Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930203 - Número de Diario 7
(L55A2PcpN007F19930203.xml)Núm. Diario: 7ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputado Fernando Ortíz Arana
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antoñano y Lora
ANO II México, D. F., miércoles 3 de febrero de 1993 No. 7
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal, a la ceremonia cívica conmemorativa del LXXVI aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se designa comisión.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Chiapas. De enterado.
Del Congreso del Estado de Oaxaca. De enterado.
Del Congreso del Estado de Veracruz. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que 16 ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Primera Comisión.
Por el que se informa que 14 ciudadanos mexicanos, han dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
Al que se anexan las hojas de servicios de 18 ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional, a fin de realizar una visita de Estado a la República de Nicaragua y asistir a la Reunión Cumbre del Grupo de los Tres y Centroamérica, en Caracas, Venezuela. se dispensa la segunda lectura.
Hace uso de la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar.
Se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Fausto Zapata Loredo, como cónsul general de México en Nueva York, Estados Unidos de América. Se dispensa la segunda lectura, se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Rinde protesta.
Dos, de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Jesús Kumate Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Guatemala;
Francisco Aguirre Fuentes, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Francia y
Pablo Villers Tapie y Alfonso Ortíz Reséndiz, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 346
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el grado militar al ciudadano Sergio Alejandro Escobar Juan. Se aprueban. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Andrés Rozental y Gutman, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Francia:
. De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas María Elena Moedano Alvarez y María Paula Ronquillo Silva, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua. se aprueban y se turnan al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.
ANIVERSARIO CONSTITUCIONAL
Para expresar sus opiniones respecto al LXXVI aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toman la palabra los legisladores:
Ernesto Luque Feregrino
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Carlos Enrique Cantú Rosas
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Juan de Dios Castro Lozano
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los legisladores:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Juan de Dios Castro Lozano
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Juan de Dios Castro Lozano
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Manuel Díaz Infante, a nombre de su partido.
ESTADO DE GUANAJUATO
Toma la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien denuncia hechos por parte del gobernador interino de Guanajuato.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo asunto, hacen uso de la palabra los legisladores:
Juan Luis Calderón Hinojosa
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Víctor Martín Orduña Muñoz
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Víctor Martín Orduña Muñoz
CÁMARA EMPRESARIALES
Para expresar sus opiniones al respecto hacen uso de la palabra los legisladores:
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Víctor Martín Orduña Muñoz
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Carlos Enrique Cantú Rosas
Javier Garduño Pérez
ESTADO DE MORELOS
Toma la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, para denunciar y presentar una solicitud respecto de los valores catastrales en el Estado y los Pagos prediales correspondientes.
Para rectificar hechos al respecto, hace uso de la palabra el senador Ángel Ventura Valle.
Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
REFORMA POLÍTICA NACIONAL
Interviene el diputado Miguel Ángel León Corrales para presentar una proposición al respecto.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los legisladores:
Fernando Ortíz Arana
Víctor Martín Orduña Muñoz
Miguel Ángel León Corrales
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Fernando Ortíz Arana
Carlos Enrique Cantú Rosas
Víctor Martín Orduña Muñoz
Artemio Iglesias Miramontes
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Carlos Enrique Cantú Rosas
DENUNCIA
Presentada por el diputado Miguel León Corrales, sobre el asesinato del periodista Roberto Mancilla Herrera, en el Estado de Chiapas, Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
FRONTERA NORTE
Para denunciar anomalías que perjudican a la industria nacional, hace uso de la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas.
Para rectificar hechos, intervienen los legisladores:
Amador Rodríguez Lozano
Carlos Enrique Cantú Rosas
Se turna a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO ORTÍZ ARANA
ASISTENCIA
El Presidente: - Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los miembros de esta Comisión Permanente.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: -Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 27 legisladores, señor Presidente. Hay quórum.
APERTURA
EL Presidente (a las 11. 25 horas): - En consecuencia, se abre la sesión y ruego a la Secretaría dar cuenta con el orden del día de la misma.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Con mucho gusto.
Se va a dar lectura al orden del día de la presente sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
3 de febrero de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación del Departamento del Distrito Federal, a la ceremonia cívica que con motivo del LXXVI aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, tendrá lugar el próximo 5 de febrero a las 11.00 horas, en el Monumento de la Revolución Mexicana, ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Marina Talamantes de Ramos, Eugenia Camila Cisneros Villarreal, María Magdalena Garibay de Grado, Patricia Catalina Aguirre Meza, Angelina Calzadilla Acevedo, Ana Margarita Yuen Rodríguez, Aída Alejandra Vigueria Tijerina, María Sandra Fernández de Iglesias, Elena Evelyn Terrazas Iglesias, Antonio Meléndez Jaquez, Roberto Eduardo Rodríguez Vázquez, Gustavo Hernández Flores, Hugo Chávez Ventura Luis Fernando Serrato Martínez, Walter Trevizo Pedroza y Graciela Alvarez Barreto, puedan prestar servicios en el Consuldado General de los Estados Unidos de América en Ciudada Juárez, Chihuahua y en su embajada, en México.
Por el que se comunica que los ciudadanos Reyna Bonales Suárez, Martha E. Esparza Serra, Victoriano Ramos Flores, Alejandro Acosta Bravo, María Victoria Maeve Sámano, Jorge A. Gutiérrez Figueroa, Silvia María Figueroa de Cortés, Gregorio F. Narváez Casillas, Leticia Reyes de Botey, José Peña Hernández, Blanca Mier Rodríguez, María del Carmen del Pando de Balvanera, Angélica Domínguez Montes, Gerardo F. Rodríguez Arias y Verónica Becerra Carmona, han dejado de prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Con el que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos José H. Orozco Peralta, Manuel Zermeño del Peón, Manuel Peyrot González, Elías Padilla Salazar, Salvador González Santamaría, Hugo Acosta Aguilar, Daniel Zamora Contreras, Rubén E. Márquez Salazar, Gerónimo Bringas Murrieta, Juan Borrayo Saavedra, Pablo Vázquez Vázquez, Juan E. Reynoso Valle, Abelardo E. Tun Chan, Carlos O. Ángulo Jiménez, José A. Talavera Castella, Jaime Mejía Michel, Gelasio Luna Gutiérrez y Sergio E. Anaya Galván, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional los días 11 al 13 de febrero de 1993, a fin de que se realice una visita de Estado a la República de Nicaragua y asista a la Reunión Cumbre del Grupo de los Tres y Centroamérica, en la ciudad de Caracas, República de Venezuela.
De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Fausto Zapata Loredo. como cónsul general de México en Nueva York.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Jesús Kumate Rodríguez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden "Rodolfo Robles" que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Aguirre Fuentes, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Pablo Villers Tapie y Alfonso Ortíz Reséndiz, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, por el que se ratifica grado militar al ciudadano Sergio Alejandro Escobar Juan.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al embajador Andrés Rozental y Gutman, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas María Elena Moedano Alvarez y María Paula Ronquillo Silva, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Intervención del ciudadano senador Ernesto Luque Feregrino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al LXXVI aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.
Intervención del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista para referirse a hechos ocurridos en el Estado de Guanajuato.
Intervención del ciudadano diputado Jorge Calderón Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en torno a la Colegiación a las cámaras empresariales.
Intervención del ciudadano diputado Miguel Ángel León Corrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respecto a la reforma política.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respecto al asesinato del periodista Roberto Mancilla Herrera, en el Estado de Chiapas.»
El Presidente: - Gracias, señora secretaria.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - Señoras y señores legisladores: En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los diversos grupos parlamentarios, solicito a la Secretaría consulte en votación económica a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se le pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo....
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Sí se le dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veintisiete de enero de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia el diputado Fernando Ortíz Arana
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta y cuatro minutos del día veintisiete de enero de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de treinta y tres legisladores, el Presidente declara abierta la sesión, en la que el diputado Juan Campos Vega, sustituye al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra una Comisión de la Segunda
Asamblea de Representantes del Distrito Federal y designa una Comisión para que los introduzca.
Se concede el uso de la apalabra al representante Nicolás Blancas Lima, quien informa de la conclusión del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de ese cuerpo consultivo. El Presidente agradece la deferencia y la misma Comisión acompaña a los representantes cuando se retiran del salón.
Se da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico luctuoso del centésimo septuagésimo nono aniversario del general Mariano Matamoros y Orive. Se designa Comisión para representar a la Comisión Permanente.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Chiapas e Hidalgo, por los que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Para continuar con el orden del día, se da lectura a una comunicación del senador Manuel Cavazos Lerma, por el que informa que opta por desempeñar el cargo de gobernador del Estado de Tamaulipas. De enterado y cumuníquese a la Cámara de Senadores.
La Secretaría da lectura a una comunicación del Banco de México, por la que informa haber tomado nota de las recomendaciones que hizo la Comisión Permanente. De enterado.
Se da lectura un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional los días once y doce de febrero de mil novecientos noventa y tres, a fin de realizar una visita de Estado a la República de Nicaragua y asistir a la Reunión Cumbre del Grupo de los Tres y Centroamérica, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Se turna a la Primera Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaría por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nombró al ciudadano Fausto Zapata Loredo, Cónsul General de México en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Jesús Kumate Rodríguez, pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de Guatemala y Pablo Viller Tapie y Alfonso Ortíz Reséndiz, puedan prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turnan a la Primera Comisión.
Se da lectura a otro oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que los ciudadanos María Josefina Treviño Bazán, Hugo Miguel Sato Salomón y Héctor Manuel Urena López han dejado de prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turnan a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de puntos constitucionales de la Cámara de Senadores.
Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de igual número de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Se da lectura a un ocurso del ciudadano Francisco Aguirre Fuentes, por el que solicita el permiso constitucional necesario para poder aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Francia. Se turna a la Primera Comisión.
Se da primera lectura a un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del licenciado Jorge Luis Madrazo Cuéllar, como Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Asamblea dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Hacen uso de la palabra, respecto de este dictamen, los legisladores: Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, para fundamentar el criterio de su partido; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, para fundamentar el criterio de su grupo parlamentario y Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y en votación económica se aprueba. Pasa al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Jorge Luis Madrazo
Cuéllar y designa una Comisión para que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de Ley. Terminado el acto protocolario, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se retira del salón acompañado por la misma Comisión designada.
La Secretaría da lectura a los siguiente dictámenes: uno de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que ratifica el grado militar al ciudadano Sergio Alejandro Escobar Juan; dos de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Andrés Rosental y Gutman, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Francia; María Elena Moedano Alvarez y María Paula Ronquillo Silva, pueda prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. Son de primera lectura.
Se da segunda lectura y en sendas votaciones económicas, se aprueban dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Alfredo del Mazo González, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de España; Juan di Constanzo Zaragoza, pueda aceptar y desempeñar el cargo del cónsul honorario de Italia en Tampico, con jurisdicción en el Estado de Tamaulipas. Pasan el Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Presidencia del diputado José Antonio González Fernández
Para expresar sus opiniones respecto de la convocatoria del concurso para la elaboración de libros escolares gratuitos, se concede el uso de la palabra a los legisladores Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, quien hace una proposición;
Presidencia del diputado Fernando Ortíz Arana
Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Juan Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y, en el mismo sentido, Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario institucional, quien contesta a una interpelación del diputado León Corrales. Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Para solicitar una excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados, hacen uso de la palabra los legisladores Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a las iniciativas presentadas por su grupo parlamentario, relacionadas con el Tratado de Libre Comercio; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos y José Antonio González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, también para rectificar hechos. El Presidente formula la excitativa.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, quien reprueba las declaraciones que la revista News Week, atribuye al senador Porfirio Muñoz Ledo.
Para expresar sus opiniones al respecto, suben a la tribuna los legisladores Jorge Calderón Salazar, en tres ocasiones; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, en seis ocasiones; Roberto Robles Garnica, del partido de la Revolución Democrática; Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional; Carlos Sales Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional: Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista y Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional en dos ocasiones.
Sube a la tribuna el diputado Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere a la aplicación de la justicia a los indígenas. Se turna a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, una proposición que hacen en relación con la sustitución de cultivos.
El Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores Jorge Lepe García, del Partido Revolucionario Institucional; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional y Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quienes condenan los supuestos actos de espionaje realizados en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).
Para dar a conocer hechos con respecto a la Escuela Superior de Economía, del Instituto Politécnico Nacional, y solicitar la intervención de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, hacen uso de la palabra los legisladores Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana , para rectificar hechos; Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional y Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se turnan los documentos a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y se hace un llamado para que se reúna.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría de lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecinueve horas, citando para la que tendrá lugar el próximo día tres de febrero de mil novecientos noventa y tres a las once horas.»
El Presidente: - Gracias, Ahora proceda la Secretaría a poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: -Está a consideración de los legisladores el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún legislador que desee hacer algunas observaciones a la misma?
Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, se les ruega manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Si se aprueba el acta, señor presidente.
El Presidente: - Gracias Continúe con los asuntos en cartera.
INVITACIÓN
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Se va a dar lectura a una invitación.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado Fernando Ortíz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXVI aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, que tendrá lugar en el Monumento de la Revolución Mexicana, ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, el día viernes 5 de febrero a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta Comisión Permanente, se designa a los siguientes legisladores: senador Manuel Aguilera Gómez y diputado Fernando Lerdo de Tejada.
COMUNICACIONES
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: -Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Estado Libre y Soberano de Chiapas.- Honorable Congreso.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión México, D.F.
La honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, párrafo segundo y 30 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, así como 8o. Reglamento Interior de esta propia soberanía, eligió a los ciudadanos diputados que funcionarán como Presidente y vicepresidentes de la mesa directiva durante el mes
de enero del año de 1993, quedando de la siguiente forma:
Presidente: ciudadano diputado Juan José Rueda Aguilar, vicepresidente: ciudadano diputado Roberto Javier Fuentes Domínguez, vicepresidente: ciudadana diputada Profesora Hermisenda Paniagua Herrera.
Lo cual comunicamos a usted (es) para los efectos procedentes, reiterándole (s) la seguridad de nuestra muy atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 22 de diciembre de 1992.- Diputados: Presidente licenciado Carlos Morales Vázquez, secretario Francisco de J. Zepeda Bermúdez, secretario Víctor Ortíz del Carpio.»
De enterado.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicano.- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México D.F.
En cumplimiento a los preceptos legales, comunicamos a usted (s) que la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, en sesión extraordinaria efectuada el día de hoy, clausuro el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal, dejando integrada su diputación Permanente en la forma siguiente:
Diputados: licenciado Fortino Blas Figueroa Montes, profesor Mauro Pedro Francisco Méndez, profesor Aristarco Aquino Solis, Enrique Martínez Hinojosa, ingeniero Carlos Santiago Carrasco.
Suplentes: Benjamín Hernández Silva, licenciado Virginia Hernández Hernández.
Reiteramos a usted (s) las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"
Oaxaca de Juárez, a 15 de diciembre de 1992 Diputado secretario Mario Guadalupe Mendoza Chávez y diputado secretario Rolando Hernández Castillo.»
De enterado.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Mexicano, D.F.
Me es grato informarles que el día 30 de diciembre los integrantes de la honorable LVI Legislatura del Estado designaron a la diputación permanente que ejercerá sus funciones a partir del 1o. de enero al 30 de septiembre del presente año, salvo el caso de que hubiera algún período extraordinario del propio cuerpo colegiado, suplicándole tomar nota de que fueron nombradas las siguientes personas:
Presidente: diputado Guillermo H. Zúñiga Martínez, vicepresidente: diputado Esteban Lameiras y Olvera, secretario diputado Alfonso Luna Alfeirán, vocal: diputado José Luis Melgarejo Vivanco, vocal: diputada Mireya Toto Gutiérrez, vocal: diputado Francisco Loyo Ramos, vocal: diputado Mariana Aguilar López, vocal: diputado Manuel Fernández Flores, vocal; diputado Pablo Martínez Rodríguez.
Lo anterior con fundamento en los artículos 11 y 13 del Reglamento para el Gobierno Interior de este órgano Legislativo.
Respetuosamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Veracruz, a 5 de enero de 1992- Oficial Mayor, licenciado Gerardo Fernández Correto.»
De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación con fecha 15 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación puedan prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al Gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto, se anexan los originales de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que se solicita se realicen los trámites correspondientes.
Marina Talamantes de Ramos, empleada consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Eugenia Camilla Cisneros Villarreal, empleada consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
María Magdalena Garibay de Grado, empleada consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Patricia Catalina Aguirre Meza, empleada consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Angelina Calzadilla Acevedo, empleada consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ana Margarita Yuen Rodríguez, empleada consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Aída Alejandra Vigueria Tijerina, empleada consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
María Sandra Fernández de Iglesias, empleada consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Elena Evelyn Terrazas Iglesias, empleada consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Antonio Meléndez Jaquez, empleado consular, Consulado general en Ciudad Juárez Chihuahua.
Roberto Eduardo Rodríguez Vázquez, empleado consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Gustavo Hernández Flores, empleado consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Hugo Chávez Ventura, empleado consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Luis Fernando Serrano Martínez, empleado consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Walter Trevizo Pedroza, empleado consular, Consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Graciela Alvarez Barreto, telefonista, Embajada de los Estados Unidos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No reelección.
México, D.F., 21 de enero de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
CESE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación con fecha 15 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Para su conocimiento y efectos a que haya lugar, las personas que se mencionan a continuación se dirigieron a esta Secretaría para informar que han dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Anexo encontrará las cartas de los interesados.
Reyna Bonales Suárez, auxiliar de personal, Embajada de los Estados Unidos.
Martha E. Esparza Serra, empleada, Embajada de los Estados Unidos.
Victoriano Ramos Flores, empleado, Embajada de lo Estados Unidos.
Alejandro Acosta Bravo, empleado, Embajada de los Estados Unidos.
María Victoria Meave. Sámano, secretaria - recepcionista en el departamento de agricultura, Embajada de los Estados Unidos.
Jorge A. Gutiérrez Figueroa, empleado, Embajada de los Estados Unidos.
Silvia M. Figueroa de Cortes, empleada, Embajada de los Estados Unidos.
Gregorio F. Narváez Casillas, especialista de información, Embajada de los Estados Unidos.
Leticia Reyes de Botey, secretaría, Embajada de los Estados Unidos.
José Peña Hernández, ayudante de mantenimiento en el departamento de agricultura, Embajada de los Estados Unidos.
Blanca Mier Rodríguez, asistente de finanzas en el departamento de agricultura, Embajada de los Estados Unidos.
María del Carmen del Pando de Balvanera, empleada, Embajada de los Estados Unidos.
Angélica Domínguez Montes, secretaria en el departamento de agricultura, Embajada de los Estados Unidos.
Gerardo F. Rodríguez Arias, empleado, Embajada de los Estados Unidos.
Verónica Becerra Carmona, empleada, Embajada de los Estados Unidos.
Las personas mencionadas solicitan la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese Gobierno."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México. D.F., 21 de enero de 1993.- El secretario. Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores, para su conocimiento.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de Marina, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 20 del actual:
"Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de enviarle las hojas de tiempo de servicios del personal de almirantes y capitanes que en relación anexa se mencionan, para que por su amable conducto se efectúe el trámite de ratificación del grado que ostentan; asimismo se adjuntan copias certificadas de los acuerdos presidenciales en donde se dispone el ascenso mencionado, así como antecedentes y datos complementarios de cada uno de los interesados."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 26 de enero de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»
«Armada de México, Jefatura de Operaciones Navales. Coordinación General de Recursos Humanos Dirección General de Personal Naval.
Dirección de Apoyo Administrativo. Subdirección de Información Documental Departamento de Estudios y Patentes.
Relación: De Almirantes y Capitanes Cuya Documentación se Turna a la Secretaría de Gobernación para la Ratificación de Grado.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
México, D.F. a 1o. de enero de 1993.- El contralmirante C. G. D. E. M. director general de personal naval, Benjamín Macías Galván (M - 33374).»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnada para su estudio y dictamen la solicitud de permiso al que se refiere el artículo 88 constitucional, con objeto de que el ciudadano Carlos Salinas de Gortari, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ausente del territorio nacional a partir del 11 de febrero próximo, a fin de que asista a la Reunión Cumbre del Grupo de los Tres y Centroamérica, a celebrarse en la ciudad de Caracas, Venezuela, y realice una visita de Estado a la República de Nicaragua.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 78, 79 y 88 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 y 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se abocó al análisis y estudio del presente bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
Está Comisión reconoce que dentro de los objetivos de la política exterior, contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, se enmarca la estrategia general de México hacia América Latina de incrementar la cooperación y concertación con la región, en especial con aquellos países con los que existe un potencial de complementación. La relación con América Latina es prioritaria para México, ya que además de compartir vínculos históricos y culturales, representa nuestro ámbito natural de convivencia.
En lo que se refiere a la visita a Venezuela, la asistencia del jefe del Ejecutivo Mexicano a la Reunión Cumbre del Grupo de los Tres y los mandatarios de Centroamérica cumple un doble propósito. En primer lugar, impulsar el proceso de integración del Grupo de los Tres y; en segundo lugar, promover uno de los objetivos ya trazados por ese mismo mecanismo, tendiente a impulsar la cooperación con Centroamérica.
Reconocemos que esta reunión es de especial importancia histórica, al celebrarse por primera ocasión, además de representar una oportunidad para que los mandatarios de los países ahí reunidos logren concertar compromisos que contribuyan a la estabilidad económica y política de la región. De los temas que serán analizados, destaca la eventual firma de un acuerdo para la creación de una zona de libre comercio, la cooperación en materia energética y el impulso a la cooperación técnica y científica.
Para México es de singular importancia la presencia de los mandatarios centroamericanos, porque nuestro país otorga una especial atención hacia Centroamérica, toda vez que comparte una vecindad geográfica y ha promovido acciones orientadas a alcanzar niveles de desarrollo que garanticen la paz y la estabilidad de la región. México se ha distinguido por coadyuvar en su proceso de integración. Prueba de ello, es la celebración de diversas reuniones presidenciales y del más alto nivel en territorio mexicano. Igualmente, importante es la creación de la Comisión Mexicana para la cooperación con Centroamérica, que agrupa y coordina las acciones de fomento para impulsar y consolidar nuestros intercambios con el istmo.
Por lo anterior, resulta significativa la celebración de esta Reunión Cumbre, que se distingue por la participación de nueve mandatarios latinoamericanos, lo que prevé que se logre avanzar con eficacia en el proceso de integración subregional, se amplíen aún más los acuerdos comerciales, se fortalezca el diálogo político y se consoliden los esquemas de desarrollo en la región.
La relación con Venezuela y Colombia, también se enmarca en la estrategia de México hacia la región, de intensificar la cooperación con América Latina. El Plan Nacional de Desarrollo atribuye a Colombia y Venezuela una relación singular con México producto de nuestra relativa cercanía geográfica. Señala el propósito del Gobierno Mexicano de desarrollar las relaciones de México con esos países, incrementado los esfuerzos comunes de complementación hacia la integración.
En ese contexto, intensificar las relaciones con Venezuela y Colombia es un objetivo prioritario de nuestra política exterior, por lo que aumentar la cooperación y explorar otras posibilidades de colaboración es congruente, además de aprovechar la amplia gama de posibilidades que ofrecen los acuerdos de cooperación ya suscritos con esos países.
Desde la creación del Grupo de los Tres, los países involucrados definieron, a través de un plan de acción, sus principales objetivos: realizar esfuerzos conjuntos dirigidos a la integración económica por ramas especificas, en lo bilateral y, conforme las condiciones lo permitan, en lo trilateral; así como consolidar y dar mayor efectividad a la cooperación económica, cultural, científica y técnica, de forma conjunta, hacia Centroamérica y el Caribe.
Tales acciones se enmarcan dentro del propósito de avanzar hacia una integración subregional realista y efectiva, que posteriormente se expanda a toda América Latina.
En esta ocasión, los presidentes del Grupo de los Tres harán una revisión de los avances en los compromisos asumidos por ellos mismos en las siete reuniones anteriores, dicha revisión consistirá en evaluar los adelantos y resultados logrados por los grupos de trabajo de alto nivel, los cuales fueron constituidos como instancias de consulta y concertación permanente para dar cumplimiento a los compromisos contraídos y que a la fecha han sido instalados en 13 áreas especificas: comercio, energía, telecomunicaciones, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo, finanzas, cultura, turismo, medio ambiente cooperación con Centroamérica y el Caribe, ciencia y tecnología y pesca y acuicultura.
Igualmente, los mandatarios de los tres países tendrán la oportunidad de intercambiar puntos de vista en torno al proceso de negociación para el establecimiento de un tratado de libre comercio, orientado a intensificar sus relaciones económicas, estimular la expansión y diversificación de comercio; propiciar la acción
coordinada y conjunta en los foros internacionales y facilitar la creación de empresas binacionales o trinacionales de los países signatarios, mediante programas de desgravación arancelaria.
En este contexto, los tres presidentes analizarán el estado que guarda las negociaciones, y se espera que se logre concertar, de ser posible, la fecha para la suscripción del acuerdo de complementación, que sin duda contribuirá a reforzar las bases establecidas por los tres países en sus esquemas de desarrollo.
En esta forma, el grupo de los tres se constituye como un mecanismo idóneo para la promoción e integración de los tres países, en el corto tiempo que llevan los trabajos del grupo. se han consolidado importantes avances en algunas materias, las cuales serán correspondidas eventualmente en el resto de las actividades del grupo, con esta reunión se dará continuidad para consolidar lo ya acordado y así producir el efecto deseado en el resto de la agenda trilateral.
Sin lugar a dudas, la cumbre presidencial del Grupo de los Tres con Centroaméica traerá con sigo importantes acuerdos y directrices para el futuro accionar del mecanismo.
Es de destacarse que para México es prioritaria la relación con Centroamérica, ya que dentro de los objetivos de nuestra política exterior se señala el interés por mantener una estrecha relación con los países centroamericanos, por lo que estas reuniones buscan continuar promoviendo la coordinación de acciones que eleven la eficacia de la cooperación hacia esa región.
Por lo anterior, la visita a la República de Nicaragua coincide con dichos objetivos, además de que fortalece los lazos de amistad y cooperación entre México y Nicaragua. Los contactos entre los mandatarios de los dos países han sido numerosos, la Presidenta nicaragüense, Violeta Barrios viuda de Chamorro, ha realizado una visita de trabajo a México en septiembre de 1990; ha asistido a importantes actos regionales, también celebrados en nuestros país, como la Reunión cumbre el Presidentes de México y Centroamérica; la primera conferencia Iberoamericana y la firma de los acuerdos de paz de El Salvador.
Estos encuentros han reafirmado la voluntad política de ambos países por elevar el excelente diálogo y buen entendimiento que caracteriza esta relación. Asimismo, han propiciado una mejor coordinación de las acciones de cooperación enmarcadas en la amplia agenda bilateral.
En viaje presidencial a Nicaragua tendrá como principal objetivo evaluar los logros alcanzados en los programas de cooperación bilateral, que incluye los siguientes campos: intercambio comercial, cooperación financiera, combate al narcotráfico, cooperación técnica y científica, asuntos culturales, turismo, entre otros, ademas de que se impulsen otras áreas de intercambio en beneficio de los dos países.
Al mismo tiempo, dará oportunidad para revisar los compromisos que fueron acordados por los dos países durante la cumbre de Tuxtla Gutiérrez, en la que también participaron los mandatarios de Centroamérica y los cancilleres de Venezuela y Colombia.
México ha reiterado en diversas ocasiones su interés por cuadyuvar en los propósitos de mayor estabilidad para la región y en fortalecer nuestra presencia en Centroamérica, de tal forma que esta visita a Nicaragua cumple con dicho propósito.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 de la Ley Orgánica del Congreso General y los correlativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la Comisión que suscribe se permite poner a consideración de este honorable pleno, el siguiente
DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional del 11 a 13 de febrero de 1993, a fin de que asista a una Reunión Cumbre del Grupo de los Tres y Centroamérica, a celebrarse en la ciudad de Caracas, Venezuela y realice una visita de estado a la República de Nicaragua.
TRANSITORIO
Único. el Presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los dos días del mes de febrero de mil novecientos noventa y tres.
Primera Comisión de Trabajo: diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Ángel León Corrales, secretario; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas; diputado Alberto Carrillo Armenta; diputado Víctor Orduña Muñoz;
senador Manuel Aguilera Gómez; senador Artemio Iglesias Miramontes; senador Ernesto Luque Feregrino; senador Roberto Robles Garnica, senador Germán Sierra Sánchez y diputado Jorge Leobardo Lepe García.»
Es de Primera Lectura.
El Presidente: -Gracias. Proceda la Secretaría a consultar a los señores legisladores, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone desde luego a discusión y a votación.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Sí señor. Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, se les ruega manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias. En consecuencia, se pone el proyecto de Decreto a discusión. Si alguien desea hacer uso de la palabra. Señor diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra.
El diputado Jorge Calderón Salazar: - Con su venia señor Presidente; estimados compañeros legisladores:
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática, estimó importante, pertinente, presentar a consideración de esta Comisión Permanente, algunos puntos de vista en torno a la solicitud que nos ha enviado el licenciado Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional del 11 al 13 de febrero a fin de asistir a una Reunión Cumbre del Grupo de los Tres y Centroamérica en la ciudad de Caracas, Venezuela, y además realizar una visita de Estado a la República de Nicaragua.
Este viaje del licenciado Carlos Salinas de Gortari, se realiza en un momento en que han aparecido serios nubarrones en el escenario económico internacional. Particularmente hay una amenaza de una reactivación de políticas proteccionistas en los Estados Unidos, y una enorme dificultad para que pueda culminar en un plazo perentorio las negociaciones multilaterales que se están dando en el marco de la ronda de Uruguay.
Ha sido política en materia de relaciones exteriores del Partido de la Revolución Democrática, el que nuestro país tiene que impulsar una sólida unidad y acción diplomática con los países de Centroamérica y el Caribe y con Sudamérica, en general, con el conjunto de América Latina.
Consideramos que para un país como México, cuya frontera con Estados Unidos y con la enorme asimetría que existe entre la dimensión de nuestra economía y la de Estados Unidos, el multilateralismo es mucho más que una política circunstancial, es la razón básica de defensa de nuestro interés nacional y de nuestra soberanía.
Multilateralismo entonces y particularmente relaciones privilegiadas con América Latina, es consustancial a la defensa de nuestra integridad territorial y de nuestra seguridad económica entendida de una manera global, y precisamente en condiciones en que los Estados Unidos están acusando, consideramos de manera injustificada, a nuestro país, de estar subsidiando a exportaciones de acero y que aparece hoy además en diversos órganos de prensa acusaciones también injustificadas, de que nuestro país está subsidiando diversos tipos de exportaciones con los que está invadiendo, se dice así, el mercado, en Estados Unidos, es que resulta de particular importancia utilizar todos los niveles de acción diplomática y todos los niveles de derecho internacional público que nos permite nuestra condición de miembros del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, para defender precisamente nuestro derecho a ser un país con un elevado nivel de exportaciones a Estados Unidos y a otras naciones, pero además es importante una concertación con los países de América Latina en materia, precisamente de una adecuada conclusión de la Ronda de Uruguay, respetando los intereses a los países del sur y particularmente los intereses de los países de América Latina, y evitando que esta confrontación que puede hacerse más aguda entre los Estados Unidos, la comunidad europea y Japón y aquellos países vinculados comercialmente a Japón, puede desencadenar efectos nocivos para América Latina y para México.
Ya hay un elemento que tendría que ser objeto de la agenda de discusiones de la Reunión del Grupo de los Nueve en Caracas, que es la baja tendencial de los precios de las materias primas que exportan estos nueve países.
Baste señalar el café, país que es un producto de exportación como todos sabemos, de Colombia, México, y otros países de Centroamérica,
ha sido castigado a lo largo de los últimos años por una tendencia descendente. Pero no sólo es el café, son diversas materias primas las que están siendo afectadas por una baja que son precisamente materias primas que exportan los tres países, México, Colombia y Venezuela y además Centroamérica.
Y como si esto fuera poco, la pertinencia de esta discusión que va a darse en Caracas, es mayor cuando se observa que la comunidad económica europea está imponiendo trabas proteccionistas a las exportaciones de plátano, provenientes de algunas regiones de América Latina precisamente.
Por ello es, en condiciones en que están prefigurándose tendencias neoproteccionistas particularmente lesivas para nuestro país y para América Latina, en momentos en que injustificadamente, repito, se acusa a nuestro país y a otros más, incluyendo algunos de América Latina, de estar subsidiando exportaciones, que es necesario utilizar todos los esfuerzos de concertación en el marco del Gatt y América Latina.
Nuestra opinión que ha sido expuesta reiteradamente en foros legislativos, es que además de este tipo de diplomacia que podríamos llamar especifica con Centroamérica y el Caribe y con Venezuela y con Colombia, tenemos que reactivar, a través de esfuerzos diversos y múltiples, lo que esos mecanismos de concertación del Sistema Económico Latinoamericano, la herencia que ha dejado este Sistema Económico Latinoamericano y la Asociación Latinoamericana de Integración, que ha seguido un camino difícil, complejo, pero que es una ruta que nos permite vislumbrar la posibilidad de un acuerdo comercial multilateral de América Latina, que nos permita establecer contrapesos en nuestras relaciones globales, tanto con la Comunidad Económica como con Estados Unidos y Canadá, como con la Cuenca del Pacífico.
Pero hay otro punto además que resulta importante destacar: a pesar de esfuerzos de manera destacada desde los años sesenta, que nuestro país ha hecho en materia de intensificación de relaciones comerciales con Centroamérica y el Caribe y con Sudamérica, el valor global de las exportaciones que nuestro país realiza, mejor dicho, del comercio exterior que nuestro país realiza con Sudamérica y con América Latina, en apenas el 4% del total. Hay una incongruencia o una contradicción, si se quiere ver de esta manera, entre la importancia que en materia de esfuerzos diplomáticos y en el discurso gubernamental se otorga a relaciones con América Latina, y del otro lado lo que podríamos llamar los resultados efectivos, reales, prácticos en materia de comercio exterior.
Es una cifra extremadamente limitada, un 4% de relaciones económicas con Latinoamérica, frente a la abrumadora cifra superior al 60% que representan nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos y sustancialmente mayor si incorporamos en este porcentaje las relaciones con Canadá.
Por ello es que si bien ha habido reuniones de las cuales se alude como antecedentes aquí, me refiero la de Tuxtla Gutiérrez, como una reunión con cancilleres de países de Centroamérica, con la participación también de Venezuela y de Colombia, si bien ha habido esfuerzos como la cumbre Iberoamérica de Relaciones Multilaterales que permitan concertación múltiple de diferentes países, el hecho es que en términos estrictamente económicos de resultados, el hecho es que queda un largo camino por recorrer para lograr un efectivo proceso de relaciones económicas sólidas, crecientes y de interdependencia y complementariedad con los países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.
Hay otro elemento más que debiera ser objeto de una amplia explicación a los órganos legislativos de nuestro país y a la opinión pública.
México como todos sabemos, está en vías de negociación, mejor dicho, en vías de proceso de ratificación legislativa de un Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Están también en vías de discusión dos acuerdos paralelos o dos bloques de acuerdos paralelos.
Pero por otro lado, en el mismo documento que nos envía el licenciado Carlos Salinas de Gortari, se prevén dos esquemas de negociación que no está claro cuál será la tónica dominante en la reunión de Caracas. Uno es lo que se denomina un Acuerdo de Complementariedad Económica, Acuerdo, perdón, de Complementación Económica, que se refiere a esfuerzos previos en materia de negociaciones específicas que se están dando entre los tres países, y por otro lado la prensa, particularmente la prensa del día de ayer, menciona que está en marcha una negociación específica, no de un acuerdo de complementación económica, sino de un Tratado de Libre Comercio, que significa algo muy distinto a lo que podríamos llamar a un acuerdo marco de comercio o un acuerdo intergubernamental.
Pero como si esto no fuera suficiente en términos de la complejidad de la negociación multilateral
que está aquí en juego, resulta que un objetivo explícito del Tratado de Libre Comercio que ya ha sido culminada una parte su negociación, es crear posibilidades de incorporación a este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de otros países con un protocolo específico, entonces, resulta necesario un esfuerzo de diálogo del órgano legislativo de nuestro país, el Poder Legislativo Federal, y también un esfuerzo de clarificación, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como de la Secretaría de Comercio, en materia del cual es el esquema de negociación específico que se está impulsando, particularmente en las relaciones con Colombia y Venezuela; se trata de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con un protocolo de adhesión de dos países, en este caso Colombia y Venezuela, o estamos ante un tratado específico, un marco de negociación autónoma de los tres países, separados de lo que es el esquema de negociación con Estados Unidos y Canadá, o acaso se pretende algo que debe ser respondido, señores legisladores, por el Ejecutivo Federal, de un acuerdo marco de comercio que sea el antecedente de un tratado específico de comercio con estos países.
Además, no está preciso en esta solicitud de autorización del viaje, donde se fundamenta la agenda que ahí se va a discutir, ¿cuál va a ser el tipo de acuerdo de comercio que va a ser negociado de manera particular con los países de Centroamérica?
Nuestro partido, desde su nacimiento ha sostenido la necesidad, lo ratifico, de una relación activa, multilateral en toda una serie de campos, la agenda global de relaciones con Centroamérica y con Sudamérica. Pensamos que es, repito, de interés fundamental para nuestro país.
Esta visita, resulta, en condiciones de este escenario de agudización de las contradicciones económicas internacionales necesaria, para los órganos legislativos de México requieren más información, pero no sólo más información, requerimos sensibilidad política y voluntad política del Ejecutivo Federal, para que no se repita, con el caso de las negociaciones comerciales con Colombia y Venezuela y con Centroamérica, situaciones que nuestro partido cuestionó en su momento, relativas a la no participación de órganos legislativos en el proceso específico de negociaciones y en la forma como se establecen los acuerdos.
Pero podrán explicar diciendo que hubo algunas reuniones del Senado con el licenciado Serra Puche, y se me podrá replicar diciendo también que en algún momento fue informada la opinión pública en conferencias de prensa, y quizá finalmente se diga ya, una vez que el tratado fue negociado, el de América del Norte, se puso a la consideración del Senado, pero esto no es suficiente.
Todo tratado, incluso aquellos que pudieran instrumentarse con Colombia y Venezuela, requiere leyes complementarias a acuerdos complementarios, y requiere también, sostenemos los diputados del Partido de la Revolución Democrática, un conocimiento previo en el curso de la negociación, específico y no genérico, de los términos negociados.
Los cafetaleros por ejemplo, están preocupados por este punto, lo cafetaleros mexicanos, y otros sectores productivos que tienen convergencias y relaciones activas con Venezuela y Colombia, asimismo con Centroamérica, debieran ser consultados en el proceso de estas negociaciones, tanto con Centroamérica como con Venezuela y Colombia.
Por eso que nuestro partido hace una exhortación en el marco de esta petición que ha formulado el licenciado Carlos Salinas de Gortari, para autorización de asistir a esta reunión, de una activa relación entre órganos legislativos mexicanos y el Poder Ejecutivo Federal en materia de conocimiento de esta negociaciones económicas internacionales.
Igualmente, pero no por ello menos importante, nos parece relevante una visita de Estado a Nicaragua. Sin embargo, desearíamos que esto fuera un paso que permitiera profundizar relaciones complejas y diversas con Centroamérica particularmente, con el pueblo nicaragüense. Fue un período demasiado largo de la historia diplomática de México, en el período de los años ochenta, en el cual no hubo una visita de estado del titular del Ejecutivo Federal a Nicaragua cuando había un Gobierno sandinista en el poder.
¡Qué bueno que hay una visita de Estado, qué bueno que hay esta voluntad de renovar vínculos históricos, profundos que tiene nuestro país con Nicaragua!, pero debieran ser apenas los primeros pasos para una más activa política diplomática y una más activa relación económica con los países de Centroamérica, y una reflexión que nuestro país tiene que hacer respecto a críticas reiteradas que los pueblos centroamericanos formulan respecto a nuestra patria sobre trato, respecto, repito a las naciones de Centroamérica, que ellos estiman no es adecuado.
Aquello que estamos pidiendo a las grandes potencias, algunos países de Centroamérica lo piden en su trato con México: respeto, cooperación, ayuda y estímulo a su desarrollo endógenos locales. Pienso que hay pues, una franja muy importante de cooperación económica con respecto a la soberanía e independencia de los países de Centroamérica, con apoyo a los procesos de pacificación, con apoyo a los procesos de democratización y con estímulo a toda una serie de campos, repito, de cooperación multilateral.
Por lo anteriormente expuesto, nuestro partido considera que es pertinente esta visita, pero sin embargo cree que es necesario que nuestro Poder Legislativo Federal tenga más información de la agenda económica y del conjunto de puntos que ahí están abordados.
Y la posición de nuestro partido respecto a la solicitud que ha formulado el licenciado Salinas de Gortari, es de abstenernos en esta votación, estimando que en futuras solicitudes que se presenten sobre este punto, resultará de particular importancia tener elementos adicionales de juicio sobre la agenda completa de discusión y negociación, entrevistas específicas con funcionarios y posteriormente información de las agendas ahí documentadas, para que en el momento en que eventualmente los órganos legislativos de México conozcan de tratados internacionales o acuerdos comerciales que se negocien, sea precisamente sobre la base de un conocimiento previo y un análisis que posibilite una decisión fundada en nuestro interés nacional y en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Muchas gracias.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido el proyecto de decreto .
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente: - Proceda a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 29 votos en pro.
El Presidente: Aprobado el proyecto de decreto por 29 votos.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente: - Continué la Secretaría.
NOMBRAMIENTO
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Con mucho gusto. Voy a dar lectura al dictamen relativo al nombramiento del ciudadano Fausto Zapata Loredo, como cónsul general de México en Nueva York.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del licenciado Fausto Zapata Loredo, como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos de la Fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.
Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente correspondiente, esta Comisión desea señalar que de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el nombrado, consta que el licenciado Fausto Zapata Loredo, nació en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, el 18 de diciembre de 1940. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez se encuentra en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que estudió en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Posteriormente, realizó estudios en el World Press Instituto de Estados Unidos de América.
La Comisión que dictamina desea mencionar que el licenciado Zapata Loredo cuenta con una amplia experiencia dentro de la Administración Pública Federal. En tal virtud, se desempeño como Subsecretario de la Secretaría de la Presidencia; como Asesor del Presidente de la República; y como delegado del Departamento del Distrito Federal en Coyoacán.
Los miembros de esta Comisión deseamos indicar que dentro del Servicio Exterior Mexicano, el ciudadano Zapata Loredo fungió como embajador de nuestro país en Italia, en Malta, en la República Popular China y en la República Popular y Democrática de Corea; a partir de julio de 1992 se venía desempeñando como Cónsul General en los Ángeles, California.
Es importante mencionar que el ciudadano Zapata Loredo ha desempeñado cargos de elección popular, en esta sentido, fue diputado federal a la XLVIII Legislatura del Congreso de la Unión; fue senador por su entidad natal a las L y LI legislaturas; y gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí.
Por otra parte, es conveniente señalar que el cónsul general nombrado ha impartido cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México y es autor de diversos libros, ensayos y artículos vinculados a la administración pública.
En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al licenciado Fausto Zapata Loredo a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, la situación de Nueva York, como un punto estratégico para la promoción de los intereses de México en materia económica, financiera, comercial y cultural.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy, y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el cónsul nombrado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su desempeño académico y profesional.
En dicha entrevista, el cónsul designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de Nueva York. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra Patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe hemos podido constatar que el licenciado Zapata Loredo posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado cónsul general.
Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el licenciado Fausto Zapata Loredo reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de Cónsul General de México en Nueva York, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del licenciado Fausto Zapata Loredo, como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América.
Sala "Leona Vicario y Andrés Quintana Roo" de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, 2 de febrero de 1993.- Segunda Comisión: Senador Humberto A. Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; diputado Amador Rodríguez Lozano; senador Ángel Ventura Valle; senador Jorge A. Vega Camacho; diputada Blanca R. Esponda Espinosa; senador Carlos Sobrino Sierra; diputado Fernando Lerdo de Tejada; senador Héctor Terán Terán.»
Es de Primera Lectura. El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la
Segunda Lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La secretaria Senadora María Elena Chapa Hernández: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se dispensa la Segunda Lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la Segunda Lectura.
El Presidente: - En consecuencia está a discusión el Punto de Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación económica del Punto de Acuerdo
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - En votación económica se pregunta si éste Punto de Acuerdo se aprueba.
Los colegas legisladores que estén por la afirmativa, se les ruega manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, se les ruega hacerlo saber...
El Presidente: - Si con todo gusto, debe recogerse en el acta que la votación de dos señores legisladores del PRD es en contra del Punto de Acuerdo. Le ruego a la Secretaría tome nota para el registro correspondiente.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:- Aprobado, registrándose dos contras por el Partido de la Revolución Democrática que será aceptado tal como fue indicado por el Presidente... Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente: - Gracias. En virtud de que se encuentra en uno de los salones adjuntos a este Recinto el ciudadano Fausto Zapata Loredo, cuyo nombramiento como cónsul general de México en Nueva York, acaba se ser aprobado por esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa una Comisión para que los introduzca y rinda la protesta de Ley.
La Comisión está integrado por los siguientes señores legisladores: senador Ángel Ventura Valle, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado Fernando Lerdo de Tejada, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas.
Rogamos cumplan con su cometido.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:- Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente: - Ciudadano Fausto Zapata Loredo. ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Cónsul General de México en Nueva York, que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Fausto Zapata Loredo: - ¿Sí protesto!
El Presidente: - Si no lo hiciéreis así, que la Nación os lo demande. Felicidades señor cónsul.
Se ruega a la Comisión designada, acompañar al cónsul, cuando desee retirarse.
Continué la Secretaría con los asuntos que se incluyen en la agenda de esta Sesión.
CONDECORACIONES
EL secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano doctor Jesús Kumate Rodríguez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la orden "Rodolfo Robles", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala. La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorables Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Jesús Kumate Rodríguez, para aceptar y usar la Condecoración de la orden "Rodolfo Robles", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México,
Distrito Federal a 28 de enero de 1993.- diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza. Presidente: diputado Miguel Ángel León Corrales, Secretario; diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Víctor Orduña Muñoz, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Jorge Leobardo Lepe García, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Roberto Robles Garnica, senador Germán Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Primera Comisión de trabajo
Honorable Asamblea: A la Primera Comisión que suscribe le fue turnada la solicitud del ciudadano Francisco Aguirre Fuentes, a fin de que se le conceda permiso constitucional necesario, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. se concede permiso al ciudadano Francisco Aguirre Fuentes, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 29 de enero de 1993.- diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Ángel León Corrales, Secretario; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Jorge Leobardo Lepe García, diputado Víctor Orduña Muñoz, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Roberto Robles Garnica, senador Germán Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 12 de enero de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Pablo Villers Tapia y Alfonso Ortíz Reséndiz, puedan prestar servicios como Auxiliar Contable y Empleado de Intendencia, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 27 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) que los servicios que los propios interesados prestarán a la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como Auxiliar Contable y Empleado de Intendencia, respectivamente.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Pablo Villers Tapie, para que pueda prestar servicios como auxiliar contable en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Alfonso Ortíz Reséndiz, para que pueda prestar servicios como empleado de intendencia, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 29 de enero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Ángel León Corrales, secretario; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Jorge Leobardo Lepe García, diputado Víctor Orduña Muñoz,
senador Manuel Aguilera Gómez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Roberto Robles Garnica y senador Germán Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano teniente coronel de fuerza aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor aéreo Sergio Alejandro Escobar Juan, como coronel de fuerza aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército en la Escuela Militar de Aviación, del Colegio del Aire, el ocho de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco y el primero de julio de mil novecientos sesenta y ocho fue ascendido a subteniente de fuerza aérea piloto aviador al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de teniente de fuerza aérea piloto aviador, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el 31 de agosto de mil novecientos setenta y tres, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor aéreo;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintisiete años, dos meses y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado coronel de fuerza aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor aéreo se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel de fuerza aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Sergio Alejandro Escobar Juan.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 18 de enero de 1993.- Presidente, senador Humberto Lugo Gil; secretario, diputado Diego Fernández de Cevallos; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Ángel Ventura Valle, Senador Jorge A. Vega Camacho, diputada Blanca Ruth Esponda, Senador Carlos Sobrino Sierra, diputado Fernando Lerdo de Tejada y senador Héctor Terán Terán.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
CONDECORACIÓN
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano embajador Andrés Rozental y Gutmán, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de Mérito, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesario para conceder el permiso
solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado b, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Andrés Rozental y Gutman, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de enero de 1993.- Presidente, diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza; secretario, diputado Miguel Ángel León Corrales; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Alberto Carrillo Armenta y diputado Víctor Orduña Muñoz, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Roberto Robles Garnica, senador Germán Sierra Sánchez y diputado Jorge Leobardo Lepe García.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económico se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio de fecha 5 de enero de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas María Elena Moedano Alvarez y María Paula Ronquillo Silva, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la embajada de Estados Unidos de América, en México y Consulado General de Estados Unidos de América, en ciudad Juárez.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 20 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticiones acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la embajada de Estados Unidos de América, en México y Consulado General en Ciudad Juárez, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado b, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María Elena Moedano Alvarez, para prestar servicios como secretaria/asistente administrativa, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Paula Ronquillo Silva, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de Estados Unidos de América, en ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de enero de 1993.- Presidente, diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza; secretario, diputado Miguel Ángel León Corrales; diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Víctor Orduña Muñoz, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Roberto Robles Garnica, senador Germán Sierra Sánchez y diputado Jorge Leobardo Lepe García.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente: - Gracias señor Secretario.
ANIVERSARIO CONSTITUCIONAL
El Presidente: - El otro punto del orden del día, se concede la palabra al señor senador Ernesto Luque Feregrino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al LXXVI aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.
El senador Ernesto Luque Feregrino: - Con su venia, señor Presidente.
El próximo 5 de febrero la nación entera conmemora un capítulo más de nuestra historia constitucional; se cumplen 76 años de haber sido promulgada en la ciudad de Querétaro de Arteaga, la Constitución de 1917.
Es por este motivo, compañeros legisladores, que ha solicitado hacer uso de la palabra a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, para rendir un justo homenaje a nuestra Carta Magna.
Compañeros legisladores: La norma fundamental, promulgada en Querétaro, tierra de añeja tradición revolucionaria, anuncia y consagra las garantías individuales y los derechos sociales; organiza y delimita los poderes políticos y trasciende el sentido jurídico de sus preceptos para convertirse en una expresión de nuestra historia.
En septiembre de 1916, Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, convocó a un congreso constituyente integrado por 214 diputados electos en todos los estados de la República, que representaron diversas corrientes ideológicas. Después de jornadas arduas y de debate acalorado, nació la Carta Magna que aportó al constitucionalismo mundial la valoración de los derechos sociales.
La Constitución de 1917 es el resultado de los ideales de los diferentes grupos revolucionarios que desde la renuncia del general Díaz a la Presidencia de la República, en mayo de 1911 y el acceso al poder de Francisco I. Madero, imprimieron al movimiento la luz que iluminaría la lucha social por más de tres cuartos de siglo.
En Querétaro , teniendo como escenario el que fuera teatro Iturbide, hoy teatro de la República, lugar histórico donde fueron juzgados el archiduque Maximiliano de Habsburgo y sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, permanece la intervención de Venustiano Carranza al hacer defensa de lo que debe garantizar una Constitución.
Evoquemos, compañeros legisladores, sus palabras cuando sentenciaba: "Lo primero que debe de hacer la Constitución política de un pueblo, es garantizar de la manera más amplia y completa posible, la libertad humana para evitar que el Gobierno, a pretexto del orden y de la paz, motivos que siempre alegan los tiranos para justificar sus atentos, tenga algunas veces que limitar el derecho y no respetar su integridad, atribuyéndose la facultad exclusiva de dirigir la iniciativa individual y la actividad social esclavizando a la sociedad bajo su voluntad omnipotente".
La evolución política de la Revolución Mexicana ha sido una constante por la libertad y la justicia, a través del estado de derecho. Los procesos sociales de nuestro país, generados desde el año de 1810, permitieron superar patrones y estructuras coloniales, culminado en la ciudad de Querétaro de Arteaga, con la primera de las normas fundamentales de éste tan violento Siglo XX.
Nuestra revolución no necesitó, como otras en el mundo, negar su herencia y esconder su deuda con las constituciones anteriores. Por eso reconocemos en ella el principio de la soberanía y la defensa de los derechos del hombre de la Constitución de Apatzingán, el federalismo de la de 1824, la gran reforma liberal, reforma a las instituciones de la de 1857, y la síntesis de todas las luchas populares en 1917 para proponer decididamente, la justicia social.
La Revolución aprendio en el Constituyente de Querétaro a incorporar, a compatibilizar las ideas y los ideales de parte importante de las fuerzas revolucionarias y de las generaciones anteriores. La Constitución cristalizó en instituciones, los anhelos revolucionarios incubados en la historia. Construyó así el lazo que nos une con el origen de la nación y nos da rumbo y autonomía.
Por ello, al hablar de la trayectoria constitucional del Estado mexicano, nos referimos a la defensa de los derechos del hombre; defensa que nos ha permitido y permite consolidar nuestra integración nacional bajo un mismo sentimiento de unión; de unión de intereses y de destino;
destino comunes tanto a gobernantes y a gobernados. Esta ha sido nuestra convivencia invariable de paz y estabilidad política.
Nuestro régimen de vida constitucional surge y actúa en apego al poder estatal; poder que no es otro que el poder original y constituyente del pueblo; poder soberano para definir su propio sistema de Gobierno, destinado a prevenir y cancelar cualquier intención o forma de absolutismo político.
El constitucionalismo social que se inicia en 1917 positivizó las consecuencias implícitas de la doctrina democrática de la soberanía en todos los distintos aspectos de la vida comunitaria. El pueblo no sólo tiene la protestad de determinar el sistema político formal que más le convenga, es también la instancia suprema de decisión para regir la evolución o la revolución de su sistema social y económico.
En este marco de desarrollo político, el México de nuestros padres no es el México que vivimos y mucho menos será el México de nuestros hijos. De ahí que la reforma de la Revolución significa adecuar a la modernidad nuestro constitucionalismo social.
En este sentido el jefe de las instituciones nacionales, Carlos Salinas de Gortari, ha asegurado: "El nacionalismo difícilmente puede expresarse hoy en los mismos términos del pasado. Ya no existe el mundo en que se formó el Estado mexicano. México, a pesar de sus muchas necesidades, ya no es la nación que busca integrarse dispersa y rural, analfabeta e incomunicada, amenazada en su territorio. El nuestro es un nacionalismo que se reconoce en todas sus etapas históricas, vinculado no a determinadas fórmulas de poder o de producción, sino al interés nacional y a los valores y a la cultura que nos constituyen".
Este, compañeros legisladores, es el nacionalismo que el poder constituyente consagró para el México del porvenir. Su obra revolucionaria no se ha agotado, aún permanece como un legado para la próxima centuria.
Han pasado, sí, más de tres cuartos de siglo desde que los representantes de la nación mexicana se reunieron para establecer jurídicamente las conquistas, los programas y los anhelos del proceso revolucionario, con lo cual delinearon el perfil que querían para nuestra patria, al concretar en la Ley Suprema el proyecto político del pueblo de México.
A lo largo de estos años nuestra sociedad ha ido evolucionando y transformándose de conformidad a las manecillas del cambio mundial. Muchas de estas transformaciones han requerido de la educación de normas jurídicas a la realidad de la nación. De esta manera imprimirle el impulso del desarrollo social de nuestros días. México está inmenso en este proceso de transformación cualitativa y cuantitativa. Somos cada vez una nación que goza y vive intensamente los retos de la democracia, la pluralidad ideológica y el pluripartidismo político son signos inequívocos de una mejor y mayor cultura. El liberalismo social se manifiesta congruente con nuestra tradición constitucionalista y muestra a los analistas y estudiosos del mundo de las ideas el signo vital de la creatividad del pueblo, al igual que la fortaleza de las instituciones mexicanas.
La justicia social como una de las metas de los gobiernos revolucionarios, emanando y legalizados del poder constituyente, trasciende las fronteras del tiempo y espacio para mantener en el texto constitucional los debates y la presencia de Luis Cabrera, Machorro, Mújica, Manjarréz, Jara, Truchuelo, Romero Flores, Rua y toda una pléyade de ilustres mexicanos, luchadores sociales.
Vivimos en un estado de derecho como resultado de las grandes promulgaciones sociales de la historia. En él hemos aprendido el rumbo del nacionalismo y de la identidad que nos une como pueblo y nación.
Nuestro régimen pluripartidista representa toda la gama de posiciones y conductas, régimen producto de una profunda transformación institucional, régimen donde impera como valor supremo la voluntad de las mayorías y la inquebrantable validez de la norma jurídica que distingue democracia con totalitarismo, marginación con desarrollo, miseria con riqueza.
Luis Cabrera en "La Revolución es la Revolución", señalaba: "El problema político de México consiste en tener leyes que correspondan realmente a nuestro modo de ser, a nuestra condición económica y a nuestras necesidades. Para que haya libertad política es necesario que haya igualdad económica y social". En palabra del Presidente Salinas: "En la miseria no puede florecer la democracia".
Sea esta ceremonia, compañeros legisladores, no sólo un aniversario más de la promulgación de nuestra Carta Magna, sino el lugar común donde refrendemos nuestra vocación democrática y solidaria, donde hagamos del derecho no un elemento contemplativo sino el instrumento real y auténtico de la transformación social.
Se equivocan quienes ven en el orden jurídico una vía de educación para caprichos y circunstancias de coyuntura. La Ley está por encima de cualquier interés personal o de grupo; entender esto es estar acorde e inmerso en este recinto de legalidad y legitimidad y es devolver al derecho el valor insustituible en el destino en el destino de toda sociedad civilizada.
Decía el Barón de Montesquieu: "A la Ley hay que tocarla con manos temblorosas". El reformismo no siempre responde al juicio sereno de las generaciones del mañana y mucho menos entiende a la historia como la hazaña de la libertad. El Cambio que la sociedad demanda es de estar fundamentado en derecho, pues no hay transformación democrática al margen de la legalidad.
La Constitución es la síntesis ideológica que nos permite seguir buscando el cambio de nuestra sociedad, buscando su transformación y consumar su modernización. En la medida en que Gobierno, sociedad, institución, partidos políticos, organizaciones sociales, grupos de individuos, apeguen su comportamiento a lo que permiten y promueven nuestras leyes, en esa medida estaremos construyendo un México más libre, un México más justo, un México a la altura de los reclamos de nuestro tiempo y un México que tenga mejores expectativas hacia el próximo milenio. Muchas gracias.
Presidencia del diputado
José Antonio González Fernández
El Presidente: - Muchas gracias, señor senador Luque Feregrino.
Esta Presidencia informa que para el mismo asunto se han registrado los siguientes oradores: diputados Cuauhtémoc Amezcua, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Jorge Calderón Salazar, Juan de Dios Castro, Manuel Díaz Infante.
En consecuencia, se concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Gracias, señor Presidente, Compañeras y compañeros legisladores. Sin la participación del pueblo en cruentas luchas, México no tendrá la personalidad que posee, seguramente carecería de independencia y sería un país medializado, sin cultura propia, sin rasgos que le dan raigambre en el mundo. Nuestro pueblo ha caminado un largo trecho negando siempre el pasado, ha construido su estado superando etapas y trastocando viejas estructuras sociales y viejas super estructuras político - jurídicas. Las leyes fundamentales de México, las auténticas no las , han surgido del cerebro y del corazón del pueblo batallador, nunca ha sido el resultado de trabajo de gabinete sino expresiones de rebeldía de las demandas y de las protestas de las masas populares. Por eso es válido afirmar que la nación mexicana se forjó a golpes de revoluciones.
Las construcciones de México, las legitimas, han sido siempre constituciones revolucionarias, es decir, han brotado de los sacudimientos sociales, por eso no tan sólo ha proyectado las demandas del momento sino que han prefigurado la perspectiva, han encerrado siempre principios nuevos y han trazado las líneas fundamentales del porvenir; por eso sus articulados han sido también programas del futuro para las fuerzas avanzadas y para el pueblo.
La Constitución de 1917 se puede afirmar, es la inteligencia viva de un pueblo que coronaba la Revolución Mexicana, pero no era la primera vez que el pueblo mexicano batallaba por su liberación y por su futuro, ya había emprendido otras gestas, la de la independencia y la de la reforma, en todas las revoluciones históricas de México siempre hubo, siempre hay exigencias comunes, hacer que la nación sea dueña de su destino, ama y señora de sus decisiones, que defienda y cuide su suelo, sus recursos y sus riquezas contra las depredaciones y el saqueo de fuerzas externas, con ambiciones desbocadas y que se preservan para el exclusivo beneficio de los mexicanos, lograr que el pueblo trabajador que con su genio y su trabajo crea todos lo valores materiales y espirituales, sea el que ascienda hacía mejores condiciones de bienestar económico y cultural, conseguir que el pueblo forje las instituciones que convengan a su felicidad, que elija libremente a los poderes que lo representen y que tenga en sus manos los resortes para transformar su sistema económico, social y político.
Todo este que hacer histórico no ha sido labor de un día, de un año o de una década, ha sido el empuje de siglos, la lucha por la independencia incendió todas las praderas en 1810, pero miles de hogueras se habían atizado antes, en el transcurso de generaciones. Tres siglos duró el coloniaje y tres siglos duró el combate para vencerlo y destruirlo. La Constitución de Apatzingán recogía los principios políticos de carácter universal, como la soberanía popular, los derechos del hombre, el Congreso representativo del pueblo, la división del poder, el derecho de rechazar
la intervención, pero ellos respondían a los anhelos de los mexicanos empañados en construir una nueva nación, una nueva sociedad y un nuevo Estado. Esa carta política, la de Apatzingán quedó más como programa para el futuro que como Ley vigente.
Las fuerzas del retroceso jamás renuncian a defender sus intereses, aunque para ello tengan que cometer crímenes y desvergüenzas; así, México cortó las ataduras del colonialismo en 1821, pero se frustraron las metas de transformación nacional, por eso la revolución se puso en marcha otra vez, y las fuerzas renovadoras de la nación, dirigidas por un hombre de categoría excepcional como Benito Juárez, coronaron parte de la obra que los insurgentes no alcanzaron a lograr.
Con el suelo ensangrentado por los enemigos del progreso y por los traidores que se pusieron a los pies de la intervención, Juárez y su pueblo jamás abandonaron el campo de batalla. Su reforma, reafirmó los principios democráticos que venían de Morelos y de Hidalgo, pero afianzaron los cimientos del nuevo edificio con otras conquistas.
El Estado adquirió la categoría de institución laica y de autoridad suprema frente a una iglesia que se había convertido en incontrastable poder económico, político y espiritual y sujetado al pueblo, a la explotación y a la servidumbre economía y espiritual.
Todo un pasado de tres siglos quedaba y surgía una sociedad con más armas para desarrollar las fuerzas productivas a través de la circulación de la riqueza, del destierro, del dogmatismo en la enseñanza y de la penetración de las ideas científicas.
Claro, ninguna generación puede alcanzar todas las metas históricas que tiene enfrente, basta con que construya estadios nuevos. Otras generaciones han de dar los impulsos que el desarrollo social requiere.
La larga dictadura de Porfirio Díaz llevó al país a condiciones de dependencia, de injusticia y de antidemocracia. Las puertas abiertas al capital extranjero propiciaron un nuevo colonialismo; más de la mitad de la riqueza nacional se entregó a los monopolios del exterior, la tierra sufrió una concentración jamás vista en país alguno, el 1% de la población poseía el 97% de las tierras de la nación; los derechos del hombre fueron anulados, la soberanía del pueblo se convirtió en un mito.
La disidencia se castigaba con el asesinato o con la cárcel, la democracia fue degollada por la oligarquía económica y política. Otra vez el pueblo se negó a vivir como país al servicio de los poderosos intereses imperialistas y del interior.
La gesta de Madero también fue un punto nodal de un proceso largo de rebeldías y heroísmos. La revolución constitucionalista puso nuevos peldaños a la revolución política del apóstol, porque la experiencia de tantos sacrificios habían enseñado que el pueblo quería libertad y democracia, pero también pan y soberanía nacional.
Naturalmente, como las generaciones anteriores lo habían enseñado, había que plasmar en una nueva Carta Magna los compromisos que el pueblo en armas había demandado.
El Congreso de Querétaro tenía que inspirarse en el Congreso de Anáhuac y en el Congreso liberal de 1856/57. Tenia que arrancar de los avances de las cartas anteriores, pero debía obedecer... la Ley de la historia, las nuevas generaciones superan a las anteriores.
Lo conquistado, debía ser superado; las nuevas ideas debían plasmarse en el nuevo documento. El suelo de México estaba inundado de nuevas filosofías políticas.
Como lo expresara el diputado constituyente en Querétaro, Alfredo Cravioto: "El pueblo no es una masa compacta, uniforme, el pueblo es una masa de seres humanos, dividida en varias clases sociales que persiguen intereses antagónicos. La democracia debe ser pues, decía Cravioto, un Gobierno por la mayoría del pueblo y para la mayoría del pueblo, pero como en todas partes del mundo seguía diciendo Cravioto, la mayoría del pueblo está constituida por las clases populares, resulta que la democracia es el Gobierno de la sociedad, por las clases populares y para beneficio de las mismas clases".
Vicente Lombardo Toledano siguiendo esta trama ideológica, habría de expresar que una revolución siempre es unilateral, se hace no para contentar ni para armonizar intereses opuestos, sino para hacer justicia, justicia económica y política a las grandes mayorías, aunque para ello tengan que afectarse los intereses de las minorías y distinguir a sus representantes.
Por eso, como lo habría de recalcar Heriberto Jara, la Constitución debía contener normas de carácter social, aun cuando la Ley tuviera que abandonar los moldes clásicos.
La Carta de Querétaro desbordó en mucho el caudal de liberalismo dieciochesco y
decimónico; plasmó mandatos y principios que ninguna Constitución de la época contenía:
La nación como titular originaria de la propiedad, con el fin de darle las modalidades que exija el interés colectivo; la reivindicación de las riquezas del país, para ponerlas al servicio de la nación; la destrucción del latifundismo, la reivindicación de las tierras a las comunidades indígenas; la creación de una nueva categoría jurídica y social, el ejido, como una obligación del Estado y como un derecho incontestable de los campesinos; la pequeña propiedad, como una concesión del Estado; la prohibición a los extranjeros de poseer tierras en las fronteras y en las costas, para preservar la integridad territorial del país y la soberanía nacional; condiciones estrictas a los extranjeros para que adquirieran bienes en el interior de la nación, sujetándolos a las leyes y tribunales de nuestro país; reconocimiento y tutelaje por parte del Estado de los derechos de la clase trabajadora.
Inexistencia de la personalidad jurídica de las iglesias; prohibición absoluta de la iglesias y de los ministros de culto de intervenir en la vida política de la nación; prohibición total de las iglesias y de los ministros de culto de dirigir escuelas primarias, secundarias, normales y las dedicadas a obreros y campesinos.
Educación basada en los resultados del desarrollo científico, con el propósito de desterrar los prejuicios y los fanatismos; educación nacional para defender, preservar, consolidar y fortalecer la independencia económica y política de nuestra patria; educación democrática a fin de que las nuevas generaciones se compenetren de una nueva filosofía política.
El Gobierno debe emanar del pueblo, de la mayoría del pueblo, como daría Cravioto, de las amplias masas populares y no de los pequeños grupos acaudalados y oligárquicos, explotadores y enemigos del pueblo. Estos fueron algunos de los aportes esenciales que dieron distinción y personalidad a la Carta de Querétaro, compromisos no siempre cumplidos por los gobiernos, algunas veces pisoteados por algunas autoridades claudicantes, pero fueron armas durante mucho tiempo fueran armas que el pueblo podía hacer valer en un momento dado. Durante casi 75 años, ningún Gobierno, ni el más claudicante se había atrevido a tocar las principales disposiciones de la Carta de Querétaro, las que le dieron sello y personalidad, las que constituyeron lo nuevo, el aporte del México moderno, que eran como el alma de la nación.
Todos los gobiernos, aún los que tenían mayores compromisos con la derecha y con la reacción, por lo menos cuidaban las formas, se decían comprometidos con los artículos 3o., 5o., 24, 27, 123 y 130 de la Ley suprema. Todos hablaban de que esos dispositivos, como en verdad ocurrió, habían costado sangre y sacrificios al pueblo, y que por lo tanto debían preservarse, defenderse y fortalecerse.
Pero, compañeras y compañeros legisladores, en las propias leyes del devenir histórico está el que el devenir, el desarrollo de los pueblos no es lineal sino accidentado y contradictorio. Siempre ha obstáculos que detienen su marcha ascendente, a veces por largo período o que los hacen regresar de manera coyuntural, circunstancial, a etapas ya superadas, lo cual simplemente sirve para que tomen nuevo impulso y den saltos más poderosos y más avanzados hacia el porvenir.
Las fuerzas contrarrevolucionarias siempre presionan, de mil maneras, tratando de recuperar privilegios perdidos, y en ocasiones encuentran eco en autoridades débiles y claudicantes o francamente coincidentes y cómplice.
La reacción encontró voceros y agentes de sus intereses y de su acción dentro del Gobierno, para hacer rasgaduras a la Carta de Querétaro. Los que reniegan de nuestras luchas populares, impulsaron reformas contrarrevolucionarias, reformas que atentan contra la esencia de la Carta de Querétaro, que constituyen atentados graves a los ideales de muchas generaciones de mexicanos y a sus grandes conductores.
Las conquistas de un movimiento revolucionario, deben afianzarse, no destruirse; las conquistas de nuestros tres movimientos revolucionarios, constituyen en su conjunto un patrimonio histórico que nadie pueden despilfarrar, so pena de asistir el tribunal de la historia en calidad de acusado.
En pocas horas tocó a esta LV Legislatura el baldón de haber demolido siglos de luchas populares. La política neoliberal se alió con viejas fuerzas anti - históricas que enfrentarse a la herencia de la insurgencia, de la reforma y de la Revolución Mexicana. Quien vea con el prisma de la Revolución, las reformas constitucionales que se han realizado en los últimos años, tendrá que admitir que se ha cortado el puente que nos lleva a la otra orilla, la de la independencia y la soberanía plena de la nación y mejoramiento sistemático de las condiciones de vida de las masas trabajadoras.
Se trata, objetivamente, de llevar por la vía del capital privado al campo, de destruir el ejido
y la comunidad, convirtiéndolos en su etapa inicial en sirvientes del capital extranjero y doméstico.
Al clero político se le han devuelto antiguas posiciones y posesiones. Ahora tiene derechos frente al Estado, de manera abierta puede amasar fortunas; de modo desembozado puede forjar la conciencia de las nuevas generaciones; puede en ellas insertar el odio a nuestras próceres y a sus hazañas; puede acentuar sus burlas al contenido filosófico del artículo 3o. constitucional, y plagar de mentiras la mente limpia de nuestros jóvenes y de nuestros niños.
Pueden demandar participar en la elaboración de los textos, incluidos los de historia, como cínicamente lo viene haciendo, a sabiendas de que eso está estrictamente prohibido en el artículo 3o., aun modificado con un profundo sentido contrarrevolucionario, como lo fue.
En suma, se han abierto las puertas para que intente participar cada vez más en política, desafiando la autoridad del Estado y desafiando al pueblo mexicano.
El clero político exige más, así lo ha hecho siempre; no se conforma con pedazos de poder, quiere todo el poder. Por eso exige y vocifera, por eso truena, ahora, contra la Constitución reformada, para que vuelva a ser rasgada, para obtener nuevas y mayores concesiones cada vez.
Todavía no se apagan los ecos del último debate en el Congreso de la Unión, apenas en diciembre pasado, para reformar otra vez el artículo 3o. Lo que antes de esa modificación la Constitución no decía, ahora lo dice: "El Estado no está obligado a impartir enseñanza superior. Sólo pueden apoyar y fomentar ese tipo de educación, no impartirla".
Esta reforma es congruente con la política neoliberal del actual Gobierno, poner en manos de la iniciativa privada todo, incluso lo más sagrado, en este caso la educación superior, la científica, la técnica, la normal para maestros, la universitaria.
En nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, desde esta tribuna rindo homenaje a la Carta de Querétaro en su 76 aniversario, que es al propio tiempo un homenaje a nuestro pueblo, a nuestro pueblo de hoy, a nuestro pueblo de ayer, a nuestro pueblo de siempre y a sus héroes y conductores.
En esto últimos meses han podido las fuerzas contrarrevolucionarias de dentro y fuera del Gobierno sacar algunas ventajas, retrotrayendo la vida del país. Pero eso es estrictamente coyuntural, circunstancial y en breve habrá de ser corregido y superado.
Una Ley inexorable de la historia es la que determina que el sentido, la tendencia general siempre es de avance y de progreso. Por eso, hemos expresado y reiteramos hoy en esta tribuna, nuestra confianza, nuestra seguridad de que mañana el pueblo recobrará sus derechos y la Ley Suprema volverá a ser, como ha sido históricamente, una Ley del progreso, una Ley de la Revolución, y no una Ley vulnerada por la derecha y el neoliberalismo, accidente transitorio y penoso de nuestra historia. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Cuauhtémoc Amezcua. Se le concede la palabra al diputado Carlos Enrique Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente, señores diputados, señores senadores:
El próximo viernes, 5 del presente mes nuestra Carta Magna, documento fundamental, habrá de arribar a los 76 años de haber sido promulgada y consecuentemente, de su existencia.
En la Promulgación de este documento fundamental para la vida estricta de los mexicanos en todos sus órdenes, se requirió la convocatoria del primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, desde el mes de septiembre de 1916 para llegar a la conclusión de estos trabajos en el Teatro Iturbide entonces y ahora de la República , en la ciudad - capital de Querétaro.
Participaron 214 constituyentes y hay una diferencia sustancial entre aquellos 95 elementos ciudadanos mexicanos, que congregados de todos los confines de la patria fueron convocados para darle cauce, curso y existencia a la Constitución de 1857. En 1916, septiembre, y en los trabajos fundamentales del 5 de febrero de 1917 participaron 214 constituyentes, que resultantes de diversas posiciones ideológicas, económicas, sociales y confines de la patria, confluyeron a ese llamado atendiendo su compromiso para la nación para tratar de emitir en un documento, fundamental, normativo, el resultado de los avatares, sufrimientos, desgracias y sinsabores, en los que participó el pueblo de México, no solamente a resultas del movimiento de 1910, sino a consecuencia de una larga historia de sujeción, de vasallaje, de cacicazgo y de violenta y reiterada violación a sus derechos humanos.
Arribamos pues a este 76 aniversario de nuestra Carta Magna, en donde en múltiples ocasiones nuestro documento fundamental ha sufrido graves y fundamentales reformas que la alejan diametralmente del espíritu original del Constituyente.
Del total de su articulado, la Constitución ha sufrido de 1917 a la fecha 228 reformas en 91 de sus artículos. Si partimos de la base fundamental que nuestro documento constitucional da cabida específica y estrictamente a 136 artículos, el hablar que de 1917 a la fecha ha sufrido 228 reformas en 91 de sus artículos, nos indica de entrada la extrema facilidad, la profunda negligencia y la marcha irresponsabilidad con que algunas legislaturas se ha atendido la indicación del gobernante en turno para realizar específicamente, reformas ajustadas a los intereses sexenales y en muchas de las ocasiones, no solamente en contra del pueblo actuante, sino desligándose completamente del espíritu original del Constituyente del 1917.
Cuarenta y dos artículos han sido reformados una sola vez, 31 de ellos han sido modificados de dos a cuatro veces, 15 de los mismos han sido reformados de cinco a nueve veces y en lo que acontece en la historia posrevolucionaria 158 veces se han modificado 88 artículos de la Constitución, variando el número de reformas a los mismos de dos veces hasta nueve.
Lo anterior nos enseña que a lo largo de la historia de las legislaturas del país en este siglo, casi un 85% del espíritu y articulado del texto finalmente programado y promulgado por los congresistas de Querétaro ha sido cambiado, por lo cual es evidente que si alguno de los constituyente estuviera presente en estos momentos desconocería la actual regencia de nuestro texto constitucional.
Algunos estudiosos de la Teoría General del Estado, entre los cuales puede citarse y destaca Manuel Lazo de la Vega, Felipe Tena Ramírez, Ignacio Burgoa, Juventino Castro, Efraín González Morfín y muchos otros juristas, opinan que el excesivo cambio que en los artículos y principios rectores de la Constitución de 1917 han obedecido siempre más a las exigencias de las políticas y programas sexenales que a una verdadera necesidad o tendencia de adecuación o aceptación del derecho a las exigencias sociales.
Porque a 76 años de la promulgación de la Constitución, seguimos viviendo en un país con grandes carencias en todos los órdenes; un país donde existe un sistema educativo de bajo nivel de aprendizaje, también un país donde las clases trabajadoras en lugar de mejorar su situación general con cada aumento salarial, se ven limitadas con el alza de precios; un país en donde en materia de elecciones y sufragio, de apertura clara de los procesos electorales y la coexistencia de corrientes ideológicas contrarias, solo se formulan actitudes de tecnicismos que limitan en todo momento lo posibilidad del respeto absoluto al sufragio efectivo que fue uno de los anhelos fundamentales del movimiento social de 1910.
En un país donde la injusticia y la marginalidad son una constante, resulta hasta contradictorio que se celebre en el calendario cívico del país el 5 de febrero, pues ese espíritu originalmente revolucionario que poseía el texto original ha sido traslocado a tal grado que ha perdido fundamentalmente su esencia. Los discursos, los desfiles, las ofrendas florales, las guardias de honor que ante las estatuas de nuestros constituyentes realizan algunos prohombres y dirigentes en días como el 5 de febrero, resultan a la fecha más el simple cumplimiento del protocolo oficial que el sincero y determinante afán de acatar realmente los postulados del movimiento social de 1910 y la Constitución de 1917.
Los parmistas consideramos que el mejor homenaje que podemos rendir a los constituyentes es seguir su ejemplo y exigir que se cumpla en todos sus términos el articulado que contiene nuestra Carta Magna. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias diputado Cantú Rosas. Se concede la palabra para hablar del mismo tema al diputado Alberto Carrillo Armenta.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta: - Señor Presidente, señores legisladores:
"La Constitución de una nación decía el maestro Vicente Lombardo Toledano, es la concreción jurídica de las ideas de las fuerzas sociales dominantes, en un momento dado del proceso histórico de un pueblo".
Y en el caso de la Carta de Querétaro refleja la alianza de los grupos radicales y moderados de la Revolución de 1910, del Pacto de las corrientes más radicales representadas por Francisco J. Mújica, y del nacionalismo visionario de don Venustiano Carranza.
El texto constitucional de 1917 expresa efectivamente un momento histórico, clave en la construcción nacional. En ese documento se sientan los principios básicos del México
contemporáneo, la norma que será al mismo tiempo aspiración y búsqueda de identidad, modelo, y ¿por qué no decirlo también?, espíritu y lectura en mucho sin aplicar, esperando la movilización de las fuerzas sociales capaces de impulsar su cabal cumplimiento.
Es, desde nuestro punto de vista, lo anterior, la esencia del problema imbricado en los cambios constitucionales. Mantener las fuerzas dominantes que influyen en la concesión jurídica de las ideas a las fuerzas populares, a las fuerzas progresistas, a las fuerzas democráticas, a las mejores fuerzas, eso sólo se logra en el terreno de la lucha social, en el terreno de la luchas políticas. Es un problema de correlación de fuerzas; es un problema político.
Por eso la conmemoración de este nuevo aniversario de nuestra Carta Magna, debe ser un momento de reflexión histórica que nos permita comprender para acometer los desafíos presentes y del porvenir.
El México de fin de siglo, me refiero al fin del Siglo XX, se caracteriza por su dinamismo incesante, por rezagos, retos, oportunidades, y desde luego, riesgos. Riesgos que brotan por doquier; encararlos precisa al mismo tiempo memoria histórica, pero también repasar a la luz de nuevos hechos, el significado de la Constitución Política. Es, aparte de ejercicios cívico fundamental, la inspiración para nuestras futuras políticas.
Los constituyentes de Querétaro nos legaron un proyecto de nación moderna y democrática, una Constitución integrada por partes fundamentales, como las garantías individuales de lo que debería de ser un país libre; por un modelo de soberanía nacional y de forma de Gobierno republicano, democrático, representativo y federal; por un supremo poder de la federación que se divide para su ejercicio, la definición de ámbitos y responsabilidades de servidores públicos, la definición de que la propiedad originaria correspondiente siempre a la nación. La elevación del municipio libre a categoría fundamental de la organización política y territorial del país, y la integración de títulos especiales de garantías para el trabajo, el campo, la previsión social. En la Constitución se encuentra el mejor espacio para la reconstrucción nacional. Si ahí se edificó una parte integral de la patria, también ahí se remoza, por ello tiene tanta trascendencia la reforma constitucional.
Sus enmiendas implican variaciones de los modelos de regulación estatal, de acuerdo a los tiempos, sean estos ámbitos económicos, sociales, como el artículo 27, religiosos como el artículo 24 y 130, o educativos como el artículo 3o.
La Constitución es Ley suprema; nada debe de estar por encima de ella. No debe ser vista como letra inamovible que frente las aspiraciones de un pueblo, tampoco como texto sujeto a la ocurrencia frívola de quienes se sienten en capacidad de modificarla.
Somos nosotros una fuerza política que ve en el cambio constitucional, parte básica de su razón de ser. Creemos que el pueblo puede cambiar o alterar su forma de Gobierno, en cuanto convenga a sus intereses, porque en él radica esencial y originariamente, la soberanía.
Inmersos en profundos y acelerados cambios, reconocemos la vigencia histórica de la Constitución de Querétaro; siguen vigentes sus aspiraciones de progreso y democracia plasmadas en sus artículos fundamentales.
Las reformas constitucionales que se han realizado en esta legislatura a los artículos 3o., 27, 31 y 130, son hoy, la definición o redefinición del perfil de la nación que queremos para el siglo venidero. Son readecuaciones profundas, indispensables en el proceso de reforma del Estado, variaciones en los modelos de regulación estatal, cambios para caminar en un país democrático, moderno, soberano e independiente.
La extraordinaria vitalidad de la sociedad mexicana en este fin de siglo, nos lleva a que es necesario fortalecer y concretar las garantías individuales y los derechos sociales y políticos de los mexicanos: el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, sobre todo a la mejor distribución de la riqueza, son demandas cuya solución es inaplazable para el éxito de la modernización y consolidación de las reformas. Son a su vez las demandas más significativas que se han expresado por todos los movimientos sociales de los últimos años.
En este contexto, consideramos que no bastan programas de coyuntura que creen artificios de solución a los problemas sociales y políticos del país, es necesario un esfuerzo permanente, cotidiano, para cubrir los desequilibrios que se presentan en la estructura socio - económico de México. En este afán deben estar convocados y ser actores todos los sectores que hoy conforman el mosaico plural de la sociedad mexicana. No puede haber reformas desde la exclusión, el verticalismo y la intolerancia.
Un debate nacional de donde surja el perfil de México para el siglo venidero es una de las tareas inmediatas a cumplir.
En diferentes foros, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional ha llamado la atención sobre la necesidad de nuevas reformas a la Carta Constitucional; para fortalecer democratizando el sistema político nacional.
Las reformas a la Carta Magna deben de procurar el rescate y profundización de su contenido progresista. Esta es la tarea que como legisladores encaramos hoy.
Para nosotros la legalidad constitucional es el marco de acción legítimo para avanzar en el cumplimiento de las demandas del pueblo mexicano. Estamos ahora frente a una posible reforma política. Para una concepción integral del cambio político, a nuestro parecer, requiere también profundos cambios constitucionales.
Ampliar el cauce de la democracia es una acción que debe de ir aparejada con una participación más amplia, sobre todo de la sociedad en su conjunto. No podemos quedarnos solamente en una reforma de tipo electoral; reforma hecha por los partidos para los partidos. En nada se contribuye a la democracia si no se realizan cambios profundos.
En este contexto, insistimos que los cambios constitucionales no deben de obstaculizarse por temor de que los cauces democráticos sean más amplios, pero tampoco puede bloquearse anteponiendo la intolerancia.
Rendimos hoy homenaje a las generaciones de mexicanos que confluyeron en el Constituyente de 1917, con sus ideales y anhelos. Gracias
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado Alberto Carrillo Armenta. Se le concede la palabra, para referirse al mismo tema, al diputado Jorge Calderón Salazar, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Estimados legisladores; ciudadanos todos:
El Partido de la Revolución Democrática, en ocasión de que en fecha próxima se celebra el 76 aniversario de la promulgación de la Constitución General de la República, presenta a su consideración nuestra postura ante tan importante acontecimiento.
La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, fue la respuesta de un pueblo contra una opresiva y prolongada dictadura que entregó los recursos fundamentales de la nación al capital extranjero y a un reducido grupo de latifundistas; impulsó además el porfiriato una modernización excluyente y subordinada, y estableció un régimen antidemocrático que impedía el ejercicio de la soberanía del pueblo.
El lema de don Francisco I. Madero "Sufragio Efectivo. No Reelección", expresó claramente las aspiraciones democráticas de la nación.
Emiliano Zapata, con el Plan de Ayala, definió las reivindicaciones f fundamentales de los campesinos, las que se resumían en el lema "Tierra y Libertad".
Años atrás, Ricardo Flores Magón, junto con el naciente movimiento obrero, definió en numerosas proclamas y llamamientos algunos de los postulados de la clase trabajadora: jornada de ocho horas. Contratación colectiva. Derechos de asociación. Seguridad social. Salario justo y remunerativo. Educación. Justicia y bienestar social.
La Revolución Mexicana, primera revolución social del Siglo XX, plasmó su programa democrático y social en el Congreso Constituyente de Querétaro, que culminó el 5 de febrero de 1917 con la elaboración de la Carta Magna, que desde entonces rige la vida de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución de 1917 ratifica y fortalece los principios fundamentales definidos por don José María Morelos en "Los sentimientos de la Nación" y por la propia Constitución de Apatzinga. Define en su artículo 39 que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo: "Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de Gobierno".
El artículo 40 establece: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación, establecida según los principios de esta Ley fundamental".
El artículo 27 constitucional restituyó a la nación la capacidad efectiva de regular el aprovechamiento de los recursos naturales, única forma de defender y fortalecer la soberanía, independencia e integridad territorial de México.
En virtud de que en el porfiriato había entregado a los extranjeros más de la mitad del territorio nacional: bosques, minas, ferrocarriles y petróleo, los constituyentes de 1917 establecieron en la Carta Magna las disposiciones que deban facultades al Estado nacional para recuperar el control de nuestras tierras y recursos. Además, establecieron el decreto de los pueblos y comunidades de que se les restituyan las tierras de las que hubieren sido despojados y el derecno de los núcleos de población que carezcan de tierra o no la tengan en cantidad suficiente, para la necesidad de su población, a que se les dote de ellas. Prohibió, además, que las sociedades mercantiles por acciones adquirieran fincas rústicas y estableció el carácter inembargable e inalienable y imprescriptible de las tierras ejidales y comunales.
En base a estas disposiciones se realizó en México la reforma agraria, que permitió entregar a pueblos y comunidades más de 100 millones de hectáreas y recuperar el control nacional de millones de hectáreas en manos de extranjeros. De esta forma la reforma agraria, además de ser el vehículo para satisfacer las reivindicación y derecho de campesinos y comuneros, fue fundamentalmente la vía para fortalecer la integridad de la República, recuperar el control sobre las tierras del país y construir un Estado nacional, soberano e independiente.
El artículo 123 de la Constitución de 1917 fue la expresión jurídica de un nuevo pacto social en donde el Estado reconoce su obligación de procurar la igualdad en una sociedad de desiguales y establece los derechos de los trabajadores, incorporándolos a la vida nacional. Así, las garantías se convierten en parte esencial de la norma constitucional y complementan fortalecen las garantías individuales y dan sustento a un proyecto nacional democrático, participativo y federalista.
La jornada de ocho horas, el descanso obligatorio, el salario mínimo, su inembargabilidad, la participación de utilidades, las prestaciones en vivienda, salud; el derecho a la sindicalización y a la huelga y otras disposiciones, constituyen el marco jurídico del nuevo estado que surge de la Revolución de 1910.
Defender estos derechos e impedir que se realicen reformas que atenten contra el espíritu del Constituyente de 1917 es, para el PRD, una tarea prioritaria en la perspectiva de consolidar y defender un proyecto nacional justo, independiente y soberano.
Los trascendentales avances revolucionarios realizados en el período de Gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, particularmente la nacionalización del petróleo, el decidido impulso a la reforma agraria, el ejido colectivo y las empresas ejidales, que se materializó en el reparto de más de 18 millones de hectáreas, la nacionalización de los ferrocarriles y el impulso al desarrollo económico del país, se hicieron con un estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución de 1917.
Gracias a estas medidas revolucionarias y a pesar de errores y desviaciones posteriores, el país gozó de un desarrollo económico estable a lo largo de mas de cuatro décadas, caso inédito en América Latina. Sin embargo, durante este tiempo las aspiraciones y derechos democráticos del pueblo en gran medida quedaron incumplidos y el modelo de desarrollo establecido a partir de la Segunda Guerra mundial profundizó las desigualdades sociales, la inequitativa distribución del ingreso, los desequilibrios regionales y la contradicción campo - ciudad.
Esta dinámica ha sido profundizada por un grupo tecnocrático que ha impuesto a partir de 1982 y en mayor medida a partir del 1o. de diciembre de 1988 un proyecto económico excluyente y subordinado a los intereses de consorcios transnacionales que atenta contra derechos sociales, limita la soberanía y niega a los ciudadanos el ejercicio efectivo de sus derechos democráticos, anulando los postulados fundamentales de sufragio efectivo y derechos sociales establecidos en la Revolución de 1910, en la Constitución de 1917.
Para el PRD es hoy más que nunca tarea prioritaria defender los principios fundamentales establecidos en la Constitución de 1917, combatir aquellas reformas que están en contra de los principios fundamentales del Constituyente e impedir luchar porque se realicen nuevas reformas que sean atentatorias de estos principios fundamentales de nuestra patria y de la Constitución.
La política económica neoliberal y la acelerada entrega de los recursos fundamentales de la nación al capital extranjero, amenazan la independencia y la soberanía del país. El ingreso real sigue disminuyendo y aún no se inicia una recuperación sostenida del empleo, del ingreso y del salario.
Por otra parte, desde hace varios años México vive una grave crisis agrícola y alimentaria, especialmente en la producción de granos básicos. Esta grave crisis agrícola, el virtual
desmantelamiento de la infraestructura productiva del país y la entrega de los recursos naturales y de las mejores tierras a consorcios transnacionales, son procesos que en el mediano y largo plazo tienden a acentuarse con las reformas al artículo 27 constitucional que envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el 7 de noviembre de 1991. El dictamen aprobado el 7 de diciembre de 1991 por el pleno de la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, es en lo fundamental idéntico a la propuesta del Ejecutivo, salvo en lo relativo a la limitación de la extensión máxima de las tierras que puede tener en propiedad una sociedad mercantil por acciones.
Con esta reforma, el Estado mexicano contemporáneo surgió del pacto social del Constituyente de 1917, renuncia a su obligación de dotar de tierras a los pueblos y comunidades que lo requieren, además eleva a rango constitucional la concentración y transferencia de tierras dentro de los ejidos legaliza la formación de meros latifundios, consolida el poderío de caciques que por diversas vías se han apropiado de grandes extensiones de tierras ejidales y legaliza la expulsión de sus comunidades de grandes núcleos de campesinos pobres, condenándolos a la marginación y pobreza.
Para nuestro partido, es preciso defender los postulados fundamentales que establecieron los constituyentes de 1917 en el texto original del artículo referido, el cual establece el pleno dominio de la nación sobre tierra, agua y recursos naturales y da plena personalidad jurídica y garantías al ejido y la comunidad y consagra la obligación y facultad constitucional del Estado para realizar el reparto agrario.
En materia de estrategias para impulsar un desarrollo económico independiente y soberano, estamos convencidos que constituimos, México, una nación económicamente viable.
Sabemos que tenemos un pueblo dotado de una extraordinaria creatividad y disponemos del territorio, recursos naturales e infraestructura económica para construir, con el esfuerzo de todos los mexicanos, un sistema económico capaz de dar a 85 millones de habitantes, un adecuado nivel de educación, empleo, vivienda, ingreso y bienestar social.
En ocasión del LXXV Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, una vez más, como en ocasiones anteriores, reafirmamos la convicción del PRD, de que la base de un proyecto nacional independiente está en los postulados fundamentales de la Constitución de 1917.
Son estos postulados, los postulados originales de los constituyentes de 1917, los que dan sustento a un proceso ordenado y pacífico, de tránsito a la democracia, donde desaparezca el régimen de partido de Estado y se ejerza la soberanía popular a través del respeto al voto ciudadano, única base para la formación de órganos de Gobierno legítimamente constituidos; por tanto, cuestionamos y seguiremos cuestionando la legitimidad de reformas constitucionales como la del 27, que atentan contra los principios fundamentales aprobados por los constituyentes de 1917.
La democratización del país, es el fundamento para la defensa de la independencia y la soberanía nacional. La condición indispensable para la estabilidad social y la paz pública, es el respeto a los principios constitucionales.
Cuando las autoridades, sea el nivel que fuere, federal, estatal o municipal, se niegan a respetar la voluntad popular, se rompe el estado de derecho y se generan procesos sociales que pueden desembocar y en algunos casos desembocan en procesos que alteran la paz pública.
Los partidos políticos, pero en mayor grado los órganos de Gobierno Federal, estatal y municipal, deben respetar las normas que establece la Constitución y defender los principios que emanan del Constituyente de 1917.
Recientes acontecimientos en los estados de Michoacán, Puebla Veracruz, Zacatecas, Durango, Oaxaca, Sinaloa, Guanajuato y San Luis Potosí, muestran que la defraudación de la voluntad popular generan una grave inestabilidad social y debilita el pacto federal, ya que las imposiciones autoritarias impiden que los estados y municipios ejerzan las atribuciones que establece la Constitución.
El respeto a la soberanía popular, el respeto al voto y la realización de elecciones libres del control gubernamental, son condición indispensable para un tránsito a la democracia basado en las normas constitucionales.
Estamos seguros que por la vía del diálogo y la concertación, existiendo voluntad política de todas las partes, especialmente del Ejecutivo Federal, podremos arribar a un régimen de tránsito ordenado a la democracia y al establecimiento de un sistema democrático en nuestro país.
Una vez más considera el PRD, que el Ejecutivo Federal y el conjunto de las fuerzas políticas del país, tienen la oportunidad histórica en los procesos electorales que se realizarán en el presente año en distintos estados de la República y en las elecciones federales de 1994, demostrar su voluntad política para avanzar a la democracia respetando la voluntad popular y los principios constitucionales.
Esto permitirá fortalecer la soberanía y defender la integridad de la República.
Apoyándonos en el proyecto histórico plasmado en la Constitución de 1917 y en el legado revolucionario de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata y el general Lázaro Cárdenas, consideramos que con la movilización democrática del pueblo, es posible impulsar un desarrollo integral y autocentrado, con crecimiento sostenido, aumento del empleo y del ingreso de los trabajadores, diversificación productiva, desarrollo rural y autosuficiencia alimentaria, integración regional y bienestar campesino.
Consideramos finalmente, que una política democrática y nacionalista, exige un aumento sustancial de la inversión destinada al desarrollo económico, el aumento del crédito a las actividades productivas, el fortalecimiento de la infraestructura económica del país y el establecimiento de una sólida economía agrícola industrial, basada en el respeto a los derechos humanos, a los derechos democráticos y a los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad, así como el fortalecimiento del ingreso, el empleo y el bienestar social.
Estimados legisladores, la realización de estas aspiraciones sólo puede sustentarse en la democratización de la instituciones políticas de la nación, el fortalecimiento del municipio libre, la desaparición del régimen de partido de Estado y el establecimiento de órganos de Gobierno legítimamente constituidos, basados en el respeto a la voluntad popular expresada a través de elecciones libres.
Realizar esta tarea es el reto de nuestro tiempo y de nuestra generación. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado Calderón Salazar.
Se le concede la palabra para hablar sobre el mismo asunto, al diputado Juan de Dios Castro, de Acción Nacional.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores miembros de la Comisión Permanente:
Con motivo del Aniversario de la Constitución de 1917, hemos escuchado las participaciones interesantes de algunos compañeros legisladores, sobre un tema que podía originar un gran debate en alguno, no en alguno, sino en cada uno de los comentarios que a propósito de la Constitución General de la República se han expuesto en esta tribuna.
En un acto similar decíamos nosotros que el mejor homenaje, el mejor homenaje, señores legisladores, que podía rendir la autoridad a la Constitución General de la República, sería adecuar su conducta a sus postulados.
Yo recuerdo en un acto del Ejecutivo Federal, que acusó profunda conmoción en el país, que se quiso equiparar con el acto expropiatorio de 1936 y de 1938, un Presidente de la República decretó la estatización del sistema bancario nacional, y por supuesto, al margen de si fue acertada o no la decisión, al margen de si se satisfacía o no la causa de utilidad pública, el hecho es que el Congreso aplaudió la decisión del Presidente de la República.
Se intentó atacar el decreto expropiatorio con un recurso, con un juicio que la propia Constitución prevé que es el juicio de amparo, y cuando el Ejecutivo Federal advirtió los conceptos de violación, pronunció señores legisladores, las siguientes frases: "Advierto que mi decreto tiene fisuras; advierto que existen fallas legales en el decreto; advierto que efectivamente se violenta la garantía de legalidad.
Pero no importa, pero no importa señores, cambiaremos la Constitución". Y se modificó el artículo 28 constitucional, y de esta manera señoras y señores legisladores, yo no discuto el contenido del decreto señoras y señores, no estoy hablando de la justicia del decreto, estoy hablando de la actitud de la autoridad.
No fue la conducta de la autoridad que se ajusta a la Constitución, sino a la inversa, la Constitución que se ajusta al deseo de la autoridad. Algo similar a lo que decían los romanos: ¡Que es la Ley? La Ley, decían los romanos, en la época de la decadencia del impero, la Ley, señoras y señores es lo que place al príncipe. Ese va a ser el tema de mi exposición, la necesidad de la vigencia de muchos postulados de la Constitución General de la República.
Dicen los tratadistas de derecho constitucional que tenemos una Constitución rígida, y la constitución rígida, se distingue de la constitución flexible, en que ésta, la flexible, requiere
solamente una decisión del Congreso para modificarla.
Nuestra Constitución, para recibir una modificación, una reforma señoras y señores legisladores, no basta desde el punto de vista del texto constitucional, la decisión del Congreso de la Unión. Se requiere seguir un procedimiento, y el órgano encargado de conocer de la modificación, es un órgano específicamente previsto, el órgano a que hace referencia el artículo 135 de la Constitución, y que requiere la participación de las legislaturas de los estados, porque vivimos de acuerdo con la Constitución en una República democrática federal.
¿Rige el federalismo en México señoras y señores? ¿Los estados y las entidades de la República son como lo marca el artículo 40, estados libres y soberanos en su régimen interno, pero unidos todos en una Federación sujeta a la Ley Fundamental? El federalismo establecido en la Constitución de 1824, en aquel famoso debate entre Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier, se hablaba de las excelencias del régimen federal, modificado después en la Constitución de 1836 y en Las Siete Leyes Constitucionales, y vuelto a implantar otra vez en la Constitución de 1857 y vigente en la de 1917 hasta la fecha.
No hemos llegado a un auténtico federalismo donde los estados sean libres y soberanos en su régimen interno, donde los estados resuelvan, los estados sin interferencia de la Federación, los asuntos que competen a las entidades federativas.
El federalismo incluso, desde el punto de vista legal, de procedimientos, ha sufrido merma; el origen de la República Federal, en que las competencias de la Federación y de los estados están perfectamente establecidas en la Constitución: "Todo, dice la Constitución, lo que no esté expresamente reservado a los órganos de la Federación compete a los estados de la República". Se han ido restringiendo.
El capítulo de derechos, algún diputado se refería al capítulo de derechos, la parte dogmática de la Constitución; que constituye, señoras y señores legisladores; una serie de limitaciones al poder del Estado en beneficio del individuo. Y todavía recordamos, en otro país, en otra época, la importancia de darse una Constitución.
Cuando Mirabeau, convocados los diputados de los tres estados, reunidos éstos, se planteó el problema de votar por diputado o votar por Estado, y cuando el Rey ordena la disolución de la reunión de los diputados de la nación, y el Marqués de Bresse, dirigiéndose a los diputados les decía: "Ya habéis oído las órdenes del Rey". Mirabeau le contesta: "Id a decid a vuestro amo que estamos aquí por la voluntad popular y no nos iremos sino por la fuerza de las bayonetas".
Y los diputados franceses hicieron lo que en la historia se llama "El Juramento del Juego de Pelota", el juramento que consistía en no disolver la reunión, sino hasta darle al pueblo una Constitución.
La Constitución no solamente tiene la parte orgánica que establece las funciones de los órganos del Estado, sino la parte dogmática, que establece la limitación al Estado en beneficio de los habitantes del mismo.
Pero no es lo mismo el derecho declarado al derecho garantizado. Sí, tenemos derechos en la parte dogmática de la Constitución. Dice el artículo 4o. que tenemos derecho a la vivienda: "Todos los habitantes de la República tienen derecho a la vivienda". Díganme, ¿señores legisladores, cuál es la garantía de ese derecho? Es un derecho declarado; derecho a la salud.
Y tenemos entre las garantías sociales el artículo 123, uno de los artículos que se destacan en los discursos, que se destacan en los foros, que se destacan en las conmemoraciones a la Constitución. El artículo 123, que contiene garantías sociales.
Y dice el artículo 123, en su fracción VI, "los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y proveer a la educación obligatoria de los hijos". Eso dice la Constitución.
¿Ustedes creen que la injusticia social anterior a 1917 se ha suavizado en 1992, para la población rural del país? ¿Ustedes creen, señoras y señores legisladores, que la situación de injusticia social provocada por el bajísimo ingreso para los trabajadores de los medios urbanos del país que trabajan por jornal, no obreros especializados y no sindicalizados se ha suavizado en 1992?
Pronunciemos discursos, loas a la Constitución General de la República, pero el pueblo de México desea que estos postulados rijan en la vida cotidiana, en la vida diaria, en las relaciones laborales, en las relaciones empresa trabajador el cambio de estructura por vía democrática que todavía está esperando el pueblo de México.
Tiene la Constitución artículos de gran contenido que recogen los derechos, yo no voy a señalar nada más la fracción VI, señores, la Constitución tiene aspectos muy positivos.
Yo no podría rechazar, por ejemplo, la jornada de trabajo. No podría rechazar por ejemplo, el ataque al sistema liberal antes de 1917 y que se modificó en buena parte con el contenido del artículo 123. La jornada de trabajo, las horas extraordinarias y la creación de instituciones como complemento como el IMSS, el servicio médico para los trabajadores, en la medida en que los recursos puedan dar un servicio eficaz para ello.
Pero no puedo dejar de advertir, con la intervención de algún señor diputado dos cosas: no podemos esperar diputado Calderón tener una Constitución estática, el derecho no es estático, hay entre las fuentes del derecho unas fuentes que se llaman, las fuentes reales del derecho. ¡Y qué son las fuentes reales del derecho? Pues son las circunstancias sociológicas, económicas, políticas, sociales y yo diría incluso históricas, que motivan al legislador modificar la Ley, adecuar la Ley, hacerla idónea para el momento. No podemos pensar en artículos intocables porque alguien podría decir que la primera Constitución que tuviera el país, y yo les digo que la primera Constitución fue la de Cádiz.
Mis alumnos de la Escuela de Derecho se asombran cuando les digo que entre los antecedentes históricos la primera de las constituciones fue la de Cádiz. Y me dicen: ¡por qué, si en 1812 no habíamos nacido como Estado independiente? Señores, porque en 1827 el Tratado realizado con O'Donojú asumió el contenido de la de Cádiz.
De hacerla fija e inmóvil, no cambiante, tendríamos la misma Constitución vigente, ¿o vamos a establecer la Constitución de Apatzingán, la religión católica como la única y obligación para el Estado, la única y obligatoria para el Estado, con lo que yo no estoy de acuerdo, porque quebranta el principio de la libertad de creencias, porque el Estado no tiene religión, señoras y señores.
Ahora bien, yo creo que no discrepamos en el sentido de que el derecho puede ser cambiante y que las fuentes reales obligan al cambio de la norma. En lo que quizá discrepemos será en el contenido de los cambios. Yo creo que ése es el punto de la discrepancia.
Llamaba Cuauhtémoc Amezcua "modificaciones reaccionarias" quizá el calificativo "retrógradas", y usó algunos sustantivos, adjetivos sustantivos, habló de desvergüenzas. No, yo no puedo estar de acuerdo con Cuauhtémoc Amezcua sobre algunos de los cambios, algunos de los cambios. Yo no siento, compañero Cuauhtémoc, que esa pequeñísima modificación al artículo 3o. en materia educativa sea un cambio regresivo a la Constitución de 1917, que no adoptó en 1917 el proyecto de Carranza, y yo le quiero decir, además, que en ese sentido era muy superior la Constitución de 1857; ¡Fíjese nada más! ¡La época de Benito Juárez! La que rigió hasta la muerte de Benito Juárez, 1857, porque la primera reforma en materia educativa, diputado Amezcua, se dio en 1874 a la Ley reglamentaria, 1874; Juárez murió en 1872; gobernó con la Constitución de 1857. Su lucha contra el imperio fue por la vigencia de la Constitución de 1857.
¿Y qué decía en materia educativa la Constitución de 1857?: la enseñanza es libre. Eso decía, y no sólo eso, una garantía, y no era un derecho declarado garantizado, porque de acuerdo con el Acta de Reformas de 1847, debido a Mariano Otero, se tenía el amparo, y la de 1917 suprime el amparo. ¿Eso es regresión? ¿Contar con un método expedido, inmediato para modificar los actos arbitrarios del poder? ¿Es regresión?, pues eso decía la Constitución de 1817, y dice ahora: "mientras no se publiquen las reformas constitucionales".
Y la reforma, compañero Amezcua, la reforma enviada al artículo 3o. quita el oprobio sobre las naciones civilizadas, reclamado en muchos congreso internacionales, que en materia educativa fuera improcedente el juicio de amparo.
No, yo no llamaría retrógrada una modificación en esos términos: el derecho de los padres; no voy a repetir el debate, si es el Estado o los padres. Se ha dicho ya, se ha repetido aquí y en el pleno que han quedado perfectamente delimitadas las posturas, con el voto favorable incluso del PRD, con el voto favorable. !Y qué bueno!
¡Y qué bueno, señoras y señores porque se acerca la reforma, se acerca al contenido del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, derecho de creer y de no creer; pero la libertad de creencias no es completa si no se tiene el derecho de manifestarlas, manifestar la creencia y manifestar la no creencia. Y no es completa si no la tengo para manifestarla en público, en privado o por la enseñanza, como
dice el artículo 18. ¡No!, señores, no puede ser, no pienso que pueda ser regresiva una reforma en esos términos.
Las fuentes reales del derecho, ¡que bueno que atendemos las fuentes reales del derecho!, tarde empezamos a atenderlas, porque cuando la Ley, cuando la Ley, señoras y señores no se ajusta a la realidad social, y no atiende a las fuentes reales del derecho, es inaplicable, crea conflictos sociales, crea intranquilidad social, crea rebeldía en el destinatario de la norma. Lo vimos en 26, en 29, y además crea una ficción.
Cuántas décadas de derecho vigente no positivo, de derecho vigente no aplicado en la realidad, y por qué mantener una norma muerta. Había que cambiarla. No podemos, señoras y señores, al hacer estas reflexiones, decir que México no requiere una Ley fundamental ¡la requiere! Yo ansío que sea rígida. No estoy en contra de los cambios, pero con un régimen federal que permita a la Federación analizarlos. Son tantos los cambios de la Constitución que algún maestro jocosamente en clase de Derecho Constitucional, y les doy el nombre, el maestro Martínez Báez, decía que ya se vendía la Constitución en hojas sustituibles, por la cantidad de cambios que ha recibido.
Pero yo no estoy en contra de los cambios cuando éstos se adecúan a la realidad social. Sólo las piedras no cambian, le decía a Martín Tavira; y Martín contestaba:
"Sí cambian, diputado. La gota de agua al caer, hace a través de los años, cambiar a las piedras."
Bueno, pues aceptado el argumento, por qué no ha de cambiar también la norma fundamental.
El campo, la choza miserable del campo, decía don Efraín, y sigue habiendo chozas en el campo.
Ayer que estaba en Chihuahua, le decía al auditorio: "No, no tenemos chozas en el campo, tenemos cuevas en la sierra tarahumara". Sigue habiendo miseria. La Ley no basta, es un instrumento, es un medio. Ni basta para alcanzar justicia ni basta para alcanzar libertad ni basta para alcanzar democracia. Pero es el primer peldaño. Se requiere, además voluntad de quien gobierna, y además participación activa de quienes gobernaron.
Como decía Vázquez de Mella, escritor español, se puede gobernar de dos maneras: Ejercitando derechos como gobernado y cumpliendo deberes como gobernante.
Tómenlo, señores, como reflexión en las cercanías de un Aniversario más del 5 de febrero de 1917, cuando han transcurrido 76 años. Tres cuartos de siglo. Donde el cuarenta y tantos por ciento de la población mexicana que vive del campo está condiciones en que no les permite tener vivienda, salud, sustento y educación. En que la población urbana se debate ante la inseguridad del porvenir.
Pero todavía soy optimista. Los mexicanos todos que tenemos en este país sepulcros y tenemos cunas; tenemos fe, tenemos fe en que en México haya paz. Pero la paz. Pero la paz, dicen que es el nuevo nombre del desarrollo. Yo diría no como frase mía, sino como de un dirigente mundial: La paz que se entiende como fruto de la justicia. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Juan de Dios Castro.
En términos del 102 del Reglamento, ha solicitado para contestar alusiones personales la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua e igualmente el diputado Jorge Calderón.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Muchas gracias, señor Presidente:
Nos dice el diputado Castro, que él no comparte el juicio de valor que yo emití con relación a que las recientes reformas al artículo 3o. tengan un carácter reaccionario o retrógrado. Y antes, en su argumentación, nos dice que él concibe el derecho como algo dinámico, no estático, y que él estima que el derecho debe ajustarse a la realidad social.
Yo plantearía que en mi opinión personal y en la de mí partido, podemos coincidir de manera plena en estas dos afirmaciones. El derecho es dinámico, no puede ser estático. El derecho debe ajustarse a la realidad social.
Por lo que hace al primero, yo había planteado ya en mi argumentación nuestra concepción con relación a las constituciones de México como frutos esencialmente de las luchas revolucionarias del pueblo. Y mi concepción de carácter progresivo sobre el contenido de estas constituciones. Cada una de ellas recoge lo esencial, lo más valioso, lo más avanzado de los frutos de la anterior y hace nuevos aportes.
De acuerdo con esta concepción y en esto también coincidiríamos con el diputado Castro, la de 1917 en materia educativa, en materia de cultos, en materia de relaciones Estado - iglesia
y en varias otras, en un fruto más avanzado que la de 1857. Esa es nuestra tesis.
Por lo que hace a la segunda cuestión: realidad social y concordancia con el derecho. Debe darse, debe darse y se da no de una manera mecánica. No son dos instancias unidas de manera rígida, mecánica, permanente. Las dos están sujetas a constante cambio, a constante transformación. La realidad social está cambiando de manera cotidiana y el derecho también.
Generalmente el derecho va a la zaga, se va quedando atrás de los cambios que se van produciendo en la sociedad, por eso los grandes movimientos sociales producen grandes modificaciones al marco jurídico general, a la Constitución y a las leyes reglamentarias; éstos vienen a posteriori, primero el cambio social y en seguida el ajustar el marco jurídico.
Sin embargo, tampoco esto es mecánico, también suele ocurrir a la inversa y ha ocurrido en mucho con las leyes nuestras y particularmente con la Constitución de 1917; en mucho fue una Ley suprema de nuestro país que a la vez tenía el carácter de un programa, plantaba una serie de medidas, de metas a satisfacer conforme el desarrollo de la sociedad lo fuera permitiendo, conforme el desarrollo histórico de nuestro país fuera creando las condiciones para satisfacer muchos de los planteamientos ahí recogidos.
No habría discrepancia en la manera de enunciar entonces estas dos cuestiones: concebir el derecho como algo dinámico y la relación, el ajuste, la interrelación que debe darse entre la norma jurídica, el derecho en su conjunto y la sociedad, la realidad social.
¿Dónde es donde discrepamos? Aquí cabría aplicar al caso nuestro lo que planteaba el diputado Castro en otra alusión en la que hacía al compañero diputado Jorge Calderón, más bien en el contenido, en la manera de valorar las cosas, ahí es donde estaría la gran discrepancia. ¿Es reaccionaria o no una modificación al derecho?, ¿es retrógrada o no?
Para nosotros, para mí en lo personal el carácter regresivo, retrógrado, reaccionario, de una modificación, puede medirse en términos cronológicos, pero no estaría ahí la esencia del asunto. Si se abandonan los preceptos de 1917 para regresar a los de 1857, si se abandonan los preceptos que fueron enriquecidos después de 1917 en reformas posteriores, que iban en el mismo rumbo, para regresar a los de 1917, serían reformas de carácter regresivo. Pero no está ahí la esencia del asunto, no está en el problema cronológico: ¿qué fue antes?, ¿qué es después? No está ahí la esencia y eso a veces resulta confuso, por la forma caótica, complicada, no lineal, contradictoria en que se va desarrollando la sociedad social y también los cambios en el derecho. La esencia del asunto estaría entonces en este otro aspecto.
Desde mi punto de vista la realidad social, la sociedad misma, no puede concebirse como una entidad homogénea o amorfa. Coincidiendo con Alfredo Cravioto, a quien cité hace un rato, nuestra concepción es clara en ese sentido: La sociedad está integrada por clases sociales. Los intereses de estas clases sociales no son coincidentes, son muy diferenciados y en muchos casos antagónicos.
En la saciedad, a través de los distintos estadios de su desarrollo, desde el esclavismo hasta la etapa de la producción industrial y capitalista, hay un sector minoritario que vive lleno de privilegios y que no goza de esos privilegios como resultado del fruto de su trabajo, de su aportación a la sociedad, a la colectividad, sino como resultado de la apropiación del trabajo ajeno, del fruto del trabajo ajeno; un pequeño grupo privilegiado, una clase social cuya designación técnica va cambiando en cada uno de los estadios o cada uno de los regímenes de la producción social, pero siempre hay una clase social de esas características pequeña, numéricamente muy pequeña, llena de privilegios, goza de un gran nivel de vida y otra clase social que se caracteriza por su tamaño mucho mayor, muy grande, numéricamente muy grande, mayoritaria, claramente mayoritaria, pero que vive en condiciones de extrema inequidad y se da una permanente lucha entre esas dos clases sociales, manejando las cosas de manera esencial, quizá un tanto esquemática para tratar de ajustarnos un poco al tiempo, acabo de recibir una tarjeta de tiempo, es difícil debatir estas cosas en cinco minutos.
En la medida en que es la clase social mayoritaria la que va logrando modificar la realidad social para disminuir la situación de injusticia, en la medida en que le va arrancando privilegios o restándole privilegios a la clase social detentadora del poder o clase social dominante, en esa medida se va avanzando, eso es a nuestro juicio el aspecto esencial de lo que significa avance o retroceso, regresión o progreso; y en ese sentido puesto que el clero político, el clero en México, la alta jerarquía no la religión, que es otra cosa total y absolutamente respetable para nosotros, en la medida en que los jerarcas
religiosos de llenan de privilegios y los aprovechan para incrementar su capacidad de explotación de las masas populares, todo lo que tienda a reducirles esos privilegios y a restituir a la mayoría del pueblo sus beneficios, está en el sentido del progreso y todo lo que vaya al revés a fortalecer la capacidad de explotación de ese grupo privilegiado, es de carácter retrógrado, seguramente esto no podrá compartir el diputado Castro, yo lo entiendo perfectamente y ahí es donde estaría nuestra diferencia de fondo, nuestra diferencia de esencia. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Amezcua. Tiene la palabra el diputado Calderón, que solicitó la palabra previamente en relación a la intervención del diputado Castro, para contestar alusiones personales.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Estimados Legisladores:
Solicité el uso de la palabra para alusiones personales, quise referirme a algunas opiniones que nuestro estimado colega legislador Juan de Dios Castro, expuso hace apenas unos minutos. Miren ustedes, no estamos refiriéndonos a aspectos puramente formales del Derecho, formalmente pudiera decirse que la reforma al 27 constitucional cubrió de manera puramente estricta ciertas normas una mayoría calificada, la aprobación correspondiente, envío de estas modificaciones a las legislaturas estatales, finalmente su expedición, su aprobación y su publicación; no estamos hablando de estos aspectos, estamos hablando en términos políticos y estamos hablando en términos históricos de la legitimidad profunda con las aspiraciones de nuestro pueblo.
Evidentemente entendemos que el derecho es un proceso dinámico y que bajo ciertas condiciones y bajo ciertas modalidades debe haber circunstancias que modifiquen normas jurídicas y debe instrumentarse esta modificación y en algunos casos modificaciones a normas determinadas. Lo que el PRD cuestionó desde 1991 cuando se dio la discusión del 27 constitucional, es precisamente que esa mayoría circunstancial, está en las actas y en numerosas intervenciones, está en el Diario de los Debates, que esa mayoría circunstancial calificada si se quiere, de diputados y posteriormente de senadores que aprobó las reformas al 27 constitucional, carecía de la legitimidad política e histórica para modificar un postulado fundamental del Constituyente de 1917 y lo sostenemos y lo seguiremos sosteniendo.
Formalmente pudieron haberse cubierto ciertas normas legales, no entraré al debate estrictamente de técnica jurídica, estoy hablando de términos sociológicos, políticos e históricos, de legitimidad, evidentemente discrepamos con el contenido de las reformas al 27 constitucional, pero no sólo discrepamos con el contenido, cuestionamos la legitimidad de una reforma que altera un elemento esencial y fundamental de lo establecido en el Constituyente de 1917 y además por un elemento adicional y es el hecho de que existen más de 5 millones de hectáreas susceptibles de reparto bajo las normas establecidas en los propios principios del Constituyente de 1917, y posiblemente esa cifra tendría que ampliarse bajo otros parámetros hasta a 20 millones de hectáreas, y hay 30 y tantos mil expedientes instituidos de ejedatarios y comuneros para ampliación y dotación ejidal que no han sido resueltos de manera positiva, y no hubo tal como el PRD lo exigió, un catastro estricto municipio por municipio, que estableciera los excedentes de tierras en cada municipio, para determinar cuales eran las propiedades afectables, y sólo en ese caso de que hubiera culminado el reparto agrario conforme a derecho, pudiera entonces invocarse la norma de una modificación que está con la legitimidad profunda que surge del Constituyente de 1917.
Este es un principio que seguiremos sosteniendo, la legitimidad política y la legitimidad histórica de las facultades circunstanciales que en un momento dado puede tener una Cámara, una Legislatura específica sea Cámara de Diputados o de Senadores, para hacer modificaciones a aquello que son los principios fundamentales del Constituyente.
Otro punto que tiene qué ver con este mismo aspecto, es que con frecuencia al polemizar sobre pobreza y miseria, sobre ingreso y otros aspectos, se piensa que un ámbito y ha sido motivo de polémica, es el ámbito del derecho y otro ámbito es el de las realidades económica y políticas.
Nuestro partido sostiene que esa lacerante pobreza, diputado Juan de Dios Castro, a que usted se refirió, esa lacerante miseria de millones de compatriotas, no es producto de factores circunstanciales, es producto de una política económica que ha inducido represión a grandes sectores productivos, que ha inducido una desindustrialización y desmantelamiento de infraestructura agrícola, y sostenemos y reiteramos la tesis de que la reforma al 27 constitucional al abrir el camino a la privatización del ejido, en vez de mejorar y fortalecer los sectores agrícolas del país, lo que está haciendo es profundizar la crisis agrícola.
Hoy se publica en el diario La Jornada, una declaración de una organización campesina, la UNORCA, donde dice que las reformas en vez de haber ayudado a una mayor canalización del crédito, han ayudado a una profundización de la pobreza de grandes sectores campesinos, y un dirigente empresarial hace apenas dos días, reconocía por cierto, es de una transnacional, que la pobreza y la miseria del campesinado se ha profundizado.
Entonces, a veces en intervenciones que hacen algunos partidos, en este caso el PAN, pareciera que de un lado está la responsabilidad gubernamental con una mala política económica que genera pobreza y miseria, a veces antidemocracia, pero se olvida que fue el PAN junto con el PRI y con otros partidos, el que votó a favor de la reforma del 27 constitucional, el que ha estado de acuerdo con un conjunto de reformas legales, como la agraria, la forestal, las sociedades de inversión, la bancaria, la minera y otras, que profundizan la privatización de grandes segmentos de las empresas públicas, profundizan la apertura comercial, profundizan la flexibilidad que se da a la inversión extranjera para que domine grandes segmentos de la economía mexicana y eso es precisamente atentar contra los postulados constitucionales de la rectoría económica del Estado y favorece el crecimiento de la pobreza y la miseria de grandes mayorías.
Entonces, en ese sentido, nuestro punto de vista es defender sí, defender sí la facultad que tiene el pueblo para dotarse de la constitucionalidad que se requiere conforme a las nuevas circunstancias históricas.
Cuauhtémoc Cárdenas, el 5 de febrero del año 1992, sostuvo en Querétaro el derecho inalienable del pueblo a un nuevo constituyente que definiera las aspiraciones del pueblo en la etapa actual de la vida nacional bajo normas democráticas precisas, pero algo muy diferente es el que se realicen reformas constitucionales, que se oponen al sentido profundo de la legitimidad que le damos a la Revolución de 1910 - 1917, atente contra los intereses fundamentales de nuestra nación y nuestro pueblo y favorezcan intereses transnacionales que por tanto están debilitando la integridad de la República.
Ese es el argumento central, es un argumento en términos de que cuestionamos la legitimidad política, histórica y social de reformas constitucionales opuestas a las aspiraciones profundas y fundamentales de nuestro pueblo y lo seguiremos cuestionando y pensamos que con una nueva primavera democrática que puede establecer en nuestro país a partir del año 1944, habrá las condiciones históricas para restablecer la vigencia de los principios fundamentales de la Constitución de 1917, particularmente en lo relativo al artículo 27 constitucional. Gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Calderón, Ha solicitado la palabra en los términos del 102, para contestar alusiones personales, el diputado Juan de Dios Castro, de Acción Nacional.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
En ninguna de la dos intervenciones, ni la de Cuauhtémoc Amezcua ni la del diputado Calderón, se refirieron al tema de mi intervención en lo relativo a las reformas en materia educativa. Lo que sostuve y sostengo es que el haber incluido la procedencia del amparo en materia educativa, no es un retroceso sino que es un avance en nuestro derecho constitucional y es un avance en el país en materia de derechos humanos.
Yo sé, porque todos sabemos la discrepancia entre la diputación del PRD y Cuauhtémoc Cárdenas en esta materia, pero al margen de eso, al margen de eso yo quiero establecer que a mí me parece absurdo defender que la mayoría del pueblo mexicano no cuente, para alguna garantía consagrada en la Constitución, con el derecho de amparo.
Y mire usted, el licenciado Mariano Azuela, en el Congreso del 15 al 28 de agosto de 1961, no Mariano Azuela Huitrón, Mariano Azuela que también era ministro de la Corte, recibió la interpelación del delegado venezolano, en relación a que le extrañaba que en México en materia educativa no se contara con un medio de defensa eficaz contra las arbitrariedades del poder.
Las palabras de Mariano Azuela, ministro de la Corte, fueron las siguientes: "En México se vive bajo un régimen precario de libertad de enseñanza. No se puede establecer una escuela primaria sin autorización oficial, que se otorga al capricho de la autoridad y debe ajustarse a los programas oficiales del Gobierno, el que se reserva el derecho de clausurarla sin que sirva el juicio de amparo, porque es improcedente".
Claro, pueden tener la postura de que están bien que no exista el derecho de amparo, pero yo prefiero adoptar la postura del respeto al artículo 18 y al artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Y más todavía. Resulta paradójico que en 1948, en 1948 quien propuso la adición al artículo 8o. de que se contara con un medio expedito de atacar las arbitrariedades del poder, del Gobierno en los estados, fue precisamente el delegado mexicano.
La reforma únicamente hizo congruente la postura de nuestras delegaciones en los congresos internacionales, al establecer la procedencia del juicio de amparo.
Y en cuanto a la segunda afirmación, compañero Calderón, sí nosotros votamos a favor, no porque estuviéramos en su totalidad con el texto del artículo 27 constitucional, porque hubo intervenciones en lo particular en contra y usted la sabe; votamos a favor, como ustedes han votado a favor muchas otras reformas, y usted habla, bueno, yo creo que ha habido algunos votos a favor a algunas iniciativas de Ley, porque usted hablaba de la ilegitimidad del Congreso; si hay ilegitimidad, si hay ilegitimidad señoras y señores, no pueden ustedes presentar si son congruentes, ninguna iniciativa de Ley que atente contra la norma constitucional. Podríamos entrar, compañero Calderón, en un debate más amplio pero el tiempo no me lo permite, que el siguiente: usted está en que no lo ha mencionado, por una tesis conocida en derecho constitucional, la tesis de Krl Schmith, cuando hablaba de la Constitución de Weimar, que decía que se podía reformar la Constitución, pero no toda; que había algunos preceptos de la Constitución que no podían reformarse, a menos de que se convocara un nuevo Constituyente, que es lo que usted ya apuntó, y lo que Karl Schmith llamaba los principios jurídicos fundamentales de la Constitución.
Señor, ustedes presentaron una iniciativa de reformas al artículo 133. Cuando pida que la Comisión de Gobernación la dictamine, diputado Calderón, cuando pida que el dictamen se debata en el pleno del Congreso, como primer paso para pasar al Constituyente, permanente y uno de los textos de ese artículo 133 dice: "...la Constitución, las leyes que de ella emanen, los tratados son la Ley fundamental del país", espero que repita su discurso, que repita su discurso del día de hoy, o qué, ¿va a rectificar y pedir que la comisión la dictamine y que se debata en un órgano que no es legitimo como usted dijo? Gracias.
El Presidente: - Gracias diputado Juan de Dios Castro. En los términos del 102 tiene la palabra, primero la pidió el diputado Amezcua y después el diputado Calderón, con mucho gusto.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Muchas gracias señor Presidente:
Nos reclamaba el diputado Castro no habernos ocupado de lo que él considera el aspecto medular de su intervención, y que nos aclara es la relativa al problema del derecho de amparo en materia educacional.
Bien, es otro de los temas en los que discrepamos. Yo le precisaría al diputado Castro, en primer término que el sentido de nuestro voto en contra, en lo general, independientemente de una serie de particularidades también, en la reciente reforma al artículo 3o., lo aclaramos en su momento, lo reiteramos hoy, no se fundamentó en este asunto del amparo. No compartimos su opinión, pero no era para nosotros el aspecto de mayor peso, no era el problema fundamental, y no fue lo determinante de nuestra conducta.
Porque esto, lo que consideramos que ésta es una reforma de carácter negativo, lo dije hace un momento, una vez más, porque al establecer ahora, de manera expresa que es facultad del Estado impartir educación de carácter pre - escolar, primaria y secundaria, y nada más, y después señalar que promoverá y apoyará la de otros niveles y modalidades, abre la puerta para la privatización de la educación superior, de la técnica, de la científica, de la universitaria, de la norma para maestros, y nos parece que eso es sumamente grave.
La posibilidad de privatizar la educación superior en México significaría, de entrada, la elevación de su costo a un nivel tal que las grandes mayorías de la población no tendrían capacidad, no tendríamos, me cuento yo mismo, para pagarle a nuestros hijos su formación escolar.
Ese es el sentido, ésa fue la razón, ése fue el argumento, lo señalamos muchas veces, lo discutimos en comisiones, lo planteamos en la plenaria. Y, bueno, nosotros dijimos, incluso: "Un verbo determina el voto del Partido Popular Socialista. Ahí en esa fracción V póngale: Impartirá, el Estado impartirá, promoverá, apoyará, todo lo que ustedes quieran, pero impartirá la educación de estos otros niveles y modalidades". Y no se puede resolver el problema, el problema parlamentario, el problema legislativo, sobre todo es problema de negociación. Y, bueno, nosotros planteamos nuestro punto de vista con toda claridad.
No, no fue el problema del amparo lo determinante, así es que no es aquí tan grave el enfrentamiento, aunque no compartamos posiciones.
Ahora, ¿qué hay detrás del problema de amparo en materia educacional? Bueno, el gran debate de fondo, el que empezaba a apuntar el diputado Castro en su intervención inicial y que dijo: "No lo vamos a repetir. Ya lo hemos dado en otras ocasiones". ¿A quién compete en su esencia la tarea educativa? ¿Es de carácter individual, privado? ¿Son lo padres de familia los que han de decidir cómo formar a sus hijos, como si fueran propiedad privada, un mueble, un artículo, así, de su propiedad individual? ¿O es un problema de carácter colectivo, que compete al Estado, en tanto expresión de la organización social de cada momento histórico concreto?
Ahí, en torno a eso ha habido una lucha fuerte, larga, que implicaría como una de sus herramientas el problema del amparo, en tanto esté predominando la tesis del Estado educador, como una forma de resistir o de luchar. Pero no sería el problema del amparo, a menos que se lleve al debate al ámbito estrictamente formal del derecho, no sería el problema de fondo en esta discrepancia.
Es el otro, es el problema de a quien compete educar, a quien compete formar.
Bien, pues, creo que con esto quedan aclaradas las cuestiones de momento, y si el diputado Castro considera que si hay necesidad de precisar alguna otra cosa, con mucho gusto volvería yo a la tribuna.
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Amezcua. Para el mismo efecto, en los términos del 102, se le concede la palabra al diputado Jorge Calderón, del PRD.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Estimados legisladores:
El 5 de febrero de 1992, en Querétaro, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sostuvo "que las leyes supremas de la República fueron escritas con la sangre del pueblo y no pueden ser alteradas en lo fundamental.
La historia - afirma - no admite saltos hacia el pasado. Sería inadmisible, entonces, que en un tiempo caracterizado por el avance universal de la democracia, asistiéramos en nuestro país a la cancelación de los derechos ciudadanos y las garantías sociales, a partir de decisiones arbitrarias."
Nosotros lo que estamos cuestionando no es determinadas facultades que pueden tener un cuerpo legislativo para ciertas modificaciones legales. Este es otro tema.
Lo que estamos cuestionando es precisamente que la fuente real, la fuente fundamental del derecho, a la que nos remitimos en el caso de los principios básicos de la Constitución de 1917, es la de una revolución social, la más profunda, la más sólida, la más compleja, diversa y multiforme, que ha sufrido nuestro país precisamente en este siglo, en el Siglo XX. Esa es la fuente fundamental de legitimidad de las instituciones republicanas del país, es la fuente fundamental de los principios básicos de la Constitución de 1917 y es la base del orden republicano que nos rige.
Y por ello es que sostenemos que esos principios fundamentales, no cualquier legislación específica o cualquier otro punto, los principios fundamentales, nosotros, los legisladores del PRD, cuestionamos la legitimidad de esta LV Legislatura, y lo saben los partidos políticos que participaron en el debate del 27 constitucional, cuestionamos la legitimidad para modificar esos principios fundamentales que heredamos del Constituyente de 1917.
En otros puntos que van acordes con las aspiraciones genuinas y profundas de nuestro pueblo, que van acordes con las demandas históricas de la nación, podemos reconocer en ciertas leyes y normas e incluso en algunos puntos constitucionales, la posibilidad de cambios, sin que ello atente contra las bases constitutivas de la república.
Pero en el caso del 27 constitucional, sostenemos, por ser la demanda fundamental de la Revolución de 1910- 1917, por ser el pacto social básico surgido de esa Revolución, que al igual que los principios básicos del artículo 123 constitucional, consideramos que ahí están los pilares fundamentales de la Revolución mexicana, los defendemos y los seguiremos defendiendo.
Por tanto, no reconocemos, dicho de manera directa, que sea una fuente real o fuente genuina de derecho, la que haya motivado por una expresión multiforme de voluntad y soberanía popular, la reforma contrarrevolucionaria del 27. No hubo un movimiento agrario ni una revolución que exigiera la privatización del ejido y la reconstitución de latifundios ahora empresariales. No hubo un movimiento en toda la República exigiendo las nuevas formas de concentración de la tierra de ninguna manera; por el contrario, hubo una resistencia campesina, acallada, presionada, dominada por diversas fuerzas corporativas, pero hubo una resistencia campesina.
Por tanto, si fuéramos a las fuentes reales del derecho y contenidos profundos de soberanía,
voluntad y legitimidad popular, diríamos que la expresión del movimiento popular y campesino está precisamente en una reforma constitucional que respetando los principios del Constituyente, respetando el derecho al reparto agrario, el derecho a la tierra, la integridad del ejido y la comunidad, liberar al ejido y a la comunidad de las formas corporativas de dominación autoritaria, era otra reforma la que el movimiento campesino estaba exigiendo.
No una reforma que cancelara el reparto agrario, sino que desmantelara las estructuras autoritarias y corporativas que se ejercían sobre el ejido y reconocía los nuevos mecanismos de asociación y participación y las figuras sociativas de segundo y de tercer nivel. Eso sí correspondía a las aspiraciones y a las necesidades profundas de nuestro pueblo.
Y en lo relativo a la legitimidad de un nuevo proceso para un nuevo Constituyente, nosotros hemos sostenido, Cuauhtémoc Cárdenas lo ha dicho claramente, que en condiciones históricas que permita la expresión de la voluntad democrática del pueblo mexicano, sí estamos por una nueva constitucionalidad, pero bajo normas en donde efectivamente se garantice que el conjunto de la nación tiene la facultad para expresar su punto de vista.
Por eso es que aspiramos a una revolución democrática y aspiramos que con el concurso de todos los sectores y fuerzas sociales y con normas democráticas, pueda esta nación discutir una nueva constitucionalidad acorde sí con los principios fundamentales de las constituciones del año 1824, del año 1857 y del año 1917, del Siglo XX, acorde con la Constitución de Apatzingán en sus principios fundamentales. Reivindicamos de la Constitución de Apatzingán el principio de soberanía popular claramente establecido en la misma y en los Sentimientos de la Nación, eso es lo que reivindicamos; no tal o cual elemento de carácter circunstancial.
Por ello es que, repetimos, consideramos válido que nuestro partido presente iniciativas de reforma legal y en algunos casos de reforma constitucional que van acordes con los principios fundamentales del Constituyente de 1917 y cuestionamos y creemos tener la razón fundada para ello, aquellas reformas que van en contra de aquellos principios fundamentales de estos.
No solamente se trata de un punto de vista que circunstancialmente exponemos en este momento. Un destacado constitucionalista mexicano, Emilio Triguer, ha sostenido en diversas formas, en diversos momentos, precisamente el elemento de las bases fundamentales del Constituyente de 1917, que consideramos que no pueden ser y no deben ser modificadas, porque están atentando contra nuestra propia integridad. Y hay efectivamente una tradición no sólo jurídica, sino también sociológica y política, en pensadores europeos que aluden precisamente a ésta no facultad reconocida a órganos legislativos circunstanciales, para modificar las bases constitutivas del orden jurídico de un Estado nacional. Es mucho más que solamente el caso de la República o de la Constitución de Weimar; es en realidad un cuestionamiento que estuvo presente en los procesos de disolución de sistemas republicanos, por sistemas fascistas en Europa, en que hubo constitucionalistas europeos, que ante el establecimiento de sistemas autoritarios en los años treinta en Europa, se levantaron con toda firmeza como constitucionalistas a cuestionar la formación de esos sistemas de Gobierno.
Por ello es que nuestro partido sostiene, y con esto terminaría la legitimidad de aquellos cambios que vayan de acuerdo con las tendencias fundamentales y aspiraciones de nuestro pueblo y acorde con los principios del Constituyente, y seguirá cuestionando aquellas reformas que atentan contra el pacto social surgido de la Revolución de 1910- 1917. Muchas gracias.
El Presidente: Gracias, diputado Calderón. Para contestar alusiones personales, el diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señoras y señores legisladores:
Seré muy breve, porque creo que ya se han establecido los límites de cada una de las posturas. No podíamos ya avanzar más en el debate con el diputado Cuauhtémoc Amezcua. El ha establecido que independientemente de que no está de acuerdo con que se haya incluido el amparo, la razón de fondo fue otra que él ya expuso y que con la cual nosotros no estamos de acuerdo.
Pero sí quiero hacer una precisión al diputado Calderón, una precisión breve y última para agotar con esta intervención. Yo siento, diputado Calderón, que sí había una fuente real para poder atacar el problema del campo desde el punto de vista legislativo. Yo creo que la productividad del ejido, no por el ejido en sí, diputado, por el minifundio, por la escasísima extensión de la tierra ejidal, implicaba una reforma legal de fondo. Para mí, para mi gusto, puedo estar equivocado, la solución hubiera sido una redistribución de la tierra, para poder establecer unidades
de producción que fueran productivas. Treinta por ciento de los ejidos producen para cada uno de sus integrantes de ingreso de un obrero calificado; 25% pueden llegar a producir con apoyo gubernamental intenso, y el 45% de los ejidos ni siquiera con apoyo gubernamental intenso.
Yo siento que eso es una fuente real que obliga a atacar el problema del campo desde el punto de vista legislativo. Lo otro, lo adecuado de la reforma, diputado, es la discrepancia. Usted plantea una alternativa, nosotros planteamos otra. Pero por favor, en lo que sí definitivamente no estoy de acuerdo fue con el inicio de sus discurso. Lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas en Querétaro el 5 de febrero de 1992.
Bueno, la opinión de Cuauhtémoc Cárdenas es respetable, como es respetable también la opinión de cualquier diputado, incluso el de la voz, que lo dice el 3 de febrero de 1993 en México, Distrito Federal.
Puede estar equivocado Cuauhtémoc Cárdenas cuando habla de los principios fundamentales. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? Ahí habría una cantidad enorme de discrepancia, indudablemente usted se ubicó ya en la corriente de que hay principios fundamentales que no se pueden cambiar; pero en lo que no nos ponemos de acuerdo y no creo nos pongamos de acuerdo, es poder precisar de todo el contenido de la Constitución de 1917, establecer una enumeración de los principios fundamentales que no pueden ser cambiados en su opinión. Yo siento que era necesario que el Congreso de la Unión y que era necesario que el Gobierno de la República, es más, se había tardado en hacerlo, pusiera mano en uno de los problemas más candentes del país: la falta de producción en el agro mexicano, que se traduce también en la pobreza y miseria de los campesinos mexicanos.
El Presidente: - En términos del 102, tiene la palabra el diputado Jorge Calderón, del PRD.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Estimados legisladores:
Debatimos este punto porque estamos de cara a la nación y en la más alta tribuna de nuestra República, y se trata de un elemento fundamental, precisamente con motivo del próximo LXXVI aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.
Lo que aquí hemos sostenido, y precisamente tiene qué ver con las fuentes reales, es que no había un movimiento campesino, ni una demanda popular, ni una voluntad popular generalizada, en materia de las reformas al 27 constitucional. En términos reales y los sostuvimos en la tribuna de la Cámara, y en muchos pueblos, comunidades, ranchos y diversos rincones de la patria, es que había un elemento absolutamente externo a la soberanía popular que tiene que ver con la negociación del Tratado de Libre Comercio y la necesidad de dar seguridad a la inversión extranjera en el marco de la tenencia de la tierra. Ese fue uno de los elementos básicos que motivaron esto y no la aspiración.
Efectivamente, hay una situación, desde hace años, de pobreza, miseria y crisis agraria, pero es producto de una apertura comercial indiscriminada que ha hecho una competencia desleal para millones de productos agrícolas mexicanos; es producto de que los precios agrícolas en términos reales hoy, son la mitad de hace 10 ó 12 años; es producto de un encarecimiento del crédito y de un encarecimiento de los insumos, y productos de un hecho que representa un atentado a los intereses de los campesinos mexicanos, que es el que la inversión pública para desarrollo rural, que era el 3% del producto interno bruto, al inicio de los ochenta, se ubica hoy apenas al 1% del producto interno bruto.
Hay un desmantelamiento de las instituciones que la Revolución mexicana creó para apoyar al ejido y para apoyar..
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Señor Presidente: fuera tan amable de preguntar al orador si acepta una interpelación.
El Presidente: - Señor diputado Calderón: ¿acepta una interpelación del diputado Castro?
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Preferiría cuando termine la exposición.
El Presidente: - Ya lo escuchó usted, señor diputado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - ...En esas condiciones la fuente básica para una reforma que defendiera al ejido y la comunidad, estaba en la modificación de una política económica contraria a los intereses campesinos, y en el reconocimiento de los obstáculos que al desarrollo rural y al bienestar campesino le impone precisamente el corporativismo y el autoritarismo gubernamental; es el estatismo burocrático lo que habría que desmantelar, pero de ninguna manera, cuando hay millones de ejidatarios y comuneros con problemas agrarios,
de ninguna manera era una solución a los problemas de campo cancelar el derecho constitucional al reparto agrario. No podemos aceptar que ésa era la solución y las pruebas están ahí; han transcurrido ya casi más de 12 meses desde la reforma constitucional y los problemas del campo en vez de resolverse, se han agravado.
Me parece legítimo, por otra parte y para terminar, al igual que cualquier otra organización política, citar como un elemento que nutre nuestros puntos de vista y los de un gran número de mexicanos, las opiniones de Cuauhtémoc Cárdenas. No estamos aquí, evidentemente, diciendo que sean, por el solo hecho de ser enunciadas por quien lo hizo, para que sean aprobadas o aceptadas por todos los aquí presentes. Simplemente como miembros de una organización política y de una amplia convergencia ciudadana que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas, nos parece correcto y conveniente presentar un punto de vista de un dirigente nacional, como es legítimo que cualquier otra organización política haga lo propio con aquellos que son sus dirigentes o los integrantes de su propia organización.
Para terminar, el hecho fundamental que estamos cuestionando aquí, es utilizado el concepto de fuentes reales del derecho, que si utilizáramos ese elemento, la fuente real del derecho para una reforma constitucional en materia agraria, iba en el sentido de reconocimiento de la facultad constitucional del Estado, en materia de reparto agrario, el reconocimiento de la necesidad por la rectoría económica del Estado de apoyar al campo mexicano para incrementar productividad en ejidos y comunidades, y el fortalecimiento de las instituciones de la Revolución mexicana, pero no para su transnacionalización de la agricultura sino para fortalecer los intereses de los campesinos, de los comuneros y de los auténticos pequeños propietarios.
Ahí estaba la fuente general del derecho. Desmantelar la estructura antidemocrática, corporativa y autoritaria, que existe sobre el campesino y el ejidatario y crear un nuevo horizonte de libertad, un nuevo horizonte de autonomía y de autogestión campesina que permitiera un desarrollo rural autónomo, independiente y soberano. Muchas gracias.
El Presidente: - Para este mismo asunto, se concede la palabra al señor diputado Manuel Díaz Infante.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Con su venia, señor Presidente:
Hemos escuchado, con mucha atención, el debate que ha suscitado los 76 años de nuestra Constitución. Es un debate francamente inagotable; es un debate que nos podría llevar muchas horas y muchos días; es un debate que podría hacerse por cada uno de los artículos de la Constitución o bien por cada una de las reformas que ha tenido cada uno de esos artículos.
Sin embargo, el día de hoy consideramos nosotros, los miembros del PRI, que lo conveniente, que lo prudente, es dejar sentada cuál es nuestra posición, por qué hemos hecho nosotros, por qué hemos intervenido en una serie de reformas a nuestra Constitución.
Nosotros pensamos que el conmemorar un año más de nuestra Constitución, es ante todo una acción, una acción viva que debe de exaltar la conciencia republicana de todos los mexicanos. Independientemente del partido político en donde militemos cada uno de nosotros.
Nosotros debemos de recordar también que para los mexicanos que trabajaron hace 76 años en un Congreso Constituyente, antes que nada tuvieron en su vista el bien y prosperidad de toda la unión.
Los mexicanos de entonces, los que trabajaron hace 76 años, lograron sobre poner a sus debilidades humanas, a sus intereses de grupo, la más alta finalidad que fue consolidar la nación.
Yo creo que hoy, sin demagogia, señores compañeros, este reto sigue vigente. Nosotros tenemos que seguir consolidando las instituciones y nuestra nación.
La Constitución de 1917, según nuestro punto de vista, no fue un sueño de románticos, tampoco ha sido el traje de luces o la decoración de las instituciones, como la calificaron los científicos a principios de siglo. La Constitución ha sido, desde su nacimiento, el andamiaje donde se ha sustentado el desarrollo social en el país.
La libertad de que gozamos todos los mexicanos, no es fruto de la casualidad o de la fortuna; es producto de una lucha constante que ha tenido su razón y fundamento en la larga historia constitucional que nos han legado muchas, muchas generaciones de patriotas.
Nuestro estatuto jurídico es, sin duda, el instrumento vertebral de nuestro proyecto nación, que vive la transformación constante del devenir histórico de la humanidad, evolucionando y
cambiando en espiral ascendente en torno a los principios que definen con firmeza el perfil de nuestra mexicanidad.
La actividad legislativa que nos honra a los que hoy integramos la presente Legislatura, de la manera que honró a las sucesivas generaciones de legisladores mexicanos desde el Constituyente de 1917, así como a todos sus antecedentes, representa el mecanismo mediante el cual la norma, permanente en su principio y esencia, se modifica en su meta y orientación, para adecuarse a la realidad histórica de cada etapa del acontecer nacional.
No es un capricho, es una necesidad ineludible la que tenemos los señores legisladores de hacer estos cambios.
Esto es así, porque ante todo nuestra Constitución es el medio por el cual determinamos los fines del Estado y se regula y orienta la participación de todos los mexicanos en la construcción del país. Esta construcción del país, este cumplimiento del proyecto de nación, es el fin supremo que ha aglutinar a nuestra pluralidad política, cuando trabajamos en este nuestro recinto legislativo.
Nuestra realidad no es estática e inmutable. Con mayor velocidad que los procesos físicos que de terminan los estados de la materia, el fenómeno humano está transformándose de manera continua y acelerada. Bajo esta condición la dinámica de la actividad social se traduce en la reforma constante como base de la existencia de nuestras instituciones republicanas, de los sistemas y de los medios con que cuenta la nación para superar los retos que en todos los ámbitos plantea este nuestro momento histórico.
Señores legisladores: en estos 76 años que han transcurrido desde el establecimiento del Congreso Constituyente de Querétaro, se ha mantenido con tesón y patriotismo la condición revolucionaria de nuestra norma suprema.
Hoy, como en 1917, legislamos para el cambio, no por moda o maniqueísmo, sino por necesidad histórica. Los legisladores del presente, como los de hace 76 años buscamos con imaginación y talento nuevos horizontes en bien de las mayorías de la población mexicana.
En el Poder Legislativo la libre discusión encuentra origen y fundamento en la Carta Magna, no puede suponer ataduras ni responder a dogmatismos, el fin último es y será responder a los intereses de las mayorías.
Los legisladores priístas somos uno de los grupos de mexicanos que al coincidir con momentos cruciales en el devenir histórico de la humanidad y con situaciones de renovación impostergables en el proceso de desarrollo de nuestro país, hemos aportado nuestro potencial intelectual y moral para superar el reto de ajustar nuestra concepción jurídica y social a los imperativos de nuestro tiempo.
Hoy, en el marco de la pluralidad política, validada por la sociedad y dispuestos al diálogo, estamos nuevamente, como en 1917, interpretando el sentimiento de nuestro pueblo para compatibilizar las aspiraciones colectivas con las posibilidades reales de desarrollo.
Por eso, nosotros los priístas consideramos que la legitimidad no puede ser patrimonio de un solo partido político; la legitimidad se da con el voto popular. Todos los que estamos aquí hemos llegado gracias a un voto popular y constituimos la LV Legislatura.
Nosotros no podemos aceptar que se cuestione aquí la legitimidad de por qué el cambio; la legitimidad la tenemos porque somos un poder, el poder constituyente, el constituyente permanente y tenemos la obligación, la necesidad y la obligación moral, insisto, de cambiar.
Entonces, no se vale aquí, que se venga a arrogar la postura de que la legitimidad es patrimonio de alguien en especial; es patrimonio de todos y cada uno de los mexicanos y de todos y cada uno de los legisladores que estamos aquí reunidos.
Con la pluralidad que caracteriza a la nación y a sus representantes, con la calidad moral que debemos tener todos nosotros, con honor republicano y con convicción vamos a seguir debatiendo en este espacio, confirmando con ello la vigencia incuestionable de los principios democráticos que alientan la Ley suprema de la nación. Gracias, señores.
El Presidente: - Gracias diputado.
ESTADO DE GUANAJUATO
El Presidente: - Para un asunto distinto, concedemos la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, del grupo parlamentario del PPS, para referirse a hechos ocurridos recientemente en el Estado de Guanajuato.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Con su autorización, señor Presidente:
El gobernador interino de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, participó hace unos días, el 30 de enero pasado, en un acto con el que culminó la llamada Peregrinación Nacional Juvenil, este acto se realizó en el Santuario de Cristo Rey, Cerro del Cubilite, en Guanajuato; participaron ahí también varios obispos, el de León, Guanajuato Rafael García González, el de Campeche, Carlos Suárez Cázarez, el de Papantla, Veracruz, Genaro Alamilla Arteaga y otros ministros de culto.
El marco jurídico es el siguiente; el artículo 130 de la Constitución en su inciso e, expresa: "Los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato o asociación política alguna; tampoco podrán, en reunión pública, en actos de culto o de propaganda, religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país o a sus instituciones" y sigue el texto; hasta ahí la parte relevante con relación al tema.
El artículo 3o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, estatuye: "El Estado mexicano es laico, el mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral pública y la tutela de derechos de terceros".
El artículo 29 de la Ley que invocamos señala: "Constituyen infracciones a la presente Ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere, fracción IX, convertir un acto religioso en reunión de carácter político".
La reunión a la que he hecho referencia tuvo esas características, fue un acto religioso y a la vez se le convirtió en una reunión de carácter político; por lo tanto se viola el precepto señalando, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y se viola de igual manera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 130.
En esa reunión se realizaron pronunciamientos de carácter político, crítica a las leyes; se habló del derecho de la Iglesia católica de exigir una apertura democrática en el área educativa y en el área política.
El obispo Rafael García González, criticó cualquier actitud de cerrarle a la Iglesia el terreno político, que esa conducta refleja y esto apareció entrecomillado en la información pública, residuos del pasado anticlerical.
El propio obispo García González criticó con actitud a la Carta Magna y expresó que no hay verdades únicas, que no hay verdades constitucionales, que tampoco hay verdades eclesiásticas.
El obispo Genaro Alamilla, con un muy largo historial político, siempre presente en la arena del debate político, sostuvo que la iglesia tiene el derecho y la obligación de participar en la integración del nuevo modelo educativo de México y advirtió que se reservan el derecho de continuar promoviendo la formación cívico - política de los mexicanos.
En tono desafiante expresó: "que nadie se espante cuando algún obispo hable sobre temas políticos".
No cabe duda que los actos realizados en el Cerro del Cubilete el 30 de enero, constituye violaciones constitucionales y a las normas reglamentarias citadas, porque en esa ocasión los obispos se asociaron en ese lugar con fines políticos; convirtieron un acto de carácter religioso en uno de carácter político y en reunión pública se opusieron a la leyes del país.
Nos parece pues, muy evidente que se incurrió en violaciones a la carta de Querétaro, de la que hace rato hablábamos en esta tribuna y a Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Por su parte, el gobernador interino de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, también incurrió en evidentes violaciones a la Constitución. El artículo 130 de la Ley Fundamental, reafirma la separación entre el Estado y las iglesias; el artículo 3o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público le da carácter laico al Estado mexicano y establece la obligación irrenunciable del Estado de ejercer su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva.
El señor Medina Plascencia es gobernador de un Estado de la República que debe estar separado de la Iglesia católica. El Estado mexicano es laico; es decir, no tiene ni religión oficial ni iglesia oficial; sus autoridades no pueden mezclar sus actos públicos con los actos públicos de alguna iglesia en particular, en este caso la Iglesia católica.
El Estado de Guanajuato no es un Estado independiente, ajeno a la República Mexicana, a la Constitución federal, a las leyes federales, sino que forma parte del Estado mexicano. En
consecuencia, su gobernador, primera autoridad ejecutiva, está obligado a mantener la laicidad del Estado, a preservar la separación de la Iglesia católica del Estado de Guanajuato y por tanto a no participar en su calidad de gobernador en actos públicos de dicha Iglesia.
Por otra parte, el gobernador, al tomar posesión de su cargo, protestó cumplir y hacer cumplir tanto la Constitución General de la República, como leyes que de ella emanan, además de la Constitución de la propia entidad.
Es evidente que el señor Mediana Plascencia participó como gobernador de Guanajuato en un acto público de la Iglesia católica, no fue como particular a ese acto público, por más que se trate de decir lo contrario, toda vez que en ese acto religioso pronunció un discurso político. Es evidente que un funcionario público que pronuncia un discurso político en un acto público religioso, está actuando como político, como funcionario y como particular, porque es imposible separar el discurso político del funcionario público que lo pronuncia.
Si el señor Medina Plascencia hubiera querido participar en la Peregrinación Nacional Juvenil, así se le llamó, hacia el santuario de Cristo Rey, en calidad de particular, de un simple católico, lo hubiera hecho así, como cualquier otro de los participantes, se hubiera abstenido de hacer pronunciamientos públicos en el terreno de los problemas políticos de la entidad y de la nación; pero no fue así, Medina Plascencia dio la bienvenida a los jóvenes peregrinos e hizo pronunciamientos en materia de política económica, en materia de política y haciendo críticas y expresamente opiniones y juicios en torno a una serie de problemas de carácter político de diverso tipo.
Por lo tanto, a nuestro juicio queda perfectamente tipificada la violación constitucional en que incurrió el gobernador interino de Guanajuato, por lo cual se hace acreedor a la aplicación de lo que la Constitución de la República señala en materia de juicio político, independientemente de otras violaciones de orden diverso en que parece haber incurrido el gobernador Medina Plascencia a la Constitución local de Guanajuato y a otros mandatos jurídicos federales y locales en materia presupuestal, en materia de asignación y manejo de recursos públicos, en materia de ejercicio de decisiones, funciones y atribuciones que no le concede ni le autoriza el marco jurídico vigente.
Por lo cual deseo señalar, compañeras y compañeros legisladores, que la fracción parlamentaria de mi partido promoverá juicio político contra el gobernador Medina Plascencia, en los términos de la leyes vigentes. Por lo que hace a las violaciones federales aquí, lo promoveremos aquí en esta instancia de carácter federal, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; por lo que hace a la violaciones de carácter local, lo haremos ante el Congreso local de Guanajuato.
Por otra parte, vale la pena añadir una reflexión más: Medina Plascencia es un gobernador de carácter interino. No voy a referirme al origen sumamente cuestionado de su interinato, de su designación, sino voy a tocar otro punto que también ha Estado ya en el escenario de la discusión pública, el del principio de la temporalidad de los cargos públicos.
La Constitución de Guanajuato ciertamente es omisa en este aspecto, no señala un plazo límite para el ejercicio de sus funciones a un gobernador interino; sí lo hace la Constitución de la República, sí lo hacen la mayoría de las constituciones del país, por lo que es válido el criterio de la analogía.
En General, el criterio establecido es no menos de 14 meses y no más de 18 meses, toda vez que estos funcionarios, quienes desempeñan un interinato, tienen específicamente la tarea de organizar las elecciones extraordinarias.
El Gobernador de Guanajuato del que venimos comentando, lleva 16 como interino. Esto significa que en términos de la regla general, en términos de la Constitución Federal y de la mayoría de las constituciones de los estados, debiera de quedarle un máximo de dos meses para mantenerse en el ejercicio de su función, y lo grave del caso es que hasta hoy no se ha convocado a elecciones. ¿Se trata de un gobernador interino? ¿Pretende durar todo el resto del periodo? Si así fuera, habría todavía otras cuestiones más que vienen a complicar el problema. Hasta hoy, que se sepa, el gobernador Medina Plascencia ni siquiera ha formulado, ni siquiera ha dado a conocer, de manera pública, si es que lo ha formulado, un programa de Gobierno, 14 meses de ejercicio sin programa.
En mucho, esto debe explicar los vaivenes, los atropellos a la normatividad jurídica, a la separación de poderes, al principio de separación de poderes, el manejo ligero de recursos económicos y muchas otras irregularidades graves en que ha incurrido. Es éste otro motivo de preocupación.
¿Cuándo se van a realizar las elecciones en Guanajuato? ¿Cuándo se va a restituir la normalidad constitucional en esa entidad? Quede aquí la interrogante como expresión de nuestra preocupación en esta otra vertiente del problema de aquella entidad. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias señor diputado. Concedemos la palabra para este asunto, al señor diputado Juan Luis Calderón, del PAN.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: - Gracias, señor Presidente, con su permiso; compañeros legisladores:
La actitud personal, las acciones del gobernador Medina Plascencia, vuelven a dar motivo y pretexto para que los diputados de la fracción parlamentaria más minoritaria, suban a esta tribuna.
Se refieren a los hechos y a la presencia del gobernador Medina Plascencia en palabras del diputado Amezcua, fue la peregrinación nacional juvenil al santuario de Cristo Rey, en el cerro del Cubilete en Guanajuato, en la que él mismo dice que con su intervención convirtió en un acto político, y que la presencia e intervenciones de los obispos ahí presentes, Alamilla por ejemplo, del que se quiere como experto ya en estas intervenciones, convirtió ese acto en un acto más que religioso en un acto político, en flagrante violación, no sólo a la Ley misma recién aprobada de asociaciones religiosas, sino a la misma Constitución.
Habría que discutir esto, si la intervención o las intervenciones de los señores obispos, primero fuesen congruentes o no con la postura de la Iglesia y su objetivo y misión como ministros del culto dentro de una Iglesia, y habría que recurrir a la doctrina social de la Iglesia católica, en cuanto a la participación de sus ministros, de sus sacerdotes en el ejercicio de su ministerio en la promoción de la justicia, en la promoción de los derechos de los feligreses mismos, de los miembros de la Iglesia e inclusive de los no miembros de la Iglesia.
Segundo, habría que analizar y en el mismo contexto, y en todo caso nos esperaremos a que el diputado Amezcua y los diputados de su grupo parlamentario, pues, cumplan la oferta o amenaza de la promoción del juicio político, y entonces lo discutiríamos ya en los términos si es o no materia del juicio político y de las violaciones que él tipifica.
Los discutiremos en ese momento y a fondo. Aquí habría yo nada más de hacer la observación:
Habría que revisar cada una de las homilías de todos los ahora ciudadanos curas de todas las iglesias, a ver si en cada una de sus intervenciones u homilías no están violentando la Ley de asociaciones.
Si el afirmar que existe pobreza, si el afirmar que hay injusticia; si el querer, como parte del pueblo, acabar con la injusticia, con el desempleo, promover acciones del Gobierno más justas y que generen justicia y que acaben con la miseria es violentar la Constitución, creo que cualquier ciudadano, cualquiera que sea estará de acuerdo en que la justicia, la justicia va más allá del derecho.
De las otras afirmaciones que hace, quisiera también precisar, comentar: El gobernador, la persona de Carlos Medina, no es el Estado. Y eso es ahí la discusión que dejaremos para el momento del juicio político anunciado. Cuándo, en qué momento se despoja o no se despoja de la investidura.
Y esto me trae a la memoria una discusión de un Colegio Electoral de hace ya algunos años, en el setenta y algo, en el que se discutió la procedencia de un acta circunstanciada levantada por un notario en una comunidad del VII distrito de Michoacán, Tacámbaro, y se acordó en el Colegio Electoral no aceptar por válida, no reconocer el acto del ciudadano notario por que no iba vestido como notario.
Aquello me recuerda esta actitud del diputado Amezcua, pues habrá que ver si el señor Medina Plascencia iba o no vestido de gobernador. En qué momentos sus actos son o no son, o dejan de ser o sus actos personales son los actos del Estado.
Señor Amezcua, esto es una reducción al absurdo, él pretende que si el señor se persigna con la mano derecha está persignando las acciones del Estado.
De las últimas afirmaciones y aseveraciones que hace, sobre las posibles acciones o promociones de violaciones a la legislación local, por malversación de fondos, mal ejercicio de los recursos, hagan las promociones, hágalas, no vengan aquí a platicárnoslas, señor.
Si se habla, y al PAN ha denunciado malversación de fondos en el ejercicio del poder de los funcionarios emanados del PRI, se han convertido en normas los actos de corrupción y todos los días aparecen notas; si hubiesen los actos de corrupción a los que pudiera haberse referido el
diputado Amezcua, seguramente pudieran ser una excepción, y estoy cierto y seguro que no son tales, pero invito a que hagan las promociones.
De su afirmación de la aplicación análoga de las legislaciones de otros estados y llevarlas al de Guanajuato, pues creo que legalmente es improcedente, no hay analogías; no pueden darse un acto análogo cuando la Ley misma del Estado de Guanajuato no prevé.
No es, en última instancia, el gobernador Medina Plascencia, quien debe convocar a las elecciones extraordinarias. Sí está previsto en la legislación de Guanajuato, que quien debe convocar a elecciones es el Congreso del Estado, que no es de mayoría panista, así que habrá que decirlo, quienes no han convocado a elecciones extraordinarias en Guanajuato es la mayoría priísta.
Diputado Amezcua pues lo invito a que haga uso, si gusta usted, de las promociones a las que hizo mención.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua en términos del artículo 102.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Nos dice el señor diputado que no sólo los obispos que estuvieron ahí en el Cerro del Cubilete actúan más allá de lo que la Ley les permite que no solamente ellos, por lo que hace a los ministros de la Iglesia católica, se salen de lo establecido por las leyes, sino que lo hacen todos, los ministros de culto de esta iglesia en sus homilías. Que grave afirmación.
Nos dice que todos ellos en sus sermones violan la Constitución. Que grave que venga y lo diga aquí en esta tribuna.
Lo habíamos dicho nosotros, los del PPS, que así iba a ocurrir. Cuando se estaba reformando el 130 habíamos señalado que tiene esa característica el clero, que no se conforma, que obtiene concesiones exige más. Ahora lo reconoce el señor diputado del PAN y así está ocurriendo y que ésta es la norma de conducta, sin duda nada ética, de estas personas.
Nos dice que hablan de miseria, de pobreza, de desempleo, de injusticia, bien, ese es un mensaje correcto, ese es el mensaje del PPS. No hemos recibido las solicitudes de afiliación de todos estos ministros de culto. No hemos examinado si desean ingresar a este partido para luchar en defensa de los intereses del pueblo y encontrar de los explotadores del pueblo. No hemos recibido ninguna solicitud, habría que valorarla.
Pero en todo caso, en el partido, y creo que en cualquier otro partido político y cualquier otra fuerza seria, sólo se admite la afiliación y la participación en la vida política de quien reúne los requisitos constitucionales para hacerlo.
Esa es nuestra lucha, reunimos lo requisitos constitucionales. Demandamos que se cumpla también con ese precepto, con ese mandato por parte de todo el que quiera incorporarse a la lucha revolucionaria. Bienvenidos, pero dentro de la Ley y dentro de la Constitución.
Nos dice que habría que examinar el derecho canónico para ver si está violando o no la Constitución. Que yo sepa el derecho canónico no forma parte de la Carta de Querétaro.
Nos dice, por último, que resulta absurdo tratar de definir en qué momento el gobernador acude a un acto religioso como gobernador y en qué momento lo hace como persona privada, que tal vez, si se persigna con la derecha es señal de que actúa de una forma y si lo hace con la izquierda es señal que lo hace de otra manera. Que tal vez si va vestido como notario no vaya como gobernador y si va vestido como gobernador entonces no vaya como notario.
No, no es problema de tantas disquisiciones, yo lo puntualicé con mucha precisión. Estuvo en un acto religioso y pronunció un discurso político. Actuó como funcionario político, así de claro está el asunto, no hay para que dar tantos brincos cuando andamos en un suelo muy parejo.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Víctor Orduña Muñoz.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: - Con su autorización, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Realmente cada que sube el diputado Cuauhtémoc Amezcua no deja a mí de admirarme la temeridad con que aveces asevera cuestiones que ni ha visto y que creo que solamente le han contado. En el caso concreto yo le preguntaría, ¿cuál es la fuente de su información cuando afirma concretamente que en el discurso político se dijo y se hizo o que en la peregrinación de los jóvenes al Cubilete se pronunció un discurso eminentemente político? Yo le quiero preguntar si usted tiene ese discurso eminentemente político, si usted estuvo ahí también, porque en
el caso de que haya estado, bueno, con sus mismos considerandos nosotros ampliaremos el juicio político a su persona.
Por otro lado, viene usted aquí a dar indicaciones a los católicos sobre la forma en que deben de conducirse. Si en un acto de culto tendrán que decir o no determinadas palabras. No, diputado Cuauhtémoc, eso está lejos de que usted lo pudiera decir y muy lejos más de que los católicos pudiéramos aceptar sus recomendaciones.
Dice usted que no han recibido solicitud de los ministros de los cultos religiosos para afiliarse a su partido, pues evidentemente que no, ni la recibirán, si no la reciben del resto de los ciudadanos, imagínese usted si la van a recibir de los ministros del culto religioso.
Por otro lado, déjeme decirle algo, diputado Amezcua. Los mexicanos tenemos el derecho de manifestar nuestra creencia religiosa en privado o en público, porque así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos; aun cuando no fue consagrado así en la Ley de Cultos, tiene una aplicación mucho más amplia la Declaración Universal de Derechos Humanos que México como país ha firmado y que de acuerdo a nuestra Constitución también forma parte de nuestro derecho vigente.
Por ello, diputado, si fue el gobernador Medina Plascencia a ese acto, yo quisiera que leyera usted incluso los periódicos o que oyera los noticieros.
Hubo un noticiero en el que el señor Medina Plascencia manifiesta: "Estoy aquí en esta peregrinación en mi carácter, en mi carácter, de Carlos Medina Plascencia", nunca dijo de gobernador; y en el discurso tampoco fue a decir que iba a proponer que se fusionara la Iglesia con el Gobierno del Estado de Guanajuato. Bueno, pues eso es risible que pudiera decirlo, diputado, no sé realmente en qué pueda sustentar su juicio político, pero le aseguro que nos dará mucho gusto el poderlo conocer y poderlo controvertir.
Por otro lado, habla usted de que es un gobernador interino que no ha convocado a elección. Le decía mi compañero, nosotros no controlamos la mayoría del Congreso y no sólo eso, sino que le digo, le falta información, los representantes de los partidos políticos en el Congreso firmaron un acuerdo con el propósito de hacer una nueva Ley Electoral que sirva de marco a las próximas elecciones. Lamentamos si ustedes no tienen representantes en el Congreso local que les mantengan informados, pero ésa es la situación única y exclusivamente, diputado. Y yo le ruego, yo le sugiero que no venga aquí a darnos recomendaciones a católicos que nunca aceptaremos de su parte.
El Presidente: -Para rectificar hechos, el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -En nombre de todos los católicos de este país que deben ser algo así como alrededor de 70 millones, el diputado Orduña nos ha venido a hablar. Yo le pido que nos muestre su poder, dónde le han otorgado poder los 70 millones de mexicanos para venir a hablar a nombre de ellos, los 70 millones de mexicanos católicos. Francamente se excedió, como se excedió en muchas otras cosas en su intervención.
Pero además creo que ni siquiera puso atención a lo que dije y que usted trató de replicar. No, no en modo alguno estoy aquí tratando de dar consejos, orientaciones o indicaciones a los católicos. No es ese mi papel, yo no soy ministro de cultos. Si yo lo fuera, yo lo ejercería, seguramente, con mucha responsabilidad si esa fuera mi vocación y esa fuera mi tarea. Y no andaría yo mezclando mi tarea de guía espiritual con mi tarea de político, como no mezclo ahora mi tarea de político con la de guía espiritual. Y justamente eso es lo que estoy demandando, que los funcionarios actúen como tales, que los funcionarios públicos católicos o no, panistas o no, con muchos votantes atrás o no; usted cuestiona el número de solicitantes de afiliación que tenga mi partido. Yo le diría que son mucho más que los que hayan votado por gobernador para Medina Plascencia, muchísimos más, con varios ceros más; porque no fue votado por nadie, fue designado así, por un solo dígito, así como la inflación de este año. Venimos a demandar que se cumpla con la Constitución, así de simple y llanamente; ésa es nuestra exigencia; las leyes de nuestro país merecen respeto. Muchas gracias.
El Presidente: -Para rectificar hechos, el diputado Víctor Orduña, del PAN.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: -Bueno, realmente el diputado Cuauhtémoc cree que cada que sube a la tribuna trae hechos nuevos. Pues no es cierto, diputado. Para nadie es desconocida la forma en que Carlos Medina asumió la gubernatura. Bueno, el Congreso local se reunió y el Congreso local decidió quién debía ser o no gobernador.
Si usted tiene un interés marcado en los dígitos o en el índice o en quien usted quiera, reclámele
a él, no le reclame a la gente en quien decayó una designación del Congreso. ¡No! Sea usted respetuoso también de los poderes locales: no les diga dígito que lejos están de serlo.
Por otro lado, yo le dije en mi carácter de católico y por los católicos no aceptaríamos algo, alguna recomendación de alguien que no sé si lo sea o no lo sea, diputado Amezcua. Sería una pregunta interesante que hacerle, usted que habla tanto del catolicismo.
Y yo le digo, por otro lado, el gobernador Medina Plascencia está como lo están todos los gobernadores de este país, como lo están todos los diputados, como lo están todos los senadores, de acudir a manifestar su fe. Y no van a ponerse un letrero en el que diga: "En este momento me estoy desprendiendo del cargo público que tengo para que el señor Cuauhtémoc Amezcua no vaya a instruirnos un juicio político".
No estamos dispuestos a que nos instruya usted juicios políticos y vayamos haciendo el machote porque creo que tendrá muchos que presentar. Gracias.
CÁMARAS EMPRESARIALES
El Presidente: -Para otro asunto, tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, del PRD, para referirse a la colegiación obligatoria en las cámaras empresariales.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores:
Desde hace ya varios días, pero con antecedentes de debates a lo largo de años, se debate en las organizaciones empresariales en torno a la obligación de pertenecer a ellas. Incluso, en julio del año pasado, se le concedió el amparo y protección de la justicia federal al señor Manuel García Martínez, en contra del artículo 5o. de la Ley de las cámaras de Comercio y de las Industrias.
La razón del otorgamiento del amparo, es que ese artículo, se estimó, es violatorio del 9o. constitucional, referido a la libertad de asociación.
En nuestra opinión, dicha resolución de la corte, resulta de trascendental importancia para la vida democrática del país, porque hace claridad sobre una Ley que integra los intereses de industriales y comerciantes de manera, estimamos, corporativa y antidemocrática.
La propia exposición de motivos de esta Ley, fundamenta estas afirmaciones. El 4 de febrero de 1941, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión conoció la iniciativa de Ley de las cámaras de Comercio y de las Industrias, enviadas por Manuel Ávila Camacho. Esta iniciativa busca modificar la Ley del 18 de agosto de 1936 y establece o ubica a las cámaras industriales y de comerciantes dentro de las instituciones del derecho público. Las considera organismos públicos auxiliares del Estado, con funciones de representar los intereses generales del comercio y de la industria y servir como órganos de consulta para el Estado.
Esta obligación ha traído consecuencias políticas y jurídicas muy importantes, porque fue añadida la obligación específica de pertenecer a esas cámaras e incluso la facultad de la autoridad para establecer sanciones a quienes violaran la disposición de pertenecer a una Cámara que suponía autónoma y representativa de intereses específicos de grupos empresariales.
Uno de los aspectos, que no quisiera extenderme en ellos, es la separación de las cámaras de Comercio y de las cámaras de la Industria. Pero el otro elemento que quisiera destacar ante ustedes es que en fecha muy temprana hubo ya cuestionamientos a esta obligatoriedad de la pertenencia a las asociaciones de referencia.
Particularmente a partir de que se iniciaron las negociaciones para el ingreso de México al GATT, y posteriormente, en el marco ya de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ha habido grupos de empresarios, particularmente empresarios medianos y pequeños, hablando a nombre propio y sin ningún vínculo con organización política alguna, que han expuesto posiciones críticas respecto a la forma como fueron conducidas en algunos puntos las negociaciones de adhesión de México al GATT, y posteriormente las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio.
Sin que medie ningún vínculo de carácter político entre nuestro organismo político y una organización empresarial que voy a citar, ha habido ya tomas de posición de la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación, que es un organismo autónomo, repito, sin ninguna vinculación con nuestra organización política, sobre elementos que competen a la política económica gubernamental, la de gasto público y la de apertura comercial, que consideran lesivos para los intereses de sus agremiados.
Y más aún: ha habido tomas de posición, públicas, de distintas organizaciones regionales y
sectoriales, algunas de ellas que se expresaron en foros de consulta del Senado de la República, donde lo expuesto por esos organismos empresariales autónomos, distintos a los que establece de manera obligatoria la propia Ley, eran en una dirección diferente a lo que era la toma de posición a favor de políticas económicas de apertura y de ajuste estructural que las direcciones de los organismos empresariales habían ya expuesto.
Particularmente ha sido motivo de cuestionamiento de grupos empresariales, principalmente medianos y pequeños, el que la inscripción sea obligatoria, el que sea necesario el pago de ciertas cuotas destinadas al mantenimiento de las cámaras respectivas y otros puntos.
Uno de los elementos que ha agudizado esta discusión, es particularmente que en fecha reciente se ha renovado la exigencia de distintos grupos empresariales, comerciantes e industriales de lo establecido en el artículo 5o. y en el artículo 6o. de esta propia legislación.
Y en distintos momentos, y en ello quisiera hacer hincapié precisamente por la condición federal de nuestra República, no solamente grupos de empresarios por rama o sector, sino también fuertes organismos regionales ha cuestionado la representatividad.
Otro motivo que ha sido motivo de preocupación y que dio origen a un debate en el Estado de Michoacán, es el hecho que directivos de organismos patronales con inscripción obligatoria, organismos patronales regidos por la Ley en cuestión, repito, y en donde la incorporación de grupos de empresarios es obligatoria, han asumido o han jugado roles políticos en procesos electorales determinados, particularmente son motivo de preocupación de un segmento importante de la ciudadanía michoacana, la participación de dirigentes empresariales en su carácter de dirigencias empresariales y no de simples ciudadanos en procesos políticos.
En otros casos ha habido críticas y cuestionamientos publicados muy recientemente en órganos de prensa, sobre el alto porcentaje de ingresos que para numerosas microindustrias y empresas pequeñas representa el pago de la cuota anual de afiliación a estos organismos patronales.
El Ejecutivo, a través de sus dependencias administrativas, resuelve el tipo de cámaras de industria que deba autorizar en cada caso, determina qué actividades se encuentran comprendidas dentro de una misma rama industrial y cuáles también quiénes tienen la calidad de comerciantes o industriales para los efectos de esta Ley y resuelve en casos dudosos a qué Cámara debe pertenecer determinada empresa. Además, el Ejecutivo ha asumido facultades de intervención en materia de aprobar las bases de cotización de los grupos empresariales; impone multas la autoridad y no la asociación, a los comerciantes e industriales que manifiesten alterados los informes para fijar sus cuotas de registro a quienes no hubiesen cumplido con la obligación de inscribirse. Decide además la propia autoridad a quién se confieren las tareas de consulta o de concurrencia en aspectos de carácter económico; señala la forma y términos en que deberá constituirse la Cámara; autoriza la creación de cámaras genéricas; aprueba la constitución de la Cámara y sus estatutos y está facultada la autoridad para solicitar convocatoria a la Asamblea general de socios activos y en su caso convoca por medio de la Secretaría respectiva; acuerda la fundación de delegaciones de las cámaras y resuelve sobre la disolución de las cámaras.
Esas características y otras, muestran más que suficiente que los comerciantes. los empresarios, no tienen plena libertad para constituir sus organizaciones representativas de manera autónoma.
En un período, como el que hemos vivido en los últimos 10 años, donde se habla reiteradamente de desregulación y de desmantelamiento de controles estatistas y autoritarios, resulta una incongruencia que en lo que se refiere a los derechos específicos de grupos empresariales, se mantenga este tipo de intervenciones estatales en formas internas de organización de los grupos empresariales.
El grupo parlamentario del PRD, respetuoso de la autonomía de las organizaciones empresariales y sin que tenga esto ninguna connotación de carácter político, coincidimos con recientes expresiones de grupos empresariales, principalmente medianos y pequeños, en el sentido de ejercer plenamente su libertad de asociación. Y pensamos que además de lo que pudiera proponerse, vía un consenso y un diálogo con organismos empresariales diversos y una concertación multipartidaria, independientemente de una eventual reforma o modificación del artículo 5o. y 6o. de la Ley en la materia, debiera ser objeto de una reflexión en la Cámara de Diputados y
la Cámara de Senadores, la necesidad de la expedición de una nueva Ley en la materia que, por un lado, mantenga la obligación del Estado, particularmente del Ejecutivo Federal, de la consulta con organismos empresariales representativos y autónomos y, por otro lado, faculte a los grupos empresariales para mecanismos ágiles y diversos en materia de su organización.
Pensamos. por tanto, que las organizaciones representativas de industriales y de comerciantes deben ser ante todo instituciones de derecho privado fundadas en el principio de asociación y que ningún industrial y comerciante debiera estar obligado a pertenecer de manera corporativa y menos aún con sanciones gubernamentales, en caso de no hacerlo, a un organismo representativo determinado. Por otro lado sostenemos que los industriales y comerciantes deben tener la libertad para decidir el tipo de organización a quien desea participar sin que se les imponga una división en cámaras específicas con decisiones gubernamentales previas y, por otro lado, ningún comerciante o industrial debiera estar obligado a cotizar a una Cámara de la que no sea, socio activo.
El Estado congruente con el principio de respeto a la autonomía de diferentes sectores de la sociedad mexicana, en este caso los empresarios, no debieran tener intervención específica, sino sólo aquella que es la normatividad para aplicación de la Ley, pero no debiera tener intervención específica activa en la organización y funcionamiento de las organizaciones de comerciantes e industriales.
Estos puntos que pueden parecer aspectos estrictamente de carácter legal o de técnica jurídica, importa porque México está inmerso en un complejo proceso de relaciones económicas internacionales y se avecina, tal como lo discutíamos al inicio de esta sesión de la Comisión Permanente, nuevas negociaciones, se anuncia ya las negociaciones con Colombia y Venezuela, negociaciones específicas con Centroamérica y El Caribe, posiblemente el Acuerdo General de Aranceles y Comercio pueda terminar en un marco específico de acuerdos que exija la participación, el diálogo con órganos legislativos del Poder Ejecutivo de organismos empresariales específicos y ha sido una crítica reiterada de organismos empresariales autónomos distintos a las cúpulas empresariales, que sus puntos de vista no han sido atendidos; por ello es que la libertad de autonomía de organismos empresariales es mucho más que un problema puramente de carácter jurídico, tiene que ver con el espectro de la pluralidad de distintos sectores y grupos sociales en el debate y el diálogo político nacional y en la defensa de los intereses específicos. Nosotros pensamos que una política económica alternativa basada en la recuperación del ingreso y del empleo, en el crecimiento de la inversión pública y en el fortalecimiento del desarrollo económico interno, es del interés de los obreros, de los campesinos y de los auténticos, medianos y pequeños empresarios y que un adecuado equilibrio entre las diferentes regiones y los diferentes sectores productivos, pueden permitir una recuperación económica sostenida donde todos los sectores sociales, en este caso el empresarial, puedan ser efectivamente beneficiados de este crecimiento.
De ahí pues que ante un escenario tan complejo como el que se avecina en los próximos años, ante la necesidad de que los grupos empresariales tengan, repito, exentos de connotación política, su propia facultad de intervención, decisión y representación, y ante el hecho de que las cúpulas empresariales no pueden ser consideradas como adecuadamente representativas de los intereses de todos los agremiados, en virtud de que es extremadamente heterogénea la composición de los grupos empresariales, que consideramos de manera genética conveniente, la modificación del artículo 5o., 6o. y en su momento presentaremos la propuesta pertinente en diálogo con otras fracciones parlamentarias, pero además consideramos que debiera hacerse un esfuerzo no como facultad autónoma, aunque legalmente pudiera hacerlo, pero no como facultad autónoma de expedición de una nueva Ley en la materia, sino en un diálogo activo y permanente, con todos los sectores empresariales involucrados tanto los que están en las cámaras oficialmente reconocidos por la autoridad por la autoridad federal, como por otros sectores productivos agrupados de distintas formas; de tal manera que lleguemos en un tiempo pertinente a un mecanismo de representación empresarial que sea congruente con las aspiraciones y derechos de una libre asociación y defensa de sus intereses y creemos que en esto es válido hacer una convergencia de intereses nacionales en la defensa de nuestro desarrollo del país. Muchas gracias.
El Presidente: -Señoras y señores legisladores, quiero informar a ustedes que para formular consideraciones respecto a este asunto, se han registrado ya varios compañeros legisladores, el diputado Víctor Orduña, el diputado Alberto Carrillo, el diputado Carlos Cantú Rosas y el diputado Javier Garduño Pérez. Concedemos la palabra a señor diputado Víctor Orduña, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: -Es indudable, señores, que muchas de las leyes que tenemos en México, requieren cambios profundos.
Y precisamente en estos tiempos de cambio y debido a la dinámica comercial y económica que nuestro país está sufriendo, se hace necesario y ya es un clamor nacional el que los comerciantes e industriales residentes en México cuenten con una Ley de Cámaras acorde con los tiempos actuales, porque la existente data de la época del Presidente Manuel Ávila Camacho y por lo tanto es ya inoperante y en muchos de los preceptos, en especial los que aquí vinieron a tratarse, son francamente anticonstitucionales y violatorios a los derechos humanos.
Los artículos 5o., 6o., y 7o. de la Ley de Cámaras de Comercio, establece que todos los comerciantes e industriales tendrán la obligación de afiliarse a alguna Cámara. Este es un artículo que se contrapone evidentemente al artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su fracción II, "nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación", primera violación.
Segunda, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 16, establece: "Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales y culturales, deportivos o de cualquier otra indole". Nótese, dice "asociarse libremente".
El artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: "Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con los...", hecho que no sucede con la actual Ley de Cámaras de Comercio, que establece la obligación de inscribirse a estas cámaras, so pena de ser sancionado por las autoridades.
Que quede claro que no estamos en contra del registro ante órganos gubernamentales, porque esto permite a las autoridades ejercer un control estadístico de todo aquel que se dedique a cualquier actividad lícita, pero sí estamos en contra de la afiliación forzosa a una agrupación particular, aunque ésta esté autorizada por el Gobierno para ejercer su actividad.
En Acción Nacional coincidimos con todos aquellos que piensan que la afiliación a las distintas cámaras debe ser voluntario. Por ello, creemos que los artículos 5o., 6o. y 7o. de la Ley de Cámaras de Comercio, necesariamente tendrán que ser modificados, tendrán que ser revisados y en su caso derogados, para quitar esta obligación forzosa a la afiliación a las cámaras.
Por otro lado, para nadie es desconocido ya el reclamo de los afiliados a las diferentes cámaras de Comercio e industriales, por las altas cuotas que se cobran y por el manejo que, se dice, se hacen en esas cámaras.
En tales condiciones, señores, propondremos nosotros en breve tiempo a esta Asamblea, a la consideración de esta Asamblea y en su oportunidad del Congreso en general, una iniciativa de reformas a la Ley de Cámaras de Comercio, y muy especialmente a lo que se refiere a los artículos ya mencionados porque consideramos que en estos momentos resultan anticonstitucionales y violatorios a todos los pactos internacionales suscritos por México, en los que se consagran los derechos humanos. Muchas gracias.
El Presidente: -Se concede la palabra ahora al señor diputado Alberto Carrillo, del PFCRN.
El diputado Alberto Carrillo Armenta: -Señor Presidente. Es obvio que la reforma económica ha impuesto nuevos esquemas, desde regulación y privatización, de importantes sectores y ramas productivas.
La política económica de ahora, otorga un papel preponderante al capital privado no sólo nacional, sino extranjero. Lo importante ahora, de acuerdo con el diagnóstico oficial, es la flexibilización de ordenamientos legales, leyes, reglamentos, decretos, que modifican los pivotes sobre los que en otros tiempos descansó la actividad económica nacional. Lo hemos visto y somos actores en este proceso.
corporativas para manejar la dinámica del proceso económico.
En este contexto, pareciera un contrasentido la intención de flexibilizar la adscripción obligatoria a las empresas de las cámaras industriales.
Pero desde nuestro punto de vista, el problema de fondo no es en la obligatoriedad que tienen las empresas de inscribirse a las cámaras industriales, con el fin de que éstas representen sus intereses y actúen como interlocutores ante las instancias gubernamentales; no es tampoco la cuota, su cotización en cada uno de los organismos cúpula de la industria, no es lo determinante en esta discusión; el problema desde nuestro punto de vista, el problema de fondo, no es ni la obligatoriedad ni mucho menos las cuotas el elemento central, es la toma de decisiones en las cámaras industriales, sus procesos antidemocráticos para elegir sus representantes y para la integración de sus órganos de Gobierno o sus consejos de administración.
Además de esto, otro problema central es la toma de posición que los organismos cúpula tienen ante los diferentes acuerdos sectoriales y pactos que el Gobierno Federal propone. Es claro que en su mayoría las cámaras industriales acuerdan con el Gobierno Federal sin consultar a sus bases, a la mayoría de los miembros, con el riesgo permanente de afectar sus intereses y debilitando la coordinación necesaria, sectorial, de la industria nacional. Ante esta situación, creemos que la adscripción de las empresas industriales a una cámara industrial es necesaria; lo que debe cambiar son sus métodos, sus métodos de elección, que deben ser más democráticos en su administración, su gestión y su interlocución con el Gobierno Federal. De otra manera, estaremos avalando el manejo corporativo de las cámaras industriales y sectores importantes de nuestra economía, sin que consulten a sus bases y sin que conozcan o expresen cuáles son sus verdaderas necesidades, sus requerimientos y sus limitaciones.
Pero también debemos recordar que las cámaras industriales son organismos de representación y gestión, pero sobre todo también son de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
La flexibilización de la Ley de Cámaras Industriales debe tener sentido y prioridad, no desprotegiendo a las micro y pequeñas y medianas empresas, articulando estas empresas a verdaderos organismos de representación industrial, en donde se tomen acuerdos de manera democrática, y por lo tanto sean instancias de gestión y representación real.
Estos organismos industriales cobrarán cada día mayor importancia en un contexto de apertura y en que las empresas más débiles necesitan de organismos de interlocución, no sólo con el sector oficial, sino incluso con organismos y empresas internacionales.
En todo caso, desde nuestro punto de vista, lo que se requiere es revisar la Ley para que ésta garantice democracia interna y verdaderamente representatividad de cada sector, verdadera representatividad.
Los industriales en lo particular deben de actuar en consecuencia, deben de alcanzar la madurez y deben de asumir su responsabilidad como actores sociales muy importantes en estos momentos. Gracias.
El Presidente: -se concede la palabra al señor diputado Carlos Cantú Rosas, del PARM.
El diputado Carlos Cantú Rosas: -Señores legisladores, señor Presidente:
En el transcurso de los últimos tiempos, no solamente a través de los medios de difusión que en el país existen, sino también en comparecencias que en nuestras instituciones políticas han tenido algunos grupos, hemos podido percibir con absoluta claridad una serie de irregularidades que prevalecen en los distintos organismos que se han llamado los propietarios de la capacidad y de la voluntad de aquellos que son sus agremiados, en este caso específico de comerciantes, de industriales y otra serie de sectores e individuos en lo particular, integrantes de diversas actividades, que en forma voluntaria, como lo establece el artículo 5o. y 9o. de la Constitución General de la República ejercitan su facultad y autodeterminación espontánea, para pretender coaligarse con agrupaciones de su gremio, y pretender lógicamente defender sus intereses.
Sin embargo, se da el caso que a partir del año de 1941, mediante una publicación en el Diario Oficial de fecha 26 de agosto de ese año, el Presidente en aquel entonces de la República, el general Manuel Ávila Camacho, aprobó, publicó, difundió la Ley de las Cámaras de Comercio y de las Industrias.
La Ley de las Cámaras de Comercio y de las Industrias, en sus artículos correspondientes, identificados con el número 5o., el número 6o. y el número 7o., establecen como una actitud.
obligatoria que a consecuencia de la no ejecución traería sanciones económicas y pérdida de derechos, la obligación para sus agremiados de estar integrados a estas cámaras, a pena de no poder realizar las actividades para las cuales están orientadas todas y cada una de las profesiones que ahí se conjuntan.
Los artículos 5o. y 9o. constitucionales, otorgan a los ciudadanos el derecho de elegir profesión y oficio, y dentro de este marco está consagrada también su libertad de asociarse o reunirse pacíficamente con un objeto lícito.
La Constitución, y nadie podría encontrar divergencias en esta expresión, es la norma fundamental de la que emanan las demás reglas del derecho, sin olvidar el viejo principio señalado en esta tribuna con mucha frecuencia, de que lo que la Ley no prohibe, consecuentemente lo permite.
El Código de Comercio donde se sustenta el derecho mercantil, establece que los comerciantes tienen el derecho a agremiarse para la defensa de sus comunes intereses. De este mismo marco legal se deriva la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece que los integrantes de algún gremio puedan agruparse en colegios o asociaciones para la defensa de sus intereses comunes, y para las mejoras de su gremio.
De estas ramificaciones del derecho mercantil, se han derivado las reglas de asociación o agrupación de empresarios, patrones y comerciantes establecidos, e incluso los inversionistas se rigen por el derecho mercantil como fuente supletoria para las bases de su agremiación.
De lo anterior, podemos desprender que la posibilidad de comerciantes, industriales, patronos, empresarios e inversionistas, para asociarse o colegiarse, más que una obligación, es un derecho; es decir, pueden optar por agruparse o abstenerse de hacerlo, ya que existen codificaciones y reglamentos adyacentes al derecho mercantil, al derecho de sociedades mercantiles y al derecho patronal y de inversiones, que establecen los derechos y obligaciones tanto individuales como gremiales.
Por lo tanto, hablar o proponer una colegiación obligatoria, más que pensar que es excesiva como medida de autoridad, puede resultar inconstitucional por las siguientes razones: los empresarios, desde el punto de vista mercantil se consideran como comerciantes, desde el punto de vista laboral son patrones, y desde el punto de vista de la legislación de inversiones, asumen la actitud de industriales, comerciantes, fabricantes o distribuidores, y dentro de los lineamientos de cada legislación, están contemplados mecanismos de agremiación, para cumplir formulismos de su medio, para librar obligaciones fiscales y para defender sus intereses comunes, ya sea ante autoridades o con organizaciones afines, pero siempre la colegiación es más una opción que una obligación.
Si la colegiación obligatoria es propuesta por el Gobierno, puede provocar suspicacias, porque el sector público estaría entrado en la esfera del derecho privado, y ni siquiera hablando en aras del interés social se justificaría el exigir una colegiación como un requisito previo a desempeñar una profesión, oficio, actividad, pues se violentaría la garantía constitucional, que establecen los artículos 5o. y 9o. de la Ley invocada.
Si la colegiación la propusiera el Poder Legislativo, también se vulneraría el derecho constitucional que tienen los particulares, para optar por asociarse libremente. En consecuencia, el efecto de obligar a un grupo o a un grupo a asociarse, en lugar de ser una ventaja sería un obstáculo que condicionaría de antemano el ejercicio libre de su vocación o de su trabajo.
Finalmente, nos asalta una suspicacia al respecto: proponer una colegiación obligatoria a cualquier sector, en lugar de ser una medida saludable, supondría cierta tendencia intervencionista y fiscalizadora el Estado, que en lugar de dar un margen de libertad, limitaría el ejercicio de cualquier actividad humana, por el simple perjuicio de indagar qué es lo que determinado sector de la sociedad realiza internamente, lo que equivaldría a legalizar una medida inquisitorial.
el PARM, considera injustificable que cualquier autoridad o cualquier otro sector social pretenda implementar semejante clase de medida, para obligar a otro sector a colegiarse, con la simple finalidad de manipular o condicionar la actividad o limitar sus intereses.
Esta es la posición del PARM, y en su momento, conforme a las facultades que se nos otorgan, habremos de presentar el proyecto de reformas correspondientes, para que se declare inconstitucionales estos artículos, señalados por la Ley correspondiente a la Ley de Cámaras de Comercio y de las Industrias, y en su momento habremos de prestar la solicitud de reformas. Muchas gracias.
El Presidente: -Se concede la palabra al señor diputado Javier Garduño Pérez, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Javier Garduño Pérez: -Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
La Comisión de Comercio durante el año de 1992, en tres diferentes ocasiones, hemos recibido en dos reuniones para atender solicitudes que nos hicieron las Cámaras de Comercio e Industria de Veracruz, la Cámara de Turismo y de Comercio de Naucalpan, y una organización independiente, Procéntrico. Con esta última ha quedado pendiente la reunión, a solicitud de los propios promoventes.
Sin embargo, en las dos reuniones se han tratado diversos asuntos de gran relevancia, tanto para sus representantes como para nuestro propio país. Y, desde luego, que ha venido a tratarse también el tema de la obligatoriedad de pertenecer a dichos organismos.
Hemos advertido en esta pequeña muestra, opiniones en favor y opiniones en contra, lo que nos lleva a suponer que no hay un movimiento generalizado en alguno de los dos sentidos. Sin embargo, reconocemos la importancia que tiene el tema, por lo que reiteramos nuestra posición priísta de abocarnos al análisis profundo y contar con la apreciación de todos los sectores de la industria y del comercio nacionales, porque estamos convencidos de que esta Ley de Cámaras de Comercio e Industrias definitivamente ha sido rebasada por el tiempo, como muchas otras legislaciones que se han legislado atendiendo a las situaciones de su momento, esto es, cuando la política económica de nuestro país estaba orientada hacia una economía de crecimiento hacia adentro o de su sustitución de importaciones.
En fin, nosotros consideramos, señor Presidente, señores legisladores, que desde luego quisiéramos que se aprobara para que en su momento cuando las diversas fracciones parlamentarias de esta LV Legislatura pues tenga sus proyectos para que los estudiemos, los analicemos y podamos hacer una reflexión profunda para precisamente conocer la opinión global, la opinión general de todos los productores de este país y los prestadores de servicios. Muchas gracias, señor Presidente.
ESTADO DE MORELOS
El Presidente: -Gracias, señor diputado. Para referirse a los valores catastrales en el Estado de Morelos, concedemos la palabra ahora al señor diputado Juan de Dios Castro, del PAN.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: -Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Será una intervención muy breve, me hago portavoz de los reclamos de los habitantes del Estado de Morelos, por las decisiones gubernamentales recientemente tomadas en ese Estado.
Miren ustedes, en el mes de diciembre de 1992, la Legislatura local hizo modificaciones al artículo 170 de la Ley General de Hacienda del Estado, acertadamente no para incrementar, sino para disminuir las tasas de aplicación del impuesto predial en sus valores máximo y mínimo, del 7 al 3 y del 5 al 2 al millar, respectivamente.
A simplemente vista, cualquiera diría que una decisión de esta naturaleza favorece únicamente al sector de particulares que son propietarios y que no es una medida propiamente popular y que beneficia el reducir los valores catastrales por parte de la Legislatura local, beneficia a los que a veces despectivamente se llaman casatenientes.
Pero quiero decirles, señoras y señores, que decisiones de esta naturaleza son decisiones de tipo económico que tienen repercusiones a veces en sectores débiles de población, evidentemente que el incremento en los impuestos prediales trae como consecuencia el incremento en los valores de los arrendamientos golpeándose ciertamente de esta manera a un sector importante de la población débil desde el punto de vista económico.
No es el motivo del reclamo una decisión de esta naturaleza, porque acabo de decir que el Congreso disminuyó el máximo del 7 al 3 y del 5 al 2 al millar.
El problema es que paralela a esta medida lo que aparentemente implicaba una disminución en el impuesto predial, el Gobierno del Estado con las facultades que tenía por Ley incrementó exageradamente los valores catastrales, y los impuestos prediales que vienen a pagar los particulares del Estado de Morelos se ven incrementados no en el 100% ni el 200%, sino en el 1000% y 2000%. No se niega que en un momento dado los impuestos prediales pueden estar demasiado reducidos.
Entonces, señores, éste es un asunto competencia del Estado de Morelos, y yo vengo a solicitar la intervención de la Comsión de Gestoría y Quejas con el propósito de que el Estado de Morelos, aclarando, dentro de sus facultades haga los valores pertinentes, si procede conforme a la Ley en materia de impuesto predial, y que Gestoría y Quejas haga llegar al Gobierno del Estado de Morelos las justas reclamaciones de sus ciudadanos.
Dejo en la Secretaría el pedimento correspondiente. Muchas gracias.
El Presidente: Tiene la palabra el senador Ángel Ventura Valle, del PRI.
El senador Ángel Ventura Calle: -Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Efectivamente, como lo planteaba el señor diputado Juan de Dios Castro hubo aumentos en los valores de los predios en el Estado de Morelos, pero hubo aumentos porque en 1988 el valor que representaba el impuesto predial solamente era de 3 mil millones de pesos cuando con los valores más conservadores deberían de ser cuando menos de 25 ó 30 mil millones.
Y me remonto a estos antecedentes porque en 1990 hubo el primer ajuste de valores en el cual se trató de hacer más equitativo lo que pagara cada contribuyente por concepto de impuesto predial, Se fue aumentado la base del impuesto, y efectivamente como aquí se mencionaba, se fueron disminuyendo las tasas, primero del 8 al millar, al 7.5, después, efectivamente, del 5 y del 3 al millar.
Sin embargo, era una necesidad hacer técnicamente los valores y se fue en forma paulatina, como decía, desde 1990 considerando esto en diversas reuniones con los propietarios, con las asociaciones de propietarios y se llegó al acuerdo de determinar valores reales y considerar como base del impuesto predial solamente el 50% de esos valores reales.
No es justo de ninguna manera que en Morelos, casas, propiedades, inmuebles de 500 y 800 millones de pesos pagaran al año solamente 30 ó 40 mil pesos por concepto de impuesto predial. Esto, desde luego ha tratado de ser lo más equitativo posible y en este momento están pagando quienes más tienen, inclusive en unidades habitacionales que antes pagaban más que los grandes predios, hoy el impuesto ha disminuido. Luego entonces creo que estas medidas que se han tomado son de equidad, son de justicia tributaria para que puedan pagar más por concepto de impuesto quienes más tienen.
Los predios en los fraccionamientos de mayor valor desde luego que están pagando más, pero las unidades habitacionales de interés social el impuesto ha disminuido. Eso es todo, señor Presidente.
El Presidente: Se turna la solicitud presentada por el diputado Juan de Dios Castro Lozano, con fundamento en lo previsto en la fracción III del artículo 79 de la Constitución, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
REFORMA POLÍTICA NACIONAL
El Presidente: -Ahora se concede la palabra al diputado Miguel Ángel León Corrales, del grupo parlamentario del PRD, para un asunto distinto.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: -Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores.
El 22 de diciembre pasado en la Cámara de Diputados se formó una mesa de concertación pluripartidista para avanzar en el diseño de una nueva Ley Electoral.
El pasado 19 de enero a los coordinadores se les entregó un documento denominado: "Proyecto de Acuerdo para los Trabajadores en Torno a la Consolidación de la Reforma Electoral".
Consideramos necesario hacer algunas precisiones en torno a este tema. En los antecedentes del documento queda claro que los trabajos de la Comisión Plural se enmarcan en el llamado de Salinas en su último informe para dialogar en torno a las cuestiones referentes al financiamiento de los partidos, los costos de las campañas electorales, los medios de comunicación y los procedimientos electorales.
Una primera precisión es en el sentido de que si realmente se desea que los trabajos de la Comisión Plural abonen hacia una democracia efectiva en este país, la Comisión tiene que ir más allá de los puntos que Salinas de Gortari planteó el primero de noviembre, pues no se trata de consolidar la Reforma Electoral, se trata de garantizar plenamente el sufragio electoral, se trata de garantizar elecciones auténticas, de establecer la garantía del principio: un ciudadano un voto; gane quien gane y pierda quien pierda.
Hasta hoy la Reforma Electoral promovida por el Estado sólo ha servido como fundamento de los fraudes electorales. Los fraudes electorales han sido y son el mecanismo del Gobierno, su partido, para permanecer en el poder sobre la base de la ilegitimidad.
En efecto, en México el sistema político no garantiza la legitimidad; las elecciones no son confiables; la competencia electoral es inequitativa y los resultados no son transparentes.
La mayoría de las elecciones terminan en conflicto y con impugnaciones muy claras de parte de la oposición. Tomemos como ejemplo, el año de 1992. Hubo conflictos poselectorales en: Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Michoacán y Jalisco. Habría que precisar que hubo serios problemas de violencia poselectoral en: Michoacán, Sinaloa, Oaxaca, y Tamaulipas, con un saldo de casi 30 muertos.
Al igual que en el documento entregado a las fracciones parlamentarias, tanto en el IFE como en el Tribunal Federal Electoral, prevalece la idea de que el fraude electoral es sólo un tema fundamental en el discurso de los partidos de oposición y en todo caso, de lo que se trata es de desactivar ese discurso. Arturo Núñez, el nuevo director del IFE planteó que habría que revisar los temas que han significado tropiezos para el COFIPE.
Se refiere a cuestiones como mejorar el sistema de información para dar a conocer los resultados lo más rápidamente posible.
En un informe del Tribunal Federal Electoral denominado: "Memoria de Labores", se señala que en la reforma política se deben incluir modificaciones al sistema electoral, contemplando más causas de nulidad, plazos más largos y trámites más sencillos.
Hablar de mejoras en los procedimientos electorales, de transparencia en los recursos de los partidos y el tema de los medios de comunicación, pero dejando de lado el problema de si los organismos electorales a todos los niveles serán o no independientes del Gobierno; es no ir al fondo de la reforma política.
Se nos dice que se trata de irle quitando elementos de conflicto a los comicios del país. El único camino viable para quitar elementos de conflicto a los comicios es garantizar su transparencia y esto sólo es posible si los organismos electorales son independientes del Gobierno, que es exactamente lo mismo que decir que tendrían que ser independientes del PRI.
Mientras no se garantice esa independencia, de poco va a servir mejorar los procedimientos electorales.
Para la fracción parlamentaria del PRD si realmente se quiere llegar en 1994 a un proceso electoral confiable, con un resultado transparente, tendríamos que definir un conjunto de reglas que permitan procesar el consenso de la población, que dejen en claro quiénes son las mayorías y quiénes las minorías, que garanticen la libertad del sufragio.
En este sentido nuestra propuesta a las demás fracciones parlamentarias y a la sociedad, es de acuerdo con las siguientes bases:
1o. La integración de autoridades electorales a todos los niveles, absolutamente independientes del gobierno, imparciales y confiables, sin filiación a partido político y, en su caso, de organismos acreditados de protección de derechos humanos. Las autoridades electorales igualmente deben disfrutar de plena autonomía presupuestal.
2o. El personal integrado al servicio electoral debe ser designado, promovido, remunerado y separado exclusivamente por aptitud, honradez y mérito profesional.
3o. Integración de un padrón electoral fidedigno sobre el que pueda sustentarse el sufragio, garantizando la inclusión de todo ciudadano con derecho y la exclusión de los electores falsos.
4o. La garantía de que la instalación de las casillas electorales y el acceso a las urnas asegure la igualdad de los ciudadanos para la emisión del voto. 5o. Las garantías para la federación y registro oficial fidedigno de las actuaciones y los cómputos electorales.
6o. El establecimiento de recursos y medios de impugnación de irregularidades idóneos, sencillos y oportunos, y de mecanismos administrativos e instancias jurisdiccionales imparciales cuya independencia esté garantizada por las mismas bases de integración que las planteadas para la autoridad electoral.
7o. La supresión de toda instancia calificadora de elecciones en la que pueda alterarse el sentido del voto ciudadano.
8o. Las garantías para la transparencia en el origen y el acceso igualitario de los recursos públicos de cualquier índole y a medios de comunicación masivos, así como para limitar equitativamente el gasto privado de apoyo a las campañas electorales y a las campañas partidistas de financiamiento.
9o. El reconocimiento constitucional del derecho de los ciudadanos al plebiscito y al referendum para ejercer directamente a decidir cuestiones fundamentales para la nación, y
10. Representatividad democrática efectiva del Congreso de la Unión y derechos políticos plenos a los ciudadanos del Distrito Federal.
Esta es nuestra propuesta, ésta es la propuesta que hicimos a la Comisión Plural. Es la propuesta que sometemos a discusión en esa Comisión y hacia la sociedad.
¿En qué marco se está iniciando y se llevará a cabo este proceso de reforma electoral?
En primer lugar tenemos los cambios en la Secretaría de Gobernación. La designación de José Patrocinio González Blanco, como titular de esa Secretaría y al mismo tiempo como Presidente del Instituto Federal Electoral, es un hecho sintomático. Se está poniendo en un espacio clave para la reforma política a un personaje que ya de entrada ha recibido una reprobación amplia de los partidos políticos, de las organizaciones civiles y de analistas y columnistas.
Patrocinio González Garrido y el líder nacional del PRI, Genaro Borrego, han coincidido en sus declaraciones, planteando que deben acabarse las concertaciones para resolver conflictos poselectorales y ante la reforma política toman una posición muy clara: el Gobierno Federal debe continuar organizando los procesos electorales.
El otro marco en el que se está llevando a cabo el proceso de reforma política, es el de los procesos electorales locales. Aún hay graves problemas en Oaxaca, Puebla y Michoacán, en lo que se refiere a los comicios que ya pasaron.
Pero en 1993 se vivirán procesos electorales que pueden ser conflictivos en Guerrero, San Luis Potosí, Coahuila, Estado de México, Yucatán y Baja California Sur. Por lo pronto, el desbordado apoyo de los gobiernos estatales hacia los candidatos oficiales es un antecedente directo de graves problemas poselectorales. Hasta hoy el Gobierno no ha dado muestras de un cambio. Hasta hoy la relación umbilical del PRI con el Gobierno continúa funcionando a la perfección.
Hay otro aspecto muy importante que también ha venido a enmarcar el proceso de reforma política y que tiene qué ver con un tema clave, como es el de la legitimidad.
Hace unos días el Presidente del PAN, Luis Héctor Alvarez, admitió que en 1988 otorgaron su apoyo para la legitimación de Salinas como Presidente, porque recibieron la promesa de que se enfatizaría en el proceso democratizador del país y porque era inhumanamente posible saber quién había ganado realmente las elecciones.
Planteó que frente a esta incertidumbre su partido encargó dos encuestas. Según los resultados de una, el triunfo correspondía a Carlos Salinas. En tanto que los resultados de la otra encuesta favorecían al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El PAN decidió apoyar a Carlos Salinas porque si se hubiera reconocido a Cuauhtémoc Cárdenas, dijo Luis H. Alvarez, el país se hubiera hundido en el caos.
Sostuvo también que en las elecciones de 1988 le desaparecieron 1 millón y medio de votos al ingeniero Manuel Clouthier, en tanto que a Cárdenas le inflaron la votación en algunos estados.
Resulta evidente que la Dirección Nacional del PAN conserva la documentación de las actas de casilla de las elecciones federales de 1988, así como los resultados de las dos encuestas a las que hace referencia su presidente nacional.
El grupo parlamentario del PRD, considera que la Dirección Nacional del PAN, tiene la obligación política y moral de dar a conocer públicamente toda esta documentación.
Estas declaraciones nos hablan de una dirección del PAN que avala y apoya el régimen de partido de Estado, que prioriza los acuerdos por sobre los votos, que se tienen de alguna manera con el régimen. Demuestra la actitud de una dirección de un partido que en un momento histórico fundamental en este país, interpretó la voluntad manifiesta del pueblo mexicano como mejor le convenía.
Si la Dirección Nacional del PAN no sabía quién había ganado y si tenía pruebas de que a ellos les habían robado más de 1 millón y medio de votos, ésas eran razones suficientes para reclamar y luchar por la anulación de los comicios.
La decisión de la dirección nacional panista de apoyar un régimen que cualquier observador imparcial calificaría al menos como sospechoso ilegítimo, coloca a este partido en una posición clara y francamente antidemocrática. En el Colegio Electoral de 1988, Abel Vicencio Tovar, coordinador de la diputación panista declaró en un tono casi mesiánico, el régimen de Salinas sería considerado legítimo por los siglos de los siglos. Hace una semana en un boletín de prensa del PAN se señala que la legitimación secundaria de un gobernante puede ser obtenida también a través del ejercicio del poder.
El 15 de agosto de 1990 se publicó el COFIPE en el Diario Oficial de la Federación. El código fué producto de la alianza entre el PRI y el PAN, ese COFIPE para lo único que ha servido es para que el Gobierno salinista producto de un fraude, siga cometiendo fraude en todos y cada uno de los procesos electorales incluidas las elecciones federales de 1991. Quiero citar aquí textualmente a un miembro de la diputación panista, inicio la cita: "entre los propósitos que se han formulado para 1993 están los de una nueva reforma política, la que se hizo tras las elecciones de 1988 tuvo la aprobación de uno de los dos partidos principales de oposición, el PAN, la reforma que se plantea para ser aprobada probablemente en el próximo período legislativo, deberá contar con el soporte del PRD, si en esta ocasión no se consigue este apoyo, lo que podría avanzar es la frustración en relación con los procesos electorales" Termino la cita.
En el actual proceso de reforma política podría terminarse con una propuesta que no garantice la limpieza electoral, el COFIPE de 1991 le permitió a Salinas desarrollar una amplia demagogia ante la Prensa extranjera sobre la aprobación que el PAN dio a esta reforma.
Nosotros esperamos que la oposición esté con toda la disposición para que de manera conjunta exijamos al Gobierno una Ley electoral que garantice la transparencia de los comicios, estamos como fracción parlamentaria y como partido en toda la disposición de avanzar hacia una reforma que no convierta a este país en 1994 en un país con inestabilidad política, para que en 1994 no se den de manera conjunta todas las situaciones, elección tras elección, Estado tras Estado, se han venido dando en todos y cada uno de los procesos electorales.
Esperamos repito, que la oposición de manera conjunta nos pongamos a la altura del clamor del pueblo mexicano hacia elecciones claras, hacia un voto libre, hacia un sufragio que realmente cuente. Habría que ver si existe la voluntad gubernamental para avanzar en el tránsito a la democracia. Gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra, para hechos en términos del 102, al diputado Fernando Ortiz Arana, del PRI.
El diputado Fernando Ortiz Arana: -Respetados y estimados compañeros legisladores:
He solicitado la palabra en el tema que ha tratado el diputado Miguel Ángel León Corrales, por una razón que considero política y ética. Primero, para aclarar lo que ha venido ocurriendo en el poco tiempo que lleva de estar trabajando la Comisión Plural que se integró por decisión del Pleno de la Cámara de Diputados, para profundizar y consolidar la democracia electoral mexicana.
Lo considero ético porque me ha correspondido participar desde un inicio de sus trabajos, por que de alguna forma nos corresponde coordinar los esfuerzos de esta Comisión y porque estoy convencido que si actuamos todos en la forma que inicialmente se acordó, podremos quizá arribar a consensos que nos permitan efectivamente consolidar la democracia electoral en nuestro país.
El diputado que me antecedió en esta tribuna, vino a presentar en la primera parte de su intervención el entorno que se da en el trabajo de esta Comisión Plural de la Reforma Electoral.
Hizo una serie de afirmaciones que merecen ser aclaradas y que tienen que ver con el trabajo de la Comisión Plural. Antes de hacerlo, quiero señalar mi extrañeza porque el PRD traiga a la Comisión Permanente temas que apenas ayer estuvimos abordando diputados de todos los partidos políticos en esta Comisión Plural acordada por el pleno.
Sin embargo parece que así será el debate, que tendremos que darlo en dos instancias, en la que se creó ex profeso para ello y en la Comisión Permanente por decisión del PRD.
Esto nos obliga, señores, a que presentemos ante ustedes los hechos como han venido ocurriendo en las dos reuniones de trabajo que lleva esta Comisión.
Aquí el diputado León Corrales, dio lectura a un documento que se denomina proyecto de Acuerdo para Establecer una Legalidad Electoral Efectiva que Permita la Transición a la Democracia. Este documento fue presentado antes en la Comisión Plural; se presentó durante la segunda reunión de la misma, fue motivo no sólo de discusión, sino no fue aceptado por cinco de los seis partidos políticos que concurrimos a esta Comisión Plural.
Y no fue aceptado, señores legisladores, porque el objetivo que se plantea no fue el que todos acordamos en la sesión de 21 de diciembre en la Cámara de Diputados, porque el objetivo planteado para integrar este cuerpo plural que avance en la democracia electoral, fue la coincidencia de todos los partidos políticos, de llevar a cabo
un nuevo ejercicio para consolidar las instituciones electorales mexicanas y el sistema de partidos.
Esto es lo que firmamos los seis partidos políticos, incluyendo desde luego a la Coordinadora del PRD en la Cámara la diputada Rosa Albina Garavito.
Es cierto que en la primera reunión entregamos un proyecto de documento nosotros a todos los partidos. En este proyecto proponíamos metodología, procedimientos y tiempos para el trabajo de la Comisión Plural. Nos dimos ocho días para que cada partido político pudiera analizarlos, y regresamos a la segunda reunión de la Comisión.
Ahí expresé lo que hoy reitero, mi extrañeza porque la representación del PRD, lejos de comentar los puntos contenidos en el documento que sujetamos a la consideración de todos los partidos, exhibiera un nuevo documento, con un objetivo diferente, con 10 puntos a los que aquí dio lectura el diputado Miguel Ángel León Corrales, que no coinciden por supuesto con lo que inicialmente establecimos como compromiso los partidos políticos para iniciar el trabajo de revisión de la Ley Electoral y buscar efectivamente, como él señalaba, a través de la norma poder encontrar solución a puntos de conflicto que se dan en las elecciones federales o nacionales.
Tan este documento no fue aceptado, que hubo la solicitud del PRD en la reunión que se registraron los disensos y que el primer disenso que se registrara era este documento que había presentado la diputada Rosa Albina Garavito.
Entonces estamos concurriendo los partidos a esta comisión plural, en los términos que inicialmente pactamos; estamos concurriendo para buscar preceptos que permitan dar mayor certeza por supuesto a la elección; estamos también comprometidos, según el documento que suscribimos, en fortalecer el sistema de partidos y en buscar que en derechos y prerrogativas de los partidos, se precise una competencia electoral en igualdad de condiciones. Estos son los temas fundamentales que se esgrimieron durante los trabajos previos a la integración de la Comisión Plural.
Nunca se ha dicho que estén limitados los asuntos que la Comisión Plural va a conocer; se integraron, señores legisladores, dos grupos de trabajo, uno de ellos que tiene que ver con la vida de los partidos políticos y organizaciones políticas nacionales, y al mismo tiempo, este grupo habrá de conocer y estudiar aquellos temas que impliquen reforma constitucional.
Un segundo grupo también ya se formó y tiene que ver con el proceso electoral propiamente dicho, iniciado con el registro de electores, concluyendo con la calificación de las elecciones.
Nunca se ha limitado. Discutimos un solo caso y llegamos a un punto de acuerdo por mayoría, el caso en particular de la mesa de concertación, que se tiene para discutir la naturaleza jurídico política del Distrito Federal. Ahí se acordó en la Comisión que no entráramos al estudio esta Comisión de la Cámara de Diputados, hasta en tanto esta instancia en la que están concurriendo también partidos políticos, culminara sus trabajos.
Esto, señores, por lo que toca a lo que ha venido ocurriendo, de manera muy sintetizada lo presento a ustedes, en la Comisión Especial, creada por decisión del pleno de la Cámara de manera unánime, para avanzar en la consolidación de la democracia electoral mexicana.
Hay otras afirmaciones que ha hecho aquí el diputado Miguel Ángel Corrales. Algunas de ellas serán contestadas por otros compañeros de esta Comisión Permanente, seguramente; otras como el caso de COFIPE, me parece que tenemos todos los partidos que estuvimos de acuerdo en las reformas de este tiempo al Código, explicar claramente que no se trataba de ningún tipo de albazo con esa Ley, que no es reducido el apoyo que cinco fuerzas políticas dieron al COFIPE, que tiene por supuesto avances significativos e importantes que no se pueden negar, no es que no se quieran, es que no se pueden negar; que hemos dicho que es indispensable mantener una revisión permanente de la norma electoral, por que tiene que responder de manera cotidiana a los avances que se vienen dando en la sociedad mexicana.
Llevaría mucho más tiempo dar respuesta a una serie de cuestiones planteadas aquí por el señor diputado Miguel Ángel León Corrales.
Me parece que no es una actitud que vaya a ayudar al trabajo de la Comisión Plural de la Cámara de Diputados, el que vengamos a este foro a debatir lo que ayer debatimos ahí y en la reunión anterior también lo hicimos, y a presentar aquí el punto de vista particular, respetable pero particular, de una fuerza política, sin explicarles a ustedes ni informarles el conjunto de acuerdos que esta Comisión viene tomando.
Nosotros tenemos la firme voluntad de llevar a cabo una revisión seria respecto a la consolidación de la democracia electoral en México, de ajustarnos a los términos que señalamos en el objetivo inicial que se planteó, a no escatimar la discusión de ningún tema y de ningún asunto en esta reforma. Hemos dado pruebas de ello. Yo espero que no se repita el que vengamos aquí a debatir lo que hemos tratado ya en la Comisión Plural, y desde luego yo quedaré a las órdenes de los señores legisladores para ampliar estas informaciones en el caso de que se requiera continuar con este debate en este punto específico. Muchas gracias.
El Presidente: -Había pedido la palabra, en términos del 102, para rectificar hechos, el diputado Orduña, entonces yo quisiera suplicarle, señor diputado Miguel Ángel León Corrales, lo que pasa es que se dieron conjuntamente las peticiones, en términos del 102 no se distingue cuando hay alusiones y para hechos, y los dos diputados lo piden al mismo tiempo. Le ruego su comprensión y le doy la palabra al diputado Orduña, y después le doy la palabra a usted, señor diputado, igualmente a usted, diputado Amezcua.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:- Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Al abordar el diputado Miguel Ángel León Corrales el tema de la reforma política, lo hizo con una carambola de dos bandas, primero enmarcándolo en los cambios habidos en la Secretaría de Gobernación, y posteriormente tratando un tema relativo a declaraciones imputadas al Presidente de mi partido.
Yo quiero decirle, diputado Miguel Ángel León Corrales, que respecto a las afirmaciones que dice usted hizo el presidente de mi partido hay un boletín del partido al que usted mismo dio lectura pero dio lectura en forma no completa. En este boletín de Prensa, el presidente de mi partido aclara algunas de las imputaciones calumniosas que se le han estado haciendo y que se le atribuyen en diversos diarios de circulación nacional. En este boletín afirmamos que el PAN siempre ha manifestado que las elecciones de 1988 fueron fraudulentas, que los resultados oficiales fabricados para favorecer al partido del Gobierno y a su candidato, que debido a la magnitud del fraude, resultó humanamente imposible determinar quién ganó las elecciones, y que el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari es ilegítimo de origen.
Yo quiero que me diga, diputado Miguel Ángel León Corrales, desde su perspectiva, ¿cuál es el apoyo que mi partido dio para legitimar el triunfo del licenciado Salinas de Gortari? ¿No le parece suficiente el haber declarado que por las irregularidades habidas en el proceso electoral, era casi imposible determinar qué partido político o qué candidato había ganado las elecciones?
Y siguió usted leyendo el boletín, y le digo no lo hizo en forma completa. En otro párrafo se menciona que la legitimidad secundaria de un gobernante puede ser obtenida a través del ejercicio del poder, y mencionamos algo a usted se le olvidó decir; la legitimidad de origen no se puede obtener nunca fuera de las urnas.
¿Y sabe por qué mencionamos esto, diputado Miguel Ángel León Corrales? Porque efectivamente nosotros sostenemos que puede haber legitimidad en el ejercicio, y le voy a poner dos ejemplos: la Constitución de 1917, el Gobierno de Carranza, de Huerta y de Obregón, y me preguntará usted por qué. Bueno la Constitución de 1917 surge como resultado de una revuelta, surge como resultado de un movimiento armado, y no podría usted negar que esta Constitución está legitimada en su ejercicio, salvo que usted quisiera negarlo.
Esto es la verdad de lo que hemos dicho en el PAN; lo demás Diputado León Corrales, es tratar de desprestigiar a acción nacional, para atraerse clientela Electoral, pero si éste ha sido el propósito le puede asegurar a usted y a su partido que están errando rotundamente el camino.
Por otro lado, y por si usted no lo sabe, en el Colegio Electoral, tanto por nuestro comisionado ante ese organismo, como el candidato a la presidencia en ese entonces, José Manuel Clouthier, y el jefe nacional, en forma reiterada manifestaron que por el cúmulo de irregularidades habidos en el proceso, era imposible para cualquier organización política determinar quién había ganado las elecciones; las indagatorias, análisis de actas y evaluaciones del proceso electoral, confirman esta tesis. Así quedó manifestado en el Colegio Electoral, y quedó manifestado en todo los ámbitos nacionales.
Torcer las declaraciones por parte del PRD, es obvio que lleva un propósito electoral, ante la próxima sucesión presidencial de 1994 y atacar al partido político, al que consideran como un peligro en la oposición.
Por otro lado, diputado León Corrales, ¿por qué dijimos que no podíamos determinar quién había ganado las elecciones presidenciales pasadas?
Las actas de la elección y los documentos oficiales nos permiten afirmar que en realidad el licenciado Carlos Salinas de Gortari no obtuvo el 50.5% de la votación que se le atribuye, como se dice en las cifras oficiales.
En cuanto al Frente Democrático Nacional, se le atribuye el 30.5% de la votación, y al PAN se le reconoció el 18%. Es decir, oficialmente la oposición tenía el 48.5% de la votación.
Estas cifras no pueden ser analizadas solamente así, mencionar cifras por mencionar. ¿Por qué no podemos determinar quién ganó las elecciones? Todos sabemos y es claro para todos, que existieron un cúmulo de irregularidades que se basan en lo siguiente; no podemos dejar de mencionar que para sorpresa de muchos mexicanos hubo estados de la República, como lo fueron Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, en donde oficialmente se les reconoció una cultura cívica superior a la Suiza, toda vez que en estos estados votó hasta el 95% de la población electoral y en algunos casos hasta el 100%.
Igualmente, no podemos dejar de reconocer todos, aquéllos de alguna forma observamos, estuvimos presentes y tuvimos la posibilidad de analizar actas, cómo hubo una infinidad de actas en donde había, o casillas "zapato", casillas "zapato" las denominamos en aquel entonces, cuando el PRI obtenía el 100% de la votación.
¿Le parece que el mencionar estos datos; le parece a usted que el mencionar y declarar el presidente de mi partido que no se podía determinar quien había ganado las elecciones y, por lo tanto, el Gobierno del licenciado Salinas de Gortari era ilegítimo de origen, era apoyar al candidato a la Presidencia en aquel entonces y al Presidente ahora?
Si así considera usted, bueno, pues evidentemente que hablamos idiomas diferentes y que entendemos conceptos diferentes, y desafortunadamente no venga usted a utilizar esos conceptos para desprestigiar a un partido político, porque lo consideren como una estrategia electoral para las próximas elecciones. Muchas gracias, y estoy a sus órdenes.
El Presidente: -Gracias, diputado Orduña. Tiene la palabra , en los términos del 102, el diputado Miguel León Corrales, del PRD.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: -Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:
Que mi partido a través de su fracción parlamentaria venga a esta tribuna a hacer públicas y a poner en la mesa de la discusión de esta Comisión Permanente cuáles son sus posiciones con respecto a la reforma política, me parece que no deberá de extrañar a nadie. Es un derecho que nosotros vamos a utilizar, siempre que sea necesario, y no sólo lo vamos a plantear en esta tribuna, lo vamos a plantear a la nación, lo vamos a plantear ahí donde se requiera.
Pero cuando mi fracción parlamentaria decidió y aceptó participar en esta Comisión Plural, de ninguna manera estaba firmando un cheque en blanco y de ninguna manera estaba aceptando que lo que ahí se discutiera y lo que ahí se definiera iba a ser un asunto que no tenía por qué salir de los marcos de esa Comisión.
Hoy yo he venido a plantear aquí los 10 puntos básicos que el PRD presenta, para avanzar hacia una verdadera reforma electoral. Se dice que eso extraña.
Extraña más que hasta este momento sea solamente nuestro partido el único que sobre el tapete de la discusión haya puesto con toda claridad sus cartas, sus posiciones, sus alternativas.
Me parece que si hay una forma clara, precisa, contundente, de apoyar los trabajos de esta Comisión, no puede ser otra que en ella con toda claridad precisar cuál es la posición del PRD. Y yo no veo de qué manera presentarlo en esta tribuna pueda significar de alguna forma entorpecer los trabajos de esa Comisión.
En realidad, el problema de fondos es si en esa Comisión, si en el Congreso de la Unión, se va a ir más allá o no se va a ir más allá, de los puntos que Salinas de Gortari definió el 1o. de noviembre. Nosotros sostenemos con toda claridad que se debe ir más allá.
Con toda claridad planteamos que si la reforma se queda en esos puntos, el proceso electoral de 1994 va a ser un proceso tortuoso y el proceso federal de 1994 probablemente va a tener como resultado el mismo resultado que ha habido en todas las elecciones locales: impugnaciones de la oposición, formas de movilización, desconcierto en la población por darse cuenta una vez más que en este país el voto no cuenta y en ese marco nosotros estamos aquí planteándola a la oposición en su conjunto, que debemos ir más allá, y lo estamos planteando en el problema de fondo.
Si los organismos electorales a todos los niveles, desde lo que hoy podría ser el IFE hasta la casilla
que esté ahí en el rincón más remoto de este país, repito si los organismos electorales a todos los niveles no son completamente independientes del Gobierno, de ninguna manera se podrá garantizar la transparencia electoral y sí poner en el centro de la discusión y sí plantear que éste es el problema de fondo que afecta de alguna manera el proceso de una nueva reforma electoral.
Compañeras y compañeros legisladores, nosotros vamos a seguir insistiendo una y otra vez en la Comisión Plural y aquí, en el pleno, en donde sea necesario que ese planteamiento de organismos electorales por completo independientes del Gobierno es nuestro planteamiento fundamental y es para nosotros la única garantía de que en este país haya procesos electorales, claros y transparentes.
EL COFIPE en efecto fue aprobado por el partido mayoritario, por el PAN y por otros partidos. ¿Por qué hoy se avanza hacia un nuevo cambio en la Ley Electoral? ¿Por qué en este sexenio va a haber dos reformas electorales? ¿Por qué se está planteando en este momento que ello está a discusión? Por que todos es claro que en las elecciones electorales federales de 1991 y de que en todas y cada una de las elecciones locales que tuvieron como base nuevas leyes electorales estatales basadas en el COFIPE, la garantía de transparencia electoral no fue de ninguna manera una característica de esos procesos.
Sostenemos aquí una tesis que la hemos sostenido desde que nacimos como partido que la vamos a sostener hasta que no sea resuelta. Mientras haya partido de Estado de México va a ser muy difícil avanzar hacia una transición democrática y el COFIPE no terminó de ninguna manera con el sistema de partido de Estado.
Ahora, compañero Víctor Orduña, yo no estoy calumniando al presidente de su partido, yo me estoy atendiendo a una información dada a conocer en dos diarios de circulación nacional de este país. Y yo vi una foto en la Prensa nacional en la cual un periodista le estaba entregando al señor Luis H.
Alvarez un sobre que contenía el cassette con la grabación de las afirmaciones que él hizo. Y me parece a mí que independientemente de si el mecanismo por el cual se obtuvo esa información fue el correcto o no éticamente hablando, yo no quiero ampliarme en esto porque no es el punto que estamos discutiendo; repito, me parece a mí que independientemente de ello estamos hablando de las palabras de su presidente.
La mayoría de las afirmaciones que él hizo han sido avaladas y corroboradas por ex dirigentes de su partido que hoy ya no militan ahí, y en todo caso de lo que se trataría es de demostrar con hechos lo que fue planteado.
Nosotros sostenemos lo que dije en mi primera intervención: el PAN debe de dar a conocer las actas que obran en su poder para de esa manera garantizar que se está hablando con la verdad.
Y nosotros estamos haciendo este planteamiento aquí en la tribuna, lejos, muy lejos de la posición que usted plantea en el sentido de que estamos haciendo activismo electoral.
Desde un día después del 6 de julio de 1988 hemos planteado una y otra vez que la verdad de lo que sucedió en ese proceso electoral debe salir a flote, y si en estas semanas ese tema salió a flote y si en estas semanas se sabe que hay otra información que no se conocía, pues esta información debe ser puesta a disposición de todas las fuerzas democráticas de este país.
y en todo caso, lo que nosotros planteamos a la oposición, para lo cual la estamos emplazando es para que en este nuevo proceso de reforma política se vaya realmente a fondo, se defina con toda claridad en manos de quiénes están los procesos electorales, y nosotros esperamos que en este punto el PRD, junto con toda la oposición, tengan una clara y plena coincidencia. Este es el emplazamiento. Gracias.
El Presidente: -Gracias, diputado León Corrales. Tiene la palabra en ese orden, como la han pedido para rectificar hechos, el diputado Cuauhtémoc Amezcua, el diputado Fernando Ortiz Arana, el diputado Víctor Orduña, el diputado Carlos Cantú Rosas y el señor senador Artemio Iglesias.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Tocaría en primer término el asunto relativo al temario de la Comisión Plural que se ocupa del asunto de la reforma política. Para nosotros está muy claro desde hace mucho tiempo que no tenemos a la vista el problema de un temario restringido.
Desde antes de constituir la Comisión desde que se examinó a nivel de reunión de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política entre los coordinadores de los seis partidos, la conveniencia y las características de una comisión de trabajo del tipo de la que se constituyó, quedó ahí establecido con toda claridad que el
temario seria suficientemente amplio y abierto; que entraría entre otras cosas, las iniciativas que habíamos presentado los partidos políticos, nosotros presentamos una el 7 de febrero del año pasado, hace un año ya por estos días que implica reforma a varios artículos constitucionales y que va muy al fondo de las cosas.
De modo que en ningún momento, en ninguna instancia se planteó que fuera a restringirse esto a lo expresado por el Presidente de la República, y que en todo caso nosotros estimamos solamente como una de las partes que expresaron preocupación en torno a este tema, y ni siquiera la primera de las partes que expresó preocupación con relación a este tema.
Nosotros por ejemplo demandamos se abriera una nueva fase de discusión entre todas las fuerzas políticas en torno al problema político- electoral, desde nuestro primer discurso de fijación de posición al instalarse el Colegio electoral de esta LV Legislatura.
Entonces para nosotros no hay confusión ni hay necesidad de estar debatiendo sobre si los temas se van a restringir a lo que dijo el Presidente o si se van a restringir a tal otra cosa. A nosotros nos parece que está muy claro, que esto es suficientemente amplio, que está muy claramente establecido el compromiso de que el temario lo vamos a decidir los partidos políticos en las subcomisiones ya creadas para el efecto, y que no habrá la exclusión de ningún tema que sea de interés para ese tipo. De trabajo es la primera cuestión que nos gustaría dejar muy claro en esta cuestión, en este asunto.
Por otra parte, quisiéramos hacer una reflexión en torno a una expresión que le hemos escuchado a los compañeros del PRD, ya varias ocasiones. El llamado a la oposición en su conjunto, para que así como tal, asumamos determinadas posiciones, así de manera conjunta. A mí me parece que no tiene posibilidades de llegar a concretarse este llamado. A mí me parece que hay una gran similitud entre esta expresión y la que a veces usan otras fuerzas, otras organizaciones o personalidades llamando a la sociedad civil o hablando de la sociedad civil en su conjunto, y hoy un poco tocábamos ese tema.
No hay una sociedad homogénea; hay intereses no sólo diversos sino antagónicos y excluyentes en la sociedad. Hay una sociedad dividida en clases: los intereses de la clase trabajadora son diametralmente opuestos a los de quienes explotan a la clase trabajadora. Si habláramos de la necesidad de cerrar filas y presentar un frente común, toda la sociedad civil, toda la sociedad en su conjunto, pues evidentemente estaríamos hablando de algo utópico, imposible de realizar en un régimen de propiedad privada de los medios de producción y cambio.
Exactamente la misma figura se reproduce cuando hablamos de unir a la oposición, así sea para efectos de reforma electoral o de reforma política o de vigilancia de los procesos electorales. No hay tal, no hay una actitud escrupulosa, imparcial, incontaminada en materia de política electoral. No la asume ninguna fuerza política. Y mucho menos las fuerzas de la derecha, de eso han dado prueba en múltiples ocasiones. Uno es su discurso oficial y aun el discurso cambia, cuando cambian las condiciones o cuando cambia el momento de ejercer unos u otros intereses. Y otra es, además, su práctica cotidiana.
Nosotros no abrigamos ninguna esperanza de que pudiéramos depender de los compañeros del Partido de Acción Nacional, dicho sea con todo respeto y sin ningún ánimo de ofender a nadie, para lograr avances en la vida democrática de México; nos parece que estaríamos actuando con extrema ingenuidad.
En efecto, el COFIPE, el que ahora rige, que nosotros consideramos regresivo, que consideramos que es un retraso muy importante con relación a las Leyes que regían en 1988, sin embargo nosotros votamos en pro de ese COFIPE. Y dimos nuestra argumentación en tribuna en su momento y hoy la reiteramos, no fue en esta Legislatura, fue en la anterior, Nuestra argumentación fue, podríamos reducirla a una expresión muy sencilla "de lo perdido, lo que aparezca"; la gran contrarreforma no fue en el COFIPE, fue en la Reforma Constitucional. Que ahí fue donde en efecto sólo Acción Nacional votó junto con el PRI y ningún otro partido. Y ahí es donde se abrió el gran proceso de retroceso en la vida política electoral, en 1989.
Y bueno, después en el COFIPE algo se logró rescatar muy pequeño, de lo que ya se había perdido. Eso no le da la caracterización a las leyes actuales, sino la Reforma Constitucional, que fue regresiva. Y la hizo Acción Nacional, y la hizo Acción Nacional junto con el PRI.
Sería muy ingenuo que nosotros estuviéramos esperando de Acción Nacional alguna posibilidad de alianza o de coincidencia, ni siquiera en esos aspectos.
Son intereses muy diferenciados; por eso tampoco les reclamamos. Nos parece que, bueno
está en su naturaleza y en la defensa de sus intereses, cuando fueron a aquella alianza con el grupo gobernante. Que ahora ha vuelto a salir a la luz simplemente pues por ahí por una anécdota de la picaresca de alguna declaración descuidada que hizo algún dirigente y que está grabada por ahí y demás. Pero qué, bueno, fue pública y notoria en su momento y que aun sin declaración de dirigente alguno y sin grabación y sin periodistas "off the record" o "in the record", de todas formas es un hecho conocido. No hacía falta ninguna indiscreción.
Porque en esto como en la física las cosas se conocen por sus efectos. No hace falta observar un átomo físicamente con los ojos para saber que existen los átomos.
Y, bueno hemos visto la conducta de Acción Nacional a lo largo de este sexenio, ¡que es una conducta totalmente diferenciada de la conducta de Acción Nacional, cuando era el campeón de la oposición, el partido con un discurso vitriólico, agresivo, que cuestionaba todos los actos de Gobierno; que se oponía a todo!
Es claro que hay concertaciones, que hay coincidencias, que hay consonancias.
Y yo diría: "¡Hay consonancias mucho más allá a veces que con el propio Partido Revolucionario Institucional, por parte del grupo en el poder!" No se requería ninguna indiscreción; son parte de la picaresca que a veces se cuela por ahí y que, bueno, pues alegra un poco las cosas de la vida política y le resta esa seriedad acartonada que a veces tiene. Pero ni eso se requería. Entonces yo llamaría a los compañeros del PRD a la reflexión... No es por ahí, por ahí no tenemos nada qué hacer: ni en defensa del voto, ni en reforma política y mucho menos en alianzas de otro carácter. Su proyecto de nación, su concepción histórica, su concepción de todo es diametralmente opuesta a la nuestra.
Por lo que hace en concreto a la Comisión de Reforma Política que se ha creado, nosotros pensamos que tiene muy buenas posibilidades de caminar, de avanzar, de lograr frutos. No porque la oposición se uniera para presentar un frente común ahí. Eso ya daría mala espina ya implicaría que hay maniobras que habría que buscar con mucho cuidado, por dónde vienen y qué es lo que se quiere. No, no es por eso.
Yo quiero señalar algunas cosas sobresalientes de esta Comisión. En primer lugar ésta es la primera vez que asume el peso de esta tarea el Poder Legislativo: los representantes del pueblo.
No había ocurrido así. No fue así en 1989. En 1989 fundamentalmente las negociaciones se dieron en otro lado. Y de dieron entre tres fuerzas, así "muy a puerta cerrada". Y una de las tres fuerzas, pues anduvo "jugando dobles". A unos les decía que sí y finalmente se alió con los otros.
Ahora esta Comisión es una Comisión Plural de seis fuerzas. Que actúa de manera pública. Ahí nos reunimos todos, discutimos con toda franqueza. No hay negociaciones secretas. Y eso es otra garantía.
En tercer lugar ésta es una Comisión compuesta de tal manera que ninguna organización política, ninguna fracción parlamentaria, por sí sola tiene mayoría en su seno. Esto también es una innovación, algo novedoso, que le da otras características a su trabajo. Es una composición democrática.
Semejante incluso a la que tiene la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que es un gran avance no sólo en la vida de la Cámara de Diputados, sino que además sirve de modelo en mucho, para muchas otras áreas de la vida política nacional.
Por la composición, por el hecho de que aquí se da en la cámara el debate, por lo que se ha venido avanzando, por los acuerdos múltiples a que se ha llegado, por la forma en que se ha venido trabajando, el Partido Popular Socialista expresa su confianza en que podemos llegar a acuerdos, posiblemente a acuerdos importantes que permitan impulsar de manera valiosa la vida democrática de nuestro país.
Si no fuera así, pues no habría acuerdo, no suscribiríamos nada y vendríamos aquí a replantear nuestra posición. Pensamos que no será necesario.
Y a los compañeros del PRD, pues los llamaríamos a un trabajo más cercano.
Con quienes tenemos si no identidad ideológica y política plena, que no la hay entre una y otra fracción, ninguna de las seis que aquí estamos; pues si entre quienes tenemos un perfil más cercano, mayores coincidencias y no atenernos nunca a los que están al otro lado de la barricada, porque ésos, de manera abierta o de manera encubierta, en combate franco o en emboscada siempre estarán buscando la oportunidad de avanzar ellos a costa nuestra. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias diputado Amezcua.
Tiene la palabra el diputado Fernando Ortíz Arana, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Ortiz Arana: -Con la venia de la Presidencia, compañeros legisladores:
Regreso a la tribuna para tratar de manera particular dos cuestiones. La primera, las nuevas afirmaciones formuladas por el diputado Miguel Ángel León Corrales, que tiene qué ver con el trabajo de la Comisión Plural, al que también se refirió hace un momento nuestro compañero diputado Cuauhtémoc Amezcua.
Aquí, primero, debo dejar claramente establecido que en mi intervención anterior no señale, ni pretendo, que se conculque o se reduzca ningún derecho a ninguna fuerza política en su libre expresión en la Comisión Permanente.
El decía que el hecho de estar participando en una comisión especial creada por el pleno no los limita de venir aquí a expresar lo que consideren conveniente. Eso es cierto. Lo que yo señalo y reitero nuevamente, es que en la mesa que tenemos integrada en la Cámara de Diputados, es el lugar creado ex profeso para llevar a cabo la discusión respecto a la reforma electoral; que habrá que, entonces, plantarnos el que los partidos políticos traigamos también a este foro y quizá a otros, nuestros particulares puntos de vista planteados y discutidos allá, ¿para qué?, bueno, para que los hagamos del dominio público seguramente. Pero eso tiene que significar, señor diputado León Corrales, que todos tengamos el derecho de explicar la posición que hemos adoptado a ese respecto en la Comisión donde se originó y se dio ese debate. De otro modo, cada uno traería su punto de vista particular y sólo provocaríamos confusión ante la opinión pública y no estaríamos dando las versiones completas, las versiones integrales de lo ocurrido en la Comisión.
Usted insiste en los 10 puntos planteados por el PRD. Hay que decir que los 10 puntos básicos del PRD implican ya una serie de propuestas, que van, la primera, desde organismos electorales hasta llegar a la última, el sistema de calificación que actualmente previene la Constitución y consignan las leyes electorales; que se dijo en la Comisión, y lo reitero ahora, que estábamos apenas iniciando los métodos de trabajo con los que la Comisión desarrollará la encomienda que le otorgó el pleno de la Cámara; que entonces resultaba notoriamente inoportuno pretender señalar temas y fijar posiciones en éste, que era el momento más impropio para hacerlo.
Dice usted que porque se ha aceptado revisar la legislación electoral con el ánimo de avanzar mayormente en varias cuestiones, que eso descalifica a la Ley anterior. Con ese criterio, señor diputado León Corrales, habríamos de descalificar a todas las leyes hemos venido reformando durante muchos años en México, lo que me parece delicado que usted afirme como legislador federal.
En el caso de leyes electorales es explicable que tengamos una reforma más periódica de las disposiciones normativas, que responde a nuevas demandas de la población, a nuevos criterios de las fuerzas políticas. Iniciamos en los sesenta con los diputados de partido y en los setenta creamos una parte que se refería a la representación proporcional, en los ochenta consolidamos el sistema de representación proporcional y en los noventa hemos venido avanzando en renglones fundamentales del proceso electoral y hacia una consolidación de un sistema de partidos de México.
No descalifique usted normas que en su tiempo tuvieron sus razones y sirvieron, por el hecho de que pasemos a reformarlas, señor diputado.
Pasando a otra cosa, nosotros rechazamos afirmaciones que aquí se han presentado respecto a que porque ocurren irregularidades en una elección de cualquier tipo no se esté en condiciones de determinar el resultado de las mismas. eso no se sostiene, no hay elección, en ninguna parte del mundo, en la que no ocurran irregularidades de muy diverso tipo. Las leyes electorales tienen como uno de sus propósitos el establecer en la norma posibilidades que eviten en su mayor número las reyertas y las querellas que de manera normal genera todo proceso electivo. Entonces rechazamos que al afirmarse que hay irregularidades, no se haya esclarecido en forma definitiva el triunfo de las elecciones de 1988.
Las elecciones en México, señores legisladores, todos sabemos que son elecciones documentadas, que se cuentan con las actas, que las actas las tuvieron a su alcance y constan en la Cámara de Diputados, cuando ésta en su momento se convirtió en derecho electoral para calificar las elecciones; que no es suficiente ni válido el solo formular afirmaciones para querer destruir documentos; en fin, todos estamos de acuerdo en que la Ley Electoral Mexicana ha venido periódicamente sufriendo modificaciones importantes y ha venido respondiendo a su tiempo y a las demandas que viene planteando particularmente la población y también las fuerzas
políticas y que habremos de continuar en un proceso de perfeccionamiento de la normatividad electoral, que éste nunca está plenamente acabado, que la revisión siempre es válida y la reforma que busca aportar para darle al proceso electoral cada día mayor certeza, siempre ha de ser bienvenida independiente-mente de qué fuerza política la plantee. Muchas gracias.
El Presidente: -gracias, Diputado Ortiz Arana.
Quiero repetir el orden de los oradores que han pedido la palabra para rectificar hechos y para ilusiones personales y son los siguientes: Diputados Carlos Cantú Rosas, Víctor Orduña, senador Artemio Iglesias, y diputado Alberto Carrillo.
Se le concede la palabra al diputado Carlos Cantú Rosas.
Diputado Jorge Calderón, al final de la lista.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Señores legisladores, señor Presidente.
En un fenómeno a todas luces interesante se han traído a esta honorable tribuna algunos de los sucesos que por pertenecer a la historia contemporánea del país tiene plena vigencia y siguen estando en la diaria pasión de millones de mexicanos.
El 14 de octubre de 1987, el PARM a nuestro juicio, marcó el paraguas de la historia política electoral contemporánea del país en un hecho que sacudió a la opinión nacional y tuvo trascendencias internacionales frente a la inquietud y curiosidad que estos sucesos ocasionaban en todos los estudiosos participantes de la política.
En el auditorio conocido como General Francisco Villa del PARM, un militante de nuestro instituto político, a quien estimo y respeto, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, protestó cumplir con la declaración de principios, programas de acción y estatutos del PARM y frente a la Prensa nacional e internacional ahí congregada, fue postulado por este instituto político, el verde de la esperanza nacional, como candidato a Presidente de la República.
Algunas otras agrupaciones políticas muy respetables ya habían ejercitado su acción y conforme a sus estatutos y determinaciones, habían postulado a sus respectivos candidatos a la Presidencia de la República. Ya lo habían hecho entonces los compañeros del PST, actual PFCRN, ya lo había hecho el candidato propio a Presidente de la República, los compañeros del PPS y ya habían ejercido esa acción los compañeros del PMS.
En la misma forma, los integrantes de Acción Nacional ya habían tomado sus determinaciones y los miembros del Revolucionario Institucional ya habían nominado y postulado como su candidato al señor licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Catorce de octubre de 1987. El PARM postula a su candidato y ese mismo día frente a la Prensa nacional e internacional ahí congregados, su servidor y amigo Carlos Cantú Rosas, hace un llamado a todas las organizaciones políticas con registro y sin registro y la ciudadanía en general, para que integremos una organización lo suficientemente fuerte y respetable para que nos permita luchar con éxito a los hombres en el poder y el partido en el Gobierno.
Ahí surge lo que después los mismos integrantes de la información y de la Prensa nacional bautizaron, denominaron o nominaron como FDN.
En aquella fecha, 14 de octubre de 1987, el PARM hizo declaraciones fundamentales con una serie de requerimientos legítimos y respetuosos ante las entidades electorales y de Gobierno del país, para lograr perfeccionamiento democrático, claridad en el proceso electoral y respeto a la voluntad popular y soberana.
Ese mismo catálogo de peticiones que recoge 15 de los... que son 10 de los 15 puntos que nosotros propusimos entonces y que ahora los ha presentado en esta tribuna nuestro compañero el diputado Miguel Ángel León Corrales, fueron suscritos por un servidor y por el señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, como un requerimiento fundamental para el desarrollo y la ampliación de la vida democrática del país.
No estuvimos satisfechos con el resultado del proceso electoral de 1988; somos una de las agrupaciones a quien no nos dejó satisfechos el resultado electoral; en su momento y en todas las instancias, hicimos los reclamos, presentamos las protestas y ejercitamos las acciones correspondientes. Sin embargo, el 1o. de noviembre de 1991, también su servidor y amigo Carlos Cantú Rosas, 15 minutos antes de que el Presidente de la República abordara la tribuna para rendir su Informe de Gobierno, repetimos estos mismos requerimientos que hoy agradezco al PRD repita,
sobre una solicitud del PARM para ampliación de la vida democrática del país.
No podríamos bajo ninguna circunstancia pretender otorgarle paternidad a ninguno de estos requerimientos que son del pueblo de México entero; el país está cansado de imposiciones, el país ya no quiere mentiras y ya no quiere promesas; el país ya no quiere dedazo ya no quiere cuatachismo y ya no quiere compadrazgo, y las diversas agrupaciones políticas aquí representadas, debemos de tener la responsabilidad y la sensibilidad adecuada para percibir con toda pulcritud, por encima de intereses partidistas, de vanidades soberbias o egolatrías, aquellos requerimientos legítimos que el pueblo en sus distintos estratos del acontecer nacional, está requiriendo como un avance democrático.
De repente nos enteramos que en muchas de las latitudes del mundo en cualquiera de sus confines, organizaciones de corte socialista, organizaciones de corte comunista, organizaciones de corte comunista o capitalista, han venido transformándose. A estos tiempos renovadores no puede sustraerse el país, no podemos encapsularnos en el pasado y mantenernos ajenos a las grandes transformaciones que está viviendo el mundo y mucho menos cerrar la puerta a los avances democráticos que está requiriendo el pueblo de México entero. No quisiera bajo ninguna circunstancia venir a esta tribuna para luchar por la titulariedad o por la paternidad de alguna de las propuestas de avance democrático. Muchas de las que arriban con nosotros a esta tribuna y a cualquiera que en el país existen, son motivadas porque somos expertos sufridores de esas vivencias electorales, que en cualquiera de los extremos de la patria han venido sufriendo miles de mexicanos, cuando se ven despojados de auténticos triunfos en las urnas electorales.
La integración de esta Comisión que se ha formado en la Cámara de Diputados, para nosotros es un rasgo de optimismo, es una esperanza más y una puerta de posibilidades que se abre para traer todos esos conocimientos que en los polvos del camino hemos recogido los participantes cívicos y sociales, para tratar de hacer planteamientos razonables de criterio, de madurez y sensibles, que nos permitan con profunda legitimidad, presentar una serie de propuestas que logren los más grandes avances democráticos, que puedan enmarcar no el proceso electoral de 1994, que sin lugar a dudas resultará de fundamental importancia para el país, sino ir estableciendo desde ahorita los criterios válidos para que aun cuando todavía no se den formalmente las reformas electorales, estas inquietudes sean recogidas en los municipios, estados y distritos en contienda electoral, para permitirle al pueblo de México recuperar la confianza y volver a entregar su opinión en el secreto del voto que significa la soberanía nacional.
Sí es cierto que aquí en estas reuniones podríamos pretender encontrar una serie de divergencias entre nosotros; también lo es que sin duda existen fuerzas políticas dentro y fuera de este recinto que se encontrarían muy satisfechas porque seamos filósofos de la destrucción y nos opongamos a todo deseo de avance.
Está lanzado el reto, ha sido convocado por el propio Presidente de la República, algunos aspectos de esta reforma política electoral. La mayoría de las agrupaciones políticas no sé qué hagan, pero indudablemente el PARM considera que esos puntos son insuficientes, que bajo ninguna circunstancia dan satisfacción plena a los avances y a los anhelos de desarrollo democrático que quiere el pueblo de México, y luego, en estas comisiones que se han integrado para tal efecto, nosotros habremos de participar con profunda reflexión, con madurez, con equilibrio, con sentido patriótico y con deseo de cambio transformación y avance, para presentar no solamente estos 15 puntos de los cuales ha venido hablando el PARM, algunos de ellos dentro de los que está signando el propio PRD, sino para encontrar entre nosotros los puntos de convergencia, los comunes denominadores que aquéllos que han sido militantes de los diferentes partidos, les otorgue como experiencia fundamental para saber y determinar que en esos puntos medulares está el meollo del asunto y en donde lamentablemente se ha venido empantanando el avance democrático que requiere el país.
Por eso el PARM está asistiendo a estas comisiones. No lo hace firmando un cheque en blanco, no lo hace con los ojos cerrados, ni lo hace en actitudes de pasividad y de indolencia; lo hace con pleno conocimiento de nuestras responsabilidades, pretendiendo ejercitar nuestros derechos y tratando de hacer escuchar en esas comisiones la voz de millones de mexicanos que no son tomadas en cuenta en la articulación de las políticas oficiales.
Por eso estamos apareciendo, y por eso estamos asistiendo dentro de estas comisiones. Indudablemente que requeríamos avances, indudablemente que sabemos que la parte medular de esta reforma política, resultaría minimizada si no logramos la integración de autoridades electorales,
a todos los niveles, independientes, que sean electas entre los propios partidos integrantes por voto paritario, y que indudablemente tengan a su alcance los recursos económicos para mantener la independencia y la autonomía de todas y cada una de las funciones encomendadas.
Por eso participamos con profundo deseo de cambio, con deseos de transformación, conscientes que la libertad se conquista y que no se implora, y que solamente la participación ciudadana logrará impulsar los grandes deseos de transformación que están requiriendo las mayorías del pueblo de México. Quienes nos gobiernan, no van a hacer un Estado democrático por decreto; podríamos perfeccionar la mejor de las disposiciones en torno a una reglamentación electoral, y si no existiera la voluntad política para que se respetara el voto, para que la soberanía popular fuera respetada, no habríamos logrado dar avances sustanciales, pero debemos de aprovechar estas trincheras que en estos momentos la patria ha puesto a nuestro alcance, estas comisiones que se han integrado para que los seis partidos debidamente acreditados con registro nacional, y los recientemente acreditados, tengan la oportunidad de emitir sus opiniones con referencia a estos deseos de transformación electoral.
Pero no solamente son tribunas excluyentes, también en el Distrito Federal se están haciendo esfuerzos denodados para encontrar la forma adecuada para que se perciban los deseos de transformación en los habitantes de la capital de la República, y también un grupo independiente de asambleistas tiene la inquietud manifiesta de atender esos reclamos de avance democrático y de ampliación a los campos libertarios del país, y se presta a realizar un plebiscito, que si bien es cierto no tiene un sustento constitucional especifico, bajo ninguna circunstancia podría no atenderse, en razón que es la clara expresión de la soberanía popular, manifiesta en el artículo 39 de nuestra Constitución General de la República.
Por eso el PARM manifiesta que seguirá asistiendo a estas reuniones, pretendiendo realizar actitudes que amplifiquen los campos democráticos que en el país existen, que en el momento en que veamos que estas actitudes no son tomadas en cuenta, que en el momento en que pensemos que seriamente se están tratando de aplicar paliativos, indudablemente que acudiremos a cuanta tribuna sea necesaria para hacer las denuncias correspondientes, pero ahorita que estamos seguros que se está realizando un esfuerzo, que las fuerzas que asisten están participando con el deseo fundamental de lograr avances, queremos estar presentes, porque no queremos darle la espalda a la historia de México. Muchas gracias, señores.
El Presidente: -Gracias, diputado Cantú Rosas. Tiene la palabra el diputado Víctor Martín Orduña Muñoz, de Acción Nacional.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: -señor Presidente, señores congresistas:
El debate de hoy sobre la reforma política en esta Comisión Permanente, sin duda alguna es un adelanto de lo que será o lo es ya, los trabajos sobre la reforma política y, por otro lado, refleja el gran interés de los partidos políticos en este tema siempre apasionante.
Solicité el uso de la palabra tan solo hacer dos precisiones y con ello terminar nuestra intervención.
Una, al diputado León Corrales. Diputado León Corrales, al insistir usted en las declaraciones del presidente de mi partido y del considerar que éstas han sido avaladas por gente que perteneció a mi partido yo debo decir: "Bueno, ¿Desde cuándo el aval de un disidente del partido es garantía plena de la validez de estas declaraciones?"
Estas declaraciones en nada vinculan al Partido Acción Nacional. En su caso, serán declaraciones personales de quien quiera hacerlas o del grupo político al que pertenezcan.
Por otro lado, nos emplaza usted a exhibir nuestras actas del pasado proceso, de las elecciones presidenciales. Yo le preguntaría: ¿cuál es el propósito, diputado?; ¿para qué lo quiere usted?
Todos los partidos políticos, con la estructura propia que nos da nuestra organización, debemos tener esta documentación electoral, y yo creo que el PRD la tendrá, como nosotros tenemos la nuestra y como el PRI tendrá ya suya y como todos los partidos tendrán la suya.
Yo le diría que revivir esos procesos electorales, que de alguna forma colateral fueron traídos a este debate, porque no era el tema principal del debate, sino que usted lo enmarcó en la reforma política, nos lleva tan solo a revivir viejos rencores, odios que en nada ayudan a la reconciliación
nacional a la que ustedes mismos están convocando.
Yo le diría que con altura de miras debiéramos dejar atrás esos rencores, esos odios, con el propósito de instrumentar una verdadera reforma política, que nos lleva a los mexicanos a darle credibilidad a los procesos electorales, que nos lleve a los mexicanos a devolver la confianza en el sufragio efectivo, que nos lleve a los partidos políticos y a los ciudadanos a tener la certeza sobre quién gana una elección y sin que surjan los problemas poselectorales que estamos viviendo en estas pasadas elecciones.
Por otro lado, nosotros ofreceremos, en el momento oportuno, las propuestas de nuestro partido. Como lo decía yo aquí, no hay por qué la primera o segunda reunión llevar ya todas las propuestas, y éstas son mis propuestas y en este momento vamos a discutirlas. Bueno pues yo creo que hay que seguir un procedimiento, un método, para que esto pueda hacerse eficaz, de otro modo se convertiría ahí en una cena de negros, si todos los partidos políticos en el momento que se le antoje llevaran su propuesta.
Yo creo que hay que definir procedimientos, para que los partidos políticos podamos llevar nuestra propuesta y puedan ser analizadas.
Y tenga la certeza que, como decía el diputado Cuauhtémoc Amezcua, que bueno, pues ellos no esperan tener algún acuerdo con nosotros, ni siquiera en materia de respeto al voto; bueno, pues no se trata aquí de tener acuerdos o no de respeto al voto, se trata que como mexicanos, que con la responsabilidad de legisladores que tenemos, buscar las mejores alternativas y plasmarlas en la Ley, de tal forma que tengamos una legislación electoral confiable.
Por otro lado, nos cuestionaba el diputado Cuauhtémoc Amezcua que el PAN ha cambiado ya su discurso, que de aquel discurso fuerte que se oponía a todo, ahora aprueba todo. Yo le revertiría la pregunta señor diputado, y le diría: ¿Dónde está aquel PPS que aprobaba todo sin chispar y ahora se opone a todo? Bueno, indudablemente que esto responde a estrategias de partido, que esto responde también a plataformas de partido. Yo debo decirle: "Bueno, ¿cómo vamos a oponernos a algunas de las reformas, cómo vamos a oponernos a algunos de los cambios que se están haciendo. si con estos cambios de alguna forma estamos también consolidando y estamos cumpliendo nuestras plataformas políticas? Muchas gracias.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): -Pido la palabra para contestar alusiones personales, señor Presidente.
El Presidente: -Señor diputado Amezcua, yo le rogaría su comprensión. En el seno de este debate se han contestado alusiones personales y rectificación de hechos y hemos estado inscribiendo a los legisladores en los órdenes en que nos lo han pedido: le rogaría que aceptara estar en el orden, después del diputado Calderón, del diputado Carrillo y del señor senador Artemio Iglesias, a quien se le concede la palabra.
El senador Artemio Iglesias Miramontes: -Con su permiso, señor Presidente. Buen favor que hubiese hecho que tentado estuve a atender el llamado del diputado Víctor Orduña, de no anclarnos a un pasado que lo que nos trae a veces son cuestiones de orden en rigor.
Lo hago, señores legisladores, por un acto de la más elemental congruencia, con uno mismo, a virtud de que solamente un asunto quiero tocar, lo que esté haciendo la Cámara de Diputados en buena hora, y no lo dudo ni lo he dudado a través de cuando uno revisa la historia de la misma, que siempre ha ido con una tendencia para resolver, conducir y canalizar inquietudes del pueblo mexicano a través del derecho. Lo ha dicho y lo ha dicho muy bien Ortiz Arana, por esa razón este tema quede en las manos, en las conciencias y en los pensamientos de quien hoy por hoy está debatiéndose, creo que está en un sitio, en la Cámara de Diputados.
No me atrevería, como algunos diputados cuando nos califican a los senadores, con una total falta de respeto. Yo no tengo la culpa de que la Ley esté así, vengo a cumplir y a acatarla nada más, porque ha sucedido el que un ciudadano cuestione a alguien del Gobierno tiene derecho, el Gobierno no puede cuestionar a un ciudadano, pero aquí no se trata de ciudadano a ciudadano, se trata de que tenemos funciones y responsabilidades cada uno en su esfera de competencia y lo menos que tenemos que tenernos es respeto. Llamo la atención sobre eso a los señores legisladores y ahora compañeros de la Permanente.
Mi acto de congruencia estriba en lo siguiente: fui miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en aquella LIV Legislatura, presentamos un dictamen después de grandes, profundas deliberaciones sobre lo acaecido en este tiempo y en aquellas circunstancias. Solo hay, creo habemos aquí, tres, dos o
tres senadores, obvio, ningún diputado puede haberlo sido. Entonces debatimos a profundidad y creo que los votos en contra del PAN o de los diputados de tal o cual partido, diputados simplemente, en contra. Los de en ese tiempo aquella gran ilusión del FDN.
Usted nos explicó, diputado Cantú, cómo fue utilizado de trampolín su partido, y quizá de alguna manera, de buena fe, de buena fe, o sea como fue utilizado y lo dejaron en la estacada, no tiene la culpa usted, dice: no tiene la culpa el indio sino quién lo hace compadre. Sí nos explico aquí con mucha claridad y nitidez.
Y luego el PPS diciendo que hay más o menos actos de convergencia, sé que los hay, nada más que el PPS, Cuauhtémoc Amezcua, lo he dicho y lo digo, es una fuerza respetable de tradición, independientemente de que ustedes nunca hayan tenido coincidencias y nosotros sí y a veces en ésta vamos, en algunas de la mano, y eso es un hecho y ahí están las cosas, no podemos negarlas. Y en aquel tiempo calificamos la elección del Presidente, el hoy Presidente Carlos Salinas de Gortari.
Simplemente quiero decirles, los que estaban en el seno de esa asamblea convalidaron con su presencia aunque hayan votado en contra y son de su partido, son del suyo, son del suyo y son del suyo diputado, aun en contra, convalidan, porque allí están; y los que votamos a favor dijimos, aseveramos y somos responsables política y moralmente ante la nación nosotros mismos y expresamos: Carlos Salinas de Gortari es Presidente de los mexicanos legal y legítimamente a partir de 1988 cuando él toma posesión. Todos convalidamos ese hecho en la Cámara de Diputados, que es el órgano calificador; la mayoría determinó que esas elecciones eran válidas.
Si no pudieron encontrar por limitantes o porque hicieron encuestas, no hicieron encuestas, son juicios interesados, admitamos que hay juicios interesados en política, ¡verdad diputado¿ usted dijo que los han defeccionado a su partido tienen interés en descalificar, bueno, hay juicios interesados; de los demás para mí son sólo juicios interesados de llevar agua a molinos en tiempos o en preludios de procesos electorales nacionales. Sólo le quiero decir a un partido: perdió su oportunidad, creo, del gran FDN, que creo que hubiera sido histórico, importante para la democracia de este país.
Tenemos que ser consecuentes con Hegel: los acontecimientos de la historia no se repiten. Si quieren hacer paralelismos es su derecho, creo que no los van a encontrar.
Salinas es legal y legítimamente, por los diputados de aquella LIV Legislatura. el Presidente de los mexicanos hoy por hoy. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta: -Voy a ser breve y sólo para fijar la posición de mi partido con respecto a este debate. A mí me parece que la actitud del PRD es de mal gusto y provoca irritación, por dos razones: la primera, por traer temas discutidos apenas ayer, de manera inoportuna y sobre todo por traerlos de manera sesgada y parcial; temas que llevaron horas de discusión, temas que se debatieron ampliamente y temas sobre los que señalamos oportunamente coincidencias y discrepancias.
Pero principalmente provoca molestia por exigir definiciones de los partidos políticos en torno no al tema del debate sino a la posición particular que el PRD tiene en torno al debate, es decir, traer aquí su punto de vista y pretender que alrededor de él tengamos forzosamente que dar nuestra opinión o definirnos y sobre la base de esa definición calificarnos o descalificarnos ante la opinión pública. Por esa razón a mí la posición del compañero Miguel León Corrales me parece molesta, me parece irritante.
Yo creo que no tenemos obligación de discutir esa propuesta porque todos tenemos nuestro punto de vista evidentemente la propuesta del PRD pues es muy respetable, pero es su punto de vista, y la insistencia una y otra vez de sacar a colación sus 10 puntos aquí, allá, una vez, otra vez, de obtener sanción de los partidos políticos, opinión de los partidos políticos, y volver una y otra vez a insistir, me parece una actitud poco seria, poco madura y su insistencia hace parecer a su propuesta como poco reflexionada, imprudente, impropia.
Por otro lado, como emplazado que estoy, y me siento para fijar la posición de mi partido sobre el tema de reforma política, quiero repetirlo brevemente. Insisto, no sobre la propuesta del PRD, sino sobre nuestra propia propuesta en torno al tema de la reforma política.
¿Cuándo fijamos nosotros nuestra posición? La posición nuestra la fijamos unos minutos antes del informe del señor Presidente, del Cuarto Informe de Gobierno, y cara al quinto año de
gestión de su Gobierno, Por mi persona, a través de mi persona, la fracción de mi partido, la fracción parlamentaria de mi partido fijó su posición frente a este próximo año de Gobierno y partiendo de dar a conocer discrepancias, algunas de ellas profundas en el régimen salinista, una de ellas fundamental en el concepto de democracia, en el que no estamos de acuerdo con el concepto que aparentemente enarbola el régimen, nosotros pedimos o argumentamos nuestra exigencia de una nueva reforma política y delineamos algunas de las características que a nuestro juicio debería tener esa reforma política; una de ellas fundamental, la desaparición del partido de Estado que distorsiona gravemente el régimen de partidos en México. Acabar con el sistema de partido de Estado, demandamos.
Llamamos a que la reforma política no se circunscribiera al aspecto electoral; es decir, que abarcara aspectos múltiples de la vida política del país, incluso de la vida social del país; es decir, que abarcara al D.F., que abarcara los municipios, que abarcara el Senado.
En suma, que posibilitara el ascenso de la incorporación masiva del pueblo a las tareas del Estado; es decir, a la acción política en contra del concepto de las minorías activas y de la sociedad civil que nosotros repudiamos. Acabar con el proceso de deslegitimación acelerada que los partidos y las elecciones estamos sufriendo, producto de la forma en cómo se resuelven los conflictos poselectorales, de manera pragmática. Llamamos a cuidar el voto como la niña de nuestros ojos o como los ojos de nuestra niña.
Hacer, en suma, una reforma no para los partidos y de los partidos sino para la sociedad, para posibilitar el tránsito democrático para que irrumpa México, consolide sus reformas e irrumpa con democracia plena al Siglo XXI.
En ese momento fijamos nuestra posición que reiteramos el día en que se reunió la Comisión para la Consolidación de la Democracia Electoral, porque en esa reunión, no sólo el PRD llegó con planteamientos por escrito, nosotros también hicimos llegar a nuestras propuestas también por escrito y obran en la minuta de esa sesión.
Hoy mismo, al intervenir sobre un aniversario más de la Constitución, nosotros reiteramos nuestra posición de que la Constitución sea modificada en aspectos fundamentales que posibiliten una reforma política de la profundidad que sentimos nosotros que requiere el país. Tenemos pues, compañeros del PRD, propuestas. Vamos a abundar en ellas, pero no pretendemos que las propuestas nuestras sean las propuestas. Las defenderemos con argumentos, obviamente señalando sus ventajas; si coinciden con ellas otras fuerzas, incluyendo al PRD, ¡qué bueno! Si coincidimos con propuestas de otros partidos ¡qué bueno! y si no, ni modo. Las vamos a pelear. Gracias.
El Presidente: -Gracias , diputado Carrillo. Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón.
Aprovecho para anunciar a los siguientes oradores: diputado Cuauhtémoc Amezcua, y diputado Cantú Rosas.
Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Estimados compañeros legisladores:
Al igual que grandes sectores del pueblo mexicano, estamos seguros, al igual que la amplia mayoría del pueblo mexicano tenemos una esperanza; la esperanza de lograr un cambio democrático, pacífico; de abrir camino a una primavera en la vida política de este país en 1994 y de crear condiciones para un régimen de partidos donde los votos cuenten y se cuenten, y donde la fuente para la constitución de órganos de Gobierno sea precisamente la soberanía del pueblo, expresada a través de elecciones limpias e imparciales.
Queremos, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que esa penosa situación que han vivido millones de conciudadanos mexicanos en los procesos electorales de 1988 y en numerosas confrontaciones electorales que se han dado en muchos estados de la República, no se repita; que las familias puedan, con confianza, ir a depositar su voto y sepan que ese voto será respetado y que quienes ocupan puestos a nivel federal, municipal y estatal han sido electos por el voto libre del pueblo.
No es una aspiración específica del PRD, la compartimos, repito, con muy diversos sectores Sociales con muy diversas fuerzas políticas y con distintas organizaciones civiles que se expresan en diferente forma.
Si hemos traído a colación dolorosos hechos de lo que ha sido el debate político nacional en torno a la legitimidad del proceso electoral del año 1988, la legitimidad del proceso electoral de 1991 y el debate sobre el COFIPE, no es por un interés protagónico, amarillista, sino porque deseamos, por encima de todo, que esta
Comisión de seis partidos políticos, que se formó por un acuerdo de la Cámara de Diputados en su conjunto, en diciembre del año pasado, sea una comisión que termine con consensos fundamentales para abrir el tránsito a la democracia en nuestro país.
Solo hablando claro y con franqueza, aunque a veces sea complejo en este ámbito; solo definiendo lo que han sido aquellos puntos de vista que expresamos a lo largo y a lo ancho del país, es que consideramos que pueden darse las condiciones políticas para ese diálogo. Con franqueza, con claridad, sin que ningún partido abdique de los puntos de vista propios que sostiene, nuestro partido reitera aquello que ha sido su tesis política fundamental, desde los históricos discursos que Cuauhtémoc Cárdenas pronunció en el zócalo, después del 6 de julio de 1988, pero nuestra voluntad es precisamente tocar aquellos temas, arriesgándonos incluso a debates complejos como el que estamos dando, pero tocar estos temas porque tenemos esta esperanza: elecciones limpias e imparciales en el año 1994, procesos electorales donde no sean necesarios marchas, mítines, éxodos, como el éxodo por la democracia que encabezó nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, donde no sean necesarias manifestaciones poselectorales y que no se diga que buscamos obtener en mítines y marchas lo que no obtuvimos en las urnas.
Lo que queremos, es precisamente un sistema Electoral Democrático, como que existe en numerosos países del mundo, que permitan sin ningún tipo de movilización y sin ningún tipo de presiones, sino solo con la transparencia que da que los votos cuenten y se cuenten el establecimiento de órganos de Gobierno, legítimos.
Si tocamos aquí temas en torno a declaraciones, que ya han sido desmentidas por el diputado Víctor Orduña; peso si tocamos temas en torno a declaraciones que se atribuyen al licenciado Luis H. Alvarez; si tocamos temas sensibles para el debate político nacional, como es la legitimidad del Gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari o de los procesos electorales de 1991, no es porque deseemos hacer aquí una análisis o una lección de historia, y no porque supongamos que las diferentes fuerzas políticas van a abdicar en sus respectivas posiciones.
El discurso del senador, por ejemplo, Artemio Iglesias fue muy claro en algo que ha sido el punto de vista reiterado del PRI, en el sentido de que el Gobierno del licenciado Carlos Salinas es un Gobierno legítimo, donde una mayoría de diputados erigidos en el Colegio Electoral calificó su propia facultad para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Los distintos diputados del FDN que participaron en esa elección no coincidimos con ese punto de vista, se votó en contra, y mantenemos, particularmente en el PRD, cuestionamientos a ese proceso; no voy a referirme a ellos, simplemente ratificamos lo que ha sido elemento del debate político nacional.
Pero tenemos una experiencia en la que sabemos que no coincidimos, que es el análisis que hacemos del COFIPE. Basta leer las actas de decenas y decenas de intervenciones de diferentes partidos políticos en el Colegio Electoral de Octubre del año 1991, para entender que hubo diversos cuestionamientos incluso de partidos que dieron un apoyo condicional al COFIPE, a esa legislación electoral.
Si hemos tocado temas, repito, arriesgándonos incluso a elementos muy sensibles en el debate nacional en esta tribuna, no es con un deseo destructivo, no es con un esfuerzo de revivir añejos o viejos debates sin una razón específica, es porque deseamos que esa perspectiva del pueblo mexicano se materialice en un código electoral o en modificaciones electorales sustanciales en el año 1993, que respondan a las aspiraciones del conjunto del pueblo mexicano.
Si se considera pertinente que el conjunto del debate sobre las propuestas específicas se dé fundamentalmente en detalle en la comisión específica creada por la Cámara, así lo haremos; aquí solamente hemos presentado propuestas genéricas.
Qué bueno que el diputado Cantú presenta una perspectiva de aquéllo, que han sido los postulados de cambio democrático, formulados desde el 14 de octubre de 1987. Sabemos que otras fuerzas políticas, independientemente de cambios en sus órganos de dirección, han mantenido muy diversos postulados también en materia de reforma electoral democrática.
Buscamos, con un debate abierto, franco, directo, un debate que quizá en ocasiones pudiera parecer áspero, pero buscamos con este debate la creación de amplias convergencias. No desearíamos, estimados compañeros legisladores, llegar a un día de mayo o de junio o julio del año 1993 en que una mayoría de diputados, sin un consenso o al menos sin un esfuerzo de consenso profundo de todas las fuerzas políticas, no desearíamos que se votaran reformas Electorales que no fueran producto de ese consenso social profundo.
Pensamos que independientemente de que esa reforma electoral pudiera ser aprobada con una mayoría que le daría valor legal, ante todo está la legitimidad histórica, política y social de esa reforma electoral. Y no aspiramos a la destrucción de ninguna fuerza política. Queremos que todos los partidos sean eso, partidos políticos sin un vínculo privilegiado con el aparato estatal, y que sea el ciudadano, con sus votos, quien determine en el año 1994 qué relación de fuerza establece en la Cámara de Diputados y cuál en la de Senadores y quién será el mexicano que ocupe la primera magistratura, la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.
No estamos hablando, por tanto, de temas simples ni sencillos. Sabemos la dificultad y complejidad de abordar en la tribuna de la Comisión Permanente estos temas, pero en vez de enterarnos de este debate por declaraciones circunstanciales en tal o cual periódico; en vez de saber en que plazas, pueblos y comunidades dialogan a distancia el licenciado Genaro Borrego y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo en Baja California Sur; en vez de informarnos por tal o cual medio, de declaraciones que se atribuyen a Luis H. Alvarez qué bueno que aquí Víctor Orduña, el diputado Orduña, ha hecho una puntualización sobre estos temas; preferimos, arriesgándonos a debates complejos, la intervención directa y clara sobre los puntos que están en la Prensa, en los medios de comunicación, en las plazas y en la opinión pública nacional, porque es este debate lo que va permitiendo crear las condiciones para que ya adopte forma legislativa que significa propuestas de Ley en la Comisión de Reforma Política, estos principios.
No hemos presentado aquí articulado específico de modificación a tales o cuales leyes en base a 10 puntos, en su momento y quizá por métodos legislativos adecuados, se presentarán siguiendo la metodología que la Comisión establezca, estas propuestas de articulado.
Seguramente otros partidos también lo harán pero hemos pensado legítimo, quizá aquí discrepemos con algunos de los diputados o senadores en que antecedieron en el uso de la palabra, hemos considerado legítimo, como lo hemos hecho en plazas y en distintos lugares de la República, presentar las propuestas globales de reforma política. Entendemos y asumimos que no es necesario que tal o cual partido se pronuncie a favor o contra de nuestras propuestas, forma parte de un debate político, no lo emplazamos a que hoy o que ayer se hubieran manifestado en favor de tal o cual aspecto, por una razón de considerar que ésta es la máxima tribuna de la nación y asumiendo, repito, el carácter complejo de este debate quisimos presentarlas aquí y quisimos presentar también con todos los riesgos que esto implica, tesis que han sido la base de nuestro partido desde 1988 en torno a la legitimidad del Gobierno de Carlos Salinas y las críticas que formulamos desde 1990 y 1991 en torno al COFIPE, pero lo que nosotros hacemos es ver hacia adelante y buscar consensos profundos; repito, no quisiéramos que un día de julio se votara una reforma electoral con una mayoría que le daría carácter legal a la reforma electoral pero que sería cuestionada no en términos estrictamente de técnica jurídica para su aprobación, en términos de legitimidad histórica y política esa reforma, queremos consenso así duremos días, semanas o meses discutiendo con todas las fuerzas políticas y ojalá, es una aspiración, que lleguemos a un día en el próximo Período de Sesiones Ordinarias a una reforma electoral que permita un tránsito ordenado a un sistema democrático ordenado y eso ha sido posible en numerosos países del mundo .
que tenían o un sistema antidemocrático o graves imperfecciones en el sistema político, es legítimo que los mexicanos aspiremos a eso, ya hay un esfuerzo de concertación parcial, no completo, en cuanto al referendum en el D.F., asambleístas de distintas fuerzas políticas incluido el PRI, están buscando un mecanismo de concertación, podrá eso tener resultado o no, se verá en el debate posterior pero ahí hay un ejemplo de concertación.
Nosotros con un debate abierto, franco, directo, a veces pudiera parecer que estamos retomando viejos problemas, queremos crear las condiciones para que ese rasgo de optimismo al que se refería el Diputado Cantú, para esperanza que tiene el pueblo en un reforma democrática desde 1987 que hoy reiteramos, se haga realidad y sobre todo esto sólo puede reposar si hay voluntad política del Ejecutivo Federal y de las fuerzas políticas representadas en el Senado y la Cámara de Diputados, e incluso de aquéllas a las que recientemente se otorgó registro condicionado, para arribar a esta reforma política que permite establecer procesos electorales limpios e imparciales y constituir órganos de Gobierno donde no sea de nuevo una situación que al día siguiente de la elección se inicie una movilización poselectoral con enorme costo humano y social para cientos de miles de familias mexicanas.
Queremos un régimen democrático, queremos un diálogo franco y abierto, buscaremos en la Comisión de seis partidos todas las formas de diálogo o concertación que sean necesarios pero también reivindicamos como organización
política que somos a nivel nacional, nuestro derecho que lo ejercemos responsablemente de debatir ante la opinión pública y en los distintos procesos que se viven en este país, aquellas posiciones que son las propuestas específicas y particulares que tenemos en materia de reforma política electoral.
Necesitamos pues finalmente asumir, sí nuestros respectivos puntos de vista, mantenemos las tesis centrales que el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas ha sostenido, desde hace ya varios años, pero estamos por una transición política basada Como lo sostuvimos al inicio de esta sesión de la comisión permanente al hablar de la Constitución de 1917, por una transición Política basada en los principios del Constituyente de 1917 en las bases orgánicas de nuestra Constitución y en la normatividad que de manera consensada y por un diálogo político tengamos los diferentes partidos.
Hacemos pues votos porque haya condiciones en los próximos días, semanas y meses para ese esfuerzo de concertación multipartidista y porque exista la voluntad política, particularmente en el Ejecutivo Federal, para que este esfuerzo de consenso que permita un tránsito ordenado a la democracia. Muchas gracias.
El Presidente- Gracias, diputado Calderón. Tiene la palabra el diputado Carlos Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Señor Presidente, señores legisladores.
Con una actitud muy responsable, de profunda inquietud cívica, de análisis del pasado y consciente del momento en que vivimos, hemos percibido en esta tribuna participaciones de diversos legisladores, trayendo una serie de memorias con referencia a lo acontecido en 1987 y en 1988.
En razón de algunas expresiones no gratas quiero hacer unos señalamientos muy formales. Bajo ninguna circunstancia en el PARM, en su momento fuimos usados; participamos con plena responsabilidad el momento que se vivía; atendimos el llamado y el clamor del Pueblo y establecimos la estructura adecuada para la integración de lo que la prensa bautizó como FDN.
Estamos profundamente satisfechos de aquella participación la mayoría de quienes integrábamos ese llamado FDN, por razones partidistas y algunas ideológicas, tomamos caminos diferentes, pero en el PARM siempre nos hemos sentido profundamente satisfechos y congruentes de aquello a lo que dimos nacimiento.
Entendimos el clamor del pueblo, vivimos en entera pasión el momento que se presentaba y tratamos de establecer dentro de esa coyuntura la coordinación de esfuerzos tendientes a otorgarle al pueblo de México la estructura electoral más importantes que se ha dado en la historia contemporánea y marcamos el parteaguas de la historia política electoral contemporánea del país.
No fuimos víctimas, estamos muy satisfechos de esos acontecimientos. Con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano seguimos manteniendo una respetuosa y amistosa relación. El señor tomó la determinación de formar su partido y en todas las instancias del proceso electoral, el PARM, votó en favor del registro para esa organización política.
Nosotros en el PARM no sentimos necesario ni cambiar de estructura ni cambiar de ideología, ni cambiar de colores, ni cambiar de siglas, seguimos siendo el PARM. Con esos antecedente, creyendo en nuestras raíces, en nuestras tradiciones, en nuestra historia, estamos participando.
Alguien dijo, y fue concretamente el senador Antonio Iglesias Miramontes: "No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre". Yo podría discrepar profundamente con el senador, pero solamente le podría decir "dime con quién andas y te diré quién eres".
El Presidente: -Gracias, señor diputado.
DENUNCIA
El Presidente: -En otro asunto del orden del día, tiene la palabra el diputado Miguel León Corrales, del grupo parlamentario del PRD, respecto al asesinato del periodista Roberto Mancilla Herrera, en el Estado de Chiapas.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: -Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados y senadores miembros de la Comisión Permanente:
El día de ayer, martes 2 de febrero, a las 7 de la mañana, fue encontrado sin vida el cadáver del periodista Roberto Mancilla Herrera, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dos impactos de bala calibre 45 que entraron por la región molar del lado izquierdo y salieron por el derecho, le quitaron la vida.
Roberto Mancilla Herrera tenía 43 años de edad. Fue destacado periodista que colaboró en diversos diarios locales y dirigió algún tiempo a la Unión de Periodistas Democráticos de
Chiapas. A su fallecimiento se desempeñaba como director del Foro Cultural Universitario y encargado del área de difusión de la Secretaría de la Reforma Agraria. Era además columnista del diario Cuarto Poder.
La Procuraduría de Justicia del Estado levantó la averiguación previa 076-KCAJ4B-93 y creó un grupo especial de investigación con agentes de la policía y ministerio público.
El gobernador del Estado anunció a las 7.00 de la noche, en conferencia de prensa, que se solicitó a la Procuraduría General de la República su participación en la investigación del caso.
El asesinato de Roberto Mancilla Herrera ha consternado a la sociedad chiapaneca y en especial a los habitantes de la capital del Estado, en donde era ampliamente conocido. Su lucha por la libertad de expresión, contra la corrupción y por la democracia, quedó plasmada en sus colaboraciones.
Este crimen debe clasificarse y encontrarse a los responsables. Por ello el siguiente pronunciamiento y acuerdo:
"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa sus condolencias a la familia del periodista Roberto Mancilla Herrera y manifiesta su interés por el pleno esclarecimiento de los hechos.
Y además, acuerda se turne a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se mantenga atenta a las investigaciones para que, en caso de ser necesario, intervenga ante las autoridades correspondientes.
Firmamos por el PRD, Miguel Ángel León Corrales; por el PARM, diputado Carlos Cantú Rosas; por el PRI diputado Amador Rodríguez Lozano; Por el PPS, diputado Cuauhtémoc Amezcua; por el PAN, diputado Juan de Dios Castro y por el PFCRN, diputado Alberto Carrillo Armenta. Entrego a la Secretaría.
El Presidente: -Gracias, señor diputado y como lo solicita con fundamento en la fracción III del artículo 79 constitucional, turnamos la proposición que ha presentado el diputado Miguel Ángel León Corrales a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
FRONTERA NORTE
El Presidente: -Concedemos la palabra al diputado Carlos Cantú Rosas, del PARM, quien la ha solicitado para referirse a la internación de productos extranjeros.
El diputado Carlos Cantú Rosas: -Señor Presidente, señores legisladores:
En los términos del artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de ustedes los siguientes hechos:
El pasado 2 de febrero, el señor ingeniero Raúl Rojas Elías, director de la empresa Brown de México y Compañía, Sociedad Anónima de Capital Variable, me entregó una carta donde denunciaba algunos hechos anómalos que se están suscitando en la frontera norte y que son a nuestro juicio altamente lesivos a los intereses de la industria nacional.
En efecto, a los bienes de consumo importados, se les está dando entrada libre y sin revisión de los requisitos que establece las normas oficial mexicana, conocida con las siglas NOM, establecida por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Lo anterior es una anomalía que repercute en perjuicio de la industria nacional, dado que se están violando las normas de calidad en beneficio de productores extranjeros. Con esto se establece una competencia desleal, puesto que los artículos nacionales sí están rígidamente sujetos a cumplir con las normas de calidad mencionada.
A este respecto cabe hacer referencia que la Secretaría de Comercio y Fomento franja fronteriza, sin cubrir los requisitos de Ley, y que esta concesión se extendió de marzo de 1992 a febrero de este año, como una medida de adecuación paralela a las reglas comunes de normalización y control de calidad entre México y el extranjero, a consecuencia y la firma del Tratado de Libre Comercio.
En este momento, esa permisividad de la Secofi, en lugar de beneficiarnos, está propiciando que importadores particulares, que no tienen fuente de trabajo, una inversión en planta y maquinaria establecida, se beneficien de manera ventajosa, inundando el mercado interno del país con productos chatarra, que dada su mala calidad perjudica a productores, distribuidores y comerciantes de manufacturas mexicanas, en la rama industrial electrodoméstica, ya que como ha quedado dicho, a los productos nacionales sí se les está obligando a cumplir la norma oficial mexicana y a someterse a la aprobación de la Dirección General de Normas, para circular sus productos en el mercado interno.
Con lo anterior, repito, se está propiciando una competencia desleal, ofreciendo al comsumidor mexicano productos ineficientes y sin calidad alguna, y por lo mismo inservibles o superfluos por ser productos chatarra.
La denuncia que aquí se resalta, también ha sido puesta en conocimiento de la Cámara Nacional de Manufacturas eléctricas, y se ha solicitado también la intervensión de la Confederación de Cámaras Industriales del país, con los motivos siguientes; a la Secofi, para que la Secofi suprima la prórroga de internación indiscriminada de productos sin someterlos a la norma de calidad mexicana, que se prevean medidas de control de calidad para importadores particulares, que se apliquen a las disposiciones de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que se comprenda claramente tanto por el Gobierno como por las empresas y los comerciantes, que la apertura del comercio exterior no debe de implicar un favoritismo irresponsable a lo que provenga del exterior y una exagerada inspección a lo que se produce en nuestro país, pues esto viene a configurarse como una forma velada de competencia desleal solapada por el sector comercio y fomento industrial contra los propios mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Comisión, que esta denuncia sea turnada a la comisión o comisiones competentes para su estudio y para dictamidar la responsabilidad de quienes resulten autores de esta competencia desleal y disfrazada, solicitando también como aval a esta presidencia en denuncia señor Presidente, nos haga el favor de autorizar y girar sus instrucciones, para que el señor Secretario nos haga el favor de leer los documentos que dan cauce a esta denuncia, los cuales solicito también se agreguen a mi comparecencia y se confinen a la comisión correspondiente.
- El Presidente: -Damos trámite al final de este debate a sus solicitudes, y concedemos la palabra, que la ha solicitado en este asunto, al diputado Amador Rodríguez Lozano.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: -Con su autorización señor Presidente: Exclusivamente para hacer un comentario a manera de aclaración. Efectivamente, a partir del mes de noviembre del año pasado, mediante una circular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para el área de la frontera, se suspendió temporalmente, por 90 días, la aplicación de la norma oficial mexicana.
La razón fue muy sencilla. Yo tuve la oportunidad de acompañar a organizaciones de Baja California, fundamentalmente a las Cámaras de Comercio, quienes me pidieron solicitara esta medida a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, toda vez que por ejemplo, en el caso de la frontera, Fundamentalmente en el caso de Baja California, no existían laboratorios que pudieran hacer las pruebas que exige la aplicación de la norma oficial mexicana, y una de las propuestas que hacíamos en aquel entonces y que convencieron a la Secretaría de Comercio, fue que la Universidad Autónoma de Baja California pudiera realizar ese tipo de investigación y que laboratorios suplieran la exigencia de esta norma.
Y, por otro lado, había una serie de problemas vinculados con la importación de una serie de productos, fundamentalmente de artículos de ropa, que exigían que se les aplicara una etiqueta. Y a juicio de los comerciantes de Baja California, estos les generaba una serie de gastos adicionales, como por ejemplo tener que tener un almacén al otro lado de la frontera, tener que pagar personal al otro lado de la frontera, para poder adherir la etiqueta cosida, que exige la aplicación de la Norma Oficial Mexicana.
Esto a juicio de los comerciantes bajacalifornianos, les originaban un gasto extra, que a ellos sí los ponía en competencia desleal frente al comercio de la frontera, que conoce muy bien el diputado Cantú Rosas.
Entonces, fue a solicitud de estos comerciantes que se pidió que se diera una prórroga para la aplicación de la NOM, fue una solicitud acompañada por estos argumentos y estas razones, que según tengo entendido este lunes expiró.
Y se trataba que en estos tres meses, por un lado se permitiera a los comerciantes pudieran vender esta mercancía que ya venía en tránsito y que para ellos la temporada navideña era muy importante y, por otro lado, que se buscaran mecanismos regionales para poder cumplir efectivamente con la norma. Muchas gracia, señor Presidente.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas (desde su curul): -Pido la palabra para hechos, señor Presidente:
El Presidente: -Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Carlos Enrique Cantú, del PARM.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Con referencia a las expresiones del señor diputado,
que gentilmente nos antecedió en la palabra, quiero señalarles una nota aparecida en la sección de comercio exterior del periódico El Financiero, el día de ayer, en donde los comerciantes de Mexicali se están quejando precisamente por esta competencia desleal y están manifestando que esto ha ocasionado la internación de una serie de productos que por no existir los laboratorios correspondientes y las instalaciones adecuadas en toda esta área de la frontera, pues, obviamente se establezca una competencia desleal y fundamentalmente los compradores estén percibiendo productos "chatarra".
La petición que formulo y ratifico en estos momentos, es la misma que la inicio de mi intervención, solicitando que en la Comisión correspondientes se reciban las denuncias y las quejas de estas personas afectadas y, obviamente, la Comisión en su momento oportuno, mediante el dictamen, aclare lo conducente. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, diputado.
Obsequiamos su solicitud y turnamos como memorial del particular lo que usted ha presentado, con base en el artículo 61 del Reglamento, a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados.
Continúe la Secretaría con los demás asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA.
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: -Señor Presidente: Se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo año.- LV Legislatura.
Orden del día
10 de febrero de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación del Departamento del Distrito Federal, a la ceremonia cívica que con motivo del CLXII aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, tendrá lugar el próximo 14 de febrero a las 11.00 horas, en el monumento erigido a su memoria en el Jardín de San Fernando, ubicado en avenida Hidalgo y Guerrero, Delegación Cuauhtémoc.
Comunicación del Congreso del Estado de Yucatán.
Dictámenes de primera lectura
Cuatro de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Juan Heriberto Salinas Altes, Antonio López Portillo Leal, Mario Blancas Sánchez y Antonio Serrano Herrera.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de los ciudadanos Marina Talamantes Aparis, Eugenia Camila Cisneros Villareal, María Magdalena Garibay Hernández, Patricia Catalina Aguirre Meza, Ángelina Calzadilla Acevedo, Ana Margarita Rodríguez Yuen, Aída Alejandra Vigueria Tijerina, María Sandra Fernández Cárdenas, Elena Evelyn Terrazas Iglesias, Antonio Meléndez Jaquez, Roberto Eduardo Vázquez Rodríguez, Gustavo Hernández Flores, Hugo Chávez Ventura, Luis Fernando Serrato Martínez, Walter Trevizo Pedroza y Graciela Alvarez Barreto, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en su embajada, en México.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Jesús Kumate Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la orden "Rodolfo Robles", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Aguirre Fuentes, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Pablo Villers Tapie Ortiz Reséndiz, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Y los demás con los que la Secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 19.15): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de febrero a las 11.00 horas.