Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930127 - Número de Diario 6
(L55A2PcpN006F19930127.xml)Núm. Diario: 6ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputado Fernando Ortiz Arana
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D. F., miércoles 27 de enero de 1993 No. 6
SUMARIO
ASISTENCIA .....
APERTURA .....
ORDEN DEL DÍA .....
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR .....
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL
Toma la palabra el asambleísta Nicolás Lima, para informar de la conclusión del primer período ordinario del segundo año de ejercicio .....
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico del CLXXIX aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros y Orive. Se designa comisión .....
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Chiapas. De enterado .....
Del Congreso del Estado de Hidalgo. De enterado .....
Del senador Manuel Cavazos Lerma, por el que informa que opta por desempañar el cargo de gobernador del Estado de Tamaulipas. De enterado, se comunica a la Cámara de Senadores .....
Del Banco de México, por la que informa haber tomado nota de las recomendaciones que hizo la Comisión Permanente. De enterado .....
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional a fin de realizar una visita de Estado de la República de Nicaragua y asistir a la Reunión Cumbre del Grupo de los Tres y Centroamérica, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Se turna a la Primera Comisión .....
Por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nombró al ciudadano Fausto Zapata Loredo, Cónsul General de México en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión .....
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Kumate Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Guatemala. Se turna a la Primera Comisión .....
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Pablo Villeras Tapie y Alfonso Ortiz Reséndiz, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Primera Comisión .....
Por el que informa que los ciudadanos María Josefina Treviño Bazán, Hugo Miguel Sato Salomón y Héctor Manuel Urena López, han dejado de prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez Chihuahua. Se turnan a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores .....
Con los que remiten las hojas de servicios de igual número de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión .....
SOLICITUD DE PARTICULAR
Del ciudadano Francisco Aguirre Fuentes, por el que solicita el permiso constitucional necesario para poder aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Francia. Se turna a la Primera Comisión .....
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar, como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Asamblea dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato .....
Debaten los legisladores:
Amador Rodríguez Lozano, en pro .....
Juan de Dios Castro Lozano, para fundamentar el criterio de su Partido .....
Juan de Dios Castro Lozano, para fundamentar el criterio de su partido .....
Alberto Carrillo Armenta, en pro. .....
Miguel Angel León Corrales, para fundamentar el criterio de su Partido. .....
Carlos Enrique Cantú Rosas, en pro. .....
Se aprueba. Pasa al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. .....
Protesta de Ley .....
De la segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el grado de militar al ciudadano Sergio Alejandro Escobar Juan .....
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Andrés Rosental y Gutman, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Francia .....
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas María Elena Moedano Alvarez y María Paula Ronquillo Silva, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de ese país en ciudad Juárez chihuahua. Son de primera lectura .....
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alfredo del Mazo González, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de España .....
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Di Constanzo Zaragoza, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia en Tampico, con jurisdicción en el Estado de Tamaulipas .....
Se aprueban y pasan al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales .....
LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Respecto de la convocatoria del concurso para la elaboración de dichos libros, se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Juan Gualberto Campos Vega, presenta una proposición .....
Orlando Arvizu Lara .....
Miguel Angel León Corrales .....
Carlos Enrique Cantú Rosas .....
Juan Luis Calderón Hinojosa .....
Juan Gualberto Campos Vega, para rectificar hechos. .....
Manuel Díaz Infante .....
Miguel Angel León Corrales, para rectificar hechos. .....
Manuel Díaz Infante, para rectificar hechos. .....
Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. .....
SOLICITUD DE EXCITATIVA
Dirigida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados, presentadas por el diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar. .....
Toman la palabra al respecto los legisladores:
Juan Gualberto Campos Vega, para rectificar hechos. .....
José Antonio González Fernández, para rectificar hechos. .....
El Presidente formula la excitativa. .....
DECLARACIONES DE LA REVISTA NEWS WEEK
Se concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, para reprobar las declaraciones que ese medio de información atribuye al senador Porfirio Muñoz Ledo. .....
Para expresar sus opiniones al respecto, toman la palabra los legisladores:
Jorge Alfonso Calderón Salazar .....
Diego Fernández de Cevallos Ramos .....
Roberto Robles Garnica .....
Diego Fernández de Cevallos Ramos .....
Jorge Alfonso Calderón Salazar .....
Diego Fernández de Cevallos Ramos .....
Miguel Angel León Corrales .....
Diego Fernández de Cevallos Ramos .....
Miguel Angel León Corrales .....
Juan de Dios Castro Lozano .....
Rodolfo Becerril Straffon .....
Jorge Alfonso Calderón Salazar .....
Diego Fernández de Cevallos Ramos .....
Carlos Sales Gutiérrez .....
Juan Gaulberto Campos Vega .....
Rodolfo Becerril Straffon .....
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A INDÍGENAS
Proposición presentada por el diputado Efraín Zúñiga Galeana. Se turna a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos. .....
ESPIONAJE
Sobre los supuestos actos de espionaje realizados en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio toman la palabra los legisladores:
Jorge Lepe García .....
Alberto Carrillo Armenta .....
Víctor Orduña Muñoz .....
Carlos Enrique Cantú Rosas .....
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Para denunciar hechos respecto a la Escuela Superior de Economía, hacen uso de la palabra los legisladores:
Carlos Enrique Cantú Rosas .....
Rodolfo Becerril Straffon .....
Juan Gaulberto Campos Vega .....
Carlos Cantú Rosas, para rectificar hechos. .....
Efraín Zúñiga Galeana .....
Carlos Enrique Cantú Rosas .....
Se turnan los documentos a la Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados. .....
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión. .....
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO ORTIZ ARANA
ASISTENCIA
El Presidente:- Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los legisladores miembros de la Comisión Permanente.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:- Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 33 representantes, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11.30 horas):- Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
«Comisión Permanente.- Primer Receso. -
Segundo Año. -LV Legislatura.
Orden del día
27 de enero de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Invitación del Departamento del Distrito Federal, a la ceremonia cívica que con motivo del CLXXIX aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros y Orive, tendrá lugar el próximo 3 de febrero a las 11.00 horas, en el Altar de los Defensores de la Patria, Hemiciclo a los Niños Héroes del viejo bosque de Chapultepec.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Chiapas e Hidalgo.
Comunicaciones de ciudadanos legisladores.
Comunicación del Banco de México.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite la solicitud de permiso del ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional los días 11 y 12 de febrero de 1993, a fin de que realice una visita de Estado a la República de Nicaragua y asista a la Reunión Cumbre del Grupo de los Tres y Centroamérica, en la ciudad de Caracas, República de Venezuela.
Por el que se comunica que el Presidente de la República, nombró al ciudadano Fausto Zapata Loredo, cónsul general de México en New York.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano doctor Jesús Kumate Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden "Rodolfo Robles" que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Pablo Villers Tapie y Alfonso Ortiz Resendiz, pueda prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Por el que se comunica que los ciudadanos María Josefina Treviño Bazán, Hugo Miguel Sato Salmón y Héctor M. Urena López, han dejado de prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Cuatro con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Mario Blancas Sánchez, Antonio López Portillo Leal, Juan Heriberto Salinas Altes y Antonio Serrano Herrera, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicitud de Particular
Del ciudadano licenciado Francisco Aguirre Fuentes, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Dictámenes de Primera Lectura
De la segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar, como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, por el que se ratifica el grado militar al ciudadano Sergio Alejandro Escobar Juan.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Andrés Rozental y Gutman, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Oficial; que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas María Elena Moedano Alvarez y María Paul Ronquillo Silva, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Dictámenes a Discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Alfredo del Mazo González, para aceptar y usar la condecoración de la orden de Isabel la Católica, en Grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno de España.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Di Costanzo Zaragoza, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia, en Tampico, con jurisdicción en el Estado de Tamaulipas.
Comentarios del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la convocatoria del concurso para la elaboración de los libros de Texto Gratuito.
Excitativa que formula el diputado Jorge Calderón Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Intervención de la diputada Blanca Ruth Esponda Espinoza del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer referencia a declaraciones sobre el Tratado del Libre Comercio.
Intervención del diputado Efraín Zúñiga Galeana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respecto a la revisión de Procesos Penales a Indígenas.
Intervención del diputado Jorge Lepe García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, condenando supuestos actos de espionaje.
Intervención del diputado Miguel Angel León Corrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre los sucesos registrados en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional".
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:- Se va a dar lectura al acta de sesión anterior.
«Acta de la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veinte de enero de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado
Fernando Ortiz Arana.
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta y nueve minutos del veinte de enero de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de veintiocho legisladores, el Presidente declara abierta la sesión e informa que asisten los legisladores Juan Campos Vega, en sustitución de Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; Miguel Murillo Aispuru, en sustitución de Amador Rodríguez Lozano; Guillermo Flores Velasco, en sustitución de Jorge Calderón Salazar; Carlos González Durán, en sustitución de Miguel León Corrales y Adrián del Arenal Pérez, en sustitución de Víctor Orduña Muñoz.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
En virtud de la solicitud de licencia que presentó el diputado César Augusto Santiago Ramírez, se lleva a cabo la elección de nuevo vicepresidente de la Comisión Permanente, y la Asamblea, en votación por cédulas, elige por veintiocho votos al diputado José Antonio González Fernández, quien toma posesión de su nuevo cargo de inmediato.
Se da cuenta con una proposición de la Presidencia, en relación con la integración de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, misma que en votación económica se aprueba.
Se da cuenta con diversos oficios de la Secretaría de Gobernación, por lo que: remite copia certificada de las enmiendas al Tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina, a las que se refiere la resolución doscientos noventa, fracción séptima del Opanal,
adoptadas en la ciudad de México, Distrito Federal, el veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y dos, acompañado de un memorándum de antecedentes. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores: por el que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, en uso de la facultad que le concede el artículo décimo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, nombró al ciudadano Jorge Madrazo Cuéllar, como Presidente de dicho organismo. Se turna a la primera comisión;
por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas María Elena Moedano Alvarez y María Paula Ronquillo de Guerrero, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente; se turna a la primera comisión;
y por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Andrés Rozental y Gutman, pueda aceptar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Francia. Se turna a la primera comisión.
La Secretaría da lectura a un dictamen de la segunda comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Sandra Fuentes-Beráin Villenave, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el Gobierno de Canadá. La Asamblea dispensa la segunda lectura y en votación económica se aprueba. Pasan el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa que la ciudadana Fuentes-Beráin Villenave, se encuentra a las puertas del salón y designa a una comisión para que la introduzca y la acompañe en el acto de rendir su protesta de Ley. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña a la embajadora de México, hasta las puertas del recinto.
Se da primera lectura a dos dictámenes de la primera comisión, con proyecto de decreto por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Alfredo del Mazo González, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de España y el ciudadano Juan di Costanzo Zaragoza, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia, en, Tampico, Tamaulipas con jurisdicción en esa entidad federativa.
Se da cuenta con cinco dictámenes de la primera comisión, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Miguel Otto Schawarts Marx, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel en Monterrey, Nuevo León, con jurisdicción en esa entidad federativa;
para que Alberto Elizondo Treviño, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile en Monterrey, Nuevo León, con jurisdicción consular en ese Estado y en los de Coahuila y Tamaulipas;
para que el ciudadano Carlos Gil Ortiz, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile, en Veracruz, Veracruz;
para que la ciudadana Santa Mónica Urrea Enríquez, pueda prestar sus servicios en el departamento de Agricultura del Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora y
para que María Estela Galindo Navarro, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en sendas votaciones económicas se aprueban y pasan al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a un pronunciamiento firmado por todos los grupos parlamentarios, en relación con los acontecimientos del Golfo Pérsico.
Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los legisladores Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia del diputado José Antonio
González Fernández
y Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se da por formulada la declaración.
Presidencia del diputado Fernando Ortiz
Arana
Para referirse al registro de asociaciones religiosas, hacen uso de la palabra a los legisladores
Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, quien hace una proposición; José Antonio González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, para ratificar hechos y Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional en el mismo sentido. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Solicita y se concede el uso de la palabra al senador Gustavo Salinas Iñiguez, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un pronunciamiento político respecto a la detención indiscriminada de mexicanos en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, por autoridades de migración de aquel país. Se tiene por formulado el pronunciamiento y se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien expresa su opinión al respecto.
Para referirse a los acontecimientos en Zitácuaro, Michoacán, hacen uso de la palabra los legisladores Roberto Robles Garnica, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional; Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y presentar un documento; Fernando Lerdo de Tejada del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y, en el mismo sentido, Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente ordena que el documento presentado se incorpore al apéndice de la sesión.
Se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Murillo Aispuru, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un pronunciamiento político firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente, en relación con los hechos en los que estuvieron involucrados traficantes de drogas en Culiacán, Sinaloa. Se tiene por formulado.
Para presentar una declaración política, respecto de los hechos políticos que se realizaron en Telixtlahuaca, Oaxaca, hace uso de la palabra el diputado Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional y, para expresar su opinión al respecto, el diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores Ernesto Luque Feregrino, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista y Jorge Lepe García, del Partido Revolucionario Institucional, quienes se refieren al registro de tres nuevos partidos políticos nacionales.
Para comentar la situación poselectoral en el Estado de Puebla, hacen uso de la palabra los legisladores Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática; Germán Sierra Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Germán Sierra Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, en el mismo sentido.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cuarenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veintisiete de enero de mil novecientos noventa y dos a las once horas."
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobada, señor Presidente.
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES
DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente:- Gracias, señor Secretario.
Señoras y señores legisladores: se encuentra a las puertas de este recinto, una comisión de representantes de la Segunda Asamblea del Distrito Federal. Esta Presidencia designa para introducirlos a este recinto, a los señores legisladores: Manuel Díaz Infante y Jorge Calderón Salazar.
Se ruega cumplan con su cometido.
El Presidente:- Se concede la palabra al asambleísta Nicolás Blancas Lima. se le ruega pase a la tribuna.
El asambleísta Nicolás Blancas Lima:- Con su permiso, señor Presidente, honorables miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión:
A nombre de la representación popular que conforma la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal, agradezco la diferencia de su atención al recibir a esta comisión plural de cortesía, la que por mi conducto se permite comunicar a este honorable Congreso, que con fecha 15 de enero del año en curso, se dio por concluido el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de su ejercicio, período que se desarrolló dentro de un marco plural, de respeto al pensamiento ideológico y de diálogo, por alcanzar las más viables soluciones a la problemática que aqueja a la ciudadanía.
Atendiendo al universo del contenido temático propuesto por las comisiones para el período, se cumplió con el desahogo del mismo en 20 Sesiones ordinarias, lográndose avanzar en su solución, destacando asuntos de interés prioritario como; ecología, seguridad pública, educación, transporte, uso del suelo, vivienda, comercio ambulante, servicios urbanos, transporte y vía pública.
Asimismo, este cuerpo colegiado, en atención a las facultades que le otorga el artículo 73, fracción VI, base III, inciso j, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 16 de su propia Ley, envió a esta representación legislativa, la iniciativa de Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Iniciativa que encontró aceptación y respuesta favorable por ustedes, señores legisladores, hecho que indudablemente redundará en beneficio de la comunidad de nuestra ciudad capital; por ello, nuestro reconocimiento.
Importante también el punto de acuerdo enviado a esta representación nacional en favor de la derogación del decreto de 1948 sobre rentas congeladas, mediante el cual creemos no sólo habrá de solucionarse parte del problema en el área del centro histórico, sino que estimulará de manera decidida a los particulares en favor de la política de construcción de viviendas, conservación de edificios históricos y reacondicionamiento de vecindades, vestigios de nuestra historia.
A este primer período, le caracterizó también el hecho de haberse aplicado una nueva estrategia en la comparecencia de nueve delegados políticos, lo que permitió que en sus informes hubiese mayores elementos de juicio para conocer y evaluar las acciones realizadas, así como también saber de los programas que se aplicarán para el año de 1993, teniéndose a la vez la oportunidad de concertar compromisos en el corto y mediano plazo para la solución de problemas.
Seguros de que nos une un sólo propósito: servir con entereza y lealtad a nuestros representados, reciban ustedes el saludo afectuoso de Juan José Osorio Palacios, Presidente de la Comisión de Gobierno, y de los 65 representantes que de manera plural integramos la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Es cuanto.
El Presidente:- Gracias, señor asambleísta. Esta Comisión Permanente queda enterada de la conclusión de un período más de trabajo de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Retornamos el saludo a los señores asambleístas y formulamos nuestros propósitos para el mejor éxito de sus trabajos.
Rogamos a la comisión designada se sirva acompañar a los señores asambleístas cuando deseen retirarse de este recinto.
Continúe la Secretaría con los demás asuntos en cartera.
INVITACIÓN
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado licenciado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXIX aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros y Orive, que tendrá lugar en el altar a los Defensores de la Patria, hemiciclo a los Niños Héroes del viejo bosque de Chapultepec, el día miércoles 3 de febrero a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente:- Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: diputado Jorge Lepe García y senador Jorge Vega Camacho.
COMUNICACIONES
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:- Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo.- Estado Libre y Soberano de Chiapas.- Honorable Congreso.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
La honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 39 de la Constitución Política Local. Designó como Gobernador Interino del Estado de Chiapas, al ciudadano Elmar Harald Setzer Marseille.
A partir de esta fecha, y por el tiempo que dure la licencia que fue conferida el día de hoy, al ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, licenciado José Patrocinio González Garrido.
Lo cual comunicamos a ustedes para los efectos procedentes, reinterándoles la seguridad de nuestra muy atenta y distinguida consideración.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 4 de enero de 1993.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Juan José Rueda Aguilar, diputado Presidente; Contador Público Francisco de Jesús Zepeda Bermúdez, diputado secretario."
De enterado.
«Escudo del Congreso del Estado de Hidalgo.- Oficialía Mayor.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
Con toda atención, me permito el honor de comunicar a usted(es) que la Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado, en Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, clausuró los trabajos del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional; y a la vez dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la Entidad y 128 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eligiendo a los miembros que integran la Comisión Permanente, que fungirá durante el receso que comprende del 1o. de enero al 31 de marzo de 1993, habiendo resultado electos los ciudadanos: Presidente, diputado Francisco Olvera Ruiz; vicepresidente, diputado Romeo Pérez Martínez; secretario propietario, diputado Paulino Chávez Martínez; secretario propietario, diputado Arturo Godínez Hernández; secretario propietario, diputado Jaime Medina Medina;' secretario suplente, diputada María Guadalupe Silva de Paz; secretario suplente, diputado Jesús Priego Calva.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarle(s) las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Pachuca, Hidalgo, 29 de diciembre de 1992.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor del honorable Congreso Constitucional, licenciado Rodolfo Miranda Enríquez."
De enterado.
«Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Muy distinguidos señores legisladores: El pasado 20 de julio de 1992, ese honorable cuerpo colegiado tuvo a bien aprobar la licencia que solicité para separarme temporalmente de mi encargo como senador de la República y atender a los compromisos políticos derivados de mi postulación a la gubernatura del Estado de Tamaulipas.
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Tamaulipas, con fecha 30 de Noviembre de 1992, expidió el decreto número 352, debidamente publicado en el periódico oficial del Estado el día 2 de diciembre del año próximo pasado, por medio del cual se declaran válidas las selecciones celebradas el día 8 de noviembre de 1992 y me declaran Gobernador electo. Para el ejercicio de este cargo, los artículos 80 y 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, señala que el próximo 5 de febrero deberé rendir protesta ante el honorable Congreso Local.
En tal virtud, con fundamento en el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comunico a ustedes muy atentamente, para los efectos procedentes, mi decisión por desempeñar el cargo de Gobernador del Estado de Tamaulipas.
Hago propicia la oportunidad para reiterarles mi más alta y distinguida consideración.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 22 de enero de 1993.
Atentamente.
Manuel Cavazos Lerma.»
El Presidente:- Señor Secretario, en este caso comuníquese a la Cámara de Senadores y esta Comisión Permanente queda enterada de cómo ha optado el señor senador Lerma.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon.
«Dirección General
Señor diputado licenciado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. -Presente.
Se hace referencia a la declaración política suscrita por los partidos políticos representados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la cual formulan diversas sugerencias a las autoridades hacendarias y de comercio en relación con la adopción del nuevo peso.
Sobre el particular, este instituto central, entidad que preside el grupo de trabajo encargado de coordinar las medidas relacionadas con la adecuada implantación de la nueva unidad monetaria, informa a usted que hemos tomado nota de las recomendaciones formuladas por ese órgano y se han llevado a cabo las acciones propuestas en el citado documento.
México, Distrito Federal, a 19 de enero de 1993.
Atentamente.
Miguel Mancera, Banco de México."
De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
SOLICITUD DE PERMISO PRESIDENCIAL
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:- Se va a dar lectura a varios oficios de la Secretaría de Gobernación.
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente Iniciativa de Decreto por el que se concede permiso al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio Nacional los días 11 y 12 de febrero de 1993, a fin de que realice una visita de Estado a la República de Nicaragua y asista a la Reunión cumbre del Grupo de los Tres y Centroamérica, en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 26 de enero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido."
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Un objetivo principal de la política exterior del país es la diversificación de sus relaciones. América Latina es parte fundamental de esta estrategia. Por ello, hemos fortalecido a nuestras relaciones bilaterales con los países de la región y nuestra presencia en los foros multilaterales regionales, todo ello aprovechando los profundos lazos que nos unen por compartir historia, lengua y tradiciones. Este esfuerzo continuó nos ha permitido impulsar un acercamiento más intenso y efectivo con América Latina, mantener y elevar el diálogo político basado en el respeto mutuo y ampliar la cooperación entre nuestro pueblos.
Acorde con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, está en el interés nacional seguir avanzando en la construcción de acuerdos bien sustentados y realistas en las naciones hermanas de América Latina, que promueven un contexto favorable a los esfuerzos que México lleva a cabo en favor de
la modernización de su desarrollo. Ello ha significado una mayor participación de México en las instancias subregionales de integración en América Latina, como son los países Centroamericanos y también con Colombia y Venezuela, el llamado Grupo de los Tres.
Centroamérica es un área de especial importancia no sólo por la vecindad geográfica, sino también porque es de interés para México que esa región alcance mayor estabilidad y mejores niveles de desarrollo. Mucho han avanzado las naciones Centroamericanas en promover la paz y la armonía en la región. En este proceso México ha participado con respeto y a solicitud de estas naciones hermanas también hemos promovido iniciativas bilaterales para el elevar el intercambio con cada uno de estos países. En particular, con Nicaragua, nos unen lazos muy estrechos de amistad y cooperación. tenemos amplias coincidencias en posiciones ante organismos multilaterales, y una amplia agenda bilateral en temas financieros, comerciales y de intercambio técnico y cultural. Una visita a esta nación nos permitirá evaluar y avanzar en los más de 100 programas de cooperación, en los propósitos de mayor estabilidad para la región y en fortalecer nuestra presencia en Centroamérica y responder así a la visita nos ha hecho ya su presidente.
Adicionalmente hemos obtenido logros sustanciales en la profundización de nuestras relaciones con Colombia y Venezuela y, ahora, es importante reforzarlas para avanzar hacia acuerdos comerciales y en otras áreas de intercambio en beneficio de las tres naciones. También es conveniente promover la coordinación de acciones del Grupo de los Tres con Centroamérica, y elevar así la eficacia de la cooperación.
Por ello, he considerado conveniente aceptar, si así lo aprueba la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la invitación que me ha formulado la señora Violeta Barrios viuda de Chamorro, Presidente de Nicaragua para visitar su país el día 11 de febrero.
Asimismo, he aceptado la invitación del Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, para asistir a la Cumbre del Grupo de los Tres, junto con los presidentes de las naciones centroamericanas, si así lo aprueba la Comisión Permanente. Dicha reunión se realizará en Caracas Venezuela, los días 11 y 12 de febrero del presenta año.
La reunión cumbre a la que asistiría representa un acontecimiento histórico. Se trata de la primera ocasión en que se reúnen los mandatarios de todos estos países con el fin de evaluar los trabajos para una mayor integración económica y cooperación. Esto es posible sobre la base de los compromisos acordados en la Cumbre de Tuxtla Gutiérrez, celebrada en los días 10 y 11 de enero de 1991, en la que participamos los mandatarios de México, de Centroamérica y los cancilleres de Colombia y Venezuela.
En febrero de 1989, en el marco del diálogo de San José V, en San Pedro Sula, Honduras, los secretarios de Relaciones Exteriores de Colombia, México y Venezuela anunciaron la creación del Grupo de los Tres. Desde un principio, sus actividades se han abocado a dos vertientes principales: por un lado, la concreción de acuerdos de cooperación e integración a un nivel estrictamente trilateral y, por el otro, la cooperación de los tres países hacia Centroamérica y el Caribe.
En lo que se refiere a la cooperación trilateral, los presidentes de Colombia, Venezuela y México hemos dispuesto el establecimiento de 13 grupos de alto nivel en los siguientes campos de actividad: ciencia y tecnología; comercio; cooperación con Centroamérica y el Caribe; cultura; energía; finanzas; medio ambiente; pesca y acuacultura; telecomunicaciones; transportes aéreo; marítimo terrestre y turismo. Los trabajos de estos grupos han sido significativos en el desenvolvimiento de las relaciones de los tres países con estos campos.
El grupo de los tres ha desempeñado, también, un importante papel como instancia de concertación política del más alto nivel, tal y como quedo evidenciado durante la reunión que se efectuó en Cozumel en octubre de 1991. Asimismo, el Grupo de los Tres ha avanzado substancialmente en las negociaciones de un Acuerdo de Complementación Económica entre sus miembros, que deberá quedar concluido en el presente año.
La cooperación con Centroamérica y el Caribe, ha sido un tema de gran peso en las acciones del Grupo de los Tres. Es factible, además, dar pasos firmas hacia la formación de un espacio ampliado de libre comercio e inversión entre los países del Grupo de los Tres y la región centroamericana. De ahí, también, la importancia de la presencia del Presidente de la República en la reunión de Caracas con los mandatarios de los países centroamericanos.
Por lo anterior expuesto y con fundamento de los artículo 71 fracción I y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a la elevada consideración de esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos secretarios, la siguiente iniciativa de
DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional los días 11 y 12 de febrero de 1993 a fin de que se realice una visita de Estado a Nicaragua y asista a la Reunión Cumbre del Grupo de los Tres y Centroamérica, en la ciudad de Caracas, República de Venezuela.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, la seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Palacio Nacional, a 26 de enero de 1993.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.- Carlos Salinas de Gortari."
Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
NOMBRAMIENTO
EL secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones, Exteriores dirigió a esta de Gobernación con fecha 22 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se menciona:
"En uso de las facultades que se le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Fausto Zapata Loredo, como Cónsul General de México en Nueva York. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envió adjunto los datos biográficos del interesado."
"Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 26 de enero de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido."
Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
CONDECORACIÓN
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación, con fecha 20 del presente:
"El ciudadano doctor Jesús Kumate Rodríguez, titular de la Secretaría de Salud, solicita se tramite ante la Comisión Permanente, el permiso que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden "Rodolfo Robles" que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala. Para tal efecto y a fin de que se le integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 21 de enero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido."
Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaria de Relaciones Exteriores dirigió a esta Gobernación, con fecha 12 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que mencionan a continuación puedan prestar sus servicios dentro del territorio nacional al Gobierno de Estados Unidos de América. Para tal efecto, se anexan los originales de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que se solicita se realicen los trámites correspondientes. Nombre, puesto, lugar de trabajo; Pablo Villers Tapie, auxiliar contable, Embajada de Estados Unidos de América; Alfonso Ortiz Reséndiz, empleado de intendencia, Embajada de Estados Unidos de América.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 21 de enero de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 19 del presente, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta Gobernación, lo siguiente:
"Para su conocimiento y efectos a que haya lugar, las personas que se mencionan a continuación se dirigieron a esta Secretaría para informar que han dejado de prestar sus servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México. Anexo encontrará las cartas de los interesados. Nombre, puesto, lugar de trabajo; María Josefina Treviño Bazan, Empleada Consular, Consulado General en ciudad Juárez, Chihuahua; Hugo Miguel Sato Salmón, empleado consular, Consulado general en ciudad Juárez, Chihuahua; Héctor M. Urena López, empleado consular, Consulado general en ciudad Juárez, Chihuahua.
Las personas mencionadas solicitan la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en ese Gobierno."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 21 de enero de 1993.- El Secretario, Patrocinio González Blanco Garrido."
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores, para su conocimiento.
RATIFICACIÓN DE GRADOS
MILITARES Y AÉREOS
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 11 del presente, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta Dependencia del Ejecutivo manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de división piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo Mario Blancas Sánchez (403476), que en diecinueve fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 14 de enero de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido."
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se a dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 8 del presente, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de división Diplomado de Estado Mayor Antonio López Portillo Leal (412148), que en diecinueve fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento a fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 14 de enero de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido."
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a esta de Gobernación, con fecha 7 del presente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de división Diplomado de Estado Mayor Juan Heriberto Salinas Altes (490399), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 14 de enero de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido."
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
El oficio fechado el 11 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Antonio Serrano Herrera (481237), que en dieciséis fojas útiles de adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 14 de enero de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido."
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
SOLICITUD DE PARTICULAR
CONDECORACIÓN
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México. D.F.- Presente.
Francisco Aguirre Fuentes, mexicano, mayor de edad, licenciado en derecho, con domicilio en la casa marcada con el número 245 de la calle doctor Gonzálo Valdés Galindo, colonia Doctores de la ciudad de Saltillo, Coahuila, de la manera más atenta y respetuosa:
EXPONGO
Que mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 1992, el señor Paul Dijoud, embajador de la República Francesa en nuestro país, me comunicó que mediante decreto de fecha 15 de julio de 1992, el primer ministro de Francia me ha conferido la Condecoración de "Caballero en la Orden de las Palmas Académicas", comunicación de la cual anexo una copia fotostática certificada por notario público, así como la traducción respectiva, elaborada por el director de la Alianza Franco-Mexicana de Saltillo, A. C.
En virtud de lo antes expuesto, respetuosamente:
SOLICITO
Único. Que se me conceda autorización para aceptar y usar la Condecoración de "Caballero en la Orden de las Palmas Académicas", que me otorga el Gobierno francés, sin perder por ello mi ciudadanía mexicana, en los términos establecidos por el artículo 37, apartado B, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Protesto lo necesario.
Licenciado Francisco Aguirre Fuentes."
Túrnese a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
NOMBRAMIENTO
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia.
Honorable Asamblea. En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión del 20 de enero del año en curso, se turnó a la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia, el expediente integrado con motivo del nombramiento que hizo el titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar, como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
A partir del turno mencionado y de un exhaustivo análisis del expediente señalado, con fundamento en los artículos 79 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; 107 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88, y 175 del Reglamento para su Gobierno Interior; así como del artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
DICTAMEN
I. FUNDAMENTO LEGAL
Conforme al artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, corresponde al Presidente de la República hacer el nombramiento del presidente de dicha Comisión Nacional, y someterlo a la aprobación de la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, como es el caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
II. ANTECEDENTES
Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, que adicionó con un apartado b, el artículo 102 constitucional, se confirieron atribuciones al honorable Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados, para establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, organismos de protección de los Derechos Humanos que otorga el orden jurídico mexicano.
En cumplimiento de dicha atribución, durante el Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LV Legislatura, se aprobó la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de junio del año próximo pasado.
Con base en la atribución que le otorga el artículo 10 de la Ley de referencia y en cumplimiento de su artículo octavo transitorio, el Presidente de la República nombró al señor doctor Jorge Carpizo Mac Gregor como Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nombramiento que aprobó la Cámara de Senadores en sesión del 8 de julio de 1992.
Con fecha 4 de enero de 1993, el Presidente de la República, tuvo a bien designar al doctor Jorge Carpizo Mac Gregor procurador general de la República, por lo que presentó su renuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, asumiendo la Presidente de la Comisión de manera provisional, precisamente el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, para cuya aprobación, de ser el caso, se elabora este dictamen.
En uso nuevamente de la facultad que el artículo 10 de la multicitada Ley le confiere al Presidente de la República, designó el día 19 de enero del año en curso al señor licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar como Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sujeto a la aprobación de esta Comisión Permanente, por estar en receso la Cámara de Senadores.
III. REQUISITOS LEGALES
En el artículo noveno de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se establecen los requisitos formales que debe satisfacer el Presidente de dicha institución. Dichos requerimientos los reúne ampliamente el licenciado Jorge Luis Madrazo, toda vez que:
a) Es ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
En efecto, nació en la ciudad de México Distrito Federal, el 24 de junio de 1953, según consta en la copia certificada de su acta de nacimiento, inscrita en el libro 22-9A, foja 300, levantada el 26 de junio de 1953.
b) Tiene más de 35 años de edad. Como se desprende de su acta de nacimiento, el licenciado Jorge Luis Madrazo, tiene 39 años cumplidos; y
c) Goza de buena reputación y no ha sido condenado por delito alguno.
IV. TRAYECTORIA PROFESIONAL
A partir de 1976, el licenciado Jorge Luis Madraza ha desempeñado diversos cargos de carácter académico y de servicio público, entre los que destacan:
Asesor del abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Universidad.
Coordinador de Humanidades de la propia Universidad Nacional Autónoma de México.
Visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y
Primer visitador general de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por otra parte, el licenciado Jorge Luis Madrazo es autor y coautor de innumerables artículos y libros sobre derecho constitucional y otras ramas del derecho.
Ha participado en más de 60 congresos, conferencias y mesas redondas en México y en el extranjero. Es miembro de seis Asociaciones y Academias de Derecho además de ser Secretario de la Sección Mexicana de la Asociación Iberoamericana de Ombudsman.
Con 20 años de docencia y la categoría de investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado cuatro libros, en uno de los cuales es coautor, y 38 artículos de carácter jurídico, universitario y de investigación legislativa.
Ha prologado a autores como Emilio O. Rabasa, Antonio Carrillo Flores, Georges Burdeau, y a otros destacados juristas.
En junio de 1990, desde su fundación, se incorporó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habiendo sido designado visitador general de la misma, cargo que ocupó hasta octubre de 1992, fecha en que fue designado primer visitador general de la propia Comisión Nacional.
Sin duda, la trayectoria académica del licenciado Madrazo, induce su excelente reputación así como su paso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se considera determinante para la continuidad de la labor desempeñada por su antecesor y que ha sido digna de encomio.
El asumir la responsabilidad máxima para la investigación de quejas e inconformidades de particulares; para la formulación de recomendaciones públicas autónomas no obligatorias a las autoridades respectivas y la proposición de modificaciones generales a prácticas administrativas, reglamentos y disposiciones legislativas, así como las actividades en torno a las promociones, estudios, capacitación, y publicaciones en materia de derechos humanos, son tareas que requieren de una dirección de un elemento altamente capacitado no sólo en el campo de los derechos humanos, sino de grandes
cualidades académicas y administrativas, como las tiene, indudablemente, Jorge Madrazo.
De gran relevancia resulta para los legisladores que participamos en la elaboración del presente dictamen, el cargo del licenciado Madrazo como secretario de la Sección Mexicana de la Asociación Iberoamericana del ombudsman, ya que le ha permitido adquirir una mayor experiencia al conocer organismos similares en otros países, así como la evaluación de sus resultados y su perfeccionamiento.
Cabe señalarse que la Comisión dictaminadora, a cargo de la cual se encuentra la elaboración del presente dictamen, ha convocado a sus miembros de tres reuniones de trabajo con el objeto de discernir y debatir sobre la eventual convivencia de la designación que nos ocupa.
Esas reuniones han sido de gran importancia, sobre todo aquella en la cual compareció el propio Jorge Luis Madrazo Cuéllar, efectuando una pormenorizada explicación no sólo de la estructura y funcionamiento de la Comisión Nacional, sino que relató sus experiencias como visitador general y como primer visitador general, lo que nuestro juicio da un sustento a su probable desempeño como Presidente.
En efecto, con el objeto de allegarnos de mayores elementos de juicio para la elaboración de este dictamen, el grupo de legisladores integrantes de esta Comisión citó al licenciado Jorge Madrazo a una entrevista el pasado lunes 25 en la Cámara de Diputados. En ella tuvimos oportunidad de dialogar con amplitud sobre el cumplimiento de las funciones asignadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la perspectiva que sobre ellas tiene el licenciado Madrazo. Asimismo, presentó a los legisladores un detallado programa de trabajo de lo que sería su administración, en caso de que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión decida aprobar el nombramiento objeto de este dictamen.
De la reunión en que se presentó el licenciado Madrazo, surgieron dudas y proposiciones de los legisladores, mismas que fueron disipadas las primeras y tomadas en cuenta las segundas por el propio Madrazo para su eventual aplicación, si es el caso de que lo apruebe esta soberanía.
El plan de trabajo de Jorge Madrazo Cuéllar reafirma los mecanismos utilizados en la Comisión de Derechos Humanos bajo la administración de Jorge Carpizo, asimismo hace propuestas importantes para perfeccionar el organismo, lo que satisface a este cuerpo dictaminador.
V. CONCLUSIÓN
Por todo lo anterior, esta Comisión considera que el licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar, reúne los requisitos legales para desempeñarse como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De mayor relevancia resulta destacar el juicio de quienes suscribimos este documento, sobre su idoneidad para sumir la presidencia del organismo, en virtud de su desempeño apegado a derecho y la experiencia institucional adquirida en la protección, observancia y promoción de los derechos humanos, como visitados general y como primer visitador general, en adición a su trayectoria en la academia, fundamentalmente en el campo del derecho.
En tal virtud, nos permitimos solicitar de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente de la honorable Congreso de la Unión, aprueba el nombramiento efectuado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en favor del licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar, como Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
México, Distrito Federal, a 26 de enero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputado Carlos E. Cantú Rosas, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Jorge Lepe García, diputado Víctor Orduña Muñoz, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Roberto Robles Garnica y senador Germán Sierra Sánchez."
El Presidente:- Permítame, señor Secretario.
¿Dígame señor diputado?
El diputado Miguel Angel León Corrales (desde su curul):- Lo que sucede es que el señor Secretario plantea que yo no firmé ni nada y quiero decirle que yo sí lo firmé, solamente que ahí, en mi firma, aclaro que me reservo el voto para esta sesión, pero yo sí firmé el dictamen.
El Presidente:- Está por hecha la aclaración, señor diputado. Continúe, señor Secretario.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:- Es de primera lectura.
El Presidente:- Gracias, señor Secretario.
Señor Secretario, le ruego a usted consulte a los señores legisladores, en votación económica, si le dispensan la segunda lectura al dictamen y pasamos de inmediato a su discusión y a su votación.
El Secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:- Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
El Presidente:- Gracias, señor Secretario.
Está a discusión el dictamen. Y esta Presidencia se permite informar a los señores legisladores que se han registrado ya varios compañeros para participar en esta discusión: el diputado Amador Rodríguez Lozano, del PRI, en pro; el diputado Miguel Angel León Corrales, del PRD, para fijar la posición de su partido; el diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente, en pro; el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro, y el diputado Víctor Orduña Muñoz, del PAN, para fijar la posición de este partido respecto a este dictamen.
En consecuencia, esta Presidencia otorga el uso de la palabra al diputado Amador Rodríguez Lozano.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: Con su autorización, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores de la Comisión Permanente:
He tomado el uso de la palabra para hablar a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, a favor del dictamen que aprueba el nombramiento presidencial a favor de Jorge Madrazo Cuéllar. Pero también lo quiero hacer para solicitar de todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores, su voto aprobatorio, no sólo por el nombramiento en sí mismo, sino por darle un voto de confianza a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su lucha en contra de la impunidad y a favor de la protección, defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país.
Hace casi una década un grupo de profesores mexicanos, de investigadores y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus cátedras apasionadas, en sus propuestas en distintos congresos nacionales o internacionales, a través de sus ensayos, sus artículos y sus libros, pugnaban, desde la Academia, por el establecimiento de un ombudsman en México. Lo hacían con toda emoción y buena fe, basados en un hecho objetivo: los instrumentos tradicionales para la procuración y administración de justicia eran insuficientes para lograr una eficaz procuración y administración de justicia. Basados en experiencias internacionales fundamentalmente en el derecho escandinavo, pedían que en México se estableciera la figura del ombudsman, figura que ya para la década de los ochenta era una figura universalmente aceptada y que ya en muchos países de América Latina como Argentina, como Venezuela, como Costa Rica, como Guatemala lo habían adoptado. Buscaban estos profesores universitarios, a través de su tribuna universitaria, crear un instrumento nuevo, ágil, flexible, que pudiera ser eficaz en la tutela de los derechos y de los intereses de los administrados frente a una administración pública cada vez más absorbente, producto y consecuencia del estado social de derecho de nuestros días.
Se quería un medio informal que fuera capaz, a través de un procedimiento sencillo, primeramente buscar preventivamente que no se violara los derechos humanos en nuestro país; después, fundamentalmente crearon una instancia de conciliación de amable composición para que a través del diálogo se pudieran conciliar los intereses de los administrados y de la autoridad y, por último, sino se lograra esta conciliación amigable, se pudiera llevar a cabo una investigación que terminara en una recomendación pública de carácter no vinculatorio.
Tuvo que pasar casi una década para que los anhelos y las esperanzas y las propuestas de este grupo de profesores, entre los que se encontraba a la cabeza el doctor Héctor Fix Zamudio, hoy Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jorge Carpizo, hoy Procurador General de la República, Diego Valadez, hoy Procurador General del Distrito Federal y Jorge
Madrazo, cuyo nombramiento estamos aquí discutiendo; y también dos figuras que quiero recordar hoy ya extintas, don Antonio Carrillo Flores y el maestro Jorge Barrera Graff. El trabajo intelectual, la lucha y la propuesta de estos universitarios tuvo finalmente sus frutos, las circunstancias se dieron, la voluntad política de un presidente que quiso hacer de la bandera de los derechos humanos uno de los aspectos fundamentales de su Gobierno, uno de los aspectos básicos de su Administración.
Primeramente se crea la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que muy pronto se va a transformar el 6 de junio de 1990 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Ahí estaba ya la institución, con largos caminos por avanzar, por un amplio firmamento en materia de derechos humanos por descubrir, pero hacía falta que esa idea, que esa propuesta, se hiciera realidad, que se concretizara en los hechos, que tomara piso, que cobrara confianza y hacía falta también un hombre que tuviera la capacidad intelectual para poder conducir esa institución; se requería un mexicano excepción, un mexicano con gran autoridad moral, un mexicano con una gran capacidad ejecutiva porque se trataba de crear administrativamente una idea, había que formarla, había que darle procedimiento, había que crearle órganos y unidades administrativas.
Y también se buscó que ese hombre tuviera una carrera brillante, un reconocimiento público para que su sola presencia otorgara el respeto necesario para esa institución, pero fundamentalmente se requería independencia frente al poder público, por eso fue que recayó el nombramiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Jorge Carpizo, por su trayectoria académica como profesor, como investigador, como funcionario universitario, como Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Ministro de la Corte.
Ciertamente que el surgimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos motivó una gran cantidad de críticas, "moda pasajera" le llamaron algunos. Va a destruir nuestra institución más preciada, la única que le ha dado México al mundo jurídico: el juicio de amparo. El Poder Judicial Federal va a ver resquebrajada su autoridad.
"Obedece a presiones del exterior", dijeron otros. "Trata de encubrir el autoritarismo del Estado", comentaron algunos. "Va a limitar el combate a la delincuencia, porque va a limitar a las policías", dijeron otros. La acción cuantitativa y cualitativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acalló todas las críticas.
Hoy podemos reconocer que en solo dos años y medio de trabajo, la Comisión ha realizado un esfuerzo que se antoja realmente gigantesco. Casi 16 mil quejas, de las cuales ha tramitado 12 mil, las demás o no tenía competencia o asesoró a quienes interpusieron la queja; 400 o más recomendaciones; 500 autoridades recomendadas, pero 3 niveles de Gobierno; más de 700 funcionarios de los tres niveles de Gobierno sancionados de distinta manera.
Un gran trabajo de divulgación de los Derechos Humanos, un gran esfuerzo sobre todo de creación, de propuestas legislativas que nos ha llevado a nosotros, miembros del Congreso de la Unión, a tomar importantes decisiones en beneficio del pueblo de México, solo para decir una importantísima en los procesos judiciales, es que solamente tenga valor la concesión que se haga ante el agente del ministerio público o ante el juez.
Quitar las penalidades de una gran cantidad de conductas que eran antes delictivas y que hoy solamente son faltas administrativas. Un gran esfuerzo literario, un gran prestigio en el ámbito internacional, recomendaciones importantes en materia de indígenas, en materia de indocumentados, en materia de prisiones, en materia de contaminación de la ciudad de México.
Pero si el orden cuantitativo es importante, creo que lo más trascendente es el aspecto cualitativo, porque crea una nueva relación entre el administrado y la autoridad. Al administrado le significa una nueva instancia que combate a la impunidad que le asegura que se van a respetar sus derechos y que encausará el trabajo de las autoridades dentro de los cauces de la Ley.
Para las autoridades significa una presencia que les exige que su trabajo se realice con pulcritud y con apego a la Ley y con respeto a la dignidad humana. También es un aparato que da confianza; que genera modernización de los cuerpos policiacos, de los cuerpos encargados de la procuración y de la administración de justicia.
Todavía es muy joven la Comisión de Derechos Humanos, todavía le falta un largo camino por recorrer a este ombudsman mexicano, pero ya existe plena confianza de los mexicanos en esta institución.
Por eso fue que la elevamos a rango constitucional hace tan solo un año, con el acuerdo
unánime de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Por eso fue también que su Ley orgánica tuvo la unanimidad en su aprobación. Hoy iniciamos una nueva etapa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ha dicho el dictamen, y es de conocimiento público, que el 4 de enero, en ejercicio de sus facultades constitucionales, el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos designo a Jorge Carpizo como procurador general de la República; nombramiento que debe recibir el aplauso y el beneplácito de toda la ciudadanía. Es el hombre idóneo para cumplir, para llevar a cabo ese anhelo de todos los mexicanos de una Procuraduría General de la República distinta, una procuraduría que cumpla sus principios y sus ideales constitucionales y legales que le otorgan a vigilancia del orden constitucional y legal, que le dan la representación del Gobierno de la República, que le dan la responsabilidad de que procure de manera eficaz y expedita la justicia para todos los habitantes de este país; que tiene la intervención en conflictos de orden jurídico entre distintos órganos del Estado y entre distintas entidades federativas de la unión mexicana; que tiene la responsabilidad de perseguir todos los delitos federales, no exclusivamente los del narcotráfico.
Jorge Carpizo va a la Procuraduría General de la República no exclusivamente a cumplir sus recomendaciones, sino va a convertir a la Procuraduría General de la República en el órgano de procuración de justicia que anhelamos todos los mexicanos.
Este nombramiento ha dado la pauta para que Jorge Madrazo sea designado, en ejercicio de las facultades legales que el otorgan al Presidente de la República, como Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Tengo primero la responsabilidad de hablar a favor del dictamen por el partido mayoritario de este Congreso, pero tengo la doble responsabilidad de conocer a Jorge Madrazo desde hace 15 años. Fui, y es una de mis distinciones, su sucesor en la cátedra de derecho constitucional; compartimos el cubículo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Conozco su trayectoria como secretario del Congreso Técnico de Humanidades; sé su desempeño, seis años, al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con una gran producción literaria, con una gran presencia social de esta alma mater nuestra, con una gran vocación por el derecho a la justicia. Conozco su desempeño como coordinador de Humanidades, una de las más importantes coordinaciones que tiene la Universidad, donde han estado figuras como Agustín Yáñez, como el maestro Mario de la Cueva, como el maestro Jorge Carpizo. Sé de su entereza, de su probidad, de su desempeño en el trabajo, de su independencia frente al poder público y de su autonomía moral, de su autoridad moral.
Por esa misma autoridad moral, el nombramiento del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dispensen una frase común, al igual que la mujer del César, no solamente debe ser, sino debe parecer legal. Por eso es que me tengo que referir aquí a algún comentario, hecho de buena fe y ciertamente no en términos absolutos, en el sentido de que parecía tener un vicio primeramente su nombramiento de carácter interino.
Ciertamente, y ésta es una responsabilidad que nos atañe a todos los legisladores, en esta Ley que hicimos, que aprobamos el año pasado, hay una laguna: No se establece el procedimiento para el caso de muerte, desaparición o incapacidad del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero eso al final de cuentas no es un problema serio, por supuesto que habrá que realizar la reforma, pero los abogados sabemos que se puede subsanar esta omisión a través de dos procedimientos: la interpretación de la Ley, en este caso la interpretación extensiva, que lo que busca es el espíritu del legislador, y toda vez que hay una norma parecida en un caso de falta absoluta, se puede aplicar en este caso la interpretación extensiva.
Pero también se podría aplicar la analogía, y aquí se dijo: A lo mejor se aplicó la analogía; también se puede aplicar la analogía. En este caso, y perdonen el latinizo, pero es una actitud que siempre tomamos los abogados, como para presumir que sabemos, se puede dar la analogía que se dice legis, es decir en primer grado y que es cuando el mismo cuerpo jurídico establece un procedimiento similar, y aquí también se puede dar la analogía, por eso el nombramiento del Presidente interino de Jorge Madrazo, fue perfectamente legal.
Se ha dicho también, como para tratar de disminuir la importancia de este nombramiento, no aquí en esta tribuna, claro, sino en otros ámbitos, con el propósito más que nada de notoriedad, no por ningún legislador, también aclaro, sino por otras personas, que este nombramiento tiene un defecto que es la profunda amistad que hay entre Jorge Carpizo y Jorge Madrazo.
Nos decía Jorge Madrazo, en la Primera Comisión de Trabajo, que ése es uno de sus mayores timbres de orgullo, porque cuando existe convicción, cuando existen principios, cuando hay probidad, cuando hay profundidad en las miras, no puede ser la amistad un obstáculo, sino al contrario, es un bien que hay que cuidar, y aquí se debe dar y se debe ver como un aspecto positivo de que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si es que aprobamos este dictamen, y el Procurador General de la República, tenga una magnífica relación, porque lo dijo también Jorge Madrazo, no son antagónicas las instituciones, son complementarias, y yo diría también que se identifican en el mismo fin, ambas buscan la salvaguarda de los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, la procuración eficaz y pronta de la justicia para los mexicanos, por lo tanto cualquier recomendación que se haga al Procurador General de la República o a cualquiera autoridad, debe verse no como una crítica a su titular, sino como algo que apoya el desempeño y el objetivo de esa institución, por eso qué bueno que hay una magnífica relación entre estas dos personas y entre estas dos instituciones.
¿Cómo juzgar un nombramiento nosotros que tenemos la obligación constitucional de aprobar o no aprobar muchos nombramientos? En principio los requisitos de carácter formal, después tenemos que ver necesariamente su historial, cómo se ha comportado, cuál es la fama pública, cuál es su reputación, cuál ha sido su desempeño en las distintas actividades que ha realizado. Esos son los hechos objetivos que tenemos que juzgar. No podemos aquí utilizar otro tipo de argumentos. Tenemos, como dijo Jorge Madrazo, que juzgarlo por sus hechos, y eso es lo que tenemos que hacer aquí compañeros legisladores. Ahí está el dictamen que nos presenta una carrera brillante, una carrera de entrega a la Universidad, 17 años dijo Jorge Madrazo, de independencia, de sacrificio, porque quienes trabajamos en la Universidad también sabemos que la vida académica tiene mucho sacrificio. Ahí está y ése es el historial que tenemos que juzgar.
Por eso, yo les pido a todos ustedes que demos un voto aprobatorio al dictamen que nos ha propuesto la Primera Comisión de Trabajo.
En otros países, en Suecia, por ejemplo, una vez que se aprueba de manera mayoritaria el nombramiento del ombudsman, se hace una nueva votación para que el ombudsman tenga la votación unánime, porque requiere de todo el apoyo de todas las fuerzas sociales para poder cumplir con gran respaldo político su tarea.
En México el nombramiento del Rector de la Universidad, una vez que se ha logrado los dos tercios de la Junta de Gobierno, se lleva a cabo una última votación para que el Rector tenga los 15 votos de los miembros de la junta.
Yo les pido aquí, compañeros, compañeros del PRD, tenemos diferencias en cuanto a la competencia del órgano, tenemos diferencias en cuanto el procedimiento para nombrar al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero identifica la lucha contra la impunidad y a favor de los derechos humanos.
Yo les pido que su voto sea aprobatorio. No porque sea a favor de Jorge Madrazo, sino porque es a favor de la lucha, de defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias.
El Presidente:- Para rectificar hechos y contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro:- Señor Presidente, señoras y señores legisladores.
Este es un debate en que el día de hoy no pensaba intervenir, ciertamente por las razones que expondré, no votaré en favor del contenido y de los resolutivos del dictamen en favor del señor licenciado Madrazo.
Pero dos aspectos de la intervención del licenciado Amador Rodríguez, una, vehemencia, el señalamiento con el dedo índice al de la voz durante su intervención, cuando recalcaba las notables cualidades del doctor Carpizo, como si el de la voz las hubiera negado en algún momento, por un lado.
Por otro lado, la alusión que hizo a mi argumentación jurídica en una de mis pasadas intervenciones acerca del artículo 14 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me obligan, contra mi decisión inicial, a intervenir para hacer algunas precisiones y para dejar clara, definitivamente, mi posición en este tema.
Miren ustedes, en mi anterior intervención reconocí las cualidades del doctor Carpizo. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la solución que da la Ley, para designar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Bien lo decía, bien lo decía el diputado Amador Rodríguez Lozano, haciendo aquella alusión narrada
por Plutarco en "Las Vidas Paralelas", cuando se ve en entre dicho la mujer del César, inocente de la acusación, según Plutarco, y cuando César la repudia y le preguntan a César del por qué del repudio, si no hay culpa. Y la respuesta, que aquí lo dijo el señor diputado: "La mujer del César no solamente debe ser honesta, sino que, también parecerlo".
Y, señores, la figura del ombudsman, la figura del ombudsman, señoras y señores legisladores, no descansa el poder coactivo de que disponga la Comisión; no dispone de coacción, no dispone de fuerza pública. Vaya, señores, no dispone la Comisión ni siquiera de la fuerza que da la norma jurídica, porque expresamente la Constitución dice que sus resoluciones no vinculan.
¿Cuál es el cimiento de la Comisión? ¿Cuál es la fuerza de sus resoluciones? Señores, algo, ah, señores algo que en la historia de todos los pueblos, cuando grandes dirigentes han destacado y cuando se han obtenido grandes logros para esos pueblos, Gandhi, por ejemplo, en India, señores, la fuerza moral, la fuerza moral. Esa es la fuerza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Y por eso cuando se discutía, señoras y señores, la reforma constitucional, se habla de la necesidad de dotarla de ese elemento. Por eso dice: "El Congreso de la Unión y las legislaturas locales, en el ámbito de sus competencias".
No voy a repetir en este momento el debate que se dio en su momento: ¿debe el Presidente proponer, el Presidente, que es titular del Poder Ejecutivo Porque el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona llamada Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien tiene, señoras, la facultad libre, dice la Constitución, de nombrar a sus secretarios.
Y por supuesto, señoras y señores, el Poder Ejecutivo, más que ningún otro poder, más que ningún otro poder, no el Legislativo, no el Judicial, el Poder Ejecutivo será, será potencialmente el destinatario de las recomendaciones de la Comisión. Existe potencialmente esa posibilidad.
No me agrada, me hubiera agradado más a propuesta de la Corte, por ejemplo, no me agrada, pero así está la Ley.
Y qué bueno, señoras y señores, que el ejecutivo haya nombrado, lo dije entonces y lo digo ahora. Lamento que no lo haya nombrado antes con la misma celeridad, con la misma rapidez, con la misma agilidad con que se nombra a un Secretario de Gobernación.
Porque la Ley, señor diputado Amador, tiene una laguna. Claro, el diputado Amador, nos habla de la interpretación analógica, así dijo, ¿verdad? analógica y extensiva, las dos.
Yo no sabía que hubiera una interpretación analógica de la Ley. Yo sabía que había una aplicación analógica de la Ley, no interpretación.
Hablar de la interpretación de la Ley, según Yenni por ejemplo, o el método exegético por ejemplo, o leer el Diario de los Debates por ejemplo para ver cuál fue el sentido del legislador, las discusiones en comisiones por ejemplo, el dictamen por ejemplo, cuando la Ley es oscura su sentido no es claro.
No, señor diputado Amador, no era ni la interpretación analógica ni la interpretación expresiva. Le voy a decir cuál era la solución, pero que en este caso estaba cerrada, era la aplicación por mayoría de razones, por mayoría de razones, pero yo puedo estar equivocado. Usted es maestro de derecho constitucional, el artículo 14 tiene un pero, un pero que le pone un predicamento a la Comisión de Derechos Humanos que debe subsanarse.
Ya usted expuso su criterio y yo no digo que lo mío sea dogma ni que sea la verdad ni que yo esté contra todas las opiniones en lo correcto y que todos estén equivocados. Admito la posibilidad, la posibilidad, de que exista otro criterio, pero tampoco debe rechazarse el que yo dije, así de plano, como si usted tuviera la verdad absoluta, poseedor de la verdad absoluta.
Dice el 14: "El Presidente de la Comisión Nacional podrá ser destituido y en su caso sujeto a responsabilidad solo por causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Prevé la ausencia en caso de destitución mediante juicio de responsabilidad. Y yo dije entonces, y dije entonces y debió tomarlo así, diputado Amador, y aclaré, aclaré que era mi criterio jurídico. Pero, claro, que hay gente más docta, más capaz en todo el país, excelentes maestros universitarios de hecho que pueden sostener un criterio distinto y establecer que aquí se puede dar una interpretación a la lógica.
Dice el texto, que fue lo que yo observé entonces y observo ahora: "En este supuesto". Fue un error, un error nuestro como legisladores. Debimos haber quitado esa frase para poder la posibilidad de la aplicación analógica de la Ley
o por mayoría de razón; si se da, como ya lo dijo el diputado Amador, la misma situación por qué no darle la misma función. Así se aplica analógicamente, se aplica.
Pero, señoras y señores, el texto del artículo es claro, "En este supuesto, dice el artículo, en caso de destitución, el Presidente será sustituido interinamente por el primer visitador general".
Esas serían las dos posturas. Nos llevarían 20 intervenciones, reiteraría usted su posición y yo reiteraría la mía. Pero sí quise dejar aclarada la necesidad de que este artículo se reforme porque impide dar solución a situaciones como la presente.
Ahora, mire usted, ¿yo no hago juicios de valor? Falto a la verdad. Sí hago juicios de valor; ¡sí, sí hago juicios de valor! En relación con la personalidad del licenciado Madrazo. ¿Qué juicios de valor positivos, señor diputado, positivos? Yo no pongo en tela la duda su rectitud, ni su honestidad, ni su prestigio profesional, ni su capacidad como profesionista y maestro universitario. Satisfacen, los requisitos que señala la Ley para ser Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pero usted dijo, y yo recalqué eso al principio de mi intervención. ¿Cuál es la solidez de la Comisión?, ¿cuál es la fuerza que tiene la Comisión?, su fuerza moral. Y me interpelará un señor legislador y me dirá: ¿y el señor licenciado Madrazo no la tiene? Y yo contestaré categóricamente: ¡sí la tiene! Pero a mi vez, dejaré una pequeña situación. Hecho circunstancial, accidental, contingente que si no fuera eso, votaría en favor, señoras y señores, no una, 100 veces, tratarse de la persona que es, porque todos los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos merecen mi respeto y merecen mi reconocimiento, por la extraordinaria labor que como usted dijo, contra la impunidad, dijo usted, y claro que hay impunidad, y agregaríamos, contra la arbitrariedad, contra la violencia, contra la tortura, contra el abuso que padecen muchos mexicanos compatriotas nuestros.
Todos merecen mi reconocimiento, pero no debemos dar margen, margen ni siquiera para que hubiera un ápice de duda. No respecto de la honestidad de quien es presidente interino y de quien si se vota a favor, será presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, confirmado. La imagen en el pueblo de México; pueden ser pocos; puede ser uno quizá; uno en 80 millones de mexicanos; pueden ser mil; pueden ser más. Por eso nuestro voto; porque va a ser el procurador; ya tiene 17 recomendaciones. Usted dijo que no va solo a atacarlos. Yo quisiera que efectivamente que la Procuraduría, y confío en que lo haga el doctor Carpizo, por el prestigio que tiene, deje de ser la Procuraduría que ha sido hasta ahora. No por sus titulares, no. Por la fama como órgano del Estado represor y torturador, que tiene en muchos lugares de la República. Ceballos todavía recuerda en Durango, la visita, el acoso, la tortura, los golpes, el allanamiento de morada, no de 10 ni de 20, de decenas de ciudadanos de Ceballos, decenas de domicilios de Ceballos allanados. No. Quiero que esa imagen se borre y yo espero que se borre.
Pero va a ser el destinatario sino se borra y si se reiteran los abusos, va a ser el destinatario de las recomendaciones.
Conozco la declaración del licenciado Madrazo, que por encima de su amistad y de su relación, está la enorme responsabilidad que tiene en caso de ser ratificado. Confío en que así sea. Pero vuelvo a repetir: Si no fuera por esa circunstancia, por ese hecho circunstancial, accidental, señoras y señores, votaría a favor. De otra suerte mi voto será de abstención. Gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el señor diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fijar su posición.
El diputado Alberto Carrillo Armenta:- Señores diputados; señores senadores; con su permiso señor Presidente:
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como aquí se ha dicho, tiene una doble y trascendente encomienda. Es un órgano descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, cuyo objeto es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución Política, así como en los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República.
Este organismo público, considerando el artículo 3o. de la citada Ley reglamentaria, tiene competencia en todo el territorio nacional, para conocer de la violaciones a los derechos, cuando éstas fueran imputadas a las autoridades y servidores públicos de carácter federal. Noble y trascendente encomienda.
Este órgano constitucional ha recibido la propuesta del Presidente de la República, para
ocupar la vacante dejada por el doctor Jorge Carpizo Mac Gregor, en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todos sabemos que este prestigiado jurista ha sido designado por el Presidente Salinas de Gortari, para encargarse de la Procuraduría General de la República. Y para su reemplazo se ha propuesto al licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, para que ocupe la presidencia de dicho organismo, La propuesta del Ejecutivo del nuevo Presidente de la Comisión, cumple ampliamente los requisitos dispuestos por la Ley. El licenciado Madrazo es un ciudadano mexicano por nacimiento, es mayor de 35 años, goza de buena reputación y ha residido en nuestro país.
Nosotros queremos ser enfáticos: La nueva responsabilidad del doctor Carpizo en la Procuraduría General de la República, no debe vincularse con maniqueísmo a la propuesta del licenciado Madrazo; hacerlo sería tanto como descalificar a cualquier integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presidirla, por el solo y simple hecho de haber sido colaborador con el anterior presidente del organismo.
No vemos intenciones cuestionables; por el contrario, valoramos que los cambios en este ámbito significan aún más, una extensión positiva de la cultura de los derechos humanos hacia la Procuraduría General de la República.
Entendemos la delicada función atribuida por la Constitución y la Ley Reglamentaria del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en particular, sobre su competencia en todo el territorio nacional, para conocer de las violaciones a estos derechos cuando fueran imputados a las autoridades y servidores públicos con carácter federal. Entendemos que una de las más importantes responsabilidades del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, implicará el observar el funcionamiento de las autoridades y servidores públicos de la Procuraduría General de la República.
El licenciado Madrazo no ha evadido en sus declaraciones o en sus consideraciones expuestas en la Comisión de dictamen de este cuerpo parlamentario, disertar sobre sus vínculos personales con el anterior responsable de la Comisión Nacional. Reconoce sus relaciones académicas, profesionales e incluso afectivas; no las oculta; podría haberlo hecho o podría haberlas atenuado. Sin embargo establece claramente su justa dimensión.
Los lineamientos en que se apoyan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son pronunciamientos apoyados en la Constitución, en la Ley y en el Reglamento de esa Comisión, recomendaciones sujetas a la aprobación colegiada de un consejo de la propia Comisión conformado por 10 eminentes ciudadanos conocedores de los derechos Humanos y representativos del espectro social.
El sentido estricto, de acuerdo a las funciones que les atribuye la Ley, como aquí se ha dicho, no debe de haber contradicción entre la naturaleza de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ambas están determinadas en estricto espíritu de Ley por un sentido de protección al individuo y a la sociedad. Pero la realidad, lo sabemos, no marcha por este derrotero, se dan contradicciones. De ahí la trascendencia de la Comisión de Derechos Humanos para corregir errores y violaciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y su figura básica, el ombudsman, debe tener una autonomía relativa de los órganos de Gobierno sociales. Esto también lo reconoce el licenciado Madrazo. En México tal figura tiene un carácter constitucional y público, tiene, por ende, una importancia fundamental para la protección de los derechos humanos.
La aprobación final del titular de la Comisión de Derechos Humanos y de los miembros de su consejo por el Senado o la Comisión Permanente, en nuestra opinión fortalece el equilibrio constitucional de poderes, además, impulsa el tipo de autonomía relativa de la Comisión de Derechos Humanos a que nos hemos referido.
Señoras y señores legisladores; Conocemos los antecedente profesionales del responsable de esta última dependencia, y también del licenciado Madrazo. Estamos convencidos que la propuesta del Titular del Ejecutivo es positiva; fortalece no sólo al organismo público encargado de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, eleva, además, una cultura particular en este terreno.
Por las anteriores consideraciones, nuestra fracción, del Frente Cardenista, da su voto favorable en relación a la propuesta del licenciado Jorge Madrazo, para presidir la Comisión de Derechos Humanos.
Vamos a votar a favor sin indecisión y ambigüedad, a pesar que en el debate legislativo nos pronunciamos porque la facultad de proponer la designación del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, no recayera
en el Presidente de la República. Sin embargo sabemos distinguir tiempos y momentos. Ahora introducir ese debate, no ayuda a la Comisión de Derechos Humanos. No ayuda al pueblo de México por hacer extensiva la práctica de los derechos humanos. Ahora debilita esa discusión la posición de la Comisión Nacional para vencer los poderosos intereses, las fuerzas y las inercias que están siempre detrás de cada violación a estos derechos.
Debemos recordar, como aquí se ha dicho, que la única fuerza que posee la Comisión para impulsar el acatamiento a sus recomendaciones: es la fuerza moral y la fuerza política.
La aparente coherencia de posición entre una discusión de ayer y una posición de hoy, por no atender los tiempos y circunstancias, puede convertirse en una posición profundamente incoherente.
¡Vaya nuestro voto a favor, como un modesto aporte moral y político que contribuye al noble esfuerzo que encabezará por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el licenciado Jorge Madrazo! Gracias.
El Presidente:- Para fijar la posición de los legisladores miembros del Partido de la Revolución Democrática, se concede la palabra al señor diputado Miguel Angel León Corrales.
El diputado Miguel Angel León Corrales:- Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:
En efecto, hace un año, cuando en el pleno de la Cámara de Diputados discutimos y votamos en torno a la reforma que le daba un carácter constitucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nosotros, el Partido de la Revolución Democrática, lo hicimos a favor.
Y no podía ser de otra manera. Esa reforma había sido una lucha de bastantes años de toda una serie de organizaciones no gubernamentales, dedicadas a la defensa de los derechos humanos en este país.
En ese sentido, nosotros al votar a favor de la reforma fuimos consecuentes con una lucha también consecuente ya, de bastantes años.
Pero en las discusiones que se dieron en el pleno fuimos también muy claros al plantear que esa reforma constitucional al 102, no satisface los requerimientos de la sociedad mexicana en lo que ha derechos humanos se refiere.
Lo dijimos muy claro. No estuvimos de acuerdo en que los derechos laborales quedasen fuera de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No estuvimos de acuerdo en que los derechos político-electorales quedasen fuera de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y tampoco estuvimos de acuerdo en que fuera de esa competencia quedase el Poder Judicial de la Federación.
En esa discusión hubo un aspecto central que yo considero que no sólo hoy, sino en futuras ocasiones y hasta que haya una nueva reforma constitucional al 102, seguiremos insistiendo: y es el problema de fondo.
Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenga realmente esa posición moral necesaria para cumplir con su papel, era fundamental que la independencia de dicha Comisión quedase por completo garantizada. Y para que la independencia de la Comisión quedase garantizada era necesario que el nombramiento del Presidente de esta Comisión no quedase en manos del Ejecutivo, no quedase en manos del Presidente de la República. De otra manera, para nosotros esa independencia queda en entredicho.
El día de antier al señor Jorge Madrazo yo le hice una pregunta, en la reunión que en la Primera Comisión tuvimos con él. Le decía: ¿Desde su punto de vista puede haber un verdadero ombudsman en este país, si el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos es nombrado por el Presidente de la República?
Yo considero que no. Desde la óptica de nuestra fracción es dudoso que la afirmación que hace el licenciado Madrazo en el sentido de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un verdadero ombudsman, tenga necesariamente que ser cierto.
Todos lo sabemos, el mayor porcentaje, casi el 100% de las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha girado, ya se dijo aquí ha sido sobre el Poder Ejecutivo. Y en este terreno la violación de innumerables hechos civiles y políticos de la población, de las personas, ha sido uno de los aspectos más notorios del actual Gobierno: los procesos electorales, la lucha contra el narcotráfico, la actuación de las policías, especialmente las judiciales; la actuación de las autoridades laborales, agrarias, civiles, electorales se han constituido en una infinidad de ocasiones en los principales instrumentos violadores de los derechos humanos.
Y en ese sentido, el mecanismo por el cual se nombra al Presidente de la Comisión en este país es un mecanismo viciado, es un problema de sentido común, que si el ombudsman va a vigilar los abusos precisamente del Poder Ejecutivo, se reduzca al máximo la participación del Poder Ejecutivo cuando se trate de designarlos. Y en el caso de nuestro país, simple, sencilla y llanamente quien designa al ombudsman en México es el Presidente de la República, es el Poder Ejecutivo, quien después se va a convertir en el principal blanco de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El licenciado Madrazo respondió a mi pregunta afirmando que en muchos países del mundo es a través de sistemas mixtos, como en México, como se digna al ombudsman. Pero compañeras y compañeros, él probablemente me estaba hablando de países en los cuales no existe el partido de Estado, en los cuales la independencia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo es clara, es precisa, y en los cuales podría haber funcionado un mecanismo mixto para designar al ombudsman. Pero en el caso de nuestro país, conociendo, sabiendo la existencia de este partido de Estado, conociendo la característica que nuestro Congreso tiene, está claro que el Presidente de la República al nombrar al ombudsman puede hacer simplemente lo que él quiera. Y al ser nombrado el Presidente de la Comisión por el Presidente de la República, no queda claro si él va a ser un verdadero ombudsman o si, en todo caso, va a ser un hombre más del Presidente.
En la experiencia del doctor Carpizo, en efecto, nosotros con toda claridad afirmamos que sus trabajos al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron los correctos. Pero así como el Presidente de la República lo puso al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exactamente de la misma manera el Presidente de la República lo puso al frente de la Procuraduría General de la República. Y en este caso estamos frente al hecho de que ahí en última instancia se es más el hombre del Presidente que el ombudsman de nuestro país.
Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra del curriculum y del trabajo del licenciado Jorge Madrazo; lo decimos con toda claridad. Desde la óptica de los compañeros de mi partido, que realizan trabajos en la defensa de los derechos humanos; desde la óptica de mi fracción parlamentaria, por las relaciones que hemos tenido con Jorge Madrazo, nos queda claro que su trabajo es un trabajo serio y nos queda claro también que su honestidad hasta hoy no puede ser de ninguna manera puesta en duda. El PRD es un organismo muy activo en lo que a la defensa de los derechos humanos se requiere; el lunes Jorge Madrazo lo dijo, probablemente desde el PRD provenga la mayor parte de los expedientes que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene y queda claro entonces que nosotros hemos tenido una relación amplia y profunda desde hace dos años y medio con esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por lo tanto también con el señor Jorge Madrazo y repito, esa relación ha sido seria, ha sido la correcta, yo pongo por ahí como ejemplo las investigaciones que Jorge Madrazo dirigió en el caso del Municipio de Aguililla cuando el ex-Presidente Municipal de nuestro partido, el señor Salomón Barajas estuvo preso casi un año, fueron los trabajos correctos, fue una investigación adecuada y por lo tanto nosotros no tenemos nada contra él; pero compañeras y compañeros, nos vamos a abstener en la votación pero que quede claro que no vamos a votar a favor, no porque tengamos algo en contra de la persona que el Presidente ha nombrado para dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que quede claro; vamos a abstenernos porque estamos en contra y los seguiremos estando en tanto no haya una reforma constitucional del artículo 102 por el método, por la reforma, por la manera en como en este país se elige al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en ese sentido, si nosotros nos preguntamos ¿cuál es la principal diferencia que existe entre el caso mexicano y el caso sueco en lo que a ombudsman se refiere?, habría que precisarla de la siguiente manera.
En el caso sueco el ombudsman es designado por el Poder Legislativo para vigilar la legalidad de la actuación de los Poderes Ejecutivo y Judicial; en el caso mexicano el ombudsman es nombrado por el Poder Ejecutivo para vigilar la actuación del propio Poder Ejecutivo. Esta diferencia, compañeras y compañeros legisladores sin duda alguna es una diferencia de fondo y por ello la recalco.
Por último, quisiera decirle al diputado Amador, que el hecho de que hoy nosotros no votemos a favor del dictamen y a favor de la designación de Jorge Madrazo como Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no quiere decir de ninguna manera, bajo ninguna forma y en ninguna circunstancia que nosotros no vamos a apoyar hasta últimas consecuencias, como lo hemos estado haciendo durante
dos años y medio, como lo hacíamos antes de que naciera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los trabajos que dicha comisión realice.
Nuestro partido, como decía hace rato, tiene una profunda experiencia en lo que a la defensa de estos derechos se refiere y mientras Jorge Madrazo sea el Presidente de la Comisión, nuestro partido va a seguir haciendo exactamente lo que ha hecho hasta hoy, asumir la defensa de los derechos humanos, pero repito, nos abstenemos en la votación por el problema del método y al final de cuentas es un problema de fondo que a fin de cuentas es un problema fundamental. Gracias.
El Presidente:- Para fijar la posición de los legisladores miembros del PARM, se concede la palabra al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:- Señor Presidente; señores diputados, señores senadores:
Se han hecho probablemente con afanes ilustrativos, una serie de muy valiosas referencias a aquellos amplios y reflexivos debates que con referencias a las disposiciones constitucionales se dieron en pasados periodos de sesiones ordinarias en actitudes legislativas y constitucionales que tienen propia y plena aplicación en el tema que hoy nos ocupa.
Sin embargo, independientemente de la posición muy razonada, muy objetiva, concienzuda y reflexiva que las distintas fuerzas políticas realizaron en su momento, resulta que en el artículo correspondiente a la Constitución General de la República, ordenó la creación de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en la Ley correspondiente en su artículo 10, se faculta al Ejecutivo Nacional a designar al titular de esta propia Comisión, y el artículo 9o. de la citada Ley establece los requisitos que deben de ser cubiertos y cumplidos en extremo para poder acreditar el nombramiento correspondiente.
Se da el caso que la persona que hoy nos ocupa en esta amplia comparecencia y debate, el señor licenciado José Luis Madrazo Cuéllar, cumple todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Ley de la materia.
Dentro de una amplia exposición curricular se acredita frente a los integrantes de esta Comisión Permanente, no solamente los diversos cargos que la persona ha cubierto, si no también se establecen en plenitud todos aquellos conocimientos y cultura, experiencias que ha adquirido en una larga existencia tratando de ponerla al servicio, al frente de la Comisión que hoy se le otorga.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en su momento, también estableció algunas discrepancias sobre el tema y sobre el tono del artículo 102 constitucional; todavía hoy con afán explicativo, podríamos señalar que en su momento consideramos como en otras legislaciones, la importancia de que sea este Poder Legislativo el único encargado en su momento, de hacer las propuestas correspondientes para que estas comisiones tengan a su cargo la dirección de personas plenamente independientes del Ejecutivo de la nación.
Esta institución, el ombudsman no es una creación reciente ni contemporánea, no es algo sacado de la manga ni bajo ninguna circunstancia de una cultura eminentemente totonaca; viene de pasados siglos, viene desde hace muchos años; es un vocablo que indudablemente tuvo su origen por los años de 1809 y propiamente ante un serie de inquietudes de la sociedad sueca que veía limitadas las libertades de sus conciudadanos frente a las arbitrariedades de las autoridades.
Ahí surge esta institución que años después, lo más reciente que se recoge en nuestro país es en el pasado siglo, en la sociedad de los pobres en el Estado de San Luis Potosí, en donde se pretendió también establecer una serie de limitantes para evitar que los gobernantes, los poderosos y los caciques destrozaran los legítimos derechos de los ciudadanos.
Es en el año de 1946 cuando la propia Organización de la Naciones Unidas le da creación internacional a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, y es hasta el 6 de julio de 1990 cuando en nuestro país se recogen estas legítimas inquietudes y se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Institución que tiene a su cargo fundamentalmente, darle recepción, refugio, atención, a los dolores, a las carencias, a los sinsabores, a los sufrimientos de ciudadanos de todos los niveles, de todos los credos, de todas las razas y de todos los partidos, que en busca de todos los partidos, que en busca de justicia encuentran las puertas cerradas y tienen la imperiosa necesidad de acudir a otra instancia gubernamental.
Ese 6 de julio de 1990, en la creación nacional de los derechos humanos, esta institución
despertó muchas suspicacias y escasos aplausos; despertó muchas suspicacias y escasos aplausos porque la ciudadanía en general, miembros diferentes al partido gubernamental, pretendieron pensar en aquel entonces que ésta era una institución eminentemente paraestatal de consigna, que fundamentalmente daría refugio y atendería los reclamos de aquellas voces que no tuvieran graves discrepancias con el partido en el poder y los hombres en el Gobierno.
Sin embargo, la presencia del doctor Carpizo al frente de esta institución, con el transcurso del tiempo fue permitiéndose al pueblo de México entero, entender que nos encontrábamos frente a una institución respetable, con honor, con trascendencia, con independencia, con autonomía y que a todas luces pretendía llegar a lo más recóndito y a lo más profundo de los dolores del pueblo de México, para darle satisfacciones de justicia a tantas veces que en número de millares no eran escuchadas en los cuatro puntos cardinales del país.
Del doctor Jorge Carpizo McGregor podríamos señalar en estos momentos que fue el ombudsman mexicano, que significó, que llevó adelante una serie de denuncias y que México entero aplaudió esa confrontación en busca del derecho, la libertad y la justicia, que en múltiples ocasiones se enfrentó ante los propios integrantes de los diversos grupos paramilitares del país y la propia Procuraduría General de la República, señalando las aberrantes circunstancias en las cuales miles de nuestros conciudadanos son aflojados en las mazmorras, despojados de justicia y obligados a aceptar hechos que los mantienen en las cárceles y privados de su libertad.
A raíz de la reciente resignación del Presidente de la República, conforme a las facultades que le otorga el artículo 10 de la Ley invocada, se han señalado una serie de especulaciones y esta propia Comisión Permanente, conforme a las atribuciones que la propia Ley de la materia le otorga, ha entrado al estudio y conocimiento de la realidad que está viviendo el país.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no tiene ninguna duda de la probidad, de la honestidad, de la capacidad, de la independencia, de la fuerza y el aval moral del señor licenciado Madrazo, que hoy se propone como Presidente de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sí es muy importante señalarle al propio señor licenciado Madrazo, los anhelos fundamentales de un pueblo que ha sido flagelado, que se tenga pleno conocimiento también no solamente de las diarias denuncias que se reciben en esa institución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que también por encima de actitudes de egolatría, de soberbia, de vanidad o de exclusivismo, se atiendan las denuncias que han sido presentadas ante algunas otras instituciones independientes que en el país existen y que atienden las denuncias sobre derechos humanos, en donde podrá percibirse en plenitud que el número de agraviados se incrementa en miles y se acerca a millones.
Que hay indígenas despojados, que hay cantidad de nuestros connacionales a quienes se les ha despojado no solamente de su propiedades, no solamente de sus trabajos, que están confinados en las mazmorras y que están sufriendo penalidades, producto de artificiosos procesos instaurados en su contra, porque en muchos de los lugares del país atentaron en contra de la soberbia, de la egolatría, del interés o de los derechos de los caciques o de los malos gobernantes.
Tal es el caso de muchos privados de la libertad que existen en el Estado de Tamaulipas, en donde están sufriendo en la realización de procesos penales, artificiosamente realizados para mantenerlos en las ergástulas, tal es el caso de muchos indígenas, a quienes en el Estado de Chiapas, en el Estado de Campeche, en el propio Estado de México, en el propio Estado de Tabasco y en muchos lugares de Michoacán y de Oaxaca, se encuentran privados de su libertad.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana habrá de firmar el dictamen correspondiente, no porque así lo hayan hecho la mayoría de los partidos representados en esta Asamblea, sino porque fundamentalmente tiene la absoluta convicción que el señor licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar, reúne en su persona la capacidad de autonomía, de independencia y de contextura moral, para tener pleno conocimiento de la esperanza que su presencia ha despertado en los desvalidos, ha despertado en los privados de libertad, ha despertado en aquellas voces que no han sido escuchadas en los medios judiciales, ha despertado en aquellos luchadores sociales, que en busca del mejoramiento de su familia, de su raza o de su etnia, han incurrido ante las autoridades y ante los gobiernos de los estados, y éstos, en lugar de darles respuesta a sus legítimos reclamos, han instaurado en contra de ellos artificiosos procesos penales, para confinarlos en las cárceles e impedirles el ejercicio de sus libertades.
Por esos motivos, por esas razones, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, considerando el compromiso que habrá de establecer el señor licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar con el pueblo desvalido de México entero, que lo habrá de mantener en una actitud de autonomía, de independencia aún por encima del autor de su nombramiento, considera oportuno firmar la aceptación y el nombramiento del señor licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:- Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:- En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:- Proceda ahora la Secretaría a recoger la votación económica del punto de acuerdo.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:- En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Ninguno en contra. Aprobado el punto de acuerdo, señor Presidente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Ç
El Presidente:- Gracias, señor Secretario.
En virtud de que se encuentra en una de las salas de este recinto, el señor licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar, cuyo nombramiento como Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de ser aprobado por esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa para que lo introduzcan en este recinto y le acompañen a rendir la protesta de Ley, a los siguientes legisladores: diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, senadora María Elena Chapa y diputado Alberto Carrillo Armenta. Rogamos cumplir con este cometido otorgado por la Presidencia.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:- Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:- Licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar, ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar:- Sí, protesto.
El Presidente:- Si no lo hiciereis así, que la Nación os lo demande. Felicidades, señor Presidente.
Se ruega a la comisión designada acompañar al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando desee retirarse de este recinto.
Continúe la Secretaría con el curso de los asuntos en cartera.
RATIFICACIÓN
DE GRADOS MILITARES
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
"Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Sergio Alejandro Escobar Juan, como coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en la Escuela Militar de Aviación, del Colegio del Aire el ocho de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco y el primero de julio de mil novecientos sesenta y ocho fue ascendido a subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador al término satisfactorio del Curso de Formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de Teniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, al término satisfactorio
del Curso de Mando y Estado Mayor el 31 de Agosto de mil novecientos setenta y tres, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor Aéreo;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la Nación Mexicana durante veintisiete años, dos meses y e, Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Sergio Alejandro Escobar Juan.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal a 18 de enero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; diputado Amador Rodríguez Lozano; senador Angel Ventura Valle; senador Jorge A. Vega Camacho; diputada Blanca Ruth Esponda; senador Carlos Sobrino Sierra; diputado Fernando Lerdo de Tejada y senador Héctor Terán Terán."
Es de primera Lectura.
CONDECORACIONES
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Embajador Andrés Rozental y Gutman, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Andrés Rozental y Gutman, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de enero de 1993.- diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas; diputado Alberto Carrillo Armenta; diputado Víctor Orduña Muñoz; senador Manuel Aguilera Gómez; senador Artemio Iglesias Miramontes; senador Ernesto Luque Feregrino; senador Roberto Robles Garnica; senador Germán Sierra Sánchez y diputado Jorge Leobardo Lepe García."
Es de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio de fecha 5 de enero de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas María Elena Moedano Alvarez y María Paula Ronquillo Silva, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México y Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 20 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la embajada de los Estados Unidos de América, en México y Consulado General en Ciudad Juárez, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María Elena Moedano Alvarez, para prestar servicios como secretaria-asistente administrativa, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Paula Ronquillo Silva, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal a 22 de enero de 1993.- diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputado Alberto Carrillo Armenta; diputado Víctor Orduña Muñoz; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas; senador Manuel Aguilera Gómez; senador Artemio Iglesias Miramontes; senador Ernesto Luque Feregrino; senador Roberto Robles Garnica; senador Germán Sierra Sánchez y diputado Jorge Leobardo Lepe García."
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado, el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Alfredo Hilario Isidro de Mazo González, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Isabel la Católica, en Grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno de España.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Alfredo Hilario Isidro Del Mazo González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en Grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno de España.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal a 18 de enero de 1993.- diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputado Alberto Carrillo Armenta; diputado Víctor Orduña Muñoz; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas; diputado José Antonio González Fernández; senador Manuel Aguilera Gómez; senador Ernesto Luque Feregrino; senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Roberto Robles Garnica y senador Germán Sierra Sánchez."
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
NOMBRAMIENTO
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En escrito fechado el 21 de diciembre del año próximo pasado, el ciudadano licenciado Juan Di Constanzo Zaragoza, solicita el permiso constitucional necesario para poder aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia en Tampico, con jurisdicción en el Estado de Tamaulipas.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 14 de
enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de Italia, serán de carácter estrictamente consular;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Juan Di Constanzo Zaragoza, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia, en Tampico, con jurisdicción en el Estado de Tamaulipas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal a 18 de enero de 1993.- diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputado Alberto Carrillo Armenta; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas; diputado José Antonio González Fernández; senador Manuel Aguilera Gómez; senador Ernesto Luque Feregrino; senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Roberto Robles Garnica y senador Germán Sierra Sánchez."
Es de segunda lectura.
Está a discusión el Proyecto de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado en proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
El Presidente:- Muchas gracias, señor Secretario. Para tratar otro asunto, tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, a fin de hacer comentarios sobre la convocatoria del concurso para la elaboración de los libros de Texto Gratuitos.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:- Señor Presidente; compañeros diputados, compañeros senadores:
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió, con fecha 2 de septiembre de 1992, el contenido del debate ocurrido en esta Comisión Permanente en torno a los nuevos libros de Historia de México, y rindió ésta Comisión ante el pleno de la propia Cámara de Diputados un informe que, entre otras cosas, contiene los siguientes conceptos: en el punto séptimo del mencionado informe, se propone que los libros de texto sean elaborados por maestros, especialistas en la materia, pedagogos e investigadores, lo que permitirá mantenerlos permanentemente actualizados.
Y en el inciso H, de ese mismo punto séptimos, se establece que los libros deben apegarse a la realidad en materia de historia, que deben ser producto de un análisis científico, objetivo y crítico, donde se consideren las relaciones de causa efecto, de las relaciones históricas-sociales y se aprecie el valor de los héroes nacionales como producto de la lucha del pueblo y a la vez abanderados de sus demandas.
Además, en el mencionado informe se señala también en torno a los libros de texto de historia, la necesidad de que sean enunciados con objetividad los sujetos que han frenado el desarrollo nacional y los que han contribuido a impulsarlo, para que se perciban las contradicciones de los distintos actores que intervinieron en las distintas etapas de nuestra evolución histórica y que se resalten las formas concretas de cómo ha expresado el pueblo su decisión de progreso y también su rechazó a la miseria, la ignorancia, la injusticia y la tiranía.
El pasado jueves 7 de enero, la Secretaría de Educación pública expidió un convocatoria al concurso para la renovación de los libros de Texto Gratuito de educación primaria, donde se establece, entre otras cosas, lo siguiente: En el punto 5.1, que las propuestas deberán ajustarse a los principios y criterios que establece el artículo 3o. constitucional y demás disposiciones legales en la materia, así como a los guiones correspondientes y al anexo.
En el punto 7.1, se dice que sólo se someterán a la consideración del jurado calificador aquellas propuestas que cuenten con el dictamen favorable de la Secretaría. El criterio para emitir dicho dictamen consistirá en verificar que las propuestas se apeguen a lo señalando en el numeral 5.1 de la convocatoria.
En el punto 12.9 se señala que, una vez seleccionada la propuesta ganadora los integrantes del jurado podrán hacer recomendaciones para incorporar mejoras a dicha propuesta.
Y, por último, en el numeral 12.11 se establece que la Secretaría, en los términos de sus atribuciones, decidirá sobre la utilización de cada propuesta ganadora como libro de texto gratuito o, en su caso, cuando el curso sea declarado desierto.
Al Partido Popular Socialista les parecen correctos mecanismos, que tienen como objeto garantizar que los nuevos libros de texto, que ya no sólo se refieren a historia, sino a otras materias de la enseñanza primaria, se orienten por el contenido del artículo 3o. constitucional, y además que tiendan a que se superen en calidad y contenido los libros básicos para contribuir a formar la conciencia nacionalista democrática y patriótica de las nuevas generaciones.
Sobre todo, queremos destacar la decisión de la Secretaría de Educación pública de no aceptar como libros de texto aquel que, aun cuando sea declarado ganador en el concurso correspondiente no cumpla de manera cabal con las condiciones de responder al contenido del artículo 3o. constitucional, que rige la vida educativa en nuestro país.
Como podrá observarse, el Partido Popular Socialista, no se opone a que la elaboración de los libros de texto en esta ocasión se realice a través de concurso. Sin embargo, queremos dejar claramente expresada nuestra opinión de que lo deseable es que la Secretaría de Educación Pública cuente con los equipos técnicos-pedagógicos que se encarguen de elaborar y perfeccionar en forma permanente los libros de texto.
Y esto debe ser así porque la legislación vigente establece de manera expresa la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública de elaborar y mantener permanentemente actualizados los libros de texto.
Consideramos que esa determinación jurídica es congruente con la forma en que está organizado el sistema educativo nacional, con las facultades que en este aspecto tiene la Federación, entre las cuales destaca la de elaborar los planes y programas de educación de acuerdo con los fines, principios y criterios que establece el artículo 3o. de la Constitución.
Consideramos que esta responsabilidad es una de las más importantes de la Secretaría de Educación Pública, porque el libro de texto constituye el instrumento más importante con que cuenta el educando para adquirir los conocimientos que contribuyen a su formación. Y por ese motivo históricamente las fuerzas oscurantistas de México han luchado en contra de los libros de texto obligatorios y gratuitos.
En la actualidad, a pretexto de la Convocatoria publicada por la SEP en torno a 13 libros de la escuela primaria, el clero ha emprendido de nueva cuenta una provocadora campaña para tratar de intervenir en la educación del país ahora pretendiendo participar en la elaboración de los textos escolares.
El Partido Popular Socialista rechaza con energía esta actitud con base en las reformas históricas, pedagógicas y de carácter legal, particularmente constitucionales, que el Pueblo de México se ha dado a través de su lucha histórica por liberarse de la ignorancia y el fanatismo.
En torno a esta cuestión es necesario resaltar que nuestra constitución es clara cuando establece que la educación no sólo debe de ser laica, sino debe de tener también un carácter científico que debe expresarse en planes, programas y libros de texto y los cuales deben aplicarse tanto en las escuelas oficiales como en las particulares.
No existe por tanto a juicio nuestro ninguna base que legitime o permita la participación del clero ni de algunos de sus integrantes en lo individual en esta alta responsabilidad, ya que contravendría nuestra norma constitucional que los libros de texto pudieran contener explicaciones, respuestas a problemas y fenómenos de cualquier clase o enfoque de carácter religioso.
El Partido Popular Socialista también quiere externar otras preocupaciones. Nos preguntamos ¿por qué no se han dado a conocer los nuevos planes y programas anunciados en el acuerdo de la educación básica de mayo de 1992?, ¿con base a cuáles planes y programas se van a inaugurar los libros de texto?, ¿qué valor van a tener las sugerencias de los maestros sobre los libros de texto?
Pero aún más nos preocupa que entre las especificaciones que establece la SEP para este concurso se señale que las propuestas deberán evitar mensajes ofensivos para algún grupo social, étnico o religioso.
En primer lugar, esta expresión nos parece sumamente subjetiva y que tienen más bien efectos de censura, es realmente ambigua. En segundo lugar, esta expresión también conduce o pretende conducir a un análisis anticientífico de la realidad.
¿Se va acaso a emitir el juicio histórico de la conducta antipopular y antinacional del clero porque puede ser ofensiva para la religión? ¿Se va a omitir el juicio histórico sobre los sectores opulentos que han sido enemigos de nuestro proceso histórico porque puede ser ofensivo para ellos? Entonces ¿cómo defender el principio de justicia social si no se hacen esos señalamientos?
Compañeros legisladores, nosotros no queremos olvidar que el Constituyente de Querétaro estableció en el dictamen sobre el artículo 3o. constitucional que no es válido identificar laicismo con neutralidad y que además entiende por enseñanza laica la enseñanza ajena a toda creencia religiosa, la enseñanza que transmite la verdad y desengaña del error inspirándose en un criterio rigurosamente científico.
El Partido Popular Socialista considera que los maestros, los pedagogos y en general las fuerzas democráticas que coincidimos en vigilar que se cumpla cabalmente con los principios científicos, filosóficos y sociales del artículo 3o. de la Constitución, debemos de estar atentos para que la Secretaría de Educación Pública se mantenga fiel al cumplimiento de esta norma constitucional con motivo de la elaboración de los libros de texto. Y también que la Cámara de Diputados que aprobó el informe mencionado al inicio de esa intervención, vigile este cumplimiento.
«Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 79 de la fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, presentó la siguiente
PROPOSICIÓN
Única. Túrnese la presente solicitud a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que ésta esté pendiente del proceso de elaboración de los nuevos libros de texto para la enseñanza primaria, y para que vigile que en su elaboración se cumpla con todas las normas legales aplicables, particularmente con lo que establece el artículo 3o. constitucional.
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de enero de 1993, diputado Juan Campos Vega."
El Presidente:- Gracias diputado. Señoras y señores legisladores: Informo a ustedes que se han registrado varios compañeros para participar en el punto que nos viene ocupando: el senador Orlando Arvizu Lara, del PRI; el diputado Miguel Angel León Corrales, del PRD; el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del PARM; el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del PAN y el diputado Manuel Díaz Infante, del PRI.
Concedemos entonces la palabra al senador Orlando Arvizu Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Orlando Arvizu Lara:- Señor Presidente; compañeros diputados y compañeros senadores:
De hecho, el punto que propone el compañero diputado Juan Campos Vega, del PPS, es, sin duda, congruente con la postura de la fracción parlamentaria del PRI, en relación con el asunto referente a que exista vigilancia de parte del Poder Legislativo en relación con los dictámenes que en este punto dicte la SEP una vez que haya recibido las propuestas del caso.
Por ende, quisiera en primer lugar, hacer algunas reflexiones en torno a esta materia. Quisiera en primer término, reconocer el esfuerzo que se viene realizando en la actual Legislatura para lograr a través de procesos plurales superar dogmatismo y lograr acuerdos, precisamente como el punto de acuerdo que se firmó el pasado 2 de septiembre, en donde y por el cual se hizo posible que se diera a la publicidad la convocatoria que interesa para que participen, a especialistas, a maestros, a padres de familia, a pedagogos, que deseen participar en esta auténtica consulta nacional, para actualizar planes y programas en materia de educación primaria y de educación secundaria.
Este es, sin duda, un gran esfuerzo que es producto de la modernización que permite al pueblo asomarse a través de este foro legislativo, para entender, apreciar y verificar cómo sus representantes políticos logran consensos pluripartidistas en beneficio de los mexicanos y así encontrar mecanismos para mejorar y elevar la enseñanza básica que es, sin duda, muy importante para el desarrollo de nuestro país.
Dicho consenso se ha reflejado también en reformas constitucionales para fortalecer nuestro
régimen institucional, manteniendo así la vigencia del proyecto de la Revolución Mexicana, actualizando sus métodos de lucha, liquidando obsolescencias, superando viejos problemas, pero también respondiendo a una nueva realidad. Y también anticiparse así en lo posible, a las expectativas del siglo XXI, que ya tenemos a la puerta.
Por eso deseo puntualizar aquí, la postura de la fracción parlamentaria de mi partido, en torno a la convocatoria que recientemente emitiera la SEP, para revisar los contenidos de 13 libros de textos gratuitos.
A través de diferentes medios de comunicación, en días pasados se dio una muy amplia difusión de la convocatoria de la SEP, para someter a concurso de todos los ciudadanos y grupos interesados en el ramo educativo, para que los ciudadanos participaran en este importante esfuerzo para mejorar los contenidos didácticos de los libros de texto.
Dicha convocatoria es respuesta clara para que sin elitismo se abra a los involucrados directos en materia educativa y a la inteligencia mexicana, una tarea que de algún modo había estado en manos de grupos cerrados, de investigadores, especialistas y de intelectuales. Se responde de esta manera a las inquietudes de la sociedad, recogidas de las diversas opiniones externadas e incluso hasta en forma directa a través de encuestas, pero sobre todo, con el consenso plural de los representantes populares.
La presente convocatoria o bien esta apertura, no significa de ninguna manera que cualquier persona mañana se apersone y diga simplemente que quiere redactar un texto o un libro de texto. No es éste desde luego, un ejercicio ocioso o para ociosos y mucho menos para polemizar en el debate, ya que se perdería el tiempo, pues si bien es cierto que la convocatoria sin ser limitativa sí presenta lineamientos estrictos para poder participar. Pero lo importante de esto es que muchos que por vocación didáctica, por su oficio, por su cultura, por su buena fe, hoy tendrá una inusual oportunidad de participar, sobresaliendo en todo esto desde luego, la participación de destacados maestros mexicanos.
La convocatoria de la SEP, aunque presenta un giro novedoso, se apega puntualmente al espíritu del artículo 3o. de la Constitución, de los valores históricos que son esenciales, como el laicismo, la educación básica y el afianzamiento de los valores que acentúan nuestra identidad nacional, sin soslayar el conocimiento y el arraigo regionales.
La elaboración de estos nuevos textos, permitirá una mejor compresión del mundo actual, de la sociedad contemporánea y al recoger las experiencias inteligentes de las aulas y empatarlas con los conocimientos de especialistas, van a generar una auténtica democratización educativa. Permitirá elevar el aprendizaje al propiciar un lenguaje más sencillo, directo, coloquial, narrativo y sobre todo, actualizado, llevar a redundar en una mayor capacidad de comunicación, en las técnicas de aprendizaje para que los niños de México se desarrollen las competencias intelectuales y los saberes básicos.
En resumen, se complementará la vocación con la profundidad y la sistematización del conocimiento de los especialistas, investigadores y pedagogos, para que de esta manera se mantengan permanentemente actualizados los libros.
Se trata, pues, de libros con mayor flexibilidad, de libros con mayor transparencia; pero a pesar de ello, a pesar de la transparencia y a propósito de la transparencia, es importante también reconocer que se han escuchado voces que tienen reservas respecto de los tiempos de entrega de los materiales del concurso. Al respecto, es conveniente desechar actitudes extremas y señalar que no se está partiendo de cero y de que no se está inventando nada.
Los maestros, los técnicos, los expertos, ahí están, con un inmenso caudal de conocimientos y de experiencia, experiencia que sólo estaba requiriendo recibir la oportunidad de madurar e integrar materiales con los que ya cuentan; se trata, inclusive, de escoger lo mejor que los educadores del país producen para que actualicemos estos textos que sin duda va a ser necesario ajustarlos, dado a que tenemos que reconocer que hoy lo exigen los nuevos tiempos que vivimos.
Se trata, pues, de que la discusión y la crítica sobre este nuevo procedimiento de la SEP se haga con sentido propositivo, constructivo, para renovar para apoyar los esfuerzos de dar mayor y mejor educación al pueblo de México.
Debemos tener presente que los apoyos a la educación son en relación directa con la importancia que para el desarrollo del país tiene la educación. Tanto los derivados de los libros de texto gratuitos, como por el reciente soporte que se da a la carrera magisterial, soporte que se dan a la carrera magisterial no sólo con el deseo de encontrar una forma o figura burocrática para aumentar los salarios a los maestros, sino para lograr que en ellos se eleve primordialmente la calidad de la enseñanza.
Se trata, insisto, de aprovechar una oportunidad más para refrendar nuestro apoyo a la niñez de México, como ya sucedió aquí en, el seno de esta legislatura, con motivo de las reformas al artículo 3o. de la Constitución, en donde a las razones se sumaron casi la unanimidad de los votos, lo cual dio una muestra de los consensos alcanzados.
De lo que se trata, en fin, es que en esta materia tan vital para el fortalecimiento de México, campeen la razones y no las pasiones.
En relación con el punto propuesto por nuestro compañero del Partido Popular Socialista, también, señor Presidente, me sumo a su propuesta, dado que coincidimos en el laicismo profundo que debe imperar en estos nuevos libros de texto gratuito que ha convocado la SEP. Muchas gracias.
El Presidente:- Gracias señor senador.
Concedemos la palabra al diputado Miguel Angel León Corrales, de la fracción parlamentaria del PRD.
El diputado Miguel Angel León Corrales:- Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
El pasado día 7 de enero salió publicada la convocatoria que la SEP lanza para la renovación de los libros de texto de educación primaria, los cuales venían siendo elaboradas o reelaborados por grupos técnicos designados directamente por la Secretaría.
Se trata de una convocatoria abierta, que tiene qué ver con 13 libros de texto. Todos aquellos que quieran participar, tienen de plazo hasta el 18 de abril para entregar sus propuestas. Se formará un jurado por cada uno de los 13 libros, y como parte del proceso de la convocatoria, a cada participante se le entregarán guiones de carácter técnico-pedagógico, en los cuales se establecen las características que los libros deben de contener: temática del libro, objetivos pedagógico, características gráficas, contenidos:
Para nuestra fracción parlamentaria esta convocatoria en términos generales resulta positiva y por lo tanto representa un avance, dado que hace posible la participación social en la elaboración y los contenidos de los libros de texto.
Consideramos que de esta manera comienza a evitarse el predominio de algunos intereses creados en la elaboración de estos materiales, como es el caso de algunas editoriales.
Y en realidad con esta convocatoria la SEP está reconociendo claramente que el procedimiento seguido para la elaboración de los libros de Historia de México para 4o. y 5o. grados fue un error. No debemos olvidar que este intento fallido de los libros de Historia tuvo como principal característica la de ser un proyecto asignado de manera directa a grupos de intelectuales.
Reconociendo que la convocatoria en términos generales podría resultar positiva, no podemos dejar de hacer algunas precisiones críticas al procedimiento y al contenido de dicha convocatoria.
El plazo para inscribirse y para presentar materiales es muy breve. Como habíamos dicho antes, vence el 18 de abril. Se trata, por lo tanto, de un lapso de un poco más de tres meses.
Según la SEP, se tiene el propósito de que estos libros comiencen a ser utilizados a partir del próximo ciclo escolar, en el mes de septiembre.
Si ya existía la idea de estos plazos, ¿por qué no salió la convocatoria con mayor anticipación? Pues con un plazo tan breve, por un lado se está otorgando ventajas a quienes desde la SEP con toda seguridad ya vienen trabajando en estos materiales. Y por otro lado estamos frente a un problema sumamente grave: otra vez se van a ser los libros "al vapor". Una vez más el proceso tiene como principal característica el corto plazo. Si los actuales libros de texto ya tienen alrededor de 20 años, si partimos de la idea de que los libros que hoy existen, hace tiempo que debieron ser actualizados, ¿por qué hoy la prisa? ¿Por qué un proceso de un poco más de seis meses para reemplazar a otros libros que tenían casi 20 años?
El escaso tiempo para presentar proyectos a concurso responde más a los tiempos políticos y a la urgencia del Secretario de Educación Pública por mantenerse en la carrera hacia la Presidencia, que a una legítima necesidad de renovar los libros de texto que han visto envejecer sus contenidos ante el avance del conocimiento científico.
Ante esto, nuestra fracción parlamentaria se manifiesta por modificar las bases de la convocatoria para la elaboración de los libros de texto gratuitos. Pensamos que se deben ampliar los plazos para la entrega de proyectos, proporcionando recursos y equipo especializado a los intereses en participar.
Ahora bien, la convocatoria no garantiza que los jurados actúen con justicia e imparcialidad.
Los integrantes de dichos jurados, van a ser 13, serán designados por la SEP. En los términos de la convocatoria podría incluso darse el caso de que algún participante resultase beneficiado. Pongo un ejemplo: se elaboraron guías, una guía por cada uno de los 13 libros, que están siendo entregadas a quienes van a participar en el concurso. ¿Quién las elaboró?, ¿de qué manera se garantiza que quienes elaboraron las guías no vayan a participar en el concurso y, más aún, tomando en cuenta que los concursantes serán anónimos, y si además tomamos en cuenta que no se han publicado los nombres de las personas que elaboraron las guías?
Nosotros hasta el día de hoy conocemos la guía para el libro de Historia de México, en el cual, por cierto, la Historia de México se termina con López Mateos, borrando así los temas que tantos problemas le crearon a la SEP en los fallidos libros de texto; lo cual nos llama la atención con respecto al siguiente problema: ¿cuándo, quién y bajo qué procedimientos se aprobaron las guías para los nuevos libros de texto?
En lo que se refiere a los jurados, desde ahora no pronunciamos de manera categórica porque ninguna Iglesia, de ninguna denominación, participe en calidad de integrante de los jurados, pues de hacerlo se atentaría contra el espíritu y la letra del artículo 3o. constitucional y, por ende, contra el carácter laico de la educación pública.
En las guías no sólo se establece la cuestión pedagógica y los contenidos, también se precisan las características editoriales y gráficas de los nuevos libros de texto. El diseño de los libros y su expresión iconográfica también debiera someterse a concurso, pues en ello está de por medio la calidad didáctica y el enfoque pedagógico. La calidad de los libros también depende en el diseño y de la cuestión gráfica, por lo tanto lo correcto hubiera sido incluir también estos aspectos en el concurso.
Esperamos que la impresión de los nuevos libros se lleve a cabo, como lo dice la Ley, por la Comisión Nacional del Libros de Texto Gratuito. La asignación directa de la impresión, que ha beneficiado a ciertas empresas de la industria editorial, es un proceso muy viciado que debe terminar. Estas empresas privadas además producen diversos materiales que son utilizados como recursos didácticos por los maestros; estos materiales didácticos no son materia de la convocatoria. Nosotros sostenemos que también debería de ser sometidos a concurso. No hay ninguna razón para hacerlo así.
Por otro lado, nos preocupa que a pesar de la reciente reforma constitucional que estableció la obligatoriedad de la educación secundaria, hasta hoy no se esté avanzando en la implementación de los libros de texto gratuitos para ese nivel de educación. Si la secundaria y la primaria son obligatorias, nada justifica que para un nivel existan libros de texto gratuitos y para el otro no.
Ahora bien, poner a concurso los libros de texto gratuitos es una vieja demanda del magisterio. Los maestros siempre han querido participar en su elaboración. Pero ¿la convocatoria realmente garantiza la participación de los maestros?
Cada guía es vendida a 100 nuevos pesos, 100 mil de los anteriores, pero además cada concursante debe tratar por su cuenta, y esto es un problema muy importante, compañeros, los derechos de uso de gráficos que es un trámite demasiado caro y por último resulta casi imposible que un maestro o un equipo de maestros tenga la posibilidad de contratar a todo un equipo para trabajar en diseños de los nuevos libros de texto.
Los libros a concurso tienen que se presentados en maquetas terminadas, en tipografía y con bocetos de ilustración, además de presentar por lo menos las primeras 16 planas a todo color. Todo esto requiere de equipo especializado y los recursos necesarios para los cuales difícilmente se encuentran al alcance de los interesados, sobre todo los profesores, de participar en el concurso.
Además de los problemas anteriores, se encuentra la agravante de que fotografías e ilustraciones seleccionadas por el autor, son derechos autorales a pagar por cuenta del concursante, por lo cual la Secretaría se desliga de antemano de cualquier responsabilidad. En estas condiciones yo me pregunto, ¿es creíble que el concurso para elaboración de los libros de textos se ha abierto a todos los sectores de la sociedad, en particular de los maestros?, una cosa es elaborar y redactar los contenidos y otra muy diferente diseñar un libro, va a resultar complicado que los maestros puedan resolver el problema del Derecho de Autor, de fotógrafos, de pintores; este problema debería de ser resuelto por la SEP.
Para garantizar los requisitos sobre los criterios de calidad en el diseño, los maestros van a tener que pensar incluso en la asesoría jurídica para responder en términos de la Ley por el uso de texto e ilustraciones de terceros. No me cabe
la menor duda de que estos gastos son imposibles de cubrir con los salarios de los maestros.
Finalmente, demandamos que de inmediato se publiquen todas las convocatorias de todos los libros de texto gratuitos a nivel primaria; en cuanto a la propuesta que hace nuestro compañero del PPS, queremos manifestar que nos sumamos a ella. Muchas gracias.
El Presidente:- Se concede la palabra al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del PARM.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:- Señor Presidente; señores senadores, señores diputados:
Llama la atención nacional el tremendo contrasentido que se ha dado en el sector educativo del país, además de la fragmentación del sindicalismo magisterial y del llamado Acuerdo para la Modernización Educativa y el fracaso rotundo de la edición de los libros de texto gratuitos en materia de Historia Nacional para Primaria.
¿Por qué la SEP recurrió a investigadores sin experiencia docente o pedagógica para mutilar la versión objetiva de la historia? ¿Cuál es realmente el obstáculo para que los maestros cumplan con las exigencias de calidad docente?
A nuestro juicio, el problema del magisterio radica en dos puntos el económico, el salario del maestro es muy bajo, ese oficio es uno de los más nobles, pero está muy mal remunerado en nuestro país, aparte el maestro se enfrenta a la zozobra de la inseguridad de su pago. ¿cómo queremos maestros eficientes con esta clase de sueldo y encima retrasos de uno y hasta cuatro o cinco meses en la expedición de su cheque?
Material didáctico. El material didáctico con el que se cuenta actualmente en los planteles es deficiente, anacrónico e inadecuado para impulsar el aprendizaje y la educación de la niñez, por lo cual el mentor carece de motivación para desempeñar adecuadamente su labor.
El año pasado se hizo un esfuerzo para corregir algunas anomalías. La SEP convocó a un acuerdo para la Modernización Educativa a fin de mejorar la eficiencia. La conclusión de todo ello, fue descentralizar la política educativa y estatizarla; es decir, que cada Estado y municipio se hiciera cargo del compromiso de mejorar el nivel de maestros y alumnos en sus propios territorios.
La decisión antes mencionada obedeció a estos dos factores. El primero, la ineficiencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para resolver o canalizar las quejas de los maestros, lo que ocasionó un sinfín de marchas y protestas. La burocratización excesiva del Sindicato, sólo condujo a su fragmentación regional, debilitando así su capacidad para hacer propuestas congruentes y no debatirse en un mar de criticas sin ton ni son y quejas sin sentido.
El segundo, la tremenda dependencia de todos los sectores, involucrados en el problema respecto a las decisiones del centro SEP. Por tal razón, la solución a los problemas es lento y por ello los conflictos se siguen recrudeciendo.
El pasado 15 de enero se firmó un convenio de profesionalización del magisterio con el propósito de especializar y crear una carrera profesional para maestros de educación elemental a nivel nacional. Paralelamente a este acto, que fue festejado en exceso, como una atinada respuesta, la SEP y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de Estado, anuncian que ante la incapacidad de las propias instituciones y la incompetencia y apatía del magisterio, es previsible el recorte de 250 mil plazas de maestros este año.
Lo anterior es un contrasentido, ya que por un lado crean un plan para que los maestros se profesionalicen en un margen esperado entre los tres y cuatro años de formación profesional, y por el otro la SEP liquida plazas de docentes reduciendo aún más la situación del desempleo.
Resulta pues imposible, que haya una verdadera congruencia entre lo que se plantea y lo que realmente se hace.
Entre agosto y septiembre de 1992, la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos para 4o. y 5o. grados de primaria en materia de Historia Nacional, causó una profunda polémica e inconformidades múltiples.
En primer lugar, causó extrañeza el hecho de que la SEP designara a dos personas para elaborar el texto de los controvertidos libros. A este respecto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera que una cosa es la capacidad y prestigio de dos intelectuales muy reconocidos, y otra la eficiencia didáctico-pedagógica necesaria para comunicar conocimientos adecuados para niños de educación elemental.
Una cosa es acumular sabiduría y otra cosa es saber expresarla, hacerla clara y comprensible para los niños.
La selección de los hechos históricos incluidos en los libros, fue selectiva. La descripción incompleta en cuanto a datos, fechas, lugares y personajes; discriminación ideológica sobre los periodos y procesos culturales que moldearon la historia de nuestro pueblo.
Todo lo anterior desencadenó una intensa ola de protestas y críticas que dejaron en claro la parcialidad de la elaboración de los libros citados.
El pasado 8 de enero, la SEP publicó una convocatoria y participación para la renovación de los libros de texto gratuitos y primaria con 12 bases generales.
Los voceros de la Iglesia católica, la Asociación Nacional de Padres de Familia, organismo de tendencia conservadora, emitieron comunicado respecto a la conveniencia de que entre el jurado calificador hubiera personas de autorizada probidad moral.
La Iglesia metodista, en un comunicado de prensa, publicó el pasado domingo en primera plana el temor del líder nacional de la profesión metodista, Ulises Hernández, de que la Iglesia católica pretenda entrometerse en este proceso de concurso. Aquí, cabe hacerle una pregunta a la SEP, ¿qué no tiene personal adecuado, pedagógico y docente, capacitado para que sea él quien realice los textos de historia de primaria?, ¿qué carece de capacidad y talento para hacer un libro de enseñanza elemental?
Por nuestra parte, los parmistas nos dimos a la tarea de realizar un rápido sondeo entre la ciudadanía y recogimos sus expresiones e inquietudes al respecto, mismas que en cumplimiento a la alta representatividad que se nos confirió, me constituyo en portavoz para expresarlas y son las siguientes:
¿Cuál será el criterio para integrar el jurado?, ¿realmente habrá un criterio pluralista para acoger propuestas objetivas que no necesariamente coincidan con la línea de convicción cultural y política del presente régimen?, ¿cuál ha sido la causa por la que se ha privilegiado más el tema de la historia nacional y universal y no se ha prestado la misma atención a la geografía, a la matemática y el español?
Esta preferencia casi exclusiva al tema histórico, nos induce a sospechar que detrás de esta problemática no está tan sólo el afán de concretarse a mejorar la calidad educativa, sino el reescribir la historia del país a fin de justificar lo realizado por éste u otro régimen o regímenes del pasado.
La historia nacional es el bagaje cultural que explica con claridad la fisonomía de nuestra patria. En ella encontramos graves aciertos pero también graves errores, de aquellos personajes que les tocó vivirlas; son hechos irreversibles; ni la ciencia ni la tecnología pueden modificar el pasado. Nuestras nuevas generaciones tienen derecho a conocer la verdad de su patria. Evitemos confundirlas inculcándoles hechos falseados, a fin de que tengan una conciencia exacta de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos como nación.
El Presidente: - Se concede la palabra al señor diputado Juan Luis Calderón, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Este tema en el que nos encontramos debatiendo, introducido a la discusión de esta Comisión Permanente por el diputado Campos Vega, del PPS, introducido por él para hacer observaciones y proponer que se turne a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el seguimiento de los trabajos y el desarrollo del concurso para la elaboración de los libros de texto gratuitos de algunos grados y algunas materias, no todos, ha incitado nuestra intervención para simplemente afirmar o reiterar lo que Acción Nacional ha mantenido durante 50 años como propuesta fundamental en materia de educación.
Acción Nacional desde su fundación ha propuesto e insistido en que la educación es un derecho fundamental de los padres y que el Estado debe subsidiariamente atender ésta.
En el texto constitucional se insiste en que es derecho del Estado el ofrecer y proporcionar la educación, que es obligación del mismo hacerla gratuita a quienes lo soliciten, ahora no sólo en el nivel primaria, sino en la secundaria.
En el punto ya concreto de nuestra intervención de la discusión de la convocatoria - concurso de la renovación de los libros de texto, creemos que es un avance en el sentido de incorporar en la educación a todos los interesados en la materia; al Estado mismo como obligado constitucional de proporcionarla; a los maestros como responsables de transmitirla e inculcar a los educandos el amor al estudio, a la información, a la búsqueda de la verdad, y obviamente también
a los padres de familia como obligados responsables de que sus hijos lleguen a conocer la verdad, se formen y se desarrollen en forma solidaria, que se desarrollen imbuidos de los valores nacionales, regionales y de solidaridad con el prójimo.
Deseamos pues, este concurso convocado por la Secretaría, sea un paso para lograr involucrar a todos los interesados en el mecanismo de la elaboración libros.
Creemos ciertamente que el concurso propone unos plazos muy limitados para la elaboración y registro de las propuestas, esto es, de la fecha de publicación del concurso no pasan más allá de 60 días para cerrar el plazo de registro de las propuestas. Siendo tan importante la materia de las propuestas, creemos que es un plazo reducido.
Nos parece interesante, sí, que el concurso convoque a todas aquellas personas físicas y/o morales de la República Mexicana a participar en él; nos parece aquí contradictoria, aunque no nos extraña, la observación del diputado Campos, cuando habla de que está de acuerdo, y nosotros coincidimos con esto, que la educación se haga con apego a los valores nacionalistas y democráticos, que se haga en la búsqueda o en base al proceso científico de la búsqueda de la verdad objetivamente, y luego hace un juicio prejuicioso sobre la posible intervención de una o unas asociaciones con la intención de hacer propuestas.
Insisto, me parece contradictoria; no me extraña, es típico de los diputados de esa fracción parlamentaria hacer prejuicios en materia de la participación de determinadas ahora asociaciones, sin embargo, creo que su mismo prejuicio reduce la capacidad del convocante, para en un momento dado calificar, como marca el mismo proceso del concurso, las propuestas que cumplan con la convocatoria, y como dice el punto 4, con el espíritu y contenido del artículo 3o. constitucional.
Creemos, insisto, que en materia de educación falta mucho por hacer en México; creemos que el proceso educativo nacional requiere un esfuerzo de todos los que en él nos encontramos interesados en participar, principalmente los padres de familia y los maestros. Esta es una oportunidad de dar un paso adelante. Gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado. Para rectificar hechos el diputado Juan Campos Vega, del PPS, en términos del 102 y hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Casi todos los integrantes de esta Permanente que han hecho uso de la palabra, han coincidido en que es necesario que estemos vigilantes para que la SEP actúe acorde con los criterios que se establecen, particularmente en el artículo 3o. constitucional. Sólo hay algunas acotaciones del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, una de ellas que es una objeción de su partido, es la posición partidaria, en contra de que en el artículo 3o. constitucional, se declare como una función pública, una responsabilidad del Estado, la educación de la nueva generación, y reivindica la vieja demanda de Acción Nacional del derecho de los padres a educar a sus hijos, derecho que habría que analizar con mucho detenimiento para ver si en realidad es tal, derecho que habría que valorar en su justa dimensión, si tomamos en cuenta que hasta la fecha, a lo largo del desarrollo histórico de la sociedad en todos los pueblos del mundo, no ha existido jamás un sistema político, no ha existido jamás una forma de Gobierno que no tenga su concepción de la educación y que no trate de imponer esa concepción que tiene de la educación a la población, y cada uno de los partidos políticos en nuestro país tienen sus concepciones de la educación, y mientras que el PAN no logre el apoyo mayoritario para esa concepción que tiene, pues seguirá estando en contra de los planteamientos que tiene la Constitución y que compartimos las demás fuerzas políticas del país.
Entonces es un problema que tendrá que resolver por otra vía, pero por lo pronto ésa es la norma constitucional, y nosotros a lo que llamamos es a acatarla.
Y califica el diputado Calderón de prejuicios nuestros argumentos, en contra de que el clero participe o cualquier religión participe de alguna manera en la elaboración de esos libros de texto.
La cuestión no obedece a un prejuicio; obedece a una convicción de la conducta que el clero ha tenido en materia religiosa en nuestro país; si ha habido alguna educación intolerante, si ha habido alguna educación dogmática, sectaria, anticientífica, antidemocrática, ha sido la educación que se impartió en nuestro país durante la época colonial, y donde la, Iglesia era la responsable fundamental de esa educación.
Por ello no es gratuito que el debate del Constituyente de Querétaro se dijera que la Iglesia de la Colonia enseñaba el error, enseñaba el dogma.
También es cierto que después de las reformas constitucionales del siglo pasado, cuando se
estableció la educación laica, este concepto continuó teniendo esta interpretación de neutralidad, y por ello los constituyentes de 1917 decían que ya no se enseñaba el error, pero se toleraba la enseñanza del error y por ello, en ese debate histórico del Constituyente de Querétaro, se comentaba inclusive que no habían encontrado los constituyentes un término que recogiera su preocupación, que ellos querían que el concepto "laico" no fuera interpretado como una concepción de neutralidad en el terreno educativo, sino que ellos lo que querían es que la educación se basara realmente en el análisis científico de la realidad.
Entonces, ¿cuál es la respuesta del clero en esta etapa de la vida de nuestro país? Oponerse, como lo ha hecho hasta el presente a ese contenido filosófico, a ese contenido político que tiene el artículo 3o. de la Constitución. No ha variado su actitud; de 1917 a la fecha sigue combatiendo el artículo 3o. constitucional, y las veces que lo ha podido, y lo hace frecuentemente, lo viola flagrantemente en las escuelas particulares donde tiene participación.
Entonces no es un prejuicio, es el convencimiento que tenemos nosotros de la conducta histórica del clero, de la conducta actual del clero mexicano, que trata de orientar la educación que está en sus manos en sentido contrario a los principios filosóficos, políticos y sociales del artículo 3o. de la Constitución.
Esos son, compañeros legisladores, los juicios que el Partido Popular Socialista tiene en torno a este tema, y por eso nuestra excitativa a que se cuide, que se respete el artículo 3o. de la Constitución en la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos para la enseñanza primaria, y que se impida por todas las vías la presencia del clero. Y en ese sentido sería muy sano que el propio Secretario de Educación Pública, de manera pública por cierto, perdonando la redundancia, nos diera su opinión al respecto de esta materia. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Manuel Díaz Infante, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Con su venia, señor Presidente:
Hemos escuchado con atención las intervenciones de nuestros compañeros legisladores que nos han antecedido en el uso de la palabra.
De entrada, los miembros del PRI rechazamos algunas de las afirmaciones aquí expresadas.
Afirmamos que para nosotros, a todas luces, es evidente, como para la generalidad de la sociedad, de que hay un avance real, democrático y republicano, que se está poniendo en práctica con la expedición de esta convocatoria para la elaboración de 13 nuevos libros de texto.
También pensamos los miembros del PRI, de que es inobjetable la buena fe con la que está actuando la autoridad de la SEP.
¿Y por qué pensamos esto? lo pensamos porque estos libros van a servir para que nuestros educandos, los menores de edad, adquieran conocimientos y sean, por supuesto, buenos mexicanos.
La SEP está actuando de conformidad con el derecho, está actuando de conformidad con lo que dispone el artículo 3o. constitucional y con la Ley Federal de Educación, donde concretamente se dice, en su fracción V del artículo 25, que corresponde a esta autoridad la elaboración y, por supuesto, también mantener actualizados los libros de texto gratuitos.
Así también, en el Acuerdo para la Modernización de la Educación, que fue publicado en mayo del año pasado, el 19 de mayo, se establece la actualización permanente de los libros de texto.
Aquí se hicieron algunos comentarios que pensamos vale la pena retomar.
El compañero Juan Campos Vega se hace una interrogante que es válida, y son dos interrogantes las que me gustarían tratar. Dice que, ¿dónde están los planes y los programas de estudio que menciona el Acuerdo Nacional para la Modernidad y que servirán de base para la elaboración de estos nuevos libros de texto?
Yo le podría decir que, en las especificaciones pedagógicas que están en cada uno de los documentos que servirán de base para la elaboración de los libros, encontraremos ahí un temario por bloques, que realmente son programas por asignatura y por grado.
Y en cuanto a los objetivos generales, también están contenidos en las propias especificaciones pedagógicas.
En segundo lugar, y por lo que hace a su segunda intervención para hechos, en la cual decía él que ¿cómo podemos garantizar?, el hablaba del clero, yo podría decir que de cualquier asociación religiosa o cualquier sociedad anónima pudieran estar ajenas a la elaboración de los libros, baste
con leer el punto número 7.1 de la convocatoria, en donde se dice textualmente que este concurso está abierto para personas físicas, no para personas morales.
Y yo entiendo que con la Ley que nosotros aprobamos en el Congreso de la Unión, las iglesias, las denominadas iglesias serán asociaciones, serán personas morales, una vez que obtengan su registro.
De tal suerte que, de entrada, ninguna asociación religiosa, por una parte, ni tampoco, por la otra, alguna sociedad anónima, llámese editorial o como quiera llamársele, podrá participar en la elaboración de los libros de texto.
Por otro lado, nuestro compañero Miguel Ángel León Corrales hace también alguna serie de consideraciones.
Celebramos nosotros que ellos coincidan con la generalidad con la mayoría, en el sentido de que se empiezan a evitar una serie de vicios que quizá se dieron anteriormente.
Ellos consideran también que es positiva, porque se está abriendo a toda la comunidad y con lo cual nosotros también estamos absolutamente de acuerdo. Sin embargo, se hace una serie de críticas a las cuales queremos hacer algunas consideraciones.
Primero, él dice que el plazo para inscribirse es muy breve; esto es, para inscribirse y para entregar, por supuesto, los materiales.
Yo le podría decir que, efectivamente, podemos considerarlo como breve, pero es suficiente y es suficiente porque estamos hablando de un término de 95 a 115 días, para entregar los proyectos.
Nosotros consideramos que estos proyectos nos los va a entregar, con todo respeto, un carpintero, un albañil o un chofer, los va a entregar gente que esté dedicada a la educación, que haya consagrado su vida a ello y que por lo mismo está empapada de lo que es la educación y de lo que son los planes de educación.
De ahí que, nosotros creemos que el término es bastante correcto.
Dice que podría haber alguna posibilidad de darle ventaja a la gente que trabaja en la SEP. Yo le quiero recordar también que en la propia convocatoria existe prohibición expresa para que servidores públicos de la SEP puedan concursar en la elaboración de estos libros de texto. De ahí que yo pienso que queda salvada también la inquietud que tiene nuestro compañero.
Dice que, ¿por qué la prisa?, que ¿qué sucede?, que vamos a trabajar al vapor. Yo le diría que, dentro del propio acuerdo para la Modernización, se comprometió la autoridad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a que en un plazo que no pasara de dos años, esto es, el año lectivo 1993- 1994, 1992- 1993, quedarán ajustados todos los libros de texto, y así es como se está haciendo.
En este primer bloque serán exclusivamente trece libros y en el siguiente bloque, esto es, el año lectivo 1993- 1994, se harán los otros libros que queden pendientes. De ahí que sí efectivamente se tenga una prisa relativa, pero se trata de ajustarnos a un acuerdo nacional ya suscrito por el Sindicato, ya suscrito por las autoridades de Educación Pública y por los padres de familia.
El hace una aseveración que francamente se me hace temeraria. El dice que estos plazos responden a plazos políticos, así lo dijo él, porque se desea que Cedillo se mantenga en la lucha por la Presidencia de la República.
Yo creo que nada más ajeno a ello. Sería francamente vil de cualquier ser humano el utilizar unos documentos tan importantes, como son los libros de texto de primaria, para promocionarse hacia algún otro cargo. Yo creo que de ninguna manera obedece a ello y obedece sí a los plazos y a los tiempos que yo estoy haciendo aquí alusión.
Dice también que la convocatoria no garantiza el jurado, porque va a ser designado por la SEP; yo le pediría con todo respeto a nuestro compañero que se remitiera a la propia convocatoria, en la convocatoria queda perfectamente establecido quienes van a ser los jurados, y los jurados se componen de 12 elementos y no de 13, como él comentó.
El jurado va a ser contemplado y constituido por tres especialistas reconocidos en educación, pedagogía, didáctica y disciplina afines, y aquí, ojo, seleccionados por instituciones de investigación y desarrollo de educación. Nótese, no, SEP.
Por 13 expertos en asignatura elegidos por universidades, colegios, academias y asociaciones especialistas en la materia. Esto quiere decir que la SEP tampoco tiene nada qué ver con la elección de estos 13 expertos.
Aquí sí vienen dos maestros normalistas designados por Educación Pública. Pues se nos hace elemental que cuando menos dos, dos servidores públicos de la Secretaría participen en un jurado plural que tiene 13 elementos.
También van a formar parte del mismo dos secretarios de Educación de los Estados o sus equivalentes. Aquí también nótese, ¿cómo van a formar parte de cada uno de los jurados? Por insaculación, entonces tampoco tiene nada qué ver la Secretaría.
Un penúltimo representante que va a ser: uno, designado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, obviamente no tiene nada qué ver la Secretaría. Y por último, un maestro, que va a ser electo por las organizaciones de los padres de familia.
Como se puede ver, es un grupo extraordinariamente plural en donde la injerencia de la SEP se constriñe a dos elementos de 12 que van a tener en el jurado. No podemos ver de ninguna manera mala fe en esta Constitución.
Dice también que cómo es posible que los autores o posibles triunfadores presenten un proyecto en tan corto plazo y quizá de un alto valor.
Yo quiero recordar también que la convocatoria dice muy claramente que está abierto para uno o varios autores. Esto es, se puede conformar un grupo de maestros para que presenten este proyecto.
La convocatoria también dice que solamente se requieren las primeras 15 planas en maqueta para saber como se va a presentar el proyecto. También se nos hace de lo más lógico y congruente y él dice que sean en una determinada forma de impresión, esto quiere decir que simplemente el alcance de una máquina computadora cualquier persona lo puede hacer y más si se juntan un grupo de interesados para ello.
Y que cómo es posible, también nos comenta él, que se pueda garantizar la participación de los maestros. Bueno, aquí sí la verdad es que la convocatoria, ésta o cualquiera, no puede garantizar la participación de los maestros si ellos no lo desean. Cualquier persona, maestro o no que lo desea, tiene la posibilidad real de participar en este concurso, en esta convocatoria que insisto, pensamos que es sumamente sana para todos nosotros.
Por último, una duda que me quedó que no le entendía muy bien. Decía que se publicaran todas las convocatorias y que no se ha hecho a la fecha.
Yo quiero comentarle que la convocatoria se hizo para los 13 libros. Y que la convocatoria a la que quizá él hace referencia, es en exclusiva para el libro de texto para el Distrito Federal, la cual también ya fue publicada hace unos tres o cuatro días, con lo cual se está cumpliendo en tiempo y en forma con cada uno de los considerandos emitidos en la propia convocatoria.
Nuestros compañeros Cantú Rosas y Juan Luis Calderón, hacen consideraciones de carácter general con las cuales coincidimos en algunas partes; en otras no creemos nosotros sinceramente entrar al fondo del asunto, porque no están tocando la convocatoria como tal.
En síntesis, compañeros legisladores, yo diría lo siguiente:
Uno. Hay apertura del Gobierno de la República para que se ventile el caso de los libros de texto gratuito;
Dos. A todos nos conviene que nuestros hijos tengan mejores libros para tener mejores mexicanos.
Tres. El libro de texto gratuito seguirá y ha sido objeto de preocupación de todas las autoridades, de científicos, de técnicos y de la sociedad en general.
Nosotros pensamos que el libro de texto ha evolucionado constantemente y que debe de seguir evolucionando, no puede ser estático. La vida es dinámica y como tal los libros deben de ir conteniendo todas y cada una de las experiencias y expresiones del género humano.
El alcance, el alcance es indiscutible. Las cifras hablan por sí mismas; en el tiempo que lleva de editarse el libro de texto gratuito, han sido ya más de 2 mil millones, 2 mil millones de textos repartidos a todos los educandos, a todos los menores de edad.
Por eso, decimos nosotros que es importante apoyar esta propuesta, que es importante que hagamos a un lado cualquier consideración de orden político o de otro tipo; que todos apoyemos esta convocatoria.
Y, por último, sin emitir ningún juicio previo, porque no corresponde a la Comisión Permanente del Congreso, sin ir al fondo para ver si es positivo o es negativo, y simplemente haciendo de la consideración de ustedes que son atribuciones muy específicas que tiene el Poder Ejecutivo, difícilmente la Comisión de Educación
de la Cámara de Diputados podrá intervenir de manera directa en la elaboración y supervisión de los libros de texto; es una obligación, que ya lo he comentado, es claramente contundente en la Ley Federal de Educación, en el artículo 25, fracción V. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos tiene la palabra el señor diputado Miguel Ángel León Corrales, por cinco minutos.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia.
Lo primero que yo le plantearía al compañero diputado Díaz Infante, es que es importantísimo escuchar adecuadamente, porque de otra manera se pueden hacer planteamientos que no tienen nada qué ver con lo que en este caso en particular yo dije.
En primer lugar, cuando yo hablé de jurados, compañero, me referí a 13 jurados, en ningún momento yo dije que cada uno de los 13 jurados iba a estar compuesto por 13 personas; dije que se iban a formar 13 jurados, y de ninguna manera plantee yo que cada jurado iba a ser de 13.
Ahora bien. Yo hice la crítica en el sentido de que desde mi punto de vista estos jurados son nombrados principalmente por la SEP y eso ya nos permite a nosotros plantear la posibilidad de que el jurado pueda cometer injusticias y no actuar con objetividad. Y la respuesta que usted me da es que yo debo leer la convocatoria. Bien, vámonos a la convocatoria, compañero.
Le voy a plantear, según la convocatoria, en qué puntos es la Secretaría quien nombra a los miembros de los jurados. En primer lugar, en el punto 11.3 de la convocatoria se dice que sólo la Secretaría podrá recusar a los jurados ¿Quiénes formarán el jurado?, tres especialistas de reconocida capacidad pedagógica, didáctica, etcétera, seleccionados por instituciones especializadas; pero, repito textual: "Las instituciones que participen lo harán a invitación expresa de la Secretaría".
Después se dice: "Tres expertos en la asignatura académica, objeto de las propuestas, elegidos por universidades, colegios, etcétera".
Nuevamente: "Las instituciones que participen lo harán a invitación expresa de la Secretaría. Después dos maestros normalistas de reconocido prestigio designados por la Secretaría; dos secretarios de educación de los Estados de la Federación, no son nombrados por la Secretaría, pero estamos hablando de los secretarios que el Poder Ejecutivo de los estados designa para cumplir esta función. Luego un maestro que será elegido por la Secretaría, a propuesta de organizaciones representativas de padres de familia, pero repito, que será elegido por la Secretaría.
Compañero, en todos y cada uno de los miembros del jurado, exceptuando el del sindicato, la Secretaría, y aquí estoy yo planteándolo textualmente, tiene que ver con la designación de los jurados.
Usted me decía: "Hay que leer que leer la convocatoria". Creo que nadie puede subirse aquí a hablar de una convocatoria sin haberla leído.
Ahora bien, compañero, quiero decirle que todos los diputados que hemos hablado, con excepción de usted, hicimos una crítica al problema de tiempo, incluso su compañero senador. El hizo una crítica muy razonada de que hubiera sido preferible disponer de más tiempo para llevar a cabo todo este proceso. Entonces, en primer lugar, le recuerdo que no solamente yo critiqué el problema de la brevedad; todos y cada uno de los diputados que subimos aquí, incluido su compañero, lo hicimos.
Que ¿por qué la prisa?, los libros de texto que actualmente se usan en la educación primaria tienen casi 20 años. Y ahora de repente nos salen con una convocatoria que del día que aparece al día que van a ser utilizados por los niños en las escuelas primarias de este país, pasan solamente un poquito más de seis meses.
En la revista MIRA, el subsecretario o las fuentes, con toda claridad, precisa: "...que la pretensión de la Secretaría es que en el mes de septiembre estos libros ya sean utilizados en la escuela primaria". A esto habríamos que añadir el tiempo en el cual los libros tendrán que ser elaborados, los miles de libros que tendrán que ser elaborados y entonces, compañero, estamos hablando de un proceso que se reduce a poco menos de cuatro meses. Y cuando yo digo: "¿cómo es posible que se pretenda crear nuevos libros de texto para suplir a unos que ya tienen casi 20 años, sobre la base de un proceso de apenas, cuatro meses?" Pues la pregunta es válida, compañero: ¿cuál es la prisa?
Me parece que la educación primaria de este país merece desde cualquier punto de vista, un proceso, en efecto lo reconocemos, abierto, como el que se plantea, un proceso en efecto que abra de completo a la sociedad. Pero también esta educación primaria requiere un proceso
serio; que garantice que los productos realmente van a estar a la altura de las circunstancias.
Por último, yo hice la objeción de que en realidad no se trata de un proceso abierto a los maestros. Usted me plantea que los maestros bien se pueden unir en grupos. Yo le pido que lea la versión estenográfica de la intervensión que hice hace un momento aquí, y se dará cuenta de que yo hablé de que podían participar maestros en lo individual o maestros en equipo. Pero mire, compañero: ¿usted cree que un grupo de maestros van atener las condiciones económicas para presentar esas maquetas y todo el diseño, si partimos de la base de que en gran medida, los concursantes ganarán y perderán, según las condiciones de diseño en que se presenten sus propuestas? y Yo mencionaba un punto que usted no tocó: el problema de los derechos de autor. Si algún maestro de primaria, que gana lo que gana, o un grupo de maestros de primaria que ganan lo que ganan, se les ocurre presentar por ejemplo la fotografía de un astronauta, en uno de los temas a concurso, ¿de qué manera este maestro o estos grupos de maestros, van a resolver el problema de los derechos autorales, con respecto a la fotografía que saquen? Yo creo que cuando aquí hacemos la crítica seria, precisa, en el sentido de que la convocatoria no garantiza que los maestros, los verdaderos maestros de primaria, los que ganan un poco más de un millón de pesos mensuales, repito, la convocatoria no garantiza su participación. Y nos parece que si alguien cree en efecto sí la garantiza, lo menos que puede hacer es dar argumentos y no dedicarse solamente a rebatir los míos. Gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, en términos del 102, tiene la palabra el diputado Manuel Díaz Infante.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Gracias, señor Presidente:
Yo cuando subí a esta tribuna, no solamente vine a rebatir argumentos; vine a dar los míos propios también, por supuesto y no rehuimos el debate.
Quiero ofrecer una disculpa si entendimos que eran 13 jurados; usted no había puntualizado claramente que hablaba de los 13 jurados que iban a calificar cada uno de los 13 libros y yo a lo que me refería era a que eran 12 jurados los que componían cada uno de los 13 en lo individual. Quizá fue un problema aquí de entendimiento entre ambos. Si hubo algún problema ahí, yo le ruego me disculpe.
Me comentaba usted, e insiste en lo mismo, que es muy poco el plazo de 95 a 115 días. Yo le quiero volver a repetir lo mismo; no estamos partiendo de cero, estamos partiendo de conocimiento cierto; estamos tratando libros de geografía, libros de historia, libros de español y libros de matemáticas a menos que queramos inventar el cero nuevamente, no estamos inventando nada nuevo, estamos actualizando unos programas a 1994 o fines de 1993, donde se van a aplicar estos libros. Entonces no estamos absolutamente partiendo de cero.
Vuelve a insistir que cuál es la prisa. Yo le vuelvo a contestar con lo mismo. Hay un acuerdo para la modernización de la educación en la cual se comprometen todos los elementos, todos los factores que intervienen en el mismo, para que en el período 1993- 1994, se elaboren unos libros que son estos 13 libros, y en el período 1994- 1995 se elaboren el resto de los libros. Esa es la prisa realmente; cumplir con un acuerdo.
El diputado Miguel Ángel León Corrales (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
El Presidente: - ¿Admite una interpelación señor diputado?
El diputado Manuel Díaz Infante: - Sí, sí la admito.
El Presidente: - Sí la admite. ¡Adelante!
El diputado Miguel Ángel León Corrales (desde su curul): - Dice que hay un acuerdo para sacar estos libros en los años 1993 y 1994. Pues que se utilice ese acuerdo. Yo no entiendo porque los libros tienen que salir en septiembre de 1993, si el plazo es hasta 1994.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Yo le contestaría muy fácilmente: Porque no se pueden cambiar todos los libros en bloque. Entonces se están cambiando 13 libros en este período lectivo, que va de 1993 a 1994 y el resto en el período lectivo que va de 1994- 1995.
Esa es la prisa. Pero insisto, es un acuerdo que esta firmado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por autoridades de Educación Pública y por las asociaciones de padres de familia y por supuesto, por la autoridad que es la SEP.
Dice usted que se requiere un proceso serio. Yo realmente no veo dónde esté la falta de seriedad. En la convocatoria aquí todos la hemos
celebrado, todos decimos que cumple con las expectativas que teníamos la sociedad civil y también como legisladores, la que teníamos, para que se hiciera un concurso transparente. Es absolutamente claro, se busca la imparcialidad de la SEP, se busca la imparcialidad del jurado. Es más, para algún dato que no habíamos tocado aquí, todos debemos de saber de los libros se van a presentar de manera anónima, en un sobre cerrado; el número del concursante se va a poner y en otro estará el nombre del ciudadano, que está, un grupo de ciudadanos que están presentado el libro. Estos dos sobres estarán cerrados y se van a entregar a un notario público, el cual los va a tener en custodia hasta en tanto el jurado resuelva. No es posible conocer la identidad de cada uno de los autores, porque estará en custodia de un notario público.
Por último, yo le diría a usted de los derechos de autor probablemente pudieran tener algún problema, pero ahí sí ya será una responsabilidad de los autores de los libros. Tendrán que tener cuidado de que los materiales que utilicen para presentar las maquetas respectivas, tengan el consentimiento del autor o autores, o sea, del dominio público; si son del dominio público no tendrán ningún problema. Los libros de texto gratuitos actuales también son del dominio público y de ahí mismo podrían sacar alguna serie de fotografías o de elementos. Y quisiera también completar mi argumento con lo siguiente:
La propia convocatoria también dice que no es necesario presentar todas las fotografías definitivas, simplemente con un esbozo, con un bosquejo, como dice ahí, es suficiente y la autoridad es la que hará los bosquejos correspondientes o conseguirá los elementos para que estos libros queden enriquecidos.
Yo creo, insisto sinceramente, que es una excelente convocatoria, que es un buen elemento de inicio para que vayamos cambiando la educación en nuestro país y sobre todo los libros de texto en donde estudian nuestros hijos. Gracias, señor.
El Presidente: - Gracias, diputado.
Está Presidencia, con fundamento en lo previsto en la fracción III del artículo 79 constitucional, turna la proposición presentada por el PPS a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
El Presidente: - Se concede la palabra al señor diputado Jorge Calderón Salazar, del PRD, para formular una excitativa.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Estimados compañeras y compañeros legisladores:
En nombre del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, he solicitado el uso de la palabra para fundamentar las razones por las cuales nuestro partido pide a la presidencia haga una exhortación a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, la Comisión de Comercio y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, a fin de que las iniciativas que el Partido de la Revolución Democrática ha presentado en distintas ocasiones, a las que voy a referirme, entorno a la participación de la Cámara de Diputados como colegisladora en la ratificación y, en su caso, aprobación de tratados internacionales y en torno a la participación del conjunto de la ciudadanía y del pueblo mexicano por la vía del referendum en la misma ratificación y aprobación de tratados, sean prontamente dictaminadas, repito, estas iniciativas y podamos por tanto en el pleno de la Cámara de Diputados discutirlas.
En la sesión de la Cámara de Diputados del 12 de junio de 1991, por conducto del diputado Juan Guerra, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa de reformas a los artículos 73, 76, 89 y 133 constitucionales, con objeto de restituir al Congreso de la Unión, es decir, a las dos Cámaras, la facultad de aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo Federal.
Un año y meses después, el 13 de julio de 1992, el grupo parlamentario del PRD, en esta ocasión por voz del diputado Juan Hernández, formuló nuevamente una iniciativa en la que además de modificar y ratificar en algunos puntos las propuestas de reformas previamente formuladas, se presentan propuestas de modificación también de la Ley sobre celebración de tratados.
La preocupación de los congresos constituyentes de 1824, 1857 y 1917, fue la de mantener para el Congreso General la facultad de aprobar los tratados internacionales. Prevaleció en la lógica del Constituyente da la necesidad de mantener en todo momento, también, la supremacía de la Constitución de nuestro país respecto de cualquier tratado que celebre nuestro país con otra nación.
Por ello, la redacción original del artículo 133 constitucional, aprobada por el Constituyente de Querétaro, decía así, cito: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos y que se
hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados".
Esta disposición era congruente con los artículos 72 y 73 constitucionales, que fijan la competencia del Congreso de la Unión y establecen en distintos apartados un proceso legislativo bicameral para la creación y, en su caso, aprobación de leyes.
Resulta constitucionalmente congruente disponer que un tratado celebrado con la aprobación del Congreso y respetuoso de la Constitución, será Ley Suprema de toda la Unión, puesto que el ejercicio del Poder Legislativo Federal está depositado en un Congreso General, que se divide en dos cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.
Un tratado, en tanto que entraña o puede significar una definición sobre contenidos y alcances de una Ley y, además, como es el caso del Tratado de Libre Comercio, va acompañado de un conjunto de leyes complementarias o de leyes de instrumentación del tratado, propiamente dicho, consideramos, de acuerdo con el Constituyente de 1917 y con varias disposiciones que comentaré posteriormente, que sólo puede ser considerado de manera válida y legítima, entendiendo esto con la legitimidad que da el Constituyente de 1917, sólo puede ser considerado como Ley Suprema cuando es sometido a consenso popular, cuando es aprobado por las dos cámaras y en casos de tratados que reflejen una especial importancia para el conjunto de la vida de la nación, sometido en referendum a la ciudadanía de nuestra República.
Por esta razón, la reforma hecha en 1934 al artículo 133 constitucional, que establece de manera específica la facultad del Senado para la aprobación de tratados internacionales, excluyendo de manera directa en ese artículo a la Cámara de Diputados, contradice el principio que norma el ejercicio de las leyes en el marco del Congreso General de la República, contradice el espíritu del Constituyente de 1917 y particularmente entra en contradicción con partes de artículos constitucionales que dan facultades explícitas al Congreso, en pleno, para definir cuestiones que son materia en este Tratado de Libre Comercio; baste señalar que el artículo 73, fracción XXIX - A, faculta al Congreso General para establecer contribuciones sobre el comercio exterior; el mismo artículo 73, en el apartado XXIX - F, faculta al Congreso para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.
Y, por otra parte, en el artículo 131, que no voy a leer, se establecen facultades precisas del Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o modificar cuotas de exportación y se faculta al Congreso para que a su vez otorgue posibilidades legales al Ejecutivo Federal en materia de estas tarifas de exportación, siempre y cuando sean posteriormente sometidas a consideración del propio Congreso, en pleno, este tipo de decisiones en materia arancelaria.
Hay, pues, en éstos y otros puntos, un conjunto de facultades que en 1934, cuando se modifica el artículo 133 Constitucional, se mantienen en ambas cámaras. Pero como si estos argumentos no fueran suficientes, hay que destacar un elemento que hemos reinterado a lo largo de casi 14 meses o de más de 14 meses de ejercicio de ésta LV Legislatura del Congreso de la Unión.
El Tratado de Libre Comercio, por su importancia, implica modificaciones sustanciales en un conjunto de ordenamientos legales y en una serie de leyes especificadas que hemos discutido a partir de noviembre de 1991, el PRD y otros partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados y hoy presentes en la Comisión permanente; hemos sostenido que leyes como la Agraria, leyes como la del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Forestal y otras más, la de Sociedades de Inversión y muchas más, son en la práctica, aunque a ello haya sido reiteradamente negado por el diputado del PRI, son en la práctica leyes reglamentarias del Tratado de Libre Comercio, incluso sin que este tratado hubiera sido aprobado, y es de todos conocido porque los medios de prensa lo han señalado reiteradamente, la posibilidad de que en el próximo período ordinario de sesiones sea sometido al Congreso, a las dos cámaras, la nueva Ley de Inversión Extranjera, acorde también con las normas y lineamientos de la negociación del Tratado del Libre Comercio.
Nuestro partido también, en su tiempo y no voy a repetir la argumentación, sólo enunciarla, cuestionó la reforma y lo seguimos cuestionando, el artículo 27 constitucional, por considerar que la apertura que se daba a la inversión extranjera particularmente en materia de la adquisición de
tierras en México a través de las sociedades mercantiles, era lesiva para los principios del Constituyente, para los principios heredados de la Revolución Mexicana para la soberanía. Esto fundamenta la importancia de un mecanismo legislativo de cara a la nación, abierto al pueblo y que antes subrayo esto porque es posición fundada del PRD, que antes de que sea ratificado por el Senado de la República el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se ha discutido y en su caso probado tal como nosotros estamos aquí haciendo la propuesta, la facultad, de la Cámara de Diputados para la discusión y en su caso aprobación o rechazo del Tratado de Libre Comercio y también la facultad soberana del conjunto de los ciudadanos de este país para participar, como en otras naciones del mundo, en la ratificación, aprobación o en su caso rechazo a este Tratado de Libre Comercio, que va a modificar, como todos sabemos el conjunto de las estructuras productivas y económicas de nuestra nación.
Nuestro partido prácticamente desde que fue anunciada la voluntad de los gobiernos de los Estados Unidos de América y de México y posteriormente de Canadá, de negociar el tratado, a expuesto en toda la República su posición respecto al Tratado en foros, eventos, en plazas públicas, en barrios y comunidades, en pueblos y ciudades, en los órganos legislativos, particularmente en el Senado de la República, con numerosas intervenciones que en su momento hizo la Senadora Ifigenia Martínez y continúa participando el Senador Porfirio Muñoz Ledo y el Senador Robles Garnica, a presentado sus puntos de vista al respecto.
Los legisladores del PRD en la Cámara de Diputados, en la LIV y LV Legislaturas, hemos mantenido una activa política de participación en la discusión del Tratado, a pesar de que durante meses se nos negó información y comunicación específica del curso de las negociaciones y únicamente se nos daba información genérica o boletines de prensa destinados a los medios de comunicación.
Consideramos que pese a la negativa a una apertura democrática en la discusión del Tratado de Libre Comercio, nuestro partido ha sido propositivo y hemos también participado, como lo han hecho numerosos funcionarios del Gobierno de la República, incluyendo al propio titular del Ejecutivo Federal en foros Internacionales, siempre en defensa de nuestra soberanía y nuestra Independencia, porque estamos sí, por una relación activa, comercial, tecnológica y financiera con todos los países del mundo, particularmente con Canadá y Estados Unidos de América y en América Central y América del Sur, pero estamos ante todo por la defensa de los intereses nacionales y de nuestra soberanía y de nuestra independencia.
Consideramos por tanto legítimo el diálogo de cara a la nación en todos los foros y todos los escenarios nacionales y también como lo hacen legisladores, como lo hacen funcionarios repito, el propio titular del Ejecutivo, en todos los foros Internacionales, anteponiendo siempre la defensa de los intereses populares y de los intereses soberanos.
Es por ello que nosotros consideramos de capital importancia, por el pluralismo político que pese a los obstáculos que impone el sistema político antidemocrático de México, existe en la Cámara de Diputado, y por la importancia del diálogo de cara a la nación que implica un referendum nacional en materia de aprobación de tratados internacionales que estas iniciativas que nuestro partido ha formulado debieran ser discutidas.
Además otros partidos políticos han presentado en distintos momentos y corresponden por tanto a ellos el análisis específico de sus posturas, pero han presentado también o hecho pronunciamientos respecto a la importancia que la Cámara de Diputados participe en esta discusión.
Algunos de los partidos que postulan o defienden la participación de la Cámara, cuestionan el esquema de negociación, otros tiene reservas aunque apoyan algunos puntos; no quisiera entrar en análisis específico de ello, lo que quiero señalar es que no se trata únicamente de un punto de vista del Partido de la Revolución Democrática, de la participación de la colegisladora en la decisión sobre tratados; hay otras organizaciones políticas pero no sólo ello, hay organizaciones nacionales ciudadanas.
La red Mexicana de Acción frente al Tratado del Libre Comercio y numerosas organizaciones sociales y sindicales, grupos de productores, empresarios, grupos sindicales y labores, así como organizaciones ambientalistas, han exigido desde el año 1990 y 1991, una amplia participación democrática del conjunto de la sociedad.
Conocemos, porque llevamos ya mucho tiempo discutiendo esto, el argumento contrario, la COESE participó en centenares de reuniones en el cuarto de al lado y hubo reuniones con diversos sectores productivos. Asistimos quienes
hoy participamos en esta Cámara y numerosos ciudadanos que formamos parte del PRD, a algunos de estos foros de consulta y consideramos con razones fundadas, que no se expresaron ahí los intereses del conjunto del pueblo mexicano y que no hubo una efectiva consulta a todos los sectores sociales y productivos involucrados.
Pero más aún, consideramos y en otros momentos hemos expuesto que el texto efectivamente negociado no refleja los consensos fundamentales que esta nación aspira para un marco de interdependencia con Estados Unidos de América y Canadá, con ejercicio de soberanía y de autonomía en materia económica.
Hemos cuestionado, en otros momentos habrá posibilidad en el futuro de entrar a una agenda específica, lo que se discutió en materia financiera y bancaria, cuestionamos la decisión de abrirá la inversión extranjera el sector eléctrico a través de productores independientes; no coincidimos con decisiones que se tomaron en materia textil y automotriz; no estamos de acuerdo con decisiones en materia particularmente y de propiedad intelectual a consorcios extranjeros o trato nacional a corporaciones multinacionales de Canadá y Estados Unidos de América, y en materia agrícola consideramos que la protección a nuestros intereses es absolutamente insuficiente.
Pero habrá momentos de discutir en detalle esto, lo que quiero destacar aquí es que no se trata sólo de un procedimiento legislativo que estamos reivindicando nosotros como elemento básico para un diálogo nacional, también estamos cuestionando la agenda y lo acordado en ese Tratado de Libre Comercio, que ha sido ya suscrito por los titulares del Poder Ejecutivo de los tres países.
Hay otro elemento que no está siendo reconocido por los titulares del Ejecutivo Federal y particularmente por el mexicano, fue la sociedad civil mexicana, organizaciones no gubernamentales y nuestro partido, junto con otras fuerzas políticas y sociales, la que propuso en una fecha tan temprana como el año 1990, noviembre de 1990, para ser más específicos, la necesidad de incluir en el Tratado de Libre Comercio los aspectos laborales y ambientales que garantizaran que industrias tóxicas de Estados Unidos de América y Canadá no vinieran a establecerse en nuestro país.
Propusimos también estándares laborales que permitieran que la integración económica se diera con procesos de respeto a los derechos humanos de los trabajadores, sus derechos sociales y aumentos salariales graduales.
Propusimos fondos compensatorios para el desarrollo económico de regiones y sectores, y un elemento más, que en un momento el licenciado Carlos Salinas anuncio en una entrevista de prensa, pero que posteriormente en la reunión de Austin no fue retomado para la nueva agenda que reabre las negociaciones de capítulos paralelos del TLC, me refiero a los fondos compensatorios y particularmente a los aspectos de migración. La relación económica más importante entre México y Estados Unidos de América son los millones de mexicanos residentes en territorio de Estados Unidos de América y que carecen de derechos laborales y de un status de respeto a los derechos humanos.
Por ello es que se trata no sólo de pecata minuta, no sólo son pequeños problemas que pueden ser discutidos en un acuerdo intergubernamental, tal como el físico Sergio Reyes Luján lo ha destacado previamente, sino que se trata de decisiones soberanas que debe tomar el pueblo sobre el contenido del Tratado propiamente negociado y sobre los acuerdos paralelos.
Hay un elemento más que nos parece preocupante y ese elemento es que queda ambigua, en recientes declaraciones de Sergio Reyes Luján, si los acuerdos paralelos que a partir de la reunión de Austin se pretende negociar, serán ratificados por los órganos legislativos mexicanos, en este caso por el Senado, aunque nosotros, repito, proponemos la facultad de ambas Cámaras para discutir y aprobarlo, o serán de acuerdo a lo que establece la fracción 11 del artículo 2o. de la Ley sobre Celebración de Tratados, repito, nos preguntamos si acaso serán únicamente acuerdos intergubernamentales.
¿Por qué este aspecto que pareciera de poca monta o irrelevante? Porque es central. Un acuerdo intergubernamental sólo debe ser sometido por la dependencia que lo negocia, a consideración de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y tiene un status radicalmente distinto en el marco del derecho internacional público, al status que tiene un tratado internacional ratificado por los órganos legislativos de los tres países en su caso.
Y sería un elemento de debilidad en materia de la fuerza que puede tener un acuerdo de esta magnitud en los elementos laborales y ambientales, reducir el rol del Legislativo a simplemente conocer, quizá por la prensa, estos acuerdos intergubernamentales, pero sin el estatuto de lo
que significa un tratado internacional, con todo lo que implica en materia de derecho internacional público.
Otro elemento que hace importante reivindicar el papel de la Cámara de Diputados y del pueblo, es no solamente el cuestionamiento que hemos hecho a lo que podríamos llamar el pluralismo político de la Cámara de Senadores, es más que eso, la nación exige un debate y un diálogo que permita profundizar en los intereses que están en juego en este Tratado de Libre Comercio, y hemos cuestionado ya el pluralismo político del Senado, lo hemos cuestionado, somos federalistas y defendemos la existencia del Senado, pero en las condiciones de México, en enero, febrero, marzo y abril de 1993, y esto lo han expresado claramente los senadores que el PRD postuló y forman parte hoy del Senado. En estas condiciones no estamos nosotros de acuerdo en que el Senado represente el conjunto de los intereses de la nación y sea el elemento definitorio para una correcta aprobación del Tratado de Libre Comercio.
En recientes declaraciones, el líder del Senado, el senador Emilio M. González, de una manera directa dijo que el Senado no tenía que consultar con nadie porque tenía su propia capacidad de representación. No estamos de acuerdo, con todo respeto, con el senador Emilio M. González, es un principio de ejercicio de soberanía de esta nación, el que incluso aquellos que hayan sido electos por el pueblo para puestos de representación popular, deben buscar todas las fórmulas de consulta, de diálogo y de participación del sector más amplio de los intereses de la ciudadanía del país, para dictaminar, conocer y en su caso aprobar leyes y tratados, esto es fundamental.
Por ello es que es esencial que antes y lo ratificamos, antes, repetimos, que el Tratado de Libre Comercio sea ratificado por el Senado, se asuma la responsabilidad política directa, en este caso por el Partido Revolucionario Institucional, de discutir y debatir cara a cara por qué sí están de acuerdo, o por qué no están de acuerdo, en dar facultades, antes de que se apruebe este tratado, a la Cámara de Diputados, y por qué un procedimiento de consulta popular que ha sido de vital importancia en otros países, como Francia y Dinamarca, en materia de ratificación de tratados, se considera favorable o no se considera conveniente para nuestro país.
Pero debatamos de cara a la nación, salgamos de diálogos de pasillos, salgamos de pláticas circunstanciales en que se nos dice: quizá aprobemos esa reforma pero después de la ratificación del tratado, y entremos a un diálogo nacional sobre las necesidades de participación de la Cámara de Diputados como colegisladora, y sobre lo que es más importante, o no más importante, pero sí de igual importancia, que es el referendum, como forma de participación del conjunto de la ciudadanía en las decisiones fundamentales de nuestro país.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento el los artículos 21 fracción XVI, 85 párrafo segundo, y el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Estados Unidos de América, en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicito a la Presidencia de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se formule una excitativa a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Comercio y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, a efecto de que en el término reglamentario produzca los dictámenes correspondientes a las iniciativas sometidas por Diputados del grupo parlamentario del PRD, a la consideración del Congreso, para la reforma a los artículos 72, 73, 74, 76, 89 y 133 constitucionales. Si dentro del término establecido no se produjeran los dictámenes respectivos, solicitamos de antemano que en la próxima reunión, se les emplace a que los tenga en un día determinado bajo el apercibimiento de que las iniciativas pasarán a otra comisión en caso de que no se cumpliesen, y queremos dejar explícita mención a que esto también tome en cuenta la iniciativa presentada el 14 de octubre de 1992, por el diputado Raymundo Cárdenas, ante la Comisión Permanente, particularmente en lo relativo a reformas constitucionales que incorporan, a nuestra máxima Carta Magna, la figura del referendum como vehículo para expresión de la voluntad popular. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra para rectificar hechos, sobre este asunto, el diputado Juan Campos, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros legisladores:
El tema que ha planteado el diputado Calderón, es un tema en el que coincidimos los miembros del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista y los de su partido, y ambos compartimos también una interpretación de la
Constitución, de la cual estamos muy convencidos, de que este Tratado, por ocuparse de esos temas a los que él ya ha hecho referencia, es una responsabilidad que no puede ser solamente competencia del Senado de la República, sino también de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Esta opinión nuestra, no es compartida por otros ciudadanos legisladores, que dan una interpretación diferente a los preceptos y normas constitucionales a los que aquí se ha hecho referencia, como los artículos 131 y 133 por ejemplo, de la Constitución.
Para tratar de evitar que fuera un debate en cuanto a interpretación de la Constitución de las diversas fuerzas políticas, ambos partidos, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Popular Socialista, hemos presentado iniciativas tendientes a modificar la Constitución para que la Cámara de Diputados también participe en el proceso de ratificación del tratado.
Nosotros, al igual que el PRD, presentamos ante esta Comisión Permanente en el transcurso del año pasado, una iniciativa de reformas constitucionales a los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución, que fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Relaciones Exteriores, e insistimos también en la necesidad de que estas comisiones emitieran su dictamen y pedimos una excitativa a ambas comisiones en el mes de diciembre del año pasado, y por ello en esta ocasión, compartiendo esa preocupación y compartiendo también muchos de los juicios que aquí ha hecho el diputado Calderón en torno al Tratado de Libre Comercio, en torno a la modificación de la mayoría de las leyes que se ha realizado en la LV Legislatura que tiene vinculación con el Tratado de Libre Comercio, venimos a sumarnos a esa solicitud que hace el diputado Calderón a nombre de su partido para que las comisiones involucradas en torno a estos temas en un plazo perentorio emitan su dictamen y permitan que públicamente las diversas fuerzas políticas que estamos representadas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, analicemos este problema, de la conveniencia o no de que la Cámara de Diputados participe en el análisis del Tratado de Libre Comercio, para que las diversas fuerzas políticas que integramos esta LV Legislatura tengamos la participación, como representantes populares, en torno a la ratificación del Tratado de Libre Comercio.
Esa es nuestra postura, y por ello nos sumamos a la solicitud que ha hecho el diputado Calderón. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias diputado. Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado José Antonio González Fernández.
El diputado José Antonio González Fernández: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
En efecto, tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido Popular Socialista, presentaron las iniciativas a que han hecho referencia tanto el distinguido diputado Jorge Calderón como el diputado Juan Campos Vega.
Se tratan de dos iniciativas de reformas a la Constitución, amplias, importantes, trascendentales, que como toda iniciativa de reforma a la Constitución, pues tiene que analizarse y estudiarse oportuna y serenamente.
En su oportunidad ambas comisiones, la de Relaciones y la de Gobernación, consideraron integrar un grupo plural de trabajo en cada una de ellas para que trabajaran conjuntamente un proyecto de dictamen.
Esos dos grupos de trabajo o ese único grupo de trabajo, incluso acordó en una sesión de pleno de ambas comisiones, que aunque la iniciativa que había presentado el Partido Popular Socialista, únicamente fue turnada en aquél entonces a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, por tratarse de una materia tan íntimamente relacionada con la iniciativa que había elaborado el PRD, pudieran dictaminarse juntas porque prácticamente el contenido era el mismo.
Y ahí está, los grupos de trabajo, el grupo de trabajo, pues analizando ambas iniciativas, trascendentes iniciativas, porque se refieren a cuestiones que no voy a repetir lo que han dicho mis compañeros legisladores.
Y por supuesto que aceptamos la excitativa de los compañeros diputados, y con mucho gusto procuraremos a la brevedad posible que los grupos de trabajo presente los dictámenes o el dictamen final a la consideración del pleno de las comisiones de Gobernación y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y por supuesto, insisto que haremos lo posible para que el dictamen esté lo más pronto posible.
Sin embargo, me parece que también es importante señalar que en el uso de atribuciones exclusivas que da la constitución, que otorga la constitución a cada cámara o a cada poder, no necesita para el cumplimiento de sus funciones
ningún otro tipo de consulta o la concurrencia de otro poder si tiene facultad exclusiva, en este caso una Cámara, que es el Senado, para analizar la competencia que tiene y, en su caso, la aprobación del Tratado.
Cuando estamos hablando, discutiendo de que vamos a analizar una propuesta para reformar la Constitución, bueno, las atribuciones exclusivas para esto son por las de Tena Ramírez, del Constituyente Permanente, y es el Constituyente Permanente quien tiene que analizar la posibilidad de reformar la Constitución.
Cuando estamos hablando de la aprobación de leyes y, en su caso, pongo el ejemplo, quizá, de alguna que se refiera a ingresos, pues, tiene que seguir un procedimiento y pasar primero, como Cámara de origen, por la Cámara de Diputados.
En este caso estamos escuchando, en la intervención de los compañeros que me antecedieron, algunos juicios que respeto pero que no compartimos y que no compartimos los legisladores del Revolucionario Institucional, en cuanto a las atribuciones exclusivas que tiene en este caso una Cámara y en cuanto a las declaraciones del Presidente de la Gran Comisión, que nos parecen acertadas y correctas, las que hizo don Emilio González, porque no requiere, en el uso de sus atribuciones exclusivas, una Cámara, la concurrencia o la opinión de otra, cuando tiene la facultad para hacerlo.
Entonces, son dos cosas distintas: Una, la excitativa, que aceptamos, y otra las declaraciones del Presidente de la Gran Comisión del Senado, que a nuestro juicio son correctas, son acertadas, porque obra con pleno apego a la Constitución. Muchas gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 85 del Reglamento, en relación con la fracción XVI del artículo 21 del propio Reglamento para el Gobierno del Congreso Interior, formula una excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para que se reúnan y formulen los dictámenes a que se ha hecho referencia, a diversas iniciativas de reformas constitucionales.
DECLARACIONES
DE LA REVISTA NEWS WEEK
El Presidente: - Pasamos a otro asunto y concedemos la palabra a la diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Hoy solicité el uso de la palabra como legisladora, porque deseo reprobar con energía, sin ambages, un suceso lamentable del que informó la revista News Week, el pasado 11 de este mes, pero del que han dado testimonio otros mexicanos.
Se trata de un hecho indigno para este Congreso de la Unión, ofensivo y nocivo al interés nacional. Me refiero, señor Presidente, al ofrecimiento que el senador Porfirio Muñoz Ledo, hizo para colocarse al servicio del Congreso de Estados Unidos de América, cuando les dijo, y voy a citar entre comillas: "Voy a bombardearlos dos veces por semana, con documentos e información sobre salarios, prácticas laborales y problemas ambientales de México, para que los legisladores de Estados Unidos de América balanceen sus opiniones, a fin de hacerlos recapacitar antes de que el Tratado de Libre Comercio se debata, a principios de 1993".
Más aún, afirma que "los intereses de México han sido adelgazados por la prisa del Presidente Salinas por apurar el Tratado antes de que su período concluya". A quien se ha propuesto esta poco ética tarea, le diré que no nos causa extrañeza, que intente dañar por enésima ocasión en el exterior la imagen de México, afortunadamente siempre sin éxito. Porque los desgarramientos retóricos, poco tienen qué ver con los hechos y las firmes acciones que le han ganado a México, a su pueblo y a su Gobierno, el respeto y la confianza de la comunidad internacional, que no es sino el reflejo del clima de confianza interna que prevalece.
Lamentamos sin embargo que sea un senador quien conduzca dicha estrategia que es a mi juicio absurda, inconsecuente y ominosa.
Considero que un auténtico legislador nacional debe apegarse a su Constitución, no a la extranjera. Debe defender la soberanía y el interés nacional, no ir en contra de los propios y a favor de los ajenos. Esa conducta es auténticamente antiparlamentaria, carente de sensibilidad política y de dimensión histórica.
¿Qué acaso no recordará el senador Muñoz Ledo, que es muy diferente suscribir acuerdos y convenios entre estados debidamente representados por sus gobiernos y que sólo en el marco de esas negociaciones es que es posible salvaguardar el interés nacional y la soberanía interna?
¿Qué no se dará cuenta que cuando un legislador actúa oficiosamente y ofrece sus servicios a una
potencia extranjera, concretamente a su Congreso, está comprometiendo el interés nacional? ¿Acaso se le habrá olvidado al senador que los mexicanos hemos siempre resuelto nuestras diferencias internas y que esas divergencias que nos dividen en partidos políticos seguirán subsistiendo, porque son disensos saludables para la vida democrática de la nación? Y que enhorabuena que se den, porque ello enriquece la vida democrática, la vida plural, que queremos precisamente ir legitimando con mayor firmeza en México.
Yo creo que valdría la pena recordarles que esta pretensión de someter al juicio extranjero nuestros rezagos y problemas y peor aún, la de propiciar, ingenua, frívola e irreflexivamente, la intervención externa en lo que concierne a los mexicanos, es absurda.
¿Querrá acaso que se discuta con los norteamericanos el problema de los salarios y las relaciones laborales de los mexicanos?, ¿que se negocien y se diriman en el marco del artículo 123 constitucional con apego a lo que ahí se dispone y son precisamente los sindicatos los que negocian en México, los que negocian el respeto al derecho de huelga, sabedores de que en aquel país estos derechos no existen, sabedores también de que allá es la Ley común la que determina las relaciones laborales y no un código especial de trabajo?
¿Con qué argumentos trata de persuadir a los negociadores extranjeros que no ratifiquen el Tratado de Libre Comercio, sino con el argumento de que en vista de que los empresarios norteamericanos y canadienses habrán de invertir en México se generarán fuentes de trabajo y habrá empleos y más salarios para los mexicanos y que por lo tanto los norteamericanos habrán de perder esas fuentes de trabajo, que los alerte sobre estas cuestiones?
¿O acaso también querrá hacer responsable a México y a los mexicanos del daño ecológico causado por las empresas extranjeras y que de acuerdo a nuestras leyes internas, concretamente a la Ley de Ecología, se les sanciona, se regula y se vigila desde México?
Afortunadamente quienes se han empeñado en demostrar la imagen de México y a sus instituciones en el extranjero, son cada vez menos, y podríamos decir que estamos presenciando la inexorable cronología de su soledad. Por pretender vulnerar los intereses de los mexicanos, el pueblo ha pasado de manifestarles su rechazo a una cada vez mayor indiferencia.
Estos parecen ser actos desesperados de una política que no ha sido capaz de ofrecer razones, valores sociales vigentes o las acciones positivas, aun cuando no se esté totalmente de acuerdo con ellas.
No, no sólo privilegian sus intereses y sus perspectivas. Nosotros afirmamos que si bien la negociación comercial con el Norte es importante y que la firma del Tratado de Libre Comercio es deseable y conveniente para México, tampoco se trata de una panacea para resolver todas nuestras necesidades, ni habremos de incluir en esa negociación los demás temas de una complejísima agenda bilateral; eso ya lo hemos discutido aquí.
Tenemos problemas e importantes rezagos en diferentes aspectos de nuestra sociedad; pero también debemos reconocer que ha habido avances innegables que nos han puesto, por primera vez en nuestra historia, en la posibilidad de interactuar con el exterior en condiciones de equidad, de competencia y de productividad.
Afortunadamente no todos son problemas ni hemos caído en catastrofismo que hace algunos años vaticinaban esos mismos detractores. Creo que con los Estados Unidos de América y Canadá estamos avanzando positiva y equitativamente sobre la base de lo que interesa a cada una de las partes.
Pero frente a esto, el exceso de protagonismo y de dogmatismo, pleno de añoranza en el pasado, no tiene nada qué ofrecer. Y por eso a mí me gusta mucho cuando escucho aquí a los diputados de ese mismo partido, que representan a una joven generación que viene con una actitud reflexiva, propositiva y aun cuando disintamos de ellos, sabemos que lo hacen de buena fe y que están inmersos en este proceso de transformación nacional.
El auténtico político debe poder reflejar los intereses y aspiraciones de su tiempo a la luz de la evolución histórica de la sociedad en que actúa, y deja de serlo cuando en el fondo practica la antihistoria, al perder la capacidad de interpretar la historia de su país y al limitar sus posibilidades de aportar constructivamente el desarrollo nacional. En esas condiciones, ni siquiera cumple el papel elemental que en cualquier régimen político le corresponde a un opositor que sería resistir para apoyar, como decía el ilustre tuxpeño don Jesús Reyes Heroles.
Cuando la crítica solamente se centra en lo ajeno, más que en lograr los propios objetivos y propósitos, cuando la crítica es la razón de la existencia por sí misma, este político se debilita y disminuye su presencia frente a la ciudadanía.
Todos los partidos y agentes políticos, con mayor razón representante popular, estén en el Gobierno o en la oposición, formamos parte de un poder legal, tenemos un compromiso con las instituciones, con el orden jurídico y con la defensa de la nación.
Un partido a favor o en contra del Gobierno también forma parte del sistema político, por ello es que la Ley los considera entidades de interés público.
Los radicalismos se encuentran en bancarrota teórica y política, han perdido importancia y posiciones políticas; han perdido credibilidad, viabilidad e imaginación para el cambio. Sólo magnifican el dogma y presentan oposiciones irreductibles, pese a ello, con algunas dificultades, pero consistentemente, la nueva gobernabilidad nacional se ha impuesto con el consenso de la población, y en ello, hemos ido colaborando todas las fuerzas políticas del país, esa alianza mayoritaria apuesta a la estabilidad como una condición sine qua non para buscar un mejor futuro, en contraste con quienes juegan todo su capital político a la búsqueda de la inseguridad y la desestabilización.
La oposición irracional, irracional a los logros que ha ido obteniendo el país, paradójicamente viene a resultar ser la mejor prueba de que vamos avanzando. Valdría la pena preguntarnos ahora, ¿por qué alguien puede tener tanto interés en congraciarse en servir a los intereses extranjeros? Y yo respondería que a quien demuestra tanto afán por ir en contra de los intereses legítimos de México, buscando favorecer los órganos externos del poder, nosotros le invitaríamos a reflexionar seriamente en el lugar en el cual tiene mayor inclinación para prestar sus servicios políticos, para que si desea trabajar sin trabas para el extranjero, podría solicitar licencia para abandonar el Senado y desprenderse del compromiso que corresponde a un legislador, de velar por los intereses nacionales y la soberanía.
Pero al mismo tiempo, si aquí en el Congreso, cotidianamente revisamos las licencias para un ujier, para un chofer, para un empleado menor de la Embajada, que va a prestar sus servicios a una oficina extranjera de menor rango, ¿por qué entonces, si hay una persona interesada en prestar los servicios al Congreso norteamericano, no viene y solicita aquí permiso para que entonces legítimamente este Congreso, le autorice a prestar los servicios que allá ofreció.
Señores, dejo para su reflexión esta conducta, ante los ojos de los mexicanos, poco ética, poco digna y que merece la mayor reprobación. Gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Señor Presidente, solicité la palabra a través de la intermediación del Oficial Mayor, para referirme al mismo tema.
Estimados compañeros legisladores:
Hace apenas unos minutos, cuando en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me referí a la exhortación para que las dos iniciativas de Ley fueran dictaminadas, que presentó nuestro partido en torno a las facultades del Congreso y facultades del pueblo mexicano, sostuve que el Partido de la Revolución Democrática y los ciudadanos mexicanos que participamos en el PRD, desde 1990, en todas las plazas de la República Mexicana y en foros, seminarios y diálogos internacionales, hemos expuesto nuestro punto de vista sobre el Tratado de Libre Comercio, anteponiendo el interés nacional; lo hemos hecho porque somos defensores, desde el histórico llamamiento que hizo Cuauhtémoc Cárdenas, en octubre de año 1988 para formar el PRD, de los principios históricos de la Revolución Mexicana y de lo que ha sido la base de nuestra Constitución como nación: independencia y reforma.
Es en este interés de defender nuestra soberanía e independencia; nuestra integridad territorial, que hemos cuestionado de manera sistemática, con fundamentos, la ruta de negociación que ha seguido el Gobierno mexicano en el Tratado de Libre Comercio. Y hemos presentado alternativas.
El senador Porfirio Muñoz Ledo, fue electo por los ciudadanos del Distrito Federal para representarlos en el Senado de la República, en el proceso electoral de 1988, como candidato de una coalición democrática. Y es por tanto, representante de los intereses de la población del Distrito Federal y como parte del Senado de la República, es también representante de esa unidad que representa la integridad de la República. En consecuencia, es perfectamente legítimo el presentar en foros internacionales las posiciones, puntos de vista y opiniones que nuestro partido desde de 1990 ha expuesto frente a un tratado que cuestionamos en su agenda, ritmos, formas de negociación. Pero más que
eso, desde la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y desde la campaña que Porfirio Muñoz Ledo y muchos otros destacados mexicanos hicieron para postularse como candidatos a diputados y senadores en 1987 y 1988, hubo un cuestionamiento a la política económica gubernamental que sostenemos que es una política que no solamente afecta la vida, los intereses del empleo y el ingreso de millones de mexicanos, sino afecta también la integridad de la República. Estamos ante una dinámica de desindustrialización, desmantelamiento de nuestra base productiva creada en 50 años de crecimiento económico y desmantelamiento de la base agrícola del país.
La brecha Norte - Sur se profundiza cada vez más, y la desarticulación productiva afecta la base misma de la integridad republicana. Más allá de un enfoque puramente jurídico, el hecho de un creciente empobrecimiento de algunas entidades federativas, está afectando la cohesión de la federación mexicana, de la República Mexicana y hemos cuestionado esto. Hemos cuestionado también una política económica que juzgamos profundiza la dependencia y la subordinación, hace que crezca la deuda externa global pública y privada del Gobierno mexicano, ha entregado recursos por más de 100 mil millones de dólares a lo largo de más de una década por concepto de servicios de la deuda externa y ha significado, además, que riquezas fundamentales que nuestra nación fue construyendo como acervos nacionales a través de un esfuerzo colectivo de construir empresas estatales, sean entregadas al capital extranjero desnacionalizando nuestro propio país.
Lo que ha expuesto en distintos foros internacionales el senador Porfirio Muñoz Ledo, ha sido la posición pública de la dirección nacional de nuestro partido desde su fundación en mayo de 1989 y desde la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y de muchos otros destacados mexicanos, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, desde el año 1987 y el año de 1988; porque somos mexicanos, porque defendemos al interés nacional y porque propugnamos la defensa del proyecto histórico que surge de la Revolución Mexicana y el Constituyente de 1917, es que consideramos que el proyecto económico de integración subordinada y dependiente que está en el Tratado de Libre Comercio, es negativo para la nación, y estamos en un mundo interdependiente donde los contactos entre los ciudadanos, entre legisladores y entre representantes gubernamentales, son materia común y normal, baste señalar los frecuentes viajes que el licenciado Carlos Salinas ha hecho, desde el inicio de su gestión, a Estados Unidos de América y a Canadá. Baste señalar la agenda de reuniones internacionales a las que han asistido en múltiples ocasiones representantes del Gobierno mexicano.
Pero hay un elemento más que es preciso destacar ante quienes se desgarran las vestiduras por declaraciones que dirigentes de nuestro partido realizan en foros exteriores. Y es el hecho de que en las reuniones de cuenta pública, representantes oficiales de Secofi, particularmente en octubre de 1992, reconocieron de manera explícita y pública y está asentado en las actas de esas reuniones, que nuestro país había gastado, en viejos pesos, varias decenas de miles de millones de viejos pesos, en labor de cabildeo, es decir, en labor de promoción con legisladores de Estados Unidos de América y con opinión pública de Estados Unidos de América, del Tratado de Libre Comercio. No estoy haciendo ninguna acusación irresponsable. Está en las actas de los representantes de Secofi que asistieron a las reuniones de cuenta pública, el elevado gasto del Gobierno Federal en materia de promoción, repito, con funcionarios, legisladores y opinión pública de Estados Unidos de América y Canadá, de la propuesta mexicana del Tratado de Libre Comercio.
Pero más aún, en el curso de la campaña presidencial de Estados Unidos de América hubo acusaciones severas que evidentemente no disponemos de los medios para verificarlas, de uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos de América en el sentido de que se había ocurrido por parte del Gobierno mexicano, en gastos mucho más elevados de lo que se está reconociendo por estos funcionarios de Secofi, en materia de promoción, cabildeo, estímulo y apoyo, primero para la aprobación del "fast track" por el Congreso de Estados Unidos de América y después para la aprobación de los protocolos o procesos de negociación del TLC.
Hay pues ya, en el Gobierno mexicano y en fuerzas políticas mexicanas que apoyan el TLC, una labor pública, conocida, directa y evidente de cabildeo, presión y promoción de los intereses de aquellos que defienden la agenda de negociación.
Y cuando el licenciado Carlos Salinas asistió al Juego de las Estrellas, al partido de béisbol en San Diego, lo cuestionamos y lo criticamos, lo cuestionamos y lo criticamos, y cuestionamos también otras acciones que consideramos lesivas para nuestro interés como nación.
No resulta por tanto congruente, por un lado, cuestionar al senador Porfirio Muñoz Ledo por declaraciones que se ponen en boca suya en una revista de Estados Unidos de América, cosa que es muy distinta a que efectivamente lo haya dicho de esa manera, como a Porfirio Muñoz Ledo se le acusa.
Pero donde resulta absolutamente incongruente, por un lado establecer una especie de acusación casi como si esto fuera un juicio sumario en un tribunal militar contra Porfirio Muñoz Ledo, cuando de otro lado se puede hacer un análisis complejo, diverso, profundo, de frases, intervenciones y opiniones que funcionarios, legisladores, dirigentes políticos, han pronunciado en múltiples reuniones internacionales y en entrevistas de prensa que nuestro partido considera lesivas para nuestra soberanía y que sin embargo pues no venimos aquí, repito, "a desgarrarnos las vestiduras".
Forma parte de una interdependencia política creciente que los medios de comunicación establece entre las naciones y es una práctica normal en numerosos países que ciudadanos de un país emitan opiniones ante su pueblo y ante otros organismos sobre procesos políticos, económicos, que se viven.
Cuando está por delante, repito, la defensa del interés nacional creemos pertinente. Y para quienes cuestionan, suponiendo que efectivamente lo haya dicho Porfirio Muñoz Ledo, suponiendo que lo haya dicho, sin conceder, el ofrecimiento del senador Porfirio Muñoz Ledo de transmitir información a sus colegas de Estados Unidos de América, colegas legisladores, yo quisiera destacar a ustedes que desde hace muchos meses, casi podría decir poco después de que fue anunciado el inicio de las negociaciones formales, organismos de análisis económico de Estados Unidos de América, cotidianamente, con financiamiento de Gobierno mexicano, entregan carpetas a legisladores de Estados Unidos de América de manera de cotidiana, sobre el seguimiento de la coyuntura desde el punto de vista del Gobierno mexicano.
¡Y es perfectamente legítimo que organizaciones civiles, organismos ciudadanos, grupos no gubernamentales autónomos de partidos políticos y partidos políticos, en ejercicio de sus atribuciones y como entidad de interés público, tal como se define en la Ley, hagan del conocimiento de otras organizaciones, si así lo creen pertinente, el elemento para el análisis de la realidad mexicana!
Evidentemente somos respetuosos de nuestra soberanía y por ello es que en la campaña presidencial de 1994, seguramente el tema del Tratado de Libre Comercio, independientemente de los términos en que culmine su negociación, si es que termina, será uno de los puntos centrales.
Y aunque no se quiera reconocer, el voto que el pueblo mexicano libremente presente en esa contienda presidencial y de renovación del Poder Legislativo, en agosto de 1994, será no sólo sobre tal o cual candidato en lo particular, sino sobre un juicio del proyecto económico que durante 12 años se habrá impuesto a México y también sobre ese Tratado de Libre Comercio que eventualmente pudiera ser objeto de aprobación por una mayoría de senadores en el Senado mexicano.
Nosotros no estamos en contra de que el Senado de nuestra República discuta el Tratado de Libre Comercio. De ninguna manera. Lo que exigimos es la facultad como legisladora de la Cámara de Diputados y la facultad soberana del pueblo para expresarse a través de un referendum respecto al Tratado de Libre Comercio.
No somos contrarios al principio federalista que sustenta el Senado, pero precisamente con ésa personalidad jurídica de senador de la República, es que reivindicamos el derecho de Porfirio Muñoz Ledo, como de cualquier otro ciudadano mexicano en defensa de los intereses de nuestro país, de la República y de la integridad económica y política, de exponer en todos los pueblos y comunidades de nuestra República y en el extranjero aquellos puntos de vista que permitan normar una opinión.
Si el Gobierno mexicano ha gastado, repito, conservadoramente, según lo dicho por funcionarios de Secofi, decenas de miles de millones de viejos pesos en labor de cabildeo y si según otras fuentes ha gastado muchos millones de dólares en labor de cabildeo, si hemos sabido de legisladores de Estados Unidos de América que viene a México que sus escritores están verdaderamente invadidos con carpetas de documentos que el Gobierno mexicano cotidianamente hace llegar a sus oficinas, ¿por qué se cuestiona el derecho que tenemos ciudadanos mexicanos, legisladores, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, a hacer conocer nuestros puntos de vista a otros países?
Que de todas formas, aun cuando no se pretendiera enviarlos, la prensa mexicana y lo medios informativos de México han dado abundante
evidencia de los cuestionamientos y de los puntos de vista que estamos presentando.
No es traición a la patria, no es traición a la nación, en un mundo globalizado tener flujos de información positivos entre distintos órganos legislativos, por el contrario, debiera ser un mecanismo normal de esta Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, el tener un mecanismo de consulta permanente más allá de las relaciones que circunstancialmente se establecen con Estados Unidos de América en las reuniones interparlamentarias, para un flujo rico, profundo de información.
Ya hace apenas unos días, cuando nos visitaba una delegación de senadores franceses, hubo un juicio crítico, duro, que senadores franceses expusieron respecto a nuestro Senado de la República y las facultades para modificar el TLC. Podemos coincidir con la opinión del jefe de la delegación francesa, respecto a si el Senado mexicano tiene o no facultades autónomas, si las ejerce, él supone o cuestiona al Senado de que no las ejerce y también cuestiona la negociación del TLC. Podemos, repito, coincidir con este senador francés o discrepar con él, pero el hecho innegable es que hay un proceso creciente de relaciones de interdependencia y de profundo diálogo entre las dos naciones que no debiera espantar a nadie.
Antes de ser diputado federal fui director de un organismo no gubernamental que está vinculado precisamente a un diálogo trinacional: México, Estados Unidos de América y Canadá, en materia de comunicación popular.
La relación entre los pueblos no sólo competen a los gobiernos, competen también a la sociedad civil, a organismos no gubernamentales y a los órganos legislativos de los tres países. Y junto a la personalidad institucional que como parte de un cuerpo legislativo tenemos, tenemos también personalidad ciudadana propia y capacidad propia de diálogo y capacidad propia de información. Y si son los legisladores de Estados Unidos de América, de Canadá y ciertos órganos de prensa, literalmente invadidos por toneladas de papel que difunde puntos de vista oficiales, es perfectamente legítimo que en defensa de nuestros intereses nacionales y a fin de presentar que hay otra ruta de negociación del TLC, partidos, fuerzas políticas, organismos no gubernamentales presenten otras opiniones, repito, en ejercicio de sus atribuciones.
Si se considera que el senador Porfirio Muñoz Ledo, ha cometido traición a la patria, que se diga de manera directa, pero entonces tendría que examinarse el historial de una serie de funcionarios globistas, grupos de presión y gente que se ha dedicado durante mucho tiempo a hacer presión al Congreso de Estados Unidos de América para que apruebe el fast - track y posteriormente para que apruebe el Tratado de Libre Comercio. Y no consideramos, por tanto, que sea ese el problema o ese el debate.
El problema central es: si ese tratado beneficia a la nación, ¡apruébenlo! y digan: ¡beneficia a la nación!, y de quienes consideramos que es lesivo para la nación. Pero no queremos cerrar a México, queremos un nuevo tratado, con diferentes agendas y diferentes tipos de integración económicas y de relaciones en materia de inversión, tecnología y otros puntos; ese es el eje del asunto. No desviemos la discusión en la persona del senador Porfirio Muñoz Ledo, sobre si declaró tal o cual cosa o sobre si afirmó tal o cual elemento.
El elemento central es derecho legítimo del pueblo mexicano y de los ciudadanos, en lo particular, de opinar respecto a los procesos políticos y económicos que están en nuestro país y eventualmente, sí, de hacer saber a la opinión pública internacional lo que estamos nosotros aquí discutiendo, que es el derecho que yo reivindico para mi partido, para los ciudadanos de México y para las organizaciones civiles de nuestro país, y lo seguiremos ejerciendo de manera responsable, de manera sólida, de manera contundente, con apego a la Constitución y a las leyes de México, con apego a nuestra identidad ciudadana mexicana, pero lo seguiremos ejerciendo. Y si el Gobierno mexicano cree conveniente seguir financiando organizaciones de consultoría u organizaciones de presión para que se convenza a grupos de legisladores canadienses y norteamericanos que aprueben el TLC, que lo siga haciendo, de cara a la opinión pública informando de lo que está haciendo.
Pero que no se venga aquí, y con esto terminaría, a cuestionar acciones ciudadanas de información de opinión pública, como si eso fuera vender secretos militares al poder extranjero. No es esta una época de guerra fría como la que Mac Carthy estableció en Estados Unidos de América a principios de los años cincuenta, donde cineastas, intelectuales y diversos artistas fueron cuestionados y atacados de vender secretos militares a los estados enemigos de Estados Unidos de América. No es ese el diálogo y el clima.
Cuando decimos que hay pobreza en México no estamos vendiendo el secreto de la bomba
atómica, cuando decimos que hay miseria en nuestro país, dentro y fuera de México, estamos sosteniendo una oposición política y de análisis de la realidad de nuestro país; no estamos vendiendo secretos a una potencia extranjera que vaya a afectar nuestra integridad. Estamos en un diálogo multinacional sobre problemas económicos y políticos que nos competen a todos los mexicanos y reivindicamos, repito, este derecho para todos los mexicanos, incluidos por tanto: legisladores, diputados y senadores, y sabremos, los ciudadanos que formamos parte del PRD, de ejercer responsablemente nuestros derechos constitucionales en materia de presentación de ideas, diálogo multinacional y defensa de los intereses de nuestro pueblo y de nuestra nación. Muchas gracias.
El Presidente: - Para este mismo asunto ha solicitado la palabra el señor diputado Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - También a los legisladores de Acción Nacional les ha llegado ese oprobioso documento que comentó la legisladora Blanca Ruth Esponda. Qué más hubiéramos querido, que el diputado Calderón en una breve respuesta hubiera podido precisar que son falsas las imputaciones que se le hacen al senador Muñoz Ledo; para nosotros, lo decimos con toda franqueza, hubiera sido lo mejor, la amplícima respuesta que ha dado por el PRD y por el senador Muñoz Ledo el diputado Calderón, no nos satisface. Por supuesto que cada quien, en uso de su libertad y de sus derechos, puede actuar y claro que debe hacerlo con responsabilidad, pero desde la perspectiva de los legisladores de Acción Nacional, si esto dice la verdad de lo acontecido, es una mancha, es una ofensa, es un agravio para todo un país.
Que no se nos venga a decir aquí que puede ir y venir el flujo de información aun en casos concretos, como éste, que dañan severamente los intereses de nuestro país, los intereses de nuestro pueblo. Por supuesto que todos hemos hablado dentro y fuera de México con libertad, por supuesto que a Acción Nacional le parece que la verdad debe de trascender las fronteras, pero si aquí se narra que un senador de la República Mexicana ofrece proporcionar constante y permanentemente información que le permita a un Gobierno extranjero analizar desde la perspectiva de aquellos intereses el inconveniente de una firma de un tratado, nosotros consideramos como legisladores mexicanos que se atenta contra la dignidad de nuestro pueblo.
Aquí en la nota lo dice, señor diputado, que les va a proporcionar a ellos para que la editen; esto es oprobioso, esto es lo que podría calificarse como una de las más grandes canalladas que un hombre público le puede hacer a su patria. Si el senador ha ido tantas veces como el Presidente de la República o mucho más al extranjero, ¿qué diría como mexicano, que uno va como Presidente y como responsable de la política interior y exterior de México, pero el otro va como legislador y como político de oposición?
Desde nuestra perspectiva, que quede claro, no podemos aceptar o no podemos aprobar a ciegas nada de lo que haya hecho el Gobierno en el exterior, porque siempre hemos tenido opinión propia y juicio crítico. De ninguna manera estamos diciendo aquí que todo lo que haya hecho el Presidente de la República o sus voceros y representantes, tenga la suscripción y el aval del PAN; somos un partido independiente, somos responsables de nuestra tarea y tenemos nuestra propia visión y nuestra propia perspectiva de las cosas, pero alegar como justificable que porque no estuviéramos de acuerdo con un tratado se valiera políticamente en el orden moral y mirando a México, proporcionarle elementos a Estados Unidos de América o a cualquier país de la tierra para que voten contra sus tratados, esto no se puede justificar ante nadie si se tiene conciencia moral de la vida y responsabilidad política frente a nuestra patria.
Desde nuestra perspectiva, señores, que quede claro, no podemos aceptar la respuesta que ha dado el señor diputado Calderón, no estamos haciendo una imputación al senador Muñoz Ledo, porque sólo tenemos la copia de un artículo periodístico, que por cierto no puede decir la verdad plenamente porque en una de sus partes afirma genéricamente que ése es el objetivo de la oposición en México y habla de los partidos de oposición y nos cataloga como pequeños y festivos y esto no es verdad ni es justo el argumento, pero sobre todo podrá decirse que somos pequeños, podrá decirse muchas cosas de Acción Nacional, pero no podríamos aceptar que por intereses mezquinos o por visión partidaria o personal de lo que conviene o no conviene a México, fuéramos a abrir una agenda de diálogo de información que pudiera significar una ventaja concreta para ningún otro país de la tierra.
Nosotros creemos que no se trata de hacer interminable este debate, pero de dejar claro, perfectamente claro ante la opinión nacional, que Acción Nacional considera que de ser cierta la versión periodística en cuanto a la información
que ofrece Muñoz Ledo, debe tomarse en cuenta como un acto oprobioso y vergonzante para todo mexicano que tenga conciencia moral de la vida y responsabilidad política en su función pública.
Nosotros no creemos que pueda llegar a ese punto la función de ningún legislador ni de ningún compatriota. Creemos que todo lo que tengamos que combatir a éste como a cualquier Gobierno, lo debemos hacer de frente, pero además proporcionarle elementos, argumentos, pruebas, pactos, nada al adversario, nada al extranjero que pueda afectar en una forma directa o indirecta cualquier legítimo interés de los mexicanos.
Si el senador Muñoz Ledo y su partido considera que el Tratado de Libre Comercio afecta, vulnera, daña o deteriora los intereses nacionales, bien que lo digan y bien que lo digan aquí; que lo peleen en todo el mundo, pero que no se ofrezca una información facciosa, una información de grupo para que pueda ser elemento de juicio, para que por otras decisiones se deje de suscribir un tratado que México, a través de su Gobierno, el responsable actual de esa política, lo considera favorable.
Creo que está sentada la posición de Acción Nacional. ¡Nosotros repudiamos este procedimiento porque, señores legisladores, si en función de lo que cada partido político creo considera, si en función de lo que cada político estima o valora, todo se vale, todo es lícito, ¡pobre México!
El Presidente: - Tiene la palabra el señor senador Roberto Robles Garnica, del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Roberto Robles Garnica: - Señor Presidente, honorable Asamblea.
Tal vez más de algunos de los presentes no pudo haber imaginado al iniciarse esta sesión, que la tribuna al caer la tarde, se iba a convertir en un tribunal del Santo Oficio con dos Torquemadas; pero así ha ocurrido. Se dan cosas inesperadas en las tribunas parlamentarias.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa dijo tal cantidad de adjetivos, que por más que intentamos llevar la cuenta la perdimos. Le sobraron los calificativos y le faltaron las razones de peso.
¿Qué es lo que hay en todo este asunto que tanto ha indignado a la diputada Esponda Espinosa y al diputado Fernández de Cevallos? Una hojita, ahí está la fuente de su indignación patriótica. Un señor senador ha tenido la gentileza de mostrarme una copia, y ahí está.
¿Quién podía haber sospechado que una hojita de una revista extranjera podía desatar tal catarata de reclamos supuestamente impregnados de patriotismo? Ahora resulta que la biblia política del parlamento mexicano es el News Week. Pero hay algo más, el diputado Fernández de Cevallos ha dicho textualmente, el señor ciertamente no sabe si es cierta la información periodística, esto es oprobioso. No se detuvo primero a comprobar que fuera cierta, simplemente parte del supuesto de que podría ser cierta y en tal caso responsable de casi traición a la patria, debería ser enjuiciado y sentenciado. ¿Por qué primero no averiguaron qué fue exactamente lo que se dijo? Ya tenemos experiencia en esto.
En otro pleno de la Comisión Permanente de la anterior legislatura, sucedió lo mismo: Muñoz Ledo fue a Estados Unidos y dijeron que había calificado a México como república bananera y que eso era motivo de indignación. Nadie se puso a averiguar si efectivamente lo había dicho y cuál era el sentido de la frase que había pronunciado; sirvió de pretexto para decir que un senador del PRD llenaba de oprobio a nuestro país en tierra extranjera.
Y ahora se repite lo mismo, lo dice el News Week, bueno, entonces ya es suficiente, y a partir de ahí se construye todo un edificio de enjuiciamiento, de descalificación y poco falta para que se pida su desafuero y se le juzgue como traidor a la patria.
Es muy obvio qué es lo que hay en el fondo de este asunto. Por otra parte de la diputada Esponda Espinosa, lo que se quiere es callar la boca a los voceros de la oposición auténtica de este país. No quieren que vaya él a Estados Unidos y a ninguna otra parte. Está visto que los únicos que tienen derecho a hablar en el extranjero de lo que les dé la gana, es a los voceros oficiales, ellos sí.
Pero hay algo más, resulta que acá en México quienes apoyan al Gobierno, inmediatamente dicen que México fue insultado. Y ¿desde cuándo unos gobernantes son necesariamente México?, ¿de dónde sacan esa facultad, ese derecho, esa representatividad? Lo que se diga en contra de un priísta, en el Gobierno o fuera de él, se está diciendo en contra de México.
No es cierto, México somos todos, todos, los que gobiernan y los que no gobiernan. No tienen derecho a hacerse llamar México, no son la
patria, son si acaso parte de ella y nada más, y otros somos la otra parte. Luego entonces aquí no está en juego el destino, el prestigio de México; está, eso sí, en juego la aprobación del Tratado de Libre Comercio y eso es otra, porque eso sí está a discusión, por supuesto que está a discusión y lo vamos a seguir discutiendo.
Yo lamento que el diputado Diego Fernández de Cevallos haya ido incluso más lejos que la diputada en su ferviente, en su vehemente oratoria, reconociendo que no sabía si la información que servía para base todo era una información cierta o no.
Pero además, a los señores representantes de Acción Nacional les quiero recordar que ellos si han acudido una y muchas veces a instancias extranjeras para ocuparse de resultados electorales y se han enorgullecido de ello, y han dicho que lo hicieron y lo volverán hacer, y es derecho. Sí van a instancias extranjeras, Acción Nacional sí va, ha ido, y alguna vez con éxito, en el caso de Chihuahua.
No es cierto. No es cierto que esté prohibido hablar en otros foros fuera de las fronteras mexicanas. Es falso que no debe hablarse. Pero además, ¿qué información se puede proporcionar a los norteamericanos que no tengan? ¿De dónde nos salió tanta ingenuidad, que les estamos revelando cosas que ellos no saben, si este país lo tienen infiltrado al revés y al derecho de toda la vida? ¿Qué no saben cuál es el valor de fuerza de trabajo mexicano? ¿No saben acaso cuántos millones de mexicanos se acuestan sin haber casi comido, no saben que ese país es uno de los países de la desigualdad atroz, entre pequeños grupos inmensamente ricos y masas gigantescas terriblemente pobres? Eso y tantas cosas más, ¿acaso no las saben? ¿No tienen sus bibliotecas y en sus centros de información todo lo que de México les pudiera interesar? ¿Qué secreto se les puede llevar, como lo ha dicho muy bien el diputado Jorge Calderón, que pudiera tener el valor de una traición? Ninguno, eso es obvio. Nadie puede relevarles lo que no sepan; los saben todo.
Si incluso nosotros, que tenemos tanta desinformación sabemos bastante de la vida norteamericana. Debe terminar este vicio de sentirse los dueños del país y de que no son los únicos que pueden hablar en nombre del país, porque además son muy malos políticos, o, ¿qué ya se les olvidó la apuesta que hicieron en favor del señor Bush con todas sus consecuencias?, la primera de ellas el regreso inmediato del embajador mexicano en Washington y luego todo lo demás? Son pésimos políticos, y ellos sí que han puesto en riesgo los intereses mexicanos porque tienen el poder y hablan en nombre del Gobierno, muy diferente situación cuando es un ciudadano común y corriente el que lo hace, o un legislador de los muchos que hay.
El tribunal no funcionó; no logra descalificar a nadie, no logra su propósito de sentar un precedente para que la opinión se calle en otros foros, o, ¿acaso vamos a dejar en las reuniones interparlamentarias que se realicen en el extranjero, vamos a dejar de decir nuestra verdad para no tener al regreso el riesgo de tener que comparecer ante otro tribunal como el que aquí se quiso levantar?
Nosotros sostenemos nuestra verdad en todas partes, en las reuniones interparlamentarias y en cualquier invitación que tengamos, y vamos a seguirlo haciendo, de eso pueden estar totalmente seguros.
La diputada dijo algo que francamente se salió de dimensiones. Dijo que se habían ofrecido servicios a una potencia extranjera. ¿Qué servicios? ¿Hablarle de la situación económica y social de México es un servicio a una potencia extranjera? Si está publicado y está sabido, y repito, allá están los bancos de datos en Estados Unidos sobre cuestiones mexicanas, mucho más grandes que los que nosotros podríamos tener.
Yo termino. En esto no vale la pena insistir más. Los dos Torquemada fallaron.
El Presidente: - Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el señor diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Tal vez sería mucho menos denigrante, mucho menos vergonzoso y bajo, que un hombre termine la vida haciendo un "Torquemada", que siendo los que algunos parecen ser, y además se vanaglorian de ser.
El señor senador empezó a impugnar las intervenciones de la diputada y del suscrito con un argumento de peso. Es sólo una hojita. ¡Qué pobreza! Yo le preguntaría al senador: ¿cuántas hojas se requieren para cometer una traición? Y le podría asegurar que ninguna... Sí, una hojita o cuatro o 20, son muchas para cometer una traición.
Por otro lado: ¿por qué no se investiga primero si fue la verdad? Yo empecé haciendo la salvedad de que sólo se tenía un documento que no
probaba por sí ninguna culpa en contra del senador, pero valía para la intervención de esta tribuna la intervención que tuvo aquí el diputado Calderón, y si ésa no fue suficiente con la suya se refrenda, y le voy a decir por qué, porque todo el discurso de los oradores del PRD fue para convalidar y justificar una conducta que no tiene la justificación.
Nadie, que yo sepa, pueda atribuirme el haberle imputado al senador un hecho por solo aparecer en un periódico, y establecer la salvedad clara de que si ese hecho era la verdad, sería oprobioso y que no podía constarme porque un periódico lo dijera. Pero que además estaba en la obligación de intervenir porque la nota involucrada a la oposición de México, y por fortuna en México no toda la oposición está en el PRD ni toda tiene su categoría.
Tenemos otras formas de pensar y otras formas de entender a México y otras formas de entender la dignidad personal y la política.
Por lo demás, establecer a estas alturas, senador, el falso debate de criticar al Partido Acción Nacional porque también acude a instancias internacionales, es nuevamente la pobreza de los argumentos, porque por lo pronto tendría que decirse que hay una confesión de parte de que ustedes han recurrido en esta ocasión aun tribunal, a una instancia internacional para resolver un asunto que afecta o que interesa a México.
Pero yo le quiero recordar, porque usted como senador debería de saberlo, que hay un artículo 133 en la Constitución, y que debido a ello, al establecerse que los tratados tienen la fuerza legal en México y forman parte de nuestra legislación interna, cuando Acción Nacional ha acudido a instancias internacionales para ventilar asuntos de orden político electoral, no está cometiendo ningún acto de felonía, porque está asumiendo su derecho interno patrio, para reclamar un derecho de todos los mexicanos.
En siguiente lugar, señor senador, usted argumenta que de cuándo acá está prohibido hablar en el extranjero. Entonces usted no sabe escuchar. Lo primero que sostuve en mi intervención pasada fue que todos tenemos derecho a decir aquí y en donde queramos lo que consideremos que es una verdad que está dentro de la ética política y que no afecta estratégica o tácticamente los destinos del país en un tratado internacional o en cualquier negocio que rebase las fronteras.
Y el último argumento es de pacotilla. Venir a decirnos el senador "que qué se le puede informar a Estados Unidos; que qué cosa puede ser novedoso para el poder norteamericano que se infiltra en México como quiere; que qué cosa pudiera ser sustantiva o importante que afectará los intereses del país"; pues señor senador, si a esas vamos, quiere decir que hay un calificativo adicional que pudiera aprovecharse con base en sus argumentos, además del todo el denunciante, el que habló en el extranjero, el que ofreció la información, en todo caso además es farsante.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Estimados legisladores, no voy a caer en la tentación de entrar a un juego de calificativos y, por tanto, algunas adjetivaciones particularmente irrespetuosas, estimamos nosotros, que ha hecho el diputado Diego Fernández de Cevallos, no las responderemos.
Quisiéramos, sin embargo, referirnos a otros puntos. El eje del problema, que lo dijo claramente el senador Robles Garnica y que ratifico, el nombre del Partido de la Revolución Democrática, es la legitimidad política, histórica, la legitimidad en términos de ser una entidad que representa un segmento importante del pueblo mexicano; la legitimidad de exponer en cualquier lugar de México y del mundo aquellos puntos de vista que van en defensa de nuestro interés nacional.
Y hemos cuesitonado una política económica, lo repito, que ésa así, no en palabras, en hechos, está entregando la riqueza fundamental de esta nación al capital extranjero, está entregando, en una Ley en materia eléctrica, la posibilidad de que sea capital extranjero el que, como antes de la nacionalización hecha por López Mateos, regresemos a tener en empresas extranjeras controlando nuestros energéticos.
Está entregando, en mayor grado, la industria alimentaria de nuestro país, particularmente la anterior, que era de industrias Conasupo; está entregando ingenios azucareros; está entregando gran parte del complejo productivo construido con 50 años de esfuerzos del pueblo mexicano; está entregando riquezas básicas del subsuelo y está entregando también lo que es el acervo histórico de una patria que con un gran esfuerzo había desarrollado una infraestructura en todos los rincones de la patria.
Y que asumió una reforma constitucional contraria a los principios de la Revolución Mexicana
y que abre la posibilidad de construcción de nuevos latifundios como aquéllos que originaron la Revolución de 1910.
¿Quién es, pues, entonces, el que puede asumirse como juez en contra del senador Porfirio Muñoz Ledo, cuando hay una política económica que está desnacionalizando a nuestra patria y está desmantelando las bases constitutivas de un sistema económico nacional?
Que no se diga que es interdependencia y globalización, es un problema de fondo lo que aquí estamos cuestionando; es el problema de cuál es la política económica y quiénes son los beneficiarios de la apertura comercial. Los beneficiarios son Estados Unidos, son ellos los que obtienen superávit de su balanza comercial con México; es la apertura comercial y es el Tratado de Libre Comercio, que están defendiendo un conjunto de sectores oficialistas, es ese Tratado de Libre Comercio el que es negativo para nuestro país, tal como fue negociado, y el que va a permitir a Estados Unidos disminuir su gigantesco déficit de balanza comercial, gracias a un superávit con nuestro país; el que les está permitiendo gigantescas ganancias, a través de transferencias por concepto de servicio de la deuda externa y de utilidades de la enorme inversión extranjera de Estados Unidos de nuestro país. Ese es el eje del problema.
No estamos hablando aquí de argumentos, de calificativos. Que se revisen los anexos del informe, que se revisen los documentos del Banco de México, cifras que pueden parecer, y que no voy en este momento a exponer, pero cifras que pueden parecer áridas, pero donde está precisamente la causa de la pobreza de millones de mexicanos: la descapitalización del país; la transferencia de recursos fundamentales de nuestra nación al capital extranjero; la destrucción de la base productiva, que fue construida durante décadas del sistema económico nacional.
Ese es el problema de fondo: la entrega en base a una legislación expedida en materia forestal, de recursos forestales al capital extranjero; la posibilidad de que sean bancos extranjeros los que controlen el 44% del sistema bancario mexicano en cualquier institución financiera o hasta el 25% del total, en base a lo negociado en el Tratado de Libre Comercio; la posibilidad de que cualquier transnacional norteamericano que se establezca en México transfiera lo que quiera de utilidades, controle totalmente ramas enteras de la producción y se desmantele la posibilidad de una soberanía económica. Ese es el problema de fondo.
No es el problema de que se transfiera tal o cual información. Reivindico, no sólo como diputado o como ciudadano afiliado al PRD, como investigador universitario, el derecho que tiene cualquier ciudadano investigador a intercambios de información que permitan fundar una opinión sobre cualquier elemento que tenga qué ver con el desarrollo de nuestras naciones.
Formo parte, como ciudadano, no solo como diputado federal, desde su fundación, de la Red Mexicana de Acción Frente al Tratado de Libre Comercio, y hemos participado como ciudadanos en múltiples reuniones. En algunos casos hemos coincidido en la defensa de los intereses ambientales de los habitantes de las tres naciones; en otros casos nuestro interés nacional es distinto al interés nacional de ciudadanos de Estados Unidos y Canadá. Es perfectamente legítimo este diálogo y lo seguiremos sosteniendo.
Y el objetivo finalmente y lo ratifico, es impedir que la voz de ciudadanos mexicanos que cuestionamos el TLC se exprese en el extranjero, no lo van a lograr. De manera responsable y sólida, con argumentos, con nuestras raíces de mexicanos orgullosos de haber nacido en nuestro país, seguiremos sosteniendo y defendiendo de manera responsable aquellos puntos de vista que permitan que los extranjeros oigan la otra voz de quienes somos parte fundamental de esta nación que amamos entrañablemente.
Somos mexicanos, nos enorgullece serlo y precisamente como tales es que nos abrimos al mundo afianzándonos en nuestras raíces y entramos sí a la batalla de la información de manera sólida, contundente y respetable.
Y queremos que fluya más información. Que la opinión pública de México conozca los argumentos de los sectores que en Estados Unidos y Canadá se oponen al TLC y que la opinión pública de Canadá y Estados Unidos conozca los argumentos plurales de diversos sectores de la sociedad mexicana.
Si el Partido Acción Nacional cree conveniente defender el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos es legítimo, forma parte de sus decisiones soberanas, pero que de ninguna manera se pretenda aquí erigir declaraciones que circunstancialmente fueron publicadas en una revista y que no han sido avaladas en la forma en que fueron publicadas, pues el senador Porfirio Muñoz Ledo en acta de acusación de un tribunal sumario contra un destacado mexicano que defiende los intereses de nuestra nación y de nuestro pueblo. Muchas gracias.
El Presidente: - Informo que están registrados varios legisladores en este debate: los señores diputados Diego Fernández de Cevallos, Juan de Dios Castro y Rodolfo Becerril Straffon.
Tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - La comedida exposición del diputado Calderón constituye una forma muy correcta para invitar a que este debate ocupe procedimientos o formas menos ríspidas, aunque el tema podría justificar lo que se ha dicho y mucho más. Empezaré de todas maneras intentando ser lo más suave posible para obsequiar lo que parecía el intento sano del señor diputado.
El empezó por quejarse de expresiones irrespetuosas. Yo le quisiera decir, que si para ellos acusarnos de "Torquemadas" es un elogio, pues pueden tener personas muy queridas a quienes les endosen el calificativo o el llamamiento de "Torquemadas".
Por otro lado, derivado de la respuesta que han dado los senadores y que intentan presentar a quienes nos oponemos a lo que se dice sucedió en Estados Unidos y de atribuirnos el carácter o la condición de un tribunal sumario y claramente llamado de "Torquemadas", llegaría yo a una conclusión lógica: hemos de llegar a la convicción de que el senador o el PRD puede hacer o decir lo que quiera, pero nosotros no podemos siquiera cuestionar lo hecho o lo dicho por ellos.
Si nosotros somos un tribunal de "Torquemadas" por cuestionar las imputaciones que se hacen a Muñoz Ledo, ¿cómo quedan ustedes aquí y en Estados Unidos por lo que se dice que dijeron? ¿Por qué nosotros no podemos cuestionar lo que alguien dijo?
Pero mientras esto se critica, lo que aquel dijo, tiene un derecho constitucional y sagrado que reclaman y reclaman los demócratas.
Por lo menos debe de reconocerse que si el senador tuviera la libertad absoluta para decir aquí y afuera lo que le viniera en gana, aun en perjuicio de México, lo cual es inaceptable, lo menos que por la reciprocidad deberían ustedes de reconocer es nuestro derecho para controvertirlo públicamente como lo hemos hecho.
Por último, intercambios de información. Yo creo que si es verdad que todo lo que se dice aquí y en el extranjero lo sabe Estados Unidos, por lo menos se puede criticar políticamente con bases sólidas la actitud dolosa de ofrecer formalmente la información para que se tenga conocimiento de los hechos o circunstancias que puedan motivar en el gobierno norteamericano una decisión contraria a la firma del Tratado de Libre Comercio.
Si fuera verdad que todo lo saben los norteamericanos, si fuera verdad que nada se les puede dar a conocer, por lo menos tendríamos que decir que habría de pedirse a cualquier mexicano bien nacido que cuidara mucho de establecer una información que en forma alguna dañara con esos elementos los destinos de México, los intereses de México, los propósitos nacionales.
Se me dirá que para la perspectiva de los perredistas el tratado afecta los intereses de México; pero el argumento es muy sencillo: ¿invitan ustedes a la anarquía, a que cada mexicano tome su paso para no perderlo, a que cada quien hagamos lo que nos venga en gana a pesar de que hay un Gobierno constituido bien o mal o regular? ¿Ya no hay formas ni límites para la acción pública y política de los mexicanos aquí y en el extranjero?
Señores, sencillamente podemos decir: que si a esas vamos y que si ustedes se consideran con ese derecho inalienable de decir todo aquí y afuera tope donde tope y dé donde dé, por lo menos habríamos de pedirles que por decoro y por dignidad, no exigieran tanta información como han exigido al Gobierno para después usarla adentro y afuera a su antojo.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Miguel Ángel León Corrales (desde su curul): - He pedido también el uso de la palabra.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Le cedo mi lugar al señor diputado.
El Presidente: - Cede su lugar el señor diputado Castro. Tiene usted la palabra, señor diputado.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:
Está claro que ustedes pueden discrepar de la manera que lo consideren correcto en este punto y está claro que pueden hablar y opinar lo que consideren también al respecto; pero esta
discusión se está dando sobre la base de lo que alguien dijo que Porfirio Muñoz Ledo dijo. Eso es simple, sencillo y llanamente subjetivismo. Yo espero que con esta misma vehemencia se aclare en esta tribuna en el momento en que se salga a relucir la verdad con respecto a las supuestas declaraciones del senador Porfirio Muñoz Ledo.
Pero una y otra vez se viene aquí a plantear una afirmación que no necesariamente tiene que ser la correcta. Se dice que cualquier información que aténte contra la firma del Tratado de Libre Comercio es una información que casi casi merece el desafuero, en este caso del senador Porfirio Muñoz Ledo.
Compañeras y compañeros: el proyecto de TLC no es un proyecto de la patria, ni es un proyecto del pueblo mexicano, ni es un proyecto en el cual el pueblo mexicano siquiera haya sido tomado en cuenta para llevarlo a cabo. El proyecto del TLC es un proyecto del salinismo, es un proyecto del PRI, es un proyecto en cual el partido de Estado ha fincado todas sus esperanzas para continuar varios sexenios más en el poder.
Cuando el Gobierno mexicano, como bien lo expresó aquí el compañero Calderón, se la pasó varios meses gastando sumas exorbitantes de dólares, cabildeando a favor de que el Congreso norteamericano aprobase el fast track del TLC, ¿cuál era la información que nuestro Gobierno le ofrecía a los legisladores norteamericanos?, ¿les decía acaso que con este TLC nuestro país, México, iba a salir adelante de su crisis económica? ¿Les hablaba de que el TLC iba a beneficiar a los trabajadores mexicanos?; les hablaba de que con el TLC los procesos de industrialización en nuestro país iban a salir adelante?, o, ¿les ofrecían cambios en la Constitución o les ofrecían puertas abiertas para la inversión o les ofrecían poner a su disposición las aguas, los bosques, la energía eléctrica, los recursos naturales de este país, o bien les hablaban de las bondades de las leyes económicas de México, para que ellos ya no tuvieran problemas con las leyes ecológicas de Estados Unidos?
Se necesita ser demasiado ingenuo para creer que las personas que se la pasaron varios meses cabildeando en Estados Unidos los argumentos que utilizaban y la información que daban, era sobre la base de los intereses de nuestra nación y de nuestro pueblo.
No, compañeros, eran ofrecimientos claros de venta y las pruebas aquí están, nosotros somos parte de lo que ha sucedido. Este Congreso casi casi ha sido un Congreso constituyente y ha cambiado toda una serie de artículos de la Constitución y toda una serie de leyes y de reglamentos en beneficio de crearle a los norteamericanos las condiciones adecuadas para que el Tratado de Libre Comercio, les resultase atractivo. Entonces, ¿de qué patriotismo estamos hablando?, aquí, lo quiero decir con toda claridad, la mayor parte de las leyes que han sido cambiadas en beneficio de los intereses norteamericanos, han sido cambiadas por el PRI y en el mayor de los casos, en alianza con el PAN.
Cuando hablemos de patriotismo, tratemos de ser más claros y si tanto nos escandaliza que una revista norteamericana afirme que el senador Porfirio Muñoz Ledo, dijo algo que atenta contra los intereses de nuestra nación, más nos debería de escandalizar la manera y las formas en como este Congreso ha ido creando cambio tras cambio, todas las condiciones en beneficio de los intereses de esa nación, la norteamericana.
Y lo mismo habría que decir sobre otro tipo de informaciones que el Gobierno mexicano ha puesto siempre ha disposición del Gobierno norteamericano y que ningún diputado del PRI ha venido aquí a atacar al Gobierno con tanta vehemencia como hoy lo hizo la compañera diputada Blanca Ruth Esponda, en torno al senador Porfirio Muñoz Ledo.
Pongo por ejemplo toda la información que el Gobierno mexicano le ha filtrado de manera permanente al Gobierno norteamericano en lo que se refiere al narcotráfico. Pongo como ejemplo esos tratados que existen entre el Gobierno mexicano y el norteamericano, que son violatorios de nuestra Constitución y que tienen que ver con las maneras ominosas y anticonstitucionales como actúa la DEA en este país y que nunca jamás, ni la diputada ni el compañero Diego Fernández de Cevallos, se han subido a esta tribuna ni a ninguna otra, a criticar con tanta vehemencia como hoy lo hacen, en torno a un artículo del News week. Gracias.
El Presidente: - Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Mire, señor diputado, para terminar pronto le digo: usted puede hacer un debate genérico, tocar todos los temas como le acomoden a sus intereses y descalificar nuestro trabajo en esta Cámara de Diputados y poder considerar lo que está a favor de los intereses de Norteamérica. Yo sólo le hago, en nombre de la
seriedad, un solo reclamo: ¡suba a esta tribuna y pruebe que una sola de las iniciativas en materia económica que hayamos aprobado nosotros, no ha estado siempre, de acuerdo a nuestra tesis, a nuestras plataformas y a nuestros programas!
Y si hemos sido congruentes con lo que hemos dicho para pedir el voto de los mexicanos, hemos sido congruentes con nosotros mismos y tenemos manera de hablarle de frente a usted y a quien sea.
Por lo demás, si aprecia que todos los cambios legislativos que se han hecho, han estado a favor de Norteamérica, yo sólo le quiero recordar que más de alguno lo han aprobado ustedes.
El Presidente: - Tiene la palabra para contestar alusiones, el diputado Miguel Ángel León Corrales.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Compañero Diego Fernández de Cevallos. Yo en ningún momento voy a decir que todas y cada una de las leyes que en estos últimos meses el Congreso ha aprobado, no tenga nada qué ver con el programa de su partido, simplemente le diría que en todo caso el programa de su partido coinciden con los intereses norteamericanos.
El Presidente: - Para contestar alusiones personales, el señor diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Señor diputado: ¡Lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega ...!
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente, señoras y señores legisladores:
Estuve pendiente de la intervención del señor diputado Calderón, cuando hizo desde su perspectiva un análisis de la trascendencia que pueda tener para el país la celebración del Tratado de Libre Comercio.
Y por supuesto, en el debate, estamos conscientes e hizo la acotación mi compañero Diego Fernández de Cevallos, que pudiera haber existido la posibilidad de que el senador Porfirio Muñoz Ledo no hubieran hecho las declaraciones que le atribuye la revista norteamericana.
Si solamente se hubiera concretado a eso la intervención de los señores legisladores del PRD, quizá no se hubiera prolongado ni hubiera tomado estas características el debate en el cual estamos participando.
Pero es que ya las declaraciones del senador Porfirio Muñoz Ledo, en este debate, pasaron a segundo término. Ya no es, señoras y señores, la parte central del debate si Porfirio Muñoz Ledo hizo o no las declaraciones que le atribuye la revista. El hecho es, señoras y señores, que para la defensa del senador Muñoz Ledo, para tratar de atenuar lo que para mí es un gravísimo error de parte del senador Muñoz Ledo, si hizo las declaraciones, tanto el diputado Jorge Calderón, como el senador Robles Garnica, en sus intervenciones, han defendido el derecho de adoptar ese tipo de actitudes.
¡No!, señores legisladores, no se trata del problema de decir la verdad en cualquier lugar, dentro del país o fuera del país. No es ese el problema. El problema es otro. El problema es de carácter activo, de motivar la intervención de un órgano de Gobierno extranjero que eventualmente puede dañar los intereses de México.
Mire, senador Robles Garnica, usted quiso desviar el debate cuando dijo: "...también ustedes, los de Acción Nacional, han acudido a instancias internacionales..." Distinga, senador.
Yo no sé que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sea un estado extranjero. Yo no sé eso.
¡Yo sé que el Gobierno mexicano, que el Presidente de la República en su tiempo, con aprobación del Senado, aprobó un tratado internacional: el Pacto de San José! Y yo sé, que de acuerdo con el artículo 133, los tratados internacionales que celebre México, ¡con aprobación del Senado!, ¡que no se opongan a la Constitución!, forman parte del derecho interno. Derecho nacional, senador...
Siii, está de acuerdo. Pero, ¿sabe usted cuál es la característica de la norma jurídica del derecho nacional? ¡Qué atribuye derechos! ¡Qué atribuye derechos subjetivos!
Y, ¿sabe qué significa, senador, los derechos subjetivos? ¡La posibilidad de que el titular acuda al derecho para su defensa!
Muy diferente, ¿muy diferente, senador, acudir al Senado, al Congreso de los Estados Unidos!
Y ¿sabe por qué? Claro, yo entiendo, y puedo participar de gran parte de la crítica económica
que hizo el diputado Calderón. ¡Yo puedo participar, diputado Calderón, de la crítica que usted ha realizado! ¡Y puedo no estar de acuerdo con muchas medidas que haya tomado el Gobierno de la República! ¡Y puedo ser legítimo discrepante!
Pero a mí me preocupa, me preocupan los términos en que se dice que se hizo la declaración del senador Muñoz Ledo. Y que ustedes dicen que por interés nacional se vale.
Ellos creen que los probables socios comerciales deben saber que las cosas en México no son tan atractivas como las pinta la línea oficial de Salinas y el PRI.
¿Sabe usted el alcance, senador? ¡El alcance de esta declaración significa que la manera de sensibilizar, de concientizar, a los representantes del Congreso de los Estados Unidos es haciéndoles ver que el tratado con México no le es favorable a los Estados Unidos! ¡Y si no le es favorable a los Estados Unidos, ¿a quién le es favorable?!
Pero voy más allá. En la hipótesis, ¡todavía en la hipótesis de que no se causara un daño! Yo estaré en desacuerdo, estaré en desacuerdo con muchas de las decisiones oficiales. Estaré en desacuerdo con muchos problemas que confronta el avance democrático del país. Yo siento que Porfirio Muñoz Ledo cometió una gravísima equivocación..., si lo hizo. ¡Pero los problemas de los mexicanos los resolvemos los mexicanos! ¡De acuerdo con las leyes mexicanas! ¡No ir a un Estado distinto al Estado mexicano!
¡La experiencia, la experiencia histórica de México, de unos y otros grupos que han caído en la misma tentación, ha sido nefasta para el desarrollo del país!
Señores: yo lamento que el debate haya adoptado la línea aguda en que desembocó en las últimas intervenciones. Siento que el senador Porfirio Muñoz Ledo, quizá el PRD, como toda la oposición, por los golpes que ha recibido, como los hemos recibido la oposición en reiteradas ocasiones, haya caído en la obcecación y en la tentación de acudir a todo con tal de golpear al Gobierno de la República. ¡Yo no estoy de acuerdo con esa postura!
Mi oposición, la oposición de mi partido, senador Robles Garnica, es la oposición que no es de seis años, ni de ocho años, ni de cinco años, quizá usted no la entienda. Nosotros llevamos 52 años. Usted lleva muy pocos años en la oposición, con todas las circunstancias en contra, con todos los obstáculos, por encima del partido; por encima del partido, senador, está para nosotros el interés del país. Gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, se concede la palabra al diputado Rodolfo Becerril. Y después le concedemos la palabra al señor diputado Calderón.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Con su venia, señor Presidente.
Alguna vez alguien dijo que la crítica debe destruir el objeto de su atención, so riesgo de que no hacerlo así, se contemporiza con el objeto criticado. A mí me parece que esta concepción de la crítica es falsa, que la crítica, como se dice en el lenguaje común, puede ser positiva, puede ser propositiva y no necesariamente tiene que destruir los objetos de su atención.
La crítica no es privativa de los partidos de oposición, la crítica la ejerce la conciencia libre y las personas preocupadas por el devenir nacional. Aquí no se ha cuestionado el derecho de cada quien por decir su crítica y su posición respecto a los problemas nacionales. Lo que se ha reprobado es la oferta de servicios a otras instancias supranacionales. No es posible que quien trata de detener los flujos de inversión al país, perjudicándolo, quien confunde, manipula, desestabiliza, aprovecha una coyuntura, pueda, aparte de merecer líneas ágata en el Bussines Week, por cierto, no el News week, sino el Bussines Week, y en periódico de Ottawa, pretenda, además, que se le aplauda.
Creo que aquí básicamente lo que se ha hecho es reprobar una actitud de oferta de servicios a instancias supranacionales. Pero no quisiera yo más referirme a esta cuestión, que creo ha sido suficientemente discutida por los que me han antecedido en el uso de la palabra.
Aquí se ha dicho que lo que pasa es que el TLC no beneficia al país, que la ruta de las negociaciones es equivocada, que la política económica adoptada en estos años perjudica a los habitantes de nuestro país. Pareciera olvidarse que la década de los ochenta en todos lados se calificó como la década, reitero lo que dicho en otras ocasiones, perdida para el desarrollo y que hoy estamos en una inflexión histórica en lo que tiene qué ver con políticas económicas.
Se desconoce un proceso de globalización, se dice que no podemos argumentar la interdependencia,
pero, ¿cómo no vamos a argumentar la interdependencia si hoy para producir un automóvil en Detroit se requieren las partes, los componentes, los insumos de 16 países y fábricas del mundo?; ¿cómo vamos a desconocer que a partir del 1o. de enero de este año en Europa, de Portugal a Dinamarca y de Grecia a Inglaterra, se prendieron velas para festejar el arranque de la Comunidad Económica Europea? ¿Acaso nuestro país va a dejarse arrastrar por la marejada de los acontecimientos en este proceso globalizador?, yo creo que no, que el Tratado de Libre Comercio es la decisión consciente de nuestro país para vincularse a los procesos globales defendiendo los intereses de nuestro país, en la circunstancia, en las postrimerías de este convulso fin del Siglo XX.
Si nosotros logramos sosegar las palabras, asumir cada quien nuestras responsabilidades y diferenciar sin estrépitos nuestros puntos de vista, habremos logrado transitar a esa vida moderna en la que todo el país está empeñado; la apertura económica ha sido benéfica para el país.
Hace algunos años exportábamos el 70% de productos petroleros, hoy estamos exportando el 70% de productos manufacturados. La desgravación, la desregulación y una serie de disposiciones previas inclusive al tratado, han logrado imprimirle aunque sea precariamente, un dinamismo a nuestra economía, por más de cuatro años consecutivos el producto bruto crece por encima del crecimiento de la población. Lo que el tratado logrará es propiciar que vengan inversiones entre otras cosas, porque las condiciones de estabilidad de crecimiento y control de la inflación van a permitir que nuestro producto pueda repuntar aún a tasas más veloces.
Una de las reformas que hemos adoptado en este Congreso, los cambios legislativos que han operado responden al Tratado de Libre Comercio, responden sí a la necesidad que tiene el país de adecuarse a las nuevas circunstancias internacionales. O, acaso la crítica del minifundismo es una crítica reciente vinculada a la apertura económica? ¿Acaso las limitaciones y los problemas de una burocracia había creado a lo largo de seis décadas de fuerte intervención estatal tienen que ver con el tratado?
Estamos modernizando nuestra economía y el tratado, que no es panacea, es un instrumento más del que hemos echado mano los mexicanos para participar activamente en los procesos de cambio mundial.
Aquí se citó a un grupo de senadores franceses, era una veneración plural, se expresó diversos puntos de vista e hizo preguntas desde distintas perspectivas y ellos nos hablaban de las ventajas que está ya teniendo a pesar de las asimetrías entre Grecia y Alemania por ejemplo, la Unión Económica Europea. El dinamismo del comercio mundial es hoy el derrotero que tienen que seguir muchas de las economías del mundo, por no decir todas, para sobrevivir y estar activos en la lucha económica de nuestros días.
El tratado, pues, y con eso termino, beneficia al país, es un potencial de energía que logrará respaldar el esfuerzo de las decisiones en que estamos empeñados. Que no se nos confunda, que no se nos manipule y menos de cara al extranjero.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jorge Calderón del PRD.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Estimados legisladores.
Pese a frases, estilos o adjetivaciones en el curso del debate, los distintos argumentos que a partir de una intervención circunstancial se hicieron, en torno al Tratado de Libre Comercio, plurales, diversos, muestran el enorme potencial de debate nacional en este momento difícil, complejo sobre el tema que dio origen a la discusión, por el enorme potencial de debate nacional y la enorme riqueza política, la enorme riqueza en términos de diálogo de cara a la nación, que tiene el pluralismo político que al menos esta Comisión Permanente donde estamos representados seis partidos políticos, tendría para poder dialogar, debatir, y en su caso, rechazar o aprobar el Tratado de Libre Comercio en la Cámara de Diputados además del Senado y en un referéndum nacional, porque esto da para esto y para mucho más.
Debiéramos de haber un clima democrático y una voluntad política en programas de televisión y de radio, en medios de comunicación, en la Cámara de Diputados y en el Senado, en congresos locales, en todos lo rincones de la nación estar discutiendo este problema, quizá no en la forma ríspida en la que se pudo haber incurrido en este debate, sino en esa forma, con la pasión con la que los mexicanos discutimos, pero también con los fundamentos que diferentes sectores de la sociedad mexicana tenemos, quizá discrepando en muchos asuntos, en intervenciones que se han hecho aquí.
Quizá el único elemento que debiera ser reflexionado para futuros trabajos no sólo de la Permanente, sino esas comisiones que
debieran dictaminar las iniciativas de Ley a las que me referí anteriormente y en otros sectores, es la riqueza que aquí solo colateralmente y partir de una intervención circunstancial, la riqueza que tiene el debate de los problemas del Tratado de Libre Comercio.
A dos bloques de problemas quisiera referirme. Coincido con la tesis de que es incorrecto e inadecuado motivar la intervención de un órgano de gobierno extranjero que eventualmente pueda dañar los intereses de México. Claro que consideramos que eso es negativo, pero tenga usted la seguridad señor diputado Juan de Dios Castro, que siempre ha sido el principio de acción de nuestro Partido de la Revolución Democrática actuar de cara a la nación dentro y fuera del país en defensa de los intereses de México y en defensa de la integridad de nuestra República.
En cambio, y esto no es algo que digamos hoy, lo hemos sostenido en distintos foros, hemos dicho que la labor de cabildeo, la labor de información matizada para decirlo de una manera muy cuidadosa, que el Gobierno mexicano ha hecho con opinión pública, de funcionarios y legisladores de otros países, particularmente de Estados Unidos y Canadá, sí es una labor, lo juzgamos nosotros aunque sabemos que habrá discrepancia en esta afirmación, sí es una labor para motivar en órganos legislativos externos, una aprobación de un Tratado de Libre Comercio que algunos sectores de la opinión pública de Estados Unidos consideran positiva y otros consideran negativa, pero ha habido una acción del Gobierno reconocida en las minutas de reuniones de cuenta pública, de financiar organismo de promoción de una política de aprobación del TLC en órganos extranjeros legislativos mexicanos.
Nosotros lo cuestionamos, los funcionarios lo defienden, punto. No quisiera añadir más elementos a este problema, pero nuestro partido cuando realiza una labor de información seria y responsable en distintas formas y niveles con organismos de opinión pública y con legisladores de otros países lo hace siempre en defensa de los intereses de la nación.
Otro punto es que no somos nosotros quienes estamos llamando a los inversionistas extranjeros a que dejen de invertir en México para desestabilizar jugando a la catástrofe y al caso.
Hace muy pocos días, apenas cinco días, un director general de Nacional financiera, un director de área, debo aclarar, de Nacional Financiera, quien en una declaración periodística publicada en el periódico Excélsior, particularmente en la página 25 del periódico Excélsior, declaraba de una manera enfática, no es un militante del PRD, es un funcionario en Nacional Financiera, que decía que la inestabilidad existente en las perspectivas económicas de México y la posibilidad de que haya cambios drásticos de política económica en 1994, motivan una baja sustancial de inversiones productivas extranjeras y que la mayor parte de inversiones extranjeras se dedicaba a bolsa de valores, por su carácter de similitud y de posibilidad de ser retroalimentadas.
No somos nosotros los que estamos entonces diciendo, señores, transnacionales no inviertan en México, porque eso ayuda a tal o cual gobierno; son fenómenos económicos ligados a la inestabilidad política producidas por la ausencia de respeto a las normas electorales democráticas.
Un punto más de la afirmación que se hacía y lo queremos decir de manera enfática, casi a iniciativa dado que no quisiera entrar a una larga argumentación, es que coincidimos y ha sido nuestra divisa de los ciudadanos mexicanos que militamos en el PRD, pero que hemos sido en distintos agrupamientos sociales activos en el movimiento social mexicano, que ante todo, los problemas de la democracia, la pobreza, la ignorancia y la miseria en México, los resolvemos los mexicanos.
Por eso es que nuestro partido, junto con otros cinco partidos políticos, está en una Comisión plural multipartidaria para una reforma democrática que permita un tránsito ordenado a la democracia y permita que sean todos los mexicanos, a través del respeto al voto, quienes decidan qué política social, qué política económica y qué régimen de Gobierno queremos darnos a través, repito, de un respeto al voto con un tránsito ordenado a la democracia.
Y no recurrimos a todos los medios para golpear de tal o cual forma al Gobierno de la República; contrariamente a una campaña de prensa en que a veces se nos pretende presentar como violentos y como que apostamos, dicho por un senador del PRI el 6 de enero, a la desestabilización para obtener fuera de las urnas lo que no logramos en las urnas, nuestro partido siempre busca resolver los procesos políticos en México de acuerdo a la Ley. Buscamos que los votos cuenten y se cuenten y que esa sea la fuente de legitimidad de los órganos de Gobierno mexicanos y, hemos buscado en procesos muy complejos en que la violencia amenazaba con desbordarse, contener
procesos incontrolables y buscar un cause legal y constitucional a procesos políticos que de otra manera pudieran desembocar en una dinámica violenta.
En lo relativo a la intervención del diputado Rodolfo Becerril, nosotros reivindicamos el derecho constitucional, no sólo del PRD, sino de todo ciudadano, a formular críticas a aquello que considera de la vida nacional que es negativo para nuestro pueblo, y cuando ejercemos nuestro derecho fuera del país, lo hacemos con base en la búsqueda de un activo flujo de información entre nuestro pueblo y los pueblos de otros países; no buscamos la desestabilización ni la intervención de fuerzas extrañas para hacer los extranjeros lo que nos corresponde hacer a los mexicanos; es una atribución de flujos plurales de información que reivindicamos como ciudadanos, como partido y como organizaciones cívicas.
Efectivamente, sostenemos que hay otras formas de política económica y de relación con Estados Unidos y con Canadá, y que este tratado realmente negociado tiene cláusulas dentro del tratado, no sólo en agenda paralela, que deben ser renegociadas, pero asumimos la interdependencia, la complementariedad y la relación multiforme con los sistemas económicos de Norteamérica y de Sudamérica, la asumimos, pero pensamos que hay otra ruta.
Cuestionamos, sí, la política económica, no entraré en detalles; cuestionamos la apertura económica, pero pensamos que se comete un error con la venta de expectativas de que el tratado será un elemento que modificará 10 años de política globalmente recesiva. Ya hemos dicho en otro momento que el producto per capita de México es hoy inferior al que teníamos hace 10 años y que el déficit crece de manera exponencial, pasa de prácticamente cero en 1988, a 5 mil millones, para después subir a 11 finalmente a 23 mil millones en 1992, con peligro de que se dispare en 1993. No somos nosotros quienes conducimos esta política económica. La criticamos, pero no somos nosotros quiénes la conducimos.
Asumimos, sí, la integración, pero con otra ruta y en donde un componente fundamental es la democracia, y somos los mexicanos los agentes fundamentales, evidentemente, de este tránsito ordenado a la democracia pero democracia que implica también participación popular en procesos tan vitales como el Tratado de Libre Comercio.
Por ello es pues que independientemente de excesos verbales que una publicación extranjera pudiera utilizar con fines sensacionalistas y poner en boca de un dirigente del Partido de la Revolución Democrática, independientemente de ello y no coincidiendo, repito, con frases que utilizan a veces diarios extranjeros de manera sensacionalista, sí reivindicamos, y con esto terminaría, nuestro derecho constitucional a exponer dentro y fuera del país nuestros puntos de vista sobre la vida nacional, su vida económica y el destino de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos, el señor diputado Diego Fernández de Cevallos.
Informo que están registrados también ya el señor senador Carlos Sales y el señor diputado Juan Campos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Por lo que toca a Acción Nacional, y salvo circunstancias que modificaran lo hasta hoy escuchado, o que trajeran nuevos elementos de valoración o de respuesta, creemos que podemos terminar con una reflexión seria. Por un lado, que hemos dicho con toda sinceridad y franqueza, cómo ve Acción Nacional el trabajo político de los partidos y de sus militantes dentro y fuera de México.
Segundo, que nosotros consideramos que precisamente para actuar en favor de los intereses de México, debemos de ser lo suficientemente cuidadosos y responsables, para que nunca olvidemos lo que acaba de decir el diputado Calderón: no somos nosotros los que conducimos la política económica nacional, y cuidado con hacer, dentro o fuera de México, algo que implique de hecho una conducción que nadie nos ha confiado.
Hay un gobierno establecido, al que podemos combatir con procedimientos legales para que cambie y para que sus funcionarios dejen de ocupar los puestos públicos y vengan otros a modificar su comportamiento político, pero mientras haya un gobierno establecido en un país, creo que es una grave irresponsabilidad acudir, con los argumentos que aquí se señalan.
El documento que cuestionamos entraña un viaje de un senador ante gobernantes, ante políticos, ante funcionarios del extranjero, para que ellos sean los que recapaciten su conducta, y eventualmente no firmen un tratado. Yo creo que nosotros estamos obligados a exigirle siempre, de acuerdo con nuestras convicciones, al Gobierno
de México que sea el que recapacite, y en su caso al pueblo que apoye a ese gobierno, pero nunca a funcionarios del exterior que recapaciten en una conducta que afecta una eventual concertación o un eventual tratado con México, y lo segundo que impugnamos, y lo recuerdo porque lo señaló Juan de Dios Castro, es lo que dice el documento: "El objeto de la oposición es darle a los legisladores norteamericanos fuentes más balanceadas de información sobre salario, prácticas laborales y problemas ambientales de México".
Señores, jamás la libertad de un hombre o de un grupo, puede conducir de hecho, mucho menos por derecho, a la destrucción de una patria. Cualquiera que sea nuestra diferencia con el Gobierno o con otros partidos políticos nacionales, yo creo que podemos conducir nuestro trabajo interno y externo, de manera tal, de que a la hora que se trate de apretar filas, todos estemos objetivamente y no sólo en el discurso, por el bien de la nación.
Yo aplaudo y reconozco en las palabras del diputado Calderón, lo que él ha señalado de que siempre les ha preocupado, les ha interesado y han luchado por los intereses de México; lo único que nosotros exigimos a ellos y nos exigimos a nosotros, que sean los hechos y de acuerdo con nuestras convicciones, como vayamos perfilando un país unido, próspero y que viva la justicia.
El Presidente: - Tiene la palabra el senador Carlos Sales.
El senador Carlos Sales Gutiérrez: - Señor Presidente; compañeros legisladores:
Sólo haré esta participación y será muy breve.
Primero felicito al diputado Calderón por la vehemencia de sus argumentos, pero no los comparto en una muy buena parte. No voy a entrar hoy a los detalles porque son muchos, son variados y presentan incongruencia entre sí muchas veces, pero diputado, ustedes no son propositivos. Lo hemos comprobado cuando hablamos de política económica. Siempre nos ofrecen propuestas, pero no cumplen.
La última vez en esta tribuna yo lo pedí y usted me dijo dónde lo podría encontrar y recurrí al documento y no es propositivo. Nuevamente es crítica y crítica aislada. Lo mismo pasa con el TLC diputado.
Concluyo tan solo señores senadores, para decirles lo que todos saben, que conforme a la Constitución, es el Senado de la República el responsable exclusivo de dar el trámite al Tratado de Libre Comercio, y lo hace con nacionalismo, con trabajo, con responsabilidad republicana. Y así lo hará también con los demás tratados que se le presenten.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente; compañeros legisladores:
Pedí el uso de la palabra para hacer algunos comentarios a expresiones que aquí produjo el diputado Becerril. Sin embargo, quiero iniciar mi intervención comentando lo último que dijo el senador Sales, porque no creo que no es precisamente ese tipo de expresiones la que puede contribuir a que de todos modos se dé un debate que se va a dar, que se va a dar, que se va a dar en la plaza pública, que se va a dar en las instituciones de educación superior, que se va a dar en la Cámara de Diputados, y obviamente que se va a dar en la Cámara de Senadores.
Creo que podríamos contribuir mucho más a la vida política del país, a permitir la expresión constitucional, por llamarle así, de todas las fuerzas políticas, si permitimos que se reforme la Constitución para que en ambas cámaras, sin que se contravenga ninguno de los artículos constitucionales, en ambas cámaras podamos analizar este riquísimo tema, que como se ha demostrado hoy y en otras ocasiones, tiene muchos filones, tiene muchas vertientes por las cuales se podría analizar a profundidad.
Creo que esto lo requiere nuestra sociedad; lo requiere el desarrollo político de nuestro país y la información que le debemos a nuestro pueblo.
Y tan es así que aquí ha expresado el diputado Becerril algunos juicios, sin fundamentarlos por cierto, que nos permite ver que tiene una visión de que la economía de nuestro país, a diferencia de la década pasada, se encuentran muy bien, que va viento en popa, y que no debemos preocuparnos porque el futuro es color de rosa, donde se incluyen obviamente los efectos que tendría el Tratado de Libre Comercio en la economía de nuestro país.
Y nos dice también en el diputado Becerril, que las reformas legislativas que hemos realizado, sobre todo el último año, no tiene ninguna vinculación con el Tratado de Libre Comercio.
Bastaría repetir aquí algunas que ya se han mencionado, como la de la Ley Minera, la Ley de Pesca, la de Bosques y Selvas, la Ley de Aguas, para ver que en todas ellas hay una serie de elementos que coinciden con un planteamiento de carácter político que está implícito también no sólo en el TLC, sino en general en la política económica del Gobierno de abrir indiscriminadamente las puertas al capital extranjero, de que el Estado abandona áreas fundamentales y estratégicas para el desarrollo nacional, y que además esta política, no es como falsamente aquí se ha afirmado, en beneficio del país, sino en el beneficio del capital extranjero, y en beneficio de una breve minoría.
Pero si quisiéramos encontrar alguna Ley que claramente fuera vinculada o pudiera ser vinculada al Tratado de Libre Comercio, tendríamos que remitirlo necesariamente a la Ley de Energía, donde se incluyó la figura de los productores independientes, que fue incluida primero en el texto del Tratado de Libre Comercio, y que la comparecencia del Secretario Serra Puche, ante las comisiones unidas de la Cámara de Diputados, cuando vino a presentarlo, no dio respuesta cabal a que esta figura violaba lo establecido, tanto en el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, como en el final del párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que establece que corresponde única y exclusivamente a la nación generar, conducir, producir, distribuir y transformar la energía eléctrica.
Si alguna Ley, es prueba de que está elaborada precisamente para satisfacer los compromisos establecidos en el TLC, es esa Ley de Energía, por mencionar a ésta en el cual es evidente. Pero reitero, del paquete legislativo del año pasado, la mayoría de las leyes, sobre todo las de carácter económico, estuvieron orientadas a satisfacer estos acuerdos que se tomaron por el Poder Ejecutivo de los tres países y que aún no han sido sancionados por el Poder Legislativo, y esto es, definitivamente, una incongruencia.
Pero esta política económica que se nos quiere presentar como un camino abierto, positivo, que va a hacer progresar a nuestro país, es un camino falso que, como ya hemos discutido aquí en otra ocasión, o en el pleno de la Cámara, está demostrando, con sus resultados en el mundo y aquí, en nuestro país, que no es la solución a los problemas del pueblo de México, que no es la solución de los problemas económicos de nuestro país.
Y hemos dado datos, datos oficiales que rebaten esta concepción triunfalista de la vida económica nacional; y hemos dado datos que nos dicen que este proceso económico solamente ha servido para empobrecer más a nuestro pueblo, que ha generado miseria, que ha generado desempleo, aunque algún funcionario califique esto de mitos, son tristes realidades que vive nuestro país, son millones de mexicanos que viven en condiciones infrahumanas, gracias a esta política económica del Gobierno Federal.
¿El capital extranjero viene aquí realmente a resolver nuestros problemas? ¿Viene aquí el capital extranjero porque considera que debe apoyar el desarrollo de México? ¿Viene aquí porque sabe que tenemos muchos problemas y quiere ayudarnos como buen vecino a resolverlos? Definitivamente que no, y lo hemos comentado también.
Y basta ver hacia dónde se oriente el capital extranjero: al terreno especulativo, a donde obtiene altas tasas de ganancia, que es su única motivación.
Y vamos a ver cuál es la actitud de la iniciativa privada. ¿Le preocupa a la iniciativa privada el problema de los trabajadores? ¿Le preocupa a la iniciativa privada el desarrollo económico independiente del país? De ninguna manera. Lo único que ha generado esa política económica, es el surgimiento de nuevos y poderosos grupos económicos que se han apropiado la riqueza que ha generado nuestro pueblo durante los últimos años. Esos son los resultados de la política económica del Gobierno Federal, que el Partido Popular Socialista no puede compartir, porque no son favorables ni a los intereses de nuestro pueblo ni a los intereses de nuestra nación.
Y habría que valorar. Tenemos concepciones diferentes los partidos aquí representados. Para nosotros, quienes son partidarios de las inversiones extranjeras, quienes son partidarios de abrir las puertas indiscriminadamente al capital extranjero, para que venga y saquee los recursos de nuestro país, para que venga y explote la mano barata de nuestro pueblo, para nosotros, los partidarios de esa tesis, son traidores a la patria, son conductas antinacionales. Es nuestra concepción, lo hemos dicho en otros foros, lo reiteramos acá; otros tendrán otras concepciones.
Pero yo creo que, el propio desarrollo de nuestro país, las propias condiciones en las que se desenvuelve el pueblo de México, los propios resultados de esta política económica, en poco tiempo van a dejar muy en claro cuál fue la conducta que sirvió a los intereses patrióticos, a los intereses
nacionales, a los intereses populares y cuál sólo sirvió para enriquecer al capital extranjero y a una minoría privilegiada. Muchas gracias.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon (desde su curul): - Pido la palabra para alusiones personales, señor Presidente.
El Presidente: - Para contestar alusiones, tiene la palabra el señor diputado Rodolfo Becerril.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Con su permiso, señor Presidente; trataré de ser muy breve, simplemente para puntualizar algunas cuestiones.
Yo no dije que la economía va muy bien, que no debemos preocuparnos, que todo es color de rosa. Yo dije que a partir de estos años hay un punto de inflexión entre las políticas económicas en general en el mundo y que hoy la economía mexicana está creciendo por encima de la población.
He dicho, y lo reitero aquí, que la sociedad mexicana es una sociedad atravesada por urgencias que no dan tregua, que no solamente debemos de preocuparnos siempre, sino que incluso tendremos que ocuparnos permanentemente. Y eso es lo que hemos estado haciendo.
He dicho que la Constitución no se modificó para favorecer la negociación. Ciertamente que los cambios que ocurren en el mundo, todos, los de índole cultural, política, económica, en la estructura, en la superestructura, no se dan de manera aislada, pero los cambios no se hicieron en nuestra legislación para satisfacer compromisos como dice que dije y no dije el diputado Juan Campos.
Los cambios en los que hemos estado incurriendo se han hecho para adecuarnos a una serie de transformaciones, de metamorfosis, de mutaciones de la economía mundial.
En dos años y medio se negoció con apoyo de muchas perspectivas y con apoyo de muchas maneras de ver los problemas sectoriales. Se superaron los conflictos derivados del propio tratado y de la asimetría que sin duda existe entre Canadá, Estados Unidos y México, sin dejarnos arrebatar ni atropellar por problemas de otro signo. Tampoco fuimos desbordados por la inercia del temor o la propensión a la autarquía o como señalaba el articulista, al humanesco grito que inventen ellos. Nosotros inventamos muchos de los temas de la negociación, siempre atendiendo al interés nacional.
El diputado Juan Campos ha dicho y entiendo que su perspectiva cuestión de la política económica, no es éste ni el primero ni el último debate sobre estas cuestiones, yo simplemente le quiero señalar que aunque no queramos aceptar hay un repunte en el sector manufacturero importante, hay una modificación estructural en la composición de nuestras ventas al exterior, se ha salvado el grave problema del déficit fiscal, hay una desregulación, una nueva dimensión del Estado, un control de la inflación, un aumento de las exportaciones manufactureras y un programa social sin precedente que valida y le da un carácter positivo a la política económica seguida en estos años.
Yo no digo que las cosas sean color de rosa, simplemente creo que estamos por el rumbo adecuado, haciendo esfuerzos rudos sobre nosotros mismos.
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
A INDÍGENAS
El Presidente: - Cedo la palabra para otro asunto al señor diputado Efraín Zúñiga Galeana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Efraín Zúñiga Galeana: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros legisladores:
He pedido el uso de la palabra para hacer una proposición a los miembros de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Quiero con el permiso de todos ustedes, señores legisladores, para fundar mi proposición, hacer una breve reflexión de orden histórico.
La conquista de las tierras americanas arrasó y destruyó la historia de los pueblos indios, sus tradiciones, sus enormes valores culturales y su dignidad. Los grupos étnicos desde entonces fueron utilizados junto con sus recursos naturales y su fuerza de trabajo, para estimular los mezquinos intereses de los grupos de poder, mercaderes de la pobreza indígena.
Así, durante 500 años los indios de América se han debatido en un penoso proceso de desintegración, en condiciones infrahumanas, apartados de posibilidades reales de subsistencia, alejados de programas de apoyo alimentario, de salud, de seguridad social, defendiéndose además de la agresión totalitarista que se ha ejercido en algunos países del continente.
México, que fue la base geográfica de la conquista con un grandioso pasado histórico y cultural, tuvo que sufrir las consecuencias de la aberrante
ambición de una sangrienta e inhumana conquista que disminuyó muy considerablemente a la población indígena. Sometidos al nuevo esquema dominante, los indígenas subsistieron integrándose a las nuevas formas de producción agrícola para beneficio de la clase dominante, de quien dependió la economía colonial y el aprovechamiento de los recursos agrícolas.
Los grupos étnicos de México disminuidos paulatinamente han logrado su preservación como grupos sociales a través de 500 años en un extenso territorio que no ha sido favorable para la conformación de grupos homogéneos, cultural y lingüísticamente; por el contrario, nuestra población indígena es heterogéneo, sujeta, desde la conquista, a las divergencias históricas, geográficas, climáticas, raciales y culturales que han sido los factores determinantes de su rezago.
Los pueblos indígenas han sufrido desde el siglo pasado los embates del sector industrial, capitalista, en pos fundamentalmente de sus tierras y de sus recursos naturales. Basta ejemplificar la historia de la zona de la Tarahumara que se convirtió en el proveedor del mercado maderero norteamericano sin que desde esa fecha la explotación de los bosques represente beneficios para los indígenas poseedores de la tierra.
En otros casos, cuando los indígenas en otras regiones de la República Mexicana han sido poseedores de tierras fértiles con un gran potencial para la producción agrícola o ganadera, históricamente la constante ha sido el despojo.
La tendencia ha sido de los objetivos de mayor prioridad. Todos sabemos que los grupos étnicos son poseedores de tierras de temporal, 16 millones de hectáreas, que beneficiaron a 2 mil comunidades y que representan el 8% del territorio nacional. Pero que desafortunadamente a lo largo de muchos años han carecido de apoyo oficial y privado, y sin recursos propios las comunidades indígenas subsisten en condiciones de total precariedad.
La pobreza indígena es sin duda nuestra preocupación fundamental; además de la problemática acumulada por varios siglos de explotación, a ella concurren la movilidad permanente, crecientes problemas de salud, falta de servicios mínimos para el bienestar y aún de una no definida estructura educativa y de experiencia histórica de la violación de sus derechos humanos por caciques, por malos funcionarios que hasta nuestros días fomentan la desigualdad y el abuso en detrimento de la dignidad indígena.
En la procuración de justicia los indígenas han estado sujetos a condiciones de desigualdad ante otros sectores sociales, por su ignorancia, por la incompatibilidad lingüística, por su pobreza y por la estructura judicial en franca descomposición donde impera como una constante en todos los ámbitos indígenas, el abuso, el atropello, la corrupción y la injusticia.
Por estas razones, la semana pasada la Comisión de Asuntos Indígenas de la honorable Cámara de Diputados se entrevistó con el licenciado Jorge Carpizo, Procurador General de la República, para solicitar su apoyo para que se revisen 6 mil expedientes penales que se siguen contra indígenas; indígenas engañados, indígenas inocentes.
Hemos denunciado, ante el señor Procurador, los malos tratos que sufren los indígenas en las cárceles, la lentitud en la instrucción procesal, el rezago en el pronunciamiento de sentencias, la falta de resolución de algunas cuestiones incidentales.
Le hemos pedido al señor Procurador que en apoyo de la actividad procesal y para hacer más fluido el procedimiento en los procesos, deben contratarse más defensores de oficio que apoyen la justicia de los indígenas y que se contraten traductores que comuniquen a los indígenas con los jueces para establecer una justicia entre indígenas y jueces, de pleno diálogo.
El señor Procurador acordó que se integre una comisión de funcionarios de la Procuraduría y diputados miembros de la Comisión de Asuntos Indígenas, para verificar la información que tenemos y analizar la posibilidad de los sobreseimientos.
Esta comisión empezará a trabajar en Chihuahua, pasado mañana, el viernes, en virtud de que la diputada Patricia Terrazas, del PAN, así lo solicitó. Los raramuris han caído en las manos de narcotraficantes, como en muchas partes del país. Los indígenas encarcelados y en muchos casos los narcotraficantes se encuentran libres.
Pero señores diputados, señores senadores: tenemos que combatir de raíz, y ésta es mi proposición, combatir de raíz la causa que hace que los indígenas caigan en el engaño de narcotraficantes. Esta causa es la pobreza; esta causa es la miseria que prevalece en las comunidades indígenas; esa causa es el rezago centenario a que me he referido a lo largo de mi intervención; rezago centenario que viven los indígenas y que lo hacen víctima de la gente que los engaña.
Por eso aquí, pido al señor Presidente de la Comisión Permanente, que apoye mi petición para que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, integre un fondo con los recursos de que ya dispone, con los recursos que ya fueron autorizados en el Presupuesto de Egresos, para constituir un programa con el propósito de sustituir cultivos. Estamos reclamando que en las tierras de los indígenas que se han convertido en punto de atracción de los narcotraficantes, ya no se siembren de enervantes, pero tenemos que darle una salida viable, una salida de justicia a los indígenas, seguridad en el empleo, posibilidad de que coman, posibilidad de que trabajen.
No debemos olvidar que la heterogeneidad de nuestros grupos étnicos por las características culturales, lingüísticas, históricas y sociales que lo difieren, hace más difícil su integración aún en los esquemas de apoyo institucional aplicados hasta la fecha.
La nación, todos los mexicanos, debemos regresar a ver a los indígenas, acercarnos a ellos, comprenderlos, entender sus angustias y su tragedia, la situación en que se encuentran los indígenas ahí donde sufren, en las sierras incomunicadas, donde están 10 millones, 56 etnias, sin servicio de salud en un 70% o analfabetas en un 47%.
Es un compromiso histórico enfrentar la tragedia de los indígenas de México.
Sus problemas serán como llagas en el rostro del México moderno. Ahí están los indígenas reclamando justicia; ahí están famélicos; azotados por la patología de la pobreza; eclipsada su economía; sufriendo una vida sin esperanzas; con la mirada extraviada en el horizonte de su propia miseria. ¡Luchemos en su favor para que también en ellos, la vida tenga expresiones de belleza! Muchas gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia turna la posición que ha presentado el diputado, a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
ESPIONAJE
El Presidente: - Continuamos con los demás asuntos que tenemos agendados y concedemos la palabra al diputado Jorge Lepe García, para condenar supuestos actos de espionaje.
El diputado Jorge Leobardo Lepe García: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
De una manera muy breve me permito hacer las siguientes consideraciones: En los últimos días la opinión pública conoció la denuncia que el Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, hizo sobre actos de espionaje en contra de esa institución, hecho que sin lugar a dudas constituye una intromisión violatoria a las libertades y a la vida privada de las personas y de las organizaciones que la sociedad civil se da, en un régimen de derecho como el nuestro.
Por ello la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, por mi conducto, condena el espionaje donde quiera que éste se de, y muy especialmente el que se señala que ocurrió en las oficinas de la Organización Nacional de los Comerciantes.
El respeto a la propiedad y a las actividades privadas de los individuos y de sus asociaciones, es una parte sustancial de nuestro orden constitucional de libertades y de derechos; es también un principio indeclinable para la convivencia civilizada y pacífica de la sociedad en su conjunto. De conformidad con nuestros principios consagrados en la Constitución, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, documentos o posesiones, sino por virtud de un mandato escrito de la autoridad competente y que además esté fundado y motivado.
Los actos de espionaje y sustracción ilícita de información, deben considerarse como una amenaza a este factor básico de la armonía social y entre las personas, lo cual no sólo afectan la integridad de los individuos y de las asociaciones, sino que son víctimas de estos hechos también las agrupaciones que sufren con esos agravios.
Por estas razones saludamos la actitud asumida por la Procuraduría General de la República al constituir la Fiscalía Especial, dedicada a investigar esta conducta que a todos perjudica y que significa un atentado al ejercicio irrestricto de nuestras libertades.
Desde esta tribuna demandamos que la investigación iniciada en el caso que nos ocupa se lleve con celeridad y hasta sus últimas consecuencias, se deslinden las responsabilidades correspondientes y sirvan para sentar las bases que permitan terminar de una vez por todas con estas prácticas intolerables en nuestro México. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado. Para este asunto ha solicitado la palabra también el señor diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Alberto Carrillo Armenta: - No basta la recomendación para que una investigación judicial aclare a los responsables o culpables de este hecho.
La denuncia de los dirigentes de la Concanaco, debería hacernos reflexionar sobre quién vigila a quién y qué tipos de vigilancia existen en México sobre individuos y sobre organizaciones. Reflexionar sobre las características de la privacidad, de los mecanismos de acopio de información y sobre la utilización de una tecnología que podemos aprobar en abstracto, pero que algunos de sus usos por cierto al alcance de todos, distan mucho de ser progresivos.
¿Quién vigila a quién? Watergate nos mostró a nivel internacional los excesos de un poder navegando entre la paranoia partidaria y la obsesión por el poder. En México las denuncias de partidos y de muchos ciudadanos sobre intervenciones telefónicas y otro tipo de métodos de espionaje, nos han hecho pensar en una gran cantidad de watergates locales; pero desgraciadamente sin solución, sin examen, sin análisis.
Una vigilancia estatal que acude a las mismas reglas de una ilegalidad que supuestamente busca atrapar. Un aparato estatal tan confuso que ya no se sabe cuántos grupos, policiacos o no, lo forman y con qué modalidades realizan y desarrollan sus acciones. Estados dentro del Estado. Sombras del poder que aterrorizan cuando se ponen al descubierto, como en una reciente película sobre Drácula.
Lo vimos también en el caso del periodista Buendia. Grupos estatales autonomizados o tan profundamente identificados o arraigados, identificados a los funcionarios y a las razones de Estado, que prácticamente nos mostraron que en el Estado contemporáneo la distinción entre legalidad e ilegalidad es tan tenue que a veces no se distingue.
El poder busca su reproducción y el derecho o la violencia o la vigilancia son tan sólo tácticas para asegurar su permanencia.
¿Pero esto es lo que encontramos en el caso de la Concanaco o es algo mucho más perturbador todavía? La vigilancia entre grupos rivales. La violación de instalaciones privadas por disputas entre miembros de una misma sociedad. En suma, la vigilancia de la sociedad consigo misma.
¿Qué tipo de relaciones sociales se están generando en México, para que se acuda a tácticas propias de bandas, de las mafias o de las malas series televisivas? Una sociedad de la vigilancia, de la desconfianza, del espionaje. Una sociedad descompuesta por la inquietud individual de saberse vigilado, incluso, desarticuladas las formas básicas de comunidad y hasta las comunidades de intereses ya no digamos políticas o sociales.
El caso Concanaco es un signo incipiente de lo que puede venir. Podemos llamar a una investigación judicial para que aclare responsables, pero debemos ir más allá. No quedarnos en la búsqueda de culpables, sino en la búsqueda de las condiciones sociales que desarrollan estas conductas, propias de sociedades anómalas, profundamente divididas. Una sociedad fragmentada, vigilada informática y electrónicamente, ya no sólo por el Estado, sino por cualquiera de sus miembros que así lo desee.
¿Cuántos tipos de vigilancia existen? Obviamente la vigilancia visible, transparente, no por eso menos obsesiva de los registros informáticos, de las listas, los padrones y censos. La vigilancia conocida en las cédulas de identidad fiscal, ciudadana. Las cámaras de circuito cerrado en los pasillos de este recinto.
Una vigilancia obsesiva, pero de alguna manera conocida, consciente, por parte de la población. Nos puede no gustar, pero es de alguna manera, entre comillas, "legítima o legal".
Pero el problema no es esta vigilancia, sino la otra, la que se hace entre las sombras, la vigilancia a distancia, la que viola la cotidianidad para obtener pruebas o informes, la que violenta la vida privada para desmantelar planes, acuerdos o programas. Esta vigilancia no sólo preocupa por su manifiesta ilegalidad, sino porque la realizan grupos muy cercanos a las prácticas mafiosas, son grupos anómalos los que infectan el tejido social.
Sean del Estado o arraigados entre las tribus sociales, estos grupos encargados de la vigilancia soterrada son peligrosos. Son estos grupos los que debemos de evitar, pero no en una persecución, insisto, de personas, sino una discusión de prácticas y las necesidades que los hacen posibles. Esto queremos alertar nosotros en el caso del espionaje electrónico a la Concanaco o a cualquiera; es el tipo de relaciones sociales el que está en juego o uno basado en la confianza y la solidaridad de los iguales u otro basado en la vigilancia y persecución de los adversarios.
Estamos a tiempo. Que se busquen siempre los responsables inmediatos. Pero no olvidemos que la vigilancia así es una práctica multiforme y muy extendida, que deberíamos preocuparnos por legislar para vigilar la vigilancia, para regular la tecnología electrónica y propiciar ambientes de desarrollo social sano. En el narcotráfico tenemos el mejor ejemplo de cómo una actividad ilegal degenera los vínculos sociales y las instituciones. No dejemos que la vigilancia electrónica tenga el mismo destino. Gracias.
El Presidente:- Para este mismo asunto se concede la palabra al señor diputado Víctor Orduña, del Partido Acción Nacional.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: - Gracias, señor Presidente.
En Acción Nacional no solamente cuestionamos el espionaje que se ha hecho a la Concanaco y a otras instituciones, sino que también hemos sido víctimas de este mismo espionaje.
Desafortunadamente la investigación que realiza en este caso la Procuraduría General de la República y muy seguramente será exitosa, será exitosa pero tenemos una legislación deficiente, legislación deficiente que lleva a perfeccionar las prácticas de espionaje telefónico, espionaje telegráfico y de cualquier otra naturaleza. Y para muestra tenemos un botón.
En el caso de Morelia, quienes resultaron responsables del espionaje realizado al Partido Acción Nacional fueron sancionados con la ridícula suma de 50 pesos, tuvieron que pagar 100 y sonará a risa, tuvieron que pagar 100 porque no había con qué devolverles cambio. Esto es cierto.
Bueno, con esta legislación nos lleva y nos debe invitar a los diputados a reflexionar sobre la necesidad de modificar la legislación penal y tipificar correctamente este delito, ampliar los supuestos delictivos que pudieran verse involucrados en este tipo de espionaje, pero sobre todo imponer sanciones ejemplares que inhiban al delincuente, al delincuente potencial, que inhiban al que se dedica a realizar este tipo de actos, pero sobre todo que inhiba también al que ordena este tipo de actos; tan responsable es el que lo ordena como el que lo realiza. Por ello la invitación a hacer estas modificaciones legales, mismas que Acción Nacional en su oportunidad las presentará.
En el caso concreto de Concanaco, además de este espionaje telefónico creo que hay un asunto más de fondo, un asunto que se presenta dentro de la misma Cámara, que es la filiación forzosa que se hace a los miembros de esta institución y que nos debe también invitar a la reflexión para evitar ese tipo de afiliación forzosa, de práctica forzosa a la que se invita a todos los comerciantes o más bien a la que se obliga a todos los comerciantes de la República Mexicana. Por ello, también en su oportunidad propondremos la modificación a la Ley de Cámaras de Comercio, con el propósito de no hacer obligatoria la incorporación a las cámaras de comercio. Gracias por su atención.
El Presidente: - Para este mismo asunto, tiene la palabra el señor diputado Carlos Cantú.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente, señores senadores, señores diputados.
Los hechos recientemente denunciados son algo muy semejante a lo que aconteció en el Watergate, de Estados Unidos. En aquella ocasión frente a un suceso tan lamentable que vulnera la integridad, la seguridad, la individualidad y el secreto del individuo, trajeron en consecuencia no solamente que se realizara una investigación y se diera con los responsables materiales, sino que finalmente se sancionase moralmente a un Gobierno que en consecuencia perdió su titular.
Los casos de espionaje en el país no se concitan a raíz de esta denuncia ni son los primeros que se conocen en esta y en anteriores cámaras de senadores o de diputados. Es habitual, es frecuente, es reiterativo que en cada Legislatura representantes de diversos partidos aborden la tribuna y enérgicamente realicen las denuncias correspondientes porque en forma continua en los procesos electorales estas instituciones políticas sufren la presencia de oídos extraños, vulneran su independencia, atentan contra su seguridad y son filtrados en sus consejos.
Nada ha pasado en el transcurso del tiempo, recuerdo pasadas legislaturas en donde en anteriores ocasiones la propia Cámara de Diputados y en su momento la de Senadores, dirigieron enérgicas excitativas no solamente a las autoridades de la Procuraduría General de la República, sino concretamente a la compañía conocida como Teléfonos de México, que habitualmente se prestaba con algunas autoridades a dar atención a estas necesidades de información.
Hoy los hechos se repiten, no son menos dolorosos porque se estén realizando en una agrupación sectorial de un organismo de cámara de comercio o empresarial, nos afecta lo mismo
con ellos que con cualquiera de las agrupaciones políticas existentes.
Siento particularmente que los tiempos están cambiando en el país, que sí es cierto, como lo señalaba el diputado hace unos momentos, el llevar a efecto una reforma legislativa que traiga en consecuencia mayor penalidad y sanciones de mayor trascendencia, a aquellos que resulten responsables tanto por haber ejecutado la acción como aquellos que mandaron a realizarla, pero lo importante en el país, dentro de la reforma política que se pretende establecer, es en principio fundamental la voluntad que exista de nuestras cúpulas gubernamentales para que actitudes de esta naturaleza no se repitan.
Anteriormente se pensaba con mucha frecuencia que eran entidades policiacas de diverso corte, de algunas paramilitares, otras eminentemente judiciales, las que tenían a su cargo esta clase de vigilancia. Con mucha frecuencia se pensaba que eran estrictamente los agentes de la Policía Judicial Federal los que realizaban esta clase de vigilancia y esta clase de espionaje.
En los estados, quienes venimos de provincia, sufríamos y sufrimos con mucha frecuencia la presencia del espionaje telefónico orquestado por autoridades electorales locales, obviamente orientadas fundamentalmente por los gobiernos de los estados. No obstante las repetidas y reiteradas denuncias, estos hechos no han sido limitados.
Hoy la prensa nacional le ha dado mucha trascedencia a esta queja presentada por un organismo popular empresarial, pero ¿qué acaso los propios medios de comunicación no sienten también que son vigilados? ¿Qué acaso las propias mesas de redacción no sienten también que sus teléfonos están intervenidos? ¿Qué acaso los propios periódicos no perciben que los servicios de fax mediante los cuales los ciudadanos de los cuatro puntos cardinales del país hacen llegar sus quejas, son bloqueados y oportunamente, anticipadamente conocidos?
En tal circunstancia, consideramos que una reforma política como a la que está convocando el propio Presidente de la República, debería traer en consecuencia inmediata forzada, la posibilidad de reglamentar estrictamente con sanciones de superior jerarquía, la violación de este derecho de nuestra privacidad.
Consecuentemente, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana reprocha públicamente estas actitudes y solicita respetuosamente a las autoridades correspondientes que vayan más allá de un simple ofrecimiento de hacer la investigación correspondiente, que se conozca a los culpables y que se sancione a los responsables de esta actitud que indudablemente está poniendo en serio peligro la estabilidad de la seguridad del pueblo de México. Muchas gracias.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
El Presidente: - Para otro asunto, vamos a conceder la palabra al señor diputado Carlos Cantú Rosas, esperando recoja sus papeles; va a referirse a sucesos registrados en la Escuela Superior de Economía del Instituto politécnico Nacional.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Atento a los términos del artículo 79 fracción II, de la Constitución General de la República, en concordancia con el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, hace unos días atendimos la solicitud de un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, con referencia a algunas quejas y denuncias que ellos formulaban están sufriendo en este plantel educativo.
Recientemente, hace unos momentos, nos hicieron llegar dos sendas comunicaciones una de las cuales me voy a permitir leer señor Presidente y la otra voy a solicita a usted, siendo muy corta la misma, nos haga el favor de instruir al señor Secretario para que la ponga en conocimiento de este pleno, dé el recibo correspondiente y la agregue también al conocimiento de la Comisión ya turnada.
"En sesión celebrada el 14 de enero del presente año, presenté una denuncia que me hicieron llegar estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, sobre supuestas arbitrariedades cometidas por parte de las autoridades en contra de la comunidad en general.
La denuncia fue turnada a la Comisión de Educación Pública el 14 de enero del año en curso mediante oficio 55/3/397.
La situación que priva en el plantel es grave, debido a la incertidumbre que tienen diversos miembros de la comunidad y principalmente los estudiantes que se respete la integridad física por parte de las autoridades, ya que cuentan con personas que están destinadas para grupo de choque.
Aunado a esto, el hecho de que para determinar la expulsión de varios estudiantes se violó el
Reglamento interno. Se vicia el procedimiento de aplicación del Reglamento recientemente por las autoridades que están para hacerlo cumplir, por lo que se deja en indefensión a los estudiantes.
Independientemente al dictamen que en su caso presente la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Consultivo del Instituto, es preciso señalar que la Comisión de Educación Pública a la cual fue turnada la denuncia, aún no se ha reunido, no obstante la gravedad de los hechos presentados."
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 21 fracción XXVI, 85 segundo párrafo, 87, del Reglamento Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de esta honorable Comisión Permanente, formule una atenta excitativa a la Comisión de Educación Pública a fin de que en los términos reglamentarios se de respuesta a la denuncia planteada.
Por el Partido de la Revolución Democrática firma el diputado Miguel Ángel León Corrales y firma Carlos Cantú Rosas. Solicitaría de usted señor Presidente nos hiciera favor de leer este otro documento que acaban de hacernos llegar los propios estudiantes, se agregue al anterior y se turne a la Comisión correspondiente.
El Presidente: - Gracias diputado déjenos ahí los documentos y vamos a instruir a la Secretaría para que dé lectura al documento a que ha hecho referencia el señor diputado Carlos Cantú.
El secretario Rodolfo Becerril Straffon: - Diputado, licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, miembro de la Comisión Permanente.
Isabel García Morales, estudiante de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, con el debido respeto comparezco y expongo:
Que por su digno y atento conducto se sirva interceder ante las comisiones de esa honorable Cámara de Diputados que competan en lo siguiente:
1. La suscrita es Consejera Estudiantil de los grupos de tercer grado del turno matutino de la licenciatura de economía de la citada Escuela y represento a la comunidad estudiantil de ese plantel.
2. Manifiesto en ese carácter, que no obstante los esfuerzos de maestros y alumnos de dicha Escuela Superior de Economía y su atinada intervención del pasado 14 de enero, cuando por su conducto manifestamos los incidentes que en carácter de estudiante estamos sufriendo, a la fecha no hemos obtenido respuesta alguna de las autoridades tanto de la propia Escuela Superior de Economía, como de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional.
3. Dentro del proceso que se espera se diese de concertación o advenimiento entre autoridades del instituto y los alumnos que recurrieron a denunciar los hechos, realizamos una marcha de protesta a la Secretaría de Gobernación logrando ser atendidos por el licenciado Andrés Gómez, subdirector de Partidos Políticos y Movimientos Sociales, los cuales abrieron un diálogo con autoridades del Politécnico el día viernes 22 del presente mes, en el cual no hubo ninguna respuesta favorable a las demandas ni se vio voluntad conciliadora al respecto.
4. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos nuevamente de su atenta y fina intervención, para que de una vez más se erija en portavoz de nuestras inquietudes y de conocimiento a esta honorable Comisión Permanente, que aún los estudiantes politécnicos seguimos esperando una respuesta de las autoridades, pues presumimos que su silencio o indiferencia se traduce en una obstaculización a nuestras justas demandas de justicia y equidad.
Atentamente. Isabel García Morales, Consejera Estudiantil; Sánchez Lemus Fabiola y Sánchez Lemus Julieta.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario. Antes de dar trámite a las solicitudes que ha hecho el diputado Cantú, vamos a conceder la palabra al señor diputado Juan Campos Vega que la ha solicitado para referirse a este asunto.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente, compañeros legisladores:
Creo que el motivo de nuestra presencia en esta tribuna es el de compartir la preocupación porque se le dé una solución adecuada a un conflicto de carácter estudiantil, que ya lleva algunos meses de estarse suscitando en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional.
Cuento aquí con información pormenorizada de los hechos que se han suscitado desde el mes de noviembre en esa escuela, pero creo que valdría la pena señalar solamente algunos, para evaluar justamente lo que aquí sucede.
Este conflicto no tiene, al menos formalmente, su origen en problemas propios de la escuela, ya que se generó por la presencia de estudiantes de otra escuela del Politécnico en las instalaciones de la Escuela Superior de Economía, los cuales entraron por la fuerza y provocaron que un grupo de estudiantes de la Superior de Economía, propiciara el secuestro de dos estudiantes y un profesor, los cuales interpusieron su denuncia ante la autoridad correspondiente.
De ahí en adelante se han estado suscitando una serie de problemas porque la escuela, aplicando el Reglamento, determinó que en estos hechos lamentables del secuestro del maestro y los alumnos, habían participado 16 alumnos de la Escuela Superior de Economía, lo cual a juicio de la dirección de la Escuela Superior de Economía, amerita la expulsión para 10 de ellos y sanciones menores para el resto.
Una cosa que vale la pena precisar, es que esta sanción aún no ha surtido efecto, porque fue turnada a la Comisión de Honor y Justicia del Politécnico Nacional, quien según la información con la que contamos, el próximo día 28 de enero citará a comparecer ante las autoridades del Politécnico a los dos últimos de los 16 señalados como responsables de actos contra la institución.
Como se puede ver de este comentario muy superficial que hago de los acontecimientos, parece que el punto central del problema en este momento es si se va a expulsar o no a estos 10 estudiantes de la Escuela Superior de Economía.
El peligro latente, a nuestro juicio, es que si el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia del Politécnico es en el sentido de expulsar a los alumnos implicados, podría propiciar una serie de actos que paralizarían o desestabilisarían por lo menos la vida escolar de esa institución del Politécnico, con las consecuencias que esto implica.
A nosotros nos preocupa y nos ha preocupado de manera permanente, que estos hechos que se dan en la vida estudiantil en diversas instituciones públicas, sirvan para divulgar la idea de que éstas se encuentran siempre en conflicto, de que preparan de manera deficiente a sus estudiantes y por tanto sus egresados no son capaces de responder con eficacia como profesionales al salir a competir con los de las instituciones privadas.
A nosotros nos preocupa que cuando hay esfuerzos porque mejore la educación en manos del Estado, la educación superior, conflictos que podrían ser resueltos dentro de un marco de convivencia, de cordialidad, se agudicen a veces por injerencia de elementos ajenos a las propias escuelas, por estudiantes de otras instituciones o de otras escuelas de la misma institución, o por agrupamientos de carácter político, o por intereses muy particulares que se mueven en el ámbito de las instituciones de educación superior.
Nosotros estamos en contra de que este tipo de enfrentamientos se resuelva por la vía irracional. Creemos que no se debe de tratar de convertir este conflicto en algo insoluble, y no estamos en contra de la excitativa que ha presentado el diputado Cantú Rosas, porque él ha presentado el pasado 14 de enero una solicitud, y con justa razón y apoyo en el Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exige se le dé el trámite correspondiente.
Sin embargo, por el plazo perentorio del dictamen de la Comisión de Honor y Justicia que será muy breve, ya que la comparecencia de los dos últimos alumnos implicados será el próximo jueves, o sea el día de mañana, y siendo éste el máximo organismo de la institución para resolver estos problemas, nosotros queremos hacer un llamado fraternal, un llamado responsable a los estudiantes involucrados, a las autoridades de la Escuela Superior de Economía, a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional, para que mediante el diálogo, y en su caso si los estudiantes consideran que son inocentes de las imputaciones que se les han hecho, que presenten las pruebas que justifiquen su inocencia, y en caso de no serlo, en caso de estar involucrados, por la información que nosotros tenemos, se trata de estudiantes con muy buenas calificaciones, de buenos estudiantes de esta institución, se les sancione de acuerdo con el reglamento del Instituto Politécnico, pero sin que esto llegue a la expulsión. Creemos que eso no sería justo tratándose de estudiantes de estas características.
Nosotros pensamos que la intolerancia, la provocación y la violencia, no pueden ser el camino para la solución de este conflicto. La demanda la reiteramos. Hay que buscar y encontrar la solución al conflicto. Cualquier otra actitud reflejaría el interés de avivar la llama del conflicto, reflejaría el interés de darle dimensiones mayores a las que tiene y no el de encontrarle una solución adecuada a esta cuestión.
Nosotros no queremos en este momento, condenar ninguna de las actitudes que se han
suscitado ni de parte de los estudiantes, ni de parte de los maestros, ni de parte de otros grupos; simplemente queremos llamar de nuevo a la reflexión, queremos pedir que busquemos hasta el último momento la solución adecuada a este problema, tratando de que este conflicto concluya y que se respete el derecho de esos estudiantes a continuar sus estudios en la Escuela Superior de Economía. Muchas gracias.
El Presidente: - Señor diputado Cantú, tiene la palabra para rectificar hechos, y después el diputado Efraín Zúñiga.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente, señores senadores, señores diputados:
Aquí con nosotros se encuentran varios de los estudiantes afectados por estas disposiciones. Han tenido asistencia frecuente, su interés lo manifiestan a través de estar presentes en estas reuniones. Bajo ninguna circunstancia su presencia es conflictiva ni con el afán de agravar las circunstancias imperantes; todo lo contrario, son jóvenes llenos de ambiciones, de esperanzas, de inquietudes, con muchas carencias económicas, pero la mayoría de ellos en noveno, en séptimo y en quinto semestre y con promedios de 9.4, 9.5, lo cual a todas luces los hace excelentes en el estudio que vienen realizando, motivo por el cual respetuosamente solicito de ustedes, con la urgencia que el caso requiere, y precisamente para evitar mayores trastornos, se convoque a la Comisión correspondiente de Educación , para que entre en inmediato conocimiento, no solamente de la versión que pudiese expresar el grupo de estudiantes aquí presentes, los compañeros que vendrán a avalarlos, según ellos lo están señalado, sino fundamentalmente para que se reciban todas las pruebas, y en concordia se haga una excitativa respetuosa a las autoridades de esta institución educativa, a fin de que se encuentre solución y no resulten perjudicados estos estudiantes.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Efraín Zúñiga Galeana:
El diputado Efraín Zúñiga Galena: - Con su permiso, señor Presidente. Compañeros legisladores. En torno al problema interno de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, se requiere hacer algunas precisiones por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Se ha dicho, y con razón, que toda revolución social conlleva a un cambio profundo en los sistemas educativos. La Revolución Mexicana no fue excepción, de ahí que el término de la lucha armada, dentro de las grandes instituciones nacionales que surgen en nuevo Estado Mexicano, están en lugar prioritario el Instituto Politécnico Nacional, rector de la enseñanza tecnológica de la nación y sin duda semillero de egresados, de brillantes, egresados, que con su capacidad, profesionalismo y amor a México, han contribuido a la transformación tecnológica y científica del país a lo largo de más de 50 años.
Con sus luchas, con sus experiencias, con su dedicación al estudio, han contribuido mucho al avance tecnológico del país y al fortalecimiento de la soberanía nacional.
La electrificación del territorio nacional, la operación de la industria petrolera y la acerada industrialización del país, han tenido un sólido sustento en el Politécnico Nacional, en sus jóvenes, en sus nuevos profesionistas.
Desde su inicio el Politécnico Nacional surge como una institución dependiente del Estado, es cierto, pero con plena autonomía académica y con normatividad propia, de ahí su fortaleza y su capacidad de respuesta a las demandas más sentidas de la población.
Señores miembros de la Comisión Permanente: Sin desconocer que en el seno de esta Comisión Permanente se reciben todo tipo de instancias y de problemas, es necesario situar en su contexto el asunto que ahora nos ocupa, y no interferir en la autonomía académica del Instituto Politécnico Nacional.
Evitemos que la participación de uno o de otro grupo político, por muy respetable que éste sea, polarice el conflicto y llegue a favorecer con esa intervención a alguna de las partes.
Demandemos también respecto a la normatividad propia del Instituto Politécnico Nacional. En efecto, la Ley Orgánica del Politécnico y su Reglamento, han sido sólidas bases en la solución de los conflictos propios de esta institución académica que crece y se transforma todos los días.
Recordemos aquí también que junto a su autonomía académica y a su normatividad propia, el instituto cuenta con diversos órganos de gestión interna, que tienen la representatividad de alumnos y de maestros, tal es el caso del Consejo Constructivo General que cuenta con más de 60 consejeros, alumnos y maestros, que han sido electos por estudiantes y por maestros.
también, para resolver cuestiones internas de la institución.
Por último, independientemente del trámite que dé a este asunto la Presidencia, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, solicitamos respeto a la autonomía académica del Instituto Politécnico Nacional, respeto a su normatividad interna y a sus órganos de gestión y Gobierno propios.
Rechacemos toda intervención ajena a sus alumnos, a sus autoridades y a sus maestros, y hagamos votos porque, como lo ha sido a lo largo de sus más de 50 años de vida, el Instituto Politécnico Nacional resuelva pacíficamente y conforme a su Ley Orgánica y a su Reglamento, el conflicto en la Escuela Superior de Economía, y ratifique en los hechos que hoy como ayer es el rector de la enseñanza técnica del país y uno de los pilares más sólidos de la transformación económica y social de México. Muchas gracias.
El diputado Carlos Cantú Rosas (desde su curul): - Pido la palabra para rectificar hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Carlos Cantú, para rectificar hechos.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Qué bueno que en esta tribuna nos hemos enterado todo lo que los mexicanos debemos a muchos de los ilustres egresados del Instituto Politécnico Nacional. Lo avalo 100%, y si se tratase de agradecer y aplaudir desde aquí arriba, lo haría gustoso.
Pero tengo la absoluta certeza también que muchos de los estudiantes en estos momentos no están siendo escuchados y sí ya quieren ser vencidos, serán motivo de orgullo para México entero también, por haber egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional.
Qué bueno que en esta tribuna se hable de que no debemos de intervenir en asuntos internos, pero qué bueno también que en esta tribuna se escuche que se han presentado denuncias de un grupo de estudiantes, y que estas mismas denuncias el pasado día 14, la Presidencia de esta Asamblea determinó turnarla a la Comisión de Educación.
Consecuentemente, en torno a esa disposición ya acordada, solicito en nombre propio y en representación de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, se le dé curso a esta solicitud y la Comisión determine lo conducente.
El Presidente: - En términos del artículo 61 del Reglamento, se turnan a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la solicitudes de particulares con que hoy se ha dado cuenta.
También con fundamento en lo previsto en el artículo 85 del Reglamento, en relación con la fracción XVI del artículo 21, se hace un llamado a la Comisión de Educación, para que conozca y resuelva del asunto que le fue turnado durante sesiones anteriores respecto a este asunto.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
3 de febrero de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación del Departamento del Distrito Federal, a la ceremonia cívica que con motivo del LXXVI aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, tendrá lugar el próximo 5 de febrero a las 11.00 horas, en el monumento de la Revolución Mexicana, ubicado en plaza de la República, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc.
Comunicaciones de los congresos de los Estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Marina Talamantes de Ramos, Eugenia Camila Cisneros Villarreal, María Magdalena Garibay de Grado, Patricia Catalina Aguirre Meza, Angelina Calzadilla Acevedo, Ana Margarita Yuen Rodríguez, Aída Alejandra Vigueria Tijerina, María Sandra Fernández de Iglesias, Elena Evelyn Terrazas Iglesias, Antonio Meléndez Jaquez, Roberto Eduardo Rodríguez Vázquez, Gustavo Hernández Flores, Hugo Chávez Ventura, Luis
Fernando Serrato Martínez, Walter Trevizo Pedroza y Graciela Alvarez Barreto, puedan prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad de Juárez, Chihuahua y en su Embajada, en México.
Por el que se comunica que los ciudadanos Reyna Bonales Suárez, Martha E. Esparza Serra, Victoriano Ramos Flores, Alejandro Acosta Bravo, María Victoria Meave Sámano, Jorge A. Gutiérrez Figueroa, Silvia M. Figueroa de Cortés, Gregorio F. Narváez Casillas, Leticia Reyes de Botey, José Peña Hernández, Blanca Mier Rodríguez, María del Carmen del Pando de Balvanera, Angélica Domínguez Montes, Gerardo F. Rodríguez Arias y Verónica Becerra Carmona, han dejado de prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional los días 11 y 12 de febrero de 1993, a fin de que realice reunión cumbre del grupo de los tres y centroamérica, en la ciudad de Caracas, República de Venezuela.
De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Fausto Zapata Loredo, como cónsul general de México en New York.
De la Primera Comisión relativo a la solicitud de permiso del ciudadano doctor Jesús Kumate Rodríguez, para acepta y usar la condecoración de la orden "Rodolfo Robles" que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
De la Primera Comisión relativo a la solicitud de permiso de los ciudadanos Pablo Villers Tapie y Alfonso Ortiz Reséndiz, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión con punto de acuerdo, por el que se ratifica grado militar al ciudadano Sergio Alejandro Escobar Juan.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Andrés Rozental y Gutman, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas María Elena Moedano Alvarez y María Paula Ronquillo Silva, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.
El Presidente (a las 19.00 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 3 de febrero a las 11.00 horas.
NOTAS
COECE: Coordinadora de Organismos Empresariales para el Comercio Exterior
Conasupo: Compañía Nacional de Subsistencias Populares
Concanaco: Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
DEA: Agencia Federal contra el Narcotráfico
PAN: Partido Acción Nacional
PARM: Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PRD: Partido de la Revolución Democrática
PRI: Partido Revolucionario Institucional
Secofi: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
SEP: Secretaría de Educación Pública
TLC: Tratado de Libre Comercio