.
Por las razones anteriores expresadas, nuestro voto será a favor en lo general, en esta iniciativa y dictamen de reforma y adiciones diversas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias diputado José de Jesús Berrospe.
Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños: - Con su venia señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Los compañeros que me antecedieron han abordado diversos aspectos sobre la iniciativa que aquí nos ocupa; a riesgo de ser repetitivo, yo quisiera insistir en uno de ellos que ya fue mencionado, porque creo que es el punto fundamental que justifica la aprobación de estas reformas.
Y me refiero específicamente a lo que dijo aquí el diputado Martín Tavira; él señalo que un juicio político debe de ser un juicio serio. Yo creo que éste es el punto fundamental de esta reforma.
Un juicio político debería de ser un juicio de estricto derecho, aunque su nombre no coincida, aunque se diga juicio político, creo que estamos en un caso en que debemos apegar estrictamente al derecho, y la legislación actualmente vigente, por decirlo de alguna manera, es confusa.
Esto no quiere decir que la nueva legislación pueda evitar situaciones de hecho o decisiones políticas, toda vez que siendo un órgano político el que toma las decisiones, siempre existirá el riesgo de que pesen más las consideraciones de carácter político que las consideraciones de carácter jurídico.
Pero lo que resulta indudable, es que el procedimiento actual se supera notablemente con la propuesta.
Actualmente, por señalar algunas deficiencias, tiene uno que utilizar la Ley de Responsabilidades, el Reglamento, las disposiciones constitucionales, y tiene uno que ir brincando de una a otra para lograr comprender el procedimiento.
Hay casos incluso que la ley no establece y sin embargo se ha mencionado como costumbre aceptada.
El hecho de que la denuncia se presente y se ratifique ante el Oficial Mayor que ahora se propone, así se hacía pero no estaba establecido en ninguna parte ni de la Ley ni del Reglamento ni de la Constitución.
El órgano encargado de formar el expediente, por decirlo de alguna manera, se constituía a posteriori y en forma bastante oculta se preveía que la acusación se haría en una sesión secreta, con el objetivo lógico de preservar al acusado de ser fusilado antes de ser enjuiciado.
Todo esto creaba una serie de confusiones que creo que se tratan de evitar, y en este sentido hay que tomar en cuenta 3 factores: en primer lugar la importancia del procedimiento. No estamos ante un juicio ordinario sino ante un juicio que afecta a una persona que tiene determinadas características.
Es cierto como decía el señor diputado Valero que hasta la fecha nunca hemos visto que este juicio se le aplique a ningún personaje de un nivel alto de la administración pública, que se ha concretado a niveles inferiores, y en buena medida esto se ha podido hacer porque el procedimiento permite desechar en cualquier momento o congelar el trámite, y es tan confuso que en cualquier oportunidad se puede dar por terminado dentro de lo larguísimo que es de por sí presentar la denuncia, ratificar la denuncia, formar la subcomisión, llevarlo a comisiones unidas, tomar el acuerdo a nivel de Pleno, mandarse a la otra Cámara, realmente integrar el expediente de acusaciones es muy laborioso y desde luego que permite manipuleos, cosa que creemos que se han dado.
En segundo lugar, además de la importancia del procedimiento, debemos preservar la dignidad del Congreso, que no se convierta, como lo vimos en ocasiones recientes, en una oficina de quejas, donde el juicio político es un trámite más de un proceso civil por ejemplo, o donde el juicio político es una vulgar difamación que ni siquiera en sus hechos tipifica los elementos que la ley establece o donde aún fundado el juicio político, a nivel popular se considera culpable al acusado, antes aún de que tenga oportunidad de defenderse.
En este aspecto me ha llamado la atención el desarrollo de la doctrina en algunos países de Europa, en materia de protección al honor de las personas. No es creo yo el juicio político sino el periodismo amarillista que se acostumbra por ejemplo en España o en la Gran Bretaña, pero lo que sí es indudable que consultando los catálogos de las editoriales jurídicas españolas, encontramos muchos títulos sobre este tema que para nosotros ha sido un tanto cuanto desconocido.
Creo que en este aspecto debemos establecer ya una bases que permitan defender el honor de las personas y no hacerlas vulnerables a las calumnias. Desgraciadamente lo hemos visto en medios políticos, la difamación y la calumnia es un arma que se utiliza con toda tranquilidad, amparada en un procedimiento bastante lento en materia penal y en unas penas risibles en cuanto a sanciones.
Creo que debemos esperar y ver cómo funcionan las propuestas. Hay leyes que parecen perfectas y no funcionan, y hay leyes que aparentan ser incompletas y sin embargo se aplican muchas veces con mejores resultados.
Con las precisiones que hace la iniciativa en materia de órganos responsables de cada trámite, de cada uno de los trámites, con la mayor claridad del procedimiento, nosotros no tenemos duda de que esta iniciativa mejora sensiblemente el procedimiento vigente, y por esa razón votaremos, en lo general, a favor de la misma. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: - Gracias diputado Adolfo Kunz Bolaños. A continuación, para razonar su voto, tiene la palabra el diputado Víctor Orduña del Partido Acción Nacional.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: - Señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
El dictamen de la iniciativa de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ha despertado entre los oradores que han venido aquí a razonar su voto, en especial un punto de interés, y este punto de interés lo han centrado Ricardo Valero, Martín Tavira y Adolfo Kunz Bolaños, fundamentalmente en lo que se refiere al juicio político, juicio político que a todos nos deberá interesar, y nos debería interesar por hacerlo una figura funcional.
Como decía aquí algunos oradores, el juicio político es el único juicio en México que no ha tenido aplicación real; es casi una figura decorativa en nuestro sistema jurídico de responsabilidad. A algunos tal vez les cause risa lo que les voy a decir, pero el antecedente más cercano del juicio político en México es el que se le siguió a Hernán Cortés, en un llamado Juicio de Residencia, que es el antecedente del juicio político en México. Después de ese Juicio de Residencia seguido a Hernán Cortés, a ningún servidor público se le ha aplicado este juicio, y yo no creo que sea tanto por problemas de la legislación, porque esté mal y tengamos que adecuar nuestra Ley de Responsabilidades; fundamentalmente creo que en muchas ocasiones la no aplicación del juicio político se debe a una falta de interés político para aplicar la sanción.
Se han tenido algunos intentos de aplicación de este juicio, y el más cercano de ellos, y donde incluso se formó hasta la sección instructora, fue en el caso de Flores Tapia, y juicio político que no se terminó por la renuncia, en aquél entonces, del Gobernador de Coahuila Flores Tapia, desde mi punto de vista en forma indebida...
El Presidente: - Permítame estimado diputado. Por tercera ocasión en la presente sesión hacemos un llamado a los legisladores, a visitantes y a quienes nos acompañan en esta sesión, el guardar orden y a tener respeto al orador, a guardar silencio y atender el desarrollo de esta discusión. Continué usted, señor diputado.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: - Gracias señor Presidente. Con la moción de orden hecha por el Presidente, que agradece este orador, continúo en el uso de la palabra.
Decía yo que es un juicio inaplicado, es un juicio que ha sido letra muerta en México, aun cuando ha sido un recurso considerado desde nuestros primeros antecedentes constitucionales. Desde la Constitución de 1824 se plantea ya sistemas de responsabilidad para los servidores públicos, sistemas de responsabilidad que de alguna forma se copian del impeachment norteamericano, en
donde este juicio se ha aplicado a presidentes, jueces, magistrados y representantes públicos, representantes políticos, excepción hecha en México que no se aplica.
Y llama la atención, llama la atención este hecho, y consideramos, y por eso votaremos en favor de la iniciativa, el que una gran cantidad de mexicanos, tal vez por el desconocimiento mismo del propio juicio político o por la inaplicación de éste como una medida inhibitoria o de desacreditación a servidores públicos, han presentado una gran cantidad de juicios en esta Cámara de Diputados, una gran cantidad de juicios en materia política, que muchas veces son improcedentes hasta de simple vista.
Y estamos de acuerdo con esta reforma porque será un filtro para darles seriedad y prestigio a este juicio y que realmente quede como la sanción más alta que pudiera aplicarse a un servidor público. Para nadie es desconocido que el aplicar juicio político a alguien e imponerle las sanciones del juicio político, como son la inhabilitación para desempeñar otro cargo público, es la muerte política, la sanción más fuerte que pudiera imponerse a un político porque no podrá desempeñar este cargo. Y nos parece buena también la adición porque se le fija un término perentorio de 10 días a la subcomisión para resolver y que no suceda lo que ha estado sucediendo en otros tiempos, en los que se ocasiona un gran rezago y son juicios políticos hasta de dos o tres años que va analizando la subcomisión.
Por ello consideramos que esta medida es acertada y es razonable que quede incluida.
Se mencionaba, por otro lado, que podríamos tener una ley de responsabilidades perfecta. Yo creo que si hemos ido avanzando en el perfeccionamiento de la Ley de Responsabilidades, y hay muchos puntos que debemos pensar en incluir en esta ley, y no porque tenga especial interés en que se aplique a alguien, pero es de las pocas leyes de responsabilidades en el mundo que no contemplan al servidor público de primer nivel o al mandatario de la nación.
En México el presidente de la República es ajeno al juicio político y, de acuerdo al artículo 111 de la Constitución, solamente podrá ser juzgado por delitos graves del orden común y traición a la patria, pero nunca por responsabilidad política. El Presidente de México puede ser irresponsable políticamente, sin que el pueblo de México pueda fincarle alguna responsabilidad. Es un punto que valdría la pena tal vez en el futuro que pudiéramos ir analizando.
Por otro lado, ya lo dijeron en forma general quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Creemos que las modificaciones que se propone a esta ley son acertadas, como el hecho de ampliar la inhabilitación a los servidores públicos que se les encuentre responsables de alguna falta. Y tiene alguna disposición que creemos, y la presentaremos en lo particular, se traduce en una pena inusitada para los servidores públicos que han sido ya sancionados.
Por otro lado, también nos parece importante el haber incluido a los miembros de la Asamblea de Representantes en la Ley de Responsabilidades, porque si bien es cierto que ya se incluían en la Constitución General de la República no se encontraban comprendidos en la propia Ley de Responsabilidades.
Por ello nuestro voto será a favor de la iniciativa que hoy se discute. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias diputado Víctor Orduña. Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: - Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados:
Ha concluido, según tengo entendido, la relación de los compañeros que han solicitado intervenir para razonar su voto en este asunto que discute la Cámara hoy, y antes de que concluya este análisis que ha sido muy importante, quisiera compartir con todos ustedes algunas reflexiones en relación con el proyecto, no sin antes reconocer, de manera muy amplia, a todos ustedes, el apoyo explícito que han hecho para este nuevo esfuerzo que hacemos los diputados de esta legislatura.
Como ustedes seguramente recordarán hubo un acuerdo en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que me honro en presidir y en la Comisión de Justicia que preside el diputado Fernando Gómez Mont, para que un grupo de trabajo realizara un análisis muy amplio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, concretamente, lo que tiene que ver con el juicio político.
Buscamos en múltiples intercambios encontrar un procedimiento que sin ser estrictamente procedimental, en términos del derecho procesal, tuviese si todas las garantías y seguridades que un juicio de cualquier naturaleza exige; es decir, que cumpliera cabalmente con las disposiciones constitucionales en la materia.
Pero también buscamos que se reconociera cabalmente la naturaleza de los asuntos que son materia de un juicio político, es decir, la gravedad, las características especiales que obligan a que un juicio de este tipo se llame juicio político, que su sola mención implica la complejidad de los asuntos que son materia de su análisis.
Después de escuchar a todos los compañeros que nos quisieron hacer el favor de opinar, el diputado Gómez Mont y yo, decidimos hacer una propuesta de iniciativa que fue leída en la Cámara, hace ya algún tiempo, y que ha motivado que sigamos trabajando en el sentido de perfeccionar nuestra propuesta inicial.
Yo mismo debo reconocer que no es un trabajo individual, que no es un trabajo del diputado Gómez Mont en exclusivo, sino que por el contrario es un trabajo que trata de resumir la opinión de todos ustedes, que quisieron dar su punto de vista en un asunto tan delicado como éste.
No es mi propósito, por tanto, repetir lo que todos los diputados que han intervenido en este asunto han dicho y lo han dicho bien, acerca de las particularidades del juicio y de los frecuentes excesos en que la Cámara había venido incurriendo, al discutir y analizar este tipo de asuntos.
Ahora que estamos a punto de concluir este debate, compañeras y compañeros diputados, primero, quiero de manera muy amplia, reconocer las expresiones que desde esta tribuna se han hecho en relación con el proyecto, decirles que hemos seguido, tanto el diputado Gómez Mont como su servidor, revisado nuestra propuesta inicial que ha sido matizada con sugerencias de diversos diputados de todos los partidos políticos, y que pienso que a la conclusión de la discusión en lo particular de esta iniciativa tendrá características diversas, diferentes a la propuesta inicial.
Es importante decirles que en mi opinión estas aportaciones enriquecen el proyecto inicial, lo completan, ayudan a solventar algunos problemas que no habíamos previsto en el texto original y que esto por supuesto nos ayuda a que tengamos un resultado mejor que al que inicialmente habríamos previsto.
Yo creo que este esfuerzo que hemos hecho y que habrá de concretarse cuando el señor presidente decida poner a votación el proyecto, habla bien de algo que debemos los diputados reconocer y aquilatar como un mérito de esta Legislatura.
La búsqueda honesta y seria por encontrar nuevos procedimientos que acrecienten los consensos. Yo pienso que buscar consensos en esta época es un procedimiento normal; es un procedimiento honorable en la vida política del país. Yo pienso que buscar que hayan acercamientos partidarios da muestras de una nueva forma de entender el ejercicio de la política. Yo pienso finalmente, que hay necesidad de que cada partido fortalezca su posición ideológica y establezca sus visiones y sus versiones de la política nacional. Pero con el mismo vigor, pienso, que sirve muy bien a la sociedad mexicana, el que nos esforcemos todos por tener un trabajo mejor que redunde sólo en beneficio del pueblo.
Les agradezco pues esta oportunidad e invito al diputado Fernando Gómez Mont, que es coautor de esta iniciativa, para que si a bien lo tiene, comente con ustedes con mayor amplitud, algunos de los cambios que pensamos como autores de la iniciativa, aceptar; para que si ustedes con su voto lo deciden, pasen a formar parte del texto legal de nuestra iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente: - Habiendo...
El diputado Carlos González Durán (desde la curul):- Señor presidente me permitiría suplicarle, si es posible, me concediera el uso de la palabra para rectificar hechos.
El Presidente: - Tiene usted el uso de la palabra, diputado Carlos González Durán.
El Diputado Carlos González Durán: - Compañero presidente; compañeras y compañeros diputados:
Me permití solicitar el uso de la palabra para apoyar la propuesta que hizo el señor diputado Valero y subrayar cuál es el objetivo, el motivo y el fundamento de la opinión que el Partido de la Revolución Democrática tiene frente a esta propuesta.
Aclaramos que nosotros vemos consecuente, correcta, la propuesta en lo que se refiere a permitir que cada órgano administrativo y de poder, se haga cargo de la responsabilidad administrativa y de la responsabilidad política de sus integrantes. A eso no hacemos objeción ni estamos en desacuerdo.
Aceptamos, pues, que se distribuya la vigilancia de los funcionarios en las respectivas dependencias de la administración pública a que corresponda.
Nuestra impugnación se refiere principalmente al carácter que tiene en nuestra legislación y que ahora se complica más, porque no se da el curso expedito, la celeridad consecuente al caso de la responsabilidad política.
Ser responsable quiere decir: darse cuenta de las consecuencias de nuestros actos, y responder ante la sociedad de las decisiones que hemos tomado y que afectan a la sociedad.
En nuestro orden jurídico, los funcionarios tienen cuatro tipos de responsabilidades:
La civil, que no necesita permiso de procedibilidad, y que no existe fuero en materia de jurisdicción civil. Cualquier persona puede demandar a un funcionario, desde los supremos funcionarios, hasta en los tribunales civiles, por responsabilidad civil.
Pero para la responsabilidad penal, existe el fuero o inmunidad del funcionario, de los elevados funcionarios de la administración pública federal y estatal, y se requiere un permiso para la procedencia de la responsabilidad penal.
Por otra parte, existe la responsabilidad política, y por otra parte, existe la responsabilidad administrativa.
La responsabilidad administrativa requiere que cada funcionario actúe con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia. Si no lo hace, puede recibir, como sanciones: la suspensión, la destitución, la inhabilitación, de su cargo. Esa es: responsabilidad administrativa.
Pero cuando se afectan gravemente los preceptos de la Constitución, las instituciones democráticas, la forma de gobierno republicano, la libertad del sufragio, las garantías individuales, o por graves omisiones en el cargo público se causa perjuicio a la Federación o a las entidades, se falta a los programas de gobierno, se incurre en responsabilidad política. La responsabilidad política atañe, pues, a la voluntad estatal. ¿Con qué voluntad estatal debe el gobierno gobernar?
Debe el gobierno gobernar con una voluntad donde esté presente el respeto de las instituciones, el respeto de las leyes, el respeto del orden jurídico, lo que le da legalidad a su funcionamiento.
Cuando se falta gravemente al despacho de la administración y a las finalidades de una administración que debe ser republicana, federalista, municipal, cunado se falta gravemente a esta estructura, se incurre en responsabilidad política. Pero la responsabilidad política en la legislación vigente requiere de tres comisiones.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, determinan si el asunto es procedente; si reúnen los requisitos de forma y de fondo.
En la Cámara de Diputados la Comisión instruye la investigación, y dictamina si acusa. Y la Cámara de Senadores, es la que opera para el juicio de la acusación que formule la Cámara de Diputados.
Tenemos pues en nuestro sistema tres comisiones. Y lo que nos inconformamos es que en este proyecto se agrega una cuarta comisión, que está fuera de tono, fuera de oportunidad procesal, fuera de toda lógica, si es que se requiere dar celeridad al procedimiento o lo que se quiere hacer es, como dijo aquí el compañero Valero, crear nueva obstrucción, un nuevo entretenimiento, para que nunca se pueda transitar a exigir a un funcionario supremo las responsabilidades públicas y políticas en que hubiere incurrido.
Se concede una Comisión de Examen Previo, que declare la procedencia de la queja, para ver si reúne los requisitos de forma y de fondo. Eso se indica en los términos de que haya certeza de los hechos y que la averiguación arroje probables elementos de responsabilidad en contra del funcionario acusado.
Nuestra inconformidad, y con eso termino radica pues, en que esta Comisión de Examen Previo la consideramos innecesaria, entorpece más el procedimiento e insistiremos, cuando se discuta en lo particular, que si el objetivo es expeditar el procedimiento y no crearle más obstrucciones, esta comisión carece de razón de ser y se debe de dejar a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia que sean ellas, cuando recaban las pruebas, las que estén en condiciones de juzgar la certeza de la acusación, los elementos del cuerpo del delito y los elementos probatorios de la probable responsabilidad.
O sea, si en lugar de avanzar vamos a retroceder, es en lo que nosotros llamamos la atención que el procedimiento de responsabilidad política que generalmente no se transita como la expresó aquí el representante de la diputación del Partido de Acción Nacional, debemos crearle celeridad y facilidades para que el procedimiento avance en el planteamiento, la investigación y la sentencia.
Es necesario, sobre todo, cuando se presentan condiciones de convivencia que son de gran
trascendencia en la vida nacional, que tengamos un procedimiento correcto, expedito, y no un procedimiento entretenido que obstruccione los trámites y que haga una pérdida de tiempo frente a los reclamos sociales. Es todo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado.
Ruego a la Secretaría consultar si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias.
Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión en lo particular, los artículos 9, 12, 17, 47, fracción XXIII, 53 párrafos segundo y tercero, 56 fracción V, y 80 fracción IX.
Asimismo, solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se realice una sola votación nominal en lo general y en lo particular en un sólo acto, al finalizar la discusión de todos los artículos reservados.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra (desde su curul): - Para informar a usted señor Presidente y la Asamblea, que por nuestra parte y al no estar considerados dentro de su relación, nos reservamos el segundo párrafo del artículo 9o. Usted mencionó el artículo 9o. Nosotros queremos precisar que por nuestra parte había el segundo párrafo.
El segundo párrafo del artículo 10o.
El inciso b del artículo 12. El inciso c del artículo 12 también. El d del mismo artículo.
Los dos últimos párrafos que se adicionan al artículo 53.
La fracción II del artículo 64.
El artículo 70.
El segundo párrafo de la fracción II del artículo 71. También la fracción III de ese mismo artículo 71, y
El artículo 79. Muchas gracias.
El Presidente - Tomamos, y ruego a la Secretaría haga lo conducente, debida nota de la indicación que nos hace el diputado Ricardo Valero, a fin de que en la discusión en lo particular se examinen estos artículos.
Ruego a la Secretaría proceder a la votación, a fin de conocer la opinión de la Asamblea en torno a la propuesta que se ha formulado.
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta que en un sólo acto se apruebe en lo general y en lo particular los artículos reservados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo...
El Presidente: - Perdone usted. La petición de consulta es si la Asamblea aprobaba que en votación económica se autorice la realización de la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de todos los artículos reservados.
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma: - En votación económica se pregunta si se acepta que se realice una sola votación nominal en lo general y en lo particular, al finalizar la discusión de todos los artículos en un solo acto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias.
En consecuencia, se abre el registro de oradores para la discusión en lo particular de los artículos reservados.
Esta Presidencia informa que se han registrado los siguientes diputados:
Diputado: Carlos González Durán; Fernando Gómez Mont; Felipe Ocampo Ocampo; Rafael Cañedo Benítez; Víctor Orduña Muñoz; Jesús Basaldúa González; Abundio Ramírez Vázquez y Juan Hernández Mercado.
Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán.
El diputado Fernando Gómez Mont Urueta:
(desde su curul); - Señor Presidente, toda vez que en mi calidad de autor de la iniciativa he venido realizando un diálogo con los compañeros de las diversas fracciones, solicito que se me permita subir al final para sintetizar aquéllo que ha sido aceptado de las diversas proposiciones.
El Presidente: - Con mucho gusto, señor diputado. Esta Presidencia atiende favorablemente su petición.
Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente:
Honorable Asamblea: en el artículo 9o., segundo párrafo, se indica que la Comisión de Estudio Previo verificará dos cosas: la certeza y la presunta responsabilidad.
Decía que no es el momento procesal oportuno para entrar a juzgar la existencia del cuerpo del delito y los elementos de probable responsabilidad en esta comisión que se añade a las tres comisiones que intervienen en el procedimiento del juicio político, porque lógicamente en todo procedimiento hay una etapa de planteamiento; la etapa de planteamiento solamente debe examinar los elementos formales y los elementos materiales o de fondo de la denuncia o de la queja.
Sólo después, cuando la comisión instructora desahoga pruebas y tiene elementos de convicción, es cuando se está en presencia del momento oportuno para juzgar la certeza y la presunta responsabilidad.
Este dictamen debe corresponder a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y no anteponerse en el procedimiento, porque anticipadamente exige que se examinen cuestiones que no es el momento procesal indicado.
Por lo que se refiere a los elementos requeridos para el carácter de las formalidades y del fondo de los requisitos, se entiende que esto debe ser objeto de la Comisión Unida de Puntos Constitucionales y de la Comisión de Justicia. Aquí en el proyecto se reduplica y divide el examen de la procedibilidad y de la legitimación; se divide ese examen porque si la Comisión Previa desecha la queja, entonces las comisiones unidas entran a conocer de una etapa que se llama de revisión, lo que me parece que no es correcto en la lógica del tiempo procesal es que anticipadamente se esté juzgando sobre pruebas cuando todavía no se ha iniciado el procedimiento de instrucción.
Hay aquí un conjunto de proposiciones que se refieren a los preceptos que el partido apartó para su discusión y que son los siguientes que se proponen: en el artículo 9o., la denuncia debe estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios en caso de que el denunciante no pudiera físicamente aportar dichas pruebas pero el supiere donde estén señalará el lugar o las oficinas en donde se encuentren para la Subcomisión de Examen Previo las solicite y se pueda determinar la procedibilidad de la denuncia.
Consideramos que la Comisión Previa no debe juzgar de la existencia o certeza del cuerpo del delito y de los elementos de la probable responsabilidad, simplemente se debe limitar a ver si la denuncia reúne formalmente los requisitos correctos y reúne formalmente los hechos materia de la denuncia y los preceptos en que se basa o se fundamenta esa denuncia.
Por lo que se refiere al artículo 10 sugerimos esta redacción: "La Cámara de Diputados sustanciaría el procedimiento de juicio político por conducto de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia que desde el momento de su instalación designará los cinco miembros de cada una de ellas en atención a la proporción de representantes con que cada partido cuente en el seno de la Cámara para que en unión de los presidentes y un secretario por cada Comisión integren la Subcomisión de Examen Previo denuncia del juicio político que tendrá la competencia exclusiva a que se refiere el artículo 12 de esta Ley". O sea, lo que sugerimos es que la comisión sea una comisión plural y que sus integrantes no sean solo de un solo partido sino que teniendo esta cámara una integración plural también esta Comisión Unida lo traduzca dentro de sus mismos compañeros representantes populares de diversos partidos, lo que nos permite entender que será más imparcial su trabajo.
Por lo que se refiere al artículo 12 inciso B, decimos: "Una vez rectificada el escrito, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados lo turnará a la Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para la tramitación correspondiente, misma que dictará su resolución en un plazo de 30 días naturales. Asimismo dará cuenta del turno realizado a las coordinaciones de los grupos parlamentarios para su conocimiento".
Entendemos que un juicio político no es sólo asunto que requiera la importancia de una comisión de esta honorable Cámara de Diputados, sino que también debe notificarse debe darse conocimiento a los coordinadores de los grupos parlamentarios, esto es lo que agregamos, sugerimos que esta denuncia, una vez que se considera que reúne los requisitos formales, de forma y de fondo, tiene legitimación que se acusa a uno de los funcionarios que se deben acusar, entonces sugerimos que se dé conocimiento a los coordinadores, de los grupos parlamentarios.
La siguiente proposición es sobre el artículo 12 en su inciso c. Aquí nos referimos a los elementos de forma, a los elementos de fondo, ennumerando los que lógicamente se pueden examinar cuando se recibe inicialmente una denuncia, y que sería: "La Subcomisión de Examen Previo determinará si la renuncia cuenta con los requisitos de fondo y forma para determinar su procedibilidad.
Para los efectos del párrafo anterior, son requisitos de fondo los siguientes:
1. La legitimidad al denunciante;
2. Si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos que son sujetos del juicio político;
3. Si la denuncia se acompaña con elementos de prueba o se señala el lugar o la oficina donde se encuentren dichas pruebas, y
4. La ratificación de la denuncia.
Esos son los elementos formales. Los elementos de fondo son:
El nombre y el domicilio del denunciante; el nombre de la autoridad ante la que se presenta la denuncia; el nombre del servidor público denunciado; los actos u omisiones que al servidor público se le imputan; la narración de los hechos en que se funda la denuncia; y, los preceptos de derecho que fundamenta la procedencia de la denuncia.
En caso de que la denuncia no cuente con los requisitos de fondo a que se refiere este inciso, la Subcomisión de Examen Previo lo desechará de plano.
Si la denuncia no cuenta con los requisitos de forma a que se refiere este inciso, la Subcomisión de Examen Previo prevendrá al denunciante para que en el término de 5 días naturales lo subsane.
En caso de no subsanarlos, se tendrá por no promovida la denuncia.
Y la última propuesta que hace el Partido de la Revolución Democrática, es respecto al artículo 12, el inciso d:
La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo desechando una denuncia, podrá revisarse por el Pleno de las comisiones unidas a petición de cuando menos el 10% de los diputados integrantes de ambas comisiones, o a petición individual cuando se presenten pruebas supervenientes, siempre y cuando se hubiere desechado por la insuficiencia de pruebas.
Son éstas las proporciones que voy a entregar a la Secretaría, con la súplica de que en su oportunidad se les dé lectura y se proceda a recabar la correspondiente votación acerca de las modificaciones que sugiere el Partido de la Revolución Democrática.
Las dejo aquí ante la Secretaría de la cámara y expreso mi agradecimiento por las atenciones que todos ustedes han tenido al escucharme.
El Presidente: - Gracias diputado Carlos González Durán. Esta Presidencia informa que ha recibido una solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios, en el sentido de continuar el desarrollo de la presente sesión de la Cámara de Diputados, sin realizar un receso; en consecuencia, aceptamos la propuesta de los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Continuaremos en el desarrollo de estas actividades de la presente Asamblea, pero rogamos a los estimados legisladores, tomen las disposiciones pertinentes para que en caso de ausentarse o haberse ya ausentado del presente recinto, se incorporen a la brevedad posible, a fin de mantener el quórum y el desarrollo normal de las actividades de la presente Asamblea.
Dicho lo anterior, tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Ocampo Ocampo.
El diputado Felipe Ocampo Ocampo: - Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
En excepción de los demás párrafos que vino a proponer el compañero diputado Durán, coincidimos de alguna manera en el último inciso del que él hizo mención.
Vengo a proponer una modificación al artículo 12, inciso d, de esta ley, que a la letra dice:
La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo desechando una denuncia, podrá agilizarse por el Pleno de las comisiones unidas, a petición de los presidentes de las comisiones o a solicitud de cuando menos el 20% de los diputados integrantes de ambas comisiones. Mi propuesta consiste en una modificación en lo que se refiere al porcentaje de diputados; en lugar del 20% de éstos, que sea el 10% de los diputados integrantes de ambas comisiones; es decir, en caso de que ustedes lo aprueben, quedaría de la siguiente manera:
"Artículo 12, inciso d. La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo desechando una denuncia, podrá revisarse por el Pleno de las comisiones unidas, a petición de cualquiera de los presidentes de las comisiones o a solicitud de cuando menos el 10% de diputados integrantes de ambas comisiones."
Dejo en la Secretaría mi propuesta. Gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Felipe Ocampo Ocampo. Tiene la palabra el diputado Rafael Cañedo Benítez.
El diputado Rafael Cañedo Benítez: Compañeras y compañeros diputados. Solamente subo a esta tribuna para que en nombre del Partido Revolucionario Institucional, formule yo una proposición para que modifique el artículo 47, fracción XXIII y quede como sigue:
"Artículo 27, fracción XXIII. Abstenerse, en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes; prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, con las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría, a propuesta razonada, conforme a las disposiciones legales aplicables del titular de la dependencia o entidad de que se trate.
Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público."
Dejo aquí en la Secretaría esta proposición para que sea puesta a consideración de esta Asamblea en el momento procesal oportuno. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, diputado Rafael Cañedo.
Tiene la palabra el diputado Jesús Bazaldúa González.
El diputado J. Jesús Bazaldúa González: - Con su permiso señor Presidente; distinguidos compañeros diputados; respetables compañeras diputadas:
Acudo a esta tribuna y ante esta soberanía, con el propósito de presentar a su distinguida consideración en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mi partido, la siguiente propuesta con referencia a la fracción V del artículo 56 de la ley que ahora nos ocupa para quedar como sigue:
"La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente."
Dejo a la Secretaría mi propuesta a efecto de que sea sometida a votación en el momento oportuno. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias diputado Bazaldúa. Tiene la palabra el diputado Víctor Orduña Muñoz.
El diputado Víctor Orduña Muñoz: - Gracias señor Presidente, compañeros diputados:
He solicitado el uso de la palabra para presentar una propuesta de modificación al artículo 53, porque como lo mencioné en la intervención en lo general, consideramos que este artículo impone tal vez hasta una doble pena al servidor público que ha sido inhabilitado.
La redacción actual establece que el servidor público que haya sido inhabilitado de uno a 6 años o de 6 a 14 años, al terminar este término, si quiere trabajar nuevamente en el servicio público, deberá contar con la autorización de la Contraloría de la Federación; si la Contraloría decidiera que este servidor público no puede trabajar, sería imponerle una doble sanción a una sola conducta ya sancionada.
Por otro lado, también consideramos pertinente elevar el monto de los salarios mínimos que se fijan para la imposición de las sanciones, así como las propias sanciones, y elevarla en los siguientes términos:
"Cuando la inhabilitación se impone como consecuencia de un acto u omisión que implique
lucro o cause daños y perjuicios, será de un año hasta 10 años si el monto de aquellos no excede de 200 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de 10 a 20 años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos."
"Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de ley por un plazo mayor de 10 años pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, una vez transcurrido el plazo de inhabilitación impuesto, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar de aviso a la Secretaría en forma razonada y justificada de tal circunstancia. La contravención a los dispuesto por el párrafo que antecede, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado."
Dejo la propuesta en la Secretaría y ruego darle el trámite correspondiente. Gracias El Presidente: - Gracias diputado.
Tiene la palabra el diputado Abundio Ramírez.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez: - Compañeras y compañeros diputados:
Voy a pedir su atención para que escuchen la propuesta de nuestra fracción, una propuesta de modificación en lo particular a uno de los artículos que están a discusión este día.
Antes me gustaría hacer algunos comentarios en relación a lo que algunos compañeros de algunas fracciones parlamentarias han dicho en esta tribuna.
La corrupción no es producto de sistemas como se afirma; la corrupción ha sido durante toda la vida, durante todas las etapas del hombre, en el universo, en el mundo. Se afirma que la corrupción es producto de un sistema, y no vengo a defender ningún sistema. ¿Qué pasó con el bloque socialista? ¿Qué ha pasado con los partidos comunistas en el mundo? No es cierto que es un problema de sistemas; la corrupción es un problema inherente al hombre, el hombre de por sí no es perfecto.
Muy bien, compañeros, vamos a hacer la siguiente propuesta en relación al texto vigente del artículo 80 de la ley en mención. El texto en este momento aparece como sigue, inciso noveno: "El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta ley, será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de 3 meses a 3 años. Me estoy refiriendo al segundo párrafo del artículo 80, Asimismo deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo los demás servidores públicos que determine el secretario de la Contraloría General de la Federación, mediante las dispocisiones generales debidamente motivadas y fundamentadas."
El texto propuesto al artículo 80, en su fracción IX: "El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta ley, será suspendido, y cuándo por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres meses a tres años. Asimismo, deberán presentar declaraciones a que se refiere este artículo los demás servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y de los órganos jurisdiccionales a que se refieren las fracciones séptima a novena del artículo tercero, que determine el secretario de la Contraloría General de la Federación mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas."
Esta es la propuesta del Partido del Frente Cardenista de modificación para el artículo 80. Esperamos el apoyo para esta modificación.
El Presidente: - Gracias diputado Abundio Ramírez. Tiene la palabra el diputado Juan Hernández.
El diputado Juan Hernández Mercado: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
La fracción parlamentaria del Partido Revolución Democrática quieren hacer las siguientes observaciones. Primero, con respecto al artículo 53, y ya lo mencionaba el diputado Víctor Orduña, hay una excesiva penalidad. Se está castigando en forma doble al funcionario que haya cometido algún ilícito. Y nosotros creemos que la justicia busca un equilibrio, no busca sancionar al cuadrado en alguna potencia extrema. Entonces creemos que no debe procederse, y por lo tanto, no deben quedar los dos últimos párrafos del artículo 53.
En cuanto respecta a la fracción segunda del artículo 64, no vemos la lógica de que se aumente el período para dictar la resolución de 3 a 30
días. Si partimos del principio que la justicia debe ser pronta y expedita, aquí algo está ocurriendo, esa prontitud se está aletargando. Debe de haber algún término intermedio que si se pensaba primeramente de tres días, hoy con todos los sistemas que poseemos de informática y sobre todo con la capacidad de las personas que estarán al frente, no creemos que se necesiten treinta días para resolver, debe de haber un término menor.
Por lo que toca al artículo 70, aquí proponemos una adición: la persona que ha sido sancionada en lo corporal o en la destitución del empleo, pero cuando la persona ha sido injustamente sancionada, que se paguen los daños y perjuicios causados al servidor público.
Creo que es importante, por el puesto que ocupaba, por el cargo que hubiera desempeñado. No es únicamente el que se le reconozca que hubo una injusticia en su caso, sino que sea reparado en forma económica incluyendo los daños y perjuicios. De alguna forma establecer la valoración de los mismos para que sea resarcido.
Y proponemos que quedarse de esta manera el artículo 70. Dice así hasta ahorita el dictamen: Los servidores públicos sancionados podrán impugnar ante el Tribunal Fiscal de la Federación las resoluciones administrativas por las causas que se les imponga la sanción a que se refiere este capítulo. Las resoluciones anulatorias firmes dictadas por este Tribunal tendrán el efecto de que la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de sus derechos, de que hubiera sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas y se le paguen los daños y perjuicios que se le hayan causado con motivo de dichas sanciones sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes.
Por lo que toca a la propuesta de derogar el segundo párrafo de la fracción II aquí hay una contradicción, en el promedio del dictamen se habla de que se va a derogar, sin embargo, ya en el articulado del propio dictamen no se anota nada, para irse a la fracción II y puntos suspensivos. ¿Se está derogando o no se está derogando? Hay una confusión ahí y hace falta corregirla.
Ahora, ¿si llegara a dar tal derogación no existiría ahora el terreno para desahogar las pruebas en el recurso de la revocación, colocando esto a las partes en su procedimiento en donde va a privar la incertidumbre y en el retraso de la impartición de justicia, situación que es claramente anticonstitucional, en término de lo dispuesto en los Artículos 14 y 17 Constitucionales? toda vez, que en todo procedimiento deben cumplirse con sus formalidades esenciales, entendiendo por ellas en este caso que existan los términos procesales claramente definidos, para evitar la incertidumbre en dicho proceso y por ende en la impartición de justicia.
La fracción III de ese mismo artículo amplía el plazo para emitir la resolución de tres a treinta días hábiles, lo cual resulta anticonstitucional por violar los principios contenidos en el artículo 17 constitucional, relacionado con la importación de justicia pronta, completa e imparcial.
Por lo que en la propuesta de adicionar un segundo y tercer párrafos, al artículo 79 de esta ley se contiene la proposición de que ahora ya no sea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación la que reciba de manera exclusiva la declaración patrimonial de todos los servidores públicos, sino que ahora se propone que cada poder federal incluyendo el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la reciba también de cada uno de sus órganos especiales las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que laboran en cada una de ellos.
Se tiene entendido que esta modificación es una vieja demanda, sobre todo de los servidores público del poder legislativo, pues se ha considerado que esta medida fortalece la división de poderes, sin embargo, no beneficia la fiscalización que cada poder debe ejercer sobre otro, de tal manera que se hagan patentes los frenos y contrapesos que debe ejercer un poder con relación a los demás.
Consideramos que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, el cual es el órgano supremo de la fiscalización, es la que debe seguir teniendo el control en la revisión de estas declaraciones patrimoniales, por lo que se propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 79 de la iniciativa propuesta para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 79. Para los efectos de fiscalización entre los tres poderes federales y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. en cuanto a las declaraciones patrimoniales de sus respectivos servidores públicos, los órganos encargados de recibirlas remitirán a la Contaduría Mayor de Hacienda, de la Cámara de Diputados, copia del expediente en donde se llevan dichas declaraciones.
En cuanto a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, éstos presentarán sus declaraciones patrimoniales directamente en la Contaduría Mayor de Hacienda".
Estas, las modificaciones que hacemos presentes por parte del Partido de la Revolución Democrática, y hacemos de ellas entrega a la Secretaría, para su posterior votación. Gracias compañeros.
El Presidente: - Gracias diputado Juan Hernández.
Tiene la palabra el diputado Fernando Gómez Mont.
El diputado Fernando Gómez Mont Ureta: - Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros diputados
Antes de entrar a analizar aquellas proposiciones concretas que en opinión de los autores de la iniciativa y de diversos miembros de la comisión que dictaminara este trabajo, se consideran aceptables.
Yo quiero asentar en esta tribuna, que considero parte del deber político, en buena medida razón del deber político, trabajar siempre para convencer al otro de lo que se cree como válido.
Este esfuerzo es un buen ejemplo de lo que podemos conseguir todas las fuerzas políticas cuando nos abocamos a convencer al otro de la razón que invocamos y al mismo tiempo con apertura, dialogamos para ver en ellos la razón que alegan.
El consenso nunca es ideal para todos. El consenso es la medida de la racionalidad común y no despeja aquel espacio de razón que a cada cual le queda. La obligación para que el pueblo decida, es establecer cuál es la medida de nuestras diferencias y cuál es la medida de nuestras coincidencias. Y lo que hoy se puede perder en una votación, mañana se puede ganar con la participación de la sociedad. Pero, que sepan cuál es la diferencia entre las diversas ofertas. Y para eso, señores, hay que dejar claro las coincidencias.
Dialogar, así lo entendido, es deber ineludible del esfuerzo tanto como debatir.
Hoy hemos escuchado diversas proposiciones en función al juicio político. Debemos establecer que esta iniciativa partió del esfuerzo que en esta legislatura se hizo para dictaminar diversas denuncias de juicio político.
Al entrar a una sesión de las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con Justicia, pudimos establecer cómo las denuncias de juicio político tienen diversos rangos. Hay quien acude a esta vía bajo una logística estrictamente procesal, impugnar lo que ya no pudo ganar en la última instancia del derecho, que es el amparo; y entiende al juicio político como una instancia más de un litigio. ¡Eso no es el juicio político!
De horas en que realmente las fuerzas políticas debatieron conceptos de fondo, criterios de ética política, conductas a exigírsele al gobernante.
Esta necesidad de diferenciar los rangos en función de las demandas, nos debe llevar a un proceso distinto. Hoy recuerdo cómo cuando el que habla leía un dictamen en ese pleno de comisiones, en donde sin ironía, simplemente se limitaba a plantear los hechos previstos en la demanda, varios de los presentes de todos los partidos se molestaban y decían: "¿Por qué tenemos que estar dictaminando el caso de un hombre con una patología muy clara?" Esta necesidad de distinguir, en buena medida nos motivó.
Segundo. El hecho histórico, claro que un juicio político no ha procedido en México y que en buena medida esto puede estar dado por el diseño del procedimiento. En su afán de apertura, desde el principio, todo, todo el procedimiento es público, todo el procedimiento, la admisión de las pruebas, la tramitación de las pruebas, es completamente abierto, dando un tinte de escándalo al procedimiento.
Obviamente que desde el principio ya no es la razón que se invoca, sino muchas veces la correlación de fuerzas es lo que acaba estableciendo el destino del juicio. Establecer criterios de prudencia, de discreción, que no decrecía en su tramitamiento, necesariamente, y de eso estoy convencido, en el futuro será condición para que este juicio político pueda llegar a tener efectos en la vida constitucional de México.
Dotar al proceso de seriedad, pero también de respeto a las partes, de que no desde el principio se haga escárneo del inculpado, porque el funcionario público puede ser de cualquier partido. Todos aquí podemos ser sujetos de tal procedimiento.
Entonces, señores, bajo esa lógica, trabajamos y analizamos la iniciativa.
Que la iniciación del juicio político estuviera sujeta a un nivel de prueba suficiente, que
justificara su tramitación, su instrucción y por ende, el efecto benigno y maligno que tiene sobre las partes; porque no podemos olvidar que en buena medida el juicio político afecta siempre la imagen y el prestigio de quien haya sido justa o injustamente acusado por el mismo.
De ahí que estableciendo mecanismos alternativos de comunicación y discreción, hicimos la propuesta que ustedes originalmente conocieron.
Sin embargo, una vez ya presentada ante el Pleno, y me felicito, seguimos en la comunicación con diversas fuerzas políticas.
Se alegaron razones válidas y era necesario, para que no se pervirtiera la iniciativa que aquí nos ocupa, despejar temores y suspicacias; establecer candados o mecanismos de certeza, sobre todo para los responsables de tramitar ese juicio que es la propia cámara.
De ahí, en ese espíritu, los autores de la iniciativa aceptan modificar el artículo 9o. para que la Subcomisión de Examen Previo, pueda recabar pruebas. Mantenemos, como exigencia para la admisión del juicio, el que se establezcan niveles de certeza sobre la infracción, y sobre la responsabilidad del inculpado; por lo menos que ésta se presuma.
¡Ah!, pero se facilita el desahogo de pruebas, que no pueda desahogar el denunciante, a fin de que este trámite no se entienda como una obstrucción.
Yo discrepo con el diputado González Durán cuando dice "que cómo es posible que antes de iniciar un procedimiento se valoren pruebas". Es que no todos los procedimientos son iguales y la prueba muchas veces se valora hasta para la admisión.
Pero, por ejemplo, en el procedimiento penal, en el que se toman determinadas prudencias en función del efecto que tiene sobre las personas, se exigen niveles mínimos de pruebas para que una persona pueda ser sujetada a juicio, y no a cualquiera lo estén llevando ante el juez penal, hasta con la merma de su libertad; no dígase de su prestigio.
Por eso es que se establece ese nivel mínimo de prueba, pero con la posibilidad de que la autoridad coadyuve en su desahogo.
Quedaría así el segundo párrafo: "La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la Subcomisión de Examen Previo, ante el señalamiento del denunciante, podrá solicitarlas para los efectos conducentes".
En este tenor y a fin de evitar la sospecha que pudiera existir sobre la Subcomisión de Examen Previo como embudo, se establece en el artículo 12 fracción b, un mecanismo de publicidad. Es decir, tan pronto como la Oficialía Mayor reciba una denuncia y la turne a la subcomisión, deberá dar cuenta del turno a cada una de las coordinaciones de los grupos partidistas, para que en ese trámite nunca haya discreción tal, que se pudieran recibir demandas de juicio político en la Cámara y se dictaminaran, sin intención o conocimiento de todos los partidos políticos que aquí la representan. Este es un mecanismo de certeza.
También había razón en lo invocado, para que la resolución de la subcomisión pudiera ser revisada en caso de prueba superveniente. Pero la prueba superveniente, en nuestra opinión, no justifica que pase a un órgano revisor; pero sí que el propio órgano que ha desechado vuelva a entrar a considerar el asunto, ante nuevos elementos.
Entonces, más que como una condición para acudir al pleno, se estableció que en caso de la presentación de pruebas supervenientes, la Subcomisión de Examen Previo podrá volver a analizar una denuncia que ya se hubiese desechado por insuficiencia de prueba. Es decir, sólo, la prueba superviniente sólo puede tener un efecto en relación a fondo de la resolución, si ésta se desecha por insuficiencia de pruebas. Si hay una calificación definitiva de los hechos, la prueba superviniente en nada modifica este criterio.
Asimismo se acepta que para establecer garantías a minorías, el porcentaje de miembros de la comisión que pueda solicitar la revisión ante el pleno sea el 10%.
Y también para evitar resoluciones apresuradas, máxime que se pueden desahogar pruebas en la subcomisión, ampliar el plazo para que esta resuelva a 30 días. Porque si lo hacemos a 10, prácticamente podemos estar en el caso de estar fijando plazos que no se cumplan, con lo que se pervierte la vigencia del derecho.
Por último, un comentario y en ésto yo tengo que ser honesto, un comentario que hiciera el Partido de la Revolución Democrática dio lugar a una iniciativa que no es en el sentido en que lo planteó el Partido de la Revolución Democrática. Porque él decía, y con razón, "si la Subcomisión de Examen Previo tiene que analizar si hay pruebas para presumir la responsabilidad del inculpado, de acuerdo al artículo 17 la sección instructora va a tener las mismas funciones. Entonces ¿donde está la diferencia?.
Tienen toda la razón en el planteamiento. A fin de ser coherentes con el modelo de juicio político que ahora proponemos, hemos señalado que para que la comisión instructora formule el pleno de esta cámara la posibilidad de acusar a un funcionario ante los senadores, se tengan la convicción plena de la existencia de la infracción y de la responsabilidad del encauzado y por qué.
Si ustedes ven el diseño del juicio político ahí había un vicio. Después de que la comisión instructora formulará sus conclusiones al Pleno, ya no había ninguna fase de desahogo de pruebas, todo era alegatos; es decir, que las partes iban a discutir sobre la significación que se le dan a los hechos probados. Pero, ya no se puede probar mejor tal o cual hecho, porque ya el desahogo ha terminado ante la sección instructora.
Si sólo vamos a alegar sobre una presunta responsabilidad, resulta que después iríamos a la Cámara de Senadores a decir: Creemos que hay presunción de responsabilidad, y la Cámara de Senadores al final, sin poder agotar nuevas pruebas, tendrá que decir: No está plenamente probado, pero como ya no puedo agotar pruebas, se desecha el juicio político.
¡No! El órgano acusador, cuando cierra su acusación lo debe hacer bajo la convicción plena de que existe la responsabilidad sobre el hecho que se invoca. La responsabilidad de la Cámara en tal efecto es de gravedad tal que así lo exige.
Si la cámara aún no tiene la convicción de que una persona es responsable de lo que se le acusa, no se justifica que la lleve ante la sección de enjuiciamiento o ante la Cámara de Senadores.
De ahí que, bajo esta lógica y asumiendo la razón, pero no quiero decir que fuere el propósito de la iniciativa, pero sí lo que tenía de razón o que nosotros entendimos de razón, establecimos que en el artículo 17 se establecería como base de las conclusiones de la sección instructora, que de las constancias se desprenda la plena responsabilidad del encausado, criterio que se repite en la fracción II de ese artículo, a fin de hacer coherente todo el sistema procesal y no el llegar a la inconsistencia que se señalaba en el juicio político.
Yo sé que aquéllo que asumimos después de la iniciativa no es plenamente satisfactorio para nadie. Yo sólo se, que es producto de un ejercicio en el cual buscamos encontrar aquéllo que podemos asumir comúnmente; ese es el contexto. Pero si aquella diferencia, si aquéllo que se toma como común no es suficiente para justificar el hecho de que no se adopte el otros que se planea, se puede votar y se puede rechazar el dictamen.
Lo que quiero que quede claro es que es un ejercicio de buena fe y que los autores de la iniciativa no por haber aceptado propuestas parcialmente de otros, sólo por eso piden su voto, sino porque entienden que en el conjunto se plantea algo racionalmente aceptable y éticamente admisible.
En función de eso, señores, dejo estas propuestas a fin de que en su momento sean sometidas al pleno y solicito su voto aprobando el contenido de las mismas. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado Fernando Gómez Mont.
Esta Presidencia ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo particular.
La secretaria María Clara Mejía Guajardo: - En votación económica se pregunta si están suficientemente discutidos los artículos reservados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias.
Esta Presidencia ruega a la Secretaría proceder a someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, en votación económica, las diferentes propuestas de reforma o adición de los artículos reservados, presentadas en el orden en que fueron hechas ante esta Asamblea, previa lectura de las mismas.
La secretaria María Clara Mejía Guajardo: - Propuesta por el diputado Carlos González
Dirán del Partido de la Revolución Democrática, se modifica el segundo párrafo del artículo 9o. que debe de quedar así: "Artículo 9o. La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios en caso de que el denunciante no pudiera físicamente aportar dichas pruebas pero supiere donde estén, señalará el lugar o las oficinas donde se encuentren para que la Subcomisión de Examen Previo las solicite y se pueda determinar la procedibilidad de la denuncia".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
La misma Secretaria: - Propuesta por el diputado Carlos González Durán del partido de la Revolución Democrática donde se modifica el segundo párrafo del artículo 10 que debe de quedar así: "Artículo 10. La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las comisiones unidas de Gobernación y puntos Constitucionales y de Justicia quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas en atención a la proporción de representantes con que cada partido cuente con el seno de la cámara para que en unión de los presidentes y un secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos. Se tendrá la competencia exclusiva a que se refiere al artículo 12 de esta Ley".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Estimada compañera diputada, el diputado Carlos González Durán quiere hacer una aclaración. ¿Quiere hacer una aclaración, diputado?
El diputado Carlos González Durán: - Señor Presidente, en atención a los puntos que fue comentando el diputado Gómez Mont, donde recoge varias de nuestras sugerencias, si ustedes no lo consideran inoportuno queremos expresar que reiteramos nuestras proposiciones, aceptamos la propuesta del diputado Gómez Mont que recoge algunas sugerencias nuestras y que solamente reservamos los tres puntos que aquí están señalados para que se voten, donde hubo desacuerdo; pero donde hubo generalmente acuerdo son el inciso C, artículo 12, son la fracción II del artículo 71 y son el artículo 79; fuera de estos vamos a votar del dictamen porque entendemos que el parlamento debe ser también como se nos dijo por la Presidencia de esta comisión, coincidir en todo aquello que podemos coincidir y eso es lo básico que avancemos aceptando razones, planteamientos, necesariamente algunas cosas quedan fuera, pero vamos a votar a favor. (aplausos)
El Presidente: - Ruego a la Secretaría tomar nota de lo expuesto y declarado por el diputado Carlos González Durán y hacer los ajustes que resulten pertinentes en el procedimiento de votación, en la votación económica de las distintas propuestas aquí presentadas.
La secretaria María Clara Mejía: - Propuesta por el diputado Carlos González Durán de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, donde se modifica el inciso c del artículo 12, que debe quedar así:
Artículo 12. ...c). La Subcomisión de Examen Previo determinará si la denuncia cuenta con los requisitos de fondo y forma para determinar su procedibilidad.
Para los efectos del párrafo anterior, son requisitos de fondo los siguientes:
1. La legitimidad del denunciante;
2. Si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos que son sujetos de juicio político;
3. Si la denuncia se acompaña con elementos de prueba o se señala el lugar o la oficina en donde se encuentren dichas pruebas;
4. La ratificación de la denuncia.
Son requisitos de forma los siguientes:
1. El nombre y el domicilio del denunciante;
2. El nombre de la autoridad ante la que se presenta la denuncia;
3. El nombre del servidor público denunciado;
4. Los actos u omisiones que al servidor público denunciado se le imputan;
5. La narración de los hechos en los que funda la denuncia; y
6. Los preceptos de derecho que fundamentan la procedencia de la denuncia.
En caso de que la denuncia no se cuente con los requisitos de fondo a que se refiere este inciso, la Subcomisión de Examen Previo la desechará de plano.
Si la denuncia no cuenta con los requisitos de forma a que se refiere este inciso, la Subcomisión de Examen Previo preverá al denunciante, que en el término de 5 días naturales los subsane; en caso de no subsanarlos, se tendrá por no promovida la denuncia.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que están porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Propuesta del diputado Felipe Ocampo Ocampo, del Partido Revolucionario Institucional.
Artículo 12. ...d) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo desechando una denuncia, podrá revisarse por el Pleno de las comisiones unidas a petición de cualquiera de los presidentes de las comisiones, o a a solicitud de cuando menos el 10% de los diputados integrantes de ambas comisiones.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque de acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que están porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Propuesta del diputado Rafael Cañedo Benítez, del Partido Revolucionario Institucional:
Artículo 47. Fracción XXIII. Abstenerse en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y con la contratación de obra pública con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión, en el servicio público o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría, a propuesta razonada conforme a las disposiciones legales aplicables del titular de la dependencia entidad de que se trate.
Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público."
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Propuesta del diputado Jesús Bazaldúa, del Partido Revolucionario Institucional, a la fracción V del artículo 56, para quedar como sigue:
La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Propuesta del diputado Víctor Orduña, del Partido Acción Nacional, al artículo 53. El párrafo siguiente es a la fracción IV, debe quedar:
"Un año hasta 10 años si el monto de aquéllos no excede de 200 veces al salario mínimo y de 10 a 20 años si excede de dicho límite.
Plazo mayor de 10 años. Se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Secretaría en forma razonada y justificada del tal circunstancia."
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...
Aceptada, señor Presidente.
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma: - Propuesta del diputado Abundio Ramírez Vázquez:
"Artículo 80, fracción IX. El servidor público que en su declaración de situación patrimonial falte a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta ley, será suspendido y cuando por importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres meses a tres años. Asimismo, deberan presentar declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los órganos jurisdiccionales a que se refiere la fracción VII a IX del artículo 3o. que determina el Secretario de la Contraloría General de la Federación, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas. Julio 10 de 1992. Diputado Abundio Ramírez Vázquez.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Propuesta del diputado Ricardo Valero. Segundo párrafo, fracción II del artículo 71.
Se propone que no se derogue, que se mantenga el texto contenido en la ley.
En votación económica se pregunta se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El mismo Secretario: - Propuesta del diputado Ricardo Valero, Carlos González y Juan Hernández Mercado:
Artículo 79. Para los efectos de la fiscalización en los tres poderes federales y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en cuanto a las declaraciones patrimoniales de sus respectivos servidores públicos, los órganos encargados de recibirlas remitirán a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, copia del expediente en donde se lleve dichas declaraciones. En cuanto a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, estos presentarán sus declaraciones patrimoniales directamente ante la Contaduría Mayor de Hacienda".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Propuestas por el diputado Gómez Mont, del Partido Acción Nacional:
"Artículo noveno, segundo párrafo: La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción, y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la Subcomisión de Examen Previo, ante el señalamiento del denunciante, podrá solicitarlas para los efectos conducentes".
En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén en contra, sírvanse manifestarlo... Se aprueba, señor Presidente.
El mismo Secretario: Propuesta por el diputado Gómez Mont del Partido Acción Nacional al artículo décimo segundo, inciso B.
"La Oficialía Mayor deberá dar cuenta de dicho turno a cada una de las coordinaciones de los grupos partidistas representados en la Cámara de Diputados. Inciso C. La Subcomisión del Examen Previo procederá en un plazo no mayor a 30 días hábiles. En caso de la presentación de pruebas supervinientes, la Subcomisión de Examen Previo podrá volver a analizar la denuncia que antes se hubiese desechada por insuficiencia de pruebas."
También en el inciso D hay un cambio del 10%, pero esa ya fue aprobada.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén en contra, sírvanse manifestarlo... Se aprueba, señor Presidente.
El mismo Secretario: - Propuesta por el diputado Gómez Mont, del Partido Acción Nacional al artículo 17:
"Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente: Inciso dos. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado.
En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén en contra, sírvanse manifestarlo... Se aprueba, señor Presidente.
El Presidente: Habiendo terminado la votación económica de los distintos artículos presentados a esta Asamblea, ruego a la Secretaría proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de todos lo artículos en un solo acto.
Antes de realizar este procedimiento de votación, respetuosamente rogamos a invitados y asesores que se encuentran en el área reservada a los señores legisladores, nos permitan proceder a una votación ordenada, pasando a la parte posterior del auditorio.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Señor presidente, se emitieron por el dictámen en lo general 365 votos en pro; por los artículos 12, inciso C, segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 71 y el artículo 79, 355 votos en pro, 10 votos en contra y por el resto de los artículos reservados, 365 votos en pro.
El Presidente: Aprobado por 365 votos, y por los artículos 12, inciso C, segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 71 y el artículo 79, 365 votos en pro y 10 votos en contra, y por el resto de los artículos reservados, 365 votos en pro.
En consecuencia, esta Presidencia declara que fue aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
INVITACIÓN.
El Presidente: Ruego a la secretaría dé lectura a una invitación del Gobierno de la República.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios del honorable Congreso de la Unión Presentes.
En atención a la trascendencia de la obra del benemérito de las Américas, licenciado Benito Juárez García, y con motivo del CXX Aniversario de su fallecimiento, el Gobierno de la República, por conducto de esta Secretaría, se permite invitar atentamente a esa honorable Cámara de Diputados y solicita se designe un representante para que asista a dicho acto el sábado 18 del actual a las 11:00 a.m. en el Hemiciclo a Juárez.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo No Reelección México, D.F., a 7 de julio de 1992. El secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta Cámara, se designa al diputado José Antonio González Fernández.
A continuación tiene la palabra el diputado Juan Hernández, del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar la iniciativa que adiciona y modifica los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa que presenta a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juan Hernández Mercado (desde su curul): - Señor presidente, una petición Quisiera solicitarle que la iniciativa se presentara a lo último de la sesión, que pasara de lugar donde se encuentra ahorita.
El Presidente: - Concedida la petición, y se pasa para otro momento en el desarrollo de esta sesión su solicitud de intervención.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (II).
LEY ORGÁNICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS.
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día de la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Felix Muñoz Kapamas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Si señor diputado.
El diputado Miguel Osorio Marbán (desde su curul): - Señor Presidente. Con fundamento en el artículo 108, se solicita conocer el uso de la palabra al presidente de la Comisión, diputado Pedro Ojeda Paullada, con el propósito de que fundamente el dictamen.
El Presidente: - Con mucho gusto. Señor diputado, unos segundos solamente.
Rogamos a los señores diputados que por diversas razones han debido ausentarse de este recinto, que a la brevedad posible, si así lo creen pertinente, se reintegren a las labores en esta Sala, a fin de continuar con el desarrollo normal de las actividades programadas en nuestro orden del día y por respecto a los oradores.
Tiene usted la palabra señor diputado Ojeda Paullada.
El diputado Pedro Ojeda Paullada: - Muchas gracias, señor Presidente:
Todo acto legislativo es trascendente, porque norma la conducta de la sociedad y de su gobierno, la evidencia la tenemos aquí, en donde hemos estado sesionando quienes tenemos el honor, el privilegio y la alta responsabilidad de ser representantes de la nación.
En caso concreto, que es esta iniciativa de nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y de sus Organismos Públicos Subsidiarios, demuestra la importancia que tiene el manejo de esas cuestiones. No cabe duda que hubo una gran expectación motivada porque a lo largo de todo este proceso de modernización que estamos viviendo, ha estado presente de una manera o de otra el petróleo de nuestro país y desde luego el control que la nación tiene a través de su gobierno sobre este recurso fundamental.
Si, se trata de fundamentar un dictamen, creo que podrían expresarse muchas cosas pero quizá lo más apropiado y congruente con las múltiples aportaciones que hemos recibido de todos los participantes, es precisamente referirnos a ellas, porque se trata realmente de algo, que en mi estimación se encuentra ampliamente fundado y motivado, precisamente con las aportaciones de todo y que por si mismo se explica.
Discúlpenme, por lo tanto, si no hago ningunas referencias ajenas o diversas a las que ya están contenidas aquí.
Sé también que los compañeros diputados, hemos sido sometidos todos a un intenso trabajo y que aun cuando se distribuyó el dictamen y se dispensó su lectura, si conviene traer acá nuevamente al inicio del debate algunos de los aspectos que el propio dictamen contiene. No
*Este dictamen se publicó en el diario No. 25 del día 9 de julio de 1992.
veo entonces razón que no acepte la posibilidad de ver algunas transcripciones específicas de lo que el dictamen dice. Porque creo, repito, que revela las aportaciones de todos y que bien fundamentan las cuestiones aquí tratadas.
El dominio directo de la nación sobre el subsuelo desde 1917 y su exclusividad en la explotación y aprovechamiento del petróleo y del gas desde 1940, fueron decisiones fundamentales que fortalecieron al Estado mexicano.
La expropiación ha sido uno de los actos más importantes de la vida de nuestro país. La empresa fundada para cumplir con ese compromiso, ha respondido en las diversas etapas para cumplir su cometido.
Ahora hay muchas transformaciones, y hay en el proceso de modernización, la necesidad de que ésta adopte, la negociación más adecuada para prestar el servicio a la sociedad, que ésta demanda.
El marco legislativo es muy claro. Pero como hay embates permanentes de quienes desde siempre adentro y afuera han tratado de romper esa estructura constitucional y legal, no está por demás reiterar aquí que en todo momento hemos tenido presente la historia de nuestro país y los compromisos concretos de orden constitucional y legal que ahí se encuentran.
Por ello, ratificamos que la legislación recoge el principio histórico de que Petróleos Mexicanos es el organismo al que se ha encargado el manejo de industria petrolera estatal. Debe quedar también muy claro que esta modernización no puede ni debe implicar en ningún momento afectar negativamente la unidad productiva y de mercado del petróleo, y que romper su unidad significaría un grave riesgo para la defensa de nuestro país.
La nueva ley orgánica fue elaborada con base en dos principios fundamentales, como reporta el Jefe del Ejecutivo que formuló la iniciativa: mantener la propiedad y el control por parte del Estado mexicano, sobre los hidrocarburos y conservar la conducción central de Petróleos Mexicanos.
Se tiene una forma novedosa para este proceso de modernización. Sabemos bien que precisamente porque no se había usado con esa connotación estricta que ahora se le da, la existencia de los llamados organismos públicos descentralizados subsidiarios, parecía algo difícil de entender. Pero recurrimos a los antecedentes legales que tiene el fundamento para ese nombre, y sobre todo, acudimos a la capacidad creadora del Legislativo, precisamente para señalar cómo se organiza el pueblo mexicano y llamarle con propiedad y con claridad, de un manera que no se preste a equívocos, de una manera que no se confunda este tipo de organismos públicos descentralizados que son subsidiarios de Petróleos Mexicanos en la propuesta que estamos analizando, con cualquier otra fórmula de asociación civil, administrativa o mercantil, de las muchas que tiene la riqueza conceptual y estructural de la economía moderna.
Sí debemos recalcarlo; son fórmulas distintas a las que hay en otros países.
Habíamos acuñado ya con gran precisión el concepto de un organismo público descentralizado. Pero no habíamos encontrado a nivel de alguna ley del Congreso, ese nombre aplicado para los organismos públicos descentralizados subsidiarios.
Ciertamente, sí hay un antecedente importante, que es el reglamento de la Ley Orgánica del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo. En su artículo 3o. establece la existencia de, dice más o menos así: "Órganos y empresas subsidiarios".
Quizá, algunos dirían que la intención del normador que en ese caso fue Ejecutivo Federal, pensó en los órganos que existían, por un lado, y en las entidades o empresas subsidiarias, por el otro.
Pero sea cual sea ese origen, de todas maneras sí se pensó en órganos subsidiarios o en órganos que tendrían que ser subdiarios del principal, para perder la unidad de acción. Esto significa entonces, que sí hay ahora un conjunto de órganos, uno superior y otros subsidiarios que, perdónenme la figura si no es muy clara o adecuada, pero es una coraza para defender precisamente el control directo con el Estado, sino que en él lleguen del exterior los particulares en la zona que está reservada al Estado, dejando claro también, que en el cuadro de los organismos públicos descentralizados subsidiarios que es el que se refiere a la petroquímica en general, hace no sólo lo que tiene reservado el Estado, sino también lo que pueden hacer los particulares. Pero eso no quiere decir que los particulares puedan entrar a ese organismo. Pueden hacerlo, pero en sus propias empresas o en sus propios lugares.
Sigue siendo en ese sentido el organismo, un recinto para la parte que el Estado realiza de eso que no le es exclusivo.
Pero no se trata de modular algo aislado de un conjunto que es el mundo real, la sociedad, la economía, etcétera. Por el contrario; que es a partir de ahí, lanzarse a todo el reto del desarrollo, permitiéndose que tenga el tipo de alianzas, participaciones, asociaciones al exterior, con los demás que tengan que ver y puedan coadyuvar correctamente a la realización de una política económica y social del Estado mexicano.
Es decir, si fue permitido desde 1940 que Petróleos Mexicanos se asociara con una empresa extranjera o con una filial de una extranjera, más bien con una empresa mexicana de origen y capital extranjero y tecnología para hacer, por ejemplo tetraetilo de plomo, nadie duda que ése fue acto patriótico y correcto, porque era necesario contar con ese ingrediente para la formulación de nuestras gasolinas.
Y ese ejemplo que lo tuvimos ya desde hace muchos años, lo debemos repetir cuantas veces sea necesario y de la mejor manera, para todo tipo de asociaciones y para poder incursionar...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Señor Presidente: Quisiera preguntar al señor diputado si acepta una interpelación, también si usted acepta.
El Presidente: - diputado Ojeda Paullada, ¿Acepta usted una interpelación?
El diputado Pedro Ojeda Paullada: - Con mucho gusto, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda usted, señor diputado.
El Diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Señor licenciado: Este punto al que está usted refiriéndose, es una de las cosas que personalmente me preocupan de esta Iniciativa la Ley, que ya lo particular tocaremos en el artículo, alguna modificación a este respecto, que espero que sea vista con buenos ojos por parte de la Comisión, es la frase del artículo 4o. que tiene estrecha relación con esta última afirmación suya. Cuando dice el artículo 4o.
"Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios podrán celebrar toda clase de actos, convenios y contratos". No distingue. O sea, que el artículo 4o. está hablando de toda clase de contratos, toda clase de convenios, toda clase de actos jurídicos.
En una de las subsidiarias, que es Petróleos Mexicanos exploración y producción, establece como objetos la explotación del petróleo, y en otra respecto a la petroquímica básica.
Me pregunto: ¿Está en el sentido de este artículo 4o. y en el sentido de lo que acaba usted de exponer, la posibilidad de realización de actos jurídicos con empresas extranjeras en actividades de conversión por lo que respecta a este tipo de objetos, y sobre todo en lo que implica la actividad estratégica del Estado mexicano en esta materia?
Es una preocupación que yo siento, en este momento es personal, pero yo creo que debe también interesar a todo el pueblo de México que en este debate quede con la mayor claridad. Gracias.
El diputado Pedro Ojeda Paullada: - Distinguido abogado y compañero:
Creo que precisamente usted con la agudeza que le caracteriza, ha presentado un punto, de los que era necesario dejar claros en la iniciativa. Porque desde luego que se entiende con esa nueva figura jurídica llamada organismo público descentralizado subsidiario, cuya connotación podría ser otra; pero se trata de formar la figura jurídica adecuada, precisamente para garantizar que se mantenga en exclusiva la propiedad y el control del Estado sobre los hidrocarburos. O sea, que así como Petróleos Mexicanos, esa gran figura, muchas veces explorada que se llama organismo público descentralizado, sí pudo y supo asociarse con Dupont, para tener una empresa en la cual se fabricara tetraetilo de plomo. Ese nuevo organismo público descentralizado subsidiario, si necesita para su objeto asociarse con alguna empresa, sí lo podrá hacer.
Y entonces aquí queda bien claro, señor abogado, espero que yo pueda dejar esto acotado de manera muy precisa, que hay dos partes de lo que Petróleos Mexicanos, como ésta, ha venido haciendo, que es directamente lo reservado al Estado y también algo que no ésta reservado exclusivamente al Estado, como lo es, ahora, la petroquímica secundaria que viene realizando Petróleos Mexicanos.
Ahora bien, con este conjunto de organismos públicos descentralizados, uno general y otros especializados por rama, la situación resulta idéntica. O sea, si ha podido Petróleos Mexicanos actual, tener en La Cangrejera planta de petroquímica básica y plantas de petroquímica secundaria, el organismo público descentralizado subsidiario llamado petroquímica, podrá tener esas
plantas de petroquímica básica y secundaria trabajando en su conjunto.
Si Petróleos Mexicanos ha podido desde hace muchos años tener tetraetilo de plomo, gracias a ser socio en una empresa formada en asociación con otra para poderlo incluir en la formación de sus gasolinas, seguirá haciendo.
Si fuera necesaria cualquier aclaración de detalle que existiera en alguna parte del texto, creo que sería bienvenido; porque lo que importa, y usted lo sabe bien, señor licenciado, es que lo que se quiere decir se diga bien para que no haya inconvenientes, interpretaciones o para que no se exorbite o se salga más allá de lo que quiso decir en cualquier momento...
El Presidente: - Señor diputado ¿Acepta otra interpelación?
El diputado Pedro Ojeda Paullada: - Con mucho gusto.
El Presidente: - Adelante, señor.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su Curul): - Con el debido respeto, señor Presidente, no es que yo abuse de las interpelaciones. Creo que en este caso el señor diputado está fundamentando el dictamen a nombre de la Comisión y no caeríamos en los diálogos; está perfectamente permitido por el reglamento, porque son intervenciones en los términos del 108, ni siquiera me atrevería a abusar del reglamento en ese sentido.
Señor licenciado, probablemente no me expliqué. Usted dio puntual respuesta a lo que Petróleos Mexicanos está haciendo en este momento y que, por supuesto, sus subsidiarias pueden hacer. Evidentemente que si hay cuatro subsidiarias con objetos y actividades bien definidas, pues van a realizar lo que actualmente Petróleos Mexicanos está realizando quizá, con mayor eficiencia; es uno de los argumentos del señor director de Petróleos Mexicanos, dar mayor eficiencia a la paraestatal.
Pero hay un ángulo en el que mi preocupación no quedó satisfecha. Yo le cité específicamente uno de los objetos, que es actividad prioritaria del Estado estratégica, que es el relativo a explotación, señor licenciado, explotación de petróleo. Le señale otro que es petroquímica básica. Pero me voy al extremo que es el de explotación, al de explotación, si no queda claro mi planteamiento.
Tal como está el artículo 4o., al estar en posibilidad las subsidiarias de realizar todo tipo de contratos y actos, todos, inclusive asociarse con propósitos de conversión, sin establecer ninguna limitación, ninguna área quedaría vedada a la conversión extranjera, siento que en ese artículo 4o., por no establecer ninguna limitación en esa expresión, que a insistir, nosotros tenemos un planteamiento en lo particular a este artículo, se presta a que se abra una rendija a la intervención del capital extranjero en actividades que tradicionalmente corresponden única y exclusivamente a la nación, por medio de la paraestatal.
Si no es así, y por bien de México quiero que no sea así, quisiera que me lo aclarará.
El diputado Pedro Ojeda Paullada: - Con mucho gusto. Desde luego por el bien de México y en este caso la claridad y el detalle es la mejor previsión de posibles interpretaciones erróneas posteriores, y también con la salvedad que ya puso usted, señor licenciado, de que no estamos todavía comenzando a la discusión del detalle, sino, estoy solamente relatando qué es lo que dice el dictamen y fundamentándolo, diría lo siguiente, y podríamos balancear los dos planteamientos.
El primero es que basta y sobra, si usamos la hermenéutica, la referencia en los artículos 1o., 2o. y 3o., para que el 4o. se entienda en relación con ellos. Por lo tanto, si el 1o. u 2o. dicen qué es lo que puede hacer, y el 4o. dice que haga todo lo que debe hacer para cumplir el 1o. y el 2o.
Pero el segundo punto sería un poco para "albarda sobre aparejo" o para que lo que sobra, lo que, como dicen, que no daña, es decir, hay veces que vale la pena reiterar, quizá, pudiéramos reiterar que todos esos actos son manteniendo en exclusiva propiedad y control del Estado, como está claro en los artículos 1o. y 2o. Pero yo estaría dispuesto a agarrar el candado, como se acostumbra decir, para que quede mucho más claro, si fuera menester, y puede serlo, porque no daña, o sea, aquí abunda y no daña.
Siguiendo con ese contexto, porque creo que la intención es muy importante para ponerse de acuerdo en lo que desea decir y luego decirlo de la mejor manera, entonces tenemos que realmente hay esa base fundamental para que se entienda que en el proyecto de modernización no hay las rendijas, no acepta, no perjudica, no limita la acción que queremos seguir, dejando reservada al Estado mexicano. Una vez dicho
esto, viene la idea que hemos tenido que analizar muy al detalle en comisiones, sobre si realmente la nueva fórmula beneficia o no ese propósito modernizador y si es un paso adelante o no y, por ello acudimos a multitud de análisis que se han hecho no sólo de grandes consorcios de tipo petrolero, sino también de otras grandes industrias mundiales, y sí tomamos muy en cuenta las referencias que se han hecho en el sentido de que estamos en un mercado que tiene fuertes dosis oligopólicas a nivel mundial y que tenemos que luchar en ese terreno porque no hay ni mercados perfectos ni las facilidades de encarecernos en un ámbito en donde podamos controlar las variables que intervienen en ese fenómeno.
Así pues, tenemos que aprestarnos a la lucha permanente para garantizar la mejor acción de México en esa materia. Ese es señores, sin duda, el objetivo de nuestro esfuerzo, ojalá lo logremos y hago votos porque con la participación de todos eso ocurra. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se han inscrito para hacer uso de la palabra en este punto el orden del día el diputado Sebastián Guzmán Cabrera, diputado Adrián del Arenal, diputado Raúl Alvarez Algarín, diputado Cuauhtémoc López Sánchez, diputado Manuel Terrazas Guerrero, diputada Cecilia Soto González, diputada Gabriela Guerrero, diputado José Treviño Salinas, diputado Julio César García Hernández, diputado Fidel Herrera Beltrán, diputado Raymundo Cárdenas, diputado Juan Manuel Huezo Pelayo y diputado Miguel Osorio Marbán, y le damos la palabra al diputado Sebastián Guzmán Cabrera.
El diputado Sebastián Guzmán Cabrera: - Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Me he permitido inscribirme en pro de la iniciativa que busca reestructurar orgánicamente a Petróleos Mexicanos convencidos como estoy de que habrá de traducirse en un beneficio para la industria, que signifique en particular en una mejoría para los trabajadores de la misma y en beneficio mayor de la riqueza nacional y en favor del pueblo de México.
Concurro a esta tribuna en mi carácter de diputado federal, pero también señoras y señores diputados en mi carácter de dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en el que me he forjado durante toda mi vida, ya que desde siempre he trabajado en la industria petrolera mexicana y a ella he entregado mis esfuerzos personales y mis esfuerzos laborales.
La posición que presento, además de sustentarse en mis convicciones personales es resultado de la suma de opiniones de dirigentes de las secciones de trabajadores petroleros en todo el país, quienes al igual que su servidor buscan fundamentalmente el beneficio de esta empresa y su traducción en mayores posibilidades de seguir impulsando el desarrollo económico y social de nuestra nación. Reconocemos los trabajadores petroleros la necesidad y conveniencia de una nueva reestructuración orgánica en Petróleos Mexicanos, pensamos que es una industria de grandes dimensiones que requiere revisarse en su trabajo interno, para cumplir su tarea de una manera más eficiente.
Sabemos que Petróleos Mexicanos tiene que verse como una empresa que se signifique no por obtener utilidades en beneficio particular de nadie, sino porque su rendimiento se traduzca cada vez en mayores posibilidades de impulsar un desarrollo con justicia y equidad social para nuestro país.
Estas deben ser las mayores utilidades de Petróleos Mexicanos, para eso trabajamos quienes servimos en esta empresa. Reconocemos también la necesidad de que Petróleos Mexicanos, se inscriba como una industria y que compita mejor en los mercados nacionales, en una área muy sensible y muy cambiante como es el petróleo.
Para nadie es desconocido que el mercado mundial responde a una serie de factores dependientes de intereses multinacionales que marcan tiempos y precios que afectan a la industria petrolera.
Petróleos Mexicanos entonces tiene que inscribirse plenamente como una industria que compita, que compita más frente a otras de muchas partes del mundo, en una área tan especializada como es el petróleo.
Para lograr su modernización interna, su mayor eficiencia, su mayor rendimiento y su competitividad interna, es para lo que pensamos que Petróleos Mexicanos debe reestructurarse.
Estos tienen que ser los objetivos fundamentales que persigan su reestructuración.
Los trabajadores petroleros, estoy cierto, todos, independientemente de sus afinidades gremiales, estaremos de acuerdo en que lo que importa por encima de todo, es que la riqueza nacional que significa el petróleo, se traduzca invariablemente en mayores posibilidades para un desarrollo con más justicia en nuestro país.
Nosotros estamos integrados en una organización gremial, compleja, de actividades múltiples, integrados en un sindicato que propugna por un sindicalismo distinto, que viene buscando su propio espacio y mantener, por supuesto, su autonomía e independencia. Un sindicato que por sus dimensiones y por la complejidad de sus tareas de representación, no puede ni debe aspirar a la unanimidad de opiniones.
En el interior de nuestro gremio, se tiene muy diversos puntos de vista; nuestra función como dirigentes, es tratar de conciliarnos todos y de buscar que la unidad de los trabajadores sea un factor el que persiga un doble efecto.
Primero la salvaguarda de los derechos de la clase trabajadora y segundo, la unidad que permita la mejor marcha de una industria que pertenece a todos los mexicanos; una industria que constituida por varias empresas, tenga un solo sindicato, un sindicato fuerte, representativo, eficaz, para la defensa y mejoría de los derechos de su agremiados.
Como trabajadores, tenemos una responsabilidad superior a la que tienen los que laboran en una empresa privada o una empresa particular. Nosotros sabemos que nuestras acciones laborales no afectan el patrimonio de particulares, sino afectan el patrimonio de la nación.
Por ello, señoras y señores diputados, somos reflexivos en las determinaciones laborales y procuramos siempre que la conciliación sea la vía que permita mantener y acrecentar las conquistas de los trabajadores petroleros.
Ni sumisión ni racionalidad. Tenemos que mantenernos en un elevado sentido de responsabilidad laboral, sin perder de vista nunca que nuestro patrón es el pueblo de México y nuestra función es que la empresa persiga la de la mejor manera más beneficios para su propietario, que es la nación.
Para nadie es desconocido que el Sindicato, el de Petroleros, ha enfrentado diversos problemas en muy distintos tiempos. Nadie desconoce tampoco que hay grupos que cuestionan a los dirigentes sindicales. Por nuestra parte siempre acreditaremos lo mejor de nuestro esfuerzo para servir a los trabajadores petroleros y en particular para coadyuvar, junto con ellos, en el engrandecimiento de Petróleos Mexicanos.
Esperamos que las reformas que habrán de darle una nueva estructura orgánica a Petróleos Mexicanos, muestren en su oportunidad su eficacia. Esto habrá de demostrarse en el terreno de la práctica.
Hoy, convencidos, no incondicionales, otorgamos nuestros respaldo a la propuesta contenida en la iniciativa que hoy se dictamina y sumaremos nuestro esfuerzo preservando los derechos de los trabajadores, para que estas reformas cumplan con los fines patrióticos que le dieron origen. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Sebastián Guzmán Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la palabra el diputado Adrián Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez: - Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
La historia petrolera en nuestro país ha sido muy singular dentro del contexto internacional. Por un invariable número de razones le ha dado ese enfoque de tener una diferencia, pues quisiera en algunos casos, extrema contra otros países en la reforma de manejar sus recursos petroleros.
Desde mucho antes de la expropiación petrolera, los ojos de muchos países estaban puestos en la riqueza que tiene nuestro país en materia petrolera. Salía petróleo realmente sin control y muy poco beneficio le dejaba a nuestro país.
El 18 de marzo de 1938, se decreta la expropiación petrolera, como una decisión drástica pero necesaria en su momento, para garantizar la soberanía nacional. A partir de entonces se vienen sucediendo una serie de cambios en materia jurídica, en materia petrolera, para irle dando un nuevo soporte a esta industria nacional.
Sabemos por ejemplo que en 1940 la Ley Minera era la que regulaba la materia petrolera. Esa Ley Minera que hace poco acabamos de reformar, que acabamos de modificar, dejaba definitivamente muchos vacíos para poder controlar la riqueza que tenemos en esta materia.
Consideramos que al día de hoy, el soporte constitucional es el adecuado, pero será necesario ir revisando, a la brevedad posible; otras disposiciones legales aplicables a la industria petrolera, como en este caso lo hemos hecho con la Ley orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.
La razón de esta solicitud es simple. Ese atavismo socializante que surgió a raíz de la expropiación
petrolera, que no sólo afectó a esta industria sino que se esquisto en muchas otras ramas industriales, tanto del sector público como del sector privado y, que impidió, o por lo menos limitó el desarrollo social, tecnológico, industrial, comercial, económico, ¿y por qué no decirlo?, político de nuestro país.
En pasados sexenios Petróleos Mexicanos fue la caja chica, o más bien yo diría la caja grande del gobierno federal, fue la garantía para la gran mayoría de los créditos internacionales que recibimos y legales muchos de ellos, pero claro, tenían garantía.
Yo me preguntaba en esos tiempos, en la década de los ochenta, ¿con esa altísima deuda externa que tenemos, con esa incapacidad de pago que tenemos, cómo es posible que nos sigan prestando otros países y la banca internacional? Pues definitivamente teníamos una garantía de sobra para que nos pudiesen conceder préstamos a los plazos que quisiéramos.
Por muchos años Petróleos Mexicanos estuvo trabajando con números rojos, con números rojos una industria monopólica, del Estado, regulada constitucionalmente, pero que teniendo la garantía de poder manejar la materia prima, por la ineficiencia que se estuvo dando por muchos años tenía pérdidas año con año. De este hecho, del hecho socializante me refiero, en su tiempo se aprovechó el Sindicato de Petroleros; llegó a tal extremo el contenido del contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos, que era más que orgullo nacional, yo lo platiqué con algunos amigos de otros países, de Venezuela, de Brasil, que me decían: es que no es posible que lleguen a tales extremos de tener tantísimas prestaciones. Eso fue el enfoque al que yo refiero, un enfoque socializante que se dio en muchos años en nuestro país y, que impidió el tipo de desarrollo que yo he mencionado.
Afortunadamente amigos, el mundo es redondo y da vueltas y, ahora la situación empieza a cambiar y con firmeza. Claro que no es sólo por la redondez del mundo, sino porque como humanos, más bien dicho como mexicanos, buscamos un cambio que realmente nos beneficie a todos.
Hay una frase que tengo muy presente de Maquío Clouthier, que nos decía en su campaña en 1987- 1988. "Este país va a cambiar con ustedes, sin ustedes o a pesar de ustedes, pero va a cambiar" y, seguramente señores, porque lo estamos viviendo, está cambiando.
Señores, tenemos que lograr estos cambios con unidad, con congruencia y con agilidad, Algunos de los presentes se que no aceptan el cambio y, quizá de todas las fracciones parlamentarias. Uno se acostumbra a un modelo, a una forma de ser, y más aún, si el sistema por el cual hemos vivido ha durado tantos años, o duró porque estamos en un cambio, yo doy gracias a Dios por permitirme vivir estos tiempos, en base a los siguientes razonamientos.
Primero. Por poder comparar dos épocas en la vida de México.
Segundo. Por ser totalmente diferentes.
Tercero. Por tener la capacidad de identificarlas y apoyar la que le conviene a nuestro país, y
Cuarto. Por estar participando en este cambio.
Por cuanto a la ley, estamos de acuerdo con ella en lo general y, en lo particular haremos algunas propuestas para que sea exclusiva la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos.
Qué bueno que el gobierno, que siempre habrá querido ser empresario y, nunca lo fue como tal realmente, ahora que actúa contrariamente, que está desincorporando empresas y sectores que estaba manejando, que está dejando de ser empresario, busca aplicar con esta ley sistemas y métodos de alta administración para hacer eficiente esta gran riqueza que tenemos como país.
Con estos principios los recursos humanos se especializarán para ser más eficientes, decreciendo la carga burocrática; sus recursos materiales serán destinados exclusivamente a su objetivo original: la materia petrolera. Todas aquellas empresas paralelas o de apoyo o que giran alrededor de la industria petrolera deben de ser desincorporadas.
Petróleos Mexicanos y sus cuatro subsidiarias deben dedicarse exclusivamente a la materia petrolera.
Sus recursos técnicos actuales, al ser por áreas especializadas, tendrán la posibilidad de desarrollarse con mayor dinamismo y, sus recursos económicos se destinarán por consecuencia a diversificar productos con mayor valor agregado y. por ende, con mayor valor comercial.
De alcanzarse estos objetivos, podremos hablar de una verdadera eficiencia y no medirla como ahora se mide a Petróleos Mexicanos, que en base a su aportación al fisco federal se le considera como una empresa eficiente.
Tan sólo en 1991 Petróleos Mexicanos aportó 43 billones 800 mil millones de pesos, limitando con ello sus programas de expansión. Desarrollando tecnología y diversificando productos podrá aportar a las finanzas públicas quizá más recursos, pero midiendo suficiencia por su rentabilidad.
Señoras y señores diputados, México es nuestra patria, hagamos más, mucho más por ella. Gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Luis Raúl Alvarez Garín: - Compañeros diputados:
Los mexicanos todos somos especialmente sensibles a todos los asuntos que tienen que ver con Petróleos Mexicanos; por razones históricas la gesta de 1938 fue un momento muy importante en la constitución del México independiente, fue el inicio de un gran proyecto industrializador que se vino gestando paso a paso y que dio lugar a transformaciones tangibles, patentes, que todos las vivimos.
Los años de 1938 a 1970, de un desarrollo sostenido, con altas tasas de crecimiento, tienen su fundamento precisamente en este acto de expropiación.
Varias ramas industriales, la electricidad, la siderúrgica, también la automotriz indirectamente, la construcción, etcétera, tuvieron estos grandes impulsos de una manera directa por la gesta petrolera y por la capacidad de decisión de utilización de nuestros recursos y de reorientación del sentido del desarrollo nacional.
Los años de 1977 a 1982, prácticamente la industria petrolera tuvo un proceso de expansión muy grande, incluso dio lugar a grandes ilusiones, se pensaba que podríamos resolver problemas muy difíciles gracias al recurso petrolero.
Y en los últimos diez años es indudable que la industria petrolera ha sido el soporte económico del régimen y que se le ha reducido a esta situación difícil de falta de inversión, pero que ha cumplido en cambio esta posibilidad de mantener a flote una economía maltrecha en grandes dificultades en medio de una crisis mundial precisamente por la capacidad que hemos tenido de determinar lo que sucede con nuestros recursos.
En los últimos años se ha dado una campaña muy grande estigmatizando, calumniando a la empresa petrolera y a sus trabajadores.
Todos estos últimos tiempos en donde la empresa pública fue criticada severamente, Petróleos Mexicanos de una manera injusta, también fue incluido en toda esta crítica que no alcanzaba a apreciar diferencias y que criticaba en bloque.
Sin embargo, recientemente, de unos meses a la fecha, estamos viviendo una revaloración muy importante de lo que ha sido la empresa petrolera y, hoy todos hemos reconocido el papel que está jugando en la vida nacional y el papel que puede seguir jugando y hemos dejado de lado críticas ideológicas, no totalmente, todavía hemos escuchado pronunciamientos exclusivamente ideológicos y no reducidos a su valor económico, social, político, como proyecto estratégico.
Pero esta revaloración la estamos viviendo, ha sido muy importante, porque los hechos son incontrovertibles. Toda esa crítica fundada exclusivamente en las grandes ventajas de la administración empresarial y las nulas posibilidades de desarrollo de la empresa pública, se han mostrado en la práctica con sus resultados, que en el caso de la industria petrolera habían resultados extraordinarios. Hoy mismo estamos hablando de 18 mil millones de dólares de superávit, de casi 55 billones de pesos de superávit, producto de la explotación petrolera.
Y de los trabajadores también, porque aquí hay que decir que si uno de los sectores ha sido particularmente estigmatizado y particularmente denostado, han sido los trabajadores petroleros, de una manera injusta. Porque hoy que estamos conociendo esta realidad expresada directamente por los petroleros que hoy están siendo víctimas de estos procesos de reorganización y que han venido a reclamar sus indemnizaciones y sus gratificaciones a las que tienen derecho, hemos visto otra realidad que se esconde y que son de los trabajadores que están en el campo y que han sufrido los accidentes y que han tenido que dedicar toda su vida en condiciones extremadamente difíciles para hacer posible esta riqueza petrolera.
Estas dos dimensiones, la de la empresa como tal y la de los trabajadores, afortunadamente ha estado saliendo a la luz y mostrando una realidad que tiene su fundamento en los mejores valores nacionales.
Nosotros desde el primer momento en que conocimos la iniciativa de reestructuración de
Petróleos, o antes, desde el momento en que se anunció, a raíz del accidente de Guadalajara, la pretensión de acelerar los trabajos de reestructuración, o todavía antes, desde que sabíamos que estaban estudiando una posible reorganización de Petróleos Mexicanos, estábamos particularmente preocupados de qué era lo que estaba en juego.
Y en el momento en el que conocimos con precisión cuales eran las propuestas contenidas en la iniciativa, reaccionamos con mucha viveza frente a un serie de características que apreciamos en la iniciativa.
La caracterizamos con un intento de fraccionar a Petróleos Mexicanos, para privatizarlo, así lo dijo públicamente y documentalmente y también como una medida directamente vinculada a las negociaciones del Tratado del Libre Comercio, incluso no sólo en esta discusión general que ya lleva más de un año y medio de desarrollo sino en sus últimos tiempos, porque estas fechas límites del 15 de julio, en donde se tendrían que tener borradores casi definitivos para iniciar los procesos de aprobación en el legislativo norteamericano, hacían pensar que esta iniciativa era una concesión final para asegurar la firma del Tratado de Libre Comercio.
Es indudable, quiero aclararlo, que entendemos que en el momento que se está negociando un instrumento como es el Tratado de Libre Comercio, se están tomando determinaciones que afectan por muchos años la vida nacional, porque en esas cláusulas, se está diciendo qué tipo de empresas pueden invertir, en qué rama y ésas son decisiones que toman tiempo, que tienen una maduración alta, que necesitan de estar previstos ritmos de inversión, mercados potenciales, etcétera.
De manera que este contexto, de qué decisiones están alrededor de los energéticos y en el problema del Tratado de Libre Comercio, es de suma importancia. Esto queremos dejarlo muy claro. No ha aparecido directamente pero es parte del contexto. Está atrás indudablemente; está determinando muchas de las características de la Ley Orgánica que hoy estamos discutiendo.
La primera iniciativa, las indefiniciones o las confusiones que podían prestarse de la redacción de las primeras... de la iniciativa de estos dos aspectos de lo del Tratado de Libre Comercio y en la posible privatización, lo examinamos con todo detalle. Pero además hicimos una serie de reservas específicas, inmediatas.
Por ejemplo, señalamos el riesgo de pérdida de la integridad de la industria, este fraccionamiento que está explícito en el proyecto de reestructuración, dando lugar a nuevas empresas. Nos llamó mucho la atención y lo señalamos y estamos satisfechos de que se haya resuelto, un forma de expresión que se utilizaba en la integración, en donde con la expresión, industria petrolera estatal y la de industria petrolera simplemente, daba lugar a pensar que estaban abiertos los consejos de administración de las empresas subsidiarias, para participación de intereses privados.
Estamos preocupados por la indefinición y que no ha sido suficientemente discutido en las reuniones de la comisión, en la comparecencia, etcétera, de una serie de organismos subsidiarios que ya existen, que tienen la forma de sociedades anónimas en el caso de Mexpetrol, una empresa dedicada a actividades de construcción y en el caso de Pegmi Internacional, una empresa encargada de comercialización de los productos petroleros y, también de otro organismo descentralizado como es el Instituto Mexicano del Petróleo, encargado de trabajos de investigación tecnológica y que desde nuestro punto de vista, todo esto tenía que ser examinado de manera conjunta.
Y también llamamos la atención por las graves implicaciones laborales que contiene este proyecto de reestructuración, que ya se han estado viviendo muchas de sus implicaciones que hemos estado viviendo de manera tangible en las movilizaciones de trabajadores petroleros, que hasta hoy, en su gran mayoría se trata de trabajadores no recontratados; o sea gente que tenía el status de trabajadores transitorios y que esperaban recontrataciones durante un cierto tiempo, que no se han dado; y que hasta muy recientemente ha tomado conciencia de que en realidad se está viviendo un programa digamos de no recontratación permanente, equivalente a despidos, gente que está tomando la decisión de buscar que se les liquiden sus derechos adquiridos como una forma de reconocimiento de que estas recontrataciones en las que se pensaban, ya quizá no se den más.
Queremos decir que algunas de las primeras objeciones que hicimos públicamente al proyecto de iniciativa, han sido respondidas de una manera muy satisfactoria en el documento de dictamen y que se han logrado precisiones importantes de contenido, de espíritu atrás de lo que se estaba buscando.
En particular hay una serie de mayores definiciones que yo quiero leerlas y hacerlas absolutamente
explícitas porque tienen un gran significado, en lo que se refiere a garantizar el carácter integral y estratégico de la empresa pública petrolera.
Dice el dictamen:
"Petróleos Mexicanos ha tenido una gran significación en la historia contemporánea. Su origen deriva de una decisión en defensa de la soberanía nacional; su desempeño refleja la capacidad de los mexicanos para construir una empresa de la mayor envergadura en el escenario mundial que ha sido siempre un símbolo del nacionalismo mexicano, y columna vertebral del desarrollo del país por el soporte que ha otorgado a los diversos sectores de la producción y a la economía en su conjunto. Asimismo ha dado seguridad en la obtención de recursos vitales y para acceder a los recursos financieros que permiten satisfacer las demandas nacionales."
Y en otro párrafo, hablando de lo que se refiere a la integridad de la industria, se dice:
"Cualquier intento de modernización no debe afectar la unidad productiva y de mercado del petróleo, por ello es conveniente resaltar la importancia de la función social que Petróleos Mexicanos cumple para generar, multiplicar e impulsar el desarrollo nacional, apoyar el crecimiento de la mediana industria, formar recursos humanos especializados y atender múltiples aspectos para mejorar la calidad de vida de la población y, que romper la unidad productiva y de mercado de Petróleos Mexicanos, significa demoler uno de los diques en defensa de la autonomía del país y el gobierno; así como privatizar el petróleo significa cederlo en la práctica al exterior. Por lo tanto la modernización debe cumplirse resguardando cabalmente el manejo estatal y la integración del mercado petrolero."
Nada más con expresiones de esa naturaleza, que están contenidas en el dictamen, efectivamente nosotros coincidimos en que el espíritu que está rigiendo ésta...El dictamen y los actos consecuentes de esta ley, están marcados por estos principios fundamentales.
Ahora, no son los únicos campos de objeción. Tenemos otros. Estos encontraron una solución satisfactoria, pero otros, por desgracia, no.
Para nosotros en el texto y en los diversos comentarios que se han venido haciendo y, alrededor del problema de la petroquímica, está claro que es el problema de fondo, que está alrededor de esta circunstancia y, también hay una expresión en el dictamen que por el contrario es totalmente nítida de lo que está en juego. Se habla, alrededor de la petroquímica, que hay una serie de retos muy complejos que implican el establecimiento de alianzas estratégicas que permitan completar procesos y aprovechar economías de escala.
Es importante hacer explícito que efectivamente éste es un nuevo intento estratégico de Petróleos Mexicanos por acercarse a un objetivo que han estado buscando desde hace tiempo y que no lo han logrado y, que en esta ocasión por desgracia, tampoco hay garantías de que lo puedan lograr.
De hecho todos sabemos que la decisión de permitir la inversión privada en petroquímica, se tomó desde el momento en que se dieron las reclasificaciones, la primera reclasificación de productos petroquímicos, la segunda reclasificación y que incluso se estuvo estudiando, esto lo discutimos con algún detalle con funcionarios de Petróleos Mexicanos, mecanismos como el arrendamiento financiero para permitir flujos de inversión en el área de la petroquímica y que han sido rechazados.
En este sentido éste sería un tercer instrumento, un tercer intento de atraer inversión a estas áreas de la petroquímica.
Y hoy con una serie de características que responden a como se ha estado discutiendo el problema de la inversión petroquímica en México, particularmente en los Estados Unidos de América, en el informe de la oficina norteamericana que se llama: General Accounting Office y, hay un informe particularmente dedicado al problema de la industria petroquímica mexicana, se habla explícitamente de las cuestiones de reclasificación y, hay un párrafo muy revelador que dice:
"Las inversiones petroquímicas en México, tienen un riesgo posible de reversibilidad, de acuerdo a la gran mayoría de los representantes de compañías norteamericanas, porque las reformas fueron hechas por decretos administrativos más que por cambios en la ley. Por ejemplo, el representante de una compañía que nunca ha tenido inversiones en México, ha dicho a esta comisión norteamericana: que su compañía no aprobará inversiones mayores, proyectos de inversiones mayores sin tener alguna evidencia de que las reglas fundamentales no serían cambiadas.
Yo tengo la impresión de que este tipo de reorganización, además de sus propios fines que los han explicitado suficientemente, también de paso
tiene este tipo de consideraciones: de facilitar la posibilidad de grandes alianzas estratégicas, para completar procesos y para grandes economías de escala.
¿Entonces de qué estamos hablando? De que Petróleos Mexicanos pueda asociarse con uno o con varios de estos grandes consorcios petroleros, a los que hemos calificado de "controles oligopólicos del mercado mundial y, que entonces lo que nos están planteando es una asociación en esos niveles, no sólo en una sucesión de pequeñas empresas asociadas a la producción de tales o cuales materiales petroquímicos, sino quizá de grandes asociaciones calificadas en este punto del documento que estamos discutiendo, de estratégicas.
Esta selección de con quién o con quiénes y que evidentemente se trata de... perdón. Esta determinación de con quién o con quiénes estas compañías se harían las asociaciones, pues es algo que seguramente en Petróleos Mexicanos está en proceso pero que la gran mayoría de los mexicanos no tenemos sino algunas... o ninguna idea al respecto.
Bien, otra de la objeciones es que el proyecto contiene un alto costo social de manera prácticamente explícita, porque está explícitamente señalada en las cuestiones de redimensionamiento, de posibilidades de venta de empresas subsidiarias, pero también de instalaciones ya existentes.
Lo que dice de esta, digamos reestructuración también en el terreno laboral y que tiene qué ver también con un número muy importante de trabajadores petroleros. ¿De qué dimensión sería esta situación de ajuste de personal? Se han manejado cifras de hasta 40 mil trabajadores petroleros. Las autoridades de Petróleos Mexicanos dicen que es así, pero digamos tampoco dan ninguna señal para poder llegar a una estimación precisa de qué es de lo que se está hablando. Pero evidentemente se trata de porcentajes importantes. Digamos, cualquier cifra que se dé, evidentemente tendrá un alto costo en esta dirección.
Y de esto no hay absolutamente ninguna duda de que se va a proceder en esta dirección.
También señalamos otras objeciones, en particular al artículo 4o. de la ley que en su versión original tenía una permisibilidad excesiva, planteando en términos de personas físicas o morales, sin ninguna calificación, lo que nos aparecía como una evidente permisibilidad de asociación con intereses privados extranjeros a que la nueva redacción no resuelve el problema, porque si en verdad desapareció la expresión de "personas físicas y morales", solamente hay una referencia muy vaga a que haya un cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes.
Ahora, nosotros quisiéramos señalar una serie de cuestiones alrededor de la petroquímica que nos parecen fundamentales. Cuando revisamos, en ocasión de esta iniciativa, a legislación petrolera completa, nos encontramos con una sorpresa muy agradable, debemos decirlo, que en el reglamento de la ley reglamentaria del 27 en materia petroquímica, hay una definición excepcionalmente favorable para que pudiéramos aclarar y resolver jurídicamente en un sentido estratégico y problema de fondo que estamos discutiendo.
Finalmente estas reclasificaciones. La gran alarma que existe es que se ha dicho que incluso puede llegar a sólo dos productos petroquímicos básicos: el gas y las naftas. Ha sido un declaración del Secretario de Comercio. En este momento existen 19 y entonces existe una absoluta incertidumbre entre quiénes son los que discuten, qué decisiones toman, con qué criterios, quiénes están negociando, cuáles son los petroquímicos básicos, etcétera.
Afortunadamente para nosotros, para todos y para México, tenemos este instrumento excepcional, que es el artículo 3o., de la ley al que hemos hecho referencia, en donde hay una definición no química, sino una definición estratégica en términos políticos y económicos y, dice así...; nosotros le hemos estado llamando a este artículo la definición de petroquímicos fundamentales, digamos en la legislación se dice lo que serían petroquímicos básicos, se entiende lo que serían secundarios y, ésta nos permitiría hablar de petroquímicos fundamentales, por esta definición que la Comisión Petroquímica Mexicana puede dar para aquellos productos que tengan un interés económico o social fundamental para el país y, la ley determina que será llevado a cabo por la nación, la producción de estos productos, por conducto de Petróleos Mexicanos y, viene una serie de distintas posibilidades de cómo elaborar estos productos, ya sea directamente por Petróleos Mexicanos o empresas subsidiarias de Petróleos Mexicanos o empresas mexicanizadas y, la ley incluso dice que en el caso de empresas mexicanizadas, las personas físicas que participen o las personas morales que participen tienen que ser mexicanizadas.
Bueno, esto es un instrumento, desde nuestro punto de vista, fundamental, porque permite actuar
en toda la gama de los productos petroquímicos, tanto en los que hoy tienen una clasificación, como en los otros y, por ejemplo, el amoníaco, la urea, todo el complejo del benceno, tolute, fileno, el complejo del etileno; todos éstos pueden ser catalogados como petroquímicos fundamentales, con esta formulación y, hacerlo automáticamente objeto reservado para la producción en los términos en que dice este artículo, o sea, la nación o México. Esto nos parece un instrumento fundamental para asegurar intereses estratégicos de México en este campo, que es el que está en juego.
Hemos elaborado alguna propuesta en este sentido, para tratar de reforzar...; ésta es un ley vigente, pero por desgracia no se ve que esté siendo tomada en cuenta; hay omisiones o se olvidan, deliberada o intencionalmente o de manera no deseada, pero lo cierto es que haciendo énfasis en la aplicación de este ordenamiento, se puede establecer una línea de defensa de intereses nacionales muy importantes en este terreno.
Este es el tipo de objeciones que tenemos. Se están promoviendo una serie de cambios estructurales a Petróleos Mexicanos y entendemos que su principal propósito es un propósito sí de reorganización, pero también asociativo, también de llegar a esta gran alianza estratégica de la que hemos mencionado, con alguna o algunas de las grandes empresas petroleras que no aparecen con toda claridad en el contexto de la discusión, pero que evidentemente están planteadas.
Ahora, la manera como se presenta la discusión también tiene importancia, la argumentación está en términos de hacer un Petróleos Mexicanos más eficiente, eficaz, competitivo, etcétera. Yo quiero llamar la atención de que para todos nosotros los conceptos de eficiencia y de eficacia son absolutamente claros y que los debemos de compartir todos. Pero me parece que es un exceso y que es inconveniente, porque tiene una carga incorrecta que la discusión en el Congreso la hagamos en términos de la competitividad de Petróleos Mexicanos; ¿la competitividad de Petróleos Mexicanos con quién?, porque ¿de qué estamos hablando?, ¿de qué se van a abrir los mercados nacionales y va a haber participación de otras empresas productoras y, vamos a competir con ellas y, además a tener índices importantes en México, o estamos hablando de un proyecto transnacional y Petróleos Mexicanos va a salir a competir a otras partes?
Me parece que ese..., digamos, lo que queremos decir con competitividad lo decimos con eficacia y con eficiencia y, es inconveniente, desde el punto de vista de las ideas asociadas que van, cuando estamos dándolo en estos términos de competitividad, porque así es como se abren las puertas empezando a no tener cuidado con el tipo de conceptos que se están manejando y después darle carta de naturalidad a la participación de empresas que no deseamos.
Ahora hay una cuestión adicional que yo haría de crítica a este criterio de la competitividad que está exclusivamente dicho en términos empresariales y que deja de lado cuestiones fundamentales de la concepción estratégica nacional. Todos sabemos que no puede haber competitividad simultáneamente en todas las ramas industriales, los países que han incursionado en las temáticas de planeación estratégica nacional saben que no pueden tener desarrollos tecnológicos de punta en todas las ramas industriales simultáneamente, lo que existe en el comercio internacional son intercambios de monopolio, por ejemplo si un país tiene adelantos y puede comercializar como monopolio en una o varias ramas, otros países se defienden desarrollando también altas tecnologías e intercambios también con precios de monopolio. Todo lo que un país pierde por tener que pagar ese sobreprecio de monopolio lo recupera el país que logra desarrollar una tecnología propia, no el que se asocia con otras empresas, con oligopolios, no el que se asocia sino el que puede desarrollar tecnología propia. Si nosotros podemos desarrollar nuestros propios desarrollos de punta tecnológica, podríamos hacer esos intercambios de monopolio y compensar las balanzas de intercambio en productos de alta tecnología.
Estas oportunidades son las que tenemos que crear en México, el lugar de una visión empresarial con criterios solo económicos de rentabilidad, eficacia, competitividad internacional, etcétera, Petróleos Mexicanos, ha tenido y debe seguir teniendo un criterio estratégico fundamental porque ha sido y debe seguir siendo la columna vertebral de nuestro desarrollo económico. Hemos dicho que una empresa estratégica debe concebirse y administrarse como un instrumento determinante de sostén, de fomento y ayuda a otras ramas industriales del país y, esto que ha sido hasta ahora debe continuar porque el petróleo conviene recordarlo, es un bien no renovable y cuando finalmente se agote tendremos que tener ya construida otra industria, es así renovable o al menos no dependiente de bienes no renovables para garantizar un horizonte de bienestar equivalente al que ahora nos ha brindado el petróleo.
No es lo mismo y, es importante recalcarlo porque ya se han dado confusiones al respecto, recalcar de asegurar el papel estratégico de la empresa Petróleos Mexicanos en el desarrollo nacional y no confundirlo con alguna tarea de planeación estratégica de un empresa a la que se le sustrajeron sus funciones principales.
En resumen, por las implicaciones laborales que tienen porque entendemos que va a haber un conjunto de despidos muy importantes, por la permisibilidad excesiva de asociación con otros tipos de consorcios en el país porque es riesgoso, todo este proyecto, que no se sabe exactamente a qué es a lo que se intenta, conducir en la parte de petroquímica y de mercados internacionales porque pierde, olvida o subordina el interés interno y tiene un énfasis excesivo en esta cuestión exterior y porque debilita la concepción estratégica que debemos de tener de la industria petrolera nacional, nosotros vamos a votar en contra de la propuesta y llamamos a todos los partidos a que profundicemos en este debate, porque hemos constatado con gusto que profundizando en esto podemos encontrar mejores fórmulas para algo que sí nos unifica a todos, que es encontrar mecanismos, formas de defensa de la industria nacional y, en particular de la petrolera. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Raúl Alvarez Garín. Antes de dar la palabra al diputado que sigue en la lista de oradores, esta Presidencia quiere hacer una respetuosa petición a todos los diputados que se encuentran fuera del recinto a que se incorporen a los trabajos que estamos desarrollando en esta Asamblea Plenaria de la Cámara de Diputados y pide a la Oficialía Mayor su colaboración para el adecuado proceso de discusión que estamos realizando.
A continuación tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A nadie de nosotros escapa la importancia que tiene el petróleo en lo internacional y en lo nacional, no podemos cuestionar en los umbrales del término del milenio, el petróleo mantiene su importancia, la fortalece y genera no pocos y graves conflictos en torno a ello.
Para México nuestra riqueza petrolera ha significado un largo, intenso proceso histórico para lograr tener el manejo de él, como actualmente se le reserva a la nación.
El petróleo, ha sido el eje, el pivote de nuestro desarrollo económico y social. El petróleo es factor determinante para nuestra soberanía nacional. Esta o estas afirmaciones, encuentran un pleno respaldo en lo que hemos vivido en México a partir de este siglo, en materia petrolera.
La historia refleja claramente el esfuerzo que se da para asegurar la disposición de este recurso por parte de la nación mexicana, partiendo de la visión de la Revolución de 1910 y de las normas que el Constituyente de 1917, plasma para poder iniciar, con base en ella, un proceso en el cual los gobiernos revolucionarios van realizando, encauzando su esfuerzo en mayor o menor grado, para lograr en 1938 la expropiación petrolera mediante la cual la nación asume de lleno y, de pleno el derecho, el disfrute en beneficio de sus nacionales, de la industria petrolera.
En la primera etapa, la anterior a 1938, los gobiernos se empiezan a interesar en el petróleo y van generando diversas normas para ir teniendo una participación en los beneficios que éste produce.
Primero a través de diversos gravámenes fiscales, después controlando los aspectos concesionarios y, finalmente asumiendo la administración de este recurso.
Paralelamente a este proceso histórico o dentro de él, más bien, podemos observar, de 1938 para acá, cómo la estructura administrativa para el manejo del petróleo se va perfeccionando, se va adecuando, se va integrando con una mejor administración que le va permitiendo, partiendo de una pequeñísima empresa, llegar a lo que actualmente es Petróleos Mexicanos.
En el aspecto legislativo, vemos cómo el legislador ha ido generando las diversas normas que va dándole cohesión a través del orden jurídico, a la función que el Estado mexicano realiza en materia petrolera.
Hoy tenemos ante nosotros una iniciativa de ley orgánica para Petróleos Mexicanos y, organismos subsidiarios, que significa un nuevo paso, una nueva etapa, el inicio de una nueva etapa que nos permitirá, sin perder los principios que han motivado al constituyente, al legislador ordinario, a la administración pública, tener una nueva instrumentación jurídica que nos permita afrontar las necesidades de realizar una administración petrolera estatal, con mayor eficiencia, con mayor realismo, acordes a las circunstancias que actualmente imperan en este orden.
La ley que hoy analizamos, se funda en nuestra Constitución; cumplimenta cabalmente, como ley
orgánica, las diversas disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 25, 27, 89 y 90 de nuestra carta fundamental, así como en las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en la Ley Federal para el Control de los Organismos Paraestatales.
La exposición de motivos de esta ley, de la que comentamos, presenta todos los argumentos, todas las justificaciones de por qué es necesario reestructurar la administración de la industria petrolera estatal, sin reitero, menoscabo de los principios constitucionales.
En los debates que sostuvimos en las comisiones unidas de Gobernación y Energéticos y, en los grupos plurales que se formaron para trabajar en esta iniciativa, se hizo evidente diversas dudas respecto al contenido jurídico de la iniciativa en comento. Por esa razón voy a referirme a algunos principios de derecho administrativo, para poder aclarar a los compañeros que aún tengan esas dudas y, con ello darles elementos de convicción para que al emitir su voto favorable a este dictamen, lo hagan con mayor conocimiento.
El derecho administrativo es el conjunto de normas que regulan la organización, el funcionamiento, las competencias de los órganos que componen el Poder Ejecutivo. Establece también las normas que regulan las relaciones entre ellos y de las autoridades administrativas con los particulares. Precisa las vías, los recursos mediante los cuales los particulares pueden impugnar aquellos actos de autoridad administrativa que les produzcan alguna afectación en su derechos.
En el derecho administrativo señala cabalmente la competencia de los órganos de la administración pública. El derecho administrativo da de sí, proporciona al legislador el conocimiento necesario para que éste, a través de su actividad, de su función legislativa, pueda incorporar a nuestro derecho positivo administrativo, las normas que regulen en nuestro sistema jurídico administrativo, los aspectos a que el derecho administrativo en su conjunto se refieren.
El principio de legalidad es principio fundamental, es sustento fundamental de nuestro , de nuestro estado de derecho, es la vinculación que la ley establece entre una norma jurídica y el acto administrativo que realizan quienes tienen competencia legal para ello. El derecho administrativo reconoce todas formas de organización administrativa, la centralizada, la descentralizada y la desconcentrada; me refiero a las que han sido en mayor forma aceptadas por nuestra legislación.
En el caso que nos ocupa, el legislador, tratándose de la administración petrolera estatal, escogió la descentralización administrativa, por considerar que esta forma de la que se adecúa más a las características de la industria petrolera estatal. Esta forma administrativa implica la creación de una organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomías en diverso grado, pero particularmente la de gestión, la técnica, la administrativa y la financiera. Pueden darse otras formas de autonomía también, a efecto de que pueda cumplir cabalmente con sus objetivos.
Esta forma administrativa y organizativa, no priva al Poder Central de la administración pública mexicana, de aplicar los medios de control que para los órganos descentralizados la ley señala.
Es importante destacar que es al legislador a quien le compete escoger qué forma administrativa va a incorporar al derecho positivo mexicano en la materia; es el legislador, a través de la ley, el que va a determinar qué forma selecciona para que el Estado, a través de la administración, realice una actividad que le es propia.
En el caso de los organismos descentralizados, la ley establece que éstos se podrán crear por decreto del Ejecutivo o por ley del Congreso. En este caso estamos ante un organismo descentralizado que ha sido creado por ley del Congreso de tiempo atrás, desde 1938 se establece así.
En relación a las leyes que en la materia se pueden producir, encontramos fundamentalmente dos y una tercera que pudiéramos llamar mixta o ecléctica. Son leyes orgánicas o leyes reglamentarias y, tenemos varios casos de leyes que en un instrumento juntan los dos aspectos. Pero hoy estamos ante una ley orgánica.
Esto yo lo quiero matizar, porque muchas de las dudas que se han planteado obedecen, a mi entender, al alcance de la ley orgánica que estamos comentando. Las leyes orgánicas se refieren a la estructura administrativa, señalando la organización del organismo que se crea, señalando sus competencias fundamentalmente, pero marcando su organización interna, sus órganos de gobierno, las atribuciones de estos, los procedimientos internos en algunos casos, que se refieren a la organización interna.
La ley orgánica a que el dictamen se dirige, es la organización, las funciones de un organismo
descentralizado con cuatro organismos subsidiarios con diversos grados de especialización, acorde con las características del proceso productivo de la industria petrolera. Estos cuatro organismos descentralizados, los califica como subsidiarios. Este término también generó dudas en el momento en que se analizó. ¿Por qué subsidiario? ¿Que debemos entender por organismos descentralizados subsidiarios?
Yo encontré una definición de subsidiario que creo que nos ayuda bastante dentro de las varias acepciones que tienen término, a entender qué significará este aspecto subsidiario, y aplicándolo al caso, es el organismo que depende de otro principal, que obedecen a cosas de mayor importancia.
Creo que la subsidiaridad que establece esta ley es ésa, un organismo subsidiario, un organismo vinculado a otro organismo que es el principal.
Esto significa que esta administración para la industria petrolera estatal no se desvincula. Las líneas de coordinación, las relaciones que entre ellos se dan, están claramente explicadas en el contexto de la ley cuya iniciativa estamos comentando.
Por otra parte, es importante reiterar que el derecho administrativo se nutre y la legislación se nutre de la realidad social en la cual se desenvuelve la actividad de la administración pública. Si en este momento es necesario incorporar a la legislación administrativa una figura que no ha sido contemplada en la teoría administrativa, pero que a través de sus aplicación, de su regulación, va a resolver una necesidad, va a dotar a un organismo de la estructura que requiere para poder realizar sus funciones con mayor eficacia, creo que es facultad clara de esta Cámara, el poder adoptar estas formas.
Esta estructura no violenta ninguna norma constitucional, no violenta ninguna de las leyes que son aplicables a la administración pública.
Yo creo que a través de estos organismos descentralizados subsidiarios, nuevamente el legislador mexicano hará una aportación al derecho administrativo, pero no hay limitación alguna para ello.
Estos organismos descentralizados, gozarán de autonomía, de gestión, autonomía técnica, conforme lo establecen las diversas disposiciones que la ley contempla.
No pretende en forma alguna hacer un análisis exhaustivo de los antecedentes históricos, jurídicos, administrativos de la administración petrolera estatal.
Creo que en la exposición de motivos del dictamen ya están contenidos los argumentos que explican la organización que habrá de regular esta ley.
Creo y, así lo sostengo, que esta iniciativa cumple cabalmente con los principios constitucionales y, que dotará a Petróleos Mexicanos, en su nueva organización con la estructura que demanda la realización de sus objetivos.
Por todas las razones antes apuntadas compañeros legisladores, yo les pido que en el momento de emitir su voto, éste sea favorable al dictamen que hoy sometemos a su consideración. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Cuauhtémoc López Sánchez. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Juan Manuel Huezo Pelayo: - Con su permiso, señor Presidente; con su permiso, compañeros diputados:
Hago uso de la tribuna para presentar nuestro voto en favor y en lo general del dictamen en discusión.
Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, los cambios que se dan en el contorno mundial exigen la modernización en las diversas áreas económicas y, por ende que éstas se conviertan en competitivas.
Los límites a los que habían llegado Petróleos Mexicanos, hasta cierto punto ya constituían obstáculos para la producción, refinación y transformación básica de los hidrocarburos. Para avanzar en la modernización de la empresa pública es necesaria una reestructuración profunda de las actividades petroleras.
Si bien es cierto que la empresa había cumplido con la responsabilidad que le había asignado el estado, la estructura que mantiene actualmente Petróleos Mexicanos no corresponde al contexto actual de la política económica. Darle eficiencia y eficacia, son premisas fundamentales, para que la actividad petrolera se desarrolle adecuadamente.
A nuestro partido le interesa que la industria petrolera, representada por Petróleos Mexicanos,
se modernice, pero de acuerdo a la filosofía, constitucional, por tal motivo, nos satisface el señalamiento expuesto primeramente en la iniciativa y posteriormente en el dictamen, en el sentido de que Petróleos Mexicanos no se privatiza.
Conviene al desarrollo nacional que la empresa permanezca como propiedad del Estado. Es importante que la empresa no se desintegre ni mucho menos se privatice.
La pertinencia de una reestructuración con características de corporativo, es un asunto común hoy en día. Petróleos Mexicanos debe colocarse en condiciones competitivas en el mercado mundial de los hidrocarburos, con una dirección central que controle la actividad petrolera.
El marco jurídico de Petróleos Mexicanos debe de estar a la altura de los nuevos tiempos, no hacerlo, sería comprometer al desarrollo soberano de la industria petrolera.
El proceso de reestructuración de Petróleos Mexicanos no es nuevo, con anterioridad se había anunciado su modernización e incluso se adoptó una estructura que modificaba a las gerencias en divisiones, no obstante se mantuvo la estructura lineal que provocaba tramos de control demasiado largos y complicados, lo que provocó el agotamiento de la eficiencia administrativa y organizacional.
Conforme a la iniciativa presentada por el ejecutivo, la estructura que se propone y, que estará integrada por un sector central...Petróleos Mexicanos y, por cuatro organismos descentralizados con carácter de subsidiarios, será más dinámica y funcional. Los tramos de control al eliminar instancias que obstaculizaban la comunicación directa con las antiguas divisiones, hacen más eficiente la administración y operación de Petróleos Mexicanos, no sólo ha sido inquietud del gobierno federal sino por años ha sido un reclamo que las fuerzas progresistas de nuestro país han hecho.
Nos llama la atención la estructura que se adopta, la cual es una mezcla, que en el dictamen se le denomina una innovación en el derecho administrativo mexicano de un corporativo con organismos subsidiarios.
Y estamos de acuerdo que en el proceso de modernización del país, debemos ser creativos, es imperativo que así sucede. Pero también debemos buscar los mecanismos adecuados para que estas innovaciones sean normadas y reguladas jurídicamente. No se puede innovar y dejar a la deriva el marco jurídico, se desfasaría en relación a la práctica común, lo señalamos debido a que en la reestructuración de Petróleos Mexicanos, se recupera la normatividad que para los organismos descentralizados establece la Ley Federal de Entidades Paraestatales a pesar de que en esta última ley, no existe la figura jurídica que se propone en la reestructuración.
Generalmente en los procesos que se han instrumentado, se dan procesos regulatorios y desregulatorios. Sin embargo, es interesante que en la reestructuración de Petróleos Mexicanos, se juegue con ambas alternativas: por una parte se seguirá el ámbito reservado al Estado, en cual no se permite ni se permitirá la participación del capital privado, conservándose el espíritu del artículo 28 constitucional y, por la otra, se inicia un proceso de apertura a la participación del capital privado.
Esto para nosotros no sólo significa una simple reestructuración, sino que es parte articulada y coherente de la política económica instrumentada por el gobierno federal y que tiene como uno de sus pilares fundamentales, la reforma del Estado. No podemos verlos como un fenómeno aislado.
Entendemos que la apertura de la petroquímica secundaria y terciaria, representa la formalización de las acciones que ya se habían instrumentado en algunas de estas áreas.
Consideramos importante que se obtengan los recursos suficientes de una actividad altamente rentable como la petroquímica secundaria y terciaria. Pero no se debe dejar abierta a la posibilidad para que... Para nuestro partido consideramos que debe existir una regulación clara en estos aspectos por parte del Estado, con el fin de delimitar la participación de los particulares sin obstaculizar sus inversiones.
En cuanto a la conformación de los organismos de gobierno, consideramos positivo que en el organismo central se conserva la forma de integración del consejo de administración que tenía la paraestatal. Es decir, que no se modifica la participación del sindicato petrolero.
No deben de quedar dudas sobre la participación de los representantes de la industria petrolera en los consejos de administración, de los organismos descentralizados subsidiarios. Existe en la ley una definición clara de esto, cuando señala en el artículo 9o. que el consejo de administración de cada uno de los organismos subsidiarios, se
compondrá de ocho miembros y sus respectivos suplentes. Los titulares darán cuatro representantes del gobierno federal, designados por el Ejecutivo Federal; los tres directores generales de los otros organismos públicos descentralizados subsidiarios.
La participación de los inversionistas privados no será posible. Debe quedar claro que los particulares no tendrán participación directa en estos organismos. Sólo habrá esta posibilidad en las empresas filiales o subsidiarias que se constituyen como consecuencia de esta iniciativa y este caso únicamente se presenta en el área de Petróleos Mexicanos, petroquímica.
No obstante que vemos como positiva esta reestructuración, aún quedan elementos imprecisos en esta propuesta de ley. Nos preocupa el acelerado deterioro de las instalaciones, principalmente las de distribución de los productos que han provocado graves problemas.
Queda en el aire con esta reestructuración el sistema de distribución va a ser reparado o cambiado y, cuál será el mantenimiento que se le dé para evitar los accidentes que han traído consigo estos sucesos lamentables.
Finalmente, consideramos que esta reestructuración será positiva si realmente conlleva a hacer más eficiente la administración y operación de Petróleos Mexicanos y, a corregir los errores y problemas que se han originado en la industria petrolera. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, la diputada Gabriela Guerreo.
La diputada Gabriela Guerrero Oliveros: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: El tema que se aborda con motivo de la iniciativa del Poder Ejecutivo de nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, tiene un significado histórico, económico y político que va más allá del ámbito de la citada iniciativa presidencial.
La lucha por el dominio sobre el petróleo y el control de la industria petrolera, forman parte de nuestra historia en el siglo XX.
La política hacia esta rama productiva fundamental, es referencia obligada para precisar el carácter del Estado mexicano. Su desarrollo es un dato imprescindible para explicar el proceso de industrialización del país y, es factor primordial de la fortaleza de la nación y del vigor y vigencia del proceso revolucionario de México en las últimas décadas.
El decreto expropiatorio de la industria petrolera y la consecuente existencia de la empresa Petróleos Mexicanos, junto con la industria eléctrica y algunas otras que el Estado tomó en sus manos, son causa determinante del grado de desarrollo que hemos alcanzado.
La fortaleza de las empresas que aún conservan su carácter estatal, así como su potencialidad, son un sólido fundamento de muchas de las perspectivas promisorias para México en el Siglo XXI.
Los mexicanos nacionalistas podemos sentirnos satisfechos del papel desempeñado hasta hay por Petróleos Mexicanos y, el balance de su aporte, justifican plenamente la acción visionaria de quienes fueron los actores principales de rescate de la industria petrolera, como bien de la nación.
Sin embargo, debemos de aceptar que las circunstancias de nuestros días son, en muchos aspectos, radicalmente distintas de aquellas de los años de la expropiación y de la posterior creación y consolidación de Petróleos Mexicanos.
Hoy nos enfrentamos a otros retos y amenazas de los que debemos tener plena conciencia, a fin de trazar el rumbo de la industria petrolera y lograr otorgarle acertadamente, el mismo papel de impulsor de la economía nacional que ha tenido en el pasado.
En el mundo de nuestros días, está en proceso la revolución científico técnica, que está generando y obligando a cambios cualitativos en todos los ámbitos de la producción, desde la materia prima hasta la forma misma en que se organizan las empresas, en una cadena de innovaciones y transformaciones que tiene el propósito de producir con más calidad, con más eficiencia y con menos costos, en un escenario que con el desarrollo de las comunicaciones tiende a hacer de la tierra, un solo mercado, por lo que se refiere a la posibilidad de venta de los productos.
En estas condiciones, sólo las empresas fuertes e innovadoras, logran supervivir y acaban por dominar la economía internacional.
Este proceso de transformación y superación necesario, obligado, no se limita al ámbito de la empresa industrial, sino que toca al sistema financiero, a las comunicaciones, a la formación
de recursos humanos, a la política fiscal, a la investigación científica y también al sistema jurídico. Es lo que algunos llaman la modernización. Tarea en la que están empeñados la mayoría de los países del mundo, sobre todo los más avanzados.
México, señoras y señores diputados, no puede sustraerse a este proceso; más aún, a nuestro juicio, debe tomar la iniciativa de incorporarse a él con sentido nacionalista y democrático, como único medio de fortalecer la soberanía y avanzar en la lucha por la independencia económica.
Siendo Petróleos Mexicanos una empresa que por su carácter y su magnitud es determinante para México, debemos analizar si su forma de organización y su capacidad de respuesta a los cambios es lo suficientemente ágil para las exigencias de hoy en día. Pero la necesidad de transformación de Petróleos Mexicanos no surge por el hecho sólo de que se dan cambios en el mundo. A juicio del Partido Popular Socialista, ello se plantea por la razón objetiva de que estos cambios se manifiestan de manera concreta en la forma de nuevos productos, nuevos procesos tecnológicos, nuevas materias primas, un valor agregado cada vez mayor, según los conocimientos técnicos aplicados en la transformación de los recursos naturales y también en tiempos cada vez más cortos en la utilidad y vigencia de una técnica que antes era de vanguardia.
Todo lo cual obliga a revisar la estructura y la ubicación y preparación de los recursos humanos con que cuenta una empresa determinada.
Valorando estas exigencias y retos, hemos afirmado que Petróleos Mexicanos, ha de seguir siendo una empresa puesta al servicio de la nación, debe de restructurarse y, que si queremos que además desempeñe en los nuevos tiempos el papel estratégico que jugó en el pasado para impulsar la economía nacional, debe transformarse hoy, no mañana, con el propósito de ser ejemplo de empresa nacional eficiente, productiva, generadora de alta tecnología de vanguardia y de productos de calidad internacional.
Por otra parte, señoras y señores legisladores, sobre México se agudizan las presiones con motivo del carácter estatal de Petróleos Mexicanos, por dos razones básicas. La primera, por el hecho de que la petroquímica ha adquirido una importancia económica creciente y seguramente la adquirirá aún más, debido a los avances científicos y técnicos. De tal manera que los monopolios transnacionales que dominan el mercado internacional del sector, se han propuesto apoderarse de esa rama, desplazando a Petróleos Mexicanos del mercado que ocupa o potencialmente puede y debe ocupar, para lo cual exigen que se acelere y profundice el proceso de reclasificación que se han venido dando desde 1986, por el cual se ha privatizado la explotación de la mayoría de los 72 productos que en otro tiempo fueron considerados como exclusivos del Estado.
Las presiones en este sentido se han observado, sobre todo, en las negociaciones por un Tratado del Libre Comercio entre México, Estados Unidos de América y Canadá.
Ante estas circunstancias, una forma de defensa de Petróleos Mexicanos, entre otras, es fortalecerse económica y técnicamente en la rama de la petroquímica.
Sin embargo, con ser este aspecto altamente preocupante, a nuestro juicio el factor más peligroso para México y, para Petróleos Mexicanos, se deriva del hecho de que los hidrocarburos siguen siendo la principal fuente de energía para la industria y las comunicaciones. De manera particular, éste es el caso de Estados Unidos de América, país que consume la cuarta parte del total de energía que consume el mundo.
El problema, compañeras y compañeros diputados, radica en el hecho de que para este país, para los Estados Unidos de América, el consumo de energía se vuelve un problema de seguridad nacional, por que la mayor parte de sus necesidades de energía las cubre con hidrocarburos, hecho que no lo podrá modificar en el corto plazo, por haber abandonado durante años el desarrollo de la energía nuclear como fuente de generación de electricidad; hidrocarburos que en más de la mitad de su consumo diario provienen de la importación, entre cuyos abastecedores se encuentra México, el proveedor más cercano de todos, el más costeable y del que les gustaría que tuviera una gran reserva aprobada y lista para ser extraída en caso de emergencia para los Estados Unidos de América.
Junto a estas tremendas presiones y amenazas externas, frente a las cuales pensamos que debemos estar unidos los mexicanos patriotas, también en nuestro país hay problemas para Petróleos Mexicanos.
En el marco de privatización de la economía nacional, algunos sectores demandan que la empresa petrolera pase a manos privadas, aunque no se atreven a alzar la voz tan estridentemente, como lo han hecho en el caso de la
industria eléctrica nacionalizada, porque en el caso de Petróleos Mexicanos, como todos lo sabemos, hay demasiado peso histórico en su nacionalización; de todas maneras constituyen una fuerza aliada a las fuerzas de fuera, que exigen que Petróleos Mexicanos deje de ser patrimonio del pueblo y de la nación.
Estas presiones explican en mucho las reclasificaciones y reducción consecuente en los productos de la petroquímica básica, que al final de cuentas constituyen duros golpes contra el área de actividad exclusiva de Petróleos Mexicanos y, también explican la actitud de algunos funcionarios del gobierno federal que han propiciado la baja de la capacidad de inversión en infraestructura de la empresa petrolera nacional.
Frente a estas circunstancias y a premios en que se desenvuelve a Petróleos Mexicanos, es como la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, ha establecido su política en relación con su demanda de reestructuración de esta empresa y también es como ha valorado la iniciativa del ejecutivo de la ley orgánica de Petróleos Mexicanos y, organismos subsidiarios, para el Partido Popular Socialista resulta satisfactorio el hecho de que en la reestructuración que se propone en el proyecto de la ley orgánica, se reitere de manera categórica el mantenimiento de la propiedad y, el control del estado sobre los hidrocarburos y, que las funciones de los organismos subsidiarios se establecen con pleno respeto a lo ordenado por la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo.
Para el Partido Popular Solicita en este momento, frente a las presiones y amenazas contra Petróleos Mexicanos, esto es lo fundamental. A nuestro juicio la iniciativa que examinamos conserva la unidad en la industria y propicia la formación de cadenas productivas por medio de la existencia de un órgano de conducción central y dirección estratégica, lo cual puede constituir un paso útil en un proceso hacia la modernización organizativa de la industria petrolera.
Por lo que respecta a las relaciones laborales de los nuevos organismos descentralizados y subsidiarios de Petróleos Mexicanos con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana el respeto a la integridad de ese Sindicato y de su contrato colectivo único, indican lo que hemos señalado los miembros del Partido Popular Socialista, que es posible modernizar una empresa estatal sin dañar los derechos esenciales de los trabajadores de la misma. En este sentido vale la pena señalar el respecto por una conquista fundamental de los trabajadores petroleros que es la de su participación significativa en el órgano superior de gobierno de la industria petrolera con cinco de once miembros en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos lo cual, independientemente de los dirigentes del Sindicato en un momento determinado, significa un reconocimiento al papel decisivo de los trabajadores petroleros en la expropiación de la industria petrolera, cuando bajo la lúcida dirección de maestro Vicente Lombardo Toledano antepusieron los trabajadores a sus intereses gremiales particulares los de toda la nación, cuando rechazaron ofertas de incrementos salariales y mejores condiciones de trabajo a cambio de contribuir a la acción expropiadora del general Lázaro Cárdenas. Esta es una conquista que confiamos los trabajadores petroleros de hoy sabrán emplear para contribuir como lo hicieron lo de 1938 a fortalecer a la nación a través del desarrollo de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.
Con las modificaciones y agregados hechos a la iniciativa en el seno de los trabajos de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Energéticos en lo que las proposiciones de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista fueron aceptadas, se enriquece el proyecto de la ley orgánica al vincular a las direcciones de los organismos a hacer explícitas la obligación de la dirección de los organismos de procurar el desarrollo tecnológico de la industria y de garantizar que las compras de material, equipo y maquinaria de los organismos sean de aquellos que satisfagan las normas oficiales mexicanas que en futuro próximo se habrán de expedir, con lo cual se dará fin a fuente posible de corrupción en la industria petrolera.
Si como complemento a estas modificaciones se lleva a cabo una profunda reestructuración del Instituto Mexicano del Petróleo tal como lo ha ofrecido el Director General de Petróleos Mexicanos para hacer de este Instituto el mejor laboratorio industrial de México, que se distinga por la calidad de su personal tecno- científico, por a excelencia de sus trabajos y por sus aportaciones tecnológicas para el desarrollo de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos; entonces señoras y señores diputados, se darán nuevos y vigorosos pasos hacia la integración de una sólida, productiva y autosuficiente industria petrolera.
Por lo demás, desde esta alta tribuna de la nación, demandamos se estudie la posibilidad de modificar la carga fiscal para Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, a fin de que cuenten
con los recursos que habrán de requerir para lograr los objetivos señalados en la ley orgánica.
Con base en estas consideraciones la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, otorga su voto favorable al dictamen sobre la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Por la atención prestada a esta intervención. Muchas gracias compañeros diputados.
El Presidente: - Gracias, gracias diputada Gabriela Guerrero. Tiene el uso de la palabra, la señora diputada Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Recibimos, al igual que muchos compañeros diputados, con preocupación y expectativa el proyecto de ley del Ejecutivo para reformar la ley orgánica de Petróleos Mexicanos.
Comprometidos, como es el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y, convencidos del papel fundamental de Petróleos Mexicanos que ha jugado y que debe jugar en la vida nacional, nos propusimos a revisarlo escrupulosamente, a fin de detectar cualquier tipo de rendija, cualquier intencionalidad que pudiese debilitar la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos.
Esta preocupación, este celo por una posible privatización de Petróleos Mexicanos, no es gratuita; como todos ustedes saben, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ha expresado en diversas ocasiones y reiteradamente, su oposición a la orientación general de la política económica del país. Creemos que esta orientación podría haberse filtrado a la propuesta para reformar la ley orgánica de Petróleos Mexicanos y debilitarla.
La política de apertura económica, demasiado súbita e indiscriminada, la insistencia de la alianza e integración con los Estados Unidos de América y Canadá, en momentos muy poco favorables; la insistencia de los Estados Unidos de América, intensificada a partir de la Guerra del Golfo Pérsico, para convertirnos en abastecedor estratégico de los Estados Unidos de América, fueron todos elementos que nos hicieron ir a esta iniciativa con sumo cuidado.
Consideramos sin embargo que esta orientación general económica del país con la que no estamos de acuerdo, el contexto internacional riesgoso en que nos encontramos, afecta negativamente a Petróleos Mexicanos, más como está en este momento, que como se propone realizar su transformación en la ley orgánica y, creo, estoy convencida, que el accidente de Guadalajara fue una prueba muy clara de que es necesario, tanto cambiar la política presupuestal general del gobierno hacía Petróleos Mexicanos como cambiar a Petróleos Mexicanos a fin de que no se multipliquen situaciones en las que partes de la opinión pública puedan convencerse de que es mejor privatizar a esta paraestatal.
La iniciativa del ejecutivo nos parece que en lo fundamental contiene los candados necesarios para mantener de manera firme la propiedad da la nación sobre este recurso. Nos parece además que las propuestas planteadas e incorporadas por todos los grupos parlamentarios en el texto de la iniciativa, terminar de cerrar alguna rendija, alguna redacción no suficientemente estricta y rigurosa que pudiese haber permitido un debilitamiento de la paraestatal; en especial menciono el caso del artículo 10 y otra serie de artículos que fueron cambiados. Consideramos también que hay otros artículos que pueden empezar. Empezar a mejorarse en su momento lo haremos la división en un corporativo y cuatro empresas subsidiarias creemos que tiene pros y contras.
El Caso de Guadalajara, vuelvo a repetir, reveló una situación extremadamente delicada en Petróleos Mexicanos, que por supuesto pone en cuestión muchas de las afirmaciones vertidas aquí por el títular de la paraestatal, en especial la afirmación de que Petróleos Mexicanos se encuentra en una situación financieramente muy holgada. La explosión de Guadalajara revela una dificultad my grande para verificar que se lleven a cabo una serie de normas para la eficiencia y la honestidad dentro de Petróleos Mexicanos; no solamente reveló falta de mantenimiento, falta de sistemas eficientes de control, sino y, esto lo aventuro como una hipótesis, un robo generalizado del combustible por parte de los elementos de los trabajadores.
Este es el caso de que a estas fechas todavía no se cuentan con los inventarios rigurosos de hidrocarburos que llegaban a Guadalajara del poliducto de Salamanca.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana hace un año inició un proceso judicial en el caso de la sección 40 del sindicato de Petróleos Mexicanos, en Sonora, al descubrir robo sistemático generalizado de combustible por parte de miembros del sindicato, abastecimiento de combustible y turbosina a los narcotraficantes y
encubrimiento por parte del gerente, en Guaymas, allá en Sonora.
Creemos que una cadena de mando tan grande en una empresa verticalmente integrada, hace difícil, dificulta la capacidad de control. En este sentido creemos que el cambio realizado puede tener muchos beneficios.
Creemos también que hay contras. Nos parece que la idea de permear a estas cuatro subsidiarias con la necesidad antes que nada de ser eficientes financieramente, puede también ser peligrosa, especialmente en el caso de las subsidiarias petroquímica básica y... Petróleos Mexicanos, gas y petroquímica básica y Petróleos Mexicanos, petroquímica, en el sentido de que dada la apertura de nuestro mercado, súbita e indiscriminada como la he dicho, puede llevar a la competencia a estas dos últimas, especialmente a estas dos últimas subsidiarias, de tal manera que con tal de presentar cifras agradables a los expertos financieros, hagan que una u otra subsidiaria se hagan competencia negativa entre las dos.
En este sentido el artículo 10 establece que "el director general del corporativo será responsable, voy a leer exactamente el texto, del establecimiento de las políticas y lineamientos necesarios para lograr un sano equilibrio económico y financiero entre los organismos, así como para permitir el adecuado manejo y administración de los bienes que el gobierno federal destina a la industria petrolera".
Nos parece aquí una de las funciones más delicadas del director general, en términos de garantizar que sea éste el criterio, el criterio de tener una industria petrolera sana y positiva para el bien de la nación y, no necesariamente para el de un balance financiero particular.
Otra de las preocupaciones, otro de los problemas que vemos en la división, pero que es ya un problema presente aún sin divisiones subsidiarias en Petróleos Mexicanos, es la forma; ahorita lo que existe es una situación de guerra intestina entre otros grupos de Petróleos Mexicanos y, se tendrá que llevar a cabo una delicada labor para dividir las responsabilidades y los bienes de la empresa en estas cuatro subsidiarias, sin que se afecten los criterios que estoy mencionando, de guerra intestina por control por mayor poder político, que existe.
Nos preocupa también la forma en cómo se va a proceder en las áreas comunes, hospitales, etcétera. Hay numerosas áreas que van a tener que ser analizadas muy cuidadosamente.
Asimismo también expresamos, como lo han hecho otras fracciones parlamentarias, nuestra preocupación por el caso de la petroquímica secundaria. Creemos que en el futuro, alguien decía aquí que lo importante es que cuando se acabe el recurso ya tengamos una industria. Lo que queremos es que no se acabe el recurso para uso directo como combustible; creemos que en general tiene que adoptarse una política energética totalmente diferente en el país, una política energética que no descanse fundamentalmente en la explotación de hidrocarburos, que se ha demostrado por ejemplo en la Cumbre de Río, contribuye de manera negativa al efecto invernadero y, que salve a los hidrocarburos para la valiosísima industria petroquímica. El Siglo XXI va a estar dominado por formas energéticas muy avanzadas, basadas probablemente en el hidrógeno y no en los hidrocarburos y, necesitamos un Instituto Mexicano del Petróleo capaz de estar en la frontera de la ciencia y, necesitamos tener petróleo para poder aprovecharlo de esta manera.
En este sentido, expresamos nuestra preocupación por la política de reclasificaciones que siempre piensan que deben pasar a la iniciativa privada cuando el Estado, como lo demuestra el caso de Petróleos Mexicanos, podría resultar un gerente adecuado y eficiente económicamente.
Nuestro voto será a favor, como ha quedado claro en el transcurso de mi exposición, pero queremos plantear también el compromiso, nuestra fracción parlamentaria, para vigilar de cerca el proceso del presupuesto del año que entra, a fin de garantizar que sea modificada la relación fiscal entre la federación y Petróleos Mexicanos, no solamente en el sentido que decía el director general de Petróleos Mexicanos, de que lo que le preocupaba era cómo se administraban los recursos fiscales de Petróleos Mexicanos, sino en el sentido de que no sea sacrificado este papel de vanguardia que debe tener la paraestatal, por un concepto de superávit financiero totalmente peregrino. Muchísimas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias compañera diputada Cecilia Soto González.
Tiene el uso de la palabra, el señor diputado José Treviño Salinas, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Rodolfo Treviño Salinas: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
El descubrimiento y aprovechamiento de la energía petrolera ha sido sin lugar a duda fundamental en la transformación de la humanidad que se ha experimentado en el siglo XX. Para muchos el petróleo ha sido causa de guerra, poder y riqueza, para otros su presencia está asociada a ideas relacionadas con torres de perforación o con latas de aceite, pero tal vez para la mayoría de nosotros, el petróleo está solamente tan cerca como la gasolinera más próxima.
Sin embargo, las aplicaciones de los productos derivados de este combustible han crecido tanto que han sustituido gradualmente a otros materiales más pesados o más caros.
La tecnología del petróleo y sus derivados ha evolucionado para acercarlo cada día más al hombre y, para contribuir decisivamente en el mejoramiento de su calidad de vida.
Hoy en día, desde las suelas de muchos zapatos, las camisas, los aparatos telefónicos, las computadoras, las pinturas y hasta las butacas de este recinto, tuvieron como insumo básico algún subproducto del petróleo.
Ya no puede concebirse una nación competitiva y moderna si no cuenta con petróleo y con sus derivados en condiciones competitivas.
Los cambios son necesarios porque nuestra sociedad demanda cada vez más un número mayor de productos, en mayores volúmenes y con mejores calidades. Esta es la única vía no sólo para abaratar la vida de los consumidores nacionales, sino para hacer frente, en igualdad de circunstancias, a la competencia internacional en mercados cada vez más abiertos y más interdependientes.
Los cambios son impostergables, pues la velocidad del desarrollo tecnológico a nivel mundial hace necesaria la especialización por ramas, a fin de mantener actualizada la administración y, para responder con agilidad a las cambiantes condiciones del mercado.
La industria mexicana se han venido modernizando y viene preparándose desde 1982 para una competencia internacional mayor, y fue precisamente la crisis petrolera lo que obligó a buscar nuevos horizontes y a exportar ya no sólo petróleo crudo y sus derivados, sino productos manufacturados cada vez en proporciones mayores.
No podemos exigir que todo cambie y esperar que la empresa más grande y fundamental de nuestra nación continúe igual; no podemos ajustar toda la estructura de un país para orientarse hacia el exterior y exigir que nuestra principal fuente de riqueza mire exclusivamente hacia adentro; no podemos esperar que toda la sociedad se mejore compitiendo sin introducir incentivos y controles similares en una empresa que si bien tiene un mercado cautivo hacia adentro, también tiene la responsabilidad histórica de medirse con las mejores del mundo hacia afuera.
Las estadísticas de nuestra empresa estatal petrolera muestran un notorio desbalance entre la producción obtenida y su capacidad instalada de refinación, aunque Petróleos Mexicanos ha llegado a ocupar el segundo lugar entre las principales empresas petroleras por su nivel de producción de crudo, su capacidad primaria ocupa solamente el decimoprimer lugar entre las principales naciones del mundo.
No cabe duda en que es necesario reforzar los niveles de inversión en el área de refinación.
Por otra parte, los precios internos de los productos petroleros mexicanos y, me refiero no sólo a las gasolinas, se han venido ajustando para reflejar los niveles internacionales de cada uno de ellos.
Ahora se hace necesario poner énfasis en la calidad y el rendimiento, para poder hacer realmente justa cualquier comparación económica.
La fortaleza de la empresa depende de la modernización de cada una de las etapas de su operación.
La ley orgánica que hoy se presenta a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, constituye un refrendo a los preceptos constitucionales, pero también reconoce en forma expresa la inconveniencia de que el estado distraiga su atención y cantidades desproporcionadas de su presupuesto, para tratar de influir en áreas petroquímicas, que no sean estratégicas ni básicas.
Estas tareas, como ya hemos apuntado aquí, cada vez son mayores en número y más complejas en su tecnología.
La integración de cadenas de productos se ha vuelto un problema complejo, donde ya no es posible pensar que ni aún las empresas automotrices o petroleras más poderosas del mundo, comprometan su eficiencia tratando de producir internamente todos y cada uno de sus insumos. Aún ellos, han tratado de especializarse y
multiplicar sus opciones de abasto, en busca de una excelencia que no es posible conseguir sin la presencia de costos de transferencia reales, que permitan evaluar con precisión y justicia el desempeño de los administradores de cada uno de los procesos.
Y lo que es más importante, que se permita detectar con certeza, como lo mencionó la compañera Cecilia Soto, y en un cortísimo plazo, los problemas de competitividad, su origen y sus posibles soluciones.
Es por todo esto, que consideramos sumamente conveniente el esquema de organización que aquí se propone.
En lo sucesivo, las ineficiencias que pudieran darse en la producción de Petróleos Mexicanos, ya no serán trasladados a los procesos recibos de la empresa, y mucho menos al consumidor nacional que depende exclusivamente de ellos para surtir un mercado interno cada vez más exigente y para convertir en un mercado externo cada vez más especializado en sus calidades y en sus costos.
Sin lugar a dudas en tres de las organizaciones subsidiarias que se proponen, Petróleos Mexicanos- Exploración y Producción, Petróleos- Mexicanos, Refinación, Petróleos Mexicanos- Gas y Petroquímica Básica, nuestro país cuenta con suficientes ventajas competitivas y con suficiente experiencia para cumplir no sólo con los preceptos de nuestra Carta Magna, en esta materia, sino para ser líder mundial en cada una de ellas.
En el cuarto organismo la ley orgánica reconoce las ventajas de una posible complementación económica para tener en campos similares y que se caracterizan por alta tecnología, alto riesgo, altos niveles de inversión, y donde la concertación de productos mundiales ha formado esquemas de tipo oligopólico, con los que en forma aislada sería muy difícil competir.
En este cuarto sector las alternativas son múltiples y la flexibilidad es necesaria para formar alianzas estratégicas que son indispensables, no sólo para Petróleos Mexicanos, sino para la supervivencia del sector petroquímico privado nacional.
No compartimos la aseveración de que esta ley tendrá un alto costo social, pues, aunque la industria petroquímica es altamente intensiva en capital, su efecto multiplicador en el empleo a través de la gran cantidad de empresas periféricas, principalmente empresas medianas y pequeñas que para la producción de partes, refacciones y servicios se integran a su alrededor, ha sido singular factor para que en países asiáticos que no hace mucho tenían altos niveles de desempleo, tengan ahora no sólo ocupación plena sino mano de obra calificada, en procesos de alto valor agregado.
Con una nueva organización y esquemas creativos de negocios, las características geográficas y la abundancia en recursos naturales de la cuenca del Golfo de México, puede contemplarse desde ahora, para beneficio y orgullo de los mexicanos, la formación de núcleos integrados con industrias de todos tamaños, que pudiera constituir uno de los principales polos mundiales para el desarrollo de la petroquímica del Siglo XXI.
Para lograrlo, se necesita el cambio en la ley, y que tanto el sector público como el sector privado, coordinen esfuerzos en áreas que como la petroquímica ya no compiten internacionalmente como empresas aisladas, sino como países organizados con una visión nacionalista del futuro.
La asignación de prioridades presupuestales es sin duda lógica. Pero ha ido en detrimento de la perspectiva de la industria petroquímica nacional que con un techo presupuestal limitado, tiene que hacer frente a un mercado internacional con precios cada vez más bajos y con escalas de planta cada vez mayores y de mayor sofisticación.
La modernización de la industria petroquímica requiere de un análisis cuidadoso de cada producto y de cada línea de negocio en lo específico, dependiendo de sus perspectivas las líneas estratégicas deberán conservarse y apoyarse. Algunas de las no reservadas deberán dejarse a terceros y en otras habrá que asociarse preservando Petróleos Mexicanos, como empresa estatal fuerte, competitiva, adecuada a los tiempos y a la tecnología, para que continué así, siendo puntal de nuestra soberanía ante el umbral del próximo siglo.
Por todo lo anterior, compañeros diputados, estamos convencidos del apoyo que en comisiones se ha dado al dictamen que aquí se presenta. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado José Treviño Salinas.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Gracias, señor Presidente:
En la Comisión de Energéticos en algún momento propusimos que una orientación adecuada de este debate debería ser aquella que permitiera profundizar la conciencia de los mexicanos sobre la importancia de esta industria nacional en el desarrollo y consolidación de nuestra nación.
Dijimos que una manera de fortalecer a Petróleos Mexicanos, era lograr que los mexicanos valoramos adecuadamente sus tanto sus éxitos como los errores indudables, que a través de los tiempos esta industria ha tenido.
Sin embargo, los ritmos que se han impuesto al trabajo legislativo y la decisión política que estuvo detrás del envío de la iniciativa a escasos días de terminar nuestro período ordinario, han impedido que se dé este debate nacional importante para calar hondo en la conciencia de todos los mexicanos.
En estos tiempos en que el dogmatismo privatizador se fortalece en el mundo; en estos tiempos en los que las ideas de Margaret Thatcher o las políticas impulsadas por Pinochet en Chile o Reagan en los Estados Unidos de América, se imponen en México como novedades; en estos tiempos en el que pareciera que las visiones del mundo desde el campo de los trabajadores, tienen un declive desalentador, hubiera sido muy importante discutir ante la nación, el papel que los trabajadores petroleros tuvieron para el rescate de la industria y de nuestros yacimientos petroleros, de las compañías extranjeras.
Hubiera sido importante decir y discutir ante la nación, que los trabajadores petroleros no sólo son representados por lo que significa "La Quina", o por lo que significa la actual dirigencia petrolera.
Tendríamos que poner en evidencia el patriotismo de técnicos y trabajadores que permitieron el rescate y la construcción de Petróleos Mexicanos, y de organismos como el Instituto Mexicano del Petróleo.
Hubiera sido importante destacar ante la nación, cuántos industriales privados tuvieron su riqueza originaria tanto en los "subsidios legales" que obtuvieron de Petróleos Mexicanos, como de la corrupción desenfrenada de los representantes de la familia revolucionaria en la industria; lograron a través de esta corrupción una riqueza que hoy ostentan y que hoy presumen.
Hubiera sido necesario discutir cómo el sindicalismo controlado, corrompido, perjudicó a Petróleos Mexicanos, igual que perjudicó a la nación, porque produjo empresarios que se veían fortalecidos con una política salarial de los mínimos, de ir siempre hacia el mínimo y no produjo empresarios competitivos que estuvieran siendo presionados por un sindicalismo independiente y democrático, preocupado realmente por el rescate de los intereses de los trabajadores.
Esta discusión que no se dio, desafortunadamente por falta de tiempo, también tendría que versar sobre la política petrolera. De eso intentamos hablar en la competencia del director Rojas. Desafortunadamente los formatos de este tipo de comparecencias, permiten que los funcionarios que comparecen, contesten lo que les parece y no contesten lo que a su juicio no conviene contestar.
En el dictámen se señala que el contador Rojas contestó las preguntas. Nosotros decimos que no contestó la mayoría y las fundamentales.
Y por esa razón creemos que este debate que hoy damos en este pleno, podría ser la continuación, aun sin la presencia del director, del debate que no pudimos dar en la comparecencia.
Creo, compañeros diputados, que es muy importante entender muchos de los elementos que están contenidos en el proyecto de dictamen, y también que sería muy importante contrastar dichos elementos, y lo que mucho de los oradores, que han venido de parte del Partido Revolucionario Institucional, han señalado en esta tribuna; contrastarlos con la realidad y con la política que actualmente aplica el gobierno a través de la dirección de Petróleos Mexicanos.
Se ha dicho que la ley garantiza el cumplimiento cabal de los ordenamientos constitucionales. Pero yo señalaría dos o tres elementos de lo que ocurre en la práctica, para decir que no basta que exista coherencia en los ordenamientos jurídicos y legales, para que se cumpla el mandato en ellos contenido.
Dice, por ejemplo, la Constitución, que la refinación es una área, propiedad de la nación. Pero resulta que la práctica de la política económica
del gobierno ha llevado a que Petróleos Mexicanos no construya nuevas refinerías y en los hechos estamos importando muchos miles de barriles de petróleo del extranjero.
¿Qué significa en los hechos? Que los refinados, que las gasolinas que el pueblo de México consume no son producidos por Petróleos Mexicanos, que son producidos por empresarios privados, no en México, sino en el extranjero.
De manera tal que el espíritu, la esencia, de lo contenido en la Constitución está totalmente echado a un lado. Porque en los hechos eso está produciendo una práctica en la que posiblemente el día de mañana, aduciendo falta de recursos económicos, México envíe crudo para ser maquilado en refinerías fuera del país para ser consumido en México.
Sostenemos que esa práctica es violatoria de nuestra Constitución. También decimos que el mecanismo de arrendamiento financiero y que nosotros explicamos en la comparecencia con el ejemplo de la posible construcción de una planta de aromáticos en Cadereyta, a través del financiamiento de empresarios privados, y que en el mecanismo que describimos se señala que la planta de aromáticos sería propiedad de los empresarios del consorcio privado que lo financia y que Petróleos Mexicanos operaría la planta y de cualquier modo las ganancias de esa planta serían propiedad de los arrendatarios financieros.
El director Rojas nos dijo, que ese proyecto anunciado por el Subdirector de Petroquímica y publicado en la revista Expansión, en junio del año pasado, había sido desechado porque no era rentable.
Nosotros planteamos que no sólo deben desecharse ese tipo de mecanismos por su rentabilidad o no rentabilidad, sino que deben desecharse porque violentan la Constitución, porque admiten "por la puerta trasera" el ingreso de capital privado en áreas reservadas a la nación, como es el caso de la petroquímica básica.
De tal manera, que no estamos de acuerdo con la respuesta que dio el director Rojas y planteamos el compromiso claro de que este tipo de mecanismos no se utilice para financiar la actividad de Petróleos Mexicanos en ninguna de las áreas reservadas a la nación, no importa su rentabilidad.
Creemos, compañeras y compañeros, que si la política fiscal que el gobierno mexicano ha impuesto a Petróleos Mexicanos, continúa, va a ser simple demagogia toda referencia a crear cadenas productivas en el área de la petroquímica. Será simple demagogia toda referencia a decir que vamos a constituir un polo moderno, competitivo, de punta, en el área de la petroquímica, a nivel mundial. Como lo señalo uno de los oradores que me antecedieron. Si Petróleos Mexicanos no puede hoy construir refinerías para que puedan alimentarse todas las máquinas que funcionan con ese combustible en México. ¿Les podemos creer, compañeros, podremos creer los señalamientos de los directivos de Petróleos Mexicanos y del Gobierno, de que van a invertir en esta área, que efectivamente tiene niveles de rentabilidad cada vez mayores, como lo es la petroquímica secundaria y otros, la terciaria, y todo lo que va, hasta los productos terminados más sofisticados, con más valor agregado? Creemos que es necesario que a todas estas declaraciones las debe acompañar un compromiso de todos los legisladores aquí presentes o que integramos toda la Cámara, de que el próximo período, en el que discutimos el Presupuesto de la Federación, tengamos cuidado en que a Petróleos Mexicanos le debemos dejar una cantidad suficiente para que pueda cumplir a cabalidad sus responsabilidades constitucionales, pero también para que pueda intervenir en áreas estratégicas, no solamente las reservadas a la nación, sino aún las que van más allá, y que además Petróleos Mexicanos pueda volver a jugar un papel de plataforma de lanzamientos de una política industrial, que permita que nuestro país sea verdaderamente independiente, en ciertas ramas muy competitivo, y que podemos ser punto de referencia mundial en la producción de ciertos artículos. Petróleos Mexicanos tiene las mejores condiciones para ser esta plataforma de lanzamiento.
Creemos, compañeras y compañeros, que la política que está aplicando la actual administración, de deshacerse de lo que ellos entienden como actividades adjetivas, deshacerse de funciones que no consideran propias de lo que señala la Constitución, esa política va a producir mucho más contratismo, que si no se maneja adecuadamente será campo propicio para la corrupción desenfrenada, porque se plantea, por ejemplo, que Petróleos Mexicanos ya no tiene por qué tener talleres mecánicos que arreglen las pipas con las cuales distribuyen los combustibles en el país. Ya se concesionaron en otros tiempos estos servicios de transporte, ya se concesiona el servicio de perforación de pozos, se consecionarán
muchas más actividades que hoy por hoy realiza Petróleos Mexicanos, y eso producirá niveles de desempleo mayores.
Nosotros planteamos, con toda responsabilidad, la propuesta de que se genere un compromiso de Petróleos Mexicanos con sus trabajadores, sobre todo con los trabajadores más capacitados y que están siendo despedidos o no recontratados, para que estos trabajadores pudieran constituir empresas que bajo su propio riesgo y responsabilidad, pero financiados por los mecanismos estatales, pudieran prestar servicios a Petróleos Mexicanos, más allá de los mecanismos viejos de control y de la corrupción sindical.
Creemos, por último, que es necesario llamar la atención de la necesidad que existe de que esta política de desmembramiento de Petróleos Mexicanos, de que el contenido de esta ley, y las consecuencias que tiene para el Sindicato Petrolero y para los trabajadores, deba ser discutido por el pueblo de México, pero especialmente por los trabajadores petroleros.
Sería muy importante que en las convenciones de los trabajadores previstas en los propios estatutos del Sindicato Petrolero pudieran discutir todo lo que va a ocurrir con la creación de los cuatro organismos subsidiarios. Pensamos que el fenómeno puede ser de igual trascendencia que ha tenido la descentralización educativa con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero a diferencia de lo que está ocurriendo entre los maestros que están discutiendo a fondo todas las consecuencias y que ha resultado evidente que para que ese Sindicato pueda enfrentar correctamente, eficazmente estas consecuencias, es necesario que el Sindicato de Maestros sea democrático, que nunca más vuelva a ser objeto de la política corporativa, y eso mismo creemos del Sindicato Petrolero. Mientras que los trabajadores petroleros en sus instancias, en sus convenciones, no discutan todo este asunto, estarán caminando cada vez más hacia el camino de su propia destrucción, de su propia tumba. El Sindicato Petrolero que ha tenido claroscuros en su vida no podrá sortear adecuadamente las exigencias que plantean procesos tan rápidos como los que van a iniciarse con la aprobación de esta ley.
Señalamos también que la democratización del Sindicato Petrolero tiene más importancia si entendemos el valor que puede tener la presencia de los Trabajadores en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. No creemos que pueda jugar ningún papel equilibrador y en defensa de la nación los cinco trabajadores petroleros que representan más a la patronal que a los propios trabajadores. Para que esa presencia de los trabajadores en los Consejos de Administración sea eficaz, tiene que ser representativa verdaderamente de trabajadores informados que han discutido, que no sólo ven sus propios intereses y que ven el interés de la nación, pero seguramente compañeros, seguramente que todas estas cuestiones van a tener que ser procesadas en las instancias petroleras y fuera de ellas, entre todos los trabajadores y en todos los ámbitos de la nación.
Por lo que toca a nosotros, a nuestra responsabilidad, vamos a intentar que estos asuntos se discutan en todas partes. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Raymundo Cárdenas.
A continuación tiene la palabra el diputado Fidel Herrera Beltrán.
El Diputado Fidel Herrera Beltrán: - Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados:
La intervención precedente documentada y extensa justifica ampliamente nuestra certeza de que esta iniciativa para modernizar Petróleos Mexicanos dotándolo de una nueva ley orgánica y creando estas figuras de derecho administrativo público que son los organismos subsidiarios, ha sido ampliamente debatida en todos los estratos de la población nacional.
Desde que el Ejecutivo hizo pública su intención en los medios de comunicación masiva, los sectores involucrados con la industria y los mexicanos todos que estamos íntimamente vinculados porque Petróleos Mexicanos es el nervio central del México contemporáneo, hemos podido opinar, debatir y aportar.
El dictamen a discusión es justamente una muestra de esta amplísima discusión, y las modificaciones que se han incluido en él; las observaciones que han permitido que, fuerzas patrióticas y revolucionarias coincidan con esta iniciativa del Ejecutivo Federal, confirman la idea de que un asunto de tanta importancia, ha sido ventilado muy ampliamente.
Coincidimos en algunas observaciones que aquí, en esta tribuna, se han hecho; nosotros creemos que vale bien la pena iniciar nuestra intervención en favor del dictamen como un reconocimiento a la sabiduría y resolución de los trabajadores de México, de todo el pueblo de México que ha sido el principal protagonista de la lucha por
el petróleo y que han sabido decidir los tiempos necesarios para responder a los retos de la defensa y manejo de un recurso que es, ha sido y, tenemos la convicción, será siempre propiedad de la nación.
Al reto de una explotación injusta por las metrópolis de una economía periférica en desarrollo, se impulsó el tiempo de la expropiación para recuperar para la nación su legítima propiedad.
Al reto del aislamiento y las acciones de agresión como respuesta a esa acción revolucionaria, se impuso el reto de la consolidación y la inserción de Petróleos Mexicanos en el contexto exterior; etapa que por cierto se cierra brillantemente con la cancelación de los contratos de riesgo ordenadas por el Director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles.
Al reto de la época de los controles transnacionales, el tiempo de los nuevos descubrimientos de la explotación en la plataforma marina, la tecnología y la investigación nacional, y ahora en nuestros días, al reto de la globalización que impone el nuevo arreglo unipolar y la integración de los bloques de mercado, el tiempo de la reorganización y de la eficiencia.
Bien podemos decir aquí con García Cantú, que la eficiencia es el único camino para preservar la nacionalización de Petróleos Mexicanos.
El debate del petróleo es así, pues el asunto central de nuestra cuestión nacional. Bien que así sea porque esto permite encontrar puntos de identidad porque todos los mexicanos aceptamos.
El disfrute de los bienes materiales de la nación debe tener carácter democrático y popular. Su uso eficaz y adecuado se convierte así en defensa de la soberanía y consolidación de la independencia económica y en parte sustantiva del justo reclamo para mejorar el nivel de vida de la población.
Nuestra defensa de esta iniciativa se funda en nuestra conciencia y el pleno convencimiento de que la modernización del país, impulsada por el Presidente de la República, es el único medio para garantizar el empleo y promover los puestos de ocupación que demanda la sociedad. Respaldar la reestructuración de Petróleos Mexicanos significa promover nuevas, más seguras oportunidades de empleo.
En estos tiempos de la globalización y la competencia, las perspectivas del empleo productivo del país están vinculadas a la utilización eficiente e inteligente del petróleo. Petróleos Mexicanos, más productivo es un multiplicador de fuentes de ocupación más numerosas y de una economía más dinámica.
Reflexionaríamos sobre la observación aquí hecha. Parte importante de este proyecto tiene que ser el compromiso que aquí hemos escuchado y que está en marcha de integrar un movimiento sindical distinto, autónomo, independiente; un sindicato fuerte, representativo y eficaz, que sin sumisión ni irresponsabilidad, pueda ocupar esos cinco lugares del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y defender así los intereses del patrón, porque el patrón de los trabajadores petroleros de México es el pueblo de México, no hay otro patrón para quienes sirven en la industria petrolera.
Nosotros coincidimos en muchas apreciaciones que aquí se han hecho, pero tenemos una visión distinta que por ahora coincide con el punto de vista de la mayoría de la población y de la mayoría de la Asamblea; justamente esta reorganización administrativa se sustenta en el propósito de usar una integración estratégica que permita insertarse en este mundo distinto, cambiante, de competencias y de eficiencias, con un alto nivel de calidad en la producción y en los productos que se oferten, y no hay duda, petróleo de la nación, lo que se obtiene del subsuelo, los productos que integran esta riqueza, gases, negro de humo, aceites, parafinas y desde luego naftas, son propiedad de la nación.
La petroquímica básica, de donde éstas se derivan para llegar al acetileno, es propiedad de la nación. Regulada por un cuerpo distinto, el reglamento de petroquímica, pone en manos del Estado el manejo de esta petroquímica básica y que posibilita, y ése es el camino que nosotros ahora queremos encontrar, la apertura y flexibilidad necesarias para que en este mundo de competencias, podamos aprovechar de lo que estos esfuerzos de muchos años de esos trabajadores y técnicos, que de chatarras y de equipos viejos, sobre todo después de la expropiación, han logrado construir esta extraordinaria empresa que es ahora, frente a las empresas multinacionales que manejan el petróleo, la cuarta del mundo, la posibilidad, digo, de que pueda insertarse en un mercado de competencias y generar más recursos que sirvan para apoyar más programas sociales y que sirvan para abrir nuevos puestos de ocupación.
Hay que tener esa conciencia. La historia reciente de los pueblos del mundo que no han
sabido leer y entender sus condiciones internas, su entorno internacional y las distintas variantes realidades del mundo de la competencia y del mercado, es una lección que tenemos que aprovechar.
Aquellos que se oponen a la modernización, son arrollados; sus sociedades y naciones puestas en riesgo o en proceso de desintegración. En México, el cambio, con ritmos y rumbos definidos por el interés de la nación, conduce, como en este caso, con energía, con razón y con oportunidad.
En percibir con toda claridad y patriotismo lo que está en juego, lo que se debe impulsar y lo que se debe aceptar, reside el carácter nacionalista y patriótico de votar favorablemente la disposición legal que está a discusión ahora.
Petróleos Mexicanos, ha asumido, y éste es el compromiso que también como punto de resolución en el dictámen figura, de asegurar el abastecimiento de los combustibles, y debe cumplirlo; sus programas correspondientes deben estar diseñados para garantizar el cumplimiento de este compromiso, y para garantizar el mantenimiento de sus instalaciones, la seguridad industrial, la protección del medio ambiente y desde luego la refinación.
Por eso nosotros coincidimos en que cuando sea el momento y discutimos el Presupuesto de Egresos de la Federación, analicemos cuál debe ser la integración adecuada de los recursos que nuestra empresa orgullo nacional debe disponer, para sin demérito de seguir siendo un pivote del desarrollo justiciero de la nación, pueda cumplir con las condiciones y requisitos que en la propuesta que ahora se eleva a su consideración se ha hecho.
Creemos que los requerimientos de modernización de Petróleos Mexicanos implican acelerar el paso en la formación de una nueva cultura institucional, que obliga a descentralizar funciones, y responsabilidades, que sustente nuevos valores, los valores que reclama este tiempo, los de la eficiencia, la innovación, la seguridad y la preservación del medio ambiente, y recojamos entonces, y así lo hago desde esta tribuna para cerrar esta intervención y pedirles su voto aprobatorio a este dictamen, ese compromiso político que ya ha hecho la administración, en la necesidad de que Petróleos Mexicanos sea económicamente eficiente, competitivo, que maximice resultados y que minimice costos, sin abandonar su papel como importante instrumento de la política económica y social del Estado mexicano. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado Fidel Herrera Beltrán. Tiene la palabra el diputado Julio Cesar García Hernández.
El diputado Julio César García Hernández: - Compañeros diputados:
Sinceramente creo que esta Legislatura realmente no discute lo que conviene para la industria petrolera nacional. No han venido aquí los diputados del partido mayoritario, más que a justificar, más que a adornar con simples cerezas de plástico, un pastel que se cocinó en otro lado, en otro tiempo.
Esta iniciativa, lejos de responder a una necesidad de la industria petrolera nacional, es y forma parte ya de una discusión y de intereses que en Estados Unidos de América se vienen debatiendo desde hace tiempo. En un documento del Banco Mundial, titulado President of the International Bank for Reconstruction and Development Report and Reconvention to the Executive Directors, Washington, D.C., 1989, se afirma entre otras cosas lo siguiente: Para el Banco Mundial, para la industria petrolera de Estados Unidos del Departamento de Defensa, Petróleos Mexicanos es un serio impedimento estratégico, político y comercial. En los documentos oficiales de este banco, Petróleos Mexicanos es concebido como un obstáculo al buen desarrollo de la industria petroquímica, y según la Presidencia del Banco Mundial, el gobierno de México debe afrontar rápidamente el problema que suscita la posición dominante de la empresa paraestatal en la industria.
Las compañías privadas internacionales, dicen los asesores y funcionarios del Banco Mundial, no pueden lograr una integración vertical debido al control de Petróleos Mexicanos sobre la petroquímica básica, mientras que los planes de expansión de Petróleos Mexicanos hacen que los posibles inversionistas extranjeros perciban a México como un mercado de corta duración.
En el mismo documento, la Presidencia del Banco Mundial afirma que el gobierno mexicano finalmente acordó aplicar un programa de acción de este sector, que incluyó las siguientes medidas fundamentales:
1. Limitar el derecho exclusivo de la empresa estatal a producir un máximo de 25 petroquímicos básicos y definir una lista inicial de petroquímicos secundarios, abiertos a la participación del sector privado.
2. Alentar un programa de acuerdos cooperativos entre el sector privado y Petróleos Mexicanos;
es decir, impulsar una creciente privatización de esta industria.
Por otro lado, según un estudio elaborado para el Congreso de los Estados Unidos de América, por la Comisión de Comercio Internacional, se dice: por razones de seguridad nacional, México no incluirá el petróleo en el Acuerdo de Libre Comercio, aunque las autoridades mexicanas estudian ya mecanismos alternativos que, sin modificar la Constitución, y conservando para Petróleos Mexicanos el control nominal sobre el hidrocarburo, permitan la participación extranjera en ese sector, por medio de empresas conjuntas, arrendamientos, contratos para la explotación y subcontratación de diferentes servicios.
Petróleos Mexicanos, dice textual, es candidato a la liberación en el futuro, y que la paraestatal será reorganizada en varias divisiones, lo que parece ser el primer paso para abrir el camino a la privatización foránea.
Pero Además para los Estados Unidos de América la incorporación de la petroquímica y de Petróleos Mexicanos al control del aparato empresarial norteamericano, es un asunto estratégico.
En 1987, la reserva probada de petróleo en los Estados Unidos de América era aproximadamente de 26 mil 900 millones de barriles; a la fecha, han disminuido drásticamente, tanto que la Secretaría de Energía de Estados Unidos de América, en un informe preparado para el presidente, calcula que para 1995, Estados Unidos de América debería de dedicar más de 80 mil millones de dólares anuales a la importación petrolera. Se estima que dentro de 10 años Estados Unidos de América acabaría con su reserva petrolera.
Según el American Petroleum Institut, las reservas probadas de México están entre las 10 primeras del mundo.
4. Pocos días antes del inicio de la Ronda de Arlinton, Alan Mendelowits y el honorable Sam Hetsenson, funcionarios norteamericanos, vinculados a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, cruzaron correspondencia en relación con el reciente reporte sobre, petróleo mexicano.
Copias de este estudio fueron enviadas a los departamentos de Estados Unidos de Comercio y de Energía del gobierno, a las oficinas del Exim Bank, así como del gobierno de México. El reporte incluye entre otros aspectos informaciones sobre las actividades de Petróleos Mexicanos, en las zonas petroleras del estado de Chiapas.
Según el documento, funcionarios de Petróleos Mexicanos revelaron a los funcionarios de norteamericanos el descubrimiento de un gran yacimiento cerca de Ocoxingo.
Si en los Estados Unidos de América circulan los informes sobre la exploración y descubrimientos, pues con o sin el Tratado de Libre Comercio, el problema del abasto petrolero forma parte de sus intereses estratégicos.
Si los reportes allá elaborados han llegado a las oficinas del gobierno mexicano, ¿Por qué la opinión pública de México no debe de estar enterada de las recientes actividades de Petróleos Mexicanos en la Selva Lacandona?
El área de nuevas actividades que el reporte arriba señalado hace referencia, se localiza en el paralelo 16o C, 54 minutos de latitud norte, y 92º C, cinco minutos de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. A unos kilómetros de Ocoxingo, Chiapas, rumbo al poblado de Altamirano, se localizan los pozos Nazareth, el 101, 201, 301, 401, y más arriba de la sierra, después de unos 30 kilómetros por caminos de terracería, el Bachajón uno, entre otros pozos. Todos estos presentan la peculiaridad de ser pozos perforados y taponados de inmediato. ¿Por qué? ¡Acaso se han incorporado a las negociaciones paralelas las estimaciones de las nuevas reservas mexicanas! ¿Se está siguiendo en estos yacimientos el camino venezolano de incrementar la capacidad de producción petrolera sin construir depósitos ni incurrir en los gastos de desarrollo de los campos, dejando a los pozos con la infraestructura necesaria para su eventual extracción en el futuro?
La reestructuración de Petróleos Mexicanos, no puede limitarse a cambios en la organización de la empresa, tiene que comprender entre otras cuestiones las definiciones sobre producción, la política de reservas, y las relaciones entre este sector con el exterior, definiciones que no pueden tomarse en la mesa 19 de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, sino frente a la sociedad mexicana.
5. En la revista Bienes Week, del 29 de junio de 1992, en la página 22, aparece el siguiente editorial: "Las noticias de abril, provenientes de Guadalajara, no podrían ser peores. Alrededor de 200 personas habían muerto por las explosiones de gas, y la compañía estatal Petróleos Mexicanos aparecía como la principal responsable,
desastre seguramente?. Pero para el presidente Carlos Salinas de Gortari, las explosiones también significaron oportunidad. Con Petróleos Mexicanos debilitado él podría presionar con reformas en el petróleo.
El se mueve rápido, inmediatamente contrató a la compañía Bektel para hacer un estudio sobre las operaciones de Petróleos Mexicanos. Ahora en un proyecto de ley entregado al Congreso, a mediados de junio, Salinas solicita que la compañía de 19.6 billones de dólares sea dividida, en cuatro unidades autónomas, cada una manejando diferentes procesos de la industria petrolera desde la producción hasta la petroquímica.
El objetivo que se persigue es eficacia, pero al dividir a Petróleos Mexicanos en pequeñas unidades, Salinas desmembra un gigante político, y lo hace más fácil de reformar.
Esto no significa una gran apertura para la inversión privada en los ricos yacimientos de petróleo en México o al menos no todavía. En la reforma propuesta el gobierno de Salinas mantiene un control estricto sobre el monopolio petrolero, admite inversiones privadas solamente en la petroquímica, pero una vez que Petróleos Mexicanos sea dividido, otras puertas estarán listas para abrirse a la inversión privada.
Este es un proceso gradual, señala este artículo. Tal parece que el señor Stephan Baker, autor de este, editorial estaba bien informado de las medidas que adoptaría el gobierno de Salinas para modernizar a Petróleos Mexicanos, o al menos, mejor que los diputados de esta Legislatura.
La política energética que hoy se maneja en las negociaciones del tratado norteamericano de libre comercio, se propone acabar con el control estatal de la industria petrolera y todo estorbo al comercio energético entre Estados Unidos de América, Canadá y México.
Varios son los factores que empujan a una decisión de esa magnitud, pero el más importante es la fuerte descapitalización que ha sufrido Petróleos Mexicanos, en los últimos diez años, ya que de éste según datos oficiales, la información estatal en su conjunto en esta empresa ha descendido en un 82.3% en el período de 1981 a 1991.
Aunado a la descapitalización se encuentra el desgaste de la infraestructura provocado por el procesamiento de aceites pesados. Las manifestaciones de esta descapitalización nos dicen que para 1990, el país era deficitario en gasolina con 1 mil millones de pesos, y en combustóleo con 800 mil millones.
Según el doctor Mayano Bauer deberá detener la exportación de hidrocarburos para el año 2000, si se considera un crecimiento del producto interno bruto de tan sólo 2%.
Así se deja ver, entre otras disposiciones, las medidas adicionales al artículo 8o. del Capítulo de Energéticos del texto de Virginia del Tratado de Libre Comercio. Este texto plantea que Petróleos Mexicanos asume un nuevo papel, Petróleos Mexicanos es desmembrado, pero además entra a una competencia abierta con las compañías petroleras americanas. Aquí se ha señalado que Petróleos Mexicanos está al nivel de estas grandes corporaciones, y no se dice que Petróleos Mexicanos representa la décima parte de lo que podría significar la Exxon, la Shell o cualquiera de las grandes siete hermanas.
Quiero leer a continuación las medidas adicionales del artículo 8o. del texto de Virginia en el Capítulo de Energéticos. Este anexo aplica a Petróleos Mexicanos, y a la Comisión Federal de Electricidad y a sus sucesores y asignatarios:
Comportamiento Comercial. México garantizará que Petróleos Mexicanos, y la Comisión Federal de Electricidad deben:
a) En relación a los bienes y servicios sujetos a este tratado:
1o. Actuarán únicamente de acuerdo con las consideraciones comerciales, incluyendo compras y ventas de tales bienes y servicios relacionados sobre la base de consideraciones de precios, calidad, disponibilidad, comercialización y transporte.
2o. Proporcionará trato nacional en sus operaciones comerciales que comprenden bienes y servicios de las otras partes.
3o. Sin limitar la generalidad de lo precedente, proporcionará a personas físicas y empresas de los otros participantes, plena y favorable posibilidad de competir para participar en compras y ventas de estos bienes.
b) Se abstendrá de utilizar sus posiciones de monopolio o monoxonio, de aquellas empresas que son únicas abastecedoras para discriminar a personas físicas o empresas de otro participante en la importación o exportación de energéticos o petroquímicos básicos contemplados en este
capítulo, a través del uso de licencia de importación- exportación o por otros medios.
No es casual entonces, que el día de ayer se haya planteado de forma subterránea, la posibilidad de importación de gasolina y diesel.
Por otra parte, no declarará en defensa de una reclamación contra ellos, por ruptura o contrato de otro compromiso comercial, una reclamación de compulsión de soberanía o bien mencione una instrucción gubernamental como defensa excepto cuando tal compulsión o instrucción, sea consistente con las disposiciones de este tratado.
Por otro lado, en el texto mencionado de acuerdo con el artículo 5o. del capítulo de energéticos, se establece la imposibilidad de presentar una reducción en el nivel de exportaciones.
Hizo interrupción por los canales normales de abastecimiento. Ahí mismo se señala la obligación de los participantes en no imponer un precio más alto a las exportaciones, que los precios internos de los consumidores.
Todas estas deliberaciones y consideraciones del desarrollo norteamericano y de su propuesta y necesidades estratégicas a considerar, hacen ver que las compañías petroleras norteamericanas y Petróleos mexicanos, se encuentran o se encontrarían en una competencia más abierta.
Cabe destacar que en 1988, Estados Unidos de América tenía 182 modernas refinerías; Canadá 27 y México sólo nueve. Estados Unidos de América refina en destilación primaria, 15.5 millones de barriles diarios; Canadá, 1.9 millones de barriles diarios y México, 2 millones de barriles diarios. Es decir, si una empresa descapitalizada como Petróleos Mexicanos pretende enfrentar al complejo petroquímico más avanzado del mundo, con toda seguridad no pasará mucho tiempo antes de que inicie la venta de su patrimonio a las grandes corporaciones norteamericanas.
En virtud de todo lo anterior, es evidente que hoy esta honorable Cámara, no está discutiendo la verdadera problemática de la industria petrolera, ya que de hacerlo así, deberíamos entre otras cosas, eliminar las graves cargas fiscales que gravitan sobre las ganancias de Petróleos Mexicanos. Muchas Gracias.
El Presidente: - Gracias diputado, Julio César García.
A continuación tiene la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero: - Gracias, señor Presidente:
Yo creo que va a seguir siendo necesario, dada la gravedad, la trascendencia, y los alcances de la reestructuración de Petróleos Mexicanos, y empleo el término gravedad como su significado fundamental, decisivo, porque hay que seguir construyendo un consenso. Que se está construyendo; ni está discutido suficientemente, ni es conocido ampliamente y se requiere que lo sea.
Y esto no va en menoscabo de ninguna otra consideración, y es necesario seguir construyendo un consenso más amplio, mayor, más sólido, y eso solamente se va a lograr debatiendo distintos puntos de vista, enfocando el problema de la reestructuración de Petróleos Mexicanos, quizá desde ángulos diversos.
La relación entre petróleo y política es, en todos los casos, una realidad más aún en el caso de nuestro país; ésta ha sido muy notable.
Los cambios en la naturaleza del ejercicio del poder, por ejemplo, en México, determinaron y siguen determinando la naturaleza de la actividad petrolera.
Petróleo y economía son, en México, tan inseparables como petróleo y política. Hace más de 50 años el gobierno mexicano tomó la decisión de arrancar el control de la industria petrolera de manos de empresas extranjeras, al ponerla directa y permanentemente en manos del Estado, mediante la nacionalización y el establecimiento de una gran empresa pública.
La expropiación fue un momento cumbre de un accidentado proceso nacionalista y reivindicador, que culminó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, en cuyo proceso la clase obrera de México jugó un papel protagónico, y aún el país está en deuda con la clase obrera y su destacamento petrolero que hizo en gran parte posible la expropiación de 1938. Hay que decirlo sin ambages.
La expropiación apresuró el cambio de la historia económica de nuestro país e impulsó, bien se sabe, modificaciones y transformaciones políticas muy profundas. Véase si no: a partir de entonces que el petróleo perdió su carácter de enclave y se convirtió en una industria destinada, a surtir el mercado interno justo en el momento en el que, México aplicaba el modelo sustitutivo de importaciones.
El tránsito para la industria petrolera de su primera condición, propiedad de grandes empresas extranjeras, a la segunda, monopolio estatal, fue marcado por periodos de inestabilidad y graves crisis internas.
La estabilidad que finalmente logró Petróleos Mexicanos por el crecimiento de la demanda interna, sólo duró el tiempo en que pudo sostenerse el modelo del que era a la vez, producto y sostén. Ya no lo es.
Cuando este modelo entró en crisis, el petróleo se convirtió en fuente sustantiva de exportaciones y principal fuente de divisas que el aparato industrial necesitaba.
La economía se sometió al petróleo, y su bienestar dependía de una variable extremadamente volátil sobre la que México no tenía ni tiene ningún control asegurado.
Cuando en el mercado internacional cayo el precio de los hidrocarburos, de manera imprevista, dramática y sostenida, no sólo cayó y padeció la industria petrolera, sino también la economía nacional.
La crisis del petróleo descubrió un sistema económico vulnerable en extremo, que estaba cargando además, con una abultada deuda externa contratada con el respaldo de las importantes reservas petroleras.
La historia del petróleo tiene dos aspectos que conviene destacar en esta intervención: la nacionalización exitosa y consolidada, y el modelo económico con el que opera los últimos años bajo el embate de una profunda crisis económica que ha estado, y sigue poniendo en juego, el papel del Estado como productor, y por lo tanto, el de la industria paraestatal más importante.
Para superar esta crisis, es necesario reestructurar la economía de la empresa, cambiando el papel de la industria petrolera, que si bien debe mantener su carácter estratégico, no puede ni debe regresar a ser el centro de la economía mexicana.
Reestructuración que entendemos con los trabajadores bajo un estricto respeto a su contrato colectivo de trabajo.
Conocer en sus líneas generales los éxitos y fracasos de nuestra política petrolera, la fortaleza y debilidad de la industria a lo largo de casi un siglo de existencia, puede y debe ayudar a aprender lo necesario para no repetir errores y en cambio aprovechar al máximo, bajo las nuevas circunstancias, lo que en potencia tiene este noble recurso natural del petróleo.
Un indiscutible reto es usarlo de manera racional, patriótica y honesta. El petróleo puede ser un gran instrumento de desarrollo, pero cuando hay errores y desviaciones su virtud se pierde e incluso se convierte en un proyecto negativo.
El debilitamiento del mercado internacional del crudo y la crisis financiera, acabaron con las expectativas generadas por la reintegración de México al mercado de exportación. La década de los ochenta fue el período de transición, cuyo objeto principal era reducir los costos financieros y políticos del período de auge.
Las petrodivisas, por ejemplo, debemos tenerlo claro, han dejado de ser la palanca del desarrollo, han pasado a convertirse en el sustento financiero del sector público. Con ellas el gobierno ha podido pagar y renegociar los intereses de la deuda externa.
La política de "la administración de la abundancia", captar y canalizar gran cantidad de recursos financieros derivados y originados en la exportación de petróleo y los créditos externos, hoy es sólo un penoso recuerdo que no debe repetirse. Actualmente en serio desafío para Petróleos Mexicanos es reducir su endeudamiento, financiar sus gastos e inversiones con recursos obtenidos o generados por la propia empresa.
Eso implica tres medidas, a nuestro juicio:
Frenar sustancialmente el crecimiento de sus costos de operación y no precisamente en contra de los intereses de los trabajadores.
Diversificarse y aumentar su productividad y la rentabilidad de sus proyectos. Para lograr esto, aparte de las medidas propuestas a lo largo de la iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se debe aplicar una política fiscal más flexible a Petróleos Mexicanos. De tal manera, que permita acrecentar sus recursos disponibles.
Para incrementar su productividad, Petróleos Mexicanos debe resolver sus deficiencias operativas, como transporte y almacenamiento. Debe disminuir su dependencia en las importaciones de bienes de capital. Generando y desarrollando tecnología propia. Debe acelerar los programas de recuperación secundaria y frenar el crecimiento de su deuda.
En los años ochenta el petróleo era una mercancía estratégica, cuya comercialización se había politizado y en el decenio actual a vuelto a ser sólo una mercancía más en el mercado. Esto es consecuencia de varios factores: caída mundial del consumo, el surgimiento de nuevos países productores, el resurgimiento de nuevas compañías petroleras privadas, el desmoronamiento de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, en desarrollo, en proceso, no decimos que ya se haya desmoronado la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, el gran dinamismo del desarrollo científico y tecnológico, entre otros.
En este contexto, México inició un proceso de reestructuración industrial impulsado por el Estado. Sin abandonar su papel, contrae su participación cuantitativa en la actividad económica y se circunscribe a controlar las industrias consideradas estratégicas y prioritarias.
Se busca un Estado más compacto, sólido y eficiente, lo cual es sólo una parte y no todo lo que se necesita para fortalecer la independencia y la soberanía nacional y la elevación de las condiciones de vida del pueblo mexicano.
La creciente internacionalización de la economía y de los intercambios de bienes, erosiona el marco de lo estrictamente nacional. En este sentido, se hace obligatorio retomar lo nacional y redefinirlo.
El proyecto de modernización debe tomar una distancia crítica respecto al paradigma de la modernidad, diseñada desde la perspectiva de los países industrializados.
El proyecto de reestructuración industrial y de modernización económica integral de Petróleos Mexicanos, demanda una visión estratégica internacional. Debemos actualizarlo tecnológicamente de una manera permanente; debemos adquirir destreza administrativa y capacidad gerencial; debemos propiciar la generación de capacidad creativa de innovación y toma de riesgos; se debe propiciar una conciencia de unidad y alianza estratégica, entendiendo que la competencia real no está entre los sectores nacionales, sino en los mercados internacionales.
El grupo parlamentario del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, está convencido de que esta iniciativa establece bases para alcanzar esta serie de requisitos, pero hay que desarrollarlos, no ganamos simplemente con un apoyo.
Un Estado regulador burocrático debe dar paso a un promotor flexible y simplificador de procedimientos y normas, para fortalecer los intereses nacionales de independencia económica, y decimos nosotros, principal y fundamentalmente la soberanía popular, y la base para fortalecer la soberanía popular, es fortalecer y defender los derechos de los trabajadores, su papel y elevar las condiciones de vida del pueblo mexicano.
La reestructuración industrial debe tener como objetivo alcanzar una industria con capacidad de autofinanciamiento y generación de divisas, que se convierta en el motor de nuestro crecimiento económico y desarrollo nacional.
México se plantea una estrategia de cambio estructural en todos los ámbitos, propicia la reestructuración industrial, pero una vez más afirmamos que reestructuración industrial y estrategia fundamental de cambio debe estar basada en la elevación y en el fortalecimiento de los derechos del pueblo mexicano.
Es en este sentido que consideramos afirmativa nuestra posición con relación al dictamen y nuestra consideración de que esta Cámara de Diputados va a ser en batallas muy importantes que se abren, una base para defender a Petróleos Mexicanos y lo que ha significado en los procesos de luchas históricas del pueblo mexicano. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado Manuel Terrazas Guerrero.
A continuación tiene la palabra el diputado Miguel Osorio Marbán.
El diputado Miguel Osorio Marbán: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Hemos escuchado con la mayor atención los puntos de vista de todos los partidos políticos. La discusión en lo general demuestra de nueva cuenta la decisión, la convicción y el interés por la empresa más importante, propiedad del pueblo mexicano.
El debate, desde que planteó la reorganización de Petróleos Mexicanos, se ha dado en todas las tribunas y foros; diversas opiniones surgieron entre nuestro pueblo desde aquellas que sentenciaron que Petróleos Mexicanos se privatizaría, hasta las que señalaron que debería desaparecer como empresa, muchas voces se prestaron a la desorientación pero sobre todo a los intereses foráneos y nacionales que vieron la oportunidad de destruir a la empresa profundamente nacionalista ligada a la lucha de nuestro
pueblo. La empresa que sustituyó a la infamia petrolera desarrollada en contra de nuestro país de 1901 a 1937, la que permitió a las compañías extranjeras explotar impunemente nuestros recursos naturales, las compañías que se consideraban constituidas como estado dentro de otro Estado las que tienen responsabilidad histórica en usurpaciones, asesinatos, invasiones o amenazas continuas a nuestra patria, fueron las mismas compañías que desde sus centros de poder en Londres, Nueva York y Amsterdam exigieron la derogación absoluta del artículo 27 constitucional, el debate en esta Cámara seguramente ha recogido las distintas opiniones que en el país se manifestaron y lo mismo en las reuniones de la Comisión de Energéticos que en las de comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Energéticos o en la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos privó el espíritu de apoyo a la industria para que siga siendo puntual de nuestra independencia y de nuestro desarrollo nacional.
Cuando se iniciaba esta discusión, a pregunta expresa que hicimos los diputados de mi partido, miembros de la Comisión de Energéticos al director Francisco Rojas, este contestó que en su opinión Petróleos Mexicanos debería seguir en las manos del pueblo y en poder del Estado mexicano y así ha sido; en el proyecto de ley no hay cambio en el rumbo, el pulso de los mexicanos es firme respecto de su industria, nada hay que vulnere nuestra soberanía o nuestra independencia menos nuestro régimen constitucional; el marco jurídico no se ha alterado, se pretende con este proyecto avanzar para organizarla mejor, para fortalecerla y no para debilitarla, el proyecto revolucionario y nacionalista que inspira a Petróleos Mexicanos no va a cancelarse, el petróleo seguirá siendo propiedad de la nación y los extranjeros no podrán intervenir en su manejo, los trabajadores seguirán participando en su dirección, no sólo porque han sido ellos los que en el curso de los años han erigido la industria más importante de América Latina sino porque su responsabilidad y su conocimiento especializado se constituyen en garantía para que se corrijan errores y se siga garantizando en los años por venir su importante papel en la economía nacional.
Cumple el proyecto los dos propósitos fundamentales que exige la nación, mantener la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos y conservar la conducción central de Petróleos Mexicanos sobre cada una de las áreas en que se estructuran sus actividades.
Como se ha expuesto en comisiones, la mejor defensa de nuestro petróleo es demostrar que sabemos y podemos administrar nuestros recursos naturales y que evitaremos con esta reorganización y con el trabajo responsable de quienes laboran en Petróleos Mexicanos, las presiones de fuera y de dentro que nos quieren señalar como ineficientes e incapaces, para luego invocar la presencia de empresas privadas, particularmente extranjeras.
La reforma que se propone y que en el dictamen recoge aquellas proposiciones de los partidos políticos que mejoran o clarifican la ley, está apegada al espíritu de los expropiadores de 1938, y sustentada en el nacionalismo que nos permite defender nuestra economía y avanzar en el camino de la independencia económica del país.
Nuestra fracción parlamentaria afirma que trabaja por una industria petrolera vigorosa y capaz de afrontar las exigencias de demanda, producción con calidad, respeto a los derechos laborales, competitividad y cuidado a la ecología, en un mundo interdependiente e inmerso en serios problemas de desigualdad económica.
Queremos una institución que siga siendo eficaz, eficiente, transparente en sus manejos y que en manos del pueblo esté dotada de tal agilidad, que apoye a nuestro desarrollo económico, a nuestra dignidad y a nuestra libertad. Por todo esto, señoras y señores diputados, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, votaremos en favor del proyecto de dictamen convencidos de que lo hacemos en favor de los intereses superiores de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias diputado Miguel Osorio Marbán. Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias. Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión en lo particular, los artículos 1o., 2o., artículo 3o, fracciones I, III, IV y su último párrafo; artículo 4o., 7o., 9o., 10 y 11, fracciones VIII, IX, X; artículo 12, tercer párrafo, y se propone
la adición de un sexto transitorio del dictamen con proyecto de decreto de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.
Adicionalmente, esta Presidencia, solicita a la Secretaría que en votación económica, consulte a la Asamblea si esta soberanía autoriza se realice una sola votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea, si autoriza que la votación nominal en lo general y en lo particular, sea en un solo acto al finalizar la discusión de los artículos reservados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Autorizado, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias. En virtud de la decisión de la Asamblea, se abre la lista de oradores para la discusión en lo particular, de los artículos reservados.
Esta Presidencia informa que para participar en este debate, se han inscrito los siguientes diputados: Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática, para opinar en torno al artículo 1o. al 3., fracción III, IV, así como al artículo 4o.; Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en torno al artículo 2o.; Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática, que opinará en torno al artículo 3o., fracción I y su último párrafo, 9o., artículo 12, tercer párrafo y una adición de un 6o. transitorio; Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional, para opinar en torno al artículo 4o. y al artículo 11; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para opinar entorno al artículo 7o., 9o. y 11; Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para opinar en torno al artículo 9o., 10 y adición de un 6o., transitorio y Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas en torno al artículo 11, fracciones VIII, IX y X.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raúl Alvarez Garín: - Vamos a hacer un conjunto de propuestas de modificaciones a diversos artículos y yo quiero presentar cuatro modificaciones que están todas relacionadas con esto que expusimos en la primera intervención, de un concepto que pudiéramos llamar de productos petroquímicos fundamentales y que están definidos en el reglamento de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petroquímica.
El Presidente: - Diputado, permítame un segundo.
Estimados compañeros legisladores, les rogamos guardar silencio y atender el desarrollo del debate que estamos realizando en lo particular. Gracias, señores. Continúe usted, señor diputado.
El diputado Raúl Alvarez Garín: - Este conjunto de propuestas; tenemos mucho interés en ellas porque precisamente es la temática en curso acerca de la definición de nuevos productos petroquímicos básicos o secundarios y éste es un instrumento que permite exactamente establecer una línea de defensa de los intereses nacionales amparándose en la ley, tal y como lo expusimos en la primera intervención.
Además tiene la virtud de hacer énfasis en este artículo de la ley a la que nos hemos referido, de que hay posibilidades de reversibilidad en el caso de que algunos productos estén clasificados como secundarios, pero que se les identifica como de interés fundamental para el desarrollo nacional, como es el caso de la urea, por ejemplo.
De manera que esta posibilidad de reversibilidad en las definiciones tiene una importancia y también una razón política porque en estos momentos de la discusión no deja de ser de un valor grande, importante, que se conozca en los medios en donde se están discutiendo estas definiciones y redefiniciones de los productos petroquímicos como básicos o secundarios, que es absolutamente claro y consciente para todo el pueblo de México, esta situación. El conjunto de propuestas es el siguiente:
En el artículo 1o. proponemos una redacción que lo que hace es incluir el concepto y hacer referencia a la ley. La propuesta dice así:
"El Estado realizará las actividades que le corresponden en exclusiva en las áreas estratégicas del petróleo, de más hidrocarburos y petroquímica
Mexicanos y de los organismos descentralizados y subsidiarios, en los términos que esta ley establece, y de acuerdo con la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, y de sus reglamentos en materia de petróleo y petroquímica."
La siguiente propuesta en el artículo 3o., fracción
III, y también es incluir el concepto. La fracción
III diría así:
"Petróleos Mexicanos, gas y petroquímica básica y fundamental, procesamiento de gas natural, líquidos del gas natural, y el gas artificial, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, pesos hidrocarburos, así como de derivados que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y fundamentales."
En el artículo 3o., fracción IV, por el contrario, se trata de señalar que estos productos a los que estamos haciendo referencia no estarían incluidos en el organismo referente a Petróleos Mexicanos, Petroquímica, es decir, el que está intentándose que se autorice que tenga mayor permisibilidad en la asociación. El artículo 3o., fracción IV diría:
"Petróleos Mexicanos, Petroquímica: procesos industriales petroquímicos, cuyos productos no forman parte de la industria petroquímica básica ni fundamental, así como su almacenamiento, distribución y comercialización." Y por último en el artículo 10 incluir una frase en el contexto, haciendo referencia a estas cuestiones, que diría los siguiente:
"Las actividades no reservadas en forma exclusiva a la nación, y que no tengan interés económico social fundamental para el país, podrán llevarse a cabo por medio de empresas subsidiarias, filiales e instalaciones."
En este conjunto de propuestas hemos intentado que éste incluido el concepto de producto petroquímico fundamental, e incluirlo en todos los artículos en donde es necesario para asegurar esta situación. Hago entrega de las propuestas a la Secretaría, para que en su momento se voten. Gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Raúl Alvarez Garín.
Señores legisladores, por quinta ocasión hacemos un llamado, en esta ocasión un enérgico llamado a quienes se encuentran dialogando, a viva voz, en los pasillos de este salón de sesiones, a que se abstengan de hacerlo y realicen esas actividades fuera del recinto parlamentario, y nos permitan continuar con el desarrollo normal de esta sesión, respetando estrictamente lo establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Tiene la palabra la diputada Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La diputada Yolanda Elizondo Maltos: - Con se venia, señor Presidente: Importantes son las iniciativas de reforma en cuanto a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por lo tanto, nuestro partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, en su artículo propone una adición importante.
Para esto tenemos que analizar que siendo Petróleos Mexicanos una empresa paraestatal, suficientemente económica y fortalecida, se hace necesario que colabore, que participe en el fortalecimiento económico de los municipios, en donde esta empresa tenga sus oficinas, sus instalaciones.
Nuestra propuesta se fundamenta en parte en el artículo 34 de la Ley General de Bienes Nacionales que dice: Párrafo primero: Los inmuebles que formen parte del patrimonio de los organismos descentralizados de carácter federal, siempre que se destinen a infraestructuras, reservas, unidades industriales, estén directamente asignadas a efectos, a la exploración, explotación, transformación, distribución o que utilicen en las actividades específicas que tengan encomendadas, conforme a sus respectivos objetivos relacionados con la explotación de recursos naturales y prestación de servicios.
Pero en el párrafo dos del artículo 34, que están destinados a un servicio público, dice: "No quedan comprendidas entre los bienes a que se refiere el párrafo anterior, los inmuebles que los organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para propósitos distintos a los de su objeto."
Por lo tanto, la propuesta que en los términos del artículo 124 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación con el dictamen a la iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Se propone adicionar con un segundo párrafo el artículo 2o. de la iniciativa, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. Su patrimonio y sus ingresos estarán sujetos a los impuestos y exenciones que
señalen las leyes, debiendo en todo caso pagar los impuestos territoriales y los derechos por consumo de agua en aquellos inmuebles que se utilicen para oficinas administrativas o en general para propósitos distintos a los de su objeto."
Esta es una sencilla propuesta que hace el Partido Auténtico, más sería muy beneficioso para darle más fortalecimiento a los municipios, tal como los dicta el 115 constitucional.
El Presidente: - Gracias diputada, Yolanda Elizondo Maltos. Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Me voy a permitir distraer la amena charla que tienen para hacer una serie de propuestas en lo particular. Yo sé que el debate prácticamente ya no se va a dar, si estuviéramos discutiendo concesiones de gasolineras para los diputados, seguramente todos estarían más interesados en esta discusión.
Quiero hacer una propuesta particular de modificación al artículo 3o. de la prepuesta de dictamen a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, referente a incluir dentro de las actividades del organismo Petróleos Mexicanos, exploración y producción, las actividades de distribución.
Hemos analizado con detalle tanto la exposición de motivos como la argumentación que el propio director de Petróleos Mexicanos dio durante su comparecencia, y francamente no encontramos ninguna lógica ni ningún soporte técnico que nos explique por qué en este organismo subsidiario se rompe la cadena de explotación, comercialización. Es decir, Petróleos Mexicanos exploración y producción, de acuerdo al dictamen, tiene planteadas las tareas de exploración y explotación del petróleo y gas naturales, su transporte, el almacenamiento solamente en terminales y comercialización. Y aquí hay un vacío muy importante, que es que se refiere a la distribución, y concretamente, de acuerdo a la especificación que sobre distribución tiene Petróleos Mexicanos, es que hay una ausencia, hay una omisión respecto a la flota petrolera.
Nosotros no hemos encontrado respuesta clara de por qué la flota petrolera de Petróleos Mexicanos queda fuera de los organismos descentralizados y de los organismo filiales. Creo que aquí no solamente se trata de una grave omisión, sino de una decisión política ya adoptada en el sentido de privatizar la flota petrolera y creo que ésta es una situación muy grave.
Es un tema que ya anteriormente hemos discutido, no solamente esta Cámara sino otras legislaturas, cuando salió a flote todo el conjunto de transacciones irregulares sobre la adquisición de Buques - tanque, particularmente del buque Dovalí Jaime, por una transacción incorrecta con el grupo de "Servo" de Sergio Bolaños y con la complicidad del entonces director de Petróleos Mexicanos, Mario Ramón Beteta.
Y así como el Dovalí Jaime salió a la luz pública, el que el Ipiranga, prácticamente de Beteta para salir de Petróleos Mexicanos, hoy lo que está a discusión, es cuáles son los mecanismos a partir de ellos va a concesionarse o a privatizarse la flota petrolera de Petróleos Mexicanos. En este sentido y toda vez que no hemos encontrado explicación alguna, nosotros insistimos en introducir en la fracción I del artículo 3o. la siguiente redacción: Petróleos Mexicanos exploración y producción, exploración y explotación del petróleo y el gas naturales su transporte, almacenamiento en lo general, distribución y comercialización.
No creo que sea el momento más oportuno para que ahora don Sergio Bolaños, José Isidoro Rodríguez, don Mario Ramón Beteta, encuentren la forma de recuperar aquellos buques que con el dinero de la nación habían comprado irregularmente.
Creo que esto por lo menos merecería una explicación de la mayoría de la Cámara de diputados o particularmente del presidente de la Comisión de Energéticos. Queremos saber qué van a hacer con la flota petrolera.
En el mismo sentido otra serie de modificaciones en el artículo 3o., también que complementa esta situación y se refiere al párrafo último, una adición, para quedar como sigue: Petróleos Mexicanos y los organismos adscritos estarán facultados para realizar todas las operaciones indispensables relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Dichos organismos tendrán el carácter de subsidiarios con respecto a Petróleos Mexicanos en los términos de esta ley.
Consideramos que no tienen porque limitarse todas las operaciones de Petróleos Mexicanos y tienen que quedar claramente especificadas, las de carácter indispensable, argumentación que
en gran medida ya abundó en esta propia tribuna mi compañero Raúl Alvarez Garín.
De la misma manera queremos plantear una modificación al artículo 4o. Este artículo 4o., actualmente en el dictamen señala lo siguiente: Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios podrán celebrar toda clase de actos, convenios y contratos, suscribir títulos y celebrar operaciones de crédito y llevar a cabo todos los actos jurídicos que requieran para el cumplimiento de sus respectivos objetos con sujeción a las disposiciones aplicables.
Nosotros creemos que no puede darse una cobertura y es una discrecionalidad tan amplia a Petróleos Mexicanos, porque no puede quedar en indefinición el tipo de actos que puede cumplir en las contrataciones. En este sentido nosotros creemos que vale la pena eliminar las frases: "toda clase de actos" y hacer una adición para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 4o. Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios podrán celebrar aquellos actos, convenios y contratos, suscribir títulos y celebrar operaciones de crédito que se requieran para el cumplimiento de sus respectivos objetos y que no contravengan la Constitución General de la República, la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo y sus reglamentos.
Es decir, en la última parte de este articulado, estamos proponiendo una mayor precisión y los límites que en la propia legislación ya certificada ha establecido en materia de producción y explotación petrolera.
En este artículo 9o. creemos que hay todavía una incongruencia relacionada con el artículo 7o., es una situación que puede mejorar la redacción de este artículo. Creemos que es importante que ya se haya especificado en el dictamen quienes son los tres miembros de la industria petrolera que iban a formar parte de los consejos de administración de los organismos subsidiarios. Creo que es importante.
Por eso consideramos que si se hizo el cambio más importante debería considerarse segundo y, tiene que ver básicamente con poder asignable al director general de Petróleos Mexicanos en su carácter de Presidente de ese organismo el voto de calidad, ya que lo haría congruente no solamente con el artículo 7o., sino que dada la composición de ocho miembros de estos consejos que puede existir empate, seria más importante darle el voto de calidad a buscar que el día de la toma de sesiones se enferme alguno de los integrantes del consejo de administración de la filial.
En el caso del artículo 12, estamos planteando una adición que procura dar una mayor coherencia no solamente en la redacción, sino cuáles son los criterios a partir de los cuales el Ejecutivo va a hacer traslado de dominio de algunos bienes inmuebles.
Por eso proponemos una redacción alternativa al tercer párrafo del artículo 12, para quedar como sigue: "Cuando las operaciones tengan por objeto bienes inmuebles del dominio público de la federación, se someterá al Ejecutivo Federal el decreto de desincorporación que deberá reunir los criterios de racionalidad económica y responsabilidad social. Es decir, no se trata de hacer una desincorporación sin fundamento y que no explique las causas y motivos por los cuáles se desincorporan bienes inmuebles de los organismos subsidiarios o de las propias empresas subsidiarias o filiales.
Y finalmente, proponemos la adición de un artículo 6o. transitorio, cuyo texto es el siguiente:
"Para dar cumplimiento a esta ley, el consejo de administración de Petróleos Mexicanos, podrá proponer a la instancia correspondiente, la desincorporación de empresas subsidiarias o filiales e instalaciones que venían realizando actividades no reservadas en forma exclusiva a la nación, con excepción de los servicios necesarios para cumplir adecuadamente con el objeto que la presente ley establece".
Dichos servicios incluyen, en forma enunciativa, más no limitativa, los de transporte aéreo y telecomunicaciones.
Al igual que nuestra propuesta en la fracción I del artículo 3o. se trata de proteger un patrimonio y activos de la propia empresa, que son parte del patrimonio de la nación y que desde nuestro punto de vista, no solamente no debe pasar a particulares, sino debe ser un aprovechamiento racional y más eficiente en beneficio de la propia capitalización y el mejor manejo de Petróleos Mexicanos.
Dejamos las propuestas en la Secretaría, esperando por lo menos escuchar la explicación de por qué la flota petrolera se saca del control de Petróleos Mexicanos. Muchas Gracias.
(Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado Alejandro Encinas.
A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Sada Fernández.
El diputado Enrique Sada Fernández: - Con su permiso, señor Presidente, honorable Asamblea:
El objetivo fundamental que busca esta iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios que hoy nos ocupa, es la de reestructurar la organización de Petróleos Mexicanos.
Lo anterior debido a que por su mismo crecimiento y dimensión, a partir del mandamiento legal de aprovechamiento integral de petróleo, Petróleos Mexicanos responda a los propósitos de alcanzar una excelencia productiva, equilibrar lineas de producción, suprimir dispendios, desarrollar la seguridad industrial y garantizar la de la población, cuidar la ecología y en síntesis, adecuar su transformación para hacer frente al reto interno y externo.
No es la primera ocasión en la historia que Petróleos Mexicanos se reestructura y reorganiza, después de la expropiación petrolera. Baste recordar que en 1941, la Ley Reglamentaria del artículo 27 amplió las actividades de la industria petrolera, no sólo al descubrimiento, captación, conducción y refinación del petróleo, sino que agregó la distribución y la elaboración y distribución de gas artificial.
Posteriormente fue creado el Instituto Mexicano del Petróleo, y recientemente, en el marco de la Ley Orgánica vigente, se modificaron las subdirecciones operativas para convertirlas en divisiones especializadas estructuradas por líneas intermedias de negocios.
Petróleos Mexicanos se encuentra ubicada dentro de las 60 empresas más importantes del mundo; ocupa el octavo lugar en el ramo petrolero en general y el cuarto en lo que se refiere a producción; produce casi 3 millones de barriles diarios; tres millones 628 mil pies cúbicos diarios de gas; 3 mil 279 millones en el proceso de fraccionamiento de líquidos y gas, y un millón 623 mil barriles diarios de productos petrolíferos. Tan sólo en activos totales, se cuenta con 120 billones de peso en total.
Antes se quería la autosuficiencia en el abasto nacional de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, exportando los remanentes, si los había. Hoy, con los recursos del petróleo, los gobiernos mexicanos financian la expansión de la infraestructura básica, fomentan la industrialización, alientan la modernización regional, fortalecen los ingresos de divisas y acrecentan los ingresos fiscales.
Por todo lo anterior, es evidente la adecuación de Petróleos Mexicanos en su ordenamiento legal y organización, a los retos que impone el mundo actual.
La industria petrolera mundial tiende a integrarse de manera vertical en grandes conglomerados, sea para aprovechar economías de escala o de poder económico, controla reservas, mercados al mayoreo y al detalle, o consolidar encadenamientos industriales con miras a compensar fluctuaciones de los precios o a elaborar especialidades de punta con alto valor agregado.
Los nuevos esquemas organizativos propuestos en la iniciativa, están pivoteados en la hipótesis de que la descentralización de funciones, la formación de centros de costeo y utilidades y los regímenes regulatorios, permitirán una sustantiva autonomía de gestión que libere la iniciativa, la creatividad y a la vez, la responsabilice inexcusablemente por los resultados.
La Constitución de 1917 atribuye a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del subsuelo del país, especificando que el petróleo y los hidrocarburos han de ser explotados directamente por la nación. Esta exclusividad abarca la exploración, explotación, refinación, distribución, importación y venta de primera mano del petróleo y sus derivados.
El propio régimen constitucional considera a la industrial petrolera como una actividad estratégica, no como un monopolio por cuanto los recursos petroleros constituyen patrimonio de la nación, que ha de ser administrado colectivamente en su beneficio.
La seguridad energética forma parte del meollo de los intereses estratégicos de México, por cuanto es fuente de poder para negociar en el ámbito mundial y representa, además, una riqueza de primera importancia.
Por todo esto es que esta iniciativa busca adaptar y fortalecer a Petróleos Mexicanos, con el fin de conciliar las exigencias de excelencia productiva con la atención de objetivos de orden colectivo.
Se propone que Petróleos Mexicanos parta de un organismo central que mantenga el orden institucional, la dirección estratégica y la
conducción central, y que de manera integrada se constituyan cuatro organismos descentralizados subsidiarios, en los términos que establece el artículo 27 constitucional y su Ley Reglamentaria.
Se trata, pues, de una empresa paraestatal, o sea, una persona jurídica con personalidad y patrimonio propio y que constituye un órgano auxiliar de la administración pública federal, y de organismos descentralizados subsidiarios que se complementan, al estar su actividad limitada a una región o a un servicio, y que al estar constituida por otras empresas, tanto en su capital social como en sus órganos de gobierno, afectan el destino de la empresa o empresas que participen mayoritariamente en su composición económica y administrativa.
Por lo tanto, no hay fragmentación ni división. Cada organismo se concentrará en los asuntos específicos de su rama de actividad y reportará a su propio órgano de gobierno y al director de Petróleos Mexicanos.
Las empresas, al especializarse y emitir sus propios estados financieros, permitirán separar por producto y rama de actividad, su desempeño y administrarse de manera autónoma.
Se crearán condiciones para negociar precios de cada uno de los productos y servicios que se pasen de un organismo a otro, tendiéndose a generar mayor conciencia del valor de los insumos y productos de cada organismo.
Se hará posible la delegación autónoma, siendo ésta responsable de sus resultados.
Se alentará la competencia de recursos y permitirá adoptar la estructura organizativa que más convenga a las particularidades de la empresa.
Para dar una idea de la magnitud de cada empresa en cuanto a la distribución de activos, debe mencionarse que:
Petróleos Mexicanos Exploración y Producción iniciará con activos por cerca de 50 billones de pesos; Petróleos Mexicanos Refinación por cerca de 40 billones de pesos; Petróleos Mexicanos Gas Natural y Petroquímica Básica por cerca de 20 billones de pesos, y Petróleos Mexicanos Petroquímica Básica por 15 billones de pesos, aproximados.
No se trata de inventar ni de improvisar, se trata de aprovechar experiencias y estudios de empresas similares y con la misma problemática jurídica y administrativa de otras latitudes, y de empresas públicas y privadas mexicanas que la macrocefalía estaba rezagando y hasta paralizando.
La presente iniciativa es por el bien de Petróleos Mexicanos y por lo tanto por el bien de México.
Por eso la fracción priísta la apoya y la respalda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado Enrique Sada.
Tiene la palabra el diputado Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional.
El Diputado Adrián del Arenal Pérez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
He estado atento al posicionamiento que se ha estado haciendo aquí de todas las fracciones parlamentarias, tomando muy en cuenta cuál es la postura que se asume respecto a que el Estado mexicano conserve la soberanía sobre sus recursos energéticos.
En base a ello, nosotros presentamos la siguiente propuesta que es una adición al texto original del artículo 4o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. El texto originalmente dice:
"Petróleos Mexicanos y los Organismos Subsidiarios podrán celebrar toda clase de actos, convenios y contratos, suscribir títulos y celebrar operaciones de crédito y llevar a cabo todos los actos jurídicos que requieran por el cumplimiento de sus respectivos objetos, con sujeción a las disposiciones aplicables."
Nosotros queremos ser muy enfáticos, muy claros y hacemos la siguiente adición y modifica en algo este artículo; en algo muy importante por lo que es la repercusión que tendría:
"Petróleos Mexicanos y sus Organismos Descentralizados, de acuerdo con sus respectivos objetos, podrán celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos y suscribir títulos de crédito." Adicionamos lo siguiente:
"Manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos
con sujeción a las disposiciones legales aplicables."
Recinto alterno de la Cámara de Diputados, a los 10 días del mes de julio de 1992.
La presentan: el diputado Hugo Palacios Laguna, el diputado Juan de Dios Castro y su servidor, Adrián del Arenal.
Yo considero que en esta posición, con esta reafirmación a la soberanía del Estado mexicano en energéticos, queda garantizado lo que es la actuación que tendrá en las primeras tres subsidiarias. La cuarta, sabemos que está manejando desde hace mucho tiempo. Petróleos Mexicanos vende materia prima aquí en el país y en el exterior para que se desarrollen distintos productos que serán vendidos aquí en nuestro país o que serán exportados, así es que en esa..., en la cuarta subsidiaria, pues no tenemos, no tenemos..., y además pues ya dar marcha atrás en eso, pues creo que sería antieconómico en este momento y con esto queda garantizada la soberanía en materia energética.
La otra propuesta es referente al artículo número 11, en el cual hacemos una modificación, básicamente en el orden de las fracciones que se enuncian en el texto del artículo 11, para quedar como sigue:
"Artículo 11. Serán facultades y obligaciones de los directores generales, las siguientes: ..."
La fracción I queda como está.
La número II se modifica en el orden y en algo de la redacción, quedando como sigue: "Cumplir los fines el organismo de manera eficaz, articulada y congruente con Petróleos Mexicanos y los otros organismos, conforme a la planeación estratégica de la industrial petrolera estatal."
La fracción III queda como sigue:
"Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos; los presupuestos de los organismos; establecer las políticas institucionales y los procedimientos generales, presentándolos para su aprobación al Consejo de Administración que le corresponda."
Creo que esta precisión que se hace en estas dos fracciones, a quienes van a implicar la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos para implementar en sí ya los planes de acción, la planeación, estratégica que hará Petróleos Mexicanos, le da la formalidad, desde el punto de vista de técnica o de ciencia administrativa, para poder llevar a cabo su cometido.
Y en la fracción número IX, solamente estamos agregando una palabra más, quizá por la efervescencia que aún queda de lo que es la Cumbre de la Tierra, pero en conciencia creo que debe de quedar esta palabra, que es "ecología", dentro de lo que está haciendo Petróleos Mexicanos.
Ha habido denuncias que se han comentado aquí en el seno de la Comisión de Energéticos, de que hay lugares a donde Petróleos Mexicanos no está respetando algunas cuestiones de..., digo, que las repercusiones más bien dicho, que se hacen en cuanto a exploración, explotación de energéticos, están dañando el entorno ecológico de sus actividades. Por eso, quisimos incluir dentro de esta fracción IX, este término, para quedar como sigue:
"Fracción IX. Cuidar la observación de las disposiciones relativas a normalización, seguridad industrial, ecología y medio ambiente."
Recinto alterno de la Cámara de Diputados, a los diez días del mes de julio de 1992.
Dejo las dos propuestas en la Secretaría para su trámite correspondiente. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado Adrián del Arenal.
Tiene la palabra el diputado Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Castillo Mota: - Con su permiso, señor Presidente:
Hemos escuchado con gran detenimiento las propuestas que han sido formuladas por los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y de Acción Nacional, sobre el artículo 4o. de la ley que hoy se discute, para ratificar que los actos que realice Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, se ajusten a las precisiones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria que hoy se discute.
Por tal motivo, además hemos visto la propuesta realizada, hecha por Acción Nacional, para modificar el orden de las fracciones II y III del artículo 11 para ordenar en mejores condiciones las facultades y obligaciones de los directores de los organismos subsidiarios de Petróleos
Mexicanos y una vez analizadas estas propuestas hemos llegado a la conclusión de que debemos apoyarlas, de que consideremos que estas propuestas servirán para mejorar lo que se pretende en la Ley Orgánica del funcionamiento de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y para controlar en mejores condiciones las facultades y obligaciones de los directores de estos organismos subsidiarios.
Por ello consideramos oportuno los miembros de mi partido apoyar estas propuestas. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado Juan José Castillo Mota. Tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia Soto, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La diputada Cecilia Soto González: - Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana trae tres propuestas de modificación, una al artículo 4o., otra al artículo 7o., y otra a la fracción IX del artículo 11.
En el caso del artículo 4o. nos preocupa la redacción actual que como lo han expresado las fracciones parlamentarias que me han precedido en el uso de la palabra, podría prestarse a una interpretación demasiado liberal que de alguna manera lesionara lo dispuesto por nuestra Constitución y otras leyes reglamentarias. Sin embargo habiendo escuchado la propuesta del Partido Acción Nacional de redacción, nos parece totalmente compatible con la que nosotros habíamos planteado y decidimos sumarnos a la propuesta del Partido Acción Nacional para la redacción del artículo 4o.
Quisiera ahora comentarles y leerles la propuesta para el artículo 7o. relativo al Consejo de Administración. Como ustedes recordarán, la propuesta que nos envía el Ejecutivo y que respeta el dictamen, plantea que la integración del Consejo de Administración esté por seis miembros y propietarios nombrados por el Ejecutivo y cinco miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros.
Nosotros proponemos la siguiente modificación. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se compondrá de once miembros propietarios, a saber, seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo de entre los cuales estará el Presidente del Instituto Nacional de Ecología, cuatro miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que deberán ser miembros activos de dicho sindicato y trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos, el Ejecutivo designará también como representante de los usuarios a un ciudadano que se distinga por su solvencia moral.
Quiero volver entonces a analizar esta propuesta que ha recibido el apoyo también de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y ha sido suscrita por el diputado Alejandro Encinas también.
De los seis miembros representantes del Estado y con los cuales se cumple el mandato del artículo 28 que establece que en empresas estratégicas el Estado debe mantener el control, en este caso a través de un número mayor de miembros propietarios, proponemos que entre esos seis, tiene que estar forzosamente el Presidente del Instituto Nacional de Ecología.
En este caso no vemos nosotros alguna implicación que violentara el principio de que no se debe ser juez y parte, fue por ellos que no nos inclinamos que fuera porque fuera el Procurador del Medio Ambiente, dado que en su labor de realizar auditorías por ejemplo, en este caso sí sería juez y parte; proponemos que sea el Presidente del Instituto Nacional de Ecología, cuya responsabilidad fundamental es el de establecer normas, a fin de enriquecer de manera fundamental los criterio del Consejo de Administración y corregir el tipo del comportamiento que ha tenido Petróleos Mexicanos en los últimos años.
Los cinco miembros restantes, a diferencia de la propuesta original, planteamos solo cuatro miembros del sindicato; quizá podría ser uno por cada organismo subsidiario ya que consideramos que el peso de los trabajadores en el organismo corporativo sería mucho menor. Básicamente ese organismo corporativo es un organismo de alta administración y estará preponderantemente constituido por personal de confianza.
Pensamos que el quinto miembro con voz y voto, deberá ser ciudadano representante de los usuarios, que en este caso por ser la primera vez que se plantea, proponemos que sea designado por el Ejecutivo Federal, aunque en otros momentos, en una evolución posterior de nuestro marco legal, nuestra vía democrática, podrá ser el Congreso el que lo nombre.
Proponemos entonces, un ciudadano representante de los usuarios, que por supuesto se distinga
por su solvencia moral para ser miembro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. No es esto una fórmula nueva, hay grandes empresas estatales; por ejemplo, el metro en París, en donde esto sucede.
Y proponemos también una modificación al artículo 11, donde al igual que las fracciones que nos antecedieron en el uso de la palabra, nos preocupamos por explicar más las responsabilidades ecológicas de los organismos subsidiarios.
En este sentido obviamente el corporativo de Petróleos Mexicanos, pensamos nosotros, no deberá tener un organismo ecológico como tal, lo deberán tener los 4 organismos subsidiarios.
Artículo 11, fracción IX. Cuidar de la observancia de las disposiciones relativas a seguridad industrial en metrología.
Recorremos las fracciones, y en la fracción X la modificamos planteando: cuidar y fomentar la observancia de las normas que minimicen el impacto ambiental y garanticen el cuidado del medio ambiente.
Y fracción XI, la que estaba en lugar de la X. Muchas Gracias, dejo a la Secretaría las dos propuestas, dado que a la del artículo 4o. nos sumamos a la del Partido Acción Nacional; artículo 7o., firmado por Alejandro Encinas y Cecilia Soto y artículo 11, Cecilia Soto.
El Presidente: - Gracias, diputada Cecilia Soto.
Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Juan Manuel Huezo Pelayo: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna a presentar a su distinguida consideración, dos modificaciones al texto del dictamen de la ley que estamos discutiendo. Una al artículo 9o. y otra al artículo sexto.
En lo que se refiere al artículo 9o. se expresa con claridad la forma de cómo se integrarán los Consejos de Administración de los cuatro organismos subsidiarios, pero en lo que se refiere únicamente a sus titulares, en ninguna forma hace alusión a los consejeros suplentes. Por tal motivo para que quede claro y especificado, proponemos se agregue un párrafo para que con ello se precise lo anterior. El párrafo diría así:
Los suplentes de los consejeros que representan al gobierno federal, serán designados por los respectivos titulares, y los de los organismos subsidiarios, serán designados por los directores correspondientes.
En relación al artículo sexto transitorio, no expresa quién resuelve sobre las transferencias de los bienes de Petróleos Mexicanos a los organismos subsidiarios, pero sabemos que la máxima autoridad en las empresas paraestatales la constituye el órgano de gobierno, proponemos que al Consejo de Administración recaiga dicha responsabilidad y que quede expresada en el artículo sexto transitorio, para quedar modificado el texto de la siguiente forma. Debe decir:
"Artículo 6o. transitorio. Los bienes inmuebles, el personal, los recursos presupuestales, financieros y materiales, incluidos mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y en general el equipo e instalaciones cuya administración y manejo tiene encargados Petróleos Mexicanos, previo acuerdo de su Consejo de Administración, se transferirá a dichas entidades subsidiarias para construir su patrimonio y cumplir con su objeto en los términos de esta Ley.
Dicha transferencia se llevará a cabo conforme a las disposiciones legales aplicables, en un lapso no mayor de un año, a partir de la vigencia de esta Ley.
Las transferencias de bienes inmuebles no implicarán cambio de destino.
Dejo a la Secretaría, estas dos propuestas para lo procedente. Gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Juan Manuel Huezo Pelayo.
Tiene la palabra el diputado Abundio Ramírez Vázquez.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras, compañeros diputadas:
Vamos a hacer una propuesta al artículo 10 de la ley que estamos comentando.
Considerando que nuestro partido comparte el contenido de dicho artículo, pero tomando en consideración que a lo largo de la Presente ley, se proponen dos tipos de consejos de administración, por un lado el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y por otro de los cuatro
consejos de administración de los organismos subsidiarios, y con el fin de evitar confusión entre éstos y que queden completamente diferenciados entre sí, nuestra fracción propone la siguiente modificación, respetando y sin alterar el espíritu de esta Ley. El texto actual dice:
"Artículo 10. Los consejos de administración de Petróleos Mexicanos y los de los organismos, tendrán las atribuciones que les confieren las disposiciones legales aplicables y esta Ley, conforme a sus respectivos objetos. Quedan reservados al órgano de gobierno de Petróleos Mexicanos, las facultades que requieren la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera, incluyendo en forma enunciativa, mas no limitativa, aprobar conforme a la política energética nacional, la planeación y presupuestación de la industria petrolera estatal en su conjunto, y evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la misma. Asimismo se reserva al propio órgano de gobierno el establecimiento de las políticas y lineamientos necesarios para lograr un sano equilibrio económico y financiero entre los organismos, así como para permitir el adecuado manejo y administración de los bienes que el gobierno federal destina a la industria petrolera.
Las actividades no reservadas en forma exclusiva a la nación, podrán llevarse a cabo por medio de empresas subsidiarias o filiales, cuya constitución o establecimiento deberá ser sometida por los consejos de administración de los organismos subsidiarios al de Petróleos Mexicanos, al igual que su liquidación, enajenación o fusión. Asimismo se someterá a aprobación del propio Consejo la enajenación de las instalaciones industriales."
El texto que proponemos para el artículo 10 es el siguiente:
"El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y los de los organismos subsidiarios, tendrán las atribuciones que les confieren las disposiciones legales aplicables y esta Ley conforme a sus respectivos objetos."
Dejo la propuesta en manos de la Secretaría.
El Presidente: - Gracias, diputado Abundio Ramírez.
Tiene la palabra el diputado Guillermo Mercado Romero.
El diputado Guillermo Mercado Romero: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Ha quedado muy claro en el transcurso del debate, que la evolución del quehacer petrolero trajo consigo una revisión completa para responder al desarrollo y necesidades específicas, abarcando tal revisión, los excesos de centralización de decisiones y responsabilidades de los órganos de gobierno. Por ello se habla de organismos descentralizados, que es consecuente con los principios que conforman la descentralización de la administración pública.
Cabe remarcar que la conducción central de nuestra industria petrolera, debemos entenderla bajo el establecimiento de su régimen que preserva prioritariamente el mando estratégico, y por otro lado descentraliza la operación técnica dentro del esquema de coordinación unitaria.
Lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones internas, y sin menoscabo de que dejen de existir vínculos de mando respecto a los órganos superiores, es decir, el Consejo de Administración y la Dirección General de Petróleos Mexicanos, en este gran marco en donde el nuevo y moderno Petróleos Mexicanos, a partir de su nueva ley en discusión, se apresta a establecer y disponer que con base a sus facultades y obligaciones de sus órganos, tengan también los medios indispensables para conservar su unidad, la unidad que conlleva mando, revisión, evaluación disciplina, atención y respuesta a los conflictos en sus funciones.
Debemos decir que hoy en día la modernización adquiere una nueva fuerza para finales del siglo, pero nada de ello se otorgará o surgirá automáticamente.
La exposición de motivos y que recoge el dictamen a discusión, se recoge en principios de mantener conjuntamente la estructura de una empresa petrolera integrada, donde la conducción y coordinación central servirán para articular sus tareas industriales y comerciales.
Por ello, el órgano superior de gobierno será el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, presidido por un director general, y cada uno de los nuevos organismos dispondría de un Consejo de Administración de ocho miembros, que también presidiría el Director General.
Aquí cabe señalar que estaría presente la Contraloría General de la Federación por medio de
un comisario. Así debemos entender lo que señala el artículo 6o.
El artículo 7o. Se le señala al consejo su integración y que será de 11 miembros, seis representantes del Estado, cinco representantes del sindicato; estos consejeros tendrán sus respectivos suplentes.
El artículo 8o. señala qué dirigencia y administración de los organismos subsidiarios, será por un Consejo de Administración y por un director nombrado por el Ejecutivo. Los consejeros serán ocho, cuatro representantes del gobierno federal, tres representantes de la industria petrolera, presidiendo el consejo el Director General de Petróleos Mexicanos. Lo anterior lo señala claramente el artículo 9o. de la ley en comento.
Es aquí en donde el compañero Abundio Ramírez, del Partido del Frente Cardenista, ha hecho señalamientos a este respecto.
El artículo décimo señala: Las atribuciones, y éstas se dan, así se establece conforme a las disposiciones legales aplicables y la presente ley, y esto será en razón de sus respectivos objetivos.
Aquí coincidimos también con la inclusión de la expresión "subsidiarios", reservándose al órgano de gobierno de Petróleos Mexicanos las facultades que se requieren como órgano central para su dirección y conducción de sus actividades estratégicas, que aquí se han señalado ampliamente, dada su gran importancia y relevancia en este contexto.
También se incluye, y así se dice, la forma enunciativa, mas no limitativa, aprobar, y muy de acuerdo a la política energética nacional, la planeación y presupuestación de nuestra industria petrolera en su conjunto, y de igual forma evaluar los objetivos trazados en el aspecto estratégico.
Cabe señalar que el órgano de gobierno se reserva el establecimiento de las políticas y lineamientos que deben buscar por supuesto un sano equilibrio en el aspecto más delicado, el económico y financiero, lineamientos que deben buscar por supuesto un sano equilibrio en el aspecto más delicado, el económico y financiero, que deberá darse entre los organismos, debiendo tener, y así se señala en dicho artículo el adecuado manejo y administración de los bienes que el gobierno federal destina a la industria petrolera.
La última parte de este artículo establece que los Consejos de Administración de los organismos tienen la obligación de proponer al decir categóricamente: deberán, el establecimiento, la liquidación, enajenación o fusión de empresas subsidiarias o filiales e instalaciones para realizar actividades no reservadas en forma exclusiva a la nación.
La propuesta se explica al crear los organismos descentralizados que deben de buscar como meta un manejo administrativo autónomo y responsable, con competencia para decidir sobre múltiples áreas técnicas y financieras. Sólo así, dice la exposición que motiva este proyecto, podrá realizarse una reforma administrativa a fondo, que se dirige a particularizar responsabilidades, especializar funciones para alejarse de los efectos negativos de las formas de un régimen central que se señala hoy en día complejo y muy extenso, por lo que al órgano central se le reservan tan sólo las facultades necesarias para mantener la unidad de acción.
Es importante también aclarar que el artículo en su parte final conlleva explicar el hecho de que Petróleos Mexicanos realiza actividades que no están incluidas en el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y que por lo tanto no forman parte del área reservada como estratégica a la nación. Para estos casos será el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el que determine, según la conveniencia de la industria petrolera nacional.
Podemos concluir que la nueva orientación de la empresa, aparte de orientarla económicamente y buscar transparencia en sus resultados, su estructura central pretende lograr la coordinación y liderazgo institucionales y dar unidad al conjunto de organismos, contrario a un desmembramiento, como aquí se dijo, por algunos compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra.
La propuesta busca que la estructura se menor a la que tiene ahora, para que la dirección se dedique a las reglas estratégicas e institucionales, manteniendo un control de los organismos, la vigilancia de las normas reglamentarias y las funciones de apoyo que descentralizan a los propios organismos .
El compañero del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional señalaba la necesidad de que habría que señalar en forma expresa quién debía de resolver sobre las transferencias de los bienes de Petróleos Mexicanos. Estas deberán darse y coincidimos de acuerdo al Consejo de Administración.
En síntesis, se mantiene el mando institucional y la dirección estratégica. La creación de estos órganos de gobierno propios refuerzan la responsabilidad sobre resultados al exigírseles a cada organismo una evaluación estricta al resultado de sus trabajos, acorde esto a la conceptualización que sobre la descentralización se adopta en el derecho público.
En suma, al aprobarse esta Ley responderemos al elevado propósito de modernización de la industria petrolera.
El Presidente: - Gracias, diputado Guillermo Mercado.
Tiene la palabra el diputado Enrique Rico Arzate.
El diputado Enrique Rico Arzate: - Con su permiso, señor Presidente:
Voy a iniciar con una propuesta de modificación a la fracción VIII del artículo 11, en base, como lo reconoce el Ejecutivo Federal, en la exposición de motivos de la iniciativa de ley que nos ocupa.
La nacionalización del petróleo que se inició con las conjuntas demandas de los trabajadores petroleros, exigiendo condiciones de trabajo y remuneraciones decorosas. Se apoyó en un laudo favorable en la confirmación del mismo por el más alto tribunal del país y en la negativa de las empresas extranjeras para acatarlo.
La expropiación fue un acto de soberanía que significó la culminación del proceso de nacionalización y permitió iniciar una consolidación de la estructura jurídica de Petróleos Mexicanos, que con el transcurso de los años, ha fortalecido sus funciones.
Pero no sólo se fortaleció la estructura jurídica de Petróleos Mexicanos, con la acción combativa de los trabajadores petroleros, sino que, también se establecieron las bases para el manejo plenamente soberano de la industria del petróleo, merced a la inventiva de los obreros y técnicos mexicanos que tuvieron que partir virtualmente de la nada, para mantener operando y desarrollar el aparato productivo de la industria de los hidrocarburos.
Ese espíritu nacionalista de los trabajadores hoy en día encarna en los obreros y técnicos petroleros que han demostrado conocer la industria en que laboran. Por ello, se hace necesaria una política laboral de la empresa, que fomente la capacitación de los trabajadores para elevar su productividad y eficiencia.
Por lo anteriormente expuesto, se propone una modificación a la fracción VIII del artículo 11 del dictamen, para quedar en los siguientes términos:
"Fracción VIII. Formular las políticas y programas institucionales de contratación de personal y empleo, buscando la racionalidad económica, la responsabilidad social y la protección y generación de fuentes de trabajo, de conformidad con las facultades que en materia laboral determinan la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo de trabajo, que regula las relaciones de trabajo de la industria petrolera estatal y opinar sobre los asuntos de su competencia en la contratación colectiva."
En la siguiente proposición quisiera mencionar antes de unos antecedentes, que fue una propuesta del Partido de la Revolución Democrática y consensada con todas las fuerzas políticas de esta honorable Cámara.
Es ampliamente reconocido que la actividad productiva de Petróleos Mexicanos es vital para la economía, las finanzas públicas y el desarrollo social de la nación.
Podría afirmarse, sin posibilidad de equivocación, que el presente y el inmediato futuro del país, dependen de los recursos e ingresos generados por esta paraestatal.
Dicha situación resulta inconveniente desde la perspectiva de la soberanía y la seguridad nacional, toda vez que un país no puede depender a tal grado de una sola de sus ramas productivas. El hecho es aún más alarmante si consideramos que el recurso natural de que se trata, petróleo y gas, es no renovable y por lo tanto finito.
Desde esta perspectiva resulta por demás importante que la economía del país se diversifique y pueda atender racionalmente las necesidades básicas de su población y al mismo tiempo defender y atender la conservación de los recursos naturales y la protección al medio ambiente.
En este sentido, las autoridades federales y en particular quienes han administrado Petróleos Mexicanos en las últimas décadas, han explotado el recurso sin considerar su carácter estratégico ni las necesidades futuras del país, atendiendo además, a las presiones de la demanda de las naciones importadoras, especialmente, por cuanto se refiere a Estados Unidos de América, país al cual incluso se le concedió inexplicablemente un abastecimiento adicional de 100 mil barriles diarios, cuando se embarcó en una aventura
militar contra Irak, lo cual contraviene abiertamente el espíritu del artículo 27 de la Constitución mexicana que dice:
"Que debe darse un adecuado aprovechamiento a los recursos naturales en beneficio de los mexicanos, como condición necesaria para el fortalecimiento de la soberanía nacional."
Además, infortunadamente Petróleos Mexicanos realiza su actividad productiva produciendo severos impactos adversos al medio ambiente, propiciando así el deterioro de la calidad de vida de la población, particularmente, por cuanto se refiere a la producción, la salud y la disponibilidad de los recursos naturales.
Es necesario recordar que los combustibles fósiles al quemarse, sea por la acción extractiva como por el consumo de gasolinas, sobre todo de baja calidad, contribuye en la del medio ambiente, a la contaminación atmosférica, al calentamiento global, y con ello, al cambio climático del planeta; temas con los cuales por cierto México adquirió compromisos en la Cumbre de la Tierra, que éticamente está obligado a cumplir.
Además, una operación ineficiente como la de Petróleos Mexicanos, ha generado la polución en ríos, lagunas, océanos, esteros y aún en las aguas subterráneas de diversas regiones del país, tanto en el Pacífico y el Golfo, como en zonas interiores, así como en las ciudades donde procesa y expende sus productos.
Con el propósito de evitar tal ineficiencia productiva y los impactos ambientales, la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el rubro del petróleo y la materia petroquímica, específicamente en el Capítulo VIII, referente a la resolución que clasifica los productos de la petroquímica básica o secundaria, plantea en sus considerandos que al promoverse una mayor articulación de los sectores involucrados, la industria nacional contará con mayores ventajas competitivas, además de hacer un mejor uso de la energía y minimizar el deterioro ecológico.
No es eso precisamente lo que ahora se promueve cuando se propone dividir la unidad en cuatro empresas diferentes.
Sería muy largo enumerar aquí los múltiples y graves impactos ambientales propiciados por Petróleos Mexicanos. No obstante, es necesario hacer del conocimiento de esta Asamblea y de la opinión pública, aquellos que merecen una atención prioritaria y urgente.
En Veracruz, en río Coatzacoalcos se encuentra contaminado, a tal grado que se hace casi imposible la existencia de vida acuática y marina en su lecho. Impactando además las actividades agropecuarias y la salud de los productores y pobladores ribereños, así como otros cuerpos de agua, esteros y lagunas del ecosistema circundante.
En la misma zona y por efectos indirectos de superación, caminos, tendidos de tuberías, etcétera.
Los bosques y las selvas de la entidad han sufrido diversos grados de deterioro.
La población de las zonas urbanas de la región enfrentan altos riesgos de seguridad y salud, por la instalación de ductos y otras maniobras de la empresa.
Por estas razones, las zonas Coatzacoalcos - Minatitlán está considerada por diversos especialistas como una de las más contaminadas de toda latinoamérica.
El recuento de los impactos ambientales de Petróleos Mexicanos para por Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde se contaminó el río Balsas, especialmente el estero Boca Abierta y muy probablemente a futuro la bahía de Petacalco, por la acción de descargas industriales que llevan aceites y grasas. Destruyendo así la vida de 17 de las 32 especies acuáticas que habitaban en 1982.
En fin, la ciudad de Salamanca sufre una inusitada contaminación de su zona urbana por la acción de la refinería que contribuye también al deterioro del río Lerma.
De resonancia internacional, y ha sido comentado aquí, el suceso lacerante ocurrido en el Sector Reforma de Guadalajara, Jalisco.
Por otra parte, resulta insuficiente que en su comparecencia ante las comisiones unidas de Gobernación y de Energéticos, el director de Petróleos Mexicanos, contador público Francisco Rojas, señaló que en materia ecológica se avanza con ritmos más intensos que los históricos de los países avanzados.
En tres años se ha reducido el 50% del contenido de plomo de gasolina nova en toda la zona metropolitana, que es un nivel similar a la norma establecida en los países de la Comunidad Económica Europea.
Se ha multiplicado por más de seis veces la producción de diesel desulfurado.
Se elaboran gasolinas sin plomo de alto octano, en consonancia con la renovación del parque automotriz.
Se pone en venta el gasóleo y se acrecienta la oferta de gas natural y gas licuado, como combustibles de mejores estándares ecológicos.
Porque lo real es que, como el mismo director de Petróleos Mexicanos señaló, "ello se aplica únicamente a la zona metropolitana", ya que en toda la provincia de este país Petróleos Mexicanos expende productos de menor calidad, como es el caso de la gasolina nova, que contiene el doble de contenido de plomo que el que se vende en la zona metropolitana.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras diputadas, compañeros diputados, se propone modificar la fracción IX del artículo 11, suprimiéndole la expresión "y medio ambiente".
Correr la actual fracción XI para convertirla en fracción XII y redactar una nueva fracción en los siguientes términos:
"Fracción XI. Cuidar de la observancia de las disposiciones relativas al equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente para el mejor uso de los recursos petroleros."
En resumen, el texto propuesto es como sigue:
"Fracción IX. Cuidar de la observancia de las disposiciones relativas a normalización y seguridad industrial."
"Fracción XI. Cuidar de la observancia de las disposiciones relativas al equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente que garanticen el uso adecuado de los recursos petroleros."
La firman los diputados del Partido Revolucionario Institucional: Pedro Ojeda Paullada, Edmundo Sosa López, Juan Antonio Nemi Dib; del Partido de la Revolución Democrática, Enrique Rico Arzate, Alejandro Encinas, Raymundo Cárdenas; del Partido del Frente de Reconstrucción Nacional, Juan Manuel Huezo Pelayo; del Partido Acción Nacional, Adrián del Arenal; del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Cecilia Soto y del Partido Popular Socialista, Martín Tavira Urióstegui.
Dejo a la Secretaría para su procedimiento correspondiente.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado Enrique Rico.
Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Nemi Dib.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Con su permiso, señor Presidente:
Señores diputados: al concluir esta jornada de análisis y debate de la iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, vengo aquí simplemente a significar el contento, el entusiasmo de mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional, por los términos de consenso en que fue adoptada por todos los partidos políticos aquí representados, la iniciativa para agregar un apartado ambiental en la iniciativa que se discute.
Para nosotros los priístas no es posible omitir la gran responsabilidad que Petróleos Mexicanos, junto con todas las empresas de este país, sean públicas o privadas, tienen el cuidado de los recursos naturales, y esto es especialmente importante cuando hablamos del patrimonio de las futuras generaciones, es decir, de los futuros mexicanos.
Compañeros diputados: al concluir los trabajos de análisis y evaluación de esta iniciativa, al terminar el debate y la presentación de propuestas, quiero expresar a ustedes que tenemos en adelante la gran oportunidad para convertir a Petróleos Mexicanos en una empresa moderna y consolidada, que permita ratificar los términos de nacionalismo y progreso para la que fue constituida.
Con esta iniciativa estaremos dando pie a una etapa de modernidad y progreso, que nos permitirá cumplir con el más puro espíritu nacionalista y de desarrollo que nos hemos planteado para el petróleo mexicano. Que sea pues, el voto de todos ustedes para bien de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente, discutido el dictamen en lo particular.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el dictamen en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias.
Proceda la Secretaría a someter a la consideración de la Asamblea, en votación económica, las diferentes propuestas de reforma o adición presentadas por distintos diputados o grupos parlamentarios, en el orden en que fueron puestas a la consideración, previa lectura de las mismas; excepto en un caso que anteriormente comentamos.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: Propuesta de modificación presentada por los diputados Enrique Rico Arzate, Raymundo Cárdenas Hernández y otros del Partido de la Revolución Democrática.
"Artículo 1o. El Estado realizará las actividades que le corresponden en exclusiva en las áreas estratégicas del petróleo, demás hidrocarburos y petroquímica básica y fundamental, por conducto de Petróleos Mexicanos y de los organismos descentralizados subsidiarios, en los términos que esta ley establece y de acuerdo con la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en ramo de petróleo y de sus reglamentos en materia de petróleo y petroquímica."
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Propuesta presentada por el diputado Raymundo Cárdenas, Enrique Rico Arzate, Alejandro Encinas y otros del Partido de la Revolución Democrática.
"Artículo 3o., fracción I. Petróleos Mexicanos, exploración y producción, exploración y explotación del petróleo y el gas naturales, su transporte, almacenamiento, distribución y comercialización."
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Propuesta presentada por los diputados Alejandro Encinas, Raymundo Cárdenas, Enrique Rico y otros del Partido de la Revolución Democrática.
"Artículo 3o., fracción III. Petróleos Mexicanos, gas y petroquímicas básica fundamental, procesamiento del gas natural, líquidos del gas natural y el gas artificial, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de estos hidrocarburos así como de derivados que sean susceptibles de servir como materias primas, industriales básicas y fundamentales."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, Señor Presidente.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Propuesta presentada por el Partido de la Revolución Democrática por los diputados Enrique Rico Arzate, Raymundo Cárdenas, Alejandro Encinas y otros.
"Artículo 3o., fracción IV. Petróleos Mexicanos, petroquímica, procesos industriales, petroquímicos cuyos productos no forman parte de la industria petroquímica básica ni fundamental así como su almacenamiento, distribución y comercialización."
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Artículo 3o. párrafo último, propuesta por el Partido de la Revolución Democrática y los diputados Raymundo Cárdenas, Enrique Rico Arzate y otros.
"Petróleos Mexicanos y los organismos descritos estarán facultados para realizar todas las operaciones indispensables relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Dichos organismos tendrán el carácter de subsidiarios con respecto a Petróleos Mexicanos en los términos de esta Ley."
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén en contra, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Propuesta presentada por la diputada Yolanda Elizondo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Artículo 2o. es un segundo párrafo del artículo 2o. Su patrimonio y sus ingresos estarán sujetos a los impuestos y exenciones que señalen las leyes, debiendo en todo caso pagar los impuestos territoriales y los derechos por consumo de agua en aquellos inmuebles que se utilicen para oficinas administrativas o en general para propósitos distintos a los de su objeto.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
La secretaría María Clara Mejía Guajardo: - Propuesta que hacen los diputados del Partido de la Revolución Democrática, diputados Raymundo Cárdenas, Raúl Alvarez, Enrique Rico, Alejandro Encinas.
Modificación al artículo 4o. del dictamen para quedar como a continuación se señala:
Artículo 4o. Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios podrán celebrar aquellos actos, convenios y contratos, suscribir títulos y celebrar operaciones de crédito que se requieran para el cumplimiento de sus respectivos objetivos y no contravengan la Constitución General de la República, la Ley Reglamentaria del artículo 27 y en el ramo del petróleo y sus reglamentos.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
Artículo 9o., modificación al artículo 9o., del dictamen para quedar como a continuación se señala:
"Artículo 9o. Y el director general de Petróleos Mexicanos, quien lo presidirá y atenderá voto de calidad, y tendrá voto de calidad.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Modificación del último párrafo del artículo 10 del dictamen para quedar como a continuación se señala:
"Artículo 10. Las actividades no reservadas en forma exclusiva a la nación y que no tengan un interés económico o social fundamental para el país, podrán llevarse a cabo por medio de empresas subsidiarias filiales e instituciones."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Artículo 12, tercer párrafo, se propone como redacción alternativa: cuando las operaciones tengan por objeto bienes inmuebles del dominio público de la Federación, se someterá al Ejecutivo Federal el decreto de desincorporación que deberá reunir los criterios de racionalidad económica y responsabilidad social.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente
TRANSITORIOS
Se propone la adición a un artículo transitorio como sigue:
Propuesta por el Partido de la Revolución Democrática, diputados Raymundo Cárdenas, Raúl Alvarez, Enrique Rico y Alejandro Encinas.
"Sexto. Para dar cumplimiento a esta ley, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos podrá proponer a la instancia correspondiente la desincorporación de empresas subsidiarias o filiales de instituciones que venían realizando actividades no reservadas en forma exclusiva a la nación, con excepción a los servicios necesarios para cumplir adecuadamente con el objeto que señala la presente Ley."
Dichos servicios se incluyen en forma enunciativa mas no limitativa, los transportes aéreos y las telecomunicaciones.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta por el Partido Acción Nacional, diputados: Adrián del Arenal Pérez, Hugo Palacios Laguna, y Juan de Dios Castro Lozano.
Artículo 4o. Petróleos Mexicanos y sus organismos descentralizados, de acuerdo con sus respectivos objetos, podrán celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos y suscribir títulos de crédito, manteniendo exclusiva la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos, con sujeción a las disposiciones legales aplicables.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Propuesta presentada por el diputados; Adrián del Arenal Pérez, y Hugo Palacios Laguna, del Partido Acción Nacional.
"Artículo 11. Serán facultades y obligaciones de los directores generales, las siguientes:
II. Cumplir los fines del organismo de manera eficaz, articulada y congruentes con Petróleos Mexicanos y los otros organismos, conforme a la planeación estratégica de la industria petrolera estatal.
III. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos, los presupuestos de los organismos, establecer las políticas institucionales y los procedimientos generales, presentándose para su aprobación al Consejo de Administración que corresponda.
IX. Cuidar la observancia de las disposiciones relativas a normalización, seguridad industrial, ecología y medio ambiente."
El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez (desde su curul): - Para una aclaración. Ya hubo un consenso de todos los partidos que hemos firmado respecto a esta fracción. La fracción queda como originalmente estaba; se quita la palabra "ecología" que yo había propuesto, y aparece una fracción XI, a donde se hace una apreciación amplia respecto a lo que es el impacto ecológico.
Entonces, ha sido retirado el término "ecología" es esa fracción que está usted leyendo. Esa es la aclaración. Muchas gracias.
La secretaria María Clara Mejía Guajardo: - En votación económica, se pregunta si se acepta o se admite la modificación propuesta, con la aclaración que hace el diputado Del Arenal.
Los diputados que estén porque se acepte sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Propuesta de la diputada Cecilia Soto, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del diputado Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática:
"Artículo 7o. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se compondrá de 11 miembros propietarios a saber: seis representantes del estado designados por el Ejecutivo, entre los cuales estará el presidente del Instituto Nacional de Ecología, cuatro miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República mexicana que deberán ser miembros activos de dicho sindicato y trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos. El Ejecutivo designará también como representante de los usuarios a un ciudadano que se distinga por su solvencia moral."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Propuesta de la diputada Cecilia Soto, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
"Artículo 2o., fracción IX: Cuidar de la observancia de las disposiciones relativas a seguridad industrial...
El Presidente: - Un momento por favor. Permítame que se le pase el micrófono estimada diputada.
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul): - Es que ya se aceptó una redacción alterna firmada por todas las fracciones para esa misma, entonces se retira.
El Presidente: - Retira la propuesta.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Propuesta del diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional al artículo 9o. debe decir:
"El Consejo de Administración de cada uno de los organismos subsidiarios, se compondrá de ocho miembros y sus respectivos suplentes. Los titulares serán cuatro representantes del gobierno federal, designados por el Ejecutivo Federal. Los tres directores generales de los otros organismos públicos descentralizados subsidiarios y el director general de Petróleos Mexicanos quien lo presidirá. Los suplentes de los consejeros que representan al gobierno federal, serán designados por los respectivos titulares y los de los organismos subsidirarios serán designados por los directores correspondientes."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
La secretaría Julieta Mendívil Blanco: - Propuesta del diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional al artículo sexto transitorio. Debe decir:
"Los bienes inmuebles, el personal, los recursos presupuestales, financieros y materiales, incluidos mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y en general el equipo e instalaciones cuya administración y manejo tiene encargados Petróleos Mexicanos, previo acuerdo de su Consejo de Administración, se transferirá a dichas entidades subsidiarias para constituir su patrimonio y cumplir con su objeto en los términos de esta Ley. Dicha transferencia se llevará a cabo conforme a las disposiciones legales aplicables en un lapso no mayor de un año, a partir de la vigencia de esta Ley. Las transferencias de bienes inmuebles no implicará un cambio de destino."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
La misma secretaria: - Propuesta del diputado Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, al artículo décimo. Debe decir:
"El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y los de los organismos subsidiarios, tendrán las atribuciones que les confieren las disposiciones legales aplicables y esta Ley conforme a sus respectivos objetos."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
La misma secretaria: - Propuesta formulada por el diputado Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática, Raymundo Cárdenas, Enrique Rico Arzate y Alejandro Encinas, al artículo 11, fracción VIII:
"Formular las políticas y programas institucionales de contratación de personal y empleo, buscando la racionalidad económica, la responsabilidad social y la protección y generación de fuentes de trabajo, de conformidad con las facultades que en materia laboral determinan la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo que regule las relaciones de trabajo de la industria petrolera estatal, y opinar sobre los
asuntos de su competencia en la contratación colectiva."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta de los diputados Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional; Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro Encinas, Raymundo Cárdenas, Juan Manuel Huerzo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Adrián del Arenal, del Partido Acción Nacional; Cecilia Soto, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Martín Tavira, del Partido Popular Socialista; Edmundo Sosa López, del Partido Revolucionario Institucional y Juan Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo 11, fracción IX, debe decir:
"Cuidar de la observancia de las disposiciones relativas a normalización y seguridad industrial."
Y fracción XI. "Cuidar de la observancia de las disposiciones relativas al equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente, que garanticen el uso adecuado de los recursos petroleros".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Esta Presidencia instruye a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaría Julieta Mendívil Blanco: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 de Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron en lo general y en lo particular 365 votos en pro 12 votos en contra.
Por los artículos 4o. y 11, 377 votos en pro.
Por el artículo 7o., 362 votos en pro y 15 votos en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 365 votos en pro y 12 votos en contra.
Y los artículos 4o. y 11 por 377 votos en pro.
El artículo 7o. por 362 votos en pro y 15 votos en contra.
En consecuencia, esta Presidencia declara, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. (Aplausos.)
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
El Presidente: - Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública. Se va a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.
"Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
13 de julio de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del grupo parlamentario del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Informe de la Comisión de Derechos Humanos, sobre la situación de los mexicanos en la frontera norte, que presenta el diputado Amador Rodríguez Lozano.
Iniciativas de ciudadanos diputados
De reformas a varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de política exterior, a cargo del diputado Juan Hernández Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Población y Desarrollo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Población.
De la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, Arsenio Lucio, Susana Cruz Herrera y Francisco Ruiz Romero, para prestar servicios en la embajada del Reino de Bélgica, en México.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor José María Pérez Gay, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Alemán de Mérito, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano capitán de fragata del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor Joaquín Montero Montera, para aceptar y usar la Condecoración Medalla del Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Austria en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gustavo Rigoberto Fermoso Almaraz, para que pueda prestar servicios como telefonista en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Rosa Elba Pérez Hernández, para que pueda prestar servicios como especialista de información, en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al cuidadano Miguel López Martel, para que pueda prestar sus servicios como chofer en la oficina de asuntos comerciales de la embajada de Tailandia, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Sandra Luz Ramírez Rendón, Lorena Rodríguez y Javier Velázquez García, para prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California y en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gregorio Aróstico Vázquez, Javier Chavarría Rosas, Susana Lizardi Ens e Hilda del Carmen Tejeda Téllez, para prestar servicios en la embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México.
Dictámenes de primera lectura con los que la Secretaría dé Cuenta.
El Presidente (a las 9.50): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar, el próximo lunes, 13 de julio, a las once horas.
Se pasa a Sesión Secreta.
COLEGIO ELECTORAL
El Presidente: - Se declara la Cámara de Diputados de esta LV Legislatura en Colegio Electoral.
Segunda lectura del dictamen relativo a la calificación de las elecciones extraordinarias de
diputados federales en el V distrito electoral federal del estado de Coahuila.
En virtud de que se ha sido ya impreso y se ha distribuido entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma: - Por instrucciones de la Presidencia en vota - ción económica, se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
"Comisión dictaminadora de la Elección Extraordinaria del V distrito electoral federal del estado de Coahuila con cabecera en ciudad Frontera.
Honorable Asamblea: por acuerdo del Pleno, se designó una comisión para analizar y dictaminar el expediente que contiene la documentación correspondiente a la elección extraordinaria de diputados federales por el principio de mayoría relativa que se verificó el pasado 17 de mayo de 1992, en el V distrito electoral federal en el estado de Coahuila, con cabecera en ciudad Frontera.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 20, 21, fracción I; 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocó al examen minucioso de todas y cada una de las constancias que obran en el expediente y se conocieron los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El pasado 18 de agosto de 1991, se verificó la elección ordinaria en el citado distrito y entidad mediante la recepción de votación de todas y en cada una de las casillas instaladas en el mismo.
Segundo. Los partidos políticos nacionales, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Popular Socialista, de la Revolución Democrática, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana, Revolucionario de los Trabajadores, del Trabajo y Ecologista de México, presentaron y registraron candidatos para la elección de diputados federales en el distrito de referencia.
Tercero. El día 21 de agosto de 1991, el Consejo Distrital Electoral, sesionado en pleno, realizó la sesión de cómputo distrital de la votación de diputados por el principio de mayoría relativa, de cuya acta circunstanciada y final de cómputo para la elección de diputados de mayoría relativa, se desprenden para los partidos y sus fórmulas registradas los siguientes resultados.
Partido Acción Nacional, 7 mil 88 votos; partido Revolucionario Institucional, 25 mil 440 votos; Partido Popular Socialista, 284 votos; Partido de la Revolución Democrática, 591 votos; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, 1 mil 601 votos; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, 1 mil 173 votos; Partido Demócrata Mexicano, 78 votos; Partido Revolucionario de los Trabajadores, 48 votos; Partido Ecologísta de México, 18 votos; Partido del Trabajo, 1 mil 655 votos; candidatos no registrados, 17 votos; total de votos nulos válidos, 37 mil 993 votos; total de votos nulos, 1 mil 392 votos; votación total, 39 mil 385 votos.
Cuarto. Con base a estos resultados el Consejo Distrital Electoral expidió constancia de mayoría a los ciudadanos Gaspar Valdés Valdés y Ascensión Montelongo González, propietario y suplente, respectivamente, integrantes de la fórmula registrada por el Partido Revolucionario Institucional.
Quinto. Para objetar los resultados del cómputo distrital celebrado el día 21 de agosto del año próximo pasado, los partidos: Acción Nacional, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y del Trabajo interpusieron los recursos de inconformidad expedientes acumulados número: SD - II - RI - 017/91, SD - II - RI - 018/91 y SD - II - RI - 019/91, respectivamente.
Sexto. Con fecha 5 de octubre de 1991, la Sala Segunda del Tribunal Federal Electoral conoció de dichos recursos de inconformidad, los cuales fueron resueltos en los siguientes términos:
Son fundados los recursos acumulados, interpuestos por los partidos Acción Nacional, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y del Trabajo y por lo tanto, se declara la nulidad de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y se revoca la constancia de mayoría de votos expedida.
Séptimo. En su oportunidad y con fundamento en el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Colegio Electoral de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados, fijó su competencia para calificar la
elección de diputados por el principio de mayoría relativa llevada a cabo en el V distrito electoral federal en el estado de Coahuila, con cabecera en Ciudad Frontera.
Octavo. Que dicho Colegio Electoral en cumplimiento a su facultad constitucional procedió al análisis de la documentación contenida en el expediente; así como de la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas, verificando el apego al espíritu de la ley en materia y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.
Noveno. Que por lo que se refiere a la resolución emitida por el Tribunal Federal Electoral respecto de los recursos de inconformidad acumulados que fueron presentados el 5 de octubre de 1991, ante la Sala Segunda del citado órgano jurisdiccional, el Colegio Electoral concluyó que dicha resolución se apegó a estricto derecho, tanto por lo que se refiere a la admisión y valoración de pruebas, como no por lo que se refiere a la motivación y fundamentación del fallo, procediendo en consecuencia a declarar nula la elección para diputados federales por el principio de mayoría relativa, celebrada en el V distrito electoral federal del estado de Coahuila, con cabecera en Ciudad Frontera, que fuera celebrada el 18 de agosto de 1991 y, en consecuencia, se revocó la constancia de mayoría de votos a los cuidadanos Gaspar Valdés Valdés y Ascención Montelongo González, integrantes de la fórmula registrada por el Partido Revolucionario Institucional.
Décimo. En los términos anteriores y con fundamento en la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día 11 de diciembre de 1991, la LV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados acordó y Expidió convocatoria para que la elección extraordinaria de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el V distrito electoral federal del estado de Coahuila, con cabecera en Cuidad Frontera se llevara a cabo el día 17 de mayo de 1992.
De los señalados se desprenden los siguientes
RESULTADOS
Primero. Los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Popular Socialista, de la Revolución Democráta, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Auténtico de la Revolución Mexicana, presentaron y registraron candidatos para la elección extraordinaria de diputados federales en el distrito de referencia.
Segundo. El pasado 17 de mayo del presente año se verificó en dicho distrito, la recepción de votación en todas y cada una de las casillas instaladas en el mismo, procediéndose a realizar el escrutino y cómputo de la votación.
Tercero. El día 20 de mayo del año en curso, en Consejo Distrital Electoral, sesionado en pleno, realizó la sesión de cómputo distrital de la votación de diputados por el principio de mayoría relativa, de cuya acta circunstanciados y final de cómputo para le elección extraordinaria de diputados de mayoría relativa, se desprenden para los partidos y su fórmula registradas, los siguientes resultados:
Partido Acción Nacional, 2 mil 479 votos; Partido Revolucionario Institucional, 13 mil 463 votos; Partido Popular Socialista, 178 votos; Partido de la Revolución Democrática, 157 votos; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, 784 votos; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, 339 votos; candidatos no registrados, 4 votos total de votos válidos, 17 mil 404 votos; total de votos nulos, 388; votación total, 17 mil 792 votos.
Cuarto. Con base a estos resultados el Consejo Distrital Electoral expidió constancia de mayoría a los ciudadanos Gaspar Valdés Valdés y Luis Zúñiga Limón, propietario y suplente, respectivamente, integrantes de la fórmula registrada, por el Partido Revolucionario Institucional.
Quinto. Que para objetar los resultados del cómputo distrital celebrado el día 20 de mayo del año en curso, los partidos Popular Socialista y Auténtico de la Revolución Mexicana interpusieron sendos recursos de inconformidad.
Sexto. Que en fechas 23 y 25 de mayo de 1992, se remitieron a la Sala Central del Tribunal Federal Electoral los recursos de inconformidad expedientes números SC - I - RI - EX - 001/92 y SC - IRI - EX - 003/92, respectivamente, interpuestos por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Que en fecha 3 de junio de 1992, la Sala Central del Tribunal Federal Electoral aprobó la acumulación de expedientes del SC - I - RI - EX - 003/92 al SC - I - RI - EX - 001/92.
Que la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, una vez acumulado el expediente de referencia, procedió a resolverlo en los siguientes términos:
"Primero. Se sobresee el recurso de inconformidad número SC - I - EX - 001/92 interpuesto por
el partido Auténtico de la Revolución Mexi - cana, de acuerdo a los razonamientos que han quedado expresados en el considerado tercero de la presente resolución.
Segundo. Se declara infundado el recurso de inconformidad número SC - I - RI - EXE - 003/92 interpuesto por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra del cómputo distrital efectuado por el Consejo Distrital del V distrito en el estado de Coahuila para la elección extraordinarias de diputados por el principio de mayoría relativa, por las razones expuestas en los considerados quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero, de este fallo.
Tercero. Se confirma el cómputo distrital para la elección extraordinaria de diputados por el principio de mayoría relativa efectuado el veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos, por el V congreso distrital electoral en el estado de Coahuila.
Cuarto notifíquese..."
Que en fecha 26 de mayo de 1992, la Sala Central del Tribunal Federal Electoral conoció del recurso de inconformidad expediente número SC - I - RI - EXE - 002/92, interpuesto por Partido Popular Socialista, el cual fue resuelto en los términos:
Primero. Por ser notoriamente improcedente se desecha el recurso de inconformidad promovido por el Partido Popular Socialista ante el V consejo distrital en el estado de Coahuila.
Segundo. Notifíquese..."
En razón a lo anteriormente expuesto procedemos a hacer las siguientes
CONSIDERACIONES
Primero. Que la presente Comisión es competente para dictaminar la calificación de la elección extraordinaria que hará el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, en los términos de los artículos 60 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el decreto emitido por la LV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, que en su oportunidad ordenó la celebración de la elección extraordinaria para diputados por el principio de mayoría relativa en el V distrito electoral federal del estado de Coahuila, con cabecera en Ciudad Frontera.
Segundo. Que habiendo analizando las resoluciones del Tribunal Federal Electoral que recayera a los recursos de inconformidad que aquí nos ocupan, se concluye que las resoluciones del mencionado tribunal en mérito y razones de sus propios fundamentos se estiman ajustadas a derecho, en específico en la admisión y en la motivación y fundamentación de los fallos.
Tercero. Que esta Comisión no conoció de hechos supervinientes que permitan modificar los puntos resolutivos de las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal Electoral para este caso.
Cuarto. Que del propio estudio de la documentación se desprende que los ciudadanos que recibieron la constancia de mayoría satisfacen plenamente los requisitos de elegibilidad previstos por el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo que con fundamento en estas consideraciones y a lo señalado en los artículos 60 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 y además conducentes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable Asamblea los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
Primero. Se ratifican las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal Electoral en relación a los recursos de inconformidad número SC - I - RI - EX - 001/92, SC - I - RI - EX - 002/92 y SC - I - RI - EX - 003/92, relativos a la elección extraordinaria para diputados federales por el principio de mayoría relativa, celebrada en el V distrito federal electoral del estado de Coahuila, con cabecera en la Cuidad Frontera Segundo. Son válidas y legítimas las elecciones extraordinarias para diputados federales a la LV
Legislatura del Congreso de la Unión, que por el principio de mayoría relativa tuvieron lugar el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y dos, en el V distrito electoral federal del estado de Coahuila, con cabecera en Ciudad Frontera.
Tercero. Son diputados por el principio de mayoría relativa a la LV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los ciudadanos Gaspar Valdés Valdés y Luis Zúñiga Limón, propietario y suplente respectivamente.
Sala de comisiones del Colegio Electoral de la
LV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal a 9 de julio de 1992. - Diputados: Presidente; Fernando Charleson Salinas, secretarios: Diego Zavala
Pérez, Raymundo Cárdenas Hernández, Manuel Díaz Infante, Jorge Lepe García, Ignacio Torres Landa, Alberto Jiménez Arroyo, Francisco Arroyo Vieyra, Amado Treviño Abatte, Abundio Ramírez Vázquez, Yolanda Elizondo Maltos y Héctor Morquecho Rivera."
Es de segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión el dictamen.
No habiendo quien haga uso de la palabra...
(Aplausos.)
Proceda la Secretaría en votación económica, a consultar a la Asamblea si se aprueba el dictamen.
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia, la Presidencia declara:
"Primero. Se ratifican las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal Electoral en relación a los recursos de inconformidad números SC - I - RI - EX 001/92 SC - I - RI - EX 002/92 y SC - I - RI - EX 003/92, relativos a la elección extraordinaria para diputados federales por el principio de mayoría relativa celebrada en el V distrito federal electoral del estado de Coahuila, con cabecera en la Ciudad Frontera.
Segundo. Son válidas y legítimas las elecciones extraordinarias para diputados federales a la LV Legislatura del Congreso de la Unión, que por el principio de mayoría relativa tuvieron lugar el 17 de mayo de 1992, en el V distrito electoral federal del estado de Coahuila, con cabecera en Ciudad Frontera. Tercero. Son diputados por el principio de mayoría relativa a la LV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los cuidadanos Gaspar Valdés Valdés y Luis Zúñiga Limón, propietario y suplente respectivamente. (Aplausos.)
Sala de Comisiones del Colegio Electoral de la LV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados. México, Distrito federal, a 9 de julio de 1992."
El Presidente (a las 22.05 horas): - Se levanta la sesión de Colegio Electoral y se cita a sesión ordinaria, el próximo lunes 13 de julio a las 11.00 horas.