Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19920714 - Número de Diario 28
(L55A1P1oN028F19920714.xml)Núm. Diario: 28ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES.
Héctor de Antuñano y Lara
AÑO I México, D. F., martes 14 de julio de 1992 No. 28
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INVITACIÓN
Del Congreso del Estado de Querétaro, a la sesión solemne en la que el gobernador, licenciado Enrique Burgos García, rendirá su primer informe de gobierno. Se designa Comisión.
PROPOSICIONES
Tres de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, respecto de la integración de las comisiones reglamentarias y otra por la que se designa como oficial mayor de la Gran Comisión, a Aquiles López Sosa. Se aprueban.
Protesta del ciudadano Aquiles López Sosa.
OFICIOS DE LA COLEGISLADORA
Por el que se invita a la sesión solemne en la que impondrá la medalla Belisario Domínguez. Se designa Comisión.
Por el que comunica los nombre de los senadores que fueron electos para integrar la Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LV Legislatura. De enterado.
COMUNICACIÓN
Del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por la que se desiste de un segundo grupo de iniciativas que habían presentado, a fin de abatir el rezago legislativo. De enterado.
INFORME
De la Comisión de Derechos Humanos, sobre los foros de reformas legislativas sobre derechos humanos presentado por el diputado Víctor Martín Orduña Muñoz. De enterado.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Presentada por el diputado Jorge Moscoso Pedrero. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para rectificar hechos, hace uso de la palabra el diputado Rafael Fernández Tomás.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY GENERAL DE POBLACIÓN
De la Comisión de Población y Desarrollo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población.
Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa.
Para su discusión en lo general y en lo particular tienen la palabra los diputados:
Quinardo Meléndrez Montijo, en pro.
Martha Patricia Ruiz Anchondo, hace una propuesta.
Demetrio Santiago Torres, en pro.
Francisco Dorantes Gutiérrez, en pro.
Jorge Tovar Montañez, en pro.
Francisco Agustín Arroyo Vieyra, en pro.
Jorge Calderón Salazar, para rectificar hechos.
Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ESTADO DE MICHOACÁN
Para expresar sus comentarios y opiniones, sobre el proceso electoral en dicho Estado, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Rosa Albina Garavito Elías
Jorge Mendoza Alvarez
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
Francisco Felipe Laris Iturbide
Manuel Huerta Ladrón de Guevara
Martín Tavira Urióstegui
Carlos Avila Figueroa.
Gabriel Mendoza Manzo
Octaviano Alaniz Alaniz
José Camilo Valenzuela
Luisa Alvarez Cervantes
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Cesáreo Morales García
René Bejarano Martínez
José Octaviano Alaniz Alaniz
Agustín Basave Benítez
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Rafael Fernández Tomás
La Secretaría informa que el diputado Orihuela Bárcenas ha depositado un acta levantada en la ciudad de Morelia, Michoacán, respecto del debate en el que participó con una interpelación.
CONDECORACIONES
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José María Pérez Gay, pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Joaquín Montero Mortera, pueda aceptar y usar la que le confiere al gobierno de la República Federativa de Brasil.
NOMBRAMIENTOS
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia, en Monterrey Nuevo León.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Antonio Flores de la Vega, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia, en Guadalajara, Jalisco.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gustavo Rigoberto Fermoso Almaraz, pueda prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Rosa Elba Pérez Hernández, pueda prestar sus servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel López Martel, pueda prestar sus servicios en la oficina de Asuntos Comerciales de la embajada de Tailandia en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Sandra Luz Ramírez Rendón, Lorena Rosas Rodríguez y Javier Velázquez García, puedan prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California y en la embajada de los Estados Unidos de América en México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Gregorio Aróstico Vázquez, Javier Chavarría Rosas, Susana Lizardi Ens e Hilda del Carmen Tejeda Téllez, puedan prestar servicios en la embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que se concede el permiso constitucional necesario para los ciudadanos Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, Arsenio Lucio, Susana Cruz Herrera y Francisco Ruiz Romero, puedan prestar servicios en la embajada del Reino de Bélgica en México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO LEONIDES SAMUEL MORENO SANTILLÁN
ASISTENCIA
El presidente:- Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Josafat Arquímides García Castro: -Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 393 diputados, por lo tanto hay quórum reglamentario.
El Presidente (a las 12:09 horas): - se abre la sesión
ORDEN DEL DÍA
El secretario Arquímides García Castro: - Se va a dar lectura al orden del día.
"Segundo período de sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
14 de julio de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Querétaro, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Enrique Brugos García, gobernador constitucional del estado, rendirá el Primer Informe de Gobierno que tendrá lugar el 25 de julio en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, declarado recinto oficial, a las 11:00 horas.
Proposiciones de la Gran Comisión.
Oficios de la honorable cámara de Senadores
La honorable Cámara de Senadores, invita a la sesión solemne, en la que se impondrá la "Medalla Belisario Domínguez".
Por el que se comunica los nombres de los senadores que fueron electos para integrar la Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Comunicación del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Informe de la Comisión de Derechos Humanos.
Iniciativa de ciudadanos diputados
De reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Población y Desarrollo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Población.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Proceso Electoral en Michoacán.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor José María Pérez Gay, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Alemán de Mérito, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano capitán de fragata del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor Joaquín Montero Mortera, para aceptar y usar la condecoración Medalla del Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales, con proyecto de decreto que concede
permiso al ciudadano Gustavo Rigoberto Fermoso Almaraz, para que pueda prestar servicios como telefonista en la embajada de los Estado Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Rosa Elba Pérez Hernández, para que pueda prestar servicios como especialista de información, en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel López Martel, para que pueda prestar servicios como chofer en la oficina de asuntos comerciales de la embajada de Tailandia, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Sandra Luz Ramírez Rendón, Lorena Rosas Rodríguez y Javier Velázquez García, para prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California y en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto, de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gregorio Aróstico Vázquez, Javier Chavarría Rosas, Susana Lizardi Ens e Hilda del Carmen Tejeda Téllez, para prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos, Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, Arsenio Lucio, Susana Cruz Herrera y Francisco Ruiz Romero, para prestar servicios en la embajada del Reino de Bélgica, en México.
Elección de los miembros de la Comisión Permanente.
Comisión de Cortesía."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Josafat Arquímides García Castro: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día trece de julio de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Legislatura.
Presidencia del diputado Eberto Croda Rodríguez.
En la Capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con ocho minutos y con una asistencia de trescientos veintisiete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, posteriormente, en virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios, han recibido copias del acta de la sesión anterior y que no hay nadie que la impugne, la Asamblea dispensa la lectura a dicho documento y lo aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con un ocurso de particular, referente a un incidente de carácter internacional, mismo que se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Amador Rodríguez Lozano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien presenta un informe sobre la situación de los mexicanos en la frontera norte.
Para expresar sus opiniones respecto del mismo asunto, hace uso de la palabra los diputados Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista y Victor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el diputado electo Gaspar Valdés Valdés, del quinto distrito electoral del estado de Coahuila y designa una comisión para que lo introduzca en el salón y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, el diputado Valdés Valdés, toma posesión de su encargo de inmediato.
La Secretaría da cuenta con una comunicación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que informa haber elegido al diputado Efraín Zuñiga Galeana como coordinador de la diputación campesina. El Presidente informa que siendo un asunto del particular interés de ese grupo parlamentario, se da por enterado.
Solicita y se le concede el uso de la palabra al diputado Rafael Fernández Tomás, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien retira iniciativas de su Partido presentadas desde la quincuagésima primera legislatura, incluyendo las que fueron iniciadas por el Partido Socialista de los Trabajadores y reserva cinco para solicitar su oportuno dictamen. De enterado.
Sube a la tribuna el diputado Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley sobre la Celebración de Tratados. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Relaciones Exteriores.
Hace uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a los artículos sesenta, setenta y cuatro y ochenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En virtud de que los señores diputados han recibido copias del dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, la Asamblea dispensa la primera lectura.
Se da cuenta con un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, Arsenio Lucio; Susana Cruz Herrera y Francisco Ruiz Romero, puedan prestar sus servicios en la embajada del Reino de Bélgica en México. Es de primera lectura.
En virtud de que los señores diputados han recibido copias del dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se dispensa la segunda lectura y se somete a discusión, en lo general y en lo particular, de inmediato.
Para fundamentar el dictamen a nombre de las comisiones, hace uso de la palabra el diputado Trinidad Reyes Arcaraz, del Partido Revolucionario Institucional y, para expresar sus opiniones al respecto, los diputados: Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; Rafael Farrera Peña, del Partido Revolucionario Institucional; Rafael Fernández Tomás, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional;
Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante
Evangelina Corona Hernández, del Partido de la Revolución Democrática y Fernando Espino Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y tres votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Presidencia del diputado Eberto Croda Rodríguez
Por las mismas razones que el anterior, se dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y se somete a discusión en lo general y en lo particular de inmediato.
Debaten este dictamen los diputados Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, en dos ocasiones, en contra y para rectificar hechos, respectivamente; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, también en dos ocasiones y en el mismo sentido y en pro, los diputados Luisa Alvarez Cervantes, del Parido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintidós votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
También se dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto
de decreto que adiciona el artículo ciento veintitrés del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y no habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y tres votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Para denunciar lo que llamó agresiones a militantes de la Unión de Campesinos Democrática, hace uso de la palabra el diputado Guillermo Sánchez Nava, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las comisiones de derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas.
Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a hechos ocurridos en el estado de Veracruz, durante una marcha de petróleos.
Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Arturo Nájera Fuentes, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del Día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con treinta y ocho minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, catorce de julio de mil novecientos noventa y dos, a las once horas"
El Presidente: -Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
El secretario Josafat Arquímides García Castro: -Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada el acta, señor presidente.
INVITACIÓN
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:- Se dará lectura a una invitación.
"Escudo.- Querétaro.- Gobernador Constitucional.
Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, el próxima día 25 a las 11:00 horas, en el Auditorio "Josefa Ortiz de Domínguez", habré de rendir mi Primer Informe de Gobierno ante la Quincuagésima Legislatura Local.
Lo que me permito participar a usted y, a la vez, le solicito muy atentamente, tenga a bien designar una representación de la honorable Cámara de Diputados.
Para Querétaro, será muy honroso contar con tan distinguida presencia.
Atentamente.
Querétaro, Querétaro, 13 de julio de 1992,- Licenciado Enrique Burgos García. Rúbrica."
El Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes diputados: presidiendo esta comisión, al licenciado Fernando Ortiz Arana; integrando la misma los diputados: Gil Mendoza Pichardo, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José de Jesús Puga Tovar y José Guadalupe Martínez Martínez.
PROPOSICIONES
El Secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Se dará lectura a la proposición de la Gran Comisión.
"Acuerdo para la integración a comisiones de los diputados que han ingresado a la LV Legislatura.
Honorable Asamblea: La Gran Comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, fracción IV, 50, 51 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a las Comisiones y Comités, y
CONSIDERANDO
1. Que es necesario ajustar las directivas de comisiones y comités, en virtud de que algunos ciudadanos diputados han solicitado licencia para separarse de sus funciones, misma que les fue concedida en términos del artículo 62 constitucional; que en fecha reciente ocurrió el lamentable deceso de un ciudadano diputado; que esta soberanía calificó la elección de un distrito electoral pendiente; y, de que como consecuencia de lo anterior nuevos ciudadanos diputados se han incorporado al trabajo legislativo;
2. Que es facultad del pleno de la Cámara sancionar las propuestas de la Gran Comisión.
Propone nuevas incorporaciones de ciudadanos diputados a las comisiones y comités en los términos del siguiente:
ACUERDO
Primero. Se sustituyen en las mesas directivas de las comisiones y en el cargo que señala los siguientes diputados:
Comisión de Agricultura
Se designa como Presidente al diputado Julián Luzanilla Contreras, en sustitución del diputado Rafael González Pimienta.
Se designa como secretario de Producción Agrícola al diputado Jesús González Gortázar.
Comisión de Asuntos Hidráulicos
Se designa como Secretario al diputado José Guadarrama Márquez, en sustitución del diputado Julián Luzanilla Contreras.
Comisión de Ganadería
Se designa como Secretario al diputado Francisco Javier Alvarado Arreguín, en sustitución del diputado Julián Luzanilla Contreras.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública
Se designa como secretario al diputado Ricardo López Gómez, en situación del diputado Eloy Cantú Segovia.
Se designa como Secretario al diputado Agustín Basave Benítez, en sustitución al diputado Salvador Robles Quintero.
Segundo. Se incorporan los siguientes ciudadanos diputados a las comisiones que se enuncian:
Diputado Alejandro Silva Hurtado: Comisión de Asuntos Fronterizos y Comisión de Salud.
Diputado Alberto Monterde Reyes: Comisión del Distrito Federal.
Diputado Alberto Gómez Gómez: Comisión de Educación, Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Comisión de Salubridad y Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Diputado Gaspar Valdez Valdez: Comisión de Asuntos Fronterizos, Comisión de Comunicaciones y Transportes, Comisión de Trabajo y Previsión Social y Comisión de Relaciones Exteriores.
Diputado Efraín Zavala Cisneros: Comisión de Hacienda y Crédito Público, Comisión de Fomento Cooperativo y Comisión de Agricultura.
Recinto alterno de la Cámara de Diputados, a Catorce Días del mes de julio de 1992.- Diputados: Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Gran Comisión; José A. González Fernández y César A. Santiago Ramírez, secretarios de la Gran Comisión."
El Presidente: -Continué la Secretaría con los asuntos en cartera.
El secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón:
"Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados, Presente.
Con fundamento en las facultades que otorga la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso General de la Gran Comisión, nos permitimos solicitar se presente a consideración del Pleno la siguiente propuesta:
Que dentro de la Comisión de Asuntos Fronterizos, se cree una subcomisión para asuntos de la Frontera Sur y que quede al frente de la misma como coordinador de ella, el señor diputado Cuauhtémoc López Sánchez, actualmente miembro de dicha comisión.
Por la atención que le merezca esta solicitud le expresamos nuestro reconocimiento, reiterando nuestro pedimento de someterla a la consideración del Pleno.
Suscribe esta solicitud además, el Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, diputado Eloy Cantú Segovia.
Recinto alterno, Centro Médico, Distrito Federal a 14 de julio de 1992.- Diputados: Fernando
Ortiz Arana, Presidente; César A. Santiago Ramírez y José A. González Fernández, secretarios; Eloy Cantú Segovia, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos."
Esta a discusión la proposición... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada la propuesta, señor Presidente.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el Punto de Acuerdo, señor Presidente.
Se dará lectura a otra propuesta de la Gran Comisión.
"Honorable Asamblea: La Gran Comisión, con fundamento en los artículos 47 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se designa como Oficial Mayor de la Gran Comisión al licenciado Aquiles López Sosa.
Salón de las Sesiones del Recinto Alterno de la Cámara de Diputados, a los catorce días del mes de julio de 1992
México, Distrito Federal, a 14 de julio de 1992.- Diputados: Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Gran Comisión; José Antonio González Fernández y César Augusto Santiago Ramírez, secretarios de la Gran Comisión."
Está a discusión la proposición... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor presidente.
El Presidente: - Encontrándose a las puertas de este recinto el licenciado Aquiles López Sosa, se designa para que lo introduzcan, a fin de que rinda la protesta de la ley, a los siguientes diputados: Enrique Chavero Ocampo, Adolfo A. Kunz Bolaños y Patricia Ruiz Anchondo.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Se pide a la comisión cumplir su encargo.
El Presidente. - Se pide a los presentes ponerse de pie para tomar la protesta de la ley.
Señor licenciado Aquiles López Sosa. -¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?
El licenciado Aquiles López Sosa: -Sí, protesto.
El Presidente: - Si no lo hiciéreis así, la nación os lo demande. (Aplausos.)
El Presidente: - Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
OFICIOS DE LA COLEGISLADORA
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Se dará lectura a una invitación.
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- presentes.
La Honorable Cámara de Senadores, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar a propuesta de los ciudadanos senadores integrantes de la Comisión "Medalla Belisario Domínguez", entre otros el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Invítese a la Cámara de Diputados para que designe una declaración que concurra a la sesión solemne que en su oportunidad llevará a cabo este año el senado de la República para conmemorar el sacrificio del senador Belisario Domínguez, solicitándole se sirva designar un orador para participar en dicha sesión.
Nos permitimos comunicar a ustedes lo anterior a efecto de que tenga a bien dar cuenta a ese cuerpo legislativo de la cordial invitación que por este medio formulamos, para que una comisión de ciudadanos diputados asista en su momento al desarrollo de dicha sesión solemne. Asimismo, rogamos a ustedes designar a un orador para que en esa ocasión haga uso de la palabra y se refiere al ilustre senador chiapaneco desaparecido.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, Distrito Federal a 12 de julio de 1192.- Senadores: Antonio Melgar Aranda y María Elena Chapa Hernández, secretarios,"
El Presidente: - Esta presidencia designa en comisión para asistir a este acto en representación de esta Cámara de Diputados, a los siguientes diputados: César Augusto Santiago Ramírez, quien tendrá a su cargo la intervención; Juan Carlos Bonifaz Trujillo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Jorge Modesto Moscoso Pedrero, Antonio García Sánchez, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Francisco Hernández Juárez, Orbelín Rodríguez Velasco, José Antonio Aguilar Bodegas, Hugo Sergio Palacios Laguna, Jorge Flanmarión Montesinos Melgar, Ricardo López Gómez, Octavio Elías Albores Cruz y Alberto Alejandro Rébora González.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
Tenemos el honor de comunicar a ustedes, para conocimiento de esa honorable colegisladora, que en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, esta Cámara de senadores eligió a sus integrantes para la Comisión Permanente que habrá de funcionar en el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso de la Unión, cuyos integrantes son:
Titulares Senadores: Emilio M. González, Saúl González Herrera, Alfonso Martínez Domínguez, Humberto Lugo Gil, Manuel Aguilera Gómez, Carlos Sales Gutiérrez, Jesús Murillo Karam, Mauricio Valdés Rodríguez, Netzahualcóyotl de la Vega García, José Joaquín González Castro, Victor Manuel Tinoco Rubí, Eduardo Robledo Rincón, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Idolina Moguel Contreras, Ricardo Monreal Avila, Mario Villanueva Madrid, Porfirio Muñoz Ledo y Héctor Terán Terán.
Sustitutos: Silvia Hernández Enríquez, Antonio Melgar Aranda, Raúl E. Carrillo Silva, Gustavo Salinas Iñiguez, Rogelio Montemayor Seguy, Ernesto Luque Feregrino, Angel Sergio Guerrero Mier, Manuel Díaz Cisneros, Ramón Serrano Ahumada, José Luis Lamadrid Sauza, Gustavo Guerrero Ramos, Roberto Anzar Martínez, José de Jesús Padilla Padilla, María Elena Chapa Hernández, Germán Sierra Sánchez, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Robles Garnica y Armando Hopkins Durazo.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal a 13 de julio de 1992.- Senadores: Oscar Ramírez Mijares y Alger León Moreno, secretarios."
El Presidente: - De enterado.
COMUNICACIÓN
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana para dar lectura a una comunicación.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños: - Con su venia, señor Presidente:
Tengo aquí un escrito dirigido al diputado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, que dice así, está fechado el día 13 de julio de 1992 y dice:
"De conformidad con el acuerdo del pasado 20 de febrero, adoptado en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y, tomando en consideración que las iniciativas siguientes que no fueron dictaminadas oportunamente, se encuentran obsoletas o superadas por reformas posteriores, al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se desiste de este segundo grupo de iniciativa, con objeto de facilitar el trabajo en las comisiones y abatir el rezago innecesario de la Cámara de Diputados."
Se enlistan 27 iniciativas que abarcan del 30 de septiembre de 1976 al 29 de diciembre de 1987.
Quisiera pedir a la Presidencia se tuviera por leída la lista de iniciativas y se insertara en el acta con objeto de no aburrir a los asistentes con un simple recordatorio.
Si la Presidencia lo autoriza, dejaría, en manos de la Secretaría el texto del oficio para que como tal, se inserte como leído ante el pleno. Muchas gracias.
El Presidente: - Autorizado señor diputado, como lo solicita; muchas gracias.
De enterado e insértese en el Diario de los Debates.
"Escudo.- Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Ciudadano diputado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- presente.
De conformidad con el acuerdo del pasado 20 de febrero adoptado en la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política y tomando en consideración que las iniciativas siguientes, que no fueron dictaminadas oportunamente, se encuentran obsoletas o superadas por reformas posteriores, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se desiste de este segundo grupo de iniciativas, con objeto de facilitar el trabajo de las comisiones y abatir el regazo innecesario de la Cámara de Diputados:
Diputado Saúl Castorena M., 30 de septiembre de 1976, Ley que Regula las Aportaciones Económicas de Quienes Pagan el Servicio Público de la Educación Impartido por Particulares.
Diputado Carlos E. Cantú Rosas, 24 de septiembre de 1981, Ley de Arrendamiento.
Diputado Enrique Bermúdez Olvera, 22 de septiembre de 1987, Ley Inquilinaria.
Diputado Nabor Camacho Nava, 29 de septiembre de 1987, Año del General Lázaro Cárdenas.
Diputado Jaime Castellanos Franco, 29 de septiembre de 1987, Artículo 73 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Diputado Nabor Camacho Nava, 1o. de octubre de 1987, Ley para Prohibir la Importación, Distribución y uso del producto denominado "Camarina".
Diputado Nabor Camacho Nava, 6 de octubre de 1987, Decreto sobre Diversos Temas Educativos.
Diputado Héctor Calderón Hermosa, 8 de octubre de 1987, Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y artículo 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Diputado Nabor Camacho Nava, 13 de octubre de 1987, Fracción VIII del artículo 134 y el artículo 175 de la Ley General de Salud.
Diputado Nabor Camacho Nava, 4 de noviembre de 1987, Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.
Diputado Nabor Camacho Nava, 9 de noviembre de 1987, Artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo.
Diputado Nabor Camacho Nava, 17 de noviembre de 1987, Mejoras al Salario y Prestaciones del Trabajador.
Diputado Nabor Camacho Nava, 15 de octubre de 1987, Ley de las Cooperativas Pesqueras en el Territorio Nacional.
Diputado Nabor Camacho Nava, 20 de octubre de 1987, Fracción III del Artículo 76 de la Ley Federal de la Protección del Ambiente.
Diputado Nabor Camacho Nava, Aprovechamiento de Recursos Marinos.
Diputado Jaime Castellanos Castro, 4 de noviembre de 1987, artículo 60, 61, 63 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Diputado Jaime Castellanos Franco, 7 de diciembre de 1987, Artículo 108 constitucional.
Diputado Enrique Bermúdez Olvera, 8 de diciembre de 1987, Instituto Nacional de Defensa del Enfermo Mental y el Inválido.
Diputado Jaime Castellanos Franco, 10 de octubre de 1987, Fracción I del Artículo 35 constitucional.
Diputado Nabor Camacho Nava, 15 de diciembre de 1987, Artículo 55, 58 y 82 constitucionales.
Diputado Nabor Camacho Nava, 22 de diciembre de 1987, Artículo 1o. del decreto que crea el Seguro de Vida y Accidentes para los Trabajadores del Poder Legislativo.
Diputado Nabor Camacho Nava, 23 de diciembre de 1987, Decreto para Regular Sanitariamente la Prostitución.
Diputado Nabor Camacho Nava, 26 de diciembre de 1987, Artículo 265 y 267 del Código Federal Electoral.
Diputado Nabor Camacho Nava, 27 de Diciembre de 1987, Artículo 91 constitucional.
Diputado Nabor Camacho Nava, 28 de diciembre de 1987, Párrafo tercero del Capítulo de Presentación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputado Nabor Camacho Nava, 29 de diciembre de 1987, Decreto que Prohibe el Uso de Esteroides.
Diputado Jaime Castellanos Franco, 29 de diciembre de 1987, Capítulo Único del Título Cuarto del Código Sanitario.
"Justicia para Gobernar y Honradez para administrar".
México, Distrito Federal a 13 de julio de 1992.- Diputado licenciado Carlos E. Cantú Rosas, Coordinador."
INFORME
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Víctor Orduña Muñoz, para dar lectura al informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre los foros realizados.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: - Con su autorización, señor Presidente, señoras y señores diputados.
Sin duda alguna, la consulta pública es un medio idóneo de legislar, toda vez que recoge el sentir nacional respecto a diversos aspectos de la vida cotidiana que pueden llevar al legislador a la propuesta de ley.
Esta forma de legislar adecúa la norma a la realidad social, así la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara ha realizado una serie de foros, de los cuales hoy vengo a dar a ustedes los resultados de los mismos.
La finalidad de estos foros fue recibir y analizar propuestas de modificaciones y reformas a los ordenamientos legales vigentes, con el propósito de profundizar en el respeto de los derechos humanos en nuestro país.
Los miembros de esta comisión, acordamos llevar a cabo no solo estos foros en el Distrito Federal, sino también realizar este nuevo ejercicio de la actividad legislativa en toda la república. De esta manera se designaron cinco sedes regionales, como fueron Tijuana, Monterrey, San Luis Potosí, Veracruz y Guerrero, en las cuales se aglutinaron a las 31 entidades federativas del país.
Los temas objeto de la convocatoria, intentaron cubrir el amplio espectro de los derechos humanos y al mismo tiempo consideramos que eran los que por el reclamo de la sociedad, necesitan de más urgente atención y, éstos fueron los problemas inherentes a la seguridad pública, a los cuerpos policiacos, así como el sistema penitenciario, los derechos humanos de la mujer, y de igual manera, estimamos necesario revisar la situación jurídica de los migrantes, de los niños, de los discapacitados, hospitalizados y de las personas de la tercera edad.
Por último, nos permitimos revisar los aspectos relativos a la educación y cultura de los derechos humanos.
La convocatoria de esta Cámara y de la Comisión de Derecho Humanos fue atendida a lo largo de 15 sesiones, en las cuales recabamos más de 200 ponencias.
En este espacio estuvieron presentes desde prestigiados académicos que dieron los parámetros teóricos, hasta la frescura de las reflexiones de los grupos que desinteresadamente luchan por la protección de la dignidad humana.
Escuchamos la voz del servidor público, que con su experiencia hizo reflexiones críticas sobre la situación de su área de responsabilidad, y al contrastarlo con la realidad, propuso cambios.
A continuación presentamos, de manera general, las principales propuestas desarrolladas en estas sesiones de trabajo.
Uno de los temas fundamentales en esta sesión de foro, lo fue sin duda el interés que despertó la pena de muerte. A este respecto debe destacarse que cobró particular interés la supresión de la pena de muerte y en un buen número de propuestas se pronunciaron por la derogación de la pena capital prevista en nuestra norma constitucional, por considerarla contraria a todo principio racional y a toda lógica del estado de derecho.
Así también, con respecto al sistema penitenciario, las ponencias presentadas en esta
comisión en relación a uno de los ámbitos donde se transgreden los derechos humanos con mayor incidencia, fueron trabajos que desde diversas perspectivas abordaron la problemática de los centros penitenciarios y sus posibles soluciones. Las propuestas que recogió la comisión a este respecto son las siguientes:
Que se pondere la posibilidad de reformar los códigos adjetivos vigente, para que los asuntos de los detenidos y las etapas procedimentales se acorten a su mínima expresión; adicionar el artículo 8o. de la Ley General de Normas Mínimas, para conceder ala Secretaria de Gobernación facultades para otorgar el beneficio de tratamiento en libertad; despenalizar todas las conductas que no son gravemente antisociales, como la violación a los reglamentos de tránsito, la oposición a una obra o a un trabajo determinado; la ampliación de los supuestos de los delitos perseguibles por querella necesaria, a fin de que proceda el perdón del ofendido, entre ellos la apertura y la intersección de la comunicación escrita, las amenazas, el abandono del atropellado, las lesiones leves, el conjunto de los delitos patrimoniales, a excepción del robo.
Personal en materia penitenciaria. Se sugirieron diversos puntos como que el personal de custodia y seguridad de los centros penitenciarios, sean adecuadamente capacitados, así como a sus directivos. Es preciso que en esta formación se les insista en los tópicos relativos a la honestidad e implantarles salarios decorosos.
Señor presidente, yo le suplicaría si ruega no solo a los diputados, por que sé que este asunto es de su interés, sino a las galerías, que pudieran guardar silencio.
El presidente: - Esta Presidencia solicita respetuosamente a los señores diputados atención al orador; igualmente, a la personas visitantes, ocupen los lugares asignados para ese propósito y con su silencio muestren el respeto a los trabajos de esta asamblea. Continúe, señor orador.
El diputado Victor Martín Orduña Muñoz: - Gracias, señor presidente.
Se propuso también la creación de un artículo 3o - bis en la Ley de Normas Mínimas, sobre la readaptación social de los sentenciados, en el que se contempla la intervención de un cuerpo encargado de la solución a los problemas relativos a la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad, así como la vigilancia de la ejecución de las penas y el respeto a los derechos humanos de los internos. Este cuerpo tendría una característica de autónomo e integrado por funcionarios y notables en la materia, ajenos a las autoridades responsables directas en la ejecución de la pena, y se propone un tribunal o jueces de ejecución de sentencia.
Se propone asimismo que las leyes prohiban a los internos ocupar cargos de gobierno, que son propios y exclusivos de las autoridades penitenciarias.
Asimismo y una propuesta por demás interesante, que se sugiera a todos los centros penitenciarios del país, el uso del dinero el las cárceles, por ser éste el principal fenómeno generador en estos centros penitenciarios.
Con respecto a los cuerpos de seguridad pública, se propuso proteger ala población en la lucha contra la delincuencia, que ésta es propiamente tarea de los cuerpos policiacos, sin embargo es también tarea de las autoridades que la acción de los elementos policiacos sea dentro del marco de la Ley. No se puede consentir que en la lucha contra la delincuencia se utilicen métodos que atenten contra los derechos humanos del individuo.
Las diversas ponencias respecto a seguridad pública recogieron las siguientes impresiones:
Que la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contemple la posibilidad de que la comisión pueda hacer sugerencias a las instituciones que tienen a su mando a las policías, a fin de que los cursos de capacitación y profesionalización que se imparten, prevengan la violación a los derechos humanos.
Que se establezca en todas y cada una de las escuelas de las policías estatales y federales, un sistema didáctico que tienda al respecto y protección de los derechos humanos.
Revisar el marco jurídico relativo a al seguridad pública y a los cuerpos policiacos , a fin de capacitarlos y profesionalizarlos.
Aumentar los emolumentos económicos y técnicos de los elementos policiacos para evitar corrupción.
Desaparecer todos los cuerpos policiacos que no se encuentren comprendidos dentro de la constitución.
La creación del servicio civil policial. Es necesario establecer un sistema escalafonario en los cuerpos policiacos, a fin de que los ascensos se basen en reglas precisas y objetivas.
Se recomendó la confección - actualización de un padrón nacional policiaco, con la finalidad de que aquellos elementos policiacos que hubiesen sido dados de baja por la realización de algún ilícito o mala conducta, quedaran debidamente registrados, de tal manera que no les fuera posible reubicarse en alguna otra corporación policiaca.
Con respecto a los derechos humanos de los discapacitados hospitalizados y personas de la tercera edad, se propuso, para dar mayor seguridad y protección a este grupo, que los discapacitados estén incorporados a la seguridad social sin requisitos previos; modificar la legislación civil para evitar la terminología existente como idiota, imbécil, enajenando, etcétera.
Que el costo del equipo para discapacitados sea deducible de impuestos; establecer en todas las áreas urbanas, sobre todo en escuelas, hospitales y centros de interés público, un medio de transporte para discapacitados.
Reforma el artículo 180 de la Ley General de Salud; cambiar el término de personas inválidas por personas discapacitadas; legislar para dar estímulos fiscales a los empleadores de discapacitados.
En torno a propuestas de la tercera edad, se realizaron las siguientes propuestas:
Crear un Consejo Penitenciario de la Tercera Edad; la creación de una Procuraduría de la Defensa del Anciano; hacer obligatoria la enseñanza de gerontología desde niveles básicos, implementar cursos de prejubilación obligatorios, a fin de preparar psicológicamente a las personas de la tercera edad en su nueva etapa de jubilados.
La problemática de los hospitalizados se enfocó desde la perspectiva de evitar la marginación y discriminación de entidades gubernamentales y no gubernamentales, y propusieron mayor atención a los enfermos con Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.
En términos generales diversos trabajos coincidieron en la necesidad de evitar la impunidad para quienes están a cargo de enfermos y en la necesidad de proteger a quienes quedan sin sostén económico por negligencia en su atención.
Con respecto a la educación y cultura de los derechos humanos, esta comisión otorgó especial atención a los trabajos sobre promoción de la educación y cultura de los derechos humanos, incluyéndolos como temas a tratar , en los cuales pudimos apreciar las propuestas siguientes:
La primera, es que el profesorado en todos sus niveles tengan cursos de formación y capacitación del significado e importancia que tiene los derechos humanos; que los educandos en los distintos niveles de formación les sea adicionada una materia específica que se refiera a esta materia.
Asimismo, que los distintos medios de comunicación realicen la difusión de los derechos humanos, mismo que resultan innegables en una mayor influencia en nuestra sociedad.
Derechos humanos de los niños. Se propuso, entre otras propuestas, aumentar las sanciones y la penalidad a los individuos que maltratan a los niños; que se analicen todas las leyes federales y locales sobre menores, con el fin de pasar de la pluralidad legislativa a una unidad que puede ser mas efectiva.
Reconocer también como ilícita la utilización que se da como instrumentos a los hijos por parte de algunos padres.
Reglamentar los derechos fundamentales de los niños como son: el derecho a la vida, el derecho a un nombre, el derecho a un domicilio, a una familia, ala educación y a la libertad de expresión.
Incorporar a la Constitución política el contenido de los artículos 33 al 40 de la Convención de los Derechos del Niño.
Que la detención de un menor esté precedido de una orden de aprehensión y que en cualquier detención de un menor, éste deberá de recibir la atención legal adecuada.
Que exista un control sobre los procedimientos de interrogatorios a los menores.
Que exista una separación entre los responsables de la detención de un niño y las autoridades que lo interroguen.
Con respecto a los derechos humanos de los migrantes, se recogieron las siguientes propuestas:
Estudiar las posibilidades de establecer un convenio binacional sobre los trabajadores migratorios; estudiar que en este convenio queden comprendidos los derechos económicos de los trabajadores, así como de sus familias, cuando lleguen a prestar servicios a otros países; que si por alguna circunstancia el trabajador no pueda ser sujeto de la seguridad social, debe tener al menos prestaciones parciales.
La creación de un Consejo Tutelar de los Migrantes Mexicanos; crear y reforzar acciones y programas diseñados especialmente para los migrantes, en atención a sus características y necesidades de salud, educación y justicia.
Que el gobierno mexicano, a través de sus consulados en el extranjero, establezca un programa de acciones más concretas para la atención y protección de los indocumentados.
Y una propuesta por demás interesante en esta materia es abrir al extranjero los procedimientos judiciales, como lo es en un caso la utilización del juicio de amparo.
Con respecto a los derechos humanos de las mujer, se propuso tipificar con mayor severidad el abuso y hostigamiento sexual; asimismo, la forma en que el agente comisor del delito resarcirá ala víctima del ilícito cometido.
Otra preocupación fue el buscar una mejor legislación en el ámbito laboral respecto a las trabajadoras domésticas, resaltando principalmente el que las instituciones de seguridad social presten eficiente atención a este tipo de trabajadores.
Se propuso también establecer en la Ley Agraria una disposición en la que se tome en cuenta el consentimiento del cónyuge o pareja, reconocida con derechos para tramitar la venta de la parcela.
Se propuso la elaboración de un Código de Familia.
En relación con los derechos de la mujer, hubo una gran cantidad de propuestas en materia de aborto, que por ser un tema que más que llevar a la unión lleva a la desunión, tan sólo lo registramos y se canalizará a alguna Comisión de Salud para que en su caso lo tuviera en el conocimiento de estos foros, pero no es materia de la Comisión de Derechos Humanos el legislar con respecto a este tema.
En forma genética, señores, éstos son los resultados que se obtuvieron en la propuesta de foros y de los foros realizados por esta Comisión de Derechos Humanos y que recogieron las impresiones de ciudadanos de los 31 estados de la República mexicana.
Creemos que el trabajo al que aquí se le ha dado lectura, recoge en forma sintética las propuestas que se hicieron. Ahora espera un gran trabajo a la Comisión, con el propósito de que todas aquellas propuestas que fueron enviadas a la comisión, sean estudiadas por los legisladores y en su caso nos lleven a establecer y a presentar ante esta Asamblea las propuestas de la ley respectiva.
Agradezco a ustedes el interés prestado para el informe de este foro. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Orduña Muñoz.
De enterado.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Moscoso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.
El diputado Jorge Modesto Moscoso Pedrero:
« Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable congreso de la Unión.- Presentes.
En la última década la sociedad mexicana ha sufrido profundas transformaciones, se ha convertido en un ente actuante remontando los mecanismos de control estatal. Este proceso ha presionado para que se lleven a cabo transformaciones democráticas, pero los obstáculos y las resistencias para llevarlas a cabo son grandes. Los partidarios del tutelaje estatal no dejan de encontrar mecanismos y formas de retrasar la democracia que la sociedad demanda.
Congruentes con el compromiso de responder al reclamo democrático de la mayoría de los mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática elaboró esta propuesta de reforma constitucional en materia electoral, con la esperanza que de la discusión resulten las bases normáticas que permitan transitar a la democracia, como lo demanda nuestro pueblo.
El tránsito a la democracia
Dentro del sistema constitucional mexicano el único titular de la soberanía es el pueblo. Este titular originario hizo uso de tal poder cuando constituyó un Estado jurídicamente organizado y para ese fin expidió su ley fundamental, la Constitución.
En la soberanía está el origen de todo poder público. El artículo 39 constitucional vigente dispone " todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste".
Así quedó plasmada la prerrogativa ciudadana a designar a los gobernantes, para lo cual en otros artículos constitucionales se dispuso la elección libre, universal, directa y secreta.
La democracia es el régimen político en el que los gobernantes son designados por los gobernados, mediante elecciones no falseadas en sus resultados y sin presiones sobre los electores. Uno de los primeros derechos de la vida democrática y ala vez expresión de la soberanía es el voto.
Sólo la legitimidad de la autoridad que da la orden deja a salvo la dignidad de quienes deben cumplir. He aquí, en último análisis, la razón ética y legal que justifica el derecho del ciudadano a que el voto que emite sea respetado.
Las más recientes elecciones del México contemporáneo han estado marcadas por la ilegitimidad. La autoridad de los gobernantes no ha tenido un origen en la voluntad ciudadana, sino en la distorsión o adulteración de ésta.
Esto convierte ilegítima toda orden que recae sobre el ciudadano y actualiza el derecho de éste a exigir el respeto del sufragio y a invocar el derecho que tiene el cuerpo electoral para modificar la forma de gobierno.
La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, por lo tanto es un poder intransferible e imprescriptible. Lo que actualmente está en juego de la vida política nacional no es una simple reforma de los procesos electorales, sino la recuperación del derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes, derecho fundamental de la democracia. Esto ( ojo ) es sumamente claro durante el proceso electoral de 1988.
La crisis en que está sumido nuestro país no es exclusivamente económica. Es también política y social y afecta, de manera particular, a las bases y estructuras autoritarias en que se sustenta el sistema político.
La crisis económica sirvió de justificación para abandonar definitivamente los ideales y postulados de justicia social enarbolados por los revolucionarios de 1910. Esta crisis coincidió con transformaciones silenciosas operadas en la sociedad civil y aceleradas a partir de la década de los sesenta cuando amplió su dio versificación ideológica y subrayó la pluralidad política de su composición. El crecimiento de la población urbana, el mayor acceso a la información y posibilidades de ejercer el pensamiento crítico, entre otros cambios, se expresaron en una mayor determinación ciudadana para exigir sus derechos políticos y sociales.
Surgió así un creciente repudio en contra del control vertical y corporativo, la manipulación, el discurso demagógico, la corrupción y el patrimonialismo gubernamentales. La separación entre los intereses de la sociedad y la orientación del Estado colocaron ala democracia en el centro de las preocupaciones del debate nacional.
El proceso electoral de 1988 puso a la orden del día la necesidad insustituible de superar el autoritarismo en que se desenvuelve el sistema político y el establecimiento de la democracia en México. La insurgencia cívica de 1988 es ya un necesario punto de referencia de la historia política de nuestro país, pero solo un punto de partida para llevar a cabo la revolución democrática que reclama nuestra patria.
Estas elecciones hicieron aflojar con amplitud la crisis política del régimen expresada en la exigencia ciudadana de hacer efectivo el sufragio; la falta de respeto al voto trajo como consecuencia la pérdida de legitimidad gubernamental.
La situación creada como consecuencia de la elección presidencial obligó al partido del Estado a cambiar las reglas del juego electoral, pues de mantenerse las que estaban vigentes corría el riesgo de pasar a ser minoría dentro de la Cámara de Diputados.
En su discurso de toma de posesión, Carlos Salinas de Gortari anunció su propósito de crear una nueva ley electoral, adujo para ello que pretendía contribuir al avance de nuestra democracia. Pero la reforma electoral que impulsó, como todos sabemos, tiene como finalidad contrarrestar el avance de las fuerzas democráticas y mantener ilegítimamente al partido del Estado en el gobierno de la República.
Tal condición es indispensable para que Salinas de Gortari pueda llevar a cabo la privatización de la economía, firmar el acuerdo de libre comercio y conceder privilegios a los inversionistas extranjeros, incluso en las llamadas aéreas estratégicas de la economía. Salinas necesita contar con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados para que, sin tener que negociar con la oposición, pueda llevar adelante las contrarreformas constitucionales que le otorguen carácter
legal a los cambios estructurales que como situaciones de hecho el gobierno ha impuesto a partir de diciembre de 1982. Muestra de ello es que ante las dificultades que encontró en la pasada legislatura prefirió expedir reglamentos que violan tanto la Constitución como la ley correspondiente, éstos fueron los casos del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, el Reglamento de la ley Minera, el Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, entre otros.
La realidad política y social del país ha cambiado en esencia. La vieja táctica de abrir o cerrar espacios ya no es adecuada para el presente. Añejas fórmulas vigentes cuando el unipartidismo predominaba no son adecuadas a los nuevos tiempos que la pluralidad reclama. Sabemos que la nación requiere ir más allá de una reforma electoral, se necesita una verdadera y profunda reforma democrática del Estado que se sustente en el viejo sueño plasmado en el Programa del Partido Liberal de 1906, que consideraba la satisfacción de las demandas populares como básicas para implantar un gobierno verdaderamente democrático.
Por encima de esta situación el gobierno y su partido han aprovechado la mayoría mecánica en el Congreso para hacer aprobar reformas fundamentales a nuestra Carta Magna. La crisis que ya se vivía por la ilegitimidad electoral hoy se amplía ámbitos muy importantes de nuestra vida económica y social y, amenaza con trastocar todo el orden constitucional producto de la primera revolución social del Siglo XX.
Para que esta reforma se dé es ineludible que el Poder Ejecutivo ejerza una función democrática, que necesariamente tiene que pasar por el pleno respeto al pacto federal, a la soberanía de los estados y a la autonomía municipal; su disposición a someterse al control popular y al del Poder Legislativo; su preocupación por la vigencia de la Constitución y de las garantías individuales y sociales de nuestro pueblo.
Es indispensable combatir las fuentes y suprimir las prácticas que han hecho del Poder Ejecutivo un poder autoritario, concentrado en una sola persona, el Presidente de la República. La tesis del gobierno fuerte, como condición de su eficacia, ha llevado a la formación de un Poder Ejecutivo situado por encima del Legislativo y el Judicial. La figura presidencial ha sido rodeada de un cúmulo de facultades y funciones, que la han liberado de todo tipo de control y vigilancia y le permiten conducir a la nación sin censuras y limitaciones.
El desarrollo democrático de la nación, del sistema político y de la institucionalidad del país, demanda un cambio radical de esta situación. El autoritarismo presidencial actual debe ser sustituido por un sistema de relaciones entre los poderes y la sociedad, en el cual el Presidente de la República esté obligado informar a la nación y al Poder Legislativo de todas las acciones e iniciativas que adopten él y su gabinete, y a aceptar su discusión pública.
En síntesis, del país necesita una reforma democrática del Estado que haga posible el respeto irrestricto al voto, el establecimiento del equilibrio entre los Poderes de la Unión, el municipio libre; el juego libre de partidas y entonces la real competitividad electoral para garantizar la alternancia en el poder que la complejidad y pluralidad de nuestra sociedad reclama; un régimen democrático de información y una sociedad libre en la cual los ciudadanos puedan elegir la opción política de su preferencia sin ataduras corporativas.
Una reforma de tal naturaleza significaría la disolución del régimen del partido del Estado y el tránsito efectivo a la democracia y a la modernidad. La reforma electoral constituye apenas una parte de esa reforma democrática del Estado que el país demanda, pero una parte fundamental. El proyecto de reforma político electoral que presenta el Partido de la Revolución Democrática, hace énfasis en la reforma electoral. Sabemos que bastaría con que el gobierno respetara el marco jurídico actual que regula los procesos electorales para que se hiciera efectivo el respeto al voto y con el inicio del tránsito a la democracia. Ha faltado voluntad política del gobierno y de su partido para que dicho proceso se inicie. El proyecto que hoy presentamos a la LV Legislatura constituye un llamado más para hacer del espacio legislativo el espacio del diálogo nacional que el país necesita.
El reformismo electoral del Estado
La democracia política es una vieja aspiración de los mexicanos. Los revolucionarios de 1910 vieron con claridad la necesidad de que la vida política se saneara de los vicios impuestos por la dictadura; sobre toda de la intervención del poder ejecutivo en los asuntos de los estados y municipios y en los procesos electorales. Francisco I. Madero, señalo en La Sucesión Presidencial: "El general Díaz ha establecido, de facto, el poder central absoluto, pues a ningún estado permite que nombre a sus gobernadores, ni si quiera a sus presidentes municipales".
En el Plan de San Luis Potosí abundó en su argumentación: "Tanto el Poder Legislativo como el Judicial están completamente supeditados al Ejecutivo; la división de poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano sólo existen escritos en nuestra Carta Magna;...las cámaras de la Unión no tienen otra voluntad que la del dictador; los gobernadores de los estados son designados por él y ellos a su vez designan e imponen de igual manera a las autoridades municipales.
De esto resulta que todo el engranaje administrativo, judicial y legislativo obedecen a una sola voluntad, al capricho del general Porfirio Díaz, quien en su larga administración ha demostrado que el principal móvil que lo guía es mantenerse en el poder y a toda costa.
En México, como República democrática, el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional, y ésta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento".
Los Constituyentes de 1917 recuperaron y enriquecieron las aspiraciones democráticas del iniciador de la Revolución de 1910 y de los liberales del Siglo XIX. Consagraron en los artículos 39, 40 y 41 los principios fundamentales acerca de la conformación de la soberanía nacional y de forma de gobierno.
Esos principios consisten en que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce por medio de los poderes de la Unión: todo poder público se instituye en su beneficio; su voluntad es constituirse en una república representativa, democrática y federal y; tiene en todo tiempo el derecho a modificar su forma de gobierno.
Hoy como ayer, estos principios, que también estaban plasmados en la Constitución de 1857 no se cumplen y continúan siendo una aspiración inalcanzada del pueblo mexicano. En los hechos el sistema político posrevolucionario se fue construyendo en torno de la figura presidencial, con todas las deformaciones que esto conlleva; es así como el centralismo, el autoritarismo, la corrupción y las acciones fraudulentas durante los comicios pasaron a ser elementos cotidianos en la vida política del país. Tanto, que los fraudes electorales se llegaron a justificar como "fraudes patrióticos".
Las diferentes legislaciones electorales posteriores ala revolución han respondido a los intereses del grupo gobernante y a su afán de permanecer en el poder aún a costa de conculcar la voluntad popular expresada en las urnas. Es así como podemos diferenciar, a grandes rasgos, cuando menos tres etapas en la legislación electoral: a) de 1918-1939; b) de 1939 a 1977; c) de 1977 a 1989-1990 y d) la frustración 1989-1990. Estas etapas se desprenden de la lógica que adquiere en cada una de esas coyunturas la legislación electoral que responde a las condiciones políticas específicas.
Etapa de 1918 a 1939
Debido a que el Estado surgido de la revolución no se había consolidado, se desarrollaron gran cantidad de poderes informales. La vida institucional apenas tenía un marco jurídico: la Constitución de 1917, pero carecía de la organización y la fuerza suficiente para hacer prevalecer el cumplimiento de la ley.
La Ley Electoral de 1918 le da a los presidentes municipales la función de organizar las elecciones , porque ellos eran los poderes informales, los caciques o una extensión de su poder. Esa es la manera de lograr el control político.
Las reformas constitucionales en el período de 1917 -1933, se refieren al tiempo de duración de los cargos de elección popular. El principal aspecto se refiere a que abrieron y cerraron la posibilidad de la reelección presidencial. Son reformas de un período de ajustes y consolidación en el régimen político; en un momento en que el presidente de la república todavía no era la figura dominante del sistema. Esto se debe a la existencia de caudillos que tenían cuotas de poder importantes.
Las primeras reformas constitucionales en materia electoral, se dan en el marco del intento reeleccionista del general Alvaro Obregón. En este caso es claro que el grupo Sonora deseaba perpetuarse en el poder, para lograrlo sólo podía hacerlo por medio de su caudillo más prestigiado.
A pesar del señalamiento expreso de que la reelección se daría por una sola y única vez cabía la posibilidad, que las tentaciones fueran crecientes como en la época de porfiriato y se volviera a implantar la reelección indefinida. Después del asesinato de Obregón el 17 de julio de 1928, en el ambiente político las tensiones políticas aumentaron.
El general Calles declaró públicamente que renunciaba a cualquier aspiración a reelegirse. Pero a pesar de que el artículo 83 se reformó
nuevamente Diario Oficial, 24 de enero de 1928, sólo fue para prohibir la reelección en el período inmediato con una redacción más escueta. La reelección presidencial se mantuvo vigente algunos años más.
En 1933 se restableció la prohibición de la reelección. Este precepto ha demostrado a lo largo de los años ser un elemento esencial de la estabilidad política. Violentar este principio sería hacer un llamado a la inquietud e inestabilidad, que traería graves consecuencias al país.
Etapa de 1939 a 1977
Esta etapa es de suma importancia porque se establecerán las líneas fundamentales sobre las cuales se van a desarrollar las legislaciones electorales hasta la actualidad. Fundamentalmente la consolidación de la intervención del Poder Ejecutivo en los comicios. Lo que ha sido resultado de un largo proceso político, íntimamente ligado a las modificaciones legales que norman la actividad electoral. La promulgación o reformas a las leyes electorales no siempre se dieron aparejadas a modificaciones sustanciales de preceptos constitucionales.
Antes de que la intervención del Poder Ejecutivo en la organización de las elecciones quedara establecida en la Ley Federal Electoral de 1946, ésta reglamentado en la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado Diario Oficial, 30 de diciembre de 1939. El artículo 2o., estableció las funciones de la Secretaría de Gobernación, en su fracción IX señalaba la facultad de "intervención" y vigilancia que en materia electoral le señalen las leyes". Precepto, que por cierto permanece vigente en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 27, fracción XVI.
La Ley Electoral de 1946 otorgó expresamente, al Poder Ejecutivo, la facultad de intervenir en los procesos electorales. Esa medida contribuyó a consolidar el poder presidencial, centralizado la toma de decisiones, lo cual se logró sin reformar la Constitución. Esta situación beneficio al candidato civil que se convertiría, ese mismo año, en Presidente de la República.
El reformismo electoral de esta etapa no se explica solo tomando en cuenta los conflictos al seno de la elite política, es necesario considerar la función que los procesos electorales fueron adquiriendo como fuente principal de legitimación. Sobre todo debido a la institucionalización de la lucha política y el abandono de las acciones golpistas para acceder al poder.
También es necesario considerar la erosión del sistema electoral como medio legitimador. Debido, principalmente, a la política de carro completo practicada por el Partido Revolucionario Institucional, que no dejaba casi espacio político a las voces discordantes. Otro aspecto fundamental para explicar el nacimiento del reformismo electoral es la situación heredada de la guerra. Los estragos causados al movimiento social como consecuencia de la política de la unidad nacional constituyeron al mejor medio para imponer el control político electoral.
Esta etapa del reformismo electoral tuvo como fin ampliar espacios políticos para la acción de ciertos sectores sociales, ya fuera acrecentando el número de electores o permitiendo una mayor representación a los partidos existentes. El primer aspecto tuvo como fin ampliar el consenso acerca de las medidas gubernamentales, que cada vez restringían más los logros de la gestión cardenista. Es así como se inicia el paulatino otorgamiento de plenos derechos políticos a las mujeres. Este lento procedimiento tuvo que ver con la concepción, prevaleciente en los círculos de poder, que las consideraba un sector conservador.
La promulgación de la Ley Electoral Federal de 1951 no requirió de reformas constitucionales, excepto en el caso de la determinación del número de diputados, para que guardara relación con el aumento de la población. En cambio la reforma al artículo 54 ( Diario Oficial del 22 de junio de 1963 ), que crea los diputados de partido no fue acompañada por la creación de una nueva ley electoral, únicamente se le hicieron reformas a la vigente. Esta modificación a la Constitución inicia la transformación del sistema electoral, pues pasará de una representación mayoritaria, a una mixta con dominante mayoritaria, como consecuencia del establecimiento de la figura de los diputados de partido.
A pesar de que quienes detentan el poder político han hecho gala del significado democrático de las reformas electorales; lo cierto es que estas reformas han tenido como objetivo afinar los mecanismos para garantizar la permanencia del régimen de partido de Estado. Es así como los diputados de partido fueron utilizados para dar espacios políticos a la oposición en la Cámara de Diputados. Naturalmente no se permitió la competitividad, lo que se hizo recurriendo a las acciones fraudulentas para hacer prevalecer al partido oficial.
Las reformas electorales de fines de la década de los sesenta e inicio de los sesenta están marcadas
por el movimiento estudiantil - popular de 1968. Estas dieron oportunidad a que los jóvenes votaran y fueran votados, pero cerró, aún más, las posibilidades de que nuevas organizaciones políticas participaran en los comicios.
Es así como se dio categoría de ciudadanos a los jóvenes de los 18 años, independientemente de su estado civil, y en consecuencia se les otorgó el derecho a votar en las elecciones populares. En consecuencia los jóvenes pudieron votar en las elecciones presidenciales de 1970, aunque las opciones políticas que tuvieron enfrente siguieron siendo las mismas que veinte años atrás.
La respuesta gubernamental al descontento manifestado en 1968 no se quedo en la reforma anterior. Iniciando el gobierno Luis Echeverría se reformó nuevamente el artículo 54 de la Constitución ( Diario Oficial del 14 de febrero de 1972), con el fin de que los partidos existentes ampliaran su representación con menos dificultades, pues se aumentó el número de diputados de partido de 20 a 25 y se disminuyó el porcentaje de la votación, de 2.5 a 1.5 %, necesario para obtener los primeros cinco diputados.
Esta modificación se vio acompañada por la que disminuyó la edad para ser candidato a diputado, de 25 a 21 años y senadores de 35 a 30 años. Todas estas reformas constitucionales se convirtieron el la cobertura para la expedición de una nueva Ley federal Electoral (Diario Oficial del 5 de enero de 1973).
Esta Ley de hechura echeverrista se difundió como la Ley Electoral de la " apertura democrática ". Aunque su contenido afinó los mecanismos para hacer prácticamente imposible la obtención del registro electoral para nuevos partidos. Detrás de esta actitud de cerrar el camino a nuevas opciones electorales estaba el temor de que el movimiento social, tan activo en los años setenta, fuera a tener una expresión electoral que pudiera representar un peligro para el régimen.
Ninguna de las reformas de fines de los sesenta y principio de los setenta modificó en lo sustancial el sentido de la legislación electoral; la intervención del Poder Ejecutivo en la organización de los comicios y la eliminación de cualquier posibilidad de que se realizaran elecciones verdaderamente competitivas.
Etapa de 1977 a 1989 - 1990
La elección presidencial de 1976 enseño a la élite política, que el peligro mayor para el régimen era el aislamiento y el desgaste de su legitimidad. Es así como la década de los setenta se convirtió en el centro de partida del reformismo electoral actual.
Es a partir de la llamada " Reforma Política " de 1977, que las modificaciones a la Constitución en materia electoral coincidirían con la promulgación de nuevas leyes secundarias.
Esta Reforma permitió el registro de nuevos partidos políticos (con el registro condicionado a los resultados de la elecciones) y su acceso, limitado, a los medios de comunicación masiva. Ella fue posible por la presión social y política indicada a raíz del movimiento de 1968 y continuada durante los años setenta por la presencia de la guerrilla, rural y urbana; los movimientos campesinos, obreros y populares, y por los nuevos partidos políticos que demandan espacios democráticos de acción política. La presión de los nuevos actores políticos fue esencial para abrir paso a la " Reforma Política ".
Durante un largo período los partidos políticos no requirieron de registro para participar en las elecciones. Posteriormente se cerró su posibilidad de participar con libertad electoralmente (1946). El año de 1977 significó un momento de cambio en el reformismo constitucional electoral, pues los partidos alcanzaron el rango de entidades de interés público. De esta manera se le da importancia a los partidos aunque fuera sólo de manera formal, porque en la realidad los favores gubernamentales únicamente caen sobre el partido oficial, pervirtiendo el sentido del texto constitucional.
También se modificó el artículo 115 para permitir la existencia de municipios pluripartidistas, que tuvieran más de 300 mil habitantes. Como puede verse la reforma es muy limitada, porque en ese momento los municipios con más de ese número de habitantes era pequeño.
A partir de 1977 se han acelerado las reformas constitucionales que regulan los aspectos electorales. Eso se debe a que las elecciones pasaron de ser un mecanismo legitimador sin mayores conflictos en el Estado a un terreno de disputa, en el que la oposición con dificultades y desventajas ha ganado espacios de acción política, con votos y, lamentablemente con sangre de ciudadanos.
El avance de la oposición ha llevado a que se estructure de mejor manera, naturalmente para el Estado, la normatividad electoral constitucional, porque se han ampliado los ámbitos
de acción política, más no se ha abierto de igual manera la posibilidad de competitividad en las contiendas electorales.
Ejemplo de lo anterior son las reformas constitucionales promovidas por Miguel de la Madrid en 1983, alcanzaron nuevamente el artículo 115 ampliando la posibilidad de que los cabildos de todos los municipios del país fueran plurales. Las reformas electorales de 1986 abarcaron los artículos 53, 54, 60, 65, 66 y
En el Artículo 60 por primera ocasión quedó plasmada en la Constitución con toda claridad la facultad gubernamental de organizar las elecciones. Ahí se estableció que "corresponde al gobierno federal la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales", quedando los partidos políticos y los ciudadanos como corresponsables. De esta forma se constitucionalizó la intervención del ejecutivo en los procesos electorales.
Otro aspecto novedoso del artículo 60 constitucional fue el establecimiento de las bases del Tribunal Electoral y el aumento a 500 el número de diputados. En consecuencia los presuntos diputados participantes en el Colegio Electoral aumentaron a esa cantidad. El artículo 54 se modificó para adecuar las reglas de distribución de los diputados plurinominales, porque su número aumentó de 100 a 200.
La credibilidad en los resultados de las elecciones llegó a un punto muy bajo. La aparición del Tribunal de lo Contencioso Electoral tuvo como finalidad proporcionar algún grado de imparcialidad a los órganos electorales, pues sus integrantes eran propuestos por los partidos políticos y electos por el Congreso. Aunque la mayoría oficial determinó, al final de cuentas la composición del tribunal. La ampliación del número de diputados tuvo el sentido de dar un mayor espacio de acción política a la oposición para no abrir las puertas de la competencia electoral real.
El sentido de estas reformas fue el de dar una respuesta a la inquietud política ocasionada por las elecciones locales, de principio de la década de los ochenta, pero sobre todo por la participación de algunos empresarios como candidatos. Quienes se decidieron a dar el salto y participar en política al margen del partido oficial, particularmente en el Partido Acción Nacional.
La frustración de 1989 - 1990.
Desde la campaña electoral, Carlos Salinas de Gortari se comprometió a ampliar los cauces democráticos del país. El 1o. de diciembre de 1988 lo reiteró y afirmó:
"Mi administración dará respuesta a la exigencia ciudadana de respeto a la pluralidad y efectiva participación. La garantía más urgente en el ámbito político es la transparencia de los procesos electorales. Comparto esa inquietud."
Después agregó: "Estoy decidido a sacar adelante una reforma democrática. He invitado a los partidos políticos al diálogo. Aquí ratifico mi invitación. Se que es un asunto que interesa a todas las fuerzas políticas del país. A todos nos corresponde y concierne; trabajemos juntos en esa tarea. La profundidad y el ritmo de la reforma serán consecuencia del grado de consenso que las distintas fuerzas políticas logremos construir".
El resultado de esa mal llamada "reforma democrática" fue la aprobación de la reforma constitucional de 1989 y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). La nueva legislación electoral desvirtuó el mandato popular y dejó como palabras huecas la promesa del Ejecutivo.
Esta reforma dejó fuera la posibilidad de un consenso nacional, pues eliminó, sin mayor explicación, temas capitales como la democratización del Senado de la República, la elección directa de las autoridades del Distrito Federal, la apertura de los medios de comunicación, la erradicación del control corporativo, la reglamentación del voto de los mexicanos en el extranjero, el fin de la autocalificación, por mencionar sólo algunos de los más relevantes.
La reforma se concentró, de hecho, en la cuestión. electoral, pero dejando de lado, desde un principio la posibilidad de crear un organismo electoral autónomo y confiable como existe en la mayor parte de los países democráticos, incluyendo a muchos de América Latina. Fue más regresiva que la legislación anterior, al incluir la llamada "cláusula de gobernabilidad" que crea artificialmente una mayoría absoluta, en caso de que se presente el escenario de un descalabro electoral para el partido oficial.
El control del Ejecutivo sobre los organismos electorales se reforzó. Su titular propone la terna de la cual serán designados los magistrados del máximo órgano electoral, así como de la que se designarán los miembros del Tribunal Federal Electoral. Nuestro partido no aceptó convalidar esta reforma electoral, pues la consideró, y hoy lo reitera, nugatoria de las aspiraciones democráticas de la mayoría de los mexicanos. Las reformas
de 1989 y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales intentan contener el avance electoral de la oposición por medio de los mecanismos legales.
La tendencia decreciente de su votación ha obligado al Partido Revolucionario Institucional, desde la promulgación del Código Federal Electoral en 1986, a compensar sus pérdidas en la elección de diputados de mayoría relativa con su participación en la asignación de diputados de representación proporcional. Pero no conforme con eso, ahora dispuso en la Constitución y en el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales que: "Al partido político que obtenga el mayor número de constancias de mayoría y el 35% de la votación nacional, le será otorgada constancia de asignación de diputados en número suficiente para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara".
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es una muestra de la antidemocracia en que vivimos desde la instauración del régimen de partido de Estado. Es también, la respuesta del gobierno de Salinas a las fuerzas que se agruparon en el Frente Democrático Nacional y que lo derrotaron en las elecciones. Pero esta respuesta no hubiese sido posible sin el aval de los partidos que por ella votaron. El sistema de partidos no sólo sufre de falta de competitividad por la ausencia de reglas del juego válidas para todos, le hace falta también consecuencia en la lucha por la democracia.
Este Nuevo Código hace más difíciles los avances de la lucha democrática pues elimina las candidaturas comunes, restringe las posibilidades de alianza y crea las condiciones para la sobrerrepresentación del partido de Estado en la Cámara de Diputados.
Los procesos electorales locales de 1988 a la fecha y el federal de 1991 han confirmado la ausencia de voluntad política para lograr el tránsito a la democracia. Las elecciones del 18 de agosto de 1991 fueron cuestionadas por los partidos de oposición. Los resultados no fueron reconocidos en aproximadamente el 50% de las entidades del país. Lo que implica que aproximadamente el 72% de los diputados electos por el principio de mayoría relativa y el 59% de los senadores fueron cuestionados por los partidos opositores.
Las irregularidades no se circunscribieron al día de la elección. Fue evidente la selectividad en el empadronamiento y la entrega de credenciales, los que se convirtieron en mecanismos de excusión política. Más de nueve millones de mexicanos quedaron fuera del padrón electoral definitivo por deficiencias en el levantamiento del Catálogo, el padrón y la credencialización. El Programa Nacional de Solidaridad rindió frutos electorales, que junto con las malas artes de antaño le permitieron al partido oficial recuperarse y volver a los viejos tiempos de casi el carro completo. A pesar de los triunfos oficiales la credibilidad gubernamental no recuperó demasiados puntos.
Las legislaciones electorales han sido el reflejo del proceso de consolidación de las relaciones políticas de un régimen presidencialista, autoritario, que por medio del control corporativo y el partido de Estado logró someter a la sociedad civil, utilizando y recreando elementos presentes en la cultura política, como son la sumisión y el paternalismo.
La sociedad se encontró con pocos medios de defensa, pues no contaba con una tradición de lucha por medio de los partidos. Eso permitió que el Estado, a lo largo de los años, practicara una política de abrir y cerrar espacios de acción a los diferentes actores políticos. Según la circunstancia de la coyuntura se abrió o se cerró la posibilidad de la participación electoral de los partidos políticos o de aumentar la presencia de la oposición en los puestos de elección popular.
La aparente eficacia del Programa Nacional de Solidaridad ha llenado de optimismo a quienes detentan el poder en el país y, los ha llevado a pensar que las tensiones sociales se han logrado contener. Pero no pueden cerrarse los ojos ante la realidad, cuando las mismas cifras oficiales hablan de 40 millones de personas en la pobreza y de estas 17 se encuentran en la pobreza extrema. Esto es, prácticamente la mitad de los mexicanos se encuentran en condiciones de sobrevivencia.
El deterioro en el nivel de vida de millones de compatriotas, el reclamo de la sociedad por lograr una participación democrática y la implementación de políticas económicas, que sólo consideran el equilibrio de los indicadores macro - económicos en el corto plazo, anuncian inquietud social y política. La población no puede continuar soportando indefinidamente el sacrificio. La publicidad tiene un límite en su eficiencia.
La lucha por democratizar al país se inicia a partir del respeto irrestricto al voto, a la legalidad y al Estado de derecho, la modernización del país no se puede concebir sin estas premisas. La modernización va de la mano con la universalización de las normas, de la eliminación de
criterios casuísticos y discrecionales para la solución de los conflictos sociales y electorales. Seguir el camino contrario hará crecer el descontento de la población, gestado a lo largo de tantos años de autoritarismo, que ha dado muestras de su vigor en numerosos combates por la democracia electoral.
La presencia de verdaderos partidos políticos presupone la existencia de una sociedad civil capaz de hacer respetar el Estado de Derecho. En nuestro país las diferentes legislaciones electorales obstaculizaron el desarrollo de un sistema de partidos vigoroso y democrático, y fortalecieron un régimen político de partido de Estado centralista y autoritario, que cultivó una cultura política paternalista y sumisa de la población. Lo que desembocó, durante mucho tiempo, en una oposición sin vocación de poder. Los partidos políticos fueron solamente un complemento de relaciones políticas férreamente centralizadas. En consecuencia los partidos no representaban la voluntad de sectores de la sociedad. Esta voluntad fue sustituida por la voluntad de la élite política formada al triunfo de la Revolución. Esto fue posible porque, esta élite, se apropió de las riendas del aparato estatal.
La reforma que proponemos
Integración de las Cámaras de Congreso
Desde que se adoptó en México el sistema mixto con dominante mayoritario para la integración de las Cámaras de Diputados, en el seno de esta cámara legislativa así formada, la presencia con voz y voto de los representantes de las minorías les procura una sola ventaja cierta: la de hacerse oír dentro y no necesariamente fuera del recinto legislativo, la de hablar con la investidura cívica de diputados y no de simples ciudadanos, la de representar en vivo y en lugar idóneo las opiniones disidentes. Pero esta ventaja se debilita frente a la realidad, la cual, si bien admite que la mayoría discuta y vote al parejo de las minorías, es ella, la mayoría, la única que decide.
Esto sería del todo normal si esta mayoría en verdad lo fuera, si representara en proporción a más del 50% del electorado, pero el sistema electoral adoptado en nuestra Constitución para conformar la Cámara de Diputados trae como resultado la sobrerrepresentación de un partido.
Esta claro que el sistema mixto con dominante mayoritario, asociado con la cláusula de gobernabilidad constituye una ventaja antidemocrática y hace la prevaleciente un desequilibrio entre las fuerzas políticas del país, con el propósito de eternizar a un partido en los cargos públicos.
Nosotros sostenemos la conveniencia de mantener el sistema mixto, pero equilibrado, pues no resulta ético ni políticamente aceptable que un partido político goce de más representantes de los que le confiere el voto ciudadano.
No está por demás insistir en que la cláusula de gobernabilidad sólo sirve para que un partido siendo minoritario se convierta artificiosamente en mayoría de la Cámara de Diputados.
Ningún partido político tiene el derecho a más diputados que sean exactamente iguales al porcentaje de votación obtenida en la elección. Este debe ser el principio que rija el sistema electoral mixto. Por esto proponemos la integración de las Cámaras de Diputados con 500 miembros, la mitad de ellos elegidos mediante el sistema de mayoría relativa por distrito electoral y 250 a través de la representación proporcional, de tal manera que la asignación de éstos últimos diputados se realice entre todos los partidos, sin más límite que la obtención por cada uno de ellos del porcentaje de curules que corresponda al de los votos alcanzados en la elección.
De esta manera, un partido político podrá completar su número de diputados obtenidos mediante el principio de mayoría relativa, con la cantidad de diputados elegidos mediante la representación proporcional, hasta alcanzar su porcentaje nacional de votos, bajo este criterio, ningún partido quedaría sobrerrepresentado o subrepresentado en la Cámara de diputados, como lo ha ocurrido hasta ahora.
La elección uninominal no sería así un impedimento práctico para lograr la representación proporcional en la Cámara de Diputados.
El mínimo para tener derecho al reparto de curules sería del 3%, de tal manera que se garantice la presencia de minorías significativas en el Congreso. Este porcentaje es diferente al de 1.5% que exigiría la ley para mantener el registro electoral, y por ende el disfrute de ciertas prerrogativas.
Desde su reimplantación en el año de 1874, siguiendo el pensamiento de Sebastián Lerdo de Tejada, nadie ha discutido la necesidad de que exista el Senado "para combinar en el poder legislativo el elemento popular y el elemento federativo". Sin embargo, afirma Tena Ramírez hay que reconocer que en México esa institución no ha llenado sino escasamente sus fines, y que en él nunca ha hallado los estados representación de tales.
La Cámara de Senadores no ha servido para representar los intereses de la Federación y para cumplir lo que el mandato constitucional establece. El interés que ha prevalecido es el del poder ejecutivo, lo que ha convertido en un mecanismo más del centralismo político que existe en nuestro país. Tampoco ha servido como parte de un poder equilibrador de las atribuciones del Presidente de la República.
Este fenómeno fue alimentado por la existencia del partido de Estado, que pretendió apabullar ideológicamente a la sociedad haciendo creer que la inmensa mayoría de la población era su partidaria. Ahora ya se reconoce la pluralidad de la sociedad, la que se refleja de alguna manera en la composición de la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Senadores ha permanecido cerrada a la pluralidad social existente. Debido a la ausencia de voluntad política de reconocer que en las entidades que integran la federación no hay una voluntad única y predominante en el electorado.
La única manera de que el Senado se manifieste la pluralidad política existente en los Estados de la Federación es la de modificar su integración y establecer la representación proporcional. Atendiendo a esta realidad, y sin alterar la esencia representativa del Senado y buscando un mayor equilibrio entre el número de miembros que componen la Cámara de Diputados y la de senadores, proponemos que cada entidad tenga seis senadores, manteniendo la elección por mitades.
Todos los senadores serán electos por el sistema de representación proporcional, su asignación se hará por el 33 por ciento de la votación o resto mayor. Por medio de esta fórmula se mantiene el equilibrio en el número de representantes de las entidades federativas, pero, a la vez se responde a las características de pluralidad que existe en el país.
Registro Nacional ciudadano
La condición esencial para el ejercicio del voto es la calidad de ciudadano. Sólo basta ésta y el pleno ejercicio de los derechos para poder emitir el sufragio o postularse a cargos de elección popular. Sin embargo variados han sido los mecanismos para privar al ciudadano de su derecho al sufragio o para suplantar la voluntad del electorado adulterando los registros de electores.
Para evitar los vicios del fraude por medio del padrón, es necesario constituir un registro nacional ciudadano, que expida una cédula de identidad, que por sus características se haga un documento indispensable para el ciudadano.
El registro debe ser encomendado a un organismo público y autónomo, en que los ciudadanos y los gobernantes se integren para la presentación de esté servicio público.
En dicho organismo los partidos políticos, en igualdad de condiciones, tendrán la función de vigilancia.
Para votar será entonces requisito estar inscrito en el Registro Nacional Ciudadano, pues las listas nominales de electores se harán con base en ese registro. Tal es el sentido de las adiciones y reformas a los artículos 34 y 35 constitucionales y de la fracción II del nuevo artículo 136.
Voto de los mexicanos en el extranjero
La exclusión deliberada del sufragio de algunos mexicanos, por la razón de su residencia o por cualquier otra, representa una práctica discriminatoria, contraria al espíritu de nuestro régimen constitucional.
No existe fundamento jurídico ni políticamente válido para impedir que los mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto y participen así en la vida democrática del país.
Debe tomarse en cuenta que el cambio de residencia ha sido obligado por la escasez de fuentes de empleo y la búsqueda de mejores condiciones de vida, que no les son garantizadas en nuestro país.
Haciéndonos eco del reclamo de nuestros compatriotas que radican en el extranjero, en la presente iniciativa proponemos una reforma a la fracción III del artículo 36 constitucional para que puedan votar por Presidente de la República y en la ley se establezcan los mecanismos para garantizar este derecho.
Responsabilidades en la materia electoral
Un régimen democrático se distingue de un dictatorial por la existencia de procedimientos claros y expeditos para fincar responsabilidades a los servicios públicos por los actos u omisiones contrarios a la legalidad o que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
En la Constitución mexicana de 1857 se estableció la responsabilidad del Presidente de la República por ataque a la libertad electoral y
por violación expresa de la Constitución. Tales disposiciones desaparecieron en la Constitución de 1917, donde quedó establecido que el titular del ejecutivo, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y por delitos graves del orden común.
Tal disposición ha servido de defensa a la institución presidencial, para resguardarse de las acusaciones con el motivo de violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales y a los principios democráticos.
Un elemento esencial del régimen democrático es el origen electivo y popular de los gobernantes.
El artículo 39 constitucional, después la declaración dogmática de la radicación de la soberanía en el pueblo, establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, de tal manera que toda representación que no tenga como origen la voluntad popular expresada en los comicios no sólo es ilícita, sino contraria a la soberanía popular.
Consecuentemente toda práctica que tienda a burlar la efectividad del sufragio, sea que provenga de los ciudadanos o de los gobernantes, debe ser reprimida y sancionada severamente por la ley.
En la iniciativa que sostenemos a la consideración de esta Cámara, se propone modificar el artículo 108 constitucional para hacer responsable al Presidente de la República también por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales, incluidos, por supuesto, los ordenamientos electorales.
Se añade al artículo 110 un tercer párrafo para establecer que los gobernadores, sus secretarios de despacho y los integrantes de los ayuntamientos también podrán ser acusados por violaciones a la legalidad electoral.
Esto es congruente con otra parte de la reforma en la que proponemos la autonomía e independencia de los organismos encargados de la función electoral, respecto de los poderes.
Igualmente se agregan como sujetos de juicio político a los magistrados de los tribunales electorales, a los miembros de los Consejos Electorales y a los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Los medios de comunicación y los procesos electorales
La Constitución garantiza en su artículo 6o. el derecho a la información. Este es una garantía frente al Estado, y también frente a quienes ejercen el oficio de la comunicación o manejan los medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión.
El derecho a estar informado, objetiva y verazmente por la relevancia que tiene para la conformación de los poderes del Estado, exige una definición más precisa en lo que se refiere a los procesos electorales. Hemos sostenido que no basta el acceso de los partidos políticos a los medios de información, sino que es necesario igualar a los contendientes en el goce de esta prerrogativa y evitar que la difusión de las contiendas electorales esté marcada por el poder económico de los partidos o sus patrocinadores. También es indiscutible que las noticias y el comentario que dan testimonio de la evolución política del país se emitan con el objetividad e imparcialidad y al margen del uso faccioso de los medios de comunicación electrónica que para operar, se sirven de un bien, propiedad de la Nación. Consecuentemente proponemos la adición al artículo 6o. constitucional para establecer el deber de los concesionarios del espacio aéreo para la operación de los medios de comunicación electrónica de informar objetiva e imparcialmente de los procesos electorales y de abstenerse de utilizar estos medios para hacer proselitismo político.
Se establece en favor de los partidos políticos el derecho a contar con tiempo de transmisión en radio y televisión, en igualdad de condiciones. Ningún partido político ni cualquier otra persona física o moral podrá contratar tiempo en los medios electrónicos de comunicación con fines de propaganda electoral o política, este derecho estará reservado al Consejo Federal Electoral.
Una actitud deshonesta, que debe erradicarse de nuestra vida electoral, es el patrocinio gubernamental de anuncios, mensajes o comentarios en los periódicos, revistas, cine, radio o televisión para demeritar la imagen de algún partido político o dirigente o para favorecer a otro.
Por esta razón en un nuevo artículo 138 se prohibe a los gobernantes, a todos los niveles, dicho patrocinio.
Como una prerrogativa más de los partidos políticos se establece el derecho al uso permanente de los medios escritos de comunicación.
La organización de las elecciones
Uno de los mayores vicios del sistema político mexicano es la articulación que existe entre el
partido oficial y el gobierno. El carácter de autónomo que le da la legislación actual al organismo electoral es meramente formal, pues la participación del Ejecutivo en su integración es definitiva.
Las dos más recientes reformas constitucionales en materia electoral, asignaron al gobierno federal la tarea de preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales. Este criterio es la base sobre la que descansa el fraude electoral y el control gubernamental de los comicios en favor del partido de Estado.
El artículo 39 constitucional no reconoce ningún otro origen de poder más que la soberanía popular. Así, las ramas del poder público deben surgir del pueblo. No obstante, los mecanismos electorales, que constituyen teóricamente los medios, para la constitución del poder del Estado se manejan como si su naturaleza correspondiera a la órbita de los asuntos administrativos. Esto es notoriamente cierto desde el surgimiento del Instituto Federal Electoral, que tiene la naturaleza jurídica de una entidad paraestatal y por ende corresponde a la esfera del poder ejecutivo.
Ninguno de los tres poderes de la Unión puede considerarse competente para organizar el mecanismo electoral a través del cual se debe asegurar que aquellos dimanen del pueblo, como lo manda el artículo 39 de la Constitución, es una contradicción política y jurídica asignar al Ejecutivo Federal o a cualquiera de las ramas del poder la capacidad para llevar adelante los procesos electorales, que justamente son el medio para la formación de éstos.
El desarrollo político de la sociedad, expresado en una rica pluralidad, requiere de la educación de la normatividad constitucional en materia electoral, para establecer las formas básicas que garanticen la celebración de elecciones transparentes. Para lograrlo se requiere poner fin a la parcialidad de los órganos electorales, que tiene su origen en la intervención del Ejecutivo en su integración. Lo que es un vicio de origen.
Para evitar el manejo gubernamental de las elecciones y convertir a éstas en un mecanismo regido por organismos imparciales, debe establecerse la autonomía e independencia de los organismos electorales, federal y locales, frente a los otros poderes establecidos.
la función de preparación desarrollo y vigilancia de los procesos electorales federales y locales debe ser competencia de los ciudadanos y los partidos políticos, quienes se integrarán en organismos públicos autónomos e independientes.
Así se deja establecido que en el artículo 41 constitucional, y en el 49, que se refiere a la división de poderes se precisa que habrá un organismo público, autónomo e independiente encargado de los procesos electorales, con la integración y atribuciones que la misma Constitución y la ley le fijen.
Más adelante en el nuevo artículo 136 se precisan las bases orgánicas, las atribuciones y el mecanismo de integración del Consejo Federal Electoral.
Dicho consejo se compondrá de dos clases de miembros:
Los consejeros ciudadanos, que serán designados por las terceras partes de los diputados presentes en la votación y que podrán ser propuestos por los legisladores federales o por los ciudadanos mediante el mecanismo de la suscripción popular.
El Presidente de la República tendrá derecho de proposición mediante una terna de la cual el poder legislativo, por la misma votación de las dos terceras partes, elegirá a uno de los propuestos y a su suplente.
Los consejeros de los partidos políticos, a razón de uno por cada partido.
El presidente de este consejo será designado anualmente por el voto de las dos terceras partes de los consejeros presentes, no pudiendo recaer el nombramiento en los consejeros de los partidos políticos ni en el designado a propuesta del Presidente de la República.
El número de consejeros ciudadanos siempre será superior en tres, al número de consejeros de los partidos políticos.
Las resoluciones del Consejo se adoptarán por las dos terceras partes de sus miembros, salvo en los casos en que se autoriza una votación menor.
Como se verá, en la iniciativa que ahora se presenta, se propone la creación de dos instancias claramente diferenciadas, con plena capacidad constitucional: El Consejero Federal Electoral y los tribunales electorales. Al Consejo corresponderá la función de preparar, vigilar y desarrollar los procesos electorales, así como asegurar la información veraz y a tiempo de los resultados, la defensa del sufragio y la declaración de los candidatos que hubieren resultado electos como diputados.
Calificación y legalidad del proceso electoral
El control de la legalidad del proceso electoral corresponderá a los tribunales electorales, que estarán dotados de plena jurisdicción para resolver, en forma definitiva e inatacable, sobre las impugnaciones, quejas y responsabilidades en materia electoral.
Se integrarán por el número de magistrados que la Constitución señale, elegidos por la Cámara de Diputados mediante mayoría de las dos terceras de los votos emitidos, de las propuestas que formulen los diputados federales.
El actual artículo 60 de la Constitución establece que cada cámara calificará a través de un Colegio Electoral la elegibilidad y la conformidad a la ley de las constancias de mayoría o de asignación proporcional a fin de declarar, cuando proceda, la validez de la elección de sus miembros.
La expresión "a través de un Colegio Electoral", es inexacta, pues dicho Colegio es un cuerpo autónomo que no representa a la Cámara de Diputados o a la de Senadores sino que obra conforme a sus propias atribuciones, ni recibe su investidura de la Cámara a cuyos componentes va a calificar sino de la Comisión Instaladora de la Cámara anterior o de una parte de ésta, como es el caso del Senado.
La autocalificación de diputados y senadores es un mecanismo vicioso, faccioso y parcial, que en los hechos ha suplantado la voluntad de los electores, por la de los propios candidatos interesados en el resultado, dando validez a elecciones viciadas de nulidad.
La historia de los colegios electorales es la historia del fraude confirmado. Con la autocalificación se han permitido, tolerado y hasta alentado prácticas electorales fraudulentas como la alteración de los padrones electorales, el robo de urnas, la suplantación del voto y otros muchos mecanismos.
La iniciativa propone la desaparición de la autocalificación de los miembros de cada una de las cámaras. El Consejo Federal Electoral, sería el encargado, de conformidad con la ley y las resoluciones del Tribunal, de hacer la declaratoria de los ciudadanos elegidos a los a los cargos de diputados y senadores. Mantenemos como facultad de la Cámara de Diputados la calificación de las elecciones presidenciales.
Una de las mayores trabas que establece la ley para la demostración de la nulidad de las votaciones y elecciones es la exigencia de las pruebas plenas, haciendo de lado las presuncionales, para tener por probados los hechos constitutivos del fraude electoral, que por su índole se ocultan o disimulan.
En este sentido se propone establecer el mecanismo de la denuncia popular de hechos constitutivos de fraude electoral. Cualquier ciudadano podrá denunciar y aportar pruebas, en cualquier etapa del proceso, sobre hechos que pudieran afectar la validez de la elección o la elegibilidad de los candidatos.
Desaparición del corporativismo y del régimen de partido de Estado
Las prácticas corporativas mediante las cuales el individuo queda sometido automáticamente al sindicato, a la organización agraria, profesional, comercial, de empleados públicos o gremial, y éstas al partido y el partido al Estado, son contrarias a la democracia, a la libertad de sufragio y a la verdadera modernización de la sociedad que debe de estar integrada por hombres libres, por ciudadanos.
Los instrumentos que los trabajadores construyeron para la defensa de sus intereses se han revertido en contra suya a consecuencia de la manipulación gubernamental y de la corrupción; ello ha hecho surgir el clamor por una libertad absoluta para afiliarse a los partidos y a los sindicatos.
Se ha tergiversado de la fracción XVI del apartado "A" del artículo 123 de la Constitución, a fin de convertir a las organizaciones gremiales en agencias del poder público, cuyo propósito es la sustentación de quienes ejercen el poder y no el cumplimiento de los fines específicos que la ley les señala.
Los instrumentos corporativos de afiliación obligatoria al partido oficial, no sólo atentan contra la dignidad personal del trabajador, del campesino, del empleado público, del profesional o del colono, sino que incurren en verdaderos ilícitos, entre los que comúnmente destaca el chantaje y la amenaza de pérdidas de empleo, la reducción de prestaciones o a atender una demanda ciudadana.
Esto conforma en la actualidad una red de instituciones subordinadas que en vez de ser la expresión de las reivindicaciones de las clases y de los grupos sociales, se han transformado en mecanismos de sometimiento y opresión.
Para evitar estas acciones se hace indispensable definir de manera precisa el alcance de las prerrogativas que en materia política tienen los ciudadanos, en particular los trabajadores mexicanos.
Por estas razones se propone que sea reformada la fracción XVI del apartado "A" y la X del apartado "B" del artículo 123 constitucional para establecer que los sindicatos, asociaciones profesionales y cualquier otro tipo de organización gremial no podrán intervenir en funciones electorales ni afiliarse a partido político alguno.
Igualmente se prohibe en el nuevo artículo 137 la integración de organizaciones sociales de cualquier tipo a los partidos políticos y se les obliga a éstas a respetar las preferencias electorales de sus miembros y a no pronunciarse y a actuar como tales en favor de candidato alguno.
Otra de las vertientes del partidarismo de Estado es la actuación parcial y proselitista de los gobernantes. Aunque estos tienen la encomienda de servir al interés general, difunden la imagen del partido en el gobierno o prestan apoyo o auxilio con recursos y fondos que serán destinados al gasto público.
Consideramos necesario erradicar estas prácticas electorales estatistas estableciendo en la Constitución una serie de prohibiciones, cuya inobservancia dará origen a una responsabilidad política que declarará el Tribunal Federal Electoral.
Referéndum
En México no existe la tradición de democracia semidirecta. Lo que ha prevalecido es el monopolio en la conformación de las leyes.
Como parte del avance democrático se propone la regulación del referéndum constitucional, que se utiliza para la aprobación de una nueva Constitución o reformas y adiciones de la ya existente, cuando los cambios incidan sobre normas fundamentales como las garantías individuales, los principios políticos básicos y las bases en que se sustenta la Federación.
Las propuestas aquí presentadas recogen la aspiración de muchos mexicanos de lograr que los comicios sean transparentes y creíbles. Para alcanzar ese objetivo lo primero es que el sufragio sea verdaderamente efectivo, también los organismos electorales deben actuar ciñéndose al principio de imparcialidad, que sólo se puede obtener haciendo a un lado la intervención del ejecutivo en la integración de dichos órganos.
La democracia es una vieja aspiración de la sociedad mexicana, la cual ha sido firmemente refrendada durante la última década. La pluralidad existente y los lacerantes problemas de la mayoría de la población reclama la apertura de espacios verdaderamente democráticos. No podemos seguir viviendo en una democracia de palabra que hace inexistente el Estado de Derecho. Transitar hacia la democracia pasa necesariamente por el establecimiento de la competitividad electoral, para lo cual debe desaparecer el régimen de partido de Estado. Cerrar los ojos ante esta necesidad política de la sociedad mexicana actual puede despertar al México bronco. De suceder, la responsabilidad histórica, política y humana recaerá en quienes se obsesionan por mantenerse en el poder a toda costa.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el conducto de ustedes ciudadanos secretarios nos permitimos someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo 6 ..
Los medios de comunicación están obligados a informar con imparcialidad sobre los procesos electorales. Quienes gocen de la concesión del espacio aéreo operar estaciones de radio y televisión no deberán hacer proselitismo político en estos medios.
Artículo 34 ..
I a II ..
Se declara de utilidad pública la constitución del Registro Nacional Ciudadano que estará a cargo de un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. El registro será público, su organización, funcionamiento permanente y la expedición de la cédula de identidad ciudadana es responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. Los partidos políticos tendrán la función de vigilancia.
Artículo primero. Se reforman los artículos 35, 36, 41, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 108, 111, 123 y se reforman y adicionan los artículos 6, 116, recorriéndose en este artículo la numeración de las fracciones y el 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 35 ..
I. Tendrán derecho a votar y ser votados los ciudadanos que se encuentren inscritos en el Registro Nacional Ciudadano, a excepción de aquellos suspendidos en sus derechos y prerrogativas ciudadanas de acuerdo con el artículo 38 constitucional.
II a V ..
Artículo 36 ..
I a II ..
III. Votar en las elecciones populares en los términos que fije la ley. Quienes se encuentren fuera del territorio nacional el día en que se renueve el poder ejecutivo de la Federación sólo tendrán derecho a votar para elegir presidente de la República. La Ley establecerá los mecanismos que garanticen este derecho.
IV a V ..
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los Estados y municipios, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particularidades de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.
Los partidos políticos son entidades de interés público.
La preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales federales y locales compete a los ciudadanos y a los partidos políticos, quienes para estos fines conformarán órganos públicos autónomos e independientes de los otros poderes.
Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La función electoral estará a cargo de un órgano público autónomo e independiente.
..
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 250 diputados según el principio de votación mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 250 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Artículo 53. La demarcación territorial de los doscientos cincuenta distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.
Para la elección de los doscientos cincuenta diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.
Artículo 54. La elección de los 250 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se sujetará a las siguientes bases y reglas y a lo que disponía la ley:
I a IV ..
a) ..
b) A todos los partidos políticos que cumplan con lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo le será otorgada constancia de asignación por el número de diputados que se requiera para que su representación en la Cámara, por ambos principios, corresponda en su caso, al porcentaje de votos obtenidos;
c) Derogado.
d) Derogado.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se compondrá por seis miembros por cada entidad federativa, nombrados en elección directa por el sistema de representación proporcional, mediante listas por entidad.
La Cámara se renovará por mitad cada tres años. Cada partido presentará una lista de tres candidatos a senadores. La asignación se hará por cada treinta y tres por ciento o resto mayor.
Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente. Todos los senadores durarán seis años en su encargo.
En la segunda vuelta será declarado ganador el que obtenga la mayoría relativa.
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros de los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, a los miembros del Consejo Federal Electoral y los magistrados de los tribunales electorales, a los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, violaciones graves a la Constitución y leyes federales, y por delitos graves del orden común.
..
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios de Despacho, los jefes de departamento administrativo, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los miembros del Consejo Federal Electoral y los magistrados de los tribunales electorales, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
..
Artículo 123 ..
Apartado A: ..
I a XV ..
XVI. Tanto los obreros como los patrones tendrán derecho a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales y cualquier otro tipo de organización gremial, en la inteligencia de que esos organismos no podrán intervenir en funciones electorales ni afiliarse a partidos.
XVII a XXI ..
Apartado B:
I a IX ..
X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, en la inteligencia de que sus organizaciones gremiales no podrán intervenir en funciones electorales ni afiliarse a partidos políticos. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga, previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos.
XI a XIV ..
Artículo 116 ..
..
I a II ..
III. Las entidades federativas establecerán en sus respectivas legislaciones, el órgano y el tribunal electoral con las mismas funciones y bases de integración que el Congreso Federal y el tribunal electoral que dispone esta Constitución.
Artículo 135 ..
Las reformas o adiciones a las disposiciones contenidas en los títulos primero, segundo, tercero y quinto de esta Constitución se someterán a referéndum, para lo cual se requerirá únicamente la previa aprobación del Congreso de la Unión en los términos del párrafo anterior.
El referendum se realizará en la oportunidad que fijen las Cámaras en sesión conjunta. El escrutinio se llevará a conocimiento de las Cámaras en sesión conjunta, las cuales declararán sancionada la reforma constitucional si fuere aprobada por la mayoría de los sufragantes.
Artículo segundo. Se adiciona Título Octavo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del conformado por los artículos 135, 136, 137, 138 y 139, para quedar como sigue:
TITULO OCTAVO
Del Sistema Electoral Artículo 135.
El sistema electoral se sustenta en un sistema de partidos democráticos y en la participación de candidatos independientes por el procedimiento de suscripción popular.
Artículo 136. El Consejo Federal Electoral es el órgano supremo de la Federación conformado por la concurrencia de los ciudadanos y los partidos políticos, para la organización las elecciones federales. Es autónomo e independiente de los otros poderes y está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.
Este órgano se integra por:
I. El número de ciudadanos que determine la Ley, elegidos por la Cámara de Diputados por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes.
II. Un representante de cada partido político nacional.
El número total de integrantes de este órgano será siempre non y el número de ciudadanos que lo integren será siempre superior en tres al de los representantes de los partidos.
Para la elección de los ciudadanos al Consejo Federal Electoral tendrán derecho de proposición los miembros de la Cámara de Diputados.
Ninguno de los ciudadanos electos deben ser miembros de algún partido político o alto funcionario o de rango medio de la Federación, los Estados o Municipios, ni debió serlo durante los últimos cinco años anteriores a la fecha de sus designación. Además deberá contar con los conocimientos necesarios para desempeñar adecuadamente su función.
Las resoluciones al seno del Consejo se tomarán por mayoría simple, la mayoría calificada de las dos terceras partes será necesaria cuando así lo establezca la Ley respectiva.
El Consejo tiene la facultad:
I. Para preparar y desarrollar los procesos electorales federales;
II. Para vigilar los procesos electorales;
III. Para elaborar las listas de electores con base en el Registro Nacional Ciudadano;
IV. Para contratar el tiempo en los medios de comunicación electrónicos y distribuirlo equitativamente entre los partidos políticos;
V. Para informar veraz y oportunamente sobre los procesos electorales y sus resultados;
VI. Para realizar los cómputos y hacer, de conformidad con la Ley y las resoluciones del Tribunal Federal Electoral, la declaratoria de los ciudadanos elegidos a los cargos de diputados y senadores al Congreso de la Unión;
VII. Para presentar directamente ante la Cámara de Diputados su presupuesto de egresos;
VIII. Para impartir la capacitación electoral y organizar la educación cívica:
IX. Para atender lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos;
X. Para dictar su reglamento interior; y
XI. Para expedir todas las resoluciones que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras que le concedan esta Constitución y las Leyes respectivas.
Este órgano ejercerá su función conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza y profesionalismo. Se estructurará con instancias de dirección y técnicas que funcionarán a nivel central, local distrital y municipal.
El Consejo Federal Electoral, cada año, designará a uno de sus miembros, como presidente, pudiendo éste ser reelecto por una sola vez. El nombramiento no podrá recaer en los representantes de los partidos políticos.
Artículo 137. Los tribunales electorales son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, en forma definitiva e inatacable, sobre las controversias y responsabilidades de orden electoral.
Los tribunales electorales se componen de:
a) El Tribunal Superior Electoral de la Federación; y
b) Los Tribunales Colegiados Electorales.
El Tribunal Superior Electoral de la Federación se integra por quince magistrados numerarios y tres supernumerarios, y funcionará en Pleno o en Salas.
Los Tribunales Colegiados estarán a cargo de tres magistrados numerarios y funcionarán uno por cada circunscripción electoral plurinominal.
Los magistrados de los tribunales electorales serán electos por la Cámara de Diputados, por
el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, a propuesta de cualquiera de los diputados.
Para ser electo magistrado de los Tribunales Electorales se requiere cubrir los requisitos establecidos en el artículo 95 de esta Constitución y, además: no pertenecer o haber pertenecido a partido u organización político u ostentado participación partidaria alguna , y no ser o haber sido funcionario alto o medio de la Federación o de alguna entidad federativa.
Los Tribunales Colegiados Electorales conocerán de las controversias suscitadas por las resoluciones o actos del Consejo Federal Electoral o cualquier otra autoridad, cuando el acto impugnado tenga trascendencia sobre el proceso electoral, así como de las relativas a la nulidad de la votación y de la elección.
El Tribunal Superior Electoral de la Federación podrá modificar o revocar las resoluciones que dicten los Tribunales Colegiados Electorales referente a la nulidad de la votación o de la elección, cuando de su revisión se deduzca que existen violaciones a las reglas en materia de admisión y valoración de pruebas y en la motivación del fallo, o cuando éste sea contrario derecho.
Las constancias otorgadas a presuntos legisladores cuya elección no haya sido impugnada ante los Tribunales Colegiados Electorales, podrán recurrirse ante el Tribunal Electoral de la Federación cuando existan hechos supervenientes.
Para probar la nulidad de las votaciones y de las elecciones, los tribunales electorales admitirán las pruebas plenas y las presuncionales. Todo ciudadano tendrá la obligación de acudir a ellos a denunciar los hechos que afecten la validez de la votación y de la elección; y también tendrá derecho a aportar pruebas sobre éstos y respecto de la inelegibilidad de los candidatos.
Todos los tribunales y autoridades judiciales y funcionarios federales y locales, deberán desahogar, dentro de su jurisdicción, las diligencias encomendadas por los tribunales electorales. Las autoridades correspondientes federales y locales deberán prestarle, cuando lo solicite, el auxilio de la fuerza pública.
Los organismos electorales de todos los niveles tendrán la obligación de proporcionar a los tribunales electorales la información y documentación que les sea solicitada. El servidor público que no cumpla con esta obligación será objeto de responsabilidad oficial.
Para garantizar la autonomía de los tribunales electorales el Pleno del Tribunal Superior Electoral de la Federación remitirá directamente a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto de egresos.
Artículo 138. Los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional mediante el sufragio universal, libre, directo y secreto.
Los partidos se forman de la libre e individual afiliación de los ciudadanos. Está prohibida la integración de organizaciones de cualquier tipo a los partidos políticos. Estas organizaciones deberán respetar la militancia de sus miembros y no pronunciarse o actuar como tales en favor de candidato alguno.
A) Los partidos políticos tienen derecho:
I. Al uso en forma permanente de los medios de comunicación social electrónicos y escritos de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la ley, la cual garantizará que la duración , honorarios y frecuencia de las transmisiones por radio y televisión sean adecuadas para la difusión y trascendencia del mensaje de los partidos políticos.
II. El uso de los medios de comunicación masiva, por parte de los partidos políticos se dará únicamente en los tiempos contratados por el Consejo Federal Electoral. Los partidos políticos y los particulares no podrán contratar tiempos para realizar propaganda política.
III. A contar, en condiciones de igualdad, con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular.
IV. A participar en elecciones estatales y municipales.
V. Al disfrute, en todo tiempo, de franquicias postales y telegráficas y a servicios de telefonía y radiotelegrafía.
VI. A recibir información acerca de las acciones de los poderes públicos federal, locales y municipales, la que no podrá ser negada por ningún motivo. La autoridad que no cumpliere con la obligación señalada quedará sujeta a responsabilidad oficial.
VII. A vigilar que los organismos electorales actúen apegados a la constitución y a la ley de la materia.
B) Los Partidos Políticos están obligados:
I. A manejar con transparencia sus finanzas y a rendir ante la Cámara de Diputados cuentas de los recursos públicos que reciben.
Los dirigentes nacionales, estatales, distritales o municipales y sus representantes ante los organismos electorales deberán rendir anualmente declaración patrimonial en los términos que fije la ley.
II. A que sus candidatos hagan público el origen y destino de los recursos utilizados en sus campañas.
III. A no exceder los límites de gastos por campaña autorizados por el organismo electoral.
IV. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales, extranjeras, organismos o entidades internacionales y ministros de culto de cualquier religión o secta y no recibir financiamiento de éstos.
Artículo 139. El Presidente de la República, los altos funcionarios de la Federación, los Gobernadores y los altos funcionarios de las entidades federativas, en tanto tienen la encomienda de servir al interés general como representantes del Estado, deberán abstenerse de difundir la imagen de cualquier partido o candidato y de darle apoyo y auxilio gubernamental, por lo que tienen prohibido:
I. Otorgar recursos o servicios públicos no precisados por la ley.
II. Autorizar servicios o tratamiento preferencial que implique desigualdad en la atención de los ciudadanos con fines electorales.
III. Realizar programas de gobierno y publicidad que se traduzca en inducción del voto a favor de algún candidato en particular.
IV. Impulsar y participar en campañas electorales valiéndose del puesto que ocupan.
V. Hacer ostentación de su carácter de servidores públicos, en actos de campaña en la asunción de políticas, programas o decisiones de gobierno en actos de proselitismo electoral.
VI. El patrocinio de anuncios, mensajes o comentarios a través de periódicos, revistas, cine, radio o televisión con la finalidad de criticar la actividad de algún partido político.
VII. Favorecer o denigrar la imagen pública de algún partido, dirigente o candidato en los medios electrónicos de comunicación propiedad del Estado.
Las emisiones sobre noticias de los procesos electorales en los canales y radiodifusoras estatales se hará en condiciones de imparcialidad.
La inobservancia de estas reglas dará lugar a responsabilidad política, suspensión de derechos ciudadanos e incluso la destitución. El Tribunal Federal Electoral conocerá de las infracciones y podrá decretar la suspensión de los derechos ciudadanos, sin menoscabo de las acciones que procedan por responsabilidad penal.
Artículo tercero. Se derogará el artículo 60 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para la elección de 1994 se elegirán cinco senadores por el sistema de representación proporcional, dos de los cuales durarán en su encargo tres años. La elección de los senadores se realizará en dos listas diferentes, una será para asignar los tres senadores que durarán en su encargo seis años y la otra dos, que permanecerán en su cargo tres años. La asignación se hará de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de esta Constitución.
Tercero. En tanto se expida por el Congreso de la Unión la nueva Ley Reglamentaria en materia electoral, seguirá en vigor el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En el recinto alterno de la Cámara de Diputados a 14 de julio de 1992.
Por el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, diputados: Rosa Albina Garavito Elías, Gilberto Rincón Gallardo y Jorge Moscoso Pedrero."
Solicito a la Presidencia instruya a la Secretaría que se inscriba el texto completo en el Diario de los Debates, y de ser posible, se distribuya a todos los legisladores.
El Presidente: - Se instruye a la Secretaría se haga como lo solicitó el señor diputado orador.
El diputado Rafael Fernández Tomás (desde su curul):-Pidió la palabra, señor diputado.
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos el señor diputado Fernández Tomás.
El diputado Rafael Fernández Tomás:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo subí a esta tribuna para felicitar al compañero diputado Jorge Moscoso y a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. He subido por que pienso que México ha dado un avance importante en materia de democracia política el domingo pasado, aunque tengamos discrepancias, pero creo que hay un avance importante, tanto en Chihuahua como en Michoacán.
El hecho que el pueblo nos haya puesto el ejemplo en los dos estados de cómo avanzar en el proceso de la democracia política en el país, está ligado, en mi opinión, al esfuerzo que han hecho hoy los compañeros parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, en presentar estas reformas constitucionales en materia electoral aquí en la Cámara y, a pesar de que no pudimos escucharlas perfectamente, Jorge, por el murmullo que tenemos todavía en la Cámara todos, se ve el intento y el esfuerzo de un trabajo legislativo.
Yo quiero finalizar de la siguiente manera: a nosotros, como Cámara, nos queda poco más de dos años. Cuando se constituyó esta LV Legislatura hubo muchas personas, muchos sectores sociales que consideraron que ésta iba a ser una legislatura de paso y la LV Legislatura ha tenido en sus manos y aprobado reformas constitucionales de primer orden.
En los dos años que nos quedan por delante, en materia económica este país va a sufrir transformaciones fundamentales en relación con el Tratado de Libre Comercio que va a ser motivo de discusión también aquí y, en el curso de estos dos años tenemos que dejar sentadas las bases de un país auténticamente democrático en el aspecto político, a través de reformas a la Constitución en materia electoral. Ese es el reto que tenemos los 500 legisladores que estamos aquí; dos años para lograr modernizar al país en materia económica, rescatando de lo que viene el Tratado de Libre Comercio lo más importante para el país, defendiendo con las uñas lo que haya que defender en favor de nuestra Constitución y además avanzando para que las elecciones de 1994 no tropiecen con los vicios que hubo en el pasado y que hay todavía en algunas partes del país.
Por esa razón, termino señalado que a pesar de que posteriormente pueda discrepar con los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, valoro el esfuerzo que ellos han hecho el día de hoy, porque lo observo como continuidad del avance que el pueblo mexicano mostró en Chihuahua y en Michoacán el fin de la semana pasada. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Fernández Tomás. Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que se turne la iniciativa presentada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY GENERAL DE POBLACIÓN.
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Población. En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Alejandro Nieto Enrique y Francisco Arrollo Vieyra, solicitan que a nombre de la comisión fundamente el dictamen la diputada Blanca Ruth Esponda Espinoza. En consecuencia, tiene la palabra.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
* Este documento fue publicado en el Diario No. 27 del día 13 de julio de 1992.
Por la Comisión de Población y Desarrollo, me he permitido hacer uso de la palabra para fundamentar el dictamen que ha presentado nuestra comisión y que contiene la minuta proyecto de decreto que nos enviara el Senado de la República, por la cual el Ejecutivo de la Unión ha solicitado modificaciones a la Ley de Población.
Se introducen en esta reforma nuevos elementos a la Ley de Población que van a permitir fortalecer las tareas de registro e identificación poblacional que realiza el Estado, y se establece un instrumento de validez universal, veraz y fehaciente que va a permitir a los ciudadanos mexicanos acreditarse como tales.
Algo que vale la pena resaltar, es que en este proceso de legitimación y de acreditación de la ciudadanía mexicana, existe el principio de igualdad, porque va a permitirse así a través de la cédula de identidad individual, personal y ciudadana, que todos los mexicanos poseamos un instrumento que nos permita legitimar y acreditar nuestra personalidad como ciudadanos mexicanos.
El trabajo que desarrolló nuestra Comisión de Población, fue un trabajo llevado a acabo en un clima político, lleno de confianza y de respeto, que por cierto es un clima generalizado en los trabajos de esta Cámara de Diputados.
Aquí, constantemente tenemos prueba de ese ejercicio de diálogo y de concertación que encabeza el líder de la mayoría, el diputado Fernando Ortiz Arana.
Subsisten por supuesto, y además eso es lo natural, las diferencias políticas que nos caracterizan como partidos distintos entre sí, pero que cuando se trata de hallar algún documento, algún instrumento que permita el consenso por el cual podamos mejorar los procedimientos democráticos, nos encontramos todos unificados en torno en ese propósito.
Es sin duda un reflejo fiel también de la evolución política y de la madurez social que ha permitido un desarrollo ciudadano en los últimos años.
Quisiera destacar que por tratarse de una minuta del Senado, la Cámara de Diputados de inmediato, cuando tomó conocimiento de que esta minuta se hallaba en la colegisladora, se inició el contacto político, se constituyó una comisión plural, y de esa manera en comisiones mixtas, senadores y diputados, iniciamos la conferencia del diálogo en torno a la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
Ante estas comisiones, hizo una presentación amplia acerca del contenido de la iniciativa el subsecretario de Población y Desarrollo y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Miguel Limón Rojas, con quien dialogamos ampliamente y pudimos en efecto resolver, analizar todas las dudas que la iniciativa ofrecía a los ciudadanos diputados y senadores.
Queremos también dejar constancia de la mejor disposición de las autoridades gubernamentales para colaborar en la realización de esta ley.
Con ese espíritu, precisamente diversas modificaciones propuestas por los señores legisladores fueron acogidas con beneplácito a lo largo de las discusiones en comisión. Fue posible así modificar, por ejemplo, el artículo 96, en el cual se incluyó una adición que se refiere al listado de los mexicanos residentes en el extranjero, que es una base fundamental para integrar también el Registro Nacional del Población. También se modificó el artículo 98, por el cual se crea un Comité Técnico Consultivo del Registro Nacional de Población, y esta propuesta hecha por el Partido Acción Nacional, pensamos que era de atenderse, en virtud de que a través de la creación de este Consejo Técnico Consultivo, la ciudadanía tendría la oportunidad de revisar y de estar atenta al desarrollo de Registro Nacional de Población.
Adicionalmente también se modificó el artículo 109, para establecer que 90 días antes de que concluya la vigencia de la cédula de identidad personal, la cual podrá exceder de 15 años. Se fija plazo toda vez que se considera que durante este tiempo no cambia de rasgos fisonómicos lo suficiente y que sí en cambio a los 15 años ya presenta una fisonomía tal que podría acreditarse como otra persona y de esa manera podrá renovarse la cédula periódicamente.
Y estamos hablando del Registro Nacional de Ciudadanos, porque también el Registro Nacional de Población contiene el registro de menores y contiene lo que será el registro de extranjeros residiendo en nuestro territorio.
Y en el artículo 125 se hace un reordenamiento de los artículos 113 al 114, que se corren pero que se mantienen y que se establece la penalidad de la expulsión para los extranjeros que violen ciertas disposiciones contenidas en la propia ley.
Creemos que estos cambio sustanciales permitirán mejorar la institución pública del registro de población.
Pero algo que también vale la pena aquí subrayar, es que más allá de los programas políticos de los partidos, nos ha estimulado ese espíritu de cooperación y de participación de nuestros compañeros diputados que estuvieron presentes en los diálogos con los senadores.
En el orden de las coincidencias, destacamos la visión común de que vivimos en una sociedad amplia y compleja que exige la actualización de los medios de captación, de información, con los cuales el Estado podrá definir políticas públicas para el orden económico, social, cultural; para el orden internacional y para el orden político interno.
La posibilidad de abarcar y sistematizar los datos individuales de nuestra población, contribuye a desarrollar nuestra vida social e institucional. También es posible que con su puesta en vigor se allanen los obstáculos para cada mexicano cuente con la certeza jurídica de su condición ciudadana.
Con estas reformas vendríamos a decir que se consolida y se refuerza el esfuerzo iniciado por el gobierno de la República allá por los años del 1972, para establecer el Registro Nacional de Población, que ahora obtiene un instrumento operativo en la figura del Registro Nacional de Ciudadanos y Menores y en la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana.
Se da seguimiento así a la reforma política electoral de 1990, que incluyó en el artículo 36 constitucional la obligación de los ciudadanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos. Este registro forma parte del Registro Nacional de Población que va a permitir recabar todos los datos de cada uno de los ciudadanos que integramos la población nacional.
Por una parte, se acreditará a los mayores, pero también a los menores de 18 años que residen en el país, así como a los otros mexicanos que residen en el exterior y a la vez permitirá tener un dato veraz acerca del número de extranjeros residentes en México.
Creemos que de esta manera se reafirma y consolida la unidad política del Estado mexicano, al dar a cada ciudadano un elemento probatorio ante las autoridades civiles y las entidades privadas, que será lo suficientemente veraz y confiable como para garantizar que quien se acredite sea efectivamente quien aparezca registrado.
La Cédula de Identidad Ciudadana viene con ello a llenar un vacío de nuestro sistema jurídico y contribuye a facilitar el ejercicio de nuestros derechos civiles y de nuestros derechos políticos.
Todos los mexicanos, sin distingo de especie, todos los mexicanos, sin distingo de lugar, de residencia, estaremos acreditándonos a través de esta Cédula de Identidad Ciudadana.
Creemos que es principio de igualdad y de certeza jurídica, que tiene este instrumento, va a permitir igualarnos en los hechos y en el ejercicio cotidiano de nuestros derechos civiles y políticos, a los indígenas de las zonas rurales, a los mexicanos de las zonas marginadas urbanas y rurales, que por diversas razones todavía a fin de siglo, carecen en ocasiones incluso de cualquier elemento de su identidad personal.
Creemos que este es un avance jurídico que permitirá también fortalecer a las instituciones que regulan el fenómeno poblacional. Esta iniciativa permite que una de las instituciones más antiguas del sistema jurídico como es el Registro Civil, se convierta en la columna vertebral del Sistema Nacional del Registro de Población. Porque sin modificar su naturaleza jurídica, sin violentar sus ámbitos de competencia y de responsabilidad, la autoridad federal podrá celebrar convenios con el Registro Civil a fin de allegarse los datos que obren en él y con ello contribuir a formar el Registro Nacional de Población.
En este registro también se va a poder cotejar contra otras informaciones que actualmente ya obran en el poder de diversas autoridades de la administración pública federal.
También se va a contar, como lo establecemos en el artículo 4o. transitorio, que por cierto es una propuesta muy vigorosamente sostenida por diversos partidos, que el banco de datos y el banco de imágenes que van a permitir la fotocredencialización para el proceso electoral próximo de los noventa, contribuya a enriquecer el acervo del Registro Nacional de Ciudadanos.
De tal suerte que el mediante cotejo de toda esta información, este registro se convierte en un instrumento muy eficaz del Registro Nacional de Población.
Nos pareció a nosotros en la Comisión de Población que este esfuerzo por acreditar la ciudadanía mexicana, por integrar este registro fehaciente, por contar con los medios que hagan posible que la brevedad todos los mexicanos dispongamos de una cédula de identificación personal, es una evidencia política más, de la voluntad
que existe de que la democracia en México siga desarrollándose, siga avanzando y que por supuesto sujete a los hombres a la sociedad política.
Cuando reafirme también las libertades políticas y las libertades civiles de los ciudadanos. Creemos que con estas reformas todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, se han venido planteando una serie de inquietudes para mejorar nuestra capacidad de diálogo social y político, se verán satisfechas con este avance político, al contar con el Registro Nacional de Ciudadanos.
No hay duda que nuestro sistema político se ve permanentemente amenazado y recibe presiones externas e internas, pero también no hay duda de que ante estas presiones, el sistema político mexicano se desarrolle y consolida hacia adentro, rescatando los mejores valores de nuestras tradiciones históricas y de nuestra tradiciones políticas.
Creo que existe un avance de la conciencia ciudadana y precisamente al regularse ese fenómeno poblacional que por cierto es la base de toda planeación económica y social, permitirá que en la formulación de los planes nacionales de desarrollo y de los planes sectoriales, se pueda contar con una base más objetiva de cuántos somos, qué queremos, hacia dónde queremos avanzar.
Este Registro Nacional de Ciudadanos, va a permitir también que la política nacional de población pueda ser una política eficaz en la regulación de los fenómenos poblacionales. Venimos creciendo todavía a tasas superiores de las deseadas. Ha habido avances importantes. Apenas en 20 años logramos bajar esa tasa de 3.5% a 2%.
Nosotros sabemos que el nivel de desarrollo económico y social de nuestra sociedad, exige un esfuerzo adicional; sabemos que este esfuerzo adicional sólo puede hacerse a través de la participación activa y dinámica de cada ciudadano, y cada ciudadano, por lo tanto, debe adquirir conciencia del papel que juega en la composición y en el desarrollo de la sociedad.
De ahí que al avanzar con un instrumento como éste, podamos avanzar en el desarrollo económico y social.
No hay duda, compañeros diputados, compañeras diputadas, de que México el cambio institucional se está dando con el consenso de la sociedad y, es por ello porque los partidos políticos que son los verdaderos interlocutores entre la sociedad y el gobierno y, los partidos políticos que actuaron de una manera tan comprometida en esta iniciativa, expresaron su voto aprobatorio, se construyó un consenso, una unanimidad en torno a lo que es una aspiración ciudadana en que por eso mis compañeros diputados me pidieron viniera a solicitar a ustedes su voto aprobatorio en favor de este dictamen que fortalece y enriquece la vida democrática nacional. Muchas gracias por su atención. (Aplausos)
El Presiente: - Muchas gracias, diputada Esponda.
Esta Presidencia informa a la honorable Asamblea que se encuentran registrados para hacer uso de la palabra, los siguientes diputados: Quinardo Meléndrez Montijo, del Partido Acción Nacional; Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática; Demetrio Santiago Torres, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista y Francisco Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Quinardo Meléndrez Montijo.
El diputado Quinardo Meléndrez Montijo: - Gracias señor Presidente; señoras y señores diputados:
El esfuerzo de creación de una democracia orgánica en México, reclama de la formación adecuada y el buen funcionamiento de un conjunto de instituciones que hagan posible, garanticen y estimulen la actuación ordenada de la ciudadanía, base indispensable de toda vida democrática.
Con estas palabras introductorias, la iniciativa de Ley del Registro Nacional Ciudadano, presentada por los diputados de Acción Nacional el 7 de octubre de 1947 a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, da paso a la idea de dotar a la ciudadanía de un registro nacional en el que aparezcan todos los hombres y mujeres que lleguen a la mayoría de edad, y para la expedición de la cédula con fotografía que los identifique como ciudadanos.
Esta iniciativa que en alguna medida se incluyó en el proyecto de Ley Electoral Federal propuesta por Ejecutivo en aquel año, forma parte de un esfuerzo de décadas por consolidar la información poblacional, inventario principal de
la potencia espiritual y material de nuestra patria, base para la planeación y el desarrollo y, por dotar el ciudadano, de un medio de identificación fehaciente.
Para razonar el voto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con respecto al decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Población, deseamos puntualizar también lo siguiente:
El 28 de diciembre de 1988, la diputación del Partido Acción Nacional presentó iniciativa de adición y reforma al artículo 36 constitucional, señalando, entre otras cosas, que son necesarias la formación adecuada y el buen funcionamiento de un registro ciudadano permanente, concebido como un servicio público esencial para la acreditación de la ciudadanía no circunscrita a lo meramente electoral.
En el marco de otra iniciativa de reforma al ordenamiento electoral, en la cual el Partido Acción Nacional presentó un nuevo Código Federal Electoral, que con las propuestas de otros partidos políticos sirvió de base para la discusión y aprobación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, concebimos la necesidad de elevar a rango constitucional la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional Ciudadano y la expedición de un documento único, que acredite la titularidad ciudadana y tenga efecto de cédula de identidad, con valor probatorio en cualquier instancia y como un servicio de interés público.
Además, esta iniciativa del Partido Acción Nacional consideraba que el funcionamiento de este registro ciudadano no debía concebirse como un censo circunstancial, sino como un servicio público esencial para el ejercicio de la ciudadanía y para todos los procedimientos relacionados con el sufragio.
Ciertamente el espíritu de la propuesta original del Partido Acción Nacional iba más allá de lo meramente electoral y esperamos que en un futuro esta cédula de identidad puede ser útil también para estos propósitos.
En la mayoría de los países modernos existe un documento similar al que se propone y la práctica ha demostrado su utilidad como instrumento social, procesal, fiscal, laboral, etcétera.
Acción Nacional espera que la implementación del programa se lleve acabo con la mayor seriedad y profesionalismo, para que en un futuro cercado el Registro Nacional Ciudadano sea la base más confiable para la elaboración de los listados electorales y se integre en un solo documento la cédula de identidad y la credencial para votar.
Por lo anteriormente expuesto, el proyecto de decreto del titular del Poder Ejecutivo que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Población, cuyo dictamen se somete a consideración de esta Asamblea, sentimos es un esfuerzo serio por responder a una añeja aspiración y, como esfuerzo de los mexicanos, le damos en Acción Nacional el voto favorable. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presiente: - Gracias, señor diputado Meléndrez Montijo.
Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: - Con el permiso de la Presidencia.
El día de hoy estamos aquí discutiendo un proyecto legislativo que se encuentra vinculado con el dictamen que propuso la adición del los artículos transitorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En esencia, en el Partido de la Revolución Democrática consideramos que ambas iniciativas se refieren a la misma necesidad: contar con un documento confiable que acredite al ciudadano para el ejercicio de su derechos políticos.
No obstante, las dos iniciativas, con un mismo objetivo, dan un tratamiento distinto al mismo asunto.
La iniciativa presidencial de adiciones y reformas a la Ley General de Población para instituir el Registro Nacional Ciudadano y la correspondiente cédula de identidad tiene para el Partido de la Revolución Democrática serias limitaciones.
El partido de la Revolución Democrática ha sido insistente en que se organice ese registro y se expida la Cédula de Identidad Ciudadana con base en requisitos de confiabilidad. La confiabilidad del registro depende del documento que se aporte para acreditar la condición de ciudadano, que en ese caso no puede ser otro que el acta de nacimiento. Este requisito está contemplado ciertamente en la iniciativa, que para superar el escollo que representa el hecho de que muchos mexicanos no cuenten con este documento, también dispone un programa de registro extemporáneo de nacimiento.
En este sentido se pude decir que la iniciativa nos satisface y que confirma que teníamos razón al proponer que también se exigiera el acta de nacimiento para obtener la credencial para votar. Máxime cuando en el establecimiento del Registro Nacional Ciudadano se utilizará la información del padrón electoral y la base de datos e imágenes adquiridos con motivo de la expedición y entrega de esta credencial.
Esta iniciativa confirma la necesidad de abandonar el principio de la buena fe para otorgar documentos que permitan el ejercicio de los derechos ciudadanos. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿por qué la negativa, la resistencia, a expedir de inmediato la Cédula de Identidad Ciudadana? ¿Por qué hacer un doble gasto procesando una credencial para votar que se entregará con menos requisitos y sin la certeza jurídica que traerá la Cédula de Identidad Ciudadana?
El gobierno federal alega razones técnicas. Nosotros pensamos que se trata más bien de razones políticas, es decir de razones de Estado.
En 1994 estará en juego, de nuevo, la Presidencia de la República y se abrirá otra vez la posibilidad de transitar hacia la democracia por la vía pacífica. El gobierno y su partido no quieren atarse las manos con un documento que le reste capacidad de maniobra para indicar sobre la matriz del fraude, es decir, el padrón electoral.
Esta y no otra es la razón de que se tenga que llevar adelante dos procedimientos: el de la fotocredencialización y del establecimiento del Registro Nacional Ciudadano.
Pero el proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley General de Población, es objetable desde otros ángulos. Aquí me limitaré a señalar las principales:
1o. La imprecisión sobre el registro de mexicanos en el extranjero.
2o. La autoridad encargada del registro y la ausencia de los ciudadanos en él.
Para la primera observación, padrón de mexicanos residentes en el extranjero. El proyecto de decreto modifica el vigente artículo 89 de la ley, en cuya fracción III se dice que el registro de población e identificación personal tiene por objeto llevar al padrón de los mexicanos residentes en el extranjero.
En la fecha en que entró en vigencia esa ley, se tenía la idea de constituir un padrón de mexicanos residentes en el extranjero, con la finalidad de hacer efectivo sus derechos políticos, específicamente su derecho al voto. Esto era congruente con la legislación electoral, pues en aquel entonces la Secretaría de Gobernación tenía amplias facultades en materia de derechos políticos.
En la iniciativa que discutimos desaparece esa disposición, dejando en la confusión esta cuestión. El proyectado artículo 85 dispone que la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero. Pero ya en el artículo 86 no se aclara esta cuestión y sólo se dice que el Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad.
Como ustedes verán queda indefinido si el Registro Nacional de Población también incluirá a los nacionales que residen en el extranjero. La aclaración resulta de la mayor importancia, pues como ustedes saben del registro de los ciudadanos surgirá la información que constituirá la matriz del padrón electoral; así lo dispone el proyectado artículo 112, que establece que la Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Federal Electoral la información del Registro Nacional de Ciudadanos, que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales.
Resulta obvio, porque se suprime el padrón de mexicanos residentes en el extranjero, para evitar que voten, que ejerzan su derecho a designar a sus gobernantes. Las razones no son ni la pureza legislativa, ni la voluntad de muchos nacionales que quieren pasar de desapercibidos en territorio extranjero, por motivos migratorios, sino evitar a como dé lugar que exista la obligación de empadronar a los ciudadanos que residen fuera de nuestra frontera.
El mismo subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, expuso claramente este propósito en la conferencia sostenida con diputados y senadores. A pregunta expresa formulada por un senador, adujo el subsecretario de Gobernación, Miguel Limón Rojas: "El hecho de que nosotros no nos referimos a este documento como padrón, es quizá, el deseo que nos representa la posibilidad de mejorar el texto de la ley vigente en la terminología que está emplea, puesto que el término "padrón" se refiere, como usted lo ha expresado, a la relación de ciudadanos referida
a su ejercicio del voto y no al tema de esta ley, ocuparse de esta materia".
Nosotros preguntamos: ¿cómo no va a ser tema de esta ley el ejercicio del voto, si del Registro Nacional Ciudadano surge la información para la integración de los instrumentos electorales?
Para el segundo punto, sobre la autoridad encargada del registro y la participación ciudadana. Otra objeción que ponemos a esta iniciativa en lo que se refiere a la autoridad encargada del registro. El proyecto de decreto deja en manos de la Secretaría de Gobernación el registro y acreditación de los ciudadanos mexicanos; esto sería adecuado si se acepta que tal facultad queda comprendida dentro de los objetos que tiene la ley, pero resulta que este ordenamiento regula los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional.
El Partido de la Revolución Democrática considera que la ciudadanía no es ninguno de estos fenómenos, la ciudadanía es una categoría jurídica política; con calzador se introduce en esta ley el Registro Nacional Ciudadano para trastocar una norma constitucional estableciendo en el proyectado artículo 97 que el Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado a través de la Secretaría de Gobernación.
Sólo por ese hecho, por esa disposición constitucional efectivamente se trata de servicios de interés público pero su prestación no corre a cargo exclusivo del Estado. Quiero citar aquí en este preciso momento una objeción de orden constitucional a eso anteriormente dicho, el segundo párrafo de la fracción I del artículo 36 constitucional dice claramente, cito: "La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público y por lo tanto responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la Ley".
Este artículo constitucional por sí mismo hace anticonstitucional la iniciativa que se encuentra a discusión. A nuestro juicio el párrafo 2o. de la fracción I del artículo 36 constitucional nos obliga a conformar un organismo en el que se integre el Estado y la ciudadanía para llevar a cabo ambos servicios que no son competencia de ninguna manera de la Secretaría de Gobernación, por más que se les haga un lugarcito en la Ley de Población.
La iniciativa, consideramos, sin embargo da un paso adelante en la conformación de registro cada vez más confiable, no lo negamos, y por eso es que el Partido de la Revolución Democrática va a votar a favor; sin embargo nuestra obligación es decir que esta iniciativa queda trunca. La crisis política que vivimos originada por la falta de credibilidad de los procesos electorales nacionales y locales, nos obliga a dar paso necesario para profundizar en la confiabilidad de los instrumentos electorales y dar certidumbre legal al ejercicio del sufragio.
El Partido de la Revolución Democrática propone el cumplimiento de los siguientes pasos:
1o. Construir un organismo autónomo encargado del Registro Nacional Ciudadano en que el Estado y la ciudadanía se hagan corresponsables de la prestación de este servicio.
2o. Llevar adelante el registro de mexicanos residentes en el extranjero y hacer efectivo su derecho al sufragio.
3o. Unificar los procesos de fotocredencialización y de expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, y por último, el
4o. Incorporar a los partidos políticos en la vigilancia del Registro Nacional Ciudadano tal como sucede para el caso del padrón electoral.
Me parece, ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados, de gran importancia hacer estos señalamientos. Pese a que votaremos a favor de la iniciativa, es necesario que el gobierno de Salinas de Gortari comience a manifestar signos de voluntad política antes de que concluya su compromiso con la nación, es decir, antes de 1994.
La propuesta que lanza el Partido de la Revolución Democrática desde esta tribuna y en la discusión de esta iniciativa en lo particular, tiene que ver en este sentido: el cumplimiento de estos que ya mencionamos, antes de 1994 para el Partido de la Revolución Democrática significaría una muestra de verdadera voluntad política por parte del gobierno y su partido para transitar hacia la democracia. Muchísimas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputada Ruiz Anchondo. Tiene el uso de la palabra el diputado Demetrio Santiago Torres.
El diputado Demetrio Santiago Torres: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hago uso de la tribuna, para reflexionar el voto de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
La población es uno de los objetos privilegiados prioritarios de los gobiernos modernos; es una de las materias constitutivas de los estados modernos; regular el volumen, la estructura, el ritmo de crecimiento, la distribución territorial y hasta la vida de los individuos, ha sido uno de los procesos de los cuales el gobierno ha construido grandes aparatos e instancias estatales.
Se gobiernan a los individuos, se dirige su crecimiento, su salud, las condiciones materiales en que viven, sus relaciones, sus proyectos. La acción de la vida es, sin duda, el proceso moderno por excelencia en el arte de gobernar.
No hay nada más falso que las oposiciones individualismo - colectivismo, personalismo - comunitarismo en la discusión y clasificación de los regímenes políticos modernos.
Regular la población, es decir, el conjunto, es una condición para atender el desarrollo de los individuos. ¿No se atiende la salud de la población a través de las campañas?, ¿no se atiende al desarrollo individual a través de la educación?, ¿y cómo diseñar campañas, planes, programas y proyectos si no se cuenta con la información necesaria sobre la demanda, las necesidades de la población?
El registro de la población, el seguimiento de su vida, las estadísticas sobre nacimientos, defunciones, casamientos, accidentes, pensiones, localizaciones, actividades, son sin duda, la parte sustancial del gobierno.
La estadística poblacional es la primera condición para el gobierno; es la primera condición de posibilidad de gobernar las acciones y la vida de los individuos.
La racionalidad del gobierno moderno es, entre otras, cuantitativa, taxonómica y regulatoria, más allá de las dudas que se tengan sobre los excesos de la regulación, de la intromisión inadmisible en los asuntos personales, en la gestión acrecentada de la vida. Lo cierto es que la razón de los estados modernos, se encuentra la regulación poblacional, la vigilancia demográfica e individual de los ciudadanos.
Sin duda, todos los debates respecto a los derechos de la persona, las garantías individuales e incluso el derecho social, se desenvuelven en márgenes preestablecidos sobre la regulación gubernamental de la vida y la resistencia de los individuos, grupos o comunidades contra ella.
Más allá del liberalismo, el Estado de bienestar, el socialismo, o incluso el neoliberalismo, encontramos una misma racionalidad tecnológica en el arte de gobierno y en la regulación de la población.
Por eso, cuando en México hemos discutido sobre la necesidad de una cédula de identificación ciudadana, el debate no puede ser más paradójico. Aquellos que durante años se han negado a establecerla argumentando razones de seguridad, de vigilancia excesiva, de perspicacia política, son los mismos que han defendido de una manera u otra la regulación estatal de diversos aspectos de la vida como salud, educación, trabajo, transporte, vivienda, etcétera.
¿Cómo hacerla sin recurrir a la clasificación, registro y vigilancia? El registro de la población es consustancial al Estado y a los gobiernos modernos. ¿Quién duda que el Registro Civil una de las leyes de Reforma más importantes fue un arma en la lucha con la Iglesia y un elemento básico de la Constitución del Estado mexicano?, y el Registro Civil apenas incluye nacimientos, estado civil y defunciones; faltaría mucho para agregar a las partidas de nacimiento, de casamiento, de localización, los registros, el de identificaciones, educativas, de salud, de asistencia social, de tránsito, de crédito de urbanización, de elector, de trabajo, de nacionalidad, etcétera.
Acompañan al gobierno moderno un cúmulo de registros de identificaciones y clasificaciones de los individuos, una suerte de identidades y actividades múltiples de los individuos, múltiples identidades, múltiples registros, múltiples procesos, más que un individuo, un multi - individuo registra el gobierno en sus instituciones. No es sino una racionalización de los registros el que todos se sumen en uno sólo, la cédula de identidad ciudadana. No es algo nuevo, sino sólo un desarrollo sistemático de un proceso de gobierno.
Lo más interesante de esta propuesta del Ejecutivo, no es la cédula en sí, ni tampoco los procedimientos, características o instituciones responsables, sino el momento en que se plantea.
Como la misma iniciativa y el dictamen lo señala, la identificación ciudadana tiene una historia añeja, se remota hacia el Registro Civil y las iniciativas de los años treinta y cuarenta, pero es sólo en los setenta cuando se generan las condiciones
jurídicas, administrativas y procedimentales para hacerla posible, y sin embargo, como todos sabemos, no se hizo.
A todas las condicionalidades les faltó la más importante, la política. A finales de los años setenta, en plena reforma política las secuelas de la guerra sucia estaban todavía tan presentes que una nueva embestida por generar un instrumento de registro, no podía si no ser vista como un instrumento de control con claros tintes represivos; un control represivo, ése fue el temor de entonces, y no un control poblacional o una racionalización de un proceso como se percibe ahora.
No cabe duda que cuando las condiciones cambian, la recepción de las propuestas de control político se hacen a partir de una cierta neutralidad técnica, por eso ahora la iniciativa que comentamos se presenta fundamentalmente como una necesidad técnica de información para desarrollar planes y programas de gobierno.
No dudamos que sea así. Es precisamente una condición de gobierno, de todos los gobiernos modernos; eso no es la novedad, como tampoco lo es la pretensión técnica no sea sino un mero eufemismo. Todo acto de gobierno es por definición un modelo de control y de control político de las personas, de las actividades, de las relaciones. Lo interesante es ahora, en plena reforma del Estado, sea admitida por la sociedad y pase como un mero trámite, más aún, como una necesidad técnica, cuando hace 10 años fue embestida y cuestionada.
Nosotros, que no creemos en la neutralidad tecnológica de los actos de gobierno, sí consideramos a la cédula como un procedimiento racionalizador de los registros y un instrumento pertinente en la codificación de los ciudadanos y de la regulación poblacional.
La repercusión en los actos jurídicos, en los registros electorales, en el diseño de las políticas públicas y programas gubernamentales, es la forma que adquiere la regulación política de la población en la reforma del Estado y responde a las resistencias del control negativo, incluyendo artículos sobre la no necesariedad de portar la cédula, las condiciones de transmisión de información, de utilización de la misma, etcétera.
En resumen, las condiciones que hacen posible la instrumentación de la Cédula de Identidad Ciudadana, a través de las instancias responsables de la administración pública federal, son las que están asociadas en lo general a la reforma del Estado y a todos los gobiernos modernos, desde que se constituyeron hasta que agregaron tantas identidades y tantos registros que hicieron indispensable un control centralizado de la población, y un documento síntesis de registro e identificación.
Es una necesidad política, no una condición técnica. Así lo entendemos y así votaremos en consecuencia, no sin dejar de señalar que la utilización respectiva o el control negativo de la cédula, deberá ser sancionada por la ley.
Ya conocemos múltiples disposiciones que a pesar de señalar la negativa de la utilización facciosa de las cédulas, registros o informaciones, las mismas oficinas gubernamentales las pasan por alto. Sería necesario establecer las sanciones respectivas en este ordenamiento, así salvaríamos más la preocupación legítima de la población el que sus registros fueran utilizados para acciones distintas a las postuladas legalmente.
Por lo anterior, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional votará en lo general a favor del dictamen, llamando la atención sobre su necesidad política en la reforma del Estado y los riesgos de utilización indeseada. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Santiago Torres. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, mi partido, para no solamente razonar y fundamentar nuestro voto, sino en apoyo también del dictamen de proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Población.
Justo es decir que mi partido desde 1986, en los foros de consulta popular, dejó asentada su sugerencia y propuesta de que hubiera una cédula de identidad. Este proyecto, compañeros diputados, lo considero como uno de los más importantes de este tiempo, como una iniciativa del Ejecutivo Federal muy importante, porque en esto se ve la preocupación de ir a la resolución de los problemas de nuestra sociedad y la considero muy importante por los antecedentes que quiero brevemente me permitan exponer.
Ya desde el Imperio Romano se buscaba una solución para los problemas demográficos y
estadísticos, y es en el Imperio Romano, en la ciudad de Roma donde, para reconocer a los ciudadanos como súbditos de ésta y como contribuyentes en activo ante el censo quinquenal que estaban obligados, de esa práctica pasó al derecho cristiano y medieval, donde las reglas de cánon expresadas en el codi juris canoniti y el codi juri canonichi establecieron la costumbre de asentar partidas a la usanza de lo censos romanos donde asentaban la fideocredibilidad, de que el funcionario daba razón y fuerza de ley al reconocimiento de personalidad civil y cívico política.
Después, en las Leyes de Indias, en el título 13, donde trata de los curas y doctrineros, encontramos en la ley vigésima quinta, en la recopilación de 1681, la siguiente disposición: "...que los ministros de doctrinas tengan libre bautismo y entierros, y envíen certificaciones y padrones cada año a los virreyes gobernadores. Es conveniente para la buena fuente y razón de los tributos de indios, evitar costas y fraudes y así rogamos y encargamos a los arzobispos, obispos y prelados regulares de nuestras Indias, que manden a todos los clérigos y religiosos, ministros de doctrinas, que tengan libro en que matriculen a todos los que nacieron y fueron bautizados y otro libro en que escriban los nombres de los difuntos".
Posteriormente, compañeros diputados, el día 27 de enero de 1857, don Benito Juárez secularizó el Registro Civil, y el 27 de enero del mismo año secularizó los panteones, quitándole al clero católico la facultad de registrar los nacimientos y defunciones.
Como ustedes ven, compañeros, nuestra organización social, en las diferentes épocas, se ha esforzado no solo por tener el registro de los nacidos, sino para efectos de estudios de densidad demográfica, también las defunciones.
El ultimo antecedente legal que tenemos, es el Manual de Organización de Registro Civil, publicado en el Diario Oficial del 15 de octubre de 1980.
Les decía que considero este proyecto muy importante, bajo mi punto de vista, porque considero que el control que puede tener el Registro Nacional de Ciudadanos, no debe limitarse solamente a tener un padrón confiable y una estadística o memoria del nacimiento de los ciudadanos, sino que debe de ir más allá con la idea de que se resuelvan los problemas de la sociedad, ya que este proyecto de dotar al ciudadano de una cédula de identidad, debe de ir también, como digo, a prevenir los problemas de la sociedad, pues teniendo un control, real como dijo el señor senador Limón, subsecretario de Gobernación, que si seguimos un método, un buen método, lograremos lo que deseamos realizar.
Y pienso que esta cédula o este registro debe servir también para prevenir, por ejemplo, los problemas de la sociedad en lo que se refiere a el registro de los infantes y prevenir el robo de los mismos; no solo la certeza jurídica en los órganos jurisdiccionales con la identificación del testigo, sino también para prevenir problemas de salud, fenómenos de población en sí, prevención de la delincuencia, pues al tener el registro de un ciudadano desde su nacimiento, podremos seguir la secuela de su conducta en relación a la sociedad. También de estadística, pues tendremos la seguridad de cuántos somos y en qué trabajamos, que arte, oficio o profesión desempeñamos dentro de nuestra organización social.
Esta iniciativa, hoy este proyecto, compañeros diputados, habrá de tener algún día una proyección, pero esta proyección no debe de limitar o no debe limitarnos únicamente a aprobarla sino creo que debemos darle seguimiento para que se realice en realidad, los propósitos que tenemos enunciados.
Yo sé y tengo la seguridad que algún día se hablará de bondad de este proyecto que el ejecutivo ha mandado en estos días, y que se hablará bien del régimen del Presidente de la República actual, porqué no decirlo, pero será en función de lo que nosotros logremos realizar y proponer constantemente para que se realicen los propósitos del estatuto jurídico que estableció la reforma, me refiero a la reforma de 1857.
Si seguimos la misma dirección hacia la meta que nos fijó el liberalismo del siglo pasado. Si seguimos la proyección marcadas por los liberales, Benito Juárez y los grandes hombres de la reforma, creo que unidos lo lograremos. Muchas gracias compañeros diputados.
El Presidente: Gracias, señor diputado Dorantes Gutiérrez. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez.
El diputado Jorge Tovar Montañez: - Compañeras y compañeros diputados:
Como seguramente es del conocimiento de ustedes nuestro partido ha sido un actor interesado desde varios años en este debate que hoy
llega a un punto si no culminante si un punto de concreción.
Ya hace muchos años, hace varios años que está en el debate de las fuerzas políticas nacionales, la idea de llegar a una cédula de identificación ciudadana. Ya han pasado varias legislaturas desde que este debate se inició y, por supuesto, con base a la constitución. Es decir, un debate que ha arrancado de las disposiciones constitucionales y que no tiene mayor discusión el que es necesario que exista esta cédula de identificación ciudadana y el Registro Nacional Ciudadano. Y esto jamás, nadie, ninguna fuerza política ha pretendido derogar esta disposición constitucional contemplada en varios artículos.
Pero sí es conveniente recordar cual ha sido la postura del Partido Popular Socialista y cual va a ser hoy nuestra posición. El Partido Popular Socialista nunca se opuso, como repito, en principio, al establecimiento de esta cédula de identificación ciudadana, ni mucho menos pues a lo que conduciría a qué es el Registro Nacional Ciudadano, simplemente objetó la falta de claridad en sus propósitos, en sus objetivos. No había habido las condiciones para que se garantizara algo que nosotros, todos, creo que hemos cuidado y estamos cuidando y deberemos seguir cuidando en el futuro, que esta cédula y este registro no se vayan a convertir, por azares de la política, en un instrumento de control político y mucho menos policiaco.
Creo que ésta es una base, un fundamento que ha sido aceptado por todos los partidos políticos y por todas las fuerzas políticas nacionales. Y ésta fue la condición que estableció el Partido Popular Socialista para poder avanzar en este debate.
Hoy, tenemos ante nosotros una iniciativa de ley que nos parece completa; realizada con cuidado; en la que efectivamente hemos participado las distintas fracciones aquí representadas de una manera democrática, de una manera constructiva. Y creemos que ha habido buena voluntad, buena disposición de quienes han dirigido estos trabajos.
Sin embargo y sin querer agregar mas a la urgencia y al buen fin, al buen propósito de estas disposiciones, que ya han abordado aquí algunos compañeros diputados, nosotros si queremos señalar algunos detalles que independientemente de que sean tomados en cuenta o no en el dictamen final de esta Cámara nosotros queremos dejar constancia, queremos dejar testimonio de nuestro pensamiento y de nuestros propósitos.
Nos parece que debemos tener cuidado en el artículo 107, en el primer párrafo del artículo 107 dice: "La cédula de identidad ciudadana contendrá cuando menos los siguientes datos y elementos de identificación..." que en buena lógica nos parece que dejaría abierta la puerta para que en el futuro repito, por azares de la política, alguien pretendiera agregarle a la serie de requisitos, de datos de los seis datos que aparecen en el mismo artículo, a continuación pretendiera agregarle algo que desvirtuara el propósito de esta iniciativa.
Nosotros queremos llamar la atención en esto, demandar su vigilancia. Creemos que debería decir de otra manera; creemos que debería decir simplemente: "La cédula de identidad ciudadana contendrá los siguientes datos:..."Es decir, deben precisarse los mínimos y los máximos. No dejar abierta la puerta. Ya lo habíamos comentado esto; no es nada nuevo para los compañeros y compañeras que coordinaron los trabajos.
Otro punto que nos interesa es lo contenido en el artículo 109. En el último párrafo de la fracción III del artículo 109. En primer término el primer artículo de la fracción III. La fracción III dice: "Cuando los rasgos físicos de una persona cambien de tal suerte que no correspondan con los de la fotografía que porta la cédula..." Es decir, podrá ser o deberá ser restituida la cédula.
La pregunta es : ?A juicio de quién se va a considerar que ya han cambiado los rasgos físicos?, está muy indefinida. Es una cuestión meramente de forma. Pero yo quiero llamar la atención en esto.
Y ahora sí, refiriéndome al segundo párrafo de la fracción III del mismo artículo 109, dice que "... en todos los casos el portador deberá devolver la cédula de identidad ciudadana anterior al momento de recoger la nueva". Y nos surge una pregunta: bien, ¿las autoridades van a recoger la cédula en el momento de renovarse y de entregar la nueva?, y ¿qué va a hacer con las cédulas anteriores?, ¿dónde se van a depositar?, ¿en qué forma se van a manejar?, ¿no nos enfrentaremos con el tiempo con problemas similares a los de las credenciales de elector que se han desechado por haberse renovado y que no hayamos qué hacer con ellas?.
¿O las que no se han entregado a los ciudadanos? Nosotros queremos llamar la atención en esto. Y creemos que debe precisarse el destino que se les va a dar o que se les pretende dar a las credenciales que lleguen a ser desechadas por su desuso.
Nosotros creemos que estas serían algunas observaciones pertinentes.
Finalmente y adelantándome para decirles a ustedes que mi partido va a votar en favor de esta iniciativa; creemos que efectivamente va a cubrir una serie de necesidades que enfrentan, y problemas que enfrentan sobre todo las capas más humildes de mexicanos y no solamente las capas mas humildes, también muchos sectores de la llamada clase media, de los profesores, de los trabajadores de la ciudad que aparecen como de una categoría ciudadana de segunda, frente a autoridades y ante trámites necesarios.
Creemos, pues, que sí va a cubrir una gran, una enorme necesidad pública, pero que nosotros tendremos de aquí en adelante que estar vigilantes para perfeccionar este instrumento y evitar, como han dicho otros compañeros de otras fracciones, para evitar su desvirtuación, su mal uso y que nos pudiera llevar a un verdadero atraso político del cual difícilmente podríamos salir en el caso de que se le quiera dar una utilización de carácter policiaco o político.
Reitero, pues, que el Partido Popular Socialista va a votar a favor de esta iniciativa. Gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Tovar Montañez. Tiene la palabra el diputado Francisco Arroyo Vieyra.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: - Señor Presidente, honorable Asamblea:
El fenómeno poblacional es prioridad nacional; el estudio de su crecimiento, composición, número dinámica, ubicación y hasta su situación jurídica, componen un elemento sumamente valioso para que del conocimiento exacto de la realidad se deriven los programas sociales, las adecuaciones jurídicas y las medidas administrativas al mejoramiento y bienestar del pueblo de México.
Para lo anterior se requieren de instrumentos como el que hoy se propone, mediante el cual se logren los objetivos y se guarde y salvaguarde escrupulosa y celosamente, el ámbito y los ámbitos de libertad individual inmanentes a la persona humana. Esta, que consideramos premisa fundamental, estuvo presente durante todo el proceso legislativo, tanto en la conferencia con los integrantes de la Comisión del Senado de la República, como en la comparecencia del subsecretario encargado del área del ejecutivo que compete, así como también en las deliberaciones propias de la Comisión de Población y Desarrollo de esta soberanía.
En ellas, en las deliberaciones, ha quedado claro que se trata de lograr un sistema integrado que tenga como finalidad, registrar los datos y la imagen certificada de cada una de los miembros de la población para dotarlos de una identificación oficial. Identificación que logra, como ya lo dijo Blanca Ruth Esponda, subsanar una laguna existente en la legislación mexicana y que tiene que ver con la forma de acreditación de las personas. Esto pues, un medio práctico que coadyuva en los principios de seguridad y de certeza jurídica , más aun si pensamos en la gran cantidad de mexicanos que no tienen acceso fácil a algunos de los medios hasta ahora usualmente probatorios de esta calidad.
Esta es una oportunidad muy favorable para que con toda pulcritud y sobre todo con un gran apego a la legalidad o apego a la legalidad estrictamente dicho, muchos mexicanos se inserten a los registros civiles.
La votación a favor, de las fracciones que aquí ha quedado de manifiesto por voz y en boca de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, me obliga a finalizar llamando la atención simple y sencillamente, sobre los siguientes aspectos:
Coincidimos con que el comité técnico de apoyo ciudadano al instrumento que hoy aquí se estructura, tendrá una labor fundamental y que lograría también subsanar algunas de las dudas de constitucionalidad que aquí se han esgrimido.
Hemos escuchado otros argumentos. Desde los que hablan sobre la bondad de la medida, aquí muy bien dichos por el señor diputado Dorantes, hasta las de reservas que esgrime el diputado Tovar Montañez. Algunas otras también que serían motivo, en su tiempo, en su momento y en su materia, de un debate que obligara a las diversas fracciones parlamentarias a hacer posicionamientos y a dar argumentaciones válidas y viables.
Por lo que se refiere a lo dicho aquí por el diputado Tovar Montañez, habría que abonar, también a la bondad del método que estamos nosotros proponiendo, que se trata de un esfuerzo común, que se trata de una iniciativa por demás novedosa, puesta en práctica por otros países con muy buen éxito que de la prueba de la experiencia y que de la prueba del tiempo se habrán de derivar sugerencias que deberemos de tomar también en un momento en un proceso parlamentario vivo y actuante, que está hoy y siempre para elevar a la categoría de ley de los distintos reclamos sociales. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente: - Gracias señor diputado Arroyo Vieyra.
Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Jorge Calderón Salazar.
El diputado Jorge Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores:
Solicité la palabra para hechos, complementando las argumentaciones que ya presentó la diputada Patricia Ruiz, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por que hay un elemento que quiero resaltar y es que en la exposición que apenas unos minutos, en la exposición de propuesta de reformas constitucionales que hizo un compañero nuestro, diputado de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en el artículo 34, particularmente en el artículo 34, nuestra fracción parlamentaria presenta una propuesta de reforma constitucional en el siguiente sentido. Dice así.
"Se declara de utilidad pública la constitución del Registro Nacional Ciudadano, que estará a cargo de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El registro será público. Su organización, funcionamiento permanente y la expedición de la cédula de identidad ciudadana es responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos, en los términos que establezca la ley, y los partidos tendrán la función de vigilancia."
(Desorden)
¿Por qué en esta discusión algo de este tipo? Bueno, porque teóricamente quienes estamos presentes en este auditorio, buscamos escucharnos, dialogar, y buscamos que la Cámara de Diputados sea un espacio de encuentros y diálogos y de escucharnos unos a otros.
(Desorden)
Como esto no sucede con mucha frecuencia, (baste ver lo que está sucediendo en los pasillos, en los corredores y los múltiples diálogos que estoy interrumpiendo en este momento con mi intervención), creo importante resaltar, ¡por encima de este caos que aquí se observa!, que es criterio del Partido de la Revolución Democrática, que independientemente que esta ley que se va a votar a continuación contenga elementos positivos en la materia de la expedición de un registro nacional ciudadano, tenemos severas dudas, ya lo dijo la diputada Patricia Ruiz, tenemos severas dudas de que la Secretaría de Gobernación tenga facultades en los artículos 85, en el 92, en el 88, en el 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 110, 111, 112 y en los transitorios, prácticamente toda la ley es facultad de la Secretaría de Gobernación en materia de expedición del registro nacional ciudadano.
(Desorden)
¡El Partido de la Revolución Democrática, claramente lo hemos dicho, para quienes tuvieron la molestia o tuvieron el interés de escucharnos, estamos por un registro nacional de ciudadanos autónomo, con personal jurídico y patrimonios propios! Y compartimos la preocupación que expuso aquí el diputado Jorge Tovar Montañez, en el sentido de la utilización que pudiera darse a este registro nacional ciudadano para fines distintos a lo que es propiamente la identificación.
¡Ya un diputado también del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, expuso dudas fundadas que quizá no fueron escuchadas, por quienes hoy les preocupan otros temas...!
El Presidente: - Permítame, ciudadano diputado.
Se ruega a la Asamblea, a los señores legisladores y visitantes, guarden silencio para poder escuchar con la atención debida al diputado orador. Gracias.
El diputado Jorge Alfaro Calderon Salazar: - Gracias, señor Presidente.
Ya este compañero diputado del Partido del Frente Cardenista expuso dudas fundadas sobre la cédula de identidad. Y hubo un debate muy importante en Francia, hace apenas unos años, siendo yo residente en ese país, precisamente sobre un punto que aquí se odia: el artículo 107.
Estimados legisladores, en el artículo 107 se establece la facultad de la Secretaría de Gobernación para pedir con absoluta discrecionalidad, sin necesidad de que por instancias judiciales, compactación de registros y compactación de información. Ya hubo una discusión en la elección presidencial del año 1974 en Francia, entre Giscard D'Estaing y Miterrand sobre este problema en particular de la compactación de registros. Y siete años más tarde en Francia, este problema de que las autoridades fiscales y policiacas integraran registros educativos y de toda clase, bajo un sistema central de información, fue producto sobre un debate de derechos civiles, derechos humanos y derechos ciudadanos.
Por tanto terminaré simplemente señalando que las dudas que expuso la diputada Patricia Ruiz Anchondo son dudas fundadas, sólidas. Vemos esta iniciativa solo como el inicio de la reforma ciudadana en materia de identificación y que propondremos, en fecha próxima, reformas adicionales que fortalezcan una propuesta autónoma, descentralizada y ciudadana de registro de nuestros nacionales. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente: - Gracias, señor diputado Calderón Salazar.
Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de derecho.
El secretario Josafat Arquímedes García Castro: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvase manifestarlo...Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El secretario Josafat Arquímedes García Castro: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y lo particular del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario Josafat Arquímedes García Castro: - Señor Presidente, se emitieron 383 votos a favor y 2 abstenciones.
El Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población por 383 votos.
El secretario Josafat Arquímedes García Castro: - Pasa al ejecutivo para sus efectos constitucionales.
(Aplausos.)
ESTADO DE MICHOACÁN
El Presidente: - Tiene la palabra la ciudadana diputada Rosa Albina Garavito, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para comentar el proceso electoral en Michoacán.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: -Con su permiso, señor Presidente.
Las elecciones del pasado domingo 12 de julio en Chihuahua y Michoacán fueron elecciones producto de un proceso inequitativo al que el régimen de partido de Estado somete a ciudadanos y partidos.
En uno de los procesos, el de Michoacán, celebramos el reconocimiento del triunfo del candidato del Partido de Acción Nacional, Francisco Barrio.
En el caso de Michoacán, estamos celebrando el triunfo de Cristobal Arias.
(Desorden.)
El Presidente: Se ruega a la Asamblea compostura y orden.
(Desorden.)
Señores diputados, se ruega enérgicamente guarden compostura y manifiesten su educación con el respeto a la Asamblea.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:- ...con júbilo notificamos desde esta alta tribuna, que de acuerdo al cómputo de 32% de casillas ubicadas en 16 de los 18 distritos electorales, los resultados de la votación son los siguientes:
"Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el 1.3%, con 1 mil 793 votos computados.
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el 1.6%, con 2 mil 81 votos.
Para el Partido Acción Nacional, el 5.9%, con 7 mil 667 votos.
Para el Partido Revolucionario Institucional, el 37.8%, con 48 mil 977 votos.
Para el Partido de la Revolución Democrática el 52.2%, con 67 mil 489 votos, esto es una relación de 1 a 1.4 entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución
Democrática. En el transcurso del día tendremos el conjunto de 2 mil 500 casillas, esto es del 75% de las mismas, pero también desde aquí anunciamos que de acuerdo a los primeros concentrados de ese cómputo, la tendencia se ratifica. De acuerdo a esta tendencia la votación del Partido Revolucionario Institucional estaría muy cercana a la que "registró" en 1988. La falsedad del cómputo de la Comisión Estatal Electoral publica hoy en los diarios de circulación nacional por muy grave que es, no alcanza a ocultar otra falsedad más la de los 507 mil 778 votos que el Partido Revolucionario Institucional se adjudicó en 1991, con el pronóstico de dicha comisión queda evidenciado el fraude en ese proceso que en tiempo y forma impugnamos. Muchas mentiras no sirven para cubrir otras, por el contrario como aquí sucede las pone al descubierto, pero además el cómputo de la Comisión Estatal Electoral pone en evidencia también la fanfarrona cifra de más de 700 mil votos de pronóstico el Presidente del Partido Revolucionario Institucional para su candidato."
En suma, la situación es semejante a la de 1988, cuando algún connotado priísta prometió a su candidato presidencial 20 millones de votos y no pudo cumplir siquiera con la mitad de su ofrecimiento, fraude sumando.
La situación de Michoacán en 1992 es semejante en trapacerías a la de 1988, pero es diferente porque a pesar del cúmulo de irregularidades que no reseñaré aquí, a pesar de la competencia desleal, el gran operativo del fraude que ya celebraba prematuramente, se cayó. En 1988 se les cayó el sistema, hoy se les cae todo el operativo, los ciudadanos y partidos hemos aprendido a organizar para combatir la hidra del fraude. El Partido de la Revolución Democrática no solo está dispuesto, siempre ha emplazado a documentar triunfos conforme a la ley, hoy lo hacemos, no solo aceptamos confrontar actas, emplazamos al Partido Revolucionario Institucional también a abrir urnas y contar votos, a cotejar que estos correspondan con boletas entregadas, a confrontar las listas que triunfaron en la votación con las que se entregaron a partidos a confrontar boletas con listas, a confrontar y revisar ubicación de casillas y nombramiento y funcionarios electorales.
Revisemos ante la opinión pública el proceso en su conjunto de tal manera que los votos cuenten y que se recuenten, somos los primeros interesados. Nos explicamos el nerviosismo del gobierno y del partido oficial, felicitar otorgar respaldo desde la más alta autoridad del país evidencia una actitud parcial, una actitud que no corresponde a un gobernante sino a un vocero del partido oficial. Junto al júbilo por la respuesta que los ciudadanos michoacanos han dado al Partido de la Revolución Democrática y a Cristobal Arias, lamentamos profundamente y denunciamos la pretensión de querer arrollar la voluntad popular, la prisa por decretar triunfos en condiciones más que dudosas, va de la mano del miedo a reconocer derrotas, ya lo dijimos es esta tribuna, con miedo no se puede gobernar.
Con la calma, la mesura y la firmeza que otorga la convicción documentada de nuestro triunfo, hacemos un llamado a las autoridades electorales y al gobierno a que recapaciten. A nadie conviene la confrontación; si en Michoacán la hubiera, el gobierno sería el responsable.
Nuestro país es un país maduro, un país preparado para la alternancia en el poder, para la convivencia en la pluralidad. Esa es la modernidad que empresarios, asalariados, productores de todos los sectores, jóvenes, estudiantes, amas de casa, mujeres, reclaman: La modernidad que pueda, con el concurso de todos, encontrar la solución a los difíciles problemas del crecimiento competitivo con justicia social.
Sólo en el marco de derecho, sólo en el respeto a la legalidad, en el respeto a la voluntad popular, podemos encontrar esas soluciones. Cualquier otra deja abiertas muchas heridas; la del crecimiento insuficiente, injusto, inestable, pero sobre todo, la herida abierta de la ofensa a la dignidad ciudadana, la herida abierta de la supresión de los derechos ciudadanos. Es tiempo de rectificar. Gracias.
El Presidente: -Gracias señora diputada Rosa Albina Garavito. Tiene la palabra el ciudadano diputado Jorge Mendoza Alvarez.
El diputado Jorge Mendoza Alvarez: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El padrón utilizado en estas elecciones en Michoacán, es confiable, es esencialmente el mismo instrumento en el proceso electoral de 1991, actualizado con la intervención responsable de todos los partidos políticos participantes y que la modificaron en la Comisión Local de Vigilancia conforme a la ley, con resultados satisfactorios, reconocidos por todas las corrientes políticas michoacanas.
Conforme a una ley aprobada por unanimidad, el proceso electoral se desarrolló en orden con
la participación también de todos los partidos políticos contendientes; contamos con las actas que evidencian los acuerdos a que llegaron para dar solución a todos los asuntos de su competencia.
No hay en documento serio, ninguna manifestación de representantes, de irregularidad importante o queja de que no hayan sido atendidas sus observaciones respetuosas y oportunas.
Las elecciones del 12 de julio pasado fueron ordenadas y tranquilas y abrieron la oportunidad para que los michoacanos fuéramos a las urnas a manifestar nuestra voluntad política.
Hubo grupos de individuos empeñados en provocar a la ciudadanía amedrentándola y queriendo inducir el voto en favor de sus intereses, no tuvieron el éxito buscado pues se encontraron con una opinión civil, organizada y responsable, aunque desgraciadamente sí lograron favorecer el abstencionismo.
Finalmente el sufragio de los michoacanos evidenció la voluntad popular y la tendencia se perfiló desde la primera urna conocida, en favor de nuestro partido, el Revolucionario Institucional y sus candidatos.
Con el 92% del cómputo ahora realizado, tenemos un triunfo indiscutible, un triunfo contundente. Este fenómeno se aprueba con las actas firmadas por los representantes de todos los partidos políticos que están en nuestro poder, que recogieron nuestros representantes y que también tiene la Comisión Estatal Electoral.
Serán las autoridades electorales de Michoacán las que concretarán los resultados respetemos la autonomía de Michoacán. El proceso electoral en nuestro Estado aún no termina, lo seguiremos conforme a la ley y respetaremos las decisiones de la autoridad competente, sin mala fe y sin desesperación.
Hay vías, hay formas, hay procedimientos, hay recursos legales que en Michoacán y ante las autoridades electorales correspondientes, pueden y deben hacerse valer por todos los interesados.
La verdad, compañeros diputados, la verdad es que el Partido Revolucionario Institucional ganó limpiamente las elecciones en Michoacán; la verdad es que el 12 de julio se confirmó el triunfo legítimo del 18 de agosto de 1991.
Nos permitiremos que la voluntad popular de los michoacanos se desobedezca. Respetemos la sensatez de los michoacanos y su civilidad ya probada. Ninguna presión es superior a la aplicación respetuosa del derecho vigente. Invitamos a todos los contendientes en estas elecciones michoacanas del 12 de julio, a saber perder con dignidad, con la misma seriedad y entereza con que se disfruta el triunfo. Una vez que se tengan los resultados oficiales, la minoría perdedora debe sumarse a la fuerza triunfadora, en un solo proyecto de gobierno en bien de Michoacán.
La contienda política en nuestro Estado ha sido ejemplar. Ganamos todos con sus resultados. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Mendoza Alvarez. Tiene la palabra el diputado Gilberto Rincón Gallardo.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Este es un tema que acalora sin duda y resulta muy difícil. Sin duda hay una confrontación de fondo de dos sistemas, de la lucha por abrirle paso a la democracia con un nuevo sistema plural, representativo y democrático, y el sistema aferrado de partido de Estado. Nos acalora sin duda y se vieron en los gritos irrespetuosos a nuestra compañera Rosa Albina Garavito, completamente irrespetuosos, indignos de la Cámara.
No debemos crear este clima, por lo menos aquí, para contribuir a crear el clima de acuerdo político que se necesita en Michoacán, sobre la base del respeto al resultado de las elecciones.
En Michoacán en 1988, el Partido Revolucionario Institucional sufrió un duro descalabro. Ganó las elecciones el Frente Democrático Nacional y el Partido Revolucionario Institucional sin esperarlas las perdió. Desde entonces sin duda resulta particularmente importante para el partido de Estado esa entidad de la República, y empezó a buscar la manera de recuperar el espacio que perdió.
No lo pudo recuperar con la acción política, y llegamos a 1992. Teníamos en las manos 63 actas de municipios ganados por el Partido de la Revolución Democrática; la convicción de que ganamos otros pero no pudimos probarlo. Pudimos probar 63 municipios y 11 se ellos, con el control de los órganos electorales, los echaron bajo, votando mayorías del Partido Revolucionario Institucional y mayorías del gobierno, sin querer acudir a los documentos electorales, por eso es particularmente importante saber si
hay realmente disposición de acudir a los documentos electorales, porque en 1991 perseguimos al partido oficial pidiéndoles confrontación de actas y no lo logramos. Se formó una comisión, nos sentamos a confrontar las actas y nos quedamos en tres o cuatro municipios, que porque no habían llegado, que todavía no tenían esos datos, que no tenían los otros y no se pudo.
Hicimos un verdadero esfuerzo, andábamos por todos lados con nuestras 63 actas de municipios ganados y no quisieron finalmente confrontar las actas y, 11 lo echaron a bajo con el control de los instrumentos electorales, y ahora llegaron a esta campaña haciendo uso de todos los recursos que tenían, pero no el Partido Revolucionario Institucional, el gobierno, de todos, por eso aquellos que se apresuran a reconocer un resultado, tengan mucho cuidado porque no se puede hacer caso omiso de que se hizo una campaña como si se fuera gobierno.
Quiero repetir lo que aquí dije en tribuna hace unos días: es un candidato que inauguró obras, que prometió otras, que repartió unidades habitacionales que dijo que gastó 10 mil millones de pesos, pero sabemos que no sabe ni cuánto gastó, porque fue con todo el dinero del gobierno.
Por eso es muy difícil llegar a una conclusión limpia, sobre todo, porque aquí hay una confrontación muy seria, y sin duda hay una doble conducta del gobierno, en Chihuahua y en Michoacán.
No queremos decir de ninguna manera que el Partido Acción Nacional no ganó; lo decimos en primer término, punto número uno, el Partido Acción Nacional triunfó en Chihuahua, pero veamos la conducta del gobierno, independientemente de reconocer el triunfo del Partido Acción Nacional en Chihuahua, y está claramente diferenciada de un estado y de otro estado, claramente diferenciada.
El Partido Acción Nacional ganó en Chihuahua, pero el gobierno tiene la tentación del bipartidismo. Yo quiero leer un párrafo muy pequeño de un artículo, por que me parece muy justo. Lo escribió Gilberto Herrera Medina, que no es miembro del Partido de la Revolución Democrática, y dice así: "de eso se trata, de cerrarle el paso a las fuerzas democráticas, de envolverlas en un juego de desgaste con la violencia legal que tiene en sus manos el Estado, se trata precisamente de arreglar y poner a modo una realidad política, en donde el pueblo de México no tenga espacios, opción política alguna más que aceptar el embargo trasnacional del país con el adueñamiento privado de toda la fuente de riquezas, capitalizando el ahorro de miles de generaciones de trabajadores de campesinos, de capas medias que hoy están empobrecidas y mañana lo estarán más."
Es un hecho que hay una confrontación muy seria; es un hecho que hay una actitud diferenciada y es un hecho el rencor con el que el gobierno no está procediendo en el caso de Michoacán.
Hoy se publica en Morelia, en La Voz de Michoacán, un artículo que dice, perdón, no es un artículo, es una nota: "Sin ninguna explicación aparente que diga por qué, el gobierno del Estado ha suspendido las participaciones del fondo federal al ayuntamiento de Morelia, lo cual afectará en forma seria la actividad del gobierno municipal". Esto añadido a lo que está sucediendo hoy en Michoacán.
El partido de la Revolución Democrática ha dicho que la tendencia señala que el Partido de la Revolución Democrática ha ganado, y eso es lo que nos dan las actas que tenemos. Dentro de unos momentos leeremos las actas que llegan a 2 mil 500 casillas y diremos ahí lo que tienen, lo que nos dicen nuestras actas es que vamos ganando. Y señores, si es cierto que quieren confrontarlas, lo queremos nosotros también. Y falta un acuerdo, y que se pongan de acuerdo los propios comités estatales de Michoacán de cómo se puede hacer eso; y quiero recordarles que en 1991 fue nuestro principal reclamo ése.
Hagámoslo, ojalá que fuera con un poco de menor ruido, menos gritos, menos aplausos y más compromiso con buscar un acuerdo, porque no es fácil decir que después todo mundo tiene que sujetarse a los resultados, cuando esos resultados ni han quedado claros y se han hecho sobre la base de verdaderos abusos, que eso es lo que está pasando.
Habrá lucha y resistencia civil, sin duda, porque lo que nosotros tenemos no concuerda ni con una campaña de prensa orquestada no con las felicitaciones del Presidente de la República al candidato del Partido Revolucionario Institucional, ni con todo lo que aquí se ha dicho, como lo que dijimos el orador que me antecedió en el uso de la palabra, de un triunfo indispensable. Parece que tenemos dos legalidades, dos estados y dos campañas.
Vayámonos más despacio, comprobemos la verdad. Sin duda se hizo una campaña más con los mismos instrumentos electorales con los que se procesó el fraude de 1991. Tomémoslo en
cuenta también para renovar esos instrumentos, que sé lo que hace falta, pero busquemos una solución. Habrá lucha, habrá que llegar a una claridad, una claridad de lo que está pasando, porque estamos a tiempo todavía en el sexenio de llegar a reiniciar y a retomar los acuerdos, que por lo visto y por la conducta del gobierno en Michoacán, se niega claramente a poder transitar por la democracia, pero siempre hay tiempo, quedan tres años de este sexenio. Y queda tiempo para rectificar, y ahora estamos a tiempo. Veamos con menos gritos y con menos aplausos la verdad de las cosas y atengámonos a fondo a ellas. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, señor diputado Rincón Gallardo. Tiene la palabra el diputado Francisco Laris Iturbide.
El diputado Francisco Felipe Laris Iturbide: -Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Soy michoacano, soy de Morelia, estuve presente en el cierre de la campaña de varios de los señores diputados, estuve ahora presente el día de las elecciones. Hablo de lo que sé, hablo de lo que vi, hablo con la verdad. Podemos asegurar que el Partido de la Revolución Democrática hizo campaña, campaña fuerte y que el día del cierre inundó las calles. Podemos asegurar que el Partido Revolucionario Institucional hizo campaña valiosa y que también presentó un contingente fuerte y voluntario el día del cierre de la campaña. Podemos asegurar que el Frente Cardenista hizo campaña vital en todo el estado. Podemos asegurar que el Partido Popular Socialista también llevó se gente a la campaña a la gubernatura.
Y puedo afirmar que mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, también se hizo presente, en su forma, en sus condiciones económicas, en todo el estado de Michoacán, visitando uno por uno de los municipios que forman esa entidad del recuerdo de mil heroicidades.
Dentro de la visita que conjuntamente con varios compañeros del partido, cuatro más, y a través de los medios de comunicación que controlamos y que tenemos, pudimos estar pendientes en el estado de Michoacán.
Si reconocemos que se mencionó que el padrón estaba en forma incompleta, que había X determinadas situaciones de credenciales sobrantes o de credenciales faltantes, sin embargo, los diferentes representantes ante los comités estatales, distritales, revisaron y firmaron que estaban correctos en más de un 90%, 90 y tantos por ciento.
Podemos afirmar con verdad que las elecciones fueron en sí tranquilas, con pequeños sucesos que pues no ameritan más allá que el color, que la efervescencia del defensor de su partido. Podemos afirmar también que las tropas, que el ejército mexicano en Morelia estuvo acuartelado y que otras partes, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, etcétera, informaba que patrullaba las calles con objeto de que hubiese orden.
Yo, en lo personal considero que es la opinión de mi partido, si estamos de acuerdo en sujetarnos a la verdad última que se pronuncie sobre este asunto, sobre las elecciones y evitar el que nos conduzcamos a actos de violencia, a actos en contra de toda la historia de México.
Nosotros en nuestro partido estamos de acuerdo en que el resultado de las elecciones debemos de respetarlo y debemos de impugnarlas en todo caso por los conductos y los medios legales que están a nuestro alcance.
Consideramos que los resultados dados hasta la fecha, podrían gozar tal vez y después de una revisión de cada una de las quejas que se presentaran, podían gozar de un porcentaje que tendría que restarse a estos resultados.
De ser así de todas formas queda un resultado reconocido, un resultado firme, un resultado alto, que vaya en contra de nuestro partido, en contra de otros partidos. Tendremos, y el espíritu nuestro sí es reconocerlo.
Afirmó que las cuestiones estuvieron tranquilas hasta su límite, y que estamos dispuestos a sujetarnos con el mayor respeto a los compañeros, la forma de pensar, a lo que las disposiciones de las autoridades legales debidamente constituidas lo ordenen. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, señor diputado Laris Iturbide.
Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón del Guevara: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados:
El día de ayer hicimos uso de esta tribuna, para denunciar y demandar solución en relación al trágico incidente carretero sufrido por los trabajadores petroleros que vienen en marcha desde el estado de Tabasco, con la esperanza de que sean resueltos positivamente los problemas laborales que tienen con Petróleos Mexicanos.
Asimismo, nos referimos de nueva cuenta a los lamentables sucesos represivos en contra de los pescadores y campesinos afectados en sus intereses productivos y ecológicos por la ineficiencia operativa de Petróleos Mexicanos y por la indiferencia de los funcionarios públicos.
¿Por qué decimos esto? ¿Por que iniciamos así nuestra intervención ante un debate tan importante en esta tribuna , como es el de las elecciones de Michoacán? Es muy sencillo, porque ayer dijimos aquí también que nos preocupan estos hechos, porque se dan en un clima regional enrarecido; y dijimos también, porque se daban en un clima y por parte de un esquema de acción gubernamental, renuente a resolver los conflictos sociales en el marco de una situación nacional en extremo delicada y peligrosa, que incluye el sucio proceso electoral que observamos en Michoacán, instrumentado por el Estado mexicano y que muestra el desgaste del sistema político, y en particular el del gobierno federal, que en aras de evitar el triunfo del candidato perredista Cristóbal Arias, no ha reparado en violentar sus matices el estado de derecho.
Llegado al grado de que el funge como Presidente de la República, allegándose atribuciones que no le corresponden, haciendo evidente y dejándonos en claro que bajo ninguna circunstancia permitirá el avance perredista, ha felicitado como ganador anticipadamente al candidato priísta Ricardo Villaseñor, con un triunfo que las autoridades electorales aún no reconocen.
Hoy aquí pues, no vamos a hacer un rosario de las irregularidades observadas antes, durante y después de las elecciones, que como dijimos hoy, inmiscuyen claramente al Ejecutivo. Eso lo hará nuestro partido en las instancias correspondientes y en su momento.
Sin embargo, hay que decir que en este caso empieza ya a imponerse la realidad de los hechos, y los resultados electorales van demostrando a cada minuto qué pasa que la voluntad de los michoacanos sufragantes más allá de la presencia, intimidad de las fuerzas militantes, se manifiesta en favor de Cristóbal Arias.
Sabíamos de antemano y ahora corroboramos nuestra tesis: muchos de aquí recordarán la movilización del doctor Nava; la movilización de los tabasqueños y veracruzanos en el éxodo por la democracia. Y ahí, nuestras tesis eran que la única manera de cristalizar el triunfo electoral, es defendiendo el voto a través de una movilización ciudadana en los planes regionales y nacionales, que hay que decir, los ciudadanos de México, y lo sabemos, están decididos a impulsar, porque también lo hemos dicho en esta tribuna, en México, tristemente, todavía es un país donde no sólo hay que ir a votar para elegir a nuestras autoridades, sino que también hay que movilizarnos con un ejército ciudadano para que las autoridades gubernamentales, no nos roben los votos.
Estamos pues, convencidos que la lucha será ejemplar y marcará una brillante página en la historia de la lucha por la democracia en nuestro país; que será la referencia y punto de partida para la definición de trascendentes jornadas electorales que se avecinan.
Es pues, en este marco en el que se pretende aislar vía la represión, los procesos de lucha social a que nos hemos venido refiriendo en los últimos días; seguramente con el objeto del Estado, de mojar la pólvora y desarticular una probable circunstancia de coordinación entre los movimientos, cuyo eje sería, sin duda, la defensa del voto en Michoacán. Claro, y tendría que ser así, ante autoridades que no responden ante los problemas.
El pueblo ha decidido cambiarlas por las vías legales conocidas, y por las vías políticas a las cuales se tenga derecho.
La voluntad política del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, marcha en sentido contrario a la cerrazón de la mayoría priísta, razón por la cual, hemos tomado esta tribuna para reiterar estas denuncias y mantener fresca en la opinión pública, tanto de la información, como de las demandas de los afectados, sobre todo porque nos resulta preocupante la actitud del gobierno federal.
Ayer todavía lo pudimos observar en una visita que realizamos como Comisión de Ecología al Secretario de la Secretaría de Desarrollo Social, que por cierto ya despacha junto a las oficinas del Ejecutivo, y ante la pregunta y la exigencia de atender y responder a las demandas de los ciudadanos que se encuentran hoy todavía bloqueando la carretera internacional, a la altura de Cerro Gordo, la carretera interamericana, él y lo cito, nos dice:
"Señor diputado permítame enterarme..."
Y así como no se les resuelven las demandas a los ciudadanos afectados, y es su responsabilidad, así vemos hoy una actitud de Estado en el municipio de Morelia. Y ya nuestro compañero lo narró.
A nosotros, pues, ya no nos preocupa la insensibilidad del Estado ante la problemática social; nos es claro, pues, esta situación.
No nos interesa la actitud del señor Colosio, lo entendemos. En México existe un régimen de partido de Estado y por cierto creo que este señor ya había dirigido esta paraestatal.
Lo que realmente nos preocupa, es el cinismo con que se actúa por parte del Estado, ignorando al pueblo, la soberbia y el desprecio que se tiene ante la oposición, a veces demuestran claramente cómo nos pretenden borrar del mapa, y nosotros aquí hemos reiterado una y otra vez, que nosotros los reconocemos como adversarios políticos, con distintos proyectos y no como enemigos como a veces nos pretenden tratar.
Finalmente, a nosotros nos preocupa toda esta situación porque de esta manera entendemos que siguen cerrándose los espacios políticos y sociales, haciéndose más claros los síntomas, ya no de un régimen de partido de Estado, sino un régimen de dictadura de partido de Estado. Y es en este sentido que en lo concreto, nuestra fracción parlamentaria llama y exige la libertad inmediata incondicional de los compañeros pescadores y agricultores del municipio de Paraíso, y a los que nada tuvieron qué ver, dirigentes de nuestro partido, y a quienes consideramos pues, como presos políticos.
¡Exigimos que se resuelvan las demandas de todos los compañeros que están en la carretera de Cerro Gordo y, sobre todo, exigimos el respeto al voto y al estado de derecho en el estado de Michoacán! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, señor diputado Huerta Ladrón de Guevara.
Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente, distinguidas compañeras diputadas; distinguidos compañeros diputados:
El problema de la democracia formal, de la democracia de partidos, de la democracia electoral, seguirá discutiéndose en México.
¿Hasta cuándo? ¡No sabemos! Hasta cuando las normas jurídicas que contemplan la materia sean claras, precisas, den garantías a todos los ciudadanos y a todos los partidos políticos.
¿Cuánto hemos tardado discutiendo el problema de la democracia política en México? ¡Desde siempre! Se ha regado mucha sangre en México en demanda de esta democracia y no quiere aparecer plena, a los ojos de todos, y me temo que "en la gloria o en el infierno", vamos a seguir discutiendo este tema; porque parece que no hay una plena voluntad para solucionar, de una vez por todas, las demandas de las corrientes políticas del país, a efecto de que cerremos este capítulo, de que no haya dudas en México de quién ganó, de que haya absoluta claridad de que las "trapacerías" electorales se destierren para siempre.
Decía Lombardo Toledano; "¡Cuántos volúmenes tendríamos que escribir para incluir la antología del fraude electoral en México!"
No he de contar en esta tribuna todos los incidentes que he vivido en lo personal y que hemos vivido muchos compañeros que hemos militado en el Partido Popular Socialista y en otros partidos en relación con la serie de trampas que se cometen para burlar la voluntad popular.
El problema de Michoacán, tendrá que irse esclareciendo. ¿Cómo vimos el problema de Michoacán¿ Aquí en este estado se volcó todo el recurso económico y político del régimen para tapar, para obstaculizar, la lucha de los partidos progresistas; especialmente pues en este caso del Partido de la Revolución Democrática.
Lo que yo quiero decir es que el gobierno ha tenido dos conductas muy claramente difenciadas: ¡una en Michoacán y otra en Chihuahua!
En Michoacán parece que han sido los odios del gobierno hacia las fuerzas que luchan por tener presencia, por tener autoridad dentro del Estado. Se volcaron hacia Michoacán todas las viejas prácticas de la calumnia en contra del Partido de la Revolución Democrática, fundamentalmente. Esta conducta del gobierno, hay que reconocerlo, honradamente, contrasta con la que se manifestó en Chihuahua; ahí todo fue caravana palaciega, todo fue el darse abrazos constantes, respecto absoluto de obra y palabra, y antes de las 24 horas el candidato del Partido Revolucionario Institucional estaba proclamando, si es válido el término, su derrota o manifestación preciosa de la civilización en México.
El candidato del Partido Revolucionario Institucional fue a felicitar al candidato del Partido Acción Nacional, al reconocer su victoria, como cuando en los Estados Unidos de América el presidente Truman ponía a disposición del otro candidato ganador, su avión, La Vaca Sagrada, y también lo felicitaba por su victoria.
Distinguidos diputados, estamos cayendo en un peligroso bipartidismo. Dicho de otro modo, parece que la política del gobierno actual se está encaminando a construir en México un sistema bipartidista, semejante al que existe en los Estados Unidos de América, para que el país se presente en el escenario del mundo como ejemplo de democracia, en donde se alterna el poder; un período de gobierno está en manos de un partido, del Republicano, el otro período en manos del Partido Demócrata, ¿pero cuáles son las diferencias?, ¿que intereses representa uno y otro partido?, ¿cuáles son los planteamientos programáticos de ambos?
Se parecen como dos gotas de agua, como dos hermanos gemelos. No hay cambios substanciales en el sistema.
Allá en la época de Roosevelt, si no estoy equivocado, había un partido que se llamaba Partido Progresista y que ganó la vicepresidencia. Wallace, el famoso Wallace, que después traicionó a su partido, no era de ninguno de los dos partidos tradicionales en los Estados Unidos de América, pero aquélla fue otra época muy excepcional, la época de Franklin Delano Roosevelt, según los investigadores, en la cual la gran burguesía no tuvo la influencia que después tuvo en otro regímenes posteriores.
¿Qué va a pasar, señoras y señores diputados? Vamos a caer en el bipartidismo para que México aparezca como ejemplo de democracia de alternancia en el poder, porque en todo caso, díganme ustedes y yo me dirijo a los diputados progresistas que conservan todavía la ideología revolucionaria dentro del partido del gobierno, ¿qué va a pasar con esta alternancia en el poder, porque repito, ¿qué diferencia hay entre el señor Macías y el señor Barrios? Los dos son empresarios, ¿qué plantean uno y otro? Lo mismo, no hay diferencias sustanciales. ¿Qué diferencia existe entre las proclamas de la cúpula del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional sobre el papel del Estado, sobre el papel de la iniciativa privada? No hay diferencias.
Yo sé que hay diferencias y eso está en la cabeza de todos, entre corrientes muy avanzadas del Partido Revolucionario Institucional que, indudablemente están inconformes con esta ruta. Yo les voy a ser franco, distinguidos diputados; cuando surgió el candidato del Partido Revolucionario Institucional, francamente me pregunté a mí mismo y pregunté a gente del Partido Revolucionario Institucional, bueno, ¿de dónde sacaron a su candidato? No lo conozco, seré muy ignorante de la vida política de México, pero nunca lo he visto en ningún lado, ni su nombre, nada, absolutamente nada; teniendo el Partido Revolucionario Institucional hombres honestos, universitarios preparados, limpios, progresistas, bueno ¿qué pasa?, ¿por qué un empresario de pocos alcances intelectuales?, ¿hacia dónde vamos, ciudadanos diputados?
El Partido Revolucionario Institucional escoge sus mejores hombres, siempre dicen que sí los escoge; yo puedo poner enfrente del señor cuyo nombre no recuerdo, 10, 20, 50 michoacanos, algunos sencillos pero inteligentes, preparados, progresistas. ¿Hay democracia real en México como se proclama? No existe, no.
Hay que reformar las normas, pero hay que abrir las puertas, las compuertas, para que las corrientes y los partidos puedan dar a conocer su filosofía, sus principios, su programa, ése es un requisito de la democracia para que el pueblo pueda escoger a sus mejores hombres, a sus mejores programas, a sus mejores principios.
Pero si dos partidos tienen la manga más amplia en la televisión, en la prensa, en la radio, por los recursos tan amplios, tan grandes de que disponen y los otros partidos están en la inopia total, desde el punto de vista económico, y no pueden salir a la calle con sus documentos, con sus proclamas, con sus programas, etcétera, ¿qué clase de democracia es ésta?; ¿qué clase de democracia es ésta en donde se ignoran los grandes debates del Congreso de la Unión?
Salimos al día siguiente a ver qué dice la televisión o la prensa, según debate; ¿qué dijo el Partido Revolucionario Institucional?, todo lo dijo, todo lo dijo; ¿qué dijo el Partido Acción Nacional?, dijo muchas cosas; ¿qué dijo el Partido de la Revolución Democrática?, casi nada; ¿qué dijo el Partido Popular Socialista?, nada dijo, está mudo el Partido Popular Socialista en la Cámara de Diputados.
Esa es la realidad, ése es el hecho concreto. Los amigos, los partidarios, los familiares nos preguntan: y ustedes ¿qué están haciendo en la Cámara? Están recibiendo sus cuantiosos salarios de diputados, sus cuantiosas dietas por solamente irse a sentar en una cómoda curul, pero no contribuyen a nada. No, no contribuimos a nada absolutamente; somos diputados de tercera o de cuarta.
Nuestra voz no pasa de esos muros de enfrente, que por cierto devuelven el sonido. Esa es la democracia, distinguidos diputados, distinguidas
diputadas, perdonen la expresión, una democracia todavía rabona, una democracia diseñada para que sólo una parte de la gente del pueblo tenga acceso real a sus derechos.
Yo invito a todos los diputados de todas las corrientes y partidos a que reflexionemos sobre nuestro país, sobre nuestro pueblo que es el que más sufre.
Yo invito a los partidos a elevarnos por encima de nuestras miserias.
En Michoacán, debemos resolver el problema, porque hay un problema, por la vía de la aplicación de la ley, del estudio a fondo de lo que pasó, del cotejo de las actas, de la apertura de las urnas, del conteo minucioso de los votos a partir de hoy mismo, las 24 horas del día, atendiendo los reclamos y las denuncias.
Nosotros nos solidamos con el reclamo y la lucha del Partido de la Revolución Democrática, en Michoacán.
Hay que reconocer que en Michoacán el Partido de la Revolución Democrática constituye una fuerza real y tiene derecho a gobernar a ese estado histórico.
Yo he comentado con algunos diputados: sería verdadero gesto de democracia si el gobierno de la República reconoce la victoria de un partido distinto al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional en el estado de Michoacán, comenzaríamos a creer que en México iniciamos la historia de la democracia, y después tal vez en el estado de Guerrero podamos hablar de la victoria del Partido Popular Socialista, que gobierne un miembro del Partido Popular Socialista, entonces vamos a comenzar a creer que de veras en México caminamos hacia la democracia y hacia el real juego de los partidos políticos.
Yo pienso, así lo piensa mi grupo parlamentario, que se va a dar la pelea a tiempo, con todas las armas de la ley. Estamos seguros que el Partido de la Revolución Democrática es el primero en luchar por los canales pacíficos. Nadie quiere la violencia se ha regado mucha sangre en México, nuestro pueblo quiere vivir en paz.
Que gane el que realmente tiene la fuerza, que reconozca la victoria a quien la tiene, pero nadie tiene derecho, desde el poder, desde el más alto poder de la República, a reconocer antes de que los órganos electorales lo decidan o lo digan, reconocer quién ganó, porque yo, lo digo con todo respeto, el ciudadano Presidente de la República no tiene derecho de reconocer o dejar de reconocer a un partido o un candidato, es problema de los órganos regulares que marca la ley y es el pueblo quien finalmente lo decidirá Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Tavira Urióstegui. Tiene la palabra el diputado Carlos Ávila Figueroa.
El diputado Carlos Ávila Figueroa: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Los michoacanos por vocación somos gente de paz, con un arraigado cariño por nuestro Estado; nos conducimos con respeto para con todos los ciudadanos, independientemente de sus filiaciones políticas o de sus concepciones ideológicas.
La nueva cultura política de la pluralidad, ha sido una práctica cotidiana en nuestro estado de Michoacán, demostrando al pueblo que cuando existe respeto, madurez, apego a derecho, se puede avanzar con la participación de todas las corriente políticas, acrisolando las diferentes formas de pensar para llegar a acuerdos civilizados que conlleven al bien común.
En ese clima plural, por unanimidad, el pleno del honorable Congreso del Estado aprobó las reformas recientes a la Ley Electoral, la cual se encuentra vigente en el proceso electoral que estamos viviendo.
En un esfuerzo para mantener el clima de tranquilidad indispensable para hacer uso pleno de las libertades ciudadanas y ejercer el derecho y obligación del voto, mi partido realizó desde el mes de febrero un llamado a todos los partidos políticos, firmando un acuerdo de civilidad.
En todos los foros se ha evitado la confrontación, eludiendo cualquier forma de provocación, e invitado a mantener la tranquilidad, la paz pública que permita la participación ciudadana en la jornada electoral. Pudimos constatar que el día de julio la jornada se inició en un ambiente de absoluta tranquilidad; así lo comunicaron todos los medios de información.
Con estricto apego a la Ley Electoral, se instalaron, a partir de la 8.00 de la mañana, las casillas, existiendo mínimos incidentes, los cuales fueron superados por las autoridades correspondientes.
La votación en la capital y el interior del estado, se vino desarrollando dentro de la normalidad.
Señores diputados, en Michoacán, el Partido Revolucionario Institucional ha obtenido un triunfo transparente, así lo señala la información pública dada a conocer por la Comisión Estatal Electoral.
Desde esta tribuna deseamos señalar a la nación que no es con violencia como se enfrentan los hechos. Vivimos en un sistema democrático donde la voluntad popular debe respetarse, y nosotros, los representantes populares, tenemos la obligación política y moral de exigir que el voto ciudadano se respete.
Los michoacanos deseamos seguir viviendo en paz; así lo ha pedido la población civil. Nuestro estado acepta la pluralidad política con respeto, con madurez. No se vale dividir a un pueblo que desea su superación, su desarrollo, en una mal entendida lucha por el poder político. Rectifiquemos conductas en bien de Michoacán y de la democracia. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias señor diputado Ávila Figueroa.
Tiene el uso de la palabra el diputado Gabriel Mendoza.
El diputado Gabriel Mendoza Manzo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
¡Qué difícil, qué arduo ha sido el camino para el Partido de la Revolución Democrática, tanto a nivel nacional y en particular en Michoacán!, es su lucha por conseguir que dentro de la pluridad avance la democracia en nuestro estado.
Basta decir que en 1989 fue despojado de ocho diputaciones, debidamente acreditadas, legítimamente alcanzadas mediante el voto popular.
Posteriormente, en la campaña del 18 de agosto, no solamente en Michoacán, sino a nivel nacional, se utilizó un padrón mediante el cual se perpetró un macrofraude, y ahora, nuevamente en las elecciones del día 12 de julio, el domingo recientemente pasado, a pesar de la campaña de los agroreros de la violencia, el pueblo michoacano dio una muestra clara, y en particular, el Partido de la Revolución Democrática, de cómo participar organizadamente, con un programa de campaña, con propuestas de gobierno claras, viables, con una campaña intensa, a través de los 113 municipios, de comunidades, de pueblos, que no fueron visitados durante la campaña una sola vez, hubo casos en que hubo acciones políticas en diferentes comunidades, tenencias y municipios y cabeceras distritales, que se repitieron dos, tres y hasta cuatro veces.
La respuesta del pueblo de Michoacán a esta campaña del Partido de la Revolución Democrática y de su candidato, fue evidente, masiva, expresada en las calles, en las plazas públicas, en foros de consulta, en acciones de las mujeres del Partido de la Revolución Democrática.
La más grande concentración en la capital del estado durante la convención de nuestro partido, el 2 de febrero, para designar a su candidato; la más grande concentración en el cierre de campaña, evidenciaron con claridad, con objetividad ante los michoacanos y ante los mexicanos y ante la opinión internacional, de qué lado el pueblo de Michoacán se había manifestado.
Por lo tanto, es para nosotros verdaderamente sorprendente el que se venga a hablar aquí de paz para los michoacanos, puesto que nadie en Michoacán ha propalado la idea de generar violencia o intranquilidad, al menos no el Partido de la Revolución Democrática; ha sido el propio gobierno a través de sus instancias, de su programa de campaña, porque habrá que decirlo: esta campaña no la hizo el candidato del Partido Revolucionario Institucional, ni el Partido Revolucionario Institucional; la hizo todo el aparato de Estado, con todos los recursos que tuvo a su alcance, para financiar campañas de desprestigio, para utilizar vehículos terrestres, helicópteros, grandes millonadas de pesos para acarreos. No la hizo el Partido Revolucionario Institucional, la hizo el propio gobierno, como lo hemos demostrado.
Por lo tanto, es para nosotros y para el pueblo de México, y especialmente para Michoacán, importante haber constatado que a pesar de las múltiples irregularidades; a pesar de los carruseles votantes que el partido oficial movilizó para favorecerse en los comicios, a pesar de que el padrón electoral estaba infestado de oportunidades para que dichos votantes sufragaran en más de 10 ocasiones, a pesar de los tacos de boletas, a pesar de la coerción que el Partido Revolucionario Institucional ejerciera para ser votado, a pesar de la compra de votos, que el santaclós de La Piedad organizara en el estado, y en fin, a pesar de que el gobierno tuvo el cómico detalle de designar a una émula de Mil Máscaras como presidente de la casilla donde votó
Cristobal Arias, a pesar de todo, señoras y señores diputados, las fuerzas democráticas de Michoacán, hasta el momento, tienden a resultar triunfadoras en los comicios.
Ha sido satisfactorio el constatar que el pueblo michoacano se organizó, defendió y sostuvo, en completa calma y civismo, su voto contra el mal gobierno y contra el candidato, que en vez de hacer las paces, como lo pregonaba, resultó ser el de los pesos.
Hasta el día de hoy, la clara tendencia de la votación tiende a beneficiar al Partido de la Revolución Democrática en la mayoría de los distritos electorales de Michoacán y al parecer esta tendencia es irreversible. Sin embargo, nosotros no seremos, por supuesto, quienes felicitemos públicamente a nuestro candidato por la victoria, puesto que tal actitud la dejamos para personas menos informadas o si se quiere mal informadas.
Esperamos, conforme a la ley, el tiempo que sea prudente y agotaremos las instancias legales, necesarias para defender nuestros triunfos legítimos. Entre tanto, nos queda, pues, hacer un llamado, un atento llamado al gobierno de la República para que se abstenga de violentar el proceso poselectoral en el estado de Michoacán.
El pueblo michoacano ha demostrado, a través de su historia, que tiene la suficiente entereza y determinación para defender permanentemente el legítimo derecho que tiene a elegir a sus gobernantes y rechazará de manera categórica cualquier intento centralista de imposición de gente por la que el pueblo de Michoacán, mayoritariamente, no ha votado, como lo demostraremos en la debida oportunidad.
El Presidente: - Gracias, Señor diputado Mendoza Manzo.
Tiene el uso de la palabra el diputado Octaviano Alaniz Alaniz.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz: - Con vuestra anuencia, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Creo que es necesario que en esta ocasión tengamos que decir la posición y la opinión de su servidor, Octaviano Alaniz, quien fungiera como candidato a la gubernatura por el Partido del Frente Cardenista, en Michoacán.
Deseo, primero, invitar a todos los diputados, a todos los dirigentes de los partidos, a realizar una reflexión sincera sobre lo que fuimos o somos cada uno de los partidos en Michoacán, y lo que significa Michoacán para esta Cámara.
Aquí ya se expresó que por unanimidad todos y cada uno de los partidos en Michoacán, aprobaron la ley electoral que se aplicó en las elecciones celebradas el 12 de julio.
Se integraron todos y cada uno de los órganos electorales con la presencia de todos los partidos en donde hicieron valer sus intereses, sus puntos de vista, aprobando por unanimidad también, muchos acuerdos en todo el estado, los comités distritales y la Comisión Estatal Electoral. En ésta, también está representada la primera minoría del Congreso Local. La primera minoría la integra el Partido de la Revolución Democrática, y ahí está, en la Comisión Estatal Electoral, también esa representación.
Hubo objeciones al padrón que se atendieron al disponerse ese documento en favor de todos los partidos representados en la Comisión Estatal, para que mediante el trabajo de campo, se verificara la credibilidad o no, sobre ese documento, y fue exactamente a propuesta del Partido de la Revolución Democrática, que se trabajó verificando el padrón en muchísimos lugares del estado.
El Partido de la Revolución Democrática propuso un número determinado de compañeros suyos para revisar el padrón y se aceptó, y por igual lo hicieron todos los partidos. Los resultados son que el padrón es aceptable; la propuesta realizada se pone en práctica; los resultados que se produjeron los impugnan y se desdicen más adelante en la misma comisión.
Se tuvo participación por todos los partidos en el proceso interno para la integración del personal de cada casilla en el estado.
A propuestas de todos los partidos, y apegados a la Ley, se establece el procedimiento de insaculación para varios lugares, para varios cargos de los funcionarios de casilla y los partidos cubrieron todos y cada uno de los resultados de la insaculación y que les correspondía hacerlo.
En el seno de misma comisión se establece el procedimiento interno para ubicar las casillas y se aprueba por todos los partidos. Incluso a propuesta del Partido de la Revolución Democrática, se tuvieron que retirar varias casillas extraordinarias para satisfacer la demanda y todos los partidos también la aprobaron a pesar de que con ello se quedaban varios lugares en el estado, distantes, con comunicaciones difíciles
de llegar, a emitir su voto en su urna. No obstante ello, se procede a retirar un número extraordinario de casillas.
La credencialización en todo el estado se hizo a la luz de todos los partidos representados; no hubo objeción que se pudiera a creditar con prueba indubitable, en contra del procedimiento.
Se trabaja también por todos los partidos, se interviene por todos ellos también, incluso en la vigilancia de la entrega de los materiales a las casillas. Sin embargo, quiero pedirles a todos que con todo este procedimiento sí hubo libertad en Michoacán para votar. No votó quien no quiso; hubo pleno respeto a todo el empadronado para votar; sólo el abstencionismo fue el que se hace presente en porcentages que nos debe preocupar a todos los partidos, y no se vale aquí pretender descalificar un proceso y a la voluntad de Michoacán, esgrimiendo datos que ya están en la historia desde 1988 y que si los partidos no hemos sido lo suficientemente inteligentes o capaces de sostenerlos, es otro asunto.
En mi opinión, después de 1988, se produce un fenómeno sociológico en Michoacán; por lo pronto hay... en que se tuvo un gran movimiento sin estructura y que éste tenía que caer gradualmente y así manifestarle su caída en todos los procesos electorales habidos después de 1988.
Por eso es que en 1989 la votación no fue igual, por el comportamiento de los partidos, que propicia el rechazo o la negligencia o el desfallecimiento del electorado. Esto se produjo también en 1990, en otro proceso electoral, y todos los partidos estuvieron envueltos dentro del desaire de ese gran electorado que no quiso asistir; a pesar de que se dice que se violentó el proceso en Michoacán, sostengo que fue el proceso tranquilo, libre y que hubo oportunidad para que se razonara el voto y se votara por quien quisiera, aquel ciudadano michoacano.
Es cierto que Michoacán tiene muchos y profundos problemas. Hay creciente desocupación, analfabetismo. Hay pobreza. Hay marginación. Sin embargo, no se hace el esfuerzo por todos, de acercar siquiera una gestión generosa, oportuna, humanitaria, por los que aquí han abordado la tribuna, en favor de miles y miles de familias miserables que hay en Michoacán.
¡El pueblo de Michoacán ha votado! ¡El Partido Revolucionario Institucional no sostuvo la votación de 1991! ¡No la sostuvo el Partido de la Revolución Democrática! ¡No la sostuvo el Partido Acción Nacional! Es decir, que aquí todos y cada uno de los partidos sufrimos el efecto del fenómeno sociológico que se produjo después de 1988. ¡Pero esas circunstancias no descalifican el proceso electoral de Michoacán!
Y en esta tribuna, que se pretende usar para hacer creer que Michoacán está en armas, es hacer uso de la mala fe, de la incomprensión y de la mentira, refiriéndose al estado de Michoacán.
Yo aquí escuché, lo mismo que desde enero de este año se estaba diciendo: "Que se estaba preparando el fraude, y el fraude y siempre el fraude".
Yo invito a los oradores que así lo han hecho, que en esta tribuna exhiban una prueba específica de fraude, que sea una prueba indubitable del fraude, en cualquiera de las formas en que éste se haya presentado.
En Michoacán estamos en paz y sólo es cuestión de esperar que los tiempos legales transcurran, para que se confirme la voluntad transmitida en las urnas.
¡Avalo la voluntad del pueblo de Michoacán y que todos conocen! ¡Y no me da vergüenza, no siento afrenta expresar, ojalá que pudiera decirse para Michoacán, la felicitación para los dos candidatos principales en Chihuahua, porque dieron muestra de caballerosidad, de hombría y de decencia! ¡En Michoacán hace falta esa característica por uno de los candidatos, que ojalá tuviera los suficientes pantalones para reconocer que el pueblo de Michoacán ahora no le dio su voto! ¡Y que se enseñara a expresar la verdad, a usar la sinceridad, para que ya el estado, todo, se quede pensando en su tarea cotidiana, en atender su salud, en atender su trabajo, en atender a su familia y no pretender arrastrarla a una aventura mediante la mentira!
Nosotros, los del Frente Cardenista, tal vez no tengamos el mismo porcentaje de las copias de actas de escrutinio que por lo menos otros dos partidos, pues esto implica recursos para todos y cada uno de los representantes, y estar oportunamente en el centro de cómputo de mi partido. Pero del porcentaje que tenemos, la preferencia del pueblo de Michoacán es para Eduardo Villaseñor. (Aplausos.)
Todavía hasta anoche, a las 12.00 de la noche, conocimos la misma preferencia, la misma tendencia. Si de las 12.00 de la noche a este momento en que desconozco la entrega de copias de acta de escrutinio, en mi partido, ha cambiado la tendencia,
no tendremos ningún empacho, señores diputados, de decirlo.
A pesar de que fue un alto porcentaje el que conocimos hasta las 24.00 horas de anoche, sostengo, la inclinación de esa voluntad es en favor del candidato mencionado. Si cambiara, vendría a esta tribuna, de haber tiempo, y diría que en el resto se transformaron las cosas.
Sólo pido, para terminar, que al estado de Michoacán se le respete en esta tribuna. El pueblo de Michoacán y el gobierno de Michoacán, y los partidos que están en Michoacán, merecen el respeto de todos y cada uno de nosotros. Debemos respetar la autonomía al estado de Michoacán, al pueblo de Michoacán; allí están los órganos electorales, allí están los votos, allí están los paquetes; allí está todo, allí está la Ley. Dejemos que se resuelva con todo el procedimiento legal en el estado de Michoacán, lo que tiene que resolverse.
No vayamos a incurrir en la grave falta de que en esta sesión vayamos a transgredir a esa autonomía, que implica pasar por alto al pueblo de Michoacán, cosa que en ningún momento estaría yo de acuerdo.
Si los comentarios que propone un partido y por el cual estamos en esto, van a conducirse con felicidad y van a concluir con respeto a Michoacán, eso es en todo caso que se haga el esfuerzo, elaborar un punto de acuerdo de respetar, aun cuando no lo necesitamos, pero valdría la pena, de respetar la voluntad del pueblo de Michoacán. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, señor diputado Alaniz Alaniz.
Tiene el uso de la palabra el diputado Camilo Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
A quienes nos preocupa la suerte de este país, debemos de analizar y de asumir una actitud ante las elecciones de Michoacán, más allá de mezquindades, de rencores y de posibilidades inmediatas de tener tal o cual posición de gobierno. Es verdaderamente preocupante que después de haberse montado una larga e intensa campaña acusando al Partido de la Revolución Democrática de buscar y de preparar, crear violencia en Michoacán, después del proceso electoral simplemente se exprese la auto satisfacción de que no se haya dado incidente de violencia en esas elecciones sin reconocer en primer lugar, que el Partido de la Revolución Democrática no buscó, como no ha buscado desde que existe, generar en México acciones de violencia; no se ha reconocido que el Partido de la Revolución Democrática no está buscando otra cosa que no sea abrir la posibilidad de que las ciudadanas y los ciudadanos de México decidamos el rumbo y quién queremos que nos gobierne en tal o cual estado, en el país, en tal o cual momento de la Historia de México.
Nos llama la atención que quienes generaron la expectativa de violencia acusando de ello al Partido de la Revolución Democrática, se hayan extrañado de que no la hubiera y no hayan reconocido el mérito y la responsabilidad del Partido de la Revolución Democrática, que pese a esa provocación, se mantuvo y se ha mantenido ecuánime hasta hoy.
Nos preocupa sobremanera que ante esa actitud responsable y ecuánime del Partido de la Revolución Democrática, el Ejecutivo Federal no haya mantenido la misma actitud ecuánime y responsable y se haya erigido en calificador de procesos electorales otorgando felicitaciones a candidatos que no han sido investidos como gobernantes triunfantes en esos procesos electorales, y en particular, nos preocupa que haya otorgado una felicitación al candidato priísta en Michoacán, cuando él sabe y todos sabemos que en Michoacán hay una intensa disputa en torno a los resultados electorales que requiere ser tratada con suma prudencia, especialmente por quien ejerce el Ejecutivo Federal en nuestro país.
Nos preocupa, porque en esa declaración entendemos el llamado a continuar la política de cerrazón, de persecución, de calumnia, la política de linchamiento contra un partido, nuestro partido, el de la Revolución Democrática, que ha conservado la actitud responsable de seguirse esforzando por abrir en México canales para la disputa democrática de las distintas opciones.
Nos preocupa, porque esa declaración ratifica una actitud, una política que desde 1988 tiene como objetivo político prioritario tratar de debilitar a como dé lugar la alternativa democrática y nacional que emergió en 1988, como la alternativa de gobierno más viable en relación al ya viejo régimen priísta.
Nos preocupa esta felicitación apresurada, por que viene a ratificar que en las esferas más altas del gobierno mexicano persiste la idea de continuar una estrategia de trato diferenciado a la
oposición, reconociendo triunfos al Partido Acción Nacional y continuado la persecución electoral, la persecución política, la difamación permanente contra aquel partido que levanta un proyecto económico social que no coincide con la estrategia privatizante y trasnacionalizadora que se ha impuesto en México.
Nos preocupa el trato posterior que vaya a tener el proceso electoral de Michoacán, porque en él se está jugando no sólo la posibilidad de que el Partido de la Revolución Democrática acceda a gobernar un estado, sino porque se está jugando la posibilidad de que en México se abra una reforma electoral que desmonte el control del gobierno sobre toda la preparación, desarrollo y calificación de los procesos electorales antes de 1994, en que todos entendemos y leemos que se va a dar una confrontación muy intensa y profunda entre los diversos proyectos económicos, sociales y políticos que tienen fuerza y apoyo en el pueblo de México.
Nos preocupa porque la actitud ante el proceso electoral de Michoacán está mostrando y va a mostrar hasta dónde va a existir en México la posibilidad de que el proyecto democrático y nacional tenga cabida en una disputa civilizada, ciudadana, democrática, o hasta dónde va a continuar una política de persecución que condena a las fuerzas políticas y sociales que sostenemos un proyecto democrático nacional para México, como la única alternativa para destrabar el rumbo que está agudizando las contradicciones sociales y políticas a niveles extremos.
Creemos, compañeras y compañeros, que lo que se está jugando en Michoacán, es si estas fuerzas políticas y sociales, podemos seguir aspirando a dirigir gobiernos estatales, el propio gobierno federal, con el apoyo popular por vías democráticas, o están cerradas para nosotros esas vías.
Este es el sentido profundo de la actitud que el gobierno ha mantenido ante el proceso electoral de Michoacán de hoy, como lo mantuvo en el proceso electoral de 1989.
Quienes levantamos un proyecto democrático y nacional para México, tenemos la posibilidad de aspirar a ser gobierno a través de procedimientos electorales democráticos que respeten el voto ¿sí o no? Esta es la lectura de fondo de las actuales posiciones en tal proceso, ante el proceso electoral de Michoacán.
No pensamos, compañeras y compañeros, que el proceso electoral de Michoacán sea un hecho casual. Lo ubicamos como parte de una estrategia que pretende, desde 1988, desmontar la alternativa democrática y nacional a cualquier precio, para entonces si tratar de plantearse una reforma electoral que dé cierto juego a fuerzas que coinciden esencialmente en la estrategia económica y social para México.
Este es el problema de fondo y no debe ser minimizado, porque al minimizarse se está orientando al país a que se violenten las confrontaciones sociales y políticas más allá de la voluntad, incluso de nosotros como partido político.
Sectores muy importantes de nuestro pueblo que apoyan al Partido de la Revolución Democrática, tienen ya en Michoacán una indignación muy alta, por la serie de atropellos que se les ha impuesto, además de la difícil situación de atraso y de injusticia económica y social que han padecido.
E independientemente de la voluntad de nuestro partido, como fue también la actitud y las consecuencias en otra de nuestra historia, si de nueva cuenta se cierran las vías democráticas para la lucha de nuestro pueblo, se está orientando a los sectores más golpeados, económica, social y políticamente, de nuestra patria, a que busquen otros canales.
Así sucedió cuando la represión al movimiento ferrocarrilero de fines de los cincuenta así pasó cuando la represión a los médicos y a los maestros a principios de los sesenta; cuando la represión a los campesinos, especialmente a los copreros, a mediados de los sesenta, que dieron por consecuencia el nacimiento de grupos que buscaron a través de otras formas de lucha, vía para abrirle paso a sus necesidades y aspiraciones de elemental justicia y de elemental necesidad.
Ese proceso se aceleró a raíz de la represión contra el movimiento estudiantil popular de 1968 y adquirió mayor amplitud y fuerza a partir del trato dado también a principios de los sesenta por el gobierno a diversos movimiento sociales.
Hoy, después de que en 1988 el pueblo tocó las puertas y alertó a todo mundo sobre la necesidad de cambios democráticos y populares en México, generando las movilizaciones más intensas y masivas que nuestra historia registra, hoy, después de ese resurgimiento, del reclamo de democracia y de justicia que se ha sintetizado en un proyecto democrático y nacional, mantener una estrategia de constante difamación, persecución y represión, no va a generar otra cosa que sectores de nuestro pueblo, que ven cerradas las vías democráticas, generen otras respuestas,
con consecuencias humanas y materiales muy costosas para toda la nación, para todas las fuerzas políticas.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, pensamos que en Michoacán hay que dar pasos tendientes a canalizar las exigencias de que se limpien y se clarifiquen los resultados de ese proceso electoral.
Debemos de evitar salidas, que actitudes que minimizaron los señalamientos de irregularidades, tuvieron en otros procesos electorales recientes. El más importante de ellos fue el de San Luis Potosí. También ahí se dijo que todos los señalamientos de irregularidades que habían alterado la voluntad popular, eran falsos; también ahí hubo muchos jilgueros que vinieron a avalar las actitudes y valoraciones oficiales; también ahí hubo una gran manipulación de los medios de comunicación, que una y otra vez daban certeza de verdad a todo lo que decía el régimen. Y ¿qué resultó?, resultó que no era cierto, resultó que el pueblo de San Luis Potosí, con el Doctor Salvador Nava a la cabeza, hizo que toda esa tinta, hizo que todos esos jilgueros, hizo que toda esa operación montada, tuviera que reconocer la verdad: en San Luis se habrá violentado la voluntad popular, y hubo de darse marcha atrás en la pretensión de imponer un candidato.
Pero después vinieron también las elecciones locales de Tabasco y de Veracruz, y se volvió a montar el mismo escenario, y vinieron las acciones populares que ya no se quedaron sólo en exigir que no se impusiera tal o cual candidato oficial en tal o cual municipio, sino en exigir que se reconociera el triunfo del candidato que ahí había tenido la mayoría de apoyo, y ahí se tuvo que reconocer en Cárdenas, Tabasco, al candidato a presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática, como en otro municipio veracruzano, así fuera bajo la forma de que encabezara un consejo municipal.
En Michoacán, hoy que se vuelve a pretender con toda esta campaña que se hace sobre la base de recursos ilimitados para controlar los medios de comunicación, o menospreciar los reclamos de irregularidades y tratar también de menospreciar los riesgos que ese proceso electoral llama, nosotros queremos recordar que en fechas recientes ya se ha tenido que pagar el precio por actitudes prepotentes y soberbias que pretendieron imponerle al pueblo resultados electorales que no eran reales.
En Michoacán, compañeras y compañeros, nuestro partido cuenta con elementos para mostrar no sólo que hubo fraude, para mostrar que triunfamos en Michoacán. Por eso, aunque sabemos que el control del proceso electoral le otorga al régimen la posibilidad de asimilar todos y cada uno de los obstáculos que en diversos momentos le han impedido aceptar las propuestas de la oposición, para confrontar actas y otra serie de cuestiones, a pesar de que sabemos de que manteniendo el control de los órganos electorales, la capacidad del régimen para asimilar y neutralizar todos los cambios parciales que hagamos es infinita, y creemos que eso va a pasar con la credencial con fotografía, que en otro tiempo se rechazo, pero que hoy se acepta, porque ya se tiene en el marco de la amplia experiencia de alquimia que se tiene la respuesta para similarla y neutralizarla, a pesar de eso, y porque estamos interesados en evitar una agudizamiento de las confrontaciones en Michoacán, porque estamos interesados y muy preocupados por abrir antes de 1994 la posibilidad de que se puedan hacer elecciones limpias en México, por eso el Partido de la Revolución Democrática le toma la palabra al presidente del Partido Revolucionario Institucional, para confrontar actas, y además propone no sólo que confrontemos actas, que en asambleas a donde tengan acceso todas las fuerzas políticas, a donde tengan acceso todas las organizaciones civiles, personalidades del país y del extranjero analicemos todos y cada uno de los elementos que compusieron el proceso electoral de Michoacán.
Por esa gran preocupación es que estamos aceptando esta propuesta, y estamos adicionando la necesidad de que esa confrontación de actas se acompañe del análisis de todos los elementos, pero no sólo ante las instancias electorales oficiales, porque conocemos todos, y no podemos engañarnos, la parcialidad de la composición, y de los dictámenes de esas instancias electorales.
Compañeras y compañeros diputados, el Partido de la Revolución Democrática está ratificando su disposición a no negociar los votos de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos; está ratificando su determinación a recurrir a la resistencia civil, a la movilización para defender nuestro votos, al mismo tiempo que está proponiendo un procedimiento concreto para avanzar en la limpia de ese proceso electoral, que insistimos, a pesar de todas las provocaciones y de las campañas que pretendían generar acciones violentas, resistimos esas provocaciones.
Hemos mantenido una actitud ecuánime, y es nuestra pretensión mantener esa posición y continuar bregando, junto a todos los verdaderos demócratas de México, porque en el período
más inmediato posible, esta Cámara convoque a un debate nacional de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones civiles, de todas las personalidades y del gobierno, para avanzar rápidamente a una reforma electoral, que desmonte los mecanismos del fraude, sin los cuales en este país las elecciones van a seguir siendo fuente de confrontaciones permanentes en las próximas elecciones locales y pueden ser catastróficas en 1994. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Camilo Valenzuela. Tiene el uso de la palabra la diputada Luisa Alvarez.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes: - Con se venia, señor Presidente.
No resistimos las ganas de intervenir en esta discusión, debido a que nosotros, en el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, nos interesa clarificar, sobre todo, hechos de carácter histórico que se han venido a dar y a exponer en esta tribuna.
Por principio de cuentas, compañeros, en 1988 el Partido de la Revolución Democrática no existía. No pueden llamarse así mismos como herederos de todo este movimiento de carácter popular en nuestro país cuando fuimos muchos los que intervenimos, y eso a veces pretende llevar o se pretende decir que aquí nada más hay un determinado grupo de nacionalistas, y si no son los del Partido de la Revolución Democrática, los demás no podemos ser nacionalistas, y eso es falso, compañeros.
En 1988 fuimos muchos partidos políticos los que peleamos juntos, los que formamos el Frente Democrático Nacional, muchos ciudadanos sin partido, y simpatizantes hasta del Partido Revolucionario Institucional, que se agruparon en el Frente Democrático Nacional, que fue la expresión del pueblo de México, y que lamentablemente no se pudo sostener por las torpezas políticas de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Nos da coraje decir esto, porque hay que revisar, compañero, y hay que tener conciencia y reflexión de los hechos, compañeros del Partido de la Revolución Democrática, en gran parte a veces la victoria del Partido Acción Nacional es producto de nuestra irresponsabilidad en este proceso de conformación del Frente Democrático Nacional.
Hay que aceptarlo como parte de este error que nosotros tuvimos en la historia,
en la historia reciente de este país, ya veces los errores políticos, en la política de este país, se pagan muy caro.
El pueblo de México ha demostrado en la historia, y en la historia reciente, que los errores de los políticos se cobran muy caro.
En el Frente Democrático Nacional cobraron caro al Partido Revolucionario Institucional y al gobierno; sus errores políticos ahora nos los están cobrando a nosotros.
El Frente Democrático Nacional fue toda una expresión popular, fue expresión de diversas ideologías, pero todos comprometidos en buscar el diálogo y la concertación, que una gran parte del Frente Democrático no estaba de acuerdo en esto y quería violentar muchas de las acciones de carácter político que se discutían en aquel tiempo.
Sostuvimos el Frente Democrático Nacional a marchas forzadas, a tirabuzón, y yo creo que esto le consta al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al Partido Popular Socialista y a nosotros.
Yo quiero decirles con toda fraternidad a los del Partido de la Revolución Democrática, que ustedes dicen: "No el linchamiento contra nosotros", pero ustedes a veces pretenden linchar a los partidos minoritarios, y eso lo vivimos en Michoacán. Posiblemente los diputados que aquí están no, pero los dirigentes intermedios de Michoacán sí, y en las campañas que hizo el Partido del Frente Cardenista en este proceso, tuvo serios problemas, porque muchos de los presidentes municipales del Partido de la Revolución Democrática no habrían la oportunidad de la campaña en cada uno de los municipios. Tuvimos también muertos, y no los estamos reclamando en tribuna ni los hacemos grandes.
Sabemos que los que nos jugamos la lucha por la democracia, también podemos quedar en cualquier momento, pero sabemos que por eso estamos peleando, y sabemos que la lucha en este país históricamente ha sido difícil para todos los luchadores sociales; no rehuimos esa responsabilidad, la aceptamos. ¡Acéptenla también los compañeros del Partido de la Revolución Democrática! ¡Bienvenidos!
Y yo nada más quería hacer un señalamiento, cuando dije que los errores políticos en nuestro país, el pueblo los cobra muy caro; habría que revisar si en la política del Partido de la Revolución Democrática, de que los procesos
electorales tengan observadores extranjeros, está de acuerdo el pueblo, y a la mejor por eso bajó la votación, porque ningún mexicano bien nacido, independientemente del partido que sea, estamos dispuestos a que vengan extranjeros a revisar nuestros procesos electorales. (Aplausos.)
Tampoco queremos, y esto el que apenas comienza en política lo sabe, cuando se dijo acerca de la carta de Bush, hubo una declaración en la prensa, en donde el representante del Partido de la Revolución Democrática decía, que ¿por qué se había manejado así, si también se habían mandado cartas a Violeta Chamorro, Presidenta de Nicaragua?
Compañeros, ¿quién pesa en la Organización de Naciones Unidas? ¿Violeta Chamorro? ¡Por favor, compañeros! Quien tiene el peso ahí es Bush, Presidente de Estados Unidos, y qué serios esfuerzos está haciendo el Gobierno mexicano para poder mantener nuestra soberanía, lo vivimos, lo vimos en una gira que hicimos a Los Ángeles, cómo tratan a nuestros connacionales. ¿Cómo les vamos a pedir a ellos que vengan a revisar nuestros procesos electorales, cuando maltratan a los mexicanos que van allá y que les han dado mucho a ganar a los norteamericanos? (Aplausos.)
Los extranjeros, los de Estados Unidos, no tienen ninguna calidad moral para venir a revisar nuestros procesos electorales en nuestro país. Los mexicanos hemos avanzado. Si ellos quisieron o pensaron que en un tiempo lo pudieron hacer, ahora no lo pueden hacer y, compañeros, eso no lo acepta ningún partido político de nuestro país.
No aceptamos tampoco que los senadores vayan a hablar mal de los mexicanos al extranjero, no lo aceptamos. Lo que a mí no me quede claro, y se lo digo al Partido Revolucionario Institucional, se lo digo hasta en esta tribuna, no tengo por qué ir a Estados Unidos a decir lo que no me parece de mi país, cuando yo vivo en él, y cuando tengo que cuidar la casa. No hay que tirar nuestra casa porque el peligro, los escombros, nos pueden caer encima a todos los mexicanos.
Hay que cuidar el país, hay que cuidar lo que con mucho esfuerzo hemos construido todos, sin embargo, qué bueno que se suben a la tribuna para pedir el diálogo, para pedir el respeto. Si hay esta nueva actividad del Partido de la Revolución Democrática, bienvenidos compañeros. Nunca es tarde para poder reflexionar.
Al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional nos agrada, en serio, para el país, para las fuerzas democráticas, esa nueva actitud, y espero que el diálogo , el respeto que se merecen y que en lo que no estemos de acuerdo aquí, nos los decimos en nuestro país. Que el diálogo, que el respeto que exigen del Partido Revolucionario Institucional, también ustedes lo proporcionen el resto de los partidos políticos, porque no se vale en este país la política del linchamiento.
Estamos en proceso de cambio, ahorita los que nos dicen partidos minoritarios, a la mejor después con trabajo y con esfuerzo, porque trabajamos diario, podemos ser partidos mayoritarios, y aspiramos también a gobernar el país. Pero a gobernarlo con respeto y con diálogo.
Lo de Michoacán es algo fundamental e importante. Pero eso le toca a los michoacanos; le toca a las instancias de los michoacanos y a nosotros lo que nos toca es apoyar las determinaciones que tome el pueblo de Michoacán que se expresó ya en las urnas, a los organismos o a los órganos encargados de ver todo este proceso, para que efectivamente entre todos, la voluntad de Michoacán, del pueblo de Michoacán, sea respetada.
Por último, es preocupante que alguno de mis compañeros, yo no quiero decir que todos los del Partido de la Revolución Democrática son así, hay compañeros que son de diálogo, que buscan el diálogo, por último quiero hacer un señalamiento que para mí me atrajo la atención y que sí es importante clarificarlo. ¡Cuidado!, en todo caso hay que clarificar lo que se dice, cuando se habla de que vivimos una represión sistemática en este país. ¡Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de eso!, y cuando se expone; porque nos demerita capacidad de negociación para el gobierno mexicano ante los extranjeros. No hay una represión sistemática en este país. La hay, pero no de las magnitudes y características que dicen nuestros compañeros.
Y cuando se hable de una dictadura del partido del Estado, hay que clarificar los conceptos, porque, compañeros, no podemos comparar lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo en México, que nos ha costado esfuerzos a todos construirlo. Tan estamos avanzando en la democracia, que aquí esto no lo podíamos hacer antes. Aquí hay de todos los partidos políticos; aquí habemos diputados que podemos expresar lo que decimos, que podemos defender lo que aquí decimos; aquí y en la calle. Prueba de eso es que compañeros, ha habido movilizaciones de nuestros compañeros del Partido de la Revolución Democrática, que a veces no nos dejan entrar ni a los diputados
y más prueba hay, y nos inconformamos a veces nosotros porque nos tocan una, o dos o tres patadas para poder entrar al Recinto y no lo señalamos.
Pero hay veces que se van juntando las cosas; que se van juntando, y hay veces que hay que clarificar las cosas para que esto para la construcción del país, para el México al que todos añoramos, todos queremos y todos hemos aportado, aportado con esfuerzo, y hay veces, aunque no lo reconozcan los nacionalistas, pero somos nacionalistas. Queremos este país y queremos que este país crezca y esté en las mejores condiciones de darle a los trabajadores mejores condiciones de vida. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, señora diputada Luisa Alvarez.
Tiene el uso de la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Señor Presidente, señores legisladores:
No es ni quiere ser para Acción Nacional, ajeno, extraño o distante, el problema político - electoral de Michoacán. Ni siquiera la disputa misma que se da hoy entre dos partidos políticos, habida cuenta de que otros participantes están distantes de los resultados que pudieran determinar un triunfo.
Todos ustedes saben lo que es y ha sido Acción Nacional desde hace más de medio siglo en su lucha tesonera por el respeto del voto popular. No somos nuevos ni improvisados en el que hacer político, porque hemos ayudado a construir brechas por donde hoy circulan y transitan muchos mexicanos, incluyendo a aquellos que desde hace poco obstaculizaban, desde puestos oficiales, el tránsito de México a la democracia. (Aplausos.)
Sobre las recientes elecciones en Chihuahua y en Michoacán, debemos hacer constar:
Primero. Acción Nacional ha cumplido como partido político, puesto que ha presentado propuestas concretas y candidatos que se han sometido al escrutinio popular.
Segundo. Luchamos en todo momento por la vigencia de la Ley y hemos exigido y reclamado de las autoridades, que vigilen y cumplan con el mismo marco normativo que nosotros nos hemos dado.
En Chihuahua, sin lugar a dudas, Acción Nacional ganó la gubernatura, la mayoría de la curules y un buen número de alcaldías. Sin alguien niega este triunfo, debe venir a probar que no ganamos. Nosotros tenemos pruebas que acreditan nuestro triunfo. ¡Chihuahua los sabe, y para nosotros, eso basta!
Se pregunta aquí don Martín Tavira:
"¿Cuál es la diferencia entre Barrio y Macías?"
Señor diputado: pueden ser pocas o muchas las diferencias; pero hay una cosa cierta: ¡uno ganó y otro perdió! Si eso para usted no es suficiente, para el pueblo de Chihuahua sí, y con eso nos conformamos. (Aplausos.)
Además ambos candidatos se han reconocido en la última jornada, con respeto recíproco. Eso es un avance. Macías ha reconocido el triunfo de Acción Nacional y de su candidato y eso habla de un cambio y eso de debe de reconocer, y mientras no seamos capaces de ello, México no habrá de avanzar.
En Michoacán avanzamos como partido, pero no logramos una votación que pueda ser mayoritaria. Sin embargo, señores legisladores, hemos sembrado una semilla que ciertamente habrá de producir pronto una cosecha abundante para Michoacán y para México.
Ahora bien, señores legisladores, es el momento de reiterar ante ustedes y ante la nación, el posicionamiento de nuestro partido. Acción Nacional defiende el voto de los mexicanos, más allá de partidos y de conveniencias; el voto entendido como expresión de voluntad, como definición de rumbo, como garantía de destino.
El triunfo de Acción Nacional en Chihuahua, no nos ata a nada ni a nadie, y esto debe quedar muy claro, porque solamente nos vincula al pueblo de Chihuahua, para darle un gobierno con el perfil, con la línea, con la estructura que el pueblo de Chihuahua ha demandado y que merece.
Además, vamos sobre Michoacán. En Michoacán y en Chihuahua nosotros no hemos sido árbitros, hemos sido contendientes. En ambas entidades fuimos opciones reales y válidas. En ningún caso hemos dado ni daremos espaldarazos, salvo conductos o cheque en blanco para ningún candidato y para ningún partido. En todo momento diremos aquí y afuera, lo que nos conste, independientemente de quién resulte beneficiado o a quién le parezca que lo lastimemos.
Sí insistiremos, señores legisladores, de manera clara y terminante, que en Chihuahua y en Michoacán, las condiciones de igualdad no se han dado en las contiendas electorales. ¡Nuevamente en Chihuahua y en Michoacán se vivió inequidad clara y determinante en el proceso! ¡Con sólo referirnos a los cuantiosísimos gastos del partido oficial y al uso irrestricto de los medios de comunicación, está acreditado este aserto! ¡Y eso, señores legisladores, por el bien de México, debe cambiar! (Aplausos.)
Resulta impostergable que todas las fuerzas políticas y el gobierno replanteen esta cuestión, para lograr que la equidad sea la norma; ¡porque es hoy una exigencia insoslayable de justicia!
Mientras esto no se logre, señores legisladores, las contiendas electorales se verán siempre afectadas y contaminadas de luchas, de confrontaciones, que no sólo serán estériles, sino altamente destructivas para el ser nacional y ciertamente seguirán evitando la unión y la fortaleza de un pueblo para enfrentar su destino.
¡Jamás aceptaremos como lícito y tolerable la lucha desigual de partidos políticos contra estructuras de poder! ¡Eso debe cesar! Tampoco podemos aceptar que la anarquía o las afirmaciones gratuitas, sustituyan a los votos de los ciudadanos. En todo caso, si dos partes reclaman para sí un triunfo, cada una de ellas tiene la obligación, legal, moral y política, de acreditar con elementos de convicción, ante las autoridades y ante el pueblo, que les asiste la razón y que el triunfo les pertenece! ¡Lo contrario, señores, son palabras, y lo contrario, no es honestidad!
Las cifras reales de Michoacán y de Chihuahua deben conocerse, demostrarse y defenderse. Sin ellas, la subjetividad interesada puede conducir al caos, que no beneficia jamás a los pueblos.
¡Nosotros, para contribuir al respeto de la verdad histórica en los casos de Chihuahua y Michoacán, ponemos a disposición de los partidos políticos, de las autoridades y de todo el pueblo de México, los elementos de prueba, las actas y todos los medios de convicción jurídica y moralmente válidos, para que pueda conocerse esa verdad; porque creemos que solamente así estamos contribuyendo con honradez al adelanto político de México!.
¡Tenemos actas y tenemos documentos que consignan hechos concretos y números específicos!
¡Por cierto, por tratarse de documentos no totales ni completos, por ser parciales esos datos, no los habremos de proporcionar hoy aquí en esta tribuna, por la sencilla razón de que no queremos perjudicar indebidamente a ninguna fuerza política! ¡Pero no tengan la menor duda que habremos de dar esos datos!
¡Por lo pronto, les diremos que llegará el momento, muy pronto, en que Acción Nacional exhiba ante ustedes y ante todo el pueblo de México con qué elementos cuenta, en Chihuahua y en Michoacán, para que podamos todos contribuir por el respeto del pueblo ciudadano!
¡Hoy por hoy, destacamos, que las jornadas electorales del domingo pasado, en Michoacán y en Chihuahua, se celebraron con orden y con tranquilidad! ¡Eso constituye un avance real, cierto e indiscutible, que no debe perderse!
¡Pero, señores diputados, falta algo que para nosotros es principal: falta superar las iniquidades, que no tiene cabida en un pueblo, en un país, en una nación, que realmente quiere acceder a la democracia! Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Gracias, señor diputado Fernández de Cevallos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Cesáreo Morales.
El diputado Cesáreo Morales García: -Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Cuarenta y seis compañeros priístas estuvimos en Michoacán en la pasada jornada electoral. Tenemos nuestras apreciaciones, pero no quiero abrumar a esta Cámara con ellas. Tenemos las cifras, pero no quiero amenazar a los compañeros de otros partidos con ellas. Apreciamos detalles. En la práctica constatamos actitudes y, sin embargo, nos alegramos con todos los michoacanos por el desarrollo en paz, civilizado, en armonía, en momentos como fiesta cívica, de estas elecciones del 12 de julio.
Nos toca ahora esperar las cifras de la legalidad; serán dadas por la Comisión Estatal Electoral este próximo miércoles; a ellas se atiene mi partido. No podemos, sin graves riesgos, descalificar la legalidad. No podemos, sin hacer un atentado contra la democracia, desconocer los órganos de competencia electoral.
Detrás de la Comisión Estatal Electoral están amplios procesos políticos entre partidos y en la relación de estos con la sociedad michoacana. No podemos, ni debemos echarlos por la borda.
Procesos de acuerdo entre partidos para llegar a una legislación estatal electoral, acordada por todos ellos, y que sin duda tiene rasgos de calidad que la hacen de las mejores en México; proceso de acuerdo entre partidos para depurar el padrón electoral.
Un instrumento de esta naturaleza sin duda, probablemente, es imposible que alcance el 100% de eficiencia; la movilidad de los ciudadanos, sus cambios de domicilio, sus migraciones, hacen imposible lograr ese porcentaje que todos quisiéramos. Sin embargo, por acuerdo de cinco partidos, la eficiencia de este instrumento alcanza alrededor del 96%; esto le da confiabilidad.
Asimismo, la entrega de credenciales representa sin duda un problema concreto que debía solucionarse; se le dio solución en la medida de lo posible. No podemos descartar la entrega de credenciales simplemente por un acto de arbitrariedad.
Los acuerdos dentro de la Comisión Estatal Electoral fueron claros y ellos permitieron que las autoridades electorales alcanzaran el grado de legitimidad que exigían estas elecciones.
Pero al propio tiempo, no podemos descalificar de un plumazo esta amplia relación entre partidos con la sociedad michoacana. Los michoacanos se movilizaron en torno a los candidatos, expresaron sus demandas, manifestaron sus intenciones y sin duda, todos ellos, junto con todos sus partidos, contribuyeron a elevar la calidad de la política en esta entidad.
Esperamos este miércoles los resultados. Ante ellos, con el mismo ánimo que el Partido Revolucionario Institucional reconoce su derrota en Chihuahua, con ese mismo ánimo defenderá su triunfo en Michoacán; es de respeto al voto y es de respeto a la ciudadanía.
Nuestra democracia sin duda pese a los conflictos que todavía vive, concretamente en estas elecciones, es hoy más amplia, estamos ante los hechos viviendo una nueva cultura política, estamos también sin duda, y esto es mérito de los partidos, de los ciudadanos, viviendo una forma nueva de hacer la política. Queda todavía por delante mucho por hacer, la democracia como instrumento y como procedimiento para elegir gobiernos y para manifestar preferencias por programas de gobierno, es de carácter procedimental; efectivamente de entrada es bastante difícil asegurar la igualdad completa entre los contendientes, la igualdad que está ya asegurada de entrada es la igualdad procedimental, la igualdad ante la ley; elevar su calidad en términos de igualdad real, en términos de equidad en el uso de los recursos es una cuestión práctica y que tiene que tratarse como cuestión práctica.
Son bonitos los análisis teóricos que podamos hacer, a veces se nos llena la boca hablando del partido del Estado, sin embargo eso no hace avanzar en un solo paso la democracia, busquemos acuerdos prácticos entre partidos, veamos cómo se puede regular mejor el uso de los recursos y su origen, vayamos así avanzando en términos prácticos a través de una nueva legislación electoral para una mejor democracia.
Esta democracia es de la sociedad, los partidos son instrumentos precisamente de la sociedad para procesar los consensos, para determinar las opciones de gobierno, pero lo partidos se deben a la sociedad por eso la competencia entre ellos para que la sociedad pueda elegir el mejor partido y el mejor programa de gobierno ha de atenerse siempre a la legalidad. Dislocar la legalidad es para cualquier partido dañar a la sociedad. Sin duda hay momentos necesarios para la política aun dentro de esta legalidad; es en este contexto, en el contexto político que siempre rodea a la propia legalidad, que nuestro presidente de partido ha señalado que las actas están también disponibles ante la sociedad y ante la opinión pública. El voto del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán está fincado y fundado en las actas, ésta es la afirmación que ha hecho nuestro presidente del partido.
En torno a la legalidad una política de acuerdos en casos precisos ha de llevarse adelante, una política para sustentar la legalidad y para volverle salud cuando en algo se ha fallado.
Antes de terminar quiero también señalar que no hemos de hacer querellas en donde no la hay, el Presidente de la República al conversar telefónicamente con los dos candidatos a los cuales las cifras oficiales preliminares les conceden el triunfo, no calificó ninguna elección, no calificó la elección ni determinó nada, sólo conversó telefónicamente y felicitó a los candidatos en un acto cotidiano de hombres y como ciudadano. En estas condiciones, reitero, la democracia es de y para la sociedad; así la entiende mi partido y así queremos practicarla.
Estamos sometidos a la sociedad, expresamos por tanto nuestro sometimiento a la legalidad; que ningún partido se coloque por encima de la sociedad, que ningún partido se coloque por encima de la legalidad; en el triunfo y en la derrota, el Partido Revolucionario Institucional
está comprometido con la democracia, pero queremos ante todo que gane la legalidad y que gane la democracia.
El Presidente: -Gracias, señor diputado Cesáreo Morales. Tiene el uso de la palabra el diputado René Bejarano.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.
Las elecciones del 12 de julio en Michoacán y Chihuahua, constituyen una derrota política para el partido oficial y para su principal dirigente, el señor Salinas.
Esta derrota deviene de que los objetivos que ese partido se propuso, no se cumplieron y que la palabra de Salinas, una vez más no se cumple.
Se pretendió en Michoacán, obtener resultados favorables para el Partido Revolucionario Institucional, de tres a uno; de cuatro a uno, y algunas encuestas hablaron de hasta cinco a uno. Se quiso con ello argumentar la crisis y la sepultura de una de las corrientes ideológico - políticas más importantes del país. Se intentó demostrar que la supuesta recuperación del partido oficial en Michoacán, era permanente y sostenida, que se consolidaba y se anunció triunfalistamente que el Partido Revolucionario Institucional iba a obtener en Michoacán 720 mil votos; es decir, buscó superar en más de 200 mil votos su votación en 1991, que fue alrededor de medio millón de votos.
Al intentar esto, el gobierno buscaba no sólo derrotar al Partido de la Revolución Democrática, buscaba preparar las condiciones para una elección presidencial en 1994, cómoda, en la que nuestro dirigente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, estuviera en entre dicho; por ello el Partido Revolucionario Institucional acudió a escoger o a imponer un candidato como ellos mismos le dicen, de bajo perfil, que demostrara que el candidato era lo de menos, que cualquiera pudiera hacer perder al cardenismo.
Se buscaba, por parte del gobierno, que los resultados electorales le arrojaran legitimidad y sobre todo, credibilidad, y sobre todo que permitiera que para las elecciones municipales de fin de año en Michoacán, el Partido Revolucionario Institucional recuperara casi todos los municipios hoy en poder de la oposición, y regresar a los tiempos del carro completo.
Las elecciones michoacanas no fueron una contienda entre dos partidos, un hombre de Estado no puede elevar a razón de Estado un conflicto personal; el encono personal que el licenciado Salinas le impuso a esta elección, le disminuye autoridad moral para felicitar a cualquiera, a no ser que la llamada telefónica que seguramente escuchó el diputado Morales, haya sido por algún onomástico que nosotros ignoramos.
Tenemos claro que esta competencia desigual puso especial énfasis en Michoacán; que ahí se quiso demostrar que el Partido de la Revolución Democrática prácticamente era un partido del 10% y que sus votos eran mínimos; pero habrá que recordar los votos oficiales, los que el mismo Partido Revolucionario Institucional con todo y fraude reconoce, para hacer ver que este muerto que prematuramente anuncian, no sólo vive, sino que sigue gozando de salud y crece cada vez más.
En 1988, efectivamente, el Frente Democrático Nacional obtuvo alrededor de 340 mil votos, y es cierto, el Partido de la Revolución Democrática no existía. En su primera contienda electoral como partido, el Partido de la Revolución Democrática obtuvo 160 mil votos en 1989; en 1990 obtuvo 220 mil votos; en 1991 alcanzó prácticamente 290 mil votos, y estamos seguros que a pesar del abstencionismo, a pesar de todo el fraude cometido en estas elecciones en Michoacán, en 1992 nos estamos acercando a la histórica votación de 1988.
No es cierto por ello que el Partido de la Revolución Democrática obtenga cada vez menos votos en Michoacán, es falso; lo que es cierto, es una contradicción de que un partido que cada vez obtiene más votos, cada vez obtiene menos cargos de elección popular, es absurdo, y esto sólo se explica porque Michoacán es una entidad atípica en donde contrario a las tendencia poblacionales, el padrón electoral cada año, desde 1988, en lugar de crecer, decrece sostenidamente. La diferencia entre el padrón de 1988 y el de 1992, es de casi medio millón de ciudadanos en edad de votar. ¿Cómo es posible que lógicamente se arguméntelo anterior?
Pero además, si con estas elecciones se quiso demostrar la legitimidad de los resultados de 1991, ésta está en entredicho, porque el partido oficial no pudo obtener los 500 y tantos mil votos, casi 550 mil votos que se adjudicó en 1991 en Michoacán. Aun suponiendo sin conceder, validez a sus resultados, lo cierto es que en 1992 el Partido Revolucionario Institucional obtiene menos votos en Michoacán que en 1991; que su alegría anticipada, su intención de obtener 720 mil votos fracasó rotundamente, lo mismo
en Chihuahua que en Michoacán, aquel anuncio de que los promotores del voto le iban a garantizar 500 mil votos en Chihuahua, también fracasó, y en ello sin duda el mérito principal pertenece a los partidos de oposición y a los ciudadanos, que han aprendido cada vez más, cómo evitar que sus derechos cívicos sean vulnerados.
Evidentemente la novedosa forma de impulsar el fraude electoral en 1991 fue evitada en una buena parte en 1992. Muchas maniobras que el Partido Revolucionario Institucional hizo apenas hace un año, las aprendimos, pero la imaginación de los alquimistas parece ser infinita y recurren a nuevas y viejas formas del fraude. En su tiempo habremos de documentar todas las formas del fraude.
Aquí tengo un reporte de más de 20 páginas de todo el estado, de todas las formas en que el Partido Revolucionario Institucional hizo fraude en Michoacán, nuevas y viejas, con nombres, datos, apellidos, horas exactas, lugares, matrículas de vehículos, etcétera, hasta el intento de sabotear las líneas telefónicas de nuestro partido en el centro de cómputo el día de la elección, y hasta el intento de incomunicar telefónicamente a nuestro propio presidente del partido. Parece que en Michoacán les gustan los espionajes electrónicos en contra de los partidos de oposición.
Pero la derrota política del gobierno consiste en que perdió las elecciones a pesar de los recursos implicados en ella. Si el señor presidente del Partido Revolucionario Institucional nos hace retos, desde aquí le lanzamos uno, que informe cuánto se gastó el Partido Revolucionario Institucional en las campañas en Michoacán y en Chihuahua.
Pero además, no se vale pedir sólo cuando conviene cotejo de actas. ¿Por qué no aceptaron y quemaron las actas de las elecciones de 1988? ¿Cuál fue el temor por el cual se opusieran abiertamente a abrir los paquetes electorales? ¿Por qué?, diputada Scherman, que si quiere interpelarme la conmino que lo haga formalmente y si no que guarde silencio y compostura, por qué en diversas ocasiones en las elecciones...
El Presidente: -Señores diputados, se les pide orden atentamente de parte de la Presidencia, y respeto al orador. Diputado orador, ¿acepta una interpelación?
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Quién me desea interpelar? No lo veo.
El Presidente: -Continúe, señor orador.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Por qué en muchos lugares del país no aceptan cotejar actas? Pero nuestro partido ha sido claro; claro que estamos de acuerdo en que se cotejen, que se revisen los resultados, pero hay que limpiar completamente la elección, y limpiar la elección supone que el gobierno entienda que no puede haber democracia selectiva, o más amplia o más estrecha democracia; simple y sencillamente la democracia es o no es, existe o no, y en Michoacán el gobierno se empeña en cerrar paso a la democracia.
Nosotros no vamos a caer en la trampa de discutir con actores que no tienen la principal responsabilidad en este proceso. Es el Partido Revolucionario Institucional y el gobierno, y no otras personas u otros partidos, quienes tienen la responsabilidad del fraude, pero pareciera que ahora los mejores vocero del Partido Revolucionario Institucional, los que más ovación reciben no pertenecen a ese partido; que ahora es el Partido de la Revolución Democrática el peligro para la estabilidad social, y por ese deben explicar cuál fue el efecto de los desfiles militares en Michoacán para impulsar el abstencionismo.
Es cierto que las fuerzas militares tienen responsabilidad de custodiar los procesos electorales, principalmente la documentación, pero no fue en 1991 necesario hacer un desfile militar o varios con armamento de diverso tipo, a plena luz del día y por las diversas ciudades o carreteras del país, para garantizar esto. Evidentemente con ello se estaba ejerciendo una actitud inhibitoria que perjudica el proceso democrático.
Creemos que hace falta que efectivamente el gobierno reconozca una verdadera voluntad democrática.
Le tomamos la palabra al diputado Cesáreo Morales, hace falta reglamentar el uso de los recursos económicos para las contiendas electorales. Hoy mismo nuestro partido ha presentado una iniciativa de reforma electoral para garantizar que esto suceda entre otras cosas.
Esperamos que cuando esto se discuta, cuando se dictamine nuestra iniciativa, que exista real y verdadera voluntad democrática del gobierno; que se discuta de cara al país.
Efectivamente, hay legislaciones electorales, por ejemplo en España, que impiden que un partido pueda utilizar más recursos que otro y fijan topes y hay supervisión de los gastos electorales.
Esperamos que ahora el partido oficial reconozca esta necesidad; que no haya más espectáculos que ofenden a la pobreza de muchos mexicanos, de despilfarro de recursos y la utilización de estos recursos públicos indebidamente.
Todavía estamos esperando la explicación del partido oficial de por qué en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se encontraron en las oficinas del partido oficial, documentación, instrumento de diversas dependencias públicas, y que nada tienen qué ver con un partido político. Evidentemente es tan solo una muestra del enorme operativo que se utilizó y que se hizo en aquella entidad.
Nuestro partido siempre ha pugnado por el pluralismo, pero decimos que esa testaruda obsesión del gobierno de pretender desaparecer a un partido, es enfermiza y daña las aspiraciones democráticas. Por más que se intente destruir a una fuerza política, la historia demuestra que cuando ésta tiene una ideología determinada, una historia en una determinada región del país, tarde o temprano termina resurgiendo, e incluso con más ímpetu de la anterior.
Por eso el gobierno tiene que abandonar la idea obsesiva de destruir al Partido de la Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática es una fuerza política que ha demostrado su existencia, su consolidación, y el deseo de avanzar en la pluralidad y en la democracia.
El Partido de la Revolución Democrática aspira a la concertación y al diálogo, no a la simulación de éste, sino al verdadero diálogo que supone el reconocimiento real de la fuerza adversario.
En diversas partes del mundo es del todo común y corriente observar que partidos de la oposición, de diverso signo ideológico, gobiernan municipios, departamentos, entidades de relevancia, de importancia.
¿Por qué en nuestro país existe la intención de impedir que una fuerza que demuestra, contra toda la desigualdad y la iniquidad, que se ha mantenido constante en un lugar que tiene historia y presencia, se le quiera desaparecer y destruir?
¿Por qué esas campañas propiciadas desde el gobierno, de desprestigio, y evidentemente anticardenistas?
No hay en ello un programa que propongan sin una obsesión por vituperar, por destruir, por acabar con la integridad moral de las personas.
Es indigno que se acuda a ello, y sobre todo, que se acuda desde los medios masivos de comunicación.
Por todas razones, evidentemente que nuestro partido acudirá a la resistencia civil. Puede ser que el gobierno apueste al desgaste del Partido de la Revolución Democrática, que intente con ello desgastarnos e impedir nuestra presencia significativa en otras entidades. No lo va a lograr. La diferencia de votos que el fraude hizo en Guanajuato, arrebatándole el triunfo a Fox y adjudicándoselo a Aguirre, fue de más de 200 mil votos; y en San Luis Potosí, por el estilo, y sin embargo, el gobierno tuvo que dar marcha atrás.
Aun con los datos oficiales, aun con todo, la diferencia que el partido oficial se quiere adjudicar es menor, no es significativa, a pesar de toda la desigualdad, y el gobierno tiene que saber que si continúa con esa actitud de violentar la voluntad popular, también en Oaxaca, también en Veracruz, y desde luego también en Durango, encontrará resistencia civil en contra del fraude.
Que se eslabonarán las luchas de resistencia civil, que ese pueblo sigue buscando la democracia y quiere que ésta florezca plenamente. Que no la quiere a cuenta gotas o administrada por un partido que es del gobierno o un estado que se disfraza de partido, que ese gobierno decide cuándo hay democracia y cuándo no.
Que no nos vamos a apartar de la legalidad. Que quien se ha apartado de la legalidad y ha acudido a la violencia, siempre ha sido el gobierno en nuestra contra. Que si hay violencia sistemática en nuestra contra y que ahí están los 144 muertos que nuestro partido tiene en los últimos tres años a lo largo y ancho del país derivado principalmente de conflictos político - electorales.
Que esos agravios son en contra de la ciudadanía. Que esos agravios han sido en contra de quienes después, el gobierno les ha tenido que reconocer autoridad moral. Que hubo, por ejemplo, una campaña de desprestigio en contra del doctor Nava, aunque después, en vísperas de su muerte, el gobierno intentara, malamente, lavarse la conciencia de un agravio cometido, no sólo en contra del doctor Nava, sino del pueblo potosino.
Que vamos a seguir empeñados, apegados a la legalidad, en evidenciar que cuando en el mundo florece la democracia, que cuando a lo largo y ancho del mundo se están acabando los sistemas
totalitarios de partido de Estado, que todavía en México existe una actitud de un gobierno que quiere preservar un sistema de partido de Estado contrario a la voluntad democrática mundial.
Y porque el gobierno ha pretendido difundir, a lo largo y ancho del mundo, una imagen distorsionada de nuestro país, evidentemente, como lo han hecho otros partidos en el pasado, no dudaremos en acudir a organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos o de la Organización de la Naciones Unidas o a quien haya que acudir, para buscar que en México haya verdadera democracia y se conozca la verdad.
Son vendepatrias los que sirven a un gobierno extranjero. Nuestro partido siempre ha defendido la soberanía y la integridad nacional. Es un partido que respeta la legalidad interna, es un partido que defiende el patrimonio nacional. No coincidimos con el programa que prácticamente está entregando los recursos nacionales del país al extranjero. No nos viene el calificativo, en todo caso tenemos limpia la conciencia.
Si el gobierno nada tiene qué temer, si el partido oficial nada tiene qué ocultar, no tiene por qué tener miedo a la observación de los procesos electorales. Hay madurez en ellos a lo largo y ancho del mundo, pero cuando las violaciones son tan sistemáticas, tan comunes, tan primitivas en algunos casos, es evidente que el gobierno intenta acallar y ocultar lo que no le conviene.
Por todas estas razones, el Partido de la Revolución Democrática, reafirma su vocación. Defenderá los triunfos que obtenga a lo largo y ancho del país. Estamos comprometidos en demostrar y acreditar los triunfos que nos corresponden, a pesar de la enorme desigualdad de la competencia, y por eso en Michoacán el Partido de la Revolución Democrática no dará marcha atrás en buscar que su triunfo sea respetado.
Que los que hacían por regresar el tiempo de carro completo, sean desechados y que se entienda de una vez y para siempre que tenemos derecho a hacer una opción que aspire al poder.
Que el gobierno no tiene por qué buscar oposiciones adocenadas o posiciones leales o posiciones que no representen peligro para su poder. Que el gobierno tiene que respetar a todas las oposiciones y tiene qué reconocerles el triunfo en donde quiera que éste sea, y sin no, evidentemente las condiciones para el tráfico a la democracia van a ser más difíciles. Pero tarde o temprano la democracia se abrirá puertas en contra de quienes sea necesario. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, señor diputado René Bejaramo.
Tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Basave Benítez.
El diputado José Octaviano Alaniz (desde su curul): -Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: -Se concede la palabra, para rectificar hechos, al diputado Alaniz Alaniz.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz: -A todos les ruego me disculpen que por mi culpa se alargue otros segundos, por lo menos, este asunto.
Sin embargo, creo que una manera de faltarle al respeto a la sesión, a la Cámara y a esta tribuna, es venir a usar el tiempo indebidamente y con mentiras y chantajes. (Aplausos.)
El compañero diputado Bejarano, no conoce Michoacán y, a partir de ahí está mintiendo a esta honorable asistencia de diputados. Se está colocando como víctima, cuando son verdugos en el estado de Michoacán.
En más de 52 ayuntamientos municipales; 52 primero, son gobierno directo; son gobiernos municipales. En otros más son gobiernos de composición. En algunos tiene tesoreros, síndicos. Todos han agredido a la población; todos, han hecho mal uso de los recursos en sus gobiernos municipales. Existen documentos, los voy a presentar. Desafortunadamente no soy adivino. Me hubiera gustado venir con un legajo que viene de la Contraloría General de Glosa del Estado, para precisar números y lugares.
Eso es lo que debemos decir aquí, que es una de las causas por las cuales el pueblo de Michoacán, dejó de tener interés en el Partido de la Revolución Democrática. En el transcurso de la campaña, los 52 gobiernos municipales del Partido de la Revolución Democrática, se convirtieron en agresivos, pistola en mano incluso, ebrios otros; disparando al aire y disparando a las personas, trataban de impedir los eventos de los partidos y sus municipalidades.
Podíamos citar Tumbiscatiu, que con cuernos de chivo, Bejarano, presidente municipal impide los actos de partido. Así tienes otros más: Yurécuaro, y dime que no es cierto. (Aplausos.)
Existen afirmaciones de que el gobierno, tanto el de la República como el del estado, combate al cardenismo. Es una vil mentira; ahí hay hipocresía; se están escudando en algo que no practican y se ostentan como tales.
El cardenismo no lo ostentan. Cuauhtémoc Cárdenas en 1986, en 1985, negó la existencia del cardenismo, desde el estado de Michoacán, ante periodistas de órganos de circulación nacional, y en 1992, el 19 de marzo incurre en la afirmativa que ya se había dado en 1985. Entonces ahora, ¿en dónde está que siempre sí son cardenistas? ¿Por qué, por qué ese doblez? Usan el cardenismo cuando les conviene y lo niegan cuando les conviene.
En esa virtud, señores diputados, perdónenme que haya descendido en el debate, pero creo que era preciso dejar claro esto.
¿Son anticardenistas, los señores? Son los que promovieron la violencia en toda la campaña; agredieron de palabra y de obra a varios ciudadanos; la ciudadanía sabe que entraron con una mano atrás y otra adelante, cuando presidentes ahora tienen varias casas, varios carros, son gente poderosa. Por eso la gente de Michoacán ya no quiere votar por el Partido de la Revolución Democrática, señores. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Basave Benitez.
El diputado Agustín Basave Benítez: -Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Yo no creo en los partidos monolíticos. Siempre he pensado que todos los partidos políticos tienen grupos, tienen facciones y sobre todo, tienen distintas facetas; facetas que se muestran en distintas etapas, en distintos momentos.
Y dado que a esta tribuna han venido, no en esta sesión, en muchas otras, a hablar con toda libertad de mi partido, con toda laxitud, diría yo, a criticar al Partido Revolucionario Institucional, y a ponerle toda clase de adjetivos y de títulos y a darse la libertad de juzgarlo y de condenarlo, yo quisiera ahora hablar brevemente del Partido de la Revolución Democrática.
Yo quisiera decirles que así como todos los partidos, creo yo, tienen esas distintas facetas, también el Partido de la Revolución Democrática las tiene. Yo conozco por lo menos dos partidos de la Revolución Democrática.
Uno, un Partido de la Revolución Democrática que lucha por la democracia, pero que lo hace con mesura, con sensatez, con cordura, con inteligencia, y otro, un Partido de la Revolución Democrática cuyos medios son la intransigencia, el ataque, la descalificación; cuya única oferta es la antioferta, cuya propuesta política son los mítines , los plantones, las tomas de palacio, las marchas, etcétera.
Yo no creo que un partido con estas características pueda atraer por mucho tiempo al electorado. Yo creo que un partido que despierta expectativas, como las despertó este movimiento del Frente Democrático Nacional en 1988 y después el grupo la parte de este Frente Democrático que se agrupó en el Partido de la Revolución Democrática y que defrauda a quienes creyeron en él, no puede realmente mantener la afiliación de mucha gente por mucho tiempo.
Yo creo que un partido con esas características va perdiendo gradualmente fuerza, y sobre todo, fuerza electoral.
Un partido que cree en el maximialismo, en ese maximialismo que dice precisamente que la democracia es o no es, que no hay grados, pues, y que por lo tanto se escuda en ello para desdeñar cualquier avance en la democracia. Yo quisiera entonces saber en dónde, en qué país del mundo la democracia es, asumo que por decir que la democracia es plena, es cabal, es perfecta. Quiero saber en dónde.
Si la democracia no tiene grados, no tiene avances, entonces ¿dónde existe la democracia? Por un lado, eso por un lado y por lo que se refiere al maximialismo.
Pero este Partido de la Revolución Democrática del que estoy hablando, este partido al que me refiero, que defraudó a muchos, a las expectativas que despertó y éste del cual estoy hablando, cuya oferta política es la desestabilización, y que no es ajeno a la violencia, que no lo ha sido ciertamente en Michoacán, es quizás el Partido de la Revolución Democrática que predomina hoy en día. O yo me pregunto si es el otro, el primer Partido de la Revolución Democrática al que yo me referí, el que está preponderando a nivel nacional y sobre todo en Michoacán.
Yo creo que es este segundo Partido de la Revolución Democrática, uno que por cierto no necesita que lo destruyan, como aquí se dijo, porque en ocasiones parece destruirse solo, parece querer destruirse solo.
A juzgar por lo que se ha venido a decir aquí en esta tribuna, a juzgar por lo que he escuchado y creo que todos los que estamos aquí presentes hemos escuchado decir de los compañeros perredistas que han subido aquí, el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán es un partido que en las alcaldías en donde está en el poder ha hecho un "espléndido" trabajo, tiene muy "contenta" a la población. Es un partido que no ha "cansado" a sus seguidores, a los militantes, con estas propuestas de antipropuestas, de oponerse sistemáticamente a todo lo que venga del Partido Revolucionario Institucional.
A juzgar entonces por lo que aquí se ha dicho, es un partido que cuenta con la enorme "simpatía", una "simpatía creciente" de los michoacanos, porque ha hecho "muy bien" las cosas en Michoacán.
De otra manera, no me explico la confianza, la enorme confianza que han mostrado los oradores en decir que ganaron, que ganaron con un pequeño porcentaje de las actas que dicen tener en su poder.
Yo no me explico, porque para estar tan seguros de haber obtenido una victoria sin aún tener las cifras definitivas, completas, se tiene que tener una gran confianza, una gran certidumbre de que se ha hecho un magnífico trabajo.
Y yo no creo que ése sea el caso. No lo creo, sin ser Michoacán, y lo digo de antemano, sino simplemente un observador de esa sociedad, de ese estado, y por las simples pláticas que he tenido con gente de ese estado, y por simple y sencillamente seguir el devenir político allá.
Ya lo dijeron aquí algunas personas, yo no voy, ni puedo, ni quiero, entrar en detalles, pero dijeron que hay inconformidad en muchos de los municipios en poder del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán. Que la gente está cansada allá de escuchar las mismas propuestas, desestabilizadoras muchas de ellas. De escuchar los mismos anuncios de fraudes anticipados. De escuchar el mismo discurso, que a veces por cierto es doble: porque afuera se dice una cosa y adentro se dice otra.
Yo creo que si yo fuera Michoacán, ya estaría un poco cansado de escuchar lo mismo y de no obtener resultados concretos y claros.
Creo entonces que lo que debemos hacer, que lo que todos los partidos debemos hacer, todos los partidos incluyendo las facetas predominantes o la faceta predominante del Partido de la Revolución Democrática, es esperar a los resultados, analizarlos, y con las pruebas en la mano, luchar por defender los votos. Eso sí.
Pero que la opinión pública sepa de antemano cuáles son las ofertas políticas que estuvieron en juego en Michoacán y qué es lo que piensan realmente los michoacanos de cada una de estas ofertas políticas, y si es o no lógico que un partido que se ha comportado con esta actitud de rechazo constante, con estas propuestas de antipropuestas o con esta oferta de antioferta, pueda captar todavía, a estas alturas, el voto de la mayoría de los mexicanos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Gracias, señor diputado Basave Benítez.
Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: -Creo que aunque el ánimo del diputado Basave ha sido distraer la atención en lo que se refiere al tema central de discusión en este momento, puedo comenzar diciéndole que revela un profundo desconocimiento del Partido de la Revolución Democrática, que no es el tema de ahora, y que me ofrezco para entregarle un paquete de documentos básicos de mi partido, para que tenga una noción más precisa, después de la lectura de los mismos, y con todo respeto debatiremos en condiciones de información adecuada, que son las mejores condiciones en las que se puede dar un debate acerca de lo que es un partido.
Yo no creo, dice el diputado Basave, que un partido así pueda mantener las expectativas de los ciudadanos a quienes convoca para que voten por él y se convierta en gobierno, en una entidad. De ser así, el partido de Estado no hubiera tenido que gastar 32 millones de dólares, según revelaron algunas fuentes oficiales del estado de Michoacán a corresponsables extranjeros, a quienes el propio diputado Basave atendió en un hotel de la ciudad de Morelia, para estarles dando información. No hubieran tenido que gastar 32 millones de dólares, no hubieran tenido que exhibir inusitadamente la fuerza del ejército, innecesariamente y en una cantidad exagerada, en las calles de Morelia y en otros lugares; no hubieran tenido que hacer una campaña permanente de desprestigio que cuesta...
El Presidente: -Diputado Martín del Campo, ¿acepta una interpelación?
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: -Cuando termine, con todo gusto...
Que cuesta mucho dinero y que significa, como aquí han reconocido otros partidos de oposición, junto con nosotros, un despilfarro, una ostentación exagerada, que ofende a los millones de mexicanos que viven en extrema pobreza y que ven como se despilfarran sus recursos en campañas onerosas y que hacen que los votos del Partido Revolucionario Institucional sean los más caros de las elecciones modernas en el mundo; cada voto les sale muy caro, pese a que prometen que serán 700 mil, no resultan éstos y con la cantidad que obtengan, haciendo la división entre los gastos onerosos que hacen y cada votante que se demuestre que tuvieron, sabremos que son los votos más caros del mundo, en un país que requiere inversiones para otro tipo de actividades.
Yo sólo quiero reiterar: nos alegra a los miembros del Partido de la Revolución Democrática que en el caso de las elecciones de Michoacán se haya podido mostrar una vez más que todos los mecanismos que se han utilizado, mecanismos tradicionales, para apabullar a los opositores al partido oficial, han demostrado, insisto, obsolescencia. Demuestra obsolescencia el mecanismo de hacer encuestología barata o cara que habla de resultados que no se cumplen; esto sí es defraudar la expectativa que se crea, artificialmente a través de mecanismos publicitarios caros. Son obsoletas también las formas del acarreo tradicional, las formas del amago, las formas inhibitorias del voto contra los que han decidido como opción a partidos de oposición.
Creo que todos estos promotores del voto que no cumplieron con la tarea, además de que defraudaron la publicidad que se habrán hecho, habrán de recibir menos cantidad que las que les ofrecieron como pago, si cumplían con la tarea de levar a 10 ciudadanos acarreados, cada uno de los 70 mil que el encargado de la elecciones en Michoacán había prometido con lujo y despliegue publicitario.
Con serenidad hemos dicho, con toda la serenidad necesaria aquí, y nos hemos aguantado de responder a los golpes bajos, a la utilización de recursos inadecuados, que vamos a defender todos y cada uno de los votos que hayan sido emitidos para el candidato del Partido de la Revolución Democrática, en Michoacán, que es el compañero Cristóbal Arias.
Hemos dicho y reiteramos, que de acuerdo a la información de que disponemos y a la proyección de las cifras que hemos hecho, el triunfo para gobernador le corresponde al compañero Cristóbal Arias. Hemos dicho que ya se ha roto el tabú de que con amagos publicitarios puedan imponer a la gubernatura de un estado a quien quieran los del partido oficial y que no lo va a permitir la ciudadanía michoacana, y hemos dicho también que como miembros del Partido de la Revolución Democrática y defensores celosos del voto, de los michoacanos en este caso, como en cualquier otro caso, también, vamos a estar realizando todas y cada una de las acciones necesarias, dentro del marco de la legalidad constitucional de nuestro país, para que impidamos cualquier imposición; que no aceptamos razones de Estado que aducen a veces funcionarios del gobierno de todos los rangos y del partido oficial, para decir que no conviene que gobierne el Partido de la Revolución Democrática, pese a que tenga la votación mayoritaria de los ciudadanos de aquel Estado.
Los miembros del Partido de la Revolución Democrática aceptamos lo que planteó ya Cesáreo Morales en el sentido de que hay que discutir una reforma a fondo de las cuestiones electorales para que haya transparencia en el manejo de los recursos. Aceptamos el reto, para cuando sea pertinente del compañero Basave que me antecedió en el uso de la palabra para que discutamos el perfil de los partidos, para que discutamos cuál de las ofertas políticas es mejor; es falso que tengamos solo ofertas como él dice, de ser así, insisto, podrían sentarse cruzados de brazos los del Partido Revolucionario Institucional para asistir al ascenso del los gobernadores que elija la ciudadanía sin ningún tipo de imposiciones, de distorsiones y de uso dispendioso de recursos; defenderemos insisto y termino, el triunfo de nuestro compañero Cristóbal Arias en Michoacán, y ése es el tema que trajimos esta tarde a tribuna. (Aplausos.)
El Presidente: -¿La interpelación, señor diputado, la acepta?
El diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas (desde su curul): - e iba a hacer una interpelación, ahora le haré dos preguntas: una, usted dijo fuentes oficiales, yo le quisiera preguntar, ¿cuáles son sus fuentes oficiales que dieron unas cifras que usted manejó y cuáles son las fuentes oficiales? y, la otra, ¿no es extraño que después de que los organismos electorales han dado resultado de más del 70% de la elección, de que nuestro partido ya dio más del 90%, ustedes solamente están hablando del 30% de las casillas computadas?
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Sí, a la primera respondo, el reportero del New York Times que dijo que de fuentes
oficiales... sí, el reportero del New York Times dijo que de fuente oficial de una entrevista que le concedieron los del Partido Revolucionario Institucional, en un hotel de Morelia, habían hablado de un uso de recursos que traducido a dólares hablaría de 30 millones de dólares; segundo, la segunda respuesta; nosotros esta noche vamos a dar datos de más de 2 mil 500 casillas, sólo que no teníamos la totalidad de un reporte de algunos lugares de donde todavía no han llegado porque es por comunicación telefónica; además que como ustedes los del Partido Revolucionario Institucional lo saben, intentaron y bloquearon nuestros teléfonos durante varias horas del centro del cómputo e incluso fue a tratar a un delincuente ahí, que andaba y tenemos las actas, con las actas vamos a dar nuestros datos y los confrontaremos como ya dijimos, con los que tiene el Partido Revolucionario Institucional y los confrontaremos con los que tiene la Comisión Estatal Electoral.
El Presidente: -¿Acepta otra interpelación, señor diputado?
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Con todo gusto.
El diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas (desde su curul): - ¿Sabe usted que el domingo pasado, Teléfonos de México levantó una denuncia por un funcionario de ellos, un trabajador de ellos, en contra de quien resulte responsable por privación ilegal de la libertad de un trabajador de ellos por militantes del Partido de la Revolución Democrática?
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: -Yo le pediría que trajera el acta para que conste aquí, que existe esa acta, porque no puedo yo dar crédito a que existe esa acta hasta que no la traiga usted y la exhiba aquí. Bueno, he dado respuesta; gracias.
El Presidente: -Gracias, señor diputado Martín del Campo. (Aplausos.)
Tiene la palabra rectificar hechos, el diputado Fernández Tomás. Se le recuerda, señor diputado, que dispone de cinco minutos, en términos del Reglamento.
El diputado Rafael Fernández Tomás: -Con su permiso, señor Presidente:
Compañeros, somos centenares de diputadas y diputados que llevamos seis horas escuchando diversas intervenciones sobre un planteamiento inicial del Partido de la Revolución Democrática; en esas seis horas el planteamiento inicial fue de que ha habido un fraude electoral en Michoacán y que el Partido de la Revolución Democrática está dispuesto a combatirlo a como dé lugar y como dijo su propio presidente, Cuauhtémoc Cárdenas, al periódico El País, dos días antes de las elecciones: " A tomar todas las plazas y las calles en todo el país", como quedó escrito en el diario El País dos días antes de las elecciones.
Han pasado seis horas donde creo que todos nos hemos enriquecido con las intervenciones de muchos compañeros, compañeros del Partido de la Revolución Democrática, compañeros del Partido Acción Nacional, compañeros del Partido Revolucionario Institucional, compañeros nuestros quizá.
Y sin embargo, en seis horas, queridos compañeros del Partido de la Revolución Democrática, no han mostrado un solo elemento ante la Cámara de Diputados, donde demuestren que ustedes triunfaron en Michoacán... momento, momento; mire, compañero, hace rato, quien no tiene a veces argumentos, porque no es la primera vez que me lo hace a mí, se lo hacía a Basave también, quien no tiene argumentos, así reacciona, pero aquí si el Partido Revolucionario Institucional, tampoco el Partido Revolucionario Institucional ha dado información, ni el Partido de la Revolución Democrática ha dado información compañero, porque ustedes no tienen ninguna información, y si no al tiempo, ni el Partido Revolucionario Institucional ha dado información, y con mucho respeto, el Partido Acción Nacional guardó su información para el momento adecuado; pero es que en este país, en nuestro país, hay organismos oficiales que son los que llevan adelante los procesos electorales y esos organismos oficiales, como fue la asamblea estatal electora, donde ahí están ustedes representados, como lo dijo muy bien nuestro candidato a gobernador, las cifras oficiales de un organismo que ustedes avalaron y han apoyado, las cifras hablan de más de 100 mil votos, cuando estamos cerca del 90% de las actas.
El Partido Revolucionario Institucional no ha dado cifras, ni las tiene por qué dar, ni ustedes tampoco las tendrían, si no fuera porque llevan seis horas aquí diciéndonos que han ganado, que han ganado y que han ganado, y que se ha vuelto esto obsesivo, pues lo único obsesivo es el escucharlos a ustedes de que como no se les respeta el triunfo, a partir de mañana recurrirán a la resistencia civil, etcétera.
Miren compañeros, con toda honestidad, con el respeto que le tengo a muchos compañeros del Partido de la Revolución Democrática, por que como dijo Basave, hay varios partidistas de la Revolución Democrática y hay varios compañeros; en el año de 1968, en ciencias políticas en el pleno movimiento de 1968, yo dije en una reunión y lo aplico para todos nosotros, dije: "La izquierda en México no avanza porque es necrofílica, porque siempre perdemos, pero somos los buenos"; nosotros no queremos ser los buenos, a nosotros Michoacán nos dejó una gran lección al Frente Cardenista.
El partido que tenemos no está a la altura de lo que el pueblo requiere, yo pienso que debería haber una autocrítica por parte de los compañeros del partido de la Revolución Democrática, también de saber si es cierto que ha habido un proceso hacia abajo de ustedes o no lo ha habido; ése no es un problema nuestro, es un problema de ustedes.
Yo termino con dos cosas: la primera, para el compañero profesor, nada más para dar una información. En España, por lo que él señalaba, de que los partidos no podrían pasar de cierta cantidad, quiero decirle cómo se maneja ahí, porque lo conozco, se hace una encuesta, lo reconozco porque mis padres viven ahí, pues sí, se hace una encuesta antes de las elecciones, y la encuesta dice: Partido Socialista Obrero Español, 38%, y se dice Acción Popular 23%, Izquierda Unida 12% y entonces se valora el valor del voto de diputados, de senador y de presidente o de gobernador como le llamaría aquí, y...sí permítanme un minuto para terminar, lo ruego.
En eso compañero, sobre la base de las encuestas, que por cierto, perdónenme que un diario de este país los haya apuñalado a ustedes el domingo, el diario que más los protegió durante años, fue el diario que los apuñalo justamente este domingo, hay que decirlo.
Pues justamente, justamente allí lo que se hace, se hace una encuesta y se dice 48% para el Partido Socialista Obrero Español, tantos votos, tanto tiene, y con esa encuesta, se va al banco; al banco, no al estado, y el banco le da préstamo sobre esa encuesta, y al finalizar el período, el que no cumplió devuelve y el que cumplió de más se le da de más. Para mí es un mecanismo muy simple que se maneja allá.
Yo quería terminar con esto: hace rato subí a la tribuna para felicitar al compañero Jorge Moscoso y a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, y me subí porque les dije, desde mi punto, equivocado o no, pero soy un diputado también y un ciudadano de este país, les dije: para mí, hubo un ejemplo del pueblo mexicano en Chihuahua y en Michoacán. Retomemos de la lección que nos ha dado el pueblo, y felicité al Partido de la Revolución Democrática porque se había subido aquí para sentar las bases para reformar la Constitución Política del País en materia electoral, para que no pase lo que está pasando, porque aquí hay partido de Estado, porque aquí los recursos no se reparten justamente, etcétera.
Pero para poder avanzar, también le podemos decir que, del México de hace 20 años al de ahora, hay un proceso de cambio y hay una reforma.
Y finalmente quiero decirles que los campesinos me enseñaron en México que para poder tener un elote, primero tenía que barbechar, después tenía que poner la semillita y durante cuatro meses echarle agüita y solecito, que es lo que estamos haciendo todos nosotros, y a los cuatro meses sale el elote, compañero.
El Secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Esta Secretaría informa que tiene en su poder, acta levantada en la ciudad de Morelia, Michoacán, entregada por el diputado Ascensión Orihuela Bárcenas, la cual se encuentra a disposición de los señores diputados.
CONDECORACIONES.
El Presidente:- Continuando con el orden del día, consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que se lean solamente los proyectos de decreto, por los que se concede permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros y aceptar y usar condecoraciones, y se reserven para su votación económica en conjunto al final.
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se autoriza que se lean solamente los proyectos de decreto y se reserven para su votación económica en conjunto al final.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se autoriza, señor Presidente.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano doctor José María Pérez Gay, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la orden Alemán de Mérito, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor José María Pérez Gay, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Alemán de Mérito, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 3 de julio de 1992. - Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, Secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carbajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruíz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enrique Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Días, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Ruben Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruíz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unsueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zuñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El mismo Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para sus estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano capitán de fragata del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor Joaquín Montero Mortera, para aceptar y usar la Condecoración Medalla del Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano capitán de fragata del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor Joaquín Montero Mortera, para que pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla del Mérito Tamandaré, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México,
Distrito Federal, a 2 de julio de 1992. - Diputados César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruíz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuellar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruíz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
NOMBRAMIENTOS.
El secretario Josafat Arquímides García Castro:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 7 de julio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 9 de julio, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO.
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Australia, serán de carácter estrictamente consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 10 de julio de 1992. - Diputados Cesar Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, Secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruíz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna,
Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, León Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M. Juan Ramiro Robledo Ruíz Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto ... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El mismo Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 7 de julio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia, en Guadalajara con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco.
En sesión efectuado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 9 de julio, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO.
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Australia en Guadalajara con circunscripción consular en los estados de Colima Jalisco, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión . - México, Distrito Federal, a 9 de julio de 1992. - Diputado César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruíz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero,
Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruíz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 25 de junio del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gustavo Rigoberto Fermoso Almaraz, para que pueda prestar servicios como telefonista en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 30 de junio, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO.
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como telefonista, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Gustavo Rigoberto Fermoso Almaraz, para que pueda prestar sus servicios como telefonista en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 2 de julio de 1992. - Diputados César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruíz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El mismo Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 25 de junio del año en curso, la Cámara de Senadores remite expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Rosa Elba Pérez Hernández, para que pueda prestar servicios como especialista de información en el consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 30 de junio, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO.
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará serán como especialista de información, en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Rosa Elba Pérez Hernández, para que pueda prestar sus servicios como especialista de información, en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 2 de julio de 1992. - Diputado César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, Secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hedricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 6 de julio del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel López Martel, para que pueda prestar sus servicios como chofer en la oficina de Asuntos Comerciales de la embajada de Tailandia en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 30 de junio, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de su nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la embajada de Tailandia, en México, serán como chofer, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Miguel López Martel, para que pueda prestar sus servicios como chofer en la oficina de asuntos comerciales en la embajada de Tailandia en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 10 de julio de 1992. - Diputados Cesar Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, Secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruíz Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes, Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruíz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zuñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El mismo Secretario diputado:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 25 de junio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso para que puedan prestar servicios, en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California a las ciudadanas Sandra Luz Ramírez Rendón, como equipo de mantenimiento y Lorena Rosas Rodríguez, como asistente consular y al ciudadano Javier Velázquez García, como bibliotecario, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 30 de junio, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO.
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificadas de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en el consulado General de los Estados
Unidos de América, en Tijuana, Baja California y en la embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Sandra Luz Ramírez Rendón, para que pueda prestar sus servicios como equipo de mantenimiento en el consulado general de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Lorena Rosas Rodríguez, para que pueda prestar sus servicios como asistente consular, en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Javier Velázquez García para que pueda prestar sus servicios como bibliotecario en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión . - México, Distrito Federal, a 1o de julio de 1992. - Diputados César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz, Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruíz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas Y Efraín Zuñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Esta a discusión el proyecto de decreto ... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario Napoleón Gallardo Ledezma:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 25 de junio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los ciudadanos Gregorio Aróstico Vázquez como el jefe de mantenimiento, Javier Chavarría Rosas como chofer, Susana Lizardi Ens como asistente de información e Hilda del Carmen Tejeda Téllez como intérprete traductora en la embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, En México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable congreso de la Unión, el 30 de junio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO.
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la embajada del Reino Unido de
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Gregorio Aróstico Vázquez, para que pueda prestar sus servicios como jefe de mantenimiento, en la embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Javier Chavarría Rosas, para que pueda prestar sus servicios como chofer, en la embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Susana Lizardi Ens, para que prestar sus servicios como asistente de información, en la embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Hilda del Carmen Tejeda Téllez, para que pueda prestar sus servicios como intérprete traductora, en la embajada del Reino Unido de la Grana Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 2 de julio de 1992. - Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enrique Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruíz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zuñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El mismo Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 9 de julio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, Arsenio Lucio, Susana Cruz Herrera y Francisco Ruiz Romero, para que pueda prestar servicios como choferujier, ujier, ayudante en labores domésticas y chofer respectivamente, en la embajada del Reino de Bélgica, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 10 de julio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO.
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimientos;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán serán como choferujier y ayudante de labores domésticas, en la embajada del Reino de Bélgica, en México, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, para que pueda prestar sus servicios como choferujier en la embajada del Reino de Bélgica en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Arsenio Lucio, para que pueda prestar sus servicios como choferujier, en la embajada del Reino de Bélgica en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Susana Cruz Herrera, para que pueda prestar sus servicios en las labores domésticas en la embajada del Reino de Bélgica en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Francisco Ruíz Romero, para que pueda prestar sus servicios como chofer, en la embajada del Reino de Bélgica en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 13 de julio de 1992. - Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruíz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo, Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruíz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación de éste y los anteriormente reservados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados los proyectos de decreto.
Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE.
El Presidente: - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución General de la República, se va a proceder a la elección de los diputados que formarán parte, en su calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente.
Se suplica a los diputados pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.
El secretario Josafat Arquímides García Castro: - Señor Presidente, hecho el escrutinio y el cómputo de la votación, éstos dan el siguiente resultado
Cinco votos por diferente planilla, 15 abstenciones, 351 votos por la planilla integrada por los diputados: Manuel Díaz Infante, Diego Fernández de Cevallos, Raymundo Cárdenas Hernández, Alberto Carrillo Armenta, Adolfo Kunz Bolaños, Martín Tavira Urióstegui, Juan Moisés Calleja García, José Merino Castrejón, Germán Corona del Rosal, Javier Garduño Pérez, Laura Alicia Garza Galindo, María Esther Scherman Leaño, José Treviño Salinas, Jorge Uzcanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, Jorge Zermeño Infante, Alfredo Ling Altamirano y José Camilo Valenzuela.
Sustitutos: Paloma Villaseñor Vargas, Luisa Urrecha Beltrán, Jorge Moscoso Pedrero, Israel González Arreguin, Javier Colorado Pulido, Jorge Tovar Montañez, Alfonso Godínez López, José Guadarrama Márquez Jorge Mendoza Alvarez, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Guillermo Mercado Romero, José Socorro Velázquez Hernández, Melquiades Morales Flores, Eduardo Cristerna González, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas, Joaquín Martínez Gallardo, Luis Rejón Peraza, Arturo Torres del Valle y Liliana Flores Benavides.
Un total de 371 votos.
El Presidente: - En consecuencia, se declara que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LV Legislatura, los siguientes diputados: Manuel Díaz Infante, Diego Fernández de Cevallos, Raymundo Cárdenas Hernández, Alberto Carrillo Armenta, Adolfo Kunz Bolaños, Martín Tavira Urióstegui, Juan Moisés Calleja García, José Merino Castrejón, Germán Corona del Rosal, Javier Garduño Pérez, Laura Alicia Garza Galindo, María Esther Scherman Leaño, José Treviño Salinas, Jorge Uzcanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, Jorge Zermeño Infante, Alfredo Ling Altamirano y José Camilo Valenzuela.
Sustitutos: Paloma Villaseñor Vargas, Luisa Urrecha Beltrán, Jorge Moscoso Pedrero, Israel González Arreguin, Javier Colorado Pulido, Jorge Tovar Montañez, Alfonso Godínez López, José Guadarrama Márquez, Jorge Mendoza Alvarez, Juan Ramiro Robledo Ruíz, Guillermo Mercado Romero, José Socorro Velázquez Hernández, Melquiades Morales Flores, Eduardo Cristerna González, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas, Joaquín Martínez Gallardo, Luis Rejón Pereza, Arturo Torres del Valle y Liliana Flores Benavides.
La mesa directiva con fundamento en el artículo 11 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa las comisiones de Cortesía, para participar que la Cámara de Diputados cerró sus Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer año de Ejercicio de la LV Legislatura.
Al Presidente de la República los siguientes diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Fernando Ortíz Arana, Diego Fernández de Cevallos, Alberto Carrillo Armenta, Carlos Enrique Cantú Rosas, Adolfo Kunz Bolaños, Angel Aceves Saucedo, Gonzalo Altamirano Dimas, Hugo Andrés Araujo de la Torre, Daniel José Ávila Aranda, Agustín Basave Benitez, Rodolfo Becerril Straffon, María del Carmen Bolado del Real, Juan Luis Calderón Hinojosa, Eloy Cantú Segovia, José Castillo Mota, Manuel Díaz Infante, Yolando Elizondo Maltos, Jorge Esparza Carlos, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Luis Fernández Vega, Javier Garduño Pérez, Israel González Arreguín, José Antonio González Curi, José Antonio González Fernández, Luis González Pintor, José de Jesús González Reyes, Benjamín González Roaro, Fauzi Hamdan Amad, Manuel Jiménez Guzmán, Julio López Valenzuela, Fernando Lugo Hernández, Alfredo Lujambio Rafols, Cesáreo Morales García, Samuel Moreno Santillán, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Fernando Ordorica Pérez, Victor Orduña Muñoz, Irma Piñeiro Arias, José de Jesús Puga Tovar, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Miguel Angel Saenz Garza, María Guadalupe Salinas Águila, Francisco Salinas Aguilar, César Augusto Santiago Ramírez, Manuel Terrazas Guerrero, José Treviño Salinas, José Antonio Valdivia, Salvador Valencia Carmona y Efraín Zuñiga Galeana.
A la Suprema Corte de Justicia ha sido designados los siguientes diputados: Diego Heriberto Zavala Pérez, Ana Teresa Aranda Orozco, Luis Felipe Bravo Mena, Francisco Dorantes Gutiérrez, Silvestre Fernández Barajas, Jorge Flores Solano, Victor Gandarilla Carrasco, Francisco Garate Chapa, Carlos González Durán, María Cristina Hermosillo Ramírez, Alejandro Jáuregui Robles, Francisco Laris Iturbide, Jesús Madrazo Martínez Escobar, Victor Manuel Martínez Fourcans, Joaquín Martínez Gallardo, Julieta Mendívil Blanco, Jaime Muñoz Domínguez, Felipe Muñoz Kapamas, Francisco Pauli Bolio, Alberto Rébora González, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Jaime Rodríguez Calderón, José
Ruiz de la Herrán, José de Jesús Berrospe Díaz, Abundio Ramírez Vázquez y Demetrio Santiago Torres.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera Se va a dar lugar al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de sesiones Ordinarias.- Primer año.- LV Legislatura.
Orden del día.
15 de julio de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Intervenciones en nombre de las fracciones parlamentarias que integran la Cámara de Diputados.
Declaratoria de Clausura de Labores de la honorable Cámara de Diputados del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de la LV Legislatura.»
El Presidente (a las 19.35 horas): - Se levanta la sesión y se cita para mañana miércoles, 15 de julio a las 10.00 horas a sesión de Cámara de Diputados y a las 13.00 horas, sesión de Congreso General.
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Director: Héctor de Antuñano y Lora; Subdirectora: Luz María Pineda Ramírez; Corrección: Nelson Arturo Ceballos Lizama; Formación: José Olalde Montes de Oca, Oscar Orozco López.- Jefa del Departamento de Taquigrafía Parlamentaria: María de los Ángeles Neuman.- Impreso en los Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Director: Antonio Rodríguez Zarco.- Registrado en la Dirección General de Correos el 21 de septiembre de 1921.- Oficinas de la Dirección del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión: Palacio Legislativo: Avenida Congreso de la Unión s/n, C.P. 15969, Edificio H, tercer piso; Teléfonos: 542- 22- 20 y 795- 40- 58