Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19920713 - Número de Diario 27

ENCABEZADO

LV LEGISLATURA.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL.

DIARIO de los DEBATES.

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Dip. Gustavo Carvajal Moreno

RECINTO LEGISLATIVO

CENTRO MEDICO NACIONAL

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES.

Héctor de Antuñano y Lora.

AÑO I México, D.F., lunes 13 de julio de 1992 No. 27.

SUMARIO

ASISTENCIA.

La Secretaría informa que hay quórum.

SE ABRE LA SESIÓN.

ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

MEMORIAL DEL PARTICULAR.

Se da cuenta con un ocurso de particular, referente a un incidente de caracter internacional. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

INFORME.

De la Comisión de Derechos Humanos presentado por el diputado Amador Rodríguez Lozano, sobre la situación de los mexicanos en la frontera norte. De enterado.

Para expresar sus opiniones respecto del mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados:

Jorge Tovar Montañez, para rectificar hechos.

Víctor Orduña Muñoz, para rectificar hechos.

PROTESTA.

Del diputado electo Gaspar Valdés del V distrito electoral del Estado de Coahuila.

COMUNICACIONES.

NOMBRAMIENTO.

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que informa haber elegido al diputado Efraín Zúñiga Galeana, como coordinador de la diputación campesina. De enterado.

REZAGO LEGISLATIVO.

Se concede el uso de la palabra al diputado Rafael Fernández Tomás, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien retira iniciativas de su Partido. De enterado.

INICIATIVAS DE DIPUTADOS.

ARTÍCULOS 73, 76, 89 Y 133 CONSTITUCIONALES.

Presentada por el diputado Juan Hernández Mercado. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULOS 60, 74 Y 81 CONSTITUCIONALES.

Presentada por el diputado Juan de Dios Castro Lozano. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN.

De la Comisión de Población y Desarrollo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población. Es de primera lectura.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, Arsenio Lucio, Susana Cruz Herrera y Francisco Ruiz Romero, para prestar servicios en la embajada del Reino de Bélgica en México. Es de primera lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES EL ESTADO.

De las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado Trinidad Reyes Alcaraz.

Toman la palabra los diputados:

Juan Jacinto Cárdenas García, en pro.

Rafael Farrera Peña, en pro.

Rafael Fernández Tomás.

Evangelina Corona Cadena, en pro.

Fernando Espino Arevalo, en pro.

Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Debaten los diputados:

Héctor Ramírez Cuellar, en contra.

Jorge Alfonso Calderón Salazar, para razonar su voto.

Luisa Alvarez Cervantes, en pro.

Eloy Cantu Segovia, en pro.

Jorge Alfonso Calderón Salazar, para rectificar hechos.

Héctor Ramírez Cuéllar, para rectificar hechos.

Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

CODIGO PENAL.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el artículo ciento veintitrés del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y, no habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

DENUNCIA.

Presentada por el diputado Guillermo Sánchez Nava, sobre supuestas agresiones a militantes de la Unión de Campesinos Democrática. Se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas.

ESTADO DE VERACRUZ.

Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, para referirse a hechos ocurridos durante una marcha de petroleros. Se turna a la comisión de Derechos Humanos y de Información Gestoría y Quejas.

Para rectificar hechos el diputado Arturo Nájera Fuentes.

ORDEN DEL DÍA.

De la próxima sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO EBERTO CRODA RODRÍGUEZ

ASISTENCIA

El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.

La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 327 diputados. Por lo tanto hay quórum.

El Presidente: - Esta Presidencia hace del conocimiento que en estos momentos diversas fracciones parlamentarias se encuentran realizando trabajos en comisiones. Por lo tanto hay quórum legal para iniciar los trabajos de esta Honorable Asamblea.

El Presidente (a las 12.10 horas): - Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Primer Año. - LV Legislatura.

Orden del día.

13 de julio de 1992.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Protesta de ciudadano diputado.

Comunicación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comunicación del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

Informe de la Comisión de Derechos Humanos, sobre la situación de los Mexicanos en la Frontera Norte, que presenta el ciudadano diputado Amador Rodríguez Lozano.

Iniciativas de ciudadanos diputados.

De reformas a varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Política Exterior, a cargo del ciudadano diputado Juan Hernández Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Memoriales de Particulares.

Dictámenes de primera lectura.

De la Comisión de Población y Desarrollo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Población.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, Arsenio Lucio, Susana Cruz Herrera y Francisco Ruiz Romero, para prestar servicios en la Embajada del Reino de Bélgica en México.

Dictámenes a discusión.

De las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal Denuncia del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre agresiones a militantes de la Unión de Campesinos Democrática, en Yucatán.

Exposición de hechos ocurridos en Veracruz, durante la Marcha de Petroleros. A cargo del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores

de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congresos de la Unión, celebrada el día diez de julio de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Calderón Salazar.

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con nueve minutos del día diez de julio de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos noventa y cuatro diputados, el Presidente abre la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y, posteriormente, en virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios han recibido copias del acta de la sesión anterior y no habiendo quien la impugne, la Asamblea dispensa la lectura a ese documento y lo aprueba en sus términos en votación económica.

Una comunicación del Congreso del Estado de Baja California, por la que informa de actividades legislativas. De enterado.

Se da cuenta con una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, pueda prestar sus servicios en la Embajada del Reino Unido de Bélgica en México.

Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. En virtud de que los señores diputados han recibido copias del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el artículo ciento veintitrés del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, se dispensa la lectura. Es de primera lectura.

Tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que el ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Australia en Monterrey, Nuevo León, con circunscripción en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; el ciudadano José Antonio Flores de la Vega, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Australia en Guadalajara, Jalisco, con circunscripción en los estados de Colima y Jalisco y el ciudadano Miguel López Martel, pueda prestar sus servicios en la Oficina de Asuntos Comerciales de la Embajada de Tailandia en México. Son de primera lectura.

En virtud de que el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ha sido distribuido entre los señores diputados, la Asamblea dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.

Se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Valencia Carmona, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la comisión fundamenta el dictamen.

Para expresar sus opiniones en lo general y fundamentar el voto de sus respectivos partidos, hacen uso de la palabra los diputados Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Ricardo Valero Recio Becerra, para rectificar hechos; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, en pro; José Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, en pro; César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y se reservan, para discusión en lo particular, los artículos noveno, decimosegundo, decimoséptimo, cuadragésimo séptimo, quincuagésimo tercero, quincuagésimo sexto y octagésimo.

En votación económica, la Asamblea aprueba que la votación en lo general y en lo particular,

se realice en un solo acto al término de la discusión.

Para expresar sus opiniones y hacer diversas propuestas, hacen uso de la palabra los diputados Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, respecto de los artículos noveno, décimo y decimosegundo; Felipe Ocampo Ocampo, del Partido Revolucionario Institucional, respecto del artículo decimosegundo; Rafael Cañedo Benítez, del Partido Revolucionario Institucional, respecto del artículo cuadragésimo séptimo; Jesús Bazaldúa González, del Partido Revolucionario Institucional, respecto del artículo quincuagésimo sexto; Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, respecto del artículo quincuagésimo tercero; Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, respecto del artículo octagésimo; Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, respecto de los artículos quincuagesimotercero, sexagésimo cuarto, septuagésimo y septuagésimo nono y Fernando Gómez Mont, respecto de los artículos noveno, decimosegundo y decimoséptimo.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo particular y se ponen a consideración de la Asamblea las proposiciones realizadas durante el debate.

En sendas votaciones económicas se aprueban, del Partido Acción Nacional, las que corresponden a los artículos: quincuagésimo tercero fracción sexta; quincuagésimo sexto fracción quinta, noveno, decimosegundo y decimoséptimo; del Partido Revolucionario Institucional; cuadragésimo séptimo fracción vigesimatercera y del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el artículo octagésimo fracción novena.

Desde su curul, el diputado Carlos González Durán retira sus proposiciones excepto tres e informa que su Partido votará en pro.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos sesenta y cinco votos. El Presidente hace la declaratoria correspondiente y se turna al Senado para sus efectos constitucionales.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta con una invitación del Gobierno de la República, al acto cívico conmemorativo del centésimo vigésimo aniversario luctuoso del Presidente Benito Juárez García. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados en dicho acto.

En virtud de que el dictamen de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Energéticos, con proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.

Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Energéticos, diputado Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado Eberto Croda Rodríguez.

A discusión en lo general, fundamentan los votos de sus partidos los diputados Sebastián Guzmán Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional, en pro; Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática, en contra;

Presidencia del diputado Jorge Calderón Salazar.

Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro. Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante.

Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Gabriel Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista, en pro; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; José Treviño Salas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.

Presidencia del diputado Jorge Calderón Salazar.

Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Julio García Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro y Miguel Osorio Marbán, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y se reservan, para discusión en lo particular, los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, séptimo, noveno,

décimo, decimoprimero, decimosegundo y sexto transitorio.

La Asamblea, en votación económica, aprueba que se realice una sola votación en lo general y en lo particular, al término del debate.

Para la discusión en lo particular, de los artículos reservados y hacer diversas proposiciones, hacen uso de la palabra los diputados Raúl Alvarez Garín, respecto de los artículos primero, tercero y cuarto; Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, respecto del artículo segundo; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, respecto de los artículos tercero, noveno, decimosegundo y sexto transitorios; Enrique Sada Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional, respecto de los artículos cuarto y decimoprimero; Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional, en pro de diversas proposiciones; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, respecto de los artículos cuarto, séptimo y decimoprimero; Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, respecto de los artículos noveno y sexto transitorios; Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, respecto del artículo décimo; Guillermo Mercado Romero, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen y en apoyo de diversas propuestas; Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática, respecto del artículo decimoprimero y Juan Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional, en pro de las menciones ecológicas en la Ley.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y se someten a su consideración las propuestas realizadas durante el debate. En sendas votaciones económicas, se aprueban las que corresponden al Partido Acción Nacional, respecto de los artículos cuarto y decimoprimero; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, respecto de los artículos noveno, décimo y sexto transitorios; Partido de la Revolución Democrática, respecto del artículo decimoprimero, por consenso con todos los demás grupos parlamentarios.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos setenta y siete votos. El Presidente hace la declaratoria respectiva y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente comunica a la Asamblea que se erige en Colegio Electoral para conocer del resultado de las elecciones extraordinarias realizadas en el quinto distrito electoral federal del Estado de Coahuila.

En virtud de que los señores diputados han recibido copia del dictamen respectivo, la Asamblea dispensa la segunda lectura y, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba y el Presidente declara:

"Son diputados por el principio de mayoría relativa a la quincuagésima quinta legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los ciudadanos Gaspar Valdés Valdés y Luis Zúñiga Limón, propietario y suplente, respectivamente."

Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, el Presidente levantó la sesión ordinaria a las veintiuna horas con cuarenta y siete minutos y la de Colegio Electoral a las veintidós horas del día diez de julio de mil novecientos noventa y dos, citando para la que tendrá lugar el próximo lunes trece de este mismo mes y año a las once horas.»

El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer observaciones a la misma, sírvase manifestarlo.

La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.

¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma? Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.

MEMORIAL DE PARTICULAR

El secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón: - Se dará lectura a un memorial de particulares.

«Honorable Cámara de Diputados: Los que suscribimos, familiares y amigos de Flor María Zapata Ledezma fallecida en Guatemala en circunstancias ambiguas, solicitamos respetuosamente

ante el Congreso de la Unión se pida al gobierno guatemalteco información precisa sobre la forma en que ocurrió su deceso, ya que los siguientes elementos nos parecen oscuros:

1. Flor María Zapata, egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, fue vista tres semanas antes de su muerte en Tapachula, Chiapas, cuando se preparaba para venir al Distrito Federal. Desde entonces su familia esperaba su llegada, infructuosamente, como ahora sabemos.

2. En la información que proporcionó el gobierno guatemalteco sobre el fallecimiento de nuestra amiga y familiar hay dos elementos que nos integran. El primero es que se asegura cayó en combate cuando peleaba junto a guerrilleros de ese país. Esto es difícil de creer, entre otras razones porque Flor padecía una seria lesión en la columna vertebral que le impedía participar en cualquier acción de esa naturaleza o aún realizar trabajos pesados.

El segundo es que le fue encontrado su pasaporte en el momento de revisar el cadáver. Sobre este particular nos preguntamos: ¿cómo es posible que si Flor participaba en una actividad clandestina, portara consigo un documento como éste?

Creemos que Flor María Zapata merece, como ciudadana mexicana, que su gobierno se interese por conocer las condiciones exactas en que perdió la vida.

Solicitamos asimismo, se gestione el apoyo económico necesario a su familia por los gasto que se generen en el traslado del cuerpo de Flor a esta ciudad.

Agradeceremos a todas las fracciones parlamentarias la atención que se sirvan prestar a nuestra solicitud.

Firman: Manuel Cosme Ruiz, Abelino Hernández Pérez, Sara Morales Miranda, Teodora Durán Ortiz, Norberto Hernández Montiel, Silvia González Díaz, Thelma López Martínez, Emilio Martínez González, Ramón de la Rosa Rentería, Valentín Bautista Rosas, José Luis Rodríguez Castañeda, Marco Vinicio Martínez Villicaña, Fernando Aguilar, Patricia López, Jorge Luis Ponce Quitzaman, Eugenia Valero, Luz María Aguilar, Rosario Páez, Marcela Fernández, Eduardo Contreras Becerril, Lilia Carmona, Gabriela Rodríguez, Germán Ernesto Zapata, Sergio Rafael Zapata, María de las Mercedes Zapata, Sara Durán Ortiz, Teresa Durán Ortiz, Lucía Durán Ortiz, Miguel Angel Durán Ortiz, Sara Ortiz Núñez, María Soledad Durán Ortiz, Barbara González Díaz, Juan del Valle Cobos, Miguel Angel Tavares, Manuel Cosme Ruiz, Miguel Vargas, y Alejandro Villegas.»

El Presidente: - De enterado y túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

INFORME

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para dar lectura al Informe Sobre la Situación de los Mexicanos en la Frontera Norte.

El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Gracias, señor Presidente:

«Comisión de Derechos Humanos.

Honorable Asamblea: Por acuerdo de esta representación popular, una subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, integrada con nueve Diputados de cinco partidos políticos aquí representados, hicimos un recorrido del día 7 al 13 de junio pasado, por la ciudades de San Isidro, San Diego, Encinitas, Los Angeles, Fresnos, Sacramento, Yuba City y San Francisco, todas en el Estado de California, Estados Unidos, con el propósito de constatar y conocer las condiciones de vida de los mexicanos en este importante Estado.

Viajamos a los Estados Unidos convencidos de que los abusos, la violencia, la discriminación y la brutalidad policiaca no pueden ser tolerados en ninguna sociedad democrática.

Los diputados estamos convencidos de que el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, es tan antiguo como la historia de nuestros países. También, de que la migración es una variable dependiente del desarrollo socioeconómico de nuestros países y que ha sido benéfica para ambas economías.

Partimos a los estados Unidos, a California, con una premisa fundamental: a pesar de la condición indocumentada de algunos de nuestros connacionales, todos sin distinción, deben ser tratados con respeto y dignidad. El carecer de documentos de residencia legal, no condiciona su calidad humana, ni tampoco debe significar un menoscabo de sus derechos y de las garantías inherentes a la condición de la persona humana.

Sin embargo, el trabajador migratorio, en cualquier país, engendra retos que hay que enfrentar.

El recién llegado viene a suplir las carencias de la sociedad receptora, aunque a la vez, representa una competencia para la fuerza laboral local.

El emigrante mexicano es un trabajador serio y responsable y sus servicios son altamente apreciados en los Estados Unidos.

El trabajador migratorio no es un criminal.

Los trabajadores migratorios no son exclusivamente rurales, ahora, casi las dos terceras partes son urbanos y muchos de ellos, altamente calificados. Esto implica un subsidio a la economía de los Estados Unidos y una sangría para la de México.

La problemática de los trabajadores migratorios mexicanos es muy seria, en ella se encuentran involucrados, según cifras aproximadas, casi millón y medio de conciudadanos, que cada año van y vienen de manera indocumentada a los Estados Unidos.

Los problemas son muy variados:

Tienen que atravesar el país en condiciones precarias y casi siempre sin documentación y estar sujetos a posibles abusos de algunas autoridades mexicanas.

Una vez que llegan a la frontera, fundamentalmente Tijuana, inician un juego parecido al gato y el ratón con la patrulla fronteriza, buscando poder internarse a territorio californiano para iniciar su recorrido.

Al cruzar la frontera, están expuestos a la extorsión de los llamados coyotes, que son los enganchadores. Siempre al cruzar, sobre todo de noche, existe la posibilidad de sean que asaltados por algún delincuente, aunque está ha disminuido notablemente, debido a la eficiencia del grupo BETA, organización policiaca especial, coordinada por la Secretaría de Gobernación y en la que participan la Policía Judicial Federal y la del Estado de Baja California y la Policía Municipal de Tijuana.

No siempre los indocumentados pueden cruzar al primer intento, por que muchas veces son detenidos por la policía de migración y repatriados el mismo día. La carencia de recursos económicos, los hacen depender de la beneficencia pública, fundamentalmente a cargo de la Iglesia católica, para comer y dormir.

Al cruzar la frontera, están siempre arriesgando la integridad, su libertad y, sobre todo, su dignidad personal y la de su familia, pues cada vez es mayor el número de quienes cruzan la frontera con esposa e hijos. Este riesgo se debe a la acción de la patrulla fronteriza y de los distintos cuerpos policiacos de las diversas ciudades por las que tienen que cruzar.

Toda vez que han pasado varios días desde su llegada a la frontera y después de varios intentos de cruzarla, su aspecto personal no es el óptimo, están desaseados y en el caso de los hombres, sin rasurarse, por lo que su aspecto no es precisamente agradable a la vista.

Por otro lado, un operativo de la patrulla fronteriza, los obliga a internarse a los Estados Unidos principalmente por el cañón del matadero, cerca de las Playas de Tijuana. Una vez que cruzan, necesariamente tienen que caminar o atravesar las autopistas 5 y 805, causando molestias a la población y en mucho casos, ponen en peligro su vida y la de los automovilistas, esta situación ha empezado a generar un sentimiento antimexicano y sobre todo, antiinmigración en el área de San Diego.

La mayoría de nuestros conciudadanos tienen que esperar en esquinas de zonas urbanas la llegaba del enganchador o de la persona que los llevará al trabajo que ya tienen comprometido. En tanto esto sucede, generan también un malestar negativo en las comunidades, por su propio aspecto y porque muchas veces tienen que satisfacer sus necesidades fisiológicas en cualquier lugar posible. En muchos casos también tienen que solicitar comida para poder sobrevivir.

En 1991, se realizaron 1 millón 131 mil 510 detenciones de mexicanos indocumentados por la Patrulla Fronteriza. Aproximadamente se detienen en Tijuana a 2 mil 500 personas diariamente; aunque en esta contabilidad se contempla varias veces a una misma persona, pues los detienen, los regresan a Tijuana y éstos vuelven a cruzar la frontera. Desde 1991, no se había presentado ningún incidente de muerte de un mexicano indocumentado, por la Patrulla Fronteriza hasta hace algunos días, que la unidad de prevención del crimen victimó a un mexicano, presuntamente "pollero", con 14 impactos de bala de alto poder.

De todos los casos en que miembros de corporaciones policiacas en servicio han privado de la vida a mexicanos, no se ha procesado penalmente el autor de la agresión, a pesar de existir

evidencias, algunas de ellas muy claras, de excesivo uso de la fuerza. Sin embargo, a través de los abogados de los consulados, se han logrado indemnizaciones pecuniarias en favor de las víctimas.

El trabajador indocumentado en su tránsito por territorio americano al campo agrícola donde es esperado, vive siempre en zozobra. Recorre este camino con temor, siempre a salto de mata, como si fuera un delincuente, escabullendo a la policía y escondiéndose de la patrulla fronteriza.

En una práctica ilegal y contraria a las ordenanzas municipales, la policía local, en el área de Los Angeles, durante los disturbios recientes, entregó a las policías migratorias a los indocumentados que tuvieron contacto con ella. Esto provoca un menoscabo en el derecho a la justicia que tienen nuestros connacionales, pues ahora temen acudir a las fuerzas policiacas para denunciar algún delito del cual son víctimas, por miedo a ser deportados.

Una vez que llegan a los campos agrícolas, después de las proezas que hemos descrito y superar muchos obstáculos, se enfrentan a otras terribles realidades: un salario muy bajo, carencia de vivienda digna y en muchas ocasiones incluso falta de ella, pues encontramos que muchos viven en cuevas, hacinados como animales. En estos lugares, además, faltan los elementos mínimos de higiene, pues no tienen acceso a ningún tipo de medida sanitaria.

En los campos agrícolas son esquilmados por los patrones, como en el caso del rancho Somis, que tenía virtualmente como esclavos a más de 150 zapotecas; y cuyo dueño se declaró culpable de varios cargos penales formulados en su contra por el gobierno estadounidense; también son víctimas de los enganchadores, quienes prácticamente los venden por la temporada agrícola; son explotados por distintos proveedores de bienes, quienes llevan a los campos agrícolas distintos productos, desde una camisa hasta una prostituta, pero a precios exorbitantes.

Otro problema de gran importancia que se da fundamentalmente en los campos agrícolas de Fresno y Sacramento, es la utilización de pesticidas sin ningún control en su resguardo y aplicación, los que por su contenido químico atentan contra la salud de los trabajadores indocumentados mexicanos, quienes sin ningún tipo de este tipo de protección, están expuestos a los efectos nocivos de este tipo de productos químicos.

En los campos agrícolas el trabajador mexicano es notablemente apreciado, por su gran capacidad de trabajo y responsabilidad.

La economía agrícola de California, un renglón significativo en su producto interno bruto, depende casi totalmente de la mano de obra indocumentada mexicana; baste decir que si se retrasara la llegada de los trabajadores en el momento de recolección de la cosecha, las consecuencias económicas para la economía de California serían desastrosas.

A pesar de la importancia que tiene el trabajador mexicano para la economía californiana y no obstante de que cotiza en el sistema de seguridad social, normalmente no utiliza ninguno de los beneficios que éste confiere. Este es un punto muy importante, pues cotizan y no gozan de derechos.

Aunque en términos generales el trabajador es aceptado, existen muchos casos de discriminación y para algunos trabajadores la discriminación es doble, particularmente para los indígenas oaxaqueños que no hablan inglés y desconocen el español.

El aspecto educativo es también otro problema serio, pues como ya comentamos, muchos se trasladan con todo y familia, con hijos en edad escolar, los que difícilmente tienen acceso a la escuela y, especialmente a la educación bilingüe. Con toda seguridad, el mayor reclamo que recibimos en nuestro viaje fue que sus hijos tuvieran acceso a la educación.

En la mayoría de las prisiones de California nuestros compatriotas padecen una problemática singular. Las autoridades no permiten laborar a los internos indocumentados, por su misma calidad migratoria. Esto impide que se logren beneficios dentro del penal utilizando el trabajo como medio de readaptación social. Asimismo, existe escasez de personal bilingüe en estos centros que hace más difícil para los mexicanos su estancia y readaptación.

Aunque la problemática es muy compleja, hay que resaltar que el trabajo de nuestros cónsules es realmente espléndido. Así como el de la Dirección General de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular fue un apoyo inapreciable durante toda la gira por California.

Hay otros problemas que no podemos soslayar y que también son muy importantes, por ejemplo la falta de presencia política de la comunidad mexicana que reside legalmente en los Estados Unidos. Nuestros compatriotas y la comunidad

méxico - americana carecen de organización, no pesan políticamente, no votan, o mejor dicho no son electores, por lo mismo son casi ignorados por los políticos californianos. Baste para ejemplificar el caso del condado de Los Angeles, donde la comunidad negra, con tan sólo el 19% de la población total, tiene 2 ó 3 veces mayor representación que la comunidad latina, que representa el 40% de la población; de ella, la comunidad mexicana representa el 90%. Tan sólo existen dos consejales méxico - americanos. Por estas consideraciones, una de las más reiteradas solicitudes que se nos hicieron fue que estudiáramos la posibilidad de conceder la doble nacionalidad u otras fórmulas para que los mexicanos puedan votar en las elecciones estadounidenses.

Este punto es algo que debemos estudiar seriamente, pues aunque es complicado, la mejor manera de proteger a los mexicanos en el extranjero es darles la posibilidad de que mediante el voto, adquieran fuerza política, con lo cual recibían más atención de las autoridades estadounidenses.

CONCLUSIONES

El trabajador migratorio no es un criminal; es un ser humano que requiere ser respetado en cuanto a su dignidad y derechos, independientemente de su calidad migratoria. Es evidente además, que sus esfuerzos han significado claros beneficios a las economías tanto de México, como de los Estados Unidos.

El fenómeno migratorio entre México y los Estados Unidos tiene hondas raíces históricas. La política económica de nuestro país tiende a crear empleos productivos para los mexicanos, en México disminuyendo así las presiones migratorias. A pesar de ello, la existencia de una frontera terrestre de más de 3 mil kilómetros entre ambos países, la facilidad relativa en su cruce, la cercanía geográfica y la presencia de una importante comunidad de origen mexicano que reside en los Estado Unidos, hacen presumir que los flujos migratorios continuarán. Por ello, se deben llevar a cabo programas tendientes a garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores migratorios y en general, de los mexicanos que residen en nuestro vecino país del norte.

Es importante continuar con las acciones de promoción de la imagen y cultura de México en el exterior, particularmente en los Estados Unidos. De esta forma la sociedad estadounidense tendrá una visión clara de los trabajadores mexicanos, los cuales forman parte de un pueblo con una cultura milenaria. A esto habría que añadir un esfuerzo para difundir las causas y consecuencias reales del fenómeno migratorio entre ambos países, así como de los efectos benéficos, que para ambas economías, esté tiene.

Debe continuarse con el apoyo a las tareas de protección de los derechos e intereses de los mexicanos en el exterior, que lleva a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del ámbito consular del Servicio Exterior Mexicano. Es importante apoyar la obtención de mayores recursos, para desarrollar e intensificar dichas tareas, especial mención merece la necesidad de personal calificado y capacitado.

Hay que utilizar los foros binacionales México Estados Unidos para insistir en el reconocimiento y defensa efectivos a los derechos de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos de la misma manera que los Estados Unidos solicitan de México respeto a los derechos de los estadounidenses que residen o viajan por México. Seria conveniente para ello, la creación de una comisión binacional especial encargada de esta materia especialmente en la zona fronteriza.

Debe estudiarse como una fórmula para una más efectiva defensa de los derechos de nuestros connacionales en el exterior, la posibilidad, oportunidad y conveniencia de concertar actualizar y perfeccionar instrumentos internacionales, bilaterales o multilaterales que fijen las condiciones laborales mínimas de los trabajadores migratorios mexicanos, así como en general, el respeto y protección de nuestros compatriotas que se encuentran en el extranjero.

Es fundamental promover la participación política de los mexicanos en las comunidades donde reside los Estados Unidos. Esto con objeto de que los políticos a nivel local, estatal y federal tomen en consideración a estos grupos cuya fuerza electoral debiera corresponder a su significación demográfica. Respecto a ello, recibimos numerosos planteamientos a efecto de revisar nuestra legislación en materia de nacionalidad para que al ejercer sus derechos ciudadanos en los Estados Unidos no pierdan los que tienen como mexicanos. También habría que difundir las facilidades que existen en nuestra legislación para que quienes fueron mexicanos por nacimiento, readquieran su nacionalidad originaria, si así lo desean y decidan regresar a vivir en México.

Es importante el establecimiento de un Programa Nacional de Solidaridad con el trabajador indocumentado mexicano. Sus acciones estarían coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores en forma conjunta, tomando en cuenta el Programa de Comunidades Mexicanas en el Exterior. Este programa contaría con la participación del Instituto Mexicano del seguro Social, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, del Instituto Nacional Indigenista, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otros, coadyuvando a impulsar el mejoramiento en las condiciones de vida en la población mexicana que reside en el exterior.

No queremos concluir nuestra intervención en esta tribuna, sin dejar en claro que el trabajador migrante mexicano, documentado o indocumentado, merece en los Estados Unidos de América, como cualquier parte del mundo, el más absoluto respeto como persona humana y, por ello, debe garantizársele el disfrute de sus derechos esenciales. De la misma manera, en México estamos convencidos de que los extranjeros que viven y trabajan en nuestro país, deben ser respetados y protegidos por las leyes mexicanas.

La dignidad de la persona está más allá de requisitos legales y calidades migratorias. Debemos recordar lo que decía Max Frisch, refiriéndose a la migración de trabajadores en Europa, "queríamos trabajadores y llegaron seres humanos". Muchas gracias.

Palacio Legislativo, a 10 de julio de 1992.»

El Presidente: - De entrado.

El diputado Jorge Tovar Montañez (desde su curul): - Para rectificar hechos.

El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene usted la palabra diputado.

El diputado Jorge Tovar Montañez: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:

En nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, declaramos que estamos totalmente de acuerdo con el informe que ha dado aquí el diputado Amador Rodríguez Lozano, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara.

¡Y en buena hora! Creemos que es el momento en que efectivamente tenemos que hacer un tratamiento de fondo integral, por parte de esta Cámara, en torno al problema de los indocumentados mexicanos que viajan fundamentalmente a los Estado Unidos.

No es que hasta ahora se haya abordado el problema, sino que hoy tenemos más conciencia, más cabal, de lo que esto significa y que de ninguna manera es una postura romántica, sino que está en consonancia con una preocupación nacional que reconocemos parte incluso de las más altas autoridades de la nación.

Nosotros queremos aportar como hecho o para hechos un ejemplo. El día 12 de junio pasado un joven mexicano, en la región de Nogales, Arizona, fue balanceado por guardias fronterizos norteamericanos, en una forma totalmente alevosa, premeditada desde el punto de vista de que, como hay pruebas, el grupo de policías que cometió este ilícito se preparó con la idea de "cazar" prácticamente a inmigrantes mexicanos, con armas de alto poder, con equipo de guerra y con el ánimo para ello. Y así lo dice la prensa norteamericana de esa región y los informes del consulado norteamericano.

De tal manera que a este joven mexicano le dispararon a mansalva, por la espalda, y sufrió lesiones que los mantuvieron con vida durante 30 minutos, según dijeron los legistas. Sin embargo este joven iba acompañado por parientes, uno de ellos pariente; que tuvieron que huir, pudieron huir.

Pero los policías norteamericanos lo que hicieron fue arrojarlo o dejarlo abandonado del otro lado de la frontera, ya en la parte mexicana. Regresaron a sus cuarteles, a su cuartel y no rindieron informes a sus superiores, sino 15 horas después. Como si nada hubiera pasado. Dieron un reporte "sin novedad".

Pero este hecho se supo, se dio a conocer, en la parte mexicana y también en Estados Unidos de América. De tal manera que estos guardias, uno de ellos especialmente, han sido juzgados; fundamentalmente por la denuncia de los abogados de origen mexicano que colaboran con los consulados, como dijo el diputado Amador Rodríguez Lozano, con los consulados mexicanos, al punto de que, ¡y esto es lo notorio!, por primera vez se reconoce la culpabilidad del servicio de inmigración y naturalización norteamericano de estos guardias, ha sido juzgado este guardia y al parecer va a ser condenado a muerte.

Esto es importante, porque hasta el momento no se había querido reconocer la responsabilidad en hechos criminales de los guardias de esta

policía de este sistema, de estas guardias fronterizas norteamericanas. Porque se había considerando que estaban cumpliendo con su deber, simplemente.

Este es un hecho nuevo que hay que tomar en cuenta. A nuestro parecer es el reflejo de la acción de las autoridades mexicanas, de los diputados mexicanos, de los defensores de los derechos humanos mexicanos.

Y también es importante porque puede ser el principio de una serie de hechos que tiendan a que sean mejor tratados nuestros connacionales. Deben ustedes recordar, debemos recordar que esta guardia fronteriza tiene una patente de acción al grado de que pueda usar cualquier tipo de armas de alto poder, como fue en este caso, armas de calibre M - 15, M - 16 según mencionan los peritajes, los informes y esto es verdaderamente grave, van con la idea de cazar como dije antes a los connacionales.

Esto es pues muy importante, también revela que a pesar de las gestiones de los dos gobiernos de las pláticas de las acciones en este sentido, esta policía fronteriza norteamericana no se ha dado por enterada por qué sigue actuando con la misma impunidad o mayor que antes, al parecer a estos responsables de esta policía no les llegan las quejas de la parte mexicana, ni siquiera ninguna recomendación del Gobierno Norteamericano porque siguen actuando igual.

Esperemos que este hecho lamentable sea el principio de un cambio de actitud de las autoridades norteamericanas que atienden la zona fronteriza.

Este joven Darío Miranda o Darío Ramírez, no hay precisión en su nombre pues ha servido lamentablemente como un ejemplo claro su muerte de la verdadera situación de los inmigrantes mexicanos hacia Estados Unidos de América. Por todos los motivos anteriores nosotros repetimos, estamos de acuerdo con el informe dado por el diputado Amador Rodríguez Lozano, suscribimos este documento, lo volveremos a leer y a estudiar con mucho detenimiento y nos servirá indudablemente para concretizar más las acciones de esta Cámara de Diputados en ese sentido, lo cual forma parte de toda una serie de acciones que tienden a ir precisando y haciendo más efectivas y eficaces las acciones de México en todo lo que tiene que ver con la problemática fronteriza que es compleja.

Por lo anterior, suscribimos ese documento, muchas gracias señores diputados. (Aplausos.)

El Presidente: - Para rectificar hechos tiene usted la palabra, diputado Orduña Muñoz.

El diputado Víctor Orduña Muñoz: - Con su autorización, señor Presidente: Por el murmullo que se oye en este salón de sesiones pareciera ser que fue de poco interés el informe al que dio lectura aquí el licenciado Amador Rodríguez Lozano y digo poco interés porque no es nada sencilla la situación que viven nuestros compatriotas en los Estados Unidos de América y se ha hecho aquí una radiografía de ese problema, se han expuesto algunos puntos de vista de los miembros de la comisión y parece ser que no han causado ni siquiera alguna buena impresión o ni siquiera se han enterado algunos de lo que aquí se dijo.

Realmente lo que vino a decir aquí el licenciado Amador Rodríguez Lozano es un problema muy serio, un problema que hemos venido postergando por muchos años y es el problema de los trabajadores indocumentados; poco o nada nos hemos interesado en salvaguardar la situación en que están viviendo en los Estados Unidos de América y esta Comisión de Derechos Humanos que realizó un viaje por los Estados Unidos de América pudo darse cuenta de esta problemática y pudo darse cuenta en primer lugar cómo no es tan cordial a veces esa amistad que dicen los amigos del Norte. Pudimos darnos cuenta como en esa frontera norteamericana existe ya una gran valla de acero que fue construida con los desechos de guerra que les sobró del Golfo Pérsico y ahora eso sirve para canalizar la emigración de nuestros compañeros mexicanos. Esa barrera de acero que han puesto a lo largo de la frontera ha despertado una serie de hostilidad para nuestros compatriotas, hostilidades que se han llegado a convertir en una xenofobia que parece no nos hemos dado cuenta y no hemos podido proponer soluciones que tiendan a aliviar esta problemática, xenofobia que hace que cuando menos el 50% de las personas que se encuentran privadas de la libertad al menos en el Estado de California sean de origen mexicano, xenofobia que hace canalizar la migración de indocumentados a correr por la carretera como si fueran pollos y parece no nos interesa tampoco eso; no nos interesa a veces tampoco la hostilidad de la patrulla fronteriza, en la que se han cometido una gran cantidad de vejaciones para los mexicanos que tienen la osadía, porque es una osadía, el querer cruzar a los Estados Unidos de América en esa forma, porque para quien así cruza la frontera, expone la vida, expone la integridad personal, expone todo con tal de buscar mejores posibilidades de vida.

Lo que se viene a proponer en el informe a que dio lectura el licenciado Amador Rodríguez Lozano, son soluciones que creemos interesaran a este Congreso, podrían aliviar en parte la situación de los indocumentados que se encuentra en los Estados Unidos de América.

Por otro lado, además de pedirle la solidaridad para estas propuestas, también debemos de reconocer el trabajo realizado por los nuevos cónsules que se encuentran en los Estados Unidos, que han realizado un trabajo de protección a nuestros mexicanos.

Tal vez haya mucho más qué hacer, tal vez haga falta mucho más energía en la protección, pero creemos que hay un buen avance, creemos que hay una buena disposición en la defensa de nuestros compatriotas; nos corresponde ahora a nosotros como Congreso, tomar las medidas necesarias para hacer sentir a estos vecinos del norte, que la fuerza de los trabajadores mexicanos es lo que ha hecho grande a muchos estados de la unión americana, como lo es el Estado de California, uno de los más ricos de la unión.

Si no fuera por los mexicanos que han dejado ahí la vida, que han dejado ahí sus pulmones, que han dejado ahí su trabajo y ahora son hostilizados por ello, no sería el Estado más próspero de la unión americana. Muchas gracias.

PROTESTA

El Presidente: - Se encuentra a las puertas de este Recinto el ciudadano Gaspar Valdés Valdés, diputado electo en el V Distrito Electoral del Estado de Coahuila.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la propuesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Juan Moisés Calleja y Gloria Mendiola Ochoa.

La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su cometido)

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente: - Ciudadano Gaspar Valdés Valdés: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos América Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación?

El ciudadano Gaspar Váldes Valdés: - Sí, protesto.

El Presidente: - Si así no lo hiciere, la Nación os lo demande.

Continúe la Secretaría con los asuntos.

COMUNICACIONES

NOMBRAMIENTO

El secretario Jaime Rodríguez Calderón: - Se va a dar lectura a una comunicación:

«Ciudadano diputado Gustavo Carbajal Moreno Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.

Los miembros de la diputación campesina de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hacemos de su conocimiento que en forma unánime hemos decidido nombrar como nuestro coordinador al diputado licenciado Efraín Zúñiga Galeana en reconocimiento a su trayectoria y trabajo partidista y miembro de la dirigencia nacional de nuestra organización.

Asimismo, reiteramos nuestro compromiso solidario con el diputado Fernando Ortiz Arana, quien en su desempeño del liderazgo de los diputados priístas en los trabajos legislativos, ha sabido motivar y encausar nuestra participación, para el mejor resultado en la creación del nuevo marco jurídico que garantice el desarrollo y engrandecimiento de nuestro pueblo, particularmente los campesinos, a través de las reformas del artículo 27 constitucional y la aprobación de su ley reglamentaria, en el marco del proyecto modernizador de nuestra nación, encabezado por el señor Presidente de la República.

Atentamente.

Palacio Legislativo, julio 13 de 1992. - Diputados: licenciado Hugo Andrés Araujo de la Torre, Felipe Aurelio Torres Torres, Ignacia García López, Celestino Tobanche, Javier Guerrero García, Jorge F. Montesinos M., Ricardo López Gómez, Octaviano Elías Albores C., José Santiago Merino C., Francisco Gamboa H., Jesús Molina Lozano, Juvenal Medel Ledezma, Rafael Sánchez Leyva, José Guadalupe Enríquez M., José Guadalupe Enríquez M., Martín Santos Gómez, Hugo Arce Norato, Gustavo Nabor Ojeda Delgado, José Guadarrama Márquez, Juan Carlos Alba Calderón, Samuel Fernández Avila, Bertha O. González Rubio, Bernardo Gutiérrez Ochoa,

Crescencio Pérez Garduño, Javier Barrios González, Ebrahim Antonio C. Sacre, Rafael Sergio Vera Cervantes, José Guadalupe Martínez M., Felipe Rodríguez Grimaldo, Jesús Río del Valle Fernández, Víctor Manuel Gandarrilla C., Julián Luzanilla Contreras, Manuel Muñoz Rocha, Arturo Najera Fuentes, Rufino Saucedo Márquez, Juan Bustillos Montalvo, José Feliciano Moo y Can, José Ignacio Mendicuti Pavón, José Escobedo Domínguez, Miguel Osorio Marban, Jaime Heliodoro Rodríguez C., Manuel Garza González, Eliazar Ayala Rodríguez."

El Presidente - De enterado.

REZAGO LEGISLATIVO

El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Fernández Tomás, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

El Diputado Rafael Fernández Tomás: - Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores diputados:

Por mi conducto el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional va a reiterar algunas iniciativas presentadas en legislaturas anteriores.

Desistimiento del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional Sobre Iniciativa Presentadas en Legislaturas Anteriores

El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional ha analizado las iniciativas presentadas por miembros de sus grupos parlamentarios incluidos los del Partido Socialista de los Trabajadores en legislaturas anteriores, y considera necesario extender sus conclusiones a este pleno, advirtiendo que lo mismo se hará para el caso de las comisiones correspondientes.

De las 57 iniciativas presentadas, y no dictaminadas desde la LI Legislatura, consideramos importante rescatar cinco de ellas, mientras que el resto han perdido vigencia, sea porque se han promulgado disposiciones legislativas que las contemplan, o porque el momento en que fueron presentadas ya ha sido superado o sobre pasado en su significación.

Quisiéramos destacar, primero, las que creemos son pertinentes para profundizar las transformaciones jurídicas que, de manera especial, esta Legislatura ha emprendido.

Previa a la Reforma Constitucional de 1989, se desarrolló una amplia consulta popular sobre la Reforma Política contemplada en uno de los Acuerdos Nacionales anunciados en la toma de posesión del presidente Salinas de Gortari. Nuestro Partido no sólo participó en todos los temas de la consulta, sino presentó también la más avanzada y más profunda reforma constitucional en materia de reforma política y no sólo reforma electoral.

En la discusión correspondiente, nosotros señalamos que el compromiso presidencial quedó corto al reglamentarse lo electoral, pero dejarse en cuestión los demás aspectos de la política interior. La reforma política no se agota en la electoral, la incluye pero no se queda ahí. Por eso, cuando en la discusión de entonces se dictaminó nuestra propuesta como referida a lo electoral, nosotros señalamos nuestra inconformidad, que reiteramos ahora, demandando dictaminación expresa sobre los postulados constitucionales que nuestra iniciativa de entonces contenía. Entre ellas, rescatamos varias que se habían presentado con anterioridad.

a) Fecha: 17 de febrero de 1983

Propone: diputado Alberto Salgado Salgado Iniciativa que pretende modificar los artículos 73, 74 y 89 de la Constitución.

Objeto:

Que el Gobierno del Distrito Federal se deposite en una sola persona, cuya elección será directa.

Que el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior de justicia del Distrito Federal, sean hechos por el gobernador y sometidos a la aprobación de la Cámara de Diputados.

Comisión Responsable: comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

b) Fecha: 14 de noviembre de 1985

Propone: Miguel Alonso

Reformar el artículo 34 constitucional, para permitir el derecho al voto a los 16 años.

c) Fecha: 4 de noviembre de 1987

Propone: José Angel Aguirre

Reformas al artículo 62 constitucional, para prohibir a los diputados electos por el principio

de representación proporcional, el que cambien de partido una vez electos.

Además de los restantes 45 modificaciones constitucionales que señalamos en su oportunidad, y que obran en poder de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Del mismo modo, en la LIV Legislatura presentamos modificaciones sobre bancos, cooperativas, derechos de la mujer y de los niños y redefinición del sector social de la economía.

De estas quisiéramos mantener:

1) Fecha: 31 de mayo de 1990

Propone: Francisco Navarro Montenegro

Reformas a los artículos 25 y 28 constitucional, para redefinir la función del sector social de la economía y propiciar la investigación tecnológica.

2) Fecha: 5 de julio de 1990

Propone: Juana García Palomares

Reformas al artículo 4o., constitucional para incorporar los derechos de la niñez.

De las restantes iniciativas no dictaminadas, 25 refieren preceptos constitucionales, 8 a los Códigos Civiles, Penales y Comerciales, 2 a la Ley de la Administración Pública Federal, dos a la Ley de Educación, tres a la del Trabajo, dos decretos del Congreso y las restantes a la Ley de Servidores Públicos, la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en materia Económica, la Ley de Amparo, de Imprenta, de Monopolios, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, la Ley Orgánica y el Reglamento Interno del Congreso General.

Además de sus referencias jurídicas señaladas, las iniciativas se pueden agrupar de manera temática:

Económicas:

Abarcan, en lo fundamental, proposiciones sobre control de cambios, el desconocimiento de empréstitos controlados hasta 1982, el control de precios oficiales, límites al pago del servicio de la deuda, las leyes de ingresos y misceláneas fiscales de los años respectivos, la remoción del Presidente de la República por las crisis económicas, los delitos contra la economía pública, la derogación de las leyes monopólicas, etcétera.

Estas iniciativas están desfasadas, y corresponden a un período de crisis de sobrenedeudamiento, desordenes monetarios y crisis general de los agregados económicos. Si bien las iniciativas tuvieron su razón de ser en las condiciones en que fueron presentadas, después de 1989, el marco institucional de crecimiento económico ha cambiado, lo mismo que la evolución de los agregados macroeconómicos. Están desfasadas en un modelo de gestión estatal de la economía caracterizado por la desregulación y la liberación comercial.

Sobre la Administración Pública:

Son reformas a diversas disposiciones jurídicas a fin de obligar a los responsables de la administración pública para que presenten informes detallados, que existan secretarios de estado de partidos minoritarios, se cree la Secretaría de la Mujer, etcétera.

Desde un punto de vista legislativo, son redundantes con las características de los nuevos Informes de Gobierno. En cierto sentido debería decirse que en este sentido, la legislación avanzó de manera muy similar a nuestras propuestas, a pesar de no haber sido dictaminadas.

Régimen y sistema político:

Modifican artículos relativos al gobierno del Distrito Federal, la edad para votar, el período de los representantes populares, el principio de no reelección inmediata, los diputados por elección proporcional. En lo general, estas iniciativas se resumen y amplían en la presentada por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en su propuesta de reforma política - constitucional de 1989, y que solicitamos rediscutir.

Agrarias:

Refieren propuestas de procedimiento en la dotación de tierras, en la construcción de nuevos centros de población, en los certificados de inafectabilidad, etcétera. Las reformas constitucionales y la nueva Ley Agraria, vuelven innecesarias las iniciativas presentadas por nuestros compañeros, a pesar que en su momento, de acuerdo con el modelo constitucional precedente, ellas simplificaban y profundizaban los mecanismos de impartición de justicia social en el campo.

El rezago legislativo que hoy pretende atacarse a través de una revisión particularizada de las iniciativas por parte de los partidos que las presentaron con anterioridad, sin duda presenta

dificultades en términos de procedimiento jurídico - administrativo que es necesario reconocer y advertir para evitar caer en ellos con posterioridad.

El primero, es la evidente contradicción entre el tiempo en que se presenta una iniciativa de ley o decreto, y el que transcurre en su dictamen.

Hemos visto iniciativas no dictaminadas de 1948, aplicando impuestos a la producción de pulque, que son francamente irrisorios a los precios de hoy. Y como esa, existen otras en relación a la deuda, las atribuciones del ejecutivo, etcétera.

En la nueva reglamentación del Congreso interno, debería quedar claro el procedimiento de dictamen rápido a todas las iniciativas presentadas, a modo de impedir el manejo político de los derechos constitucionales de los diputados.

El Presidente: - De enterado.

INICIATIVAS DE DIPUTADOS

ARTÍCULOS 73, 76, 89 Y 133 CONSTITUCIONALES

El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Hernández Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de reformas a varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Política Exterior.

El diputado Juan Hernández Mercado: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:

"Iniciativa de reformas a los artículos 73, 76, 89 y 133 constitucionales.

Ciudadano Presidente de la Cámara de diputados; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en la fracción segunda del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículo 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los suscritos, diputados federales presentamos el siguiente proyecto de reformas y adiciones a los artículos 73, 76, 89, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos. Así como reformas a diversos artículos de la Ley sobre Celebración de Tratados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 12 de Junio de 1991 el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIV Legislatura presentó, por medio del diputado Juan Nicasio Guerra, una Iniciativa que plantea un cambio de fondo en el marco constitucional que regula la participación del Senado y del Congreso en materia de tratados internacionales. Este marco, en opinión de nuestro Partido, resulta estrecho en virtud de la política globalizadora que actualmente se desarrolla en el ámbito internacional. La iniciativa que presentó el Partido de la Revolución Democrática en la pasada Legislatura, busca reformar los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución General de la República, a fin de que el Congreso de la Unión apruebe los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo Federal.

Tratándose de una iniciativa que aún no ha sido dictaminada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Industria y Comercio según lo ordenó en aquella fecha el presidente de la Cámara de Diputados y adquiriendo la misma una renovada importancia por los momentos que se viven en el país debido al avance de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de América y Canadá, nos permitimos recordar algunos de los conceptos presentados en la exposición de motivos de la mencionada Iniciativa.

En aquella fecha el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática exponía los siguientes argumentos:

"En la Constitución de 1824, el Congreso, además de estar facultado para aprobar los tratados internacionales estaba obligado a dar bases reglamentarias". "Arreglar el comercio con las naciones extranjeras", (artículo 50 fracción XI, de la Constitución de 1824). Esto era muy similar a la legislación actual norteamericana.

Asimismo en la Constitución de 1857, el Legislativo consideró necesario preservar la facultad del Congreso para aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo de la Unión, establecida en los artículos 72 fracción XIII, 85 fracción X y 126 de la Constitución de 1857.

En 1874 se restableció el Congreso Bicamaral, siendo el resaltado de esta reforma que el Senado quedará facultado para la aprobación de los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo de la Unión. Sin embargo, dicha reforma sólo afectó el artículo 72, mientras que el artículo 85 fracción X y el artículo 126 mantuvieron para el Congreso dicha facultad.

El Constituyente de 1917 mantuvo estas facultades.

En 1934 se reformó el artículo 133, con el propósito de no dejar lugar a dudas respecto al rango inferior que tienen los tratados internacionales en relación a nuestra Constitución; de esta manera, después de la palabra "tratado", en dicho artículo se agregó la frase: "Que estén de acuerdo con la misma". Además en la reforma a dicho artículo se otorgó al Senado la facultad para aprobar los tratados internacionales, siempre y cuando no rebasen los parámetros establecidos en la Constitución.

En 1988 se reformó el artículo 89 fracción X, adecuándolo a lo señalado en los artículos 76 fracción I y 133.

De lo anteriormente expuesto se desprende la preocupación de los congresos constituyentes de 1824, de 1857 y 1917, de mantener para sí la facultad de aprobar los tratados internacionales. Prevaleció en la lógica de aquellos constituyentes la necesidad de mantener en todo momento la supremacía de la Constitución respecto de cualquier tratado internacional que celebre nuestro país con otra nación. El artículo 133 ya reformado no deja lugar a dudas..

A diferencia de los tratados comerciales que se celebraron en el siglo pasado, ahora la dinámica de los acontecimientos económicos tiende a colocar en un tratado comercial materias que afectan el conjunto de la vida nacional presente y futura, no sólo en cuestiones estrictamente mercantiles o aquellas relativas a contribuciones y aranceles, sino a asuntos que tienen que ver con inversiones, servicios financieros, salarios, transporte, producción de alimentos, servicios administrativos y contables, propiedad o uso de recursos y actividades reservadas al Estado o a los mexicanos y otros muchos temas que afectan la libre determinación de política de desarrollo, planeación fiscal y económica y en última instancia, decisiones que limitan la capacidad soberana de nuestra nación.

Se trata no de un simple acuerdo comercial, sino de un tratado global que entrelaza las economías de los países involucrados. De hecho los tratados internacionales actuales afectan ámbitos y materias que no se encuentran entre las facultades exclusivas del Senado, sino que son de la competencia de ambas cámaras, razón suficiente para revisar las prevenciones que hace la Constitución sobre facultades del Congreso y en particular sobre los tratados.

El artículo 131 constitucional establece la "facultad privativa de la federación (para) gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la república de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia..." Esta facultad es por supuesto irrenunciable. La adición hecha da este artículo en 1952 que permitió al Congreso facultar al Ejecutivo" para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos...", conserva la prevención que busca "regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de cualquier otro propósito en beneficio del país". Pero sólo para situaciones que se estimen de caracter urgente, que no es el caso de la negociación de un tratado internacional que necesariamente debe realizarse con la participación del Congreso de la Unión y de los Congresos de los Estados de la Federación.

Conviene precisar que un tratado comercial como el que esta por negociarse con Estados Unidos de América y Canadá, podrían limitarse facultades que la Constitución otorga a ambas cámaras del Congreso de la Unión, tales como las señaladas en el artículo 73 donde se faculta al Congreso para establecer contribuciones sobre el comercio exterior (XXIX, A); expedir leyes sobre planeación del desarrollo económico y social (XXIX, D), lo mismo que sobre programación, promoción concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como finalidad la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios (XXIX, F),. También sobre la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera (XXIX, F), la transferencia de tecnología, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requieren el desarrollo nacional, según se establece en la fracción XXIX incisos A 1o. D, E y F del artículo antes señalado.

Adicionalmente, la Constitución faculta a la cAmara de Diputados para que sea este cuerpo legislativo el primero que discuta las leyes y decretos que versarán sobre empréstitos, contribuciones o impuestos. Lo cual queda señalado en el artículo 72 inciso H.

Además el Tratado de Libre Comercio puede involucrar cuestiones paralelas, tales como las

laborales, migratorias y ecológicas que exigen obligatoriamente la participación del Congreso de la Unión.

Con base en las consideraciones anteriores, la Cámara de Diputados no puede eludir su responsabilidad en torno a la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y Canadá, o en cualquier otro tratado de características similares.

Contrastando con estas consideraciones, tenemos que la Constitución vigente, de acuerdo a los artículos 76, 89 y 133, se faculta al Senado para aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo; lo anterior nos conduce a afirmar que la legislación mexicana, en general, no está suficientemente prevista para un Tratado de Libre Comercio como el que se está proponiendo. Necesita el país que el Congreso de la Unión asuma la responsabilidad de reformar la Constitución dotándola de los elementos necesarios que le permitan enfrentar la nueva situación mundial con las debidas prevenciones, para que las negociaciones comerciales globales redunden en beneficio del país y eviten riesgos innecesarios. De mantenerse los artículos 73, 76, 89 y 133 tal y como están a la fecha, estaríamos ante la probable circunstancia de que dicho tratado no tuviera la validez que nuestra Constitución prevé. Se puede dar el caso de que la firma de un tratado de las características señaladas conduzca a modificaciones de leyes internas, teniendo como consecuencia que el tratado sería aprobado por un órgano que carece de la facultad de aprobar por sí solo las modificaciones mencionadas.

Esto es así porque el Senado no puede modificar unilateralmente la norma que aprobó en coordinación con la Cámara de Diputados, puesto que rompería la unidad legislativa que la Constitución establece en los artículos 72 y 73. En el artículo 72 inciso f, se establece que para la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observan los mismos trámites establecidos para su formación. En tanto que en el artículo 73 fracción XXX se faculta al Congreso para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas sus facultades constitucionales.

Los asuntos que forman parte de la negociación de un Tratado de Libre Comercio son de tal importancia, e involucran tales facultades del Congreso de la Unión, que no se pueden resolver con la prevención del artículo 77 constitucional, fracción II, que faculta a cada una de las cámaras para comunicarse con la Cámara Colegisladora y con el Ejecutivo.

Como se puede ver, el grupo parlamentario de nuestro Partido en la Legislatura anterior retoma el principio de la función del Congreso, entendido éste como la participación bicamaral en aquellas cuestiones de suma trascendencia para la vida de la nación. Hoy no es ocioso rescatar y asumir nuestro compromiso con el pueblo, expresado a través de los electores, quienes con su voto ratifican en todo proceso electoral que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana de él y se instituye para beneficio de éste. Es el Congreso General el depositario del Poder Legislativo. Esto significa que constitucionalmente, diputados y senadores deben asumir la responsabilidad que les corresponde en materias legislativa afectadas por tratados como el del Libre Comercio, hoy en proceso de negociación. Por lo tanto, no es optativo el interés que debe tener la Cámara de Diputados, sino obligación y responsabilidad ineludible que compromete ante la nación. Renunciar a ellas es renunciar a nuestro papel de representantes populares.

La propuesta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática dista mucho de pretender vulnerar o lesionar al Pacto Federal o de restarle facultades al Senado. Por el contrario: es de sentido común concebir al Pacto Federal como un todo, en que soberanía y división política, territorial y administrativa de una república forman un vinculo indisoluble. De ahí que ahora nuestro partido replantee ante esta tribuna, que la Cámara de Diputados conozca, discuta y apruebe en su caso, el Tratado de Libre Comercio, así como otros tratados que pudiera convenir a la nación suscribir en el futuro. En nuestro concepto consideramos: que por encima de todos y de todo se encuentra la nación, por ser ésta la fuente de donde dimana toda facultad soberana y que, como consecuencia de ella, nosotros por mandato constitucional somos depositarios, no titulares de la misma. Esta es, por su propia naturaleza única, inalienable e indivisible. De esta forma, en función de sus características propias, el Congreso en sentido estricto es y debe manifestarse como una unidad indisoluble, por lo que bajo ningún concepto o argumento debemos seguir tolerando que una Cámara, en este caso la nuestra, sea reducida al papel de mera instancia de trámite para legalizar hechos consumados.

Lamentablemente el quehacer político ha vulnerado seriamente la vitalidad política y la vigencia real del Pacto Federal. La evolución y omnipresencia del partido oficial y de un presidencialismo que en los hechos va mucho más

allá de los límites constitucionales, han conducido a que el Poder Ejecutivo se sobreponga a la soberanía de los estados, y a que el Pacto Federal como tal, sea más vigente en la teoría del derecho constitucional, que en la práctica económica, política y judicial cotidiana. De ahí que el pacto no sea el simple resultado de una suma fría de entidades político - territoriales. Es más que eso: es la suma de voluntades y compromisos, en donde confluyen representantes y representados, quienes con su activa participación le dan cohesión y vigencia.

En su tercer Informe de Gobierno, el Ejecutivo Federal manifestó con relación al Tratado Trilateral de Libre Comercio, que el Senado realizó una amplia consulta pública. Se refirió también al establecimiento de 18 grupos para tratar los temas sustantivos del Tratado, así como la participación conjunta del gobierno con representantes de empresarios, obreros y campesinos en la discusión de estos temas. Asimismo y esto es de suma importancia, asumió públicamente el compromiso de mantener permanentemente informado al público, al Senado y a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, del estado de las negociaciones, reconociendo que los acuerdos a tomar influirían por años en el desenvolvimiento del país.

A estas fechas, 8 meses después del tercer Informe del Ejecutivo, cabe preguntarnos: ¿En donde esta la información prometida a las comisiones respectivas de esta Cámara? Y en el supuesto de que se nos informase ¿Estamos dispuestos a ser sujetos con voz, pero sin voto, a pesar de ser representantes de la nación?

Compañeras y compañeros diputados: no podemos, con nuestro silencio y pasividad, dejar de prestar atención activa y vigilante al proceso de negociaciones que en estos momentos se está llevando a cabo, como tampoco podemos conceder que tengan mayor representatividad que nosotros, que hemos sido electos por la vía del sufragio y calificados constitucionalmente como representantes de la nación, aquellos interlocutores seleccionados por el Ejecutivo como representantes de los sectores de la sociedad civil, piezas del neocorporativismo en boga que de ninguna manera suplen nuestra función de representantes populares. ¡Por supuesto que las organizaciones sociales, obreras, campesinas, empresariales deben estar representadas! Pero es justamente el Poder Legislativo, en su carácter de congreso bicamaral, el mas indicado para convocar y propiciar la participación verdaderamente representativa de la sociedad civil en la discusión, valoración y finalmente ratificación de un eventual Tratado de Libre Comercio, para lo cual, en su oportunidad, propondremos una serie de reformas al marco jurídico del Congreso, tendientes a democratizar las funciones y la actividad interna del mismo, reformas que incluirán disposiciones específicas para la fiscalización de los procesos de negociación de los tratados internacionales, así como uno de los medios de mayor legitimidad democrática para la participación popular en la toma de decisiones trascendentes: el referendum.

Tocante a la propuesta facultad de la Cámara de Diputados para fiscalizar a los grupos negociadores debemos decir lo siguiente: uno de los argumentos esgrimidos en contra de esta propuesta, es que la dicha participación vulneraría el poder de negociación de los grupos a los que se les ha encomendado esta delicada tarea por parte de México. Nosotros pensamos, por el contrario, que un grupo negociador obligado a obtener un proyecto de Tratado de Libre Comercio viable en términos de aprobación por parte de un Congreso realmente funcionante como Poder, en el que estén representadas, lo mas aproximadamente posible las distintas fuerzas políticas nacionales, puede emplear esta obligación como recurso de negociación, tal como de hecho ya ha venido actuando la parte negociadora norteamericana, particularmente con relación al tema de los energéticos, buscando obtener mayores concesiones de la parte mexicana. Por otra parte: ¿Quién le cree a un grupo negociador cuando declara que no puede ir más allá de determinado límite, siendo, como sería en el caso de que nuestras propuestas no fueran aceptadas, que el mencionado grupo negociador presentaría el proyecto ante un Senado en el que la representación de la pluralidad política realmente existente es extremadamente magra? Las posibilidades para un auténtico debate serían, en este caso, muy reducidas. Por lo que nuestro grupo negociador tendría que preocuparse por obtener un proyecto de Tratado de Libre Comercio aceptable para el Presidente, más que para la nación.

Ante todo reflexionemos: si estamos conscientes de que primero fue la nación, luego el derecho, cuyo perfeccionamiento permitió el nacimiento del Estado; luego entonces estaremos de acuerdo en que la soberanía es única, inalienable e indivisible, y si es indivisible no tenemos nosotros porque separarla. Por el contrario, si por motivos políticos ésta se ha dividido en dos cámaras, es nuestro deber reintegrarle su unidad como congreso, en toda decisión en la que se encuentren en juego nuestra soberanía, independencia y futuro.

La soberanía esta íntimamente ligada a la voluntad general y ésta, para asumir un compromiso de la magnitud y trascendencia del proyectado Tratado Trilateral de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos de América, cuyas negociaciones parecen estar a punto de concluir, deben manifestarse en forma plena y no limitada, por que de su libre expresión nace la voluntad social de comprometerse. De no ser así, este compromiso nacerá viciado, como viciada estará su voluntad por haberse producido a partir de un acuerdo popular, vertical y centralista, en el que unos cuantos se autocalificaron como legítimos representantes de la Nación.

La soberanía tiene poder de autodeterminación y de autolimitación, participemos, pues, en este tratado, que participe la sociedad, que participe la nación, a fin de que tengamos todos una clara conciencia de las obligaciones contraídas y de los derechos adquiridos, en este nuevo desafío que enfrentamos, sopesando todos los intereses en juego, con objeto de diferenciar con toda claridad los intereses nacionales de aquellos de naturaleza particular.

En todo acto de trascendencia histórica la soberanía manifiesta el ser, el modo de ser y el querer ser de una nación, en el querer ser reflejamos nuestras aspiraciones e ideales no como individuos sino como colectividad, como nación. En este tratado se sintetizan presente, pasado y futuro. ¿Cómo abordar el futuro? Sin la voluntad expresa de la nación en sus convergencias y en sus divergencias resultaría temerario.

En este recinto y durante esta Legislatura hemos modificado, sin ser constituyente, la esencia de los constituyentes de 1857 y de 1917. Seamos pues congruentes con nuestros actos, participemos en el Tratado de Libre Comercio devolviéndole así a la soberanía, su unidad primigenia.

Un congreso conformado por dos cámaras debe conocer, revisar, discutir y en su caso aprobar, en forma bicamaral no sólo este tratado, sino todos aquellos de igual o mayor trascendencia que se produzca en el ámbito internacional de los cuales seamos potenciales suscriptores.

Por los motivos aquí expuestos, refrendando el interés del grupo parlamentario de nuestro partido en la LIV Legislatura, cuya propuesta de modificación constitucional relativa actualizamos y precisamos, planteando a esta honorable Cámara de Diputados que se reformen los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo como de los artículos 2o. fracción I, párrafo segundo y fracción II así como al artículo 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados por la íntima vinculación que guardan con la presente iniciativa para quedar en los siguientes términos:

DECRETO

Artículo primero. Se adiciona el artículo 73 con las fracciones XXIX - I y XXIX - J y se reforman el párrafo I del artículo 76, el primer párrafo de la fracción X del artículo 89 y el primer párrafo del artículo 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73 ..

XXIX - H ..

XXIX - I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

XXIX - J. Aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo Federal y conocer de todos los acuerdos interinstitucionales de orden internacional que celebren las distintas autoridades competentes del país con apego a los principios constitucionales que rigen las relaciones del Estado mexicano con el exterior. Cuando éstos instrumentos internacionales sean de carácter económico o comercial, se buscará que favorezcan con un sentido democrático el desarrollo armónico de la Federación, así como el de las entidades federativas y municipios.

Artículo 76 ..

I. Aprobar las convenciones de carácter diplomático que celebre el Ejecutivo de la Unión.

Artículo 89 ..

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Congreso..

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del Congreso en su caso, serán Ley Suprema de toda la Unión..

Artículo Segundo. Se modifica el artículo 2o. , fracción I, párrafo segundo y el artículo 4o. y

se adiciona el primer párrafo de la fracción II del ya referido artículo 2o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados; para quedar como sigue:

Artículo 2o. fracción I, párrafo segundo.

De conformidad con la fracción XXIX - J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Congreso y serán Ley Suprema de toda la Unión..

Fracción II. "Acuerdo Interinstitucional" es el convenio regido por el Derecho Internacional Público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, culaquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado, con conocimiento del Congreso.

Artículo 4o. Los tratados que se sometan al Congreso para los efectos de la fracción XXIX - J de la Constitución, se turnarán a Comisión en los términos de la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad la resolución del Congreso se comunicará al Presidente de la República.

Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México Distrito Federal a 14 de Junio de 1992.

Diputados: Rosa Albina Garavito Elías, Gilberto Rincón Gallardo, Ricardo Valero, Jorge Calderón Salazar, Juan Hernández Mercado, Carlos González Durán y Alejandro Encinas Rodríguez."

El Presidente: - Túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULOS 60, 74 Y 81 CONSTITUCIONALES

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de reformas al artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EL diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores Diputados: Gabriel Jiménez Remus y Juan de Dios Castro Lozano, diputados federales de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, venimos respetuosamente por conducto de ustedes y ante el órgano a que hace referencia al Artículo 135 de la Constitución General de la República, a presentar iniciativa de reformas a los artículos 60, 74 y 81 de la Constitución General de la República.

Dado que es extensa la exposición de motivos voy a solicitar de la Presidencia disponga se incluya en el Diario de los Debates y voy a dar lectura únicamente al contenido de la reforma que es en los siguientes términos:

"Honorable Cámara de Diputados. - Presente.

Gabriel Jiménez Remus y Juan de Dios Castro Lozano, diputados Federales en la LV Legislatura del Congreso de la Unión, ante ustedes atenta y respetuosamente comparecemos y decimos:

Que con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República y la Fracción II del artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso, por conducto de esa honorable Cámara y ante el órgano a que hace referencia el artículo 135 de la Constitución General de la República, presentó iniciativa de reformas a los artículos 60, 74 y 81 de la Constitución General de la República.

Fundamos nuestra iniciativa en las siguientes

CONSIDERACIONES

Primero. El actual artículo 60 de la Constitución Federal otorga al Colegio Electoral la facultad de calificar las elecciones federales para Presidente de la República, diputados y senadores al Congreso de la Unión, siguiendo el principio sostenido durante muchos años de que corresponde a las cámaras calificar las elecciones de sus propios miembros. Lo anterior, aceptado durante décadas, contraviene el principio de derecho que dice que nadie puede ser juez de su propia causa, pues los presuntos diputados y senadores del Colegio Electoral califican la elección de sus propios casos, convirtiéndose de esta manera en juez y parte y dado el actual sistema político que priva en nuestro país, donde un partido oficial controla la mayoría del Congreso y la mayoría del Colegio Electoral, la actuación de este no es la de una objetiva y justa valoración de los elementos de prueba que obran en los expedientes de cada caso electoral que le toca calificar, sino el acatamiento ciego a la

consigna o la decisión tomada en la principal oficina política del poder Ejecutivo.

Segundo. El Partido Acción Nacional desde 1947 presentó ante el órgano a que se refiere el artículo 135 de la Constitución, una iniciativa de reformas al artículo 60 de la Constitución para crear el tribunal federal de elecciones. Desde entonces a la fecha, ha habido distintas reformas electorales que han encomendado a diversos órganos dicha calificación, predominando en todos los casos el Colegio Electoral, incluyendo la reforma de 1988 en la que se dio participación amplia al tribunal federal electoral, pero dando la palabra última en la calificación al Colegio Electoral.

Tercero. Es necesario el establecimiento del Tribunal Federal de Elecciones para que la calificación este en manos de buenos jueces. En ello esta la preservación del régimen democrático la efectividad del derecho y la confianza del pueblo en que las autoridades y los gobernantes se deriven precisamente del ejercicio del sufragio popular para hacer vigente, en la realidad, el contenido del artículo 39 constitucional. No son pocas las dificultades que hay que superar para lograr una integración imparcial del tribunal. Los ensayos que hasta ahora se han realizado han fracasado. En efecto en el Tribunal Federal Electoral que actualmente contempla nuestra legislación electoral, los magistrados son electos por la Cámara de Diputados pero únicamente de las propuestas que hace el Presidente de la República y si bien en teoría puede resultar aceptable, el resultado de la última elección, por las características mismas del Código Federal Electoral en materia de valoración de prueba y con las resoluciones de estricto derecho, muy pocos cambios hicieron las resoluciones del tribunal y cuando mucho prosperó un solo recurso de queja. No quiero, porque no es el momento ni el medio, hacer juicios de valor sobre la actuación del tribunal, pienso que el funcionario que da consignas a un magistrado para fallar cualquier cuestión en el sentido que le indica, se convierte en cómplice de ese atentado y merece la reprobación pública, que obviamente se extiende al funcionario que ha acatado la presión. En esta iniciativa pretendo recoger nuestra propuesta inicial de 1947 de que el Tribunal Federal de Elecciones se integre, a parte de con las propuestas de los tres principales partidos políticos registrados, con la intervención mayoritaria de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que por insaculación hecha ante el pleno de la corte deben integrar este tribunal. Los integrantes del Tribunal Federal de Elecciones actuaran por una sola vez y se disolverán al concluir la calificación respectiva. La apreciación de los hechos y las sentencias las hará con arreglo a derecho. Sus decisiones calificando una elección, serán definitivas e inatacables. Si el tradicional rechazo que el poder judicial tiene y sobre todo la corte, para intervenir en los procesos electorales porque, se dice, el poder judicial federal se debe mantener alejado de las controversias que se suscitan entre los partidos con motivo de una contienda electoral. Sin embargo, debo aclarar, que no pretendemos que sea la corte la que intervenga, sino solo algunos de sus ministros que quedarán desvinculados de ella en el caso en que les toque ser insaculados para formar parte del tribunal federal. Esta iniciativa trae como consecuencia la consiguiente reforma de los artículos 81 y 74 fracción I de la Constitución.

En mérito de lo expuesto, presentamos esta iniciativa de reformas a los artículos 60, 74 y 81 de la Constitución para quedar en los siguientes términos:

Artículo primero. Se sustituye el texto actual del artículo 60 de la Cosntitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el siguiente:

Artículo 60. Calificará las elecciones de diputados y senadores al Congreso de la Unión, el Tribunal Federal de Elecciones que será constituido con arreglo a este artículo no antes de los 30 ni después de los 15 días previos al señalado para una elección, tendrá su sede en la capital de la República y se disolverá al concluir la calificación respectiva.

El tribunal será integrado por cuatro miembros designados por insaculación de entre los ministros en ejercicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por otros tres, designados por el mismo método, de una lista formada con las propuestas unitarias que deberán hacer cada uno de los partidos políticos registrados con intervención en la elección de que se trate. El cargo de miembro del tribunal será irrenunciable e irrevocable. En caso de muerte o de impedimento físico insuperable de alguno de los miembros del tribunal, será designado un sustituto por nueva insaculación hecha entre las personas de la misma lista de que hubiera formado parte el miembro del tribunal impedido o muerto.

Los ministros de la Suprema Corte designados para integrar el tribunal, dejarán de ejercer sus funciones en la corte durante su actuación en este. Las personas propuestas por los partidos deberán ser abogados en ejercicio de sus derechos, de probidad reconocida y de recto e informado

criterio, que no hayan desempeñado en los cinco años anteriores a su designación puestos de elección popular, ni empleos o cargos públicos de la federación, los estados, empresas descentralizadas o de participación estatal mayoritaria.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión plena, hará las insaculaciones y tomará la protesta a los miembros del tribunal. Estos tendrán la misma jerarquía, la misma compensación y las mismas garantías que los ministros de la corte, y como ellos, estarán sujetos a la responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto.

El tribunal apreciará los hechos y sentenciará con arreglo a derecho, consignará a las autoridades competentes los hechos constitutivos de delito de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Sus decisiones calificando una elección serán definitivas e inatacables. Sus audiencias serán públicas.

Los tribunales de circuito, los juzgados de distrito, así como las autoridades judiciales locales en auxilio de estos, y los funcionarios federales dependientes del Ejecutivo, deberán desahogar dentro de su jurisdicción, las diligencias que el tribunal les encomiende. El tribunal sin limitación alguna puede allegarse toda clase de pruebas. El Ejecutivo Federal, los ejecutivos de los estados y las autoridades municipales, quedan obligados a prestarle, cuando lo solicite, el auxilio de la fuerza pública.

El tribunal designará el personal necesario para sus labores y formulará y ejercerá su propio presupuesto dentro de la partida relativa que exista o se cree en el presupuesto de egresos de la federación. Deberá concluir sus labores en un plazo no mayor de 90 días después de una elección ordinaria o de 30 días después de una extraordinaria, y calificará también, las elecciones que deban repetirse por nulidad de las que motivaron su instalación. En un plazo no mayor de 10 días a partir de aquel en que concluya la calificación, el tribunal presentará al Congreso y hará público un informe del cumplimiento de su encargo y del ejercicio de su presupuesto.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactado en los siguientes términos:

Artículo 81. La elección del Presidente será directa, en los términos que disponga la Ley Electoral y será calificada por el Tribunal Federal de Elecciones.

Artículo tercero. Se deroga la fracción I del artículo 74 de la Constitución.

México, Distrito Federal 13 de julio de 1992. - Diputados: Juan de Dios Castro Lozano y Gabriel Jiménez Remus.»

El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Población. En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo .. Se dispensa la lectura al dictamen.

«Comisión de Población y Desarrollo.

Honorable asamblea: a la Comisión de Desarrollo fue turnada para su estudio y dictamen la minuta que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Población; iniciativa que fue sometida por el titular del Poder Ejecutivo Federal a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Senadores, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El expediente contiene también el dictamen elaborado al respecto por las Comisiones Unidas: Segunda de Gobernación; de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, segunda sección, de la honorable Cámara de Senadores.

Con fundamento en los artículos 72 constitucional; 50, 56, 62 y 64 de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87, 88 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior, y a partir del análisis efectuado en esta comisión, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

DICTAMEN

1. Fundamento Constitucional

De conformidad con la fracción XVI del artículo 73 de la Carta Magna, el Congreso de la Unión está facultado para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración general de la República.

Conforme a dicha atribución el Poder Legislativo Federal expidió la Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974. Como en ella se establece se trata de un instrumento cuyas disposiciones "son de orden público y de observancia general en la República", cuyo "objeto es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social".

De ello se desprende que se trata de un ordenamiento que permite conocer y atender los fenómenos demográficos que se producen en el país, como un factor indispensable en el sistema de la planeación nacional de desarrollo.

Nuestra Carta Magna da prioridad a una política integral de población en el país al señalar que es preciso obtener la información necesaria de las personas que se encuentran en el territorio nacional, sean nacionales, ciudadanos o extranjeros, así como que es necesario conocer el número de nacionales con capacidad de ejercicio de sus prerrogativas inherentes a la ciudadanía.

En ese tenor, el capítulo II del título I de la Constitución General de la República, denominado "De los Mexicanos", está dedicado íntegramente al señalamiento de quiénes son nacionales del Estado mexicano y la forma de obtener esa calidad, así como sus obligaciones y algunas de sus prerrogativas.

En el capítulo III de este mismo título se dispone quiénes tienen la calidad de extranjeros y su catálogo básico de derechos y obligaciones. Por su parte, el capítulo III del título que se cita, señala los elementos que configuran la calidad de ciudadanos mexicanos, sus prerrogativas y obligaciones, así como las cuestiones que conllevan a la pérdida de la nacionalidad mexicana o de la ciudadanía mexicana y la suspensión de sus prerrogativas.

Por otra parte, en la fracción I del artículo 36 constitucional se adicionó a la obligación de los ciudadanos de inscribirse en el catastro de la municipalidad en que habite, el deber de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, dependencia que expedirá el documento que acredite la ciudadanía mexicana.

Adicionalmente, vale destacar que el decreto publicado el 6 de abril de 1990, con las reformas aprobadas por el constituyente permanente a los artículos 5o., 35, 36, 41, 54, 60 y 73 de la Constitución General de la República, se remitieron al octavo párrafo del artículo 41, como atribuciones del organismo público encargado de la función estatal de organizar las elecciones federales "las actividades relativas al padrón electoral".

II. Del Proceso de Dictamen

De conformidad con el mandato legal y atendiendo al acuerdo parlamentario suscrito con fecha 21 de noviembre de 1991 entre los diversos partidos políticos representados en las cámaras del Congreso de la Unión, que permite la celebración de reuniones en conferencia para conocer las iniciativas de ley o de decreto que se reciben en esta Cámara de Diputados y la honorable Colegisladora, se designaron sendas comisiones para intercambiar puntos de vista entre senadores y diputados sobre la iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Población.

Dichas labores se iniciaron el jueves 2 del mes en curso, cuando se instaló la conferencia y en la que se distribuyó la iniciativa. Asimismo, se acordó invitar al señor licenciado Miguel Limón Rojas, subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, con objeto de dialogar sobre el contenido, alcances y propósitos de esta propuesta de reforma legal.

La comparecencia de dicho servidor público federal ante las comisiones de la cámara para los trabajos en conferencia se llevó a cabo el 6 de julio y en ella fue posible que los legisladores asistentes plantearan las consideraciones que estimaron oportunas.

A este respecto, la comisión estima conveniente mencionar que la disposición de diálogo y colaboración que permea los trabajos de esta legislatura

permitió introducir diversas modificaciones al texto original de la iniciativa enviada por el Ejecutivo que enriquecieron sus propósitos originales y refuerzan su estructura. Entre ellas, se destaca la propuesta presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional que crea la figura del Comité Técnico Consultivo como instancia de representación ciudadana ante el Registro Nacional de Ciudadanos, con las funciones que establezca el reglamento de la ley.

Recogemos también la propuesta del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que la comisión considera puede ser atendible en el reglamento de la ley referida a la pertinencia de que el Registro Nacional de Población inscriba a los mexicanos desde su nacimiento y que cuando éstos soliciten su inscripción en el Registro Nacional de Ciudadanos, este organismo sea el que provea el formato respectivo con los espacios técnicos necesarios.

En la relación a la Cédula de Identidad Ciudadana, dicho diputado señaló que para efectos reglamentarios en el caso de las cédulas que se expidan para menores de siete años, además de los datos señalados por la ley, debería incluir nombres y huellas de los pulgares de los menores así como de los padres, tutores, o quien ejerza la patria potestad.

Tanto en esa reunión, como en los intercambios de puntos de vista y opiniones que se dieron entre los legisladores designados por ambas cámaras para esta labores y en el seno de ésta, la Comisión Dictaminadora obtuvo elementos de juicio que enriquecieron su criterio para la formulación del presente dictamen.

III. Antecedentes y Propuestas de las Reformas y Adiciones

La aspiración de contar con un registro que permita conocer en forma actualizada y oportuna el volumen y composición de la población mexicana y de los extranjeros que habitan en el territorio nacional data de varias décadas. Su primer antecedente legislativo lo encontramos en la Ley de Identificación Personal de 1933.

Posteriormente, la Ley General de Población de 1947 atribuyó a la Secretaría de Gobernación las facultades de estudiar y resolver los problemas demográficos del país, así como de conformar el Registro de Población e Identificación Personal, con la función de organizar oficinas locales coordinadas por un organismo central de carácter normativo. En este período se estableció la Cédula de Identificación Personal, como un instrumento público que hace prueba fehaciente de la identidad de su titular.

La atención otorgada en la década de los setenta al tema de la población, como detonante del desarrollo dio como resultado que el Poder Ejecutivo Federal propusiera al Congreso de la Unión la iniciativa que creó la Ley General de Población en vigor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, con lo que, además de favorecer el registro de población, se consolidó la experiencia y la información acumulada para establecer una política nacional de población integral, coordinada y participativa.

La Ley General de Población asigna a la Secretaría de Gobernación, la implementación y operación del Registro de Población e Identificación Personal, así como la función de coordinar los métodos de identificación y registro que utilizan las distintas dependencias de la administración pública federal, en dirección a facilitar la identificación personal y expedita de la población.

Sin embargo, es hasta 1982 cuando se instrumenta el Registro Nacional de Población, diseñando una clave de identificación personal, que a través de las diversas oficinas del Registro Civil en los estado de la República y en el Distrito Federal, ha asignado, de 1982 a la fecha dicha clave a más de 27 millones de mexicanos.

La innegable importancia del Registro Civil como una de las instituciones más antiguas del país en materia de acreditación y de fe de actos civiles de la población sustenta el propósito de la iniciativa en comento de constituirlo en la columna vertebral del Registro Nacional de Población. En el caso específico de la figura del Registro Nacional de Ciudadanos, su antecedente más reciente se encuentra en las audiencias públicas convocadas en 1989 por la Comisión Federal Electoral.

Con los antecedentes mencionados, de ser aprobados por esta soberanía, las modificaciones y adiciones a la Ley General de Población se profundizará y facilitará el avance en el proyecto de modernización de la política poblacional que, como los precedentes lo indican, es una antigua aspiración del Estado mexicano.

Mediante la propuesta se inducen elementos para reforzar los programas en materia poblacional y para modernizar sus sistemas administrativos, como respuesta a la necesidad de afrontar con elementos técnicos adecuados y con

voluntad política, las tareas de desarrollo de los sistemas que facilitan la información y el aprovechamiento actualizado del potencial humano del país.

Las reformas y adiciones sometidas a la consideración de esta asamblea han sido analizadas por la Comisión Dictaminadora, desde la perspectiva de que la Ley General de Población vigente constituye un cuerpo jurídico integral, por lo que estimamos que enriquecen sustancialmente los elementos jurídicos y administrativos con que cuenta el Estado mexicano para elaborar y ejecutar su política en la materia.

De esta manera, al perfeccionarse la política nacional de población se busca satisfacer dos aspiraciones ciudadanas: en primer lugar, consolidar la información poblacional con que se dispone para la elaboración de los planes nacionales de desarrollo y las diversas políticas públicas del Estado. A nadie escapa la utilidad que tiene para la planeación nacional, regional, estatal y municipal, así como para el desenvolvimiento económico, social, cultural y político del país, conocer con certeza cuantos mexicanos somos, la composición por edades y sexos y en dónde nos ubicamos a lo largo del territorio nacional.

Partiendo de la premisa de que la población es el recurso básico para el desarrollo y su beneficiario, su tratamiento objetivo, informado y eficaz permitirá una mayor interacción entre la política de población y las estrategias económica y sociales, lo cual es de la mayor importancia, dadas sus implicaciones directas sobre el bienestar social.

Por otra parte, reforzarán las acciones de integración de los pobladores de las regiones étnicas, rurales y marginales al permitirles la accesibilidad para acreditar jurídicamente su condición ciudadana, a través de la creación del instrumento del cual carecen ahora.

Ambos aspectos se cumplirán con el concurso de estados y municipios en los términos previstos por la propia ley bajo el principio de la coordinación inherente al Pacto Federal.

El registro Nacional de Población podrá, con ello, contar con la información objetiva y veraz que requiere el desarrollo nacional; facilitará la identificación de las personas, a fin de agilizar la realización de los trámites de diversa índole en que intervengan y se fortalecerá la seguridad jurídica de los actos en que participen los ciudadanos.

Por su parte, la Cédula de Identidad Ciudadana vendrá a llenar una laguna del sistema jurídico mexicano, ya que hasta la fecha es común el uso de los más diversos documentos para demostrar su calidad de mexicanos y para ejercer sus derechos políticos y civiles. Como ejemplo, es posible constatar que aún en trámites judiciales, las personas suelen identificarse, entre otras, con credenciales de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, cédulas profesionales, licencias de manejo de automóviles, así como otros documentos. Incluso, en el caso de carencia de todo tipo de identificación suele recurrirse a las llamadas "firmas de conocimiento" para el cobro de cheques y giros postales.

Con las reformas propuestas a las Ley General de Población, se tiende a llenar esa laguna en materia de identificación fehaciente. De ahí que la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana podrá facilitar todo tipo de transacciones, inclusive entre particulares; su posesión además permitirá la identificación del titular, cuando se encuentre en el extranjero y, en el país, permitirá regularizar la situación de numerosos grupos sociales que aún carecen de acta de nacimiento.

En suma, con la estructura y funciones del Registro Nacional de Ciudadanos, se podrá acreditar con la mayor certeza jurídica la calidad de mexicanos y las de ciudadanos de la República, a nuestra población, cristalizando la filosofía de la igualdad ante la ley para todas las personas de todos los grupos sociales del país.

IV. Contenido del proyecto de decreto.

De las diversas reuniones de trabajo celebradas en conferencia con la Cámara de Senadores, en las que participó esta Comisión Dictaminadora, se concluyó en la pertinencia de proponer diversas modificaciones a la iniciativa remitida por el titular del Poder Ejecutivo Federal, y aprobadas por el pleno senatorial en su sesión del 9 de julio del año en curso, en los términos siguientes:

a) Artículo 96. En este artículo, que establece las obligaciones a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de información pertinente para la Secretaría de Gobernación con respecto a la formación del Registro Nacional de Población, por razones de consistencia conceptual con su naturaleza integradora, se estimó conveniente que al hablar del listado de los mexicanos residentes en el extranjero, modificar

su redacción para especificar que es un apartado del Registro Nacional de Población. Su redacción quedó como sigue:

"La Secretaría de Relaciones Exteriores informará a la de Gobernación sobre las expedición y cancelación de cartas de naturalización, certificados de nacionalidad y renuncias a la nacionalidad que reciba. De igual manera, proporcionará la información necesaria para que los mexicanos residentes en el extranjero, queden incorporados al Registro Nacional de Población".

b) Artículo 98. En esta disposición que preceptúa la obligación constitucional ciudadana de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana se consideró pertinente dotar a dicho organismo de un Comité Técnico Consultivo, en los términos que establezca el reglamento. Por lo cual se adicionó un segundo párrafo en los siguientes términos:

"El Registro Nacional de Ciudadanos contará con el apoyo de un Comité Técnico Consultivo, en los términos que establezca el reglamento".

c) Artículo 109. En este precepto, que señala las diversas razones por las cuales deberá renovarse la Cédula de Identidad Ciudadana, se añadió a lo propuesto en la iniciativa que la vigencia máxima de este documento sea de 15 años, por los cual la renovación de este documento se efectuaría, entre otras hipótesis:

"A más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia, la cual no podrá exceder de 15 años."

d) Modificaciones de forma a los artículos 92, 101 y 111.

Toda vez que en los artículos 92 y 101 se hace referencia a la Administración Pública, se consideró pertinente precisar que se trata de la "Administración Pública Federal".

Al revisar el texto del artículo 111 de la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Población, se estableció la conveniencia de que el reglamento a que se refiere para señalar los términos de que la expedición de un documento de identificación a los mexicanos menores de 18 años, es precisamente el "reglamento de esta ley".

e) Artículo 125. Conforme al corrimiento que se hace de los actuales artículos 93 a 124 de la Ley General de Población, para pasar a ser 113 a 114 del mismo ordenamiento, el texto del actual artículo 105 pasará a ser el texto del artículo 125, toda vez que en dicho precepto se dispone como sanción a los extranjeros que incurran en las hipótesis previstas en los actuales artículos 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107 y 118, la cancelación de su calidad migratoria, así como su expulsión del país, el texto revisado del artículo 125 señala lo siguiente:

"Artículo 125. Al extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127 y 138 de esta ley, se le cancelará la calidad migratoria y será expulsado del país, sin perjuicio de que se le apliquen las penas establecidas en dichos preceptos".

Por lo anterior, el proyecto de decreto sometido a consideración de esta asamblea y si tiene a bien externar su aprobación, permitirá reubicar algunos artículos de la Ley General de Población; se dará un nuevo contenido al capítulo VII y se introducirán adecuaciones en otros de sus preceptos.

Conforme a la iniciativa, quedará explícita la facultad de la Secretaría de Gobernación para integrar y operar el Registro Nacional de Población y para expedir la Cédula de Identidad Cuidadana. Ambas facultades serán consideradas servicios de interés público a cargo del estado, para cuyo cumplimiento los ciudadanos mexicanos tendrán la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos.

El Registro Nacional de Población se compondrá de dos secciones: la primera, integrada por los registros Nacionales de Ciudadanos y de Menores de Edad y; la segunda, compuesto por el Registro de los Extranjeros residentes de la República Mexicana.

Este registro de integrará con base en el catálogo de extranjeros residentes en la República, conforme a los datos de carácter migratorio que obren en la Secretaría de Gobernación.

El Registro de los Menores de Edad se conformará con los datos que se recaben de los registros civiles de todo el país. Para su conformación, la Secretaría de Gobernación podrá celebrar convenios con las autoridades de los estados. Mediante dichos convenios se podrá uniformar la normatividad de los métodos y los procedimientos técnicos de registro; se recabará información permanente de nacimientos y defunciones y se acordará que en las actas de nacimiento se incluya la clave única de Registro del Población. Para ello, serán considerados como auxiliares de la Secretaría de Gobernación a las

autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios.

A su vez, las autoridades judiciales deberán informar a la referida dependencia federal, sobre las resoluciones que emitan y que afecten los derechos ciudadanos o que impliquen modificación de los datos del registro de las personas.

Con el propósito de coadyuvar en la actualización del Registro Nacional de Ciudadanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores informará a la de Gobernación sobre el otorgamiento y cancelación de las cartas de naturalización que le competen y sobre los certificados de nacionalidad y renuncias a ésta que reciba. Asimismo, proporcionará los datos pertinentes para integrar el registro de mexicanos residentes en el extranjero.

Respecto al capítulo VI, éste contiene nuevas disposiciones que regularán las funciones propias del Registro Nacional de Ciudadanos y el pronunciamiento de elaboración y expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana.

Para la inscripción en dicho registro, los ciudadanos deberán presentar su solicitud y entregarán copia certificada de su acta de nacimiento o, según sea el caso, de su certificado de nacionalidad o de la carta de naturalización que se le haya extendido. La iniciativa establece también que si un ciudadano no puede entregar la copia certificada de su acta de nacimiento, este requisito podrá satisfacerse con otros documentos que garanticen la veracidad de los datos personales del solicitante.

Para alcanzar el propósito de lograr un registro fidedigno de los ciudadanos, la Secretaría de Gobernación estará facultada para verificar los datos relativos a la identidad de las personas, confrontándolos con los que obren en los archivos propios de las dependencias o entidades de la administración pública federal. En el caso de constatar alguna irregularidad la Secretaría de Gobernación podrá suspender el registro. Sin embargo, deberá efectuar aclaraciones que procedan cuando así lo solicite el interesado. Cuando no haya duda en la identidad, la Secretaría expedirá a cada persona su Cédula de Identidad Ciudadana, como instrumento de valor probatorio ante todas las autoridades mexicanas, dentro o fuera del país, y ante personas físicas o morales domiciliadas dentro del territorio nacional.

Se propone que la Cédula de Identidad Ciudadana contenga los siguientes elementos:

a) Apellido paterno, materno y nombres;

b) Clave única del Registro de Población;

c) Fotografía del titular;

d) Mención del lugar y fecha de nacimiento, y

e) Firma y huella dactilar.

La cédula deberá renovarse 90 días antes de que concluya su vigencia; cuando se deteriore con el uso, o cuando los rasgos físicos de la persona cambien, de modo que no correspondan con los que aparecen en la fotografía de la misma. En caso de extravío de la cédula, el titular deberá notificar a la Secretaría de Gobernación, para que se proceda a su reposición.

Toda vez que las reformas facilitan la identificación de las personas en la realización de trámites administrativos o en la celebración de actos jurídicos, expresamente el artículo 106 determina que ninguna persona podrá ser sancionada por la no portación de la Cédula de Identidad Cuidadana.

Por otra parte, para apoyar la integración de los diversos instrumentos electorales la Secretaría de Gobernación quedará obligada a proporcionar al Instituto Federal Electoral la información que conste en el Registro Nacional de Ciudadanos. Idéntica obligación tendrá respecto de las demás dependencias y entidades que requieran información de este registro para el ejercicio de sus atribuciones.

También, la Secretaría de Gobernación podrá establecer las normas, los métodos y los procedimientos necesarios para cumplir con las funciones y los propósitos del Registro Nacional de Ciudadanos, así como de la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana.

En los dos primeros artículos transitorios que contiene la iniciativa, se dispone la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de las reformas a la Ley General de Población así como la derogación de las disposiciones que a ellas se oponga.

En la tercera disposición transitoria se señala que la Secretaría de Gobernación publicará en el Diario Oficial de la Federación el programa para el establecimiento e inicio de las funciones del Registro Nacional de Ciudadanos.

El cuarto y último artículo transitorio de decreto que se analiza, dispone que el Instituto Federal

Electoral proporcionará la información que se requiere para el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos y recoge la propuesta de un senador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, formulada durante el debate en pleno del dictamen en el Senado, de que "en tanto no se expida la Cédula de Identidad Ciudadana, la credencial para votar podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos de acuerdo a los convenios que para tal efecto celebre la autoridad electoral". Esta adición fue aprobada por responder así al sentir de los legisladores representantes de los diversos partidos políticos.

En virtud de lo expuesto y fundado, nos permitimos solicitar de esta asamblea la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Artículo único. Se reforman los artículos 85 a 92; se recorren en su orden el capítulo VII y sus artículos 93 a 124, para pasar a ser capítulo VIII y artículos 113 a 144, respectivamente, reformándose el artículo 125; se adicionan los artículos 93 a 112; se reforma la denominación del capítulo VI que comprende los artículos 85 a 96, y se adiciona un capítulo VII que comprende de los artículos 97 a 112, de la Ley General de Población, para quedar como sigue;

CAPÍTULO VI

Registro nacional de población.

Artículo 85. La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.

Artículo 86. El Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad.

Artículo 87. En el Registro Nacional de Población se inscribirá:

I. A los mexicanos, mediante el Registro Nacional de ciudadanos y el Registro de menores de Edad; y

II. A los Extranjeros, a través del Catálogo de los extranjeros residentes en la República Mexicana.

Artículo 88. El Registro Nacional de Ciudadanos se integra con la información certificada de los mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su inscripción en los términos establecidos por esta ley y su reglamento.

Artículo 89. El Registro de Menores de Edad, se conforma con los datos de los mexicanos menores de 18 años, que se recaben a través de los registros civiles.

Artículo 90. El catálogo de los extranjeros residentes en la República Mexicana se integra con la información de carácter migratorio existente en la propia Secretaría de Gobernación.

Artículo 91. Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población se le asignará una clave que se le denominará clave única de registro de población. Esta servirá para registrarla e identificarla en forma individual.

Artículo 92. La Secretaría de Gobernación establecerá las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población. Así mismo, coordinará los métodos de identificación y registro de las dependencias de la administración pública federal.

Artículo 93. Las autoridades locales contribuirán a la integración del Registro Nacional de Población.

Al efecto la Secretaría de Gobernación celebrará con ellas, convenios con los siguientes propósitos:

I. Adoptar la normatividad a que se refiere el artículo anterior:

II. Recabar la información relativa a los nacimientos y defunciones de las personas a fin de integrar y mantener permanentemente actualizado el Registro Nacional de Población, y

III. Incluir en el acta correspondiente la Clave Única de Registro de Población al registrar el nacimiento de las personas.

Artículo 94. las autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan en materia de registro de población.

Artículo 95. las autoridades judiciales deberán informar a la Secretaría de Gobernación sobre

las resoluciones que afecten los derechos ciudadanos, o que impliquen modificar los datos del registro de la persona.

Artículo 96. La Secretaría de Relaciones Exteriores informará a la de Gobernación, sobre la expedición y cancelación de cartas de naturalización, certificados de nacionalidad y renuncias a la nacionalidad que reciba. De igual manera proporcionará la información necesaria para que los mexicanos residentes en el extranjero, queden incorporados al Registro Nacional de Población, en los términos establecidos por el reglamento.

CAPITULO VII

Registro nacional de ciudadanos y cédula de identidad ciudadana.

Artículo 97. El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana son servicios de interés público que presta el estado, a través de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 98. Los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana. El Registro nacional de Ciudadanos contará con el apoyo de un Comité Técnico Consultivo, en los términos que establezca el reglamento.

Artículo 99. para cumplir con la obligación establecida en el artículo anterior, los ciudadanos deben satisfacer los siguientes requisitos

I. Prestar la solicitud de inscripción correspondiente; y

II. Entregar copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, del certificado de nacionalidad o de la carta de naturalización.

Artículo 100. En los casos en que por causas fundadas el ciudadano no pudiera entregar la copia certificada del acta de nacimiento, podrá ser sustituida por los documentos que garanticen fehacientemente la veracidad de los datos personales del interesado, conforme lo disponga el reglamento de esta ley.

Artículo 101. La Secretaría de Gobernación podrá verificar los datos relativos a la identidad de las personas, mediante la confrontación de los datos aportados por los ciudadanos con los que consten en los archivos correspondientes de dependencias y entidades de la administración pública federal que, para el ejercicio de sus funciones, tengan establecidos procedimientos de identificación personal.

Las dependencias y entidades que se encuentren en el supuesto anterior estarán obligadas a proporcionar la información que para este efecto solicite la Secretaría de Gobernación.

Artículo 102. Cuando la Secretaría de Gobernación encuentre alguna irregularidad en los documentos presentados por el interesado, suspenderá el registro correspondiente e informará por escrito las causas por las cuales no procede su trámite.

Los ciudadanos que estén en el supuesto anterior, podrán solicitar ante la Secretaría de Gobernación la aclaración respectiva, en los términos establecidos en el reglamento correspondiente.

Artículo 103. Una vez cumplidos los requisitos establecidos, la Secretaría de Gobernación deberá expedir y poner a disposición del ciudadano la respectiva Cédula de Identidad Ciudadana.

Artículo 104. La Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular.

Artículo 105. La cédula de Identidad Ciudadana tendrá valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país.

Artículo 106. Ninguna persona podrá ser sancionada por la no portación de la Cédula de Identidad Ciudadana.

Artículo 107. La Cédula de Identidad Ciudadana contendrá cuando menos los siguientes datos y elementos de identificación.

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre(s);

II. Clave Única de Registro de Población;

III. Fotografía del titular;

IV. Lugar de nacimiento;

V. Fecha de nacimiento; y

VI. Firma y huella dactilar.

Artículo 108. Corresponde al titular de la Cédula de Identidad Ciudadana su custodia y conservación.

Artículo 109. La Cédula de Identidad Ciudadana deberá renovarse;

I. A más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia; la cual no podrá excederse de 15 años;

II. Cuando esté deteriorada por su uso; y

III. Cuando los rasgos físicos de una persona cambien de tal suerte que no se correspondan con los de la fotografía que porta la cédula.

En todos los casos, el portador deberá devolver la Cédula de Identidad Ciudadana anterior al momento de recoger la nueva.

Artículo 110. Cuando a un ciudadano se le extravíe o destruya su Cédula de Identidad Ciudadana deberá dar aviso a la Secretaría de Gobernación, dentro de los 30 días siguientes a que esto suceda y tramitar su reposición.

Artículo 111. La Secretaría de Gobernación podrá expedir un documento de identificación a los mexicanos menores de 18 años, en los términos establecidos por el reglamento de esta ley.

Artículo 112. la Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Federal Electoral, la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesario para la integración de los instrumentos electorales, en los términos previstos por la ley. Igualmente podrá proporcionarla a las demás dependencias y entidades públicas que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 125. Al extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127 y 138 de esta ley, se le cancelará la calidad migratoria y será expulsado del país sin perjuicio de que se le apliquen las penas establecidas en dichos preceptos.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero. La secretaría de Gobernación, mediante acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, dará a conocer el programa para el establecimiento e inicio de funciones del Registro Nacional de Ciudadanos.

Cuarto. En el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos se utilizará la información que proporcionará el Instituto Federal Electoral, proveniente del padrón electoral y de la base de datos e imágenes obtenidas con motivo de la expedición y entrega de la credencial para votar con fotografía, prevista en el artículo 164 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En tanto no se expida la Cédula de Identidad Ciudadana, esta credencial podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos de acuerdo a los convenios que para tal efecto suscriba la autoridad electoral.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 10 de julio de 1992.

Integrantes: Esponda Espinosa Blanca Ruth, Presidente, Uscanga Escobar Jorge, y Santiago Torres Demetrio, secretarios; Alarcón Hernández José, Arroyo Vieyra Francisco, Avelar Villegas Gabriela I, Aviña Bátiz Eduardo, Brasdefer Hernández Gloria, Calderón Hinojosa Juan Luis, Calleja Andrade Jaime, Campos Vega Juan Gualberto, Castro Carrillo José Miguel, Castro Justo Juan José, Cital Camacho Javier, Coheto Martínez Cándido, Cruz Olvera Sara, Dorantes Gutiérrez Francisco, Escobedo Domínguez José, Fernández Avila Samuel, Garza González Manuel, Gómez Pando Eloy, Guerrero Juárez Joel, Herrera Hoskings Oscar, Martínez Martínez, José Guadalupe, Medina Santos Felipe, Meléndrez Montijo Quinardo, Millán Trujillo Jesús Arnoldo, Murillo Aispuro Miguel Angel, Navarro Quintero José Ramón, Nieto Enriquez Rodrigo A., Ortiz Denetro Celestino, Puga Tovar José de Jesús R., Reyes Castro Leonel, Rodríguez Jaime Luis Dantón, Ruiz Anchondo Patricia, Sánchez Unzueta Horacio, Santos Gómez Martín, Villaseñor Vargas Paloma.»

Es de Primera Lectura.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El secretario Napoleón Gallardo Ledezma:

«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable asamblea: En oficio fechado el 9 de julio del año en curso, la Cámara de Senadores

remite expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, Arsenio Lucio, Susana Cruz Herrera y Francisco Ruiz Romero, para que puedan prestar servicios como chofer - ujier, ujier, ayudante en labores domésticas y chofer respectivamente, en la Embajada del Reino de Bélgica, en México.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 10 de julio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán serán como chofer, ujier y ayudante de labores domésticas, en la Embajada del Reino de Bélgica, en México.

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO:

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, para que pueda prestar sus servicios como chofer - ujier en la Embajada del Reino de Bélgica en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Arsenio Lucio, para que pueda prestar sus servicios como ujier en la Embajada del Reino de Bélgica en México.

Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Susana Cruz Herrera, para que pueda prestar sus servicios en las labores domésticas en la Embajada del Reino de Bélgica en México.

Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Francisco Ruiz Romero, para que pueda prestar sus servicios como chofer, en la Embajada del Reino de Bélgica en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 13 de julio de 1992. - Diputados César Augusto Santiago Ramírez, presidente; Salvador Valencia Carmona, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enriquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerril, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»

Es de primera lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura del dictamen.

El secretario Napoleón Gallardo Ledezma: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen señor Presidente.

Es de segunda lectura.

* Este dictamen fue publicado en el Diario No. 25 del día 9 de julio de 1992.

El Presidente: - En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Con base en los dispuesto en el artículo 108 del Reglamento, los diputados Rigoberto Ochoa Zaragoza y Miguel Sáenz Garza, solicitan que a nombre de las comisiones fundamentalmente el dictamen el diputado Trinidad Reyes Alcaraz.

Tiene la palabra el diputado Trinidad Reyes Alcaraz.

El diputado Trinidad Reyes Alcaraz: - Con su venia señor Presidente; señoras y señores diputados:

Comparezco ante esta Asamblea para solicitar a ustedes su voto aprobatorio al proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya reforma plantea lo relativo a la cotización que ha de cubrirse para el seguro de enfermedades, maternidad y medicina preventiva, en favor de pensionistas y sus familiares derechohabientes.

Para ubicar el asunto que nos ocupa podemos decir que actualmente la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el artículo 25 establece que la cotización del seguro de enfermedades de maternidad y medicina preventiva a favor de pensionistas y sus familiares derechohabientes, se cubrirá a través de dos procedimientos distintos:

En el caso de las pensiones mínimas, el pago íntegro de la cotización equivalente al 8% de la pensión de que se disfrute, se distribuye por partes iguales entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la dependencia o entidad en la cual se pensionó. Y tratándose de personas que reciban más de la pensión mínima, el sistema de pago implica una contribución del 4% de la pensión que se disfruta a cargo del pensionista; un 2% del monto de dicha pensión a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y un 2% de la misma pensión a cargo de la institución pública en la que se pensionó el interesado.

Pues bien, la iniciativa de decreto se propone eliminar o suprimir la cotización que en la actualidad hacen los pensionistas para cubrir el seguro de enfermedades, maternidad y medicina preventiva, así como para sus familiares derechohabientes. Quedando obligados a cubrir el 8% de este seguro en partes iguales o sea el 4% el Instituto y el otro 4% la dependencia o entidad pública que lo pensionó.

Este proyecto de decreto de reforma al artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, propone: Que durante el período que iría de la entrada en vigor del decreto al 31 de diciembre del presente año, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se haría cargo del pago de la cuota del pensionista, por lo que su obligación económica se elevará a la cantidad de 6% de la pensión de que disfrute cada pensionista, siempre y cuando no se trate de pensiones mínimas y la institución en la cual se haya pensionado el interesado continuará pagando el 2% que en este momento prevé la propia Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado.

Asimismo, dice el proyecto de decreto, que a partir del 1o. de enero de 1993. La cotización a este seguro que comentamos se dividirá en partes iguales entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la institución en la que se hubiere pensionado el interesado.

Me propongo razonar mi solicitud para que el voto de esta Cámara, merezca la aprobación del proyecto de decreto de reforma al artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. No existe ninguna duda que el eliminar la obligación que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado prevé para que los pensionados paguen el 4% sobre la pensión, tratándose de personas que reciban más de la pensión mínima, constituye el más sano deseo de apoyar a la clase trabajadora pensionada.

Tampoco debemos ignorar que es un respaldo mínimo, pero al fin y al cabo, es una acción que beneficiará en este esfuerzo para dar justicia social a los compañeros jubilados.

Sin embargo, tampoco nos satisface, esa es la verdad, pero debemos ubicarnos en la realidad que vive el país y tener conciencia de que se están haciendo otros grandes esfuerzos para sacar adelante la situación en que viven nuestros jubilados y nuestros pensionados.

Debe hacerse también un señalamiento importante en el sentido de que el gobierno de la República a través del Instituto, hace esfuerzos para cubrir sus compromisos de la seguridad social

y en el caso tiene destinado un presupuesto de 2.4 billones de pesos para el pago de más de 200 mil pensionados y que el promedio de salarios de estos pensionados, es de 1.9 salarios mínimos.

En esta petición que hacemos para que se otorgue el voto aprobatorio a este proyecto de decreto de reforma al artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debo traer a la memoria de ustedes otros de los esfuerzos de la lucha de los trabajadores del Estado, para lograr los grandes beneficios de la seguridad social que está plasmado en este caso, en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, expresando a ustedes que este beneficio a que se refiere la reforma que comento, no es un caso aislado de la lucha por la seguridad social; por el contrario, es un avance en la historia de luchas sindicales y que actualmente todos los que somos dirigentes sindicales, estamos siguiendo desde nuestras respectivas responsabilidades.

La lucha en favor de los trabajadores, incluyendo a los jubilados y pensionados, habría de contemplarla desde la primera ley que le dio base a los derechos sociales de los trabajadores y que fueron precisamente los derechos, en el caso de la vejez, la viudez, y en las pensiones por años de servicios.

La ley de 1925 que surgió precisamente con el propósito de asegurar beneficios, tanto a trabajadores activos como a pensionados, de esta suerte ya la ley de 1945 hablaba de ocho beneficios.

Y en la ley de 1959, habríamos logrado incorporar para los trabajadores, 14 prestaciones y, que si hablamos de la actual Ley, podemos decir que tenemos garantizados 20, entre seguros, prestaciones y servicios.

La historia de las luchas sindicales en México, son por el mejoramiento de las condiciones de vida de los jubilados y pensionados y de los trabajadores en activo.

Están aquí presentes en esta Cámara, muchos luchadores sindicales que no me dejarán mentir, porque a ellos también les tocó levantar estas banderas de lucha dentro de nuestra Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, o en sus propias representaciones sindicales de sus organizaciones.

No olvidemos, señores diputados, que los beneficios consagrados en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ratifico, son conquistas resueltas progresivamente e ininterrumpidamente; esto debe quedarnos bien claro porque la reforma al artículo 25 que comentamos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, precisamente viene a agregarse como un pequeño beneficio más porque igualmente debemos recordar que no hace mucho no estaba considerado que los pensionados tuvieran derecho a una gratificación anual, y ahora, podemos satisfacernos de que se logró esa gratificación anual para los pensionados, porque siempre son parte importante de las grandes preocupaciones de la lucha que sostenemos los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado.

Esa gratificación para los pensionados, en el equivalente a 40 días de su pensión, fue producto de una serie de gestiones sindicales para ajustarla hasta lograr el equilibrio con el salario mínimo, incorporando el beneficio tanto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado como en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo se agregó a la pensión mínima una despensa.

El beneficio a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del decreto que se propone, debe reconocerse como un avance. Así lo han expresado, desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado hasta otras agrupaciones como frentes, asociaciones, sindicatos y uniones, por que conocen la solidaridad con los pensionados, en la que está involucrada toda la lucha sindical de los trabajadores al servicio del Estado y porque ésto no ha sido un resultado aislado, sino la suma de conquistas para su seguridad social.

Así pues, el beneficio al eliminar el 4% de la cotización y que exime de esa obligación al pensionado y que a la vez ese mismo 4% debe entenderse como un incremento en el monto de las pensiones como ya lo expresamos, modesto incremento pero al fin y al cabo es un incremento.

Es oportuno aclarar que ciertamente quienes están en la pensión mínima de jubilados son precisamente el menor número y a quienes no les va a beneficiar esta reforma, porque precisamente ellos continuarán en la misma seguridad que establece la ley sin descontársele nada, es decir, no pagarán ninguna cuota y sí continuarán recibiendo los beneficios del seguro de enfermedades, de maternidad y medicina preventiva, en favor de pensionistas y sus familiares

derechohabientes. Toda vez que de los 210 ó 215 mil pensionados en la actualidad, no cotizan alrededor de 2 mil o 3 mil, que son los que reciben pensión mínima; es decir, que la gran mayoría de los pensionados recibirán el beneficio a que se refiere el proyecto de decreto que hemos venido comentado.

Estamos convencidos que los beneficios a la clase trabajadora al servicio del Estado se han venido resolviendo gradualmente en el marco de la seguridad social para el bienestar de los pensionados y sus familiares, como hoy lo propone el Poder Ejecutivo en este proyecto de decreto. Con ello, se logra una demanda más. No estamos satisfechos. Lo hemos dicho ya y continuaremos solidarizándonos con las preocupaciones de los jubilados. Asimismo, como diputado o como dirigentes sindicales, seguiremos pensando en sus preocupaciones económicas. También en otros aspectos como la recreación, la utilización del tiempo libre, su salud, en las acciones culturales para la tercera edad, jubilados y ancianos. En su derecho a la ciudad y el respeto a los derechos humanos.

En consecuencia a nombre de la fracción parlamentaria de mí Partido, el Revolucionario Institucional y de las comisiones unidas de Trabajo y Seguridad Social, solicito a ustedes su voto a favor del proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Y desde esta alta tribuna de la nación, aprovecho la ocasión para enviarles una calurosa felicitación a los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el esfuerzo que realizan para brindarles cada día mejor atención a nuestros hermanos de clase, en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde acuden con frecuencia a recibir la atención en las prestaciones que brinda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

!Felicidades y nuestro agradecimiento a los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado! Muchas Gracias, compañeros diputados. (Aplausos.)

El Presidente: - Gracias señor, diputado Trinidad Reyes Alcaraz.

Esta Presidencia informa que se han registrado para hablar en esta discusión de dictamen con proyecto de decreto de reformas al artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los siguientes oradores:

El diputado Juan Cárdenas García, el diputado Rafael Farrera Peña, el diputado Rafael Fernández Tomás, la diputada Evangelina Corona Hernández y el diputado Fernando Espino Arévalo.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Cárdenas García, de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, para razonar su voto.

El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su permiso señor Presidente; señoras y señores diputados:

Este tema que nos ocupa en este momento se inscribe en la lucha por hacer justicia a un sector de nuestra sociedad. Los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Popular Socialista, analizando con cuidado este dictamen, hemos o concluyó, en que es de reconocerse que se da un beneficio a los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es un paso pequeño; sin embargo, representa un avance en esta tarea de hacer justicia a quienes han pasado a la situación de pensionados y es justo porque han contribuido, lo hemos dicho muchas veces, al desarrollo de la nación con su fuerza física o intelectual y hemos reclamado las fuerzas democráticas durante mucho tiempo que se hiciera todo el esfuerzo para que todo trabajador que pasara a la situación de jubilado o pensionado, disfrutara realmente de una vida digna; hubiera resuelto sus principales problemas, de alimentación, vestido, vivienda, recreación, creo que es lo mínimo que pueden reclamar y a que tienen pleno derecho los jubilados y pensionados.

En consecuencia no podíamos estar en desacuerdo al proponerse eliminar el pago que tenían que cubrir para el servicio médico, para maternidad o medicina preventiva. Estamos de acuerdo con el dictamen y vamos a votar a favor, indudablemente; sin embargo, nos llama la atención que en la Exposición de Motivos en los Considerandos del dictamen se diga que el Poder Ejecutivo valoró como un problema prioritario la situación de jubilados y pensionados; es decir, reconocen que es una cuestión que hay que darle una respuesta que satisfaga las demandas justas

de jubilados y pensionados; sin embargo considerando que el esfuerzo, así como se ha calificado y como lo hemos calificado nosotros, es mínimo, no es satisfactorio, no responde a los reclamos de jubilados y pensionados; nos parece que debió, si se consideraba un problema prioritario de suma importancia, debió por parte del Ejecutivo hacerse un esfuerzo mayor para de una vez, si se iba a reformar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, bueno reformarla completa a fin de cuando menos avanzar en satisfacer una de las demandas de los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es la de que se jubilaran si tuvieran todos el sueldo completo que tienen los trabajadores en activo, es decir, que al jubilarse se garantizara ya desde la ley que tuvieran compactados en su pensión lo que ahora reciben como salario base y como prestaciones.

Creo que hay tiempo para cuando discutamos la Ley General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que demos este paso pero ahora había condiciones para dar este paso; se ha argumentado, se argumentó en Comisiones de que no se podían romper los presupuestos aprovechados en diciembre de que habría problemas presupuestarios, pero yo lo plantee en comisiones también cuando hay una actitud política de realmente hacer justicia, se encuentran los caminos, hay recursos. Los recursos provenientes de la venta equivocada de empresas estatales, da para realizar este tipo de decisiones coyunturales a fin de satisfacer una demanda justa en este caso de los jubilados y pensionados.

Creemos que ha quedado en el ánimo de todos los que trabajamos en comisiones, de que sí se pudo haber hecho un esfuerzo mayor; ahora bien, la medida para responder o para cubrir esta desgravación de los ingresos de los pensionados, es decir el 4% que cubrían y que dejan de inmediato de cubrir, nos parece equivocado que se haga a cargo del propio Instituto, porque sí reconocemos que la profunda crisis económica por la que atraviesa nuestro país desde hace más de 10 años, resultado de una política económica de quien gozaba del gobierno, sí reconocemos, digo, de que ha afectado profundamente no solamente el poder adquisitivo de los trabajadores y de los pensionados, sino de la prestación de servicios a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en este caso.

Hay que analizar cómo se ha deteriorado el servicio que presta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en todos sus niveles, y por eso hemos reclamado en muchas ocasiones desde esta Tribuna, de que debe aumentarse en gran proporción el presupuesto al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que atiendan con dignidad todos los renglones que tiene que atender, pero particularmente, en el aspecto más sentido, que es el servicio médico.

Ahora el Instituto va a distraer una cantidad para cubrir esta obligación que tenía el trabajador. ¿Por qué no haber hecho el esfuerzo de encontrar otra vía para cubrir este 4% que van a dejar de cubrir los trabajadores a fin de incrementar, por esa vía, el presupuesto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que comience un proceso de aumento, de dignificación en todos los renglones que presta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Es indudable que necesitan las clínicas, los hospitales, necesitan de mejor equipo, incluso de camas, de medicinas, etcétera; tiene muchas necesidades el Instituto; por lo tanto, debió haberse buscado una vía para que este 4% lo cubrieran inmediatamente las entidades en que se pensionó el trabajador, a fin de no..., fortalecer los servicios que presta el Instituto.

En fin llamamos nuevamente a la sensibilidad de los diputados para que, teniendo en mente esta situación que pudo haberse resuelto de otra manera más positiva en esta ocasión, nos dispongamos a que en el próximo período de sesiones discutamos realmente cómo fortalecer al Instituto y cómo darle una posición más digna a los pensionados y jubilados del Instituto.

En razón de esto, votaremos a favor, pero con estas observaciones. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Farrera Peña, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.

El diputado Rafael Ferrera Peña: - Señor Presidente; señores diputados:

Como legislador, representantes populares y tratándose de una asunto de jubilados y pensionados, tenemos la obligación de reflexionar sobre la práctica de la seguridad social, del cómo y cuándo debe aplicarse.

La seguridad social mexicana es hoy testimonio de la voluntad política de todos por una mayor

justicia social. Concebida en su momento histórico con visión anticipatoria, la seguridad social se ha constituido en un fundamento de paz y desarrollo.

Bajo la tutela de la seguridad social, los mexicanos en momentos difíciles hemos realizado las mejores muestras de solidaridad. Gracias a esta concepción institucional de la justicia social, el mañana para muchos ciudadanos no constituirá sombra de incertidumbre.

Por los cambios de la sociedad donde actúa, la seguridad social debe revisarse continuamente para ajustarla al signo de los tiempos. Este esfuerzo demanda imparcialidad en el juicio histórico y voluntad política de realizar los cambios pertinentes, con visión de trascendencia política.

La experiencia de los tiempos difíciles representa el reto de la voluntad política. Son los tiempos difíciles, compañeros diputados, los que nos deben impulsar a realizar grandes proyectos de inversión y ahorro social, de iniciar o reforzar los proyectos garantes de democracia, justicia y paz.

En la seguridad social todos sin excepción, gobernantes y gobernados, debemos concurrir y realizar esfuerzos. Nadie debe quedar ausente porque a todos cubre la esperanza del beneficio.

Las experiencias legislativas recientes en materia de jubilados y pensionados, nos deben impulsar políticamente a revisar, con sentido de realidad, todos los fundamentos y posibilidades en que se fincan las perspectivas de la seguridad social del mañana, que serán, compañeros diputados, nuestra propia seguridad generacional.

Es tiempo ya que con madurez humana y política transformemos las concepciones de aporte, conservación y usufructo de la seguridad social; es tiempo ya que todos entendamos que el usufructo siempre será proporcional a lo ahorrado y que la seguridad de mañana se forja precisamente hoy. Si hoy por condolencia, por limitación por rencor o por ausencia de genuina voluntad política, de compromiso, no realizamos los cambios de fondo que demanda la seguridad social, será nuestra propia generación quien nos lo demande.

Compañeros diputados, pido por consiguiente a ustedes que aprobemos en sus términos la iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, porque es un acto claro de justicia social.

Es justicia social en todas sus acepciones, por cuanto hace partícipes de la productividad social a los jubilados, que brindaron en su momento su mejor esfuerzo al servicio del Estado y porque no se compromete el equilibrio financiero del Instituto y por consecuencia, no se limita para brindar todos los seguros, servicios y prestaciones que contempla la ley vigente.

La reforma al artículo 25 no es expresión de discurso coyuntural para abatir las presiones de demanda de justicia social; tampoco es respuesta paternalista o concesión económica de menor costo, es expresión de madurez política que busca resolver los problemas sociales con equidad y simetría, en el justo medio de las posibilidades de todos.

En las presentes circunstancias económicas y políticas, hablar y pedir en favor del jubilado es sembrar, más para que la siembra sea fértil y aún permanente, se requiere mantener el equilibrio entre lo que creemos y lo que podemos.

Si por emocionalidad desmedida acordamos otorgar lo que no generamos, estaremos siempre a merced de planteamientos similares. El acto legislativo que hoy ventilamos es una clara muestra de voluntad política de una nueva justicia laboral, que cobija sin destapar. Votar en favor de la iniciativa propuesta es resolver los rezagos del ayer, sin generar con injusticia presente los rezagos del mañana.

Votar en favor de esta iniciativa es ayudar a resolver los problemas de la justicia laboral y social desde su raíz, desde su verdadera raíz. Los órganos de la seguridad social jamás deben consumir sus reservas por ningún motivo, para no eximirse y menos ser eximidas del debido cumplimiento de sus obligaciones legales.

Si por un excesivo celo de justicia hoy comprometemos el equilibrio financiero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, estaremos contribuyendo de manera irresponsable a fincar la injuria del mañana. Aprobar, compañeros diputados, de inmediato la reforma del artículo 25, posibilita para los jubilados desde luego, un disfrute real del mayor poder adquisitivo y un acto de equidad por cuando se le desgrava de una obligación injusta a la luz del espíritu de la seguridad social.

Este acto de justicia social es eso, porque no es respuesta correctiva a un desequilibrio de percepciones inferiores al salario mínimo, que en el caso de los trabajadores al servicio del Estado no es legalidad injusta, es un acto de redistribuir

los beneficios de la productividad entre quienes en su momento, con su esfuerzo la generaron.

La iniciativa de reforma de que hoy nos ocupa, sienta además un precedente. Las instituciones donde el jubilado dejó lo mejor de su vocación y esfuerzo, se vinculan con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para asumir una obligación, reflejo de solidaridad y de modernización del Estado mexicano.

He señalado ya que en este acto de justicia laboral y social, no constituye técnicamente un aumento al monto jubilatorio, constituye sí, un incremento real a la capacidad adquisitiva del jubilado, que en la última instancia es la que no debemos permitir que se deteriore.

Reflexiono ante ustedes compañeros diputados, que acto legislativo como el que hoy realizamos, estoy cierto, con convergencia positiva, borra nuestro ejercicio por cuanto en el presente con solidaridad, reconocemos el esfuerzo del jubilado y cuidamos que el pensionista del mañana no tenga la preocupación desamparado de sus propias fuerzas y menos de una débil o cuestionable justicia social.

Pienso que es conveniente votar por la iniciativa en sus términos, por cuanto obliga al Instituto en un corto plazo a reasumir, mayoritariamente, con su obligación jurídica y ello obliga a una planeación cuidadosa y realista que redundará en beneficio de todos los trabajadores al servicio del Estado.

Por experiencia, los trabajadores al servicio del estado y aún propios jubilados, estoy seguro, tendrán por grato y preferible que las presentes medidas de seguridad social no pongan en riesgo las posibilidades del mañana. Los trabajadores están ciertos de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con salud financiera avanzará en los caminos de la seguridad social, para que el espíritu de justicia que se nutre de nuestro máximo texto de convivencia, llegue como realidad de bienestar a configurar una sociedad con menos asimetrías y por tanto más plena, productiva y comprometida con México.

Compañeros diputados, pido a ustedes que con su carácter de representantes populares, aprueben esta iniciativa que posibilita una actuación sana de fondo y forma del Estado, para lograr resolver armónicamente las desigualdades que a todos laceran.

Esta medida, señores diputados, es la muestra que la solidaridad de todos a todos beneficia. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias, diputado Rafael Farrera Peña. Para razonar el voto, tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Fernández Tomás, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

El diputado Rafael Fernández Tomás: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

A nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quiero fijar la posición nuestra sobre las modificaciones propuestas a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, la justicia social es un imperativo. En los diversos foros hemos insistido que para que los avances de la política económica se consoliden es una premisa fundamental incrementar el bienestar de los mexicanos.

Pese a que la política social del actual régimen se orienta a erradicar la pobreza extrema y a elevar el nivel de vida de los mexicanos, la deuda social aún no empieza a saldarse.

Existen grandes problemas, primordialmente en lo que se refiere a salarios de los trabajadores mexicanos; el deterioro de estos salarios ha sido elevado y cada vez más se ensancha debido a que aún, por lo menos en el salario mínimo, se conservan topes salariales.

Nosotros consideramos que las exigencias de los trabajadores son importantes y fundamentales. Las conquistas laborales logradas han costado grandes sacrificios e incluso vidas humanas.

Por tal motivo, valoramos las luchas sindicales que se orientan a conseguir mejores condiciones de vida.

En el quehacer cotidiano nuestro partido no sólo ha apoyado estas exigencias, sino también ha sido parte de ellas.

En este contexto todos los logros que se obtengan en favor de los trabajadores son bienvenidos.

En esta relación hemos apoyado de manera incondicional la lucha de los pensionistas y jubilados

y recientemente lo hicimos para que el Seguro Social otorgara un beneficio, incrementando las pensiones a los trabajadores retirados del servicio activo y que dedicaron toda una vida para forjar el futuro de nuestro país.

Al estar apoyando el día de hoy esta modificación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado queremos reiterar como partido, el compromiso que todas las fracciones parlamentarias adquirimos con los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, por cuanto a pesar de haberles dado un aumento, haber logrado un incremento del 10%, está el compromiso nuestro y el del director del Seguro Social, de que en el mes de diciembre se obtendrán recursos complementarios para aumentar las pensiones de los jubilados del Seguro Social.

Quiero decirles también con ello que en el Estado de Yucatán, en concreto, se han hecho gestiones por parte de nuestra fracción parlamentaria ante el propio director del Seguro Social, para lograr elevar las jubilaciones anticipadas de los trabajadores de la zona henequenera de 105 mil pesos mensuales que tienen en este momento, para buscar las reservas que permitan elevar la indemnización, la jubilación de esos trabajadores al nivel que tienen los trabajadores del resto del país, dado que en Yucatán se comieron gobiernos anteriores, se comieron las reservas de los trabajadores de la zona henequenera.

Por lo tanto, siendo una tónica de nuestro partido, el apoyar las jubilaciones de los empleados del Seguro Social, de apoyar donde hemos encontrado las jubilaciones de los trabajadores, entendiendo que eso es insuficiente y lo hemos dicho reiteradas veces, en esta ocasión el Ejecutivo Federal envía al Congreso de la Unión una iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual representa un beneficio para los jubilados y pensionistas del gobierno federal. Se trata que el 4% que sobre su salario aportan estos ex trabajadores por concepto del servicio médico y maternidad, sea absorbido por partes iguales por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y por la dependencia en que prestaron sus servicios.

Se puede decir que esta medida no es suficiente, como lo hemos señalado, por los bajos salarios que perciben la mayoría de los pensionistas y jubilados, pero consideramos que sin ser un incremento nominal si representa un incremento en las percepciones líquidas de los trabajadores al servicio del estado. Esto de cualquier forma implica un beneficio, quizás insuficiente, seguramente insuficiente, pero es un avance.

Aceptar esta propuesta, no significa que se abandone a los jubilados y pensionistas en sus demandas justas por tener mejores condiciones de vida. Nuestro partido seguirá apoyando a estos extrabajadores, que a nuestro parecer han brindado, lo mejor de su vida para forjar al México actual.

Julio de 1992.- Palacio Legislativo en su Recinto Alterno. Y ésta es la posición de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional que se entrego a la Secretaría.

El Presidente: -Gracias diputado Rafael Fernández Tomás.

Tiene el uso de la palabra la señora diputada Evangelina Corona Cadena, del Partido de la Revolución Democrática para razonar su voto.

La diputada Evangelina Corona Cadena: -Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social en la reunión celebrada el pasado jueves decidieron aprobar el decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su artículo 25.

En esta reunión estuvieron representados los diferentes partidos que conformamos la Cámara de Diputados. Si bien es cierto nos parece positivo por el hecho de que es un primer paso, hemos hecho señalamientos desde la primera reunión a la que fuimos convocados, para señalar que no estamos de acuerdo que solamente se les exima a los pensionados de ese 4% que ellos venían cotizando.

Nosotros señalamos que no es positivo porque es muy poco, la verdad. Creemos que todos sus treinta y tantos años que dieron de trabajo, sus cuotas que aportan al Instituto, merecían no solamente ese 4% que ese eximan de pagarlo sino que se les diera una compensación más.

Eso lo hicimos conocer a los compañeros de las diferentes comisiones, con el fin de señalar que nos parece una injusticia y sobre todo retomando que el Presidente de la República ha manejado en toda su campaña en todo su caminar de esos 3 años de presidencia, ha manejado que quiere terminar con la extrema pobreza.

Nosotros cuestionamos esta actitud porque vemos que con ese 4% que no van a pagar o

que no van a dejar los trabajadores jubilados, pensionados al Instituto, no se mejora en lo más mínimo su condición de vida. No mejora la condición de vida como lo señala la Constitución.

Definitivamente estamos en desacuerdo porque la Constitución señala que tiene que tener una vivienda digna, que tiene también que gozar de servicios médicos, que su salario, su percepción debe alcanzar para educación y para todo lo que requiere la vida de cada individuo.

Sin embargo, este 4% no nos parece en lo más mínimo razonable. Pero no queremos cerrarnos ante un primer paso, insistimos. Creemos que si bien es cierto no satisface las necesidades, por lo menos puede ser un pequeño avance.

Por lo tanto, como partido de la Revolución Democrática, consideramos que aprobar esta iniciativa, es procedente. Por lo tanto vamos a dar nuestro voto a favor. Sin dejar de señalar que pugnaremos porque se mejore la situación de esta ley.

El artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado nos enseña, nos señala, que el pensionado paga, da una cotización de un 4%. Dice el decreto que se reforma como artículo único, dice:

Se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue: "La cotización del seguro de enfermedades, de maternidad y medicina preventiva que establece este capítulo en favor de pensionistas y sus familiares derechohabientes, se cubrirá de la siguiente forma: El 4% a cargo del instituto sobre la pensión que disfruta el pensionista y el 4% de la misma pensión a cargo de la dependencia o entidad donde prestaba sus servicios".

Ahí nosotros quisiéramos señalar que hemos hecho otras propuestas de que se pudiera buscar no solamente para los que dan esa cuota el incremento. Nosotros cuestionábamos en la comisión, que a los compañeros que perciben menos no se les va a dar nada. Sí cuestionábamos por qué a los que tiene más se les da y a los que no tienen tampoco se les da.

Creemos que no es justo; creemos que deberíamos buscar una fórmula para que pudiéramos autorizar o darle ese incremento también a los que tienen el salario mínimo.

Nos hacían comentarios los compañeros diputados de la comisión, que ellos como no pagan su cuota, no tienen derecho. Nosotros creemos que no es una razón para no darles ese incremento. Lo único que se está haciendo en este artículo compañeros, es eximirlos de la cuota.

Por lo tanto, no creemos que sea suficiente. No nos satisface y como Partido de la Revolución Democrática, no estamos de acuerdo ni satisfechos con este incremento que se está dando.

Creemos también y los hicimos en una propuesta, que se está recolectando del Sistema de Ahorro para el Retiro, un incremento bastante considerable. Y hacíamos la propuesta de que también de ahí se tomara. Sin embargo, creemos y escuchamos de todos los demás compañeros, que eso no podría ser, porque descapitalizaría para los otros jubilados del futuro.

Muchos de nosotros no gozamos de esa jubilación, de esa pensión, muchos trabajadores no son beneficiados ni siquiera con el poquito que actualmente se está dando.

Por lo tanto nosotros sí insistimos en que hay capital para poder hacer un incremento más equitativo, más justo.

Por lo tanto, queremos señalar que a pesar de estar en desacuerdo, a pesar de considerar injusto e insuficiente este incremento, estamos votando y apoyando el dictamen que se está discutiendo. Muchas gracias.

El Presidente:- Gracias, diputada Evangelina Corona.

Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, para habla a favor del dictamen.

El diputado Fernando Espino Arévalo: - Señor Presidente; honorable Asamblea:

La iniciativa que hoy se debate para la modificación del artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma que establece el que los pensionados por dicha institución no cubran el porcentaje correspondiente para la cotización del seguro de enfermedades, maternidad y medicina preventiva, es por demás trascendente ya que la intención de dicha iniciativa y propuesta en el dictamen correspondiente de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, sin duda contempla un avance en materia de los derechos y prerrogativas de los trabajadores al servicio del Estado, en su calidad de pensionados, al fortalecer

con una medida de esta naturaleza, su ingreso actual a las pensiones que recibe.

Si pudiéramos calificar a esta iniciativa en una pretención de conceptualizarla, estaríamos hablando de un nuevo campo en la rama del derecho del trabajo que pudiéramos denominar: "prestaciones a la pensión", capítulo éste que hoy con la visión de legislador, estamos en la oportunidad cierta de continuar legislando en favor de los trabajadores mexicanos.

En este caso, los contemplados en el apartado B del artículo 123 de nuestra Constitución.

El trabajador al servicio del Estado, en su calidad de pensionado, con esta medida de ser aprobada por esta honorable Asamblea, se equiparará en la prestación de los trabajadores contemplados en el artículo 123 en su apartado A, lográndose con ello, en la medida y sin romper el equilibrio financiero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, absorber los costos de estos servicios, que en esta materia hoy pagan los pensionados.

El pensionado, como ciudadano mexicano, se encuentra en un estado superior por cuanto a que la mayoría de ellos ha dado toda su fuerza laboral al servicio de la sociedad mexicana y el servidor público pensionado, al de las instituciones de la República, en un país de instituciones como es el nuestro.

La aprobación de esta iniciativa, sin duda contribuye a dar cumplimiento relacionado a la Ley General de la Salud. El pensionado sigue siendo un ciudadano mexicano con derechos y obligaciones, pero en desventaja competitiva, la que con esta iniciativa, si no se resarce en su totalidad, sí contribuye muy favorablemente a ello.

Es muy importante reconocer que este grupo de ciudadanos mexicanos que ha dejado gran parte de su vida con su trabajo, ha sido para la sociedad; y cuando se retira, por las diferentes circunstancias que lo ubican en la categoría de pensionado, no deja por ese solo hecho, de tener menos responsabilidades, sino que las sigue teniendo como jefe de familia. Como decíamos antes, en una condición de desventaja al ver reducidas sus posibilidades físicas para mejorar o cuando menos mantener su mismo nivel socioeconómico, ya que, como es reconocido por todos, se va deteriorando su poder adquisitivo, creando con ello un desface entre su pensión y el costo de la vida.

Por lo cual, la iniciativa a la que estamos haciendo referencia, permite seguir dando al pensionado la seguridad total relativa a su salud, a la de sus familiares y/o dependientes, así como aliviarlos en alguna medida en su economía.

La sociedad mexicana y sus representantes deberemos de irnos preparando ante una realidad en donde habrá un creciente número de pensionados y el legislador con visión deberá, en su actuación, resolver su problemática para hoy y para el mañana previsiblemente.

Sin duda, de aprobarse la iniciativa por esta asamblea, seguiremos caminando con certeza ante las necesidades nuevas que se nos presenten. Gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Gracias, señor Diputado.

Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.

La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

El Presidente: - Antes señores secretarios, quiero hacer un llamado de atención a todos los diputados, que tomen asiento, que no anden en los pasillos. Y una invitación muy respetuosa a todos los compañeros que no son diputados, que se encuentran en las butacas sentados, que hagan favor de pasar a la parte posterior de este recinto.

Continúen los ciudadanos secretarios.

(Votación)

La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Se emitieron 343 votos en pro y ningún voto en contra.

El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 343 votos el Decreto que reforma

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

(Aplausos.)

*LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES

El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al Dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

En atención a que este Dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario Josafat Arquímides García Castro: -Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

Es de segunda lectura.

El Presidente: - En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para hacer uso de la palabra y discutir el dictamen del decreto que reforma el artículo tercero de la Ley Federal de Entidades Paraestatales los siguientes diputados: Héctor Ramírez Cuéllar, Ramírez Vázquez, Jorge Calderón Salazar y Eloy Cantú Segovia.

En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, para hablar en contra.

El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: -Señor Presidente; compañeros diputados:

El dictamen que hoy estamos discutiendo relativo a una reforma a la Ley de Entidades Paraestatales parece ser una cuestión de mera forma porque

*Este dictamen fue publicado en el Diario No. 25 del día 9 de julio de 1992.

las atribuciones que tenía la Secretaría de Programación y Presupuesto en materia de Organismos Paraestatales y Empresas Descentralizadas pasan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomando en cuenta que la dependencia señalada con anterioridad ha desaparecido del seno de la Administración Pública y ya esta Cámara lo ha aprobado así.

Sin embargo queremos plantear a ustedes una preocupación primero de orden constitucional y segundo, de carácter económico. Cuando se aprobó la Ley de Entidades Paraestatales en el año de 1986 mucho se discutió por parte del Partido Popular Socialista sobres su base constitucional, en efecto el artículo 90 de la Constitución sólo se refiere a la creación de entidades paraestatales y a la intervención del Ejecutivo en sus operaciones. El citado artículo no se refiere a la disolución, liquidación, enajenación o extinción de dichas empresas, sólo se refiere a la creación.

Posteriormente en uno de los dictámenes de la Ley de Egresos de esta Cámara de Diputados en la Legislatura pasada, se aprobó una disposición mediante la cual si un empresa estatal había sido creada por Decreto del Congreso debía el Congreso aprobar su desaparición, liquidación, fusión o enajenación, se refería a empresas importantes como Uranio de México y otras que no fueron creadas por el Poder Ejecutivo sino fueron creadas por una Ley del Congreso de la Unión. Esta disposición aprobada en un dictamen de la Ley de Ingresos de la Legislatura pasada, se debió a la necesidad de poner límites a la facultad discrecional que tenía el Presidente para enajenar empresas estatales, para decidir su transferencia a gobiernos estatales y municipales y para determinar incluso su extinción.

Era la época en que se había desatado en nuestro país la privatización de prácticamente la mayor parte del sector estatal de la economía y esta disposición pretendía limitar ese afán privatizador que campeaba en todo el gobierno federal.

A varios años de distancia de esa norma a la que hago referencia, prácticamente de aquel universo de empresas estatales que eran propiedad de la nación, sólo se conservan unas cuantas, entre ellas la petrolera, la eléctrica, el uranio y otras de la misma importancia y aún éstas se encuentran sufriendo los embates de la privatización en todas sus ramas, incluso en éstas que son consideradas estratégicas, en donde solamente debiera haber capital privado que capital

estatal, ya notamos la presencia de capital privado en la exploración, en la perforación, en la comercialización y distribución de energéticos y muy posiblemente en el futuro, la tendencia a privatizar estos sectores de las ramas estratégicas vayan a acentuarse, después de haber aprobado la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y después de haber terminado las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, sí resultan adversas al tratamiento que se da al campo de los energéticos.

No compartimos nosotros la libertad que se da al Presidente para decidir libremente sobre el futuro de las empresas estatales, porque el ejercicio de esta facultad lo podemos observar a seis años de su aplicación.

Durante seis años, se produjo la privatización de la instituciones bancarias sólo bajo la libre discreción de la Secretaría de Hacienda, sin que la Cámara de Diputados tuviese la mayor intervención y solamente fuese informada de este proceso de desincorporación y de privatización de las empresas... de las entidades bancarias.

La semana pasada terminó el proceso de privatización del sector financiero y nos encontramos con que ocho grupos financieros vuelven a tener en sus manos la mayoría de las entidades bancarias que fueron nacionalizadas en el año de 1982 y que una vez más aparece la asociación entre el capital bancario y el capital industrial que había sido cortado con aquella medida del año de 1982; o sea que se retrocedió respeto de lo que ya existía hasta antes de la nacionalización de la banca; se pasó a una etapa previa a ésta puesto que el capital bancario estaba más diversificado y más controlado por el Estado en la etapa anterior a la nacionalización, que como se encuentra en la actualidad.

Se habla de que los tenedores de acciones de la banca ahora son en un mayor número de los que fueron cuando la banca era privada y eso es verdad, pero lo que no se dice es que esa tenencia accionaria está muy concentrada en ocho grupos financieros que tienen un gran poder, no solamente en las finanzas, sino también en la industria, en la agricultura y en los servicios.

En lo que se refiere a la enajenación de empresas estatales, más de 900 hasta hoy, observamos un fenómeno similar, pues muchas empresas que se enajenaron eran empresas de elevado valor que se encontraban en la industria pesada, en la metalmecánica, en la de autopartes, en los servicios y que tenían una estructura financiera sana.

La mayor parte de las empresas que se enajenaron, no tenían problemas financieros, tenían una tasa de utilidades que oscilaba entre el 40 y el 60, y tenían un mercado asegurado y ésa no fue la razón para su enajenación a la empresa privada, sino fueron otras consideraciones de orden político nacional las que decidieron al Ejecutivo la venta de estas empresas.

Desde el punto de vista financiero, la mayor parte de estas operaciones no se justificaron nunca, porque no representaban una carga para el erario federal; había otros que sí debemos reconocer, operaban con pérdidas, tenían problemas financieros serios y sí representaban una carga fiscal importante para el gobierno federal y eran un factor que presionaba para el déficit del gobierno federal, pero esas empresas eran la minoría de las empresas que se vendieron o extinguieron.

Del total de empresas enajenadas en estos años, se concentraron en 24 grupos económicos del país. Aquí tampoco no observamos que la propiedad de las empresas se haya pulverizado, se haya repartido, como se decía cuando este procedimiento se inició hace más de seis años. 24 grupos industriales, sobre todo los que ya conocemos nosotros, han comprado la mayoría de las empresas que el gobierno mexicano vendió y siguen siendo empresas que operan en el mercado nacional pero ahora bajo la propiedad de un empresario privado.

Por lo tanto, el hecho de que el Congreso de la Unión deje en manos del Ejecutivo la posibilidad de enajenar empresas, de extinguirlas o de fusionarlas sin la autorización del Congreso de la Unión, nos ha llevado a esta situación en que las consecuencias de esa libertad irrestricta están a la vista.

En el año de 1982, la inversión estatal bruta era del 55%, ahora se reduce al 25% y se considera que al terminar el presente gobierno la generación de inversión del Estado en la economía oscilará entre el 10 y el 15%, de tal manera que la mayor generación de inversión productiva será producida, perdón por la redundancia, por el conjunto de empresas privadas y del capital extranjero.

Nosotros nos preguntamos si un estado con el 15% de la inversión puede ser un estado rector de la economía, si puede seguir cumpliendo con el artículo 27 y con el artículo 28, si no tiene más que una participación minoritaria en la inversión productiva. La respuesta es claramente negativa, porque quien tiene la tasa de inversión mayor, como es lógico, es quien determina el

rumbo de la economía, quien señala su modalidad y que incluso determina el comportamiento de los otros factores económicos, todo por que el Congreso de la Unión jugó en este proceso un papel pasivo, de mero receptáculo informativo de este proceso que se dejó en poder de la discrecionalidad del Presidente de la República, que cuando consideraba que una empresa no tenía importancia económica, la sometía al proceso de desincorporación y que cambiaba de criterios conforme cambiaban las presiones políticas o las circunstancias económicas.

Una empresa que era considerada estratégica, como Mexicana de Aviación, a los pocos meses dejó de serlo y pasó al proceso de desincorporación al sector privado y así podemos poner muchos ejemplos de empresas que el Presidente de la República consideró prioritarias y que en cuestión de semanas habían dejado de serlo para pasar a la lista de empresas sujetas a desincorporación.

Esto nos ha llevado a prácticamente perder el 80% del sector estatal de la economía nacional y a dejar una economía casi completamente abierta al capital extranjero, a dejar las empresas estatales que aún quedan, a merced de ese capital extranjero, por lo que no sería remoto que áreas que hoy son estratégicas en la Constitución, mañana, por una decisión del Presidente dejaran de serlo y pasaran al campo privado del capital nacional o del capital extranjero.

Por estas razones, porque no queremos que sea el Presidente el que determine el futuro de las empresas estatales, porque deseamos que sea el Congreso el que decida sobre toda la suerte de las grandes empresas, es que nosotros votaremos en contra de esta reforma que hoy comentamos. Gracias.

El Presidente: -Gracias señor diputado.

Para razonar el voto tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente; estimados legisladores:

Aunque motivó en una intervención que realicé ante esta soberanía hace apenas unos días, una airada respuesta de un legislador que exigía a gritos, sin argumentos, la palabra "tema", inicio de nuevo esta intervención, expresando lo inadecuado, lo incorrecto, lo inconveniente, que resultan métodos y estilos de discusión donde se condena a oradores a hablar ante un auditorio semivacío y a imaginar, suponer o tener la esperanza que, vía monitores de televisión, alguien, un buen número de legisladores ausentes, pueden seguir parte de ese debate. Dígase lo que se diga, existan o no acuerdos parlamentarios, no voy a exigir nada, simplemente expreso que no resulta conveniente para una sana vida parlamentaria.

Un congreso es un ámbito de debate, de diálogo, de encuentros, de escucharnos unos a otros y de, en la medida de lo posible, modificar aquellos puntos de vista por el bien de la nación.

No es conveniente el que tengamos casi como método de discusión la ausencia importante de un número de legisladores, me refiero precisamente a los 343 que estuvieron a la hora de la votación nominal, ni tampoco resulta conveniente el que se omita un debate sobre asuntos que son de la mayor importancia, menos aún que existan mecanismos donde la flexibilidad para modificaciones, acuerdos y cambios importantes a leyes, se vea bloqueada por una inflexibilidad a veces de la forma como trabajan los diferentes grupos parlamentarios o algunos grupos parlamentarios.

Otro punto además es reflexionar si después de la muy importante jornada ciudadana que se vivió en Chihuahua y en Michoacán, donde un número elevado de diputados federales tuvimos conocimiento por la prensa de que un número elevado de diputados federales del Partido Acción Nacional estuvieron en estas entidades, diputados del Partido de la Revolución Democrática también lo hicimos, algunos de ellos aún están todavía en esas zonas, desconozco si diputados de otras fracciones parlamentarias están en estas entidades federativas, pero dada la magnitud de las transformaciones en juego en Michoacán y en Chihuahua y dado lo importante de los procesos que ahí se juegan, resulta también válido cuestionar y con esto terminaría los comentarios previos, si resultó pertinente hacer el día de hoy una sesión, cuando la mente de muchos de nosotros, ustedes, un servidor, la nación, la opinión pública y los partidos políticos está fuertemente siguiendo los acontecimientos en Chihuahua y en Michoacán y hay que decirlo en voz alta, enhorabuena que así sea, que estemos todos pensando en esa jornada ciudadana.

Entrando en materia. Quisiera continuar algunas de las reflexiones que fueron presentadas previamente por el legislador del Partido Popular Socialista que me antecedió en el uso de la palabra y ligarlas con otros aspectos que consideramos importantes.

Desde el punto de vista estrictamente técnico estamos ante una propuesta de adecuaciones a la Ley Federal de Entidades Paraestatales que tiene dos grandes áreas de reflexión: una, lo que se refiere, el artículo tercero, que es excluir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría Agraria de la observancia de esta ley, para ratificar su condición autónoma y el segundo paquete de modificaciones, que se refiere al artículo 9, 10, 12, 16, 24, 25, 32, 39, 41, 51, 58 y 68, se refiere a facultades que anteriormente estaban en la Secretaría de Programación y Presupuesto y que hoy pasan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con las modificaciones ya aprobadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Sobre estos puntos importa hacer algunos comentarios que estimamos pertinentes:

El primero, efectivamente es positivo que se ratifique el Estatuto Autónomo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría Agraria, enhorabuena que así sea. Sin embargo, nuestro partido y no pretendo en este momento recrear la discusión, pero repito, nuestro partido cuestionó mecanismos que considerábamos de subordinación de estas dos entidades al titular del ejecutivo. No fueron aprobadas las modificaciones que presentamos oportunamente para consolidar su carácter autónomo y frente a esta situación, simplemente decimos, que es positivo el que en el marco concreto de esta Ley Federal de Entidades Paraestatales se ratifique la autonomía de estos dos organismos.

Sin embargo, en lo referente a las facultades establecidas en estos artículos, resultan preocupantes las facultades particularmente las del artículo 16 y las de artículo 32 en lo relativo a la facultad de disolver, liquidar o extinguir empresas paraestatales anteriormente dada a la Secretaría de Programación y Presupuesto y hoy será titularidad de esta facultad la de Hacienda y Crédito Público y la facultad de enajenar o liquidar empresas de participación estatal mayoritarias.

En diversas ocasiones y esto no es nuevo para aquellos legisladores que hayan seguido el curso de los debates desde el primero de noviembre, en diversas ocasiones hemos cuestionado la marcha de la economía y el mecanismo de privatización y liquidación de empresas paraestatales. Y lo hemos hecho no porque seamos defensores de un estatismo burocrático tampoco defendemos el corporativismo o el autoritarismo, somos defensores, lo hemos dicho en otras ocasiones de la autogestión social, del sector social de la economía que está claramente establecido como garantía constitucional.

Hemos dicho en muchas ocasiones, en el caso de ciertas empresas, era válido defender que fueran transferidas a cooperativas, a ejidos, a uniones de ejidos o al sector social y en otros casos era pertinente pensar en proceso de fusión o de racionalización del propio sector estatal.

Pero de ninguna manera podemos estar de acuerdo en el mecanismo radical, tanto de apertura comercial, de desregulación que quita al Estado facultades constitucionales y de privatización de empresas que sin estar mencionadas de manera explícita en el 28 constitucional, el espíritu del 25 y 26 constitucional y el espíritu del 27, faculta al estado a tener una intervención decisiva en ciertas áreas y sectores económicos cuando resulta esto del interés nacional. Veamos las cifras.

En áreas como minería, pesca, teléfonos, industria siderúrgica, bienes de capital y de industria metal - mecánica, en agroindustrias de procesamiento agropecuario, en sector financiero y forestal y en maquinaría agrícola e insumos agropecuarios, ha habido un proceso de radical privatización, digámoslo en sus términos. No se trata sólo de fusión, no se trata sólo de liquidación, se trata de entregar intactas instalaciones industriales de gran envergadura o instalaciones mineras de gran envergadura al sector privado.

Pero si sólo fuera al sector privado nacional, estaríamos ante un proceso de privatización sólo con fortalecimiento de grupos monopólicos mexicanos, lamentablemente no es así.

Un número importante de empresas privatizadas han sido entregadas al control transnacional y esto es un dato que se puede corroborar, simplemente examinando quién es propietario de un buen número de ingenios azucareros, quién es propietario de un buen número de plantas que anteriormente eran propiedad de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, por ejemplo, Unileber es una transnacional alimentaria, la más importante del mundo que adquirió varias plantas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, ¿y quién está hoy interviniendo masivamente en teléfonos, minería y pesca, gracias a las modificaciones legales que se hicieron a estas dos leyes, la de Minería y Pesca, que permite intervención extranjera hasta el 100% en estas áreas?

No estamos entonces sólo ante un Ejecutivo que utiliza sus facultades del 16 y del 32 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para fines de privatización en favor de nacionales. Estamos ante un Ejecutivo que usa estas facultades a favor

de la privatización, en donde la participación de transnacionales adquiere un papel creciente e importante y no estamos de acuerdo con este proceso de transnacionalización de la economía.

Y tampoco estamos de acuerdo en un contexto donde estas facultades que establece el 16 y el 32 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, pueden ser utilizadas en grado mayor en un contexto en que hay una propuesta del Tratado de Libre Comercio, de dar trato nacional a inversionistas extranjeros. Aunque nos digan que en cada ley que estamos discutiendo aquí, incorporamos este elemento, mientras el Ejecutivo Federal, el titular del Ejecutivo Federal o el Secretario de Comercio, no desmienta que hay una cláusula 2102 en la numeración mexicana, que da trato nacional a inversiones extranjeras, mientras no desmienta el subsecretario de inversión extranjera su propuesta de reformar la Ley de Inversión Extranjera, para dar prácticamente libertad del 100% en todas las áreas, seguiremos insistiendo que no resulta conveniente para la nación mantener la facultad irrestricta del Ejecutivo Federal, de privatizar paraestatales en el 16 y 32 de esta ley que estamos discutiendo.

Y tampoco resulta conveniente, dar trato nacional a inversionistas extranjeros. Por ello es pertinente la propuesta que ha sido sustentada en diverso momentos de la pasada y presente Legislatura, de que sea facultad del Congreso, no solamente aprobar la disolución o eventualmente privatización de entidades creadas por ley del propio Congreso, sino también de todas aquellas entidades paraestatales o de participación estatal mayoritaria, que son efectivamente patrimonio de la nación y no de algunos funcionarios.

Otro punto más que nos preocupa, es que en este marco de discusiones exacerbadas en los últimos días, previo al proceso electoral de Michoacán y Chihuahua, sobre nacionalismo y soberanía, contrasta una declaración continúa en altos funcionarios gubernamentales, que levantan y se rasgan las vestiduras defendiendo una soberanía en abstracto y en los hechos, en los procesos económicos reales que se están dando, se niegan a defender de manera concreta, la facultad de autodeterminación económica que nuestra nación tiene en base a su proyecto constitucional.

En horabuena que fue presentado en esta tribuna, la intervención que realizó el diputado Amador Rodríguez y que con justa razón Víctor Orduña, quien en este momento se encuentra ausente, llamó la atención a estos legisladores, de tan importante intervención que hizo el diputado Amador Rodríguez. Pero quisiera recordar que en la organización denominada "Red Mexicana de Acción", frente el Tratado de Libre Comercio, al igual que organizaciones políticas, entre ellas el Partido de la Revolución Democrática, ha exigido que precisamente porque la relación económica y humana más importante entre México y Estados Unidos de América, es la de los trabajadores migratorios, se incluye en el Tratado de Libre Comercio, disposiciones precisas y claras que garanticen la defensa de los derechos sociales, laborales y humanos de los trabajadores mexicanos residentes en Estados Unidos de América, cualquiera que sea su estatuto, así como aquellas que permitan una renegociación global de deuda externa y defensa de estándares ecológicos comunes.

Por tal motivo, nuestro punto de vista es, para terminar, que esta ley, la ley que estamos discutiendo, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, efectivamente representa una adecuación técnica.

No compartimos la política que llevó a la aprobación de un dictamen que desaparece la Secretaría de Programación y Presupuesto. No estábamos a favor de defender tal o cual grupo de funcionarios. Estábamos a favor, en base al 25 y especialmente en base al 26 constitucional, de mantener un organismo gubernamental con rango de Secretaría de Estado, con la función exclusiva de la planeación estratégica del desarrollo nacional y hemos sostenido en tribuna, en diversas ocasiones, que es perfectamente posible, desburocratizar, desmantelar aparatos corporativos burocráticos y autoritarios, manteniendo la regulación estratégica de lo que es fundamental en la vida económica de la nación.

No estuvimos de acuerdo, en consecuencia, con que las funciones rectoras del 26 constitucional en materia de planeación, quedaran relegadas a una simple subsecretaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creando un macro aparato institucional que carece de la efectividad y operatividad de ejecutar aquellas disposiciones del 26 constitucional y en consecuencia, esta adecuación técnica que aquí se presenta, es transferir aún más funciones que antes tenía la Secretaría de Programación y Presupuesto a la Secretaría de Hacienda, evidentemente no compartimos que sea conveniente este mecanismo de adecuación técnica.

Sin embargo es un hecho, es un hecho que ya fue aprobada la Ley Federal que hemos cuestionado, la que desaparece la Secretaría de

Programación y Presupuesto y esto que aquí se presenta, es prácticamente una adecuación técnica.

Por tal motivo y a reserva de que en otro momento presentemos propuestas de modificaciones legales y constitucionales que reestablezcan la facultad de la nación a través de una Secretaría, de tener una propia Secretaría para asuntos de planeación y a reserva de que en otro momento ratifiquemos la facultad del Congreso de tener esa capacidad de decidir sobre privatización, liquidación o fusión de entidades paraestatales, el Partido de la Revolución Democrática por mi conducto, declara que nos abstendremos en la votación del dictamen de esta ley que estamos analizando en este momento. Muchas gracias, señores.

El Presidente: -Muchas gracias, señor diputado Jorge Calderón.

Tiene el uso de la palabra la diputada Luisa Alvarez, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

La diputada Luisa Alvarez Cervantes: - El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, al revisar con profundidad la iniciativa de modificación al artículo 3o. de la Ley de Entidades Paraestatales, presenta las siguientes consideraciones, que le permite llevar su coincidencia para votar a favor por esta iniciativa.

Es de vital importancia garantizar el alto rendimiento de las instituciones creadas para el cuidado y buen gobierno de los derecho humanos, una medida fundamental fue elevar a rango constitucional la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como fortalecer a las instituciones que lleven a cabo acciones complementarias con el propósito de que en el libre desempeño de sus actividades al mismo tiempo promuevan y preserven los derechos humanos.

Debido a la importancia en el cumplimiento de esta tarea, el constituyente permanente no tuvo motivo de duda en la aprobación de la propuesta presentada en la reforma constitucional y la Ley Reglamentaria respectiva.

En la discusión sobre la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se elevaron críticas en lo relativo a la de estatuto jurídico, administrativo de ésta, como institución con carácter de organismo descentralizado, se consideró pertinente recoger la especificidad de la comisión, en una excepción a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a fin de afianzar su autonomía e independencia.

Es de conocimiento general que la Ley Federal de Entidades Paraestatales tiene como objeto la elaboración de mecanismos que regulen la relación del gobierno federal y las entidades paraestatales, logrando un amplio ambiente en la capacidad de gobierno y mejoramiento de la toma de decisiones.

Esta Ley, a pesar de su buena fe, no es compatible con las tareas que desarrolla la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría Agraria, ya que sus tareas requieren un trato especial basado en un ordenamiento jurídico propio.

La forma en que se presenta esta iniciativa para la modificación del artículo 3o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, es muy apropiada de la flexibilidad suficiente, permitiendo el libre desempeño de sus actividades y mejorando la forma de operar conforme a las situaciones que se presenten en sus organismos.

Esta modificación afecta directamente tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría Agraria, permitiendo una organización diferente pero eficaz en el desarrollo de sus funciones. Es necesario marcar que cada una se refiere a través de su propia ley interior.

Por lo tanto, la iniciativa para la modificación del artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales es consistente con la reforma constitucional y la ley orgánica respectiva. Muchas gracias (Aplausos.)

El Presidente: -Muchas gracias, diputada Luisa Alvarez.

Para hablar a favor del dictamen, tiene el uso de la palabra el diputado Eloy Cantú Segovia, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Eloy Cantú Segovia: -Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Se ha planteado en esta tribuna algo que es deseable para todos nosotros, esto es: que haya un mayor número de diputados atentos y presentes en la sala durante nuestros debates.

Ciertamente, tiene razón el diputado Calderón al plantearlo. Yo simplemente y de la manera más respetuosa y entre compañeros diputados, quiero pedirle al diputado Jorge Calderón que empiece por solicitar lo mismo a los diputados de su propia fracción parlamentaria que frecuentemente,

hoy como en otras ocasiones, son los que se encuentran ausentes. (Aplausos.)

Asimismo, se planteó, que en un día como hoy deberíamos de estar discutiendo sobre temas electorales, que bien, ciertamente aquí en la Cámara de Diputados, esta tribuna puede ser un foro político para conocer las diferentes posiciones de los diferentes grupos políticos de la Cámara en torno a dichos procesos. Pero debemos de reconocer dos cosas; uno, esos temas, esos procesos electorales son de la competencia y de la soberanía de los estados; y dos, nosotros tenemos como primer deber el corresponder a que somos legisladores federales y tenemos una agenda de trabajo de leyes pendientes de resolución, con las cuales debemos cumplir. ¡Estamos siendo coherentes con nuestra responsabilidad y esto es exactamente el cumplir cabalmente con las expectativas que tiene la sociedad sobre nosotros: que cumplamos haciendo leyes para la nación de México! (Aplausos.)

Realmente el tema que nos ocupa el día de hoy en esta materia, es muy sencillo. En la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en su artículo 3o. el Ejecutivo Federal plantea una adición para que se exceptúe de la aplicación de dicha ley a dos entidades paraestatales; una, la Comisión Nacional de Derechos Humanos; otra, la Procuraduría Agraria.

La justificación de esta excepción a esta normatividad de estas entidades paraestatales es muy lógica: el Ejecutivo Federal quiere otorgar una mayor autonomía a dichas entidades paraestatales.

La compañera que me ha precedido en el uso de la palabra, la diputada Luisa Alvarez, ha explicado perfectamente bien las razones que justifican esta medida.

Sin embargo, en su intervención también el diputado del Partido Popular Socialista, Héctor Ramírez Cuéllar, más que cuestionar propiamente la iniciativa del Ejecutivo y el dictamen que de la misma ha hecho el Senado de la República, lo que cuestionó fue la política de privatización que ha seguido el Estado mexicano.

El cuestionamiento del diputado Ramírez Cuéllar es de fondo y de forma. De fondo, es un debate en torno a la concesión y al rol del Estado y a su interpretación constitucional de los artículos 25, 26 y 28 y de forma, yo si quisiera en esto dar una puntual respuesta.

Señala que el Congreso General, el Congreso de la Unión, ha dejado en manos del Ejecutivo el que se lleve a cabo esta política de privatizaciones. Que nosotros nos hemos abstenido de intervenir en dicho proceso y, señala como ejemplo por excelencia el caso de las privatizaciones de las sociedades nacionales de crédito.

Yo quisiera comentarle al diputado Ramírez Cuéllar, cuando también señala que en un presupuesto de egresos de la anterior legislatura se aprobó, de que únicamente se podían liquidar las entidades paraestatales mediante el mismo instrumento jurídico por el cual fueron creadas.

Ciertamente esta medida es la que se ha llevado a la práctica, pero no porque esté en dicho presupuesto de egresos. Así ha sido la práctica por que así está contemplada en la legislación, efectivamente en el Reglamento a la Ley de Entidades Paraestatales en su artículo 5o. párrafo tercero señala muy claramente lo siguiente, dice: "... para la desincorporación de entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por Decreto o Acuerdo del Ejecutivo Federal, se deberán observar -ojo- las mismas formalidades seguidas para su creación..." así pues, el Congreso no tiene por qué intervenir en la desincorporación de entidades paraestatales que fueron creadas o por decreto del Ejecutivo o de conformidad con mecanismos jurídicos ajenos completamente a ley o decreto del Congreso de la Unión. En los casos en que la entidad paraestatal, el organismo descentralizado o la entidad de que se trate, hubiese sido creado por una ley o decreto del Congreso del Estado, evidentemente y de conformidad con esta disposición, hubiera correspondido al Congreso de la Unión conocer de su liquidación pero no ha sido el caso, se ha tratado fundamentalmente de empresas de economía mixta, de empresas que eran sociedades anónimas y se han enajenado por la simple venta de los títulos de las acciones que tenía el estado, en otros casos han sido fideicomisos y se ha llevado a cabo por los mecanismos jurídicos pertinentes.

En ese sentido el Congreso no ha declinado ni ha dejado en manos del Ejecutivo lo que le hubiera correspondido si fuera competencia del Congreso, simplemente si no se han presentado las incorporaciones a esta soberanía es porque no era de la competencia de esta soberanía conocer de esos casos.

Por último compañeras y compañeros, el diputado Calderón señaló un tema que ya está suficientemente discutido, aquí se razonó sobre los motivos por los cuales la Secretaría de Programación y Presupuesto en sus atribuciones

pasarían fundamentalmente a formar parte de Hacienda y Crédito Público, lo que se ha hecho por el Senado adicionado la iniciativa del Ejecutivo, es por elemental coherencia jurídica, denominar Programación y Presupuesto donde antes, denominar Hacienda y Crédito Público donde antes de denominaba Programación y Presupuesto.

Lo cierto es que de esta manera se perfecciona nuestra legislación, la Ley de Entidades Paraestatales en particular y de ninguna manera creo yo que sea el momento para discutir en torno a las medidas por las cuales las atribuciones de dicha Secretaría forman parte ya de Hacienda y Crédito Público; pero sí recordar que de ninguna manera esas atribuciones se dejan de ejercer, lo que sí se busca es que se ejerzan con mayor eficiencia.

Por último cuestionaba con todo esto también, lo hacia también el diputado Ramírez Cuéllar, la rectoría del Estado, sin pretender entrar a ello yo simplemente quiero decir que la rectoría del Estado no se mide por cuántas empresas públicas tiene sino por cuán eficaz es el Estado en la regulación del proceso económico de la nación y el Estado mexicano no ha declinado sus atribuciones en materia de rectoría, ha buscado una forma más eficiente de cumplirlas y eso es lo que yo quisiera, en tono a este tema, responder.

Por último compañeras y compañeros quiero pedirles su voto favorable al dictamen que ha preparado la comisión mediante el cual se exceptúa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría Agraria de ser objeto de la Ley de Entidades Paraestatales, se hace con el objeto de que tenga mayor autonomía de gestión para que cumplan más eficazmente con sus objetivos y asimismo pedirles su apoyo para que la adición que el Senado de la República hizo mejorando el texto de la Ley de Entidades Paraestatales colocando la expresión "Secretaría de Hacienda y Crédito Público" donde antes decía Programación y Presupuesto, tenga a bien ser aprobada por ustedes. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Muchas gracias señor Diputado Eloy Cantú Segovia. Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jorge Calderón Salazar: - Con su permiso, señor Presidente:

Pido la palabra para hechos porque estimo pertinente hacer ciertas precisiones en torno a este proceso de privatización y desincorporación.

De 1982 a la fecha, se han privatizado 1 mil 155 empresas paraestatales; y durante el presente gobierno, hasta el mes de abril del año de 1991, se han concluido 230 procesos de desincorporación y se han iniciado 135.

El problema es que en cierto número de estas empresas no son ni restaurantes, ni hoteles ni cabaret como alguna ocasión un articulista señalaba. Se trata de empresas que tienen una importancia decisiva en la vida económica de la nación.

Yo quisiera recordar a este respetable Congreso, que el artículo 28 establece claramente, después de precisar aquellos sectores exclusivos para el Estado, establece claramente que el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en donde en las actividades de carácter prioritario, donde de acuerdo con las leyes participe por sí o con los sectores social y privado.

El problema que estamos aquí cuestionando y lo cuestionamos porque se trata de artículos que mencionan facultades con las que discrepamos, lo que cuestionamos es la privatización de siderúrgicas como la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas; Sociedad Anónima y Altos Hornos de México; la privatización de Teléfonos de México, de Aseguradora Agrícola, de compañías mineras, ingenios azucareros y banca comercial y de la radical desaparición de las funciones reguladoras que el Estado tenía en áreas fundamentales.

Si ha sido opinión de los funcionarios que no es estratégica la siderurgia, discrepamos con ellos, si ha sido opinión de numerosos funcionarios que no resulta de interés nacional la industria metal - mecánica o de bienes de capital o de sectores básicos alimentarios como agroindustrias de gran complejidad, evidentemente no estamos de acuerdo con esto y seguiremos defendiendo no el número, repito, no el número de empresas paraestatales sino la participación decisiva del Estado en aquellos sectores estratégicos y prioritarios, al mismo tiempo que defendemos la transferencia de empresas medianas y pequeñas que anteriormente estaban en manos del gobierno para que sean empresas bajo dirección y control del sector social, del sector cooperativo, uniones de ejidos y asociaciones rurales de interés colectivo y en los casos que resulte para interés nacional, están

transferidas también a auténticos y nacionalistas, medianos y pequeños empresarios.

Pero aquellas entidades que en base al 28 constitucional se consideren estratégicas o prioritarias, con el espíritu del constituyente, deben ser defendidas, e independientemente de que no existan en este momento condiciones para una reforma legal que faculte al Congreso a dar autorización a estos procesos de privatización, seguiremos defendiendo que exista un sector estatal en ramas prioritarias y estratégicas, al mismo tiempo que estamos a favor de una desregulación democrática pero manteniendo la rectoría económica del Estado. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias señor diputado. Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.

El Diputado Héctor Ramírez Cuéllar:- Señor Presidente, compañeros diputados:

He pedido la palabra para hacer algunas precisiones y aclaraciones. El artículo 90 de la Constitución establece la facultad de crear empresas estatales y la intervención del Ejecutivo en su operación, pero no establece la facultad de desaparecer, liquidar, extinguir o fusionar. Esa facultad está en la Ley Federal, no está en la Constitución, por esa razón es que nosotros plantemos nuestras dudas sobre la anticonstitucionalidad de la Ley Federal.

El problema está en que la Constitución señala claramente cuáles son las áreas estratégicas, está muy claro cuáles son éstas, están enlistadas y no hay duda de ellas, pero está el libre arbitrio del Presidente para decidir cuáles son las áreas prioritarias, dado que éstas no están definidas en la Constitución; queda al arbitrio del Poder Ejecutivo decidir lo que es una empresa prioritaria y lo que no es una empresa prioritaria.

Durante mucho tiempo se consideró, por ejemplo, que Teléfonos de México era una empresa prioritaria y por eso el Estado tuvo una gran participación en ella, pero después se consideró que ya no era prioritaria la empresa Teléfonos de México y entró a un proceso de desincorporación y de venta de acciones. Quién decidió, en qué momento, Teléfonos de México dejaba de ser una empresa prioritaria. El Presidente de la República, el encargado del Poder Ejecutivo.

Nosotros pensamos que tratándose de empresas de ese volumen y de esa importancia, de las empresas de la rama metal - mecánica, de las autopartes, de la industria pesada, de empresas de servicio como la Compañía Nacional de Subsistencia Populares, que son empresas de una gran trascendencia económica y social, no debe quedar al arbitrio del Presidente de la República en turno, definir si son prioritarias o no, sino se requiere la autorización y el debate del Congreso de la Unión.

Nosotros siempre hemos considerado que las comunicaciones telefónicas son prioritarias en la vida de cualquier país y sin embargo el Ejecutivo tomó otra decisión en sentido contrario. Siempre consideramos que el abasto de alimentos a la población era algo prioritario, que el fortalecimiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares era algo de interés económico y social de primer nivel y sin embargo el Presidente decidió lo contrario y adelgazó la Compañía Nacional de subsistencias Populares, pero todo se limita al criterio del Gabinete Económico, al juicio del Presidente y no al juicio del Congreso de la Unión y ése es el problema principal.

Tratándose de empresas de una gran importancia, aunque no estén en la lista de las empresas estratégicas, aunque no se encuentren enlistadas, por su repercusión, por su importancia, por el capital que manejan, por el campo en el que se ubican, debiera la Cámara de Diputados examinar la conveniencia de mantenerlas en el área paraestatal o de ser incorporadas y no que quede esta decisión al arbitrio del Presidente de la República en turno. Gracias.

El Presidente: - Gracias, señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar.

Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.

La secretaria Julieta Mendívil Banco: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Se ruega a la Secretaría haga los avisos

a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Se emitieron 322 votos en pro, seis abstenciones y siete votos en contra.

El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)

* CÓDIGO PENAL

El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que adiciona el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario Jaime Rodríguez Calderón: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

Es de segunda lectura.

El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

En virtud de que no hay diputados que deseen hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.

El secretario Josafat Arquímedes García Castro: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.

*Este dictamen fue publicado en el Diario No. 26 del día 10 de julio 1992.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal.

El Secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón: -Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

( Votación.)

Se emitieron 343 votos en pro y ninguno en contra.

El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular, por unanimidad, el decreto que Adiciona el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. (Aplausos.)

La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

DENUNCIA

El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Sánchez Nava, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una denuncia sobre las agresiones a militantes de la Unión de Campesinos Democrática en Yucatán.

El diputado Guillermo Sánchez Nava: - Ciudadano Presidente, ciudadanas y ciudadanos diputados:

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados del Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto hacemos del conocimiento de esta soberanía la denuncia presentada por el ciudadano Humberto Sosa Pérez, secretario de la Unión Campesina Democrática del estado de Yucatán .

La decisión del gobierno federal de retirarse totalmente de las actividades henequeneras por su muy alto costo debido principalmente a la corrupción e ineficiencia de los funcionarios, aunado a los derechos nugatorios que tenían los campesinos frente a las autoridades, originó que

precipitadamente se hicieran planes para jubilarlos o para liquidarlos anticipadamente por parte del gobierno del Estado.

El gran número de campesinos, no liquidados, ni jubilados, originó 10 mil quejas las que se solicitaban más liquidaciones que jubilaciones. Por el gran número de quejas, la Unión Campesina Democrática convocó a una manifestación para el día 22 de junio y solicitó la participación de otros grupos para crear una organización plural que examinara las quejas y solicitara la investigación de los motivos de separación de tantos campesinos de las listas del Fondo de Apoyo a las Actividades Productivas de Yucatán.

Al ser convocada esta manifestación que tendría verificativo el día 22 de junio en curso, las autoridades del estado trataron de impedir que llegaran los manifestantes a la ciudad de Mérida. Pero a pesar de ello los manifestantes se reunieron y declararon en plantón permanente desde las 10 de la mañana de ese día 22 de junio, hasta las 12.40 horas del día 25 del mismo mes, cuando fueron agredidos violentamente por un grupo de cenecistas y policías que disolvieron el plantón.

La agresión comenzó cuando por radio se dio la orden de operación "rojo" y los cenecistas empezaron la agresión junto con los contingentes de la policía antimotines en dos columnas, golpeando salvajemente a los manifestantes y destruyendo sus pertenencias, así como el equipo de sonido y un automóvil que utilizaban los manifestantes.

El resultado fue el de varios heridos de gravedad por los golpes recibidos y 50 detenidos, de los cuales 20 fueron consignados, imputándoles falsamente diversos delitos. Actualmente sólo tres de ellos tienen auto de formal prisión en su contra, sin que puedan gozar de su libertad provisional bajo fianza. Estas tres personas son las siguientes: Severiano Salazar Castellanos, Luis Augusto Sosa Pérez e Iginio Auntum.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta honorable Cámara de Diputados su apoyo para los siguiente:

Primero. La libertad de los señores Severiano Salazar Castellanos, Luis Augusto Sosa Pérez e Iginio Auntum.

Segundo. El pago de los daños y perjuicios, causados a los manifestantes por la represión policiaca del día 25 de junio en la ciudad de Mérida Yucatán.

Tercero. La investigación para dar con los autores intelectuales y materiales de estos hechos y fincarles la responsabilidad penal que les corresponda, y

Cuarto. Negociación con las autoridades estatales para dar fin al proceso de liquidación de henequeneros del estado de Yucatán.

Por lo tanto, solicitamos sea turnada esta denuncia a la Comisión de los Derechos Humanos y a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, ambas de esta Cámara de Diputados, anexando la documentación respectiva para su cabal conocimiento.

Atentamente.

Diputada Rosa Albina Garavito Elías, diputado Gilberto Rincón Gallardo, diputado Guillermo Sánchez Nava.

El Presidente: -De enterado. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, de Información, Gestoría y Quejas.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los hechos ocurridos en Veracruz, durante la marcha de petroleros.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Con permiso de la Presidencia.

Hoy, 13 de junio de 1992, a las 8.45 de la mañana, los 4 mil 120 trabajadores petroleros que marchan desde el estado de Tabasco hacia la ciudad de México, en busca de respuestas favorables a los conflictos laborales y ecológicos que tienen con Petróleos Mexicanos, fueron al parecer accidentalmente arrollados por un trailer y un camión de mudanzas, antes de la recta de Cerro Gordo en el estado de Veracruz a unos kilómetros de la ciudad de Jalapa.

El saldo trágico, hasta estos momentos, es de cinco fallecidos, cuatro hombres y una mujer. Los nombres que hasta ahorita se tienen confirmados son del compañero Albino Arias Hernández, de Alfonso Ruiz Cevallos, de Juan López Gómez, de la compañera María del Rosario Hernández y de alguien, al que todavía no se puede identificar su cuerpo.

Hay más de 20 heridos que están siendo atendidos en el Hospital de Especialidades de Jalapa,

Veracruz, algunos de ellos graves, que pueden incrementarse las muertes y los heridos en el transcurso del día, toda vez que continúan las maniobras de rescate.

Los trabajadores petroleros han decidido bloquear la carretera referida, en tanto realizan los actos fúnebres de sus compañeros fallecidos, pendientes de la evolución de la salud de los heridos y en espera de la apertura del diálogo con las autoridades para la solución de sus conflictos laborales, de daño ecológico y ahora también de los que derivan del incidente del día de hoy, del cual responsabilizan a Petróleos Mexicanos en virtud de su cerrazón y negativa para atender sus demandas.

A este aspecto los trabajadores petroleros demandan una investigación inmediata y exhaustiva para deslindar responsabilidades en torno al accidente, castigo a los funcionarios públicos de la Policía Federal de Caminos que no cumplieron cabalmente con su cometido de proteger la marcha, indemnización a los familiares de los muertos y heridos y los que resulten autores materiales, si hubiese intelectuales, en el proceso de la investigación que se realice.

Al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática le preocupan estos hechos, pues acontecen en un clima político regional enrarecido, que tiene que ver con los recientes sucesos en el municipio de Paraíso, Tabasco y que se han desarrollado de la siguiente manera:

Después de un largo proceso de denuncias, quejas y demandas ignoradas y desatendidas, con fecha 5 de julio de 1992, los pescadores y agricultores, copreros y cacahuateros del municipio de Paraíso, estado de Tabasco, hicieron llegar al gobernador sustituto de este estado, un oficio a través del cual solicitaban su intervención, con el objeto de solucionar el problema de impacto productivo, ecológico y sanitario, propiciado por la ineficiente operación de la empresa pública Petróleos Mexicanos, cuyo antecedente más remoto data del año de 1974, cuando la citada industria se estableció en la región, particularmente en el puerto de Dos Bocas.

Los afectados han señalado que los impactos negativos se derivan de la totalidad del proceso productivo y distributivo de Petróleos Mexicanos, es decir, contaminan y destruyen el resto de las actividades productivas, las propiedades y la salud de los pobladores de la región. Tanto por las obras de infraestructura, como por la exploración, transporte y distribución de sus productos, principalmente petróleo crudo.

Nos han hecho llegar cinco fotografías de la zona, que dejaremos en la Secretaría donde se demuestran estos dichos y estos hechos.

Para iniciar su operación en la zona, Petróleos Mexicanos expropió una significativa cantidad de tierras productivas tanto de ejidatarios como de particulares.

Con la puesta en marcha de las obras de infraestructura para operar industrial y administrativamente, Petróleos Mexicanos causó impactos negativos, tanto en la zona marítima como en la agroproductiva. Nos han hecho saber los compañeros, que solamente les llegan avisos como éstos, de industrias norteamericanas que a los pescadores y a los compañeros que trabajan en el campo en la región, les avisan de dónde van a ser las acciones de estallamiento, sin que esto tenga un fundamento más de fondo por parte de Petróleos Mexicanos.

Y a pesar de que se cuenta con un sistema de control de reclamaciones y donde documentales como éstas se han interpuesto permanentemente, Petróleos Mexicanos no nos da respuesta.

También dejaremos estos documentales.

Ya operando, sea por la acción de los mecheros, los derrames de crudo, la ampliación de las obras de infraestructura o por las de transporte y comercialización, los impactos se agudizaron, afectando principalmente los ranchos y parcelas de Puerto Ceiba y del poblado Nuevo Torno Largo, que es el lugar donde fueron reubicados los habitantes de Torno Largo, como medida necesaria para que Petróleos Mexicanos pudiera operar.

También han resultado seriamente afectados, cuerpos de agua como los ríos González, Seco y la Laguna Mecoacán, afectando a 3 mil pescadores y sus familias.

Desesperanzados y después de una paciente espera a lo largo de dos décadas, en que ha visto degradarse su otrora bella y riquísima región, los productores acuicolas y rurales, tomaron la decisión de dirigirse al gobernador, para exponer el problema. Al tiempo que para presionar por una respuesta positiva, decidieron cerrar el acceso al puerto comercial y petrolero de Dos Bocas.

Voces locales insensibles han condenado este hecho, sin considerar los legítimos reclamos y derechos de los afectados.

Apenas el 7 de julio de este año, nuestro compañero el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Encinas, denunció los hechos ante el director general de Petróleos Mexicanos, Francisco Rojas Gutiérrez, sin obtener respuesta alguna.

Dos días después, el 9 de julio las fuerzas públicas del estado de Tabasco, incluida la judicial y militar y del municipio de Paraíso, desalojaron violentamente a los afectados de la carretera que bloqueaban, dejando un saldo de cuatro heridos un número indeterminado de golpeados y 32 detenidos. Algunos de los cuales eran ajenos a los hechos o fueron capturados en sus casas y lugares de trabajo.

Cabe decir que el diputado local del Partido de la Revolución Democrática, René Brondo Bulnes, fue apresado y golpeado en el edificio del Ayuntamiento por órdenes del presidente municipal de Paraíso, José Manuel Barajau Pérez, en un acto por demás anticonstitucional si consideramos que el diputado tiene un fuero que lo protege contra éste y cualquier otro acto de autoridad.

También nos han hecho llegar fotos sobre los hechos que dejaremos en su presencia y más que dejarnos las fotos de las armas que se utilizaron y los daños que causaron entre la población que protestaba en ese acto, los afectados se dieron a la tarea de recoger parte de las armas que fueron utilizadas el día de la agresión en el municipio de Dos Bocas y que dejaremos también aquí ante la Secretaría para complementar nuestra denuncia.

Como se ve, son casquillos de escopetas, expansivas y también bombas lacrimógenas y también hubo disparos de balas que los compañeros pudieron recoger después que fueron agredidos.

El día 9 de julio, el diputado federal tabasqueño por el Partido de la Revolución Democrática, Cuitláhuac Vázquez, hizo uso de la tribuna de esta legislatura para denunciar los hechos y demandar soluciones, acordándose que la denuncia fuera turnada a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente para que tomara cartas en el asunto.

El día 10 de julio, un sujeto en estado de ebriedad se presentó en el domicilio del diputado federal Cuitláhuac Vázquez, en actitud provocadora, portando incluso armas de fuego; el mismo sujeto se comunicó telefónicamente con el diputado federal, profiriendo una serie de amenazas en su contra.

El día 12 de julio, los pescadores y productores rurales afectados, del municipio del Paraíso, realizaron una manifestación en Villahermosa, Tabasco, demandando la libertad de sus compañeros presos y la solución a sus demandas, sucitándose de nueva cuenta, una actitud amenazante y represiva por parte de las fuerzas policiacas del estado, evidentemente sin que encontraran respuestas positivas.

A nuestro juicio, los hechos acontecidos en Paraíso, Tabasco y los conflictos laborales en Petróleos Mexicanos, que han tenido un saldo trágico en Veracruz, forman parte de un solo esquema de acción gubernamental que ha optado por negarse a resolver los conflictos sociales en el marco de una situación nacional en extremo delicada y peligrosa, que incluye el sucio proceso electoral michoacano y que muestra el desgaste del sistema político y en particular, el del gobierno federal.

En síntesis, hago uso de esta tribuna para solicitarle a la Presidencia, con sustento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que turne la presente denuncia a la Comisión de Información Gestoría y Quejas, así como a la de Derechos Humanos de esta Cámara, para la investigación de los hechos con objeto de determinar quiénes son los responsables intelectuales y materiales del accidente.

Asimismo solicito la intervención de esta Cámara para la solución de los conflictos entre Petróleos Mexicanos y los afectados.

Para los efectos conducentes, anexo a la presente 12 fotografías en blanco y negro, sobre los efectos contaminantes y la represión en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco; dos pruebas documentales referentes a los mismos hechos, así como seis cartuchos usados de escopeta, dos casquillos de balas usados, una bala sin usar y dos cartuchos de bombas lacrimógenas utilizadas en los mismos actos y recogidas por los afectados.

Por el Partido de la Revolución Democrática, un servidor, diputado federal Manuel Huerta, con fecha de hoy en este Recinto alterno de la Cámara de Diputados. Muchas Gracias.

El Presidente: - De acuerdo, y túrnese la denuncia presentada por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a la Comisión de Derechos Humanos y de Información Gestoría y Quejas.

Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Arturo Nájera Fuentes, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Arturo Nájera Fuentes: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los diputados priístas veracruzanos deseamos manifestar nuestro pesar por el lamentable accidente ocurrido el día de hoy en el municipio de Emiliano Zapata, a los integrantes del grupo de trabajadores del Petróleos Mexicanos y otras agrupaciones políticas y sociales que se dirigían a esta capital.

Comprendemos la importancia de que estos hechos se investiguen a profundidad y se precisen las causas del percance, para bien de todos. Que en este caso, como en otros, prevalezca el derecho y se haga justicia.

De manera preliminar y sin que esto implique un juicio previo de nuestra parte, nos hemos enterado de los hechos ocurridos en el municipio de Emiliano Zapata.

El estado de Veracruz, por su situación geográfica es paso para los ciudadanos de los estados hermanos del sureste de la República, que por vía terrestre se dirigen a la capital del país. Este hecho hace que cuando alguien organiza grupos o machas a la capital, la sociedad veracruzana es respetuosa de quienes transitan por los caminos de nuestro Estado.

En esta ocasión la marcha de trabajadores, que se inicia en el estado de Tabasco y que el día de ayer habían pernoctado en la población de Paso de Ovejas, Veracruz, se dirigían con rumbo a la cuidad de Jalapa y, precisamente cuando transitaban por caminos sinuosos, conocidos por las curvas de Cerro Gordo, lugar que por su topografía lo hace ser demasiado peligroso, a pesar de la ampliación que se ha hecho de la cinta asfáltica, en sentido contrario a los marchistas avanzaba un vehículo, un vehículo de carga, que al ser rebasado por otro vehículo de semejantes características y supuestamente al querer volver nuevamente a su carril, embiste al vehículo que está delante de él; precipitándose ambos vehículos en contra de los marchistas, con las terribles consecuencias aquí señaladas.

Es un lamentable accidente de tránsito que ha conmovido a toda la comunidad veracruzana y se ha solidarizado con los deudos y con los lesionados que se les da atención médica eficiente.

Estamos de acuerdo en que este asunto sea turnado a las comisiones solicitadas, a fin de que los hechos se investiguen con todo el rigor y el apego a la ley. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Ruego a la Secretaría prosiga con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DÍA

El secretario Josafat Arquímedes García Castro: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Primer Año. -LV Legislatura.

Orden del día

14 de julio de 1992.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Congreso del Estado de Querétaro, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Enrique Brugos García, gobernador constitucional del Estado, rendirá el Primer Informe de Gobierno, que tendrá lugar el 25 de julio en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, declarado recinto oficial, a las 11.00 horas.

Proposiciones de la Gran Comisión.

Oficios de la honorable Cámara de Senadores.

La honorable Cámara de Senadores, invita a la sesión solemne, en la que se impondrá la "Medalla Belisario Domínguez".

Por el que se comunica los nombres de los senadores que fueron electos para integrar la Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.

Comunicación del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

Informe de la Comisión de Derechos Humanos.

Iniciativas de ciudadanos diputados

De reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Población y Desarrollo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona

diversas disposiciones a la Ley General de Población.

Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Proceso Electoral en Michoacán.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor José María Pérez Gay, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Alemán de Mérito, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

De la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano capitán de Fragata del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor Joaquín Montero Mortera, para aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales , con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gustavo Rigoberto Fermoso Almaraz, para que pueda prestar servicios como telefonista en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Rosa Elba Pérez Hernández para que pueda prestar servicios como especialista de información, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel López Martel, para que pueda prestar servicios como chofer en la oficina de asuntos comerciales de la Embajada de Tailandia, en México.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Sandra Luz Ramírez Rendón, Lorena Rosas Rodríguez y Javier Velázquez García, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California y en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gregorio Aróstico Vázquez, Javier Chavarría Rosas, Susana Lizardi Ens e Hilda del Carmen Tejeda Téllez, para prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, Arsenio Lucio, Susana Cruz Herrera y Francisco Ruiz Romero, para prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de Bélgica, en México.

Elección de miembros de la Comisión Permanente.

Comisiones de Cortesía.»

El Presidente (a las 16.35 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana martes, 14 de julio, a las 11.00 horas en punto.