Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930210 - Número de Diario 8
(L55A2PcpN008F19930210.xml)Núm. Diario: 8ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputado Fernando Ortiz Arana
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., miércoles 10 febrero 1993 No. 8
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INVITACIONES
Del departamento del Distrito Federal, a la ceremonia cívica conmemorativa del CLXII aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña. Se designa comisión.
Del Congreso del Estado de Hidalgo, a la sesión solemne en la que el gobernador de esa entidad, rendirá su VI Informe de Gobierno. Se designa comisión.
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Yucatán, por la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.
Se dispensan todos los trámites, se aprueba y se turna al ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Dos, por los que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró a los ciudadanos Beatriz Elena Paredes Rangel e Ignacio Rey Morales Lechuga, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios ante los gobiernos de la República de Cuba y la República Francesa, respectivamente. Se turnan a la Segunda Comisión.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Yolanda Enríquez Hernández y Alejandrina María Teresa Salido Reyero, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Primera Comisión
Por el que se informa que la ciudadana Julieta Luna Amozurrutia, dejó de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
Otro oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, autorizó que el licenciado Salvador Rocha Díaz, continúe disfrutando de la licencia concedida como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el 25 de septiembre de 1993. Se aprueba.
Con el que se remite el informe que fundamenta la desincorporación de la Administración Pública Federal, del organismo descentralizado denominado Instituto Mexicano del Café. Se turnan a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
MEMORIAL DE PARTICULARES
La Secretaría da lectura a una denuncia y solicitud de campesinos vecinos del lugar llamado Puerto Marquez, en Acapulco, Guerrero. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
Cuatro, de la Segunda Comisión, por los que se ratifican los grados militares a un número igual de ciudadanos mexicanos.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios para 14 ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en su Embajada en México.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Tres dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Jesús Kumate Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala;
Francisco Aguirre Fuentes, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Francia y;
Pablo Villers Tapie y Alfonso Ortiz Reséndiz, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turnan al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
BASUREROS TÓXICOS
Toma la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien presenta un punto de acuerdo.
Para comentar el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Miguel Angel León Corrales
Carlos Enrique Cantú Rosas
Manuel Díaz Infante
Se turna a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados.
REPÚBLICA DE SAHARAHUI
Declaración política, presentada por el diputado Israel González Arreguín. Se da por formulada.
SITUACIÓN AGRARIA EN MÉXICO
Para expresar su opinión al respecto, hacen uso de la palabra los legisladores:
Jorge Alfonso Calderón Salazar, quien presenta un punto de acuerdo.
Carlos Enrique Cantú Rosas
Artemio Iglesias Miramontes
Jorge Alfonso Calderón Salazar, para rectificar hechos.
Israel González Arreguín
Se turna a las comisiones de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE GUERRERO
Para referirse a hechos durante el proceso electoral en Teloloapan hacen uso de la palabra los legisladores:
Efraín Zúñiga Galeana, para presentar una denuncia.
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Jorge Alfonso Calderón Salazar, para rectificar hechos.
Israel González Arreguín
Orlando Arvizu Lara
Miguel Angel León corrales, para rectificar hechos.
Diego Fernández de Cevallos Ramos, para contestar alusiones personales.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Carlos Enrique Cantú Rosas
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Para referirse al proceso electoral en esa entidad, debaten los legisladores:
Miguel Angel León Corrales, quien presenta una denuncia.
Amador Rodríguez Lozano
Miguel Angel León Corrales, para contestar alusiones personales.
Juan de Dios Castro Lozano, para contestar alusiones personales.
Amador Rodríguez Lozano, para contestar alusiones personales.
Juan de Dios Castro Lozano, para contestar alusiones personales.
Amador Rodríguez Lozano, para rectificar hechos.
Juan de Dios castro Lozano, para contestar alusiones personales.
TRABAJADORES INDOCUMENTADOS
Comentan al respecto, los legisladores:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien presenta un punto de acuerdo.
Carlos Enrique Cantú Rosas, quien presenta una propuesta.
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Rodolfo Becerril Straffon
Se turna el punto de acuerdo presentado por el diputado Amezcua Dromundo a las comisiones de Asuntos Fronterizos y a la de Derechos Humanos, con la adición propuesta por el diputado Cantú Rosas.
CREDENCIAL ELECTORAL CON FOTOGRAFÍA
Para referirse al proceso de entrega, hacen uso de la palabra los legisladores:
Miguel Angel León Corrales
Fernando Lerdo de Tejada Luna
Miguel Angel León Corrales, para rectificar hechos.
Carlos Cantú Rosas, para rectificar hechos.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, presenta un pronunciamiento.
Oscar Cantón Zetina
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Fernando Ortiz Arana
Para fundamentar su criterio al respecto, hace uso de la palabra el diputado
Diego Fernández de Cevallos Ramos.
Se da por formulado el pronunciamiento presentando por el diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar.
ESTADO DE MICHOACÁN
Toma la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, quien presenta un punto de acuerdo respecto del asesinato del ciudadano Raúl Aguirre González. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
ANIVERSARIO DEL TRATADO DE TLATELOLCO
Para referirse al XXVI aniversario de la firma de dicho tratado, hace uso de la palabra el diputado Rodolfo Becerril Straffon.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
Presentada por el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, dirigida a la Comisión de Asentamientos Humanos y el Presidente así lo hace.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO ORTIZ ARANA ASISTENCIA
El Presidente: -Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: -Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Señor Presidente, hay una asistencia de 34 representantes. Hay quórum, señor
Presidente.
APERTURA
El Presidente (a las 11.20 horas): -Se abre la sesión.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: -Se va a dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL DÍA
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
10 de febrero de 1993. Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación del Departamento del Distrito Federal, a la ceremonia cívica que con motivo del CLXII aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, tendrá lugar el próximo 14 de febrero a las 11.00 horas, en el Monumento erigido a su memoria en el Jardín de San Fernando, ubicado en avenida Hidalgo y Guerrero, Delegación Cuauhtémoc.
El Congreso del Estado de Hidalgo, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano Adolfo Lugo Verduzco, gobernador constitucional del Estado, rendirá su VI Informe de Gobierno, que tendrá lugar el 17 de febrero a las 11.00 horas, en el recinto oficial de la honorable Cámara de Diputados en la ciudad de Pachuca de Soto.
Comunicación del Congreso del Estado de Yucatán.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar la Condecoración de la "Orden General José Dolores Estrada y Batalla de San Jacinto", en Grado de Collar, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua, con motivo de la visita de Estado que realizará a ese país.
Por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República nombró a la ciudadana Beatríz Paredes Rangel, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México, ante el gobierno de la República de Cuba.
Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República nombró al ciudadano Ignacio Rey Morales Lechuga, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República Francesa.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Yolanda Enríquez Hernández y Alejandrina María Teresa Salido Reyero, pueda prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México. Por el que se comunica que la ciudadana Julieta Luna Amozurrutia, dejó de prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de México.
Por el que se comunica que el ciudadano presidente de la República autorizó que el ciudadano licenciado Salvador Rocha Díaz continúe disfrutando de la licencia concedida como ministro de la suprema corte de Justicia de la nación hasta el 25 de septiembre de 1993.
Con el que se remite el informe que fundamenta la desincorporación de la empresa de la administración pública federal Paraestatal, del organismo descentralizado denominando instituto Mexicano del café.
Comunicaciones de Particulares.
Dictámenes de primera lectura.
Cuatro de la Segunda Comisión de puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Juan Heriberto Salinas Altes, Antonio López Portillo Leal, Mario Blancas Sánchez y Antonio Serrano Herrera.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marina Talamantes Aparis, Eugenia Camila Cisneros Villarreal, María Magdalena Garibay Hernández, Patricia Catalina Aguirre Meza, Angelina Calzadilla Acevedo, Ana Margarita Rodríguez Yuen, Aída Alejandra Vigueria Tijerina, María Sandra Fernández Cárdenas, Elena Evelyn Terrazas Iglesias, Antonio Meléndez Jaquez, Roberto Eduardo Vázquez Rodríguez, Gustavo Hernández Flores, Hugo Chávez Ventura, Luis Fernando Serrato Martínez, Walter Trevizo Pedroza y Graciela Alvarez Barreto, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en su Embajada, en México.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Jesús Kumate Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden "Rodolfo Robles" que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Aguirre Fuentes, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Pablo Villers Tapie y Alfonso Ortíz Reséndiz, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. Intervención del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para presentar un punto de acuerdo respecto a la construcción de basureros tóxicos, en la frontera sur de los Estados Unidos de América.
Intervención del ciudadano diputado Israel González Arreguín del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hacer una declaración sobre la República de Saharahui.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación del campo mexicano y la marcha campesina proveniente de la Región de La Laguna.
Intervención del ciudadano diputado Efraín Zúñiga Galeana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a hechos sucedidos en Teloloapan, Guerrero.
Intervención del ciudadano Cuauhtemoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del partido popular Socialista, para presentar un punto de acuerdo relativo a la situación de los trabajadores indocumentados Intervención del ciudadano diputado Rodolfo Becerril Straffon, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco.
Denuncia a cargo del ciudadano diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del grupo parlamentario del partido autentico de la revolución Mexicana, sobre la muerte del señor Raúl Aguirre.
Intervención del ciudadano diputado Miguel Angel León Corrales del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática para referirse al proceso de fotocredencialización electoral.
Intervención del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática Electoral en San Luis Potosí.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: -En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría de la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura del acta.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día tres de febrero de mil novecientos noventa y tres correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con veinticuatro minutos
del día tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de veintisiete legisladores, el Presidente declara abierta la sesión y la Secretaría informa de la presidencia de los diputados Javier Garduño Pérez, en sustitución de Rigoberto Ochoa Zaragoza y Ramón Mota Sánchez, en sustitución de Blanca Esponda Espinosa.
La misma Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, a la ceremonia cívica conmemorativa del septuagésimo sexto aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se designa una Comisión para representar a la Comisión Permanente en dicho acto
. La Secretaría da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, por los que informan de actos propios de sus legisladores. De enterado.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que doce ciudadanos mexicanos pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Primera Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaría, por el que se informa que trece ciudadanos mexicanos, han dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y se solicita la anulación de los permisos constitucionales correspondientes. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
Otro con el mismo remitente, al que se adjuntan las hojas de servicios de quince ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Se da primera lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional los días del once al trece de febrero de mil novecientos noventa y tres, a fin de realizar una visita de Estado a la República de Nicaragua y asistir a la Reunión Cumbre del Grupo de los Tres y Centroámerica, en Caracas, Venezuela.
La Asamblea le dispensa la segunda lectura y para explicar las razones por las que su grupo parlamentario no votará este dictamen, hace uso de la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática. Se considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por veintinueve votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
También se da primera lectura y la Asamblea dispensa la segunda, a un dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Fausto Zapata Loredo, como cónsul general de México en Nueva York, Estados Unidos de América. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales y, a solicitud del diputado Calderón Salazar, se asienta en la presente acta que los dos legisladores del Partido de la Revolución Democrática, presentes, votaron en contra.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Zapata Loredo y designa una Comisión para que lo introduzca y lo acompañe en el acto protocolario, la misma Comisión acompaña al Cónsul de México hasta las puertas del Recinto.
Presidencia del diputado José Antonio González Fernández La Secretaría da primera lectura a tres dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Jesús Kumate Rodríguez, puede aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Guatemala; Francisco Aguirre Fuentes, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Guatemala; Francisco Aguirre Fuentes, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Francia y Pablo Villers tapie y Alfonso Ortíz, puedan prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se mete a discusión y sin ella se aprueba en votación económica, un dictamen de la segunda.
Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el grado militar al ciudadano Sergio Alejandro Escobar Juan. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
También se someten a discusión y sin ella se aprueban, dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Andrés Rozental y Gutman, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Francia; María Elena Moedano Alvarez y María Paula Ronquillo Silva, pueda presentar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en el consulado general de ese país en ciudad de Juárez, Chihuahua.
Se turna al ejecutivo Federal , para sus efectos constitucionales.
Para expresar sus opiniones respecto al septuagésimo sexto aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores Ernesto Luque Feregrino del Partido Revolucionario Institucional; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática y Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los legisladores Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, en dos ocasiones; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones y Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones. Para expresar la opinión de su grupo parlamentario, se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana.
Se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien denuncia hechos que calificó de violatorios a la Constitución por parte del gobernador interino de Guanajuato.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo asunto, hacen uso de la palabra los legisladores Juan Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, en dos ocasiones y Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, también en dos ocasiones.
Para expresar sus opiniones respecto a la inscripción obligatoria a las cámaras empresariales, hacen uso de la palabra los legisladores Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente Concede el uso de la palabra al diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, quien hace una denuncia y una solicitud respecto de los valores catastrales en el Estado de Morelos y los pagos prediales correspondientes.
Para rectificar hechos al respecto, hace uso de la palabra el senador Angel Ventura Valle, del Partido Revolucionario Institucional.
Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Sube a la tribuna el diputado Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, quien expresa su opinión y propone diez puntos respecto de la reforma política nacional.
Presidencia del diputado José Antonio González Fernández.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados Fernando Ortíz Arana, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Víctor Orduña Muñoz; del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Democrática; Artemio Iglesias Miramontes del Partido Revolucionario Institucional; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática y Carlos Cantú Rosas, del Partido
Auténtico de la Revolución Democrática; Artemio Iglesias Miramontes, del Partido Revolucionario Institucional; Alberto Carrillo Armenta del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática y Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana
Se concede el uso de la palabra al diputado Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia el asesinato del periodista Roberto Mancilla Herrera, en el Estado de Chiapas y hace una proposición que se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Para denunciar lo que llamó hechos anómalos que perjudican a la Industria Nacional, en la frontera norte, hace uso de la palabra el diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Democrática y, para rectificar hechos, el diputado Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, y el diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en el mismo sentido.
Se turna, como memorial de particular, a la Comisión de la Cámara de Diputados.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría de lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecinueve horas con dieciséis minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles diez de febrero de mil novecientos noventa y tres, a las once horas.»
El Presidente: -Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún legislador desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: -Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún legislador que deseé hacer observaciones a la misma?...
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
El Presidente: -Continúe con los asuntos contenidos en el orden del día.
INVITACIONES
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos. -Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXII aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña que tendrá lugar en el monumento erigido a su memoria en el Jardín de San Fernando, ubicado en avenida Hidalgo y Guerrero, delegación Cuauhtémoc, el día domingo 14 de febrero a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Comisión Permanente que usted preside asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica.- Doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente: -Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: senador Oscar Cantú Zetina y diputado Manuel Díaz Infante.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo. -Congreso del Estado de Hidalgo. -Coordinación General. Honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Presente: La Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, solicitan respetuosamente a la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que designe una Comisión de legisladores con el objeto de que asista a la sesión solemne en la que el ciudadano Adolfo Lugo Verduzco, gobernador constitucional del Estado rendirá su VI informe de Gobierno el miércoles 17 de febrero de 1993 a las 11.00 horas, en el recinto oficial de la honorable Cámara de Diputados en la ciudad de Pachuca de Soto.
En espera de contar con la distinguida presencia de los ciudadanos legisladores, manifestamos nuestra más atenta y distinguida consideración. Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El coordinador general del honorable congreso del Estado de Hidalgo diputado Fernando Rodríguez Guerrero.»
El Presidente: -Para asistir a este acto en representación de este Cuerpo Colegiado, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: senador Humberto Lugo Gil senador Orlando Arvizu Lara.
COMUNICACIÓN
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos.
LII Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, Distrito Federal.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 38 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted que, con esta fecha, dio inicio el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año del Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura. Asimismo, se eligió la Mesa Directiva que fungirá hasta el 15 de febrero próximo, integrada de la forma siguiente:
Presidente: diputado profesor Maximino Yam Cocom; vicepresidente: diputado contador público Roberto Edmundo Pinzón Alvarez; secretarios: diputados Jorge Pérez Muñoz y contador público Víctor Cruz Pardio; secretarios suplentes: diputados licenciado Pedro Rodríguez Cruz y Jorge Jiménez Tzec.
Protestamos a V.H. nuestra atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán; 16 de enero de 1993. -Los secretarios del honorable Congreso del Estado: diputados: Jorge Pérez Muñoz y contador público Víctor Cruz Pardio.»
De enterado.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIÓN
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos. -Secretaría de Gobernación. Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 4 del presente.
Mucho agradeceré a usted girar sus apreciables instrucciones a fin de que se solicite a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, puede aceptar y usar la Condecoración de la "Orden General José Dolores Estrada y Batalla de San Jacinto", en Grado de "Collar", que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua, con motivo de la visita de Estado que realizará a ese país, el próximo 12 de febrero del año en curso. Mucho
le agradeceré que el permiso correspondiente se tramite con carácter de urgente.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal a 8 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
El Presidente: -De conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia solicita a la Secretaría, consulte a los señores legisladores si se le dispensan todos los trámites y se somete de inmediato a discusión y a votación.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: -Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículo 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensan todos los trámites, señor Presidente.
El Presidente: -En consecuencia, está a disposición el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden General José Dolores Estrada y Batalla de San Jacinto, en Grado de Collar, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.
Que la Secretaría registre la abstención de un legislador miembro del Partido de la Revolución Democrática respecto al proyecto de decreto que sometemos a votación. Está a discusión el proyecto de decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a consultar en votación económica si se aprueba.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: -En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
NOMBRAMIENTOS
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos. -Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 8 del presente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien nombrar a la ciudadana Beatríz Elena Paredes Rangel, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el Gobierno de la República de Cuba. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos de la interesada.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan. Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal 9 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos. -Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito, con fecha 8 del presente, manifestando lo siguiente:
"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Ignacio Rey Morales Lechuga, Embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República Francesa. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado."
Al comunicar lo anterior les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal a 9 de febrero de 1993. -El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos. -Secretaría de Gobernación.
- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 26 de enero último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación puedan prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al Gobierno de los Estados Unidos de América
Para tal efecto, se anexan los originales de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que se solicita se realicen los trámites correspondientes.
Yolanda Enríquez Hernández, Asistente en Nómina, Embajada de los Estados Unidos; Alejandrina María Teresa Salido Reyero, Asistente en Nómina, Embajada de los Estados Unidos.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal 1o. de febrero de 1993. -El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
CESE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos. -Secretaría de Gobernación.
-Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 26 de enero próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación, lo siguiente:
"Para su conocimiento y efectos a que haya lugar, la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría, para informar que he dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Anexo encontrará la carta de la interesada.
Julieta Luna Amozurrutia, Auxiliar de Contabilidad, Embajada de los Estados Unidos.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a este Gobierno."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para fines legales procedentes, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal 1o. de febrero de 1993. -El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores, para su conocimiento.
LICENCIA
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos. -Secretaría de Gobernación.
-Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
El ciudadano Presidente de la República, en uso de la atribución que le concede el artículo 100 constitucional, ha tenido a bien otorgar al ciudadano licenciado Salvador Rocha Díaz, autorización para que la licencia que se le concedió como Ministro de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de desempeñar el cargo de Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, licencia que fue aprobada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, y que vence el 25 de septiembre de 1993, pueda seguir disfrutándola.
Lo que hago del conocimiento de ustedes, en los términos de la fracción V del artículo 79 de la Constitución General de la República, enviándoles con el presente la solicitud del ciudadano licenciado Rocha Díaz.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal 4 de febrero de 1993. -El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
El Presidente: -Señor Secretario; consulte a la Asamblea en votación económica si se accede al permiso que ha concedido el Presidente al licenciado Salvador Rocha Díaz.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: -En votación económica, por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se acepta o no el siguiente punto de acuerdo:
Se aprueba la autorización del Presidente de la República para que el licenciado Salvador Rocha Díaz, continúe disfrutando de la licencia concedida para estar separado del puesto de Ministro Numerario de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el 25 de septiembre de 1993.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: -Continúe, señor Secretario.
INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 2 del actual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Con el objeto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 39, inciso b, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993, me permito enviar a usted el oficio mediante el cual el suscrito solicitaría al Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, turnar a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el informe con las razones y criterios específicos que fundamentan la desincorporación de la Administración Pública Federal paraestatal, del organismo descentralizado denominado Instituto Mexicano del Café."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 3 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados.
MEMORIAL DE PARTICULARES
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Honorable Cámara de Diputados.- Palacio Legislativo.- Presente.
Los que suscribimos habitantes de Puerto Marquez de el municipio de Acapulco, Guerrero, por medio del presente comparecemos ante esta representación nacional para exponer:
I. Somos un grupo de campesinos que fuimos afectados por el decreto de expropiación que el Gobierno del Estado llevo a cabo en el año de 1986, con el propósito de realizar el proyecto de desarrollo turístico en la zona conocida como "Punta Diamante" en el municipio de Acapulco.
II. Como consecuencia de lo anterior el Gobierno del Estado mediante convenio signado con los representantes de dicho poblado, se comprometió a indemnizar a los afectados a través de Promotora Turística - PROTUR.
III. Promotora Turística - PROTUR y su representante en el Estado el arquitecto Adrián Cordero García en contubernio con el dirigente y regidos suplente del PRI, David Deloya Hernández, negociaron a espaldas de los verdaderos afectados la cantidad de N$311,000.00 y que estaba destinado a los que suscribimos el presente documento, cantidad que además no corresponde a la realidad de las indemnizaciones ya que PROTUR realizó los avalúos a su criterio sin la consulta de los propietarios de los predios.
Queremos dejar claro ante esta representación nacional que somos campesinos en posesión de nuestras tierras con más de 60 años, la cual acreditamos con documentos que obran en nuestras menos, y que hasta la fecha de la expropiación veníamos y venimos trabajando en la producción de mango, nanche, guayaba, limón entre otros; no obstante esto jamás nos hemos opuesto a la iniciativa del Gobierno de implantar dicho proyecto turístico. En lo que si estamos en desacuerdo, es con la forma deshonesta de PROTUR de querernos indemnizar por debajo del valor real de nuestras tierras.
Acudimos ya al Ejecutivo Estatal y al ciudadano presidente municipal de este puesto y no se nos ha atendido en nuestro problema, por lo tanto y en base a lo anteriormente expuesto y en base a nuestros derechos constitucionales exigimos
: a) El pago inmediato de nuestras indemnizaciones originadas por la afectación del proyecto turístico "Punta Diamante" las cuales oscilan de manera variada entre 70 y 100 mil nuevos pesos y cuyo monto global es de N$1'000,000.00 (UN millón de nuevos pesos), de acuerdo a la superficie de los terrenos.
b) Se practica auditoria a Promotora Turística y su representante en el Estado arquitecto Adrián Cordero García, toda vez que tanto en "Punta Diamante" como en todo lo que comprende el proyecto turístico de Puerto Marquez, los afectados no hemos recibido convenio ante el Gobierno del Estado como se expresa en el documento al que se refiere el punto número uno del presente escrito.
c) Investigación y acción penal al ciudadano David Deloya Hernández, por los delitos cometidos en contra de los campesinos, al disponer de .N$311,000.00 que promotora turística destinó para las indemnizaciones de los afectados, aún cuando este monto no corresponde a los avalúos reales de nuestras parcelas (haciendo la aclaración que sólo a tres o cuatro compañeros logró convencer y sólo les entrego de 5 a 6 mil nuevos pesos y esto con la condición de que les aportaran el 15% por la gestión realizada), por esta razón rechazamos cualquier tipo de acuerdo, convenio o negociación que haya hecho o pretenda hacer este señor a nombre de los afectados quién obstenta el cargo del regidor suplente del ayuntamiento de Acapulco por el PRI.
Sin otro particular y esperando contar con el apoyo de esta Legislatura nos despedimos.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 9 de febrero de 1993.- Campesinos afectados por el proyecto "Punta Diamante" Puerto Marquez, Acapulco, Guerrero.- Aarón Ramos Osuna, Plutarco Morales Domínguez, Leopoldo Lea Gómez, Pedro Zamora Olmedo, Genaro Palma Díaz, Andrés Hernández Morales, Efren Ayala Zotelo, Baltazar Pérez Rosales, Gaudencio Martínez Palma, Florentino Chela Quiterio, Crecencio Noriega Peña, Adelina López Hernández, Angela Lumbraño Hernández, Faustino López Hernández, Fernando de la Colina Rodríguez asesor del grupo
de campesino del Cerro "Punta Diamante", Puerto Marquez.»
«Ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.- Palacio Nacional.- México, Distrito Federal. Los que suscribimos vecinos de la localidad de Puerto Marquez, de este municipio. Afectados por el desarrollo turístico "Punta Diamante", le pedimos su valiosa intervención para que se sirva girar sus apreciables instrucciones, a quién corresponda con la finalidad de que se indemnice conforme a derecho a los que verdaderamente pertenece dichos terrenos y que fuimos afectados por este desarrollo y promotora turística de Guerrero no nos atiende en nuestra petición negándose a indemnizarnos, aun cuando acreditamos debidamente nuestra posesión con más de 40 ó 50 años en los terrenos antes dichos.
Hemos acudido al jefe del ejecutivo estatal, y al ciudadano presidente municipal de este puerto y no se nos ha atendido; el monto total de la indemnización que corresponde en forma variable a cada uno de nosotros es de N$1000,000.00 (un millón de nuevos pesos 00|100. M.N.).
Por esa causa acudimos ante usted para que se nos haga justicia. Y asimismo pedimos que se investigue al ciudadano David Deloya Hernández vecinos de esta misma población, que recibió de PROTUR N$311,000.00 con fecha anterior y que estaba destinado para los que suscribimos, así también que la contraloría que corresponde practique auditoría interna a esta dependencia que representa el ciudadano arquitecto Adrián Cordero García, ya que presumimos que el dinero destinado para los afectados se le haya dado otro destino y no para lo que estaba autorizado.
Por otro lado, los vecinos también de esta misma localidad y que nos firmamos al final de este documento le pedimos su amable atención para que se sirva girar sus órdenes para que el fideicomiso Acapulco, nos entregue las 50 hectáreas de terreno en el fraccionamiento "Miramar" que con fecha anterior Inmobiliaria "El Farallón" dono en propiedad a los vecinos de esta localidad para que construyeran sus casas habitación. Contamos con la documentación que acredite nuestro dicho. Esta última dependencia acusamos ante usted que no nos hace caso.
El desarrollo turístico, consideramos no puede afectar a las mayorías como es el caso.
Muy atentamente.
Acapulco, Guerrero, febrero 1o. de 1993.- Por los afectados de "Punta Diamante":- Genaro Palma Díaz, Aarón Ramos Ozuna, Plutarco Morales Rodríguez, Leopoldo Olea Gómez, Efren Ayala Sotelo, Andrés Hernández Morales, Baltazar Pérez Rosales y Fernando de la Colina R.»
Por los beneficiarios de la donación de la inmobiliaria "El Farallón".- Génaro Palma Díaz, Alberto de la Rosa, Avelino Morales, Soledad Palma.» Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados.
El Presidente: -Así es. Con fundamento en el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y siendo facultad de esta Presidencia, se turna como lo ha hecho la Secretaría, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, señor diputado Calderón.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Los pasados 28 y 29 de enero ciudadanos de Netzahualcóyotl se movilizaron, en la Cámara local y en el palacio municipal de nuestra ciudad. Para exigir que el procedimiento de desincorporación del servicio de agua potable se realizará bajo los ordenamientos de la Ley respectiva y que se solucionará definitivamente el desabasto de agua en la zona norte del municipio.
El jueves 28 se acordó, con el secretario del ayuntamiento, José Lucio Ramírez y con el diputado local José Vera Gaytán, una reunión con el presidente municipal un día después. En esa reunión se tratarían, principalmente los problemas de la zona norte, entre los que destacan: Falta permanente de agua potable venta del líquido por parte de las responsables de las pipas contratadas por el ayuntamiento deterioro de las calles, avenidas y guarniciones fallas en el servicio de alumbrado público redes de drenaje, azolvadas y en mal estado y deficiencia en la recolección de basura.
El viernes 25 al reunirse los ciudadanos con el licenciado Juan Gerardo Vizcaíno Covian, presidente municipal. Y donde se le expuso toda la problemática y varias de las exigencias, de entre las que destacaban la reducción al mínimo del
pago de agua, toda vez que no se ha recibido el líquido: la exigencia de la pronta construcción y reparación de la red de agua: el uso transparente de los recursos, que se sabe asciende a cerca de 11 millones de nuevos pesos. Para estas obras. Y la exigencia de un compromiso para resolver, en conjunto con la ciudadanía, el problema de desabasto de agua y los demás problemas arriba señalados. Y que cada vez son más críticos en la zona norte del municipio más poblado del país.
El presidente municipal, ante estos planteamientos, solo acertó en responder con evasivas y ante el justo rechazo e inconformidad de los vecinos con sus respuestas. El licenciado Vizcaíno huyo de la reunión, obviamente sin compromiso alguno.
En su desenfrenada carrera, su cuerpo de seguridad, golpeo a varios de los asistentes llegando incluso a dejar herida a la compañera Magdalena Hernández.
Los problemas que ocurren en la zona no son privativos de esa región del municipio sino una situación generalizada en toda la ciudad y esto es agravado por la ineptitud e irresponsabilidad del ayuntamiento que no se reúne en sesiones de cabildo. Como lo señala la Ley orgánica municipal, llegando al extremo que de 1058 sesiones que debieron haberse realizado, el ayuntamiento sólo se ha reunido en cabildo en 20 ocasiones.
El presidente municipal nunca atiende en su despacho, ni en ningún otro lado.
Existe un presupuesto destinado a la solución de los problemas en la zona norte, del que se sabe asciende a 11 millones de nuevos pesos, sin embargo, no se ve por ningún lado el avance de las obras, y solo en una colonia. Se han iniciado algunos trabajos, dejando para mejor época la mayoría de las colonias de esta región.
A solo algunos meses de haber reprimido otra marcha que exigía solución a un problema de carácter educativo. El presidente municipal vuelve a mostrar su rostro represivo, lo cual es natural en alguien que se distingue por desatender los problemas de la sociedad municipal y sólo ha encontrado la represión como el medio para resolverlos.
A esto habrá que añadir, por otro lado, que el Gobierno estatal viola la autonomía municipal, plasmada en el artículo 115 constitucional, al instalar cuarteles, dirigidos por funcionarios designados por el ejecutivo estatal, que se dedican supuestamente a atender los problemas de la comunidad, tal es el caso del cuartel instalado en la multimencionada zona norte del municipio. Los ciudadanos se preguntan por que el Gobierno estatal le abroga al ayuntamiento, el derecho de atender los problemas derivados de los servicios públicos. Y lo que más grave, que el Gobierno municipal acepte esta situación a todas luces violatoria de la Ley. Además de como se demuestra, no sólo no resuelven los problemas de fondo, sino que los agravan.
Por las razones arriba expuestas exigimos:
1. El respeto a los derechos de reunión, manifestación y petición consagrado en nuestra Carta Magna.
2. El cabal cumplimiento del artículo 115 constitucional.
3. Que cada uno de los actos del Gobierno municipal se apeguen a derecho.
4. El uso inmediato y expedito de los recursos destinados a la zona norte de Netzahualcóyotl.
5. Auditoría al ayuntamiento de ciudad Netzahualcóyotl.
De otra manera los ciudadanos, con los derechos que nos otorga nuestra Constitución realizaremos las acciones legales, pero enérgicas que lleven al ayuntamiento al sendero de la legalidad.
Atentamente.
Unión de colonias de zona norte de ciudad Netzahualcóyotl. Movimiento vida digna diputado Juan Hernández Mercado, ciudad Netzahualcóyotl a 4 de febrero de 1993.
Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados.
El Presidente: -Como lo ha señalado el secretario, con fundamento en el artículo 61 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, esta Presidencia turna el memorial de particulares con el que se ha dado cuenta, a la comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
"Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor, Juan Heriberto Salinas Altes, como general de división diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho fue ascendido a subteniente de la caballería al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de mayor de caballería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor al treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y tres, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y siete años, nueve meses, siete días y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Primera Clase y Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división diplomado de Estado Mayor, se deduce que los reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general de división diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Juan Heriberto Salinas Altes.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 1o. de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, diputado Fernando Lerdo de Tejada, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sabrino Sierra, senador Héctor Terán Terán, senador Jorge Adolfo Vega Camacho y senador Angel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor, Antonio López Portillo Leal, como general de división diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cuarenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación correspondiente;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de teniente de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta y cinco años, cuatro días y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera Clase y Especial y Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división diplomado del Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general de división diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Antonio López Portillo Leal.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 1o. de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, diputado Fernando Lerdo de Tejada, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sobrino Sierra, senador Héctor Terán Terán, senador Jorge Adolfo Vega Camacho y senador Angel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general de ala piloto aviador diplomado de Estado Mayor aéreo, Mario Blancas Sánchez, como general de división piloto aviador diplomado de Estado Mayor aéreo, par los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejercito como soldado alumno en la Escuela Militar de Mecánicos Especialistas el ocho de julio de mil novecientos cuarenta y siete y el primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres fue ascendido a subteniente de aeronáutica piloto aviador al término satisfactorio del curso de formación correspondientes;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de mayor fuerza aérea piloto aviador, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor al treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y siete, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor aéreo;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta y cuatro años, ocho meses, veintinueve días y
e) Se le confiere en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división piloto aviador diplomado de Estado Mayor aéreo, se reduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general de división piloto aviador diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mario Blancas Sánchez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 1o. de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputada Blanca Ruth Esponda
Espinosa, diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sobrino Sierra, senador Héctor Terán Terán, senador Jorge Adolfo Vega Camacho y senador Angel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería, Antonio Serrano Herrera, como general brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete, fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y nueve años, seis días y
d) Se le confiere en su oportunidad, por satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Antonio Serrano Herrera.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 1o. de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Angel Ventura Valle, senador Jorge A. Vega Camacho, diputada Blanca Ruth Esponda, senador Carlos Sobrino Sierra, diputado Fernando Lerdo de Tejada y senador Héctor Terán Terán.»
Es de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio de fecha 15 de enero de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Marina Talamantes Aparis, Eugenia Camilla Cisneros Villarreal, María Magdalena Garibay Hernández, Patricia Catalina Aguirre Meza, Angelina Calzadilla Acevedo, Ana Margarita Rodríguez Yuen, Aída Alejandra Vigueria Tijerina, María Sandra Fernández Cárdenas, Elena Evelyn Terrazas Iglesias, Antonio Meléndez Jaquez, Roberto Eduardo Vázquez Rodríguez, Gustavo Hernández Flores, Hugo Chávez Ventura, Luis Fernando Serrano Martínez, Walter Trevizo Pedroza y Graciela Alvarez Barreto, puedan prestar servicios de carácter administrativo en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 3 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados presentarán en el Consulado General de los Estados.
Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua y en la embajada de los Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado b, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Marina Talamantes Aparis, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Eugenia Camila Cisneros Villarreal, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana María Magdalena Garibay Hernández, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Catalina Aguirre Meza, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Angelina Calzadilla Acevedo, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana Ana Margarita Rodríguez Yuen, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Aída Alejandra Vigueria Tijerina, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo octavo. Se concede permiso a la ciudadana María Sandra Fernández Cárdenas, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo noveno. Se concede permiso a la ciudadana Elena Evelyn Terrazas Iglesias, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo décimo. Se concede permiso al ciudadano Antonio Meléndez Jaquez, para prestar servicios como empleado consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo decimoprimero. Se concede permiso al ciudadano Roberto Eduardo Vázquez Rodríguez, para prestar servicios como empleado consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo decimosegundo. Se concede permiso al ciudadano Gustavo Hernández Flores, para prestar servicios como empleado consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo decimotercero. Se concede permiso al ciudadano Hugo Chávez Ventura, para prestar servicios como empleado consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo decimocuarto, Se concede permiso al ciudadano Luis Fernando Serrato Martínez, para prestar servicios como empleado consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo decimoquinto. Se concede permiso al ciudadano Walter Trevizo Pedroza, para prestar servicios como empleado consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo decimosexto, Se concede permiso a la ciudadana Graciela Alvarez Barreto, para prestar servicios como telefonista, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 5 de febrero de 1993.- Diputado Federal, a 5 de febrero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Victor Orduña Muñoz, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Roberto Robles Garnica, senador Germán Sierra Sánchez y diputado Jorge Leobardo Lepe García.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano doctor Jesús Kumate Rodríguez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden "Rodolfo Robles", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado b, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Jesús Kumate Rodríguez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden "Rodolfo Robles", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 28 de enero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Victor Orduña Muñoz, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Jorge Leobardo Lepe García, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Roberto Robles Garnica y senador Germán Sierra Sánchez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Primera Comisión que suscribe le fue turnada la solicitud del ciudadano Francisco Aguirre Fuentes, a fin de que se le conceda el permiso constitucional necesario, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado b, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Aguirre Fuentes, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 29 de enero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Jorge Leobardo Lepe García, diputado Víctor Orduña Muñoz, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Roberto Robles Garnica y senador Germán Sierra Sánchez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 12 de enero de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Pablo Villers Tapie y Alfonso Ortiz Reséndiz, puedan prestar servicios como auxiliar contable de los Estados Unidos de América en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 27 de enero, se turnó a la Comisión para su estudio y el dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán a la embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como auxiliar contable y empleado de intendencia, respectivamente.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado b, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Pablo Villers Tapie, para que pueda prestar servicios como auxiliar contable en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Alfonso Ortiz Reséndiz, para que pueda prestar servicios como empleado de intendencia, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 29 de enero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Jorge Leobardo Lepe García, diputado Víctor Orduña Muñoz, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Roberto Robles Garnica y senador Germán Sierra Sánchez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo....
Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
BASUREROS TÓXICOS
El Presidente: -Y ahora el siguiente punto del orden del día corresponde hacer uso de la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para presentar un punto de acuerdo respecto a la construcción de Basureros Tóxicos en la frontera Sur de los Estados Unidos de América.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
-Con la autorización de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Este es un asunto que se viene ventilando de tiempo atrás. No obstante que existe un tratado internacional. Tratado de la Paz, que restringe la construcción o la ubicación de depósitos de desechos tóxicos en una franja de 100 kilómetros a cada lado de la frontera entre México y los Estados Unidos. Han sido reiterados los intentos por la parte norteamericana de instalar ese tipo de depósitos o de Basureros Tóxicos y nucleares dentro de esa franja de 100 kilómetros. En algunos casos las características geológicas hacen ver potencialmente peligrosos por su impacto en el territorio nuestro, la ubicación de tales depósitos.
De hace tiempo a esta parte son cinco, en concreto, los que se vienen intentando instalar; tres en Texas, el de Sierra Blanca, el de Dryden y el de Spofford; dos en California, el de Kethel Mchills y el de Word Valley, que particularmente ofrece mayores riesgos probablemente que los demás. En torno a este asunto, en momentos recientes se han producido dos hechos que vale la pena comentar: Por una parte, el juez calificador de Eagle Pass Texas, Gordon Hardin, recomendó
al Gobierno de Texas de negar la licencia de operación para el confinamiento de Spofford, que había solicitado una empresa, Texcor Industries Incorporated, a partir de gestión hecha por la parte mexicana, por expertos mexicanos, que aportaban datos demostrativos del riesgo que para la parte mexicana implica la construcción de este confinamiento.
Por otra parte y de manera contradictoria, la prensa publicó unas declaraciones que se atribuyen al licenciado Sergio Reyes Luján, presidente del Instituto Nacional de Ecología, que no han sido aclaradas o desmentidas, donde parece este funcionario desestimar el riesgo de este tipo de depósitos y confinamientos. Citan de él "haber afirmado" que la construcción de estos confinamientos de residuos peligrosos se encuentra bajo los lineamientos de los convenios signados por nuestro país y los Estados Unidos, lo que parecería pues no darle mayor importancia y considerar que todo está normal y dentro del orden. Por fortuna hay unas declaraciones de otro funcionario que son en sentido distinto, me refiero a las que produjo el procurador federal del medio ambiente, Santiago Oñate Laborde, quien declaró que sí existe preocupación por la parte mexicana que está realizando estudios, que hemos recientemente recibido información a gestión de la Procuraduría Federal del Medio
Ambiente, que hemos recibido la información que proporciona la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos y que ésta está siendo examinada por especialistas y des luego afirman lo que es perfectamente lógico y saludable, que si estimamos que dichos centros no reúnan las características de seguridad, habremos de oponernos a ellas por las vías del derecho internacional.
A la vista de estas informaciones recientemente producidas y frente a la preocupación que merece para todos nuestro connacionales, para todos los mexicanos y particularmente para los que habitan la zona fronteriza cercana a donde se desarrollan estos proyectos, la fracción parlamentaria del PPS trae a esta tribuna, el siguiente punto de acuerdo, que además han suscrito con nosotros las fracciones parlamentarias del PRD, a nombre de ella el diputado Jorge Calderón, del PRI, a nombre de ella el diputado Manuel Díaz Infante, del PFCRN, a nombre de esta fracción el diputado Israel González Arreguín y el coordinador de la fracción parlamentaria del PARM, Carlos Enrique Cantú Rosas y que dice así:
«Único: Que las comisiones unidas de Ecología, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, hagan una invitación al ciudadano Santiago Oñate Laborde, procurador federal de protección al ambiente de la Secretaría de Desarrollo Social, para dialogar en torno a las perspectivas ambientales surgidas de la existencia de tiraderos de desechos tóxicos en la zona fronteriza México - Estados Unidos.»
Señor Presidente, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito solicitar a nombre nuestro y de las otras fracciones firmantes, el trámite conducente para este punto de acuerdo. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: - Usarán la palabra varios compañeros que la han solicitado en este asunto y al final con todo gusto damos trámite a la proposición que ha presentado el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
Siguiendo este procedimiento, concedemos entonces la palabra al señor diputado Miguel Angel León Corrales, del PRD.
El diputado Miguel Angel León Corrales: -Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Ante la persistente intención del Gobierno de Estados Unidos de instalar en la ceremonia con la frontera mexicana, cinco basureros de residuos peligrosos y radioactivos, la fracción parlamentaria del PRD en apoyo de más de 120 organizaciones ciudadanas fronterizas, emplaza a las autoridades ambientales de México a que exijan el cumplimiento del convenio de la Paz en materia ambiental, firmado entre ambos países y que los obliga a no instalar proyectos que vulneren el medio ambiente en un espacio de 100 kilómetros a uno y otro lado de la frontera.
Según informes obtenidos por nuestra compañera diputada Liliana Flores, las nuevas autoridades de la agencia norteamericana del medio ambiente, han enviado a sus homólogos mexicanos, información detallada sobre este proyecto de depósitos de residuos peligrosos con el fin de que la evalúen y así obtener autorización correspondiente.
Nuestra fracción parlamentaria considera que esos informes deben ser dados a conocer a la opinión pública, por lo que exigimos a la Secretaría de Desarrollo Social, los haga llegar a la Cámara de Diputados.
La intención de Estados Unidos de crear cinco basureros de residuos peligrosos y radioactivos en las cercanías a la frontera con México, responde a una política injusta y discriminatoria.
Los pobladores de la frontera México - norteamericana son en su mayoría mexicanos de escasos recursos; de ahí que nosotros consideramos que existen serios obstáculos para instalar esos basureros y desde el punto de vista de la posición norteamericana, no les importa el daño a la salud y a la integridad física de los pobladores de ambos lados de la frontera.
Su construcción ha provocado la indignación de toda la ciudadanía de ambos países.
El 21 de marzo de 1992, habitantes de ambos lados del Río Bravo realizaron una movilización general expresada en marchas, mítines, y distribución de volantes en ocho puntos fronterizos, advirtiendo las pretensiones del Gobierno norteamericano y en protesta a semejante proyecto. Asimismo, se publicaron desplegados en periódicos mexicanos con la firma de más de 100 organizaciones ciudadanas en contra de la construcción de estos basureros.
El 30 de abril de 1992, se promovió y se obtuvo por consenso de todos los partidos, un pronunciamiento en la Cámara de Diputados par repudiar los propósitos norteamericanos. El 16 de septiembre de 1992, interpusimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, una denuncia de violación a los derechos humanos por atentar contra la vida e integridad corporal de los habitantes de la frontera con esos basureros.
En contra tanto el Gobierno norteamericano que pretende instalarlos, como en contra del Gobierno mexicano que ha asumido una postura de complicidad y de subordinación, más de 30 mil firmas de ciudadanos de ambos lados de la frontera apoyaron esta denuncia, lo cual demuestra con toda claridad su justeza.
Finalmente el 4 de febrero pasado, en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, y ante la falta de una respuesta que defienda los intereses de los habitantes de la frontera por parte de nuestro Gobierno, más de 2 mil manifestaciones realizaron una marcha en demanda de la cancelación del proyecto.
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, emplaza tanto a la Secretaría de Desarrollo Social como a la Procuraduría del Medio Ambiente, al Instituto Nacional de Ecología y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a asumir la defensa de la soberanía nacional exigiendo al Gobierno norteamericano el cumplimiento de los acuerdos internacionales, como lo es el Convenio de Paz de 1983, a la vez de que debe difundir la información que la EPA le ha proporcionado, pues, se teme que la evaluación que puedan hacer las autoridades federales mexicanas, sea en contra de los intereses ciudadanos ya que su actitud así lo ha demostrado con su silencio y su complicidad.
Por otras estas razones, nuestra fracción parlamentaria apoya el punto de acuerdo promovido por los compañeros del Partido Popular Socialista. Gracias. El Presidente: -Gracias diputado Miguel León Corrales. Sobre el mismo asunto que tiene la palabra el diputado Carlos Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Señor Presidente; señores legisladores:
La amenaza de la instalación acerca de nuestras fronteras de basureros nucleares, es un franco atentado y un golpe inadmisible a la lucha en contra de la contaminación.
Las amenazas del medio ambiente no hace alto en las fronteras, sólo pueden ser detenidas y eliminadas mediante una norma internacional estrictamente aplicada a escala mundial.
Entre los primeros tratados de carácter multilateral y bilateral que al respecto se han celebrado, destaca el Convenio sobre Cooperación y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, suscrito por el Gobierno de los Estados Unidos en agosto de 1983, y en el que se establecen acuerdos para prevenir, reducir y eliminar fuentes de contaminación en el territorio de cada parte que afecten la zona fronteriza.
Este convenio ha propiciado la celebración también de reuniones de coordinadores nacionales del convenio, y en la tercera de estas reuniones celebrada en septiembre de 1986, se llegaron a tratar temas de gran importancia en relación con el manejo de residuos peligrosos, la calidad del agua, la calidad del aire y el equipo de respuesta conjunta para contingencias ambientales.
Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que aprobó el Convenio de Basilea, relativo al control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del que México obviamente es signatario.
Los Estados Unidos se preocupan supuestamente por el respeto a las leyes en el mundo;
en base a su teoría del destino manifiesto, se consideran veladores de la democracia y consecuentemente se les ha visto por todo el mundo amparándose en su poderío armamentista.
De implantarse estos basureros altamente contaminantes cerca de nuestra frontera, se dará una prueba más de las flagrantes violaciones a las leyes y convenios, tratados y decretos, y a falta constante de respeto y a la mala fe en la actuación vecinal, que ratifica una vez más su política impositiva y arbitraria.
Existe un proyecto norteamericano que afecta profundamente la ecología y el medio ambiente en nuestro país, especialmente en la zona norte. Se trata de residuos radioactivos de baja intensidad en la frontera de Texas con México y rompe fundamentalmente con el espíritu del convenio de 1983, para proteger en la línea divisoria de la salud humana, los ecosistemas y el entorno natural de esa zona.
Estos confinamientos están proyectados para construirse en las ciudades de Brayen, condado de Dryden, Spofford y en otros de la región de Sierra Blanca, afectando a nuestros estados fronterizos de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, entre otros.
También están considerándose la construcción de una empresa incineradora de sustancias químicas capaces de provocar Cáncer. Este incinerador es propiedad de la compañía norteamericana Chemical Wastw Management, a la cual fue prohibido operar en san Joaquín California, mediante una orden judicial emitida en diciembre de 1991.
Desde el punto de vista estadounidense hay una realidad contundente: el volumen de desechos radioactivos, sólo por lo que toca a Texas, es creciente. Los residuos generados por plantas nucleoeléctricas, hospitales y centros de investigación, así como por industrias que emplean este tipo de materiales, se multiplicará así seis veces entre 1900 y 1993.
Por lo anterior, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, considera que la defensa de la ecología y la lucha contra la contaminación no debe ser negociable; ningún tratado comercial debe estar por encima de la vida en el planeta, no puede haber comercio, si no hay vida y si no hay humanos.
El respeto a decretos, leyes o tratados deben ser irrestrictos y debe existir estrecha vigilancia con los Estados Unidos, después de sus constantes muestras de violación a los mismos, haciendo sentir que todo les está permitido bajo el chantaje hacia nosotros de la firma del Tratado de Libre Comercio.
Otros efectos importantes negativos de la pretención de los Estados Unidos de instalar basureros tóxicos es que se ahuyentaría el turismo, se cancelarían comercios y actividades internas, pero sobre todo, la emigración de la gente vislumbrando pueblos fantasmas. Si permitimos que Estados Unidos concrete sus caprichos, el futuro de las generaciones venideras será sólo desolación, miseria y muerte. Muchas gracias, señores.
El Presidente: -Se concede la palabra al señor diputado Manuel Díaz Infante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Díaz Infante: -Con su venia, señor Presidente:
Los miembros del Partido Revolucionario Institucional, hemos signado de conformidad el punto de acuerdo que se ha sometido a debate, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento, porque consideramos que es un punto de acuerdo altamente benévolo e indispensable para las relaciones que tenemos con nuestro país del norte.
Desde hace poco más de un año, se ha venido ventilando ya en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores, como en la Cámara de Diputados, este problema, que no por afectar a los habitantes de la frontera norte, deja de afectar a toda la nación en su conjunto.
Nosotros pensamos que el establecimiento de este tipo de basureros de desechos tóxicos peligrosos o radioactivos, es un asunto que merece la mayor atención de todos nosotros.
Desde el año pasado, en estas fechas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se manifestó porque se hiciera una amplia investigación respecto a la instalación de los mismos. Se solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que solicitara al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, informes precisos al respecto.
Ha habido un intercambio de notas diplomáticas entre la Cancillería y el Departamento de Estado; ha habido también una absoluta interrelación entre la Cámara de diputados y la Cámara de Representantes del Estado de Texas, porque nosotros hemos logrado que en los juicios que
se está llevando a cabo en la ciudad de Spofford, se pudiera acreditar a un diputado mexicano, el diputado Jesús María Ramón, así como también al director de Ecología del Estado de Coahuila en esas audiencias previas al juicio de instalación de los basureros o la pretención de instalación de estos basureros.
También en conveniente aclarar aquí, que la Comisión de Ecología, la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Asuntos Fronterizos, a través de una subcomisión creada exprofeso, ha estado al pendiente de los trámites que se están dando. Sabemos nosotros que se iba a dictar ya una resolución previa, antes de iniciar la resolución final que iba a dar el Gobierno de Texas. Esta resolución, este juicio se ha ido posponiendo, y se ha pasado finalmente para los primeros días del mes de marzo próximo.
Tenemos nosotros entendido, como aquí se ha comentado ya, de que la opinión es favorable a los intereses de México, esto es, se va a recomendar a la Comisión de Aguas del Estado de Texas, que no se construyan estos basureros tóxicos o peligrosos dentro de la franja de los 100 kilómetros a que alude el Convenio de la Paz de 1983.
Aquí valdría la pena hacer una puntualización: el Convenio de la Paz no prohibe expresamente la creación o instalación de estos contenedores de desechos tóxicos; lo que exige el Convenio de la Paz, concretamente en su artículo 13, es que se deberá establecer un mecanismo de consulta previa entre los gobiernos, a efecto de que se puedan ponderar los efectos negativos que esto pudiera conllevar por ambas naciones, no así que exista la prohibición expresa de su construcción.
Nosotros hemos luchado durante un año ya, en la Cámara de Diputados, y seguiremos luchando, y hemos sido escuchados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se haga un nuevo anexo al Convenio de la Paz. Este nuevo anexo o apéndice, se tendría que redactar en dos vertientes fundamentales: la primera sería para que se estableciera, ahí sí, la obligatoriedad de la consulta y la opinión entre ambas naciones para la creación de este tipo de lugares, y la segunda, también sumamente importante, que se estableciera un mecanismo para poder discernir, para poder resolver las controversias que se fueran generando en la aplicación de este convenio.
De ahí pues, que en el mes de diciembre de año próximo pasado el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado González Fernández, envió una comunicación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitando que se activara la presencia del Gobierno de la República en este asunto tan importante.
Quiero comentar que hace apenas unos días hemos tenido una respuesta de la cancillería, dirigida a González Fernández, en donde dice que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su Consulado en Austin, en Texas, y a través de su embajador en Washington, ha conseguido una serie de documentos sumamente importantes de organizaciones no gubernamentales, documentos que ha presentado ya formalmente al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, para que sirvan de fundamento, base y soporte, para que sea negada esta solicitud.
Estos documentos soporte que han sido enviados al Departamento de Estado, ya están a disposición de cualquier compañero diputado, en cualquiera de las tres comisiones: en la de Ecología, en la de Asuntos Fronterizos y en la de Relaciones Exteriores.
Asimismo, su servidor también envió una comunicación al líder de la Cámara de Diputados del Estado de Texas, solicitando su apoyo y comunicación al respecto, para que nos apoyara en todas estas labores.
Esto quiere decir que el Congreso mexicano ha estado atento a la problemática que afecta a nuestros connacionales en la frontera norte, que obviamente no están olvidados, que lo que afecte a los mexicanos de nuestra frontera afecta a todos los connacionales.
Por todo ello, señor Presidente, la fracción priísta en esta Comisión
Permanente ha asignado la propuesta a que ha hecho alusión nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua, porque consideramos que es una propuesta llena de bondad, porque consideramos también que el Gobierno de la República ha hecho importantes gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos y por supuesto que es muy conveniente que el procurador general del medio ambiente venga aquí, a discernir con nosotros algunos puntos de interés.
Una petición, quizá, dentro del turno que usted dé, señor Presidente, que la reunión pudiera ser antes del día 5 de marzo, fecha en la cual se tiene prevista la reunión del procurador del medio ambiente, con la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos, Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: -Gracias, diputado. Con la adición que usted hace a la proposición presentada por el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista, esta Presidencia turna la proposición a comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y asuntos fronterizos de la Cámara de Diputados.
REPÚBLICA DE SAHARAHUI
El Presidente: -Pasamos a otro asunto y concedemos la palabra al diputado Israel González Arreguín, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para presentar un pronunciamiento respecto a la República de Saharahui.
El diputado Israel González Arreguín: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros miembros de la Comisión Permanente:
El conflicto subsistente entre la República Árabe Saharahui Demócrata y el Reino de Marruecos, en el Noreste de África, que ya en muchas ocasiones ha merecido la atención de nuestro Congreso, no ha podido ser resuelto a pesar de existir acuerdos firmados para su conclusión.
El alto al fuego sólo ha sido posible hacerlo respetar por la permanencia de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, a lo largo de todo el territorio Saharahui, y el plan de paz parece haber entrado a un callejón sin salida. La realización de un referendum, como principal mecanismo de resolución pacífica y democrática para el pueblo de Saharahui, no se ha materializado, según el acuerdo original. En tal virtud, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la Quincuagésima Quinta Legislatura resuelve:
1o. Saludar el que aún continúe el cese al fuego en el Sahara Occidental que puso fin a una larga guerra, que duró más de 16 años en la región del Noreste Africano, a pesar de las continuas amenazas que podrían desatar de nuevo la guerra.
2o. Expresar nuestro deseo al secretario general de la ONU, señor Boutros Ghali, de que se pueda aplicar un arreglo en los términos aprobados por el Consejo de Seguridad en sus Resoluciones 658 de 1990 y 690 de 1991, ya aceptadas por las dos partes del conflicto.
3o. Seguir confirmando en que el Consejo de Seguridad no tomará iniciativas que destruyan las esperanzas de una paz justa y duradera y que seguirá coherente con el principio de la credibilidad para alentar a las dos partes, a fin de encontrar su compromiso razonable, equitativo y justo a los problemas que bloquean la aplicación de arreglo.
4o. Reiterar nuestra solicitud a las partes: la República Saharahui y el Reino de Marruecos para que cooperen ampliamente con la misión de Naciones Unidas para el referendum en el Sahara Occidental en su tarea pacificadora, cuyo calendario de operación ha sufrido un considerable retraso.
Hacemos votos porque el conflicto referido pueda superarse lo más pronto posible y el mundo disfrute de una paz duradera.
México, D.F., a 10 de febrero de 1993.- Firman por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Rodolfo Becerril Straffon y el senador Humberto Lugo Gil; por el Partido Acción Nacional, el senador Héctor Terán Terán; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge Calderón Salazar; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Israel González Areguín; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Carlos Cantú Rosas y por el Partido Popular Socialista, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El Presidente: -Gracias señor diputado. Déjenos la declaración ahí, está sujeta por todos los partidos políticos, se tiene formulada la declaración en el sentido con el que hace cuenta el diputado Israel González Arreguín.
SITUACIÓN AGRARIA EN MÉXICO
El Presidente: -Ahora concedemos la palabra al diputado Jorge Calderón Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación del campo mexicano y de una marcha campesina proveniente de la región de La Laguna.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores:
El pasado 5 de febrero del presente año, se inició la marcha campesina denominada "General Lázaro Cárdenas del Río. En defensa del ejido", que miembros de numerosas comunidades de
La Laguna, particularmente de las comunidades de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Yescas, Gómez Palacio, Tlahualillo así como de organizaciones como la Unión de Ejidos Francisco I. Madero, la Sociedad de Solidaridad Social Ramiro Aguero, la Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas del Río, de San Pedro, la Unión de Ejidos General Lázaro Cárdenas y otras organizaciones; están impulsando a fin de proponer soluciones y buscar que problemas serios que viven ya desde hace varios años el "Movimiento Campesinos de la Laguna", sea resuelto.
A pesar de que se anunció el proyecto Nueva Laguna hace ya varios años y que recientemente fue presentado a la consideración del Movimiento Campesino Lagunero, lo que se denomina Pacto Productivo del Sector Agropecuario Región Lagunera - Caohuila y durante dentro del proyecto Nueva Laguna; es opinión generalizada de grandes sectores de los productores agrícolas de La Laguna, el que no presenta soluciones para la grave problemática, que viven distintos sectores productivos de la región.
Quizá para quienes tienen una vida predominante urbana y adquieren sus alimentos en centros comerciales, discutir estos problemas en febrero: marchas campesinas y demandas de productores, pueda parecer abstracto. Pero faltando apenas algunos días para que se inicie el programa de riego en La Laguna y estando en toda la República presente a la necesidad en millones de productores agrícolas de tener recursos para el ciclo primavera - verano, los problemas de crédito, los problemas de subsidios y apoyos, de precios, de seguro agrícola y muchos más, son problemas acuciantes porque de eso depende la posibilidad o no de sembrar 20 millones de hectáreas en la República.
Hemos pensado que sería conveniente traer hasta esta tribuna los problemas de La Laguna, porque es un detonador más o un elemento más de una situación, repito, generalizada que está viviendo en este momento el campo mexicano; y aunque no se quiera conocer, porque hemos encontrado gran insensibilidad de los funcionarios del ramo, numerosos discursos, pero poca acción. El hecho es que hay que sembrar esos 20 millones de hectáreas, y eso tiene que hacerse en un tiempo récord, no más allá de mayo o junio de este año; no es con discursos, ni con inserciones periodísticas, ni con palabras como se van a sembrar esos 20 millones de hectáreas; es con créditos, con recursos, con esfuerzos de hombres y mujeres del campo y con decisión de apoyar a los productores mexicanos.
En el caso de La Laguna, al igual que en otras partes de la República, hay una angustia, que repito, quizá para habitantes urbanos que adquieren sus alimentos en tal o cual supermercado puede parecer abstracta, pero la angustia es no saber si van a recibir créditos suficientes y oportunos para el programa de siembra de primavera - verano. Y esto está afectando a 3 millones de productores de toda la República que con sus familias significan más de 10 millones de habitantes de nuestro país.
Los habitantes de La Laguna y particularmente los campesinos que han iniciado esta marcha, son representativos de numerosas comunidades que se enfrentan a una situación que es verdaderamente angustiante. Hay una oferta lesiva para la dignidad de los productores, pero también mucho más en términos productivos, de que se les dará un crédito de 200 nuevos pesos por hectárea, llamado
"Crédito a la Palabra Pronasol" para sembrar 40 mil hectáreas, particularmente de maíz.
Y no se quiere aceptar que este desastre agrícola no podrá ser resuelto con esta miseria aportación que se les está ofreciendo de 200 nuevos pesos por hectáreas. Y, demás, esto combinado con la crisis algodonera que lleva ya varios años y se ha profundizado y combinado con un pago que se está haciendo por concepto a la cosecha maicera del orden de 400 nuevos pesos por tonelada, cuando el precio de garantía oscila en torno a 650 y 700 nuevos pesos por tonelada, significa un elemento que es verdaderamente preocupante que es el hambre de comunidades enteras en la zona lagunera y en otras partes de la República.
Pero más aún, desde septiembre y octubre en diálogo con el ingeniero Rojas, en su carácter de responsable del proyecto nacional Solidaridad, denunciamos que Banrural está cometiendo arbitrariedades injustificables al embargar pertenencias de campesinos laguneros, particularmente bienes familiares de campesinos laguneros, a fin de asegurar el pago de lo que ellos denominan "cartera vencida". Y dimos testimonio personal, lacerante, directo, recogido por diversas vías y por recorridos que hemos hecho por la región lagunera, de que era incalificable que las escasas pertenencias de campesinos ejidatarios y comuneros estén siendo embargadas, a veces con el uso de la fuerza pública. Hubo una promesa del ingeniero Rojas en el sentido de que una Comisión de varios diputados conjuntamente con las autoridades de Pronasol
y otras autoridades, iba a presentar un proyecto de solución inmediata a los problemas de La Laguna. Conocimos algunos aspectos del proyecto, posteriormente se elaboró, repetimos, lo que se denomina: "Pacto Productivo para el Sector Agropecuario", pero no hay una solución efectiva a las demandas fundamentales de los campesinos de la región. No hay un plan de reconversión productiva, no hay un crédito amplio, refaccionario y de avío para el conjunto de los productores agrícolas de la región; 200 mil pesos por hectárea para sembrar maíz, es apenas una limosna que afecta la dignidad, repito de los propios campesinos de la zona. No hay una solución a los graves problemas de abasto de agua a los distintos productores agrícolas de la región. Y se están aplicando criterios en materia de cartera vencida que también son muy negativos para los intereses campesinos.
Producto muchas veces de esta cartera vencida la corrupción y robo de fondos ejidales y fondos comunales, se pretende cobrar, a veces de manera, repito, agresiva en contra de los campesinos, a numerosas comunidades con embargos, cuando hay una petición campesina formulada hace ya bastante tiempo, de que primero debe haber un análisis que precise en dónde hubo corrupción y dónde hay responsabilidad de los propios campesinos. No hay un plan en materia de abrir un abanico de opciones productivas y un conjunto de proyectos específicos que se han presentado en La Laguna, no han sido adecuadamente resueltos.
Hasta aquí pareciera que se trata de un caso local, que se trata sólo de una marcha campesina que ya ha recorrido los municipios del sur del Estado de... perdón, que ha entrado recientemente a Zacatecas y que piensa dentro de 50 días llegar a la ciudad de México.
El problema, sin embargo, es mucho más que un mero local. Estamos ante un momento en el cual han transcurrido prácticamente 12 meses desde la expedición de la Nueva Ley Agraria, y han transcurrido ya 14 meses prácticamente, pronto serán 14 meses, desde las reformas al artículo 27 constitucional.
Uno de los puntos centrales de las intervenciones de quienes defendieron la reforma al artículo 27 constitucional, asimismo la expresión de la Nueva Ley Agraria, fue en el sentido de que estábamos ante una crisis en el campo mexicano originado por formas arcaicas de tenencia de la tierra y que había que liberar a los campesinos de todo tipo de ataduras y de todo tipo de controles estatales y de controles paternalistas para que se creara una nueva dinámica productiva en el campo.
Nosotros sostuvimos y lo seguiremos sosteniendo hoy, en febrero de 1993, que la crisis del campo mexicano no es una crisis de tenencia de la tierra, es una crisis que tiene que ver con precios, con subsidios, con apoyos a los productores del campo, y con la apertura comercial indiscriminada que se ha hecho en ciertos sectores productivos mexicanos, que ha producido ruina, hambre y miseria para grandes sectores de la población campesina de nuestro país. Y dijimos, y lo sostenemos hoy, que se necesitan acciones y no palabras; buenos precios, créditos de avío y refaccionarios a bajas tasas de interés y en cantidad suficiente; basta de burocratismo en materia crediticia. Se necesitan subsidios en materia de seguro de seguro agrícola, subsidios en materia de infraestructura agropecuaria y apoyos directos al productor bajo diversas modalidades.
Llevamos 14 meses de planes, programas, proyectos, declaraciones y discursos y no vemos en la vida cotidiana de muchas regiones del país que eso llegue a los productores. Hemos conocido diversas estimaciones de que se va a destinar al campo alrededor de 32 mil millones de nuevos pesos. Sabemos, por el presupuesto de 1993, que está definido alrededor de 11 mil millones de nuevos pesos, que Banrural destinará a 4 mil 347 millones de nuevos pesos a créditos, y hemos tenido conocimiento de que la banca privada destinará alrededor de 11 mil millones de nuevos pesos a créditos al campo.
Pero vamos a Sinaloa, vamos al sur de Sonora; recorramos regiones del centro y sur de la República, vamos a La Laguna, y no encontramos en dónde están esos apoyos, esos recursos que se prometen al campo.
No quisiéramos llegar algún día del próximo año y en donde conociéramos en el informe de Cuenta Pública, que se quedaron equis cantidad de recursos destinados al campo sin ejercer. Y no quisiéramos tampoco enterarnos por diversas vías, que han sido corporaciones transnacionales agroalimentarias o empresas monopólicas agroalimentarias, las que se han beneficiado de la mayor parte de los recursos que teóricamente debieran destinarse al campo mexicano. Hemos llegado a una situación límite, y numerosas organizaciones campesinas como La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Coordinación Nacional Plan de Ayala, todas ellas hablando por voz propia y no por intermediación de ningún partido político, han expuesto
en actos y congresos recientes, la gravísima situación que están viviendo numerosos productores de la República. Y repito, quizá para habitantes urbanos los problemas del ciclo primavera - verano puedan parecer extremadamente alejados y basta una llamada telefónica a Chicago para importar equis tonelaje de maíz, frijol, trigo o arroz. Pero para millones de productores agrícolas recibir o no recibir créditos en este período clave que es el período primavera - verano, es fundamental para la supervivencia de un gran número de familias campesinas, no es evidentemente, con tales o cuales medidas en materia de tenencia de la tierra y de privatización de ejidos como se van a resolver los problemas.
Hemos escuchado también de numerosas organizaciones campesinas, críticas severas de viva voz por los dirigentes campesinos, a los tribunales agrarios, porque la mayoría de los expedientes anteriormente instituidos a la reforma al 27 que se ha sometido a su consideración, han sido resueltos de manera negativa, y peor aún, la Secretaría de la Reforma Agraria, antes incluso de transferir esos expedientes a tribunales agrarios, está dictaminado como "archívense" numerosos expedientes que debían de haber sido resueltos conforme a la vieja legislación de la Ley Federal de la Reforma Agraria. Y se está generando la semilla de numerosos conflictos agrarios, porque independientemente de que siguen un trámite legal, resolutivo de los tribunales agrarios y la Secretaría de la Reforma Agraria negativo, en aquellos casos que los campesinos tienen la posesión de la tierra se han negado a salir de esas tierras, de las cuales tienen efectivo control y detentación real.
Por otro lado, en varios casos hay críticas directas de los campesinos de que en muchos casos la Secretaría de la Reforma Agraria más parece una Secretaría de privatización de ejidos, que de estímulo y apoyo a la producción del propio sector agropecuario. Y repetimos que esto está creando una grave inestabilidad y una situación que afecta la paz social y la concordia de los mexicanos en numerosas zonas rurales.
Por otra parte, hay una solución que se ha venido posponiendo en el aspecto de lo que se refiere a la cartera vencida. No solamente La Laguna tiene un problema de cartera vencida no resuelto, en numerosas partes de la República, la forma como se resolvió lo relativo a cartera vencida es una forma negativa para los campesinos. Se compacta, por así decirlo, las viejas deudas, se inicia un proceso en el cual gradualmente un fideicomiso específico reabsorbe una parte de estas viejas deudas. Pero el problema de fondo es que aquellos campesinos que entraron al programa de reabsorción de cartera vencida, ¡ya no reciben créditos de Banrural!, ¡ya no entran en los proyectos de reactivación económica que Banrural tiene!, y son financiados a través de un mecanismo que es absolutamente insuficiente que es: el crédito a la palabra, a través de los recursos de Pronasol; que es absolutamente incapaz de resolver, repito, los graves problemas del campo mexicano.
Por otro lado, a partir precisamente de las reformas que en materia de distritos de riego y agua se han hecho las reformas legales, se han iniciado procesos de privatización de la administración de los distritos de riego que han resuelto, en el caso de La Laguna así lo consideran los campesinos laguneros, lesivos para los intereses de los productores de la región. Y numerosos proyectos productivos que diferentes centrales campesinas han estado presentando a autoridades federales, no han sido resueltos.
Promesas, promesas y más promesas. Discursos, desplegados, declaraciones y conferencias de prensa en zonas urbanas que no llegan de ninguna manera a los intereses de los propios productores del campo.
Baste señalar, para dar una idea de la lacerante situación a la que se enfrentan numerosos compañeros, el caso que nos fue presentado por un grupo numeroso de campesinos pensionados y jubilados del Seguro Social en La Laguna, donde nos hablan que decenas de miles de campesinos jubilados del Seguro Social en La Laguna, reciben como pensión mensual del Seguro Social 118 nuevos pesos.
Ya ha habido en esta Cámara de Diputados expresiones en el sentido de que al menos lo jubilados y pensionados debieran recibir el 100% del salario mínimo.
El 90% es bajo, pero al menos es el 90% del salario mínimo. ¡Ahora imaginen ustedes, señores legisladores, lo que significa para un campesino que ha dedicado toda su vida a un esfuerzo productivo y bajo diversas modalidades cotizó vía Banrural y por otros medios al Seguro Social, recibir un estipendio mensual de 118 nuevos pesos! ¡Como está sucediendo para miles de campesinos de la región lagunera!
¡Evidentemente eso significa un atentado a los derechos humanos y derechos sociales fundamentales de los campesinos de nuestro país, que se está repitiendo en diferentes partes de la República!
Por ello es que hoy en La Laguna se vive una situación de crisis, al igual que en otras partes de la República. Y diversas organizaciones campesinas han estado exigiendo un cambio inmediato, ágil, directo, de la política económica, y exigiendo que esos fondos que se están prometiendo a grandes sectores del campo mexicano lleguen de manera inmediata y directa, particularmente en vísperas del próximo ciclo agrícola, que es vital para la supervivencia de numerosas comunidades campesinas.
El Partido de la Revolución Democrática, conjuntamente con diferentes organizaciones de productores, ha exigido una modificación en la política económica y en la política agrícola en beneficio de los productores del campo.
Creemos que el primer paso es un aumento sustancial, sostenido y apoyado con subsidios y medidas extraordinarias de protección arancelaria que establece el convenio de ingreso de México al GATT, para que los precios agrícolas se sitúen por lo menos al nivel que tenía hace 10 años, a través de un proceso tendencial, repito, de apoyos, que combine un estímulo en los precios de manera directa y por otro lado aranceles compensatorios.
Nos parece incongruente, por un lado, que se apliquen políticas antidumping válidas y correctas en materia de protección a los productores de aceros mexicanos en algunos sectores, pero no se apliquen políticas con mayor impacto social en materia de protección al conjunto de los productores agrícolas, en los que de una u otra forma la importación indiscriminada de productos extranjeros está afectando sus niveles de vida.
Creemos por otro lado necesario restablecer la dinámica de crecimiento de la inversión pública para el desarrollo rural. No podemos aceptar una situación en la cual, en este momento, la inversión pública para desarrollo rural es alrededor de un 70% más baja de lo que era hace 10 años en términos reales y por habitante. Tenemos que hacer un esfuerzo los mexicanos para salvar al campo de una ruina inminente en grandes sectores productivos y de regir, además, la reforma institucional que tanto se habló en los meses de noviembre y diciembre de 1991, previos a la reforma al 27.
Sigue el burocratismo, siguen diversas formas de corrupción, sigue habiendo un sentimiento por parte de los campesinos de autoritarismo por parte de instituciones gubernamentales y no han sido resueltos los problemas fundamentales del campo mexicano.
Y, por último, y no por ello menos importante, se requiere resolver con justicia y con apego a derecho, particularmente con la legislación agraria vigente al momento de la reforma del 27 constitucional, los más de 30 mil expedientes que están siendo dictaminados de manera negativa por la Secretaría de la Reforma Agraria y por los tribunales agrarios.
No podemos dar la espalda a millones de mexicanos, hermanos nuestros, ciudadanos, en un problema tan fundamental como es la supervivencia de grandes segmentos de la agricultura mexicana. La reconversión productiva se convierte en una frase, una frase de políticos, una frase de tecnócratas, una frase de declaraciones de prensa en reuniones palaciegas, si no hay un esfuerzo efectivo para que los campesinos puedan sembrar, puedan cosechar y puedan tener un nivel de vida digno que permita favorecer sus intereses y sus necesidades.
En el caso particular de La Laguna, el Partido de la Revolución Democrática hace suyas las demandas que han levantado los productores agrícolas de La Laguna y particularmente quienes hoy participan en esta marcha.
En primer término, la solución a la cartera vencida, haciendo un análisis de aquello que ha sido propiamente producto de la corrupción.
En segundo término, créditos suficientes, oportunos y con bajos intereses a todos los productores agrícolas y no aceptando esta migaja de 200 nuevos pesos por hectárea, que es absolutamente insuficiente para cubrir sus necesidades.
Tercero, la reorganización del distrito de riego, para que con la participación amplia de todos los involucrados se dé una distribución equitativa del agua.
El otro punto se refiere a la instrumentación de proyectos agropecuarios, a fin de que sea en beneficio del conjunto de los productores del campo. Y, finalmente, la solución de un conjunto de conflictos agrarios para resolver la paz y la tranquilidad a los productores del campo mexicano.
Además, en un punto de acuerdo que solicitaremos a la Secretaría de esta Comisión Permanente que lea a continuación de la intervención que estamos realizando, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos solicitando a esta Comisión Permanente dos pronunciamientos: Uno, apoyando la justa solución a través de un diálogo,
de las demandas que ha levantado la marcha campesina de La Laguna. Y otra, proponiendo a esta Comisión Permanente pida a las comisiones de Agricultura y de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, vean la posibilidad de integrar una Subcomisión especial para abocarse al análisis de los grandes problemas que hoy vive el campo mexicano y particularmente para tener entrevistas y diálogos con el Secretario de la Reforma Agraria, el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el Secretario de Desarrollo Social, a fin de encontrar medios que permitan superar los graves problemas que hoy afectan al campo mexicano.
Terminaría mi intervención solamente reafirmando que los problemas que está planteando la marcha campesina de La Laguna, así como numerosas expresiones de organizaciones como UNORCA, CIOAC, UNTA y muchos grupos que participan en distintas centrales campesinas, entre ellas la propia Confederación Nacional Campesina, están haciendo severas llamadas de atención de la grave situación que enfrenta el campo en vísperas del próximo ciclo primavera - verano, y si hay una acción directa, inmediata y eficaz en defensa de sus intereses, con créditos, apoyos, subsidios y buenos precios, podremos tener entonces en próximos meses una crisis agrícola de proporciones mucho más severas de las que en este momento está viviendo nuestro país. Se requieren hechos, acciones y una defensa eficaz de los intereses de los productores del campo. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias diputado.
Antes de conceder la palabra a varios legisladores que ya la han solicitado a esta Presidencia, voy a rogar a la Secretaría que dé lectura a la proposición que está presentando el señor diputado Calderón y que la fundamente en la fracción III del artículo 79 constitucional.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: -Ciudadanas y ciudadanos legisladores:
Con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esta Comisión Permanente turne a comisiones unidas de Reforma Agraria y de Agricultura de la Cámara de Diputados, la siguiente
PROPOSICIÓN
Las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Agricultura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estimando que es necesario que sus integrantes se aboquen al conocimiento de la problemática que enfrenta el campo mexicano, han considerado conveniente establecer un diálogo institucional sobre esta materia entre el Poder Ejecutivo de la Unión, atravesé de las dependencias competentes, y una subcomisión de ambas comisiones, por lo que con fundamento en los artículos 56 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Congreso, resuelve:
"Único. Establecer un diálogo en torno a la situación por la que atraviesa el campo mexicano y a sus posibles alternativas de solución. Por los secretarios de Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco; Agricultura y Recursos Hidráulicos, Carlos Hank González y de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio Murrieta.
En consecuencia, conveniente en formar una subcomisión con diputados de ambas y pertenecientes a todos los partidos políticos y en hacer todas las gestiones por medio de su respectivo Presidente, con el objeto de concretar el diálogo con los secretarios indicados. Por el grupo parlamentario del PRD, los diputados Jorge Calderón Salazar y Miguel Angel León Corrales.
Los partidos políticos nacionales que concurrimos en la integración de la Comisión, perdón y Carlos Cantú Rosas del PARM. Los partidos políticos nacionales que concurrimos en la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, atentos a la problemática por la qué atraviesa el campo mexicano y considerando que en fecha reciente un grupo de ejidatarios de la Comarca Lagunera inició una marcha a la ciudad de México con objeto de encontrar soluciones a sus problemas crediticios, financieros, técnicos, agropecuarios y de orden hidráulico, hemos coincidido en suscribir la siguiente declaración política: Los partidos políticos nacionales que concurrimos en la integración de la Comisión Permanente del Congreso, hacemos una exhortación a la Secretaría de la Reforma Agraria, Desarrollo Social, Hacienda y Crédito Público y Agricultura y Recursos Hidráulicos para que en el marco de las disposiciones legales conducentes, se aboquen al conocimiento y solución de las demandas sostenidas por los ciudadanos que conforman la marcha campesina de la Comarca Lagunera.
Al mismo tiempo, hacemos expresa nuestra confianza en que el tratamiento de dichos problemas las autoridades se mantendrán con una disposición a la solución de los problemas que
someterán a su consideración los interesados, y actuarán con diligencia para lograr una concertación benéfica al sector campesino.
Por los grupos parlamentarios: PARM, Carlos Cantú Rosas y por el PRD, diputado Jorge Calderón Salazar."
El Presidente: -Gracias señor Secretario. Sí, dígame señor diputado Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): -Me sumo a la propuesta anterior signada por los diputados Cantú Rosas y Calderón Salazar
. El Presidente: -Gracias señor diputado, lo registra así la Secretaría, que las dos proposiciones presentadas adicionalmente han sido apoyadas por el PPS.
Les informo a ustedes que hay dos legisladores que ya se han registrado para este asunto, el diputado Carlos Cantú Rosas y el senador Artemio Iglesias.
Concedemos la palabra al diputado Cantú .
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Señores legisladores, señor presidente:
En el PARM consideramos que uno de los sectores que resultará más afectado una vez que se ponga en práctica el Tratado de Libre Comercio, lo es desafortunadamente el agro nacional por su considerable retraso económico y tecnológico en relación a las condiciones que prevalecen en la agricultura canadiense y norteamericana. La situación del campesinado mexicano es sumamente difícil, ni siquiera a la fecha hay buenas perspectivas de avance o conciliación para este año, o se tienen créditos oportunos y adecuados, los precios de garantía son insuficientes, no hay apoyos y menos subsidios directos, lo cual mantiene al medio rural en franca postración.
Lo anterior ha traído en consecuencia el desaliento y el escepticismo entre los trabajadores del campo que miran con insistencia la frontera norte del país como una solución a su abandono en lo que los han mantenido gobiernos insensibles y al sufrimiento a pesar de que lucharon por las armas, por mejores condiciones de vida en el movimiento social de 1910-1917.
Cercano a los tiempos del proceso electoral, hay quienes se acuerdan que en el campo está el llamado voto rural que determina el triunfo o el fracaso de un candidato y tornan cíclicamente a renovar ofertas de apoyo al campesinado que dejó hace tiempo de creer en tales ofrecimientos de tanto ver incumplidos y frustrados sus anhelos de justicia social. Uno de estos ofrecimientos, el último, es el programa de subsidios directos a los campesinos ofrecidos por el Gobierno de la República, la cartera vencida de los campesinos, rebasa un billón de pesos viejos y los mantiene sometidos y sin posibilidades de cubrirla.
Muchos campesinos que habían negociado su adeudo, han vuelto a caer en nuevas deudas. Las perspectivas para 1993 del campo mexicano no son buenas, hay un aumento increíble en los costos de producción, los precios tienen rezagos de por lo menos dos años.
Por otra parte, los dos millones y medio de pequeños propietarios que son dueños de 60 millones de hectáreas, las cuales representan el 30% del territorio nacional, prácticamente a la fecha no han recibido ofertas de inversionistas privados para contribuir asociaciones en participación, debido a la baja rentabilidad que ofrece el sector agropecuario.
Al inversionista, ya sea nacional o extranjero, lo único que le interesa es la rentabilidad y poner en el menor de los riesgos su capital, por ello en vez de invertir en el campo lo hace en la bolsa o simple y sencillamente pone su dinero en el banco, donde las utilidades son superiores a las que le pueda dar la producción de alimentos.
La situación que vive el agro nacional es paradójica, ya que por un lado se informa que los síntesis macroeconómicos son bastante alentadores y por el otro la realidad en el campo mexicano es que los productores agropecuarios enfrentan problemas difíciles.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera que es tiempo ya de que la justicia social de que habla la Constitución, llegue al medio rural en beneficio de los campesinos, pequeños agricultores e indígenas, que a ellos se les deben resolver sus problemas relacionados con la posesión de la tierra y la productividad precisamente en sus lugares de origen.
Resulta un fuerte reproche a la ineficiencia de las dependencias del sector agrario, que los campesinos tengan que emprender la marcha desde su tierra a esta capital de la República, en busca de soluciones que deberían encontrar en las delegaciones que las dependencias tienen en los estados.
Millones de campesinos demandan justicia, debemos procurar brindársela; escuchemos sus
reclamos y evitemos a tiempo el despertar del México bronco.
El Presidente: -Gracias diputado Carlos Cantú Rosas. Se le concede la palabra sobre el mismo asunto al señor senador Artemio Iglesias.
La Presidencia informa que adicionalmente se ha registrado otro orador sobre el tema, que es el diputado Israel González Arreguín.
El senador Artemio Iglesias Miramontes: -Con su permiso señor Presidente:
La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presente en esa Comisión Permanente, considera siempre encomiable todo aquello que tienda a mejorar la vida de los mexicanos.
En este sentido, nosotros consideramos que, el buscar a través de negociación, de concertaciones y de pláticas entre fuerzas distintas nacionales que al final de cuentas serán concurrentes en encontrar el mayor beneficio para el campo, esto apunta en una buena dirección y no solamente para encontrar el beneficio para los campesinos, recordemos que el 70% de los mexicanos, todos los días a su mesa deben llegar productos del campo en calidad y a buen precio, necesariamente, lo que hoy, cada quien en nuestra mesa disfrutamos vino de allá, vino de las tierras labrantías de México; el azúcar, el pan, la fruta, todo absolutamente todo.
Por eso es en dos vertientes donde debe orientarse este asunto. Alimentación que además, implica soberanía. Se ha dicho y se ha dicho bien, que la conciencia de los pueblos y los hombres se doblan por el estómago.
Y nosotros consideramos en este sentido que México debe tener una salvaguarda en su alimentación.
Por eso de entrada, en cuanto a la Comisión que se cree por la Cámara de Diputados, si así lo considera la Presidencia al dar el turno, estaríamos de acuerdo. Creo que no sobra en esta materia, lo que abunde no hará daño. Sin embargo, aquí les voy a robar la palabra a veces a los compañeros del PRD, el "pero" o el "sin embargo", en algunos asuntos, en algunos aspectos quizá no pudiéramos estar totalmente de acuerdo, referido a la marcha campesina en defensa del ejido. Creo que todos los aquí presentes estamos ciertos que el artículo 27 constitucional vigente, defiende el sistema ejidal mexicano, y remite al acuerdo de las comunidades ejidales lo que a bien tengan decidir en esta materia, en un ámbito de libertad, en un ámbito de decisión del grupo propietario social de la tierra.
Nada hizo el Constituyente mexicano para abolir este sistema de propiedad, sólo introdujo el término libertad para que ellos decidieran sobre su destino. Así lo considero y si en esto hay que ahondar, en cualesquier momento podríamos hacerlo.
La defensa del ejido lo da la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, lo mismo que la defensa de la propiedad privada y la propiedad comunal.
No sé si sería algún error. El diputado Calderón comentó que se estaba pagando el maíz a 400 mil pesos la tonelada, ¿es así? Creo que sería esto para los campesinos de La Laguna, que teniendo un precio de garantía, que esto desde la LIV Legislatura, ratificado en la LV por la Cámara de Diputados, se ha dicho que el maíz y el frijol preserven la condición de productos sujetos a precio de garantía comprados por el Gobierno.
Y cuando se habla de subsidio, pudiéramos nosotros darnos cuenta a propósito de aranceles compensatorios, ¿cuál es el arancel compensatorio para alguien que quisiera importar maíz a nivel individual? Primero, usted y yo sabemos que es el Estado mexicano el monopolista en esta materia, sólo el Estado mexicano puede importar maíz y lo hace para regular el mercado nacional y el abasto.
Tenemos los dos años anteriores, que fueron años que tuvieron un ciclo lluvioso excelente que bajó la importación de maíz.
El precio internacional de la tonelada de maíz es de 85 dólares; el precio de la tonelada de maíz en México es de 220 dólares a los productores mexicanos.
¿No es ésta una manera de proteger y compensar en relación al precio internacional?
Creo, cuando usted mencionaba que los campesinos de La Laguna están cambiando el giro de algodoneros a maiceros, esto está sucediendo no sólo en La Laguna, esto está sucediendo en Obregón, en Sinaloa, en el "05" de Delicias, en Janos, en Ascensión, en todas partes.
Usted y yo sabemos que los precios del algodón están sujetos a las fluctuaciones del mercado
internacional, y que opera cíclicamente el dumping. De estos estamos ciertos.
¿Por qué se ha cambiado al maíz? Porque hoy por hoy, es quizá el único producto que puede tener más alta rentabilidad para el campesino. Con semilla mejorada, que hay que importarla, porque no tenemos la suficiente, porque tenemos un gran rezago en materia de investigación, con esto quiero decirle una gran dependencia, coincidió con usted, en materia de investigación de semillas mejoradas, nosotros utilizamos en este país sólo el 20% de la tierra sembrada, y nos puede dar hasta 10 hectáreas por tonelada de maíz con semilla mejorada.
Le puedo presentar los "picos", hasta 10 toneladas por hectárea, un lapsus brutus, perdón para no decir lapsus lingüis, no puede ser brutus, lo acepto.
Se entendió creo el sentido, 10 toneladas por hectárea.
En maíz temporalero y promedio nacional tenemos 1.7 a nivel nacional, comparado con siete toneladas por hectárea de países del norte, que utilizan tecnología, buena investigación, etcétera, por eso están cambiando los productores a maíz, y por eso se plantea inclusive, y ellos saben, que de aprobarse el Tratado tendrán 15 años para producir maíz con una protección para los productores nacionales. Lo mismo para con el frijol. Una serie de productos sí han entrado al libre mercadeo; por eso en el ajuste, los sorgueros del Bajío han tenido que incrementar su productividad y han tenido que buscar otro tipo de opciones para estos aspectos, o cambiar, dependiendo del ciclo, a la producción de maíz para comer le llaman, porque el otro es maíz milo.
Sin embargo, quiero decirle, y usted es consciente porque en esto intervino diputado, que en lo que nos expone a nosotros los criterios generales de política económica, en los términos de presupuesto dice: "Para realizar esta serie de cambios se incrementó el presupuesto destinado al campo acaso 10 billones de pesos en 1992, a fin de fortalecer la infraestructura, la tecnología, el crédito, los apoyos en insumos y los mecanismos de comercialización; para la inversión en infraestructura hidroagrícola, se incrementó el presupuesto en más de 31% en términos reales, en tanto que el gasto de investigación y extensionismo también se incrementó en casi 30%. Otro apoyo importante al ejidatario fue el aumento del subsidio que llegó al 30% de la prima, para asegurar el 90% del valor de la producción de en 1.8 millones de hectáreas".
En otra parte de este documento presentado a vuestra soberanía, porque fue en el marco de la Cámara de Diputados, dice que la acción gubernamental se dirige a la modernización y la mayor participación productiva del agro. De acuerdo con el apoyo de presupuesto, el sector de desarrollo rural alcanzará un crecimiento real de 9.3% respecto al gasto que se esperó en 1992, y menciona una serie de datos que en relación a este sexenio, se han hecho en el campo.
Si de verdad es cierto que son sólo 200 mil de los viejos pesos lo que se da por hectárea, vía crédito, ¿Es vía crédito o vía Pronasol? Si es por vía crédito, creo que es una cantidad irrisoria, creo que no alcanza. Pero no confundamos si son recursos del Programa Nacional de Solidaridad. El recurso Pronasol, todos los sabemos, va de hecho, no pudiéramos llamar a fondo perdido, porque a cambio y de manera individual el agricultor, el campesino, si demuestra que con la utilidad de su cosecha obtuvo algunos, o sea, que obtuvo utilidades o beneficios, esto no regresa a Pronasol, es para capitalizarse el propio campesino.
Y tenemos ejemplos también de comunidades en que la comunidad en conjunto ha hecho una serie de obras de beneficio colectivo, electrificación, abrevaderos, pequeñas presas, pozos colectivos, con los recursos Pronasol; no regresan, no regresan estos recursos fiscales nuevamente al Estado, él los invierte.
El crédito tiene una contrapartida que debe pagarse.
En La Laguna debemos revisar y atender a estas regiones en donde ya se mencionaba aquí hace días la atomización de la tierra. ¿Es posible con tres hectáreas de tierra, con cinco, promedio, poder utilizar tecnologías que nos acerquen a altas productividades? Diputado Calderón, creo que esto ni aquí ni en ninguna parte se da este fenómeno, fundamentalmente a la luz de la tecnología de los países desarrollados.
Si durante nuestra historia nos hubiésemos dedicado a crear tractores de cuatro caballos de potencia, no los hay en el mundo, pudiera ser posible trabajar cuatro o cinco hectáreas de tierra; máquinas, manuales, están superados, no se puede dar esto en el campo mexicano para poder competir. Esa es parte de una tendencia que tenemos que observar y tenemos que ver. Respecto al agua, creo que la propia Ley determina a quiénes, cuántas, cómo debe darse el agua en los distritos de riego.
Ahora en muchas regiones los distritos de riego están en manos de los usuarios; ellos durante mucho tiempo lucharon para que el Gobierno no los tuviera a su cargo, para que no los administrara. Por lo que usted dice, se acusaba de corrupción, se acusaba de negligencia, se acusaba hasta de peculado y ahora la tienen los usuarios; son ellos los que la administran en asambleas, los que determinan a qué cultivos se les van a dar prioridades, si son de plantaciones, sin son cultivos perennes, como la alfalfa; si son cultivos del ciclo invierno - primavera o primavera - verano; ellos son los que determinan, nadie más. Está en sus manos.
La legislación para la tierra y para el agua ha dado libertad a las comunidades agrarias, pero no quiere decir que en esta libertad el Gobierno deje de ser tutelar, no tutor, tutelar de sus derechos y garantía para la alimentación de todos los mexicanos y el bienestar de la familia campesina, porque, dicen en el rancho, "negocio que no deja, dejarlo", diputado. Muchas gracias.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): -Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente: -Para rectificar hechos, tiene la palabra, señor diputado Calderón.
Informo que está registrado también el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Señores Legisladores:
Solicité la palabra para hechos a fin de puntualizar algunos aspectos que afectan en lo particular a la situación de La Laguna y en general a distintos sectores del campesinado mexicano.
Efectivamente a lo largo ya, de un largo período, hemos sostenido como posición el que al menos por un cierto período se está garantizando un arancel compensatorio a los productores de maíz y frijol de toda la República. ¡Qué bueno que al menos existe un punto en la política arancelaria que curiosamente nos da la razón de lo que debiera ser norma de cultivos básicos y en ciertas áreas de la agricultura mexicana que es proteger como lo hace Francia, como lo hace la Comunidad Europea, como lo hace los Estados Unidos a sus productores agrícolas para el interés nacional, no sólo para su autosuficiencia alimentaria sino por razones de empleo, de ingreso y de seguridad alimentaria!
Sin embargo, hay una serie diríamos de efectos perversos que los campesinos lo han denunciado y que con frecuencia no se percibe desde las oficinas de Gobierno. ¿De qué sirve a un campesino de La Laguna que se le promete un precio de garantía de 750 mil viejos pesos si va a Conasupo, Conasupo se niega a comprar el producto, en este caso, la cosecha maicera de La Laguna y les dicen en Conasupo vayan a la Maseca y ahí se los van a comprar a 400 o 440 nuevos pesos?
Eso, estimados compañeros legisladores, es un atentado a los intereses campesinos, porque entonces anula una medida de política económica que era la de mantener precios de garantía en maíz y frijol y establece un mecanismo en donde se acercan los precios a los que realmente adquiere Maseca el maíz a los productores mexicanos a los precios internacionales del maíz y de qué sirve entonces al arancel compensatorio.
Y esto afecta la alimentación de grandes sectores de la población, porque desalienta la producción de maíz mexicano, de buen maíz con las variedades genéticas y de nuestro suelo y crea una situación de pobreza y miseria ante sectores de la población campesina de México.
Y esto mismo, estimables legisladores, les pasó a los productores frijoleros de Zacatecas. Se estableció un precio de garantía del frijol, esto permitió una cosecha abundante fueron a las oficinas de conasupo en un momento de una cosecha frijolera zacatecana, dejó de comprar conasupo el frijol y tuvieron que venderlo a compradores diversos en condiciones muy desfavorables para los productores frijoleros.
Aquí hay un problema de fondo que exige una intervención eficaz y no de discursos en defensa de los productores, pero en La Laguna, a miles de campesinos laguneros a los que como única opción se les dejó la siembra de maíz, significó la ruina. Y de una gigantesca cartera vencida que ya existía antes del último ciclo agrícola ahora se encuentran en una situación peor.
Si a esto añadimos ese crimen a los intereses familiares campesinos que significa que llega un actuario con una orden de Banrural a embargar los bienes de una familia campesina, bueno estamos entonces ante casi diríamos un esfuerzo que están haciendo estos señores de desestabilización de creación de una situación de crisis aún más profunda de la que hoy se está viviendo en La Laguna.
Lo hemos dicho en La Laguna, lo hemos dichos en México, se lo hemos dicho a diferentes
autoridades: detengan los embargos en La Laguna; detengan esa criminal acción de quitarles su cama. sus bienes más elementales a un campesino, no lo sigan haciendo. Y desde la más alta tribuna de la nación exigimos a Banrural que deje de impulsar ese tipo de acciones con embargos a bienes familiares, que deje de impulsar acciones como quitar tractores con cinco, 10, 15 o 20 años de uso que tienen los sectores ejidales y hacen un esfuerzo de reconversión productiva auténtica.
Otro punto que tiene que ver con la situación del gasto en desarrollo rural. Efectivamente indocumentamos en el caso de la discusión del presupuesto de egresos nacional de 1992 a 1993 hay un pequeño incremento del gasto en desarrollo rural. Dijimos: es positivo, está en las actas del Diario de Debates, en las discusiones del presupuesto, pero es insuficiente. Y pensamos que es insuficiente porque el gasto agrícola por habitante, el gasto en desarrollo rural por habitante era en el año 1981, en pesos constantes del año 1980, de 2 mil 166 pesos, mientras que para el año 1992 el gasto y desarrollo rural por habitante es de 542 pesos del año 1980. Ante una baja de esta magnitud, un aumento como el que está proponiendo el Gobierno para 1993, repetimos, es positivo, pero absolutamente insuficiente para las necesidades básicas de los productores del campo.
Otro punto tiene que ver con lo que se refiere a los dineros de Pranasol. El hecho es, y no estamos haciendo ninguna afirmación no sustentada, que en este documento titulado "Pacto Productivo del Sector Agropecuario" se establece especialmente en el punto llamado "Compromisos" el hecho de que se dará un apoyo de 200 nuevos pesos por hectárea, en Crédito a la Palabra, Pronasol, cosa que repito ha causado indignación a los productores del campo porque numerosos granos el promedio de gasto por hectárea es del orden de 800 mil un millón de viejos pesos, 800 a mil nuevos pesos.
Y esto afecta la vida de grandes sectores de la población mexicana y por ello es que lo consideramos absolutamente insuficiente. Lo que los productores de La Laguna y de otras partes de la República están pidiendo es algo muy simple: créditos que Banrural otorgue sobre mecanismos precisos de rentabilidad y de costos efectivos.
Otro punto más. Hay una propuesta en el Programa Región Lagunera para computación de producciones. Es válido en la Laguna porque tal como decía el senador que me antecedió en el uso de la palabra, los predios en posesión de un ejidatario son relativamente pequeños, de ahí la importancia del cultivo lagunero. Pero la solución maicera en predios compactados de 20 hectáreas y con 200 mil nuevos pesos por hectárea, no crean ninguna posibilidad de una reconversión productiva favorable.
Muchos estudiosos hablan de la necesidad de sistemas dinámicos de policultivo y de aprender experiencias de uso de distintos tipos de combinación: agricultura, ganadería y actividades de transformación, como única vía para utilización de gran cantidad de mano de obra excedentaria. Hay proyectos, hoy en La Laguna de los productores, no de partidos políticos, de una reconversión productiva, proyectos que hay que discutir, apoyar y defender de distintas maneras.
Pero por último y no por ello menos importante, precisamente porque se estableció un período largo de transición y reconversión para el caso del maíz y frijol, nosotros defendemos algo que lo han dicho las centrales campesinas no solo para maíz y frijol, sino para un conjunto de productos agrícolas debiera haberse establecido este período largo. Ya hay una señal de alarma que el Gobierno no ha tomado en cuenta. La señal de alarma es que si consideramos la Producción agrícola de los 10 principales cultivos, en años de 1991 y 1992 encontramos que hay un decremento, particularmente del 4% de la producción de estos 10 principales cultivos en 1992 respecto a 1991.
Y la producción promedio que fue de 25 millones de toneladas al inicio de década de los ochenta, se ubica en 24 millones en la etapa 1986-1991. Con una población en crecimiento, eso significa que estamos profundizando la dependencia alimentaria en vez de hacer una reconversión productiva favorable. La solución es relativamente simple, lo dijimos desde el inicio del debate sobre el Tratado de Libre Comercio, lo dijeron organizaciones campesinas, y no fuimos escuchados: establecer como parámetro para las negociaciones del TLC en materia agropecuaria, el perfil de protección media que se estableció en el ingreso de México al GATT, particularmente en el protocolo agropecuario del ingreso de México al GATT, que nos daba enormes facultades y derechos en materia de subsidio , apoyos, protección arancelaria y sistema excepcionales de apoyo.
¡Qué bueno que se hizo para frijol y para maíz! pero se necesita hacer mucho más, pero no sólo en la palabra o en el texto, en los hechos, y hacer una reconversión productiva favorable para los propios productores del campo.
Y, finalmente, ha sido posición de nuestro partido, no lo voy a desarrollar en este momento, que la reforma al 27 y particularmente la nueva Ley Agraria, no resuelve los problemas del campo, crea una amenaza de privatización y desmantela conquistas históricas de la Revolución Mexicana.
Pero más allá de la discusión general sobre la reforma del 27 y la nueva Ley Agraria, nuestra posición es muy precisa: apoyos inmediatos, directos a los productores en toda la República; solución a las demandas de La Laguna conforme a las propuestas de los productores del campo, y un acto elemental de justicia campesina que es detener esos criminales embargos a los campesinos laguneros hechos por autoridades en contra de los intereses fundamentales de los campesinos.
Creo que el Gobierno tiene la palabra; la solución está a la vista y es momento de actuar en beneficio de los campesinos. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El diputado Israel González Arreguín: -Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Es indiscutible que las expectativas que en le campo mexicano desataron las reformas al artículo 27 constitucional, se pueden quedar en eso, es simple expectativas, y lo que es peor, ir hacia atrás en el campo mexicano si no se da una verdadera orientación a los trabajadores del campo sobre las bondades de la nueva Ley.
Todos sabemos que hay quienes están pensando en que la única bondad que tiene la reforma al 27 constitucional, es que pueden por un lado vender las tierras ejidales, y por otro lado, compactar las mismas en beneficio de algunas gentes. Por eso nosotros creemos que es urgente que se lleve a cabo una orientación profunda a los campesinos de todo el país, porque no es el problema ni de los sorgueros del Bajío, ni los maiceros de La Laguna, ni los frijoleros de Zacatecas. Es un problema general en el país. El país, sabemos, que hay quienes le están apostando a que se acelere una bomba de tiempo, desde el campo mexicano. Y si no se toman las medidas necesarias, si las instituciones gubernamentales siguen, como en el Bajío FIRA, haciéndose oídos sordos mientras los compañeros campesinos son despojados no nada más de sus instrumentos de labranza, sino de la tierra misma, y no estoy hablando de los ejidatarios en particular, sino de muchísimos pequeños propietarios que están siendo despojados, porque no tuvieron un apoyo en su momento. Por eso pues, compañeros legisladores, creo que es importante una orientación precisa, pero aunado a ello, es importante créditos ciertos, y desde luego que son urgentes los precios justos.
La atención a los campesinos mexicanos, pequeños propietarios y ejidatarios, es no nada más necesario, es un reclamo que en todos los hombres del campo se encuentra.
Nosotros hemos venido realizando gestiones ante algunas instituciones, con el propósito de impedir que embargos leoninos despojen a los compañeros de sus posesiones.
Y aunque acá encontramos una posición positiva, por ejemplo por FIRA, nacionalmente, en el momento de aterrizar allá, están coludidos funcionarios de FIRA con el banco, y que los compañeros ni siquiera tiene la posibilidad de saber como han ido creciendo sus adeudos.
¡Y esto se debe fundamentalmente a que no hay una atención con los compañeros campesinos!. ¡Porque desgraciadamente la mayor parte de las centrales campesinas del país, ante el significado importantísimo de la reforma al 27 constitucional, como que de repente se sintieron desarmados! Y no fueron al campo agarran "el toro por los cuernos y afrontar en forma positiva los elementos que la propia Ley tiene.
Por eso nosotros sí coincidimos con el planteamiento de que es importante que se abra un diálogo en torno a la situación por la que atraviesa el campo mexicano. Nosotros lo respaldamos, porque los campesinos de México lo están exigiendo. Porque sabemos, compañeros, que ni en las oficinas, ni en las banquetas, ni en las tribunas, podemos sembrar el agro Mexicano. Y que los compañeros, campesinos, allá están sufriendo en serio las consecuencias de funcionarios corruptos en muchos de los casos y de falta de conocimientos, en otros, porque es cierto que los proyectos productivos están intentando en muchos lugares apenas balbuceando su construcción, su elaboración, y no tienen un apoyo ni siquiera serio para poder establecer con la posibilidad de que sean aceptados, conducidos y apoyados, esos proyectos productivos.
Por eso consideramos que este diálogo es urgente. Nosotros respaldamos ese planteamiento
realizando por los compañeros del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y que el Partido Popular Socialista y el Partido Revolucionario Institucional han venido a respaldar.
¡Es urgente que lo hagamos! Gracias.
El Presidente: -En términos de lo previsto en la fracción III del artículo 79 constitucional esta Presidencia turna la proposición presentada por el PRD, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular Socialista a las comisiones de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
Por lo que toca a la declaración política, presentada también en tribuna en este asunto, se da el mismo turno.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente:- Ahora concedemos la palabra al señor diputado Efraín Galeana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a hechos ocurridos en el municipios de Teloloapan, Estado de Guerrero.
El diputado Efraín Zuñiga Galeana: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores.
He pedido el uso de la palabra para enunciar hechos que constituyen una violación a las garantía individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al mismo tiempo son hechos violatorios de las disposiciones del Código Estatal Electoral en el Estado de Guerrero, que garantiza la participación de los partidos políticos en los procesos electorales.
El día 7 de febrero, el presidente municipal de Telolapan, Pedro Urióstegui Salgado, en una actitud intolerante y arbitraria impidió con gente armada la celebración del acto político programada en la plaza central de ese lugar, no obstante que el PRI solicitó previamente la autorización de ese ayuntamiento. Este acto político organizado por mí partido, era con motivo de la visita a esa ciudad de licenciado Rubén Figueroa Alcocer, candidato a gobernador de nuestro partido, en el marco de su campaña político - electoral.
A las 11.00 horas de ese día, en que nuestros compañeros se daban cita, el referido grupo de aproximadamente 200 personas, armadas con machetes, palos y armas de fuego, escopetas y en donde predominaban las llamadas comúnmente "cuernos de chivo", procedieron a destruir y quemaron el templete donde había de desarrollarse dicho evento.
Los militantes del PRD, siempre encabezados por el presidente municipal intolerante, realizaban actos de intimidación y amenazas contra la retirarse del lugar donde se celebraría el acto político. Como algunos de nuestros compañeros se resistieron a abandonar el lugar fueron vejados y golpeados por este pequeño grupo vandálico.
Ante esta situación nuestro dirigentes locales, atendiendo a la actitud prudente de nuestro candidato, conminaron a nuestros militantes a trasladarse a la entrada de la ciudad para no caer en actos de provocación de la violencia que empañara el proceso electoral, ya que en los más de cuatro meses en que los partidos políticos que habrán de contener el próximo 21 de febrero han realizado sus campañas, jamás se había presentado un incidente de esta naturaleza.
En la plaza principal de Teloloapan, el agresor, presidente municipal, llamaba a la venganza y fuera de sí amenazaba con hacerle a los priístas más distinguidos de esa población, juicios sumarísimos para estigmatizarlos y sentenciarlos, apenas que rebajarían su condición humana. El licenciado Rubén Figueroa se reunió con nuestros compañeros de partido fuera de la ciudad y los conminó a no caer en la provocación, a mantener la paz del Estado y observar una conducta siempre de respeto al orden legal. El licenciado Rubén Figueroa actuó con madurez política al impedir un enfrentamiento inútil, propiciado por un presidente municipal de mentalidad enfermiza.
El PRD ha presentado demandas que han sido atendidas y no se justifican sus actos de violencia; las han atendido lo mismo las autoridades del Estado que los organismos electorales. Voy a darles a ustedes información y voy a exponer mis razones para hacer esta afirmación.
Con el propósito de contribuir a disipar los conflictos electorales que tuvieron lugar con motivo de los comicios locales de 1989, el Partido Revolucionario Institucional atendió la propuesta del Partido de la Revolución Democrática para que el honorable Congreso del Estado designara al señor Pedro Urióstegui, el presidente agresor, presidente del consejo municipal de Teloloapan,
para afianzar la armonía entre las corrientes priístas y perredistas. Los diputados del PRI han accedido a la prórroga periódica del mandato del señor Urióstegui, toda vez que fue designado inicialmente sólo por un plazo de 90 días. Han sido permanentemente respaldados el presidente, el síndico y los regidores del cabildo, el cabildo de Teloloapan ha tenido todos los apoyos. Expongo datos sobre esta afirmación.
En 1991 se le otorgaron 1 mil 910 millones de pesos para participaciones fiscales y Pronasol, en tanto que en 1992 esa suma se elevó a 2 mil 452 millones de pesos, con un incremento del 25% o sea, el doble de la inflación nacional.
El 18 de enero de 1993 se les transfirió la junta de agua potable, tal y como lo había solicitado el presidente agresor de Teloloapan.
El 10 de diciembre de 1992 se le transfirieron los servicios de tránsito, tal como lo establece la Constitución General de la República y como lo solicitó el señor Urióstegui.
A pesar de la apertura de diversas organizaciones, previas a los hechos de violencia del señor Pedro Urióstegui y atendiendo solicitudes de la dirigencia perredista en el Estado, se tuvo moderación para evitar procesos penales con el propósito de no generar conflictos políticos en Teloloapan.
El día 2 de noviembre, a solicitud del señor Urióstegui, se celebraron elecciones extraordinarias en dos comisariados municipales; el día 2 de febrero de este año, el diputado federal Guillermo Sánchez Nava, compañero nuestro, que es presidente del comité directivo estatal del PRD en el Estado y el diputado local Misael Medrano. representante del PRD en el consejo estatal electoral, se reunieron con el gobernador del Estado para solicitar diversos apoyos con motivo de la etapa final de la campaña para gobernador y la jornada electoral.
En esa ocasión, el secretario general de Gobierno expresó a los dirigentes del consejo municipal de Teloloapan, encabezados por Pedro Urióstegui, para persuadirlo de que no prosiguiera utilizando a los candidatos de otros partidos políticos. Añadió el secretario general de Gobierno que el señor Urióstegui había impedido que se realizaran actos de proselitismo del candidato del PAN, o sea, no solamente atentó contra los actos de mi partido el PRI, sino que anteriormente ya había atentado y había impedido la celebración de un acto del candidato del PAN, señor Max Tejeda y que en las fachadas del palacio municipal los perredistas habían colocado mantas y letreros amenazantes para el candidato priísta. Se le requirió para que persuadieran el señor Urióstegui a que observara la Ley Electoral y las reglas de civilidad política.
El apoyo que los poderes del Estado han otorgado al PRD y a otros partidos políticos para darle cauce y oportunidad al pluralismo en ocasión de los comicios que se están desarrollando, no ha cesado. Voy a ejemplificar; como el Código Electoral sólo otorgaba subsidios financieros a campañas para renovar diputados locales y ayuntamientos, ya que con anterioridad se realizaban esos comicios juntos con el del gobernador, el Gobierno del Estado envió una Iniciativa de Enmiendas que otorga subsidio para que las campañas tendientes a renovar al titular del Poder Ejecutivo, sean con criterio de equidad y así el 50% del subsidio de distribuye a partes iguales entre los partidos contendientes, el 50% restante se distribuye en función de los votos obtenidos en el proceso análogo anterior.
El miércoles 3 y el jueves 4 de febrero, a propuesta del PRI, el consejo electoral aprobó un método verdaderamente inédito para contribuir a las transparencias del proceso electoral:
1o. Los representantes ciudadanos y los partidos en el consejo electoral estatal firman todas y cada una de las actas y las folia.
2. Los representantes ciudadanos y los partidos en los consejos distritales firman todas y cada una de las boletas, esto es con el propósito de dar limpieza y darle transparencia al proceso electoral.
3. Fue enmendado el Código Electoral para que toda vez que se trata sólo de elección de gobernador y no de diputado, el cómputo se lleve a cabo en el consejo estatal electoral, ya que este es un órgano del Congreso, participen directamente en ese cómputo.
Van a participar todos los diputados locales de los partidos políticos acreditados en ese órgano legislativo. Igualmente se reformó el Código Electoral, para que la fuerza pública que auxilie en los organismos electorales, quede bajo el mando de éstos y no de la Secretaría General de Gobierno, ello es congruente con el hecho de que el consejo electoral está integrado por, como he dicho, por los diputados locales de los partidos políticos.
Los actos de vandalismo del presidente municipal de Teloloapan y de los perredistas de ese mismo lugar, acontecieron cuando se están
ventilando pedimentos de la dirigencia estatal del PRD de la mayor trascendencia, como son las siguientes:
El otorgamiento del derecho a los partidos de que se les entregue copia de las actas de escrutinio de las casillas en los consejos distritales para que, eventuales cotejos, puedan hacerse sin necesidad de que los representantes de partido las obtengan en las casillas. Esto es un gran avance.
Otorgamiento de una prerrogativa financiera especial para el cierre de campaña de los partidos políticos y para el cierre de la campaña y de la jornada, electoral, de modo que se facilite la movilización de representantes de los partidos a las casillas y el pago de transporte, gasolina, y el pago de alimentación.
A ello no es ajeno el propio consejo electoral, a propuesto de nuestro partido; aprobó la instalación de centros de cómputo para todos y cada uno de los partidos políticos. Al PRD le han autorizado también líneas telefónicas y fax.
Es de señalar que no existe un solo miembro del Partido de la Revolución Democracia sujeto a proceso, o interno en un centro de readaptación social con motivo de actos políticos o de carácter electoral o poselectoral, y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, figura el señor Antonio Montoro, quien ha sido miembro del Comité Estatal PRD y Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Está en la Comisión Estatal de Derechos Humanos representado el PRD y, ellos tienen la información completa de que no hay un solo detenido por motivo de problemas electorales.
El 7 de febrero de 1993, con el propósito de que el Partido de la Revolución Democrática se haga responsable de sus semillas, sobre todo de los que desempeñan cargos de representación, el consejo estatal electoral envió sendos oficios al señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y al diputado Guillermo Sánchez Nava, presidente del comité directivo estatal, relatándole los actos vandálicos de los perredistas de Teloloapan y convocándolos a intervenir como en su obligación constitucional y legal.
Hasta la fecha el consejo estatal electoral no obtiene ninguna respuesta ni del presidente nacional del PRD, ni del presidente estatal.
El señor Pedro Urióstegui, presidente del consejo municipal de Teloloapan, junto con el presidente del comité municipal del PRD, los dos, el presidente del comité municipal y el presidente municipal ... el presidente del comité municipal del PRD se llama Edilberto Dama Rabadal, enviaron un documento precisamente con el logotipo del consejo municipal y sellado por el presidente del consejo municipal... papel membretado, y enviaron un oficio a todos y cada uno de los comisarios municipales para convocarlos a una concentración el 7 de febrero, siempre siendo este día señalado para el mitin del candidato priísta en Teloloapan, a efectos de rechazar, dice el oficio que aquí voy a entregar a la secretaria, es un oficio dirigido por el presidente del comité municipal del PRD a los comisarios municipales, en donde invita a rechazar la visita del candidato a gobernador del PRI.
Dada la convocatoria de referencia y las manifestaciones de toda índole de los perredistas de Teloloapan en contra del PRI y los amagos de violencia, el consejo estatal electoral designó a una comisión integrada por un diputado del PRI, Pedro Julio Valdez; el profesor Zenón Santibáñez, diputado del PRD, y los magistrados, ciudadanos Héctor Pineda y Saliel Salgado, para que el propio día 7 de febrero persuadieran al señor Urióstegui de deponer su actitud; lo que fue rechazado por él.
Esta comisión ha rendido un dictámen en el que se hace constar la conducta totalmente ilícita del señor Pedro Urióstegui y miembros del PRD.
Los perredistas que participaron en los incidentes violentos del 7 de febrero, portaban armas AK - 47 cuernos de chivo", -R-15, M-1, entre otras, según consta en fotografías que aquí mismo entrego a la secretaría, fotografías de los funcionarios del ayuntamiento y militantes del PRD completamente armados y que en donde están golpeando y amenazando a nuestros compañeros militantes del partido.
Por ese motivo es de señalar que como varias de esas armas no pueden ser poseídas por los particulares, según la Ley Federal de explosivos y Armas Prohibidas, se ha requerido a las 35 zona militar y el ministerio público federal, que intervenga en los términos de su competencia en relación al supuesto reclamo del señor Urióstegui sobre 2 personas desaparecidas, debe señalarse que la ley que crea la comisión de defensa de los derechos humanos del estado de Guerrero, que entró en vigor en septiembre
de 1990 y aprobada por unanimidad por las distintas fracciones representadas por el Congreso del Estado, establece expresamente un procedimiento, establece un procedimiento para recibir las denuncias de desaparecidos, el rubro de la Ley dice "Desaparición Involuntaria de Personas", y un órgano, formado éste por dos elementos que militan en la oposición, dos de la oposición y uno del PRI. No se ha presentado hasta el momento ninguna denuncia en dos años que tiene en vigor la Ley, ninguna denuncia ha presentado el PRD.
Los guerrerenses han visto un PRD bravucón y violento, intolerante, autoritario, antidemocrático. Sus actos de campaña, entrego fotos incluso aquí a la Secretaría de los actos de campaña del PRD, son actos con escasa asistencia, en los que se muestra como un partido disminuido, un partido debilitado por sus problemas internos, por sus luchas personales y sus protagonismos imprudentes.
Los dirigentes del PRD en mi Estado han querido convertir la campaña electoral en una reyerta y por eso han tenido el rechazo del pueblo.
Lleno de frustración quizá ese partido, porque desde ahora presienten su derrota y frente al fracaso que obtendrán el 21 de febrero, el día de las elecciones, buscan el escándalo, provocan la violencia para distorsionar el proceso electoral y la vida del Estado.
Nosotros sabemos que el pueblo está enfadado de un discurso de ruptura, los ciudadanos están cansados de escuchar discursos que son verdaderas excitativas para que se enfrenten al Gobierno. Los ciudadanos de Guerrero, los guerrerenses, no quieren enfrentamientos innecesarios, no quieren derramamientos de sangre, buscan la paz para encontrar el camino de su justicia, para resolver sus problemas; buscan la paz porque saben los guerrerenses que tienen problemas, que tienen rezagos históricos y buscan la manera de resolver. Los guerrerenses han actuado en la historia nacional siempre con un alto espíritu de patriotismo y con un propósito de contribuir al avance de la nación.
No se puede transitar a la democracia, como sostiene el PRD, sobre la sangre de inocentes. es inmoral utilizar al pueblo de carne de cañón para saciar una desbordada ambición por el poder.
Lo de Teololoapan es una conjura que reventó prematuramente, una conjura contra la paz social, una conjura contra el pueblo y sus recursos productivos, o de qué otra manera puede llamarse la intentona de ocupar violentamente los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo, para frenar la actividad turística que es fundamental para la entidad. Del turismo procedente el 70% de los recursos y son los recursos de donde vive fundamentalmente el pueblo de Guerrero.
La campaña del PRD en el Estado ha sido una campaña fúnebre, y campaña satánica, en donde se viene hablando de enfrentamientos, de odio y de avivar rencores. Hoy mismo pueden leer ustedes La Jornada y la declaración del candidato del PRD dice: que no le van a reconocer el triunfo, pero que no se va a dejar. ¿Qué pretende el PRD? ¿Levantarse en armas, escoger el camino de la sierra cuando no lo respalda el pueblo de Guerrero? Nosotros consideramos que esto es una inconsecuencia histórica y una inconsecuencia política.
El PRD ha sido incapaz de ofrecer un programa político de trabajo, con objetivos viables. Se ha concretado a ofrecer un catálogo de violencias que el pueblo ha venido rechazando. Para el Estado de Guerrero, tiene la mayor importancia el buen desenvolvimiento del proceso electoral, puesto que por primera vez se aplica el nuevo Código Electoral, que deposita en el Poder Legislativo la organización de las elecciones; se ha erigido ahí un consejo estatal electoral, como órgano del Legislativo, y en el que los representantes son ciudadanos y diputados locales, sin que participe representante alguno del Poder Ejecutivo; no participa en el Consejo Estatal ningún representante del Poder Ejecutivo.
El demérito del proceso electoral, y consecuentemente del consejo estatal electoral, conllevaría el deterioro del propio Poder Legislativo, responsable de la organización y desenlace de los comicios.
Hoy queremos hacer un llamado, para que de nuevo reflexionemos sobre la importancia de mantener el orden y la legalidad en los procesos electorales, que deben definirse exclusivamente por medio del voto popular, limpiamente emitido por los ciudadanos. La democracia política es ejercicio del sufragio en el contexto del derecho, donde la legitimidad es sinónimo estricto de legalidad, donde el interés y la pasión partidista han de subordinarse a la resolución de la autoridad competente y a la normatividad legislada que encarna la voluntad de la nación.
Por eso aquí, Señor Presidente de la Comisión Permanente, dejo mi solicitud para que intervenga la Comisión; dejo la transcripción del
discurso del Presidente municipal de Teloloapan el día que arengaba a los ciudadanos a cometer actos de violencia, dejo el oficio firmado por el presidente municipal, y el presidente del comité municipal del PRD, donde se da aquí precisamente la alianza PRD - Gobierno municipal.
Dejo fotografías de actos de campaña del PRD y de la quema del templete, y de cómo están golpeando con armas de alto poder a los ciudadanos. Dejo las actas del Ministerio Público donde están los testimonios de diversos compañeros que fueron agredidos y ofendidos, y dejo recorte de la prensa del Estado y de la prensa nacional, en donde se da cuenta de este acto totalmente arbitrario e intolerante del PRD.
Yo quiero decir, finalmente, que los guerrerenses dicen: ¡Basta ya a la violencia ¡Basta ya de chantajes! Convocamos a todos los partidos políticos a respetar la Ley, a mantener el orden, porque sabemos que es el camino para encontrar la reivindicación histórica y la reivindicación económica del pueblo de Guerrero.
El Presidente: - Déjenos la documentación para que la recoja la Secretaría, y esta Presidencia ordena que se agregue al expediente de esta sesión. Se concede la palabra para este asunto, al señor diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores:
En representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, venimos a presentar nuestra posición respecto a los hechos acaecidos en Teloloapan, el 7 de febrero de 1993, a los que ha hecho referencia en su incendiaria, sostenemos, intervención, e infundada que hizo previamente el diputado Efraín Zúñiga Galeana.
La máxima tribuna de la nación, lo hemos dicho en varias ocasiones, no debiera ser usada para esta lluvia de adjetivos, imputaciones y afirmaciones que consideramos irresponsables, tales como denominaciones indígenas de las condiciones de máxima tribuna, como el utilizar términos bravucón, violento, autoritario, antidemocrático, reyertas, frustraciones , conjura fúnebre y, ¡oh! sorpresa, hasta satánico.
Poco falta para que se pida, como en la época de la santa inquisición, un poco después del medievo, en España y durante el período colonial, que seamos quemados en la hoguera, por vínculos con poderes ocultos del mal.
No, señores legisladores, ésta es una discusión que tiene que ver con el tránsito a la democracia y los medios para un mecanismo de concertación nacional que permita en concordia, en paz y con respeto al orden constitucional, en cada Estado y municipio del país, y en el conjunto de nuestra nación crear un sistema de Gobierno que sea representativo de los intereses populares, y donde las aspiraciones de los próceres de la independencia, de los que de manera muy destacada está precisamente don Vicente Guerrero, puedan ser realizadas, de respeto a la soberanía popular.
Guerrero fue, desde la independencia, uno de los centros que nos dieron patria, precisamente porque es de ahí donde se dieron grandes batallas y grandes movimientos, para defender la integridad de nuestro proyecto autónomo como nación.
Y congruente precisamente con esta condición de que ésta es la más alta tribuna de la nación, estableceremos algunos hechos, fundamentaremos algunos puntos de vista y no entraremos en una batalla de adjetivos, epítetos e irresponsables afirmaciones que denigran, repito, esta alta tribuna nacional. ¿Cuales son los hechos? Desde hace muchos años Guerrero ha sido un Estado marginado con condiciones de pobreza y condiciones de poderes caciquiles, que han afectado severamente tanto a los intereses fundamentales de los habitantes del Estado como lo que es propiamente el desarrollo democrático.
Es ahí donde desde los años cincuenta, sesenta y setenta, ha habido importantes luchas ciudadanas, que han culminado en algunos casos con la caída de gobernadores profundamente vinculados a poderes caciquiles.
Es ahí donde de manera sistemática, y desde hace muchos años, se ejerce una situación de violencia, de opresión de diversas formas de agresiones a los derechos ciudadanos fundamentales.
Fue ahí donde se escribió una negra historia, en la década de los setenta particularmente, con una serie de intervenciones que realizaron fuerzas públicas de diverso tipo, que agredieron derechos fundamentales y que abrieron heridas que aún no se han cerrado.
El pueblo guerrerense tiene en la memoria colectiva, que es mucho más fuerte que aquello que se publica en tal o cual periódico o en tal o cual revista, profundos sentimientos de lo que fueron las violaciones gigantescas de los derechos humanos que se hicieron durante lo que algunos han denominado "la guerra sucia", que se libró en algunas zonas de Guerrero precisamente con una estrategia de contrainsurgencia, violando derechos de numerosas familias y agrediendo los intereses fundamentales de grandes sectores de la población mexicana.
Se tiene que asumir, porque ésa es la base del problema, que esas heridas abiertas en los años sesenta, pero especialmente en los años setenta, en agravio de numerosos sectores de la población guerrerense aún están presentes en la memoria de aquellas familias que perdieron a sus mejores hijos, bajo distintas formas de agresión y de represión.
Está documentada, pero lo que es más importante, repito, está en la memoria de los pueblos.
Pero el cacique subsiste, la antidemocracia subsiste, las diversas formas de utilización del poder público y de las autoridades para los beneficios de esos poderes caciquiles también subsisten y particularmente en el marco de la insurgencia democrática que levantó a partir de 1987 y 1988 al frente del Frente Democrático Nacional el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Guerrero, congruente con una tradición de lucha, de movilización y de acción democrática, fue uno de los escenarios de este despertar que tuvo grandes sectores de la nación.
Ahí la votación que tuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, una de las más altas en términos porcentuales que se obtuvieron en diferentes entidades de la República. Y refrendamos en 1989, ya con candidatos del propio Partido de la Revolución Democrática, una participación dentro de la vida ciudadana guerrerense que nos dio el triunfo en numerosos municipios del Estado de Guerrero.
Y como que no fuera suficiente todas esas heridas abiertas en numerosas familias guerrerenses a lo largo de los años sesenta y setenta, se abrieron nuevas heridas y se agredieron los derechos de numerosos ciudadanos en el curso de los conflictos poselectorales de 1989.
Lo de Teloloapan, al igual que lo que ha sucedido en otros lugares del estado tiene vínculos precisamente con esa herencia y esa memoria histórica de los pueblos, que no puede ser borrada con desplegados, con inserciones, en la prensa o con declaraciones ante medios informativos electrónicos.
En numerosos municipios del Estado de Guerrero triunfó el Partido de la Revolución Democrática, en algunos, pocos de ellos, se reconocieron los triunfos, en otros, la mayoría, esos triunfos no fueron reconocidos. Y esas numerosas luchas y movilizaciones, marchas, acciones cívicas de muy diversas formas, precisamente para exigir el triunfo a esos procesos democráticos. Compañeros nuestros, mexicanos, patriotas, hombres y mujeres libres perdieron la vida en condiciones que aún no han sido esclarecidas precisamente en el marco de los conflictos poselectorales de 1989. Y los ciudadanos mexicanos perdieron la vida precisamente en una marcha en donde Teloloapan iba rumbo a Lázaro Cárdenas exigiendo reconocimiento del triunfo democrático del pueblo de esa comunidad. Son hechos, repito, que están en la memoria de esa población y en la memoria de los ciudadanos.
No competen fundamental o esencialmente a tal o cual partido político. Nuestro partido es un partido ciudadano que ofrece su registro a ciudadanos para postularse a puestos de elección popular en diferentes zonas y regiones del país. Somos ante todo eso, un partido al servicio de la ciudadanía.
Pero en el caso particular de Teloloapan, al igual que en muchas comunidades de la República, nuestro partido ha obtenido numerosos triunfos precisamente por candidaturas ciudadanas que no han sido reconocidas. Que no se venga a decir aquí en intervenciones, como las que frecuentemente se han hecho en esta Comisión Permanente, que somos el partido de la violencia, del desorden y que apostamos a la desestabilización social para después obtener con marchas lo que no obtuvimos en las urnas.
Obtenemos triunfos en las urnas. Hemos ganado gubernaturas, hemos ganado numerosos municipios y somos en más de 20 estados de la República la principal fuerza de oposición y seríamos Gobierno en caso que se reconocieran sus triunfos democráticos.
¿Por qué no convocan a elecciones extraordinarias en Michoacán? ¿Por qué no aceptaron limpiar el proceso electoral en Veracruz, en Zacatecas y en otros estados de la República? No se quiere aceptar entonces que hay un elemento fundamental que está en el trasfondo de toda
esta movilización ciudadana que tiene diversas formas de expresión autónoma de la propia ciudadanía.
Es que está violentando la voluntad popular. Que no se está respetando aquellos principios ya enunciados por José María Morelos en los "Sentimientos de la Nación", del respeto a la propia voluntad popular. Y no se está reconociendo que hay una violación sistemática de los artículos 39 y 40 de la propia Constitución en materia del respeto a la soberanía popular.
El trasfondo entonces de aquello que ha sido la respuesta popular a la modificación que han hecho diversas fuerzas policíacas en apoyo a la candidatura, llamémoslo así del candidato del PRI, en este caso en apoyo a la candidatura de Rubén Figueroa, la movilización ciudadana es precisamente en protesta por aquella que ha herido nuevamente la sensibilidad popular.
Miren ustedes, compañeros legisladores, en numerosas ocasiones y esto ha sido denunciado ante derechos humanos, no solamente ha habido las viejas heridas de los años sesenta y setenta. No sólo ha habido pérdidas de vidas ciudadanas en las luchas poselectorales de 1989 por la negativa a reconocer triunfos electorales democráticos. Y si como eso fuera poco, desde el inicio de la campaña electoral, cuerpos de seguridad han actuado de manera irresponsable actuando como avanzada, sí señores legisladores, actuando como avanzada que llegan a una población antes de que el candidato del PRI llegue a esa comunidad, amedrentan a la población, hacen despliegue de fuerza, hacen despliegue de uso de armas de fuego, muchas de ellas que debieran ser de uso exclusivo del Ejército Nacional, crean una condición prácticamente de comunidad sitiada y amedrentada y después con esa protección ilegal e ilegítima que despliegan cuerpos de seguridad de dudosa filiación y de dudosa base jurídica, se realiza el acto político - electoral del candidato del PRI, pero donde ya las viejas heridas han sido de nuevo abiertas y los derechos y la dignidad fundamental del pueblo guerrerense ha sido severamente afectado.
Esto ha sido documentado por la prensa local, lo que estoy aquí afirmando, ha sido documentado por la prensa nacional y hay testimonio directo de lo que estoy aquí afirmando en la dirigencia estatal y municipal de nuestro partido.
Teloloapan no fue excepción a esta práctica verdaderamente arcaica, verdaderamente contraria a las más elementales normas y principios constitucionales. Previo a la realización del mitin que iba a hacer el señor Rubén Figueroa en Teloloapan, hubo el habitual despliegue de esas fuerzas policíacas que protegen o crean una situación de amedrentamiento. Sólo que en el caso de Teloloapan, hubo una respuesta ciudadana autónoma, señores legisladores, nuestro partido no es un partido corporativo, no damos órdenes y directrices como se tratara esto de una corporación de carácter autoritario, somos un partido de ciudadanos, y numerosos ciudadanos que no militan en nuestro instituto político, deciden por sí mismos las acciones que van a tomar en materia de la defensa de sus derechos.
Yo les puedo asegurar, independientemente de la montaña de calificativos, epítetos que aquí se han lanzado, que si desde el principio de la campaña electoral del señor Rubén Figueroa, se hubieran abstenido de utilizar esas fuerzas parapoliciacas y paramilitares de amedrentamiento a poblaciones, se hubieran abstenido de hacer derroche de fondos y utilización de la estructura gubernamental en beneficio del candidato del partido de Estado; si se hubieran abstenido de violentar ese sentimiento popular, habría un clima, efectivamente de paz, de concordia y de diálogo democrático y plural. Pero no es así, en Teloloapan, previo a los acontecimientos del 7 de febrero, hubo el habitual despliegue de fuerzas; llegó la avanzada, hicieron sentir su peso, montaron el templete sin tener una previa concertación, invadieron el conjunto de la población con propaganda electoral, incluso en aquellas casas y sectores que no se deseaban que fuera cubierta su modesta vivienda con esta propaganda, e hicieron ostentación de esa fuerza.
En esas condiciones, cuando previo a un acto electoral se hace ostentación de una fuerza ilegítima, cuando se hace ostentación de una prepotencia en contra del ciudadano común, ¿por qué se extrañan que como decisión autónoma, no como decisión de un partido político en ninguno de sus niveles, como decisión autónoma haya respuesta ciudadana que nosotros preferimos que sean encauzadas efectivamente bajo un orden constitucional y legal y con respeto a la Ley? Pero en esas condiciones, con las heridas abiertas de las represiones de los años sesenta y setenta, con las heridas abiertas de los desaparecidos de Teloloapan en esa marcha que se hizo a principios de 1990 hacia Lázaro Cárdenas; con la larga lucha que dieron los habitantes de ese municipio para establecer un consejo municipal democrático; y todavía agreden a la población enviando una avanzada de grupos
armados para amedrentar a la población, y todavía tratan de crear un amedrentamiento, la respuesta ciudadana en esas condiciones, repito, respuesta autónoma de nuestro partido político, respuesta que el pueblo en ejercicio de sus propias decisiones tomó bajo condiciones de amedrentamiento de coacción y de presión previa, es una respuesta que sólo puede ser entendida por esa herencia de caciquismo, autoritarismo y represión que ha vivido el Estado de Guerrero.
En muchas ocasiones, desde el 5 de mayo de 1989, en el acto de Constitución del PRD, desde los discursos históricos que Cuauhtémoc Cárdenas pronuncia en el Zócalo y hace apenas unos días un modesto servidor de ustedes en la intervención que hicimos en ocasión del 76 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, hemos reafirmado nuestra firma e irrestricta adhesión a los principios emanados de la Constitución de 1917. Y hemos sostenido que sólo con el respeto a la Ley y a la Constitución, en todos los niveles en los procesos electorales nacionales, estatales y municipales, puede haber paz, concordia y armonía entre los hombres y mujeres libres de este país. Hoy lo reafirmamos, nuestro irrestricto deseo y nuestro apego a la legalidad constitucional.
Participamos en la Comisión de seis partidos políticos, participamos en muchos niveles de los congresos estatales y del Congreso General de la Nación, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y somos una fuerza que precisamente ha reivindicando el respeto a la Ley.
Pero a veces se olvida cuando se hace este cúmulo de acusaciones, hasta de satanismo, que es nuestro partido quien desde 1989, ha recibido el mayor número de agresiones, precisamente de diversas fuerzas de seguridad pública. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha reconocido que hemos presentado ante esa Comisión, los casos de casi 160 ciudadanos mexicanos, muchos de ellos ciudadanos que defendían triunfos electorales legítimos, que han sido asesinados o desaparecidos bajo diversas circunstancias en procesos poselectorales y en donde en la casi totalidad de los casos, no se ha actuado en contra de los responsables, pese a que en algunos momentos hay evidencia de quién fue, cómo fue y dónde se cometió ese crimen. Está documentado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y los casos de Teloloapan los hemos presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como desaparecidos, que nuestro partido pide que se investigue y se emita la resolución correspondiente.
Fuimos nosotros, ciudadanos vinculados a los candidatos que postuló nuestro partido, los que fuimos agredidos en Tejuipilco. Primero se nos acusó de agresores y después se tuvo que reconocer que había sido una provocación montada por fuerzas públicas. Hemos sido nosotros los que hemos perdido en Michoacán, ciudadanos libres que apoyan candidatos del PRD, 16 ciudadanos que en Michoacán han perdido la vida.
En Guerrero hay ocho mexicanos que los habitantes de Guerrero sostienen que han perdido la vida en condiciones no aclaradas, precisamente en conflictos de ahí, de esa región.
Y en la pasada Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dos diputados del Partido de la Revolución Democrática: Camilo Valenzuela y Liliana Flores, denunciaron que desde el inicio de la campaña de Rubén Figueroa, particularmente en Tlapa, se había hecho un despliegue de fuerza pública y un despliegue de prepotencia y de acciones represivas en detrimento de la ciudadanía y de un sano clima democrático.
Un diputado federal que goza de fuero constitucional, que es Guillermo Sánchez Nava, que es hoy Presidente del Comité Estatal, del PRD en Guerrero, ha sido agredido y se ha violado su fuero constitucional. Un regidor del Parido de la Revolución... postulado por el Partido de la Revolución Democrática, el compañero Juan Mercenario, regidor de Metlatonoc, fue asesinado por un desconocido en Tlapa, Guerrero. Y hay otros casos como el caso de Pedro Chulapense que fue asesinado en el municipio de Cuautepec. Y muchos más dentro y fuera de Guerrero, en diferentes partes de la República.
Entonces cómo se nos acusa de ser el partido de la violencia, de ser el partido del desorden y ser el partido de la desestabilización, si somos ciudadanos libres que colaboramos con este partido, los que hemos sido sistemáticamente agredidos, los que hemos presentado el mayor número de denuncias por violación de derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con qué derecho se nos acusa de eso, cuando además en condiciones, a veces extremadamente difíciles en que hay sectores populares que por una indignación buscan un desbordamiento de las pasiones, no se ha querido reconocer la enorme contribución que en procesos electorales regionales ha hecho el PRD a la estabilización política y a conducir fenómenos que en los años setenta fueron conducidos por vía fuera de la Ley. Nuestro partido ha hecho
una contribución decisiva al tránsito de la democracia, al convencer a grandes sectores ciudadanos de canalizar sus inconformidades dentro de la Ley. A veces el pueblo habla duro y a veces el pueblo realiza acciones que no corresponden a lo que sería la normatividad electoral, efectivamente. Pero esa indignación popular, como en este caso puede ser el del pueblo de Teloloapan, tiene una profunda explicación. Estamos seguros que con el respeto a la Ley, con un estricto apego a las normas que permiten que la voluntad popular se exprese, fenómenos y situaciones donde hay una expresión ciudadana indígena de este tipo de la que se dio en Teloloapan, podrán ser evitados.
Pero la condición fundamental de esa, la condición fundamental es el respeto a la Ley y el respeto a la voluntad popular.
Y aquí voy a referirme a un último punto, al cual le dedicó especial énfasis el diputado Efraín Zúñiga Galeana que es el que se refiere a las demandas que nuestro partido ha presentado en Guerrero para un proceso electoral limpio. Se refirió a subsidios, se refirió a la modificación del otorgamiento de estos subsidios, a quién controla la fuerza pública y a otros puntos.
Los fondos con los que se apoyan a los partidos políticos para sus campañas electorales, no son fondos particulares o privados de tal o cual gobernante; son fondos del pueblo y de la nación para apoyar a instituciones políticas de interés público, como son los partidos políticos.
¡Sólo en una visión patrimonialista o de herencias virreinales, se puede considerar que los recursos que entrega tal o cual gobernador a los partidos políticos obedecen a una graciosa concesión! ¡Son recursos que deben ser entregados a los partidos, porque es obligación; porque es el pueblo quien ha creado una institución gubernamental para que sirva al pueblo y así es como debe ser siempre! ¡No es una graciosa potestad de un virrey en una intendencia o en una zona de la República!
Y más allá de lo que es propiamente atacar aparentemente algunas fuentes de fraude electoral, el problema central en Guerrero, al igual que el problema de Michoacán y de toda la República, es que exista voluntad política de acatar la Ley.
No es un problema entonces solamente de que se firmen actas por las autoridades electorales, que se firmen las boletas por las autoridades electorales, que no es solamente un asunto que se den copias de actas de casillas aunque el partido no esté presente en esa acta o se aproveche tal o cual cierre de campaña. Miren ustedes, compañeros legisladores, el hecho es que procesos electorales recientes, como el de Tamaulipas y Michoacán, muestran que incluso con una lista que en alguna ocasión un senador polemizando con nosotros se refirió a ella de actos que se habían acordado en Michoacán, ¡si no hay voluntad política de respetar el voto, siempre hay sufragios, siempre hay formas de violentar esa decisión popular!
Y lo que nosotros hemos exigido, desde los discursos de Cuauhtémoc Cárdenas en el Zócalo, desde la constitución del PRD el 5 de mayo y lo volvimos a exigir hace unos días en la Permanente, es voluntad política, voluntad política para un efectivo tránsito a la democracia, donde todas las fuerzas, incluido evidentemente el Partido Revolucionario Institucional y el Gobierno mexicano, se sienten a pactar el tránsito a la democracia, seamos parte de un esfuerzo de diálogo nacional, pero basada en eso: ¡en voluntad política de respeto a la Ley!
Y veremos como con esa voluntad política, cuando se acaben actos de prepotencia, cuando del lado de la fuerza pública dejen de hacer acciones incalificables como llegar a una pequeña población mostrando armas de alto poder para amedrentar a la población, verán como cuando terminen esas formas de agresión ciudadana, el pueblo no recurrirá, dejará de hacer acciones como las que se han dado en el caso de Teloloapan.
Nuestro partido, en ningún momento, y que quede claro en esta alta tribuna de la nación, ha llamado a la ciudadanía, ha buscado las formas de confrontación violenta. No es nuestro partido una institución política que busque estas formas de confrontación. Siempre buscamos el respeto a la Ley. Pero, una vez agotadas las formas que los propios procedimientos electorales establecen para hacer impugnaciones de actos fraudulentos, una vez realizados todos los esfuerzos que la propia legislación define, ¡sí, en base precisamente a la Constitución y a la legitimidad histórica que dan los movimientos sociales y libertarios del pueblo mexicano, reivindicamos el derecho a acciones pacíficas, pero acciones, en las calles en defensa de aquellos que son los triunfos legítimos de nuestro pueblo!
Ahora bien, en Guerrero las autoridades estatales tienen una oportunidad excepcional de
mostrar su apego a la Ley. Si nuestro candidato, Félix Salgado Macedonio, triunfa en Guerrero, y si las autoridades reconocen el triunfo y respetan la voluntad popular, una nueva etapa en el tránsito a la democracia, no sólo en Guerrero, sino en nuestro país, se habrá establecido, porque ya no estaremos hablando de discursos contra discursos, de palabras contra palabras, estaremos hablando de hechos y de respeto al voto, que es lo que importa para un tránsito a la democracia ordenado en México. ¡Eso es lo que pedimos! Nosotros emplazamos desde esta tribuna al Gobierno, tanto al Gobierno Federal como al Gobierno estatal y a todas las fuerzas políticas a un compromiso de respeto al voto en los derechos, no en las palabras, no en discursos y menos con adjetivaciones irresponsables o un partido maduro y sólido, como es el Partido de la Revolución Democrática. Ante todo se requiere devolverle al pueblo la confianza que ha perdido en algunos procesos electorales por la defraudación continua y sistemática de la voluntad popular. Somos respetuosos de la Ley, somos respetuosos del orden. Queremos un tránsito ordenado, pacífico y constitucional a la democracia, pero que no se amedrente al pueblo, que no se le amenace, porque entonces el pueblo, repito, por voluntad autónoma y no por ningún tipo de llamamiento del PRD, realizará acciones que pueden ser sí violatorias de algunas normas legales, pero que son acciones autónomas ciudadanas en momentos en que ha sido exasperado por prepotencia y por agresión.
Llamamos, finalmente, al PRI, a todos los partidos políticos, a hacer un esfuerzo de diálogo democrático, a tener ante todo una actitud positiva que permita resolver, en este caso, conflictos como el de Teloloapan y en otros lugares, pero respetando los derechos ciudadanos, los derechos humanos y, sobre todo, ahuyentando toda forma de prepotencia.
No consideramos conveniente solamente presentar a nuestro partido como si estuviera en el banquillo de los acusados, como si nosotros fuéramos quienes violan la Ley y toda una escala de meses, de acciones de intimidación contra la población guerrerense, fueran borrados como si nunca hubieran sido hechos; ¡ahí están las actas de la Permanente!, ¡ahí están las intervenciones de Camilo Valenzuela y Liliana Flores, diputados del PRD!, diciendo: ¡no sigan por el camino que ustedes establecieron con el acto de Tlapa!, ¡no sigan con esas acciones intimidatorias a la población!, ¡abran la democracia, abran el diálogo, abran los medios de comunicación, y cesen la utilización de fuerza pública para actos partidarios de una sola organización y cesen toda forma de intervención de fuerza pública en este tipo de procesos electorales y abramos el tránsito a la democracia!
Y ojalá que esa recomendación que el diputado Efraín Zúñiga, ha hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Ministerio Público, para que en ejercicio de sus atribuciones investigue el uso de armas exclusivas para el Ejército, que al parecer se supone estima que se utilizaron para amedrentar ciudadanos, ojalá que eso, uno, no sea pretexto para una intervención, como ya sucedió en Aguililla, Michoacán, donde derechos de todo un pueblo fueron prácticamente aniquilados, con una situación de ocupación de una población en condiciones muy graves para violación de derechos humanos.
Pero ojalá también que esa recomendación se aplique a eso poderes fácticos, como dicen en España, para esos grupos de seguridad que uno no sabe quien los paga, quién los protege y cómo es que tienen esas armas. Ojalá que la investigación se haga extensiva a otros sectores, precisamente que han estado amedrentando poblaciones ante los actos electorales y que no sea esto un pretexto para nuevas violaciones de derechos humanos en un Estado que ha sido ya fuertemente golpeado por diversas formas de intervención y de acciones antidemocráticas.
Somos, pues, un partido dispuesto al diálogo y estamos a todos los niveles y en toda la República buscando la concertación. Que no se nos adjetive de esa manera irresponsable, que no se inventen nuevos adjetivos, como ése de "satánico" o de "conjura", esas palabras suenan a ese tipo de lenguaje que se utilizaba en la guerra fría, a ese tipo de lenguaje que se utilizaba en los aciagos conflictos políticos que vivieron diversos lugares del mundo en los años cincuenta y sesenta. El mundo está viviendo nuevos cambios, están apareciendo los sistemas de partido de Estado, nuestra nación requiere modernización económica, también requiere modernización política, requerimos un tránsito pacífico, ordenado a la democracia pero que no se nos pida que en aras de un tránsito constitucional a la democracia o de una retórica aparentemente en contra de cualquier proceso de protesta popular, anulemos nuestros derechos constitucionales a defender aquello que es lo fundamental de la vida republicana que es el respeto a la voluntad popular. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Diego Fernández de Cevallos, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Señores legisladores:
El llamamiento que hace unos minutos formuló el señor diputado Calderón a todos los partidos políticos nacionales para luchar en contra de toda forma de prepotencia, merece una respuesta inmediata del PAN. Por supuesto que ese llamamiento es válido y yo creo que todas las fuerzas políticas podemos aceptarlo como exigencia inaplazable para el cambio trascendente de la vida nacional.
También quiero decirle al diputado Calderón que nosotros no desconocemos las heridas que hay en Guerrero y en muchas partes de la República porque el caciquismo que todavía no hemos podido superar con toda su secuela de injusticias y de crímenes, ha producido a lo largo y a lo ancho de México frustración, enojo, encono y rabia porque no hemos podido vivir a la altura de los pueblos que han superado estas formas primitivas de organización.
No ignoramos que el ánimo de la población en Guerrero sea igual o parecido al que usted señala, pero tenemos que distinguir señor legislador, si en serio quieren ustedes luchar en contra de toda forma de prepotencia, lo menos que se le podía pedir es que viniera a esta tribuna a decir que ese documento es falso o que el PRD como tal lo repitió, Porque ésta es una forma expresa de binomio partido - Gobierno, esta es una simbiosis clara de lo que ustedes y nosotros en el discurso peleamos, ustedes recientemente y nosotros desde hace más de medio siglo, porque si este documento que presenta el diputado Zúñiga Galeana, no es impugnado por ustedes, porque sus firmas sean falsas, porque sus sellos estén alterados, porque su texto no sea el real o el auténtico, tendríamos que llegar a la conclusión de que ustedes lo hacen bueno, le encuentran razón y justificación que desde nuestra perspectiva no existe.
Este documento, de ser válido, de ser auténtico, tendríamos que encontrar en él que está utilizándose un documento oficial del Consejo Municipal de Teloloapan y que en él firman el Presidente de ese Consejo con los sellos oficiales de ese gobierno y el Presidente del Comité Municipal de su partido para convocar a la ciudadanía de aquella entidad o de aquel lugar, con único propósito, ese propósito es rechazar la llegada a dicho lugar del señor Rubén Figueroa Alcocer.
Nosotros señores legisladores, podemos aceptar un gran malestar en el Estado de Guerrero y en muchas partes de la República, pero jamás podremos admitir que ésta sea una forma civilizada de hacer democracia, de buscar el camino y de querer un México mejor. Para nosotros esto es la expresión más arcaica, para usar las palabras, de lo que México ya no puede aceptar, para nosotros ésta es una forma que de ninguna manera puede tomarse como método responsable de organización política si usted habla de que el PRD es un partido responsable.
Para nosotros ésta no es una forma autónoma de manifestarse de una sociedad, es el contubernio claro de partido y Gobierno en un municipio para no permitir la entrada a un ciudadano que forma parte de una organización política y que está en campaña para buscar el voto de la población.
Si esto sucede quieren tomarlo como un espaldarazo al PRI, háganlo una y mil veces cuanto les venga en gana, no estamos avalando al Partido Revolucionario Institucional, ni estamos dándole la vuelta a la hoja de la historia de Guerrero, ni de ninguna otra parte de la República, pero congruentes con la lucha que nosotros hemos dado durante más de medio siglo, tenemos que decir que esto lo haya firmado el partido que sea, es de repudiarse por cualquiera que tenga vocación democrática y que quiera que la pluralidad se manifieste en términos de Ley.
Usted ha dicho que el problema total de México es acatar la Ley, y tiene razón en su dicho, lo que sucede es que este documento no es la forma más seria de acatar la Ley. Si usted sube a la tribuna y me dice que ese documento es falso, no tengo nada que objetar; si usted me dice que las firmas son alteradas y que éste es documento que ustedes no reconocen o en su caso descalifican, no hay debate; pero si usted sostiene que por los antecedentes históricos, por los agravios que históricamente se le han impuesto a un pueblo flagelado como el de Guerrero, esto se vale, yo quiero decirle que hay una gran diferencia entre la concepción de la democracia que tienen ustedes con la que podemos tener nosotros como partido y como miembro de una sociedad.
Nosotros creemos que no puede haber voluntad política que se presente en forma tan primitiva como ésta. Esta es la expresión por la que nosotros hemos luchado, ésta es la forma que nosotros hemos padecido durante décadas en muchas partes de la República, y no podemos imaginarnos a un partido nacional que viene por el cambio y para acabar con caciquismos y para acabar con el binomio del partido - Gobierno y al mismo tiempo suscribe en documentos oficiales, un documento de esta categoría.
Aquí se convoca por las autoridades municipales y por las autoridades de su partido, a repudiar, a impedir la entidad de un ciudadano sin ningún derecho por parte de los suscriptores, y sobre todo sin ninguna argumentación de otra naturaleza.
Desde nuestra parte, si ustedes realmente se ostentan como partido maduro y sólido, no podrán aceptar jamás la firma de un documento así.
El Presidente: - Tiene la palabra ahora el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista... Permítame, diputado. Le vamos a conceder la palabra al diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Estimados compañeros legisladores:
Nuestro grupo parlamentario no ha recibido una copia de ese documento; no es el momento quizá, estando en este momento analizando el problema, pero además aquí quisiera remitirme estimados compañeros legisladores, a...
El Presidente: - Diputado Calderón, en un acto de cortesía política, aquí el Diputado Diego Fernández de Cevallos, le hace llegar el documento al que hizo alusión reiteradamente en su intervención.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Muy amable, gracias:
Aquí, estimados legisladores, me van a perdonar una pequeña referencia autobiográfica que tiene que ver con el hecho de que durante los años sesenta fui miembro del comité estudiantil que los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad eligieron desde 1968 para la participación en movimiento que en ese año se hizo por la transformación democrática del país.
En varias ocasiones, y hablo como actor de esos procesos, en los muy difíciles momentos que vivió nuestra patria en el año de 1968, particularmente en agosto y septiembre, este comité estudiantil de la Facultad de Economía tuvo que enfrentarse a documentos apócrifos, a volantes irresponsables, y a textos que se presentaban como elaborados por una dirección estudiantil pero que no representaban el sentir efectivamente ni de la comunidad estudiantil y magisterial de la Facultad De Economía y mucho menos del núcleo de estudiantes que habrían sido designados para representar los intereses de esa comunidad. No estoy hablando de algo abstracto, estoy hablando de hechos que se han dado.
Durante muchos años, precisamente en el movimiento social y distintas fuerzas políticas, han sufrido distintos tipos de conflictos derivados de documentos que no están avalando de manera sólida y contundente la posición de una institución o de una organización social.
¿Por qué hago este comentario referido a este documento? Bueno, porque quisiera sentar que ante todo tendríamos que investigar, como partido político nacional, y lo digo con toda responsabilidad, diputado Diego Fernández de Cevallos, la autenticidad de este documento. No dudo que la fotocopia que se me entrega es de buena fe, diputado, no lo dudo, no cuestiono que esta fotocopia se me esté entregando de buena fe, pero quisiera, repito, cuestionar, para una investigación posterior, la autenticidad del documento.
Tendríamos también que investigar si el Comité Municipal del partido efectivamente firmó este documento y si el presidente del Comité Municipal lo hizo, y analizar si se realizó esta acción con la venia y el apoyo de ese Comité o por decisión personal. Sólo estoy presentando distintas situaciones que exigen una investigación.
Lo que sí quiero dejar claramente asentado es que es línea de nuestro partido, porque una vertiente ciudadana presente en nuestro partido es una vertiente que hemos definido como respetuosa de la autonomía, una vertiente autogestionaria, una vertiente libertaria, el buscar por todos los medios la autonomía de los procesos políticos y de los procesos electorales, de cualquier forma de poder público.
No aprobamos entonces como partido político, y que quede claramente asentado, los mecanismos a través de los cuales la autoridad y el partido actúan de manera corporativa. Este es un asunto que para nosotros tiene que ver con lo más profundo de nuestra identidad ciudadana y es la línea de nuestro partido, es la línea de los directivos estatales de nuestro partido y es lo que está en nuestros estatutos de la organización partidaria.
Por tanto, en todos los procesos de lucha ciudadana, de lucha electoral o de lucha popular, siempre buscamos que la autoridad electa, aun cuando haya sido postulada por nuestro partido, actúe como representante de los intereses generales de la sociedad, mientras que la organización social, el movimiento popular autónomo, organizaciones, sectores sociales como pueden ser empresarios, trabajadores u otros sectores, tienen la facultad de autogobernarse
y autodirigirse y conducir los procesos políticos o populares de manera libre y propia. Por ello es que ésa es la línea general de nuestro partido. Usted me hizo una pregunta y yo se la respondo de manera directa.
Por ello es que sólo podría uno decir: hay que investigar si efectivamente ese documento es auténtico, si las firmas corresponden a quienes efectivamente se sostiene y fueron decisiones avaladas por los órganos respectivos del partido en esa zona, en ese municipio. Y segundo: la línea de nuestro partido es la autonomía popular, la capacidad propia de decisión de las comunidades populares y por tanto siempre buscar que las autoridades postuladas por nuestro partido en ejercicio de sus funciones, sean respetuosas de los intereses generales de la población y no de los particulares de una organización política o partidaria y es el compromiso que no sólo sostenemos para tal o cual municipio, sino para el conjunto de la nación. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, y nos deja por ahí el oficio que le habían facilitado, que se va a agregar a la documentación. y tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Israel González Arreguín: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Todo acto de violencia es , en opinión de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, condenable. Quienes desde la oposición hemos sido objeto de la represión política, entendemos las nefastas derivaciones de estas manifestaciones de subcultura. Aquí se hizo mención de un movimiento en el que muchos participamos, y es cierto que en ocasiones se maniobró, a través de documentos que después se negaron, como la convocatoria última del 12 de octubre, por personas que ahora siguen en la contienda política y que fueron los responsables de esa convocatoria, y que seguramente será tan sencillo como decir: fueron documentos apócrifos los que convocaron el 2 de octubre; lo que vino después, todos lo conocemos.
Hechos como los suscitados el 7 de febrero en Teloloapan, Guerrero, yo digo que no deberían ser motivo de reflexión de los órganos de representación constitucional, deben avergonzarnos a todos. Reflejan penosamente realidades no superadas, verdaderas lacras que deben borrarse. La agresión, intimidación, amenaza y provocación, no son las armas que la transición democrática que México necesita.
En la consecución de la democracia, debe quedar clara la regla pacífica del cambio constitucional. Nadie, ni siquiera en nombre de la Revolución y de la democracia, debe alterar la paz y el derecho de los demás. El camino de la provocación, nunca ha conducido a la justicia. El provocador sólo genera mayores males, le hostiga las bajas pasiones de la fiera autoritaria, que en espera del menor indicio trata de reafirmar sus reales.
Toda intolerancia es reflejo de autoritarismo. Quienes desde campos aparentemente críticos la emplean, favorecen la reproducción del viejo orden; paradógicamente fomentan la incertidumbre al cambio, estimulan la idea de que "más vale malo por conocido que bueno por conocer".
Estuvimos en Tejupilco también; fuimos testigos de lo que sucedió en Michoacán, sobre todo en Puruándiro, por eso podemos hablar de lo que pasó en esos lugares. Las armas fueron ostentadas por quien sea, para intimidar la participación de los ciudadanos, no deben justificarse por nadie.
Ahora, en Guerrero, encontramos situaciones contradictorias, viejos cacicazgos que pertenecieron al partido de Estado, autodenominándose cardenistas que intimidan a la población, o se está con ellos o contra ellos. No existe en esta lógica terrorista, participación plural. Ahí no aceptan términos medios, no se da un respeto real ni siquiera por asomo, a la pluralidad política de los mexicanos.
Estas son manifestaciones de barbarie, aunque en nombre de la democracia y de la verdad revolucionaria se esgriman.
Los acontecimientos políticos de 1988, sorprendieron al país por la explosión cívica de los ciudadanos, pero en ningún lugar en ese proceso electoral, se impidió la llegada de ninguno de los candidatos, ni siquiera en los lugares donde en el Bajío se pelea la posesión política principal por el Partido Acción Nacional, ni ahí. Por eso nosotros decimos que esa explosión cívica de los ciudadanos, fueron escuchados por todos los que teníamos deseos en serio de un cambio democrático.
Hechos como el de Teloloapan, no guardan vinculación alguna, real, con el proceso de 1988.
Señores legisladores, nuestra fracción parlamentaria ha presentado una propuesta de reforma política integral, toda una estrategia para la transición democrática, que busca definir reglas claras para el cambio político. Una regla de oro de la transición democrática y en general de toda la lucha del pueblo, es la tolerancia. Sin ella, no puede darse el cambio justificado en los diversos ámbitos de la sociedad y del sistema político.
Estamos en puertas de la redefinición del marco jurídico - político. En este año se desarrollarán varias elecciones locales, en el próximo va a efectuarse la contienda más importante, desde la que llevó a cabo la lucha maderista.
Si alentamos este tipo de manejos en la contienda electoral, donde sean las armas las que hablen, la fuerza brutal la que impere y no la reflexión y la tolerancia, vamos a estar contribuyendo a que este país se parta en dos. La división del país en dos no es benéfica para la nación. A los únicos que beneficiaría sería a quienes desde hace rato la están apostando, a convertirse en árbitros, para después llevarse la línea del Río Bravo hasta el Suchiate. Muchas gracias.
El Presidente: Se concede la palabra al senador Orlando Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Orlando Arvizu Lara: - Señor Presidente; señores legisladores:
En primer lugar, buen provecho. Quisiera, en primer término, decirle al señor diputado Jorge Calderón, que las expresiones aquí vertidas no son de ninguna manera una lluvia de adjetivos y una montaña de epítetos, son simplemente testimonios reales del discurso que está empleando el candidato, su candidato a gobernador, Salgado Macedonio, en Guerrero.
La verdad es que este fenómeno particular que se está presentando en Guerrero nos preocupa y es por ello que queremos que quede en esta Comisión Permanente del Congreso, en su oportunidad, testimonio de nuestra preocupación.
El candidato del Partido de la Revolución Democrática, Félix Salgado Macedonio, está en principio descalificando, desde ahora, un proceso electoral que habrá de celebrarse el próximo 21 de este mes, al decir "que está seguro, en un 70%, de que será el triunfador de esta señalada contienda electoral".
Pero también dice que "está seguro, que tiene la certeza de que no se va a respetar su victoria".
¿Qué quiere demostrar con lo anterior su candidato? ¿Se está curando en salud, para que una vez que ocurra su virtual derrota en las urnas, reclame que nunca dejó de proclamar que desde antes iba a hacer un proceso no apegado a la realidad electoral?
Irá a decir como lo advertí en su tiempo no respetaron mi victoria. Ha dicho también Salgado Macedonio, que de no respetar su victoria electoral, él va a encabezar actos de resistencia civil. Pero hay algo que preocupa más y es el estilo de hacer campaña del candidato perredista en Baja California.
El invoca en cada instante, en cada momento, en actos públicos y en entrevistas de prensa, la palabra muerte, sangre y violencia. En declaraciones periodísticas Salgado Macedonio ha dicho que cuando va a los poblados de su Estado, allá le dicen que si no hay imparcialidad electoral y que, "si tú te rajas, dice Salgado Macedonio que le dicen, te vamos a matar, inclusive estamos dispuestos, según dice Salgado Macedonio que le dicen, que están dispuestos ellos también en esta lucha a perder hasta la vida".
Como ustedes ven de alguna manera y esto queda bien claro que ésta no es como decían nuestros amigos diputados del PRD, no es la lluvia de adjetivos. Va más allá el abanderado perredista cuando amenaza diciendo que el Presidente Carlos Salinas de Gortari pagaría un costo alto si hay un baño de sangre en Guerrero. Dice:" en el Presidente Salinas está decirle al mundo que hay democracia en México si se representa un triunfo". O sea, si no se respeta su triunfo, si no se gana no hay democracia y, si gana, a lo mejor querrá ser el embajador del Presidente Salinas para decirle a los pueblos del mundo que aquí en México si hay democracia. Creo que eso no es simplemente una lluvia de adjetivos.
Nos preguntamos pues: ¿es esta una campaña político - electoral? Ha dicho Salgado Macedonio públicamente que a Rubén Figueroa lo mandaron para perder también. Pero según dice Salgado Macedonio también lo enviaron para matar a dos pájaros de una pedrada, o sea, golpearlos, según dice, lincharlos, también lo dicen, y que quieren perder la cabeza del perredismo en Guerrero, porque dicen que es más peligroso vivo que muerto. Como ustedes ven es muy usual en él, el lenguaje de la muerte.
¡Que pobreza y qué tristeza que en un discurso político en estos tiempos de renovación nacional, de una amplia cultura democrática, como se está viendo en muchos procesos electorales, sea ésta la divisa de su candidato para gobernar una entidad como Guerrero!
No quiero decir que Rubén Figueroa sea una perita en dulce, ni mucho menos que no tenga carácter y temperamento fuerte, no, no requiere de que queramos amainarle su estilo o su temperamento, desde luego que no. Pero si es bien importante que veamos, que leamos y escuchemos el discurso de Figueroa ahora que anda en campaña por la gubernatura. El dice, en declaraciones de prensa y en actos públicos, que el único remedio para evitar conflictos poselectorales en la entre otras cosas, la contundencia en los comicios y el apego a la Ley. Figueroa, me imagino que va a ganar, dice por ello también, que va a defender su triunfo hasta donde la legalidad se lo permita. Ese lenguaje está usando nuestro candidato hoy, que va a concurrir a las urnas, para obtener si es posible el triunfo electoral.
Sobre este aspecto, llama la atención el que un enviado de un periódico nacional, importante diario nacional, envíe a un simpatizante abiertamente perredista a hacer una serie de entrevistas a Figueroa y a Salgado Macedonio, porque es casi difícil ver hasta dónde es periodista o hasta dónde es perredista el reportero. Yo creo que es bien importante que veamos, y esto saliéndonos un poco al margen de lo que estamos hablando, que en el periodismo, salvo algunos géneros, está prohibido hacer o ser reportero y tener filiaciones políticas.
Ha dicho también Ruben Figueroa y es bien importante señalarlo, cuando le preguntaron acerca de la violencia, él contesta simplemente que la sociedad y el pueblo de Guerrero ya no quieren la violencia, quieren orden, quieren trabajo y, lo más importante, dice Figueroa, el que gane, al que gane le vamos a respetar su triunfo.
Por otra parte y también esto es importante y es toral, habría que analizar a los dos aspirantes al Gobierno de la entidad. Me refiero a lo propositivo, a lo que tiene que ver con el programa de Gobierno, a lo que tiene que ver con una oferta política del candidato que quiere ser gobernador de una entidad.
Por ejemplo, Ruben Figueroa cuando habla del turismo, el turismo es una fuente fundamental de divisas para esa entidad, a través de Taxco, Zihuatanejo, de Acapulco, se capta la mayor parte del presupuesto con el que se desarrolla la vida pública y económica de la entidad. Por ello, qué se propone, luchar cada vez más por detonar esa entidad en materia turística consciente de que en Guerrero el turismo es un negocio y que hay que explotarlo como tal porque con ese recurso se mantiene la mayor parte de los 75 municipios de la entidad; no sólo de ello vive Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, sino la sierra, la montaña, etcétera, todo el Estado, por ende, hay que buscar de alguna manera que este desarrollo turístico esté en pie y sea una excelente oferta no solamente para el turismo nacional, sino también para todo el turismo internacional, siempre y cuando nos traiga, en este caso concreto, recursos para que el Estado pueda seguir costeando su vida.
A diferencia, su candidato, el del PRD, cuando aborda el mismo tema el del turismo, lo hace o con mucha inocencia o con mucho romanticismo, o simplemente yo creo que el tema no lo conoce. El dice que, al aludir al turismo en Guerrero, él habla de que éste deber ser nacionalista.
Yo no sé qué entienda por nacionalista. A la mejor quiere decir que debe de haber un turismo que éste al alcance del que menos tiene, que le llamaríamos, como ya se le ha llamado siempre, turismo social; aunque siempre ha quedado la interrogante de que el turismo social de parte de quién se va a sostener. El dice que no es posible que en estos días el turismo sea elitista. Bueno, pues el que tiene recursos para gastarlos, si los gasta en Acapulco, qué importa que sea elitista. Lo que urge es que haya recursos económicos para esa entidad. Esos son proyectos, no sueños; y el turismo en Guerrero es vital. Es muy importante que también aquí podamos clarificar cuáles son los programas de un candidato para alcanzar una gubernatura.
Hay otro tema que podría se más romántico, y en Guerrero eso es mucho decir. Dice por ejemplo, que él va a acabar, en lo que se refiere a la justicia, que él va a acabar con la policía motorizada, con la judicial. Y que a cambio él va a proponer una policía rural, de esta bandada obviamente, a caballo, en burro, en las veredas, como si la mentalidad, la ética y la honestidad de un policía tuviera mucho que ver con el transporte en el que en el que cumple sus obligaciones.
En fin, de alguna manera es importante tocar dos puntos que aquí han sido ya muy reiterados: el caso de Teloloapan, en donde no pudo hacer campaña el candidato del PRI hace unos cuantos días, y no lo pudo hacer, y se los digo porque
fui delegado en ese Estado, viví el caso Teloloapan hace tiempo, y no pudo hacer el acto, no porque fuera el candidato del PRI o del PAN o de otro partido. ¡No!, no quiso porque no quiso el presidente municipal del PRD, que fuera nadie, ni Rubén ni nadie. Ha puesto una gran valla en ese municipio para que no entre nadie, para que el pueblo no escuche ideas, para que el pueblo no escuche ofertas, para que el pueblo no entienda o no se dé cuenta del atraso, en que los tiene hundidos el presidente municipal. Eso fue lo que hizo recientemente el presidente municipal al evitar la visita de nuestro candidato. Pero para concluir, quisiera de alguna manera referirme a la situación de su partido, el PRD en Guerrero, y también hacer alusión a los triunfos de los que hace un momento hablaba el diputado Jorge Calderón. Sí los hubo y sí se respetaron y sí hay ayuntamientos en el perredismo. Lo que pasa es que el mismo PRD se los fue acabando. Ahí tienen el caso de Tecpan; los mismos perredistas lo corrieron. Ahí tienen otros casos y muchos más como este que hablamos de Teloloapan, donde el presidente municipal está peleado con el candidato; ahí tienen ustedes el caso de Wences Reza, nuestro compañero diputado; ha sido tres veces rector y está luchando por una cuarta ocasión. Pero para lograr el voto ¿qué está haciendo? Separarse del PRD, para ganar una cuarta vez la rectoría.
Y en esta misma circunstancia, se encuentran otros que también aspiran a la Universidad, a la rectoría universitaria; pero, insisto, separados de su partido porque de lo contrario no van a ganar.
Yo creo que Salgado Macedonio confunde las cosas. No se puede triunfar nunca a través del chantaje o de las amenazas. Yo creo que es bien importante, queridos camaradas del PRD, que por primera vez reconozcan que a unos cuantos días del proceso electoral, todavía no se puede hablar, ni de fraude ni de triunfadores. Nos estamos adelantando al postre que les van a servir en un instante más. Muchas gracias.
El Presidente: -Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Angel León Corrales: -Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Después de esta desafortunada intervención del camarada, yo voy a intentar hacer algunas precisiones que las considero necesarias.
La primera es la cuestión de los estilos. Me parece a mí que ponernos a discutir entre los diferentes partidos, cuáles son los estilos adecuados y cuáles son los estilos incorrectos para hacer campaña, no nos va a conducir a ningún lado.
En las campañas electorales, de todos los partidos, la cuestión que está en el centro es la cuestión de las propuestas y los argumentos, y a eso es a lo que me quiero referir.
Se hablaba en cuanto a las propuestas, tomando en cuenta la problemática del turismo en Guerrero. En ese sentido, nuestro partido tiene una política muy clara y tiene propuestas muy específicas. En el pasado período ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, esas propuestas, artículo por artículo en torno a la reforma a la Ley de Turismo, fueron defendidas, fueron argumentadas, fueron aclaradas una por una. Y nuestro compañero candidato en Guerrero, es consecuente con estas propuestas, el habla de una defensa del turismo social.
Y, bueno, que podemos decir de Acapulco. ¿Qué son dos Acapulcos? ¿Qué basta salirse dos calles de la Costera para encontrarse al otro Acapulco? ¿Qué basta ubicar todas esas colonias populares en torno a los grandes hoteles y en torno a los grandes restaurantes para darnos cuenta que esa política del turismo que durante tantos años ha implementado el Gobierno de México en Acapulco es incorrecta?
Es incorrecta porque a nombre de ese turismo internacional y a nombre de los ingresos que ese turismo internacional genera, la inmensa mayoría de la población de Acapulco vive sumida en la pobreza. Y esa pobreza es justificada con los intereses de los grandes hoteleros, sobre todo internacionales, con los intereses de los políticos que viven en Acapulco y que se han beneficiado de ese turismo, y que nuestro compañero candidato en Guerrero hace muy bien en criticar.
El no está planteando que deje de haber turismo internacional. El con toda precisión, en toda un serie de actos políticos, ha clarificado que junto a ese turismo internacional se debe desarrollar un turismo social y que junto a esa riqueza que existe ahí en dos calles de Acapulco, el Gobierno tiene la obligación muy clara de generar bienestar social para la mayoría del pueblo de Acapulco.
Y en ese sentido las posiciones de Figueroa en lo que se refiere al turismo, simplemente no las compartimos. Es un problema de argumentos y es un problema de propuestas. Tenemos diferentes argumentos y tenemos diferentes
propuestas. El pueblo decidirá, con su voto, cual es la propuesta que más le llena.
¡Pero ponernos a discutir aquí un asunto de estilos, me parece que sería un problema de pérdida de tiempo!
Que nuestro compañero candidato tiene la firme convicción de que va a ganar en Guerrero, eso no debe de extrañar a nadie. Me parece que si un candidato se lanza a la campaña con la certeza de que va a perder, creo que ni inicia la campaña. Y tan es cierto que los candidatos siempre tienen la certeza de que van a ganar, que nuestro camarada nos decía que Figueroa sabe que va a ganar; lo dijo aquí textualmente. Yo no le critico en lo más mínimo a Figueroa que él afirme que va a ganar. Es su convicción. como nuestro candidato tiene también la convicción de que va a ganar y en todo caso los resultados electorales lo van a definir.
Pero, lo que no es correcto es utilizar una entrevista que a nuestro compañero Félix Salgado le hacen en la Jornada, y venir a plantear aquí el problema de una manera francamente unilateral, en el siguiente sentido: Nuestro compañero, candidato a gobernador de Guerrero en esta entrevista, de manera muy enfática, con su estilo muy personal, precisa que él va a dar una batalla poselectoral en caso de que exista un fraude electoral. Quiero leerle a nuestro camarada y a todos los compañeros una parte textual de esta entrevista que él utilizó pero que no leyó de manera completa o que si la leyó completa luego, bien, vino a plantearla aquí en un forma unilateral.
En la entrevista se dice los siguiente: "Si nos ganan limpiamente la elección seré el primero en reconocer la derrota". Más claro no puede estar. Nuestro compañero candidato afirma que si el proceso electoral se da de una manera correcta, que si en este proceso no se utilizan las artimañas que de manera constante se han utilizado en los procesos electorales, que si el triunfo de un candidato cualesquiera, él no menciona a Figueroa ni a nadie, dice: "si nos ganan limpiamente la elección, yo seré el primero en reconocer la derrota"; y en la misma entrevista plantea que si esa derrota no se da con limpieza y hay fraude electoral en Guerrero, no solamente nuestro compañero candidato, compañeras y compañeros legisladores, no solamente los comités municipales del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, el Partido de la Revolución Democrática en su conjunto, dará la lucha en contra de ese fraude electoral, si dicho fraude electoral existe.
Ahora bien, qué decir de la afirmación que se hizo aquí, en el sentido de que un reportero no puede ser tal y al mismo tiempo tener filiación partidista. Que se me diga aquí ¿en qué parte de la Constitución o en qué Ley de este país hay la más mínima prohibición para que un reportero, de cualquier periódico, desde uno de importancia nacional hasta el que exista allá, en el último rincón de esta patria, no tiene derecho a tener la filiación partidista?
Ahora bien, este documento que se nos fue entregado, nosotros en este preciso momento no aceptamos que sea válido, como tampoco aseguramos que no es válido, simplemente decimos que no sería la primera vez que se utiliza un libelo en contra de algún partido. Ahí hay varios ejemplos, en la historia de Acción Nacional y en la historia de todos los partidos, en los cuales se ha utilizado libelos en su contra.
Pero aclaro, y aquí le doy una respuesta muy precisa al compañero diputado Diego Fernández de Cevallos. Si este documento es cierto, compañero, el presidente del consejo municipal de este poblado merece una crítica de nuestro partido, porque la política de nuestro partido es en contra del partido de Estado, porque si él, en efecto, cometió este error, los mismos estatutos de mi partido critican de una manera clara y precisa este tipo de actitudes.
Entonces, sin conceder yo que este documento sea cierto, admito aquí con toda claridad que de serlo hay una crítica que no va a venir de fuera de mi partido solamente, sino dentro de mi partido se va a hacer con toda claridad, en base a los estatutos y a la política de mi partido. Y, por otro lado, le digo, le tomamos la palabra. En ningún momento yo le voy a hacer la acusación de que por usted presentar esto y decir lo que dijo, está apoyando al PRI de alguna manera; en ningún momento desconozco yo el derecho que usted tiene a presentar y decir lo que dijo en esta tribuna y yo creo que en todo caso los problemas de fondo en los cuales estaremos o no estaremos de acuerdo entre las diferentes fracciones, se van a discutir para fortuna de este país en estos próximos meses, nosotros esperamos que en esa discusión tan importante para la nación su partido y lo demás partidos podamos coincidir en la necesidad de una reforma democrática de fondo; en este sentido las palabras que usted mencionó, de avanzar en contra de todo lo que significa el partido de Estado, de avanzar hacia la tolerancia y hacia la democracia, nosotros le tomamos completamente la palabra.
Esperamos que algún día estén dadas las condiciones para que el partido de Estado también lo haga. Gracias.
El Presidente:- Para contestar alusiones personales el señor diputado Diego Fernández de Cevallos, del PAN.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:- Solamente para dos cosas; la primera para agradecer las claras respuestas que hemos recibido de los diputados Calderón y León Corrales, porque efectivamente en la perspectiva de Acción Nacional, satisfacen el fondo del asunto que se debate, pero con una adición que suplicaríamos para estar plenamente de acuerdo, que la crítica de este documento, de su contenido, de su mensaje, no se dirigiera en su caso sólo el funcionario de su partido que suscribe como representante de esa organización en el municipio, sino en su caso también contra el Presidente del consejo municipal que como autoridad realiza un acto que ultraja los más elementales derechos ciudadanos en una contienda política.
De ser completa la crítica y total el repudio en la hipótesis de ser cierto este acto, estaríamos plenamente satisfechos.
El Presidente: El compañero Cuauhtémoc Amezcua del PPS.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
-Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados y senadores: Guerrero es una entidad con características peculiares, un pueblo cargado de historia que ha escrito páginas brillantes, desde la lucha por la Independencia de nuestro país hasta nuestros días, es de manera contrastante e infortunada una de las entidades con enormes rezagos de todo carácter en nuestro país, tercer lugar de abajo a arriba, antepenúltimo para decirlo en términos más claros, en términos del producto interno per capita entre las 32 entidades de nuestro país, uno de los estados con más alto índice de analfabetismo, de desempleo y en general en todos los indicadores de carácter social, inmerecidamente para un pueblo con esa enorme carga de historia, con ese acervo de páginas brillantes aportadas al devenir de nuestro país.
Los procesos electorales en Guerrero en tanto se desarrollan en ese contexto debieran, probablemente más que los del resto del país, o si no por lo menos tanto como ellos, desarrollarse sobre todo a partir de planteamientos de carácter analítico y propuestas programáticas para resolver la grave situación que vive ese infortunado pueblo.
El partido mío, el PPS, participa en el proceso electoral actual; éste es un proceso muy rico, para llamarlo de alguna manera, en cuanto al número de participantes, probablemente más allá de lo que fueran las fuerzas políticas reales, probablemente mucho más allá; participan 11 partidos políticos, 11 candidatos a gobernador en el proceso electoral de Guerrero; una serie de organizaciones de carácter nacional, los seis partidos políticos nacionales y una serie de organizaciones de carácter local.
Varios de los partidos políticos nacionales se dividieron y participaron ahora con dos o tres denominaciones distintas, algunas de ellas con registro local, y todo esto introduce elementos desafortunados para el proceso que se está viviendo.
Sin embargo, a pesar de esa pulverización de las fuerzas políticas, creo que todos debiéramos de hacer un esfuerzo para elevar el nivel y el tono de la contienda; para que el discurso de los partidos, de sus candidatos, de sus exponentes, sea como deber ser siempre, un discurso político serio, que tenga fundamentalmente esos dos componentes, el de análisis de la realidad, análisis objetivo no análisis inventado, no análisis exagerado, no análisis con enormes hipérboles, porque eso distorsiona la vida real y propuestas concretas, viables, para resolver los problemas.
Por lo menos ésa ha sido la conducta desde luego de mi partido, el Partido Popular Socialista, ahora en esta campaña en Guerrero, siempre en todas las campañas políticas nacionales y locales, así ha venido actuando nuestro candidato a gobernador, el compañero Heriberto Noriega Cantú, compañero diputado nuestro en la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, con una campaña muy vigorosa, con una gran respuesta popular, con reuniones muy numerosas, muy nutridas de simpatizantes y electores, reuniones que sin tener desde luego la capacidad económica de recursos que tiene el partido del Gobierno y sin estridencias ni planteamientos que no sean los de carácter analítico y propositivo, sin embargo está seguramente por cuanto a capacidad de convocatoria y movilización popular hasta ahora, entre las tres fuerzas más importantes de la entidad.
Veríamos con enorme preocupación que en este proceso electoral se desembocara en actos, por
un lado que atropellaran la voluntad popular, que no respetaran el derecho de los guerrerenses, de elegir a quienes han de gobernarlos y con los programas y normas que desean ser gobernados, pero veríamos a la vez con enorme preocupación que el procesos electoral que culmina dentro de 11 días, se fuera manchando, se fuera llenando de actos ominosos que pudieran amenazar con el desencadenamiento de la violencia.
Nosotros sostenemos que los pueblos en efecto tiene todo el derecho de decidir por sí mismos, y que tienen el derecho de movilizarse después de agotar todas las instancias de carácter jurídico electoral, de salir a la calle, de movilizarse, de realizar acciones de carácter público y pacífico, y declaramos también, pero esto es otro asunto de otra dimensión y de otra magnitud, declaramos que el pueblo mexicano como todos los pueblos del mundo tienen también el derecho supremo a la rebelión armada, a la revolución que nuestro pueblo ha ejercido en varias ocasiones, la más reciente en 1910, pero una cosa son los procesos electorales y otra cosa son los procesos insurreccionales, y eso vale la pena distinguirlo muy bien.
Y en un proceso electoral, así sea el más importante, no vale ni concitar a la violencia, ni exaltar a la violencia, ni conminar a la violencia, porque ningún puesto de elección popular ni el más importante, vale la pena para pagar el costo del derramamiento de sangre o de una vida de un compatriota. Esa es la conducta que está siguiendo el Partido Popular Socialista, no venimos a darle consejos a nadie, venimos a dejar testimonio de nuestra posición, de cómo valoramos las campañas electorales, de cómo consideramos que debieran ser en todo tiempo, en todo lugar, así como estamos actuando en Guerrero, esperamos que la ciudadanía guerrerense como lo ha venido demostrando en la movilización lo demuestre también, demuestre, valore esta posición nuestra con los votos y que estos votos sean respetados. Muchas gracias.
El Presidente: -Concedemos la palabra ahora al diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:- Señor Presidente; señores legisladores:
Hace unos años alguno de los canales de televisión de mayor difusión nacional, que actualmente cubre espacios internacionales y manifiesta en suplicidad llegar a varios continentes, tenía en alguno de sus horarios de mayor publicidad una telenovela que el pueblo de México entero, sin distinción de edades, sexos o criterios, se mantenía cautivo frente al aparato televisor. Se llamaba "El Extraño Retorno de Diana Salazar". Ahí se hablaba de seres mefistofélicos, diabólicos y azufrosos.
Hace unos momentos nuestro compañero diputado Efraín Zúñiga y Jorge Calderón, tuvieron algún intercambio en cuanto a expresiones de este corte, fundamentalmente para justificar su presencia en los hechos que suceden en el Estado de Guerrero, territorio bravío, inhóspito, refugio de inconformidades nacionales, de algunos guerrilleros que particularmente yo siento estimación por ellos, y obviamente con profundos antecedentes históricos que ha dado marco no solamente a muchos de los movimientose sociales que ha llevado a cabo el pueblo de México entero, sino que ha logrado insertarlo en muchos de sus preceptos constitucionales, tratando de darle cauce a todas las inquietudes en busca de la libertad y la democracia.
En el Estado de Guerrero no solamente podríamos hablar en la etapa contemporánea que salvo quienes sean muy jóvenes hemos vivido todos, de un profesor Genaro Vázquez y de un profesor Lucio Cabañas, con todas aquellas luchas que en el filo de la sierra, en contra de la opresión, vinieron realizando y que causaron actitudes ejemplares en México entero; tendríamos que hablar también de héroes que todos reconocemos como el general Juan Alvarez, como don Vicente Guerrero, como José María Morelos y su incursión por el Estado de Guerrero, y sobre todo de una dama que en su momento insurgente, cuando en su lucha libertaria habría entregado a todos sus hijos y sólo quedándole como reserva uno de ellos que casi era infante, exclamó ante la patria entera que en defensa de la libertad podrían contar con aquel hijo que todavía no tenía ni tan siquiera la edad para percibir la responsabilidad que su madre le otorgaba.
Sin embargo, en estas expresiones que en esta tribuna se ha vertido en esta ocasión, subyace algo mucho muy importante.
Me he preguntado en ocasiones, por el largo tránsito que en estas luchas ya muchos tenemos, si estos tribunales, estas cámaras, estas tribunas y estas asambleas, no se convierten de repente con sus integrantes en un fenómeno semejante al de los hospitales de guerra en tiempo de conflagración, en donde en forma urgente los médicos que atienden las necesidades, ven que por las distintas puertas del nosocomio entran
individuos carentes de pierna, de brazos, mutilados, con perforaciones en el abdomen, y ellos indiferentes ante el dolor por ser tan reiterativo, olvidan realmente su función social y se dedican a seguir atendiendo lo que diariamente se dice, olvidándose del dolor que en ocasiones resulta tan acostumbrado que parece perder la ineficacia.
Algo semejante acontece en estas tribunas. con mucha frecuencia, representantes de los diversos partidos, de posiciones ideológicas y de latitudes muy diferentes, ocurrimos a estas concentraciones legislativas y planteamos una serie de necesidades, dolores y sufrimiento que en cualquiera de los confines de la patria sufren mexicanos iguales o nosotros, a quienes por nuestras diferencias políticas, en ocasiones pretendemos negarles la legitimidad de sus pretensiones.
Algo semejante está aconteciendo en Guerrero, en donde el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, como lo señalaba hace unos momentos el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, también registró candidato. Nosotros tenemos un candidato a gobernador postulado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y consideramos que es un candidato de superior capacidad; es un hombre que ha tiempo, poco, estaba al frente también de la Universidad Autónoma de Guerrero. Su nombre es ingeniero Ramón Reyes Carreto, y con profunda legitimidad, con una campaña de recorrido extensivo por los 75 municipios de la entidad, hemos venido realizando actividades político - electorales, y tenemos razonadas actitudes para pensar que el próximo 21 de febrero, celebración de las elecciones en esa entidad, nuestro candidato, el del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, logrará incrementar con mucho, anteriores posturas electorales en esta entidad.
Sin embargo, en esta tribuna se ha hablado en demasía sobre la dificultades que en la entidad acontecen. Parece ser que el venir a esta tribuna a hablar de la verdad, automáticamente trae en consecuencia que discrepemos con la postura opuesta, y que de inmediato empecemos a otorgarle a nuestro compañeros legisladores, una serie de datos contradictorios que en ocasiones dejan a los asistentes en mayor confusión con aquella con la cual arribaron.
El fondo de esto, es que el pueblo de México entero está luchando porque se amplifiquen los campos democráticos, que requerimos que se respete las libertad, porque estamos urgidos de que a todas luces se tutelen los derechos humanos, que el espectro de la imposición, del dedazo y del cuatachismo, sean desterrados para siempre de todas y cada una de las actividades electorales que realizamos los mexicanos, en torno a una voluntad política en la que queremos considerar existe, del Gobierno de la República; los diversos partidos estamos concurriendo a sesiones diferentes, tratando de realizar con responsabilidad, con esfuerzo, con ética y con moral, un sincero esfuerzo pretendiendo que se concentren los mejores afanes del pueblo de México, para darle cauce a esos anhelos democráticos y libertarios.
Con referencia a los hechos de Guerrero, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana reprocha toda actitud de violencia. Consideramos particularmente, que son las autoridades fundamentalmente las responsables de otorgar a los ciudadanos los legítimos cauces para dirimir, por las vías del derecho y de la Ley, cualquier diferencia que pudiese concitarse entre ellos, que el próximo 21 de febrero en Guerrero, habrá de decidirse el futuro inmediato de esa entidad, que es un Estado que en fechas anteriores y sexenios del pasado, ha estado saturado en sus 75 municipios, de acciones sangrientas, en donde en los breñales que cubren lo inhóspito de su sierra, se han dado refugio a muchos preclaros ciudadanos mexicanos, que ausentes de justicia han tenido que refugiarse en la sierra en busca de la democracia, que muchos de ellos atendieron el llamado que el sistema en los últimos años ha venido realizando y descendieron de la sierra, y en una actitud de confianza y de esperanza se integraron a diversos partidos con registro nacional, para tratar de participar en estos procesos electorales. Y que esa gran disyuntiva, esa gran esperanza y ese gran reto que los mexicanos todos aceptamos en la entidad, en el Estado de Guerrero, está a punto de clarificarse.
Podremos apreciar si efectivamente las diversas promesas gubernamentales, federales, estatales, distritales y municipales, habrán de tener respuesta a consecuencia de actos de legitimidad, de honestidad y de pulcritud que realicen las autoridades, o una vez más tendremos que recorrer el camino de la desesperanza, en donde ejércitos de miseria, con soldados de desocupación, empezarán a perfilarse en los cuatros puntos cardinales del país, con un reclamo fundamental: libertad y democracia.
Por eso, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana solicitará de esta honorable Comisión, se dirija respetuosamente a las autoridades correspondientes del Estado de Guerrero, solicitando se incrementen los afanes tendientes
a otorgar a las fuerzas en contienda, el respeto y las garantías correspondientes. Muchas gracias.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
El Presidente: -Gracias, diputado. Ahora concedemos la palabra al diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al proceso electoral que se viene dando en el Estado de San Luis Potosí.
El diputado Miguel Angel León Corrales: -Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
El 2 de febrero del año en curso, Nava - Partido Político, a través de su representante, el licenciado Eduardo Martínez Benavente, interpuso el recurso de revocación en contra del acuerdo mediante el cual se le otorgó el registro como candidato del PRI a gobernador del Estado de San Luis Potosí, al licenciado Horacio Sánchez Unzueta.
La revocación fue pedida porque el señor Horacio Sánchez Unzueta, es inelegible al cargo que se postula, pues no es originario de San Luis Potosí, ni ha tenido el tiempo de residencia exigido por la Constitución General y por la del Estado.
Como ustedes saben, de acuerdo con la Constitución General de la República, en el artículo 116, en su fracción I, "sólo podrá ser gobernador de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con residencia efectiva no menor de cinco años, inmediatamente anteriores al día de la elección".
Esta exigencia es reiterada por el artículo 51, fracción II, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
Con los documentos presentados por el partido que postula al señor Horacio Sánchez Unzueta, se acredita que es nativo de Chihuahua y que sus padres son originarios de los estados de Nuevo León y de Durango. Por esta razón, él no puede ser elegible por origen para el cargo que se le postula.
De tal manera que, sólo resta saber si acredita la residencia mínima exigida constitucionalmente. Para este efecto, el partido postulante presentó los siguientes documentos: una hoja de servicios expedida por el ingeniero Carlos Valdés González, secretario de servicios administrativos del Gobierno del Estado, de fecha 20 de enero de 1993, en la que de acuerdo a una supuesta constancia, que obra en el Archivo General del Estado, constan los siguientes movimientos burocráticos del candidato del que aquí estamos hablando. Nombramiento como defensor de oficio, del 16 de agosto de 1971, para cubrir un interinato de dos meses a partir de esta fecha. Nombramiento de agente del Ministerio Público de San Luis Potosí adscrito a los juzgados penales del 1o. de octubre de 1971. Baja por renuncia del cargo que venía desempeñando como agente del Ministerio Público adscrito a los juzgados penales con fecha 18 de septiembre de 1972. Nombramiento de Secretario de Programación y Presupuesto de San Luis Potosí a partir del 26 de septiembre de 1985. Baja del cargo de Secretario de Programación y Presupuesto con fecha 2 de enero de 1986. De este primer documento se desprende que desde el 16 de agosto de 1971, al 18 de septiembre de 1972 cuenta con una antigüedad laborar ininterrumpida de un año, un mes y dos días. Y del 26 de septiembre de 1985 al 2 de enero de 1986 tiene una antigüedad laboral ininterrumpida de tres meses y seis días. Bien, éste es uno de los primeros documentos que fueron presentados por el partido postulante.
El segundo es una certificación expedida por el licenciado Gustavo Barrera, secretario general de Gobierno y presidente suplente del consejo estatal de población de San Luis Potosí de fecha 11 de enero de 1993.
En este documento se certifica una supuesta vecindad y residencia efectiva mayor a cinco años en el Estado de San Luis Potosí. Sobre la validez y veracidad de lo que hace constar este documento habría que decir lo siguiente: el secretario general de Gobierno es presidente suplente del consejo estatal de población y por esa razón no tiene facultades para expedir constancias relativas a la residencia de los habitantes del Estado;
2o. Independientemente de la facultad que pueda o no tener ese funcionario, el documento no precisa la fuente de la información de la que se desprende con toda claridad que el licenciado Sánchez Unzueta, es avecindado de San Luis Potosí. Este documento en ningún momento dice nada en lo que se refiere, ni a fuentes que se
utilizaron para darlo, ni tampoco precisa fechas de en qué momento se inicio la residencia del candidato del PRI a gobernador por el Estado de San Luis Potosí.
Entonces en el primer documento se avala residencia antes de 1988, es decir, se avala residencia que está fuera, es antes de los cinco años que se requieren como mínimo a la fecha de la elección como lo plantea la Constitución de San Luis Potosí.
Y este segundo documento, en primer lugar, quien lo firma, no tiene facultades para hacerlo, pero, en segundo lugar, ni se precisan fuentes ni se establecen fechas.
El tercer documento que se presentó es la constancia expedida por el Secretario General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el ingeniero Jaime Valle Méndez, con fecha 9 de enero de 1993, en la que certifica los estudios realizados y las funciones desempeñadas en dicha universidad.
Este documento refiere una siguiente información sobre el señor Sánchez Unzueta:
1o. En relación a sus estudios pero ante el período 1963-1965 cursó y aprobó los estudios correspondientes al ciclo de la enseñanza secundaria en un plantel particular y los revalidó en esa universidad.
Pero ante el período 1966-1967 cursó y aprobó los estudios correspondientes al ciclo de enseñanza preparatoria en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y luego revalidó los mismos en esa universidad. Pero ante el período 1968 1972 cursó y aprobó los estudios correspondientes a la carrera de abogados en la facultad de derecho de la misma universidad.
2o. En relación a las actividades desempeñadas en la Universidad, en el documento se refieren a lo siguiente: profesor de asignatura en al Escuela Preparatoria número 3, profesor de asignatura en la facultad de derecho, profesor de asignatura en la Unidad del Hábitat; representante de la Universidad ante las instituciones educativas nacionales y autoridades federales de la ciudad de México.
Debo advertir que en esta constancia firmada por el secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no se especifican en qué fecha desempeñó la persona de la que estamos hablando las actividades docentes y administrativas en dicha institución; las fechas que se mencionan son más atrás de 1983, y en cuanto a las actividades, como docente o como administrativo en esa universidad, en ningún momento se precisa fecha alguna. Como se dice que "más vale que sobre y que no falte", el partido postulante aportó para efectos del registro de la candidatura, otro documento relativo a datos personales, con información académica, carrera partidista y carrera en el sector público. Por ejemplo, los que se refieren a que en 1987 el secretario general de la CNOP lo invitó como asesor para colaborar con los trabajos de organización del sector popular del PRI que concluyeron con la celebración de su cuarta asamblea nacional en que fue designado subsecretario del interior.
Durante la campaña presidencial de Salinas fue responsable del sector popular en los estados del sureste de la República en los años de 1987 y 1988; esto quiere decir que en estos dos años, en 1987 y el 1988, el candidato del PRI a la gubernatura de San Luis Potosí no tenía su residencia en el estado de San Luis Potosí y, que siendo 1988 parte del primero de los cinco años inmediatamente anteriores del día de la elección que Será el 18 de abril de 1993, no cubre el requisito de residencia exigido por las constituciones federal y local.
Pero además, en ese documento se afirma que en el año de 1989 el candidato por el PRI a la gubernatura de San Luis fue coordinador de asesores del delegado político de Coyoacán en el Distrito Federal en 1989; y también se dice aquí en este documento que fue coordinador de asesores de la SEDUE EN 1990.
Ustedes dirán, compañeras y compañeros legisladores si después del análisis de los mismos documentos presentados por el PRI, queda demostrado que el licenciado Horacio Sánchez Unzueta no tiene residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección.
Es evidente, conforme a estos documentos que fueron entregados por el PRI para avalar la candidatura, que tal residencia efectiva en la que se funda la candidatura no existió durante los últimos cinco años inmediatos al día de la elección.
Aquí tenemos dos soluciones alternativas para resolver el dilema que nos presenta la candidatura de Sánchez Unzueta, o éste tiene el don de la ubicuidad o se está falseando la realidad.
Nosotros sostenemos que se está falseando la realidad. El licenciado Horacio Sánchez Unzueta tiene su residencia en la delegación Coyoacán, en el Distrito Federal, vive en la calle de "Tres Cruces" desde 1988.
El citado profesionista se encontraba en los estados del sureste en ese año.
En 1989 era coordinador de asesores del delegado político de Coyoacán, y en 1990 ocupaba el cargo de coordinador de asesores de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
El supuesto domicilio que dice tener en San Luis Potosí: Agricultura número 470, en la colonia Jardín, es realmente sólo el domicilio de su señora madre. Los referidos documentos presentados por el propio partido que lo postula, y admitidos por el candidato, hacen prueba de que dicha persona no residió, en San Luis Potosí durante los años 1987, 1988, 1989 y 1990. En estos años la falta de residencia de Sánchez Unzueta en la entidad a la que quiere gobernar, fue determinada por cuestiones personales de trabajo y políticas, pero de ninguna manera por que hubiera ocupado algún puesto de elección popular.
Por esta razón, no se puede acoger a lo que establece el artículo 6o. de la Constitución del Estado. La vecindad no se pierde por ausencia si se desempeña un puesto de elección popular.
El recurso que Nava - Partido Político interpuso, se desechó por parte del Consejo Estatal Electoral, utilizando la argucia legal de falta de interés jurídico de la parte del recurrente. Lo que no toma en consideración el Consejo Estatal Electoral es que, como lo señala el representante de Nava - Partido Político al registrarse la candidatura de Sánchez Unzueta, se violan preceptos de la Constitución General de la República y la particular del Estado, y que además se contrapone el artículo 114 de la Constitución local que dispone que:
"Ni el Congreso ni autoridad alguna pueden dispersar observancia de esta Constitución. La infracción de ella, dice la Constitución, en cualquiera de sus artículos, produce acción popular contra el infractor."
Lo anterior implica necesariamente que cualquier ciudadano tiene interés jurídico y posee la facultad y el derecho de acudir ante las autoridades competentes para garantizar la observancia de la Constitución, es decir, el argumento de la falta de interés jurídico de la parte recurrente, es un argumento completamente sin bases, tomando en cuenta el artículo 114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
Esperamos que en el análisis del recurso de revisión interpuesto el 7 de febrero de 1993, ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Electoral, en contra de la resolución del Consejo Estatal Electoral, los magistrados se conduzcan conforme a derecho y emitan una resolución adecuada para restaurar la legalidad quebrantada sistemáticamente en San Luis Potosí, por el propio poder.
La ciudadanía potosina está muy pendiente de la resolución que adopte el tribunal, pues no está dispuesta a soportar que se protejan intereses individuales ajenos a la luz de la razón y contrarios a la Ley suprema.
Todos sabemos, compañeras y compañeros legisladores, el riesgo que todo esto implica. Es todo, muchas gracias.
Presidencia del diputado José Antonio González Fernández
El Presidente: -Gracias, señor diputado. Para el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: -Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros miembros de la Comisión Permanente:
Reiteradamente he sostenido en esta tribuna que no es el foro adecuado para litigar cuestiones jurídico - procesales de las entidades federativas. Sin embargo, he sostenido también que el foro político de gran relevancia como es la Comisión Permanente, no puede desatender tampoco un debate de esta naturaleza.
Ha venido el diputado Miguel Angel León Corrales a comentarnos un asunto que en estos momentos está conociendo, tal como él lo afirmó al final de su intervención, el tribunal electoral del Estado de San Luis Potosí.
Hay un aspecto también que es importante que ustedes conozcan. Este aspecto es que el órgano electoral estatal en dos ocasiones ha emitido dos resoluciones favorables al registro de la candidatura de Horacio Sánchez Unzueta. Y es muy importante esto, porque el Consejo está integrado de una manera que establece una gran imparcialidad o establece imparcialidad, en términos tajantes.
Precisamente la integración de este Consejo fue una de las propuestas del extinto Nava Martínez y que fue aceptada en la Ley electoral vigente en el Estado y que fue aprobada por unanimidad de los partidos políticos. Y esta integración es que hay un número muy amplio de consejeros magistrados ciudadanos, 12 para ser exactos, de 25 que integran el consejo, que son nombrados por el consenso de los partidos políticos a la manera en que se integra el Consejo Federal Electoral.
Entonces ahí está un antecedente, donde este Consejo Electoral, con estas características sui generis, ya conoció en dos ocasiones de este asunto y las dos ocasiones ha fallado favorablemente en el registro a la candidatura de Horacio Sánchez Unzueta.
Nos vino aquí en esta tribuna, Miguel Angel León Corrales, de hecho a reiterar el recurso que el Nava - Partido Político había interpuesto ante el órgano electoral estatal. Es decir, son las mismas argumentaciones.
Y efectivamente tal como él señala, quedó perfectamente claro, yo ya no voy a entrar en este asunto hay una gran vinculación desde muy temprana edad de nuestro candidato Horacio Sánchez Unzueta con el Estado de San Luis Potosí. Pero aquí los argumentos son realmente dos. Primero, Horacio Sánchez Unzueta no es originario de San Luis Potosí. Y la segunda, no es residente o cuando menos no tiene la residencia de cinco años que establece la Constitución. Ciertamente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la Constitución no se interpreta nada más leyendo dos artículos; la Constitución se tiene que interpretar armónicamente. Si es difícil interpretar una norma cualquiera, civil, penal, mucha más dificultad tiene la interpretación de una norma de carácter constitucional.
Sí, es cierto, hay los requisitos que establece el artículo 51 de la Constitución de San Luis Potosí, que repite lo que estable el artículo 116 de la Constitución General de la República. Pero los artículos 3o. 4o. 5o. y 6o de la Constitución del Estado de San Luis Potosí establecen otras características y otros elementos que es necesario comentar con ustedes.
Para la Constitución del Estado de San Luis Potosí hay dos calidades de potosinos o dos formas de ser:
Por nacimiento y por vecindad. Y dentro de la calidad de Potosino por nacimiento, y esto es muy importante, hay dos tipos de que la Ley considera, fíjense, esto es lo importante, la Ley los considera potosinos por nacimiento.
Son aquellos que efectivamente nacieron en el territorio de San Luis Potosí y son aquellos otros que aunque nacieron fuera del Estado de San Luis Potosí, sus padres nacieron en el territorio de San Luis Potosí; dos formas de adquirir el carácter de potosino por nacimiento.
Permítanme ustedes, entonces, que entre un poco, aunque los pueda aburrir, a entrar a el árbol genealógico de Horacio Sánchez Unzueta.
Primero, y eso es importante, Leandro Sánchez Castillo, su abuelo paterno, nació en 1868 en San Luis Potosí. por lo tanto es potosino por nacimiento, de acuerdo a lo que se conoce por el derecho de suelo, es decir nació en San Luis Potosí, por lo tanto es potosino por nacimiento.
El padre de Horacio Sánchez Unzueta, Apolinar Sánchez Salazar, ciertamente no nació en San Luis Potosí, pero como su padre nació en el Estado de San Luis Potosí y toda vez que de acuerdo con el artículo 4o, dice: "Son potosinos por nacimiento los que nazcan fuera del Estado, siempre que sean hijos de padre o madre potosinos por nacimiento", entonces, el padre de Horacio Sánchez Unzueta, es potosino por nacimiento.
Ahora bien, siendo el padre de Horacio Sánchez Unzueta, no porque haya nacido en el territorio de San Luis Potosí, sino porque la Ley así lo dispone, por lo tanto Horacio Sánchez Unzueta, independientemente de que no haya nacido en el territorio de San Luis Potosí, es ciudadano potosino por nacimiento. Esta es una de las interpretaciones que se le da a esta fracción II del artículo 4o, donde la Ley lo que quiere privilegiar es la estirpe potosina. Aquí, pues es el derecho del suelo y el derecho de sangre que se conjugan.
Esto es, pues, la primera afirmación que hacemos: Horacio Sánchez Unzueta, en los términos de la Constitución del Estado de San Luis Potosí, es ciudadano potosino por nacimiento; ¿por qué?, porque así lo quiere la Constitución, ¿es artificial?. sí, es artificial, pero así lo quiere la Constitución.
Segundo. Hay otro elemento que es aquí el que se ha puesto en cuestionamiento, el segundo. Suponiendo que esta tesis pudiera ser no de acuerdo a lo que otros abogados pudieran aceptar, existiría otro argumento; el argumento es el siguiente:
Ya se explicó aquí todos los antecedentes y vecindad, y todo el vínculo que tiene Horacio Sánchez Unzueta con San Luis Potosí, y se dijo aquí: ¿Desde cuando tiene residencia o vecindad en San Luis Potosí? Desde 1958. ¿Por qué desde 1958? Su padre, general del Ejército, una vez que es licenciado del Ejército regresa a establecerse en San Luis Potosí, donde nunca perdió su arraigo y desde ese momento establece el domicilio de la familia Sánchez Unzueta en la calle de Naranjos 415 de la colonia Águilas. Y ahí empieza Horacio Sánchez Unzueta, entra a la primaria, la termina; la secundaria, la preparatoria, se va al Tecnológico de Monterrey, regresa, solicita una revalidación de estudios; cursa la carrera de derecho, que se requieren cinco años; obtiene mención honorífica, obtiene mención especial y un premio a su tesis profesional y ya se relató aquí todas las actividades que él realizó en el Estado de San Luis Potosí.
Hay un punto que es la clave para también asegurar que tiene residencia, lo dice en el recurso de revisión, cuando hace un recuento de todos los documentos y dice el recurso de revisión: "En consecuencia, la antigüedad a que dicho documento se refiere, se interrumpe, se interrumpe el 2 de octubre de 1986" dice el recurso de revisión y ésa es toda la argumentación y a qué documento se refiere al que narra toda la vida de Horacio Sánchez Unzueta, en San Luis Potosí hasta 1986.
Se les olvidó un pequeño detalle, ese pequeño detalle es que en San Luis Potosí desde 1982 a 1990 circuló por un error, que esto sucede mucho, por un error de la editorial del Congreso del Estado, una versión de la Constitución que había omitido un párrafo importante de la Constitución, el artículo que circuló en 1981 a 1990 decía el segundo párrafo del artículo 6o. "La vecindad, dice, no se pierde por ausencia si se desempeña un cargo público de elección popular permanente". y aquí cualquiera que hubiera leído con cierta lógica esta disposición hubiera dicho, qué es un cargo de elección popular permanente, y no había lógica gramatical en esta disposición y es que a la hora de que dictaron la Constitución, ahí se comieron un párrafo muy importante, ese párrafo importante es el que le da congruencia y lógica precisamente a ese permanente que no se entendía en esta edición que insisto, es un error de Congreso del Estado de San Luis Potosí pero que en 1990 se dan cuenta y con el decreto del Congreso del Estado, rectifican en el Diario Oficial y a partir de 1991 hay otra edición; claro quienes no revisan la Constitución, quienes seguramente leyeron la Constitución antes de 1990 se fueron con el otro artículo y ahora, no ahora, sino como exactamente fue aprobada la Constitución dice: "la vecindad no se pierde por ausencia si se desempeña un cargo de elección popular" hasta aquí era lo que ya decía el otro texto, pero le faltaba este pedazo, "o comisiones oficiales o particulares que no tengan carácter permanente"
Horacio Sánchez Unzueta, haciendo a un lado el otro argumento que sostuvo de que es potosino por nacimiento, tiene la vecindad desde 1958, es por lo tanto potosino por vecindad porque dice el artículo 6o. "la vecindad se adquiere con dos años de residencia en el Estado o por actos positivos que manifiesten el deseo de radicarse en él". Ha sido una pasión constante de Horacio Sánchez Unzueta su Estado; pero aquí había otra reflexión de carácter general, ¿cuál es el interés jurídicamente tutelado? A veces tengo miedo de voltear para acá porque va a pensar el diputado Juan de Dios Castro que lo estoy mirando a el pero es una actitud de carácter oratorio compañero diputado; hay pues otro elemento, el interés jurídico, ¿cuál es el interés jurídico en esta norma? Esto es muy importante porque no olvidamos que en este caso son normas que nos vienen prácticamente del siglo pasado, donde las condiciones del país eran otras, efectivamente para cambiarse de un lugar a otro, pues hasta se hacía necesario hacer esfuerzos extraordinarios y habría que utilizar diligencias y no sé cuántos días pasar por los caminos reales para poder llegar de un Estado a otro y por lo tanto el concepto de residencia era distinto y el concepto de residencia no puede considerarse como un concepto estático de alguien que se arraigue judicialmente y no pueda salir ni de su casa, sino es un concepto dinámico de acuerdo a las características de las condiciones de la vida moderna y de acuerdo también a una de las condiciones importantes de nuestro país que es la movilidad dentro del territorio nacional.
El interés jurídico tiene esta norma, es precisamente ése, garantizarle a los mexicanos su derecho de poder transitar de un Estado a otro sin perder o sin sufrir menoscabo de sus derechos políticos, es decir yo no me puedo ir de un Estado a otro porque si se aplica esa norma, pues entonces voy a perder mis derechos políticos. Y esa norma tiene como propósito garantizar el interés jurídico de libre tránsito por el país y el ejercicio pleno de los derechos políticos de los mexicanos.
Pero también tiene otro propósito esta norma, no solamente estos dos que ya comenté. sino establecer un vínculo de conocimiento del Estado, que el Estado al que se va a representar
se le conozca mínimamente. Y aquí una reflexión de carácter general, ciertamente el nacimiento en la tierra es importante, pero la tierra compañeros legisladores, no es la que se lleva en la suela de los zapatos, es la que se lleva en el corazón, es por la que uno trabaja cotidianamente, es la que uno ha establecido como su elemento vital, para la que uno trabaja cotidianamente. Eso es lo que ha hecho Horacio Sánchez Unzueta.
Elevemos pues el nivel de la contienda, confrontemos las tesis, las plataformas, veamos qué hombre es mejor para las condiciones de San Luis Potosí, aseguremos las condiciones de limpieza, de imparcialidad y objetividad de los procesos electorales, ahí está la razón de ser de la contienda de los partidos políticos. Muchas gracias.
El Presidente: -Para contestar alusiones personales, el diputado Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática. También registramos con gusto al diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El diputado Miguel Angel León Corrales: -Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Yo en primer lugar le hago un reconocimiento al compañero Amador porque a pesar de las condiciones en que se encuentra, todavía está en disposición de venir a discutir con nosotros, espero que se recupere pronto.
Bien. Me parece que poner a discusión si el candidato del PRI a San Luis Potosí es elegible o no, no se contradice con la cuestión de que el pueblo tenga que comparar entre los hombres, bueno no sólo entre los hombres, sino también entre las mujeres de San Luis Potosí que en un momento determinado no sólo los hombres, también las mujeres pueden ser opción para su pueblo.
Bien, Nava - Partido Político, interpone un documento en el cual el argumento de fondo consiste en demostrar que el candidato del PRI a la gubernatura de San Luis Potosí, no tiene la vecindad que la Ley le reclama para poder ser candidato y el Consejo Estatal Electoral al rechazar esta interposición, el único argumento que da es el de que hay una falta de interés jurídico por parte de los recurrentes, y yo ya aclaré que en el artículo 114 de la Constitución local se dice que "ni el Congreso, ni autoridad alguna, pueden dispensar observancia de esta Constitución y que la infracción de ella en cualquiera de sus artículos produce acción popular contra el infractor".
Es decir que las personas que firmaron la interposición, los ciudadanos de San Luis Potosí, en tanto que consideraron que se estaba violando un artículo de la Constitución de San Luis Potosí, tenían todo el derecho legal para interponer el documento, y el Consejo Estatal Electoral hace muy mal, cometió un error cuando en lugar de contraargumentar el problema de fondo que estaba planteado en el documento que es el de la vecindad, arguyó algo que es de una manera muy clara y precisa, anticonstitucional en términos de la Constitución del Estado.
En todo caso, si hay pruebas en el sentido de que el candidato del PRI sí tiene la vecindad, para rechazar esta interposición debieron de haberse aportado esas pruebas.
Ahora bien, en efecto, según consta en esta acta legal que tengo en mis manos, el general Leandro Apolinar Sánchez Salazar, padre de la persona de la que aquí estamos hablando, de origen nació en doctor Arroyo, Nuevo León, y el mismo compañero Amador reconoció que hasta cierto punto es muy artificiosa la argumentación que él nos dio, y él se centró en el problema de la vecindad.
Al final nos da un concepto de vecindad muy moderno en el cual la vecindad es estar y no estar en un mismo lado al mismo tiempo. Reconozco que eso también es artificioso. Pero bien, veamos el problema de la vecindad.
Nosotros no leímos la Constitución ésa que circuló varios años en San Luis Potosí, con un error en el artículo 6o., nosotros tenemos la Constitución que el compañero leyó y que dice en su artículo 6o.: "La vecindad se adquiere con dos años de residencia en el Estado o por actos positivos que manifiesten el deseo de radicarse en él.
La vecindad no se pierde por ausencia si se desempeña un cargo público de elección popular, y en efecto, o por comisiones oficiales o particulares que no tengan carácter permanente." Y usted mismo nos decía que este concepto de permanente, de qué sería carácter permanente o no, era una de las cuestiones de fondo en esta discusión.
Bien, yo quiero leer aquí el artículo 23 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí, que establece: "Es presunción del propósito de establecerse en un lugar, la residencia en él por más de seis meses, a menos que transcurridos éstos y dentro de los 15 días siguientes se manifieste, tanto a la autoridad municipal del domicilio
anterior, como a la autoridad municipal de la nueva residencia que desea conservar el primero." En este sentido si el señor Horacio Sánchez Unzueta consideraba que las comisiones oficiales que entre 1988, 1989 y 1990, o particulares, porque la función que desempeñó con su partido es particular, no oficial, si consideraba que no era de carácter permanente la ausencia, entonces él tenía la obligación de informar, tanto al presidente municipal del lugar donde vivía, como al presidente municipal o a la autoridad del lugar a donde ahora iba; en efecto él no iba a perder la residencia en San Luis Potosí.
En ese sentido me parece que lo que establece el Código Penal del Estado de San Luis Potosí es muy claro, en cuanto a la definición en cuándo una ausencia tiene o no tiene el carácter de permanente , y las leyes de San Luis Potosí con toda claridad establecen que cuando la ausencia no va a tener el carácter de permanente, hay que hacer uso de este artículo 23 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí.
En ese sentido yo considero que los argumentos del compañero diputado Amador en torno a la vecindad, tendrían que tomar en cuenta también este Código Civil del Estado de San Luis Potosí. Gracias.
El Presidente: -Ahora concedemos la palabra al diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: -Señor Presidente, señoras y señores legisladores:
No puedo dejar pasar la argumentación del señor licenciado Amador, por la trascendencia que tiene en este caso, y por la trascendencia que puede tener en casos futuros, sobre todo porque tratándose de derechos políticos, y dado de que no han terminado todavía en el país los procesos electorales, es importante precisar lo que entendemos por domicilio y por lo que entendemos por residencia, que no es lo mismo, que no son dos conceptos sinónimos, que la Ley y la Constitución le da más importancia señores, a veces, al concepto de residencia que incluso al concepto de domicilio, porque una persona puede tener su domicilio en un lugar y puede tener su residencia, y agrego señores, habitual, en lugar diferente.
Yo no quiero referirme con mucha amplitud a la primera parte de la argumentación del licenciado Amador. Yo no quiero pensar que el licenciado Amador la toma en serio, que porque mi bisabuelo radicó en San Luis Potosí y mi padre nació en Durango y mi madre nació en Querétaro, yo puedo ser gobernador de Durango, de Querétaro y de San Luis Potosí. No, no por favor licenciado Amador.
En esas condiciones, señoras y señores, borremos de la Constitución, y borremos de la Ley el precepto. No es serio el argumento. Cualquier ciudadano del país que por azares de la política , por su ubicación circunstancial esté en posibilidad de ser gobernador de un Estado del cual ni es nativo ni es residente, sencillamente acudirá al medio que propone el señor licenciado Amador buscarse un experto en árboles genealógicos, buscar a la quinta, sexta, octava, novena generación, apelar al ius sanguinis, y por razones de sangre pretender ser candidato de cualquiera de las entidades de la República.
No, no diputado, no puede ser serio. No abordo más sobre ese argumento. Pero sí es importante precisarle tres cuestiones que ésas sí son serias: éste no es el foro. ¡Ah, pero siempre sí vamos a atender ¿Por fin es o no es el foro? No será un tribunal jurisdiccional, de acuerdo, no será el órgano que diga el derecho, de acuerdo, pero por favor no diga primero que no es el foro y luego después que sí es el foro.
Todos sabemos en qué sentido y en qué propósito y con qué intención se trata esta cuestión.
Pero la precisión importante que quiero hacerle al licenciado Amador, es que no es la Constitución de San Luis Potosí, no es la Constitución de San Luis Potosí, es señores, la Constitución General de la República.
Que está el artículo y la disposición, reproducida según la Constitucional local, señoras y señores, es la Constitución General de la República, que no nos habla de ciudadanos por nacimiento de un Estado; que no necesitamos acudir ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto artículo de la Constitución de San Luis Potosí, para hacer una interpretación correcta del texto constitucional.
Esto es tan claro, señoras y señores, que no necesitamos hacer elucubraciones tan profundas para conocer el sentido. Dice la Constitución General de la República, en el artículo 115, "sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado, primero, el que sea ciudadano mexicano por nacimiento y, segundo, nativo de él". ¿Es muy difícil entender? ¿Qué entendemos por nativo de él, del Estado? La Constitución lo dice.
En derecho constitucional, y lo debe saber el señor licenciado Amador, porque es maestro de
la materia o ha sido maestro de la materia, las constitucionales locales podrán a veces exigir requisitos adicionales a lo que establece la Constitución General de la República, pero no puede, de ninguna manera, contrariar lo que la Constitución General de la República determina. Lo dice el artículo 133, con todos sus defectos, algún defecto que le apuntaba yo al diputado Calderón en aquella iniciativa de reforma, en cierta ocasión, dice el artículo 133: "La Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados, son la Ley Suprema". No, no, no, la Ley Suprema es la Constitución, punto, punto.
No pueden las constitucionales estatales, ni pueden las leyes federales o las leyes locales contrariar lo que la Constitución establece.
Y, claro, encontraremos a los dos caminos el amparo para el gobernador; la controversia constitucional, cuando haya conflictos entre poderes federales o estatales.
Entonces, debemos atenernos y centrar el debate, que el tema está precisamente en una disposición de la Constitución General de la República, en primer término. Y dice: "Si no es nativo (ciudadano mexicano, pero si no es nativo)". Yo siento que el señor licenciado Sánchez Unzueta sí es ciudadano mexicano, sé que no es nativo de San Luis Potosí, sé que sus padres tampoco son de San Luis Potosí.
El problema se centra a si tiene la residencia o no, ésa es la litis. Dice, "o con residencia efectiva no menor de cinco años, inmediatamente anteriores al día de la elección".
Y aquí hago una acotación, diputado Amador. Yo quiero pensar que es cierto lo que usted dijo, quiero pensar que el señor licenciado Sánchez Unzueta, diputado federal, quiero pensar que tuvo toda la vinculación con San Luis Potosí, en la época que usted menciona, que hizo su primaria, su secundaria, su preparatoria, que haya desempeñado incluso cargos en el Estado. No es eso lo que exige la Constitución General de la República, no señores, es muy clara, residencia no desde su niñez, no de su adolescencia, no desde el inicio de su madurez, no, muy sencillito: residencia cinco años inmediatos a la elección.
Y quiero decirles además que agrega un adjetivo: residencia efectiva, efectiva no transitoria.
Yo tendría algunas discrepancias con alguna argumentación que hizo el licenciado León Corral, aquí no tiene nada que ver el domicilio.
No tiene nada que ver el domicilio, dice residencia.
Señores, cuando en los colegios electorales se plantea este tema y alguna vez se planteó, pero no entramos al fondo, no entramos. De alguna manera hemos participado en esto debates sobre la residencia. Y yo creo que ustedes, igual que lo he hecho yo, hemos tratado de buscar en la doctrina, en los textos, bueno, qué, y lo único que encontramos en los textos que la residencia es el elemento objetivo del domicilio.
El domicilio tiene dos elementos: el objetivo y el subjetivo. El objetivo es radicar, estar, residir, pero si yo resido pero no tengo el elemento subjetivo, el ánimo de quedarme en ese lugar, no hay domicilio.
Los códigos civiles ante la dificultad para probar el animus han establecido una norma, si yo resido seis meses se considera que es mi domicilio. Bueno, al margen del domicilio la Constitución exige no domicilio, exige residencia, así dice, residencia. Si fuera residencia nada más a secas, ¡caray diputado Amador!, yo creo que tendría pocas discrepancias con su argumentación, a secas, pero dice residencia efectiva.
Y les decía que el problema es que la legislación no regula este concepto.
Hay poca literatura que nos regula el concepto de residencia. Tenemos que establecer una argumentación de qué entendemos por residencia.
¿Por qué la Ley exige la residencia? Yo creo que no es difícil saber por qué el Constituyente agregó este requisito en el artículo 115. Algún, ahora senador de mi Estado, cuando me decía: Juan de Dios es necesario evitar que se haga esta reforma para evitar, él llamaba, el arribismo al Gobierno de los estados.
Otros le llaman desarraigo. Otros le llaman desconocimiento de la problemática estatal. Yo puedo ser, tener mi domicilio en el Estado y ser totalmente desarraigado de él, por eso la Constitución exige residencia.
El objetivo es garantizar que el candidato y después gobernador si es electo, conozca la cosa pública que va a administrar, señores, con todo el cúmulo de circunstancias que inciden en ella y la condicionan. Y desde este punto de vista, señores, residencia es el establecimiento de intereses de orden social, cultural, económico, de cualquier naturaleza, de tal manera que haga patente el deseo de la persona de que el establecimiento en el lugar determinado le permita
conocer perfectamente el entorno social de tipo económico, social, demográfico, étnico, todas las circunstancias de esta naturaleza del Estado que pretende gobernar. Por eso decimos que es sustancialmente diferente el concepto al de domicilio.
¿Tiene Sánchez Unzueta residencia? Señores, mi intervención motiva a hacer varias precisiones al señor diputado Amador que considero trascendentales. Yo quisiera tener a la vista los documentos, no me satisface el rechazo del organismo que dijo, por falta de interés jurídico; no; pero tengo de las exposiciones que hicieron los dos, los siguientes elementos.
Primero la certificación del Secretario de Gobierno del Estado que dice que tiene una residencia mayor de cinco años; no dice fuentes, no precisa, pero si las precisara yo diría que estos aspectos administrativos no le corresponden al Secretario General de Gobierno, corresponden a los municipios y a los funcionarios municipales. Si nada más eso presentó el señor Sánchez Unzueta yo digo señores, que su prueba está coja; pero si además, señoras y señores, se presentó ex abudantia, no lo requerirá la Ley, pero por si las dudas, el historial político del señor licenciado Sánchez Unzueta, sus comisiones de las que usted habló, particulares, competen al partido al cual pertenece o a las campañas que se encargó de organizar y participar en ellas, yo le digo, diputado Amador, que perdió su residencia efectiva. sí, sí tuvo residencia transitoria, no lo niego, pero no la residencia efectiva de que habla la Constitución en su artículo 115.
Y como quizá discrepe usted de esto y haga algunas aclaraciones me dará gusto porque será la reafirmación de que ésta sigue siendo la tribuna para tratar este tipo de temas. Muchas gracias.
El Presidente: -Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Amador Lozano.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: -Compañero Presidente; compañeros legisladores:
Se pide seriedad y se intenta ganar el debate con jocosidad. Se dice que es poco serio el argumento, que se no se toma en serio, que no cree que ni yo lo tome en serio, y que no se va a hacer referencia a él, pero se hace. Bueno, se hace o no se hace, se toma en serio o no se toma en serio...
Pero al final de cuentas es irrelevante si lo toma en serio el señor diputado Juan de Dios Castro o si yo lo tomo en serio o si ustedes lo toman en serio, con todo respeto. Lo relevante aquí es la interpretación que hagan los órganos jurisdiccionales electorales competentes para tal efecto.
Ciertamente, reitero, no es el órgano para discutir este tipo de asuntos. Los órganos son los de la competencia de San Luis Potosí.
Y claro, dice, todos ya sabemos, por una actitud clarividente, sabe lo que estamos pensando, ya todos sabemos que sí es éste el órgano. Pues no, no es el órgano político y tenemos que hacer reflexiones políticas; ciertamente no puedo dejar pasar, no contestar una argumentación de esta naturaleza porque tiene consecuencias políticas en los medios de comunicación. Pero el órgano competente, donde se ve con consecuencias jurídicas procesales, es en estos momentos el Tribunal de lo Contencioso, o el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí.
Las interpretaciones de la Constitución o de la norma secundaria y la norma incluso, se hace para los casos generales, no para los casos de excepción. No se trata de venir aquí a juzgar los orígenes de la familia de un cisquero, que si nació en Hidalgo uno, que si otro nació en Querétaro y si otro llegó hasta Baja California. ¡No! no es eso; ni se trata tampoco de ver si existen o no expertos en cuestiones genealógicas que nos vengan a dar argumentos para ser candidatos o no. ¡No!, se trata llana, sencillamente, objetivamente, de ver qué dice la Constitución de San Luis Potosí, bis a bis la Constitución General de la República.
Y una norma cuando se aplica se tiene que interpretar de alguna manera, gramaticalmente, históricamente, técnicamente, políticamente. Hay interpretaciones de la norma a la hora de aplicarlas.
No es el artículo 115, diputado Juan de Dios Castro, el que se refiere a los conceptos que usted comentó. Hubo una reforma en 1986-1987, no estoy seguro de la fecha, donde movió todos los aspectos que se referían a los principios básicos que tenían que obedecer o llevar a cabo los gobiernos de los estados, al 116. El artículo 116 antes se refería a cuestiones de límites; ése se pasó al artículo 44. Y del 115 se dejó todo para cuestiones de carácter municipal y el 116 se dedicó de manera exclusiva, para las cuestiones de las entidades federativas.
Los principios básicos, los principios fundamentales que las constituciones deben observar en su orden jurídico estatal.
Pero... y esto lo acepta la interpretación alemana, la italiana, el legislador no es un intérprete cautivo o esclavo del orden constitucional. El legislador cuando interpreta la norma, a la hora de que la reglamenta, a la hora de que la explícita, sea un órgano de carácter local como es la constitución local, o sea en el carácter de una norma de tipo secundario, el legislador no está atado con cadenas de lo que le dice la Constitución y simplemente viene a repetir de manera automática lo que le dice la disposición constitucional general.
Y además del artículo 41, establece la autonomía de las entidades federativas para darse su orden jurídico interno. Ya hemos aquí hablado muchas veces de como debemos fortalecer el federalismo en la Constitución del Estado de San Luis Potosí.
Entonces cuando vamos a aplicar la norma, tenemos necesariamente que tomar todas estas consideraciones. No se puede ver de manera aislada la Constitución General de la República y luego no considerar la Constitución del Estado de San Luis Potosí, si se trata de la elección precisamente del Gobierno de San Luis Potosí.
Y ahí en los primeros artículos vienen el constituyente del Estado de San Luis Potosí a desarrollar lo que entiende por potosinos. Y ciertamente la Constitución dice en el artículo 116 "ser nativo". Sí, ése es el carácter general de la norma: "ser nativo". ¡Ah!, pero viene la Constitución del Estado a decirnos qué se entiende por nativo. Y para el Estado de San Luis Potosí, por nativos son dos: por nacimiento y por el derecho de sangre. Podemos decir que no es serio. Son finalmente consideraciones de carácter personal. Ahí está la norma, no la estoy inventando, ni tampoco me estoy riendo cuando la interpreto. Es una interpretación clara, objetiva, de lo que dicen esos artículos de la Constitución.
¡Desde cuándo es Horacio Sánchez Unzueta residente de San Luis Potosí? Desde 1958, ya lo dije. Desde el momento que se establece con su familia. Desde el momento en que realiza actos positivos para vivir ahí. Desde el momento en que le entrega su cariño y su amor y su emoción a San Luis Potosí. Desde ese momento hay una disposición de vivir en San Luis Potosí.
Cierto, sale a estudiar. Se va a estudiar incluso a Londres. ¿Quiere decir con eso que entonces es londinense? No. Fue a estudiar a Londres, pero regresó. Y su pasión seguía siendo San Luis Potosí.
Y la Constitución lo dice. La Constitución dice: "La vecindad se obtiene por dos años de residencia o por realizar actos positivos". Y esa vecindad que para los efectos del caso se tiene que entender por residencia. Porque la Constitución del Estado no maneja nunca el concepto de residencia, maneja el concepto de vecindad en ese aspecto. Y la vecindad aquí es lo mismo que la residencia. Y la vecindad en el caso del arraigo, del conocimiento de los problemas, está ahí y no se ha perdido.
Por eso es que el órgano electoral del Estado, plural, con mayoría de miembros de la ciudadanía de la sociedad civil, tomó la decisión, por dos ocasiones, que el registro de Horacio Sánchez Unzueta se apegaba aquí a lo que dice la Ley.
Esos son los hechos objetivos. Muchas gracias.
El Presidente: -Le concedemos la palabra diputado Juan de Dios Castro, para contestar alusiones personales. Dando tiempo a que baje de la tribuna nuestro compañero y amigo Amador Rodríguez.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: -Creo que se enojó el diputado Amador. Lamento haber provocado su enojo, no fue mi intención.
Quiero expresarles, señoras y señores, que hice la precisión de que éste es el foro no para resolver jurisdiccionalmente el recurso, aclaré, éste no es un tribunal, no es un órgano jurisdiccional. Pero sí es un foro, señoras y señores, para denunciar, cuando lo estimemos conveniente, una violación a la Constitución General de la República que quebrante el orden jurídico.
Efectivamente, me ha convencido diputado Amador. Estoy totalmente convencido.
No es el artículo 115, es el artículo 116. Me dejé yo llevar por años, por años, de los artículos que destacaban cuando se hablaba de las partes de la Constitución, una de las partes era los estados de la Federación y ahí se hablaba del régimen municipal y el artículo que destacó siempre es el artículo 115; efectivamente, se recorrió y es el artículo 116.
Dos precisiones nada más a su argumentación, que siento que no aportó ningún elemento nuevo, quizá abundó en uno de ellos. La primera. Sí la norma puede interpretarse. Yo podría hablarle de la interpretación que de la norma constitucional puede hacer el propio Constituyente, pero jamás, señoras y señores, ¡jamás!, y vuelvo a repetir, hablo de la Constitución General de la República; yo no ubiqué el plano del debate en
la Constitución de San Luis Potosí, la Constitución de San Luis Potosí reproduce únicamente la disposición del artículo 116 de la Constitución General de la República; ¡ningún órgano estatal.., ¡a ningún órgano estatal!, es indispensable la proposición "a", le es ilícito interpretar la Constitución General de la República cuando haya conflicto.
Se dirá que el artículo 133, los jueces de cada Estado. Cuando vean contradicción entre la Constitución General de la República y las particulares de los estados, deberán atender lo establecido por la Constitución General de la República, "atender", "cumplir". Pero la interpretación no corresponde más que a los tribunales de la Federación. ¡Vaya!, se ha reducido incluso, se ha tratado de restringir incluso a los tribunales de la Federación para dejar el control sólo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero ese es otro tema.
El Presidente: -Permítame diputado Castro. ¡Dígame diputado?
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): -Señor Presidente, ¿quisiera preguntar al orador si me acepta una interpelación?
El Presidente: -Diputado Castro, ¿acepta usted la interpelación?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: -Sí, como no.
El Presidente: -La acepta el diputado y la Presidencia la autoriza. Formúlela señor diputado.
El diputado Amador Rodríguez (desde su curul): -Gracias, señor Presidente:
Diputado Juan de Dios Castro: Su argumentación, dice usted que efectivamente se ha restringido la interpretación de la Constitución General de la República...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: -No es términos absolutos.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: (desde su curul): -De la Constitución General de la República. Y sí, sí en términos absolutos, hay monopolio de la interpretación de la Constitución para el poder Judicial Federal y está establecido en la jurisprudencia, pero eso es para efectos de carácter jurisdiccional.
Yo le pregunto a usted: ¿Cómo va a poder desarrollar la norma constitucional el Constituyente de un Estado si no interpretan la norma?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: -Bueno, se lo contesto señor diputado. Mire usted, en primer lugar mantengo mi respuesta de que no en términos absolutos, no comparto su criterio cuando dijo, ni siquiera en términos absolutos, no, un juez de distrito puede resolver una cuestión de constitucionalidad y vea usted que el amparo contra leyes por ejemplo inconstitucionales es un amparo indirecto y la primera instancia es el juez de distrito y si concede el amparo no hay recurso y fue el juez de distrito el que determinó, eso por cuanto a lo primero. Pero ésa es una cuestión académica, la cuestión segunda señor diputado, se la voy a contestar muy fácilmente.
A mí me preocupó mucho el sentido de algunos tratadistas de derecho constitucional, que usted ha de conocer muy bien, lo tratan; dicen, le cito a uno por ejemplo, Burgoa, dicen que ese artículo 133 es un resabio que se le pasó al Constituyente de 1917, y es una transcripción casi literal del artículo 6o. de la Constitución de los Estados Unidos, establece pena cuando habla de las defensas subsidiarias de la Constitución, cita el 133 y dicen que los jueces de cada Estado cuando analizan la Constitución, que ése es el sentido de su pregunta, General de la República y analizan la Constitución local, dicen a fortiori, tienen que hacer un juicio; la Constitución local dice: a) la Constitución General de la República dice: b) hay contradicción; luego acato, en acatamiento del 133 lo que dice la Constitución General de la República. Sí, razonan, así razonan y a mí me creo, se lo digo sinceramente porque usted planteó un problema difícil en materia Constitucional, me creó muchas dudas porque tiene el 103 de la Constitución General de la República que dice: "Que corresponde, compete, tiene incompetencia a los tribunales de la Federación, conocer de toda controversia que se suscite", fracción I, por violación a las garantías individuales, II y III interferencia de competencia.
Como que no checa el 133 con el 103. Y quiero decirle que durante varios años mantuve mi duda, me la resolvió un autor, que para encontrar una respuesta muy vasta, muy amplia, se lo cito para si tiene usted interés en el tema, que yo creo que lo tiene y mucho, éste quizá le pueda dar las luces que me dio a mí, Manuel Herrera y Lazo, Estudios Constitucionales, Escuela Libre de Derecho y Manuel Herrera y Lazo cuando habla del 133 dice, ese problema no se presenta señoras y señores, ¿por qué razón? Porque cuando se trata de leyes federales por ejemplo, de leyes federales, es competencia de los tribunales de la federación, excepto aquellos de
competencia concurrente como el Código de Comercio en ejecutivo mercantiles por ejemplo, pero ahí prevalece la Ley Federal.
Los jueces locales conocerán de la legislación local pero al final de cuentas señor licenciado, la corte contra la opinión de muchos y le cito uno de ellos, Juventino B. Castro, por ejemplo, resolvió que sólo era de competencia de los tribunales de las Federación, pero eso no exime, eso para el problema que usted planteaba, pero eso no exime que cuando yo veo que la autoridad policiaca reprime una manifestación pacífica, yo no pueda, simple ciudadano mexicano, decir está violando el artículo 9o. y el 6o. y no me vaya a esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del juicio de amparo, decrete que esa conducta es inconstitucional, aquí lo estamos haciendo en ese sentido, señor diputado, con eso contesto su pregunta.
Decía que usted aportó un elemento, dijo nada, perdonada, me dejé llevar por el nombre, Sánchez Unzueta. Señor diputado Sánchez Unzueta, ahora candidato a gobernador del PRI, tiene su residencia desde 1958, ¿por qué plantea señor diputado cosas que no están en la litis? Yo le dije que no tenía la residencia en 1958 ni en 1960, ni en 1970, ni en 1975, ni en 1992; ahorita está, creo, supongo que está en San Luis Potosí.
Ahí está su residencia, pero señoras y señores, dije claramente que había la residencia transitoria y la habitual, y hay algo que refleja que si hay pruebas, yo quiero dar el beneficio de la duda, no tengo el expediente, estoy argumentando con los elementos que las dos partes me aportaron, quiero dejarle incluso el beneficio de la duda, pero si hay pruebas por ejemplo, señor diputado, que la familia del señor Sánchez Unzueta, sus hijos por ejemplo, y él radicaban aquí en el Distrito Federal, y estudiaban en el Distrito Federal, yo quiero decirle que se rompió la residencia efectiva de cinco años que exige la Constitución.
Que sí tuvo y tiene residencia, no lo dudo, pero no la residencia calificada de que habla el texto constitucional, y una disculpa final señor diputado, la broma que estaba fuera de debate, jocosa, cuando hablé de la argumentación coja, no tenía ninguna alusión personal y estaba fuera de debate no formó parte del debate. Di argumentos, creo que mi discurso no estuvo lleno de bromas, ni de alusiones jocosas, di argumentos y argumentos sólidos que es importante considerar en una cuestión como ésta. Gracias.
El Presidente: -Para ratificar hechos, tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: -Gracias, señor Presidente: No diputado Juan de Dios Castro, no me contestó. No me contestó fíjese usted. Abordó usted y no mostró su erudición de profesores de derecho constitucional, y efectivamente ése es un tema que la doctrina debatió respecto a la segunda parte del artículo 133, relativo a si los jueces locales deberían o no interpretar la Constitución; pero ésa no fue mi pregunta, mi pregunta fue, mi interpelación, porque usted afirmó aquí en la tribuna, que ningún órgano del Estado podría interpretar la Constitución, y mi pregunta fue, ¿el constituyente del Estado de San Luis Potosí, el constituyente original, el que hizo la Constitución de San Luis Potosí después de que se establece la Constitución General de la República, del 5 de febrero y que entró en vigor el 1o. de mayo, esa Constitución que tuvo que redactarse, la Constitución en el Estado de San Luis Potosí, ese Constituyente originario de San Luis Potosí, tuvo que interpretar la Constitución general de la República, y tuvo que establecer los principios generales que le mandaban, y tuvo que desarrollarlos porque si se tratara de manera mecánica de plasmar lo que ya está en la Constitución General de la República, para qué se plasma en una Constitución Local?
No tendría razón de ser el orden constitucional local y hay muchos casos, y esa es otra disputa que tiene la doctrina, de que si se pueden crear a través del constitucionalismo local las garantías individuales que no están en la Constitución, y muchos dicen que no y otros, entre ellos yo, digo que sí, que sí se pueden porque son límites al poder y el constituyente local podría crear nuevas garantías individuales que no están dentro de las que dice la Constitución General de la República.
¿Y esto sería contrario al orden jurídico general? No, sería una contribución al constitucionalismo local, que por desgracia no está desarrollado; hay muy pocos que han escrito en materia de constitucionalismo local, y todos creemos siempre la visión centralista de la aplicación de la Constitución General de la República, y éste es un defecto que hay en todas las escuelas y facultades de derecho del país, porque no ha habido un impulso al desarrollo del estudio del constitucionalismo local y aquí tenemos uno de los problemas serios, los conceptos de residencia, de vecindad y de domicilio, que no se trata aquí de ver las características del Código Civil, estamos hablando de derechos políticos, estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de la organización política electoral
de un Estado, estamos hablando de la elección de la titularidad del Ejecutivo de un Estado.
Yo no dije, por otro lado, que había tenido residencia, no, yo usé una preposición, desde 1959 tenía residencia, y la residencia para efectos legales, la Constitución de San Luis Potosí en su artículo 6o. la considera efectiva cuando no se interrumpe, y no quiere decir efectiva el hecho de que el señor no se mueva de su Estado, vaya, no puede ir ni siquiera a la Feria de San Marcos porque entonces ya perdió la residencia, no, porque si no entonces se sale del Estado, ya estuvo fuera 15 días y ya perdió la residencia efectiva de cinco años, no, no es eso, no es de esa manera como se interpreta el concepto de residencia, sino es un concepto más dialéctico que la propia Constitución lo dice en el artículo 6o, no se interrumpe ese concepto por las razones que establece la propia Constitución, cuando no se cambia de manera permanente, y entonces tendríamos que decir cuando se cambio de manera permanente pues no es en el caso de Sánchez Unzueta porque ya regresó a San Luis Potosí, entonces no fue permanente. ¿Cuándo sería de carácter permanente? pues quizá cuando adquiere la nacionalidad de otro país o de otro Estado de la República.
Esas son las últimas consideraciones que voy a hacer. Muchas gracias. El Presidente: -Para contestar alusiones personales, el Diputado Castro, le concedemos la palabra.
El Diputado Juan de Dios Castro Lozano: -Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Dos minutos porque no puedo dejar de contestar la pregunta del Diputado Amador, Diputado Amador, el Constituyente del Estado no puede interpretar la Constitución General de la República. Aceptar eso sería tanto como aceptar que el texto de una Constitución local puede interpretar un texto de la Constitución Federal. es a lo que se llama interpretación legislativa. No, No puedo aceptar eso, de ninguna manera. Ni el Constituyente local, ni la Constitución pueden hacer una interpretación de un texto de la Constitución General de la República. Perdóneme si no entendí el alcance de su pregunta inicial.
Y la segunda, no, yo no quiero pensar que cuando me refiero yo a residencia habitual, la persona esté atada cinco años sin salir de San Luis Potosí ni siquiera un metro, hay que adminicular las circunstancias, sería tanto aceptar como usted dice, el extremo otro que no puedo aceptarlo tampoco, que una persona que no sea nativo se puede ir a estudiar a Londres, como usted dijo que lo hizo el doctor creo que es doctor, Sánchez Unzueta, a estudiar a Londres y durar allá cinco años, pero mientras su corazón, muy subjetivamente, permanezca estrechamente vinculado a San Luis Potosí, es el amor al estado el que no hace perder la residencia.
TRABAJADORES INDOCUMENTADOS
El Presidente: -Para un asunto diferente, concedemos la palabra al señor Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para presentar un punto de acuerdo relativo a la situación de los trabajadores
INDOCUMENTADOS.
El Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Con su autorización señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
American Watch denunció hace pocos días en uno de sus informes, que los esfuerzos contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, han convertido la frontera entre México y los Estados Unidos en una zona prácticamente militarizada, pues tan solo el número de agentes de la Border Patrol aumentó de 750 mil a un millón en lo que va de Agosto de 1992 a la fecha.
Destacó que pese a los esfuerzos del Gobierno Mexicano por ayudar a sus connacionales, éste no ha logrado poner fin a los incidentes, y subrayó que sus consulados ubicados en las ciudades fronterizas, regularmente solicitan investigaciones de los ilícitos y sólo si los casos son muy sonados, dice American Watch, Las autoridades de México protestan ante el Departamento de Estado.
¿Qué ha venido ocurriendo en la zona fronteriza? La propia institución dice que organizados bajo la consigna de iluminar la frontera, ciudadanos de San Diego realizan mensualmente una búsqueda, conducen sus autos hasta la línea fronteriza y alumbran con sus faros a los indocumentados que intentan ingresar a aquel país.
Quienes participan en esta campaña, culpan a los inmigrantes mexicanos de las enfermedades sociales, incluyendo al narcotráfico, que azotan a su comunidad. otra amenaza más que se suma a ésta, es la de las pandillas de jóvenes blancos de San Diego.
que portando cuchillos, arcos, flechas y rifles incluso de alto poder, se visten con uniforme militares y se dedican a cometer asaltos y asesinatos en contra de inmigrantes mexicanos, todo esto según el informe de American Watch. En 1989, el Programa para la Frontera Estados Unidos - México, de la American Friend Service Commiting, documentó los casos de cinco mexicanos asesinados y otros siete heridos por agentes de la Border Patrol en diversos incidentes del área de Tijuana, en los que sólo participaron dichos agentes.
En otros casos está involucrada también la Unidad de Prevención del Crimen en la Frontera, así llamada, que es una iniciativa común de la patrulla fronteriza y de la policía de San Diego.
Entre los casos documentados está el de Luis Eduardo Hernández, un niño de 14 años que fue atropellado y asesinado por una patrulla fronteriza el 20 de agosto de 1989, el de Pedro García, otro niño de 15 años, que fue herido por la espalda cuando trataba de reingresar al lado mexicano, una semana después del hecho antes narrado. En diciembre de ese mismo año, elementos de la Unidad de Prevención del Crimen en la Frontera, hirieron a otro menor llamado Manuel Martínez Flores, de 17 años, que quedó paralizado de medio cuerpo. Otro incidente de los que se han documentado fue el que ocurrió el 25 de mayo de 1990, cuando un elemento de la Border Patrol disparó tres balas de su pistola oficial contra una camioneta, en la que viajaban 11 personas, porque pensó que eran indocumentados sospechosos.
Todo esto conforma una atmósfera verdaderamente preocupante, por parte de las autoridades y ya no sólo de las autoridades, sino de sectores de la comunidad fronteriza en el lado estadounidense.
El señor Alan Nelson, hace unos días, el 5 de febrero pasado, declaró que Estados Unidos debe deportar de manera masiva a los indocumentados. Este señor Alan Nelson fue hasta hace poco comisionado nacional del Servicio de Inmigración y Naturalización, funcionario de nivel importante. Declaró que debieran ser masivamente deportados los indocumentados mexicanos y transferidos sus empleos a ciudadanos estadounidenses.
Este mismo ex funcionario, se pronunció porque se negara a los indocumentados empleo, educación, salud, vivienda y licencias de conducir, y pidió sanciones más severas a los empleadores que los contraten.
El propio candidato a la alcaldía de Los Ángeles el señor Houston, inició su campaña en la televisión local, demandando deportar masivamente a los inmigrantes indocumentados para combatir el crimen en la ciudad, el señor Houston.
En Miami, latinos de diversos países de nuestra región, entre ellos grupos de connacionales nuestros, denuncian la desatención del Gobierno norteamericano a sus requerimientos, de atención social, como salud, educación, despensas, etcétera.
Dentro de todo este ambiente no se puede dejar de lado la negativa del Senado de Estados Unidos para que las señoras Zoe Baird y Kimball Wood se incorporaran al equipo del Presidente Clinton, por el hecho de haber empleado a mexicanas indocumentadas.
No estamos tratando de intervenir en las decisiones de órganos de aquel país, pero sí nos hace ver esto que el ser indocumentado es Estados Unidos aparece hoy como un verdadero estigma.
Hace unos días, el 23 de enero, Ramiro Vázquez y Jorge Vázquez, dos jóvenes mexicanos fallecieron después de haber sido baleados, el 19 de enero, junto con otros familiares, a la altura del Puente Negro de Ciudad Juárez.
Vemos con preocupación todos estos hechos. Nos parece que se requiere de una acción más enérgica y una presencia más activa de las autoridades mexicanas, tanto del Poder Ejecutivo como de la representación popular, en defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales al otro lado de la frontera. Parece que se va produciendo un franco deterioro en las condiciones que éstos enfrentan en aquel país.
Por estas consideraciones, compañeras y compañeros legisladores, me permito traer a esta tribuna, señor Presidente, el siguiente punto de acuerdo, que dice así:
"Único. Que las comisiones unidas de Derechos Humanos y Asuntos Fronterizos de la honorable Cámara de Diputados, vean la manera de que ambas redoblen sus esfuerzos y se aboquen a la investigación exhaustiva del problema por el que atraviesan actualmente los indocumentados mexicanos en los Estados Unidos."
El punto de acuerdo es suscrito por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, por un servidor; por la fracción parlamentaria del
PRI, el diputado Amador Rodríguez Lozano; del PRD, el diputado Miguel Angel León Corrales; del Partido Acción Nacional, el diputado Juan de Dios Castro Lozano; del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Israel González Arreguín, y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, y hago entrega de él a la Secretaría, señor Presidente, para su trámite correspondiente. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, diputado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): -Pido la palabra, señor Presidente, para hablar sobre el tema.
El Presidente: Ya había solicitado la palabra previamente el diputado Carlos Cantú, del PARM; lo registramos a usted, señor diputado Calderón, para posteriormente concederle la palabra.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Señor Presidente, señores legisladores:
La fuerza laboral de las zonas industrializadas de los Estados Unidos ya no radica en la etnia anglosajona que constituye el núcleo poblacional original en norteamérica, sino en las etnias emigradas de latinoamericanos, coreanos, iraquíes y japoneses principalmente.
Esto quiere decir que el aparente desplazamiento de las oportunidades de ingreso y trabajo que los anglosajones radicales pretextan es falso, ya que en realidad tanto trabajadores indocumentados como emigrantes están ocupando los lugares vacantes que los anglosajones se niegan a ocupar, por lo que realmente las maquiladoras, las plantaciones, las pizcadoras, las torneras, la industria automotriz y la de construcción contratan personal emigrante por el bajo costo que representa contratrarlos y porque los americanos se niegan a desempeñar esas labores.
En términos estadísticos, la fuerza laboral de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Illinois y Michigan, descansa en un 65% en trabajadores latinos, coreanos, árabes y japoneses emigrados, lo que representa censalmente que de cada 10 trabajadores en Estados Unidos de América, actualmente son seis emigrados y cuatro son norteamericanos. Diez estados de la Unión Americana, Illinois, Minesota, Florida, Texas, Arizona, Nueva York, Nuevo México, Nevada, Georgia y California, acusan marcadamente una tendencia a la disminución de población anglosajona, con miras a convertirse en minorías radicales de esos estados.
Entre los factores que ocasionan esta situación se encuentran la drogadicción, la desintegración familiar, la homosexualidad, el sida, el alcoholismo, la política de control natal y las zonas marginadas en las grandes ciudades de Estados Unidos.
Una observación de carácter político y económico nos permite apuntar una característica peculiar en los Estados Unidos. La emigración y la coexistencia de minorías étnicas frente a un fenómeno crítico de los valores y de las instituciones de la cultura anglosajona, ponen en peligro de fragmentación a la Unión Americana en regiones separadas por dichas barreras ideológicas, lingüísticas y radicales.
Estos hechos pueden acarrear disturbios radicales de carácter urbano, o bien, la fragmentación política de los Estados Unidos de América, lo que constituye el principal peligro por el cual tanto republicanos como demócratas quieren salvar a la Unión.
Algunos estados de la Unión Americana, especialmente Texas y California, son el destino y el hogar de mexicanos que en dolorosa emigración proceden en su mayoría de los estados más marginados y depauperados de México. Son mexicanos que llevan a su patria en las venas pero como no han encontrado oportunidades de subsistencia han tenido que ir a nación extraña, donde con tenacidad extraordinaria han dejado profunda huella en la economía norteamericana.
La emigración de mexicanos a Estados Unidos tiene profundas raíces en la desigualdad social. En México el 10% de la población que gana más recibe el 33% del ingreso nacional mientras que los que ganan menos reciben poco más del 1.5, es decir, el 10% de los mexicanos que gana más percibe 20 veces más que el 10% de los mexicanos que ganan menos.
En el fondo la desigualdad en México obedece sin duda a algunas políticas erróneas seguidas por los gobiernos posrevolucionarios, primero, la adopción de un modelo de desarrollo equivocado que privilegió el crecimiento industrial en lugar del desarrollo agrícola y el desarrollo geográficamente concentrado en algunas ciudades, en especial la de México, en detrimento de un desarrollo regional equilibrado.
Después, con el arribo del populismo de los setenta, el problema se agravó, el gasto público
no sólo desequilibró las finanzas públicas y las privadas, sino que agravó las diferencias, un 12% de los subsidios que generaban el déficit público por ejemplo, canalizaron sus beneficios a sólo el 2% más alto de la población. Esta injusta distribución de la riqueza en México ha orillado a millones de connacionales a enfrentarse a la hostilidad y a la discriminación racial de los vecinos del norte, quienes los consideran como un peligro para su sociedad, mientras que las autoridades fronterizas de Estados Unidos parecen mirar con beneplácito los excesos de la violencia utilizada por la patrulla fronteriza norteamericana.
Las quejas del Gobierno mexicano a este respecto no han surtido efecto alguno, dado que hasta ahora ningún agente fronterizo americano ha sido procesado por sus excesos y la violencia contra los indocumentados pone en tela de juicio la preocupación del Gobierno norteamericano por el respeto absoluto a los derechos humanos.
Bajo esta circunstancia, toca al Gobierno mexicano demandar mayores garantías laborales y respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales en carácter de trabajadores honestos y activos. No basta que el tema de los indocumentados este permanentemente inscrito en la agenda de asuntos a tratar en cada reunión bilateral entre las cámaras de los dos países y entre los gobernantes de México y Estados Unidos, sino que primordialmente exista voluntad política para llegar a soluciones de fondo. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera que debe terminar ya de una vez por todas esta actitud siempre interesada de Estados Unidos que cierra los ojos para no ver a emigrantes mexicanos que cruzan la frontera cuando su mano de obra es necesaria para levantar las cosechas en las granjas americanas, pero que se torna agresivo ese país cuando esa mano de obra no es urgente y entonces pregona que se está privando a sus connacionales de oportunidades de empleo, lo cual es mentira dado que los mexicanos desempeñan allá labores que los americanos desdeñan y rechazan.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera que debe aprovecharse la anunciada renegociación paralela de algunos asuntos del Tratado de Libre Comercio para inscribir en esas discusiones el tema de los indocumentados. Es un momento oportuno para llegar a soluciones de fondo en un asunto que ha trascendido en el tiempo y no se le observa de otra manera algún camino de solución.
Sin embargo, agregando algunos elementos a este tema, quiero recordar que en participación reciente en esta misma tribuna, llamamos la atención de todos los legisladores que aquí concurren, representantes de las diversas corrientes del pensamiento universal mexicano, para que expresáramos determinantemente ante las propias autoridades de la Secretaría de Gobernación, el deseo ferviente de que también se tomen determinantes fundamentales con los encargados en todas las fronteras del país de la llamada "Operación paisano" que a la fecha se ha convertido en una institución de vasallaje de presión, de rencilla y de corrupción en contra de nuestros indocumentados, que en busca de oportunidades de trabajo tienen que ocurrir a emigrar de nuestras fronteras y se ven habitualmente extorsionados por funcionarios, malos mexicanos que aprovechándose del cargo y la confianza en ellos depositados, privan de sus recursos económicos a muchos de nuestros indocumentados. Muchas gracias.
-El Presidente: -Gracias diputado. Concedemos la palabra al diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Estimados legisladores:
El tema que ha suscitado estas intervenciones, el punto de acuerdo que presentó a la consideración de esta Comisión Permanente el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista y que nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática suscribió, tiene importancia trascendental en la vida nacional y en la vida de numerosas familias, de millones de familias de mexicanos residentes en los Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo, prácticamente desde finales de 1990 cuando conocimos el inicio de las negociaciones previas para la formulación del Tratado Trilateral de Libre Comercio hoy llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestro partido propuso que en el propio tratado fuera establecido como parte, en el marco ya del derecho internacional público que podría en el futuro sancionar este tratado, un acuerdo en materia migratoria.
Consideramos y lo seguimos considerando hoy en 1993, que la relación económica más importante y al mismo tiempo la relación más profunda que existe entre los dos pueblos no son los flujos de capital a la bolsa de valores, o transferencia de tal o cual mercancía, en esa relación humana que involucra a un universo de problemas que no han sido abordados de una manera integral.
Hubo ya en nuestros país un debate profundo cuando los Estado Unidos expidieron la llamada Ley Simpson - Rodino. En muchos sectores de la opinión pública del país, organizaciones de derechos civiles y de derechos humanos y diversas instituciones y organizaciones políticas, se pronunciaron precisamente contra esa visión unilateral que el Gobierno de los Estados Unidos había adoptado al expedir esta Ley Simpson - Rodino, como si los problemas de migración y los problemas de respeto a los derechos humanos y laborales de los mexicanos residentes del otro lado de la frontera, fueran problemas de estricta incumbencia de una sola de las naciones involucradas en este caso los Estados Unidos de América.
Y ha sido postura, no sólo del PRD, sino de numerosas fuerzas sociales mexicanas, que estos problemas migratorios debieran ser abordados de manera integral, global, y en un marco en el cual se preservaran derechos fundamentales.
Numerosos sectores de la opinión pública, mucha de ella opinión pública conservadora hacia Estados Unidos, se niegan a reconocer un elemento que tiene capital importancia en términos no sólo humanos, sino económicos, un gran número de los trabajadores mexicanos que emigran a Estados Unidos, independientemente de si lo hacen de manera legal o ilegal, son fuerzas de trabajo que nuestro país educó, algún segmento importante de esta migración es una migración calificada, es fuerza de trabajo que nuestro país educó, es fuerza de trabajo que familias mexicanas sostuvieron en la fase que es la fase previa a la etapa de vida activa, de vida productiva, de vida laboral productiva de estas personas, y nuestra nación desde hace tiempo está entregando a la economía norteamericana hombres y mujeres que por falta de trabajo y por falta de estímulo a su esfuerzo en este país, tienen que migrar, pero los... emigran, repito, con un capital humano y un esfuerzo en materia de educación y en materia, en otros aspectos de capital importancia. Hay estudios económicos que muestran la extraordinaria transferencia de valor y de inversión que nuestro país ha hecho a Estados Unidos, precisamente por esta emigración de población joven y de población adulta que significa un capital, repito, de invaluable importancia.
Nosotros, ante la polémica que sobre este punto se ha abierto en reiteradas ocasiones, en materia del Tratado de Libre Comercio, particularmente en materia de emigración, hemos sostenido ante aquellos que dicen que estos aspectos son distintos a los que la gente económica, propiamente y comercial establece, hemos dicho que de hecho el Tratado realmente negociado, incluye muchos temas que no son estrictamente comerciales, e incluso incluye un capítulo sobre entrada temporal, que es de hecho un capítulo de emigración. El problema es que este capítulo de emigración se refiere fundamentalmente al tránsito de profesionales que interesan a segmentos de inversionistas y algunas corporaciones.
Nosotros consideramos que es indispensable una modificación en este punto que tiene que ver con el Tratado, para que al menos, dentro de las obligaciones que el Tratado establece, se establezca una carta de derechos laborales y de derechos humanos de los millones de trabajadores migratorios, hecho que no es insólito en negociaciones internacionales, porque en el marco de las negociaciones para la constitución de las comunidades europeas, ha habido una evolución del derecho internacional en materia precisamente de la preservación de estos aspectos laborales y humanos de los trabajadores migratorios.
No planteamos intervenir en la legislación laboral de los Estados Unidos, como tampoco deseamos supervisión internacional o control externo de aspectos que compete a nuestra soberanía. Pero el marco de negociación bilateral y trilateral que se abre precisamente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en muchos puntos nosotros hemos cuestionado en su agenda y en sus puntos aprobados, pero este tratado al menos, consideramos que deba tener compromisos claros y mecanismos de solución de controversias para garantizar un trato no discriminatorio a los trabajadores, independientemente del status migratorio que tengan en los Estados Unidos.
En este contexto, tenemos una preocupación, y es el hecho de que los órganos de prensa norteamericanos cuando se remiten al llamado Acuerdo Paralelo Laboral, que está siendo o empezado a discutirse, habrá otro momento en la Cámara de Diputados para abordar este problema, pero cuando se remiten a los aspectos laborales, pareciera que el interés prioritario de algunos segmentos del Gobierno de Estados Unidos, es la preservación de ciertos estándares para su propia clase trabajadora, y no hay una visión integral de lo que sí es responsabilidad directa del Gobierno norteamericano, que es la preservación de estos derechos humanos, laborales, de los trabajadores mexicanos residentes allá.
En otras palabras, pareciera, de manera más franca, pareciera que lo laboral solamente
compete a algunos aspectos que tienen que ver con el entrenamiento técnico de algunos sectores desplazados con transferencia de industria u otro tipo de elementos que son secundarios en la magnitud de las relaciones humanas, laborales y sociales que implica el fenómeno migratorio entre México y los Estados Unidos. Y hemos pedido en varias ocasiones que este tema sea no sólo un tema que ocasionalmente se trate en decisiones o discusiones del Poder Legislativo Federal de México, sino sea parte de la agenda.
En algún momento, algún funcionario mexicano sugirió que fuera parte de la agenda bilateral; en algún momento se tomó esto como un punto que debía ser incorporado por el Titular del Ejecutivo Federal dentro de la agenda bilateral y posteriormente desapareció de estas menciones.
Nosotros apoyamos a este punto de acuerdo. Creemos que es importante que discutamos en los órganos legislativos pertinentes estos problemas, pero más importante que ello, se requiere una visión integral de los problemas migratorios y sobre todo hacer claridad al Gobierno de Estados Unidos en particular, de que es posible un acuerdo migratorio que preserve las propias facultades de cada Gobierno y órganos soberanos, pero establezca mecanismos de cooperación internacional en esta materia, haya toda una legislación internacional al respecto. La Organización Internacional del Trabajo tiene una amplia experiencia en materia, repito, de legislación internacional en defensa de los derechos de los trabajadores migratorios. Hay segmentos importantes de la opinión pública norteamericana activas en derechos humanos que están interesados en un acuerdo migratorio global que preserve los derechos de los trabajadores mexicanos residentes, repito, en los Estados Unidos.
Tenemos la experiencia de acuerdos migratorios con Canadá, que podrían servir de base para un buen esquema de negociación con los Estados Unidos. Y creemos que se requiere una voluntad política para impulsar que particularmente en esta negociación específica de acuerdos laborales que se va a articular en las próximas semanas y meses, el problema migratorio sea incluido de manera precisa.
La Red Mexicana de Acción frente al Tratado de Libre Comercio y numerosas organizaciones sociales, además del Partido de la Revolución Democrática, han expresado de manera puntual esta exigencia de que se establezca una Carta de Derechos Laborales y Humanos de los Trabajadores Migratorios, particularmente mexicanos residentes en Estados Unidos, y que esto se aparte de la agenda binacional y sea sancionado por el derecho internacional público.
Nuestro partido en esta ocasión reitera y seguirá insistiendo en la necesidad de un marco global integral de preservación de los derechos de los mexicanos residentes en los Estados Unidos y creemos que es un compromiso con las generaciones de mexicanos que la crisis y diversos factores vinculados al modelo de desarrollo económico instrumentado en nuestro país, han obligado a emigrar del otro lado de la frontera.
Y en particular, y de ahí es la pertinencia también de este llamamiento, además de lo que podríamos llamar un esquema global de negociación bilateral y trilateral en materia migratoria, se requiere una activa y enérgica toma de posición de nuestro Poder Legislativo Federal y del Poder Ejecutivo Federal en materia de esas relaciones específicas, recurrentes y graves a las que tanto el diputado Cuauhtémoc Amezcua como el diputado Cantú se refirieron cuando hablaron del problema de la frontera.
No podemos aceptar una visión muy común en sectores derechistas y extremadamente conservadores del lado norteamericano de la frontera, de una militarización de la frontera como un medio para detener un flujo de trabajadores migratorios. Eso es inaceptable.
Elementos como cercas eléctricas, elementos como muros de concreto o acciones prácticamente que convierten la frontera en una zona de confrontación bélica, como si estuvieran en un escenario de conflictos militares, es inaceptable.
Si se quiere una visión global, si estamos asumiendo la interdependencia y la globalización y particularmente la compleja interdependencia que en todos los aspectos existe entre las dos naciones, México y los Estados Unidos de América, tiene el Gobierno norteamericano, bajo un diálogo y una presión enérgica pero respetuosa del derecho internacional que haga nuestro país, que entender que ese tipo de acciones unilaterales solamente entorpecen una visión global y de largo plazo de cooperación internacional para el desarrollo.
Entendemos, pues, que éste forma parte de una agenda mucho más completa. Y terminaré diciendo que nuestro partido seguirá insistiendo en la necesidad de una visión integrada a los problemas migratorios y de acciones en donde además de lo que específicamente se haga por el Poder Ejecutivo Federal, acciones de lo que
específicamente haga la Secretaría de Relaciones Exteriores y otros organismos involucrados, nuestros propios consulados y los funcionarios mexicanos en la zona fronteriza sean ejemplo de la defensa de los derechos humanos y de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, independientemente de cual sea su situación migratoria. Muchas gracias.
El Presidente: - Para referirse también al contenido del punto de acuerdo propuesto por el Partido Popular Socialista, concedemos la palabra al diputado Rodolfo Becerril, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Unas cuantas palabras para respaldar, con un par de reflexiones, el punto de acuerdo suscrito también por nuestro partido.
En efecto, en los últimos años, sobre todo hoy que se habla de bloques comerciales de países incluso sin frontera, el problema de los trabajadores migratorios ha llamado poderosamente la atención y se inscribe en la agenda de los problemas incluso mundiales.
La ONU, la OEA, la Organización Internacional del Trabajo, han dedicado esfuerzos particulares a estudiar el problema de los corrientes migratorias.
En Europa cuando una nacionalidad rebasa un equis porcentaje de la población de un país se considera, usualmente es alrededor del 10%, que existe un problema casi de Estado.
En el caso mexicano con Estados Unidos, flujos incontables y a veces incontrolables de trabajadores o de connacionales han creado problemas sinnúmero a lo largo y ancho de la frontera, allende el Río Bravo.
El trabajo de nuestros consulados ha sido pertinente y creciente. La Cancillería ha logrado modernizar el trabajo de operación de los consulados. Se cuenta hoy con un sistema de computación y servicios de asistencia jurídica, pero sin duda que el problema rebasa los mayores recursos que hemos canalizado a este propósito y a este programa.
Hace algunos cuantos meses, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en coordinación con la de Derechos Humanos, Asuntos Fronterizos y Defensa, invitó a una sesión especial al doctor Roger Díaz de Cossío, encargado del programa mexicano en la frontera para nuestros compañeros indocumentados. Ahí se analizaron no solamente las especificidades del programa, sino desde varios puntos de vista: derechos humanos, defensa, problemas estrictamente poblacionales y desde distintas perspectivas partidistas se vieron distintos problemas relacionados con los casi cerca de 18 millones de hispanos que viven en los Estados Unidos; especialmente analizamos ahí el problema de los indocumentados.
Nosotros creemos que tanto en las reuniones binacionales, de Gobierno a Gobierno, que se celebran año con año, como las propias reuniones interparlamentarias que tiene nuestro Congreso con el estadounidense, este tema debe ser, en efecto, un tema de análisis concienzudo y pormenorizado. El problema de los indocumentados nos afecta no solamente en términos morales, nos afecta en términos económicos, en términos sociales y, sobre todo, en términos políticos.
Más alla de la frontera, hay mexicanos que en función de la precariedad económica de ciertas zonas de nuestro país, buscan el espejismo del progreso y se enfrentan con frecuencia a una autoridad implacable, que a través de la violación permanente de derechos humanos afecta su desenvolvimiento como persona.
Nosotros suscribimos cabalmente el punto de acuerdo y coincidimos en que la Comisión de Asuntos Fronterizos y la Comisión de Derechos Humanos se aboquen a un estudio pormenorizado de este problema. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias diputado. Esta Presidencia turna la proposición presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista, a las comisiones de Asuntos Fronterizos y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
CREDENCIAL ELECTORAL CON FOTOGRAFÍA
El Presidente: - Para otro asunto, concedemos la palabra al diputado Miguel Angel León Corrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al proceso de fotocredencialización electoral.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:
El país avanza hacia la elección presidencial de 1994 en una ilegalidad electoral que se ha
convertido en fuente de inestabilidad política: elecciones extraordinarias pendientes en Michoacán y Guanajuato, 16 gobernadores internos, conflictos poselectorales generalizados después de cada elección, cambios en el Gabinete que hacen ostensible la simbiosis del partido oficial con el Gobierno; campañas en favor de los candidatos oficiales encabezadas por el Jefe del Ejecutivo Federal con derroche de recursos públicos; fotocredencialización que no garantiza comicios transparentes y resultados confiables, y la violencia oficial para imponer resultados electorales ilícitos.
Sin voluntad para hacer de los comicios procesos transparentes y creíbles, el régimen recurre a la violencia y al hostigamiento de las fuerzas opositoras como vía para mantenerse en el poder. La falta de credibilidad en los resultados electorales es generalizada, incluso el 75% de los empresarios afirma que no existe transparencia electoral, según encuesta de una revista especializada.
De cara al proceso electoral del 1994, todas las cuestiones relacionadas con el padrón electoral que servirá de base para ese proceso, cobran una importancia fundamental, sólo con un padrón limpio de irregularidades se puede tener la esperanza de un proceso electoral limpio de irregularidades. El padrón es pues la base, en esta base en óptimas condiciones difícilmente podría pensarse en generar otras condiciones que nos permitan avanzar en el camino hacia la democracia. El padrón electoral y los listados nominales hasta hoy han sido fuertemente cuestionados durante los procesos electorales, entre las irregularidades que siempre aparecen y que ningún padrón ha logrado superar, tenemos las siguientes:
En la existencia de viviendas y ciudadanos en muchas secciones electorales, nombres y domicilios repetidos, alta cobertura en ciertos distritos y secciones y baja cobertura en otros, la mayor parte de las veces dependiendo de la correlación de las fuerzas entre el PRI y la oposición, selectividad en el empadronamiento y en la entrega de credenciales para votar, retraso en la producción de credenciales y listados nominales, desorganización en los almacenes de los centros de cómputo regionales del Registro Federal de Elector.
Para las elecciones federales de 1994, así como para algunos procesos electorales locales, se utilizará la nueva credencial con fotografía para votar, durante el proceso de credencialización el padrón electoral y el listado nominal sufrirán un proceso de depuración integral, el programa se inició en noviembre del año pasado y abarcará hasta el 17 de julio de 1994, el programa se divide en dos etapas, uno regional y otro nacional; la etapa regional a su vez se divide en tres fases y comprende, desde noviembre de 1992 hasta el 31 de agosto de 1993; la etapa nacional se divide en dos fases y va de septiembre de 1993 hasta mediados de julio de 1994.
Todo este proceso es una de las tareas fundamentales del Instituto Federal Electoral durante las etapas preliminares del proceso electoral. La primera fase de la primera etapa, de la etapa regional, ya empezó; comprende las entidades de Colima. Chiapas, Estado de México, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tabasco y el Distrito Federal. Para el Distrito Federal y el Estado de México la atención a los ciudadanos comenzó el 17 de noviembre y se pretendía que llegara hasta el 15 de febrero, aclaro que ya hay un acuerdo y el proceso se prolongará hasta fines de mayo. Para los demás estados comenzó el 8 de diciembre debido a problemas con la producción de credenciales y terminará el 7 de marzo.
Ahora bien, según los informes, las cifras que el Registro Federal de Electores nos da en un corte que esa institución hace al 24 de enero, cuando ya el Distrito Federal y el Estado de México habrán pasado por su décima semana y los restantes seis estados por su séptima semana. Según estas cifras el 24 de enero repito, habían acudido a esta primera fase en las ocho entidades, a los 1 mil 985 módulos instalados para el efecto, 7 millones 564 mil 158 ciudadanos de un total de 13 millones 639 mil 500 empadronados en las ocho entidades; de los ciudadanos que han acudido a los módulos es decir de los 5 millones 720 mil 345, éstos han tomado la foto y han obtenido su nueva credencial, de 7 millones 564 mil; 5 millones 720 mil se han tomado la foto y han obtenido su nueva credencial.
Estamos hablando así de un avance del 42% con respecto al padrón y estos más de cinco millones, representan el 75% del total de las personas que han acudido a los módulos; pero además, sucede que hay 1 millón 286 mil 527 personas en la categoría de nuevos empadronados, ellos representan el 17% del total de los que acudieron a los módulos.
Además, 554 mil 286 ciudadanos solicitaron cambio de domicilio o alguna rectificación y representaban el 7.4% de los que acudieron a los módulos. Entre los nuevos empadronados y los que pidieron cambio de domicilio o alguna
rectificación, tenemos la suma de 1 millón 843 mil 813 ciudadanos.
Resumo, han acudido a los 1985 módulos, 7 millones 564 mil 158 ciudadanos. De ellos, 5 millones 720 mil 345, es decir el 75% de los que han acudido, han obtenido su nueva credencial, pero otro millón 843 mil 813, es decir el 24.4% no han obtenido su nueva credencial. Estamos hablando entonces que cada cuatro que han acudido a los módulos, tres obtienen su nueva credencial y una no.
Estos casi 2 millones de personas, a tres meses de iniciado el proceso de fotocredencialización, ni una sola de ellas tiene aún su credencial. A todas estas personas se les ha planteado que regresen en tres semanas o en un mes por ellas, con toda seguridad la gran mayoría de ellos lo han hecho y aún no tienen su credencial.
El Instituto Federal Electoral tiene que dar una explicación. En la sesión del 30 de septiembre de 1992, de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, el Partido de la Revolución Democrática a través de sus representantes en esa instancia, cuestionó al director del Registro Federal de Electores sobre si existían las condiciones para atender a los nuevos empadronados, y la respuesta de este director fue que todo estaría listo para que desde el inicio del operativo empezaran a producir todas las credenciales para efectos de actualización.
Estamos aquí ante en evidente incumplimiento. ¿Por qué, insisto yo, tanto en que casi 2 millones de personas de los que han asistido a los módulos, a tres meses de que se iniciaron a los trabajos, aún no tienen su credencial?, porque podríamos estar ante una inminente estrategia de rasuramiento selectivo ahora que la gente no puede ser evadida en visitas selectivas al tener un módulo al cual acudir, pero que puede cansarse de estar llendo varias al módulo para ver si ya está su credencial. Ahora se le excluiría por cansancio.
Si esta situación sigue, el Registro Federal de Electores podría frenar una gran reacción ciudadana que va mucho más allá de las expectativas que el propio registro tenía, ellos esperaban de treinta a cuarenta personas diarias por módulo, y por ejemplo, este pasado domingo en el Distrito Federal hubo un promedio de 192 personas por módulo.
Por otro lado, existe un número importante de personas que andan de módulo en módulo buscando en cuál padrón se encuentran. Este problema se hubiera evitado si el Registro Federal de Electores cumple con el acuerdo de mandar invitaciones a los ciudadanos informándoles de su módulo.
Según las cifras del Registro Federal Electoral, Chiapas reporta el mayor porcentaje de avance con 48% del padrón; mayor avance incluso que el Distrito Federal y el Estado de México, que reportan avances del 40% y el 46% respectivamente, aun y cuando estas dos entidades comenzaron el proceso de fotocredencialización 21 días antes que Chiapas.
Este porcentaje de avance en Chiapas resulta sumamente sospechoso, si tomamos en cuenta que se han detectado serios problemas con la existencia de credenciales falsas y de tráfico ilegal de documentación oficial para obtener la nueva credencial.
Nuestro partido ha denunciado la entrega fraudulenta de credenciales a extranjeros, quienes han logrado sus documentos de identificación gracias a la venialidad de funcionarios públicos y de priístas. A nuestra demanda de investigación acuciosa y a fondo, no se ha dado una respuesta satisfactoria.
Chiapas también nos puede servir como ejemplo para analizar cómo ya desde hoy, en el proceso de credencialización se presentan distritos atípicos hasta el 24 de enero, en tanto que el distrito I con cabecera en Tuxtla, reportaba un avance del 35%, el distrito IX con cabecera en Ocosingo ya alcanzaba un 61%, el VII con cabecera en Palenque llegaba al 54.7% y el III con cabecera en Comitán llegaba al 55.2%.
Recalco aquí que en un mismo Estado, entre una ciudad como la de Tuxtla y tres distritos en zonas muy difícil acceso y con toda una serie de poblados pequeños, hay diferencias de entre 20% y 25%.
El proceso de fotocredencialización, según datos del INEGI y cálculos del Registro Federal de Electores, cubrirá un universo de 48 millones 717 mil 458 ciudadanos. El padrón actual con el que se parten los trabajos, es de 40 millones 280 mil 371 ciudadanos. Este padrón de un poco más de 40 millones de mexicanos, supuestamente fue sometido a un proceso de depuración integral en una primera revisión de gabinete, con el objeto de detectar duplicaciones, inconsistencias cartográficas y faltantes de documentos. Después de esta revisión de gabinete existía el acuerdo de realizar una verificación de campo. El Registro Federal de Electores reportó que sí se
había efectuado el primero de estos trabajos, la verificación en el gabinete, pero hasta el día de hoy no existe ningún reporte del trabajo de campo. Aclaro que los partidos políticos fueron marginados de todo este proceso.
Así pues, el padrón base con el cual se imprimen las credenciales en los módulos, tiene en general los mismos vicios que en 1991, sobre todo en lo que se refiere a nombres repetidos y posibles duplicados, pero en lo agravante de que los muertos que ha habido durante 1991 y 1992, aún no han sido dados de baja de este padrón.
La información sobre lo que en realidad sucede con el padrón, continúa en lo esencial vedada a los partidos políticos. Los partidos políticos fueron marginados del proceso de depuración integral del padrón, a pesar de que ya había un acuerdo de participación, a través de un mecanismo denominado mesas de control. Hasta hoy no nos han sido proporcionados a los partidos las listas de nombres repetidos ni las listas de duplicados y mucho menos las listas de control de las credenciales que están en los módulos.
En realidad, la campaña de fotocredencialización marcha sin una vigilancia efectiva que asegure la depuración fidedigna del padrón electoral, con base en el que sistemáticamente se ha defraudado el voto desde las elecciones de agosto de 1991.
Al desechar la mayoría oficial en la Cámara de Diputados, la propuesta de nuestro grupo parlamentario, de dar obligatoriedad jurídica a la capacidad de los partidos para verificar y depurar el padrón, en las comisiones de Vigilancia Distrital, contando para ello con los recursos necesarios, se cancelaron las posibilidades de garantizar un padrón fidedigno para las elecciones de 1994.
La creación del Comité Nacional de Supervisión y Verificación del Programa de Depuración Integral del Padrón Electoral y Nueva Credencial para Votar con Fotografía, como órgano auxiliar de la Comisión Nacional del Registro Federal de Electores, desde la óptica de nuestra fracción parlamentaria no garantiza una vigilancia imparcial y objetiva del programa mencionado, por ser un órgano subordinado a la autoridad responsable del padrón electoral.
La base de nuestra propuesta a la Comisión Plural de la Cámara de Diputados, o en cualquier otro mecanismo que se establezca para instituir una legalidad electoral efectiva, para realizar elecciones auténticas y limpias en 1994, es la depuración fidedigna del padrón electoral, lo que es imposible lograr con los mecanismos de supervisión y vigilancia hasta hoy vigentes, que están viciados de origen.
La falta de credibilidad y transparencia en los resultados electorales, se gesta desde el mismo padrón, y el proceso de fotocredencialización consecuente. Por todo lo anterior, nosotros sostenemos las mismas posiciones que sostuvimos cuando se dio esta discusión en el pleno, en torno a la fotocredencialización.
Es necesario depurar y verificar el padrón desde los partidos y ciudadanos, habilitándolos con los recursos necesarios a nivel de las comisiones distritales de Vigilancia.
Es necesario mantener la campaña intensiva de fotocredencialización a nivel nacional y no por fases regionales. Existe para este efecto, una ampliación del presupuesto del Instituto Federal Electoral, que se aprobó en la Cámara de Diputados en diciembre pasado.
Es necesario que a los partidos se nos entreguen cortes mensuales de la elaboración de listas nominales, y esperar hasta abril de 1994, como hasta ahora se pretende, y es necesario que el informe de la investigación solicitada sobre el fraude detectado en la fotocredencialización en Chiapas, también le sea entregada a los partidos.
Estas son las consideraciones que mi fracción parlamentaria ha querido hacer en esta tribuna, con respecto a la manera en como se viene desarrollando el proceso de fotocredencialización. Es todo. Gracias.
El Presidente: - Gracias diputado. Dos cuestiones previas señoras y señores legisladores, para continuar con este debate: primero, en el turno que dimos a la proposición del PPS, en referencia a los trabajadores mexicanos indocumentados, durante el debate la adicionó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y esta Presidencia, al turnar hizo caso omiso de la adición presentada por el diputado Enrique Cantú, por lo que ofrecemos una disculpa y agregamos al trámite, que se turna a las dos comisiones, de Derechos Humanos y Asuntos Fronterizos, con la adición presentada por el diputado Cantú.
Lo segundo, informarles a ustedes que se han registrado varios legisladores para intervenir en este debate, el diputado Fernando Lerdo de Tejada, el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, el diputado Jorge Calderón y el senador Oscar
Cantón Zetina. En este orden concedemos la palabra para este asunto, al diputado Fernando Lerdo Tejada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Lerdo de Tejada: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Iniciaría yo esta intervención rechazando las afirmaciones que ha hecho el diputado Miguel Angel León Corrales, con relación a los planteamientos que se vislumbran ya para la elección de 1994.
Nosotros creemos que, por el contrario, en lugar de ese sentimiento de que ha habido ilegalidad, creemos que ha sido el acuerdo de los partidos lo que precisamente nos está permitiendo transitar a una mejor y más clara democracia.
Y, desde luego que, es reflejo de esto, pues, ya el acuerdo interpartidista que para discutir precisamente los procesos de profundización de la democracia electoral, han firmado los distintos partidos políticos representados en esta Cámara.
De tal manera que, nosotros creemos que el camino hacia la elección de 1994 es un camino que definitivamente debe estar caracterizado por la construcción de una mejor democracia y por el empeño que pongamos todos los partidos políticos en este especial logro.
Nos comenta el señor diputado Miguel Angel León Corrales, algunas irregularidades que él ha venido detectando en el transcurso de la fotocredencialización y la depuración del padrón electoral. Yo quisiera comentarles a ustedes, señores diputados, que lograr una meta de 40 millones es realmente un objetivo ambicioso, es un objetivo importante el que nos hemos establecido.
Pero cuando hemos, además, pretendido hacerlo en una credencial con fotografía, desde luego el proceso resulta ser todavía más complejo.
Yo no creo que exista precedente en ningún país del mundo democrático, de la existencia de una credencial, específicamente para votar, con fotografía para cada uno de los ciudadanos.
Y es evidente, por lo tanto, que esta situación haya implicado un trabajo adicional, un esfuerzo que se requiere, no sólo del Gobierno, sino además de todos los partidos políticos, para poder llevarlo a cabo.
¿Cómo realizar, cómo lograr, cómo alcanzar esta importante meta? Pues, en primer lugar, yo les diría que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en donde están representados todos los partidos políticos, llegó al acuerdo de una estrategia específica, de un programa concreto, que fue aprobado por todos los allí reunidos.
Esta estrategia, que nos ha venido a explicar muy bien el señor diputado León Corrales, consta de las etapas que se ha señalado.
¿Qué era aquí lo importante, antes de iniciar las etapas regionales? Proceder a una depuración del padrón electoral, con el propósito de que las nuevas credenciales para votar realmente fueran aquéllas que contuvieran los datos exactos de los votantes. De esa manera, se ha procedido a realizar una revisión muy acuciosa de todas las solicitudes que se han presentado para inscripción en el registro, lo cual se realizó con el propósito y con el objeto de que no existieran duplicidades en las mismas.
Ante las deudas que algunos partidos políticos habían planteado sobre homónimos que existían y que por lo tanto se estaban entregando credenciales a personas con el mismo nombre y apellido, el Comité de Vigilancia del Instituto Federal Electoral decidió llevar a cabo una prueba de campo y, señores Legisladores, sepan ustedes que en esta prueba de campo de homónimos se detectó que el 98.8% realmente eran derivados de homónimos y solamente 1.2% correspondían a errores.
De tal manera que ha habido un esfuerzo importante para la depuración del padrón electoral, a efecto de que contemos con un instrumento confiable que sea la base para la nueva credencial de elector.
Posteriormente se tuvieron que cumplir una serie de factores técnicos entre los cuales estaban los relativos a hacer la credencial infalsificable. Se establecieron una serie de requisitos y quienes podrían cumplir en tiempo y forma con la entrega de las credenciales, para lo cual se llevaron a cabo las licitaciones correspondientes que como ustedes saben se llevaron no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional.
Y con esos elementos en la mano se decidió entonces si, a ir a aplicar la estrategia de dos etapas regionales que nos comentaba el diputado León Corrales para ver cuáles podían ser los resultados iniciales de este proceso de fotocredencialización.
Y así tenemos que en esta primera etapa, compañeros diputados, en un corte acumulado que
yo tengo al 7 de febrero y que con mucho gusto les paso a nuestros compañeros legisladores del PRD, a nosotros nos lo acaba de pasar nuestro representante precisamente en el Comité de Vigilancia y es un cuadro muy didáctico: se señalan en términos generales las mismas cifras que señalara el diputado León Corrales.
Sin embargo, era aquí una interpretación diferente de esas cifras. El nos dice de este total- padrón de ocho entidades que debe de abarcar a 13 millones y medio de ciudadanos únicamente se han entregado 7 millones en estos tres meses y cerca de 2 millones, yo le diría que son al 7 de febrero, 2 millones 400 mil, no han podido recibir su credencial debido a altas o cambios en la credencial.
Sobre esto diría yo que en primer lugar el que se hayan entregado ya 7 millones de credenciales implica que se ha entregado el 53% del padrón registrado de estas ocho entidades. Y compañeros diputados yo creo que el haber entregado ya el 53% es un número alto de entrega física realmente ya de credenciales que nos indica por supuesto el éxito que está teniendo el programa de fotocredencialización.
Hay una preocupación porque no se han entregado estos 2 millones 400 mil credenciales, de las cuales el 12.6% corresponde a altas, es decir, a nuevas credenciales que se están solicitando en los módulos de empadronamiento correspondientes y solamente el 5.2% relativos a cambios.
Mi interpretación, compañeros, y yo creo que realmente no puede haber otra, es que obviamente estas credenciales no podrían haberse entregado cuando estamos hablando de 1 millón 700 mil personas que van a darse de alta al padrón y que por lo tanto por primera vez hacen entrega de sus datos correspondientes.
Podríamos interpretar que el hecho de que no se les haya entregado esta credencial, que como todos los que ya la fuimos a recoger sabemos que está en una forma prellenada, en donde llegamos nosotros y revisamos nuestros datos y que una vez que nos cercioramos que estos datos son los correctos, vamos, nos tomamos la fotografía y unos minutos después nos entregan la credencial. Para aquellos de nosotros que ya realizamos este sencillo proceso, pues es fácil darnos cuenta de que si una persona llega por primera ocasión a solicitar su alta a los módulos de registro pues será imposible que tengan sus datos en la forma prellenada con anticipación.
De tal manera que yo no puedo ver en esta situación que se pretenda rasurado alguno, ni mucho menos que se quiera traer a las personas que han ido a darse de alta o verificar algún cambio, a la vuelta como ya se ha señalado.
¿Por qué no es posible esto?, porque si ya ahí han entregado sus datos, será ahí el módulo donde recojan su credencial y por lo tanto no tendrá razón alguna el que vayan a otro a ver si están en ese empadronados o no.
De tal forma, compañeros, que sobre ese primer elemento consideramos que realmente ha sido muy exitosa la campaña de fotocredencialización, que han sido muy positivos los resultados, que éstos han sido mayores a las expectativas que se tenían y que en términos generales el 53% de estas entidades tiene ya físicamente su nueva credencial para votar.
En el Distrito Federal, para darles un ejemplo, de un padrón de prácticamente 5 millones de ciudadanos, se ha entregado ya a tres meses de que se ha iniciado el programa, 2 millones 459 mil, prácticamente 2 millones y medio lo que hace un 51% del padrón total, en tres meses, cuando todavía nos falta, porque se acaba de ampliar el plazo, otros dos meses y prácticamente tres meses porque termina hasta el 31 de mayo para poder asistir. Y cuando todavía podríamos entrar a una segunda etapa nacional para ello.
Se nos habla, compañeros, de que Chiapas es un caso atípico, de que en Chiapas hay motivos de duda y de cuestionamiento. Yo simplemente diría que existen cuatro entidades, esto es, arriba del 50% con credenciales entregadas, arriba también del 50%, esto es, en realidad Chiapas con el 57%, que nos comentaba el compañero León Corrales, no es ninguna excepción; lo mismo ha sucedido en el Distrito Federal o ha sucedido en el Estado de México, en Tabasco o en Chiapas. En todas estas entidades la entrega de credenciales está ya por arriba del 50%, de tal forma que no vemos de ninguna manera cómo pueda haber dudas al respecto.
Se nos señala que los partidos han sido marginados de este proceso. Yo quisiera comentar sobre esto básicamente dos cuestiones. La primera es que existen comisiones de vigilancia, señores senadores y diputados, que como ustedes saben están establecidas a nivel distrito, a nivel de Estado y a nivel nacional, con participación de todos los partidos políticos y en donde en estas comisiones se definen correctamente los programas de vigilancia. Se establecen
con claridad cuál debe ser a nivel distrital, cuál debe ser la ubicación de los módulos, cuál debe ser la cobertura que estos módulos deben de tener, y cuáles deben ser los horarios de funcionamiento de estos módulos.
De tal manera que aquí estamos hablando nosotros de un proceso que es completamente vigilado por los partidos políticos, no nada más a nivel nacional o a nivel de cada una de las entidades federativas, sino que lo es, adicionalmente, a nivel de cada uno de los distritos.
Pero por si esto no fuera poco, quisiera yo comentarles que se ha establecido una Comisión Nacional de Supervisión y Evaluación, lo que se llama la: (CONASE). Y esta Comisión Nacional, señoras y señores, está integrada, fíjense ustedes, por dos representantes de cada uno de los partidos políticos. Uno que es el comisionado ante el (IFE), y otro que es un asesor, con plazas que le son desde luego cubiertas por el Instituto, y cuya función únicamente es la de verificar la depuración del padrón en el campo, así como el proceso de fotocredencialización.
Para este nuevo órgano que creemos nosotros que es de relevancia, se han establecido también recursos presupuestales correspondientes, a efecto de que pueda cumplir su función.
De tal manera que ¿no hay vigilancia? Yo creo que existe realmente una vigilancia, y una vigilancia estrecha por parte de los partidos. Hay muchos elementos, compañeros, que podríamos comentar de la intervención del señor diputado Miguel Angel León Corrales, y para terminar yo simplemente diría que a mí me extraña mucho que haya cuestionamientos sobre el padrón y la fotocredencialización de 1994, cuando estamos apenas en la primera fase de la primera etapa de todo este proceso.
A mí realmente me llama la atención que a unos cuantos meses de que se ha iniciado este proceso, y con gran éxito, como lo demuestran las cifras, querramos ya cuestionar la validez y la legalidad del mismo.
El proceso apenas se está iniciando, y yo creo que hay todavía muchas oportunidades para que los partidos políticos, en el foro correspondiente que es el del (IFE) en donde están todos representados, y sabemos que participan además activamente, hagan ahí saber sus dudas, para que de esa manera se tomen las acciones correspondientes.
Yo quisiera simplemente invitar a los compañeros del PRD, como hacerlo también con las demás fuerzas políticas, a que participemos y a que trabajemos seriamente para que si existen dudas, si existen cuestionamientos en la forma como se están integrando estos importantes mecanismos e instrumentos electorales, trabajemos para resolverlas.
Realmente, y así lo considero, la fotocredencialización es un proyecto muy ambicioso, que además ha costado, como todos lo sabemos, mucho dinero y que precisamente yo creo que existe la intención del Gobierno Federal, de todos los partidos políticos, de que este instrumento realmente sirva para lo que hemos estado trabajando; para transparentar, para mejorar, para profundizar en nuestros procesos democráticos electorales. Gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra, en términos del 102, el diputado Miguel Angel León Corrales.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Bien, el problema de la fotocredencialización y las afirmaciones que yo hice en esta tribuna, de ninguna manera puede ser un problema de sentimientos, es un problema de irregularidades que yo con toda claridad planteé y que algunas de ellas el compañero Lerdo de Tejada no me contestó.
Y por otro lado, no tiene absolutamente nada de extraño, vuelve a salir otra vez esto de los extrañamientos, que a tres meses de iniciado el proceso de fotocredencialización, nosotros ya estemos planteando las irregularidades. Eso al contrario, si partimos de la base de que será hasta el 1o. primero de abril de 1994, cuando tendremos nuestra copia como partido, si es que se cumple con esto. Todos sabemos que en la mayoría de los casos no se cumple con esto y estamos recibiendo los listados nominales en muchísimas ocasiones el día de las elecciones.
Bien, si se cumple la Ley, recibiremos hasta el 1o. de abril de 1994 una copia de los listados nominales y, recalco esto, ¡tendremos solamente 20 días para revisar el listado nominal de todo este país, y como yo decía el INEGI prevé que va a ser de más de 48 millones de mexicanos!
Me parece a mí que es precisamente ahorita desde el inicio, cuando nosotros nos vemos obligados a ir planteando, cada vez que sea necesario, cuales son las irregularidades que el proceso de fotocredencialización está teniendo a tres meses de iniciado.
En efecto, se nombró por acuerdo de todos los partidos, el 11 de diciembre, un Comité Nacional
de Supervisión y Evaluación del Programa de Depuración Integral del Padrón Electoral y Nueva Credencial para Votar con Fotografía. Y el hecho de que se haya nombrado esta comisión le permite a nuestro compañero diputado asegurar, y me parece que esto es muy arriesgado, que el proceso que tiene qué ver con el padrón y con la fotocredencialización es un proceso, lo dijo él, "completamente vigilado".
Por el hecho de que nosotros tengamos a un representante en este comité que se formó, y a un asesor técnico con sueldo que lo apoya, no significa de ninguna manera que está completamente vigilado.
Este comité que se formó no tiene las más mínimas posibilidades de verificar el proceso del padrón y el proceso de fotocredencialización en lo regional. No existen las más mínimas posibilidades.
Y por esa razón nosotros, en la reunión de ese comité y en la reunión del consejo de vigilancia y en la reunión del Instituto Federal Electoral, hemos afirmado una y otra vez que es necesario que ahí donde surjan distritos atípicos, y mencioné yo el caso de Chiapas. Hablé de cuatro distritos. El compañero no se refirió a eso, pero yo mencioné las cifras. Repito, que ahí donde existan distritos atípicos los partidos, todos los partidos sin excepción, podamos formar comisiones que tengan las posibilidades físicas y económicas para ir hasta aquellos distritos y realizar una verificación a fondo, profunda.
¿De qué sirve que existe este comité en lo nacional, si allá en la selva de Chiapas hay cuestiones problemáticas, irregularidades y distritos atípicos, y esta comisión no tiene la más mínima posibilidad de ir hasta allá a verificar?
Este es un planteamiento que nosotros lo hemos hecho una y otra vez a través de nuestro representante en el consejo de vigilancia y en el Instituto Federal Electoral y no se nos ha aceptado.
¡Exigimos que ahí donde hay irregularidades o distritos atípicos o donde los partidos, cualesquiera, tengamos sospecha de que algo anda mal, se puedan formar comisiones plurales que vayan y verifiquen en el campo, a fondo, en el lugar que sea, lo que ahí está sucediendo!
Eso se nos ha rechazado y no se ha podido implementar de ninguna manera.
Hemos hecho saber nuestras dudas una y otra vez, y yo le decía al principio. No existe ahorita en manos de los partidos la información necesaria para verificar el padrón. Y el hecho de que yo venía aquí con un informe al 24 de enero, con un corte al 24 de enero y el compañero Lerdo con un corte al 7 de febrero, pues simplemente una muestra de eso.
Hasta hoy por la mañana nuestro representante en la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores no tenía ese corte que tiene el compañero diputado Lerdo.
Y yo evidentemente tenía la obligación de atenerme a las cifras con las que contaba de manera claramente oficial.
¿Qué pasa en Chiapas?, ¿qué pasa en Chiapas con el proceso de fotocredencialización y qué pasa en todo el país? Esa es la cuestión fundamental. Nosotros tenemos todo el derecho a desconfiar del proceso ahí donde vemos irregularidades.
Por ejemplo, ¿cómo es posible que en Coahuila, Nuevo León y Durango hasta el día de hoy, hasta este momento, no se han entregado las listas con los nombres de las personas que se responsabilizarán de los módulos? Faltan cuatro días para que en estos tres estados, entre otros, comience la segunda fase de la primera etapa del proceso de fotocredencialización. Y ¿qué acaso las personas que se van a encargar de los módulos no requieren capacitación? ¿De dónde las están sacando? ¿Cómo es posible que a cuatro días no se les hayan contratado en tres estados?
O hablemos del caso de Chiapas. Nuestro compañero representante ante el Consejo de Vigilancia del Registro, realizó una visita a Chiapas y 30 personas, nosotros tenemos los nombres y las direcciones de ellas, aportaron su testimonio en el sentido de que muchos ciudadanos centroamericanos que trabajan en nuestro país ya habían obtenido su nueva credencial, en virtud de que los jueces municipales les estaban extendiendo actas de nacimiento a cambio de cierta cantidad de dinero y que esas mismas personas portan credenciales del PRI. Esta anómala situación se presenta prácticamente los 10 municipios que comprenden el V distrito electoral federal, Unión Juárez, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, etcétera. Como casos concretos estas 30 personas citaron el caso del juez de la fracción "La Unidad", que les ha extendido actas de nacimiento falsas a César Pérez, Carmen Cruz Pérez, Miguel Jiménez, Froylán Bartolón y unas 300 gentes más. En Chiapas hay problemas.
Cualquiera que tenga la oportunidad de verificar los resultados de las votaciones en Chiapas por distrito en agosto de 1991, se dará cuenta de una cosa clarísima. Esos tres distritos que yo mencioné, en los cuales se llega a porcentajes incluso de arriba del 60%, en tanto que en Tuxtla Gutiérrez se llega a porcentajes de abajo del 40%, esos mismos tres distritos son los tres distritos en los cuáles en agosto de 1991 votó el 100% de las personas que componían el padrón electoral en ese momento, son los mismos tres distritos en los cuales el Partido Revolucionario Institucional sacó su mayor votación en el Estado. Y ese otro distrito, en Tuxtla, en el cual hay avances de menos del 40%, es el mismo distrito que en 1991 el Partido Revolucionario Institucional sacó su votación más baja.
Que nosotros estemos planteando a tres meses de iniciado el proceso que hay irregularidades, no debe extrañar a nadie. Que nosotros estemos planteando esas irregularidades, más que extrañar debería de poner a las autoridades y a los partidos en la opinión que si ahí existen irregularidades, según el punto de vista del PRD, hay que ir a verificarlas; ahí, en el campo, demostrar que no existen, o ahí en el campo demostrar que sí existen.
Pero cuando una y otra vez nosotros solicitamos ante la Comisión Nacional de vigilancia y ante el IFE que se nombren comisiones plurales con condiciones físicas y económicas para ir al lugar de los hechos, una y otra vez se nos niega esta posibilidad.
Conclusión: El proceso no está completamente vigilado.
Nosotros sostenemos aquí y en el IFE...
El Presidente: - Permítame diputado.
Pregunta el señor diputado Lerdo de Tejada ¿sí acepta usted una interpelación?
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Claro que sí, con todo gusto.
El Presidente: - A ver, adelante. Acepta el diputado y lo autoriza la Presidencia. Adelante diputado.
El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna (desde su curul): - Nada más preguntarle al señor licenciado León Corrales, ante la preocupación que manifiesta por irregularidades en distintos distritos y la convivencia de que los mismos partidos verifiquen en el campo la situación existente, si sabía él que la Comisión Nacional de Supervisión y Evaluación, en donde como acabo de señalar, participan dos miembros del PRD, tienen para este año 8 mil millones de pesos de presupuesto, con el propósito de verificar en todos aquellos distritos que así consideren conveniente, los avances en el padrón y en la fotocredencialización.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Bien compañero, yo lo único que le diría es que cuál razón existe para que no se use una mínima parte de todo ese dinero para que se forme una Comisión plural, amplia, no este comité nacional porque ese comité nacional no tiene las condiciones, sino una Comisión plural amplia que vaya a Chiapas a verificar si lo que nosotros afirmamos es cierto o no, porque yo quiero informarle que frente a nuestra proposición de que una comisión plural verificara, la respuesta del IFE fue que esa investigación la tenía que hacer la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de la República la ésta haciendo y la PGR entregará un informe al Instituto Federal Electoral, pero bueno, yo lo que le plantearía es que en todo caso en esta Cámara, todas las fracciones estuviéramos de acuerdo con usted de que se use parte de ese dinero para que la propuesta del PRD, de que una Comisión especial y plural, vaya a Chiapas, se implemente, yo estoy completamente de acuerdo compañero, porque esa alternativa es la que se nos ha negado una y otra vez en el IFE.
Por último, el problema de ese yo decía millón 800 mil al corte del 24 de enero, el compañero Lerdo nos planteaba cifras más nuevas al 7 de febrero de dos millones 400 mil personas que van al módulo y porque son nuevos votantes porque tienen cambio de domicilio o porque su credencialidad tiene una anomalía se van a su casa sin su credencial. Es una preocupación muy clara de mi partido y lo vuelvo a manifestar, hay ciudadanos de estos ocho estados en los cuales la primera etapa se ha implementado durante tres meses, hay una cantidad enorme de estos ciudadanos que han ido no una, tres o cuatro veces al módulo a ver si ya está su credencial y le vuelven a dar una nueva fecha; nos preocupa que estos ciudadanos que han respondido de una manera cívica y nacionalista, democrática al llamado, a la fotocredencialización, en un momento determinado se cansen de estar yendo una y otra vez al módulo y regresar a su casa sin su credencial, esa es nuestra preocupación, ahí se puede de alguna manera detener esa reacción ciudadana y le repito, lo que mi partido preguntó el 30 de septiembre en la Comisión Nacional de Vigilancia del
Padrón Electoral el año pasado teníamos esa preocupación, al director se la hicimos saber y le planteamos que si estaba o no garantizado que esos nuevos ciudadanos con toda prontitud recibieran su credencial. El dijo que no había ningún problema y yo sobre la base de lo que él dijo, estoy planteando que hay incumplimiento a lo que el director del registro planteó.
En ese sentido, qué bueno que estemos planteando nuestras irregularidades al principio del proceso y ojalá se creen todas las condiciones para que la vigilancia se dé de manera directa y explícita, para que de esa manera por ejemplo, desde el punto de vista de ustedes, el PRD no diga al final que el padrón tiene anomalías pero si no se nos permite una vigilancia de fondo, nosotros sostenemos esta idea: hay irregularidades y que se aclaren.
El Presidente: - Para rectificar hechos, el señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas del PARM.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente, señores legisladores.
Con referencia a este tema de la pretensión de ser muy breve, solamente hacer algunas aclaraciones que estimamos pertinentes.
Oportunamente el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en la instancia de la Comisión de Vigilancia, presentó la denuncia correspondiente a estas alteraciones de la recepción del padrón electoral y la fotocredencialización a cientos o miles de ciudadanos que consideramos de origen guatemalteco y beliceño. Lo hicimos tanto en la instancia de la Comisión de Vigilancia, como también en el Instituto Federal Electoral, precisamente el día que asumió funciones el nuevo titular, y correspondientemente también presentamos la denuncia ante la Procuraduría General de la República.
De ahí que en cuanto a estas irregularidades en la recepción de ciudadanos para empadronarse, fundamentalmente en algunas de las entidades del sur del país el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ya ha hecho las denuncias correspondientes en estas tres instancias señaladas.
El Presidente: - Gracias diputado, por su información. Ahora concedemos la palabra al señor diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Señores legisladores:
Voy a dar lectura a un punto de acuerdo que presentamos a la consideración de los distintos grupos parlamentarios que forman parte de esta Comisión Permanente y que tal como se verá al término de la lectura del mismo, suscribimos el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido de la Revolución Democrática.
Dice así: "Considerando que existe una voluntad manifiesta de las fuerzas políticas del país para lograr transparencia, confiabilidad y legalidad en los procesos electorales. La conformación del padrón electoral y la expedición de la credencial para votar es una actividad fundamental en estos procesos.
Para las elecciones federales de 1994, los ciudadanos contarán con una nueva credencial para votar con fotografía, que servirá además como documento de identificación y base del futuro registro nacional ciudadano. Es una cuestión de interés general el que esta credencial se expida oportuna y verídicamente a quien tenga derecho a ella.
La vigilancia del proceso de fotocredencialización por parte de todos los partidos políticos, es una tarea de primer orden que requiere para su adecuado cumplimiento de información y recursos económicos suficientes.
Por disposición constitucional, actualmente la organización de las elecciones es una función que compete a los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, y que por lo que corresponde al Poder Legislativo Federal, es innegable que la materia electoral está confiada a un órgano colegiado que debe discutir y conducir colectivamente su intervención en el proceso electoral; y, los comisionados de las cámaras de Diputados y Senadores, ante el Instituto Federal Electoral, están obligados a informar de la marcha del mismo.
Los partidos políticos nacionales abajo firmantes que concurrimos en la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, suscribimos el siguiente punto de acuerdo:
Primero: Es necesario que el Poder Legislativo Federal, cuente con toda la información que le permita adoptar las medidas legislativas sobre cada etapa del proceso electoral, por lo que el Instituto Federal Electoral debe proveerlo de esta información y específicamente de la que corresponde al proceso de fotocredencialización.
Segundo: Para el actual proceso de fotocredencialización, resulta conveniente establecer
mecanismos especiales de verificación con la intervención de todos los partidos políticos en los distritos en los que la cobertura de fotocredencialización es atípica.
Tercero: Los partidos políticos nacionales, deben contar con la información y recursos necesarios para poder verificar oportuna y eficazmente el padrón electoral y para supervisar el proceso de fotocredencialización.
En consecuencia, instamos a los comisionados del Poder Legislativo Federal ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a pugnar, en el seno de ese órgano, para que se adopten estas medidas recomendadas e igualmente instruyan al Registro Federal Electores para que se intensifique la campaña de propaganda, se aumente el número de módulos, se ubique a éstos para que sean accesibles a los electores de cada distrito, se vigile adecuadamente el proceso de fotocredencialización y adopten las medidas conducentes a fin de garantizar la permanencia, continuidad, publicidad y duración necesaria de la fotocredencialización en todos los distritos electorales.
Igualmente exhortamos a dichos representantes a informar a sus respectivas cámaras, sobre la situación que guarda el proceso de fotocredencialización.
Por los grupos parlamentarios, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Carlos Cantú; Partido de la Revolución Democrática, diputado Jorge Calderón, diputado Miguel Angel León Corrales.
Dejo este punto de acuerdo de los partidos que lo hemos suscrito, para que sea objeto de trámite legislativo correspondiente.
El Presidente: - Gracias, señor diputado.
Concedemos la palabra ahora el señor senador Oscar Cantón Zetina del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Oscar Cantón Zetina: - Con su venia, señor Presidente, compañeros diputados federales; compañeros senadores de la República:
Sin lugar a dudas el esfuerzo por tener credenciales de elector es un esfuerzo plural de las organizaciones políticas, del Gobierno, pero sobre todo de los ciudadanos, que en estos días han cooperado para que el proceso de credencialización se efectúe lo más rápido y completo posible. Por lo tanto, no es posible para la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, aceptar este punto de acuerdo que han propuesto aquí las fracciones del PRD y del PARM.
Como ya lo abundó suficientemente el señor diputado Fernando Lerdo de Tejada, hay un extraordinario esfuerzo por parte de muchos mexicanos, de todas las filiaciones políticas, de todas las corrientes políticas, para lograr que en 1994 tengamos un instrumento como es el padrón electoral, lo más confiable posible, que tengamos un instrumento electoral como es el padrón, hecho por seres humanos que están utilizando ahorita la tecnología existente, lo más avanzado, como no hay ningún procedente, dijo el diputado Lerdo de Tejada, en el mundo, cosa que es cierta, de llegar a un universo de 40 millones de mexicanos, de seres humanos, para lograr que tengan una credencial de elector con fotografía y se presenten a ejercer, en 1994, el acto democrático por excelencia que es el voto.
Se propone aquí en el punto de acuerdo que se informe por parte del Instituto Federal Electoral, acerca de las actividades que tiene esa institución, sobre todo en este programa de fotocredencialización.
Hay que recordar que el Poder Legislativo Federal, esta suficientemente representado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Hay dos ciudadanos diputados representando a la honorable Cámara de Diputados, uno elegido por la mayoría y el otro por la primera minoría. También hay dos ciudadanos senadores de la República representando a ese cuerpo colegiado, exactamente con la misma fórmula es elegido, la mayoría uno, y la primera minoría otro. Por cierto, el PRD tiene al señor senador Porfirio Muñoz Lerdo como representante ante el Consejo General de IFE, o sea que si ya hay un mecanismo que plantea el código, yo pensaría que es una duplicidad pretender que tengamos una información adicional, cuando sabemos bien que en los órganos todos del Instituto Federal Electoral, están representados todos los partidos políticos, como puede ser la Comisión Nacional de Vigilancia, o las comisiones locales y distritales de Vigilancia.
Hay que recordar que son órganos paritarios, que están integrados todos los partidos políticos con registro en el país, o sea, ellos son los que analizan, los que evalúan, los que supervisan, los que dictaminan cuáles son las medidas a tomar en este amplísimo programa de fotocredencialización.
Yo creo que no es válido desvirtuar ese gran esfuerzo nacional, que ha emprendido un numeroso grupo de mexicanos.
También para asegurar una mayor vigilancia del programa específico de fotocredencialización, se dijeron aquí que se formó el Comité Nacional de Supervisión y Evaluación, el CONASE. Ahí están representados nuevamente todos los partidos políticos, en forma paritaria, no importa el tamaño, el número de votos que hayan tenido; ahí es en forma totalmente equitativa.
Hoy todavía tuvo una sesión. Ese órgano sesiona por lo menos una vez a la semana. Hay semanas que ha sesionado dos y tres veces.
Hay que recordar, como apuntaba ya ciertamente el diputado Lerdo de Tejada, que ese comité recibió recursos propios, que con una ampliación para este año, también en 1993, el dato que dio el diputado Lerdo de Tejada es correcto, pero con una ampliación los recursos llegan a aproximadamente 14 mil 500 millones de pesos viejos para este año. Esos gastos son exclusivamente para que los ejerzan los partidos políticos, en difusión propia acerca del Programa de Fotocredencialización, y supervisión propia de este programa. Una parte ya fue utilizada por miembros del Partido de la Revolución Democrática.
En este año que va corriendo, ya se han invertido, de esa cantidad que decía yo de 14 mil 500 millones de pesos viejos, en enero aproximadamente, quiero redondear, son 600 millones de pesos viejos, y en lo que va de febrero, aproximadamente 50. Ahí comprenden viáticos y honorarios pagados a miembros de todos los partidos políticos para supervisar estos casos específicos que dicen de los distintos atípicos, como aquí le han definido, o sea, se está cumpliendo perfectamente con la vigilancia y con la supervisión de lo que este grandioso esfuerzo democrático de la sociedad mexicana.
Todavía el próximo 19 de febrero, el Consejo General del IFE, tendrá una reunión específica para evaluar los resultados de la primera fase de las ocho entidades que comprendieron, entre ellas al Estado de México y el Distrito Federal, es decir, a niveles nacionales y a niveles locales, en las comisiones locales y distritales de Vigilancia, se está llevando a cabo esta supervisión, y esta revisión de cómo se va andando.
Yo creo que es importante el dato decir de que los módulos, por decir algo, los módulos fueron señalados en su ubicación, fueron acordados en su horario de trabajo. En un 95% fueron consensualmente, es decir, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo y solamente un 5% se hizo por mayoría.
También hay que recordar que esto se va perfeccionando sobre la marcha. Este gran esfuerzo no tenía parangón, no sólo en México, sino en ningún país del mundo.
Entonces, hay que recordar, por ejemplo, que en el Distrito Federal, donde hay 400 módulos, en noviembre se reubicaron algunos, a petición de los partidos políticos. Hay que recordar que ahora, en la segunda etapa en el Distrito Federal se van a ubicar cinco de 400, y se van a suprimir ocho de 400; o sea, hay una gran dinámica operativa, hay un gran esfuerzo que está dando resultados y que va permitiendo que cada día sea más transparente y más participativa aquí la forma en que los partidos políticos están actuando por una mejor democracia en México.
Claro, yo entiendo de que a veces es buena estrategia escribir libros sobre crónicas de muertes anunciadas, pues se vendieron muchísimos ejemplares. También se utilizan a veces argumentos ya muy conocidos; no necesariamente van a asegurar un Best Seller, por supuesto que no, por supuesto.
Pero lo que yo creo, es que realmente debemos de darle una dimensión a proseguir los esfuerzos de comunicación, de logística y de operación en este programa de fotocredencialización.
Hablan de continuidad, claro, el punto de acuerdo lo dice, bueno, continuidad la hay. Para eso están las diferentes fases del programa, no es limitativo en tiempos; ahora estamos en la primera etapa.
Sin embargo, como se vio la necesidad de prorrogar, diría yo, el tiempo para que casi el otro 50% que falta en el Distrito Federal, en el Estado de México tengan su credencial de elector físicamente, bueno, pues se da. Estamos en tiempos muy convenientes y todavía falta otra vuelta, que se le ha llamado la fase nacional.
Es decir, creo que hay que ver con un enorme horizonte democrático, pero además reconociendo el gran valor del pueblo mexicano, su participación aquí.
Se quejaban de que había habido 190 personas, superando la expectativa, en un módulo. Alegrémonos de ello. Estamos en tiempo para darles su credencial en el momento y forma adecuados.
Por cierto, no es necesario que estén dando vueltas al módulo quienes dieron los datos para inscribirlos en el padrón y que tengan que ir a recoger al módulo su credencial; no hay tal. El Instituto Federal Electoral, a través del Registro Federal de Electores, les va a llamar, así se les ha indicado, cuando llegan al módulo a dar sus datos. No es necesario.
Yo creo, y esto lo digo con un gran respeto a los compañeros del PRD, creo que debemos esforzarnos en aclararles eso a quienes han ido a dar una vuelta. Yo entiendo, la verdad, porque cuando yo fui a sacarla me encontré con un problema parecido, pero yo entiendo por qué está ocurriendo eso. ¿Saben por qué? Porque esta credencial de elector con fotografía está siendo sumamente útil para muchos trámites, y lo que antes no se quería obtener por desidia o por falta de interés en los procesos políticos, ahora por lo menos, y conste hago la aclaración, no es que desvirtúe el proceso político, por supuesto que no, pero ahora por lo menos lo están viendo como un instrumento de identificación sumamente útil. Entonces, ha habido una gran afluencia, hay que reconocerlo por eso.
Entonces, no es necesario que lleguen a dar vueltas al módulo. El módulo, el propio Registro Federal de Electores, insisto, les va a comunicar, y después de un cierto tiempo de que dieron sus datos al padrón y no han recibido llamado del Registro Federal de Electores, yo sí creo que es conveniente, entonces, que se presentaran a indagar, a preguntar por qué no la han recibido. Creo que es lo conveniente.
Ahora bien, también yo quisiera aclarar un poquito porque me corresponde casi por región. Los que somos del sureste, algunos de Chiapas, algunos de Tabasco, nos confundimos, somos exactamente igual a guatemaltecos o a costarricenses, hablamos igual, nos comemos las letras y nos comemos los plátanos fritos. ¿Qué ocurre con esto? De que en la necesidad extrema en que están algunos guatemaltecos o algunos centroamericanos, por la necesidad de seguridad o de trabajo están en este país y requieren documentos de identidad, se han dado parece ser porque se está averiguando por parte de la Procuraduría General de la República estos casos, se han dado, pero hasta ahorita son 129 casos nada más que tiene la Procuraduría General de la República y que está investigando.
Y hay que reconocer, el Instituto Federal Electoral, ha demandado una pronta investigación, ha ratificado la demanda. Bueno, entonces hay que entender que algunos indocumentados tal vez ejerciendo algún dato de corrupción con algunas autoridades que yo no aceptaría pero podría suponer que se pueden dar, para obtener nuevamente con fines de identificación esos documentos.
Pero creo que lo importante es como hizo aquí la aclaración el diputado Cantú, se hace la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República y tendrá que investigar, pero yo creo que de eso se trata, de que tengamos cada día un proceso más limpio y más completo para que nos aseguremos que en el voto se ejerza la voluntad de los mexicanos, la voluntad de los ciudadanos que pueden ejercer derechos políticos en este país.
El punto de acuerdo que se propone, entonces para nosotros no es necesario, sería prácticamente una duplicidad de que el Poder Legislativo tenga información cuando tiene sus propios representantes, cuando ya tiene la información al día. Hoy, le pueden preguntar a sus representantes que estuvieron, hoy en la mañana del Comité de Supervisión y Evaluación.
Entonces yo creo que esto es innecesario, no creo que debamos de darle por el contrario un voto de confianza a todos esos mexicanos que trabajan o no trabajan en el Instituto Federal Electoral y que están haciendo el mayor, el mayor esfuerzo que ha hecho el pueblo de México por lograr un padrón, limpio, transparente, que no perfecto, nunca lo va a ser, somos seres humanos.
Pero si confiamos en la buena fé, si vamos corrigiendo las irregularidades, seguramente vamos a llegar a 1994 con un instrumento, como decía antes, totalmente confiable, más confiable de lo que fue en 1991.
Y no desvirtuemos, no denigremos el trabajo de los mexicanos. No denigremos a priori ese interés democrático, ese interés cívico, ese interés pacífico de los mexicanos de ir logrando mayores niveles de bienestar por la vía pacífica, por la vía de la democracia que tiene su forma sublime en el voto.
Compañeros diputados y compañeros senadores, ciertamente los puros votos no hacen la democracia, ciertamente. Pero también es cierto que sin votos no hay democracia y que sin credencial de elector no se puede votar. La credencial de elector es el elemento fundamental de la práctica democrática, sin esta credencial no se pueden ejercer derechos políticos ni cumplir con las obligaciones ciudadanas.
Entonces solamente con electores debidamente acreditados e identificados de manera objetiva y con un padrón electoral rigurosamente cuidado, tendremos elecciones más limpias, transparentes y libres de sospechas. Así ya no será pretexto la credencial de elector para descalificar nuestros grandes avances democráticos. Muchas gracias.
El Presidente:- Muchas gracias señor senador. Tiene la palabra para el mismo asunto el diputado Jorge Calderón del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Estimados legisladores: En las discusiones que se realizaron en octubre de 1991 previas a la propiamente constitución de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, particularmente en numerosas discusiones que se dieron sobre proceso de votación en diferentes distritos electorales, una crítica reiterada, fundada en distintos partidos políticos, no nos referimos solamente a las opiniones vertidas por el Partido de la Revolución Democrática, repito, diferentes partidos y fuerzas políticas de oposición lo sostuvieron, hicimos cuestionamientos al padrón electoral que sirvió de base a ese proceso de agosto de 1991.
Sostuvimos antes de las elecciones, después y durante esas discusiones del colegio electoral, que millones de mexicanos fueron excluidos de la entrega efectiva de esas credenciales. Y sostuvimos también que por diversas vías existían numerosos casos de personas que indebidamente detentaban o tenían en sus manos credenciales de elector sin ser los debidamente facultados para ello.
Hicimos también, desde distintas vertientes y de manera plural, diferentes críticas relativas a algo que aquí ya se tocó que es la verificación del padrón y la ausencia de voluntad que existió en numerosos distritos electorales para entregar oportunamente las listas nominales de electores a los partidos políticos. Hubo casos, incluso, que la lista entregada a los partidos políticos fue diferente a aquella que efectivamente tuvieron en sus manos las autoridades electorales en cada casilla electoral.
Hubo numerosas protestas ciudadanas no sólo de partido, de lo que el pueblo denominó: "rasuramiento del padrón electoral", cancelación del derecho efectivo a tener esa credencial electoral. Y numerosos casos, en donde pese a haber sido visitados por quienes iban a expedir esa credencial y pese a reiterados esfuerzos de los ciudadanos para obtener su credencial finalmente no les fue entregada. Todavía ese debate en torno al proceso electoral de 1991, cuya legitimidad nuestro partido y otras fuerzas cuestionamos oportunamente, todavía este debate tiene ecos precisamente en lo que aquí estamos analizando.
El hecho de que hemos destaco y nos referimos a datos oficiales del Instituto Federal Electoral y particularmente del Registro Federal de Electores. El hecho de que estamos destacando al 24 de enero de 1993, aunque aquí ya se dieron referencias al 7 de febrero, que hay un 17% de ciudadanos que no son de reciente empadronamiento, es decir, que no estaban en esas credenciales preeleboradas, bueno, les puede parecer un dato de escasa relevancia, les puede parecer un dato de poca importancia, pero si extrapolamos ese 17% al conjunto al de la República, estamos ante un fenómeno que oportunamente denunciamos y que hoy podemos constatar en este proceso de fotocredencialización, que es la exclusión de millones de mexicanos a quienes en violación de sus derechos constitucionales no se les entregó en forma oportuna y expedita a su credencial de elector para ejercer su derecho constitucional al voto en las elecciones de agosto de 1991.
Evidentemente no se trata de jóvenes que han alcanzado la edad de votar en este período. Se trata de ciudadanos que tenían perfecto derecho para tener esa credencial y que hoy ante la posibilidad de acudir a módulos específicos para obtener su credencial de elector lo están haciendo, y enhorabuena que haya esa extraordinaria respuesta de nuestro pueblo, que atendiendo al llamado para contar con su credencial de elector con fotografía están acudiendo en gran número a esos módulos. No nos apena o no lamentamos que acuden 192 ciudadanos a esos módulos, qué bueno que haya un pueblo consciente de sus derechos y que los exige y que está acudiendo a esos módulos.
Lamentablemente la eficiencia de numerosos módulos, y eso lo sabemos tanto por experiencia personal y familiar como por investigaciones del PRD ha hecho, dista mucho de lo que son condiciones óptimas. Numerosos módulos en diferentes puntos de la República tardan mucho más de lo que originalmente habían previsto las autoridades del Registro Federal de Electores para atender a los ciudadanos; contrariamente a los dos, tres o cuatro minutos que fueron originalmente previstos, a veces se tardan 10, 15 y hasta 20 minutos en ser atendidos los ciudadanos.
Y no estaba preparado el Registro Federal de Electores, nuestro representante ante el Registro Federal de Electores, Jesús Zambrano, nos lo ha informado de manera precisa y puntual, para una cantidad tan enorme de cambios, modificaciones y nuevos empadronados.
Eso ha originado una situación que no ha sido adecuadamente prevista. En vez de haber establecido un mecanismo ágil, por ejemplo con terminales de computadoras vía modem para ahí mismo hacer las modificaciones de direcciones o para hacer una expedición de las propias credenciales de elector, con algún procedimiento previo que después fuera confirmado, no se ha hecho nada más que llenar unos machotes y se nos informa, yo soy uno de esos ciudadanos, soy uno de esos dos millones 400 mil ciudadanos, junto con mi esposa y mis dos hijos, a los que se nos informó que iban a tardar tres meses en la expedición de la credencial de elector, a mi hija que alcanzo los 18 años de edad, y en la expedición de la credencial de elector a los otros tres miembros de mi familia que por haber cambiado de domicilio, fuimos objeto de un severo castigo de esperar tres meses para ser fotocredencializados. No estoy hablando sólo de investigación, estoy hablando de una experiencia personal; cuando se expresó mi viva protesta, por algo que yo sé que se puede hacer de manera inmediata si se cuenta con medios de cómputo, o en unos cuantos días mi protesta por los tres meses, pues simplemente me dijeron: "Así se hace y así se hará". ¡Y no valieron mis protestas!
Pero junto conmigo había numerosos ciudadanos que también esperaban pacientemente sus 15 o 20 minutos en ese módulo de la delegación Tlalpan, del Distrito Federal, para ser credencializados.
Entonces hay un problema, termino con este paréntesis de impresiones personales y familiares, hay un problema que tiene que ser resumido colectivamente por partidos políticos, cosa que ya ha sido de objeto de discusiones pero que carece todavía la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores del conjunto en infraestructura en todos los municipios y en todas las regiones del país para una adecuada verificación, pero hay medidas técnicas, señores legisladores, hay medidas técnicas que tiene que ser adoptadas por consenso de partidos y con la participación de nuestro Poder Legislativo Federal, con los representantes de cada Cámara ante el Instituto Federal Electoral y el Registro Federal Electoral, hay medidas prácticas que tiene que ser tomadas, para que se determine adecuadamente este proceso de fotocredencialización y podamos llegar a ese 100% de electores fotocredencializados con el que todos estamos soñando y con lo que la población mexicana está soñado.
Insisto en otro elemento que debe ser adecuadamente reflexionado, que es el hecho de que hay comunidades rurales y zonas de Chiapas con un alto nivel de fotocredencialización, mientras que zonas extraordinariamente urbanizadas del Distrito Federal, tienen niveles relativamente bajos de fotocredencialización. No quiero abundar sobre esto, habrá momentos en las instancias respectivas de discutir el problema, pero sí hacemos un llamado de atención de la importancia que tiene el crear desde ahora, una credibilidad sobre este proceso.
Y estamos hablando de este problema precisamente el 10 de febrero de 1993, a muchos meses de distancia de que se cierre el proceso de fotocredencialización y se pase a etapas sucesivas. A muchos meses de que incluso en el Distrito Federal se cumpla la segunda fase del proceso de fotocredencialización, precisamente por que nos interesa desde ahora crear en Comisión Permanente, en los partidos aquí representados y en la forma en como vamos a instruir a nuestros representantes ante el Registro Federal de Electores y el Instituto Federal Electoral, nos interesa crear desde ahora, conciencia de importancia y hacer a tiempo los cambios debidos.
Y hemos propuesto este punto de acuerdo dos fuerzas políticas, particularmente porque nos interesa que en ejercicio de sus atribuciones, tal como se dice en el párrafo final de este punto de acuerdo, se exhorte a los representantes, nos referimos aquí aquellos que representan la Cámara de Diputados y aquellos que representan la Cámara de Senadores en el Instituto Federal Electoral, exhorte a dichos representantes a informar a sus respectivas cámaras sobre la situación que guarda el proceso de fotocredencialización. Y nos parece también legítimo, que independientemente de la información particular que cada partido tiene vía sus representantes en los organismos electorales, nuestras cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tengan también información institucional que el Instituto Federal Electoral y el Registro Federal de Electores entregue a nuestro Poder Legislativo Federal, por una razón que debiera ser obvia; fuimos nosotros quienes votamos las propuestas de modificación legislativa, particularmente los transitorios al Cofipe, que dieron paso a este proceso de fotocredencialización. Hay un elemento, por tanto, de legitimidad en términos de haber sido quienes expedimos esa Ley, esos transitorios y por tanto
en nada limita las atribuciones específicas de los comités de vigilancia, del IFE y del Registro Federal de Electores y los propios partidos políticos, el que como Poder Legislativo Federal, no sólo como suma de tales o cuales partidos políticos, tengamos una información institucional.
Finalmente, nos interesa elecciones limpias y transparentes. Y qué bueno que el senador Oscar Cantú Zetina, ha dicho claramente algo que ha sido un postulado, que hemos defendido diferentes fuerzas de oposición. La idea de que para un proceso electoral transparente, no lo cito, simplemente aludo a la tesis general que él sostuvo, que para un proceso electoral transparente se requiere que todos los ciudadanos cuenten con su credencial de elector.
Nosotros hemos sostenido que es fundamental para la democracia que los votos cuenten y se cuenten. Lo reiteramos y lo seguiremos reiterando. Pero evidentemente la primera condición para que un ciudadano pueda ejercer su derecho a voto es que tenga su credencial de elector.
Y están muy frescas en la mente de muchos de nosotros la angustia que numerosos ciudadanos tuvieron en esos días cruciales de agosto de 1991, al estar haciendo denodados esfuerzos de último momento por tener su credencial y no poder obtenerla. Y a veces casi con rabia, a veces con lágrimas, nos decían que no pudieron ejercer su derecho de voto y participar en los procesos electorales, que han tenido pues una importancia decisiva en la vida comtemporánea de México.
No quisiéramos que esto volviera a suceder. Y nuestra aspiración, como muchas otras aspiraciones que hemos expuesto en este diálogo democrático de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, es que todos los mexicanos, todos, hombres y mujeres en edad de votar y con la capacidad que tienen de su condición ciudadana, tengan su credencial de elector, ejerzan su derecho de voto, derrotemos para siempre toda forma de imposición, de fraude, y toda forma también de abstencionismo originada por una falta de confianza ciudadana en la validez de los procesos electorales.
Y podamos tener entonces, como corresponde a una nación moderna, a finales del Siglo XX, a un padrón electoral confiable, con todos los partidos con copia de este padrón electoral completo en fecha previa a las elecciones, una verificación completa de todas aquellas irregularidades que se cometieron en la formulación del padrón en el período de 1990 y de 1991, y que cada ciudadano que cuente con su credencial de elector, la tenga y ejerza su voto en los procesos electorales federales, de gran importancia para el Estado contemporáneo de México, de agosto de 1994.
Ese es pues nuestro deseo. Y si desde este momento estamos haciendo observaciones críticas y denuncias es porque tenemos bases fundadas y pensamos de fundamental importancia la concertación multipartidaria y el llamamiento de todas las fuerzas políticas del país a una modificación profunda y a una de estas prácticas que estimamos incorrectas y una defensa del derecho ciudadano a tener su credencial de elector para todos, todos, todos, todos los ciudadanos mexicanos en edad de votar.
Mucho de la vida futura de México depende precisamente que desde hoy formulemos nuestros mejores votos y esfuerzos porque este proceso de fotocredencialización sea adecuadamente culminado.
- El Presidente: - Gracias, diputado Calderón.
Para el mismo asunto ha pedido la palabra el diputado Fernando Ortiz Arana.
El diputado Fernando Ortiz Arana: - Con la autorización de la Presidencia, señoras y señores legisladores:
Yo no pude resistir el deseo de participar en este debate y reiterar argumentos y razones que han dado aquí mis compañeros Fernando Lerdo de Tejada y el senador Oscar Cantón Zetina, respecto a la posición de nuestro partido en el asunto que hoy se viene comentando.
Todos los partidos coincidimos en la importancia que tiene el padrón electoral. Todos reconocemos que el listado ciudadano es la primera parte de un proceso electoral en el que todos estamos legítimamente interesados que se conduzca con apego estricto a la Ley.
Fíjense ustedes que en pocos asuntos de índole electoral los partidos políticos han coincidido tanto como en aquellos que significan la posibilidad de que ofrezcamos a todos los ciudadanos de la República un padrón electoral que resulte confiable para el proceso federal.
En este propósito, en los organismos electorales, las seis fuerzas políticas de entonces coincidieron en la necesidad, primero de llevar a cabo reformas legislativas, y después acuerdos ante los organismos electorales, que permiten que los ciudadanos mexicanos cuenten con una
credencial de elector que los identifique con su fotografía.
Todos reconocemos, seguramente, que esto implica un esfuerzo de toda índole. No sólo económico, que tiene una significación muy importante, sino también el esfuerzo humano y un esfuerzo de participación política de todos los partidos para que este proceso culmine de manera satisfactoria para todos.
Por eso, señoras y señores legisladores, este tema es muy importante para todos los partidos políticos. Y qué bueno que el PRD ha traído hoy a la tribuna de la Comisión Permanente este asunto, que nos permite igual conocer cuál es la evolución que viene teniendo el proceso de fotocredencialización, así como también puntos de vista particulares que tenemos los partidos al respecto.
Es de particular interés para nosotros reiterar razones por las que el pronunciamiento que han presentado en esta tribuna el PRD y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no comparar con la aquiescencia de nuestro partido y de nuestros legisladores.
Reitero que reconocemos en ambas fuerzas su interés legítimo en este asunto y que considero que es sano que estemos discutiéndolo esta noche en la Comisión Permanente. Sin embargo, hay que puntualizar algunas de las cuestiones que se contienen en el pronunciamiento que ambos partidos han prestado a la Comisión Permanente.
En este asunto están involucradas diversas autoridades electorales, empezando por el IFE, su Consejo General, el Comité o Consejo Nacional Técnico de Vigilancia del Padrón Electoral y seguramente los 300 comités de Vigilancia que hay en igual número de distritos electorales federales en nuestro país.
Hay que reiterar lo que señalaba Oscar Cantón, en el sentido de que los partidos políticos tenemos todos una representación en el Consejo General del IFE, la tenemos en el Consejo Nacional Técnico y de Vigilancia del Padrón Electoral y la tenemos en todos los consejos de los 300 distritos de nuestro país.
Esto permite que un procedimiento de la importancia que tiene el listado ciudadano, cuente desde un principio con la participación y la necesaria vigilancia de los partidos políticos para su exacta y adecuada elaboración.
Ahí están entonces la instancias legales adecuadas para la conformación del nuevo padrón electoral y particularmente para su proceso de vigilancia, en el que están presentes todos los partidos políticos.
También conviene subrayar, señoras y señores legisladores, que en el máximo organismo electoral de nuestro país están presentes las dos cámaras que integramos el Congreso de la Unión. Hay representante designado por la Cámara de Diputados y alguna representación designada libremente por la Cámara de Senadores.
Efectivamente, está el Poder Ejecutivo, está el Poder Legislativo, están los ciudadanos y están los partidos políticos, integrando todas las autoridades electorales de nuestro país. Cada Cámara designó por parte de su pleno a sus representantes en los organismos electorales.
Se plantea en el punto de acuerdo, y yo también coincido en ello, que cada una de las cámaras y el Poder Legislativo debe estar puntualmente informado del proceso que lleva a cabo la fotocredencialización para integrar el padrón en los términos convenidos por los partidos políticos. Esto corresponde hacerlo al representante de cada una de las cámaras, de la de Senadores y de la Cámara de Diputados.
Por ello, yo participo del punto que se señala, en el sentido de que cada Cámara solicite a su representante rinda un informe periódico de su participación y del avance de los trabajos que se llevan a cabo en los organismos electorales y en los organismos técnicos de vigilancia. Esta información, sin duda, es útil para el Congreso Mexicano, es útil para cada una de las cámaras. No indispensable para que pudiéramos plantear reformas legislativas, esto lo podemos hacer senadores y diputados en ejercicio de la facultad iniciativa que nos confiere el artículo 71 constitucional.
Lo que no podemos hacer es que la Comisión Permanente haga un llamado a los representantes que el pueblo de cada Cámara, en ejercicio de una facultad que les es propia y exclusiva, decidió acreditar ante los organismo electorales. Este llamado, esta exhortación, esta invitación, corresponderá de manera exclusiva a cada una de las cámaras, pero no a este cuerpo representativo hacerlo.
Habría mucho seguramente que comentar en torno al esfuerzo que se está haciendo por integrar un padrón electoral que resulte ampliamente confiable para todos los habitantes de la
República y en particular para los ciudadanos. Creo que el esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo importante, que no se había hecho antes y que merece nuestro reconocimiento y además nuestra participación de manera responsable como partidos políticos. Creo que si algún partido registra situaciones que considera no son regulares en este trabajo, tiene a través de su representante en los organismos técnicos de vigilancia otros seguimientos y los tipos para presentar las irregularidades y que en caso de que se den, de que esos supuestos se presenten, se establezcan las correcciones que de manera conjunta se determinen.
Finalmente yo recojo el llamado que hacía Jorge Calderón en la tribuna de esta Comisión Permanente, en el sentido de que todos hagamos un esfuerzo respetando instancias y respetando la Ley y las competencias que todos tenemos, para que este esfuerzo se lleve a cabo el pueblo de México y que tiene significadísimo costo económico y de otros tipos, se traduzcan finalmente en un sistema de fotocredencialización que nos conduzca a un padrón electoral que todos los partidos políticos presentamos ante la ciudadanía como confiable; de nosotros depende en gran parte que ese esfuerzo tan importante que se realiza, permita otorgar la mayor confianza a los ciudadanos para concurrir a las urnas y emitir de manera libre y secreta su opinión política para conformar los órganos de Gobierno de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias señor diputado Ortiz Arana. Esta Presidencia instruye a la Secretaría que dé por formulado el pronunciamiento que presentó el diputado Jorge Calderón suscrito por legisladores de su partido y del PARM. En otro....
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul): - Pido la palabra señor Presidente, para hablar sobre el mismos asunto.
El Presidente: - ¿Sobre el mismo asunto? Con mucho gusto diputado.
EL diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - En forma muy breve, y no para volver a insistir en lo que ya se ha dicho, deseo en nombre de la representación de Acción Nacional razonar el voto que daremos a la propuesta. Efectivamente señores legisladores, está es una materia que puede fácilmente unirnos en lo fundamental a todas las fuerzas políticas del país. Los propósitos que se traslucen, que se expresan en este documento, creo que han sido recogidos con satisfacción por los diversos partidos políticos que han hecho uso de la palabra.
Pero efectivamente hay problemas que no pueden soslayarse en el caso de que quisiéramos aprobarlo, es incuestionable que conforme a la Ley el órgano directa e inmediatamente responsable de la conformación de un padrón adecuado, limpio, transparente y aceptable por la ciudadanía, lo es en primer término de manera directa para garantizar estas exigencias ciudadanas, el Instituto Federal Electoral. Por otro lado, como ya se dijo, el Instituto cuenta con un órgano superior que es su consejo, en donde está representado el Poder Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, los partidos políticos y también los ciudadanos en términos generales de la sociedad.
Pero también hay órganos de vigilancia y hay órganos técnicos que están trabajando de acuerdo con los lineamientos del Instituto Federal a través de su consejo, en la materia que nos ocupa. Sinceramente nos preocuparía que esta instancia legal y política, está Comisión Permanente pudiera adoptar en un acuerdo fórmulas concretas, alternas, aleatorias o adicionales que pudieran de alguna manera implicar modificaciones en un trabajo, estrictamente técnico, que está bajo la responsabilidad directa de quienes marca la Ley.
Nos preocuparía que aquí se adoptaran esos acuerdos que por buena intención que tienen incuestionablemente, alternan a mi modo de ver, un trabajo colegiado donde las fuerzas políticas y los órganos de poder tienen representación específica y basada en la Ley. Nosotros creemos que es incuestionable la necesidad de que tengamos las cámaras de Diputados y de Senadores, que tengamos ambas cámaras información constante y completa para normar nuestro criterio jurídico y político para los efectos del caso, pero en forma alguna hagamos recomendaciones específicas sobre la colocación o número de módulos o para otros aspectos relacionados con la llamada fotocredencialización.
Nos sumamos pues como partido político a la preocupación, al interés que marcan los suscriptores de la propuesta. Adicionalmente decimos en todo momento Acción Nacional ha apoyado y apoyará el trabajo de nuestros comisionados en esos organismos y además lo haremos de manera expresa tanto en sus proposiciones como en sus críticas y por supuesto también sin dolencia alguna en lo que se refiera a votos que en favor de tales trabajos nuestros comisionados, en tales instancias, puedan suscribir.
Nos parece pues, necesario dejar estos planteamientos para que se entienda la razón de nuestro voto que como pueden ustedes desprender de esta exposición, será en contra.
El Presidente: - Gracias, señor diputado. Esta Presidencia declara que se da por enterada del pronunciamiento propuesto aquí por el diputado Jorge Calderón.
ESTADO DE MICHOACÁN
El Presidente: - En otro orden de ideas y siguiendo el orden del día le damos la palabra al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del grupo parlamentario del Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la muerte del señor Raúl Aguirre.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente, señores legisladores:
La violencia que se ha venido generando en el Estado de Michoacán con índices excesivamente altos con respecto a los promedios nacionales, crea un clima de intranquilidad e inseguridad.
El desarrollo del narcotráfico agrava la violencia, lo mismo sucede con el contrabando y la aportación de armas de todo tipo. Todos sabemos que la pobreza extrema y la ignorancia producen siempre altos índices de criminalidad y violencia y todo esto se da en Michoacán en indignantes y degradantes excesos, y lo que es peor, a tasas siempre crecientes y por lo que puede verse con tendencias que podrían resultar irreversibles.
El pasado 5 de febrero, fue asesinado el secretario general del comité ejecutivo del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en dicha entidad, licenciado Raúl Aguirre González, quien fue encontrado muerto en la carretera que va a Zacapu a Morelia, dentro de una camioneta, cerca del poblado El Rayo, a dos kilómetros de Comanjá.
Según los informes de la Procuraduría de Justicia del Estado, Raúl Aguirre González fue ultimado de un balazo en la cabeza y que junto al cadáver encontraron un cartucho percutido calibre 10 milímetros.
El hoy occiso, Raúl Aguirre González, fue candidato por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a diputado federal por el distrito de Zacapu, en el proceso municipal de Morelia en la pasada elección local e integrante del comité ejecutivo distrital y abogado postulante.
A la fecha, no existen resultados concretos en las investigaciones que se realizan para conocer quién o quiénes cometieron el homicidio que ha dejado en la orfandad a cinco menores y a su señora esposa.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y las fracciones parlamentarias firmantes, consideramos que no se puede dejar un acto de esta naturaleza al simple olvido, porque equivale a que los ciudadanos michoacanos se sientan burlados, engañados y ofendidos e indefensos frente a la provocación o a la agresión.
Las autoridades deben resolver la falta de seguridad pública, por ello consideramos necesario que en el caso de Raúl Aguirre González se deba hacer una investigación a fondo para encontrar tanto a los culpables, como desentrañar los móviles que originaron la muerte del parmista.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos a la honorable consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Que por conducto de las comisiones de información, Gestoría y Quejas, de Justicia y de Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados, se formule respetuosamente solicitud al Gobierno del Estado de Michoacán y a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad para que continúen las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, ejercitando la acción penal correspondiente de quiénes o quién ocasionaron la muerte de Raúl Aguirre González.
Debo agradecer desde esta tribuna la anuencia del grupo de diputados representantes de las diversas fracciones parlamentarias que en forma solidaria acordaron firmar este punto de acuerdo. En tal forma, agradezco al diputado Víctor Orduña Núñez, del Partido Acción Nacional; al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; al diputado Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional; al diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; al diputado Israel González y su servidor, Carlos Cantú Rosas.»
El Presidente: - Gracias, diputado, déjenos su proposición y esta Presidencia la turna a la Comisión de Derechos Humanos para que proceda a su implementación.
ANIVERSARIO DEL TRATADO DE TLATELOLCO
El Presidente: - Ahora concedemos la palabra al señor diputado Rodolfo Becerril Straffon, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a un aniversario más de la firma del Tratado de Tlatelolco.
El diputado Rodolfo Becerri Straffon: - Gracias, señor Presidente:
El Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco, como sabemos fue abierto a su firma el 14 de enero de 1967. Dentro de unos día el Tratado habrá cumplido 26 años de estar no sólo vigente, sino abierto a la eventual adhesión de muchos países.
En virtud del Tratado, las partes contratantes se comprometen a utilizar exclusivamente con fines pacíficos, el material y las instalaciones nucleares sometidas a su jurisdicción y a prohibir e impedir en sus respectivos territorios, el ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición por cualquier medio de armas nucleares.
Sin duda que el pleno respaldo de México en diferentes instancias diplomáticas al Tratado de Tlatelolco, ha sido un elemento central de la continuidad y plena vigencia de los principios históricos de la política exterior de México. De ahí que la diplomacia mexicana haya desarrollado extraordinarios esfuerzos para lograr la plena vigencia del Tratado, encontrando siempre el apoyo unánime a su vocación pacifista.
Durante 1992 se logró que Francia ratificara el Protocolo de Adición Número 2. Igualmente se logró que Chile y Brasil suscribieran el tratado. En otras palabras, el esfuerzo de la diplomacia mexicana, en concordancia con los principios de ese tratado, ha reunido frutos que no podemos soslayar.
No cabe duda que la desaparición del esquema bipolar como punto de referencia en la agenda de la seguridad mundial, ha tenido trascendentales efecto sobre los alcances de la lucha en favor del desarme mundial.
Estamos en América Latina en la primera región libre de armas nucleares en el mundo, y esta región y este espacio de paz, se ve hoy fortalecido por la adición también de la Guayana Francesa y de las Antillas francesas, las cuales representan aproximadamente 94 mil kilómetros cuadrados de superficie terrestre, que se añaden a la ya de por sí extensa superficie que está exenta de que aquí existan armas nucleares.
Nos acercamos después de 26 años de incesante lucha diplomática, a una meta vigorosamente promovida por México, tanto en materia de diplomacia bilateral, como en el que hacer multilateral, que recoge, la significativa contribución que aportó para este objetivo la diplomacia mexicana y en especial don Alfonso García Robles.
La mera consolidación de una región libre de armas de destrucción en masa, es motivo especial de orgullo para todos los que habitamos América Latina y El Caribe, quienes tenemos el privilegio de vivir, cuando menos en lo que toca a ese problema, en una zona segura y con nuevas posibilidades de paz y desarrollo.
El año pasado celebramos los 25 años, hoy los 26 años de la apertura de este Tratado. Es casi tradición que en esta Comisión Permanente año con año se haga una referencia puntual a este Tratado de Proscripción de Armas Nucleares, que hoy saludamos nuevamente en este 26 aniversario, y dejamos constancia de nuestro respeto y respaldo por el camino recorrido por México en este particular terreno y en este XXVI aniversario que está próximo a celebrarse. Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, diputado.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
El Presidente: - Para formular una excitativa, ha solicitado la palabra el señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente, señores legisladores:
Desde el pasado mes de octubre, en el periódico ordinario, presentamos ante la Cámara de Diputados, atendiendo la solicitud de un grupo de neolarenses encabezados por el señor Javier Ortega Villareal, una denuncia formal sobre las violaciones a sus derechos que están sufriendo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a consecuencia de acciones de algunas autoridades del Gobierno de la entidad, que pretende construir, sin respeto a sus derechos de propiedad y posesión, una obras llamada Bulevar Ribereño Solidaridad.
Denuncia que en su momento, fue atendida y turnada a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Se da el caso que hoy en día las violaciones se han recrudecido, y el legítimo clamor de más de 800 familias afectadas, se justifica mi respetuosa solicitud, para que esta Presidencia a su cargo, con fundamentos en el segundo párrafo del artículo 85, en relación a la fracción III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno del Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realice una excitativa a la mencionada Comisión, a fin de que ésta dictamine el asunto, en adición, y de ser posible se impida la violación de los derechos conculcados. Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente: - Gracias señor diputado. Siendo facultad de esta Presidencia, y con fundamento en lo previsto en el artículo 85 de Reglamento en relación con el 21 fracción XVI, esta Presidencia hace un llamado a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para que resuelva el asunto al que ha hecho referencia en su excitativa el señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
17 de febrero de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Dictámenes de primera lectura
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México, ante el Gobierno de la República de Cuba.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Ignacio Morales Lechuga, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República Francesa.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de las ciudadanas Yolanda Enríquez Hernández y Alejandrina María Teresa Salido Reyero, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictámenes a discusión
Cuatro de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Juan Heriberto Salinas Altes, Antonio López Portillo Leal, Mario Blancas Sánchez y Antonio Serrano Herrera.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marina Talamantes Aparis, Eugenia Camila Cisneros Villareal, María Magdalena Garibay Hernández, Patricia Catalina Aguirre Meza, Angelina Calzadilla Acevedo, Ana Margarita Rodríguez Yuen, Aída Alejandra Vigueria Tijerina, María Sandra Fernández Cárdenas, Elena Evelyn Terrazas Iglesias, Antonio Meléndez Jaquez, Roberto Eduardo Vázquez Rodríguez, Gustavo Hernández Flores, Hugo Chávez Ventura, Luis Fernando Serrato Martínez, Walter Trevizo Pedroza y Graciela Alvarez Barreto, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en su Embajada en México.
Intervención del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hacer comentarios sobre la aplicación de impuestos compensatorios al acero mexicano.
Sesión secreta.
Y de los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente: - Gracias, señor secretario. (a las 20.10 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá luchar el próximo miércoles, 17 de febrero, a las 11.00 horas. Gracias.